febrero 14, 2011

"Chaplinsky v. New Hampshire," 315 US 568 (1942) -Version en español y en ingles-

CHAPLINSKY
v.
NEW HAMPSHIRE
315 US 568 (1942)
APELACIÓN DE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE NEW HAMPSHIRE
N° 255
Corte Suprema de los Estados Unidos
[9 de Marzo de 1942]

Alegatos: 5 de febrero de 1942 --- Sentencia: 9 de marzo de 1942

El juez MURPHY redactó la decisión de la Corte.
El apelante, miembro de una secta conocida como Testigos de Jehová, fue condenado por el tribunal municipal de Rochester, New Hampshire, por violación del Capítulo 378, § 2, de las Leyes Públicas (Public Laws) de New Hampshire:
Ninguna persona podrá dirigirse a otra que se encuentre lícitamente en la vía pública u otro espacio público empleando términos ofensivos, despectivos o fastidiosos, ni tampoco podrá llamarla mediante un nombre ofensivo o despectivo, ni emitir en su presencia y donde puedan ser oídos por ella sonidos o exclamaciones cuyo objeto sea desmerecerla, ofenderla o fastidiarla, o impedir que lleve a cabo su actividad u ocupación lícita.
La demanda indicaba que el apelante,
de manera violenta, en un lugar público en la mencionada ciudad de Rochester, específicamente en la acera pública del lado este de Wakefield Street, en un sitio próximo a la entrada de la Municipalidad, repitió varias veces y en forma ilícita las siguientes palabras dirigidas al demandante: “Eres un maldito chantajista” y “un maldito fascista, y todos los miembros del gobierno de Rochester son fascistas o agentes de fascistas”, y que estas palabras y nombres son ofensivos, despectivos y fastidiosos.
En la instancia de apelación en el Tribunal Superior, se realizó un nuevo juicio del apelante ante un jurado. En esta instancia se determinó su culpabilidad, y la sentencia de condena fue confirmada por el Tribunal Supremo del Estado. 91 N.H. 310, 18 A.2d 754.
A través de diversas peticiones y excepciones, el apelante cuestionó la validez de la ley en virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en tanto imponía restricciones irrazonables a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de culto, y por el carácter vago e indefinido de su contenido. Estos argumentos fueron desestimados, y el caso llegó a esta instancia por la vía de apelación.
Los hechos del caso no son mayormente controvertidos. Un concurrido sábado por la tarde, Chaplinsky se encontraba distribuyendo una serie de textos sobre la secta a la que pertenece en la vía pública en la ciudad de Rochester. Varios ciudadanos locales se quejaron ante Bowering, el jefe de policía de esa ciudad, de que Chaplinsky se refería a todas las religiones como un “chantaje”. Bowering informó a estas personas que Chaplinsky no estaba infringiendo la ley, y advirtió a Chaplinsky que el público estaba cada vez más alborotado. Poco tiempo después, se produjeron disturbios y el oficial de tráfico que se encontraba trabajando en esta concurrida intersección trasladó a Chaplinsky hasta la estación de policía, sin advertirle que estaba siendo detenido o que iba a serlo. En el camino, se cruzaron con el jefe de policía Bowering, quien había recibido aviso de que se estaban produciendo disturbios y se dirigía apresuradamente al lugar. Bowering repitió la advertencia que había hecho previamente a Chaplinsky, quien profirió contra Bowering las expresiones indicadas en la demanda.
La versión que ofreció Chaplinsky de los hechos presentó algunas diferencias. Indicó en su testimonio que, al encontrarse con Bowering, le pidió que arrestara a los responsables de los disturbios. En respuesta, Bowering lo insultó y le dijo que no perdiera tiempo. El apelante admitió haber pronunciado las palabras consignadas en la demanda, pero negó haber invocado el nombre de Dios.
Pese a la objeción del apelante, el tribunal de primera instancia excluyó por irrelevante el testimonio vinculado con la misión del apelante de “predicar la verdad sobre la Biblia”, el trato que recibió del público y la supuesta negligencia de la policía. Esta medida fue aprobada por el tribunal inferior, el cual sostuvo que ni la provocación ni la veracidad de la afirmación expresada constituían una defensa frente a la acusación.
Resulta claro ahora que
La libertad de expresión y la libertad de prensa, protegidas por la Primera Enmienda frente a la intromisión del Congreso, se encuentran entre los derechos y las libertades fundamentales de las personas que están tutelados por la Decimocuarta Enmienda frente a la invasión de la acción del estado.
Lovell v. Griffin, 303 US 444, 450 [1]. La libertad de culto recibe una tutela similar. Cantwell v. Connecticut, 310 US 296, 303.
El apelante impugna la ley y sostiene que vulnera estas tres libertades —de expresión, prensa y culto—; no obstante, solo resulta procedente la impugnación relativa a la libertad de expresión. Son expresiones orales, y no escritas, las que están en juego. Y no podemos concebir que proferir insultos contra un funcionario público constituya un ejercicio de la religión en ninguno de los sentidos del término. Aun si las actividades del apelante previas al incidente pudieran considerarse en algún modo religiosas y, por lo tanto, ameritaran la protección de la Decimocuarta Enmienda, no le otorgarían inmunidad frente a las consecuencias jurídicas previstas para actos concomitantes que infrinjan una ley penal válida. Por lo tanto, analizaremos ahora la ley en cuestión.
Aun de acuerdo con una interpretación lo más amplia posible del lenguaje y la finalidad de la Decimocuarta Enmienda, es sabido que el derecho de libertad de expresión no es absoluto en todos los casos ni en todas las circunstancias [2]. Existen algunas clases de expresiones claramente definidas y acotadas cuya prevención y sanción nunca se pensó que supondría un problema constitucional [3]. Entre estas se incluyen las de carácter lujurioso y obsceno, las profanas, las difamatorias y los términos ofensivos o “beligerantes”: aquellos cuya sola utilización implica un agravio o tiende a incitar una inmediata perturbación del orden pacífico [4]. Se ha observado acertadamente que estas expresiones no constituyen un componente esencial de la exposición de ideas y que revisten un valor social tan insignificante para la búsqueda de la verdad que cualquier beneficio que pudieran aportar se ve ampliamente superado por el interés social en el orden y la moralidad [5].
El uso de epítetos insultantes o términos abusivos no constituye una comunicación de información u opiniones propiamente dicha que goce de la protección de la Constitución, y su penalización como delito no sería cuestionable en virtud de dicho instrumento.
Cantwell v. Connecticut, 310 US 296, 309-310.
La ley del estado impugnada en el presente ha sido interpretada en forma legítima por el más alto tribunal de New Hampshire. Presenta dos disposiciones: la primera se vincula con palabras o nombres utilizados para dirigirse a otras personas en un ámbito público, y la segunda se refiere a sonidos y exclamaciones. El tribunal señaló:
Las dos disposiciones son diferentes. Una puede aplicarse independientemente de la otra. Si asumiéramos, sin por ello determinar, que la segunda disposición es inconstitucional, esto no afectaría la constitucionalidad de la primera.
Aceptamos esta interpretación sobre la independencia de las disposiciones de la norma y limitamos nuestro análisis a la primera disposición de la ley [6].
Sobre la base de sus decisiones anteriores, el tribunal del estado declaró que la finalidad de la ley era preservar el orden público sin que se prohibieran términos en particular, “excepto aquellos que tiendan en forma directa a generar actos de violencia por parte de las personas a quienes se dirige individualmente la observación” [7]. Se señaló asimismo:
La palabra “ofensivo” no se define en función de lo que piense un destinatario en particular. . . La prueba a aplicar consiste en tener en cuenta aquellas palabras que, según una persona de inteligencia media, posiblemente provocarían una respuesta beligerante por parte del común de los destinatarios. . . Existen en el idioma inglés una serie de palabras y expresiones que, según la opinión general, constituyen “términos beligerantes” cuando se pronuncian sin ir acompañados de una sonrisa atenuante. . . [E]stas palabras, como lo saben todas las personas comunes, tienen la potencialidad de provocar conflictos. Lo mismo se aplica a las expresiones denigrantes, profanas u obscenas. Puede interpretarse que las palabras despectivas o fastidiosas se inscriben en el ámbito de la ley, según la interpretación ofrecida previamente, únicamente cuando presentan esta característica, es decir, cuando incitan claramente a la persona a la que están destinadas a romper el orden pacífico. . . La ley, tal como ha sido interpretada, no hace más que prohibir la expresión de palabras dirigidas en forma directa a un destinatario y que puedan incitar a este a provocar una perturbación del orden pacífico, las palabras cuyo pronunciamiento constituye una subversión del orden pacífico por quien las expresa —incluidos los “términos beligerantes clásicos”—, las palabras de uso vigente que sin ser tan “clásicas” son igualmente propensas a generar violencia, y otras palabras que tiendan a alterar el orden público, como los términos profanos, obscenos o las amenazas.
No podemos afirmar que el alcance limitado de la ley, tal como ha sido interpretada, infrinja el derecho constitucional a la libre expresión. Se trata de una ley formulada de manera estricta y que se limita a definir y sancionar una conducta específica que se encuadra dentro de la potestad del estado: el uso en ámbitos públicos de palabras que pueden provocar una perturbación del orden pacífico. Cf. Cantwell v. Connecticut, 310 US 296, 311; Thornhill v. Alabama, 310 US 88, 105. Esta conclusión requiere necesariamente desestimar el argumento del apelante según el cual la ley es tan vaga e indefinida que la aplicación de una condena en virtud de ella implicaría una violación del debido proceso. Una ley que prevé una sanción para actos de carácter verbal, formulada cuidadosamente de modo de no cercenar de manera indebida la libertad de expresión, no presenta un contenido excesivamente vago a efectos de la ley penal. Cf. Fox v. Washington 236 US 273, 277 [8].
Tampoco podemos afirmar que la aplicación de la ley a los hechos presentados en la causa vulnere de manera sustancial o irrazonable la prerrogativa de la libertad de expresión. No es necesario presentar argumentos para demostrar que las expresiones “maldito chantajista” y “maldito fascista” constituyen epítetos insultantes que posiblemente inciten al común de las personas a tomar represalias y generen de este modo una perturbación del orden pacífico.
La negativa del tribunal del estado a admitir pruebas de que existió provocación o sobre la veracidad o falsedad de las expresiones formuladas no puede ser objetada con argumentos constitucionales. La cuestión de si los hechos que se pretenden demostrar con estas pruebas constituyen una defensa frente a la acusación, o pueden invocarse a modo de mitigación, deberá ser dirimida por el tribunal del estado. Nuestra función se agota con la determinación de que la ley impugnada, en abstracto y en su aplicación a los hechos, no contraviene la Decimocuarta Enmienda.
Se confirma la sentencia.

[1] Ver también Bridges v. California, 314 US 252; Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 303; Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88, 95; Schneider v. State, 308 U.S. 147, 160; De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353, 364; Grosjean v. American Press Co., 297 U.S. 233, 243; Near v. Minnesota, 283 U.S. 697, 707; Stromberg v. California, 283 U.S. 359, 368; Whitney v. California, 274 U.S. 357, 362, 371, 373; Gitlow v. New York, 268 U.S. 652, 666.
En este caso, el apelante sustenta su argumento en la cláusula sobre debido proceso de la Decimocuarta Enmienda.
[2] Schenck v. United States, 249 US 47; Whitney v. California, 274 U.S. 357, 373 (Brandeis, J., concurring); Stromberg v. California, 283 U.S. 359; Near v. Minnesota, 283 U.S. 697; De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353; Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242; Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296.
[3] La protección de la Primera Enmienda, reflejada en la Decimocuarta Enmienda, no se limita a la idea de Blackstone según la cual la libertad de la prensa implica únicamente una libertad frente a la restricción previa de las publicaciones. Near v. Minnesota, 283 U.S. 697, 714-715.
[4] Chafee, Free Speech in the United States (1941), 149.
[5] Chafee, op. cit., 150.
[6] Dado que en la demanda se acusaba al apelante únicamente de haber violado la primera disposición de la ley, no se configura el problema planteado en Stromberg v. California, 283 U.S. 359.
[7] State v. Brown, 68 N.H. 200, 38 A. 731; State v. McConnell, 70 N.H. 294, 47 A. 267.
[8] No se presenta en este caso el problema de Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451. Aun si se desestima la interpretación asignada a la ley por el tribunal inferior, anteriormente ya se había interpretado que la finalidad de la ley era preservar el orden público mediante la sanción de conductas que tendieran de manera directa a provocar actos de violencia por las personas a quienes estaban dirigidas. State v. Brown, 68 N.H. 200, 38 A.731 (1894).
Fuente: Universidad de Palermo - Facultad de Derecho

[Version en ingles]
US Supreme Court
315 U.S. 568 (1942)
CHAPLINSKY
v.
STATE OF NEW HAMPSHIRE.
N° 255

Argued Feb. 5, 1942 - Decided March 9, 1942
Mr. Hayden C. Covington, of Brooklyn, N.Y., for appellant.
Mr. Frank R. Kenison, of Conway, N.H., for appellee. [315 U.S. 568, 569]
Mr. Justice MURPHY delivered the opinion of the Court.
Appellant, a member of the sect known as Jehovah's Witnesses, was convicted in the municipal court of Rochester, New Hampshire, for violation of Chapter 378, Section 2, of the Public Laws of New Hampshire: 'No person shall address any offensive, derisive or annoying word to any other person who is lawfully in any street or other public place, nor call him by any offensive or derisive name, nor make any noise or exclamation in his presence and hearing with intent to deride, offend or annoy him, or to prevent him from pursuing his lawful business or occupation.'
The complaint charged that appellant 'with force and arms, in a certain public place in said city of Rochester, to wit, on the public sidewalk on the easterly side of Wakefield Street, near unto the entrance of the City Hall, did unlawfully repeat, the words following, addressed to the complainant, that is to say, 'You are a God damned racketeer' and 'a damned Fascist and the whole government of Rochester are Fascists or agents of Fascists' the same being offensive, derisive and annoying words and names'. Upon appeal there was a trial de novo of appellant before a jury in the Superior Court. He was found guilty and the judgment of conviction was affirmed by the Supreme Court of the State. 91 N.H. 310, 18 A.2d 754.
By motions and exceptions, appellant raised the questions that the statute was invalid under the Fourteenth Amendment of the Constitution of the United States in that it placed an unreasonable restraint on freedom of speech, freedom of the press, and freedom of worship, and because it was vague and indefinite. These contentions were overruled and the case comes here on appeal.
There is no substantial dispute over the facts. Chaplinsky was distributing the literature of his sect on the streets [315 U.S. 568, 570] of Rochester on a busy Saturday afternoon. Members of the local citizenry complained to the City Marshal, Bowering, that Chaplinsky was denouncing all religion as a 'racket'. Bowering told them that Chaplinsky was lawfully engaged, and then warned Chaplinsky that the crowd was getting restless. Some time later a disturbance occurred and the traffic officer on duty at the busy intersection started with Chaplinsky for the police station, but did not inform him that he was under arrest or that he was going to be arrested. On the way they encountered Marshal Bowering who had been advised that a riot was under way and was therefore hurrying to the scene. Bowering repeated his earlier warning to Chaplinsky who then addressed to Bowering the words set forth in the complaint.
Chaplinsky's version of the affair was slightly different. He testified that when he met Bowering, he asked him to arrest the ones responsible for the disturbance. In reply Bowering cursed him and told him to come along. Appellant admitted that he said the words charged in the complaint with the exception of the name of the Deity.
Over appellant's objection the trial court excluded as immaterial testimony relating to appellant's mission 'to preach the true facts of the Bible', his treatment at the hands of the crowd, and the alleged neglect of duty on the part of the police. This action was approved by the court below which held that neither provocation nor the truth of the utterance would constitute a defense to the charge.
It is now clear that 'Freedom of speech and freedom of the press, which are protected by the First Amendment from infringement by Congress, are among the fundamental personal rights and liberties which are protected by the Fourteenth Amendment from invasion by state [315 U.S. 568, 571] action'. Lovell v. City of Griffin, 303 U.S. 444, 450 , 58 S.Ct. 666, 668.1 Freedom of worship is similarly sheltered. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 303 , 60 S.Ct. 900, 903, 128 A.L. R. 1352
Appellant assails the statute as a violation of all three freedoms, speech, press and worship, but only an attack on the basis of free speech is warranted. The spoken, not the written, word is involved. And we cannot conceive that cursing a public officer is the exercise of religion in any sense of the term. But even if the activities of the appellant which preceded the incident could be viewed as religious in character, and therefore entitled to the protection of the Fourteenth Amendment, they would not cloak him with immunity from the legal consequences for concomitant acts committed in violation of a valid criminal statute. We turn, therefore, to an examination of the statute itself.
Allowing the broadest scope to the language and purpose of the Fourteenth Amendment, it is well understood that the right of free speech is not absolute at all times and under all circumstances. 2 There are certain well-defined and narrowly limited classes of speech, the prevention [315 U.S. 568, 572] and punishment of which has never been thought to raise any Constitutional problem. 3 These include the lewd and obscene, the profane, the libelous, and the insulting or 'fighting' words-those which by their very utterance inflict injury or tend to incite an immediate breach of the peace. 4 It has been well observed that such utterances are no essential part of any exposition of ideas, and are of such slight social value as a step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighed by the social interest in order and morality. 5 'Resort to epithets or personal abuse is not in any proper sense communication of information or opinion safeguarded by the Constitution, and its punishment as a criminal act would raise no question under that instrument.' Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 309 , 310 S., 60 S.Ct. 900, 906, 128 A.L.R. 1352.
The state statute here challenged comes to us authoritatively construed by the highest court of New Hampshire. It has two provisions-the first relates to words or names addressed to another in a public place; the second refers to noises and exclamations. The court (91 N.H. 310, 18 A. 2d 757) said: 'The two provisions are distinct. One may stand separately from the other. Assuming, without holding, that the second were unconstitutional, the first could stand if constitutional.' We accept that construction of severability and limit our consideration to the first provision of the statute. 6 [315 U.S. 568, 573] On the authority of its earlier decisions, the state court declared that the statute's purpose was to preserve the public peace, no words being 'forbidden except such as have a direct tendency to cause acts of violence by the person to whom, individually, the remark is addressed'.7 It was further said: 'The word 'offensive' is not to be defined in terms of what a particular addressee thinks. ... The test is what men of common intelligence would understand would be words likely to cause an average addressee to fight. ... The English language has a number of words and expressions which by general consent and 'fighting words' when said without a disarming smile. ... Such words, as ordinary men know, are likely to cause a fight. So are threatening, profane or obscene revilings. Derisive and annoying words can be taken as coming within the purview of the statute as heretofore interpreted only when they have this characteristic of plainly tending to excite the addressee to a breach of the peace. ... The statute, as construed, does no more than prohibit the face-to-face words plainly likely to cause a breach of the peace by the addressee, words whose speaking constitute a breach of the peace by the speaker-including 'classical fighting words', words in current use less 'classical' but equally likely to cause violence, and other disorderly words, including profanity, obscenity and threats.'
We are unable to say that the limited scope of the statute as thus construed contravenes the constitutional right of free expression. It is a statute narrowly drawn and limited to define and punish specific conduct lying within the domain of state power, the use in a public place of words likely to cause a breach of the peace. Cf. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 311 , 60 S.Ct. 900, 906, 128 A.L.R. 1352; Thornhill v. Alabama, [315 U.S. 568, 574] 310 U.S. 88, 105 , 60 S.Ct. 736, 745. This conclusion necessarily disposes of appellant's contention that the statute is so vague and indefinite as to render a conviction thereunder a violation of due process. A statute punishing verbal acts, carefully drawn so as not unduly to impair liberty of expression, is not too vague for a criminal law. Cf. Fox v. Washington, 236 U.S. 273, 277 , 35 S.Ct. 383, 384.8
Nor can we say that the application of the statute to the facts disclosed by the record substantially or unreasonably impinges upon the privilege of free speech. Argument is unnecessary to demonstrate that the appellations 'damn racketeer' and 'damn Fascist' are epithets likely to provoke the average person to retaliation, and thereby cause a breach of the peace.
The refusal of the state court to admit evidence of provocation and evidence bearing on the truth or falsity of the utterances is open to no Constitutional objection. Whether the facts sought to be proved by such evidence constitute a defense to the charge or may be shown in mitigation are questions for the state court to determine. Our function is fulfilled by a determination that the challenged statute, on its face and as applied, does not contravene the Fourteenth Amendment.
Affirmed.

Footnotes
[ Footnote 1 ] See also Bridges v. California, 314 U.S. 252 , 62 S.Ct. 190, 86 L.Ed . --, decided December 8, 1941; Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 303 , 60 S.Ct. 900, 903, 128 A.L.R. 1352; Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88, 95 , 60 S.Ct. 736, 740; Schneider v. State of New Jersey, 308 U.S. 147, 160 , 60 S.Ct. 146, 150; De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353, 364 , 57 S.Ct. 255, 259; Grosjean v. American Press Co., 297 U.S. 233, 243 , 56 S.Ct. 444, 446; Near v. Minnesota, 283 U.S. 697, 707 , 51 S.Ct. 625, 627; Stromberg v. California, 283 U.S. 359, 368 , 51 S.Ct. 532, 535, 73 A.L.R. 1484; Whitney v. California, 274 U.S. 357, 362 , 371 S., 373, 47 S.Ct. 641, 643, 646, 647; Gitlow v. New York, 268 U.S. 652, 666 , 45 S.Ct. 625, 629.
Appellant here pitches his argument on the due process clause of the Fourteenth Amendment.
[ Footnote 2 ] Schenck v. United States, 249 U.S. 47 , 39 S.Ct. 247; Whitney v. California, 274 U.S. 357, 373 , 47 S.Ct. 641, 647 ( Brandeis, J., concurring); Stromberg v. California, 283 U.S. 359 , 51 S.Ct. 532, 73 A.L.R. 1484; Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 , 51 S. Ct. 625; De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 , 57 S.Ct. 255; Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242 , 57 S.Ct. 732; Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 , 60 S.Ct. 900, 128 A. L.R. 1352.
[ Footnote 3 ] The protection of the First Amendment, mirrored in the Fourteenth, is not limited to the Blackstonian idea that freedom of the press means only freedom from restraint prior to publication. Near v. Minnesota, 283 U.S. 697, 714 , 715 S., 51 S.Ct. 625, 630.
[ Footnote 4 ] Chafee, Free Speech in the United States (1941), 149.
[ Footnote 5 ] Chafee, op. cit., 150.
[ Footnote 6 ] Since the complaint charged appellant only with violating the first provision of the statute, the problem of Stromberg v. California, 283 U.S. 359 , 51 S.Ct. 532, 73 A.L.R. 1484, is not present.
[ Footnote 7 ] State v. Brown, 68 N.H. 200, 38 A. 731; State v. McConnell, 70 N.H. 294, 47 A. 267.
[ Footnote 8 ] We do not have here the problem of Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451 , 59 S.Ct. 618. Even if the interpretative gloss placed on the statute by the court below be disregarded, the statute had been previously construed as intended to preserve the public peace by punishing conduct, the direct tendency of which was to provoke the person against whom it was directed to acts of violence. State v. Brown, 1894, 68 N.H. 200, 38 A. 731.
Appellant need not therefore have been a prophet to understand what the statute condemned. Cf. Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242 , 57 S.Ct. 732. See Nash v. United States, 229 U.S. 373, 377, 33 S.Ct. 780, 781.

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