Discurso de investidura de Adolfo Suarez (1979)

DISCURSO DE INVESTIDURA

Adolfo Suárez

[30 de Marzo de 1979]

Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Señoras y señores Diputados, por designación de S. M. el Rey comparezco ante SS. SS. en un acto cuya significación y alcance se delimitan en el artículo 99 de nuestra Constitución. Me propongo, pues, en estricto cumplimiento del mandato constitucional, formular los principios programáticos básicos, trazar las coordenadas de actuación y fijar los objetivos y medidas fundamentales que perfilarán durante la presente Legislatura nuestra acción de Gobierno si la Cámara expresa su aprobación.

El cambio político realizado en nuestro país ha sido profundo y sincero. Pero ahora comienza un nuevo período; comienza una etapa de transformación profunda de la sociedad.

Se trata, por consiguiente, de saber realizar el cambio social con sinceridad, conjugando prudencia y audacia y eligiendo también el camino de la reforma responsable y gradual que conformó la realización del cambio político y tal es, ni más ni menos, la expresión última de la voluntad política del próximo Gobierno de UCD.

El cambio político se verificó en torno a un eje de sensatez consistente en ajustar los ritmos de tiempo sin regatear o eludir los contenidos. Nos proponemos ahora realizar el cambio social en una búsqueda constante de la justicia, demostrando en el terreno de los hechos que la vía reformista es la más adecuada para la transformación de la sociedad.

Con esta voluntad, me permito invitar a SS. SS. a avanzar en la definitiva institucionalización de una democracia a la altura de nuestro tiempo y a vivir la gran ilusión colectiva de la progresiva modernización de la sociedad española.

La cuestión, en la realidad, una vez más, consiste en averiguar si, a uno y otro lado del espectro, se aceptará el grado de cambio razonable y posible exigido por las transformaciones sociales y por el objetivo de justicia o se desatará el radicalismo para hacerlo inviable.

En síntesis, éste es el cuadro y en este gran marco se inscribe la gran tarea que tiene que cumplir el pueblo español y de la que el Gobierno de la Nación se esforzará en ser impulsor. Somos un país viejo que no tiene sus nuevas fronteras fuera de sí, sino dentro de lo que a lo largo de los siglos ha sido la difícil y terca voluntad de convivencia entre lenguas y culturas diferentes. El reto actual consiste en admitir que somos como somos, en empeñarnos en mejorar cada día y en levantar el país a base de trabajo, capacidad autocrítica y espíritu de sacrificio. La nueva frontera, en una palabra, no está lejos de nosotros, sino dentro de todos y cada uno de nosotros mismos. Hemos de saber encerrarnos en esta identidad definitoria para plantar sólidamente las raíces del gran pueblo que todos juntos podemos ser.

Y tenemos voluntad, fortaleza y experiencia política para serlo. La oportunidad histórica para lograrlo se conjuga ciertamente con una serie de dificultades económicas y sociales que podrían tratar de impedirlo. Más lo que importa es elegir correctamente y apostar por la justicia y la equidad con tenacidad y con eficacia en vez de turbarnos por el verbalismo y la frivolidad.

Nos enfrentamos con una situación nueva porque iniciamos una nueva legislatura en el contexto de una de las constituciones más jóvenes y progresistas del mundo, desde la que hemos de afrontar viejos problemas en no pocos casos seculares. No basta, por tanto, para definir la nueva realidad española con decir que España ha sido capaz de darse un régimen democrático. Hay que añadir que los españoles estamos decididos a consolidar una democracia cuyos contenidos reales estén perfectamente sintonizados con los valores sociales de nuestro tiempo.

Hemos de alcanzar una democracia social fiel a los acentos de modernidad de un sistema político que inicia su andadura en el último tercio del siglo XX. Por eso la etapa que aparece ante nosotros no ofrece treguas ni ocasiones para la comodidad. Exige, bien al contrario, llevar la mentalidad de cambio a nuevos ámbitos y requiere una actitud clara e inequívoca para interpretar y asumir los deseos de progreso que existen en las zonas más extensas y vivas del pueblo español.

Nuestro verdadero compromiso está, pues, identificado con el futuro. Vamos a esforzarnos para que, por primera vez en nuestra Historia, la Constitución no sea únicamente una solemne declaración de derechos, sino el fundamento efectivo de una democracia estable y justa.

Entendemos por ello que el sistema de derechos y libertades que perfila la Constitución es el obligado punto de referencia para la modernización de nuestro país, para la consecución de una sociedad libre de viejas ataduras y de los privilegios y desigualdades que han caracterizado la estructura social española. Creo que la profundidad, la serenidad y el rigor con que se ha realizado en España el cambio político constituyen suficiente garantía de que podemos efectuar la modernización de la sociedad española sin convulsiones ni sobresaltos.

Durante estos próximos años es nuestra pretensión recrear el tejido del cuerpo social. Es necesario que fluya la creatividad social, que se multipliquen los centros de decisión y las iniciativas. No queremos en modo alguno imponer desde el poder un modelo preconcebido de organización social, sino establecer un cuadro institucional que garantice la libertad y la participación ciudadana y estimule la aportación de todos a la vida colectiva. Para nosotros, la persona es el fundamento primario y el objetivo último de toda acción política y la sociedad el espacio en el que naturalmente se desarrolla la libre iniciativa personal que engendra el verdadero progreso. Creemos, en una palabra, que la política debe ser una parte noble de una sociedad viva y actuante, no su condicionante o el inicio de su disolución en el seno de una organización burocratizada y deshumanizante.

A la vista de este propósito, quisiera enmarcar la política que pretendemos desarrollar bajo la vigencia de dos grandes presupuestos implícitos en la esencia misma de la democracia:

Primero. La necesidad de que todas las fuerzas políticas contribuyan al planteamiento y resolución de los grandes problemas nacionales desde su respectiva órbita ideológica y desde la responsabilidad que les corresponda en función de la posición que asuman en el sistema institucional.

Segundo. El firme criterio de UCD como primera fuerza política de no pretender en modo alguno un papel exclusivo de cara al desarrollo de la Constitución, pero sí de hacer valer el imprescindible condicionamiento democrático de que semejante desarrollo sea afrontado básicamente desde los planteamientos contenidos en su programa electoral porque tal ha sido el mandato surgido de las urnas.

Pienso que estas precisiones iniciales pueden contribuir a centrar el enfoque que queremos dar a la gestión política durante la actual legislatura. Y hacerlo, además, como expresión de nuestra identidad política, nunca como negación de la identidad de los demás.

Con estas palabras, por consiguiente, no sólo quiero señalar que el consenso ha terminado, sino expresar el reconocimiento que merece su importante contribución al proceso constitucional. Quizá el consenso ha producido decepciones en ciertos sectores. Y ello requiere que a la ingratitud de las incomprensiones demos la gratitud de la certeza de que la Historia juzgará el consenso constitucional como uno de los pilares básicos de la España moderna. Fue una solución excepcional para un momento igualmente excepcional de nuestra evolución política, una prueba de la madurez y responsabilidad de los partidos políticos a la hora de defender los verdaderos intereses del pueblo y del Estado.

Nos encaminamos a la realización de un programa de Gobierno concebido bajo la óptica de un programa de partido y coherente con la palabra comprometida ante el electorado pero que pretende servir honestamente a la totalidad de los españoles y a los intereses generales del país.

Se trata de un programa centrista, a través del cual queremos que España se incorpore plenamente a la vida europea de hoy. La defensa del modelo de sociedad occidental, la inspiración en la ética y en los valores del humanismo cristiano y la asunción del sistema de economía de mercado, corregido por unos objetivos sociales que le sitúan al servicio del hombre e impiden hacer del hombre un engranaje al servicio de fuerzas deshumanizadas, constituyen los fundamentos imprescindibles, los fundamentos que nosotros asumimos, en la búsqueda de un adecuado equilibrio entre progreso, libertad, igualdad y solidaridad entendidas como dimensiones de la justicia.

Creo que es impropio decir que, ganada ya la libertad, es preciso plantearse nuevos objetivos. La libertad nunca se alcanza plenamente. Es preciso afianzarla, promoverla y extenderla a nuevas parcelas, y así como hay quien teme y recela que son posibles retrocesos de la libertad porque siempre están predispuestos a confundir el ejercicio de la autoridad con el retorno del autoritarismo, algunos pensamos que frente a la tentación dirigista en áreas impropias de la correcta formulación de una sociedad libre, frente a la abdicación de la capacidad de autodefensa de la sociedad en áreas de un paternalismo providente que considera al pueblo en perpetua situación de minoría de edad, se requiere la potenciación de la capacidad auto organizativa de los entes sociales, la transferencia de funciones, la descentralización de competencias y el ejercicio pluralista del poder y de la responsabilidad. Y a todo ello, lógicamente, hay que aplicar la necesaria atención en la próxima etapa, no sólo, para cerrar o erradicar situaciones anacrónicas, sino para evitar desviaciones que habría que lamentar.

Y, sin embargo, desde la libertad, desde su ejercicio responsable y desde el despliegue y la reivindicación de las libertades concretas, hay una gran tarea que nos aguarda a los españoles. Hemos modernizado la institución estatal al instaurar un Estado de Derecho y ahora nos corresponde modernizar la sociedad mediante el impulso del cambio social.

De la misma manera que en el proceso político negamos la razón de ser de la dialéctica de las dos Españas, en el orden histórico y político vamos ahora a tratar de destruir la rígida separación entre la España de la riqueza y la España de la miseria, entre las regiones ricas y las regiones atrasadas, entre la ostentosa opulencia de unos pocos y la marginación y la pobreza de miles de familias a la espera de seguridad, de trabajo, vivienda y educación.

El programa de gobierno que pretendemos poner en práctica busca poner las bases de una sociedad más próspera y radicalmente más justa que la sociedad anterior, que la propia sociedad actual. No vamos a hacer, por consiguiente, una política tímida ni a poner parches o paños calientes. Y a tal fin importa menos escarbar en el pasado, recrearse en la crítica y en el pormenor de los fracasos, que imaginar el porvenir y tener la audacia necesaria para hacerlo posible. El Gobierno de UCD no va a hacer, desde luego, una política revolucionaria, pero realizará reformas profundas y rigurosas que modificarán seriamente las estructuras de nuestro país.

A la incomprensión de quienes no entienden lo que es un partido de centro, de raíz popular, interclasista, surgido en el seno de una sociedad industrial y ajeno, por tanto, a una concepción bipolar del antagonismo social, contestamos con la coherencia de un programa de gobierno progresista y reformista que supondrá, si el acierto preside nuestras decisiones, un progreso social cierto. No vamos a hacer una política al servicio de un sector de la sociedad, ni tampoco en beneficio exclusivo de nuestros afiliados o votantes. El Gobierno realizará una política al servicio de todo el pueblo español, procurando que ninguna pretensión legítima deje de ser defendida ni ninguna causa desoída.

Nos duelen las injusticias de España y negamos que nadie nos aventaje a la hora de procurar su corrección. Lo que ocurre es que una cosa es rechazar posiciones de principio que niegan, contra toda evidencia, las posibilidades reales de una sociedad interclasista, integrada y sólidamente afincada en la dignidad de la persona, y otra muy diferente dar por buenas las lacerantes desigualdades que es necesario y urgente erradicar.

No haremos, en consecuencia, ni una política débil, ni acomplejada, ni timorata. Tenemos perfectamente claros los objetivos que perseguimos, tenemos una palabra inequívoca empeñada con el pueblo y vamos a cumplir una vez más lo que prometemos. Podemos quedarnos cortos en el acierto o errar en la ejecución, pero no lo seremos en la sinceridad de los planteamientos y de las decisiones.

Creo que no es aventurado afirmar que el pueblo español y las fuerzas reales que lo articulan socialmente o encauzan las corrientes de opinión nos piden hoy que procedamos entre todos a una tarea de clarificación. Clarificación para comprender globalmente, más allá del problema vital e inmediato de cada uno, la situación en que se encuentra España, sus problemas reales y concretos y nuestras propuestas para afrontarlos, Clarificación también para saber con certeza, más allá de las formulaciones generales de una campaña electoral, hacia donde vamos y hasta donde queremos llegar, es decir, en suma, para despejar y aproximar un horizonte, que las exigencias de un proceso de transición singular y el asentamiento previo e inevitable de unas bases para la convivencia democrática han impedido proyectar con toda nitidez.

Esta exigencia de clarificar la vida pública nos lleva inexorablemente, como paso preliminar, a asumir con plenitud la realidad tal y como creemos que es, a reconocer en toda su dimensión la magnitud de los problemas existentes y a afrontar exigentemente su solución en el marco de una concepción realista tan alejada de un conservadurismo que subordina, desvirtúa o elude los requerimientos de la justicia, como distante del idealismo utópico que ignora los imperativos y obstáculos de una realidad testaruda que la mera fuerza de las ideas o de los propósitos bien intencionados no puede por sí sola diluir.

Pienso que la realidad en que hoy estamos inmersos podría definirse como una acumulación de cuestiones y problemas que hacen enormemente compleja la acción de gobierno. Pero pienso, asimismo, que nuestra realidad es hoy también una amplia puerta abierta a la esperanza, porque todos ellos, todos esos problemas y cuestiones, después de haber asentado las bases de nuestra convivencia democrática encuentran un adecuado cauce de solución desde y a través de la Constitución y mediante una firme actuación política que sólo también ahora puede desarrollarse bajo el imperio de la certeza y seguridad jurídica de que antes carecíamos por resultar inaplicables o inadecuadas las leyes entonces vigentes o por ser estas: contradictorias e incompatibles con los propósitos y objetivos que perseguíamos.

Esta compleja realidad, reducida a síntesis conceptual y programática, puede insertarse en el marco de seis grandes coordenadas dentro de las cuales habrá de desenvolverse la política general del Gobierno durante los próximos cuatro años:

Primera. La definición y ejecución de una política exterior que asuma los factores geopolíticos que la condicionan inexorablemente sin perjudicar por ello la independencia da nuestra acción internacional en ciertos ámbitos.

Segunda. La realización de una política de defensa nacional en la que las Fuerzas Armadas constituyan por sí mismas un factor de disuasión determinante con capacidad de reacción inmediata, de respaldo de nuestra acción exterior y de defensa del ordenamiento constitucional.

Tercera. La intensificación y ampliación de la acción destinada a garantizar en mayor medida la seguridad ciudadana y hacer más eficaz la lucha contra el terrorismo de toda índole.

Cuarta. La búsqueda permanente de un equilibrio social dinámico y de progreso que fortalezca y vitalice el Estado de Derecho y que confiera cada vez más contenido real a los grandes valores de libertad, igualdad y solidaridad entendidos, en definitiva, como expresiones distintas de la justicia.

Quinta. El desarrollo de la Constitución, es decir, la concreta institucionalización legal de todas las dimensiones sustantivas del Estado Social y Democrático de Derecho como forma de organización política de una sociedad pluralista y libre concebida para hombres libres.

Sexta. La distribución territorial del poder del Estado a través del proceso autonómico para consagrar legalmente la diversidad real de la comunidad española en el marco irrenunciable de la unidad nacional de España y bajo el imperio de la soberanía única del pueblo español.

En el ámbito internacional, el Gobierno se propone llevar a cabo una política realista activa e independiente que, partiendo de las transformaciones internas operadas en España, sea capaz de potenciar nuestra acción y defender nuestros intereses, en un mundo cada vez más interdependiente y en rápido proceso de transformación.

Esta política estará encaminada a garantizar nuestra seguridad y nuestra independencia, a restablecer con la recuperación de Gibraltar nuestra integridad territorial, a asegurar el suministro de materias primas y productos energéticos, a mejorar las condiciones de vida y los niveles de bienestar de los españoles y a contribuir a la construcción de un mundo más libre, más pacífico, más seguro y más justo.

Por convicción profunda somos partidarios del mantenimiento de la paz y contrarios al uso de la violencia y estamos dispuestos, en la medida de nuestras posibilidades, a favorecer el entendimiento, la solución pacífica de los conflictos y la distensión internacional. Pero esta decidida vocación de paz nuestra no puede hacernos olvidar que vivimos en un mundo donde todavía persisten confrontaciones, conflictos y tensiones.

España está incluida en el dispositivo estratégico occidental a través del Tratado Bilateral con Estados Unidos. Este Tratado deberá redactarse a su vencimiento para adecuarlo a la nueva realidad.

Unión de Centro Democrático -es conocido de todos- es partidaria de la adhesión de España a la Alianza Atlántica por coherencia con su vocación europea y occidental. Pero entiende que nuestro ingreso en la NATO debe plantearse, en su caso, teniendo en cuenta los condicionamientos que derivan de nuestras peculiaridades y de nuestras exigencias de seguridad, así como la necesidad de un amplio respaldo parlamentario. A esta Cámara corresponderá en su día debatir el tema, analizando con rigor e imaginación las condiciones y modalidades de esa eventual adhesión en la forma en que resulte más favorable para nuestros intereses políticos y estratégicos. Porque, en verdad, son múltiples los factores de tipo económico, militar y político que tienen que ser adecuadamente sopesados y muy variadas las soluciones posibles a que puede llegarse en cada uno de estos terrenos.

España quiere estar presente con plenitud de derechos en las Instituciones europeas Por eso negociamos la incorporación en las Comunidades con el propósito de aportar nuestras ideas y nuestro esfuerzo a la realización de las finalidades políticas previstas en los Tratados Fundacionales y para la mejor defensa de nuestros intereses.

La inserción de España en Europa es plenamente compatible con nuestra identidad iberoamericana, que habrá de adquirir nuevas dimensiones. El capital que supone nuestra comunidad cultural, histórica y lingüística nos permitirá hacer ver a las Comunidades Europeas que, en nuestra opinión, quedan mutiladas si abdican de establecer una estrecha relación de colaboración con Iberoamérica. Para cumplir con esta misión y reforzar en todos los órdenes las relaciones con los países hispanoamericanos, el Gobierno, superando definitivamente posiciones retóricas, se propone impulsar el Centro Iberoamericano de Cooperación y potenciarlo al máximo, asegurándole los medios suficientes para hacer frente a las necesidades de cooperación con los más diversos sectores iberoamericanos.

Nuestra situación geográfica, que ha marcado durante tantos años el interés español por los acontecimientos en el Mediterráneo y en el norte de África, nos exige adoptar en esta zona geográfica una posición imaginativa y abierta para contribuir al logro de una solución pacífica que tenga en cuenta todos los intereses de la región. La proyección norteafricana, sin embargo, no puede limitar nuestra acción en el resto del continente africano ante la complejidad de los intereses españoles y de aquellos que puedan nacer como consecuencia de nuestra incorporación a las Comunidades Europeas y por virtud de los acuerdos firmados por la Europa Comunitaria con ciertos países africanos. Mientras avanza nuestro proceso de adhesión a las Comunidades, el Gobierno, para facilitar los contactos con países árabes y africanos y con otras zonas afectadas por los problemas típicos del subdesarrollo, presentará a esta Cámara una Ley de Cooperación Técnica que pueda encauzar hacia los Estados más necesitados no sólo la ayuda financiera que España pueda aportar a su desarrollo, sino la contribución de sus profesionales y de su tecnología.

Otra preocupación básica del Gobierno será la protección de nuestros nacionales en el extranjero, porque ningún objetivo más noble puede pretender nuestra acción en el exterior que la defensa y protección de los intereses de aquellos españoles que, alejados de su tierra, tienen que desarrollar su actividad fuera de su país. El Gobierno defenderá con todo el esfuerzo de que sea capaz los intereses de los emigrantes y residentes fuera de España para ofrecerles la adecuada protección, asegurar sus derechos políticos, laborales y sociales y facilitarles la adecuación y la asistencia social necesaria para ellos y para sus hijos.

Proponemos en suma una actitud positiva y constructiva en los grandes temas que tiene planteados la Comunidad Internacional, donde, por nuestra singularidad y nuestro papel de potencia intermedia, podemos desempeñar una función de acercamiento entre las distintas posiciones hoy divergentes. Estos temas incluyen nuestra aportación a los esfuerzos en favor de un desarme general y completo bajo adecuado y eficaz control internacional; nuestros esfuerzos para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional más justo, basado en el desarrollo integral de la persona; nuestra firme actitud a favor de la salvaguarda y protección de los derechos humanos, convencidos como estamos de que el orden político y la paz social no pueden tener otros fundamentos que la dignidad de la persona humana y el respeto a los derechos inviolables que le son inherentes.

En resumen; una política abierta a todos los problemas de nuestro tiempo, liberada de cualquier servidumbre, enmarcada por los principios de pleno respeto a nuestra soberanía e independencia y de no injerencia en los asuntos internos de otros países y una política, en fin, al servicio del pueblo español y de los intereses permanentes de España.

Quiero subrayar ante Sus Señorías que la Defensa Nacional es responsabilidad de todos los españoles y objetivo prioritario para el Gobierno. Por ello confiere la máxima importancia a cuanto concierne a las Fuerzas Armadas.

Aunque en el programa de UCD están claramente expuestos los criterios fundamentales sobre la Defensa Nacional y los objetivos que se pretenden alcanzar, querría afirmar en este momento nuestra decisión de cumplir dicho programa, limitándome ahora a subrayar los aspectos siguientes:

Por su urgencia, el Gobierno concederá prioridad a la acción social, a la regulación de escalas y a la determinación del objetivo de fuerza conjunto.

La acción social será mejorada y potenciada en todos sus aspectos, se completará la dotación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas -ISFAS-, de reciente creación, y el plan de viviendas, en el presupuesto pendiente de aprobación por las Cortes.

La regulación de ascensos y escalas, ya iniciada, que remedie situaciones anómalas existentes, se plasmará en disposiciones que, en plazo breve, serán sometidas a la consideración de esta Cámara. Con ellas, respetando siempre derechos adquiridos, se tratará de lograr un rejuvenecimiento progresivo de los cuadros de mando y dar un esperanzador sentido de carrera a todos los escalones de los mismos.

La determinación del objetivo de fuerza conjunto traerá consigo la adopción de la más idónea estructura orgánica, la potenciación de sus efectivos y el logro del factor disuasorio que han de constituir nuestras Fuerzas Armadas. La Junta de Jefes de Estado Mayor, el Gobierno y el Parlamento, cada uno en la esfera de sus respectivas competencias, serán responsables de la consecución de este objetivo.

Quiero destacar también, por su importancia, que en esta materia pretendemos conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:

La adecuada cobertura de inversiones y gastos.

El necesario plan de infraestructura, apoyo y sostenimiento.

Una industria para las necesidades de la defensa que garantice el suministro necesario a nuestros Ejércitos y actúe como eficaz impulsor de la economía y la investigación nacionales.

Y como base imprescindible de todo ello se prestará especial atención a mejorar constantemente la formación de sus hombres, tanto de los cuadros profesionales como del personal en filas. Se adecuarán las retribuciones a la dedicación efectiva, se regulará el régimen del voluntariado especialista y se mejorará el haber en mano de soldados y marineros, dentro de un conjunto de medidas que contemplen prioritariamente al componente humano de los Ejércitos.

En el momento de comparecer ante esta Cámara soy consciente de que al pueblo español no le inquieta únicamente la situación de crisis que vive el país o su prosperidad económica y social. Entiendo que, en esta hora, la paz ciudadana, la seguridad de las personas, el mantenimiento de un orden público que garantice el ejercicio de las libertades, es también en su ánimo cuestión prioritaria. Asegurar la tranquilidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, de nuestros domicilios y de nuestras familias, es un principio que insertamos como eje básico del programa del nuevo Gobierno. La democracia se basa en la libertad y la justicia como valores superiores realizados bajo el imperio de la ley entendida como expresión de la voluntad popular. Por tanto, el acatamiento de sus reglas y de sus leyes, aprobadas en el Parlamento, es una obligación de todos que el nuevo Gobierno hará cumplir del modo más enérgico e inexorable.

Nuestra meta ha de ser, pues, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero para conseguir tal objetivo es preciso rodearle de todos los dispositivos necesarios para que nadie pueda poner en peligro su autoridad y estabilidad. El Estado de Derecho ha de ser, en efecto, capaz de prevenir y, en su caso, reprimir las agresiones que atenten contra sus fundamentos o contra la conveniencia de los ciudadanos.

Independientemente de los proyectos legislativos que el nuevo Gobierno presentará para regular el régimen de libertades diseñado en la Constitución, resulta imprescindible formular, y es nuestro propósito llevar a cabo, una serie de programas de reformas en el campo de la seguridad ciudadana. En este sentido, junto a la garantía jurisdiccional de las libertades públicas, realizaremos una eficaz política de protección de la seguridad ciudadana y una decidida lucha contra el terrorismo.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el Gobierno proseguirá su tarea de conseguir una mayor profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; una más intensa especialización de los mismos para lograr un alto grado de operatividad en todos los campos en los que el delito es más frecuente o atenta en mayor medida contra la convivencia, y, finalmente, la coordinación de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través de un órgano director de la Seguridad del Estado. La extensión de los servicios de radiopatrulla y de patrulla urbana y la ampliación de los centros operativos de servicios de la Guardia Civil y de los Grupos Especiales Operativos de la Policía Nacional, no serán más que ejemplos singulares de la firmeza y amplitud con que el Gobierno pretende afrontar sus responsabilidades en materia de orden público y de seguridad ciudadana.

El tratamiento de la lucha contra el terrorismo -que ha rendido ya sus frutos innegables- nos está exigiendo a todos reforzar una estrategia y un planteamiento global en el que, una vez vigente y en fase de desarrollo la Constitución, adquieran particular importancia las medidas de índole policial. El fenómeno terrorista, su complejidad creciente y su alto grado de profesionalización reclama una labor de formación de unidades especializadas en la información y en la acción. Y esto es ya, y seguirá siendo, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno con el fin de erradicar esta lacra que se cierne sobre muchos países democráticos, entre los que España no es desgraciadamente una excepción.

Los problemas de la economía española y las posibilidades de resolver la crisis actual han de examinarse en el contexto de la economía internacional. Nuestra economía está cada vez más vinculada a los intercambios mundiales, y han pasado ya los tiempos en que cabía pensar en la elaboración de un programa económico al margen de los condicionamientos impuestos por la situación económica internacional.

Nuestra crisis es parte de la crisis económica mundial. Las grandes economías industriales, y especialmente las europeas, no acaban de encontrar un camino firme de expansión tras la grave recesión de 1974-1975. Las tensiones inflacionistas, con su resistencia a ceder y su disposición a recrudecerse en cualquier momento, limitan las posibilidades de políticas económicas más expansivas. Los desequilibrios de las balanzas de pagos por cuenta corriente y las consiguientes alteraciones en los mercados de cambios fomentan las prácticas proteccionistas, reducen la expansión del comercio mundial, agravan los problemas de los países en vías de desarrollo e introducen importantes elementos de incertidumbre y riesgo en los mercados financieros internacionales.

Este es el marco en que hemos de movernos y no cabe esperar que de él vayamos a recibir estímulos favorables en los próximos años. Olvidar esto sería incurrir en un voluntarismo sin futuro. Recordarlo equivale a asumir algunos de los condicionamientos primarios dentro de los que ha de desarrollarse nuestra política económica.

Pero no sólo pesa sobre nosotros la crisis económica mundial. Tenemos que afrontar, además, la existencia de problemas procedentes de un prolongado tiempo en que se mantuvieron latentes y ocultos en la gran expansión mundial de los años 60, pero que han aflorado a la superficie con la crisis económica y el cambio de sistema político.

Toda la problemática del paro, prácticamente desconocida en España hasta hace unos años, era una realidad oculta. El recurso a la emigración masiva escondía la incapacidad del sistema productivo español para ofrecer regularmente puestos de trabajo a los hombres y mujeres que anualmente llegaban a la edad laboral.

Los desequilibrios regionales y los desequilibrios industriales, característicos de una fase de expansión acelerada, estaban solapados tras las cifras de un desarrollo cuantitativo; pero se han manifestado en toda su gravedad cuando la crisis mundial ha puesto de relieve la importancia de un crecimiento equilibrado.

Finalmente, hay que subrayar la gran rigidez en el sistema de relaciones laborales como contrapartida de la negación del derecho de huelga y de los derechos sindicales, rigidez incompatible con el normal funcionamiento de una economía moderna, flexible y progresiva y de una sociedad en proceso de integración en Europa y en la que la Democracia está institucionalizada y las libertades garantizadas.

Hemos de afrontar así una situación en la que las dificultades actuales se ven considerablemente agravadas por la magnitud de los problemas anteriores ahora patentes; una situación también en la que el adverso contexto internacional condiciona estrechamente el marco real de posibilidades para superar la crisis.

En estas circunstancias, constituye una tentación enunciar programas cargados de promesas de imposible cumplimiento: rápidas soluciones al problema del paro, una pronta eliminación de la inflación y sencillas reestructuraciones industriales. Un planteamiento responsable no puede caer en esa tentación primero porque un Gobierno no puede generar en la sociedad expectativas que no se pueden satisfacer, y segundo, porque es preciso apelar a esfuerzos todavía importantes que la sociedad española ha de realizar para remontar los problemas actuales.

Nadie va a regalarnos el futuro. Tendremos que conquistarlo con un esfuerzo solidario de todos los españoles, encauzado por una política ambiciosa pero realista.

Esa política económica ambiciosa y realista a la vez ha de elaborarse con una dimensión temporal a medio plazo; porque la inflación sólo puede reducirse desde sus altos niveles actuales hasta los vigentes en la mayoría de los países industriales, mediante un esfuerzo continuado y persistente; porque la creación de los cientos de miles de puestos de trabajo necesarios para situarnos en un nivel mejor de empleo debe plantearse mediante un esfuerzo constante para que sea un proceso firme y sin retroceso, y finalmente porque los problemas de reestructuración exigen tiempo para que puedan resolverse sin graves traumas. Esa programación a medio plazo ha de estar inspirada, al mismo tiempo en el objetivo de facilitar el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, tema al que el Gobierno prestará una atención prioritaria.

El ingreso en la CEE habrá de significar la modernización definitiva de la economía española. Nuestra adhesión a la Comunidad supondrá, sin duda, unas negociaciones difíciles en las que el Gobierno tratará de combinar adecuadamente los intereses de todos los grupos y sectores sociales.

Durante los próximos cuatro años, la política económica habrá de dar una respuesta duradera a las grandes cuestiones que tiene planteadas la economía española en la perspectiva del ingreso de España en la CEE.

Nuestro programa tiene como preocupación fundamental conseguir que se incremente progresivamente el nivel de empleo durante los cuatro años venideros. Ello exige una política en varias direcciones:

Reducir la inflación a tasas compatibles con un crecimiento elevado y estable.

Eliminar las trabas que obstaculizan la eficacia del sistema.

Corregir las injusticias, contradicciones y anacronismos en el sistema económico-social.

Apoyar decididamente el desarrollo de las regiones en las que el paro estructural tiene mayor incidencia.

Reformar los sectores económicos afectados más gravemente por la crisis y potenciar otros estratégicamente necesarios.

Revitalización del ahorro y fomento de la inversión.

No hay que ocultar la magnitud del esfuerzo que es preciso realizar y que se deberá hacer frente a las demandas de empleo derivados de: 1, el crecimiento de la población activa; 2, el trasvase previsible de población activa agrícola a otros sectores productivos, y 3, la reducción gradual del actual nivel de desempleo.

Para conseguir mejorar el nivel de empleo, la acción del Gobierno se orientará a los siguientes objetivos básicos:

Crecimiento sostenido de la economía española a un ritmo lo más cercano posible a su tasa potencial de expansión. Este crecimiento, apoyado en la inversión y en las exportaciones, será el motor fundamental de la creación de puestos de trabajo y su consecución atraviesa por el logro de un entendimiento básico entre las distintas fuerzas sociales.

Reducción paulatina de la edad de jubilación -una de las más elevadas de Europa-que permitirá, por un lado, un tratamiento justo que asegure una dignidad en la pensión de jubilación a los sectores de población que han dedicado su vida activa a la sociedad y, por otra parte, un mayor nivel de ocupación de las nuevas generaciones.

Esfuerzo de escolarización de los jóvenes entre los catorce y los dieciséis años de edad, orientado especialmente hacia la formación profesional. De esta manera se obtendrá una mejor adecuación, tanto cualitativa como cuantitativa, de la oferta de trabajo a las demandas cambiantes de un sistema productivo en plena transformación.

En el campo del empleo, el Gobierno se propone actuar específicamente, a través, entre otras, de las siguientes acciones:

Potenciación de la inversión privada creadora de puestos de trabajo especialmente a través de la pequeña y mediana empresa mediante una política monetaria y financiera adecuada y prioridad a la inversión pública dentro de los gastos del Estado.

Realización de programas de empleo específicamente destinados a favorecer la colocación de los trabajadores en paro y de los jóvenes que acceden por primera vez al trabajo e iniciación de nuevas formas de contratación de trabajo a tiempo parcial.

Estas medidas de fomento de la creación de puestos de trabajo irán, además, acompañadas de un conjunto de actuaciones encaminadas a atenuar las consecuencias sociales del desempleo. Se procederá a una nueva regulación del seguro de desempleo con arreglo a los siguientes principios:

Mantenimiento de la prestación del seguro de desempleo más allá del tiempo inicialmente establecido en aquellas situaciones en que se justifique socialmente.

Perfeccionamiento de los mecanismos de asignación de fondos para el desempleo temporal agrícola.

Mejor coordinación y control de las prestaciones de desempleo a través del Instituto Nacional de Empleo.

Proporcionalidad entre el tiempo trabajado y la recepción del subsidio.

Lucha contra el fraude en la percepción del seguro de desempleo.

Es preciso insistir que el elemento básico de una política económica que mejore el nivel de empleo consiste en acercar el crecimiento real de la economía española a su tasa potencial, para lo cual es necesario garantizar el respeto de los grandes equilibrios, tanto interno como externo, de la economía. De no ser así, los desequilibrios inducidos (inflación y balanza de pagos) anularían muy pronto los progresos realizados y arrancarían a la postre la esperanza de transformar nuestro país en una democracia progresiva y moderna.

Esta política deberá instrumentarse mediante una política presupuestaria que allegue los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades sociales que acompañan al crecimiento y mejore sustancialmente la calidad del gasto y, por su parte, la política monetaria deberá velar constantemente por el respeto de los grandes equilibrios, en particular el equilibrio interno de la economía, asegurando al mismo tiempo que la instrumentación cotidiana de la misma no introduzca bruscas modificaciones en las expectativas de los diferentes agentes económicos.

La consecución de los objetivos de política económica a medio plazo y la resolución de los problemas básicos que hoy día tiene planteados la economía española no pueden concebirse sin el acompañamiento de una política de reformas que prolongue las actualmente emprendidas e inicie algunas otras tan apremiantes como necesarias.

Con independencia de recordar que en el programa electoral de UCD figura detallado el conjunto de reformas que en los distintos sectores del orden social y económico se piensan adoptar, voy a hacer referencia a alguna de las más significativas.

En el campo fiscal se concluirá la reforma, manteniéndose los proyectos de ley actualmente presentados en las Cortes y, en especial, los relativos a los impuestos indirectos, con la finalidad de reducir las tarifas del Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de sustituir la diversidad actual de impuestos indirectos por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Las tarifas del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán permitir el traslado hacia este impuesto de una parte de los costes que hoy comporta la Seguridad Social para las empresas y que frenan la creación de puestos de trabajo.

Continuará la lucha contra el fraude fiscal y la transformación de la Administración Tributaria, que han ofrecido resultados positivos en 1978. Asimismo se regulará el régimen financiero de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, basándose en los principios de solidaridad, justicia, suficiencia y flexibilidad.

En lo que se refiere a las relaciones laborales, se adoptarán las medidas legislativas necesarias para homologar nuestro sistema con el que hoy prevalece en los países de la CEE, especialmente con el de aquellos que han demostrado un mayor grado de eficacia y conseguido un mayor bienestar social. Se tramitará por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley de Negociación colectiva, que el Gobierno ha depositado en las Cortes. Asimismo, en cumplimiento del mandato constitucional, el Gobierno presentará un proyecto de ley que regule el ejercicio del derecho de huelga y las situaciones de conflicto colectivo y el Estatuto de los Trabajadores.

Las empresas públicas deberán mejorar sustancialmente su gestión, que deberá llevarse a cabo con mayor eficacia y transparencia. El Gobierno continuará su política de contención de los déficit en estas empresas, exigiendo austeridad y racionalidad en su gestión y profesionalidad en su gerencia.

También deberán proseguirse las acciones emprendidas en el ámbito de la reforma del sistema financiero, con objeto de lograr un mejor equilibrio entre el ahorro y la inversión.

El sistema bancario privado funcionará en un marco de libertad y competencia, pero el Gobierno mantendrá el principio de igualdad de oportunidades de acceso al crédito, reforzando este principio mediante el control de la actuación de las Cajas de Ahorro y mediante el eficaz funcionamiento de un crédito oficial que confiera mayor prioridad a las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Se realizarán también las reformas necesarias del sistema financiero para aumentar la importancia de la financiación a medio y largo plazo. Asimismo el Gobierno pondrá en práctica las necesarias medidas para perfeccionar la operatividad y transparencia del mercado de valores y reforzar la seguridad y garantías de los accionistas.

En materia de Seguridad Social la acción del Gobierno se centrará en tres vertientes:

Primera. Riguroso control y transparencia de los Presupuestos de la Seguridad Social con asunción gradual por los Presupuestos del Estado de un mayor porcentaje de la carga financiera que comporta la misma, hasta asumir un 20 por ciento en 1983.

Segunda. Promover la participación de los beneficiarios en el control y vigilancia de las entidades que componen el sistema de la Seguridad Social, especialmente a través de los sindicatos y organizaciones de empresarios.

Tercera. Mejorar la eficiencia de la Seguridad Social, introduciendo criterios de descentralización, potenciación de la medicina preventiva, mejora de la calidad de los servicios hospitalarios y acercamiento de la Sanidad a los beneficiarios, tanto en el mundo rural como en los barrios de las ciudades.

En los próximos años deberá acometerse el proceso de reconversión industrial, iniciado con objeto de aproximar la creación de bienes y servicios a la demanda, tanto interna como externa. Este proceso deberá considerarse en la perspectivas del gran reto que representa para nuestra industria la integración en la Comunidad Económica Europea. Las acciones que se emprendan deberán contemplar las situaciones específicas de cada sector, otorgándose prioridad a la de aquellos que han sufrido modificaciones irreversibles en su capacidad productiva por la incidencia de la crisis. Las medidas que se adopten deberán situarse en un marco de concertación con las fuerzas sociales afectadas.

En relación con el sector energético, que constituye uno de los puntos más vulnerables de nuestro sistema económico, y con independencia de acelerar el debate y la aprobación del Plan Energético Nacional, las actuaciones en los próximos años irán encaminadas a conseguir un mayor grado de autonomía e independencia de nuestro país en este campo. Así, pues, éstas se encaminarán a la máxima puesta en valor de nuestra potencialidad hidráulica, a una explotación adecuada de los recursos carboníferos nacionales, a un empleo racional de la energía nuclear y la consiguiente reducción de la dependencia del petróleo, para así disminuir los riesgos de eventuales crisis en el futuro. También se promoverá un fuerte desarrollo de la investigación energética y de forma especial los proyectos relativos a la energía solar.

En los próximos años nuestra agricultura deberá hacer frente al desafío que representa la integración en la Comunidad Económica Europea, y de su respuesta dependerá en buena medida el futuro económico del país. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para:

Dotar a la población agraria de un nivel de renta creciente y de un «status» social justo, reduciendo las desigualdades entre sectores y regiones.

Dotar al medio rural de servicios de sanidad, educación, vías de comunicación, transportes, electrificación rural y, en general, equiparar servicios entre las comunidades rurales y las urbanas.

Estabilizar la población joven en el campo, facilitando el acceso a la propiedad de los jóvenes agricultores, apoyando tanto las explotaciones familiares agrarias como las cooperativas o sociedades agrarias de transformación.

Conseguir unas explotaciones rentables y una mejora en los circuitos de comercialización.

Se adoptarán las medidas para aplicar la política de vivienda aprobada en diciembre del pasado año, con objeto de que alcance unos niveles de construcción del orden de 300.000 viviendas anuales.

Esta política se complementará con una serie de actuaciones de carácter urbanístico y fiscal que movilicen la oferta de suelo y recuperen para la colectividad las plusvalías que correspondan.

En el avance hacia el futuro que suponen los próximos años no podemos descuidar por más tiempo la investigación científica y técnica. En el terreno de las actitudes básicas nuestra sociedad ha proporcionado pruebas constantes de su apertura hacia la innovación, si bien durante muchos años hemos vivido de espaldas al progreso en la ingeniería y en las ciencias. Ello nos ha conducido a la utilización de tecnologías desarrolladas en otros países y acomodadas a otras necesidades. Sin un esfuerzo de investigación para desarrollar nuestros recursos, para encontrar y aplicar soluciones más acordes con nuestros problemas, nuestro futuro será mucho menos brillante de lo que hubiera podido ser y sin duda mucho más dependiente de tecnologías ajenas. El esfuerzo en este terreno nos colocará en una posición privilegiada, puesto que las tecnologías de los países más desarrollados son cada vez menos aplicables en los países en vías de desarrollo y la demanda de técnicas intermedias en el mundo será muy fuerte en los próximos años.

Los próximos cuatro años van a ser decisivos para la economía de nuestro país. Superado el impacto inicial de la crisis económica mundial y la fase de transición política, nuestra sociedad deberá acometer con energía la tarea de consolidar su posición entre las principales naciones industriales del mundo. Ello implicará cambios importantes en el comportamiento de los agentes económicos, que deberán concebir sus estrategias en un marco que con frecuencia superará el de nuestras fronteras. En un mundo incierto, nuestra gran oportunidad consiste en afianzar todos aquellos mecanismos que faciliten nuestra adaptación al cambio. Debemos incrementar la movilidad social, favoreciendo las iniciativas individuales y la asunción de riesgos, pues entiendo que, en el marco de la economía de mercado, definido por la Constitución, un empresario dinámico y progresivo es la mejor garantía para que la sociedad alcance cotas cada vez más altas de bienestar social y progreso. El Estado debe organizar un sistema eficaz que permita proteger a quienes sufren las consecuencias del cambio. Una sociedad en movimiento necesita asegurar constantemente un puente entre la innovación y la tradición, entre el futuro y el pasado. En el ámbito económico, la prosecución del proceso de reformas es la principal garantía de que nuestra sociedad avanzará con ilusión hacia el futuro haciendo compatibles mayores grados de libertad y seguridad para todos los ciudadanos.

En la configuración de un orden social tienen también gran importancia aquellos aspectos que afectan decisivamente al desarrollo de la persona. Entre ellos se encuentra, como algo anterior al Estado mismo, la institución familiar. En efecto, los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones de la familia podrán ser reconocidos y armonizados por el Estado, pero de ninguna manera encuentran su fundamento primero y excluyente en la organización estatal. Se trata básicamente de poner en juego los modos concretos mediante los cuales la familia pueda afrontar con éxito los profundos cambios en que, con ritmo cada vez más acelerado, tiene que moverse. En este punto, lo más adecuado es acertar a dar respuesta a las preguntas claves que una sociedad en cambio suscita. Pretendemos, pues, adecuar la regulación jurídica de esos derechos y obligaciones familiares a las exigencias del tiempo presente.

El Gobierno realizará bajo esta óptica una reforma en profundidad del derecho de familia vigente para adaptarlo a la realidad social de la familia española de nuestros días. Por otra parte, el Gobierno, en cumplimiento del programa con el que UCD concurrió a las elecciones, adoptará un conjunto de medidas destinadas a la protección económica y social de la familia como ámbito natural inmediato del desarrollo de la persona humana y de sus valores básicos. Se llevará a cabo una reforma del régimen de ayuda familiar con un plan gradual que coordine y racionalice la multitud dispersa de disposiciones y de sistemas de ayuda actualmente existente, elevando las prestaciones de forma especial en los casos en que ello sea vital.

En la esfera educativa partimos del principio de que toda la sociedad ha de estar comprometida en el proceso educativo, que la enseñanza es un servicio básico a la comunidad en el que todos tienen el derecho y el deber de participar y que la elevación del nivel cultural de los españoles constituye objetivo fundamental para la construcción de una sociedad de hombres realmente libres.

De conformidad con tales principios, los objetivos de nuestro programa, en síntesis. son los siguientes:

Hacer efectivo el principio constitucional de que todos tienen derecho a la educación. Ello se traduce en una política tendente a: tender a la plena escolarización hasta los dieciséis años de edad en condiciones de garantizar una enseñanza de calidad; lograr la gratuidad efectiva de la enseñanza general básica; sentar las bases para extender la edad de la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años; garantizar que sean los méritos, aptitudes y vocación y no la situación económica familiar de los escolares los criterios básicos para el acceso a los restantes niveles educativos mediante una política de expansión de becas y de mayor control en su concesión y aplicación.

Defender la libertad de enseñanza concebida en un doble plano: por una parte, como reconocimiento a los grupos sociales y entidades privadas del derecho al libre establecimiento de centros docentes, libertad enmarcada en el respeto a los principios democráticos y en control de los resultados académicos que ha de ejercer la Administración pública. De otro lado, el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos.

Desde otra perspectiva, defendemos un modelo de centro educativo como el que rige en los países democráticos occidentales, es decir, participativo y concebido como una comunidad integrada por profesores, alumnos y padres, en la que a cada uno corresponda su papel específico y en la que la responsabilidad debe estar compartida.

El Gobierno prestará especial atención a la formación del profesorado como factor esencial en el sistema educativo y le conferirá en todo momento una atención prioritaria procurando por todos los medios la significación profesional, social y económica que reclama la justa apreciación de su cometido en beneficio de la sociedad.

El Gobierno, asimismo, tomará medidas concretas para intensificar la educación permanente como medio de realización personal y profesional, así como la educación especial, fijándose como objetivo una mayor escolarización de los niños deficientes en edad escolar.

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución, el Gobierno remitirá las normas legales precisas para configurar la autonomía de la Universidad.

En el ámbito de la cultura entendemos que debe ser concebida como el campo de la creación, el saber y la expresión. Consecuentemente, la política cultural consiste en el fomento de la comunicación cultural en libertad. El Gobierno se propone luchar por abolir el elitismo y el paternalismo cultural y propiciar una auténtica cultura popular que sirva como cauce para la creatividad de la persona, como instrumento de solidaridad social y como vehículo de promoción de la inteligencia y de la información.

Ni que decir tiene que en todo lo que afecta a la cultura, como en lo que se refiere a los demás aspectos a los que he aludido en este discurso programático, el Gobierno asumirá plenamente los objetivos y propósitos expresados en el programa electoral de UCD.

El artículo 1º de la Constitución instaura un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y a partir de esta proclamación todo el texto constitucional es en gran medida, en sí mismo, un verdadero programa legislativo destinado a transformar de raíz no sólo la mayor parte de las leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico, sino sus fundamentos mismos.

No pretendo ahora hacer una exhaustiva enumeración del conjunto de leyes orgánicas y ordinarias que la puesta en práctica de la Constitución exige. Me parece más pertinente proyectar la necesaria reflexión sobre el Estado de Derecho haciendo especial alusión a aquellos proyectos legislativos que han de regular sus instituciones y órganos básicos y exponiendo los principios y criterios fundamentales en que han de inspirarse.

El orden democrático se organiza institucionalmente en Estado de Derecho, forma política que realiza en sí dinámicamente un conjunto de valores irrenunciables que son patrimonio común de las sociedades libres. Y no hay orden democrático, es decir, no hay libertad sin instituciones políticas representativas y organizadas que encaucen el pluralismo. Racionalmente, y de hecho, la democracia está en su origen indisolublemente ligada a la idea de libertad. Nuestra Constitución la recoge en toda su amplitud, tal como se ha ido perfilando en el transcurso de la evolución histórica. Como libertad-autonomía, en primer término, que se traduce por la ausencia de coacción en la esfera más íntima de la persona por respeto a la dignidad; como libertad-participación, después, consistente en asociar a los gobernados el ejercicio de las diversas manifestaciones del poder para impedir a éste que imponga medidas arbitrarias; y también, finalmente, como libertad-liberación mediante la remoción de obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y el hombre pueda desarrollar libre y plenamente su personalidad sin las cortapisas que se desprenden de una situación limitada por carencias de orden material. Por ello, hoy el Estado de Derecho no es sólo la expresión institucional de un sistema político destinado a garantizar a los individuos el goce de las libertades que poseen, sino también una forma de organización del poder dirigida a asegurarles el ejercicio de las libertades que aún no poseen.

Todas estas dimensiones o perspectivas del binomio democracia-libertad están consagradas en el texto constitucional.

De acuerdo con esta inspiración, el Gobierno se adelantó en su día a remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona, que fue aprobado el pasado 26 de diciembre de 1978. El ámbito de protección inicial se extendía a las libertades de expresión, reuniones y asociación, a la libertad y secreto de la correspondencia, a la inviolabilidad del domicilio, a la protección frente a las detenciones ilegales y, en general, frente a las sanciones impuestas en materia de orden público.

Esta esfera de protección se amplió posteriormente, en febrero del presente año, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, a la libre circulación por el territorio nacional, a la libre entrada y salida de España en los términos establecidos por la ley, a la libertad de cátedra y a la libertad sindical.

Por consiguiente, las garantías a que se refiere el apartado 2º del artículo 53 de la Constitución están provisionalmente establecidas y queda pendiente de elaboración definitiva el procedimiento a que se refiere dicho precepto, mediante un proyecto de ley de próxima remisión a esta Cámara que deberá coordinarse con las reformas de las leyes procesales a fin de lograr una justicia más rápida y eficaz.

La actividad protectora de los derechos fundamentales quedará completada desde otra perspectiva mediante la regulación legal del Defensor del Pueblo, que, como alto comisionado de las Cortes Generales, podrá supervisar la actividad. de la Administración pública y podrá dar cuenta al poder legislativo de los posibles abusos que en el ejercicio de su alta misión pueda llegar a detectar.

Asimismo, el Gobierno remitirá a la Cámara los siguientes proyectos de ley:

El de libertad religiosa.

El Estatuto de la Radiotelevisión de titularidad estatal para garantizar el acceso a estos medios de comunicación social de los Grupos sociales y políticos más significativos y su control parlamentario.

Para asegurar la autenticidad del régimen de libertades que la Constitución establece y para respaldar el orden de convivencia, el Gobierno presentará también proyectos de ley sobre el poder judicial y el Ministerio fiscal, así como el Tribunal Constitucional.

En el marco de una concepción de la justicia como poder del Estado es preciso, además de elaborar las leyes previstas en la Constitución, llevar a cabo una modernización y puesta a punto de la actual organización judicial, el Gobierno, en consecuencia, se propone:

Remitir una Ley Orgánica del Poder Judicial que garantice la realización efectiva de los principios constitucionales de independencia, inamovilidad, responsabilidad y sujeción al imperio de la ley.

Remitir el proyecto de ley regulador del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concebido como órgano encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público y de velar por la independencia de los Tribunales.

Modificar en profundidad las leyes procesales, civiles y penales con objeto de conseguir mayor simplicidad y menor formalismo en las actuaciones judiciales y una justicia más rápida, menos costosa y accesible a todos los que necesitan de ella.

Establecer una nueva organización del personal al servicio del poder judicial, según criterios de racionalidad y eficacia; una distribución legal de funciones y competencias entre los diversos cuerpos y órganos más acorde con la realidad y con las necesidades actuales, una mayor exigencia de dedicación y responsabilidad con absoluta transparencia en el ejercicio de la función y un nivel de retribución adecuado a esa exigencia y a la dignidad de la propia función.

Poner en marcha un Plan general de instalaciones y medios materiales de la Administración de Justicia.

Pero la garantía suprema del régimen de libertades y del esquema de valores que la Constitución consagra, encarna y se actualiza en el Tribunal Constitucional, que está llamado a desempeñar -y así lo asumimos- un papel primordial en la configuración y funcionamiento de todo el sistema democrático.

El Gobierno remitirá por ello en breve plazo a esta Cámara el proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional para garantizar ampliamente el control de la constitucionalidad de las leyes, el amparo de los derechos y libertades fundamentales y la solución de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

La Ley Orgánica que lo regule asegurará su independencia de los demás órganos constitucionales y su sola sumisión a la Constitución.

Por último, y desde otra perspectiva, el Gobierno, para proteger el orden de libre convivencia, enviará al Congreso de los Diputados un proyecto de Código Penal que exprese y respalde la necesaria reprobación social de todas aquellas conductas que vulneren o ignoren los valores de la persona y las exigencias mismas de la convivencia. El nuevo Código Penal garantizará el principio del efectivo cumplimiento de las penas terminando con la disolvente disociación entre penas nominales -las impuestas- y penas reales -las cumplidas-, todo ello sin perjuicio de un progresivo y moderno sistema penitenciario articulado a través de una Ley General Penitenciaria, capaz de ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y orientado a una eficaz preparación del recluso para la ulterior vida en libertad.

El poder ejecutivo, en su doble aspecto de Gobierno y Administración pública, habrá de ser, asimismo, objeto de una regulación específica que desarrolle y complemente los preceptos constitucionales.

En lo que afecta al Gobierno en sentido estricto, se remitirán al Congreso de los Diputados las normas legislativas reguladoras de su régimen jurídico, así como del Estatuto e incompatibilidades de sus miembros. La figura del Secretario de Estado, que adquirirá carta de naturaleza como miembro del Gobierno, será claramente perfilada para que pueda desplegar todas sus virtualidades políticas y funcionales.

El Gobierno presentará, asimismo, el proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Estado que regule su composición y competencia como supremo órgano consultivo del Gobierno.

En lo que se refiere a la Administración pública será preciso actuar legislativamente sobre varios ejes:

Primero. Actualizar la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, para plasmar y desarrollar operativamente los principios de legalidad en la actuación administrativa, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de responsabilidad administrativa del Estado y de sus autoridades y funcionarios y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Segundo. Reformar la Ley de Procedimiento Administrativo para simplificar y hacer más eficaz el régimen de recursos, así como para asegurar la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten y el principio de publicidad de los archivos y registros administrativos, salvo los supuestos excluidos por la propia Constitución.

Y tercero. Regular la función pública mediante un Estatuto que regule el acceso al funcionariado de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades a que han de quedar sujetos, su plena profesionalización, las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y un régimen retributivo justo y diferenciado que se acompañe con la existencia de una auténtica carrera administrativa.

En suma, todo ello supone una auténtica y profunda reforma de la Administración Pública, que se impone no sólo por virtud de mandato constitucional, sino también por la necesidad de articular la Administración Pública, que demanda un Estado moderno, una Administración Pública en la que los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación no sean bienintencionados propósitos legales desvirtuados por múltiples mecanismos indirectos o por el anquilosamiento de la rutina.

Por último, la Administración Pública Local, en sus esferas provincial y municipal, sufrirá también profunda reforma. El principio de autonomía de la vida local que la Constitución garantiza, exige nuevas normas reguladoras de su funcionamiento, de su régimen jurídico, económico y financiero y de su capacidad de decidir en el ámbito que le es propio sin controles legales artificiosos ejercidos desde la Administración Central o desde las futuras Comunidades Autónomas, en cuyos Estatutos de Autonomía habrá de dedicarse particular atención también a la vida pública local no sólo para evitar su asfixia por un nuevo centralismo, sino, por el contrario, para potenciar su desarrollo en una vía de autenticidad.

Sería excesivamente prolijo proceder a enumerar todas y cada una de las leyes de desarrollo que la Constitución prevé para hacer efectiva su propia aplicación. Querría, no obstante, referirme, fundamentalmente, a una de ellas que por su significación en un Estado de Derecho es preciso abordar: un proyecto de Ley Orgánica que articule los estados de alarma, de excepción y de sitio concebidos para hacer frente a situaciones extraordinarias en defensa del orden constitucional mismo. El Estado de Derecho es en realidad un Estado totalmente normativizado. De ahí que el Estado de Derecho lleve en su propia dialéctica la necesidad de un derecho excepcional, es decir, de prever la excepción y de normativizar la excepción misma.

Así lo hace nuestra Constitución, cuyo artículo116 establece los postulados básicos de unas medidas excepcionales que la citada Ley Orgánica habrá de desarrollar dentro de los principios del imperio de la ley y de la delimitación de competencias que caracterizan al Estado de Derecho.

El gran reto que nuestra Constitución plantea es el de institucionalizar políticamente la diversidad real de España mediante una distribución territorial del poder estatal. El programa electoral que Unión de Centro Democrático presentó en las pasadas elecciones asumía una política de autonomías inspirada en los siguientes criterios sintéticamente formulados:

La articulación jurídica y política del reconocimiento de las singularidades de los distintos pueblos de España en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española.

El acercamiento de la Administración a los ciudadanos como condición de eficacia y abaratamiento de los costes de la gestión administrativa.

La desburocratización de las diferentes instancias de decisión y la atribución a la gestión municipal, provincial y regional de los niveles de responsabilidad que mejor se ajusten a las conveniencias del interés ciudadano.

La participación del pueblo en las instituciones públicas a todos los niveles.

Al propio tiempo expresábamos la convicción de que la implantación racional del sistema autonómico previsto en la Constitución contribuiría a alcanzar los siguientes objetivos: A) Fortalecer la unidad profunda e irreversible de la Nación española; B) Mejorar los niveles de integración social; C), Fomentar la transparencia y el grado de eficacia de la organización política y administrativa, y D) Enriquecer la capacidad creadora de un pueblo cuya diversidad cultural le otorga su mayor potencial para acometer grandes proyectos colectivos.

Y en este plano, concluíamos asumiendo el proceso autonómico sin prejuicios ni reticencias desde el estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales.

Conviene ahora profundizar en esta perspectiva programática sin perder nunca de vista la trascendencia y la delicadeza del problema; problema profundo de raíz histórica que resurge recurrentemente cuantas veces se ha abierto en España un período de libertad.

Resolver la vieja cuestión de la estructura territorial del Estado español exige un previo análisis en profundidad. No es éste, quizá, el momento para ello. Baste decir ahora que es imprescindible admitir abiertamente dos postulados básicos: en primer término que España, como realidad histórica y presente, es una Nación que se vertebra en una diversidad real de pueblos. Asumir esta realidad, asumir a España como realmente es constituye el primer elemento de un planteamiento adecuado. Y en segundo lugar, que el Estado centralista experimenta en todos los países avanzados una aguda crisis por su creciente incapacidad para administrar racionalmente desde un único centro de decisión los asuntos de millones de personas que hoy reclaman del Estado la garantía de su seguridad en todos los órdenes de la vida. Es una delicada herencia la que recibimos y es que nuestro Estado, el Estado español, ha sufrido un doble proceso de centralización. De una parte, la centralización inherente a la formación del moderno Estado industrial e intervencionista. De otro lado, la centralización exigida por la prolongada vigencia de un sistema político de concentración de poder. La coincidencia temporal, en nuestro país, de ambos procesos de centralización han dado lugar a la existencia de un aparato estatal desconectado de la auténtica realidad española, escasamente funcional, excesivamente rígida e incapaz de atender adecuadamente las demandas sociales.

Tratamos de afrontar, pues, simultáneamente, un problema histórico, un problema político y un problema funcional a los que no cabe encontrar soluciones mágicas ni de eficacia resolutoria inmediata. En la Constitución hemos marcado el punto de partida de un largo camino y hemos trazado un esquema viable dentro del cual habremos de movernos.

Que nadie vea en esta comprensión del problema una intención solapada de frenar un proceso de transformación de la institución estatal que es ya necesariamente irreversible. Pero sí nos permitimos hacer una llamada a la responsabilidad y al rigor a la hora de adoptar posiciones ante tan delicada cuestión. La prudencia y el realismo son normas de comportamiento exigibles a todos cuando está en juego la propia viabilidad de la Constitución aprobada por el pueblo español y en la que se abre un horizonte de esperanza que no podemos frustrar.

Resulta innegable que la realidad misma se encarga a veces de imponernos prioridades y urgencias. Urgente y prioritariamente las atenderemos, pero sin perder nunca de vista los límites que no cabe sobrepasar. Nuestro comportamiento en este orden de cosas se inspirará en los siguientes criterios:

Respeto estricto de las previsiones constitucionales, valorado, en su caso, por el Tribunal Constitucional.

Aceptación de ritmos distintos en el acceso a la autonomía en función de circunstancias históricas, sociológicas y materiales, ajustando el contenido de inmediato de los estatutos de pronta tramitación a las posibilidades lógicas de desarrollo y aplicación de la Constitución.

Permítanme, Señorías, que incluya en este punto de mi intervención un breve, pero sentido mensaje de esperanza para el pueblo vasco. Queremos y esperamos sinceramente que la acción del Gobierno y del Parlamento puedan contribuir decisivamente al propósito, creo que por todos compartido, de pacificación del País Vasco, y a expresar nuestra voluntad de entendimiento de sus problemas. Y nos vamos a atener a este propósito con ánimo de concordia, porque es necesario en verdad superar ciento cincuenta años de inadecuada comprensión de la realidad vascongada, Es preciso, a tal fin, que sepamos mirar hacia el futuro, esforzarnos por conocernos y respetarnos y plantear con sentido de la responsabilidad soluciones viables y suficientes. Y a ello trataremos de contribuir desde el Gobierno, convencidos como estamos de que dentro de la irrenunciable unidad de España, y en el marco de la Constitución, cabe encontrar para el País Vasco unas fórmulas de autogobierno que vengan a satisfacer una vieja aspiración y respeten la tradición y el espíritu de libertad que ha presidido la historia de un pueblo que ha de encontrar en la solidaridad con los demás pueblos de España la justa garantía de sus derechos.

Gradualismo, rigor y responsabilidad en la conducción general del proceso autonómico y, en especial, en la transferencia de competencias mediante leyes orgánicas sucesivas, asegurando la efectividad del principio de solidaridad para que en ningún caso se agudicen las diferencias interregionales.

Y permitidme ahora unas breves consideraciones sobre este último punto. Porque si hay algo que habrá de singularizar nuestra acción de gobierno en los próximos años será una especial dedicación a las áreas deprimidas de nuestro país. Por eso queremos dejar bien claro, desde este mismo momento, que concebimos también el proceso autonómico como medio para conseguir una mejor distribución de la renta nacional, como instrumento para alcanzar un equilibrio territorial más adecuado y como uno de los caminos para corregir las insuficiencias distributivas e inversoras del sistema económico y frenar el excesivo trasvase de rentas que hoy se realiza, por puras razones de rentabilidad, desde las regiones subdesarrolladas hacia los ámbitos industrializados.

Para nosotros, el valor de la solidaridad, al que repetidamente alude la Constitución, no es una mera palabra vacía de contenido, una concesión a la retórica. Por eso utilizaremos con decisión todos los mecanismos constitucionales y todos los medios técnicos y económicos que la situación permita para proporcionar a las regiones más deprimidas posibilidades de superar el atraso económico y cultural en que se encuentran sumidas. Por eso, también nos oponemos con igual decisión a cualquier intento de perpetuar o agudizar las diferencias económicas que hoy injustamente separan a los distintos pueblos de España.

En este orden de cosas, asumimos como propósitos concretos, que trasciendan el mero alcance institucional del proceso autonómico, los siguientes:

La formulación de planes específicos de ámbito regional para las zonas más deprimidas de nuestro país.

La regionalización de ciertos capítulos de la inversión pública -en especial la construcción de viviendas y de las obras públicas de carácter local- como dimensión imprescindible de una política económica ágil y con capacidad de respuesta a las necesidades de ocupación de mano de obra.

La adecuación de la política fiscal y de gasto público a las necesidades de financiación previstas en el artículo 157 de la Constitución.

La inmediata creación del Fondo de Compensación previsto en el artículo 158, 2, de la Constitución, con vistas a corregir los desequilibrios económicos interregionales y a hacer efectivo el principio de solidaridad entre todos los españoles.

Porque, en suma, o la configuración autonómica del Estado sirve también a este propósito de justicia y de solidaridad, o habremos frustrado una oportunidad histórica en la que centran sus esperanzas muchos millones de españoles, con el riesgo, nada despreciable, de perjudicar gravemente la estabilidad del propio sistema democrático.

Al comienzo de mi intervención me permití hacer una llamada a la necesaria clarificación de la vida pública española en el horizonte de los años venideros. Entiendo que la formulación de este extenso programa, junto a la concreción de otros objetivos y medidas más específicos insertos en nuestro programa electoral, enmarcan una compleja y extensa acción de gobierno durante la próxima Legislatura. Pero creo también que con ello contribuimos decisivamente a ese propósito de clarificación. Tanto el punto de partida como el de llegada quedan así fijados y delimitados. Desde la Constitución, y a través de la Constitución, perfilaremos un Estado de Derecho y una sociedad democrática y pluralista de tipo occidental, al tiempo que haremos frente con toda decisión al conjunto de problemas que hoy singularizan la situación de nuestro país.

El artículo 9º de la Constitución nos traza una línea de acción que abre, si el acierto preside nuestra política, esperanzadoras perspectivas de futuro, Confiere este precepto a los poderes públicos la atribución de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales; de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Podría decirse que tal declaración constitucional, formulada al tiempo que se afirma la vigencia de la economía social de mercado, sienta las bases para la consecución de una democracia social avanzada que, como la democracia política clásica, reposa sobre los derechos del hombre, pero entendidos como exigencias sociales, económicas o culturales y cuyo contenido se fija en función de unas necesidades que deben ser atendidas para que la libertad sea real. El objetivo de la democracia social es justamente la libertad real, la libertad que libera a las personas de las ataduras artificiales de una convivencia social injustamente articulada. Tal objetivo no es, desde luego, monopolio de nadie y fue enunciado, entre otros, el 6 de enero de 1941 por el Presidente Roosevelt en el mensaje sobre las cuatro libertades, en el que fijó el ideal del mundo libre. Es una meta que, ciertamente, puede asumirse desde diversas perspectivas ideológicas y hacia la que cabe aproximarse teóricamente por caminos distintos. Nosotros pretendemos ir hacia ella, pretendemos avanzar hacia la libertad real desde y a través de la propia libertad, respetando así los fundamentos sobre los que se erigen las sociedades libres y pluralistas del mundo occidental.

Desde este planteamiento es posible edificar un Estado y construir una sociedad y siempre por el camino de la reforma como método que singulariza la acción de gobierno de los partidos centristas.

Propiciaremos siempre el impulso responsable hacia adelante frente a las tentativas de inmovilismo; el avance frente al conservadurismo irracional y el progreso conforme al curso de la Historia frente a los planteamientos antihistóricos

Y todo ello con el designio final de contribuir decididamente a la construcción de un orden social dinámico, progresivo y solidario que, por favorecer la libertad plena y real de los seres humanos contemplados en sus concretas circunstancias vitales, sumerja a España plenamente en el proceso de la Historia, entendida como historia de la libertad de los hombres.

Señoras y señores Diputados, señor Presidente, solicito la confianza de la Cámara.

ADOLFO SUÁREZ