febrero 14, 2011

“Miller v. California,” 413 US 15 (1973) -Version en español y en ingles-

MILLER
v.
CALIFORNIA
413 US 15 (1973)
APELACIÓN DE LA DECISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CALIFORNIA, CONDADO DE ORANGE
N° 70-73
Corte Suprema de los Estados Unidos
[21 de Junio de 1973]

Alegatos: 18 y 19 de enero de 1972 - Nuevos alegatos: 7 de noviembre de 1972
Sentencia: 21 de junio de 1973
El apelante fue condenado por haber enviado por correo material de contenido sexual explícito a destinatarios involuntarios en violación de una ley de California que incorporaba la prueba de obscenidad formulada en Memoirs v. Massachusetts, 383 US 413, 418 (mayoría relativa). El juez de primera instancia ordenó al jurado que evaluara los materiales en función de estándares comunitarios vigentes en California. El tribunal de apelación confirmó la condena impuesta al apelante. En lugar de los criterios sobre obscenidad establecidos en la mayoría relativa de Memoirs, se resuelve:

1. El material obsceno no se encuentra protegido por la Primera Enmienda. Se confirma la decisión de Roth v. United States, 354 US 476. Una obra podrá ser objeto de regulación por el estado si dicha obra, considerada en su totalidad, atrae un interés lascivo en el sexo; representa, de un modo manifiestamente ofensivo, una conducta sexual definida expresamente por la ley del estado aplicable; y, en general, carece de un valor literario, artístico, político o científico serio. Pp. 23-24.
2. Las pautas básicas para el órgano juzgador deben ser: (a) si “una persona común, al aplicar los estándares comunitarios vigentes” concluiría que la obra, considerada en su totalidad, atrae a un interés lascivo, Roth, supra, en 489, (b) si la obra representa o describe, de un modo manifiestamente ofensivo, una conducta sexual definida expresamente por la ley del estado aplicable; y (c) si la obra, en general, carece de un valor literario, artístico, político o científico serio”. Si una ley de un estado sobre obscenidad se limita de este modo, los valores de la Primera Enmienda estarán debidamente protegidos por la instancia última de revisión independiente de los aspectos constitucionales por los tribunales de apelación, cuando sea necesario. Pp. 24-25.
3. Se rechaza la prueba que consiste en determinar si un material es “carente de todo valor social atenuante” consagrada en Memoirs, supra, como estándar constitucional. Pp. 24-25.
4. El jurado podrá evaluar cuestiones de hecho como el interés lascivo y el carácter manifiestamente ofensivo mediante la aplicación del estándar que prevalezca en la comunidad del foro, sin recurrir a un “estándar nacional”. Pp. 30-34.
Se revoca la sentencia y se devuelven las actuaciones al tribunal de origen.
El juez BURGER, C. redactó la decisión de la Corte, a la que adhirieron los jueces WHITE, BLACKMUN, POWELL y REHNQUIST. El juez DOUGLAS emitió un voto en disidencia, post, p. 37. El juez BRENNAN emitió un voto en disidencia, al que adhirieron los jueces STEWART y MARSHALL, post, p. 47.
Burton Marks fue el letrado patrocinante de la parte apelante y presentó el escrito de apelación.
Michael R. Capizzi actuó como letrado patrocinante de la parte apelada. Contó con la colaboración de Cecil Hicks. *

El JUEZ BURGER, en carácter de Presidente, redactó la decisión de la Corte.
El presente caso se encuadra en la categoría de causas sobre “obscenidad-pornografía” que fueron analizadas por la Corte en una revisión de los estándares enunciados en casos anteriores que entrañaban aquello que el Juez Harlan denominó “el intrincado problema de la obscenidad”. Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 US 676, 704 (1968) (voto concurrente y en disidencia).
El apelante llevó a cabo una campaña postal masiva para promocionar la venta de libros con imágenes a los que se llama, a modo de eufemismo, material “para adultos”. En un juicio por jurado, fue condenado por la violación de la sección 311.2 (a) del Código Penal de California sobre contravenciones por haber distribuido deliberadamente material obsceno [1], y el Departamento de Apelaciones del Tribunal de Primera Instancia de California [Appellate Department, Superior Court of California], Condado de Orange, confirmó posteriormente la sentencia en forma sumaria y sin expresar votos particulares. La condena del apelante se fundamentó específicamente en su conducta, que consistió en enviar por correo cinco folletos publicitarios no solicitados, en un sobre dirigido a un restaurante de Newport Beach, California. El sobre fue abierto por el gerente del restaurante, en compañía de su madre. Dado que no habían solicitado los folletos, denunciaron el hecho a la policía.
Los folletos promocionaban cuatro libros, denominados “Contacto sexual” [Intercourse], “Hombre-Mujer” [Man-Woman], “Imágenes de orgías sexuales” [Sex Orgies Illustrated] e “Historia de la pornografía a través de imágenes” [An Illustrated History of Pornography], así como una película llamada “Sexo conyugal” [Marital Intercourse]. Si bien los folletos incluían en parte contenido descriptivo, consistían mayormente en fotografías y dibujos extremadamente explícitos donde se mostraba a hombres y mujeres en grupos de dos o más personas que participaban en diversas actividades sexuales y exhibían sus genitales en forma manifiesta.
I
Este caso entraña la aplicación de una ley penal del estado sobre obscenidad a una situación en la cual, mediante una táctica de venta intensiva, se envió material de contenido sexual explícito a destinatarios involuntarios que no habían expresado en modo alguno interés en recibirlo. Esta Corte ha reconocido que los estados tienen un interés legítimo en prohibir la difusión o exhibición de material obsceno [2] cuando el modo de difusión suponga un peligro significativo de que se ofenda la sensibilidad de destinatarios involuntarios o se exponga a jóvenes. Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557, 567 (1969); Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 637 -643 (1968); Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, supra, en 690; Redrup v. New York, 386 U.S. 767, 769 (1967); Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 195 (1964). Ver Rabe v. Washington, 405 U.S. 313, 317 (1972) (juez BURGER, C. voto concurrente); United States v. Reidel, 402 U.S. 351, 360 -362 (1971) (voto del juez MARSHALL); Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U.S. 495, 502 (1952); Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622, 644 -645 (1951); Kovacs v. Cooper, 336 U.S. 77, 88 -89 (1949); Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158, 169 -170 (1944). Cf. Butler v. Michigan, 352 U.S. 380, 382 -383 (1957); Public Utilities Comm’n v. Pollak, 343 U.S. 451, 464 -465 (1952). Es en este contexto que se nos convoca a efectos de definir los estándares que deben ser usados para identificar el material obsceno que puede ser reglamentado por un estado sin violar la Primera Enmienda, que resulta aplicable a los estados en virtud de la Decimocuarta Enmienda.
EL voto disidente del JUEZ BRENNAN analiza los antecedentes del problema de la obscenidad. Sin embargo, como la Corte emprende ahora la tarea de formular estándares más concretos que los del pasado, resulta útil centrarnos en dos de los casos más paradigmáticos entre los tortuosos antecedentes jurisprudenciales sobre obscenidad de esta Corte. En Roth v. United States, 354 U.S. 476 (1957), la Corte confirmó una condena impuesta en virtud de una ley federal que sancionaba la distribución por correo de “material obsceno, lujurioso, lascivo o soez...”. La clave de esta decisión fue que la Corte desestimó el argumento de que el material de naturaleza obscena estuviera protegido por la Primera Enmienda. La opinión, que contó con la adhesión de cinco de los Jueces, estableció:
“Todas las ideas, aún cuando revistan una mínima importancia social atenuante —ideas poco ortodoxas, controvertidas o incluso totalmente inadmisibles para la opinión reinante—, gozan de la plena protección de las garantías [contenidas en la Primera Enmienda], a menos que pudieran ser excluidas de dicha protección en razón de que cercenan un espectro limitado de intereses más importantes. Sin embargo, se encuentra implícito en la historia de la Primera Enmienda un rechazo absoluto de la obscenidad como carente de toda importancia social atenuante... Esta es la misma opinión expresada por esta Corte en Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 571-572:
‘... Existen algunas clases de expresiones claramente definidas y acotadas cuya prevención y sanción nunca se pensó que supondría un problema constitucional. Entre estas se incluyen las de carácter lujurioso y obsceno... Se ha observado acertadamente que estas expresiones no constituyen un componente esencial de la exposición de ideas y que revisten un valor social tan insignificante para la búsqueda de la verdad que cualquier beneficio que pudieran aportar se ve ampliamente superado por el interés social en el orden y la moralidad... .’. [Énfasis de la Corte en la opinión de Roth].
Entendemos que la obscenidad no se encuadra en las garantías constitucionales a la expresión o la prensa”. 354 U.S., en 484-485 (se omitieron las notas al pie).
Nueve años después, en Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413 (1966), la Corte se apartó radicalmente del concepto adoptado en Roth y, con una mayoría relativa de tan solo tres jueces, definió una nueva prueba de obscenidad. La mayoría relativa sostuvo que en la definición de Roth
como se desarrolló en casos posteriores, deben combinarse tres elementos: debe establecerse que (a) el tema preponderante del material, considerado en su totalidad, atrae un interés lascivo en el sexo; (b) el material resulta a todas luces ofensivo, por estar reñido con estándares comunitarios vigentes sobre la descripción y representación de cuestiones sexuales; y (c) el material es carente de todo valor social atenuante”. Íd., en 418.
El marcado apartamiento respecto de Roth, representado por el tercer elemento de la prueba de Memoirs y destacado en el voto disidente del JUEZ WHITE, íd., en 460-462, resultó aún más evidente cuando la mayoría relativa de Memoirs afirmó:
El Tribunal de Apelación [Supreme Judicial Court] determinó equívocamente que no es necesario que un libro sea “totalmente carente de valor para ser considerado obsceno”. No se puede prohibir un libro a menos que se determine que resulta carente de todo valor social atenuante”. Íd., at 419 (énfasis en el original).
Si bien Roth supuso que la “obscenidad” significaba “carente de toda importancia social atenuante”, Memoirs determinó que para probar la obscenidad debía demostrarse expresamente que el material era “carente de todo valor social atenuante”. Por consiguiente, si bien se repitió el lenguaje de Roth, la mayoría relativa de Memoirs elaboró una prueba profundamente distinta que exigía a la parte actora probar algo negativo, es decir, que el material era “carente de todo valor social atenuante”, lo cual constituye una carga prácticamente imposible de demostrar de conformidad con nuestros estándares penales sobre prueba. Estas consideraciones consiguieron que el juez Harlan dudara si la prueba que exigía que el material fuera “carente de todo valor social atenuante” tenía de hecho algún sentido. Ver Memoirs v. Massachusetts, íd., en 459 (juez Harlan, voto disidente). Ver también, en 461 (juez WHITE, voto disidente); United States v. Groner, 479 F.2d 577, 579-581 (CA5 1973).
Además de la formulación inicial en el caso Roth, la Corte no ha podido acordar en ningún momento, bajo ningún tipo de mayoría, un estándar que permita determinar qué constituye material obsceno y pornográfico sujeto a la reglamentación del poder de policía de los estados. Ver, p. ej., Redrup v. New York, 386 US, en 770 -771. Hemos observado “opiniones disímiles entre los miembros de la Corte como nunca antes en ninguna decisión constitucional”, Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 US, at 704 -705 (juez Harlan, voto concurrente y en disidencia) (se omitió la nota al pie) [3]. Esto no es llamativo, ya que en el terreno de la libertad de prensa y de expresión, los tribunales deben estar atentos a cualquier cercenamiento de expresiones literarias, artísticas, políticas o científicas serias y genuinas. En este ámbito, hay pocas verdades eternas.
El caso que analizamos actualmente se resolvió según la teoría de que la sección 311 del Código Penal de California incorpora la prueba de tres etapas de Memoirs, mencionada precedentemente. Sin embargo, la prueba de Memoirs ha sido abandonada en forma definitiva por su propio autor [4], quien la consideró impracticable, y ningún miembro de la Corte adhiere actualmente a la fórmula de Memoirs.
II
La Corte ha determinado en forma categórica que el material de contenido obsceno no goza de la protección de la Primera Enmienda. Kois v. Wisconsin, 408 US 229 (1972); United States v. Reidel, 402 US, en 354; Roth v. United States, supra, en 485 [5]. “La Primera y la Decimocuarta Enmiendas nunca fueron consideradas en términos definitivos [se omitió la nota al pie]”. Breard v. Alexandria, 341 US, at 642, y los casos citados en este. Ver Times Film Corp. v. Chicago, 365 US 43, 47 -50 (1961); Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 US, en 502. No obstante, reconocemos los riesgos que supone intentar reglamentar cualquier tipo de expresión. Las leyes estatales destinadas a regular el material obsceno deben ser limitadas cuidadosamente. Ver Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, supra, en 682-685. Es así que actualmente limitamos el alcance permisible de esta reglamentación a obras que representen o describan conductas sexuales. La conducta debe estar expresamente definida por la ley del estado aplicable, ya sea en la letra de la ley o a través de su legítima interpretación [6]. El delito tipificado por el estado debe además limitarse a obras que, consideradas en su totalidad, atraigan un interés lascivo en el sexo, representen la conducta sexual de un modo manifiestamente ofensivo y que, en general, carezcan de un valor literario, artístico, político o científico serio.
Las pautas básicas para el órgano juzgador deben ser: (a) si “una persona común, al aplicar los estándares comunitarios vigentes” concluiría que la obra, considerada en su totalidad, atrae un interés lascivo, Kois v. Wisconsin, supra, en 230, donde se cita a Roth v. United States, supra, en 489; (b) si la obra representa o describe, de un modo manifiestamente ofensivo, una conducta sexual definida expresamente por la ley del estado aplicable; y (c) si la obra, en general, carece de un valor literario, artístico, político o científico serio. No adoptamos como estándar constitucional la prueba que consiste en determinar si un material es “carente de todo valor social atenuante” consagrada en Memoirs v. Massachusetts, 383 US, en 419; dicho concepto nunca obtuvo la adhesión de más de tres jueces simultáneamente [7]. Ver supra, en 21. Si una ley de un estado que reglamenta el material obsceno se limita de este modo, ya sea en su letra o en su interpretación, los valores de la Primera Enmienda aplicables a los estados a través de la Decimocuarta Enmienda estarán debidamente protegidos por la facultad última de los tribunales de apelación de llevar a cabo un examen independiente de los aspectos constitucionales, cuando sea necesario. Ver Kois v. Wisconsin, supra, en 232; Memoirs v. Massachusetts, supra, en 459-460 (juez Harlan, voto disidente); Jacobellis v. Ohio, 378 US, at 204 (juez Harlan, voto disidente); New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254, 284 -285 (1964); Roth v. United States, supra, en 497-498 (juez Harlan, voto concurrente y en disidencia).
Destacamos que no es nuestra función proponer esquemas reglamentarios a los estados. Estos deben surgir de sus propias iniciativas legislativas concretas. No obstante, es posible presentar algunos ejemplos claros de cuál podría ser el objeto de la reglamentación de una ley estatal conforme al inciso (b) del estándar señalado en esta opinión, supra:
(a) Representaciones o descripciones manifiestamente ofensivas de actos sexuales extremos, ya sea normales o con perversión, reales o simulados.
(b) Representaciones o descripciones manifiestamente ofensivas de masturbación, funciones excretoras y exhibición lujuriosa de los genitales.
El sexo y la desnudez no podrán ser utilizados de manera irrestricta en películas o fotografías que se exhiban o vendan en lugares públicos, así como tampoco se podrá exhibir o vender el sexo ni la desnudez en directo en forma irrestricta en estos lugares públicos [8]. Una representación o descripción lasciva y manifiestamente ofensiva de una conducta sexual debe ostentar, como mínimo, un valor literario, artístico, político o científico serio para recibir la protección de la Primera Enmienda. Ver Kois v. Wisconsin, supra, en 230-232; Roth v. United States, supra, en 487; Thornhill v. Alabama, 310 US 88, 101 -102 (1940). Por ejemplo, los libros médicos para la educación de profesionales de la medicina y el personal relacionado contienen obligatoriamente ilustraciones y descripciones gráficas de la anatomía humana. Al responder a cuestiones de hecho y de derecho necesariamente sensibles, debemos seguir recurriendo al sistema de jurados, acompañado por las garantías ofrecidas por los jueces, las normas sobre prueba, la presunción de inocencia y otras medidas de protección, al igual que en casos de violación, homicidio y un amplio espectro de delitos contra la sociedad y sus miembros individuales [9].
El JUEZ BRENNAN, quien suscribió la opinión de la Corte, o de la mayoría relativa, en Roth v. United States, supra; Jacobellis v. Ohio, supra; Ginzburg v. United States, 383 US 463 (1966), Mishkin v. New York, 383 US 502 (1966); y Memoirs v. Massachusetts, supra, ha abandonado su postura anterior y considera en la actualidad que ninguna formulación de la presente Corte, el Congreso ni los estados puede distinguir adecuadamente el material obsceno, que no está amparado por la Primera Enmienda, de las expresiones protegidas, Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, p. 73 (juez BRENNAN, voto disidente). Paradójicamente, el JUEZ BRENNAN señala que la prohibición de material obsceno no protegido resulta admisible cuando el fin es evitar su exposición a adultos que no han aceptado recibirlo, como sucedió en este caso, al igual que a jóvenes. Sin embargo, no ofrece criterios sobre cómo establecer la distinción entre material protegido y no protegido en estos supuestos con mayor precisión que para la regulación de la exhibición comercial a adultos que han prestado su consentimiento. Tampoco indica de qué norma de la Constitución, en su opinión, se desprende la facultad de distinguir entre un “adulto” interesado que ha superado en un mes la mayoría de edad y un “joven” interesado un mes menor.
Según los fallos que hemos mencionado, ninguna persona será juzgada por la venta o exhibición de materiales obscenos, a menos que representen o describan conductas sexuales de “alto contenido explícito” definidas expresamente, ya sea en el texto o la interpretación de la norma estatal reglamentaria. Estamos persuadidos de que estos requisitos previos específicos constituirán un aviso suficiente para quienes comercian con estos materiales de que sus actividades públicas y comerciales pueden dar lugar a acciones legales. Ver Roth v. United States, supra, en 491-492. Cf. Ginsberg v. New York, 390 US, en 643 [10]. Si la imposibilidad de definir el material objeto de regulación con precisión absoluta y casi divina impidiera que los estados o el Congreso aplicaran sus facultades regulatorias, entonces se podría exhibir pornografía de “alto contenido explícito” en forma irrestricta y por igual a jóvenes, desprevenidos y adultos interesados, como afirma el JUEZ DOUGLAS. En cuanto a la postura del JUEZ DOUGLAS, ver United States v. Thirty-seven Photographs, 402 US 363, 379 -380 (1971) (juez Black, al que se sumó el voto del juez DOUGLAS, en disidencia); Ginzburg v. United States, supra, en 476, 491-492 (juez Black, y juez DOUGLAS, voto disidente); Jacobellis v. Ohio, supra, en 196 (juez Black, al que se sumó el voto concurrente del juez DOUGLAS); Roth, supra, en 508-514 (juez DOUGLAS, voto disidente). Sin embargo, el JUEZ DOUGLAS es el único en adherir actualmente a esta postura.
El JUEZ BRENNAN también apela enfáticamente a la “tensión institucional” como justificación del cambio en su opinión. Señala que “[l]a cantidad de causas sobre obscenidad habla a las claras de la carga que esto ha supuesto para la Corte”, y sostiene acertadamente que el examen de los materiales objetados “difícilmente pueda resultar constructivo para los miembros de esta Cortel”. Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, en 92, 93. También señala, y en esto estamos de acuerdo, que “la incertidumbre sobre los estándares supone una fuente constante de tensión entre los tribunales de los estados y los tribunales federales...”. “El problema es... que uno no puede saber con certeza si un material es obsceno hasta que al menos cinco miembros de esta Corte, después de aplicar estándares inevitablemente oscuros, se hayan pronunciado al respecto”. Íd., en 93, 92.
Es cierto que la ausencia, desde el caso Roth, de una única opinión mayoritaria entre los miembros de esta Corte sobre los estándares adecuados para evaluar la obscenidad ha generado tensión tanto en los tribunales estatales como federales. No obstante, actualmente, y por primera vez desde que se decidió Roth en 1957, una mayoría de esta Corte ha acordado pautas concretas para excluir a la pornografía de “alto contenido explícito” de las expresiones protegidas por la Primera Enmienda. Ahora podemos abandonar la práctica informal de Redrup v. New York, 386 US 767 (1967) e intentar ofrecer pautas expresas tanto a tribunales federales como estatales.
Seguramente no será una tarea fácil ni sin obstáculos. Sin embargo, no debemos admitir que la “fatiga” nos lleve a adoptar una lógica “institucional” conveniente, es decir, una perspectiva absolutista, de tipo “todo vale”, de la Primera Enmienda, solo porque aligerará nuestra pesada carga [11]. “Tal renuncia al control judicial en este ámbito sería incompatible con nuestro deber de hacer cumplir las garantías constitucionales”. Jacobellis v. Ohio, supra, en 187-188 (opinión del juez BRENNAN). Tampoco debemos solucionar la “tensión entre los tribunales estatales y federales” privando arbitrariamente a los estados de una facultad reservada a ellos por la Constitución y que han gozado y ejercido en forma continua desde antes de la adopción de la Primera Enmienda hasta la actualidad. Ver Roth v. United States, supra, en 482-485. “Nuestro deber no admite ‘sustituto para enfrentar los difíciles problemas individuales de juicio constitucional que plantea cada caso de obscenidad’. [Roth v. United States, supra, en 498]; ver Manual Enterprises, Inc. v. Day, 370 US 478, 488 (opinión del juez Harlan) [se omitió la nota al pie]”. Jacobellis v. Ohio, supra, en 188 (opinión del juez BRENNAN).
III
En una Constitución Nacional, las principales restricciones de la Primera Enmienda a los poderes de los estados son las mismas en todas las comunidades, pero esto no significa que existan, ni deban o puedan existir, estándares nacionales fijos y uniformes acerca de qué atrae un “interés lascivo” o resulta “manifiestamente ofensivo”. Se trata esencialmente de cuestiones de hecho, y nuestra Nación es demasiado grande y diversa como para que esta Corte espere razonablemente que se puedan articular estos estándares para los 50 estados en una única formulación, aún si damos por sentado que existe un consenso previo. Cuando los órganos juzgadores deben decidir si “una persona común, al aplicar los estándares comunitarios vigentes” consideraría que ciertos materiales son “lascivos”, sería poco realista esperar que la respuesta se base en una formulación abstracta. El sistema acusatorio, en el cual un jurado integrado por legos constituye el último órgano juzgador en los procesos penales, ha permitido que los juzgadores apelen a los estándares de su comunidad, ateniéndose siempre a instrucciones restrictivas sobre el derecho. Exigir que un estado organice los procedimientos de obscenidad en función de un “estándar comunitario” de alcance nacional resultaría un ejercicio inútil.
Como se señaló precedentemente, este caso fue juzgado sobre la base de la teoría de que la ley de California sobre obscenidad buscaba incorporar la prueba tripartita de Memoirs. Al momento del juicio, se consideraba acertadamente que este estándar “nacional” de protección de la Primera Enmienda, especificado por una mayoría relativa de esta Corte, restringía la acción estatal de conformidad con la jurisprudencia aplicable. No obstante, el jurado recibió instrucciones expresas de que, al determinar si “el tema preponderante del material, considerado en su totalidad... atrae un interés lascivo” y al determinar si el material “excede ampliamente los límites tradicionales de pudor y atenta contra los estándares comunitarios vigentes sobre decencia”, debía aplicar los “estándares comunitarios vigentes en el estado de California”.
Durante el juicio, tanto la parte actora como la defensa dieron por sentado que los “estándares comunitarios” relevantes para la determinación fáctica de la obscenidad eran los del estado de California, y no un estándar hipotético aplicable en todo Estados Unidos de América. Los abogados de la parte demandada nunca objetaron el testimonio del perito del estado sobre los estándares comunitarios [12] ni las instrucciones del juez de primera instancia sobre estándares “vigentes en todo el estado”. En su apelación al Departamento de Apelaciones del Tribunal de Primera Instancia de California [Superior Court of California], Condado de Orange, la parte apelante sostuvo por primera vez que la aplicación de estándares estatales, en vez de nacionales, transgredía la Primera y la Decimocuarta Enmiendas.
Concluimos que ni la presunta omisión del estado, que no ofreció pruebas de “estándares nacionales”, ni la instrucción del tribunal de primera instancia para que el jurado tuviera en cuenta estándares comunitarios, entrañaron errores constitucionales. La Primera Enmienda no exige a los jurados tener en cuenta “estándares nacionales” hipotéticos e indeterminables al intentar decidir si un material es en efecto obsceno. El Juez Warren, Presidente de la Corte, comentó pertinentemente en su voto en disidencia en Jacobellis v. Ohio, supra, en 200:
Considero que, cuando la Corte determinó en Roth que la obscenidad se definiría mediante la aplicación de “estándares comunitarios”, se refirió a estándares de la comunidad, y no a un estándar nacional, como se sostiene ocasionalmente. Creo que no existe un “estándar nacional” verificable... En todo caso, esta Corte no ha podido formularlo, y no sería razonable esperar que los tribunales locales puedan adivinarlo”.
Tampoco sería realista ni constitucionalmente aceptable interpretar que la Primera Enmienda exija a la población de Maine o Misisipi que acepte representaciones públicas de conductas que resultan tolerables en Las Vegas o en la Ciudad de Nueva York [13]. Ver Hoyt v. Minnesota, 399 US 524 -525 (1970) (juez BLACKMUN, voto disidente); Walker v. Ohio, 398 U.S. 434 (1970) (juez BURGER, C., voto disidente); íd., en 434-435 (juez Harlan, voto disidente); Cain v. Kentucky, 397 US 319 (1970) (juez BURGER, C., voto disidente); íd., en 319-320 (juez Harlan, voto disidente); United States v. Groner, 479 F.2d, en 581-583; O’Meara & Shaffer, Obscenity in The Supreme Court: A Note on Jacobellis v. Ohio, 40 Notre Dame Law. 1, 6-7 (1964). Ver también Memoirs v. Massachusetts, 383 US, en 458 (juez Harlan, voto disidente); Jacobellis v. Ohio, supra, en 203-204 (juez Harlan, voto disidente); Roth v. United States, supra, en 505-506 (juez Harlan, voto concurrente y en disidencia). Las personas de los distintos estados tienen diferentes gustos y actitudes, y esta diversidad no debe ser anulada por el absolutismo que entraña una uniformidad impuesta. Como señaló la Corte en Mishkin v. New York, 383 US, en 508 -509, la principal cuestión al exigir a un jurado que emplee el estándar de “una persona común, al aplicar los estándares comunitarios vigentes” es asegurarse de que, en tanto el material no esté dirigido a un grupo anómalo, será juzgado en función del impacto que tendría sobre una persona común y no sobre una persona especialmente susceptible o sensible, así como tampoco sobre una persona absolutamente insensible. Ver Roth v. United States, supra, en 489. Cf. la prueba actualmente desacreditada de Regina v. Hicklin, 1868. L. R. 3 Q. B. 360. Entendemos que el requisito según el cual el jurado debe evaluar el material teniendo en cuenta “estándares vigentes del estado de California” cumple este fin de protección y resulta constitucionalmente adecuado [14].
IV
Los Jueces disidentes han hecho sonar la alarma de la represión. Sin embargo, en nuestra opinión, equiparar el intercambio libre y activo de ideas y debate político con la explotación comercial de material obsceno desmerece el grandioso concepto de la Primera Enmienda y sus nobles propósitos en la lucha histórica por la libertad. Se trata de un “uso indebido de las invalorables garantías de libertad de expresión y de prensa...”. Breard v. Alexandria, 341 US, en 645. La Primera Enmienda protege aquellas obras que, consideradas en su totalidad, ostentan un valor literario, artístico, político o científico serio, independientemente de si el gobierno o la mayoría de las personas aprueban las ideas que representan estas obras. “El objetivo de la protección otorgada a la expresión y la prensa fue garantizar un intercambio irrestricto de ideas que propiciara los cambios políticos y sociales ansiados por la población”, Roth v. United States, supra, en 484 (énfasis agregado). Ver Kois v. Wisconsin, 408 U.S., en 230 -232; Thornhill v. Alabama, 310 US, en 101 -102. Sin embargo, la representación pública de conductas sexuales explícitas con ningún otro fin que la exhibición, y con fines de lucro, es una cuestión diferente [15].
No hay pruebas empíricas ni históricas de que la rigurosa censura aplicada en el siglo XIX en los Estados Unidos a la distribución y exhibición pública de material de contenido sexual, ver Roth v. United States, supra, en 482-485, haya limitado o afectado en modo alguno la expresión de ideas literarias, artísticas, políticas o científicas serias. Por el contrario, no hay dudas de que la era entre Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt constituyó un “período de extraordinaria actividad”, no solo en términos económicos y políticos, sino además en la literatura y “en ámbitos periféricos como la filosofía social y política” [16]. No observamos que la reglamentación de la explotación comercial del interés humano en el sexo en cada uno de los estados esconda el estricto peso de la censura de ideas —buenas o malas, sensatas o insensatas— ni la “represión” de la libertad política.
El JUEZ BRENNAN concluye que “es difícil imaginar cómo el estado podría aplicar alguna disciplina a nuestros pensamientos”. Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, en 110 (juez BRENNAN, voto disidente). Estos tristes pronósticos presuponen que los tribunales no pueden distinguir la comercialización de ideas, protegida por la Primera Enmienda, de la explotación comercial de material de contenido obsceno. Asimismo, la reglamentación estatal de la pornografía de alto contenido explícito que prohíbe su distribución a menores, y que según el JUEZ BRENNAN sería constitucionalmente admisible, presenta todos los elementos de la “censura” cuando se trata de adultos; efectivamente, esta dicotomía reglamentaria permitiría apelar a técnicas de control más estrictas. Ver Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 US, en 690 [17]. Podemos admitir que la “revolución sexual” que se manifestó en los últimos años puede haber tenido efectos útiles, en tanto acabó drásticamente con la mojigatería en un tema cuyo necesario debate se impidió irrazonablemente durante mucho tiempo. Sin embargo, esto no permite concluir que no se requiera o se admita la reglamentación de material “de alto contenido explícito” que resulte manifiestamente ofensivo. Las personas civilizadas no permiten un acceso irrestricto a la heroína por el mero hecho de que es un derivado de la morfina medicinal.
En conclusión, esta Corte (a) confirma la decisión de Roth de que el material obsceno no se encuentra protegido por la Primera Enmienda; (b) determina que dicho material puede ser reglamentado por los estados, con arreglo a las garantías específicas enunciadas precedentemente, sin necesidad de demostrar que el material es “carente de todo valor social atenuante”; y (c) resuelve que la obscenidad se determinará mediante la aplicación de “estándares comunitarios vigentes”, ver Kois v. Wisconsin, supra, en 230, y Roth v. United States, supra, en 489, y no de “estándares nacionales”. Se revoca la sentencia del Departamento de Apelaciones del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Orange, California, y se devuelven las actuaciones a dicho tribunal para que dicte una nueva sentencia de conformidad con los estándares de la Primera Enmienda establecidos en esta opinión. Ver United States v. 12 200-ft. Reels of Film, post, en 130 n. 7.
Se revoca la sentencia y se devuelven las actuaciones al tribunal de origen.
JUEZ DOUGLAS, voto disidente.
I
Dejamos abierta la posibilidad de que California [18] envíe a prisión a un hombre por haber distribuido folletos que promocionan diversos libros y una película de conformidad con nuevos estándares sobre obscenidad que, hasta la decisión de hoy, no formaban parte de ninguna norma.
La Corte ha trabajado arduamente para definir la obscenidad, y ha admitido que no ha tenido éxito. En Roth v. United States, 354 US 476, determinó que “[m]aterial obsceno es aquel material que trata sobre el sexo de un modo que atrae un interés lascivo”. Íd., en 487. Según se señaló, la obscenidad fue rechazada por la Primera Enmienda, ya que es “carente de toda importancia social atenuante”. Íd., en 484. La presencia de un “interés lascivo” estaría determinada por “estándares comunitarios vigentes”. Íd., en 489. Esta prueba, se argumentó, no podría estar determinada por distintos estándares según el lugar, Jacobellis v. Ohio, 378 US 184, 194, sino “en función de un estándar nacional”. Íd., en 195. En Jacobellis, mi colega STEWART comentó que la dificultad de la Corte al definir el contenido de la obscenidad era que debía “enfrentar la tarea de intentar definir lo que posiblemente fuera indefinible”. Íd., en 197.
En Memoirs v. Massachusetts, 383 US 413, 418, se determinó que la prueba de Roth tendría el siguiente contenido: “deben combinarse tres elementos: debe establecerse que (a) el tema preponderante del material, considerado en su totalidad, atrae un interés lascivo en el sexo; (b) el material resulta manifiestamente ofensivo, por estar reñido con estándares comunitarios vigentes sobre la descripción y representación de cuestiones sexuales; y (c) el material es carente de todo valor social atenuante”.
En Ginzburg v. United States, 383 US 463, se condenó a prisión a un editor no por el tipo de libros y periódicos que comercializaba sino por el modo en que se promocionaban las publicaciones. Se sostuvo que las publicidades estaban impregnadas de la “mirada lasciva de la sensualidad”. Íd., en 468. La Corte sostuvo que “Cuando el proveedor se centra exclusivamente en aspectos sexualmente provocativos de sus publicaciones, esto puede ser decisivo a efectos de determinar la obscenidad”. Íd., en 470. Como señaló el Juez Black en su voto disidente, “...Ginzburg... ha sido ahora condenado con carácter definitivo a cumplir cinco años de prisión por distribuir material impreso sobre sexo que ni Ginzburg ni ninguna otra persona podría haber sabido que era ilícito”. Íd., en 476. A la observación del Juez Black, se suma el hecho de que la decisión se adoptó por una mayoría de cinco contra cuatro.
En Ginsberg v. New York, 390 US 629, 641 la Corte agregó que “no resultó irracional que el poder legislativo determinara que la exposición al material prohibido por la norma resulta perniciosa para los menores”.
Sin embargo, ni siquiera los miembros de esta Corte que habían creado los nuevos y cambiantes estándares sobre obscenidad podían ponerse de acuerdo sobre su aplicación. Es así que adoptamos un criterio per curiam para las publicaciones supuestamente obscenas que parecían superar las diversas pruebas constitucionales que habían sido formuladas. Ver Redrup v. New York, 386 US 767. Algunos condenan estas publicaciones si su “tendencia dominante consiste en ‘pervertir o corromper’ al lector” [19]. Otros no tienen en cuenta el contenido del libro sino si su promoción apunta a “atraer el interés erótico de los clientes” [20]. Algunos únicamente condenan la “pornografía de alto contenido explícito”, pero incluso en este caso tampoco hay una definición genuina. Sobre tal definición, se ha dicho “Nunca podría haber ofrecido una definición inteligible” pero “puedo reconocerla cuando la veo” [21].
En la actualidad, añadiríamos una nueva prueba triple:
“(a) si ‘una persona común, al aplicar los estándares comunitarios vigentes” concluiría que la obra, considerada en su totalidad, atrae un interés lascivo en el sexo. . . (b) si la obra representa o describe, de un modo manifiestamente ofensivo, una conducta sexual definida expresamente por la ley del estado aplicable; y (c) si la obra, en general, carece de un valor literario, artístico, político o científico serio”.
Estos son los estándares que nosotros mismos hemos incorporado a la Constitución [22]. Sin embargo, ¿cómo podríamos sobre la base de estas pruebas imprecisas condenar a alguien por haber comercializado un artículo antes de que un tribunal declarara que tiene carácter obsceno?
Actualmente, la Corte se aparta de las formulaciones anteriores de la prueba constitucional y se propone ofrecer nuevas definiciones. Este intento, al igual que los anteriores, es tan serio como loable. El problema es que no nos ocupamos en este caso de términos constitucionales, ya que la “obscenidad” no se menciona en la Constitución ni en la Declaración de Derechos y Garantías. Y la Primera Enmienda no contempla esta excepción para “la prensa”, a la que se propone proteger, ni tampoco, como he señalado en otras ocasiones, puede inferirse necesariamente tal excepción, ya que al momento de la adopción de la Declaración de Derechos y Garantías no se reconoció ninguna excepción a la libertad de prensa que impartiera a las publicaciones “obscenas” un trato diferente respecto de otro tipo de documentos, revistas y libros. Por ende, no existen pautas constitucionales para decidir qué es “obsceno” y qué no lo es. La Corte tiene libertad, puesto que se trata de preferencias y estándares de literatura. Lo que a mi me consterna puede ser el medio de sustento de mi vecino. Lo que provoca que una persona se enfurezca frente a un panfleto o una película puede tener que ver exclusivamente con su neurosis y es posible que los demás no estén de acuerdo.
Nos enfrentamos a un régimen de censura que, si se adoptara, debería hacerse por medio de una reforma constitucional luego de un profundo debate en el que participe la población
En general, los casos de obscenidad provocan exabruptos profundamente emocionales. No son un asunto de la justicia. Si se autorizara la censura mediante una reforma constitucional, el censor posiblemente sería un organismo administrativo. Por lo tanto, los juicios penales solo procederían cuando los editores desobedecieran al censor y comercializaran de todos modos los materiales. En estas condiciones, un editor sabría si se encuentra en un terreno peligroso. En el régimen actual, independientemente de si se emplean los viejos estándares o los nuevos, la ley penal se convierte en una trampa. Sería posible encarcelar a un editor a partir de una nueva prueba formulada en una nueva norma que ha sido improvisada por los tribunales después de la publicación. Esto es lo que sucedió en el caso Ginzburg y presenta todos los defectos de una ley ex post facto.
Mi argumento es que a menos que en un procedimiento civil se hayan excedido los límites de lo aceptable, no debe admitirse un procedimiento penal. No puede haber un ejemplo más vívido de normas ambiguas e inciertas que las que hemos diseñado nosotros. Tal como ha señalado el Juez Harlan:
“El resultado de todos estos desacuerdos es que quienes se propongan examinar las decisiones de la Corte posteriores a Roth que han establecido que un determinado material es o no obsceno, quedarían absolutamente perplejos”. Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 U.S. 676, 70.
En Bouie v. City of Columbia, 378 US 347 , anulamos una condena impuesta a quien había permanecido dentro de una propiedad luego de que se le pidió que se retirara, cuando el único acto ilícito contemplado por la ley era haber ingresado en la propiedad. Concluimos que los demandados no habían recibido “una advertencia suficiente al momento de su conducta”en la propiedad “de que el acto por el que han sido condenados constituía un delito” para la ley del estado. Íd., en 355. El mismo requisito de “advertencia suficiente” corresponde en este caso, con la misma intensidad que en Bouie. El caso anterior estaba relacionado con discriminación racial; el caso de autos se vincula con derechos supuestamente protegidos por la Primera Enmienda. En cualquier caso, y sobre todo cuando están en juego derechos constitucionales, no deberíamos permitir que se encarcele o multe a personas que no recibieron una “advertencia suficiente” de que incurrían en una conducta ilícita.
II
Si se ha determinado, en el marco de un procedimiento civil, que un libro, obra, documento o película tiene carácter obsceno y se han completado las instancias de revisión pertinentes, y posteriormente una persona publica, muestra o exhibe ese libro o película, estamos ante un caso en que se ha dado carácter específico a una ley ambigua. Queda pendiente la cuestión de si la Primera Enmienda admite una excepción implícita en el supuesto de la obscenidad. No creo que así sea [23], y mi opinión sobre este tema ha sido reiterada en numerosas oportunidades [24]. Pero al menos un juicio penal en esa instancia no violaría la prueba consagrada de la nulidad por vaguedad [25].
California no ha diseñado un procedimiento de protección de este tipo en el presente caso. La obscenidad, que ni siquiera nosotros podemos definir con precisión, entraña una gran confusión de ideas. Condenar a prisión a un hombre por transgredir estándares que no puede comprender, interpretar ni aplicar es un acto monstruoso para una Nación consagrada a los juicios justos y el debido proceso.
III
Si bien el derecho a saber es un corolario del derecho a expresarse o publicar ideas, nadie puede ser obligado por el gobierno a escuchar expresiones que considere ofensivas. Este fue el fundamento de mi voto disidente en Public Utilities Comm’n v. Pollak, 343 US 451, 467, en el que me opuse a que se tratara a los pasajeros del tranvía como una audiencia “cautiva”. No existe un problema de “audiencia cautiva” en estos casos de obscenidad. Nadie está siendo obligado a mirar ni escuchar. Quienes se acerquen a puestos de revistas o librerías podrán sentirse ofendidos por lo que vean. Pero el estado no los obliga a frecuentar estos lugares, y la Primera Enmienda, aplicable a los estados por medio de la Decimocuarta Enmienda, solo prohíbe las medidas estatales o gubernamentales.
La idea de que la Primera Enmienda permita al gobierno prohibir publicaciones que resultan “ofensivas” para algunas personas representa una interpretación nefasta de la libertad de prensa. Esta prueba permitiría prohibir periódicos, publicaciones o revistas en cualquier lugar recóndito. El objetivo de la Primera Enmienda fue “propiciar la discusión”, provocar “una situación de malestar”, “generar descontento con las condiciones reinantes” e, incluso, incitar a “las personas a encolerizarse”. Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1, 4. La creencia de que la Primera Enmienda permite castigar ideas que resultan “ofensivas” para un determinado juez o jurado de turno resulta sobrecogedora. No se ha concebido hasta el momento un control más amplio de la expresión o la literatura. Asignar este poder al censor, como lo hemos hecho hoy, equivale a efectuar un quiebre profundo y radical con las tradiciones de una sociedad libre. La Primera Enmienda no se concibió como un vehículo para sosegar a la población. Su principal función es mantener un debate abierto tanto a personas “ofensivas” como a personas “decorosas”. Históricamente, la tendencia ha sido someter al individuo y exaltar el poder del gobierno. El uso del estándar “ofensivo” supone asignar un poder al gobierno que atenta contra la esencia misma de la Primera Enmienda [26]. Como se sugiere en la opinión de la Corte, es posible que el material que analizamos sea efectivamente despreciable. Pero también lo es la mayor parte de lo que se dice durante las campañas políticas, en la prensa cotidiana, la televisión o la radio. Gracias a la Primera Enmienda —y solo por mérito de esta— los oradores y editores no han sido amenazados ni sometidos porque sus pensamientos e ideas resulten “ofensivos” para algunas personas.
Sin embargo, el estándar “ofensivo” también es inconstitucional en otro sentido. En Coates v. City of Cincinnati, 402 US 611, analizamos una ordenanza municipal que penalizaba la reunión en la vía pública de tres o más personas que se comportaran “de un modo que moleste a otros transeúntes”. Declaramos la invalidez de esta ordenanza con el siguiente argumento: “Si tres o más personas se encuentran en una acera o esquina, deben comportarse de un modo que no moleste a policías o transeúntes. Consideramos que esta ordenanza es inconstitucionalmente vaga, ya que sujeta el ejercicio del derecho de reunión a un estándar indeterminable, e inconstitucionalmente amplio, dado que autoriza la sanción de una conducta protegida por la constitución. Es posible que una conducta que moleste a alguna persona no tenga el mismo efecto en otras. Por lo tanto, el contenido de la ordenanza es vago, no en el sentido de que exija que las personas adecúen su conducta a un estándar normativo impreciso pero entendible, sino en el sentido de que no se especifica ningún estándar de conducta”. Íd., en 614.
La decisión de, por un lado, denegar a Ohio la facultad de sancionar a personas que “molestan” a otras y, por otro, permitir que California sancione a quienes publican materiales que resultan “ofensivos” para algunas personas, difícilmente podría adecuarse a los requisitos constitucionales.
Si se determina que deben aplicarse restricciones al material obsceno, entonces la forma de hacerlo es mediante una reforma constitucional. En algunas sociedades, los únicos ámbitos libres son la religión y la matemática. Esperemos que ese no sea el triste destino de los Estados Unidos. Así sería si el pueblo optara por incorporar el término obscenidad a la Constitución y definirlo.
Nos enfrentamos a cuestiones de tipo emocional, y no racional. Muchas personas consideran que La Canción de Salomón es un libro obsceno. No creo que a nosotros, los jueces, se nos haya concedido la facultad constitucional de definir la obscenidad. Si esta ha de ser definida, deberíamos permitir que las personas debatan y decidan mediante una reforma constitucional qué es lo que desean prohibir por ser obsceno y qué estándares desean que apliquen el poder legislativo y el poder judicial. Tal vez las personas llegarán a la conclusión de que lo que necesita una sociedad madura e integrada es que no haya censura para ninguna de las ideas que compitan por ser aceptadas. O tal vez decidan algo distinto. Independientemente de lo que decidan, los tribunales contarán entonces con algunas pautas. Por el momento, no tenemos otra pauta más que nuestras predilecciones.

Voto disidente del JUEZ BRENNAN, al cual adhieren el JUEZ STEWART y el JUEZ MARSHALL.
En mi voto disidente en Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, p. 73, de esta fecha, expresé que no había tenido ocasión de considerar el alcance del poder del estado para regular la distribución de material de contenido sexual a jóvenes ni la exhibición ofensiva de este material a adultos que no han aceptado tal exhibición. En el caso de autos, el apelante fue condenado por distribuir material obsceno en violación de la sección 311.2 del Código Penal de California, sobre la base de pruebas que indicaban que había enviado por correo folletos no solicitados donde se promocionaban diversos libros y una película. Corresponde ahora que me pronuncie sobre si puede invocarse una ley para imponer, dentro de los requisitos de la Primera Enmienda, una sanción penal por la conducta particular controvertida en este caso. Resulta claramente de mi voto disidente en Paris Adult Theatre I que la ley en función de la cual se inició la acción es inconstitucionalmente amplia y, por lo tanto, inválida prima facie **. “[S]e considera que el valor trascendental para toda la sociedad de expresiones protegidas constitucionalmente permite ‘objetar la validez de leyes excesivamente amplias, sin necesidad de que la persona que formula la objeción demuestre que su propia conducta no podría ser regulada por una norma que revista la especificidad exigida’“. Gooding v. Wilson, 405 US 518, 521 (1972), donde se cita a Dombrowski v. Pfister, 380 US 479, 486 (1965). Ver también Baggett v. Bullitt, 377 US 360, 366 (1964); Coates v. City of Cincinnati, 402 US 611, 616 (1971); íd., en 619-620 (juez WHITE, voto disidente); United States v. Raines, 362 US 17, 21 -22 (1960); NAACP v. Button, 371 US 415, 433 (1963). Dado que mi opinión en Paris Adult Theatre I supone un apartamiento sustancial respecto de nuestras anteriores decisiones, y que los tribunales de los estados hasta el momento no han tenido oportunidad de considerar si una “interpretación obvia configura un vehículo para restablecer la [ley] en una causa determinada” Dombrowski v. Pfister, supra, en 491, mi decisión sería dejar sin efecto la sentencia del Departamento de Apelaciones del Tribunal de Primera Instancia y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte una nueva sentencia acorde con esta opinión. Ver Coates v. City of Cincinnati, supra, en 616.

[*] Samuel Rosenwein, A. L. Wirin, Fred Okrand, Laurence R. Sperber, Melvin L. Wulf y Joel M. Gora presentaron un escrito en nombre de la American Civil Liberties Union of Southern California, entre otros, en carácter de amici curiae, en el que instaron al tribunal a que revocara la sentencia.
[1] Al momento en que se cometió el presunto delito, antes del 25 de junio de 1969, las secciones 311.2 (a) y 311 del Código Penal de California disponían en su parte pertinente: “311.2 Enviar o ingresar al estado, con fines de venta o distribución, imprimir, exhibir, distribuir o poseer dentro del estado ‘ (a) Toda persona que, a sabiendas: envíe o introduzca, por sí o por medio de terceros, al estado, con fines de venta o distribución, o que en este estado prepare, publique, imprima, exhiba, distribuya u ofrezca la distribución, o tenga en su poder con la intención de distribuir, exhibir u ofrecer para su distribución cualquier material obsceno, incurrirá en contravención...’. “ 311. Definiciones. “En este capítulo: “(a) ‘Obsceno’ significa que, una persona común, al aplicar los estándares comunitarios vigentes, concluirá que el material, considerado en su totalidad, atrae principalmente un interés lascivo, es decir, un interés impúdico o morboso en la desnudez, el sexo o las excreciones, que exceda ampliamente los límites tradicionales de pudor en la descripción o representación de estas cuestiones y que se trata de un material carente de toda importancia social atenuante. (b) ‘Material’ significa cualquier libro, revista, periódico u otro material impreso o escrito, o cualquier imagen, dibujo, fotografía, película u otra representación pictórica, estatua o figura, o cualquier grabación, transcripción o reproducción mecánica, química o eléctrica, u otros artículos, equipos, máquinas o materiales. (c) ‘Persona’ significa cualquier individuo, sociedad, firma, asociación, compañía u otra persona jurídica. (d) ‘Distribuir’ significa transferir la posesión de algo, a cambio de contraprestación o sin esta. (e) ‘A sabiendas’ significa con conocimiento de que el material es obsceno”. La sección 311 (e) del Código Penal de California, supra, fue modificada el 25 de junio de 1969, con el siguiente alcance: “(e) ‘A sabiendas’ significa que se conoce el carácter del material”. Cal. Amended Stats. 1969, c. 249, 1, p. 598. Pese a que la parte apelante sostiene lo contrario, el expediente demuestra que la nueva sección 311 (e) no se aplicó ex post facto a su caso, y que solamente se aplicó la anterior sección 311 (e), conforme a la interpretación de la jurisprudencia del estado antes de la comisión del presunto delito. Ver People v. Pinkus, 256 Cal. App. 2d 941, 948-950, 63 Cal. Rptr. 680, 685-686 (App. Dept., Superior Ct., Los Angeles, 1967); People v. Campise, 242 Cal. App. 2d 905, 914, 51 Cal. Rptr. 815, 821 (App. Dept., Superior Ct., San Diego, 1966). Cf. Bouie v. City of Columbia, 378 U.S. 347 (1964). La aplicación de la sección 311.2, supra, tampoco generó una “carga directa e inmediata para el cumplimiento de las funciones postales” ni infringió facultades del Congreso relativas a comercio en virtud del Art. I, 8, cl. 3. Roth v. United States, 354 U.S. 476, 494 (1957), donde se cita a Railway Mail Assn. v. Corsi, 326 U.S. 88, 96 (1945). Ver también Mishkin v. New York, 383 U.S. 502, 506 (1966); Smith v. California, 361 U.S. 147, 150 -152 (1959).
[2] Esta Corte ha definido “material obsceno” como aquel “material que trata sobre el sexo de un modo que atrae un interés lascivo”, Roth v. United States, supra, en 487; sin embargo, la definición contenida en Roth no refleja el significado preciso de “obsceno” según se emplea tradicionalmente en el idioma inglés. El término viene del latín obscaenus, formado por la raíz ob (hacia) y caenum (suciedad). El diccionario Webster’s Third New International Dictionary (Unabridged 1969) define “obsceno” como “1a: desagradable [413 U.S. 15, 19] para los sentidos... b: totalmente repugnante para el concepto generalmente aceptado de lo apropiado... 2: ofensivo o repulsivo, en tanto contrario a un determinado ideal o principio o violatorio de este”. El diccionario Oxford English Dictionary (1933 ed.) ofrece una definición similar: “[o]fensivo para los sentidos, el gusto o el refinamiento: desagradable, repulsivo, soez, repugnante, abominable, repudiable”. Es más adecuado definir el material que se discute en este caso como “pornografía” o “material pornográfico”. “Pornografía” viene del griego (porne, ramera, y graphos, escritos). Actualmente, la palabra significa “ 1: descripción de prostitutas o prostitución 2: representación (escrita o pictórica) de conducta licenciosa o lujuriosa: descripción de conducta erótica cuyo objeto es generar excitación sexual”. Webster’s Third New International Dictionary, supra. El material pornográfico obsceno conforma un subgrupo entre todas las expresiones “obscenas”, pero no representa la totalidad, al menos conforme al uso actual del término “obsceno” en nuestro idioma. Por lo tanto, advertimos que las expresiones “material obsceno”, según han sido empleadas en este caso, tienen un significado judicial específico que se deriva del caso Roth, a saber, material obsceno “que trata sobre el sexo”. Roth, supra, en 487. Ver también Código Penal Modelo del ALI, sección 251.4 (l) “Definición de obsceno”. (Borrador Oficial de 1962).
[3] A falta de una opinión mayoritaria, esta Corte debió adoptar la práctica de revocar en forma sumaria condenas vinculadas con la difusión de materiales que al menos cinco miembros de este Tribunal, luego de aplicar pruebas separadas, consideraban protegidos por la Primera Enmienda. Redrup v. New York, 386 US 767 (1967). Se resolvieron 31 casos de este modo. Más allá de la necesidad impuesta por las circunstancias, no se ha ofrecido ninguna justificación para respaldar la “política” de Redrup. Ver Walker v. Ohio, 398 U.S. 434 -435 (1970) (votos disidentes del juez BURGER, C. y del juez Harlan). El procedimiento de Redrup nos ha convertido en un comité de censura inapelable para los 50 estados, que juzga subjetivamente cada material que se presenta a su análisis.
[4] Ver el voto disidente del JUEZ BRENNAN en Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, p. 73.
[5] Como señaló el Juez Warren, Presidente de la Corte, en su voto disidente en Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 200 (1964): “Pese a todo lo que se ha dicho sobre la prueba de Roth, no ha demostrado ser inadecuada, y creo que deberíamos intentar aceptarla, al menos hasta que se desarrolle una definición más satisfactoria. Ningún gobierno, ya sea federal, estatal o local, debería ser obligado a optar entre prohibir todo tipo de materiales, incluidos aquellos que se encuadran en un marco de decencia, o permitir que se publique cualquier material de manera irrestricta, por más degradante que sea. Debe existir un criterio racional tanto en este como en otros ámbitos del derecho, y en el caso Roth hemos intentado ofrecer tal criterio”.
[6] Ver, por ejemplo, Oregon Laws 1971, c. 743, Art. 29, 255-262, y Código Penal de Hawái, Tit. 37, 1210- 1216, 1972 Hawaii Session Laws, Act 9, c. 12, pt. II, pp. 126-129, como ejemplos de leyes estatales sobre representación de conductas físicas definidas, a diferencia de la expresión. Otras formulaciones estatales podrían ser igualmente válidas en este sentido. Al presentar el ejemplo de las leyes de Oregón y Hawái, no es nuestra intención que se crea que estamos de acuerdo con todos sus aspectos ni que sus límites delimiten el alcance del poder de los estados. No creemos, como sugiere el JUEZ BRENNAN, que todos los estados, a excepción de Oregón, deban adoptar nuevas leyes sobre obscenidad. Es posible que las leyes estatales existentes, según su interpretación hasta el momento o en el futuro, sean adecuadas. Ver United States v. 12 200-ft. Reels of Film, post en 130 n. 7.
[7] “Incluir una cita de Voltaire en la primera página de un libro no tornará constitucionalmente aceptable una publicación obscena...”. Kois v. Wisconsin, 408 U.S. 229, 231 (1972). Ver Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413, 461 (1966) (juez WHITE, voto disidente). Tampoco compartimos, como estándar constitucional, el concepto ambiguo de “importancia social”. Ver íd., en 462 (juez WHITE, voto disidente).
[8] Si bien no nos enfrentamos al problema de reglamentar la conducta pública lujuriosa en sí, los estados tienen mayores facultades para regular conductas físicas no verbales que para prohibir representaciones o descripciones de esa misma conducta. En United States v. O’Brien, 391 U.S. 367, 377 (1968), un caso cuyo objeto no estuvo relacionado con el tema de la obscenidad, la Corte sostuvo que la reglamentación por un estado de una conducta que, por sí misma, representaba elementos propios de la expresión y de otro tipo, se encontraba “suficientemente justificada si... promovía un interés gubernamental importante o significativo, si el interés gubernamental no guardaba relación con la censura de la libre expresión y si la restricción ocasional a las libertades de la Primera Enmienda no excedía los límites necesarios para el avance de dicho interés”. Ver California v. LaRue, 409 U.S. 109, 117 -118 (1972).
[9] El simple hecho de que los jurados puedan llegar a conclusiones diferentes sobre un mismo material no significa que se estén cercenando derechos constitucionales. Como señaló esta Corte en Roth v. United States, 354 U.S., en 492 n. 30, “es común que distintos jurados lleguen a resultados diferentes bajo una misma ley penal. Esta es una de las consecuencias que aceptamos en nuestro sistema de jurados. Cf. Dunlop v. United States, 165 U.S. 486, 499 -500”.
[10] Como señaló el JUEZ BRENNAN en la opinión de la Corte en Roth v. United States, supra, en 491- 492: “Muchas decisiones han reconocido que estos términos de las leyes de obscenidad no son precisos. [Se omitió la nota al pie]. Sin embargo, esta Corte ha sostenido reiteradamente que la falta de precisión no atenta en sí contra los requisitos de debido proceso. ‘...[L]a Constitución no exige estándares imposibles’; lo único necesario es que el [413 U.S. 15, 28] lenguaje ‘transmita una advertencia suficientemente concluyente sobre la conducta prohibida cuando esta se evalúa a la luz de prácticas e interpretaciones comunes...’ United States v. Petrillo, 332 U.S. 1, 7 -8. Estas palabras, aplicadas de acuerdo con el estándar adecuado para juzgar la obscenidad, que ya fue analizado, constituyen una advertencia suficiente sobre la conducta prohibida y marcan ‘...límites claramente distinguibles para que jueces y jurados apliquen la ley conforme a justicia... Si bien en algunos casos marginales será difícil trazar una línea y determinar en qué lado se encuadra una determinada situación, esto no es razón suficiente para afirmar que el lenguaje es demasiado ambiguo para definir un delito penal...’. Íd., en 7. Ver también United States v. Harriss, 347 U.S. 612, 624 , n. 15; Boyce Motor Lines, Inc. v. United States, 342 U.S. 337, 340; United States v. Ragen, 314 U.S. 513, 523 -524; United States v. Wurzbach, 280 U.S. 396 ; Hygrade Provision Co. v. Sherman, 266 U.S. 497 ; Fox v. Washington, 236 U.S. 273 ; Nash v. United States, 229 U.S. 373 “.
[11] Debemos señalar, asimismo, que cualquier conjetura sobre las cargas del pasado y las posibles cargas del futuro de acuerdo con los nuevos estándares adoptados no son más que mera especulación.
[12] Las actuaciones simplemente no respaldan el argumento de la parte apelante, planteado tardíamente en la apelación, según el cual el perito del estado no estaba calificado para prestar pruebas sobre los “estándares comunitarios” de California. El perito, un policía con varios años de experiencia específica en delitos de obscenidad, había llevado a cabo un estudio exhaustivo en todo el estado y había actuado como perito en 26 ocasiones durante el año anterior al presente juicio. No hay dudas de que haber admitido esta prueba pericial no constituyó ningún error constitucional. Cf. United States v. Augenblick, 393 US 348, 356 (1969).
[13] En Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964), dos jueces argumentaron que la aplicación de estándares comunitarios “locales” podía llegar a impedir que se difundieran materiales en algunos sitios, ya que los vendedores no estarían dispuestos a exponerse a la posibilidad de ser condenados penalmente si ponían a prueba la variación de los estándares de un sitio a otro. Íd., en 193-195 (opinión del juez BRENNAN, a la que se sumó el juez Goldberg). Sin embargo, el uso de estándares “nacionales” implica necesariamente que el material que se considera tolerable en algunos sitios, pero que no resulta tolerable según criterios “nacionales”, no estará disponible en lugares donde resultaría aceptable. Por ende, en lo que respecta a los riesgos para la libertad de expresión, la posibilidad de censura resulta, al menos en apariencia, tan significativa cuando se aplica un único estándar para todo el país como cuando se permite la distribución en función de las preferencias locales. El Juez Harlan ha invocado este argumento en repetidas oportunidades. Ver Roth v. United States, 354 U.S., en 506. El apelante afirma además que la adopción de un “estándar nacional” es necesaria “para evitar obstaculizar en forma desmesurada el libre intercambio de comercio entre los estados”. Como se señaló, en 18 n. 1, la aplicación del poder de policía interno de los estados en este caso no provoca ninguna injerencia en las facultades del congreso en virtud del Art. I, 8, cl. 3, ya que no existen indicios de que se haya distribuido el material a otros estados. El argumento del apelante parecería infundado. El material obsceno puede ser regulado válidamente por un estado en el ejercicio de su poder local tradicional de proteger el bienestar general de su población, independientemente de los posibles efectos incidentales que pudiera tener para el intercambio de estos materiales entre los estados. Ver, p. ej., Head v. New Mexico Board, 374 U.S. 424 (1963); Huron Portland Cement Co. v. Detroit, 362 U.S. 440 (1960); Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622 (1951); H. P. Hood & Sons v. Du Mond, 336 U.S. 525 (1949); Southern Pacific Co. v. Arizona, 325 U.S. 761 (1945); Baldwin v. G. A. F. Seelig, Inc., 294 U.S. 511 (1935); Sligh v. Kirkwood, 237 U.S. 52 (1915).
[14] En la sección sobre jurisdicción, el apelante sostiene que fue objeto de un “doble enjuiciamiento”, ya que un juez de primera instancia del Condado de Los Angeles había desestimado, antes del juicio, una causa anterior relativa a los mismos folletos, si bien las exposiciones alegadas se habían producido en otro momento y en otro sitio. El apelante sostiene que una vez que se determinó que el material no es obsceno en un procedimiento, se aplica un “impedimento colateral por sentencia” que obsta al estado de plantear su obscenidad en otro procedimiento. No se desprende de autos si el apelante planteó adecuadamente esta cuestión, que constituye en verdad un tema de debido proceso adjetivo antes que de “doble enjuiciamiento”, ante los tribunales estatales inferiores. El apelante no se refirió a esta cuestión en los argumentos de su escrito, y la parte recurrida afirma que la cuestión fue exceptuada conforme a las leyes de California, dado que había sido planteada incorrectamente durante el juicio. Tampoco surge claramente de autos cuál es el efecto colateral que podría tener la desestimación durante las diligencias previas para la ley del estado. La desestimación se basó, al menos parcialmente, en una omisión de la parte actora, que no presentó las pruebas positivas exigidas por la ley del estado, y que presuntamente fueron presentadas en este caso. Por lo tanto, conviene devolver las actuaciones a los tribunales de California para que analicen el argumento del apelante. La cuestión no puede ser, en modo alguno, objeto de apelación. Ver Mishkin v. New York, 383 U.S. 502, 512 -514 (1966).
[15] Como bien lo expresó el juez Warren, Presidente de la Corte, el apelante en este caso “participaba abiertamente en la explotación comercial de la demanda morbosa e impúdica de materiales lascivos. Considero que tanto el gobierno federal como de los estados pueden sancionar constitucionalmente esta conducta. Es esta la única cuestión que plantean estos casos para nosotros, y lo único que debemos decidir”. Roth v. United States, supra, en 496 (voto concurrente).
[16] Ver 2 V. Parrington, Main Currents in American Thought ix y ss. (1930). Con respecto a la segunda parte del siglo XIX, Parrington observó: “Se había iniciado una nueva era y otros sueños comenzaban a forjarse: la edad y los sueños de la soberanía de la clase media... Desde el crudo romanticismo de esta vigorosa soberanía emergió finalmente un espíritu crítico realista que buscaba apreciar el valor de esta nueva América, y descubrir en lo posible otras filosofías que reemplazaran a aquellas que habían perdido su lugar en las brutales batallas de la Guerra Civil”. Íd., en 474. Cf. 2 S. Morison, H. Commager & W. Leuchtenburg, The Growth of the American Republic 197-233 (6th ed. 1969); Paths of American Thought 123-166, 203-290 (A. Schlesinger & M. White ed. 1963) (artículos de Fleming, Lerner, Morton y Lucia White, E. Rostow, Samuelson, Kazin, Hofstadter); y H. Wish, Society and Thought in Modern America 337-386 (1952).
[17] “[H]emos señalado... que, como resultado de su interés tenaz y constante en el bienestar de la juventud, un estado puede regular la difusión y el acceso entre los jóvenes de material que considere objetable para ellos, pero que claramente no podría regular en el caso de adultos. Ginsberg v. New York, [ 390 U.S. 629 (1968)]”. Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 U.S. 676, 690 (1968) (se omitió la nota al pie).
[18] California define “material obsceno” como “material que, considerado en su totalidad, una persona común concluirá que atrae principalmente un interés lascivo, es decir, un interés impúdico o morboso en la desnudez, el sexo o las excreciones; que, considerado en su totalidad, excede ampliamente los límites tradicionales del pudor en la descripción y representación de estas cuestiones, y que se trata de un material carente de toda importancia social atenuante”. Código Penal de California, sección 311 (a).
[19] Roth v. United States, 354 U.S. 476, 502 (opinión del juez Harlan).
[20] Ginzburg v. United States, 383 U.S. 463, 467.
[21] Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 197 (juez STEWART, voto concurrente).
[22] Luego de un estudio de dos años, la Comisión Estadounidense sobre [413 U.S. 15, 40] Obscenidad y Pornografía [U.S. Commission on Obscenity and Pornography] determinó que los estándares que hemos formulado interfieren con materiales constitucionalmente protegidos: “Los intentos de la sociedad por legislar la obscenidad para los adultos no han tenido éxito. Las leyes vigentes que prohíben la venta o distribución consensuada a adultos de material de contenido sexual explícito son altamente insatisfactorias en lo que respecta a su aplicación en la práctica. La Constitución permite que un material se califique como ‘obsceno’ para los adultos únicamente si, considerado en su totalidad, atrae un interés ‘lascivo’ de la persona común, resulta ‘manifiestamente ofensivo’ a la luz de los ‘estándares comunitarios’ y carece de ‘valor social atenuante’. Estas pruebas estéticas, psicológicas y morales vagas y extremadamente subjetivas no ofrecen criterios útiles para las autoridades de aplicación de la ley, los jurados o los jueces. Como resultado, la ley se aplica de manera desigual y, en ocasiones, incluso errónea, y la distinción realizada por los tribunales entre materiales prohibidos y permisibles a menudo parece insostenible. Los errores en la aplicación de la ley y la incertidumbre sobre su alcance pueden provocar interferencias en la comunicación de materiales constitucionalmente protegidos”. Informe de la Comisión sobre Obscenidad y Pornografía 53 (1970).
[23] Se afirma que las publicaciones “obscenas” pueden ser prohibidas como resultado de restricciones a comunicaciones inherentes a decretos que restringen monopolios comerciales ilícitos u obstáculos ilícitos al comercio, Sugar Institute v. United States, 297 U.S. 553, 597, o comunicaciones relativas a la venta de valores falsos o fraudulentos. Hall v. Geiger-Jones Co., 242 U.S. 539, 549 ; Caldwell v. Sioux Falls Stock Yards Co., 242 U.S. 559, 567 ; Merrick v. Halsey & Co., 242 U.S. 568, 584 . La respuesta de la Primera Enmienda es que, siempre que las expresiones y la conducta se vuelvan colectivas, como cuando alguien grita “fuego” en un teatro repleto, será posible prohibir las expresiones. El Juez Black, en la decisión unánime alcanzada en Giboney v. Empire Storage Co., 336 U.S. 490, sostuvo que se podría prohibir a los sindicatos que organizaran un piquete contra una empresa en respaldo de otro boicot que haya sido prohibido en forma legítima por un estado. El Juez Black señaló: “Difícilmente se haya sugerido que la libertad constitucional de expresión y de prensa pueda ampliar su inmunidad a expresiones orales o escritas que formen parte integral de una conducta violatoria de una ley penal válida. Rechazamos esta afirmación”. Íd., en 498.
[24] Ver United States v. 12 200-ft. Reels of Film, post, p. 123; United States v. Orito, post, p. 139; Kois v. Wisconsin, 408 U.S. 229 ; Byrne v. Karalexis, 396 U.S. 976, 977 ; Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 650; Jacobs v. New York, 388 U.S. 431, 436; Ginzburg v. United States, 383 U.S. 463, 482 ; Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413, 424 ; Bantam Books, Inc. v. Sullivan, 372 U.S. 58, 72 ; Times Film Corp. v. Chicago, 365 U.S. 43, 78 ; Smith v. California, 361 U.S. 147, 167 ; Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S. 684, 697 ; Roth v. United States, 354 U.S. 476, 508 ; Kingsley Books, Inc. v. Brown, 354 U.S. 436, 446 ; Superior Films, Inc. v. Department of Education, 346 U.S. 587, 588 ; Gelling v. Texas, 343 U.S. 960 .
[25] La Comisión sobre Obscenidad y Pornografía ha fomentado este procedimiento: “La Comisión recomienda a todas aquellas jurisdicciones que han sancionado o mantenido disposiciones que prohíben la difusión de materiales de contenido sexual a adultos o jóvenes, la adopción de normas que habiliten a la parte actora a obtener sentencias declarativas que establezcan si un determinado material se encuadra en las prohibiciones legales existentes... “Un procedimiento declarativo... permitiría a los actores avanzar por la vía civil, en lugar de recurrir al proceso penal, ante presuntas violaciones de la prohibición sobre obscenidad. Si se utilizan los procedimientos civiles, solo podrían imponerse penas respecto de conductas que violen la ley y que se produzcan con posterioridad a la obtención de una declaración civil. La Comisión considera que esta vía sería adecuada cuando existan dudas sobre la legalidad de los materiales. Si existen otras alternativas, no se debería recurrir al proceso penal contra personas que pueden haber creído razonablemente, de buena fe, que los libros o las películas que distribuían gozaban de protección constitucional, ya que, de lo contrario, la amenaza de una sanción penal podría disuadir la libre distribución de materiales constitucionalmente protegidos”. Informe de la Comisión sobre Obscenidad y Pornografía 63 (1970).
[26] La ley sobre obscenidad ha tenido una historia bastante excéntrica: “La trata de personas fue denunciada por primera vez por W. T. Stead en un artículo de una revista denominado ‘The Maiden Tribute’. La ley inglesa no tomó medida alguna contra quienes fomentaban este vicio y, en cambio, condenó a Stead a un año de prisión por haber escrito sobre un tema indecente. Cuando la ley no ofrece un estándar definitivo de criminalidad, los jueces, al decidir qué es indecente o profano, pueden desestimar en forma consciente la prueba de la lesión actual y, sobre la base de una teoría totalmente diferente, pueden condenar al acusado en razón de que sus palabras expresan ideas que, según se cree, pueden tener consecuencias negativas en el futuro. Es así que las comedias musicales tienen una licencia casi absoluta, mientras que con frecuencia se prohíben obras dramáticas que muestran situaciones contrarias a nuestra concepción del matrimonio. Del mismo modo, la ley sobre blasfemia ha sido usada en contra de la Reina Mab de Shelley y la propagación decorosa de ideas panteístas con el argumento de que un ataque a la religión implica romper los vínculos de la sociedad y poner en riesgo al estado. No es más que un método moderno indirecto para criminalizar la heterodoxia en cuestiones sobre sexo e incluso religión”. Z. Chafee, Free Speech in the United States 151 (1942).
[**] El Código Penal de California dispone en la sección 311.2 (a) que “Toda persona que, a sabiendas: envíe o introduzca, por sí o por medio de terceros, al estado, con fines de venta o distribución, o que en este estado prepare, publique, imprima, exhiba, distribuya u ofrezca la distribución, o tenga en su poder con la intención de distribuir, exhibir u ofrecer para su distribución cualquier material obsceno, incurrirá en contravención”.
Fuente: Universidad de Palermo - Facultad de Derecho

[Versión en ingles]
U.S. Supreme Court
MILLER
v.
CALIFORNIA
413 U.S. 15 (1973)
APPEAL FROM THE APPELLATE DEPARTMENT, SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY
OF ORANGE
No. 70-73.

Argued January 18-19, 1972 - Reargued November 7, 1972
Decided June 21, 1973
Appellant was convicted of mailing unsolicited sexually explicit material in violation of a California statute that approximately incorporated the obscenity test formulated in Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413, 418 (plurality opinion). The trial court instructed the jury to evaluate the materials by the contemporary community standards of California. Appellant's conviction was affirmed on appeal. In lieu of the obscenity criteria enunciated by the Memoirs plurality, it is held:
1. Obscene material is not protected by the First Amendment. Roth v. United States, 354 U.S. 476 , reaffirmed. A work may be subject to state regulation where that work, taken as a whole, appeals to the prurient interest in sex; portrays, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state law; and, taken as a whole, does not have serious literary, artistic, political, or scientific value. Pp. 23-24.
2. The basic guidelines for the trier of fact must be: (a) whether "the average person, applying contemporary community standards" would find that the work, taken as a whole, appeals to the prurient interest, Roth, supra, at 489, (b) whether the work depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state law, and (c) whether the work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific value. If a state obscenity law is thus limited, First Amendment values are adequately protected by ultimate independent appellate review of constitutional claims when necessary. Pp. 24-25.
3. The test of "utterly without redeeming social value" articulated in Memoirs, supra, is rejected as a constitutional standard. Pp. 24-25.
4. The jury may measure the essentially factual issues of prurient appeal and patent offensiveness by the standard that prevails in the forum community, and need not employ a "national standard." Pp. 30-34.
Vacated and remanded. [413 U.S. 15, 16]
BURGER, C. J., delivered the opinion of the Court, in which WHITE, BLACKMUN, POWELL, and REHNQUIST, JJ., joined. DOUGLAS, J., filed a dissenting opinion, post, p. 37. BRENNAN, J., filed a dissenting opinion, in which STEWART and MARSHALL, JJ., joined, post, p. 47.
Burton Marks reargued the cause and filed a brief for appellant.
Michael R. Capizzi reargued the cause for appellee. With him on the brief was Cecil Hicks. *

[ Footnote * ] Samuel Rosenwein, A. L. Wirin, Fred Okrand, Laurence R. Sperber, Melvin L. Wulf, and Joel M. Gora filed a brief for the American Civil Liberties Union of Southern California et al. as amici curiae urging reversal.

MR. CHIEF JUSTICE BURGER delivered the opinion of the Court.
This is one of a group of "obscenity-pornography" cases being reviewed by the Court in a re-examination of standards enunciated in earlier cases involving what Mr. Justice Harlan called "the intractable obscenity problem." Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 U.S. 676, 704 (1968) (concurring and dissenting).
Appellant conducted a mass mailing campaign to advertise the sale of illustrated books, euphemistically called "adult" material. After a jury trial, he was convicted of violating California Penal Code 311.2 (a), a misdemeanor, by knowingly distributing obscene matter, 1 [413 U.S. 15, 17] and the Appellate Department, Superior Court of California, County of Orange, summarily affirmed the judgment without opinion. Appellant's conviction was specifically [413 U.S. 15, 18] based on his conduct in causing five unsolicited advertising brochures to be sent through the mail in an envelope addressed to a restaurant in Newport Beach, California. The envelope was opened by the manager of the restaurant and his mother. They had not requested the brochures; they complained to the police.
The brochures advertise four books entitled "Intercourse," "Man-Woman," "Sex Orgies Illustrated," and "An Illustrated History of Pornography," and a film entitled "Marital Intercourse." While the brochures contain some descriptive printed material, primarily they consist of pictures and drawings very explicitly depicting men and women in groups of two or more engaging in a variety of sexual activities, with genitals often prominently displayed.
I
This case involves the application of a State's criminal obscenity statute to a situation in which sexually explicit materials have been thrust by aggressive sales action upon unwilling recipients who had in no way indicated any desire to receive such materials. This Court has recognized that the States have a legitimate interest in prohibiting dissemination or exhibition of obscene material 2 [413 U.S. 15, 19] when the mode of dissemination carries with it a significant danger of offending the sensibilities of unwilling recipients or of exposure to juveniles. Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557, 567 (1969); Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 637 -643 (1968); Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, supra, at 690; Redrup v. New York, 386 U.S. 767, 769 (1967); Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 195 (1964). See Rabe v. Washington, 405 U.S. 313, 317 (1972) (BURGER, C. J., concurring); United States v. Reidel, 402 U.S. 351, 360 -362 (1971) (opinion of MARSHALL, J.); Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U.S. 495, 502 (1952); Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622, 644 -645 (1951); Kovacs v. Cooper, 336 U.S. 77, 88 -89 (1949); Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158, 169 -170 (1944). Cf. Butler v. Michigan, 352 U.S. 380, 382 -383 (1957); Public Utilities Comm'n v. Pollak, 343 U.S. 451, 464 -465 (1952). It is in this context that we are called [413 U.S. 15, 20] on to define the standards which must be used to identify obscene material that a State may regulate without infringing on the First Amendment as applicable to the States through the Fourteenth Amendment.
The dissent of MR. JUSTICE BRENNAN review the background of the obscenity problem, but since the Court now undertakes to formulate standards more concrete than those in the past, it is useful for us to focus on two of the landmark cases in the somewhat tortured history of the Court's obscenity decisions. In Roth v. United States, 354 U.S. 476 (1957), the Court sustained a conviction under a federal statute punishing the mailing of "obscene, lewd, lascivious or filthy . . ." materials. The key to that holding was the Court's rejection of the claim that obscene materials were protected by the First Amendment. Five Justices joined in the opinion stating:
"All ideas having even the slightest redeeming social importance - unorthodox ideas, controversial ideas, even ideas hateful to the prevailing climate of opinion - have the full protection of the [First Amendment] guaranties, unless excludable because they encroach upon the limited area of more important interests. But implicit in the history of the First Amendment is the rejection of obscenity as utterly without redeeming social importance. . . . This is the same judgment expressed by this Court in Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 571 -572:
"`. . . There are certain well-defined and narrowly limited classes of speech, the prevention and punishment of which have never been thought to raise any Constitutional problem. These include the lewd and obscene . . . . It has been well observed that such utterances are no essential part of any exposition of ideas, and are of such slight social [413 U.S. 15, 21] value as a step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighed by the social interest in order and morality. . . .' [Emphasis by Court in Roth opinion.]
"We hold that obscenity is not within the area of constitutionally protected speech or press." 354 U.S., at 484 -485 (footnotes omitted).
Nine years later, in Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413 (1966), the Court veered sharply away from the Roth concept and, with only three Justices in the plurality opinion, articulated a new test of obscenity. The plurality held that under the Roth definition.
"as elaborated in subsequent cases, three elements must coalesce: it must be established that (a) the dominant theme of the material taken as a whole appeals to a prurient interest in sex; (b) the material is patently offensive because it affronts contemporary community standards relating to the description or representation of sexual matters; and (c) the material is utterly without redeeming social value." Id., at 418.
The sharpness of the break with Roth, represented by the third element of the Memoirs test and emphasized by MR. JUSTICE WHITE'S dissent, id., at 460-462, was further underscored when the Memoirs plurality went on to state:
"The Supreme Judicial Court erred in holding that a book need not be `unqualifiedly worthless before it can be deemed obscene.' A book cannot be proscribed unless it is found to be utterly without redeeming social value." Id., at 419 (emphasis in original).
While Roth presumed "obscenity" to be "utterly without redeeming social importance," Memoirs required [413 U.S. 15, 22] that to prove obscenity it must be affirmatively established that the material is "utterly without redeeming social value." Thus, even as they repeated the words of Roth, the Memoirs plurality produced a drastically altered test that called on the prosecution to prove a negative, i. e., that the material was "utterly without redeeming social value" - a burden virtually impossible to discharge under our criminal standards of proof. Such considerations caused Mr. Justice Harlan to wonder if the "utterly without redeeming social value" test had any meaning at all. See Memoirs v. Massachusetts, id., at 459 (Harlan, J., dissenting). See also id., at 461 (WHITE, J., dissenting); United States v. Groner, 479 F.2d 577, 579-581 (CA5 1973).
Apart from the initial formulation in the Roth case, no majority of the Court has at any given time been able to agree on a standard to determine what constitutes obscene, pornographic material subject to regulation under the States' police power. See, e. g., Redrup v. New York, 386 U.S., at 770 -771. We have seen "a variety of views among the members of the Court unmatched in any other course of constitutional adjudication." Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 U.S., at 704 -705 (Harlan, J., concurring and dissenting) (footnote omitted). 3 This is not remarkable, for in the area [413 U.S. 15, 23] of freedom of speech and press the courts must always remain sensitive to any infringement on genuinely serious literary, artistic, political, or scientific expression. This is an area in which there are few eternal verities.
The case we now review was tried on the theory that the California Penal Code 311 approximately incorporates the three-stage Memoirs test, supra. But now the Memoirs test has been abandoned as unworkable by its author, 4 and no Member of the Court today supports the Memoirs formulation.
II
This much has been categorically settled by the Court, that obscene material is unprotected by the First Amendment. Kois v. Wisconsin, 408 U.S. 229 (1972); United States v. Reidel, 402 U.S., at 354 ; Roth v. United States, supra, at 485. 5 "The First and Fourteenth Amendments have never been treated as absolutes [footnote omitted]." Breard v. Alexandria, 341 U.S., at 642 , and cases cited. See Times Film Corp. v. Chicago, 365 U.S. 43, 47 -50 (1961); Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U.S., at 502 . We acknowledge, however, the inherent dangers of undertaking to regulate any form of expression. State statutes designed to regulate obscene materials must be [413 U.S. 15, 24] carefully limited. See Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, supra, at 682-685. As a result, we now confine the permissible scope of such regulation to works which depict or describe sexual conduct. That conduct must be specifically defined by the applicable state law, as written or authoritatively construed. 6 A state offense must also be limited to works which, taken as a whole, appeal to the prurient interest in sex, which portray sexual conduct in a patently offensive way, and which, taken as a whole, do not have serious literary, artistic, political, or scientific value.
The basic guidelines for the trier of fact must be: (a) whether "the average person, applying contemporary community standards" would find that the work, taken as a whole, appeals to the prurient interest, Kois v. Wisconsin, supra, at 230, quoting Roth v. United States, supra, at 489; (b) whether the work depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state law; and (c) whether the work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific value. We do not adopt as a constitutional standard the "utterly without redeeming social value" test of Memoirs v. Massachusetts, [413 U.S. 15, 25] 383 U.S., at 419 ; that concept has never commanded the adherence of more than three Justices at one time. 7 See supra, at 21. If a state law that regulates obscene material is thus limited, as written or construed, the First Amendment values applicable to the States through the Fourteenth Amendment are adequately protected by the ultimate power of appellate courts to conduct an independent review of constitutional claims when necessary. See Kois v. Wisconsin, supra, at 232; Memoirs v. Massachusetts, supra, at 459-460 (Harlan, J., dissenting); Jacobellis v. Ohio, 378 U.S., at 204 (Harlan, J., dissenting); New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 284 -285 (1964); Roth v. United States, supra, at 497-498 (Harlan, J., concurring and dissenting).
We emphasize that it is not our function to propose regulatory schemes for the States. That must await their concrete legislative efforts. It is possible, however, to give a few plain examples of what a state statute could define for regulation under part (b) of the standard announced in this opinion, supra:
(a) Patently offensive representations or descriptions of ultimate sexual acts, normal or perverted, actual or simulated.
(b) Patently offensive representations or descriptions of masturbation, excretory functions, and lewd exhibition of the genitals.
Sex and nudity may not be exploited without limit by films or pictures exhibited or sold in places of public accommodation any more than live sex and nudity can [413 U.S. 15, 26] be exhibited or sold without limit in such public places. 8 At a minimum, prurient, patently offensive depiction or description of sexual conduct must have serious literary, artistic, political, or scientific value to merit First Amendment protection. See Kois v. Wisconsin, supra, at 230-232; Roth v. United States, supra, at 487; Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88, 101 -102 (1940). For example, medical books for the education of physicians and related personnel necessarily use graphic illustrations and descriptions of human anatomy. In resolving the inevitably sensitive questions of fact and law, we must continue to rely on the jury system, accompanied by the safeguards that judges, rules of evidence, presumption of innocence, and other protective features provide, as we do with rape, murder, and a host of other offenses against society and its individual members. 9
MR. JUSTICE BRENNAN, author of the opinions of the Court, or the plurality opinions, in Roth v. United States, supra; Jacobellis v. Ohio, supra; Ginzburg v. United [413 U.S. 15, 27] States, 383 U.S. 463 (1966), Mishkin v. New York, 383 U.S. 502 (1966); and Memoirs v. Massachusetts, supra, has abandoned his former position and now maintains that no formulation of this Court, the Congress, or the States can adequately distinguish obscene material unprotected by the First Amendment from protected expression, Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, p. 73 (BRENNAN, J., dissenting). Paradoxically, MR. JUSTICE BRENNAN indicates that suppression of unprotected obscene material is permissible to avoid exposure to unconsenting adults, as in this case, and to juveniles, although he gives no indication of how the division between protected and nonprotected materials may be drawn with greater precision for these purposes than for regulation of commercial exposure to consenting adults only. Nor does he indicate where in the Constitution he finds the authority to distinguish between a willing "adult" one month past the state law age of majority and a willing "juvenile" one month younger.
Under the holdings announced today, no one will be subject to prosecution for the sale or exposure of obscene materials unless these materials depict or describe patently offensive "hard core" sexual conduct specifically defined by the regulating state law, as written or construed. We are satisfied that these specific prerequisites will provide fair notice to a dealer in such materials that his public and commercial activities may bring prosecution. See Roth v. United States, supra, at 491-492. Cf. Ginsberg v. New York, 390 U.S., at 643 . 10 If [413 U.S. 15, 28] the inability to define regulated materials with ultimate, god-like precision altogether removes the power of the States or the Congress to regulate, then "hard core" pornography may be exposed without limit to the juvenile, the passerby, and the consenting adult alike, as, indeed, MR. JUSTICE DOUGLAS contends. As to MR. JUSTICE DOUGLAS' position, see United States v. Thirty-seven Photographs, 402 U.S. 363, 379 -380 (1971) (Black, J., joined by DOUGLAS, J., dissenting); Ginzburg v. United States, supra, at 476, 491-492 (Black, J., and DOUGLAS, J., dissenting); Jacobellis v. Ohio, supra, at 196 (Black, J., joined by DOUGLAS, J., concurring); Roth, supra, at 508-514 (DOUGLAS, J., dissenting). In this belief, however, MR. JUSTICE DOUGLAS now stands alone.
MR. JUSTICE BRENNAN also emphasizes "institutional stress" in justification of his change of view. Noting that "[t]he number of obscenity cases on our docket gives ample testimony to the burden that has been placed upon this Court," he quite rightly remarks that the examination of contested materials "is hardly a source of edification to the members of this Court." Paris Adult [413 U.S. 15, 29] Theatre I v. Slaton, post, at 92, 93. He also notes, and we agree, that "uncertainty of the standards creates a continuing source of tension between state and federal courts . . . ." "The problem is . . . that one cannot say with certainty that material is obscene until at least five members of this Court, applying inevitably obscure standards, have pronounced it so." Id., at 93, 92.
It is certainly true that the absence, since Roth, of a single majority view of this Court as to proper standards for testing obscenity has placed a strain on both state and federal courts. But today, for the first time since Roth was decided in 1957, a majority of this Court has agreed on concrete guidelines to isolate "hard core" pornography from expression protected by the First Amendment. Now we may abandon the casual practice of Redrup v. New York, 386 U.S. 767 (1967), and attempt to provide positive guidance to federal and state courts alike.
This may not be an easy road, free from difficulty. But no amount of "fatigue" should lead us to adopt a convenient "institutional" rationale - an absolutist, "anything goes" view of the First Amendment - because it will lighten our burdens. 11 "Such an abnegation of judicial supervision in this field would be inconsistent with our duty to uphold the constitutional guarantees." Jacobellis v. Ohio, supra, at 187-188 (opinion of BRENNAN, J.). Nor should we remedy "tension between state and federal courts" by arbitrarily depriving the States of a power reserved to them under the Constitution, a power which they have enjoyed and exercised continuously from before the adoption of the First Amendment to this day. See Roth v. United States, supra, at 482-485. "Our duty admits of no `substitute for facing up [413 U.S. 15, 30] to the tough individual problems of constitutional judgment involved in every obscenity case.' [Roth v. United States, supra, at 498]; see Manual Enterprises, Inc. v. Day, 370 U.S. 478, 488 (opinion of Harlan, J.) [footnote omitted]." Jacobellis v. Ohio, supra, at 188 (opinion of BRENNAN, J.).
III
Under a National Constitution, fundamental First Amendment limitations on the powers of the States do not vary from community to community, but this does not mean that there are, or should or can be, fixed, uniform national standards of precisely what appeals to the "prurient interest" or is "patently offensive." These are essentially questions of fact, and our Nation is simply too big and too diverse for this Court to reasonably expect that such standards could be articulated for all 50 States in a single formulation, even assuming the prerequisite consensus exists. When triers of fact are asked to decide whether "the average person, applying contemporary community standards" would consider certain materials "prurient," it would be unrealistic to require that the answer be based on some abstract formulation. The adversary system, with lay jurors as the usual ultimate factfinders in criminal prosecutions, has historically permitted triers of fact to draw on the standards of their community, guided always by limiting instructions on the law. To require a State to structure obscenity proceedings around evidence of a national "community standard" would be an exercise in futility.
As noted before, this case was tried on the theory that the California obscenity statute sought to incorporate the tripartite test of Memoirs. This, a "national" standard of First Amendment protection enumerated by a plurality of this Court, was correctly regarded at the time of trial as limiting state prosecution under the controlling case [413 U.S. 15, 31] law. The jury, however, was explicitly instructed that, in determining whether the "dominant theme of the material as a whole . . . appeals to the prurient interest" and in determining whether the material "goes substantially beyond customary limits of candor and affronts contemporary community standards of decency," it was to apply "contemporary community standards of the State of California."
During the trial, both the prosecution and the defense assumed that the relevant "community standards" in making the factual determination of obscenity were those of the State of California, not some hypothetical standard of the entire United States of America. Defense counsel at trial never objected to the testimony of the State's expert on community standards 12 or to the instructions of the trial judge on "statewide" standards. On appeal to the Appellate Department, Superior Court of California, County of Orange, appellant for the first time contended that application of state, rather than national, standards violated the First and Fourteenth Amendments.
We conclude that neither the State's alleged failure to offer evidence of "national standards," nor the trial court's charge that the jury consider state community standards, were constitutional errors. Nothing in the First Amendment requires that a jury must consider hypothetical and unascertainable "national standards" when attempting to determine whether certain materials are obscene as a matter [413 U.S. 15, 32] of fact. Mr. Chief Justice Warren pointedly commented in his dissent in Jacobellis v. Ohio, supra, at 200:
"It is my belief that when the Court said in Roth that obscenity is to be defined by reference to `community standards,' it meant community standards - not a national standard, as is sometimes argued. I believe that there is no provable `national standard' . . . . At all events, this Court has not been able to enunciate one, and it would be unreasonable to expect local courts to divine one."
It is neither realistic nor constitutionally sound to read the First Amendment as requiring that the people of Maine or Mississippi accept public depiction of conduct found tolerable in Las Vegas, or New York City. 13 [413 U.S. 15, 33] See Hoyt v. Minnesota, 399 U.S. 524 -525 (1970) (BLACKMUN, J., dissenting); Walker v. Ohio, 398 U.S. 434 (1970) (BURGER, C. J., dissenting); id., at 434-435 (Harlan, J., dissenting); Cain v. Kentucky, 397 U.S. 319 (1970) (BURGER, C. J., dissenting); id., at 319-320 (Harlan, J., dissenting); United States v. Groner, 479 F.2d, at 581-583; O'Meara & Shaffer, Obscenity in The Supreme Court: A Note on Jacobellis v. Ohio, 40 Notre Dame Law. 1, 6-7 (1964). See also Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S., at 458 (Harlan, J., dissenting); Jacobellis v. Ohio, supra, at 203-204 (Harlan, J., dissenting); Roth v. United States, supra, at 505-506 (Harlan, J., concurring and dissenting). People in different States vary in their tastes and attitudes, and this diversity is not to be strangled by the absolutism of imposed uniformity. As the Court made clear in Mishkin v. New York, 383 U.S., at 508 -509, the primary concern with requiring a jury to apply the standard of "the average person, applying contemporary community standards" is to be certain that, so far as material is not aimed at a deviant group, it will be judged by its impact on an average person, rather than a particularly susceptible or sensitive person - or indeed a totally insensitive one. See Roth v. United States, supra, at 489. Cf. the now discredited test in Regina v. Hicklin, 1868. L. R. 3 Q. B. 360. We hold that the requirement that the jury evaluate the materials with reference to "contemporary [413 U.S. 15, 34] standards of the State of California" serves this protective purpose and is constitutionally adequate. 14
IV
The dissenting Justices sound the alarm of repression. But, in our view, to equate the free and robust exchange of ideas and political debate with commercial exploitation of obscene material demeans the grand conception of the First Amendment and its high purposes in the historic struggle for freedom. It is a "misuse of the great guarantees of free speech and free press . . . ." Breard v. Alexandria, 341 U.S., at 645 . The First Amendment protects works which, taken as a whole, have serious literary, artistic, political, or scientific value, regardless of whether the government or a majority of the people approve of the ideas these works represent. "The protection given speech and press was fashioned to assure unfettered interchange of ideas for the bringing about of [413 U.S. 15, 35] political and social changes desired by the people," Roth v. United States, supra, at 484 (emphasis added). See Kois v. Wisconsin, 408 U.S., at 230 -232; Thornhill v. Alabama, 310 U.S., at 101 -102. But the public portrayal of hard-core sexual conduct for its own sake, and for the ensuing commercial gain, is a different matter. 15
There is no evidence, empirical or historical, that the stern 19th century American censorship of public distribution and display of material relating to sex, see Roth v. United States, supra, at 482-485, in any way limited or affected expression of serious literary, artistic, political, or scientific ideas. On the contrary, it is beyond any question that the era following Thomas Jefferson to Theodore Roosevelt was an "extraordinarily vigorous period," not just in economics and politics, but in belles lettres and in "the outlying fields of social and political philosophies." 16 We do not see the harsh hand [413 U.S. 15, 36] of censorship of ideas - good or bad, sound or unsound - and "repression" of political liberty lurking in every state regulation of commercial exploitation of human interest in sex.
MR. JUSTICE BRENNAN finds "it is hard to see how state-ordered regimentation of our minds can ever be forestalled." Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, at 110 (BRENNAN, J., dissenting). These doleful anticipations assume that courts cannot distinguish commerce in ideas, protected by the First Amendment, from commercial exploitation of obscene material. Moreover, state regulation of hard-core pornography so as to make it unavailable to nonadults, a regulation which MR. JUSTICE BRENNAN finds constitutionally permissible, has all the elements of "censorship" for adults; indeed even more rigid enforcement techniques may be called for with such dichotomy of regulation. See Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 U.S., at 690 . 17 One can concede that the "sexual revolution" of recent years may have had useful byproducts in striking layers of prudery from a subject long irrationally kept from needed ventilation. But it does not follow that no regulation of patently offensive "hard core" materials is needed or permissible; civilized people do not allow unregulated access to heroin because it is a derivative of medicinal morphine.
In sum, we (a) reaffirm the Roth holding that obscene material is not protected by the First Amendment; (b) hold that such material can be regulated by the States, subject to the specific safeguards enunciated [413 U.S. 15, 37] above, without a showing that the material is "utterly without redeeming social value"; and (c) hold that obscenity is to be determined by applying "contemporary community standards," see Kois v. Wisconsin, supra, at 230, and Roth v. United States, supra, at 489, not "national standards." The judgment of the Appellate Department of the Superior Court, Orange County, California, is vacated and the case remanded to that court for further proceedings not inconsistent with the First Amendment standards established by this opinion. See United States v. 12 200-ft. Reels of Film, post, at 130 n. 7.
Vacated and remanded.

Footnotes
[ Footnote 1 ] At the time of the commission of the alleged offense, which was prior to June 25, 1969, 311.2 (a) and 311 of the California Penal Code read in relevant part: " 311.2 Sending or bringing into state for sale or distribution; printing, exhibiting, distributing or possessing within state "(a) Every person who knowingly: sends or causes to be sent, or brings or causes to be brought, into this state for sale or distribution, or in this state prepares, publishes, prints, exhibits, distributes, or offers to distribute, or has in his possession with intent to distribute [413 U.S. 15, 17] or to exhibit or offer to distribute, any obscene matter is guilty of a misdemeanor. . . ." " 311. Definitions "As used in this chapter: "(a) `Obscene' means that to the average person, applying contemporary standards, the predominant appeal of the matter, taken as a whole, is to prurient interest, i. e., a shameful or morbid interest in nudity, sex, or excretion, which goes substantially beyond customary limits of candor in description or representation of such matters and is matter which is utterly without redeeming social importance. "(b) `Matter' means any book, magazine, newspaper, or other printed or written material or any picture, drawing, photograph, motion picture, or other pictorial representation or any statute or other figure, or any recording, transcription or mechanical, chemical or electrical reproduction or any other articles, equipment, machines or materials. "(c) `Person' means any individual, partnership, firm, association, corporation, or other legal entity. "(d) `Distribute' means to transfer possession of, whether with or without consideration. "(e) `Knowingly' means having knowledge that the matter is obscene." Section 311 (e) of the California Penal Code, supra, was amended on June 25, 1969, to read as follows: "(e) `Knowingly' means being aware of the character of the matter." Cal. Amended Stats. 1969, c. 249, 1, p. 598. Despite appellant's contentions to the contrary, the record indicates that the new 311 (e) was not applied ex post facto to his case, but only the old 311 (e) as construed by state decisions prior to the commission of the alleged offense. See People v. Pinkus, 256 Cal. App. 2d 941, 948-950, 63 Cal. Rptr. 680, 685-686 (App. Dept., Superior Ct., Los Angeles, 1967); People v. Campise, 242 Cal. App. 2d 905, 914, 51 Cal. Rptr. 815, 821 (App. Dept., Superior Ct., San Diego, 1966). Cf. Bouie v. City of Columbia, 378 U.S. 347 (1964). Nor did 311.2, supra, as applied, create any "direct, immediate burden on the performance [413 U.S. 15, 18] of the postal functions," or infringe on congressional commerce powers under Art. I, 8, cl. 3. Roth v. United States, 354 U.S. 476, 494 (1957), quoting Railway Mail Assn. v. Corsi, 326 U.S. 88, 96 (1945). See also Mishkin v. New York, 383 U.S. 502, 506 (1966); Smith v. California, 361 U.S. 147, 150 -152 (1959).
[ Footnote 2 ] This Court has defined "obscene material" as "material which deals with sex in a manner appealing to prurient interest," Roth v. United States, supra, at 487, but the Roth definition does not reflect the precise meaning of "obscene" as traditionally used in the English language. Derived from the Latin obscaenus, ob, to, plus caenum, filth, "obscene" is defined in the Webster's Third New International Dictionary (Unabridged 1969) as "1a: disgusting [413 U.S. 15, 19] to the senses . . . b: grossly repugnant to the generally accepted notions of what is appropriate . . . 2: offensive or revolting as countering or violating some ideal or principle." The Oxford English Dictionary (1933 ed.) gives a similar definition, "[o]ffensive to the senses, or to taste or refinement: disgusting, repulsive, filthy, foul, abominable, loathsome." The material we are discussing in this case is more accurately defined as "pornography" or "pornographic material." "Pornography" derives from the Greek (porne, harlot, and graphos, writing). The word now means "1: a description of prostitutes or prostitution 2: a depiction (as in writing or painting) of licentiousness or lewdness: a portrayal of erotic behavior designed to cause sexual excitement." Webster's Third New International Dictionary, supra. Pornographic material which is obscene forms a sub-group of all "obscene" expression, but not the whole, at least as the word "obscene" is now used in our language. We note, therefore, that the words "obscene material," as used in this case, have a specific judicial meaning which derives from the Roth case, i. e., obscene material "which deals with sex." Roth, supra, at 487. See also ALI Model Penal Code 251.4 (l) "Obscene Defined." (Official Draft 1962.)
[ Footnote 3 ] In the absence of a majority view, this Court was compelled to embark on the practice of summarily reversing convictions for the dissemination of materials that at least five members of the Court, applying their separate tests, found to be protected by the First Amendment. Redrup v. New York, 386 U.S. 767 (1967). Thirty-one cases have been decided in this manner. Beyond the necessity of circumstances, however, no justification has ever been offered in support of the Redrup "policy." See Walker v. Ohio, 398 U.S. 434 -435 (1970) (dissenting opinions of BURGER, C. J., and Harlan, J.). The Redrup procedure has cast us in the role of an unreviewable board of censorship for the 50 States, subjectively judging each piece of material brought before us.
[ Footnote 4 ] See the dissenting opinion of MR. JUSTICE BRENNAN in Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, p. 73.
[ Footnote 5 ] As Mr. Chief Justice Warren stated, dissenting, in Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 200 (1964): "For all the sound and fury that the Roth test has generated, it has not been proved unsound, and I believe that we should try to live with it - at least until a more satisfactory definition is evolved. No government - be it federal, state, or local - should be forced to choose between repressing all material, including that within the realm of decency, and allowing unrestrained license to publish any material, no matter how vile. There must be a rule of reason in this as in other areas of the law, and we have attempted in the Roth case to provide such a rule."
[ Footnote 6 ] See, e. g., Oregon Laws 1971, c. 743, Art. 29, 255-262, and Hawaii Penal Code, Tit. 37, 1210-1216, 1972 Hawaii Session Laws, Act 9, c. 12, pt. II, pp. 126-129, as examples of state laws directed at depiction of defined physical conduct, as opposed to expression. Other state formulations could be equally valid in this respect. In giving the Oregon and Hawaii statutes as examples, we do not wish to be understood as approving of them in all other respects nor as establishing their limits as the extent of state power. We do not hold, as MR. JUSTICE BRENNAN intimates, that all States other than Oregon must now enact new obscenity statutes. Other existing state statutes, as construed heretofore or hereafter, may well be adequate. See United States v. 12 200-ft. Reels of Film, post, at 130 n. 7.
[ Footnote 7 ] "A quotation from Voltaire in the flyleaf of a book will not constitutionally redeem an otherwise obscene publication . . . ." Kois v. Wisconsin, 408 U.S. 229, 231 (1972). See Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413, 461 (1966) (WHITE, J., dissenting). We also reject, as a constitutional standard, the ambiguous concept of "social importance." See id., at 462 (WHITE, J., dissenting).
[ Footnote 8 ] Although we are not presented here with the problem of regulating lewd public conduct itself, the States have greater power to regulate nonverbal, physical conduct than to suppress depictions or descriptions of the same behavior. In United States v. O'Brien, 391 U.S. 367, 377 (1968), a case not dealing with obscenity, the Court held a State regulation of conduct which itself embodied both speech and nonspeech elements to be "sufficiently justified if . . . it furthers an important or substantial governmental interest; if the governmental interest is unrelated to the suppression of free expression; and if the incidental restriction on alleged First Amendment freedoms is no greater than is essential to the furtherance of that interest." See California v. LaRue, 409 U.S. 109, 117 -118 (1972).
[ Footnote 9 ] The mere fact juries may reach different conclusions as to the same material does not mean that constitutional rights are abridged. As this Court observed in Roth v. United States, 354 U.S., at 492 n. 30, "it is common experience that different juries may reach different results under any criminal statute. That is one of the consequences we accept under our jury system. Cf. Dunlop v. United States, 165 U.S. 486, 499 -500."
[ Footnote 10 ] As MR. JUSTICE BRENNAN stated for the Court in Roth v. United States, supra, at 491-492: "Many decisions have recognized that these terms of obscenity statutes are not precise. [Footnote omitted.] This Court, however, has consistently held that lack of precision is not itself offensive to the requirements of due process. `. . . [T]he Constitution does not require impossible standards'; all that is required is that the [413 U.S. 15, 28] language `conveys sufficiently definite warning as to the proscribed conduct when measured by common understanding and practices. . . .' United States v. Petrillo, 332 U.S. 1, 7 -8. These words, applied according to the proper standard for judging obscenity, already discussed, give adequate warning of the conduct proscribed and mark `. . . boundaries sufficiently distinct for judges and juries fairly to administer the law . . . . That there may be marginal cases in which it is difficult to determine the side of the line on which a particular fact situation falls is no sufficient reason to hold the language too ambiguous to define a criminal offense. . . .' Id., at 7. See also United States v. Harriss, 347 U.S. 612, 624 , n. 15; Boyce Motor Lines, Inc. v. United States, 342 U.S. 337, 340 ; United States v. Ragen, 314 U.S. 513, 523 -524; United States v. Wurzbach, 280 U.S. 396 ; Hygrade Provision Co. v. Sherman, 266 U.S. 497 ; Fox v. Washington, 236 U.S. 273 ; Nash v. United States, 229 U.S. 373 ."
[ Footnote 11 ] We must note, in addition, that any assumption concerning the relative burdens of the past and the probable burden under the standards now adopted is pure speculation.
[ Footnote 12 ] The record simply does not support appellant's contention, belatedly raised on appeal, that the State's expert was unqualified to give evidence on California "community standards." The expert, a police officer with many years of specialization in obscenity offenses, had conducted an extensive statewide survey and had given expert evidence on 26 occasions in the year prior to this trial. Allowing such expert testimony was certainly not constitutional error. Cf. United States v. Augenblick, 393 U.S. 348, 356 (1969).
[ Footnote 13 ] In Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964), two Justices argued that application of "local" community standards would run the risk of preventing dissemination of materials in some places because sellers would be unwilling to risk criminal conviction by testing variations in standards from place to place. Id., at 193-195 (opinion of BRENNAN, J., joined by Goldberg, J.). The use of "national" standards, however, necessarily implies that materials found tolerable in some places, but not under the "national" criteria, will nevertheless be unavailable where they are acceptable. Thus, in terms of danger to free expression, the potential for suppression seems at least as great in the application of a single nationwide standard as in allowing distribution in accordance with local tastes, a point which Mr. Justice Harlan often emphasized. See Roth v. United States, 354 U.S., at 506 . Appellant also argues that adherence to a "national standard" is necessary "in order to avoid unconscionable burdens on the free flow of interstate commerce." As noted supra, at 18 n. 1, the application of domestic state police powers in this case did not intrude on any congressional powers under Art. I, 8, cl. 3, for there is no indication that appellant's materials were ever distributed interstate. Appellant's argument would appear without substance in any event. Obscene material may be validly regulated by a State in the exercise of its traditional local power to protect the [413 U.S. 15, 33] general welfare of its population despite some possible incidental effect on the flow of such materials across state lines. See, e. g., Head v. New Mexico Board, 374 U.S. 424 (1963); Huron Portland Cement Co. v. Detroit, 362 U.S. 440 (1960); Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622 (1951); H. P. Hood & Sons v. Du Mond, 336 U.S. 525 (1949); Southern Pacific Co. v. Arizona, 325 U.S. 761 (1945); Baldwin v. G. A. F. Seelig, Inc., 294 U.S. 511 (1935); Sligh v. Kirkwood, 237 U.S. 52 (1915).
[ Footnote 14 ] Appellant's jurisdictional statement contends that he was subjected to "double jeopardy" because a Los Angeles County trial judge dismissed, before trial, a prior prosecution based on the same brochures, but apparently alleging exposures at a different time in a different setting. Appellant argues that once material has been found not to be obscene in one proceeding, the State is "collaterally estopped" from ever alleging it to be obscene in a different proceeding. It is not clear from the record that appellant properly raised this issue, better regarded as a question of procedural due process than a "double jeopardy" claim, in the state courts below. Appellant failed to address any portion of his brief on the merits to this issue, and appellee contends that the question was waived under California law because it was improperly pleaded at trial. Nor is it totally clear from the record before us what collateral effect the pretrial dismissal might have under state law. The dismissal was based, at least in part, on a failure of the prosecution to present affirmative evidence required by state law, evidence which was apparently presented in this case. Appellant's contention, therefore, is best left to the California courts for further consideration on remand. The issue is not, in any event, a proper subject for appeal. See Mishkin v. New York, 383 U.S. 502, 512 -514 (1966).
[ Footnote 15 ] In the apt words of Mr. Chief Justice Warren, appellant in this case was "plainly engaged in the commercial exploitation of the morbid and shameful craving for materials with prurient effect. I believe that the State and Federal Governments can constitutionally punish such conduct. That is all that these cases present to us, and that is all we need to decide." Roth v. United States, supra, at 496 (concurring opinion).
[ Footnote 16 ] See 2 V. Parrington, Main Currents in American Thought ix et seq. (1930). As to the latter part of the 19th century, Parrington observed "A new age had come and other dreams - the age and the dreams of a middle-class sovereignty ... From the crude and vast romanticisms of that vigorous sovereignty emerged eventually a spirit of realistic criticism, seeking to evaluate the worth of this new America, and discover if possible other philosophies to take the place of those which had gone down in the fierce battles of the Civil War." Id., at 474. Cf. 2 S. Morison, H. Commager & W. Leuchtenburg, The Growth of the American Republic 197-233 (6th ed. 1969); Paths of American Thought 123-166, 203-290 (A. Schlesinger & M. White ed. 1963) (articles of Fleming, Lerner, Morton & Lucia White, E. Rostow, Samuelson, Kazin, Hofstadter); and H. Wish, Society and Thought in Modern America 337-386 (1952).
[ Footnote 17 ] "[W]e have indicated . . . that because of its strong and abiding interest in youth, a State may regulate the dissemination to juveniles of, and their access to, material objectionable as to them, but which a State clearly could not regulate as to adults. Ginsberg v. New York,... [390 U.S. 629 (1968)]." Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 U.S. 676, 690 (1968) (footnote omitted).

MR. JUSTICE DOUGLAS, dissenting.
I
Today we leave open the way for California 1 to send a man to prison for distributing brochures that advertise books and a movie under freshly written standards defining obscenity which until today's decision were never the part of any law.
The Court has worked hard to define obscenity and concededly has failed. In Roth v. United States, 354 U.S. 476 , it ruled that "[o]bscene material is material which deals with sex in a manner appealing to prurient interest." Id., at 487. Obscenity, it was said, was rejected by the First Amendment because it is "utterly without redeeming [413 U.S. 15, 38] social importance." Id., at 484. The presence of a "prurient interest" was to be determined by "contemporary community standards." Id., at 489. That test, it has been said, could not be determined by one standard here and another standard there, Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 194 , but "on the basis of a national standard." Id., at 195. My Brother STEWART in Jacobellis commented that the difficulty of the Court in giving content to obscenity was that it was "faced with the task of trying to define what may be indefinable." Id., at 197.
In Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413, 418, the Roth test was elaborated to read as follows: "[T]hree elements must coalesce: it must be established that (a) the dominant theme of the material taken as a whole appeals to a prurient interest in sex; (b) the material is patently offensive because it affronts contemporary community standards relating to the description or representation of sexual matters; and (c) the material is utterly without redeeming social value."
In Ginzburg v. United States, 383 U.S. 463, a publisher was sent to prison, not for the kind of books and periodicals he sold, but for the manner in which the publications were advertised. The "leer of the sensualist" was said to permeate the advertisements. Id., at 468. The Court said, "Where the purveyor's sole emphasis is on the sexually provocative aspects of his publications, that fact may be decisive in the determination of obscenity." Id., at 470. As Mr. Justice Black said in dissent, ". . . Ginzburg . . . is now finally and authoritatively condemned to serve five years in prison for distributing printed matter about sex which neither Ginzburg nor anyone else could possibly have known to be criminal." Id., at 476. That observation by Mr. Justice Black is underlined by the fact that the Ginzburg decision was five to four. [413 U.S. 15, 39]
A further refinement was added by Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 641 , where the Court held that "it was not irrational for the legislature to find that exposure to material condemned by the statute is harmful to minors."
But even those members of this Court who had created the new and changing standards of "obscenity" could not agree on their application. And so we adopted a per curiam treatment of so-called obscene publications that seemed to pass constitutional muster under the several constitutional tests which had been formulated. See Redrup v. New York, 386 U.S. 767 . Some condemn it if its "dominant tendency might be to `deprave or corrupt' a reader." 2 Others look not to the content of the book but to whether it is advertised "`to appeal to the erotic interests of customers.' " 3 Some condemn only "hardcore pornography"; but even then a true definition is lacking. It has indeed been said of that definition, "I could never succeed in [defining it] intelligibly," but "I know it when I see it." 4
Today we would add a new three-pronged test:
"(a) whether `the average person, applying contemporary community standards' would find that the work, taken as a whole, appeals to the prurient interest, . . . (b) whether the work depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state law, and (c) whether the work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific value."
Those are the standards we ourselves have written into the Constitution. 5 Yet how under these vague tests can [413 U.S. 15, 40] we sustain convictions for the sale of an article prior to the time when some court has declared it to be obscene?
Today the Court retreats from the earlier formulations of the constitutional test and undertakes to make new definitions. This effort, like the earlier ones, is earnest and well intentioned. The difficulty is that we do not deal with constitutional terms, since "obscenity" is not mentioned in the Constitution or Bill of Rights. And the First Amendment makes no such exception from "the press" which it undertakes to protect nor, as I have said on other occasions, is an exception necessarily implied, for there was no recognized exception to the free press at the time the Bill of Rights was adopted which treated "obscene" publications differently from other types of papers, magazines, and books. So there are no constitutional guidelines for deciding what is and what is not "obscene." The Court is at large because we deal with tastes and standards of literature. What shocks me may [413 U.S. 15, 41] be sustenance for my neighbor. What causes one person to boil up in rage over one pamphlet or movie may reflect only his neurosis, not shared by others. We deal here with a regime of censorship which, if adopted, should be done by constitutional amendment after full debate by the people.
Obscenity cases usually generate tremendous emotional outbursts. They have no business being in the courts. If a constitutional amendment authorized censorship, the censor would probably be an administrative agency. Then criminal prosecutions could follow as, if, and when publishers defied the censor and sold their literature. Under that regime a publisher would know when he was on dangerous ground. Under the present regime - whether the old standards or the new ones are used - the criminal law becomes a trap. A brand new test would put a publisher behind bars under a new law improvised by the courts after the publication. That was done in Ginzburg and has all the evils of an ex post facto law.
My contention is that until a civil proceeding has placed a tract beyond the pale, no criminal prosecution should be sustained. For no more vivid illustration of vague and uncertain laws could be designed than those we have fashioned. As Mr. Justice Harlan has said:
"The upshot of all this divergence in viewpoint is that anyone who undertakes to examine the Court's decisions since Roth which have held particular material obscene or not obscene would find himself in utter bewilderment." Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, 390 U.S. 676, 707 .
In Bouie v. City of Columbia, 378 U.S. 347 , we upset a conviction for remaining on property after being asked to leave, while the only unlawful act charged by the statute was entering. We held that the defendants had received no "fair warning, at the time of their conduct" [413 U.S. 15, 42] while on the property "that the act for which they now stand convicted was rendered criminal" by the state statute. Id., at 355. The same requirement of "fair warning" is due here, as much as in Bouie. The latter involved racial discrimination; the present case involves rights earnestly urged as being protected by the First Amendment. In any case - certainly when constitutional rights are concerned - we should not allow men to go to prison or be fined when they had no "fair warning" that what they did was criminal conduct.
II
If a specific book, play, paper, or motion picture has in a civil proceeding been condemned as obscene and review of that finding has been completed, and thereafter a person publishes, shows, or displays that particular book or film, then a vague law has been made specific. There would remain the underlying question whether the First Amendment allows an implied exception in the case of obscenity. I do not think it does 6 and my views [413 U.S. 15, 43] on the issue have been stated over and over again. 7 But at least a criminal prosecution brought at that juncture would not violate the time-honored void-for-vagueness test. 8
No such protective procedure has been designed by California in this case. Obscenity - which even we cannot define with precision - is a hodge-podge. To send [413 U.S. 15, 44] men to jail for violating standards they cannot understand, construe, and apply is a monstrous thing to do in a Nation dedicated to fair trials and due process.
III
While the right to know is the corollary of the right to speak or publish, no one can be forced by government to listen to disclosure that he finds offensive. That was the basis of my dissent in Public Utilities Comm'n v. Pollak, 343 U.S. 451, 467, where I protested against making streetcar passengers a "captive" audience. There is no "captive audience" problem in these obscenity cases. No one is being compelled to look or to listen. Those who enter newsstands or bookstalls may be offended by what they see. But they are not compelled by the State to frequent those places; and it is only state or governmental action against which the First Amendment, applicable to the States by virtue of the Fourteenth, raises a ban.
The idea that the First Amendment permits government to ban publications that are "offensive" to some people puts an ominous gloss on freedom of the press. That test would make it possible to ban any paper or any journal or magazine in some benighted place. The First Amendment was designed "to invite dispute," to induce "a condition of unrest," to "create dissatisfaction with conditions as they are," and even to stir "people to anger." Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1, 4 . The idea that the First Amendment permits punishment for ideas that are "offensive" to the particular judge or jury sitting in judgment is astounding. No greater leveler of speech or literature has ever been designed. To give the power to the censor, as we do today, is to make a sharp and radical break with the traditions of a free society. The First Amendment was not fashioned as a vehicle for [413 U.S. 15, 45] dispensing tranquilizers to the people. Its prime function was to keep debate open to "offensive" as well as to "staid" people. The tendency throughout history has been to subdue the individual and to exalt the power of government. The use of the standard "offensive" gives authority to government that cuts the very vitals out of the First Amendment. 9 As is intimated by the Court's opinion, the materials before us may be garbage. But so is much of what is said in political campaigns, in the daily press, on TV, or over the radio. By reason of the First Amendment - and solely because of it - speakers and publishers have not been threatened or subdued because their thoughts and ideas may be "offensive" to some. The standard "offensive" is unconstitutional in yet another way. In Coates v. City of Cincinnati, 402 U.S. 611, we had before us a municipal ordinance that made it a crime for three or more persons to assemble on a street and conduct themselves "in a manner annoying to persons [413 U.S. 15, 46] passing by." We struck it down, saying: "If three or more people meet together on a sidewalk or street corner, they must conduct themselves so as not to annoy any police officer or other person who should happen to pass by. In our opinion this ordinance is unconstitutionally vague because it subjects the exercise of the right of assembly to an unascertainable standard, and unconstitutionally broad because it authorizes the punishment of constitutionally protected conduct.
"Conduct that annoys some people does not annoy others. Thus, the ordinance is vague, not in the sense that it requires a person to conform his conduct to an imprecise but comprehensive normative standard, but rather in the sense that no standard of conduct is specified at all." Id., at 614.
How we can deny Ohio the convenience of punishing people who "annoy" others and allow California power to punish people who publish materials "offensive" to some people is difficult to square with constitutional requirements.
If there are to be restraints on what is obscene, then a constitutional amendment should be the way of achieving the end. There are societies where religion and mathematics are the only free segments. It would be a dark day for America if that were our destiny. But the people can make it such if they choose to write obscenity into the Constitution and define it.
We deal with highly emotional, not rational, questions. To many the Song of Solomon is obscene. I do not think we, the judges, were ever given the constitutional power to make definitions of obscenity. If it is to be defined, let the people debate and decide by a constitutional amendment what they want to ban as obscene and what standards they want the legislatures and the courts to apply. Perhaps the people will decide that the path towards a mature, integrated society requires [413 U.S. 15, 47] that all ideas competing for acceptance must have no censor. Perhaps they will decide otherwise. Whatever the choice, the courts will have some guidelines. Now we have none except our own predilections.

[ Footnote 1 ] California defines "obscene matter" as "matter, taken as a whole, the predominant appeal of which to the average person, applying contemporary standards, is to prurient interest, i. e., a shameful or morbid interest in nudity, sex, or excretion; and is matter which taken as a whole goes substantially beyond customary limits of candor in description or representation of such matters; and is matter which taken as a whole is utterly without redeeming social importance." Calif. Penal Code 311 (a).
[ Footnote 2 ] Roth v. United States, 354 U.S. 476, 502 (opinion of Harlan, J.).
[ Footnote 3 ] Ginzburg v. United States, 383 U.S. 463, 467 .
[ Footnote 4 ] Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 197 (STEWART, J., concurring).
[ Footnote 5 ] At the conclusion of a two-year study, the U.S. Commission on [413 U.S. 15, 40] Obscenity and Pornography determined that the standards we have written interfere with constitutionally protected materials: "Society's attempts to legislate for adults in the area of obscenity have not been successful. Present laws prohibiting the consensual sale or distribution of explicit sexual materials to adults are extremely unsatisfactory in their practical application. The Constitution permits material to be deemed `obscene' for adults only if, as a whole, it appeals to the `prurient' interest of the average person, is `patently offensive' in light of `community standards,' and lacks `redeeming social value.' These vague and highly subjective aesthetic, psychological and moral tests do not provide meaningful guidance for law enforcement officials, juries or courts. As a result, law is inconsistently and sometimes erroneously applied and the distinctions made by courts between prohibited and permissible materials often appear indefensible. Errors in the application of the law and uncertainty about its scope also cause interference with the communication of constitutionally protected materials." Report of the Commission on Obscenity and Pornography 53 (1970).
[ Footnote 6 ] It is said that "obscene" publications can be banned on authority of restraints on communications incident to decrees restraining unlawful business monopolies or unlawful restraints of trade, Sugar Institute v. United States, 297 U.S. 553, 597 , or communications respecting the sale of spurious or fraudulent securities. Hall v. Geiger-Jones Co., 242 U.S. 539, 549 ; Caldwell v. Sioux Falls Stock Yards Co., 242 U.S. 559, 567 ; Merrick v. Halsey & Co., 242 U.S. 568, 584 . The First Amendment answer is that whenever speech and conduct are brigaded - as they are when one shouts "Fire" in a crowded theater - speech can be outlawed. Mr. Justice Black, writing for a unanimous Court in Giboney v. Empire Storage Co., 336 U.S. 490 , stated that labor unions could be restrained from picketing a firm in support of a secondary boycott which a State had validly outlawed. Mr. Justice Black said: "It rarely has been suggested that the constitutional freedom for speech and press extends its immunity to speech or writing used as an integral part of conduct in violation of a valid criminal statute. We reject the contention now." Id., at 498.
[ Footnote 7 ] See United States v. 12 200-ft. Reels of Film, post, p. 123; United States v. Orito, post, p. 139; Kois v. Wisconsin, 408 U.S. 229 ; Byrne v. Karalexis, 396 U.S. 976, 977 ; Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 650 ; Jacobs v. New York, 388 U.S. 431, 436 ; Ginzburg v. United States, 383 U.S. 463, 482 ; Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413, 424 ; Bantam Books, Inc. v. Sullivan, 372 U.S. 58, 72 ; Times Film Corp. v. Chicago, 365 U.S. 43, 78 ; Smith v. California, 361 U.S. 147, 167 ; Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S. 684, 697 ; Roth v. United States, 354 U.S. 476, 508 ; Kingsley Books, Inc. v. Brown, 354 U.S. 436, 446 ; Superior Films, Inc. v. Department of Education, 346 U.S. 587, 588 ; Gelling v. Texas, 343 U.S. 960 .
[ Footnote 8 ] The Commission on Obscenity and Pornography has advocated such a procedure: "The Commission recommends the enactment, in all jurisdictions which enact or retain provisions prohibiting the dissemination of sexual materials to adults or young persons, of legislation authorizing prosecutors to obtain declaratory judgments as to whether particular materials fall within existing legal prohibitions . . . . "A declaratory judgment procedure . . . would permit prosecutors to proceed civilly, rather than through the criminal process, against suspected violations of obscenity prohibition. If such civil procedures are utilized, penalties would be imposed for violation of the law only with respect to conduct occurring after a civil declaration is obtained. The Commission believes this course of action to be appropriate whenever there is any existing doubt regarding the legal status of materials; where other alternatives are available, the criminal process should not ordinarily be invoked against persons who might have reasonably believed, in good faith, that the books or films they distributed were entitled to constitutional protection, for the threat of criminal sanctions might otherwise deter the free distribution of constitutionally protected material." Report of the Commission on Obscenity and Pornography 63 (1970).
[ Footnote 9 ] Obscenity law has had a capricious history: "The white slave traffic was first exposed by W. T. Stead in a magazine article, `The Maiden Tribute.' The English law did absolutely nothing to the profiteers in vice, but put Stead in prison for a year for writing about an indecent subject. When the law supplies no definite standard of criminality, a judge in deciding what is indecent or profane may consciously disregard the sound test of present injury, and proceeding upon an entirely different theory may condemn the defendant because his words express ideas which are thought liable to cause bad future consequences. Thus musical comedies enjoy almost unbridled license, while a problem play is often forbidden because opposed to our views of marriage. In the same way, the law of blasphemy has been used against Shelley's Queen Mab and the decorous promulgation of pantheistic ideas, on the ground that to attack religion is to loosen the bonds of society and endanger the state. This is simply a roundabout modern method to make heterodoxy in sex matters and even in religion a crime." Z. Chafee, Free Speech in the United States 151 (1942).

MR. JUSTICE BRENNAN, with whom MR. JUSTICE STEWART and MR. JUSTICE MARSHALL join, dissenting.
In my dissent in Paris Adult Theatre I v. Slaton, post, p. 73, decided this date, I noted that I had no occasion to consider the extent of state power to regulate the distribution of sexually oriented material to juveniles or the offensive exposure of such material to unconsenting adults. In the case before us, appellant was convicted of distributing obscene matter in violation of California Penal Code 311.2, on the basis of evidence that he had caused to be mailed unsolicited brochures advertising various books and a movie. I need not now decide whether a statute might be drawn to impose, within the requirements of the First Amendment, criminal penalties for the precise conduct at issue here. For it is clear that under my dissent in Paris Adult Theatre I, the statute under which the prosecution was brought is unconstitutionally overbroad, and therefore invalid on its face. ** "[T]he transcendent value to all society of constitutionally protected expression is deemed to justify allowing `attacks on overly broad statutes with no requirement that the person making the attack demonstrate that his own conduct could not be regulated by a statute drawn with the requisite narrow specificity.'" Gooding v. Wilson, 405 U.S. 518, 521 (1972), quoting [413 U.S. 15, 48] from Dombrowski v. Pfister, 380 U.S. 479, 486 (1965). See also Baggett v. Bullitt, 377 U.S. 360, 366 (1964); Coates v. City of Cincinnati, 402 U.S. 611, 616 (1971); id., at 619-620 (WHITE, J., dissenting); United States v. Raines, 362 U.S. 17, 21 -22 (1960); NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 433 (1963). Since my view in Paris Adult Theatre I represents a substantial departure from the course of our prior decisions, and since the state courts have as yet had no opportunity to consider whether a "readily apparent construction suggests itself as a vehicle for rehabilitating the [statute] in a single prosecution," Dombrowski v. Pfister, supra, at 491, I would reverse the judgment of the Appellate Department of the Superior Court and remand the case for proceedings not inconsistent with this opinion. See Coates v. City of Cincinnati, supra, at 616.

[ Footnote ** ] Cal. Penal Code 311.2 (a) provides that "Every person who knowingly: sends or causes to be sent, or brings or causes to be brought, into this state for sale or distribution, or in this state prepares, publishes, prints, exhibits, distributes, or offers to distribute, or has in his possession with intent to distribute or to exhibit or offer to distribute, any obscene matter is guilty of a misdemeanor." [413 U.S. 15, 49]


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