enero 20, 2011

Mensaje del Presidente de Mexico, Gral. Porfirio Diaz, en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de Mexico de 1877 y 6 documentos anexos hasta su renuncia en 1911

MENSAJE PRESIDENCIAL EN EL ACTO DE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DE MEXICO Y DOCUMENTOS ANEXOS
Porfirio Díaz [1]
[1 de Abril de 1877]

[Y 6 DOCUMENTOS ANEXOS]
Ciudadanos Diputados:
La revolución que felizmente acaba de consumar el pueblo mexicano, habría sido una irreparable desgracia para la República, si limitándose a destruir la administración existente entonces, hubiese descuidado los medios de reconstruir el edificio constitucional.
Pero, muy al contrario, el plan político que fue la expresión de sus principios y tendencias, impuso al Encargado del Poder Ejecutivo el deber de convocar al pueblo, al mes de ocupada la capital, para que eligiese las personas en quienes debe depositarse el Poder federal en sus distintos ramos; y a aquel precepto, a su fiel y estricta observancia, y a la solicitud del pueblo se debe hoy vuestra presencia en este lugar.
Vuestra reunión, ciudadanos Diputados, es un hecho fausto: ella pone el cimiento de la obra nueva que la revolución quiso levantar; cimiento sin el cual nada sólido y duradero puede hacerse; ella aligera la carga de múltiples deberes que pesan sobre el Ejecutivo; ella acalla los rumores maliciosos que, escudados por nuestra liberales leyes se propalan por la prensa, queriendo infundir al país los temores de una dictadura; y ella, en fin, fortifica la confianza en los ánimos, demostrando con el incontestable argumento de los hechos, que comienza ya el imperio de la Constitución y de las leyes.
Os felicito, ciudadanos Diputados, y felicito a la Nación por vuestro conducto.
El primer acto que el deber me impone, después de vuestra instalación, es daros cuenta del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública.
Nuestras relaciones con las Potencias amigas se hallan transitoriamente en el estado anormal propio de las circunstancias y natural, tratándose de un país que, como el nuestro, acaba de experimentar, aunque sin alterar su forma de Gobierno, un sacudimiento político.
Lejos, sin embargo, de que ningún suceso haya venido a perturbar la buena armonía que reina entre el Gobierno y los Ministros y Agentes diplomáticos extranjeros, me complazco en manifestar que ellos no han cesado de dar testimonio de amistad al Gobierno, manteniendo con él las relaciones que los negocios han hecho necesarias; y aunque ellas han tenido hasta hoy un carácter extraoficial, esto no ha impedido que en esa forma se traten aun asuntos por su naturaleza oficiales.
Por lo demás, se ha tenido cuidado de comunicar a los representantes de las Potencias extranjeras los principales actos de la Administración, para el debido conocimiento de sus Gobiernos; sus nacionales han recibido la sincera y eficaz protección de las autoridades, a la justificada indicación que han hecho de necesitarla, y todo hace esperar, que tributando homenaje a los buenos principios del Derecho internacional, las naciones amigas reconocerán, dentro de breve plazo, al Gobierno que se ha dado el pueblo mexicano en ejercicio de su independencia y soberanía.
Puedo, no obstante, aseguraros que una impaciencia injustificable, que tantas veces ha comprometido la honra de los intereses de la República, no me hará olvidar las lecciones que nos tiene dadas la experiencia.
El 31 de Enero último se vencía el plazo fijado para entregar al Gobierno de los Estados Unidos de América, la suma de trescientos mil pesos, como primer abono del saldo que resultó a favor de aquel país, en la liquidación de las reclamaciones falladas por la Comisión mixta, creada por la Convención que se celebró en 4 de Julio de 1868.
El estado de ruina en que se encontró la hacienda pública al ser ocupada la Capital, las apremiantes exigencias de la campaña y las atenciones todas de la Administración, hacían casi imposible el cumplimiento de aquel sagrado compromiso; pero el Ejecutivo, empeñado a todo trance en salvar la honra nacional, e imponiendo un necesario aunque doloroso sacrificio a los habitantes de la República y a sus servidores, pudo felizmente zanjar a tiempo dificultad tan grave, y hacer el pago debido con la más exacta puntualidad.
Este sacrificio no será estéril: él debe necesariamente contribuir al buen nombre de México y levantar su crédito en el exterior. El recibo de la cantidad entregada, obra en la Secretaría de Relaciones, y los documentos relativos a este negocio han visto ya la luz pública.
Una de las promesas más solemnes que la revolución consignó en su plan político fue la de que, en los sucesivo, tendrá el carácter de ley suprema la no reelección del Presidente de la República y Gobernadores de los Estados.
Me es grato, ciudadanos diputados, tomar el único participio que me es lícito en el cumplimiento de esa obligación contraída con el país, remitiéndoos, como lo haré mañana, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la iniciativa correspondiente.
Toca al Poder Legislativo de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, elevar ese pensamiento al rango de precepto constitucional.
En esta iniciativa está comprendida otra, referente a la manera de substituir al Presidente de la República en sus faltas temporales y en la absoluta.
Los Constituyentes de 1857, suprimiendo el Vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos y revistiendo con las atribuciones de tal al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hicieron más que cambiar de título a un funcionario, dejando en pie todas las dificultades que pretendieron allanar y creando otras acaso mayores.
El sistema de insaculación que ahora se propone, parece imposibilitar todos los abusos que es dable prever. Cumpliendo con lo mandado en el artículo 5° del Plan de la revolución reformada en Palo Blanco, el Gobierno expidió la convocatoria para elecciones de Poderes federales dentro del plazo mismo que aquel artículo designó.
Y aunque las circunstancias políticas de la República eran muy diversas de las que se creyó que tendría cuando el ejército regenerador ocupara la capital, prefirió el Gobierno cumplir estrictamente lo dispuesto en esa ley, a diferir la convocatoria, en espera de la pacificación general del país, para evitar así que se sospechara siquiera que se deseaba prolongar la dictadura de la revolución.
Al convocar para elección de Poderes federales, el Gobierno se encontró en la imposibilidad de ordenar la de los Senadores, por la falta absoluta de las Legislaturas de los Estados, que, según la ley, intervienen de un modo directo en esa elección.
El Gobierno, después de un largo y maduro examen, se ha persuadido de que la revolución no ha suprimido la Cámara federal; de que ella no intentó siquiera hacer reformas a la Constitución, sin observar los trámites que esta misma determina; y, en fin, de que sólo al poder constituyente reconocido en el artículo 127 del Código Fundamental, toca elevar a la categoría de Leyes supremas de la República aun los principios más radicales proclamados por la revolución: en este sentido está también pronunciada la opinión unánime del Consejo de Ministros.
En una excitativa que será dirigida a esta Cámara por el Secretario de Gobernación, pidiéndole que se sirva expedir la correspondiente convocatoria, se explaya extensamente la opinión del Ejecutivo y los fundamentos en que la apoya.
No puedo recomendaros tanto como el asunto lo merece, el estudio profundo e imparcial de ese documento: con la convocatoria del Senado está ligada de una manera inseparable la marcha tranquila y regular de nuestras instituciones.
Es también de gran trascendencia el que se fije oportunamente la duración del octavo Congreso. Llamo de la manera más solícita y eficaz vuestra atención sobre este punto, esperando confiadamente de la cordura y patriotismo de los Representantes del pueblo que, al resolver esta dificultad, tendrán presentes los terminantes y explícitos preceptos constitucionales que marcan la duración improrrogable de cada Legislatura, las fechas precisas en que deben comenzar y terminar sus períodos legislativos y los negocios cuyo despacho es preferente en algunos de éstos. La más prolija atención que consagréis a esta delicada materia nunca será excesiva: pues que una resolución desacertada podría convertirse, con facilidad, en origen de muy serios inconvenientes.
No necesito anunciar, ciudadanos Diputados, porque ya lo sabéis, que las elecciones para Poderes federales conforme a la convocatoria de Diciembre, se han verificado en la mayoría de los Estados; pero sí debo decir con grande satisfacción que en esas elecciones el sufragio ha sido verdaderamente libre, luchando en el campo electoral todos los partidos y todas las aspiraciones. Si en algunas localidades se han cometido por desgracia algunos abusos; si en pocos distritos ha habido aun el escándalo de las credenciales dobles, debido es esto al germen de corrupción que inoculó la pasada Administración en nuestras costumbres políticas.
Me permito llamar vuestra atención sobre este mal, para que, reformando convenientemente la Ley Electoral y aplicando severos castigos a los falsificadores del voto público, no sea ya posible en los sucesivo la repetición de aquellos abusos.
Expedida la convocatoria para la elección de Ayuntamiento de esta Capital, y al tiempo ya de verificarse, surgieron algunas complicaciones y dificultades que aun no han sido resueltas: el Ejecutivo, absteniéndose de prejuzgar la cuestión en uno u otro sentido, dictó aquellas medidas propias de su resorte, para garantizar la libertad del sufragio e impedir mayores males, proponiéndose someter este serio incidente a la decisión de la Cámara de Representantes, considerada por nuestro Derecho público, como la Legislatura del Distrito Federal. El Secretario de Gobernación os dará pleno conocimiento de este negocio.
Con el objeto de desarrollar y consolidar entre nosotros el sistema federativo, consagrado por nuestra Constitución y atacado tantas veces en su base, con motivo de las cuestiones locales de los Estados, ò conflictos de sus Poderes, será presentada al Congreso una iniciativa que debe considerarse como ley orgánica del art. 116 de nuestra Carta política, y que es de importancia suma, porque tiende a hermanar el respeto que se debe a la soberanía de los Estados con los derechos legítimos y la seguridad de la Federación.
A mi vuelta de la campaña emprendida sobre el interior, la alarma y el temor reinaban en los ánimos de la mayoría de los ciudadanos, a consecuencia de la actitud tomada en la prensa y en la vía de los hechos por algunos caracteres exaltados, que juzgando favorable la ocasión, hacían esfuerzos para falsear la revolución, proclamando principios reaccionarios, hoy de ejecución imposible, y pretendiendo que el país retrocediera veinte años abandonando así todas las conquistas hechas a costa de tanta sangre y tan multiplicados sacrificios.
Este estado de cosas motivó la circular de 16 de Febrero último, la que definiendo de la manera más clara y precisa, cuáles eran los principios de la revolución y cuál la marcha que resueltamente se proponía seguir el Gobierno provisional, disipó toda ilegítima esperanza.
El Ejecutivo ha creído conveniente dar una organización diversa de la que tenía al ramo de Beneficencia pública. Sometidos antes los establecimientos de esa naturaleza al Ayuntamiento, hoy lo están a una Junta de Beneficencia, que teniéndolos como el principal objeto de su institución, ejercerá sobre ellos una influencia eficaz y saludable.
El reglamento relativo expedido en 23 de Enero último, explica los motivos de esa medida que concilia, en la opinión del Ejecutivo, los intereses de los desvalidos con nuestras liberales constituciones.
Después de la profunda conmoción que la revolución causó al país, temió el Gobierno que el vandalismo tomara amenazantes proporciones, y que, atentando en caminos y poblados contra la vida y propiedad de los ciudadanos, esparciera la alarma consiguiente a las épocas de trastornos y de crisis revolucionarias. Previendo esta emergencia y para prevenir aquel gran mal, el Gobierno creyó indispensable aumentar las fuerzas de policía rural, como lo hizo, para dar a la sociedad aun en las más difíciles circunstancias, las seguridades que tiene derecho de exigir de los Gobiernos. Al ejecutar esta medida tuvo cuidado de tomar de los ciudadanos jefes, oficiales y tropa que han prestado sus servicios en la última campaña, y a quienes por la necesidad de reducir el Ejército se ha dado de baja, el personal necesario para hacer aquel aumento en la policía rural.
Así, a la vez que ha dejado satisfecha una justa exigencia social, ha aprovechado una oportunidad de atender y premiar a los buenos servidores de la Nación.
Hacía tiempo que la opinión pública exigía un cambio casi completo en el personal de los Juzgados y Tribunal Superior del Distrito: el Ejecutivo ha satisfecho ya esta necesidad, desprendiéndose de todo espíritu de partido, llamando a las Magistraturas, Juzgados y empleos inferiores, abogados de honrosa reputación, y sometiendo a sus dependientes a una estricta y continua vigilancia. Toca al Congreso perfeccionar esta obra, que con general aceptación ha sido recibida por la sociedad.
En la Instrucción pública el Ejecutivo ha comenzado por atender a los edificios que, en su mayor parte, se encuentran en un estado ruinoso. Las circunstancias del Erario no han permitido llevar a cabo las mejoras iniciadas; pero no las descuida y espera poderlas terminar antes de un año.
Al ser ocupada la capital en Noviembre último, estaban próximas a su apertura las clases que forman el plan de estudios vigente. Aplazar las reformas que la práctica de los pueblos civilizados ha calificado de indispensables, hubiera importado la pérdida de un año para los numerosos alumnos de las escuelas nacionales; así, pues, no vaciló el Ejecutivo en disponer esas mejoras, sin perjuicio de someterlas a la aprobación del Congreso. Muchos de esos establecimientos ya no podían existir sin infundirles elementos de vida que los contuvieran en su rápida decadencia.
El Ejecutivo tiene preparadas varias iniciativas correspondientes a los ramos de Instrucción y de Justicia; y entre ellas recomienda desde ahora la que se refiere al pronto establecimiento del régimen penitenciario: la promesa constitucional y las aspiraciones humanitarias del siglo están reclamando esta importante mejora.
A pesar de la difícil situación del Erario, originada por las causas ya expuestas, no han quedado desatendidos los trabajos públicos, ni las mejoras materiales. La mayor parte de las líneas telegráficas destruidas por la guerra, están ya en servicio, con un costo relativamente corto; se han establecido nuevos ramales y oficinas, y contribuido con materiales no escasos para las líneas de los Estados de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.
El desagüe del valle y ciudad de México, obra tantas veces proyectada, está de nuevo en estudio, habiéndose comenzado ya algunos trabajos.
En el mes de Febrero se proyectó un canal que debe unir el lago de Chalco a la estación de Tepéxpam, del ferrocarril de Veracruz: una tercera parte de esta importante vía está ya construida y antes de dos meses el canal se abrirá al tráfico. Se ha contratado ya la apertura de otro canal directo entre Chalco y México, para la navegación por pequeños vapores, y está en arreglo la concesión respectiva para la construcción de un tercero, que una directamente esta ciudad con la de Texcoco.
La cuestión de ferrocarriles que tanto preocupa, y con razón, a todos los que se interesan por la prosperidad de México, ha llamado como es debido la atención del Ejecutivo; y si bien ha tenido que declarar por motivos legales, la caducidad de la concesión del Ferrocarril Central, en ella no se ha apartado de su propósito de favorecer dentro de la órbita de sus facultades, a las empresas que llenan sus compromisos y contribuyen de esta manera al logro de los vehementes deseos que el país siente de poseer, en el más corto tiempo posible, vías férreas que permitan la explotación de sus inagotables fuentes de riqueza.
Con este fin se ocupa de celebrar un nuevo contrato con la compañía del ferrocarril de Toluca, contrato que, si bien causará mayor sacrificio al Gobierno, le garantizará la conclusión de la obra para dentro de un año; finalmente, se ha entregado ya la cantidad necesaria para la reposición de la vía férrea de Jalapa a Veracruz, la cual deberá ponerse en explotación antes de quince días.
Es un hecho de pública notoriedad que la Administración anterior arrendó varias Casas de Moneda en términos fuertemente censurados por la opinión general.
El Gobierno ha consagrado su atención a estos importantes negocios, en los que se interesan a la vez la moralidad y las rentas nacionales, y ha resuelto que algunos de esos contratos, en los que ha encontrado vicios que los invalidan, se sometan al conocimiento de los tribunales competentes, como lo mandan nuestras leyes, para que sean juzgados con toda imparcialidad y justificación.
En cuanto a los otros arrendamientos que en ese caso no se encuentran, el Gobierno dispondrá lo conveniente, después del estudio que está haciendo de ellos.
Lugar oportuno es éste de indicar que la Casa de Moneda de Oaxaca, que ha vuelto a poder de la Federación, por haber expirado el término de su arrendamiento, ha sido dotada con una maquinaria moderna en substitución de la antigua, facilitando así sus labores.
No carecen de importancia un Observatorio Meteorológico establecido ya en el Palacio Nacional; otro Astronómico que pronto se terminará en el mismo punto; el proyecto de formación de una buena Carta geográfica de la República, y la colección ya abundante, de mapas y planos que se ha hecho en la Secretaría de Fomento, con el fin de crear un archivo cartográfico, cuya utilidad no puede ser desconocida.
Es un hecho notorio el desnivel constante que ha habido en los ingresos y egresos de las rentas de la República. Si a este desnivel se agregan los crecidos gastos que hizo la anterior Administración en el último año de su existencia, pretendiendo dominar la insurrección nacional, y los onerosos contratos a que ocurrió para proveerse de recursos, puede fácilmente concebirse la ruina en que la revolución triunfante encontró el tesoro público.
El estado de guerra en que continuó nuestro país, después de instalada en la capital la actual Administración, la necesidad de sostener un numeroso ejército, aumentado después con los otros dos beligerantes, y la desorganización administrativa que produce forzosamente toda revolución, han hecho más crítica aún la situación rentística de nuestro país.
El ingente deber de terminar la pacificación de la República, obligó al Ejecutivo a contraer algunos préstamos, a cuyo pago se ha atendido y está atendiéndose en los términos convenidos.
Esta misma circunstancia y la urgencia apremiante de hacer en 31 de Enero último en Washington, el pago de que se ha hablado, estrecharon al Gobierno a expedir el decreto de 23 de Diciembre próximo pasado, imponiendo una contribución extraordinaria sobre productos de capitales.
Terminada la guerra civil, el Ejecutivo se ha ocupado y se ocupa, muy detenidamente, de estudiar la reorganización de la Hacienda, procurando, a la vez, aumentar los productos de las rentas, por el buen arreglo de las oficinas federales, y disminuir los gastos por economías introducidas en todos los ramos, y especialmente en el de Guerra, para que los haberes de la fuerza armada puedan cubrirse con los recursos ordinarios, sin desatender los otros ramos del servicio público.
Al efecto, la Secretaría de Hacienda someterá al Congreso una iniciativa con los presupuestos de ingresos y egresos de la República para el próximo año fiscal, procurando reducir los gastos de la Administración a los productos ordinarios de las rentas federales, sin gravar a la Nación con nuevos impuestos.
Llamo la atención de la Cámara, en el proyecto de Presupuesto, a la omisión de la cláusula común de los presupuestos de los años anteriores, sobre reducción a la mitad, si las circunstancias del Erario lo requieren, de los haberes de las clases pasivas. No sólo el equilibrio establecido en los presupuestos, sino un principio de moralidad y de rigurosa justicia, ha guiado al Gobierno en esta omisión. En medio de las necesidades del momento, siempre apremiantes en nuestro país, han sido casi continuamente desatendidas las clases pasivas.
El Ejecutivo juzga que para poder exigir al Ejército el cumplimiento leal de sus deberes, es preciso que la Nación dé por su parte cumplimiento leal a los que con él contrae; es forzoso que su Ejército vea que los envejecidos y mutilados en el servicio nacional, que las viudas y huérfanos de los que mueren en defensa de la independencia y de la libertad, no son abandonados.
La Secretaría de Hacienda someterá al Poder Legislativo otras iniciativas importantes.
El cobro de derechos de exportación a la plata pasta y acuñada, es contrario a los sanos principios económicos. Hace muchos años que se agita en nuestro país la cuestión de la libre exportación de todos los frutos y productos nacionales, sin que hayan tenido más fundamento en su apoyo los defensores del sistema contrario, que la pérdida del fuerte rendimiento que el impuesto sobre platas produce al Erario nacional. La Secretaría de Hacienda propondrá la abolición del derecho de exportación sobre platas, conciliando hasta donde sea posible todos los intereses legítimos.
Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 124 de la Constitución, el Gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda, presentará a la Cámara la iniciativa correspondiente, proponiendo los medios más convenientes para obtener la supresión de alcabalas en el más breve tiempo posible, y sin causar, ni a la Federación ni a los Estados, una crisis rentística cuyos efectos serían fatales en el estado que hoy guarda el Erario.
Es una necesidad en nuestro país la consolidación de la Deuda Pública, el pago de sus intereses y el arreglo de su amortización. Otra iniciativa de la Secretaría de Hacienda someterá al Poder Legislativo cuestión tan importante para el Crédito nacional y para los acreedores de la República. Para los que comprenden lo que vale el crédito de las naciones, esta cuestión es de interés vital en México.
La Administración nacida de la revolución nacional, debe cuidar del exacto cumplimiento, no sólo de los compromisos políticos, sino de los pecuniarios que la segunda contrajo. La iniciativa anterior comprenderá, en consecuencia, el reconocimiento y el pago de la deuda de la revolución.
El efectivo del Ejército es hoy mucho mayor del que nuestras leyes autorizan, debiéndose esto, no a la intención deliberada de ponerlo en tan alta fuerza, sino como ya indiqué antes, a la plausible circunstancia de haber venido a fraternizar con los defensores de la revolución, bajo una misma bandera, casi todos los Cuerpos con que intentaban sostener su respectiva causa los dos caudillos que pretendían ser, cada cual de por sí, los representantes de la legalidad.
El Ejecutivo se ocupa ya, con asiduidad y a la vez con la mayor circunspección, de estudiar el medio más conveniente de conciliar la seguridad de nuestras instituciones y de nuestro territorio, y la necesidad de atender y premiar los méritos y servicios de la clase militar, con los recursos de que puede disponer el Tesoro federal.
Dedica también una atención especial a la reorganización del Ejército, medida indispensable después de un sacudimiento como el que el país acaba de sufrir. Al dictarse las disposiciones necesarias sobre el particular, se cuidará escrupulosamente de no invadir la esfera del Poder Legislativo.
Es esta la ocasión de rendir un público tributo de reconocimiento al Ejército, no sólo por sus servicios, valor y disciplina, sino por la abnegación con que ha sellado tan meritorios títulos. Me es satisfactorio consignar en este acto solemne que, terminada la campaña, muchos dignos militares, desde jefes de la más alta graduación, hasta simples soldados, han solicitado espontáneamente volver a la obscuridad de la vida privada, no llevando otra recompensa que la satisfacción de haber contribuido al triunfo de la buena causa.
El Ejecutivo, en la imposibilidad invencible de remunerar de otro modo sus servicios, ha mandado que se les expidan certificados, en que se les hace constar aquéllos y la sincera promesa de que, en igualdad de circunstancias, serán tan dignos patriotas preferidos para ocupar los puestos públicos, a otros ciudadanos que no pueden prestar en su abono iguales méritos. Esta promesa ha recibido ya, en muchos casos, un leal y oportuno cumplimiento.
La Guardia Nacional de los Estados, que tan importantes y oportunos servicios prestó a la causa de la revolución, es muy acreedora también a la consideración del Gobierno y a la gratitud pública por su inapreciable auxilio y por la abnegación de que ha dado pruebas después de concluida la guerra.
Entre otros casos que pudieran citarse, la capital ha visto ha poco tiempo a los hijos de Puebla y Oaxaca, que la guarnecían, retirarse satisfechos a sus hogares, para entregarse de nuevo a sus modestas y habituales ocupaciones.
Ciudadanos Diputados: la breve reseña que acabáis de oír, no manifestaría por completo, aunque ella se extendiera más, cuál es el estado que guarda el país, si no os anunciara, como lo hago con grande satisfacción, que toda la República se encuentra en paz. Este hecho de grande importancia siempre, tiene hoy una significación cuyo valor no se puede desconocer.
Cansado el país de los abusos del gobierno anterior, buscó en la insurrección, suprema razón de los pueblos ultrajados, el remedio de sus males; y espera tranquilo gozar de los bienes que la revolución le ha prometido, bajo el amparo del Código Fundamental.
Hoy que la época de la reconstrucción constitucional comienza, deber y muy sagrado de todos los funcionarios públicos es procurar realizar a fuerza de probidad, de constancia y de patriotismo, esas esperanzas del pueblo.
Restablecer por completo el imperio de la Constitución, afirmar la paz, proteger bajo su benéfico influjo todos los intereses legítimos, para desarrollar los grandes elementos de riqueza del país: he aquí la grandiosa y noble tarea que vuestra misión os impone, tarea cuya ejecución dejará satisfechas las aspiraciones de la revolución y llevará a México a la prosperidad a que sus destinos lo llaman.
La República toda está pendiente de vuestros primeros actos; ella espera de vosotros que, inspirados íntimamente del sentimiento del bien público, abordaréis con fe y valor las difíciles cuestiones sometidas a vuestra resolución, y volváis al país a su quicio natural, del que lo sacó temporalmente una revolución reclamada por la moral y la justicia.
Todas vuestras determinaciones, todos los esfuerzos que hiciereis para restablecer sólidamente el imperio de la Constitución, tranquilizar los ánimos e impulsar a la Nación en el camino de su progreso y engrandecimiento, encontrarán en el Ejecutivo la cooperación más eficaz y el aplauso más sincero.
JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI

[1] Porfirio Díaz fue un antireeleccionista reelecto, y el presente mensaje es histórico pues, por él se compromete a elevar a rango constitucional el principio de no reelección, de lo que luego se desdeciría en adelante, para lograr sucesivas reelecciones, hasta provocar la cruenta revolución de 1910 que precipita su renuncia en 1911 y posterior exilio. Regía entonces la Constitución de 1827, que establecía la reformas de la constitución solo por el Congreso de la Unión y con mayoría calificada (articulo 127, que publicamos en el anexo). En su carrera a la presidencia, comenzó por enfrentar a Benito Juárez luego de su tercera reelección. Lanzó así el Plan de Noria contra la reelección indefinida de Benito Juárez (quien no lo había nombrado Ministro de Guerra) y, posteriormente, volvió a alzarse en armas en 1875 con el Plan de Tuxtepec, en esta caso, contra la reelección de Lerdo de Tejada. Triunfante Díaz ocupó la presidencia provisional el 28 de noviembre de 1876. Tras un breve interinato de José María Cosme, se convocó a elecciones que bajo control militar limitaron la concurrencia a las casillas sólo a los ciudadanos afines al Plan de Díaz. Así, Porfirio Díaz tomó posesión el 5 de mayo de 1877. Al año siguiente, el 5 de mayo de 1878 reformó la Constitución para demostrar su vocación antireeleccionista: "el presidente no podrá ser reelecto para el periodo inmediato, ni ocupar la presidencia…, sino hasta pasados cuatro años de haber cesado en el ejercicio de sus funciones". Concluyó su período el 30 de noviembre de 1880. Manuel González asumió la presidencia el 1° de diciembre de 1880 y Díaz fue Secretario de Fomento primero y gobernador provisional de Oaxaca después.
Díaz fue reelecto y a partir de 1884, apoyado por la fuerza militar que usa "para pacificar el país" convirtió a la Republica en una dictadura. Poco a poco Díaz fue minando las bases democráticas, estancó la vida cívica; los ciudadanos vivieron reelecciones simuladas y el Poder Legislativo se desempeñó pobre e indignamente. Díaz reformó la Constitución nuevamente:
(i) el 21 de octubre de 1887: "El Presidente podrá ser reelecto para el periodo constitucional inmediato y no para el siguiente, a menos que hayan transcurrido cuatro años desde que dejó de ser titular del Ejecutivo";
(ii) el 20 de noviembre de 1890, volvió a como estaba originalmente el artículo 78 constitucional. Por lo que se pudo reelegir indefinidamente.

[DOCUMENTOS ANEXOS]

[1]
PLAN DE LA NORIA
[8 de Noviembre de 1871]

Al Pueblo Mexicano:
La reelección indefinida, forzosa y violenta, del Ejecutivo Federal, ha puesto en peligro las instituciones nacionales.
En el Congreso una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos, ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido a la Representación Nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo.
En la Suprema Corte de Justicia, la minoría independiente que había salvado algunas veces los principios constitucionales de este cataclismo de perversión é inmoralidad, es hoy impotente por falta de dos de sus más dignos representantes, el ingreso de otro llevado allí por la protección del Ejecutivo. Ninguna garantía ha tenido desde entonces el amparo; los Jueces y Magistrados pundonorosos de los Tribunales Electorales son sustituidos por agentes sumisos del Gobierno, los intereses más caros del pueblo y los principios de mayor trascendencia quedan a la merced de los perros guardianes.
Varios Estados se hallan privados de sus autoridades legítimas y sometidos a gobiernos impopulares y tiránicos, impuestos por la acción directa del Ejecutivo y sostenidos por las fuerzas federales. Su soberanía, sus leyes y la voluntad de los pueblos han sido sacrificadas al ciego encaprichamiento del poder personal.
El Ejecutivo, gloriosa personificación de los principios conquistados desde la revolución de Ayutla hasta la rendición de México en 1867, que debiera ser atendido y respetado por el gobierno para conservarle la gratitud de los pueblos, ha sido abajado y envilecido, obligándolo a servir de instrumento de odiosas violencias contra la libertad del sufragio popular, y haciéndole olvidar las leyes y los usos de la civilización cristiana en México, Atexcatl, Tampico, Barranca del Diablo, la Ciudadela y tantas otras matanzas que nos hacen retroceder a la barbarie.
Las rentas federales, pingües, saneadas como no lo habían sido en ninguna otra época, toda vez que el pueblo sufre los gravámenes decretados durante la guerra, y que no se pagan la deuda nacional ni la extranjera, son más que suficientes para todos los servicios públicos, y deberían haber bastado para el pago de las obligaciones contraídas en la última guerra, así como para fundar el crédito de la Nación, cubriendo el rédito de la deuda interior y exterior legítimamente reconocida. A esta hora, reducidas las erogaiones y sistemada la administración rentística, fácil sería dar cumplimiento al precepto constitucional, lbrando al comercio de las trabas y dificultades que sufre con los vejatorios impuestos de alcabalas, y al erario de un personal oneroso.
Pero lejos de esto, la ineptitud de unos, el favoritismo de otros y la corrupción de todos, ha cegado esas ricas fuentes de la pública prosperidad: los impuestos se reagravan, las rentas se dispendian, la Nación pierde todo crédito y los favoritos del poder monopolizan sus eslpendidos gajes. Hace cuatro años que su procacidad pone a prueba nuestro amor a la paz, nuestra sincera adhesión a las instituciones. Los males públicos exacerbados produjeron los movimientos revolucionarios de Tamaulipas, San Luis, Zacatecas y otros Estados; pero la mayoría del gran partido liberal no concedió sus simpatías a los impacientes, y sin tenerla por la política de presión y arbitrariedad del gobierno, quiso esperar con el término del periódo legal democrática de los poderes que se prometía obtener en las pasadas elecciones.
Ante esta fundada esperanza que, por desgracia, ha sido ilusoria, todas las impaciencias se moderaron, todas las aspiraciones fueron aplazadas y nadie pensó más que en olvidar agravios y resentimientos, en estañar las heridas de lsa anteriores disidencias y en reanudar los lazos de unión entre todos los mexicanos. Sólo el gobierno y sus agentes, desde lsa regiones del Ejecutivo, en el recinto del Congreso, en la prensa mercenaria, y todos los medios, se opusieron tenaz y caprichosamente a la amnistía que, a su pesar, llegó a decretarse por el concurso que supo aprovechar la inteligencia y patriótica oposición parlamentaria del 5º Congreso Constitucional. Esa ley que convocaba a todos los mexicanos a tomar parte en la lucha electoral bajo el amparo de la Constitución, debió ser el principio de una época de positiva fraternidad, y cualquiera situación creada realmente en el terreno del sufragio libre de los pueblos, contaría hoy con el apoyo de vencedores y vencidos.
Los partidos, que nunca entienden las cosas en el mismo sentido, entran en la liza electoral llenos de fe en el triunfo de sus ideas é intereses, y vencidos en buena lid, conservan la legítima esperanza de contrastar más tarde la obra de su derrota, reclamando las mismas garantías de que gozaban sus adversarios; pero cuando la violencia se arroga los fueros de la libertad, cuando el soborno sustituye a la honradez republicana, y cuando la falsicifiación usurpa el lugar que corresponde a la verdad, la desigualdad de la lucha, lejos de crear ningún derecho, encona las ánimos y obliga a los vencidos por tan malas arterías, a rechazar el resultado como ilegal y tentatorio.
La revolución de Ayutla, los principios de la Reforma y la conquista de la independencia y de las instituciones nacionales, se perderían para siempre si los destinos de la República hubieran de quedar a merced de una oligarquía tan inhábil como absorbente y antipatriótica; la reelección indefinida es un mal de menos trascendencia por perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio del poder, que por la conservación de las prácticas abusivas, de las confabulaciones ruinosas y por la exclusión de otras inteligencias é intereses, que son las consecuencias necesarias de a inmutabilidad de los empleados de la administración pública.
Pero los secretarios de a reelección indefinida prefieren sus aprovechamientos personales a la Constitución, a los principios y a la República misma. Ellos convirtieron esa suprema apelación al pueblo en una farsa inmoral, corruptora, con mengua de la majestad nacional que se atreven a invocar.
Han relajado todos los resortes de la administración, buscando cómplices en lugar de funcionarios pundonorosos.
Han derrochado los caudales del pueblo para pagar a los falsificadoes del sufragio.
Han calculado la inviolabilidad de la vida humana, convirtiendo en práctica cotidiana asesinatos horrorosos, hasta el grado de ser proverbial la funesta frase de "Ley fuga".
Han empleado las manos de sus valientes defensores en la sangre de los vencidos, obligándolos a cambiar las armas del soldado por el hacha del verdugo.
Han escarnecido los más altos principios de la democracia; han lastimado los más íntimos sentimientos de la humanidad, y se han befado de los más caros y trascendentales preceptos de la moral.
Reducido el número de diputados independientes por haberse negado ilegalmente toda representación a muchos distritos, y aumentando arbitrariamente el de los reeleccionistas, con ciudadanos sin misión legal, todavía se abstuvieron de votar cincuenta y siete representantes en la elección de Presidente, y los pueblos la rechazan como ilegal y antidemocrática.
Requerido en estas circunstancias, instado y exigido por numerosos y acreditados patriotas de todos los Estados, lo mismo de ambas fronteras que del interior y de ámbitos litorales, ¿qué debo hacer?
Durante la revolución de Ayutla salí del colegio a tomar las armas por odio al despotismo: en la guerra de Reforma combatí por los principios, y en la lucha contra la invasión extranjera, sostuve la independencia nacional hasta restablecer al gobierno en la capital de la República.
En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder, a cargo, ni empleo de ninguna causa; pero he contraído también graves compromisos para con el país por su libertad é independencia, para con mis compañeros de armas, con cuya cooperación he dado cima a difíciles empresas, y para conmigo mismo, de no ser indiferente a los males públicos.
Al llamado del deber, mi vida es un tributo que jamás he negado a la patria en peligro; mi pobre patrimonio, debido a la gratitud de mis conciudadanos, medianamente mejorado con mi trabajo personal, cuanto valgo por mis escasas dotes, todo lo consagro desde este momento a la causa del pueblo. Si el triunfo corona nuestros esfuerzos, volveré a la quietud del hogar doméstico, prefiriendo en todo caso la vida frugal y pacífica del obscuro labrador a las ostentaciones del poder. Si por el contrario nuestros adversarios son más felices, habré cumplido mi último deber con la República.
Combatiremos, pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de su victoria. "Constitución de 57 y libertad electoral" sera nuestra bandera; "menos gobierno y mas libertades", nuestro programa.
Una convención de tres representantes por cada Estado, elegidos popularmente, dará el programa de a reconstrucción constitucional y nombrará un Presidente Constitucional de la República, que por ningún motivo podrá ser el actual depositario de la guerra. Los delegados, que serán patriotas de acrisolada honradez, llevarán al seno de la convención, las ideas y aspiraciones de sus respectivos Estados, y sabrán formular con libertad y sostener con entereza las exigencias verdaderamente nacionales. Solo permitiré hacer eco a las que se me han señalado como más ingentes; pero sin pretensión de acierto ni ánimo de imponerlas como una resolución preconcebida, y protestando desde ahora que aceptaré sin resistencia ni reserva alguna, los acuerdos de la convención.
Que la elección de Presidente sea directa, personal, y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad o encargo cuyas funciones se extiendan a todo el territorio nacional.
Que el Congreso de la Unión sólo pueda ejercer funciones electorales en los asuntos puramente económicos, y en ningún caso para la designación de altos funcionarios públicos.
Que el nombramiento de los Secretarios del despacho y de cualquier empleado o funcionario que disfrute por sueldos o emolumentos más de tres mil pesos anuales, se someta a la aprobación de la Cámara.
Que la Unión garantice a los Ayuntamientos derechos y recursos propios, como elementos indispensables para su libertad é independencia.
Que se garantice a todos los habitantes de la República el juicio por jurados populares que declaren y califiquen la culpabilidad de los acusados; de manera que a los funcionarios judiciales sólo se les conceda la facultad de aplicar la pena que designen las leyes preexistentes.
Que se prohíban los odiosos impuestos de alcabala y se reforme la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas, conforme a los preceptos constitucionales y a las diversas necesidades de nuestras costas y fronteras.
La convención tomará en cuenta estos asuntos y promoverá todo lo que conduzca al restablecimiento de los principios, al arraigo de las instituciones y al común bienestar de los habitantes de la República.
No convoco ambiciones bastardas ni quiero avivar los profundos rencores sembrados por las demasías de la administración. La insurrección nacional que ha de devolver su IMPERIO a las leyes y a la moral ultrajadas, tiene que inspirarse de nobles y patrióticos sentimientos de dignidad y justicia.
Los amantes de la Constitución y de la libertad electoral son bastante fuertes y numerosos en el país de Herrera, Gómez Farías y Ocampo, para aceptar la lucha contra los usurpadores del sufragio popular.
Que los patriotas, los sinceros constitucionalistas, los hombres del deber, presten su concurso a la causa de la libertad electoral, y el país salvará sus más caros intereses. Que los mandatarios públicos, reconociendo que sus poderes son limitados, devuelvan honradamente al pueblo elector el depósito de su confianza en los períodos legales, y la observancia estricta de la Constitución será verdadera garantía de paz. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución.
"La Noria", Noviembre de 1871.
PORFIRIO DIAZ

[2]
PLAN DE TUXTEPEC LANZADO POR PORFIRIO DÍAZ EN CONTRA DE LA REELECCIÓN DE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
[10 de Enero de 1876]

Considerando:
Que la República Mexicana está regida por un gobierno que ha hecho del abuso un sistema político, despreciando y violando la moral y las leyes, viciando a la sociedad, despreciando a las autoridades, y haciendo imposible el remedio de tantos males por la vía pacífica; que el sufragio político se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos, por todos los medios reprobables, hacen llegar a los puestos públicos a los que llaman sus "candidatos oficiales", rechazando a todo ciudadano independiente; que de este modo y gobernando hasta sin ministros, se hace la burla más cruel a la democracia, que se funda en la independencia de los poderes; que la soberanía de los Estados es vulnerada repetidas veces; que el presidente y sus favoritos destituyen a su arbitrio a los gobernadores, entregando los Estados a sus amigos, como sucedió en Coahuila, Oaxaca, Yucatán y Nuevo León, habiéndose intentado hacer lo mismo con Jalisco; que a este Estado se le segregó, para debilitarlo, el importante cantón de Tepic, el cual se ha gobernado militarmente hasta la fecha, con agravio del Pacto Federal y del Derecho de Gentes; que sin consideración a los fueros de la humanidad, se retiró a los Estados fronterizos la mezquina subvención que les servía para defensa de los indios bárbaros; que el tesoro público es dilapidado en gastos de placer, sin que el Gobierno haya llegado a presentar al Congreso de la Unión la cuenta de los fondos que maneja.
Que la administración de justicia se encuentra en la mayor prostitución, pues se constituye a los jueces de distrito en agentes del centro para oprimir a los Estados; que el poder municipal ha desaparecido completamente, pues los ayuntamientos son simples dependientes del Gobierno, para hacer las elecciones; que los protegidos del presidente perciben tres y hasta cuatro sueldos por los empleos que sirven, con agravio a la moral pública; que el despotismo del Poder Ejecutivo se ha rodeado de presidiarios y asesinos que provocan, hieren y matan a los ciudadanos ameritados; que la instrucción pública se encuentra abandonada; que los fondos de ésta paran en manos de los favoritos del presidente, que la creación del Senado, obra de Lerdo de Tejada y sus favoritos, para neutralizar la acción legislativa, imparte el veto a todas las leyes; que la fatal, la misma funesta administración, no ha servido sino para extorsionar a los pueblos; que el país ha sido entregado a la compañía inglesa con la concesión del Ferrocarril de Veracruz y el escandaloso convenio de las tarifas; que los excesivos fletes que se cobran, han estancado el comercio y la agricultura; que con el monopolio de esta línea, se ha impedido que se establezcan otras, produciéndose el desequilibrio del comercio en el interior, el aniquilamiento de todos los demás puertos de la República y la más espantosa miseria en todas partes; que el Gobierno ha otorgado a la misma compañía, con pretexto del Ferrocarril de León, el privilegio para celebrar lotería, infringiendo la Constitución; que el presidente y sus favorecidos han pactado el reconocimiento de la enorme deuda inglesa, mediante dos millones de pesos que se reparten con sus agencias; que ese reconocimiento, además de inmoral, es injusto, porque en México nada se indemniza por perjuicios causados en la intervención.
Que aparte de esa infamia, se tiene acordada la de vender tal deuda a los Estados Unidos, lo cual equivale a vender el país a la nación vecina; que no merecemos el nombre de ciudadanos mexicanos, ni siquiera el de hombres, los que sigamos consintiendo en que estén al frente de la administración los que así roban nuestro porvenir y nos venden al extranjero; que el mismo Lerdo de Tejada destruyó toda esperanza de buscar el remedio a tantos males en la paz, creando facultades extraordinarias y suspensión de garantías para hacer de las elecciones una farsa criminal.
En el nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano vilipendiado, levantamos el estandarte de guerra contra nuestros comunes opresores, proclamando el siguiente plan:
Artículo primero.- Son leyes supremas de la República la Constitución de 1857, el Acta de Reformas promulgada el 25 de septiembre de 1873, y la ley de 1874.
Artículo segundo.- Tendrán el mismo carácter de Ley Suprema la No-Reeleción de presidente y gobernadores de los Estados, mientras se consigue elevar este principio a rango de reforma constitucional, por los medios legales establecidos por la Constitución.
Artículo tercero.- Se desconoce a don Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República, y a todos los funcionarios y empleados designados por él, así como los nombrados en las elecciones de julio del año de 1875.
Artículo cuarto.- Serán reconocidos todos los gobernadores de los Estados que se adhieran al presente plan. En donde esto no suceda, se reconocerá, interinamente, como gobernador, al que nombre el jefe de las armas.
Artículo quinto.- Se harán elecciones para Supremos Poderes de la Unión, a los dos meses de ocupada la capital de la República, en los términos que disponga la convocatoria que expedirá el jefe del Ejecutivo, un mes después del día en que tenga lugar la ocupación, con arreglo a las leyes electorales de 12 de febrero de 1857 y 23 de diciembre de 1872.
Al mes de verificadas las elecciones secundarias, se reunirá el Congreso y se ocupará inmediatamente de llenar las prescripciones del artículo 51 de la primera de dichas leyes, a fin de que desde luego entre al ejercicio de su encargo el presidente constitucional de la República y se instale la Corte Suprema de Justicia.
Artículo sexto.- El Poder Ejecutivo, sin más atribuciones que las administrativas, se depositará, mientras se hacen elecciones, en el presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, o en el magistrado que desempeñe sus funciones, siempre que uno u otro, en su caso, acepte en todas sus partes el presente plan y haga conocer su aceptación por medio de la prensa, dentro de un mes contado desde el día en que el mismo plan se publique en los periódicos de la capital.
El silencio o negativa del funcionario que rija la Suprema Corte, investirá el jefe de las armas con el carácter de jefe del Ejecutivo.
Artículo séptimo.- Reunido el octavo Congreso Constitucional, sus primeros trabajos serán la reforma constitucional de que habla el artículo segundo, la que garantiza la independencia de los municipios y la ley que dé organización política al Distrito Federal y territorio de la Baja California.
Artículo octavo.- Los generales, jefes y oficiales que con oportunidad secunden el presente plan, serán reconocidos en sus empleos, grados y condecoraciones.
Campo de Palo Blanco, marzo 21 de 1876.
Porfirio Díaz
Y el plan reformado es el siguiente:
PLAN DE TUXTEPEC
Art. 1.- Son leyes supremas de la República, la Constitución de 1857, el acta de reformas promulgada en 25 de septiembre de 1873 y la ley de 14 de diciembre de 1874.
Art. 2.- Tendrá el mismo carácter de ley suprema, la No-Reelección del presidente de la República, y gobernadores de los Estados.
Art. 3.- Se desconoce a don Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República, a todos los funcionarios y empleados por él, así como a los nombrados en las elecciones de julio del año pasado.
Art. 4.- Serán reconocidos todos los gobiernos de todos los Estados, que se adhieran a este plan. En donde esto no suceda, se reconocerá interinamente, como gobernador, al que nombre el jefe de las armas.
Art. 5.- Se harán elecciones para Supremos Poderes de la Unión, a los dos meses de ocupada la capital de la República, y sin necesidad de nueva convocatoria.
Las elecciones se harán con arreglo a las leyes de 12 de febrero de 1857 y 23 de octubre de 1872, siendo las primarias el primer domingo siguiente a los dos meses de ocupada la capital, y las secundarias, el tercer domingo.
Art. 6.- El Poder Ejecutivo se depositará, mientras se hacen las elecciones, en el ciudadano que obtenga la mayoría devotos de los gobernadores de los Estados, y no tendrá más atribuciones que las meramente administrativas.
Art. 7.- Reunido el 8° Congreso constitucional, sus primeros trabajos serán: la reforma constitucional de que habla el artículo 2°, la que garantiza la independencia de los municipios, y la ley que dé organización política al Distrito Federal y territorio de Baja California.
Art. 8.- Son responsables, moral y pecuniariamente todos los que directa o indirectamente cooperen al sostenimiento del Gobierno de don Sebastián Lerdo de Tejada, haciéndose efectivas las penas desde el momento en que los culpables o sus intereses se hallen en poder de cualquiera fuerza perteneciente al ejército regenerador.
Art. 9.- Los generales, jefes y oficiales que con oportunidad secunden el presente plan, serán reconocidos en sus empleos, grados y condecoraciones.
Art. 10.- Se reconocerá como general en jefe del ejército regenerador, al C. general Porfirio Díaz.
Art. 11.- Oportunamente se dará a reconocer al general de la línea de Oriente, a que pertenecemos, cuyo jefe gozará de facultades extraordinarias en hacienda y guerra.
Art. 12.- Por ningún motivo se podrá entrar en tratados con el enemigo, bajo la pena de la vida al que lo hiciere.
Dado en la villa de Ojitlán del distrito de Tuxtepec, a 10 de enero de 1876.
Coronel en jefe, H. Sarmiento.
Siguen las firmas.
Campo en Palo Blanco, marzo 21 de 1876

[3]
LEY DEL CONGRESO, SOBRE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 78 Y 109 DE LA CONSTITUCIÓN.
[5 de mayo de 1878]

Secretaría de Gobernación.
Sección 1a.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL DECRETO QUE SIGUE:
Porfirio Díaz, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 127 de la Constitución federal, y previa la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados, declara reformados los artículos 78 y 109 de la Constitución, en los siguientes términos:
Art. 78. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre, y durará en él cuatro años, no pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato, ni ocupar la presidencia por ningún motivo, sino hasta pasados cuatro años de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
Art. 109. Los Estados optarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, y determinarán en sus respectivas constituciones los términos en que queda prohibida la reelección de sus gobernadores.
El carácter de gobernador de un Estado, cualesquiera que sean los títulos con que ejerza el poder, es incompatible en todo caso con su elección para el siguiente periodo.
Las constituciones locales precisarán este precepto en los términos que las legislaturas lo estimen conveniente.
TRANSITORIO
Esta declaración será promulgada por bando nacional el 5 de mayo próximo.

[f] Manuel Ortega, diputado por el Estado de Zacatecas, presidente.
Prisciliano María Díaz González, senador por el Estado de Morelos, presidente.
Francisco Sada, diputado por el Estado de Nuevo León, vicepresidente.
A. del Río, senador por el Estado de Yucatán, vicepresidente.
Por el Estado de Aguascalientes: Diputados: Luis de la Rosa, T. Chávez, Rafael Sagredo. Senadores: Tomás L. Pimentel, M. Bengon.
Por el Estado de Campeche: Diputado: Eugenio Escobar Escoffié. Senadores: Juan B. Zamudío, Juan Sánchez Azcona.
Por el Estado de Coahuila: Diputado: Francisco González Hermosillo. Senador: José María Barreda.
Por el Estado de Colima: Diputados: Ignacio Cobián, Ricardo Palacios. Senador: Isaac Banda.
Por el Estado de Chiapas: Diputados: Melesio Trejo, Jesús Castellanos, M.S. Rodríguez, A.J. Rabaza, Manuel Escandón Ortiz. Senadores: F. Méndez Rivas, Rafael J. Gutíérrez.
Por el Estado de Chihuahua: Diputados: José María Jaurríeta, José González Porras, Felipe Arellano. Senador: Roque Jacinto Morón.
Por el Estado de Durango: Diputado: Vicente Castro.
Por el Estado de Guanajuato: Diputados: Agustín Obregón González, Juan José Bermúdez, Manuel de Anaya, A. Rodríguez Santoyo, Felipe Liceaga, Julio D. Vera, José M. G. Pérez, Atenógenes M. Guerrero, Félíx Mendoza, M. Muñoz Ledo, Manuel Rubio, Trinidad Aguirre, Ángel Macíel, J.M. Larrondo, Praxedis Guerrero, Anselmo G. Rubio. Senador: José de la Luz Rosas.
Por el Estado de Guerrero: Diputados: Sixto Moncada, Santiago Méndez y Méndez, A.O. de la Peña. Senador: Antonio Salinas.
Por el Estado de Hidalgo: Diputados Braulio Flores N. Sotuyo, J. Antonio Asiain, Jesús Zenit, Francisco Sanz Meraz, Félíx Anaya, Manuel F. Soto, Marcos Moreno, J.N. Castellanos. Senador: H. Carrillo.
Por el Estado de Jalisco: Diputados: Antonio Flores Castillón, Trinidad Sigala, Antonio Córdova, Santiago Peña, Luis Gutiérrez Otero, Gabriel E. Navarro, Rosendo Márquez, Salvador Camarena, Carlos González Palomar, Enrique Pazos, Eufrasio Carreón, Eustaquio Arias, Carlos Elizalde, Doroteo Izquierdo, Pablo Vázquez, Francisco Rojas, Carlos Gómez Luna, Felipe Rubalcaba, Cruz Salazar. Senadores: Justo P. Topete, Agustín Padilla.
Por el Estado de México: Diputados: Ignacio S. Trujillo, J. Juan Garduño, José M. Bernal, Jesús Chávez Ferreira, Felipe Buenrostro, D. Hernández, Ignacio Cejudo, T. Salgado, Trinidad Malvaez, J. Rafael Álvarez, Manuel María Romero, Joaquín Rangel, J. Izita. Senador: Ireneo Paz.
Por el Estado de Michoacán: Diputados: Agustín Tena, José S. Arteaga, E. Huerta, Jesús M. de Herrera, José M. de la Vega Limón, V. Moreno, P. Eiquibua, Francisco de S. Menocal, Nicolás Pizarro, Felipe N. Chacón, Justo Benítez. Senadores: Ramón Fernández, Manuel G. Lama.
Por el Estado de Morelos: Diputados: Hipólito Ríos, Francisco Pacheco, Ignacio López, Francisco José Horcasitas. Senador: Rafael A. Ruiz.
Por el Estado de Nuevo León: Diputado: Vicente Garza Benítez. Senadores: V .L. Villarreal, Atenógenes Ballesteros.
Por el Estado de Oaxaca: Diputados: Manuel Ortega Reyes, J. Fenochio, José S. Unda, Luis Pérez, M. Contreras, I. Pombo, Martín González, Félix Romero, Jacobo Cortés, Rodolfo Sandoval, Luis Pombo, M. Bustamante. Senadores: Fidencio Hernández, P.A. Fenochio.
Por el Estado de Puebla: Diputados: Carlos M. Aubry, Ignacio Mier y Moctezuma, F. Ibarra, A. Méndez, Joaquín Altamirano, M. Blanca, Antonio Gamboa, G. Rosas, Manuel de la Torre, Francisco Romero, Joaquín Salazar. Senador: Juan N. Méndez.
Por el Estado de Querétaro: Diputados: Joaquín Martínez, Vicente R. Prieto, Alfonso Septién. Senadores: Juventino Guerra, Eduardo Garay.
Por el Estado de San Luis Potosí: Diputados: Toribio Saldaña, Isidoro Bustamante, M. Orellana Nogueras, José Flores, Lauro Islas, Mariano Arguinzonis. Senador: Benigno Arriaga.
Por el Estado de Sinaloa: Diputados: José Rico, Francisco Malcampo. Senador: J. Bringas.
Por el Estado de Sonora: Diputados: Ismael S. Quiroga, A. Almada, Luis E. Torres. Senadores: Antonio Moreno, Luis G. Pacheco.
Por el Estado de Tabasco: Diputado: M. Pedrero. Senadores: J. Ramírez, Rafael Godoy.
Por el Estado de Tamaulipas: Diputados: Juan de Haro, Pedro Argüelles. Senadores: Ignacio Martínez, Andrés Treviño.
Por el Estado de Tlaxcala: Diputados: José M. Galindo, Juan N. Calderón. Senadores: Víctor Pérez, Felipe Covarrubias.
Por el Estado de Veracruz: Diputados: P. Tejada Guzmán, Manuel Rivera Cambas, Ignacio Florencia, Juan Malpica, Longinos N. Alemán, R.M. Riveroll, Antonio M. Rebolledo, Juan Argüelles, Francisco Ortiz.
Por el Estado de Yucatán: Diputados: H. Villarreal, Guillermo Palomino, Francisco Cantón, Cástulo Zenteno, Vicente Méndez, Joaquín Calero. Senador: Miguel Castellanos Sánchez.
Por el Estado de Zacatecas: Diputados: Rodrigo Rodríguez, Miguel Canales, Rafael Sandoval, Manuel Nájera, J.M. Delgado, Juan Francisco Román, Wenceslao Yáñez, Fernando Sansalvador. Senador: Francisco de P. Rodríguez.
Por el Distrito Federal: Diputados: Eduardo F. Arteaga, Pablo Macedo, M. Ruelas, Feliciano Chavarría, Antonio Carbajal, Pedro Collantes y Buenrostro, Francisco T. Gordillo, José M. Barros, Alfredo Chavero. Senadores: M. Carmona y Valle, Miguel Negrete.
Ignacio Sánchez, diputado por el Estado de Hidalgo, secretario. Enrique María Rubio, diputado por el Estado de Querétaro, secretario. Filomeno Mata, diputado por el Estado de San Luis Potosí, secretario. Ermilo G. Cantón, diputado por el Estado de Yucatán, secretario. Leónides Torres, senador por el Estado de Colima, secretario. J. Rivera y Río, senador por el Estado de México, secretario. Pedro Díez Gutiérrez, por el Estado de San Luis Potosí, senador secretario. Manuel Ayala, senador por el Estado de Hidalgo, secretario.

[PROMULGACION]
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el palacio nacional de México, a 5 de mayo de 1878.
PORFIRIO DÍAZ.

Al C. Trinidad García, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.
Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.
Libertad y Constitución.
México, mayo 5 de 1878.
García.

[4]
CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1827
[…]
Título VII. De la reforma de la Constitución
Artículo 127.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
[…]

[5]
PLAN DE SAN LUIA POTOSI
[5 de Octubre de 1910]

Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.
Nuestra querida Patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable.
En cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la Patria , sino enriquecer un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos las concesiones y contratos lucrativos.
Tanto el poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo; la división de los poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del ciudadano sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero, de hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial ; la justicia, en vez de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia , son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del Dictador; los gobernadores de los Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera las autoridades municipales.
De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedecen a una sola voluntad, al capricho del general Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder y a toda costa.
Hace muchos años se siente en toda la República profundo malestar, debido a tal régimen de Gobierno; pero el general Díaz, con gran astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase de movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacía. El mal se agravaba constantemente, y el decidido empeño del general Díaz de imponer a la Nación un sucesor, y siendo éste el señor Ramón Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó que muchos mexicanos, aunque carentes de reconocida personalidad política, puesto que había sido imposible labrársela durante 36 años de Dictadura, nos lanzáramos a la lucha, intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus derechos en el terreno netamente democrático.
Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se organizó el Partido Nacional Antirreeleccionista proclamando los principios de SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, como únicos capaces de salvar a la República del inminente peligro con que la amenazaba la prolongación de una dictadura cada día más onerosa, más despótica y más inmoral.
El pueblo mexicano secundó eficazmente a ese partido y, respondiendo al llamado que se le hizo, mandó a sus representantes a una Convención, en la que también estuvo representado el Partido Nacional Democrático, que asimismo interpretaba los anhelos populares. Dicha Convención designó sus candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, recayendo esos nombramientos en el señor Dr. Francisco Vázquez Gómez y en mí para los cargos respectivos de Vicepresidente y Presidente de la República.
Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa porque nuestros adversarios contaban con todo el elemento oficial, en el que se apoyaban sin escrúpulos, creímos de nuestro deber, para servir la causa del pueblo, aceptar tan honrosa designación. Imitando las sabias costumbres de los países republicanos, recorrí parte de la República haciendo un llamamiento a mis compatriotas. Mis giras fueron verdaderas marchas triunfales, pues por donde quiera el pueblo, electrizado por las palabras mágicas de SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener el triunfo de tan salvadores principios. Al fin, llegó un momento en que el general Díaz se dio cuenta de la verdadera situación de la República y comprendió que no podía luchar ventajosamente conmigo en el campo de la Democracia, y me mandó reducir a prisión antes de las elecciones, las que se llevaron a cabo excluyendo al pueblo de los comicios por medio de la violencia, llenando las prisiones de ciudadanos independientes y cometiendo los fraudes más desvergonzados.
En México, como República democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento.
Por este motivo el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones; y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República en la debida forma, pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados, a pesar de que no reconocía al dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que, no siendo sus miembros representantes del pueblo, sólo acatarían la voluntad del general Díaz, a quien exclusivamente deben su investidura.
En tal estado las cosas, el pueblo, que es el único soberano, también protestó de un modo enérgico contra las elecciones en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República, y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional fue debido a terrible presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquiera manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otras partes.
Pero esta situación violenta e ilegal no puede subsistir más.
Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me ha designado como su candidato para la Presidencia, no es porque haya tenido la oportunidad de descubrir en mí las dotes del estadista o de gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso, con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime.
Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el general Díaz no acataría la voluntad de la Nación, y el noble pueblo mexicano, al seguirme a los comicios, sabía también perfectamente el ultraje que le esperaba; pero a pesar de ello, el pueblo dio para la causa de la Libertad un numeroso contingente de mártires cuando éstos eran necesarios, y con admirable estoicismo concurrió a las casillas a recibir toda clase de vejaciones.
Pero tal conducta era indispensable para demostrara) mundo entero que el pueblo mexicano está apto para la democracia, que está sediento de libertad, y que sus actuales gobernantes no responden a sus aspiraciones.
Además, la actitud del pueblo antes y durante las elecciones, así como después de ellas, demuestra claramente que rechaza con energía al Gobierno del general Díaz y que, si se hubieran respetado esos derechos electorales, hubiese sido yo electo para la Presidencia de la República.
En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones, y quedando portal motivo la República sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la Presidencia de la República , mientras el pueblo designa conforme a la ley sus gobernantes. Para lograr este objeto es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral.
Con toda honradez declaro que consideraría una debilidad de mi parte y una traición al pueblo que en mí ha depositado su confianza no ponerme al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me llaman, de todas partes del país, para obligar al general Díaz, por medio de las armas, a que respete la voluntad nacional.
El Gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia y el fraude, desde el momento que ha sido tolerado por el pueblo, puede tener para las naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el 30 del mes entrante en que expiran sus poderes; pero como es necesario que el nuevo gobierno dimanado del último fraude no pueda recibirse ya del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor parte de la Nación protestando con las armas en la mano, contra esa usurpación, he designado el DOMINGO 20 del entrante noviembre para que de las seis de la tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República se levanten en armas bajo el siguiente
PLAN
1º Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República , Magistrados a la Suprema Corte de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en junio y julio del corriente año.
2° Se desconoce al actual Gobierno del general Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando, con los elementos que el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México.
3° Para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de reformar oportunamente por los medios constitucionales aquellas que requieran reformas, todas las leyes promulgadas por la actual administración y sus reglamentos respectivos, a excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con los principios proclamados en este Plan. Igualmente se exceptúan las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos de fondos de todos los funcionarios de la administración porfirista en todos los ramos; pues tan pronto como la revolución triunfe, se iniciará la formación de comisiones de investigación para dictaminar acerca de las responsabilidades en que hayan podido incurrir los funcionarios de la Federación, de los Estados y de los Municipios.
En todo caso serán respetados los compromisos contraídos por la administración porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras antes del 20 del entrante.
Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.
4° Además de la Constitución y leyes vigentes, se declara Ley Suprema de la República el principio de NO REELECCIÓN del Presidente y Vicepresidente de la República, de los Gobernadores de los Estados y de los Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas.
5° Asumo el carácter de Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos con las facultades necesarias para hacer la guerra al Gobierno usurpador del general Díaz.
Tan pronto como la capital de la República y más de la mitad de los Estados de la Federación estén en poder de las fuerzas del Pueblo, el Presidente Provisional convocará a elecciones generales extraordinarias para un mes después y entregará el poder al Presidente que resulte electo, tan luego como sea conocido el resultado de la elección.
6° El Presidente Provisional, antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión del uso que haya hecho de las facultades que le confiere el presente Plan.
7° El día 20 de noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera.
8° Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por la fuerza de las armas a respetar la voluntad popular, pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente observadas, llamándose especialmente la atención sobre las prohibiciones relativas a no usar balas explosivas ni fusilar a los prisioneros. También se llama la atención respecto al deber de todo mexicano de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses.
9° Las autoridades que opongan resistencia a la realización de este Plan serán reducidas a prisión para que se les juzgue por los tribunales de la República cuando la revolución haya terminado. Tan pronto como cada ciudad o pueblo recobre su libertad, se reconocerá como autoridad legítima provisional al principal jefe de las armas, con facultad de delegar sus funciones en algún otro ciudadano caracterizado, quien será confirmado en su cargo o removido por el Gobierno Provisional.
Una de las principales medidas del Gobierno Provisional será poner en libertad a todos los presos políticos.
10° El nombramiento de Gobernador Provisional de cada Estado que haya sido ocupado por las fuerzas de la revolución será hecho por el Presidente Provisional. Este Gobernador tendrá estricta obligación de convocar a elecciones para Gobernador Constitucional del Estado, tan pronto como sea posible, a juicio del Presidente Provisional. Se exceptúan de esta regla los Estados que de dos años a esta parte han sostenido campañas democráticas para cambiar de gobierno, pues en éstos se considerará como Gobernador provisional al que fue candidato del pueblo siempre que se adhiera activamente a este Plan.
En caso de que el Presidente Provisional no haya hecho el nombramiento de Gobernador, que este nombramiento no haya llegado a su destino o bien que el agraciado no aceptara por cualquiera circunstancia, entonces el Gobernador será designado por votación de todos los Jefes de las armas que operen en el territorio del Estado respectivo, a reserva de que su nombra¬ miento sea ratificado por el Presidente Provisional tan pronto como sea posible.
11° Las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en todas las oficinas públicas para los gastos ordinarios de la administración; para los gastos de la guerra, contratarán empréstitos voluntarios o forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos o instituciones nacionales. De estos empréstitos se llevará una cuenta escrupulosa y se otorgarán recibos en debida forma a las interesados a fin de que al triunfar la revolución se les restituya lo prestado.
Transitorio. A. Los jefes de las fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda al número de fuerzas a su mando. En caso de operar fuerzas voluntarias y militares unidas, tendrá el mando de ellas el mayor de graduación, pero en caso de que ambos jefes tengan el mismo grado, el mando será del jefe militar.
Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado mientras dure la guerra, y una vez terminada, esos nombramientos, a solicitud de los interesados, se revisarán por la Secretaría de Guerra, que los ratificará en su grado o los rechazará, según sus méritos.
B. Todos los jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a sus tropas la más estricta disciplina, pues ellos serán responsables ante el Gobierno Provisional de los desmanes que cometan las fuerzas a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener a sus soldados y haber impuesto a los culpables el castigo merecido.
Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna población o que maten a prisioneros indefensos.
C. Si las fuerzas y autoridades que sostienen al general Díaz fusilan a los prisioneros de guerra, no por eso y como represalias se hará lo mismo con los de ellos que caigan en poder nuestro; pero en cambio serán fusilados, dentro de las veinticuatro horas y después de un juicio sumario, las autoridades civiles y militares al servicio del general Díaz que una vez estallada la revolución hayan ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmitido la orden o fusilado a alguno de nuestros soldados.
De esa pena no se eximirán ni los más altos funcionarios, la única excepción será el general Díaz y sus ministros, a quienes en caso de ordenar dichos fusilamientos o permitirlos, se les aplicará la misma pena, pero después de haberlos juzgado por los tribunales de la República , cuando ya haya terminado la Revolución.
En caso de que el general Díaz disponga que sean respetadas las leyes de guerra, y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos, tendrá la vida salva; pero de todos modos deberá responder ante los tribunales de cómo ha manejado los caudales de la Nación y de cómo ha cumplido con la ley.
D. Como es requisito indispensable en las leyes de la guerra que las tropas beligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como sería difícil uniformar a las numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte en la contienda, se adoptará como distintivo de todas las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarios o militares, un listón tricolor; en el tocado o en el brazo.
CONCIUDADANOS:
Si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al Gobierno del general Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino para salvar a la Patria del porvenir sombrío que le espera continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefasta oligarquía científica, que sin escrúpulo y a gran prisa están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales, y si permitimos que continúe en el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra: habrá llevado al pueblo a la ignominia y lo habrá envilecido; le habrán chupado todas sus riquezas y dejado en la más absoluta miseria; habrán causado la bancarrota de nuestra Patria, que débil, empobrecida y maniatada se encontrará inerme para defender sus fronteras, su honor y sus instituciones.
Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia tranquila y nadie podrá acusarme de promover la revolución por miras personales, pues está en la conciencia nacional que hice todo lo posible para llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta a renunciar mi candidatura siempre que el general Díaz hubiese permitido a la Nación designar aunque fuese al Vicepresidente de la República ; pero, dominado por incomprensible orgullo y por inaudita soberbia, desoyó la voz de la Patria y prefirió precipitarla en una revolución antes de ceder un ápice, antes de devolver al pueblo un átomo de sus derechos, antes de cumplir, aunque fuese en las postrimerías de su vida, parte de las promesas que hizo en la Noria y Tuxtepec.
Él mismo justificó la presente revolución cuando dijo: "Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última revolución."
Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado más los intereses de la Patria que los sórdidos intereses de él y de sus consejeros, hubiera evitado esta revolución, haciendo algunas concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo... ¡tanto mejor!, el cambio será más rápido y más radical, pues el pueblo mexicano, en vez de lamentarse como un cobarde, aceptará como un valiente el reto, ya que el general Díaz pretende apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sacudirse ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad.
San Luis Potosí, octubre 5 de 1910
FRANCISCO I. MADERO

“Conciudadanos:- No vaciléis pues un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombre libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria”. —SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN—
San Luis Potosí, octubre 5 de 1910.
FRANCISCO I. MADERO

[6]
RENUNCIA A LA PRESIDENCIA
[25 de Marzo de 1911]

A los CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.
Presente.-
El Pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de Intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, es causa de su insurrección.
No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social; pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad.
En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional; y lo hago con tanta más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación, derrochando sus riquezas, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales.
Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional, un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo respeto.
México, Mayo 25 de 1911.
PORFIRIO DÍAZ

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