MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Miguel Juárez Celman
AL ABRIR LAS SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL
EN MAYO DE 1887
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina
SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS:
La política de mi gobierno ha quedado caracterizada en los pocos meses que él lleva de existencia.
Si en virtud de un criterio estrecho, se llamara política a la intromisión de la autoridad federal en las funciones electorales de las provincias, para fomentar o contrariar la acción de los partidos en la designación de sus mandatarios, el Gobierno de la Nación no habría tenido política alguna; pero, si aplicando principios elevados a la gestión de los negocios públicos, llamamos política a la dirección de la vida nacional dentro de las instituciones, la política de mi gobierno ha sido, en mi concepto, la que reclama el país para su engrandecimiento y la única que la Constitución permite.
Entiendo que la acción eficiente para el bienestar de la República, por parte de sus gobernantes, o sea la verdadera y sana política, consiste sencillamente en la administración; y en esta virtud, he puesto a su servicio todos los elementos de poder que mis conciudadanos me han confiado.
Siete gobiernos locales se han cambiado desde que ocupo la Presidencia de la Nación: los de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Mendoza, San Juan y Jujuy.
A pesar de la vecindad de la primera, de sus grandes vinculaciones con la capital, de su poderosa importancia en el orden político y económico de la Nación, y de no ser para nadie un problema, que el apoyo acordado por la autoridad que invisto, a uno de los partidos en lucha, habría dado por resultado la formación de un gobierno local sujeto en cierto modo por los antecedentes de su origen, a la actualidad nacional, mi prescindencia en la política electoral de la provincia ha sido absoluta, permaneciendo el Gobierno Nacional como mero espectador ante el movimiento de los partidos, sin que un solo acto, ni una sola palabra suya, sirviera para dar aliento a uno en detrimento del otro. La misma conducta he observado respecto a las provincias de Entre Ríos y Corrientes, cuyo influjo en el litoral es poderoso; en las de San Luis, Mendoza y San Juan cuya importancia en Cuyo no puede ser puesta en duda y a la de Jujuy que ocupa el extremo Norte de la República.
No pretendo hacer mérito de esta conducta, que sólo implica el cumplimiento de un deber, pero me es agradable señalarla como una prueba al menos, de que no he olvidado los principios contenidos en mi programa.
La acertada elección, por otra parte, de los distinguidos ciudadanos que han sido elevados al gobierno de esas provincias, patentiza nuestro adelanto en el uso y ejercicio de las instituciones y afirma la verdad, bien comprobada ya, de que las funciones electorales, exentas de toda presión extraña, no son plantas exóticas ni infecundas en la Nación Argentina.
Hace ya tiempo que la paz se mantiene sin alteración en la República y es por lo tanto manifiesta la necesidad de apartar de los mensajes presidenciales, esa afirmación que parecería poner aun en duda su estabilidad, que ha figurado en ellos en épocas no lejanas como una novedad y que dados nuestros hábitos tan desfavorablemente comentados para nuestro crédito, era presentada más que como una conquista, como una patriótica aspiración.
El respeto a las instituciones y a las autoridades que de ellas emanan, se acentúa en la conciencia nacional; y los ciudadanos, libre de la preocupación que engendraba en ellos la posibilidad de movimientos revolucionarios, buscan hoy aplicación a su actividad en el trabajo fecundo, sin desatender sus deberes cívicos.
Al hablar de la paz, señalo, pues, una conquista definitiva en nuestra vida nacional. El extranjero mi de nuestra importancia, más que por la riqueza de nuestro suelo y que por nuestras instituciones escritas, por la duración de nuestra tranquilidad interna.
Al influjo de ella la República progresa, los capitales afluyen al país, el movimiento inmigratorio se acrecienta cada día, la colonización y la industria se desenvuelven rápidamente y se halla abierta por fin una ancha vía al adelanto moral y material.
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El trabajo administrativo cuyo inventario será presentado a V. H. en las memorias de los Ministros, ha sido extenso y habría sido mayor aún, a pesar del corto tiempo de que ha dispuesto el actual gobierno, si su atención no hubiera sido solicitada por la aparición del cólera en la República.
Una calamidad de esta especie trae en pos de sí la paralización de la vida industrial y comercial donde quiera que ocurre, sin que sea dado aun a las naciones mejor preparadas, continuarla en su presencia, de una manera normal.
La República Argentina no habituada a presenciar los estragos de tan mortífera enfermedad, por ser excepcional su aparición, y expuesta por lo tanto a sufrir más intensamente los efectos de un legítimo terror, ha pasado, sin embargo, por la dura prueba, afrontando con serenidad el conflicto y salvándolo, no obstante las condiciones especialmente desfavorables en que la colocaban la escasez de sus recursos higiénicos, la deficiencia de sus medios de comunicación la limitada preparación de elementos y hasta la Índole de sus instituciones y la forma de su gobierno.
Apenas se produjeron los primeros casos de cólera en las provincias, puse al servicio de ellas los elementos de que podía disponer, procediendo con firmeza y sin dejar que las alarmas, aunque legitimas, perturbaran la marcha administrativa.
Un accidente tal como la invasión de una enfermedad epidémica, inevitable muchas veces, dadas las condiciones de la vida civilizada, no debía, en mi concepto, relajar la observancia de las leyes ni obstruir las facultades del gobierno.
Así, desoyendo reclamaciones que una situación anormal engendrada, el Gobierno Nacional ha mantenido la comunicación en todo el territorio de la República, y respetando los derechos de las provincias, ha hecho respetar a la vez sus propias facultades.
Los recursos pecuniarios y los diversos medios adecuados para combatir la epidemia eran escasos en las provincias.
El Gobierno ha ido en socorro de ellas sin invadir derecho alguno y ha puesto al servicio de los puntos atacados o amenazados y bajo la dirección de los gobiernos locales, todos los elementos que ha sido dado acordar.
Y apartando su acción del momento, en virtud de una previsión calculada, ha dispuesto que las grandes cuestiones de salubridad e higiene sean estudiadas por las comisiones competentes cuyos programas deben extenderse desde la dilucidación de hechos actuales, hasta la organización de resortes públicos que respondan por largos años de cuanto afecte a la salud pública de todo el país.
Con este fin, una comisión numerosa debe estudiar la materia de un modo trascendental, sin limitación de tiempo, y otra, reunida en conferencia en esta capital, y compuesta de delegados de las provincias y asesores legales, ha llevado ya a su término su encargo de presentar el proyecto de reformas urgentes para ser sometido a vuestra deliberación.
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Los asuntos relativos a la inmigración han sido pasados, según lo determinó el Congreso anterior, al Departamento de Relaciones Exteriores y con este motivo, se han verificado algunos cambios en la distribución de ciertas reparticiones, obedeciendo en ello a una necesidad, interpretando las leyes vigentes y favoreciendo la unidad en el despacho.
En esa virtud se ha encargado al Departamento de Relaciones Exteriores lo concerniente a los lazaretos, destinados a servir de estación sanitaria para los inmigrantes, pasando al del Interior el Departamento Nacional de Higiene, las Juntas de Sanidad y las Prefecturas Marítimas; todo lo que, por disposiciones puramente administrativas, se hallaba a cargo del de Guerra y Marina, aun cuando en esas disposiciones no había sido consultada ni la índole de los servicios, ni la letra de la ley de 1856 que distribuye el despacho en las diversas Secretarías de Estado.
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En cuanto a ferrocarriles debo daros cuenta de dos hechos importantes. El contrato con los señores Lucas González y Cia. para la prolongación del Central Norte a Salta y Jujuy y la construcción de los ramales de Chumhicha a Catamarca y de Deán Funes a La Rioja; y la venta de las secciones del ferrocarril Andino desde Villa Mercedes de San Luis hasta San Juan. Los dos contratos han sido hechos dentro de la ley y con innegables ventajas para el Gobierno Nacional, como podréis verlo en los documentos que el Ministerio respectivo pondrá en vuestras manos.
Añadiré también que en breves días quedará firmado el contrato para la construcción del ferrocarril de Corrientes a Misiones que una de vuestras leyes autorizó.
El contrato con los señores González y Cía. asegura la pronta terminación de la vía férrea del Norte y convierte en realidad la esperanza tantos años alimentada por las provincias que ella va a poblar y enriquecer.
La venta del Andino ofrece un particular interés, porque responde no sólo a una conveniencia económica del momento, sino también a una doctrina que la administración actual profesa.
Se ha discutido y se discute todavía acerca de las ventajas de la explotación de ciertas obras públicas por el Gobierno.
La solución en teoría es difícil porque no se puede encerrar en una sola fórmula las diversas situaciones de los estados, de los gobiernos y de los elementos sociales que influyen sobre la hacienda pública.
La acción del Gobierno es indispensable como inicial, allí donde ningún interés particular puede llevar a cabo obras de cierta magnitud, pero esa necesidad se hace discutible desde que aparecen datos opuestos.
Puede aplicarse a un amplio género de obras públicas cuanto se diga a propósito de ferrocarriles manejados por los gobiernos o por la industria privada y en este sentido, las teorías Y experiencias acerca de ellos, toman un carácter general digno de ser tenido en cuenta, principalmente en la República Argentina que comienza a preocuparse de su adelanto material.
Felizmente, la experiencia de otros países nos ofrece ya la materia dilucidada y me es agradable apropiar a nuestra situación la enseñanza que surge particularmente de las discusiones que han tenido lugar en Italia, con motivo de los proyectos relativos a sus ferrocarriles.
Allí se ha dicho lo que pare ce singularmente adaptable a la República Argentina y qué consigno sucintamente en este mensaje.
La explotación de los ferrocarriles por el Estado afirma la unidad nacional, hecho reciente en Italia y también relativamente en nuestro país. La importancia del papel que desempeñan los ferrocarriles en la vida nacional hace que ellos deban estar a cargo del Estado. La Nación, con su industria naciente, con su comercio receloso y pobre, con sus vastas comarcas despobladas y sus campos infecundos, necesita un agente capaz de alentar todos estos elementos de ri¬queza que permanecerán estáticos si no se establece la comunicación fácil, pronta y barata; y nadie sino el Estado, renunciando a ganancias legítimas pero desproporcionadas con la fortuna de las localidades, puede llenar tal exigencia.
Razones políticas y de defensa nacional obligan también al Gobierno a mantener su dominio sobre los ferrocarriles; siendo ellos, en caso de guerra, el primer elemento de éxito y debiendo el Estado responder de los intereses nacionales en todas sus fases, debe mirar en la administración de las vías férreas una de las funciones que le son inherentes.
Los ferrocarriles constituyen en realidad un monopolio. Si la navegación marítima o fluvial u otros ferrocarriles les hacen competencia, o los competidores más débiles sucumben Y se afirma el monopolio, o todas las compañías antagonistas se unen para imponer condiciones al público, en detrimento de los intereses generales, constituyendo un monopolio de mayor poder. Por lo tanto, siendo el monopolio ineludible, no será prudente constituirlo en favor de una .entidad que no sea el Estado.
La explotación de los caminos de hierro por las compañías particulares no puede responder al beneficio general que constituye una legítima aspiración.
Las compañías tienen que hacer producir los mayores dividendos al capital empleado y no podrán posponer el propósito comercial de los accionistas a un beneficio económico en favor del público.
El Estado, por el contrario, no teniendo el lucro como objetivo sino el servicio público, favorecería el movimiento industrial reglando las tarifas; y como no procuraría proteger gremios o individuos determinados, modificaría sus reglamentos para acudir en apoyo de las localidades que lo necesitasen, buscando un beneficio nacional trascendente, directo o indirecto, sin preocuparse de la actualidad en detrimento del porvenir. Como sus recursos son poderosos los servicios serían bien atendidos y las instalaciones apropiadas, apartando la regla que adoptan las compañías privadas, en virtud de la cual las dotaciones de sus vías férreas están en relación con las utilidades que arrojan. El Estado, dueño de las vías férreas, introduciría en su administración la disciplina, la uniformidad y la economía y no estaría expuesto a hacer erogaciones inesperadas para llenar los déficits del rendimiento calculado y garantido o para subvencionar líneas que sin su ayuda, cesarían de funcionar.
En cuanto a los abusos que el Gobierno pudiera cometer, el parlamenta y la prensa serían su correctivo.
A más de esto hay que añadir consideraciones de estrategia. Los ferrocarriles, como medios de defensa nacional, en manos del Estado serían reglamentados de tal manera que respondieran a tan imperiosos fines y su trayecto, sus empalmes, sus estaciones y sus diversos resortes, adaptados al servicio necesario para las evoluciones del ejército.
Tales son, en resumen, las razones en pro de la administración por el Estado. Veamos ahora las razones en contra, que reputo decisivas y muchas de ellas aplicables a otras obras públicas.
Pero antes de tomar en cuenta cada una de ellas para someterla al análisis, bueno es tener la síntesis paralela a la que acabo de hacer en favor de la explotación por el Estado.
Si la unidad nacional no tuviera más vínculos o tuviera como principales el interés comercial favorecido por las líneas férreas, ninguna reunión de pueblos merecería llamarse Nación. Por consiguiente, la razón de la unidad nacional para la explotación por el Estado no puede ser invocada en una doctrina seria.
El fomento de la riqueza por el medio ficticio de la baratura de los transportes, que sólo importa el cambio de nombre en el que paga las diferencias, significa que es el pueblo, al cual se trata de enriquecer, el mismo que por medio de otras contribuciones llena los déficits que ha ocasionado en los ferrocarriles.
Es verdad que los ferrocarriles constituyen en cierto modo un monopolio y si ningún monopolio puede sostenerse ante una sana teoría, el monopolio del Estado es no sólo ilegítimo sino mucho menos tolerable que el monopolio particular, por el hecho de no haber recurso contra él.
La explotación de los caminos de hierro por el-Estado, no responde sino en teoría a un beneficio general; en la práctica los defectos de su administración son revelados en su mayor parte por privilegios indebidos que son faltas de equidad.
Todo cuanto se diga en favor de la disciplina, economía y adelantos de las vías férreas mantenidas por el Estado, supone condiciones en sus agentes que no corresponden al género humano, dada la organización social; y esto que puede decirse en teoría, se encuentra reforzado en la práctica, pues la experiencia no ha señalado un sólo hecho en que la mejor de las administraciones públicas sea siquiera igual a las que ocupan un segundo rango en las de orden privado.
Las razones de estrategia no pueden tampoco ser invocadas, pues ellas se resuelven en una simple cuestión de administración. La estrategia respecto a ferrocarriles estaría en su itinerario, y éste siempre es marcado o consentido por el Gobierno de la Nación.
Bosquejada esta ligera réplica, quiero permitirme entrar en un análisis más detenido, como lo exige la importancia del asunto que trato.
Desde luego, la explotación de los ferrocarriles no constituye una función del Estado; ella no tiene el carácter de los atributos que le son inherentes y que no pueden desprenderse de la soberanía, tales como la administración de justicia, la acuñación de moneda, la sanción de las leyes, la defensa nacional y demás que constituyen la esencia del poder público.
La confusión depende, como lo exponen grandes pensadores sociologistas, de una errada concepción de los deberes y derechos del Estado.
La civilización lucha hoy en el mundo con algunos de los obstáculos que ella misma ha creado, figurando entre ellos los males que emanan de la gratuidad, en nombre de la cual los gobiernos se ven forzados a exigir un recargo de contribución a los grupos trabajadores y económicos, en beneficio de los que no producen ni trabajan, cualquiera que sea la causa que haya para ello.
Bien, pues, a la doctrina. de la gratuidad en sus deducciones, pertenece la razón en que se apoyan los sostenedores de la explotación de las obras públicas por el Estado, apareciendo con toda claridad la base del sistema, por lo que respecta a los ferrocarriles, cuando se observa que el argumento invocado para mantenerlos bajo la dirección de los gobiernos, es la necesidad de proteger a las localidades menos favorecidas por la naturaleza o por el trabajo, olvidando que esa protección sólo puede ejercerse con detrimento de las comarcas más fértiles y laboriosas, compelidas a pagar las diferencias que esa gratuidad relativa produzca entre los gastos de explotación y las entradas en las secciones pobres de las vías férreas.
La explotación por el Estado, cuya benéfica influencia se hace surgir de la necesidad indicada, trae por lo tanto como consecuencia una baja artificial de las tarifas, una falta de equidad y un mal empleo de los recursos nacionales.
No se puede desconocer, por otra parte, como se ha dicho en las discusiones, el carácter de industria que tiene esa explotación. Las varias acciones que la constituyen son de índole comercial; el Código de Comercio las reglamenta y aun cuando la explotación se parezca a los servicios públicos, por ser las vías férreas los más gran¬des elementos de transporte, tal semejanza no le quita su genuino carácter de industria.
Esa explotación constituye, es cierto, un monopolio limitado, pero ese monopolio en manos de industriales es menos peligroso para el público que en poder del Estado que lo ejerce sin control. La intervención del Estado en la concesión y explotación por compañías privadas es además una garantía para el pueblo; ella responde a lo que podría reclamarse por la parte de servicio público que contiene la industria de transportes por vía férrea.
Otras industrias, tales como las de los bancos, los seguros, las asociaciones para apagar incendios y muchas que podrían citarse, tienen también el carácter de servicios públicos y nadie ha pensado que el Estado debería abarcarlas y tenerlas exclusivamente, constituyéndose en único dispensador del crédito o en asegurador de la vida y de las mercaderías.
Los que cuentan con los beneficios de la explotación por el Estado, basándose en la posibilidad de la rebaja de las tarifas, por ejemplo, no calculan que esa rebaja es precaria y que aun cuando fuera efectiva, esa razón no induce necesariamente a exigir la administración del Estado; pues la industria privada, solicitada por el interés o ayudada por el Gobierno, podría llegar al mismo resultado y llegaría más seguramente como lo demuestra la experiencia.
El Gobierno que debe atender sus finanzas no comprometerá su crédito interno o externo por mantener bajas las tarifas de sus ferrocarriles, que son en sus manos, por más que no se quiera, fuentes de renta; una penuria accidental determinaría la elevación de las tarifas y esa elevación sería legítima, pues no es racional exigir que el Estado no amortice la deuda correspondiente al capital empleado en obras reproductivas. Y todavía es más fácil sostener la posibilidad de la baja en las tarifas, entregados los ferrocarriles a la industria privada, pues el Estado por ciertas convenciones, renunciando a determinadas ventajas o acordando subsidios, medios que le sería fácil emplear, podría obtenerla, descargado como se hallaría del peso de un enorme capital invertido, no por él en ese caso, sino por las compañías privadas.
La elevación de las tarifas que en ciertos casos constituiría un abuso, en manos del Estado sería arbitraria, mientras que en las de las compañías sería reglada por las exigencias del comercio y de la industria y por un interés bien entendido. La política, las exigencias de ciertos gremios o localidades, una mayoría adversa o demasiado favorable en las cámaras u otras miras en fin, extrañas al equilibrio en la explotación, inf1uirían en el primer caso en la administración; en el segundo, tales factores no tendrían cabida y el manejo de los ferrocarriles no sería perturbado.
La industria privada, como se sabe; construye Y explota sus obras con más prontitud y economía que los gobiernos; porque no se encuentra trabada, como éstos, por la limitación de los presupuestos y por las formalidades legales que impiden aprovechar los momentos oportunos Y tomar con rapidez disposiciones convenientes.
Mientras que las compañías privadas o los particulares introducen en su industria innovaciones o perfeccionamientos, la administración por el Estado, sujeta a mil trabas o indolente por la naturaleza de sus funciones, permanece en estado de atraso.
Se cita como ejemplo, los progresos de la marina mercante en Inglaterra, uno de los países que cuida más de sus buques de guerra y se observa que ciertas reglas sólo han sido aceptadas en la escuadra inglesa, cuando ya hacia cincuenta años que se practicaban en los buques mercantes.
El comercio en sus relaciones con la administración del Estado se halla siempre notablemente perjudicado. El funcionario oficial es poco accesible y en muchos casos hasta la dignidad de la autoridad que inviste, es un obstáculo para sus relaciones con el público que exige minuciosidades y detalles.
Tratándose de ferrocarriles, las formalidades de la tramitación matan el tráfico, hieren los intereses de los viajeros o conductores de mercaderías y éstos no tienen amparo para hacer prevalecer su derecho. Las justas quejas del público contra una gerencia privada pueden ser atendidas; las que entable contra el Estado administrador, cuyos actos u omisiones han causado el perjuicio. Las compañías privadas son responsables y la responsabilidad puede hacerse efectiva. La responsabilidad de las administraciones públicas, aunque existe en derecho, desaparece en los hechos, pues como se sabe, hasta la formalidad de sus contratos se hace ilusoria cuando su cumplimiento depende de resoluciones soberanas a las que ningún apremio alcanza. Basta citar como ejemplo las demoras en el despacho de créditos por sumas que no ganan intereses y otros hechos que importan en realidad una violación de los compromisos contraídos.
El personal empleado por los gobiernos, por otra parte, no es ni puede ser en la administración de las obras públicas, ni tan competente, ni tan laborioso como el de las industrias privadas. Razones extrañas al mejor servicio determinan la promoción de ese personal, que no hace suyos los intereses del fisco y que carece de estímulo, sin que el Gobierno pueda producirlo aun cuando emplee el único medio a su alcance: la reglamentación de los ascensos, pues en esa misma reglamentación crearía un obstáculo al mejor servicio, sacrificando, so pena de faltar a la equidad, la competencia, a la antigüedad.
Se comprendería que gobiernos poco escrupulosos quisieran mantener en sus manos la explotación de las obras públicas, porque un cuerpo numeroso de empleados en un resorte electoral, pero no se comprendería que lo deseara el pueblo. Las grandes administraciones en manos del Estado participan, aun sin presión por parte de los gobernantes, de la política del gobierno, influyendo a su vez sobre las corporaciones o los individuos que mandan y no es este el menor de los peligros de tal sistema.
Sabernos cuan poco pesan en las ambiciones locales las ideas de beneficio general y por esa concepción podemos llegar bien pronto a presumir cuan fácil sería, como se ha dicho y ya se ha observado, que la promesa de trabajar por la disminución de las tarifas, por ejemplo, figurara en los programas de los candidatos para cada elección. Véase por ello lo que sería de la suerte de la explotación de obras públicas sujeta a la presión de tales agentes. Además ¿qué gobierno, por apoyado que se encuentre en las cámaras, dejará de atender indicaciones de diputaciones locales empeñadas en verificar cambios en el personal de las administraciones por motivos no siempre justificados?
Pero cualquiera que sea la buena voluntad de las cámaras y su ins¬piración en favor del bien público, queda aun fuera de su alcance la formación de presupuestos adecuados al servicio; pues ninguna previsión por grande que sea, puede tomar en cuenta las variaciones de los mercados que determinan los gastos y los rendimientos de las obras públicas.
Queda aun en definitiva la cuestión de la desventaja económica en la explotación, por los gobiernos o los industriales, y sobre ella la experiencia de todas las naciones ha sancionado que la diferencia en contra de la explotación por el Estado, se halla representada por un exceso de gasto que varía entre 6 y 14 por ciento.
En cuanto a las razones de estrategia, la misma experiencia decide también en contra de la explotación por el Estado, atribuyéndose las deficiencias del servicio en caso de guerra, no a las empresas privadas de ferrocarriles, cuyo conducta ha merecido siempre elogios, sino a la falta de organización de los ejércitos, que daba por resultado el que no fueran debidamente utilizadas la disciplina y acti¬vidad de la administración de las vías férreas no dependientes del Gobierno.
He dado a este punto más extensión que la usual en documentos de esta clase y quiero concretar en breves palabras los motivos de la doctrina que sustento respecto a las obras públicas.
Los recursos de la Nación no guardan proporción con el número y calidad de las obras que es necesario ejecutar. La Nación no puede emprender nuevas obras y mantener al mismo tiempo en su poder aquéllas cuya explotación sólo da un interés más o menos alto para el capital empleado, capital que salvo excepciones representa una deuda externa.
El Gobierno, para emprender nuevas obras, al mismo tiempo que paga el interés y amortización de su deuda, necesita recuperar las sumas invertidas en obras reproductivas, siempre que ello no traiga perjuicios ni afecte a los principios intrínsecos del Gobierno y a su bien entendida economía.
Por lo tanto, lo que conviene a la Nación, según mi juicio, es entregar a la industria privada la construcción y explotación de las obras públicas que por su índole no sean inherentes a la soberanía, reservándose el Gobierno la construcción de aquéllas que no puedan ser verificadas por el capital particular, no con el ánimo de mantenerlas bajo su administración, sino con el de enajenarlas o contratar su explotación en circunstancias oportunas, a fin de recuperar los capitales invertidos para aplicarlos al fomento de su Banco, a la unificación de su deuda y a la construcción de nuevas obras reproductivas o necesarias para la administración.
No terminaré este tópico sin expresar la esperanza de que V. H. encuentre que la doctrina expuesta responde a sanos principios de economía y a propósitos bien intencionados de adelanto para el país.
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Una de las ramas de la administración a la que es forzoso consagrar la mayor atención es la de correos y telégrafos.
El movimiento de la correspondencia aumenta anualmente y requiere cada día nuevos esfuerzos de parte del gobierno, para responder a las exigencias del servicio. Este, felizmente, encuentra en sí mismo los elementos para su sostén y desarrollo. Las proporciones que va tomando la comunicación epistolar y telegráfica, reclama ya la adopción de medidas que respondan a los altos fines de la institución encargada de mantenerla y fomentarla. Sería bueno pensar en dotar a la administración de los elementos necesarios para hacer por sí sola el transporte de la correspondencia, sin recurrir a contratos privados cuyo servicio es irregular. La aparición del cólera en los últimos meses del año pasado y los primeros del presente, ha traído perturbaciones en el servicio de correos y telégrafos que no han tomado por suerte, grandes proporciones, pero que es necesario evitar en adelante.
El P.E. ha reclamado en diversos documentos la supresión del libre porte, supresión que es ya imprescindible para que la República se ponga en las condiciones ventajosas que otras naciones han alcanzado. V. H. deberá resolver este punto. Entre tanto, para disminuir los perjuicios actuales, se han tomado disposiciones, destinadas a limitar en lo posible el transporte gratuito de la correspondencia privada, que a expensas de facilidades de oficina circulaba sin franqueo.
La red de telégrafos en la República se halla en mal estado. El uso del telégrafo se ha generalizado tanto, que las líneas no responden al servicio que de ellas se reclama.
Añádese a esta dificultad la de conservar en tan largas distancias, líneas que no han sido construidas con la solidez necesaria; cuyos postes, aisladores y alambres no han sido renovados y en las que no se ha hecho reparaciones serias.
El P.E. ha nombrado una comisión para que estudie los hechos y aconseje las medidas conducentes a mejorar las líneas. Las oficinas de correos y telégrafos han sido removidos de la estrecha casa que ocupaban y se hallan hoy instaladas en un edificio más extenso y más adecuado al servicio.
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Por lo que hace a las obras públicas a cargo del Departamento de Ingenieros, caben en este mensaje los siguientes datos que me es grato comunicaros:
Puentes: Está concluida la construcción de los puentes de Ferrary y Maldonado en la provincia de Buenos Aires y están en construcción uno sobre el río Gualeguay, en Entre Ríos, otro sobre el Riachuelo en Corrientes y otro en San Lorenzo, en el Chaco. Ya se ha contratado un puente en Santa Lucia de Corrientes y otro sobre el arroyo de la Virgen en Entre Ríos. Se prepara igualmente la construcción de dos puentes sobre los ríos de Mendoza y San Juan y existen los proyectos para cuatro más en los ríos Corrientes, Batel, Carcarañá y Riachuelo de Barracas.
Caminos: El camino a Cafayate está en servicio y pronto serán terminados el de Sébila y el de Reconquista a la Colonia Avellaneda. Se atiende a la conservación en la República de 2370 kilómetros de caminos carreteros y de herradura.
Puertos: Se prosigue con actividad las obras del puerto del Rosario y se hallan terminadas las del de la Concepción del Uruguay. Están en ejecución las del puerto de Atalaya y las del muelle en Corrientes y San Nicolás de los Arroyos. Se continúa la canalización del riacho de Gualeguaychú y las obras en el Riachuelo de Barracas, y pronto comenzarán las del puerto de Buenos Aires contratadas con el señor Madero.
Obras diversas: Las obras del dique de Quilino en Córdoba están para terminarse y han comenzado las del dique y canal para la provisión de agua a La Rioja. Se ejecuta en Santiago las obras de defensa en el Río Dulce; pronto se emprenderá los trabajos para terminar las de igual clase en Santa Fe.
Se hallan terminados los proyectos de irrigación en San Carlos de Salta y los del muelle de Hernandarias y muelle y camino de Goya.
En la capital están en construcción los siguientes edificios: Casa de Gobierno, Policía, Hospital Militar, Escuela Normal de Profesores, Facultad de Ciencias Médicas, Asilo de Maternidad y ensanche de la Escuela Normal de Mujeres.
En breve se dará principio a la construcción de la Cárcel Correccional y a la de un Hotel de Inmigrantes. Existe ya el proyecto para la casa del Congreso y en preparación, el del Palacio de Justicia y edificio para alojar al Consejo Superior Universitario, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, la Biblioteca Pública, el Archivo General y el Museo.
En Córdoba se construye el Hospital de Clínicas, en San Juan la Escuela de Ingenieros y en algunas provincias otras obras de menor importancia. En Mendoza se construirá en breve el Colegio Nacional.
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Disposiciones anteriores habían preparado el camino para llegar a remover los obstáculos a la navegación de los ríos y para la colocación de faros y balizas. No se había alcanzado, sin embargo, por múltiples causas a poner en práctica esas medidas. El P. E. ha traído a su vista las diversas disposiciones y ha trazado un plan práctico para realizar tan reclamado adelanto. El Departamento de Ingenieros ha sido autorizado para reunir los antecedentes y estudios a fin de contratar con empresas particulares, previa licitación, la ejecución de los trabajos, proporcionando a los empresarios los elementos de que el gobierno dispone. Obedeciendo a la ley de 1856 y guiado el P. E. por la índole de la institución de las prefecturas, las ha puesto bajo la dirección del Ministerio del Interior, medida cuyo acierto se hizo palpable una vez que por conveniencias del servicio, el Departamento de Higiene pasó a depender del mismo Ministerio y que en cumplimiento de la ley que dictasteis en las sesiones pasadas acerca de la inmigración, se puso todo lo relativo a ella, bajo la dependencia del Ministerio de R. E. Verificados estos cambios, la organización de las juntas de sanidad ofreció dificultades, lo que indujo al P. E. a entrar de lleno en Un orden administrativo más lógico y más concordante con las leyes y con el carácter de las reparticiones que esas medidas afectan, acordando la dirección de las prefecturas fluviales y marítimas al Ministerio del Interior, así como la erección de faros y colocación de balizas en los ríos, y dejando a cargo del Ministerio de Guerra y Marina la policía de las costas marítimas y lo relativo a faros y balizas destinadas a proteger la navegación en nuestros mares.
Las prefecturas requieren una seria organización para que puedan responder a sus importantes y complejos servicios. V. H. contribuirá a esa organización, despachando el proyecto de Código para la Marina Mercante que le ha sido sometido y que se debe a la iniciativa de la Prefectura central, la que ha iniciado también la mayor parte de las disposiciones vigentes consignadas en el Digesto Marítimo y otras que no han sido incluidas en él. Puede V. H. calcular la importancia de esta repartición, teniendo en cuenta que en un solo año ha depositado en sus archivos no menos de treinta mil documentos y que ha intervenido en las operaciones de entrada y salida de más de cien mil buques, con cerca de diez millones de toneladas, un millón de tripulantes y cuatrocientos cincuenta mil pasajeros.
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La colonización oficial no ha recibido incremento últimamente y las ideas basadas en la experiencia le son hostiles; en cambio, la colonización particular parece que toma incremento a juzgar por las numerosas solicitudes que a ella se refieren y teniendo en cuenta que se ha concedido 700 leguas para colonizar.
Se ha dispuesto también la mensura de cerca de 12.000.000 de hectáreas en diversos territorios y se ha vendido 248 leguas de tierra para pastoreo, que han producido cerca de 1.200.000 pesos, lo que da co¬mo 5.000 por legua. La venta de tierras para agricultura y los arrendamientos han producido una suma de 100.000 pesos, y la recaudación por reembolso en las colonias nacionales 49.000 y tantos pesos.
El Poder Ejecutivo cree que sería conveniente eliminar de la ley la facultad de transferir los certificados de venta; que no deben establecerse colonias oficiales en las inmediaciones de puntos poblados; que sería útil mensurar colonias en territorios alejados a fin de tener áreas prontas para ofrecerlas a la inmigración; y por fin, que para asegurar los beneficios de la colonización particular, debería exigirse como condición esencial que la garantía de los contratos sea en efectivo, no permitiéndose la transferencia mientras no se cumpla las condiciones de la concesión.
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Por lo que afecta a la capital de la República, debo hablaros de la municipalidad, de las obras de salubridad y de la policía.
Pende de la resolución de V. H. la reforma de la ley municipal, cuyo despacho encarezco. La Municipalidad no podrá usar de todos los resortes de la autoridad que inviste, en tanto que su organización no se halle fundada en ley y mientras subsista en las condiciones anormales en que hoy se halla, a cansa de las deficiencias de la ley, cuya reforma fue reclamada tras de una experiencia que aunque de corto tiempo, fue bastante para darlas a conocer.
A pesar de los inconvenientes con que el poder municipal ha tenido que luchar por la causa mencionada, los progresos de la capital debidos a su acción son notorios y todo el mérito de ellos recae en las personas que han estado al frente de tan importante repartición.
Falta poco que ejecutar de la parte de las obras de salubridad que en virtud de la ley fueron contratadas con la empresa constructora.
Las obras tocan, pues, a su fin; pero se necesita aún algún esfuerzo para ponerlas en estado de prestar los servicios a que están destinadas y para cuya obtención ha hecho el país por largos años tan grandes sacrificios. Toca a V. H. acordar los medios de terminarlas o proveer lo que más convenga a los grandes intereses que ellas comprometen. El P. E. os presentará en breve su pensamiento respecto a ellas, esperando que le deis formas legales y expeditas para convertirse en hecho. En el estado actual, las obras de salubridad sólo representan una pérdida de los intereses del capital invertido en ellas y su prosecución reclama aún el empleo de grandes sumas.
La Policía se halla atendida con especial cuidado a pesar del inmenso trabajo que le impone el rápido crecimiento de este pueblo. Ella ha perdido el carácter militar impropio que se le había dado, recobrando el que le corresponde con beneficio de la institución. Sus agentes reciben una preparación especial antes de comenzar el ejercicio de las funciones que se les encomienda; se ha organizado el servicio de pesquisas, dando a los agentes atribuciones especiales; la persecución de criminales es eficaz y el descubrimiento de delitos revela un progreso en la organización policial; el cuerpo de bomberos presta cada día mayores servicios. En los momentos de conflicto por qué ha pasado la población con motivo de la aparición del cólera, la conducta de la policía ha sido recomendable. En otra esfera de acción, ella ha desterrado del radio del municipio las casas de juego, ha prestado su ayuda para la ejecución de las leyes y ordenanzas, y ha hecho respetar las decisiones de las autoridades, manteniendo el orden sin violencias ni extorsiones. El actual Jefe de Policía prepara en este momento los proyectos de organización que lo habiliten para responder a las exigencias de una gran ciudad.
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La República mantiene sus relaciones con las naciones extranjeras en términos de estrecha cordialidad, gozando el cuerpo diplomático residente entre nosotros de merecidas consideraciones.
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No se presentan en la actualidad cuestiones diplomáticas que pudieran inquietarnos. Las de límites sólo exigen persistencia y labor.
Con arreglo al tratado de 1881, se hará en breve un ajuste con Chile para la demarcación de la frontera por los Andes. La exploración acordada con el Brasil en el territorio de Misiones se practica en estos momentos. La comisión mixta que ejecuta los trabajos procede en la mayor armonía. La discusión de límites con el gobierno de Bolivia, suspendida por ahora, será resuelta amistosamente con arreglo a precedentes autorizados.
Nuestras legaciones cultivan con los gobiernos ante quienes se hallan acreditadas, relaciones que estrechan los vínculos de nuestro país en el exterior, y se ocupan al mismo tiempo del estudio de diferentes asuntos de interés para la República, en cumplimiento de las instrucciones del Ministerio del ramo.
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Con arreglo a la Ley de Extradición, han sido denunciadas las convenciones que se encontraban vencidas con Chile, el Brasil, Bolivia y la República Oriental, y se ha dado instrucciones a nuestros representantes en esos países para el ajuste de nuevos tratados.
Varias convenciones de igual naturaleza han sido negociadas por los agentes de naciones amigas y ya se ha firmado con el señor Ministro de Estados Unidos el Tratado de Extradición que en breve os será remitido. Se hallan también negociados y prontos para ser firmados, los que han sido acordados con el señor Ministro de S. M. B. y con el Cónsul de los Países Bajos.
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Puesta en vigor la Ley del Arancel Consular, dictada en Diciembre del año precedente, ha sido objeto de algunas consultas, salvándose toda dificultad en su aplicación por diversas resoluciones administrativas y por el decreto reglamentario que fue dictado.
El Ministro del ramo os dará cuenta del resultado obtenido por el ejercicio del nuevo arancel.
El fomento de la inmigración ha preocupado constantemente a mi gobierno, pues la República posee vastos territorios despoblados donde todavía no son perceptibles los beneficios del trabajo.
El Departamento de Inmigración, sin alterarse el carácter que la ley le da, ha sido puesto bajo la inmediata vigilancia de una comisión de ciudadanos respetables cuya acción se hará sentir de un modo benéfico en toda la República.
La corriente de inmigración no sólo debe ser protegida por nuestras instituciones, sino también por las comodidades y ventajas que el país ofrezca a los que vengan a habitar su suelo.
Con este objeto se han adoptado medidas que evitan los inconvenientes de la aglomeración de inmigrantes. Hoy estamos en condiciones de alojar cómodamente diez mil personas en los hoteles provisorios de la Capital y en Martín García, cuyas espaciosas construcciones han sido convenientemente reparadas y serán en adelante debidamente atendidas.
Se ha mandado construir, además, once hoteles para inmigrantes en distintas provincias, concurriendo en parte a los gastos de las obras los gobiernos locales. Los planos y presupuestos de esos establecimientos han sido ya levantados.
El estado de nuestro país en cuanto a población, exige que los gobiernos presten a la inmigración un decidido apoyo.
La República recibe actualmente mayor número de inmigrantes que varias naciones de Sudamérica reunidas. A pesar de esto, necesitamos producir una corriente más acentuada y estamos en condiciones de producirla por los beneficios de una paz estable, a cuyo am¬paro todas las manifestaciones de la riqueza pública pueden trasparentarse.
A este propósito concurrirán poderosamente las oficinas de información y propaganda establecidas en Europa hace pocos meses, a las que acuden ya en busca de datos, trabajadores, comerciantes, industriales y banqueros, que desean emplear en nuestro país sus capitales o trasladarse a él en procura de bienestar
Las ventajas que ellas ofrecen son ya indiscutibles en vista de los hechos; toca a V. H. el fomentarlas, votando los recursos necesarios para su desenvolvimiento,
V. H. podrá apreciar los beneficios obtenidos, teniendo presente que los directores de algunas de estas oficinas, se han visto obligados a solicitar el aumento del personal, para trasmitir los informes que les son exigidos sobre industrias, comercio y condiciones de cada una de las provincias en relación a la agricultura, ganadería y vías de comunicación.
La oficina de París concurre ya, con los elementos que le han sido remitidos, a las exposiciones locales que se realizan en Francia y las demás harán lo mismo en sus respectivas localidades para dar a conocer los productos de los Estados que componen nuestra Nación,
El P.E. procura que estas oficinas sean ayudadas por las provin¬cias y por los centros industriales y agrícolas establecidos en la República.
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El valor total del comercio de importación y exportación en 1885 fue de 176.101.069 pesos. En 1886 se elevó a 196.487.212 pesos, resultando a favor del último año un excedente de 20.386.143 pesos.
La importación fue de 118.294.353 pesos, y la exportación se elevó a 78.192.859. Balanceada la exportación con la importación, aquélla presenta un saldo en contra de 40.101.494 pesos.
Procede esto de la diferencia que existe entre el bajo valor oficial asignado en nuestras aduanas para la percepción de los derechos sobre las mercaderías exportadas y el valor de éstas en plaza.
Reconoce también por causa la importación de oro en 1886, cuya suma ascendió a 20.635.662 pesos, mientras que en 1885 sólo fue de 6.306.251.
El cólera que apareció a fin de 1886 paralizó el movimiento comercial e impidió el trabajo de algunos establecimientos industriales, como los saladeros.
La balanza comercial, que exige un equilibrio entre la importación y exportación, no es siempre un principio cierto, principalmente en países nuevos, cuyos elementos productores se hallan en formación.
Si la exportación es aparentemente menor que la importación, ella encuentra su equilibrio en el mayor precio de la venta de las materias primas en los mercados extranjeros y en la mayor riqueza acumulada en el país, representada por la suba del precio de la tierra, por la de los valores y por una variada cantidad de elementos que engrandecen la fortuna pública y privada.
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La renta recaudada en 1885 fue de 39.340.263 pesos. En 1886 ha sido de 46.634.263 pesos, resultando un excedente de 7.294.000 sobre la cantidad calculada.
En esta suma figuran por derechos a la exportación 1.988.000 pesos, y por los de importación 27.693.000.
Estas cifras comparadas demuestran la importancia de la protección dada a las industrias nacionales, en cumplimiento de un deber constitucional y para llenar la necesidad de desenvolver los elementos de progreso del país.
Así se ha desarrollado la producción de los azúcares, los vinos, los alcoholes y los cereales. Necesitamos ahora proteger otras industrias nacientes y libertar de derechos aduaneros las máquinas y útiles para envases de carnes conservadas y otros artículos de producción nacional, así como la ganadería, cuya situación ha sido estudiada por una comisión compuesta de personas competentes.
Pero aunque nuestra legislación aduanera es uniforme y no distingue banderas ni procedencias; aunque el principio consagrado en todos los tratados de la República con las potencias extranjeras, sea el de una perfecta igualdad y el del tratamiento de la nación más favorecida, sin que pueda presentarse un solo ejemplo de olvido de estos principios y compromisos por nuestra parte, mi opinión es que una buena política comercial debe inspirarse en los consejos de la prudencia, y no exagerar la protección a industrias ya fomentadas por la acción nacional, para no encarecer el consumo ni perjudicar la renta.
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Los gastos ordinarios autorizados por presupuesto se elevaron en 1886 a 41.448.799 pesos; pero lo librado contra esa suma alcanzó sólo a 37.926.238 pesos.
Se pagó, además, por leyes especiales sin recursos propios la suma de 4.290.138 pesos; por diferencias en el servicio en oro de las deudas 4.398.000, y además, 7.368.000 por servicio de leyes especiales con recursos propios.
El producido total de la renta en 1886 importó 46.634.000 pesos, y lo gastado en el servicio ordinario del presupuesto, leyes especiales sin recursos propios y diferencias de moneda, 46.615.000 pesos, quedando un sobrante de 139.000 pesos, mientras que en 1885 hubo un déficit de 3.552.000 pesos. Es esta la primera vez que la renta ordinaria basta para el servicio del presupuesto y leyes especiales.
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En el primer trimestre del presente año, la renta ha subido a pesos 12.577.000, sin contar impuestos importantes no recaudados aun, como el relativo a la circulación de los billetes bancarios inconvertibles, el de los depósitos y el dividendo de las acciones del Gobierno en el Banco Nacional. Una vez que ingresen esas sumas en el tesoro, la suma correspondiente al trimestre ascenderá a 13.500.000 pesos, lo que significa que la renta total de este año se elevará probablemente a 52 millones.
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A principios de este año fueron emitidos y entregados al Banco Nacional, 10.291.000 pesos en fondos públicos de deuda interna en pago de la deuda del tesoro, en ejecución de la ley de Diciembre 2 de 1886.
Se emitió también en Londres la última serie del empréstito de 42 millones de pesos, y se retiró los 13.906.368 pesos en fondos públicos emitidos antes de la unificación de los empréstitos denominados "Obras de Salubridad, Obras del Riachuelo y Obras Públicas".
Se retiró también y se inutilizó los 2.400.438 pesos en fondos públicos de deuda interna, entregados provisoriamente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por cuenta de la expropiación de las Obras del Riachuelo.
Se ha amortizado por el servicio de la deuda interna y externa, hasta el 31 de Marzo último, 6.845.431 pesos.
El estado, pues, de la deuda interna y externa consolidada, en la fecha indicada antes, es el siguiente:
Deuda interna…………………. 53.792.320
Deuda externa………………… 93.882.962
Tomando en cuenta el arreglo hecho últimamente con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la deuda exigible y flotante que en 1885 era de 26.601.000 pesos, ha descendido en el 31 de Marzo último a 12.719.263 pesos, en la forma siguiente:
Bancos en Europa……………….... 1.857.664
Letras de Tesorería……………….. 5.262.259
Deuda exigible por expedientes. 5.599.340
Total..................................12.719.263
Debo hacer presente al Honorable Congreso que una parte del crédito de Bancos en Europa, está garantida por 21.250 acciones del Central Argentino, pertenecientes al gobierno. Su valor nominal es de 2.142.000 pesos oro y su valor en plaza es de 3.558.000 pesos.
La situación de nuestro crédito en el interior y en el exterior es muy favorable. El 5 por ciento, emitido en Londres a principios de este año, obtuvo 85 y medio por ciento. La primera serie de este mismo empréstito, emitida en 1885, obtuvo sólo 80 por ciento. Hoy el 5 por ciento se cotiza en Londres de 90 a 91 por ciento, y el 6 por ciento tiene un premio que no baja de 2 por ciento.
El tesoro nada debe al Banco Nacional, y al contrario, existe en las cajas de éste un saldo importante a favor del Gobierno.
Estos hechos, nuestra marcha económica y la restricción en los gastos aunque la renta prospere, así como las condiciones en que se encuentre el mercado donde se cotizan nuestros títulos, pueden influir favorablemente para uniformar y convertir nuestra deuda consolidada, concluyendo con la diversidad en las emisiones y los altos intereses que deprimen el crédito.
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En virtud de la facultad conferida por ley de 26 de Noviembre de 1886, prorrogué por dos años el plazo señalado para la inconversión de los billetes bancarios, elevando la emisión del Banco de Córdoba y del de Santa Fe, previa la constitución de un aumento propor¬cional del encaje metálico. Las necesidades del comercio y de las industrias de esas provincias, decidieron la adopción de esta medida, cuyos buenos resultados se palpan ya.
Al mismo tiempo y autor izado por la ley indicada antes, se hizo un arreglo de la deuda de la Nación en favor del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, proveniente del empréstito de 4.000.000 en Agosto de 1882 y del contrato de Julio del mismo año, sobre expropiación de las obras del Riachuelo.
El Banco de la Provincia tenía paralizada su marcha, sin poder servir, por falta de emisión, los intereses comerciales e industriales.
Fue, pues, indispensable atender su pedido, para aumentar en siete millones más su emisión, bajo su responsabilidad y previa la constitución de un nuevo encaje metálico. El P. E. obtuvo, en compensación, la supresión de los intereses de su deuda y el uso de un crédito de dos millones de pesos, del cual no ha dispuesto aún.
Por cuenta de la venta de la sección del ferrocarril de Villa Mercedes a San Juan debe ingresar en tesorería la suma de 12.300.000 pesos oro.
Se ha percibido ya en libras esterlinas y en oro en barras 4.000.000 de pesos, que mientras se determina el empleo que debe dárseles existen depositados a premio en los bancos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires.
Creo que esta suma podría invertirse en retirar de la circulación los 3.479.000 pesos en billetes del Tesoro, de 9 por ciento de interés y 4 por ciento de amortización, autorizados por ley de 1876, y que tanto perjudican nuestro crédito en el exterior; los 874.200 pesos en fondos públicos de 8 por ciento de interés de deuda interna, denominados de "puentes y caminos" y los 458.000 pesos de deuda interna a extranjeros, cuyo servicio se hace en metálico.
El saldo puede destinarse a duplicar el capital del Banco Nacional, por suscripción del gobierno y de los accionistas, en una forma que no produzca perturbación en el valor de la moneda legal. El Banco tendría así veinte millones más de capital, para servir el comercio y las industrias en todo el país con más amplitud y para aumentar su potencia productora, que es la condición para salir de la inconversión y compensar la importación con la exportación. Robusteciendo al Banco y su encaje metálico, prepararíamos también el medio de evitar nuevos empréstitos en el exterior y crearíamos los recursos en el país mismo para sus futuras necesidades.
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El Banco Hipotecario Nacional abrió sus puertas en Noviembre último. Su emisión el 31 de Marzo último era de 11.489.500 pesos. Sus servicios se extienden a todo el país y su influencia en la valorización de la tierra y en el desenvolvimiento general de las operaciones es considerable.
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En estos últimos meses se han fundado varios bancos en esta capital y en las provincias.
Existen ahora veinte bancos en la República, y cuatro más deben ser establecidos dentro de breve tiempo. Ellos sirven el crédito personal y el crédito real, acre cien tan los elementos de progreso y son los factores para su realización.
Fuera del poder de emisión de estos bancos, su capital sólo está representado por cien millones de pesos.
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Acabáis de verlo. La renta aumenta, así como nuestro crédito, y el Poder Ejecutivo mejora los servicios de la administración y restringe los gastos.
La prosperidad industrial y comercial, revelada por cifras y por hechos evidentes, crece con toda energía, debiéndose esto a la con¬fianza que nace de una paz interna y externa no alterada y a los po¬derosos elementos con que cuenta el país, cuya vitalidad y aptitud para progresar sorprenden diariamente dentro y fuera del territorio de la República.
Este adelanto y este bienestar social y comercial son generales. En las provincias se ensanchan las industrias y el comercio, y a los territorios nacionales afluye la población, fundando nuevos establecimientos ganaderos.
Los valores, el crédito particular y el de la Nación, adquieren mayor importancia y cada transacción en tierras, cada banco que se establece y cada kilómetro de rieles que se tiende, demuestra la prosperidad y la seguridad ilimitada en este desenvolvimiento vertiginoso de fuerzas de un pueblo nuevo, cuyo lema es trabajo, paz y libertad política y comercial.
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Nuestra forma de gobierno, la más científica de cuantas ha creado el ingenio humano, encarna la soberanía del pueblo y concilia la libertad con la ley, pero por eso mismo, la práctica de las Instituciones es difícil y exige aptitudes especiales en la sociedad que haya de ejecutarlas.
El gobierno del pueblo por el pueblo tiene por condición que el pueblo sea ilustrado; por eso la base del gobierno republicano debe ser la instrucción pública y uno de los grandes deberes de los hombres de estado fomentarla.
Computando los actos de la administración pasada, relativos a la instrucción pública, pareciera que nada quedara por hacer.
En verdad, el Congreso y el Poder Ejecutivo han hecho por la instrucción pública cuanto ha podido hacerse en tan corto período. El Congreso ha sancionado la ley de educación primaria, ha atendido las exigencias de los colegios y escuelas normales y ha dado las bases de los estatutos universitarios. El P. E. ha reglamentando esas leyes, ha formado el plan de estudios y reglamentos de los establecimientos de enseñanza normal y secundaria y ha prestado su aprobación a los estatutos que las universidades se han dado.
La organización legal, pues, de la instrucción pública es un hecho; pero una institución no se radica con la sola implantación de la teoría relativa a sus funciones, y mientras el tiempo, que proporciona elementos experimentales, no muestra que la teoría es eficaz, las conquistas alcanzadas son efímeras y el adelanto queda sólo escrito en los documentos oficiales, como una muestra de propósitos sanos y avanzados, sin que la sociedad recoja los frutos que ellos prometen.
Así, pues, el programa oficial de la instrucción pública en la Nación, bosquejado por leyes y decretos, debe llenarse con los hechos.
La ley de instrucción primaria ha dado grandes resultados, pero aun se requiere mayores esfuerzos para llenar debidamente los fines sociales, pues una gran parte de la población susceptible de recibir los beneficios de la educación escolar, permanece privada de ellos por deficiencias inherentes al proceso fundamental en el desarrollo de la institución en todo país nuevo.
La cifra de las nuevas escuelas y de los niños que las concurren ha crecido, sin embargo, rápidamente.
En 1886 han funcionado 1804 escuelas primarias públicas y 611 privadas, que hacen un total de 2415, frecuentadas por 180.768 alumnos y dirigidas por 5348 preceptores.
Comparadas estas cifras con las análogas del año anterior, resulta un aumento en 1886 de 63 escuelas públicas, de 12.390 alumnos y 612 preceptores.
Las escuelas de las colonias y territorios nacionales han sido frecuentadas en 1886 por 262 alumnos más que en 1885.
La capital de la República posee 54 edificios de escuelas, de los que 40, cuyas aulas en su conjunto pueden admitir 22.000 niños, fueron inaugurados el 3 de Octubre de 1886.
La acción eficaz y bienhechora del Consejo Nacional de Educación, lejos de limitarse a la capital de la República, se hace sentir en las colonias y territorios nacionales, llevando a esas regiones apartadas la escuela, que prepara al niño para la vida civilizada.
Formosa, Resistencia y Viedma tienen ya sus edificios propios para escuela; se inaugurarán pronto dos en la Colonia Irigoyen, otro en la Colonia Avellaneda y se empieza la construcción de tres en la del Chubut.
Me es satisfactorio deciros que las provincias hacen laudables esfuerzos para propagar la educación común en sus respectivos territorios, y que el éxito responde a ellos, pues sus escuelas han sido frecuentadas en 1886 por 111.868 alumnos.
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La escuela normal es el medio más eficaz de propagar la instrucción primaria, porque de ella salen los maestros preparados para di¬rigir con éxito las escuelas comunes.
Así lo ha comprendido V. H., pues en el año anterior ha sancionado la creación de nuevas escuelas normales, de las que siete están ya fundadas, con un personal docente inmejorable.
Existen actualmente tres Escuelas Normales de Profesores y Profesoras, nueve de Maestros, doce de Maestras y tres mixtas, lo que hace un total de veintisiete escuelas normales distribuidas en la capital y todas las provincias de la República.
En 1886 doscientos alumnos han obtenido diplomas de Profesores y Maestros, resultando que su cifra es mayor que el doble de la del año de 1885.
Los sacrificios de la Nación en el sostenimiento de las escuelas normales estarán bien compensados, pues es incalculable el progreso que la instrucción primaria deberá a tan crecido número de maestros competentes que la dirijan.
Aunque las escuelas normales están dotadas del material de enseñanza necesario, sensible me es deciros que la Nación pasee muy escaso número de edificios adecuados para esos establecimientos.
La Memoria del Ministro del ramo os dará los detalles al respecto, para que podáis remediar tan sentidas necesidades.
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Los Colegios Nacionales funcionan con regularidad; pero sucede lo que con las Escuelas Normales, que aunque están bien dotados de material científico, los edificios por lo general son inadecuados.
La Nación pasee en la Capital, en el Rosario y en Córdoba valiosas propiedades que nada producen y cuya venta daría lo suficiente para construir edificios, que llenen cumplidamente la necesidad indicada en las tres localidades.
Muy pronto os pediré la autorización necesaria para vender esas propiedades y construir edificios dignos de la Nación.
Aunque los Colegios y Escuelas Normales funcionan bajo un plan de estudios y reglamentos uniformes, que han dado buenos resultados, debiendo ser constante nuestro anhelo por el mejoramiento de la instrucción pública, me preocupo de preparar para someter a vuestra deliberación, un plan de instrucción general, tanto porque a V. H. corresponde dictarlo, como porque así tendrá el acierto que le darán vuestras luces.
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El estado de la instrucción secundaria y superior es, sin duda, satisfactorio; pero, preocupados quizá con algún apresuramiento de ofrecerla ampliamente, abriendo y sosteniendo numerosos establecimientos, ofrecernos tal vez a un criterio ejercitado, la ocasión de observar que impresionados por la necesidad de satisfacer aspiraciones inquietas, en medio de una civilización que se desenvuelve de un modo sorprendente, falta en nuestro proceder para acordar y adquirir la instrucción científica, la serenidad que la mantenga en proporción con nuestros medios sociales y los fines prudentemente calculados que ella debe alcanzar.
Nuestra juventud se apresura a terminar su carrera universitaria pasando por las aulas con paso rápido pero inseguro; la calidad de los conocimientos se halla así perjudicada en virtud de la facilidad relativa que ofrece la enseñanza, desviándose quizá de esa manera fuerzas sociales que sin tal facilidad, encontrarían mejor aplicación.
Como consecuencia de la ley que sancionasteis en 3 de Julio de 1885, las dos universidades que la Nación costea han dictado sus respectivos estatutos, conformes en todo a las reglas fijadas por esa ley y perfectamente acordes entre sí.
Regidas por idénticas disposiciones, como que tienen el mismo carácter y responden a los mismos propósitos, las facultades de una y otra universidad han sancionado planes de estudios y ordenanzas iguales, y el Ministerio del ramo ha puesto especial empeño en satisfacer todas las necesidades que le han sido apuntadas, a fin de alcanzar el mayor perfeccionamiento posible en los estudios superiores.
En este sentido, puedo desde ahora anunciaros que el proyecto de presupuesto general que próximamente tendré el honor de presentaros, comprende varios aumentos en las partidas asignadas para fomento de gabinetes y laboratorios y en el cuerpo de profesores de las facultades, especialmente en lo que se refiere a la de Ciencias Físico-matemáticas de esta capital, que venía solicitándolos desde años atrás, como indispensables para conseguir que el ingeniero salido de sus aulas, hubiese podido adquirir toda la enseñanza teórico-práctica requerida por quien a tal título aspira.
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La justicia se administra con regularidad.
La ley que sancionasteis en 1886 la ha mejorado considerablemente haciéndola más rápida y económica.
Sin embargo, el crecimiento de la población Y el sorprendente desarrollo del comercio, hacen que esa rama de la administración sea una de mis más constantes preocupaciones, porque la justicia ilustrada, pronta y económica, es el auxiliar más poderoso de todo progreso.
Los códigos Penal y de Minería, que sancionasteis en 1886, están promulgados y en vigencia como leyes de la Nación. El pueblo los ha recibido con aplauso; pero si bien esos códigos han llenado grandes vacíos en nuestra legislación jurídica, están lejos de completarla.
He encargado a uno de los jurisconsultos más distinguidos de nuestro país preparar las reformas que los adelantos de la ciencia aconsejan hacer al Código de Comercio, siéndome satisfactorio deciros que sus trabajos están ya terminados.
El Ministro de Justicia prepara un proyecto de ley de bancarrotas y otro de reformas al título del Código Civil, referente al matrimonio, a fin de que éste, que es la base de la familia y de la sociedad, quedando legislado de una manera más completa y en armonía con las tendencias y exigencias de nuestra civilización, pueda ser celebrado por todos los habitantes de la República, sin violentar su conciencia.
Para completar nuestra legislación jurídica, os pido prestéis atención preferente a los diversos proyectos de ley de enjuiciamiento, que han sido sometidos a vuestra ilustrada deliberación y que tanta influencia ejercerán en el mejoramiento de la administración de justicia.
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Los deberes que la Constitución impone al gobierno respecto al culto serán llenados como lo han sido hasta hoy.
Las relaciones entre el Estado y la Iglesia serán sostenidas procurando evitar perturbaciones, pero manteniendo los derechos inherentes al patronato.
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El ejército no permanece inactivo y la distribución de sus diversos cuerpos se ha hecho consultando los intereses industriales y agrícolas. El ejército presta sus servicios en las fronteras del Sur, guarda las poblaciones levantadas con su concurso en la Pampa y en el Chaco y continúa conquistando los territorios que en el Norte se hallan aún en poder de los salvajes.
Su disciplina se mantiene siempre digna de un ejército destinado a guardar el honor nacional y a ser el defensor de la libertad y la fortuna de los habitantes. Su instrucción mejora diariamente, y de los colegios y establecimientos que la Nación sostiene, sale cada año un número suficiente de oficiales aptos para el servicio.
Las antiguas ordenanzas militares, que son aún la ley del ejército, reclaman una reforma radical que esté de acuerdo con los progresos del día y en armonía con las prescripciones de la Constitución; os llamo la atención sobre la necesidad de dotar al ejército de un código penal y de procedimientos.
La marina militar de la República, que acaba de ser reforzada con un nuevo buque, mejora su organización y su disciplina.
Creo que, dadas las condiciones del país y sus dilatadas costas marítimas y fluviales, debe aumentar su material y medios de defensa.
La regla política de la República Argentina es vivir en paz con las potencias extranjeras y mantener con ellas relaciones amistosas; pero no debemos olvidar que tenernos grandes intereses que conservar y defender, y que el ejército y la escuadra de una nación deben estar dotados de los elementos necesarios para protegerlos en cualquier momento.
SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS:
Calmados los espíritus de la agitación producida en la última contienda electoral, despejado el horizonte político en todas direcciones con la renovación pacífica de los poderes nacionales por medio del sufragio, que es la ley de las democracias, podemos detenernos un momento a medir el camino recorrido y observar con ánimo sereno la situación de la República, para seguir con nuevos bríos en la vía del trabajo, que es la ley de la vida, bajo el estímulo de los progresos alcanzados y de los grandes destinos a que está llamada en el futuro.
Si recorréis con la mirada la vasta extensión de su territorio, encentrareis por doquiera los signos inequívocos de la existencia de un pueblo consagrado al trabajo, al amparo de la paz y bajo la protección de las leyes; de un pueblo que se enriquece, se educa y prospera a pasos rápidos, adquiriendo la conciencia de sus derechos soberanos, habituándose a ejercerlos pacíficamente y robusteciendo el sentimiento nacional.
En treinta años de labor emprendida, el pueblo argentino ha llegado pues a resolver todos los problemas fundamentales de su organización en cuerpo de nación y ha coronado el edificio nacional, colocando a la República en su centro de gravedad inconmovible con la consagración de su capital histórica.
Ya no divide a los argentinos ninguna cuestión de forma de gobierno ni de doctrinas constitucionales; todos prestan igual acatamiento a los principios proclamados por la Constitución que es la ley suprema y la fórmula feliz de las aspiraciones de todos los partidos.
La causa de sus actuales divisiones está sólo en la manera de hacer prácticos esos principios y aspiraciones comunes; nuestras contiendas políticas podrán tener en adelante el carácter apasionado, propio del temperamento de nuestra raza, pero no llegarán jamás a turbar la paz pública, consolidada al fin sobre bases de igualdad, de justicia y de conveniencia para todos.
No es esta ciertamente la obra de un solo gobierno ni de un solo partido, sino el fruto del esfuerzo común y aun de los errores cometidos, que han facilitado la solución de los grandes problemas nacionales, enunciados en los albores de nuestra independencia y que planteados de nuevo cien veces durante setenta años de sangrienta anarquía, acaban de ser despejados en una última y reciente lucha, realizando para siempre el supremo anhelo del pueblo argentino.
Tócanos ahora a nosotros, depositarios de la confianza de nuestros conciudadanos, continuar la obra de progreso tan felizmente empezada por los que nos han precedido.
SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS:
Invocando para vuestras deliberaciones y para mis actos, los auxilios de la Divina Providencia, declaro abierto el período legislativo de 1887.-
MIGUEL JUAREZ CELMAN
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