febrero 14, 2011

"Reno v. ACLU" 521 US 844 (1997) -Versión en español y en ingles-

RENO, ATTORNEY GENERAL OF THE UNITED STATES, et al. v. (ACLU) AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION et al.
521 US 844 (1997)
N° 96-511.
Corte Suprema de los EE. UU
[26 de Junio de 1997]


[Sumario]
Apelación de la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania
Alegatos: 19 de marzo de 1997 - Sentencia: 26 de junio de 1997
Dos de las disposiciones de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act, CDA o la Ley) de 1996 tienen por objeto proteger a los menores de los materiales nocivos que circulan en Internet, una red internacional de computadoras interconectadas que permite a millones de personas comunicarse entre sí en el “ciberespacio” y acceder a un enorme caudal de información proveniente de todas partes del mundo. El título 47 del Código Anotado de los EE. UU. (United States Code Annotated, U.S.C.A.) 223(a)(1)(B)(ii) (Supp. 1997) considera que la transmisión “a sabiendas” de mensajes “obscenos o indecentes” a cualquier receptor menor de 18 años constituye un delito. El artículo 223(d) prohíbe el envío o la exhibición, “a sabiendas”, a una persona menor de 18 años, de cualquier mensaje “que, en contexto, represente o describa, en términos claramente ofensivos conforme a los estándares vigentes en la comunidad, actividades u órganos sexuales o excretorios”.
Se contemplan excepciones para quienes realicen “acciones... eficaces... de buena fe” para restringir el acceso de los menores a las comunicaciones prohibidas, artículo 223(e)(5)(A), y a quienes restrinjan dicho acceso exigiendo determinados procedimientos para demostrar la edad, tales como contar con una tarjeta de crédito verificada o un número de identificación de adulto, artículo 223(e)(5)(B). Un grupo de personas inició acciones legales para objetar la constitucionalidad de los artículos 223(a)(1) y 223(d). Después de una extensa apreciación de los hechos, un Tribunal de Distrito conformado por tres jueces convocados en virtud de la Ley dictó una medida cautelar preliminar en contra de la aplicación de las dos disposiciones objetadas. La sentencia dictada por el tribunal establece que el Gobierno debe hacer cumplir las prohibiciones del artículo 223(a)(1)(B) en tanto y en cuanto estén vinculadas con comunicaciones “indecentes”, pero preserva expresamente el derecho del Gobierno de investigar y juzgar las actividades de obscenidad o pornografía infantil que se encuentran prohibidas allí. La medida cautelar contra la aplicación del artículo 223(d) es improcedente, porque dicho artículo no contiene una referencia por separado a la obscenidad o pornografía infantil. El Gobierno apeló ante esta Corte en virtud de las disposiciones de revisión judicial especial de la Ley, con el argumento de que el Tribunal del Distrito se equivocó al sostener que la CDA violaba tanto la Primera Enmienda, por ser excesivamente amplia, como la Quinta Enmienda por ser imprecisa.

Resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos: Las disposiciones sobre “comunicación indecente” y “exhibición manifiestamente ofensiva” de la CDA cercenan “la libertad de expresión” protegida por la Primera Enmienda. Págs. 17-40.
a) Si bien la imprecisión de la CDA resulta pertinente al cuestionamiento sobre el carácter excesivamente amplio de la Primera Enmienda, la sentencia debería ser confirmada sin tener en cuenta la cuestión de la Quinta Enmienda. P. 17.
b) Un análisis detenido de los precedentes en los cuales se basa el Gobierno — Ginsberg v. New York, 390 US 62; FCC v. Pacifica Foundation, 438 US 726; y Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 US 41 — plantea, en lugar de disipar, dudas acerca de la constitucionalidad de la CDA. La CDA difiere, en muchos aspectos, de las distintas leyes y sentencias confirmadas en esos casos; por ejemplo, en que no considera que los padres tengan la facultad de prestar su consentimiento para que sus hijos utilicen materiales restringidos; no está limitada a transacciones comerciales; no establece ninguna definición de “indecente” y omite el requisito de que el material “manifiestamente ofensivo” carezca de algún valor atenuante desde el punto de vista social; no limita sus amplias prohibiciones categóricas a ocasiones específicas ni tampoco las basa en una evaluación por parte de un organismo familiarizado con las características únicas del medio; tiene carácter punitivo; se aplica a un medio que, a diferencia de la radio, recibe plena protección en virtud de la Primera Enmienda; y no puede ser adecuadamente analizada como una forma de reglamentación del tiempo, el lugar y el modo, dado que constituye una restricción general de la expresión que se basa en el contenido. Por tanto, estos precedentes no requieren que la Corte confirme la CDA y son plenamente coherentes con la aplicación de la revisión más estricta de sus disposiciones. Págs. 17-21.
c) Los factores especiales reconocidos en algunos de los casos del Tribunal como justificaciones de la reglamentación de los medios de transmisión —la historia de las numerosas reglamentaciones gubernamentales sobre las transmisiones; consultar, p. ej., Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 399 -400; la escasez de frecuencias disponibles al momento de su creación; ver, p. ej., Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512 US 622, 637-638; y su naturaleza “invasiva”; ver Sable Communications of Cal., Inc. v. FCC, 492 US 115, 128 — no se dan en el ámbito del ciberespacio. En consecuencia, estos casos no ofrecen una base para calificar el nivel de análisis de la Primera Enmienda que debe aplicarse a Internet. Págs. 22-24.
d) Independientemente de si la CDA es tan imprecisa que viola la Quinta Enmienda, las numerosas ambigüedades que se suscitan en torno a la amplitud de su alcance hacen que resulte problemática a efectos de la Primera Enmienda. Por ejemplo, su uso de los términos no definidos “indecente” y “manifiestamente ofensivo” provocará incertidumbre entre los oradores respecto de cuál es la relación entre los dos estándares y qué significan estos. La imprecisión de esa reglamentación basada en contenidos, ver, p. ej., Gentile v. State Bar of Nev., 501 US 1030 , sumada al aumento de su efecto disuasorio como ley penal; ver, p. ej., Dombrowski v. Pfister, 380 US 479, plantean inquietudes especiales respecto de la Primera Enmienda por su evidente efecto de inhibición en relación con la libre expresión. Contrariamente a lo que argumenta el Gobierno, la CDA no queda exenta de ser considerada imprecisa por el hecho de que su estándar de “manifiestamente ofensivo” repita la segunda parte de la prueba de obscenidad de tres elementos que se estableció en el caso Miller v. California, 413 US 15, 24. El segundo elemento de Miller reduce la imprecisión inherente de su propio término “manifiestamente ofensivo” al exigir que el material proscripto sea “definido expresamente por la ley del estado aplicable”. Además, la CDA se aplica únicamente a la “conducta sexual”, mientras que la prohibición de la CDA se extiende también a las “actividades excretorias” y a los “órganos” tanto sexuales como excretorios. Cada uno de los otros dos elementos de Miller también limita, de manera crítica, la generalidad y la incertidumbre de la definición de obscenidad. El solo hecho de que una definición con tres limitaciones no resulte imprecisa no implica que una de esas limitaciones, por sí sola, no pueda ser imprecisa. La imprecisión de la CDA reduce la probabilidad de que haya sido cuidadosamente ajustada a la meta del Congreso de proteger a los menores de materiales que podían resultar nocivos. Págs. 24-28.
e) La CDA carece de la precisión que exige la Primera Enmienda para las leyes que reglamentan el contenido de las expresiones. Si bien el Gobierno está interesado en proteger a los niños de materiales que podrían resultar nocivos, ver, p. ej., el caso Ginsberg, 390 US, en 639 , la CDA persigue ese interés suprimiendo un enorme caudal de expresiones que los adultos tienen derecho a enviar y recibir en virtud de la Constitución; ver, p. ej., el caso Sable, supra, en 126. Esta amplitud no tiene absolutamente ningún precedente. La carga que coloca la CDA sobre las expresiones de los adultos es inaceptable si existen alternativas menos restrictivas que tendrían, al menos, la misma eficacia para lograr los fines legítimos que persigue la Ley. Ver, p. ej., Sable, 492 US, en 126. El Gobierno no ha demostrado lo contrario. Por otro lado, el Tribunal de Distrito determinó que el software basado en el usuario que existe en la actualidad sugiere que pronto se encontrará ampliamente disponible un método razonablemente eficaz que los padres podrán utilizar para evitar que sus hijos accedan a materiales que, en opinión de éstos, son inapropiados. Incluso los argumentos planteados ante este tribunal hicieron referencia a posibles alternativas, tales como exigir que los materiales indecentes sean “identificados” para facilitar el control por parte de los padres, estableciendo excepciones en los casos de mensajes con valor artístico o educativo, con cierto nivel de tolerancia para que los padres ejerzan su facultad de elegir, y reglamentando algunas partes de Internet de manera distinta que otras. En particular, teniendo en cuenta que no existen conclusiones detalladas por parte del Congreso, y que ni siquiera se han llevado a cabo audiencias para tratar los problemas especiales de la CDA, la Corte está convencida de que la CDA carece de precisión. Págs. 28-33.
f) Se rechazan los otros tres argumentos esgrimidos por el Gobierno para confirmar las prohibiciones afirmativas de la CDA. En primer lugar, el argumento de que la Ley es constitucional porque deja abiertos amplios “canales alternativos” de comunicación no resulta convincente, ya que la CDA reglamenta el discurso en función de su contenido; de modo que un análisis de “tiempo, lugar y modo” resulta inaplicable. Ver, p. ej., Consolidated Edi son Co. of N.Y. v. Public Serv. Comm’n of N.Y., 447 US 530, 536. En segundo lugar, la afirmación de que los requisitos de “conocimiento” y “persona específica” de la CDA restringen significativamente su aplicación permitida a comunicaciones a personas que el remitente sabe que tienen menos de 18 años de edad no puede sostenerse. La mayoría de los foros de Internet se encuentran abiertos a todas las personas que quieran participar, e incluso la lectura más estricta del requisito de “persona específica” conferiría amplias facultades de censura, en la forma de “veto de los abucheadores” (hecklers veto), a cualquier persona que se opusiera a las expresiones indecentes. Finalmente, no existen textos que sustenten el argumento de que los materiales que tengan valor científico, educativo u otro valor social atenuante se encuentren necesariamente fuera de las prohibiciones de la CDA. Págs. 33-35.
g) Las defensas planteadas en el artículo 223(e)(5) no constituyen el tipo de “precisión” que legitimaría a la CDA. El argumento del Gobierno de que quienes transmiten información pueden, con el objeto de protegerse, realizar “acciones de buena fe” “identificando” sus comunicaciones indecentes de manera tal que quede claro cuáles son sus contenidos —lo cual permitiría a los receptores bloquear tales materiales mediante el uso de software adecuado— resulta ilusoria si se tiene en cuenta que dichas acciones deben ser “eficaces”. En la actualidad, no existe software de detección de ese tipo; y aun si existiera, no habría modo de saber si un potencial receptor realmente bloquearía el material codificado. El Gobierno tampoco pudo probar que la defensa de verificación del artículo 223(b)(5) reduciría notablemente la pesada carga que la CDA establece sobre las posibilidades de expresión de los adultos. Si bien algunos proveedores comerciales de materiales de contenido sexual explícito están utilizando efectivamente dicha verificación, las conclusiones del Tribunal de Distrito indican que no resulta económicamente viable para la mayoría de las personas u organizaciones que se expresan sin perseguir un fin comercial. Págs. 35-37.
h) El argumento del Gobierno de que esta Corte debería preservar la constitucionalidad de la CDA a través del cumplimiento de su cláusula de divisibilidad, artículo 608, y de la interpretación acotada de los términos que no son divisibles puede aceptarse solamente en un sentido. Dado que el discurso obsceno puede ser prohibido en su totalidad —ver caso Miller, supra, en 18— y que la restricción del material “obsceno” impuesta por el artículo 223(a) se manifiesta, en el texto, en forma independiente del material “indecente”, la Corte puede separar el término “o indecente” de la ley y mantener en vigencia el resto del artículo 223(a). Págs. 37-39.
i) El argumento del Gobierno de que su “importante” interés en promover el crecimiento de Internet brinda una base independiente para confirmar la constitucionalidad de la CDA resulta especialmente poco convincente. La notable expansión de este nuevo foro contradice la base fáctica que subyace a este argumento: que la disponibilidad no reglamentada de materiales “indecentes” y “manifiestamente ofensivos” está haciendo que las personas se alejen de Internet. P. 40.
929 F. Supp. 824, confirmada.
El juez Stevens redactó la decisión de la Corte, a la que adhirieron los jueces Scalia, Kennedy, Souter, Thomas, Ginsburg y Breyer. El juez O’Connor emitió un voto particular concurrente con parte de la sentencia y disidente respecto de otros aspectos de ella, al cual adhirió el juez Rehnquist, Presidente de la Corte. *
_________________
* NOTA: Esta decisión se encuentra sujeta a una revisión formal previa a la publicación en la impresión preliminar de los Informes de los Estados Unidos. Se solicita a los lectores que notifiquen al Agente de Informe de Sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Washington, D. C. 20543, cualquier error tipográfico u otro error formal detectado, a fin de que puedan practicarse las correcciones necesarias antes de que esta copia preliminar sea impresa.

JANET RENO, ATTORNEY GENERAL OF THE UNITED STATES, et al., APPELLANTS
v.
AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION et al.
sobre apelación de la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania
N.º 96-511.
Corte Suprema de los EE. UU.
[26 de junio de 1997]

[Sentencia]
El juez Stevens redactó la decisión de la Corte.
El tema en cuestión es la constitucionalidad de dos disposiciones de una ley destinadas a proteger a los menores de las comunicaciones “indecentes” y “manifiestamente ofensivas” que tienen lugar a través de Internet. Sin perjuicio de la legitimidad y la importancia de la meta del Congreso de proteger a los niños del daño que pueden causar los materiales nocivos, estamos de acuerdo con el panel de tres jueces del Tribunal de Distrito en que la ley cercena “la libertad de expresión” protegida por la Primera Enmienda [1].
El Tribunal de Distrito realizó una extensa apreciación de los hechos, que se basó mayormente en estipulaciones detalladas preparadas por las partes. Ver 929 F. Supp. 824, 830-849 (ED Pa. 1996) [2]. Las conclusiones describen las características y dimensiones de Internet, la disponibilidad de materiales de contenido sexual explícito en ese medio y los problemas que plantea la verificación de edad para los receptores de comunicaciones a través de Internet. Dado que dichas conclusiones brindan elementos para apuntalar las cuestiones legales, comenzaremos con un resumen de los temas que no son objeto de debate.
INTERNET
Internet es una red internacional de computadoras interconectadas. Es el desarrollo de lo que comenzó en el año 1969 como un programa militar denominado “ARPANET” [3], que había sido diseñado para permitir que las computadoras operadas por las fuerzas militares, los contratistas de defensa y las universidades que estaban llevando a cabo investigaciones relacionadas con la defensa pudieran comunicarse entre sí a través de canales redundantes, aun cuando algunas partes de la red resultaran dañadas en enfrentamientos bélicos. Si bien ARPANET ha dejado de existir, proporcionó un ejemplo para el desarrollo de una serie de redes civiles que, estableciendo vínculos de interconexión, en la actualidad permite que decenas de millones de personas se comuniquen entre sí y accedan a enormes caudales de información proveniente de todas partes del mundo. Internet es un “medio único y absolutamente nuevo para la comunicación humana a nivel mundial” [4].
Internet ha registrado un “crecimiento extraordinario” [5]. La cantidad de computadoras “host” —las que almacenan información y retransmiten las comunicaciones— aumentaron de cerca de 300 en 1981 a aproximadamente 9.400.000 para la fecha del juicio, en 1996. Aproximadamente el 60% de estos hosts se encuentra ubicado en los Estados Unidos. Cerca de 40 millones de personas usaban Internet al momento del juicio, un número que se espera que aumente exponencialmente hasta alcanzar los 200 millones para el año 1999.
Las personas pueden tener acceso a Internet desde muchas fuentes diferentes, que generalmente son hosts en sí mismas o bien son entidades afiliadas a un host. La mayoría de las instituciones de educación superior y universidades brindan acceso a Internet a sus estudiantes y docentes; muchas empresas brindan a sus empleados acceso a Internet a través de una red de oficina; muchas comunidades y bibliotecas locales ofrecen acceso gratuito; y un número cada vez mayor de “cibercafés” a la calle permiten acceder al servicio a cambio de una moderada tarifa por hora. Diversos “servicios en línea”, tales como America Online, CompuServe, Microsoft Network y Prodigy, ofrecen acceso a sus amplias redes propias, así como un enlace a los recursos mucho más vastos que brinda Internet. Estos servicios en línea de tipo comercial tenían casi 12 millones de suscriptores individuales al momento del juicio.
Cualquier persona que cuente con acceso a Internet puede aprovechar la amplia variedad de métodos de comunicación y de obtención de información. Estos métodos se encuentran en constante evolución y no es sencillo clasificarlos con exactitud. No obstante, tal como se encuentran constituidos en la actualidad, los más importantes para este caso son el correo electrónico (“e-mail”), los servicios de listas de correo automáticas (“gestores de correo”, a veces denominados “servidores de lista”), “grupos de noticias”, “salas de chat” y la “World Wide Web.” Todos estos métodos pueden utilizarse para transmitir texto y la mayoría puede transmitir sonido, fotografías e imágenes de video con movimiento. Tomadas en conjunto, estas herramientas constituyen un medio único —conocido por sus usuarios como “ciberespacio”— que no se encuentra ubicado en un lugar geográfico particular, pero que se encuentra disponible para todas las personas, en cualquier lugar del mundo, que tengan acceso a Internet.
El correo electrónico permite enviar un mensaje electrónico —que, en general, es similar a una nota o carta— a otra persona o a un grupo de destinatarios. El mensaje generalmente se almacena por medios electrónicos; y a veces requiere esperar a que el receptor verifique su “casilla de correo” y otras veces notifica al receptor a través de algún tipo de aviso. Un gestor de correo es un tipo de correo electrónico grupal. Los suscriptores pueden enviar mensajes a una dirección de correo electrónico común, que luego envía los mensajes a los demás suscriptores. Los grupos de noticias también son utilizados por grupos de participantes regulares, pero estas publicaciones también pueden ser leídas por terceros. Existen miles de estos grupos, y cada uno de ellos sirve para promover un intercambio de información u opinión sobre un tema en particular, que puede ir desde, por ejemplo, la música de Wagner hasta la situación política en los Balcanes, pasando por la prevención del sida y los Chicago Bulls. Todos los días, se publican aproximadamente 100.000 mensajes nuevos. En la mayoría de los grupos de noticias, las publicaciones se purgan automáticamente a intervalos regulares. Además de publicar un mensaje que pueda leerse más tarde, dos o más personas que deseen comunicarse de manera más inmediata pueden ingresar en una sala de chat para mantener un diálogo en tiempo real; en otras palabras, escribiéndose mensajes que aparecen casi inmediatamente en la pantalla de la computadora de la otra persona. El Tribunal de Distrito determinó que, en cualquier momento, “decenas de miles de usuarios participan en conversaciones acerca de una enorme variedad de temas” [6]. Por tanto, “no resulta exagerado concluir que el contenido de Internet es tan diverso como el pensamiento humano” [7].
La categoría de comunicación por Internet más conocida es la World Wide Web, que permite a los usuarios buscar y obtener información almacenada en computadoras remotas, al igual que, en algunos casos, comunicarse con determinados sitios. En términos concretos, la web consiste de una enorme cantidad de documentos almacenados en diferentes computadoras en todas partes del mundo. Algunos de estos documentos son simplemente archivos que contienen información. No obstante, también abundan otros documentos más elaborados, conocidos como “páginas” web. Cada una tiene su [8] propia dirección, que funciona de manera bastante similar a un número telefónico”. Las páginas web suelen contener información y, en algunas oportunidades, permiten que la persona que las visita se comunique con el autor de la página (o “sitio”). Generalmente, también contienen “enlaces” a otros documentos creados por el autor de ese sitio o a otros sitios que tienen alguna relación (general) con el sitio inicialmente visitado. Habitualmente, los enlaces aparecen como texto de color azul o bien subrayados. A veces aparecen como imágenes.
Navegar por la web es relativamente simple. Un usuario puede escribir la dirección de una página que conoce o ingresar una o más palabras clave en un “motor de búsqueda” comercial, con la intención de identificar sitios sobre un tema de su interés. Una página web popular puede contener la información que busca la persona que está “navegando” o bien, a través de enlaces, puede funcionar como vía de acceso a otros documentos que se encuentran ubicados en otros lugares de la red. Habitualmente, los usuarios exploran una página web determinada, o visitan otra, haciendo clic con el “mouse” de su computadora en uno de los íconos o enlaces de la página. En la mayoría de los casos, el acceso a las páginas web es libre, pero algunas solamente permiten el ingreso de personas que hayan adquirido un derecho de acceso a través de un proveedor comercial. Por tanto, la web puede compararse, desde el punto de vista de los lectores, con una vasta biblioteca que incluye millones de publicaciones indexadas y fácilmente disponibles, y un punto de oferta de bienes y servicios que crece a pasos agigantados.
Desde la perspectiva de quien publica información, constituye una vasta plataforma que permite llegar a una audiencia internacional de millones de lectores, observadores, investigadores y compradores, y comunicarse con ellos. Cualquier persona u organización que cuente con una computadora conectada a Internet puede “publicar” información. Entre las personas y entidades que publican información se pueden mencionar los organismos de gobierno, instituciones educativas, entidades comerciales, grupos de defensa y personas físicas [9]. Las personas que publican información pueden poner sus materiales a disposición de la totalidad de los usuarios de Internet, o bien restringir el acceso a un grupo determinado, como por ejemplo, los que desean pagar por el derecho de acceso. “No existe una única organización que controle las membresías que circulan por la web, y tampoco existe un punto centralizado desde donde puedan bloquearse sitios o servicios web individuales” [10].
MATERIALES DE CONTENIDO SEXUAL EXPLÍCITO
En Internet, los materiales de contenido sexual explícito incluyen textos, fotografías y conversaciones, y “van desde la mera estimulación hasta el más alto contenido explícito” [11]. Los archivos son creados, nombrados y publicados de la misma manera que los materiales que no tienen contenido sexual explícito, y que puede tener acceso a ellos deliberadamente o accidentalmente al realizar una búsqueda imprecisa. “Una vez que un proveedor publica su contenido en Internet, no puede evitar que ese contenido ingrese en alguna comunidad” [12]. En consecuencia, por ejemplo,
cuando el Museo de Fotografía UCR/California Museum of Photography publica en su sitio web desnudos de Edward Weston y Robert Mapplethorpe para anunciar que su nueva exposición se presentará en Baltimore y en la Ciudad de Nueva York, dichas imágenes pasan a encontrarse disponibles no solo en Los Angeles, Baltimore y la Ciudad de Nueva York, sino también en Cincinnati, Mobile o Beijing: donde sea que vivan los usuarios de Internet. De manera similar, las instrucciones para tener sexo más seguro que publica Critical Path en su sitio web, escritas en el lenguaje de la calle para que los adolescentes destinatarios puedan comprenderlas, se encuentran disponibles no solo en Filadelfia, sino también en Provo y en Praga[13].
Algunas de las comunicaciones por Internet que se originan en países extranjeros también tienen contenido sexual explícito [14].
Pese a que dichos materiales se encuentran ampliamente disponibles, es poco frecuente que los usuarios encuentren estos contenidos en forma accidental. “El título de un documento o su descripción suele aparecer antes que el documento mismo... Y, en muchos casos, el usuario recibe información detallada acerca del contenido de un sitio antes de que esta persona tenga que realizar la acción necesaria para acceder al documento. Casi todas las imágenes de sexo explícito están precedidas por advertencias respecto de su contenido” [15]. Por tal motivo, existen pocas posibilidades de que un usuario ingrese en un sitio de sexo explícito por accidente [16]. A diferencia de las comunicaciones recibidas por radio o televisión, “la recepción de información a través de Internet requiere una serie de pasos afirmativos más deliberados y dirigidos que simplemente cambiar de dial. Un niño debe tener habilidades relativamente sofisticadas y cierta capacidad para leer y obtener materiales y, por tanto, para usar Internet sin supervisión” [17].
Se han desarrollado sistemas para ayudar a los padres a controlar los materiales que pueden encontrarse disponibles en una computadora de hogar que tenga acceso a Internet. Un sistema puede limitar el acceso de una computadora a una lista de fuentes aprobadas que se ha identificado que no contienen material para adultos, bloquear determinados sitios no deseados o bien puede intentar bloquear los mensajes que contengan características identificables que puedan resultar objetables. “Si bien el software de control para padres actualmente puede buscar determinadas palabras sugerentes o sitios de contenido sexual explícito conocido, no puede buscar imágenes de contenido sexual explícito” [18]. No obstante, las pruebas indican que “pronto se encontrará disponible un método razonablemente eficaz que podrán utilizar los padres para evitar que sus hijos accedan a materiales de contenido sexual explícito y otros que, a criterio de sus padres, es inadecuado para ellos” [19].
VERIFICACIÓN DE EDAD
El problema de la verificación de edad tiene características diferentes según los distintos usos de Internet. El Tribunal de Distrito determinó categóricamente que “no existe una manera eficaz de determinar la identidad ni la edad de un usuario que accede a ciertos materiales a través del correo electrónico, gestores de correo, grupos de noticias o salas de chat” [20]. El Gobierno no ofreció prueba alguna de que existiera una manera confiable de verificar la edad de receptores y participantes en ese foro. Incluso, aunque fuera posible, desde el punto de vista tecnológico, bloquear el acceso de los menores a los grupos de noticias y las salas de chat en los cuales se debatieran cuestiones de arte, política u otros temas que podrían dar lugar a contribuciones “indecentes” o “manifiestamente ofensivas”, sería posible bloquear su acceso a esos materiales y “aun así permitirles acceder al resto del contenido, incluso si la enorme mayoría de los contenidos no fuera indecente” [21].
Existen tecnologías a través de las cuales un operador de un sitio web puede establecer que solo se permita acceder a la página una vez verificada la información solicitada, como por ejemplo, un número de tarjeta de crédito o una contraseña de adulto. Sin embargo, la verificación de tarjeta de crédito solo resulta posible en relación con una transacción comercial en la cual se utilice la tarjeta o mediante el pago a una agencia de verificación. Usar la posesión de una tarjeta de crédito como un reemplazo de verificación de edad generaría, para los sitios web no comerciales, costos que harían que muchos de ellos tuvieran que dejar de funcionar. Por tal motivo, al momento del juicio, la verificación de tarjetas de crédito “no se encontraba disponible, de hecho, para una cantidad sustancial de proveedores de contenidos de Internet”. Íd., en 846 (conclusión 102). Más aún, la imposición de dicho requisito “impediría completamente que los adultos que no cuentan con una tarjeta de crédito y no tienen los recursos para obtener una pudieran acceder a cualquier material que se encontrara bloqueado” [22].
En los sitios pornográficos comerciales en los cuales los usuarios deben pagar para acceder a los contenidos, a cada uno de ellos se les asigna una contraseña como método para verificar su edad. El expediente no contiene ninguna prueba respecto de la confiabilidad de estas tecnologías. Aun cuando las contraseñas resulten eficaces para los proveedores comerciales de materiales indecentes, el Tribunal de Distrito determinó que exigir una contraseña de adulto implicaría importantes cargas para los sitios no comerciales, porque desalentaría a los usuarios de acceder a sus páginas y porque el costo de crear y mantener dichos sistemas de identificación estaría “fuera de su alcance” [23].
EN RESUMEN, EL TRIBUNAL DE DISTRITO DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
Aun si se implementaran la verificación de tarjeta de crédito o las contraseñas de adulto, el Gobierno no presentó testimonio alguno respecto de cómo dichos sistemas podrían asegurar que el usuario de la contraseña o la tarjeta de crédito realmente tiene más de 18 años. Las cargas impuestas por los sistemas de verificación de tarjeta de crédito y de contraseña de adulto hacen que, en los hechos, dichos sistemas estén fuera del alcance de un gran número de proveedores de contenidos de Internet”. Ibíd. (conclusión 107).
La Ley de Telecomunicaciones de 1996, N.º 104-104, 110 Stat. 56, fue un acto legislativo de enorme importancia. Tal como se indica en la primera de sus 103 páginas, su objetivo principal era reducir la reglamentación y alentar “la rápida implementación de nuevas tecnologías de telecomunicaciones”. Los principales componentes de la ley no tienen ninguna relación con Internet, sino que fueron diseñados para promover la competencia en el mercado local del servicio de telefonía, el mercado de videos para múltiples canales y el mercado de transmisiones por aire. La Ley incluye siete Títulos, seis de los cuales son el resultado de extensas audiencias de comisiones y el objeto de debates de Informes elaborados por las Comisiones del Senado y la Cámara de Representantes. A diferencia de lo planteado, el Título V —conocido como la “Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996” (CDA)— contiene disposiciones que fueron agregadas por comités ejecutivos una vez concluidas las audiencias, o bien como enmiendas ofrecidas durante los debates llevados a cabo en el recinto acerca de la legislación propuesta. Una enmienda planteada en el Senado dio origen a las dos disposiciones de la ley que se cuestionan en este caso [24]. Informalmente, se las describe como la disposición sobre “transmisión indecente” y la disposición sobre “exhibición manifiestamente ofensiva” [25].
La primera, 47 U. S. C. A. 223(a) (Supp. 1997) prohíbe la transmisión “a sabiendas” de mensajes “obscenos o indecentes” a cualquier receptor menor de 18 años. En las partes pertinentes, establece que:
“(a) Quien
(1) en comunicaciones interestatales o internacionales—

“(B) por medio de un dispositivo de telecomunicaciones, a sabiendas—
(i) realice, cree o solicite e
(ii) inicie la transmisión de
cualquier comentario, solicitud, sugerencia, propuesta, imagen u otra comunicación de carácter obsceno o indecente, a sabiendas de que el receptor de la comunicación tiene menos de 18 años de edad, independientemente de si el autor de dicha comunicación realizó la llamada o inició la comunicación;
“(2) permita, a sabiendas, que cualquier medio de telecomunicaciones que se encuentre bajo su control se utilice para alguna actividad prohibida por el párrafo (1) con la intención de que se utilice para dicha actividad,
será pasible de una multa, en virtud del Título 18, o de una pena de prisión de hasta dos años, o recibirá ambas sanciones”.
La segunda disposición, 223(d), prohíbe el envío o la exhibición, a sabiendas, de mensajes que resulten manifiestamente ofensivos, de un modo que se encuentre disponible para una persona menor de 18 años. Establece que:
“(d) Quien —
“(1) en comunicaciones interestatales o internacionales—
utilice un servicio informático interactivo para enviar a una o a varias personas específicas menores de 18 años, o
utilice cualquier servicio informático interactivo para exhibir, de un modo que se encuentre disponible para una persona menor de 18 años,
cualquier comentario, solicitud, sugerencia, propuestas, imagen u otra comunicación que, en contexto, represente o describa, en términos manifiestamente ofensivos, conforme a los estándares vigentes en la comunidad, actividades u órganos sexuales o excretorios, independientemente de si el usuario de tal servicio realizó la llamada o inició la comunicación; o
“(2) permita, a sabiendas, que cualquier medio de telecomunicaciones que se encuentre bajo el control de dicha persona se utilice para alguna actividad prohibida por el párrafo (1) con la intención de que se utilice para dicha actividad,
será pasible de una multa, en virtud del Título 18, o de una pena de prisión de hasta dos años, o recibirá ambas sanciones”.
La amplitud de estas prohibiciones está sujeta a dos excepciones. Ver 223(e)(5) [26]. Una cubre a aquellos que realizan “acciones de buena fe, razonables, eficaces y apropiadas” para restringir el acceso de menores a las comunicaciones prohibidas. 223(e)(5)(A). La otra cubre a aquellos que restringen el acceso a los materiales cubiertos exigiendo ciertas formas determinadas de verificación de edad, tales como una tarjeta de crédito verificada o un número o código de identificación de adulto. 223(e)(5)(B).
El 8 de febrero de 1996, inmediatamente después de que el Presidente firmara la ley, 20 demandantes [27] iniciaron acciones legales contra la Procuradora General de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, dado que cuestionaban la constitucionalidad de los artículos 223(a)(1) y 223(d). Una semana más tarde, basándose en su conclusión de que el término “indecente” era demasiado impreciso para sustentar una acción penal, el juez de distrito Buckwalter dictó una medida cautelar temporal que suspendía la aplicación del artículo 223(a)(1)(B)(ii) en referencia a comunicaciones indecentes. Luego, otros 27 demandantes iniciaron un segundo juicio [28], los dos casos se consolidaron y se convocó un Tribunal de Distrito integrado por un panel tres jueces de conformidad con el artículo 561 de la Ley [29]. Después de una audiencia de presentación de pruebas, el Tribunal dictó una medida cautelar preliminar que suspendía la aplicación de las dos disposiciones que habían sido cuestionadas. Cada uno de los tres jueces emitió un dictamen por separado, pero el fallo fue unánime.
La Presidenta del Tribunal, la jueza Sloviter, puso en duda que el Gobierno tuviera un fuerte interés en reglamentar “el vasto caudal de materiales transmitidos a través de Internet que se encuentran cubiertos o potencialmente cubiertos por la CDA”, pero reconoció que el interés era “insoslayable” con respecto a algunos de esos materiales. 929 F. Supp., en 853. No obstante, también concluyó que la ley “es más amplia de lo que resulta necesario y, por tanto, afecta la libertad de expresión de los adultos”, y que los términos “manifiestamente ofensivo” e “indecente” eran “imprecisos por su propia naturaleza”. Íd., en 854. También determinó que las excepciones no eran “viables desde el punto de vista tecnológico ni económico para la mayoría de los proveedores”, y consideró y rechazó específicamente el argumento de que los proveedores podían evitar tener que asumir responsabilidades “identificando” sus materiales de manera tal que los potenciales lectores pudieran descartar las transmisiones no deseadas. Íd., en 856. La presidenta del tribunal, la jueza Sloviter, también rechazó la sugerencia del Gobierno de que el alcance de la ley podía acotarse interpretándola como una norma aplicable únicamente a quienes distribuían pornografía con fines comerciales. Íd., en 854-855.
El juez Buckwalter concluyó que el término “indecente” del artículo 223(a)(1)(B) y los términos “manifiestamente ofensivo” y “en contexto” del artículo 223(d)(1) eran tan imprecisos que la aplicación penal de cualquiera de esos artículos implicaría una violación del “principio constitucional fundamental” de “simple equidad”, íd., en 861, y las protecciones específicas de la Primera y la Quinta Enmiendas, íd., en 858. No encontró leyes que sirvieran como apoyo al argumento esgrimido por el Gobierno de que las disposiciones objetadas se aplicarían únicamente a materiales “pornográficos”. Destacó que, a diferencia de lo que ocurría con la obscenidad, “no se ha definido que la indecencia deba excluir obras de valor literario, artístico, político científico serio”. Íd., en 863. Más aún, el argumento del Gobierno de que no debe ser considerada manifiestamente ofensiva “en contexto” resultaba impreciso en sí mismo, porque el contexto en cuestión podría “referirse, entre otras cosas, a la naturaleza de la comunicación en su conjunto, al momento del día en que tuvo lugar, al medio utilizado, a la identidad de su autor o de si estaba acompañada o no por las debidas advertencias”. Íd., en 864. Consideró que la naturaleza única de Internet agravaba el carácter impreciso de la ley. Íd., en 865, n. 9.
El análisis realizado por el juez Dalzell de “los atributos especiales de la comunicación a través de Internet” que fueron revelados por las pruebas sirvieron para persuadirlo de que la Primera Enmienda priva al Congreso de la facultad de reglamentar el contenido de las expresiones protegidas en Internet. Íd., en 867. En su voto, explicó detenidamente por qué consideraba que la Ley cercenaría un importante caudal de expresiones protegidas, particularmente por parte de personas y organizaciones que no persiguen un fin comercial, mientras que “[d]e manera perversa, los pornógrafos comerciales no se verían demasiado afectados”. Íd., en 879. Según su interpretación, nuestros casos requieren un enfoque “específico para cada medio” del análisis de la reglamentación de las comunicaciones masivas, íd., en 873, y concluyó que Internet —como “la forma más participativa de discurso de masas desarrollada hasta el momento”, íd., en 883— tiene derecho a recibir “la mayor protección contra la intrusión por parte del Gobierno”, Ibíd. [30].
La sentencia del Tribunal de Distrito prohíbe al Gobierno aplicar las prohibiciones establecidas en el artículo 223(a)(1)(B) en cuanto se refieren a comunicaciones “indecentes”, pero preserva expresamente el derecho del Gobierno a investigar y juzgar las actividades obscenas o de pornografía infantil que allí se prohíben. La medida cautelar contra la aplicación del artículo 223(d)(1) y (2) es improcedente, porque tales disposiciones no contienen una referencia por separado a la obscenidad o la pornografía infantil.
El Gobierno apeló en virtud de las disposiciones especiales de revisión de la Ley, 561, 110 Stat. 142-143, y nosotros decidimos hacer lugar a la apelación, ver 519 U. S.___ (1996). En esta apelación, el Gobierno arguye que el Tribunal de Distrito se equivocó al sostener que la CDA violaba tanto la Primera Enmienda por ser excesivamente amplia como la Quinta Enmienda por ser imprecisa. Si bien cuestionamos la imprecisión de la CDA por su pertinencia respecto del cuestionamiento de excesiva amplitud de la Primera Enmienda, concluimos que la sentencia debería ser confirmada sin tener en consideración las cuestiones relativas a la Quinta Enmienda. Comenzamos nuestro análisis revisando las principales autoridades sobre las cuales se basa el Gobierno. Luego, después de caracterizar la excesiva amplitud de la CDA, analizamos los argumentos específicos del Gobierno, incluida su propuesta de que mantengamos partes de la ley, ya sea mediante división o estableciendo limitaciones judiciales sobre el alcance de su cobertura.
En su pretensión de revocación, el Gobierno argumenta que la CDA es absolutamente constitucional en virtud de tres de nuestros fallos anteriores: (1) Ginsberg v. New York, 390 US 629 (1968); (2) FCC v. Pacifica Foundation, 438 US 726 (1978); y (3) Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 US 41 (1986). Al analizar detenidamente estos casos, no obstante, surgen —en lugar de disiparse— dudas sobre la constitucionalidad de la CDA.
En el caso Ginsberg, confirmamos la constitucionalidad de una ley de Nueva York que prohibía vender, a menores de 17 años, materiales que se consideraban obscenos para ellos, aun cuando no fueran considerados obscenos para los adultos. Rechazamos la propuesta amplia del demandado de que “el alcance de la libertad de expresión constitucional de que goza un ciudadano para leer o ver materiales de contenido sexual no puede condicionarse al hecho de que el ciudadano sea adulto o menor”. 390 US, en 636. Al rechazar dicho argumento, nos basamos no solamente en el interés independiente que tiene el Estado en el bienestar de sus jóvenes, sino también en nuestro constante reconocimiento del principio de que “el derecho que asiste a los padres, de ejercer, en sus hogares, la autoridad para dirigir la crianza de sus hijos, es fundamental en la estructura de nuestra sociedad” [31]. En cuatro aspectos importantes, la ley confirmada en el caso Ginsberg era más acotada que la CDA. En primer lugar, en Ginsberg señalamos que “la prohibición de venta a los menores no impide que los padres que así lo deseen compren las revistas para sus hijos”. Íd., en 639. A diferencia de lo expuesto, en virtud de la CDA, ni el consentimiento de los padres —ni siquiera su participación— en la comunicación evitaría la aplicación de la ley [32]. En segundo lugar, la ley de Nueva York se aplicaba únicamente a transacciones comerciales, íd. en 647, mientras que la CDA no contiene ninguna limitación de este tipo. En tercer lugar, la ley de Nueva York limitó su definición de materiales que resulten nocivos para los menores con el requisito de que “carezcan de toda importancia social atenuante para los menores”. Íd., en 646. La CDA no ofrece ninguna definición del término “indecente” tal como se utiliza en el artículo 223(a)(1), y lo que resulta importante es que omite cualquier requisito de que los materiales “manifiestamente ofensivos” cubiertos por el artículo 223(d) carezcan de valor literario, artístico, político o científico serio. En cuarto lugar, la ley de Nueva York definió menor como una persona de menos de 17 años, mientras que la CDA, al aplicarse a todas las personas menores de 18 años, incluye un año más para la mayoría de edad.
En el caso Pacifica, confirmamos una resolución declarativa de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission), que establecía que la transmisión de una grabación de un monólogo de 12 minutos titulado “Filthy Words” (“Palabras sucias”) que anteriormente se había presentado en vivo “podría haber sido objeto de sanciones administrativas”. 438 US, en 730 (se omiten comillas internas). La Comisión había determinado que el uso reiterado de determinados términos referentes a actividades u órganos excretorios o sexuales “en un programa transmitido por la tarde, cuando entre la audiencia hay niños, fue manifiestamente ofensivo” y concluyó que el monólogo era indecente “tal como había sido transmitido”. Íd., en 735. El demandado no objetó la conclusión de que la transmisión en horario de la tarde era manifiestamente ofensiva, pero argumentó que no era “indecente” conforme al significado de las leyes pertinentes, dado que no atraía un interés lascivo. Después de rechazar los argumentos del demandado en relación con la ley, confrontamos sus dos argumentos constitucionales: (1) que la interpretación de la Comisión de su autoridad para prohibir el discurso indecente era tan amplia que su resolución debía dejarse sin efecto, aun cuando la transmisión en cuestión no gozaba de protección; y (2) dado que la grabación no era obscena, la Primera Enmienda prohibía cualquier cercenamiento del derecho de transmitirla por radio.
En la parte de la opinión prevalente a la cual no adhirieron los jueces Powell y Blackmun, surgieron varias opiniones que manifestaban que la Primera Enmienda no prohíbe todas las reglamentaciones gubernamentales que dependen del contenido del discurso. Íd., en 742-743. De acuerdo con ello, la disponibilidad de protección constitucional para un monólogo vulgar y ofensivo que no era obsceno dependía del contexto de la transmisión. Íd., en 744-748. Basándose en la premisa de que, “de todas las formas de comunicación”, las transmisiones habían sido las menos protegidas por la Primera Enmienda, íd., en 748-749, el Tribunal concluyó que la facilidad con que los niños pueden tener acceso a las transmisiones, “sumada a las preocupaciones reconocidas en el caso Ginsberg”, justificaba el tratamiento especial de las transmisiones indecentes. Íd., en 749-750.
Tal como ocurre con la ley de Nueva York que se trata en el caso Ginsberg, existen diferencias significativas entre la resolución confirmada en Pacifica y la CDA. En primer lugar, la resolución del caso Pacifica, emitida por un organismo que había reglamentado las estaciones de radio durante décadas, se refería a una transmisión específica que representaba un alejamiento notable del contenido tradicional del programa a fin de designar “cuándo” —en lugar de “si”— podría permitirse enviar al aire dicho programa en ese medio en particular. Las amplias prohibiciones categóricas de la CDA no están limitadas a horarios específicos y no dependen de ninguna evaluación por parte de un organismo que esté al tanto de las características únicas que posee Internet. En segundo lugar, a diferencia de la CDA, la resolución de la Comisión no tenía carácter punitivo; nos negamos expresamente a decidir si la transmisión indecente “justificaría un enjuiciamiento penal”. Íd., en 750. Finalmente, la orden de la Comisión se aplicaba a un medio que, históricamente, había “recibido la menor protección de la Primera Enmienda”, íd., en 748, en gran parte debido a que las advertencias no podían proteger adecuadamente al oyente del contenido inesperado del programa. No obstante, Internet no tiene antecedentes que puedan compararse. Más aún, el Tribunal de Distrito determinó que el riesgo de encontrar materiales indecentes por accidente es remoto, dado que se requiere una serie de pasos afirmativos para acceder a materiales específicos.
En el caso Renton, confirmamos que debía cumplirse una ordenanza de zonificación conforme a la cual los cines para adultos deben situarse en lugares alejados de los vecindarios residenciales. La ordenanza se refería, no al contenido de las películas exhibidas en los cines, sino más bien a los “efectos secundarios”— tales como delitos y desvalorización de las propiedades— que fomentaban estas salas de cine: “Estas ordenanzas de zonificación procuran evitar ese efecto secundario, y no la difusión de un discurso ‘ofensivo’“. 475 US, en 49 (cita de Young v. American Mini Theatres, Inc., 427 US 50, 71, n. 34 (1976)). Según lo señala el Gobierno, la CDA es constitucional dado que constituye una suerte de “ciberzonificación” en Internet. Sin embargo, la CDA se aplica de manera amplia a todo el universo del ciberespacio. Y el objeto de la CDA es proteger a los niños de los efectos primarios del discurso “indecente” y “manifiestamente ofensivo”, más que de cualquier efecto “secundario” de tal discurso. Por consiguiente, la CDA es una restricción general del discurso, basada en su contenido, y como tal, no puede “analizarse correctamente como una forma de reglamentación del tiempo, el lugar y el modo”. 475 US, en 46. Ver también Boos v. Barry, 485 US 312, 321 (1988) (Las “Reglamentaciones que se centran en el impacto directo del discurso sobre su audiencia” no han sido correctamente analizadas en el caso Renton); Forsyth County v. Nationalist Movement, 505 US 123, 134 (1992) (“La reacción de los oyentes ante el discurso no constituye una base para la reglamentación que resulte neutral en términos de contenidos”).
Por tanto, estos precedentes seguramente no requieren que confirmemos la CDA y son plenamente coherentes con la aplicación de la revisión más estricta de sus disposiciones.
En Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad, 420 US 546, 557 (1975), observamos que “[c]ada medio de expresión... puede presentar sus propios problemas”. De tal modo, algunos de nuestros casos han reconocido justificaciones especiales para la reglamentación de los medios de transmisión que no pueden aplicarse a otros oradores, ver Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 US 367 (1969); (2) FCC v. Pacifica Foundation, 438 US 726 (1978). En estos casos, la Corte se basó en los antecedentes de la gran cantidad de reglamentaciones gubernamentales del medio de transmisión, ver, p. ej., Red Lion, 395 US, en 399 -400; la escasez de frecuencias disponibles al momento de su creación; ver, p. ej., Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512 US 622, 637-638 (1994); y su naturaleza “invasiva”; ver Sable Communications of Cal., Inc. v. FCC, 492 US 115, 128 (1989).
Esos factores no se encuentran presentes en el ciberespacio. Ni antes ni después de la sanción de la CDA los vastos foros democráticos de Internet han estado sujetos al tipo de supervisión y reglamentación gubernamental que ha tenido la industria de las transmisiones [33]. Mas aun, Internet no resulta tan “invasiva” como la radio o la televisión. El tribunal determinó específicamente que “[l]as comunicaciones a través de Internet no ‘invaden’ el hogar de una persona ni aparecen en la pantalla de la computadora sin que uno lo solicite. Pocas veces los usuarios encuentran contenidos ‘por accidente’“. 929 F. Supp., en 844 (conclusión 88). También determinó que “[c]asi todas las imágenes de contenido sexual explícito están precedidas por advertencias respecto de su contenido”, y citó pruebas de que “‘existen pocas posibilidades’ de que un usuario se encuentre con una imagen de contenido sexual explícito por accidente”. Íd.
Distinguimos el caso Pacifica en Sable, 492 US, en 128, simplemente sobre la base de este fundamento. En Sable, una empresa que se dedica al negocio de los mensajes telefónicos previamente grabados de contenido sexual (comúnmente conocidos como “dial a porn” (“porno por discado”) cuestionó la constitucionalidad de una enmienda a la Ley de Comunicaciones que imponía una prohibición general sobre los mensajes telefónicos comerciales transmitidos entre estados cuyo contenido fuera indecente u obsceno. Determinamos que la ley era constitucional en cuanto se aplicaba a los mensajes obscenos, pero que carecía de validez en cuanto se aplicaba a los mensajes indecentes. Al intentar justificar la prohibición y penalización completa de los mensajes telefónicos comerciales indecentes, el Gobierno se basó en el caso Pacifica, con el argumento de que la prohibición era necesaria para evitar que los niños tuvieran acceso a dichos mensajes. Aceptamos que “existe un interés insoslayable en proteger el bienestar físico y psicológico de los menores”, lo cual se extiende a protegerlos de los mensajes indecentes que no resultan obscenos según los estándares de los adultos, 492 US, en 126, pero que se distinguen de nuestra “determinación enfáticamente acotada” en Pacifica, dado que no implica una prohibición completa, y porque involucró un medio de comunicación diferente, íd., en 127. Explicamos que “el medio del discado requiere que el oyente realice acciones positivas para recibir la comunicación”. Íd., en 127-128. “Realizar una llamada telefónica”, señalamos, “no es lo mismo que encender una radio y ser sorprendido por un mensaje indecente”. Íd., en 128.
Finalmente, a diferencia de las condiciones que prevalecieron cuando el Congreso autorizó por primera vez la reglamentación del espectro de las transmisiones, Internet difícilmente puede ser considerada como un bien expresivo “escaso”. Brinda una capacidad relativamente ilimitada, de bajo costo, para las comunicaciones de todo tipo. El Gobierno estima que “[e]n la actualidad, 40 millones de personas usan Internet, y se espera que esa cifra aumente a 200 millones para el año 1999” [34]. Esta categoría de comunicación, dinámica y multifacética, incluye no solo servicios tradicionales de noticias y de medios gráficos, sino también audio, video e imágenes fijas, así como diálogos interactivos en tiempo real. A través del uso de salas de chat, cualquier persona que cuente con una línea telefónica puede convertirse en un pregonero con una voz que resuene más allá de lo que podría escucharse desde cualquier improvisada tarima. A través del uso de páginas web, gestores de correo y grupos de noticias, la misma persona puede volverse panfletaria. Tal como lo señaló el Tribunal de Distrito, “el contenido de Internet es tan diverso como el pensamiento humano”. 929 F. Supp., en 842 (conclusión 74). Estamos de acuerdo con su conclusión de que nuestros casos no ofrecen una base para calificar el nivel de análisis de la Primera Enmienda que debería aplicarse a este medio.
Independientemente de si la CDA es tan imprecisa que viola la Quinta Enmienda, las numerosas ambigüedades que se suscitan en torno a la amplitud de su alcance hacen que resulte problemática a efectos de la Primera Enmienda. Por ejemplo, las dos partes de la CDA utilizan una forma lingüística diferente. La primera utiliza el término “indecente”, 47 U. S. C. A. 223(a) (Supp. 1997), mientras que la segunda se refiere a material que “en contexto, represente o describa, en términos manifiestamente ofensivos conforme a los estándares vigentes en la comunidad, actividades u órganos sexuales o excretorios”, 223(d). Dado que no se cuenta con una definición de ninguno de los términos [35], esta diferencia idiomática provocará incertidumbre entre los oradores acerca de la relación entre ambos estándares [36] y lo que significan [37]. ¿Podría un orador suponer con confianza que un debate serio acerca de las prácticas de control de la natalidad, la homosexualidad, las cuestiones de la Primera Enmienda planteadas en el Apéndice a nuestro dictamen en el caso Pacifica, o las consecuencias de las violaciones en prisión no violarían la CDA? Esta incertidumbre reduce la probabilidad de que la CDA haya sido cuidadosamente adaptada a la meta del Congreso de proteger a los menores de materiales que podrían resultar nocivos.
La imprecisión de la CDA da lugar a preocupaciones especiales por dos motivos. En primer lugar, la CDA constituye una reglamentación del discurso basada en el contenido. La imprecisión de dicha reglamentación da lugar a preocupaciones especiales relativas a la Primera Enmienda debido a su obvio efecto de inhibición sobre la libertad de palabra. Ver, p. ej., Gentile v. State Bar of Nev., 501 US 1030, 1048 - 1051 (1991). En segundo lugar, la CDA es una ley penal. Además del oprobio y el estigma que implica una condena penal, la CDA amenaza con la aplicación de sanciones a quienes cometan violaciones de esta norma, que pueden llegar a dos años de prisión por cada violación perpetrada. La gravedad de las sanciones penales bien puede hacer que quienes se expresan opten por no manifestarse antes que comunicar términos, ideas o imágenes cuya ilegalidad pueda llegar a ser discutible. Ver, p. ej., Dombrowski v. Pfister, 380 US 479, 494 (1965). En la práctica, este efecto de disuasión cada vez mayor, sumado al “riesgo de aplicación discriminatoria” de las reglamentaciones imprecisas, plantea mayores preocupaciones en relación con la Primera Enmienda que aquellas implicadas por la reglamentación civil revisada en Denver Area Ed. Telecommunications Consortium, Inc. v. FCC, 518 U. S. ___ (1996).
El Gobierno argumenta que la ley no es más imprecisa que el estándar de obscenidad que estableció esta Corte en Miller v. California, 413 US 15 (1973). Pero no es así. En el caso Miller, esta Corte revisó una condena penal contra un vendedor comercial que envió folletos con imágenes de actividades sexualmente explícitas a personas que no habían solicitado dichos materiales. Íd., en 18. Después de haber hecho grandes esfuerzos para arribar a una definición de obscenidad, en el caso Miller establecimos la prueba de obscenidad que prevalece hasta la actualidad:
“(a) si ‘una persona común, al aplicar los estándares comunitarios vigentes” concluiría que la obra, considerada en su totalidad, atrae un interés lascivo en el sexo;
(b) si la obra representa o describe, de un modo manifiestamente ofensivo, una conducta sexual definida expresamente por la ley del estado aplicable; y
(c) si la obra, en general, carece de un valor literario, artístico, político o científico serio”. Íd., en 24 (se omiten las comillas internas y las citas).
Según el razonamiento del Gobierno, dado que el estándar de “manifiestamente ofensivo” de la CDA (y suponemos, arguendo, su estándar sinónimo “indecente”) es una parte de la prueba de tres elementos del caso Miller, no puede ser inconstitucionalmente impreciso.
De hecho, la afirmación del Gobierno es incorrecta. El segundo elemento de la prueba de Miller —el estándar que pretende ser análogo— contiene un requisito crítico que se omite en la CDA: que el material proscripto sea “definido expresamente por la ley del estado aplicable”. Este requisito reduce la imprecisión inherente al término abierto “manifiestamente ofensivo” tal como se utiliza en la CDA. Asimismo, la definición de Miller se limita a la “conducta sexual”, mientras que la CDA se extiende también para incluir (1) “actividades excretorias” y (2) “órganos” tanto sexuales como excretorios.
El razonamiento del Gobierno también está viciado. El solo hecho de que una definición con tres limitaciones no resulte imprecisa no implica que una de esas limitaciones, por sí sola, no pueda ser imprecisa [38]. Cada uno de los otros dos elementos de Miller —(1) que, en su conjunto, el material atrae un interés “lascivo” y, (2) que “carece de valor literario, artístico, político o científico serio”— limita de manera crítica la incierta amplitud de la definición de obscenidad. El segundo requisito es particularmente importante porque, a diferencia de los criterios de “manifiestamente ofensivo” e “interés lascivo”, no se juzga de acuerdo con los estándares vigentes en la comunidad. Ver Pope v. Illinois, 481 US 497, 500 (1987). Este requisito de “valor para la sociedad”, que está ausente en la CDA, permite a los tribunales de apelaciones imponer algunas limitaciones y regularidad en la definición estableciendo, como cuestión de derecho, un nivel de base para todo el país en términos de valor socialmente atenuante. El argumento del Gobierno de que los tribunales podrán brindar tales limitaciones a los estándares de la CDA se contrapone a los propios fundamentos de Miller respecto de que sean los jurados quienes determinen si el material es “manifiestamente ofensivo” de acuerdo con los estándares vigentes en la comunidad: que dichas cuestiones son esencialmente fácticas [39].
En contraposición al caso Miller y nuestros otros casos anteriores, la CDA presenta, de ese modo, una amenaza mayor de censura del discurso que, de hecho, queda fuera del marco de la ley. Dados los imprecisos límites de la cobertura de la ley, esta norma, incuestionablemente, silencia algunos discursos cuyos mensajes tendrían derecho a estar protegidos por la Constitución. Este peligro brinda aún más razones para insistir en que la ley no sea excesivamente amplia. La carga que impone la CDA sobre las expresiones protegidas no puede justificarse si pudiera evitarse mediante una ley elaborada con mayor cuidado.
Estamos convencidos de que la CDA carece de la precisión que exige la Primera Enmienda para las leyes que reglamentan el contenido de las expresiones. En su afán por negarles a los menores el acceso a expresiones que podrían resultar nocivas, la CDA suprime efectivamente una importante cantidad de manifestaciones que los adultos tienen derecho a recibir y enviarse recíprocamente en virtud de la Constitución. Esa carga impuesta sobre las expresiones de los adultos resulta inaceptable si existieran alternativas menos restrictivas que tuvieran, al menos, la misma efectividad para lograr el fin legítimo para el cual fue sancionada la ley.
Al evaluar los derechos de libre expresión de los adultos, hemos dejado perfectamente claro que “las [e]xpresiones sexuales indecentes, pero no obscenas, se encuentran protegidas por la Primera Enmienda.” Sable, 492 US, en 126 . Ver también Carey v. Population Services Int’l, 431 US 678, 701 (1977) (“[C]uando no está implicada la obscenidad, hemos sostenido sistemáticamente que el hecho de que las expresiones protegidas puedan resultar ofensivas para algunas personas no justifica su supresión”). De hecho, en el propio caso Pacifica se advierte que “el hecho de que la sociedad considere que determinada expresión resulta ofensiva no constituye un motivo suficiente para suprimirla”. 438 US, en 745.
Es cierto que, en reiteradas oportunidades, reconocimos el interés del Gobierno en proteger a los niños de materiales que puedan resultar nocivos. Ver Ginsberg, 390 US, en 639; Pacifica, 438 US, en 749. Pero ese interés no justifica la supresión innecesariamente amplia de expresiones dirigidas a adultos. Tal como lo explicamos anteriormente, el Gobierno no puede “limit[ar] a la población adulta... únicamente... a lo que resulta adecuado para los niños”. Denver, 518 US, en ___ (publicada independientemente, en 29) (se omiten comillas internas) (cita de Sable, 492 US, en 128 ) [40]. “[I]ndependientemente de cuán fuerte sea el interés del gobierno” en proteger a los niños, “[e]l nivel de discurso que llega a una casilla de correo simplemente no puede limitarse a lo que sería adecuado para un arenero”. Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 US 60, 74 -75 (1983).
El Tribunal de Distrito no se equivocó al concluir que la CDA efectivamente se asemeja a la prohibición de “porno por discado” invalidada en el caso Sable. 929 F. Supp., en 854. En el caso Sable, 492 US, en 129, esta Corte rechazó el argumento de que deberíamos dejar que el Congreso decida si solamente la prohibición total resultaría eficaz para evitar que jóvenes curiosos tengan acceso a comunicaciones indecentes. De este modo, el caso Sable dejó en claro que el solo hecho de que se sancione una norma que reglamente las expresiones, para el importante fin de proteger a los niños de la exposición a materiales de contenido sexual explícito, no significa que no pueda cuestionarse su validez [41]. Tal como lo señalamos en el último período, dicho cuestionamiento implica un “compromiso amplio” para asegurar que el Congreso haya diseñado la ley a efectos de cumplir con su objetivo “sin imponer una restricción innecesariamente amplia sobre las expresiones”. Denver, 518 U. S., en ___ (publicada independientemente, en 11).
Al argumentar que la CDA no afecta de ese modo las comunicaciones entre los adultos, el Gobierno se basa en la premisa fáctica incorrecta de que prohibir una transmisión cuando se sabe que uno de sus receptores es un menor no interferiría en la comunicación entre adultos. Las conclusiones del Tribunal de Distrito dejan en claro que esta premisa no puede sostenerse.
Dado el tamaño de la potencial audiencia que podría recibir la mayoría de los mensajes, al no existir un proceso de verificación de edad viable, el emisor debe responsabilizarse de saber que uno o más menores probablemente verán sus mensajes. El hecho de saber que, por ejemplo, uno o más miembros de un grupo de chat de 100 personas serán menores —y que, por lo tanto, sería un delito enviar al grupo un mensaje indecente— seguramente impondría una carga a las comunicaciones entre adultos [42].
El Tribunal de Distrito determinó que, al momento del juicio, las tecnologías existentes no incluían ningún método eficaz para que un emisor evitara que los menores tuvieran acceso a sus comunicaciones por Internet sin, al mismo tiempo, impedir el acceso por parte de los adultos. El Tribunal no encontró ninguna manera eficaz de determinar la edad de un usuario que está accediendo a materiales a través del correo electrónico, gestores de correo, grupos de noticias o salas de chat. 929 F. Supp., en 845 (conclusiones 90-94). En la práctica, el Tribunal también determinó que sería prohibitivamente costoso que quienes se manifiestan con fines no comerciales —así como también para algunas personas u organizaciones que se expresan persiguiendo fines comerciales— y cuentan con sitios web debieran verificar que sus usuarios son adultos. Íd., en 845-848 (conclusiones 95-116) [43]. Estas limitaciones deben, inevitablemente, restringir un importante volumen de comunicaciones adultas que tienen lugar en Internet. En oposición a lo planteado, el Tribunal de Distrito determinó que “[a] pesar de sus limitaciones, el software basado en el usuario que existe en la actualidad sugiere que pronto se encontrará ampliamente disponible un método razonablemente eficaz que los padres podrán utilizar para evitar que sus hijos accedan a materiales que, en opinión de estos, son inapropiados”. Íd., en 842 (conclusión 73) (énfasis agregado).
La amplitud de la cobertura de la CDA no tiene absolutamente ningún precedente. A diferencia de las reglamentaciones confirmadas en los casos Ginsberg y Pacifica, el alcance de la CDA no está limitado a las manifestaciones con fines comerciales ni a las entidades comerciales. Sus prohibiciones inespecíficas abarcan a todas las entidades y personas físicas que no persiguen fines de lucro que publiquen mensajes indecentes o los exhiban en sus propias computadoras en presencia de menores. Los términos generales, no definidos, “indecente” y “manifiestamente ofensivo” cubren un enorme caudal de materiales no pornográficos que tienen un valor serio, sea educativo o de otra índole [44]. Incluso el criterio de “estándares vigentes en la comunidad”, tal como se aplica a Internet, significa que cualquier comunicación disponible para una audiencia nacional se juzgará según los estándares de la comunidad que más probablemente se sentirá ofendida por dicho mensaje [45]. El tema reglamentado incluye cualquiera de los siete “términos sucios” que se utilizan en el monólogo de Pacifica; cuyo uso, según lo reconoció el perito designado por el Gobierno, podría constituir un delito grave. Ver Test de Olsen, Tr. Vol. V, 53:16-54:10. También podría extenderse a debates acerca de las violaciones en prisión o las prácticas sexuales seguras, las imágenes artísticas que incluyen personas desnudas y hasta —podría discutirse— al catálogo de tarjetas de la Biblioteca Carnegie.
A efectos de nuestra decisión, no necesitamos aceptar ni rechazar el argumento del Gobierno de que la Primera Enmienda no excluye la posibilidad de una prohibición general de todos los mensajes “indecentes” y “manifiestamente ofensivos” comunicados a una persona de 17 años; independientemente del valor que el mensaje pueda contener y sin perjuicio de contar o no con la aprobación de los padres. Como mínimo, resulta claro que el interés del Gobierno en proteger a los menores no tiene la misma fuerza en todo el rango de cobertura de esta ley amplia. En virtud de la CDA, si el padre o la madre de una persona de 17 años le permiten a esta usar la computadora familiar para obtener, a través de Internet, información que considera adecuada según sus criterios como padre o madre, podría quedar sujeto/a a una larga pena de prisión. Ver 47 U. S. C. A. 223(a)(2) (Sup. 1997). De manera similar, un padre o una madre que enviaran información sobre el control de la natalidad por correo electrónico a su hijo de 17 años, que está cursando el primer año de la universidad, podrían ser encarcelados (aunque ni ellos ni su hijo ni ninguna persona de su comunidad de origen considerara que el material es “indecente” o “manifiestamente ofensivo”) si la comunidad donde se encuentra emplazada la universidad pensara lo contrario.
La amplitud de esta restricción de la expresión basada en el contenido impone una carga especialmente pesada sobre el Gobierno para explicar por qué una disposición menos restrictiva no tendría la misma eficacia que la CDA. Y el Gobierno no lo ha hecho. Los argumentos planteados ante esta Corte se han referido a posibles alternativas tales como exigir que los materiales indecentes sean “identificados” de manera tal que se facilite el control, por parte de los padres, de los materiales que ingresan en sus hogares, exceptuando los mensajes con valor artístico o educativo, brindando cierto nivel de tolerancia para que los padres puedan ejercer su derecho a controlar los materiales que ingresan en sus hogares y reglamentando determinadas partes de Internet —como por ejemplo, los sitios web comerciales— de manera diferente que otros, como las salas de chat. Particularmente, teniendo en cuenta que el Congreso no ha alcanzado conclusiones detalladas y que ni siquiera se han realizado audiencias para tratar los problemas específicos de la CDA, estamos convencidos de que la CDA no está definida acotadamente, si ese requisito significa algo.
En un intento por restringir el carácter excesivamente amplio que, en abstracto, exhibe la CDA, el Gobierno plantea otros tres argumentos para sustentar las prohibiciones afirmativas de la Ley: (1) que la CDA es constitucional porque deja abiertos amplios “canales alternativos” de comunicación; (2) que el significado simple del requisito de “conocimiento” y “persona específica” que establece la Ley restringe notablemente las aplicaciones permitidas; y (3) que las prohibiciones de la Ley están “casi siempre” limitadas a materiales que carecen de valor social atenuante.
El Gobierno argumenta, en primer lugar, que si bien la CDA censura efectivamente el discurso sobre muchas de las modalidades de Internet —tales como los grupos de chat, las salas de noticias y los gestores de correo—, esta norma es, de todos modos, constitucional; dado que brinda una “oportunidad razonable” para que quienes se manifiestan participen en las expresiones restringidas en la red de redes. Escrito de las partes apelantes 39. Este argumento no resulta persuasivo, porque la CDA reglamenta el discurso sobre la base de su contenido. Por tanto, un análisis de “tiempo, lugar y modo” resulta inaplicable. Ver Consolidated Edison Co. of N.Y. v. Public Serv. Comm’n of N.Y., 447 US 530, 536 (1980). En consecuencia, es difícil determinar si manifestaciones de esa naturaleza serían posibles en la web (lo cual, según lo reconoció el propio experto del Gobierno, costaría hasta U$S 10.000 si los intereses de quien se manifiesta no fueran recogidos por un sitio web ya existente, sin incluir los costos de gestión de bases de datos y verificación de edad). La postura del Gobierno equivale a argumentar que una ley podría prohibir los panfletos acerca de determinados temas siempre que las personas sean libres de publicar libros. Al invalidar una serie de leyes que prohibían la entrega de panfletos en las calles, sin perjuicio de su contenido, explicamos que “las personas no deben ver cercenado el ejercicio de su libertad de expresión en los lugares adecuados en función del argumento de que el mismo acto podría realizarse en algún otro lado”. Schneider v. State (Town of Irvington), 308 US 147, 163 (1939).
El Gobierno también afirma que el requisito de “conocimiento” de los artículos 223(a) y (d), especialmente al asociarse con el elemento de “menor específico” presente en 223(d), exime a la CDA de ser tildada de excesivamente amplia. El Gobierno argumenta que, dado que ambas secciones prohíben la difusión de mensajes indecentes solo a personas que se sabe que son menores de 18 años, no requiere que quienes los transmiten “se abstengan de comunicar materiales indecentes a adultos; solo deben abstenerse de difundir dichos materiales a personas que saben que son menores de 18 años”. Escrito de las partes apelantes 24. Este argumento no tiene en cuenta el hecho de que la mayoría de los foros de Internet —incluidas las salas de chat, los grupos de noticias, los gestores de correo y la web— están abiertos a todas las personas que quieran ingresar en ellos. Por tanto, la afirmación del Gobierno de que el requisito de conocimiento protege, de algún modo, las comunicaciones de los adultos, no puede sostenerse. Ni siquiera la lectura más estricta del requisito de “persona específica” del artículo 223(d) puede salvar es suficiente para defender la ley. Conferiría amplios poderes de censura, en la forma de “veto de los abucheadores”, a cualquier oponente de las expresiones indecentes que podría, simplemente, ingresar e informar a quienes potencialmente verterían expresiones que su hijo de 17 años —una “persona específica... menor de 18 años de edad” 47 U. S. C. A. 223(d)(1)(A) (Supp. 1997)— estaría presente.
Finalmente, no hallamos textos que sustenten el argumento del Gobierno de que los materiales con valor científico, educativo u otro valor social atenuante necesariamente queden exentos de las prohibiciones que la CDA establece sobre los materiales “manifiestamente ofensivos” e “indecentes”. Ver también número 37, supra.
Los tres argumentos restantes del Gobierno se centran en las defensas establecidas en el artículo 223(e)(5) [46]. En primer lugar, basándose en la disposición de “acciones de buena fe, razonables, eficaces y apropiadas”, el Gobierno sugiere que la “identificación” brinda una defensa que permite preservar la constitucionalidad de la Ley. La sugerencia supone que quienes transmiten información pueden codificar sus comunicaciones indecentes de modo tal que se indique cuál es su contenido, lo cual permitiría que los receptores bloquearan su ingreso mediante el software adecuado. Esta defensa resulta ilusoria a la luz del requisito de que la acción de buena fe debe ser “eficaz”. El Gobierno reconoce que el software de detección que propone aún no existe. Y si existiera, no es posible saber si un potencial receptor efectivamente bloquearía el material codificado. Al no poder verificar —porque sería imposible— si todas los personas que tienen menores a su cargo en los Estados Unidos están intentando detectar la “identificación”, el transmisor no podría confiar razonablemente en que su acción fuera “eficaz”.
En cuando al segundo y tercer argumento sobre las defensas —que podemos considerar en forma conjunta—, el Gobierno se basa en la segunda mitad del artículo 223(e)(5), que se aplica cuando el transmisor ha restringido el acceso exigiendo que se utilice una tarjeta de crédito verificada o una identificación de adulto. Dicha verificación no solo está disponible desde el punto de vista tecnológico, sino que es efectivamente utilizada por los proveedores comerciales de materiales de contenido sexual explícito. Dichos proveedores, por lo tanto, se encontrarían protegidos por esta defensa. Sin embargo, en virtud de las conclusiones del Tribunal de Distrito, para la mayoría de las personas o instituciones sin fines comerciales no resulta económicamente viable emplear dicha verificación. De acuerdo con ello, esta defensa no acotaría significativamente la carga de la ley sobre las expresiones sin fines comerciales. Incluso en relación con los pornógrafos comerciales que gozarían de la protección de esta defensa, el Gobierno no logró aportar ninguna prueba de que estas técnicas de verificación efectivamente impidieran que los menores se hicieran pasar por adultos [47]. Dado que el riesgo de quedar sujeto a sanciones penales “se cierne sobre todos los proveedores de contenidos, como la proverbial espada de Damocles” [48], el Tribunal de Distrito se negó, acertadamente, a basarse en futuras tecnologías que no han sido probadas para defender la ley. De tal modo, el Gobierno no logró probar que la defensa ofrecida lograría reducir significativamente la pesada carga sobre las expresiones de los adultos que implica la prohibición de las exhibiciones ofensivas.
Compartimos la conclusión del Tribunal de Distrito de que la CDA impone una carga inaceptablemente pesada sobre las manifestaciones protegidas, y que las defensas presentadas no constituyen el tipo de “definición acotada” que podría justificar una disposición inconstitucional que, de lo contrario, se consideraría manifiestamente inválida. En el caso Sable, 492 US, en 12 , destacamos que la restricción sobre la expresión que se encontraba en juego en esa situación era comparable a “quem[ar] la casa para asar al cerdo”. La CDA, al proyectar una sombra mucho más oscura sobre la libre expresión, representa una amenaza para un importante segmento de la comunidad de Internet.
En sus argumentos orales, el Gobierno se apoyó considerablemente en su último plan alternativo: si esta Corte concluyera que la CDA no está lo suficientemente definida, deberíamos defender la constitucionalidad de la ley aplicando la cláusula de divisibilidad, ver 47 USC 608, e interpretando acotadamente los términos que no son divisibles. Este argumento resulta aceptable solamente en un sentido.
Una cláusula de divisibilidad debe contener disposiciones textuales que puedan ser segregadas. Seguiremos la orientación del artículo 608 y mantendremos intactos los elementos textuales constitucionales de la ley en el único lugar en que, de hecho, pueden dividirse. La disposición sobre “indecencia”, 47 U. S. C. A. 223(a) (Sup. 1997), se aplica a “cualquier comentario, solicitud, sugerencia, propuesta, imagen u otra comunicación que resulte obscena o indecente” (énfasis agregado). Las partes apeladas no cuestionan la aplicación de la ley al discurso obsceno que, reconocen, puede ser absolutamente prohibido porque no se encuentra protegido por la Primera Enmienda. Ver Miller, 413 US, en 18. Tal como lo establece la ley, la restricción del material “obsceno” cuenta con una manifestación textual separada de la que corresponde al material “indecente” que hemos considerado inconstitucional. Por tanto, separaremos de la ley el término “o indecente” y conservaremos el resto del artículo 223(a). No obstante, los artículos 223(a) y 223(d) no pueden ser mantenidos en ningún otro sentido por dicha cirugía textual.
El Gobierno también hace referencia a otro aspecto menos tradicional de la cláusula de divisibilidad de la CDA, 47 U. S. C., 608, que insta a cualquier tribunal revisor que considera que la ley es, en abstracto, inconstitucional, a que no invalide la aplicación de la CDA a “otras personas o circunstancias” que podrían estar permitidas por la constitución. Asimismo, invoca también la advertencia de esta Corte de que, en ausencia de “consideraciones compensatorias”, una ley debe “declararse inválida en la medida en que su alcance sea excesivo; pero de lo contrario debe mantenerse intacta”. Brockett v. Spokane Arcades, Inc., 472 US 491, 503 -504 (1985). Este argumento presenta dos problemas:
En primer lugar, la ley que establece nuestra competencia para esta revisión judicial urgente, 47 U. S. C. A. 561 (Sup. 1997), limita dicho otorgamiento de competencia a acciones que cuestionen a la CDA “en abstracto”. De conformidad con el artículo 561, los demandantes que iniciaron este juicio y el panel de tres jueces que lo resolvió lo trataron como una impugnación en abstracto. No tenemos autoridad, en esta postura en particular, para convertir este litigio en una impugnación “según aplicación a un caso concreto”. Tampoco, dadas la diversidad de los demandantes, la amplia gama de actividades expresivas y la imprecisión de la ley, sería factible limitar nuestra decisión a una serie de aplicaciones específicas definidas judicialmente.
En segundo término, aquí se encuentra presente una de las “consideraciones compensatorias” mencionadas en el caso Brockett. Al considerar una impugnación en abstracto, esta Corte podría imponer una interpretación limitante a una ley únicamente si es “inmediatamente susceptible” de dicha interpretación. Virginia v. American Bookseller’s Assn., Inc., 484 US 383, 397 (1988). Ver también Erznoznik, v. Jacksonville, 422 US 205, 216 (1975) (“inmediatamente sujeta” a una interpretación más acotada). La naturaleza inespecífica de la CDA no brinda ningún tipo de orientación para limitar su cobertura.
Por lo tanto, este caso es diferente de aquellos en los cuales hemos interpretado acotadamente una ley porque el texto u otra fuente a través de la cual el Congreso manifieste su voluntad haya identificado una línea clara que esta Corte podría trazar. Cf., p. ej., Brockett, 472 US, en 504 -505 (que invalidó la ley sobre obscenidad únicamente en la medida en que el término “lujuria” fue real o efectivamente eliminado de la norma); United States v. Grace, 461 US 171, 180 -183 (1983) (que invalidó la ley federal que prohíbe las exhibiciones expresivas únicamente en la medida en que afecten la vía pública, cuando pueda establecerse una línea clara entre la vía pública y otros ámbitos relacionados con el objetivo del Congreso de proteger los edificios, los suelos y las personas que allí se encuentren). Más bien resulta aplicable nuestra resolución en el caso United States v. Treasury Employees, 513 US 454, 479, n. 26 (1995). En ese caso, nos rehusamos a “traz[ar] una o más líneas entre diferentes categorías de expresión cubiertas por una ley excesivamente amplia, cuando el Congreso ha enviado señales poco coherentes respecto de dónde debería trazarse la nueva línea o líneas” debido a que hacerlo “implica una invasión mucho más grave del territorio legislativo” [49]. Esta Corte “no volverá a redactar una... ley para adaptarla a los requisitos constitucionales”. American Booksellers, 484 US, en 397 [50].
En esta Corte, aunque no ante el Tribunal de Distrito, el Gobierno afirma que —además de su interés en la protección de los menores—, su interés “[i]gualmente significativo” en promover el crecimiento de Internet brinda una base independiente para confirmar la constitucionalidad de la CDA. Escrito de las partes apelantes 19. El Gobierno, aparentemente, supone que la disponibilidad no reglamentada de materiales “indecentes” y “manifiestamente ofensivos” en Internet está alejando a muchísimos ciudadanos del medio, debido al riesgo de exposición que corren ellos mismos, o sus hijos, a materiales nocivos.
En nuestra opinión, este argumento es particularmente poco convincente. La notable expansión de este nuevo mercado de ideas contradice la base fáctica de este argumento. Los registros muestran a las claras que el crecimiento de Internet ha sido, y continúa siendo, fenomenal. Es una tradición constitucional que, a falta de pruebas en contrario, suponemos que es más probable pensar que la reglamentación gubernamental del contenido de las expresiones interferirá en el libre intercambio de ideas que creer que esta lo incentivará. El interés por incentivar la libertad de expresión en una sociedad democrática supera cualquier beneficio teórico — pero no demostrado— de la censura.
Por las razones planteadas, se confirma la sentencia del Tribunal de Distrito.
CÚMPLASE.

El juez O’Connor emitió un voto particular concurrente con parte de la sentencia y disidente respecto de otros aspectos de ella, al cual adhirió el Presidente de la Corte.
Manifiesto mi opinión por separado a fin de explicar por qué considero que la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA) de 1994 es poco más que un intento del Congreso de crear “zonas para adultos” en el ámbito de Internet. Nuestro precedente indica que la creación de dichas zonas puede resultar sensata desde el punto de vista constitucional. No obstante, independientemente de cuán sensato sea su objetivo, algunas partes de dicha ley son inconstitucionales en tanto se apartan de las pautas establecidas por nuestros casos anteriores para la construcción de una “ley de zonificación” que pueda ser considerada constitucional.
Las partes apeladas plantean una impugnación en abstracto a tres disposiciones de la CDA. La primera, descripta por la Corte como disposición sobre “transmisiones indecentes” establece que trasmitir, a sabiendas, un mensaje obsceno o indecente a una persona que el emisor sabe que es menor de 18 años constituye un delito. 47 US C. A. 223(a)(1)(B) (May 1996 Supp.). Lo que la Corte clasifica como una única disposición sobre “exhibiciones manifiestamente ofensivas”, ver ante, en 11, consta, en realidad, de dos disposiciones diferentes. La primera establece que constituye un delito enviar, a sabiendas, un mensaje o una imagen manifiestamente ofensivos a una persona específica menor de 18 años (la disposición sobre “personas específicas”). 223(d)(1)(A). La segunda criminaliza la exhibición de mensajes o imágenes de contenido manifiestamente ofensivo a menores “de cualquier modo posible” (disposición sobre “exhibición”). 223(d)(1)(B). Ninguna de estas disposiciones se propone limitar el acceso de los adultos a estos materiales indecentes (o manifiestamente ofensivos), dado que ellos tienen derecho a acceder a este tipo de expresiones en virtud de la Primera Enmienda. Sable Communications of Cal., Inc. v. FCC, 492 US 115, 126 (1989) (“Las expresiones de contenido sexual indecentes, pero no obscenas, se encuentran protegidas por la Primera Enmienda”). De este modo, el objetivo innegable de la CDA es segregar los materiales indecentes que circulan en Internet a determinadas áreas a las que los menores no puedan acceder. Ver S. Conf. Rep. N.º 104-230, pág. 189 (1996) (La CDA impone “restricciones de acceso... para proteger a los menores de la exposición a materiales indecentes”).
La creación de “zonas para adultos” no es, de ningún modo, un concepto nuevo. Durante mucho tiempo, los estados negaron a los menores el acceso a determinados establecimientos frecuentados por adultos [51]. Los estados también negaron a los menores el acceso a expresiones consideradas “nocivas para menores” [52]. Anteriormente, la Corte apoyó dichas leyes de zonificación, pero con la condición de que respetaran los derechos de adultos y menores en virtud de la Primera Enmienda. Eso significa que una ley de zonificación resulta válida si (i) no restringe indebidamente el acceso de los adultos a los materiales; y (ii) los menores no tienen un derecho consagrado por la Primera Enmienda a leer o ver los materiales prohibidos. En lo que respecta a Internet, tal como existe en 1997, la disposición sobre “exhibición” y algunas aplicaciones de las disposiciones sobre “transmisión indecente” y “persona específica” no adhieren al primero de estos principios limitantes a través de la restricción del acceso de los adultos a materiales protegidos en determinadas circunstancias. A diferencia de la Corte, no obstante, soy partidario de invalidar las disposiciones únicamente en esas circunstancias.
Nuestros casos dejan en claro que una ley de “zonificación” resulta válida únicamente si los adultos aún pueden acceder a las expresiones reglamentadas. Si no pueden acceder a ellas, la ley va más allá de, simplemente, mantener a los niños alejados de las expresiones que no tienen derecho a recibir: interfiere en los derechos de los adultos de acceder a expresiones protegidas por la Constitución y efectivamente “limita a la población adulta... a leer únicamente lo que resulta adecuado para los niños”. Butler v. Michigan, 352 US 380, 383 (1957). La Primera Enmienda no tolera dicha interferencia. Ver íd. en 383 (que derogó una ley penal de Michigan que prohibía la venta de libros —a menores o adultos— que contuvieran palabras o imágenes que “tendieran a... corromper la moral de los jóvenes”); Sable Communications, supra (que invalidó una ley federal que establecía que transmitir mensajes telefónicos comerciales indecentes, pero no obscenos, a menores y adultos constituía un delito); Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 US 60, 74 (1983) (que derogó una ley federal que prohibía el envío postal de materiales publicitarios no solicitados sobre anticonceptivos). No obstante, si la ley no restringe indebidamente el acceso de los adultos a expresiones protegidas por la constitución, puede ser válida. In Ginsberg v. New York, 390 US 629, 634 (1968), por ejemplo, la Corte confirmó una ley de Nueva York que prohibía a los dueños de comercios vender revistas pornográficas a menores, en parte porque, a pesar de ello, los adultos podrían comprar dichas revistas.
En el caso Ginsberg, la Corte concluyó que la ley de Nueva York creaba una zona para adultos, adecuada desde el punto de vista constitucional, simplemente porque, en abstracto, solamente negaba el acceso a los menores. La Corte no cuestionó —y, por tanto, necesariamente supuso— que una zona para adultos, una vez creada, lograría proteger el acceso de los adultos e impedir, al mismo tiempo, el acceso de los menores a las expresiones reglamentadas. Hasta hoy, no habían surgido motivos para cuestionar esta suposición, dado que, anteriormente, la Corte solamente ha considerado leyes que operaban en el mundo físico, un mundo con dos características que hacen posible la creación de “zonas para adultos”: la geografía y la identidad. Ver Lessig, Reading the Constitution in Cyberspace, 45 Emory L. J. 869, 886 (1996). Un menor solo puede ver un espectáculo de danza para adultos si ingresa en el establecimiento que brinda ese tipo de entretenimiento. Y si intentara hacerlo, no podría ocultar completamente su identidad (o, por tanto, su edad). En consecuencia, las características de geografía e identidad, que van de la mano, permiten que el propietario del establecimiento evite el ingreso de menores, pero permita el acceso de adultos.
El mundo electrónico es radicalmente diferente. Dado que no es más que la interconexión de vías electrónicas, el ciberespacio permite que emisores y receptores oculten su identidad. El innegable que el ciberespacio refleja algún tipo de geografía; las salas de chat y los sitios web, por ejemplo, existen en “ubicaciones” fijas en Internet. Los usuarios pueden transmitir y recibir mensajes por Internet sin revelar ningún dato acerca de su identidad o edad —ver Lessig, supra, en 901—, sin embargo, actualmente no resulta posible excluir a las personas del acceso a determinados mensajes en función de su identidad.
El ciberespacio es diferente del mundo físico en otro aspecto fundamental: es maleable. Por esto, se pueden construir barreras en el ciberespacio y estas pueden usarse para verificar la identidad, lo cual hace que el ciberespacio se asemeje más al mundo físico y, en consecuencia, sea más susceptible de ser sometido a leyes de zonificación. Esta transformación del ciberespacio ya se encuentra en curso. Lessig, supra, en 888-889. Íd., en 887 (el ciberespacio “está pasando de ser... un lugar que prácticamente carece de zonificación a ser un universo que está extraordinariamente bien zonificado”). Las personas que se manifiestan a través de Internet (usuarios que publican materiales en Internet) han comenzado a zonificar el ciberespacio mismo a través del uso de tecnología “gateway”. Dicha tecnología requiere que los usuarios de Internet ingresen información acerca de ellos mismos —tal vez un número de identificación de adulto o un número de tarjeta de crédito— para acceder a determinadas áreas del ciberespacio, 929 F. Supp. 824, 845 (ED Pa. 1996), de manera similar a cuando un agente de seguridad verifica la licencia de conducir de una persona antes de permitirle ingresar en un club nocturno. Los usuarios de Internet que acceden a información no han intentado zonificar el ciberespacio mismo, pero han intentado limitar su propio poder de acceder a información en el ciberespacio, de manera bastante semejante a cuando un padre o una madre controla lo que su hijo mira en televisión instalando un sistema de bloqueo. Esta zonificación basada en el usuario se logra a través del uso de software de detección
(como por ejemplo, Cyber Patrol o SurfWatch) o navegadores con capacidades de detección. Ambos buscan, en direcciones y en el texto, palabras clave que estén asociadas con sitios de “adultos” y, si el usuario lo desea, bloquean el acceso a tales sitios. Íd., en 839-842. El proyecto Plataforma para la Selección de Contenidos de Internet (Platform for Internet Content Selection, PICS) se ha diseñado para facilitar la zonificación basada en el usuario, incentivando a quienes se expresan a través de Internet a que califiquen el contenido de sus expresiones utilizando códigos reconocidos por todos los programas de detección. Íd., en 838-839.
A pesar de estos avances, la transformación del ciberespacio no es total. Si bien ya hace tiempo que la tecnología gateway está disponible en la red de redes, íd., en 845; Shea v. Reno, 930 F. Supp. 916, 933-934 (SDNY 1996), no se encuentra disponible para todas las personas o instituciones que se manifiestan en la web, 929 F. Supp., en 845-846, y recién ahora se está pudiendo implementar, desde el punto de vista tecnológico, en salas de chat y grupos de noticias USENET, Escrito de las partes federales 37-38. La tecnología gateway no es ubicua en el ciberespacio, y dado que, sin ella “no existen medios para verificar la edad”, el ciberespacio aún se encuentra, en gran medida, sin zonificación, y sin posibilidades de ser zonificado. 929 F. Supp., en 846; Shea, supra, en 934. La zonificación basada en el usuario también se encuentra en sus primeras etapas. Para que resulte eficaz: (i) debería existir un código (o “identificación”) acordado; (ii) el software de detección o los navegadores con capacidades de detección deberían poder reconocer la “identificación”; y (iii) dichos programas deberían estar ampliamente disponibles para los usuarios de Internet y ser ampliamente utilizados por ellos. En la actualidad, no se cumple ninguna de esas condiciones. El software de detección “no es ampliamente utilizado en la actualidad” y “solamente algunos navegadores tienen capacidades de detección”. Shea, supra, en 945-946. Más aún, no existe una “identificación” establecida para que estos programas puedan reconocerla. 929 F. Supp., en 848; Shea, supra, en 945.
Si bien las perspectivas para la eventual zonificación de Internet parecen promisorias, estoy de acuerdo con la Corte en que debemos evaluar la constitucionalidad de la CDA en cuanto se aplica a Internet tal como existe en la actualidad. Ante, en 36. Dada la situación actual del ciberespacio, coincido con la Corte en que la disposición sobre “exhibición” no puede ser aceptada. Hasta tanto la tecnología gateway se encuentre disponible a través del ciberespacio —y en 1997 no lo está—, una persona que se manifiesta no puede estar razonablemente segura de que sus expresiones llegarán únicamente a los adultos, dado que es imposible confinar el discurso a una “zona para adultos”. Así, la única manera de que quien se manifiesta se encuentre exento de responsabilidad en virtud de la CDA es que se abstenga completamente del uso de expresiones indecentes. Pero este silencio forzado vulnera el derecho de los adultos, consagrado por la Primera Enmienda, de realizar y recibir expresiones de este tipo y, para todos los fines, “limita a la población adulta a leer únicamente lo que resulta adecuado para los niños”. Butler, 352 US, en 383. Como resultado, la disposición sobre “exhibición” no resiste el análisis. Ver concordantes, Sable Communications, 492 U.S., en 126 -131; Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 US, en 73 -75.
Las disposiciones sobre “transmisión indecente” y “persona específica” presentan un problema más cercano, dado que no son inconstitucionales en todas sus aplicaciones. Tal como se analizó anteriormente, la disposición sobre “transmisiones indecentes” establece que transmitir, a sabiendas, un mensaje indecente a una persona que el emisor sabe que es menor de 18 años constituye un delito. 47 U. S. C. A. 223(a)(1)(B) (May 1996 Supp.). La disposición sobre “persona específica” proscribe la misma conducta, aunque no exige de manera tan explícita que el emisor sepa que el receptor previsto de su mensaje indecente es un menor. 223(d)(1)(A). El apelante insta a la Corte a interpretar que la disposición impone tal requisito de conocimiento, ver Escrito de las partes federales 25-27, y yo lo interpretaría de ese modo. Ver Edward J. DeBartolo Corp. v. Florida Gulf Coast Building &. Constr. Trades Council, 485 US 568, 575 (1988) (“[E]n casos en que una interpretación de una ley —que, en otras circunstancias, sería aceptable— planteara serios problemas constitucionales, la Corte interpretará la ley de modo de evitar tales problemas, a menos que tal interpretación sea absolutamente contraria a la intención del Congreso”).
Interpretadas de ese modo, ambas disposiciones son constitucionales en cuanto se aplican a una conversación en la que solamente intervienen un adulto y uno o más menores; por ejemplo, cuando un emisor adulto envía un mensaje de correo electrónico a sabiendas de que el receptor es un menor, o cuando un adulto y un menor conversan solos o con otros menores en una sala de chat. En este contexto, estas disposiciones no difieren de la ley que apoyamos en el caso Ginsberg. Restringir lo que un adulto puede decir a los menores no restringe en modo alguno la capacidad del adulto de comunicarse con otros adultos. No se le impide hablar indecentemente a otros adultos en una sala de chat (dado que no hay otros adultos participando en la conversación) y sigue teniendo la libertad de enviar correos electrónicos a otros adultos. El universo en cuestión implica solamente a un adulto, y allí ese adulto tiene el poder de abstenerse de usar expresiones indecentes y, en consecuencia, de mantener todas esas expresiones dentro de una sala, en una zona “para adultos”.
Sin embargo, la analogía con el caso Ginsberg se rompe cuando en la conversación participa más de un adulto. Si un menor ingresa en una sala de chat que, de otro modo, estaría ocupada por adultos, la CDA efectivamente requiere que los adultos que están en la sala dejen de usar expresiones indecentes. Si no lo hicieran, podrían ser juzgados en virtud de las disposiciones sobre “transmisión indecente” y “persona específica” por cualquier declaración indecente que realizaran en el grupo, dado que estarían transmitiendo un mensaje indecente a personas específicas, entre los cuales hay un menor. Concordante, ante, en 30. La CDA es, por tanto, similar a una ley que considere un delito el hecho de que el propietario de una librería venda revistas pornográficas a cualquier persona una vez que un menor ingresa en su tienda. Aun suponiendo que dicha ley fuera constitucional en el mundo físico, como una alternativa razonable para excluir completamente a los menores de la tienda, la ausencia de cualquier medio para excluir a los menores de las salas de chat en el ciberespacio restringe los derechos de los adultos a participar en expresiones indecentes en esas salas. Las disposiciones sobre “transmisión indecente” y “persona específica” tienen este mismo defecto.
Pero estas dos disposiciones no menoscaban las posibilidades de expresión de los adultos en todas las situaciones. Y tal como se analizó anteriormente, yo no considero que las disposiciones sean excesivamente amplias en el sentido de que restringen el acceso de los menores a una gran cantidad de expresiones que los menores tienen derecho a leer y ver. De acuerdo con ello, la CDA puede aplicarse constitucionalmente en determinadas situaciones. Normalmente, este hecho requeriría que la Corte rechazara la impugnación directa en abstracto. United States v. Salerno, 481 US 739, 745 (1987) (“Una impugnación en abstracto a una Ley emanada del poder legislativo [procede únicamente si] el autor de la impugnación... establece que no existen circunstancias en virtud de las cuales la Ley sería válida”). No obstante, el reclamo de las partes apeladas surge en virtud de la Primera Enmienda, y ellos argumentan que la CDA carece de validez en abstracto, por ser “sustancial y excesivamente amplia”, es decir, “su espectro es demasiado amplio... y sanciona una importante cantidad de expresiones que gozan de protección constitucional”, Forsyth County v. Nationalist Movement, 505 US 123, 130 (1992). Ver Escrito de las partes apeladas, American Library Association et al. 48; Escrito de las partes apeladas, American Civil Liberties Union et al. 39-41. Coincido con la Corte en que las disposiciones son excesivamente amplias al cubrir todas las comunicaciones entre adultos y menores, independientemente de cuántos adultos puedan formar parte de la audiencia que recibe la comunicación.
No obstante, esta conclusión no pone fin a la cuestión. En los casos, como este, en que “las partes que cuestionan la ley son las que desean participar en las expresiones protegidas que la ley excesivamente amplia propone castigar... se puede declarar la nulidad inmediata de la ley, en la medida en que su alcance sea excesivo; pero de lo contrario, debe mantenerse intacta”. Brockett v. Spokane Arcades, Inc., 472 US 491, 504 (1985). No hay dudas de que el Congreso tenía la intención de prohibir determinadas comunicaciones entre un adulto y uno o más menores. Ver 47 U. S. C. A. 223(a)(1)(B) (May 1996 Supp.) (que castiga a “cualquier persona que... inicie la transmisión de [cualquier comunicación indecente] a sabiendas de que el receptor de dicha comunicación es menor de 18 años”); §223(d)(1)(A) (que castiga a “cualquier persona que... envíe a una persona o personas específicas, menores de 28 años [un mensaje manifiestamente ofensivo]”). No cabe duda, tampoco, de que el Congreso hubiera sancionado una versión más acotada de estas disposiciones si hubiera sabido que una versión más amplia sería declarada inconstitucional. 47 U.S.C. §608 (“Si... la aplicación [de cualquier disposición de la CDA] a cualquier persona o circunstancia se considera inválida... esto no afectará la aplicación de dicha disposición a otras personas o circunstancias”). Por tal motivo, yo defendería las disposiciones sobre “transmisión indecente” y “persona específica” en la medida en que se apliquen a la transmisión de comunicaciones por Internet en las que la parte que inicia la comunicación sabe que todos los receptores son menores.
Si la CDA interfiere sustancialmente en los derechos de los menores en virtud de la Primera Enmienda, y por tanto viola la segunda característica de las leyes de zonificación válidas, es un interrogante que requiere un análisis más detenido. En el caso Ginsberg, la ley de Nueva York que confirmamos prohibía la venta a menores de revistas que eran “nocivas para menores”. En virtud de dicha ley, una revista resultaba “nociva para menores” solo si era obscena para ellos. 390 US, en 632 -633. Teniendo en cuenta que las expresiones obscenas no se encuentran protegidas por la Primera Enmienda, Roth v. United States, 354 US 476, 485 (1957), y que Nueva York era constitucionalmente libre de ajustar la definición de obscenidad para menores, 390 US, en 638, la Corte concluyó que la ley no “invad[ía] el área de libertad de expresión de que gozan los menores en virtud de la Constitución”. Íd., en 637. En consecuencia, Nueva York no violó los derechos de los menores en virtud de la Primera Enmienda. Cf. Erznoznik v. Jacksonville, 422 US 205, 213 (1975) (que derogó la ordenanza municipal que prohibía la desnudez que no era “obscena siquiera para los menores”).
La Corte no “acept[a] ni rechaz[a]” el argumento de que la CDA es, en abstracto, excesivamente amplia, porque interfiere sustancialmente en los derechos de los menores consagrados por la Primera Enmienda. Ante, en 32. Yo lo rechazaría. El caso Ginsberg estableció que a los menores puede negárseles constitucionalmente el acceso a materiales que resultan obscenos para ellos. Tal como se explicó en ese caso, los materiales son obscenos para los menores si (i) son “manifiestamente ofensivos para los estándares que prevalecen en la comunidad adulta en su conjunto, con respecto a lo que es adecuado... para los menores”; (ii) atraen el interés lascivo de los menores; y (iii) carecen “de toda importancia social atenuante para los menores”. 390 US, en 633. Dado que la CDA niega a los menores el derecho de obtener materiales que son “manifiestamente ofensivos” —aun cuando tengan cierto valor atenuante para los menores e incluso si no atraen a su interés lascivo— el rechazo, por parte del Congreso, del estándar de “nocivo para los menores” del caso Grinsberg significa que la CDA podría prohibir ciertas expresiones “indecentes” (es decir, “manifiestamente ofensivas”), pero que no son obscenas para los menores.
Yo no niego esta posibilidad, pero para que una impugnación en abstracto resulte exitosa, no es suficiente que el demandante demuestre que la norma peca de un exceso de amplitud “en cierta medida”. Nuestros casos requieren una prueba “real” y “sustancial” de que la norma en cuestión es excesivamente amplia, Broadrick v. Oklahoma, 413 US 601, 615 (1973), y las partes apeladas no han cumplido con la carga de la prueba en este caso. En mi opinión, el universo de las expresiones protegidas por la Constitución respecto de los menores, pero prohibidas por la CDA —es decir, el universo de los materiales que son “manifiestamente ofensivos”; pero que, no obstante, tienen cierto valor atenuante para los menores o no atraen su interés lascivo— es muy pequeño. Las partes apeladas no citan ejemplo alguno de expresiones que se inscriban en este universo, y no intentan explicar por qué este universo es sustancial “en relación con la amplitud absolutamente legítima de la ley”. Íd. Que la CDA pueda negar a los menores el derecho a obtener materiales que tengan algún “valor”, ver ante, en 32-33, está notablemente más allá de la cuestión que aquí se analiza. Si bien es posible que los debates acerca de las violaciones en centros de detención o sobre las obras de arte que muestran desnudez, ver ibíd., tengan cierto valor educativo atenuante para los adultos, no necesariamente tienen tal valor para los menores, y según el caso Ginsberg, los menores solamente tienen un derecho otorgado por la Primera Enmienda a obtener materiales manifiestamente ofensivos que tengan “una importancia social atenuante para los menores” 390 US, en 633 (énfasis agregado). Tampoco hay pruebas, en el expediente, que sustenten el argumento de que “muchas transmisiones realizadas a través del correo electrónico, emitidas por un adulto y recibidas por un menor son conversaciones entre miembros de la misma familia”, ante, en 18, n. 32, y no hay sustento para la proposición legal de que dichas expresiones estén absolutamente exentas de reglamentación. De acuerdo con ello, en mi opinión, la CDA no reprime una cantidad sustancial de expresiones de menores que gozan de protección constitucional.
Así, la constitucionalidad de la CDA como ley de zonificación depende de la medida en la cual interfiera sustancialmente en los derechos de los adultos en virtud de la Primera Enmienda. Dado que los derechos de los adultos son violados únicamente por la disposición sobre “exhibición” y las disposiciones sobre “transmisión indecente” y “persona específica” en cuanto se aplican a comunicaciones en las que participa más de un adulto, yo invalidaría la CDA solo en esa medida. No obstante, en tanto y en cuanto las disposiciones de “transmisión indecente” y “persona específica” prohíben el uso de expresiones indecentes en las comunicaciones entre un adulto y uno o más menores, tales disposiciones pueden y deben ser toleradas. La Corte llega a una conclusión opuesta, y en lo personal disiento, con absoluto respeto, de esa postura.

Notas:
[1] “El Congreso no sancionará ninguna ley... que limite la libertad de expresión”. U. S. Const., Amdt. 1.
[2] La Corte extrajo 410 conclusiones, incluidos 356 párrafos de estipulaciones de las partes y 54 conclusiones basadas en pruebas recibidas en audiencia pública. Ver 929 F. Supp. en 830, n. 9, 842, n. 15.
[3] Sigla correspondiente a la red desarrollada por el Organismo de Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research Project Agency).
[4] Íd., en 844 (conclusión 81).
[5] Íd., en 831 (conclusión 3).
[6] Íd., en 835 (conclusión 27).
[7] Íd., en 842 (conclusión 74).
[8] Íd., en 836 (conclusión 36).
[9] “Publicar materiales en la web es lo suficientemente simple como para que miles de usuarios individuales y pequeñas organizaciones comunitarias usen la red para publicar sus propias ‘páginas de inicio’ personales, lo cual equivale a boletines de noticias individualizados acerca de una determinada persona u organización, que se encuentran disponibles para todos en Internet”. Íd., en 837 (conclusión 42).
[10] Íd., en 838 (conclusión 46).
[11] Íd., en 844 (conclusión 82).
[12] Íd. (conclusión 86).
[13] Íd. (conclusión 85).
[14] Íd., en 848 (conclusión 117).
[15] Íd., en 844 (conclusión 88).
[16] Íd.
[17] Íd., en 845 (conclusión 89).
[18] Íd., en 842 (conclusión 72).
[19] Íd. (conclusión 73).
[20] Íd., en 845 (conclusión 90): “Una dirección de correo electrónico no brinda información fidedigna acerca de su destinatario, que puede utilizar un ‘alias’ o un sistema anónimo de reenvío de mensajes de correo electrónico. Tampoco existe un listado universal ni confiable de direcciones de correo electrónico y nombres o números telefónicos a los cuales estos corresponden. Cualquier lista de esta naturaleza sería incompleta o rápidamente pasaría a serlo. Por tales motivos, en muchos casos no existe un modo confiable de que un emisor sepa si el receptor del mensaje de correo electrónico es un adulto o un menor. La dificultad de la verificación de edad en relación con el correo electrónico se ve agravada para los gestores de correo como servidores de lista, que automáticamente envían información a todas las direcciones de correo electrónico incluidas en un listado de un emisor. El Dr. Olsen, especialista convocado por el gobierno, estuvo de acuerdo en que ninguna tecnología actual puede garantizar que, en una lista de correo de un gestor de correo en particular, solamente se incluyan personas adultas”.
[21] Íd. (conclusión 93).
[22] Íd., en 846 (conclusión 102).
[23] Íd., en 847 (conclusiones 104-106): “Al menos algunas organizaciones no comerciales, o casi todas; como por ejemplo, la ACLU, Stop Prisoner Rape o Critical Path AIDS Project, consideran que cobrar a su audiencia por el acceso a sus materiales va en contra de sus metas de poner sus producciones a disposición de una audiencia amplia, sin ningún cargo... “Hay pruebas que indican que los usuarios adultos, especialmente quienes navegan en Internet sin un propósito específico, rechazarían la posibilidad de obtener información que requiriera el uso de una tarjeta de crédito o una contraseña. Andrew Anker expresó en su testimonio que HotWired recibió muchas quejas de sus miembros en relación con su sistema de registro, que solamente requiere que los miembros indiquen un nombre, una dirección de correo electrónico y una contraseña creada por ellos. A los proveedores de contenidos comerciales les preocupa que los requisitos de verificación de edad causen una merma en la publicidad y los ingresos, dado que los anunciantes exigen que se demuestre que los sitios están ampliamente disponibles y son visitados con frecuencia”.
[24] Ver Exon Amendment No. 1268, 141 Cong. Rec. S8120 (9 de junio de 1995). Ver también íd., en S8087. Esta enmienda, revisada, se incorporó como artículo 502 de la Ley de Comunicaciones de 1996, 110 Stat. 133, 47 U. S. C. A. 223(a)(e) (Supp. 1997). Algunos miembros de la Cámara de Representantes se opusieron a la Enmienda de Exon porque consideraban que era “posible que los padres protegieran las computadoras familiares contra el acceso por parte de los niños usando estos productos disponibles en el sector privado”. También señalaron que el enfoque del Senado “implicaría una enorme erogación de dinero por parte del Gobierno Federal para tratar de definir términos complejos que llevarán a innumerables dificultades jurídicas mientras que nuestros niños seguirán estando desprotegidos”. Estos miembros propusieron una enmienda que estaba pensada para reemplazar la Enmienda Exon, pero que finalmente fue sancionada como un artículo más de la Ley titulado “Empoderamiento familiar en Internet”. Ver 110 Stat. 137, 47 U. S. C. A. 230 (Supp. 1997, 141 Cong. Rec. H8468-H8472. No se realizaron audiencias acerca de las disposiciones que se convirtieron en ley. Ver S. Rep. N.º 104-23 (1995), pág. 9. No obstante, una vez que el Senado adoptó la enmienda Exon, su Comité Judicial llevó a cabo una audiencia de un día de duración sobre “Los niños y la pornografía cibernética”. En su discurso de apertura en dicha audiencia, el Senador Leahy observó: “Realmente me impactó, cuando en sus palabras de apertura usted mencionó, Sr. Presidente, que esta es la primera audiencia que se realiza en torno de este tema, y eso es absolutamente cierto. Y aun así, se realizó un importante debate en el recinto y se sancionaron leyes que, en gran medida, se refieren a un tema relacionado con Internet, leyes que podrían cambiar radicalmente —y algunos dirían incluso generar el caos— en Internet. Así como así, el Senado intervino, sancionó leyes y nunca jamás celebró una audiencia, ni una sola vez realizó un debate de más de una hora en el recinto”. Cyberporn and Children: The Scope of the Problem, The State of the Technology, and the Need for Congressional Action, Hearing on S. 892 before the Senate Committee on the Judiciary, 104th Cong., 1st Sess., 7-8 (1995).
[25] Si bien el Gobierno y la disidencia desglosan el artículo 223(d)(1) en dos disposiciones separadas sobre “manifiestamente ofensivos” y “exhibición”, seguimos la convención de las dos partes de la instancia inferior, así como la orden y la voluntad del Tribunal de Distrito, al describir el artículo 223(d)(1) como una sola disposición.
[26] En su texto completo, el artículo 223(e)(5) establece: “(5) Es una defensa a una acusación en virtud de los incisos (a)(1)(B) o (d) de esta sección, o en virtud del inciso (a)(2) de esta sección con respecto al uso de un establecimiento para una actividad conforme al inciso (a)(1)(B) de este artículo que una persona: (A) haya realizado acciones de buena fe, razonables, efectivas y apropiadas en virtud de las circunstancias, para restringir o impedir el acceso de menores a una comunicación especificada en tales incisos, que puede implicar cualquier medida apropiada para restringir la participación de menores en tales comunicaciones, incluido cualquier método que pueda llevarse a la práctica en virtud de las tecnologías disponibles; o (B) haya restringido el acceso a tales comunicaciones exigiendo el uso de una tarjeta de crédito verificada, una cuenta de débito, un código de acceso para adultos o un número de identificación personal para adultos”.
[27] American Civil Liberties Union; Human Rights Watch; Electronic Privacy Information Center; Electronic Frontier Foundation; Journalism Education Association; Computer Professionals for Social Responsibility; National Writers Union; Clarinet Communications Corp.; Institute for Global Communications; Stop Prisoner Rape; AIDS Education Global Information System; Bibliobytes; Queer Resources Directory; Critical Path AIDS Project, Inc.; Wildcat Press, Inc.; Declan McCullagh dba Justice on Campus; Brock Meeks dba Cyberwire Dispatch; John Troyer dba The Safer Sex Page; Jonathan Wallace dba The Ethical Spectacle; y Planned Parenthood Federation of America, Inc.
[28] American Library Association; America Online, Inc.; American Booksellers Association, Inc.; American Booksellers Foundation for Free Expression; American Society of Newspaper Editors; Apple Computer, Inc.; Association of American Publishers, Inc.; Association of Publishers, Editors and Writers; Citizens Internet Empowerment Coalition; Commercial Internet Exchange Association; CompuServe Incorporated; Families Against Internet Censorship; Freedom to Read Foundation, Inc.; Health Sciences Libraries Consortium; Hotwired Ventures LLC; Interactive Digital Software Association; Interactive Services Association; Magazine Publishers of America; Microsoft Corporation; The Microsoft Network, L. L. C.; National Press Photographers Association; Netcom On Line Communication Services, Inc.; Newspaper Association of America; Opnet, Inc.; Prodigy Services Company; Society of Professional Journalists; Wired Ventures, Ltd.
[29] Stat. 142-143, nota siguiente a 47 U. S. C. A. ♦223 (Supp.1997).
[30] Ver también 929 F. Supp., en 877: “Cuatro características relacionadas de las comunicaciones por Internet tienen una importancia transcendental para nuestra postura compartida de que la CDA es inconstitucional de plano. Explicamos estas características en nuestra Apreciación de los hechos planteada anteriormente y, en esta oportunidad, simplemente vuelvo a analizarlas brevemente. En primer lugar, Internet presenta muy pocos obstáculos para ingresar a sus contenidos. En segundo lugar, estos obstáculos para el ingreso son idénticos, tanto para quienes se expresan como para quienes reciben esas manifestaciones. En tercer lugar, como consecuencia de la escasez de obstáculos, en Internet se pueden encontrar contenidos absolutamente diversos. En cuarto lugar, Internet brinda una importante posibilidad de acceso a todos los que desean expresarse en el medio, e incluso crea una relativa paridad entre quienes se manifiestan”. Según lo señaló el juez Dalzell, estas características y el resto de las conclusiones del Tribunal de Distrito “llevan a la conclusión de que el Congreso no puede reglamentar en absoluto los materiales indecentes en Internet”. Íd. Dado que las partes apeladas no han planteado este argumento a la Corte, nosotros no lo consideraremos. Las partes apeladas tampoco objetan el interés insoslayable del Gobierno en proteger a los menores de las expresiones “indecentes” y “manifiestamente ofensivas”.
[31] 390 US, en 639. Citamos el caso Prince v. Massachusetts, 321 US 158, 166 (1944): “Es fundamental para nosotros que la custodia, el cuidado y la educación del niño provengan fundamentalmente de los padres, cuya principal función y libertad incluyen la preparación para enfrentar obligaciones que el estado no puede favorecer ni obstaculizar”
[32] Dada la posibilidad de que muchas transmisiones por correo electrónico emitidas por un adulto y recibidas por un menor sean conversaciones entre familiares, resulta incorrecto que la disidencia sugiera que las disposiciones de la CDA, incluso en esta área acotada, “no difieren de la ley que fue apoyada en el caso Ginsberg.” Post, en 8.
[33] Cf. Pacifica Foundation v. FCC, 556 F. 2d 9, 36 (CADC 1977) (juez Levanthal, en disidencia), revisión, FCC v. Pacifica Foundation, 438 US 726 (1978). Cuando se resolvió el caso Pacifica, teniendo en cuenta que las estaciones radiales estaban autorizadas a operar únicamente de conformidad con una licencia federal, y que el Congreso había sancionado leyes que prohibían que los licenciatarios transmitieran expresiones indecentes, existía el riesgo de que los miembros de la audiencia radial infirieran que existía algún tipo de aprobación oficial o social de lo que se escuchaba en la radio, ver 556 F. 2d, en 37, n. 18. Ese tipo de riesgo no está presente en los mensajes recibidos a través de Internet, dado que la red no cuenta con supervisión de ningún organismo federal.
[34] Juris. Statement 3 (cita de 929 F. Supp., en 831 (conclusión 3).
[35] El término “indecente” no se beneficia con ningún embellecimiento discursivo. La calificación de “manifiestamente ofensivo” se aplica únicamente en la medida en que implique “actividades u órganos sexuales o excretorios” tomados “en contexto” y “medidos de acuerdo con los estándares vigentes en la comunidad”.
[36] Ver Gozlon Peretz v. United States, 498 U.S. 395, 404 (1991) (“En los casos en que el Congreso incluye un determinado lenguaje en un artículo de una ley, pero lo omite en otro artículo de la misma Ley, generalmente se presume que el Congreso actúa en forma intencional y deliberada respecto de esta inclusión y exclusión desparejas”) (se omiten comillas internas).
[37] La ley no indica si las determinaciones de “manifiestamente ofensivo” e “indecente” deberían realizarse con respecto a los menores o a la población en general. El Gobierno indica que el estándar adecuado es “el material que resulte adecuado para los menores”. Escrito de contestación de las partes apelantes 18, n. 13 (cita de Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 633 (1968)). No obstante, los congresistas rechazaron expresamente las enmiendas que hubieran impuesto dicho estándar de “nocivo para los menores”. Ver S. Conf. Rep. N.° 104-230, pág. 189 (1996) (S. Conf. Rep.), 142 Cong. Rec. H1145, H1165-1166 (Feb. 1, 1996). Los congresistas también rechazaron las enmiendas que hubieran limitado los materiales proscriptos a aquellos que carecían de valor atenuante. Ver S. Conf. Rep., en 189, 142 Cong. Rec. H1165- 1166 (Feb. 1, 1996).
[38] Si bien en inglés el término “trunk”, por sí solo, puede referirse a equipaje, un traje de baño, la base de un árbol o la nariz pronunciada de un animal, su significado resulta claro cuando se refiere a una de las tres partes de la descripción de animales grises.
[39] 413 US, en 30 (Las determinaciones de lo “que atrae un ‘interés lascivo’ o es ‘manifiestamente ofensivo’... son esencialmente de cuestiones de hecho, y nuestra Nación es demasiado grande y diversa como para que esta Corte espere razonablemente que se puedan articular estos estándares para los 50 estados en una única formulación, aún si damos por sentado que existe un consenso previo”.). De este modo, la CDA, que implementa el lenguaje de “estándares vigentes en la comunidad” del caso Miller, entra en conflicto con la afirmación, por parte de los propios congresistas, de que la CDA tenía por objeto “establecer un estándar nacional uniforme sobre reglamentación de contenidos”. S. Conf. Rep., en 191.
[40] Ver concordantes, Butler v. Michigan, 352 US 380, 383 (1957) (la prohibición de la venta a adultos de libros considerados nocivos para los niños es inconstitucional); Sable Communications of Cal., Inc. v. FCC, 492 US 115, 128 (1989) (la prohibición de los mensajes de “porno por discado” es inconstitucional); Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 US 60, 73 (1983) (la prohibición del envío de publicidades no solicitadas de anticonceptivos es inconstitucional).
[41] La falta de atención legislativa a la ley en cuestión en el caso Sable sugiere otro paralelo con el presente caso. Comparar con 492 US, en 129 -130 (“[A]demás de las declaraciones concluyentes que tuvieron lugar durante los debates de los proponentes del proyecto de ley, así como afirmaciones similares que se plantearon en audiencias realizadas respecto de un proyecto sustancialmente idéntico el año anterior... el registro del Congreso que se nos presentó no contiene prueba alguna respecto de cuán efectivas o inefectivas fueron o pueden llegar a ser las reglamentaciones más recientes de la FCC... Ningún congresista ni senador se propuso presentar un análisis considerado acerca de con qué frecuencia o en qué medida los menores podrían eludir las normas o las eludirían, y así tendrían acceso a mensajes de porno por discado”) con n. 24, supra.
[42] El Gobierno está de acuerdo en que estas disposiciones resultan aplicables cada vez que “un emisor transmite un mensaje a más de un receptor, sabiendo que al menos una de las personas específicas que recibe el mensaje es un menor”. Oposición a la moción de afirmación y contestación a los jurados. Declaración 4-5, n. 1.
[43] El Gobierno asevera que “[n]o hay nada cuestionable, desde el punto de vista constitucional, en exigir que los operadores de sitios web comerciales... enfrenten la modesta carga que se les impone en relación con su uso”. Escrito de la parte apelante 35. No obstante, de hecho, no hay pruebas de que una “modesta carga” vaya a resultar eficaz.
[44] Transmitir contenidos obscenos y pornografía infantil, sea a través de Internet o por otros medios, ya es ilegal en virtud de las leyes federales, tanto para adultos como para menores. Ver 18 U.S.C. 1464-1465 (que establecen que las exhibiciones obscenas constituyen un delito); 2251 (que establece que la pornografía infantil constituye un delito). De hecho, cuando el Congreso estaba analizando la CDA, expresó su postura de que la ley no era necesaria, dado que las leyes vigentes ya autorizaban las iniciativas en curso para juzgar las actividades obscenas, la pornografía infantil y los ofrecimientos sexuales a menores. Ver 141 Cong. Rec. S8342 (14 de junio de 1995) (carta de Kent Markus, Subprocurador General, Departamento de Justicia de los EE. UU., al Senador Leahy).
[45] Cita de Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U.S. 520 (1993), entre otros casos, los apelados plantean otra razón por la cual, en su opinión, la CDA no resiste un análisis estricto. Según argumentan, dado que un caudal tan importante de materiales de contenido sexual explícito se origina en el exterior, la CDA no puede ser “eficaz”. Escrito de la parte apelada, American Library Association et al. 33-34. Este argumento plantea cuestiones complejas relativas a la aplicación extraterritorial prevista de la CDA, así como su alcance permitido. Entendemos que no es necesario abordar esas cuestiones para resolver este caso.
[46] Para consultar el texto completo del artículo 223(e)(5), ver número 26, supra.
[47] De este modo, irónicamente, esta defensa puede proteger significativamente a los proveedores comerciales de publicaciones obscenas y, al mismo tiempo, brindar escasos beneficios (o ningún beneficio) a quienes transmiten mensajes indecentes que tienen un valor social o artístico significativo.
[48] 929 F. Supp., en 855-856.
[49] Tal como lo explicó esta Corte hace mucho tiempo, “Ciertamente sería peligroso que la Legislatura pudiera establecer una red lo suficientemente amplia para atrapar a todos los posibles delincuentes y dejara en manos de los tribunales la tarea de investigar profundamente y determinar quién podría ser lícitamente detenido y quién debía quedar en libertad. Esto, en cierta medida, haría que el poder legislativo del gobierno fuera reemplazado por el poder judicial”. United States v. Reese, 92 US 214, 221 (1876). En parte debido a estas cuestiones de separación de poderes, hemos sostenido que recurrir a una cláusula de divisibilidad es “apenas una ayuda y no un mandamiento inexorable”. Dorchy v. Kansas, 264 US 286, 290 (1924).
[50] Ver también Osborne v. Ohio, 495 US 103, 121 (1990) (el reordenamiento judicial de las leyes derogaría el “incentivo para elaborar una ley acotada en primer lugar” del Congreso).
[51] Ver, p. ej., Alaska Stat. Ann. § 11.66.300 (1996) (prohibición de la presencia de menores en lugares de “entretenimiento para adultos”); Ariz. Rev. Stat. Ann. §13-3556 (1989) (prohibición de la presencia de menores en lugares de exposición); Ark. Code Ann. §§ 5-27-223, 5-27-224 (1993) (prohibición de la presencia de menores en salas de pool y bares); Colo. Rev. Stat. § 18-7-502(2) (1986) (prohibición de la presencia de menores en lugares donde se exhiban películas o espectáculos que resulten “nocivos para los niños”); Del. Code Ann., Tit. 11, §1365(i)(2) (1995) (ídem); D. C. Code Ann. §22-2001(b)(1)(B) (1996) (ídem); Fla. Stat. §847.013(2) (1994) (ídem); Ga. Code Ann. §16-12-103(b) (1996) (ídem); Haw. Rev. Stat. §712-1215(1)(b) (1994) (prohibición de la presencia de menores en salas de cine o espectáculos que sean “pornográficos para menores”); Código de Idaho §18-1515(2) (1987) (prohibición de la presencia de menores en lugares donde se exhiban películas o espectáculos que sean “nocivos para menores”); La. Rev. Stat. Ann. § 14:91.11(B) (West 1986) (prohibición de la presencia de menores en lugares donde se exhiban películas que representen actos sexuales y atraigan un interés lascivo de los menores); Md. Ann. Code, Art. 27, § 416E (1996) (prohibición de la presencia de menores en establecimientos donde se realizan o describen determinados actos mencionados); Mich. Comp. Laws § 750.141 (1991) (prohibición de la presencia de menores que no estén acompañados por adultos en lugares de venta de alcohol); Minn. Stat. § 617.294 (19870 y Supp. 1997) (prohibición de la presencia de menores en lugares donde se exhiban películas o espectáculos que sean “nocivos para los menores”); Miss. Code Ann. § 97-5-11 (1994) (prohibición de la presencia de menores en salas de pool, billares o lugares de venta de alcohol); Mo. Rev. Stat. §573.507 (1995) (prohibición de la presencia de menores en cabarets para adultos); Neb. Rev. Stat. § 28-809(1995) (prohibición de la presencia de menores en lugares donde se exhiban películas o espectáculos que resulten “nocivos para los menores”); Del. Rev. Stat. § 201.265(3) (1997) (ídem); N. H. Rev. Stat. Ann. § 571-B:2(II) (1986) (ídem); N. M. Stat. Ann. § 30-37-3 (1989) (ídem); N. Y. Penal Law § 235.21(2) (McKinney 1989) (ídem); N. D. Cent. Code § 12.1-27.1-03 (1985 y Supp. 1995) ((ídem); 18 Pa. Cons. Stat. § 5903(a) (Supp. 1997) (ídem); S. D. Comp. Laws Ann. § 22-24-30 (1988) (ídem); Tenn. Code Ann. § 39-17-911(b) (1991) (ídem); Vt. Stat. Ann., Tit. 13, § 2802(b) (1974) (ídem); Va. Code Ann. §18.2(391) (1996) (ídem)
[52] Ver, p. ej., Ala. Code §13A-12-200.5 (1994); Ariz. Rev. Stat. Ann. §13-3506 (1989); Ark. Code Ann. 5-68-502 (1993); Cal. Penal Code Ann. §313.1 (West Supp. 1997); Colo. Rev. Stat. §18-7-502(1) (1986); Conn. Gen. Stat. §53a-196 (1994); Del. Code Ann., Tit. 11, §1365(i)(1) (1995); D. C. Code Ann. §22- 2001(b)(1)(A) (1996); Fla. Stat. §847.012 (1994); Ga. Code Ann. §16-12-103(a) (1996); Haw. Rev. Stat. §712-1215(1) (1994); Idaho Code §18-1515(1) (1987); Ill. Comp. Stat., ch. 720, §5/11-21 (1993); Ind. Code §35-49-3-3(1) (Supp. 1996); Iowa Code §728.2 (1993); Kan. Stat. Ann. §21-4301c(a)(2) (1988); La. Rev. Stat. Ann. §14:91.11(B) (West 1986); Md. Ann. Code, Art. 27, §416B (1996); Mass. Gen. Laws, ch. 272, §28 (1992); Minn. Stat. §617.293 (1987 y Supp. 1997); Miss. Code Ann. §97-5-11 (1994); Mo. Rev. Stat. §573.040 (1995); Mont. Code Ann. §45-8-206 (1995); Neb. Rev. Stat. §28-808 (1995); Nev. Rev. Stat. §§201.265(1), (2) (1997); N. H. Rev. Stat. Ann. §571-B:2(I) (1986); N. M. Stat. Ann. §30-37-2 (1989); N. Y. Penal Law §235.21(1) (McKinney 1989); N. C. Gen. Stat. §14-190.15(a) (1993); N. D. Cent. Code §12.1-27.1-03 (1985 y Supp. 1995); Ohio Rev. Code Ann. §2907.31(A)(1) (Supp. 1997); Okla. Stat., Tit. 21, §1040.76(2) (Supp. 1997); 18 Pa. Cons. Stat. §5903(c) (Supp. 1997); R. I. Gen. Laws §11-31-10(a) (1996); S. C. Code Ann. §16-15-385(A) (Supp. 1996); S. D. Comp. Laws Ann. §22-24-28 (1988); Tenn. Code Ann. §39-17-911(a) (1991); Tex Penal Code Ann. §43.24(b) (1994); Utah Code Ann. §76-10-1206(2) (1995); Vt. Stat. Ann., Tit. 13, §2802(a) (1974); Va. Code Ann. §18.2-391 (1996); Wash. Rev. Code §9.68.060 (1988 y Supp. 1997); Wis. Stat. §948.11(2) (Supp. 1995).
Fuente: Universidad de Palermo - Facultad de Derecho

[Versión en ingles]
US Supreme Court
Syllabus
RENO, ATTORNEY GENERAL OF THE UNITED STATES, et al. v. AMERICAN CIVIL
LIBERTIES UNION et al.
appeal from the united states district court for the eastern district of pennsylvania
No. 96-511.

Argued March 19, 1997 - Decided June 26, 1997
Two provisions of the Communications Decency Act of 1996 (CDA or Act) seek to protect minors from harmful material on the Internet, an international network of interconnected computers that enables millions of people to communicate with one another in "cyberspace" and to access vast amounts of information from around the world. Title 47 U. S. C. A. �223(a)(1)(B)(ii) (Supp. 1997) criminalizes the "knowing" transmission of "obscene or indecent" messages to any recipient under 18 years of age. Section 223(d) prohibits the "knowin[g]" sending or displaying to a person under 18 of any message "that, in context, depicts or describes, in terms patently offensive as measured by contemporary community standards, sexual or excretory activities or organs." Affirmative defenses are provided for those who take "good faith, . . . effective . . . actions" to restrict access by minors to the prohibited communications, �223(e)(5)(A), and those who restrict such access by requiring certain designated forms of age proof, such as a verified credit card or an adult identification number, �223(e)(5)(B). A number of plaintiffs filed suit challenging the constitutionality of ��223(a)(1) and 223(d). After making extensive findings of fact, a three judge District Court convened pursuant to the Act entered a preliminary injunction against enforcement of both challenged provisions. The court's judgment enjoins the Government from enforcing �223(a)(1)(B)'s prohibitions insofar as they relate to "indecent" communications, but expressly preserves the Government's right to investigate and prosecute the obscenity or child pornography activities prohibited therein. The injunction against enforcement of �223(d) is unqualified because that section contains no separatereference to obscenity or child pornography. The Government appealed to this Court under the Act's special review provisions, arguing that the District Court erred in holding that the CDA violated both the First Amendment because it is overbroad and the Fifth Amendment because it is vague.
Held: The CDA's "indecent transmission" and "patently offensive display" provisions abridge "the freedom of speech" protected by the First Amendment. Pp. 17-40.
(a) Although the CDA's vagueness is relevant to the First Amendment overbreadth inquiry, the judgment should be affirmed without reaching the Fifth Amendment issue. P. 17.
(b) A close look at the precedents relied on by the Government--Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629 ; FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 ; and Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 U.S. 41 --raises, rather than relieves, doubts about the CDA's constitutionality. The CDA differs from the various laws and orders upheld in those cases in many ways, including that it does not allow parents to consent to their children's use of restricted materials; is not limited to commercial transactions; fails to provide any definition of "indecent" and omits any requirement that "patently offensive" material lack socially redeeming value; neither limits its broad categorical prohibitions to particular times nor bases them on an evaluation by an agency familiar with the medium's unique characteristics; is punitive; applies to a medium that, unlike radio, receives full First Amendment protection; and cannot be properly analyzed as a form of time, place, and manner regulation because it is a content based blanket restriction on speech. These precedents, then, do not require the Court to uphold the CDA and are fully consistent with the application of the most stringent review of its provisions. Pp. 17-21.
(c) The special factors recognized in some of the Court's cases as justifying regulation of the broadcast media--the history of extensive government regulation of broadcasting, see, e.g., Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 399 -400; the scarcity of available frequencies at its inception, see, e.g., Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512 U.S. 622, 637 -638; and its "invasive" nature, see Sable Communications of Cal., Inc. v. FCC, 492 U.S. 115, 128 --are not present in cyberspace. Thus, these cases provide no basis for qualifying the level of First Amendment scrutiny that should be applied to the Internet. Pp. 22-24.
(d) Regardless of whether the CDA is so vague that it violates the Fifth Amendment, the many ambiguities concerning the scope of its coverage render it problematic for First Amendment purposes. For instance, its use of the undefined terms "indecent" and "patently offensive" will provoke uncertainty among speakers about how the twostandards relate to each other and just what they mean. The vagueness of such a content based regulation, see, e.g., Gentile v. State Bar of Nev., 501 U.S. 1030 , coupled with its increased deterrent effect as a criminal statute, see, e.g., Dombrowski v. Pfister, 380 U.S. 479 , raise special First Amendment concerns because of its obvious chilling effect on free speech. Contrary to the Government's argument, the CDA is not saved from vagueness by the fact that its "patently offensive" standard repeats the second part of the three prong obscenity test set forth in Miller v. California, 413 U.S. 15, 24 . The second Miller prong reduces the inherent vagueness of its own "patently offensive" term by requiring that the proscribed material be "specifically defined by the applicable state law." In addition, the CDA applies only to "sexual conduct," whereas, the CDA prohibition extends also to "excretory activities" and "organs" of both a sexual and excretory nature. Each of Miller's other two prongs also critically limits the uncertain sweep of the obscenity definition. Just because a definition including three limitations is not vague, it does not follow that one of those limitations, standing alone, is not vague. The CDA's vagueness undermines the likelihood that it has been carefully tailored to the congressional goal of protecting minors from potentially harmful materials. Pp. 24-28.
(e) The CDA lacks the precision that the First Amendment requires when a statute regulates the content of speech. Although the Government has an interest in protecting children from potentially harmful materials, see, e.g., Ginsberg, 390 U.S., at 639 , the CDA pursues that interest by suppressing a large amount of speech that adults have a constitutional right to send and receive, see, e.g., Sable, supra, at 126. Its breadth is wholly unprecedented. The CDA's burden on adult speech is unacceptable if less restrictive alternatives would be at least as effective in achieving the Act's legitimate purposes. See, e.g., Sable, 492 U.S., at 126 . The Government has not proved otherwise. On the other hand, the District Court found that currently available user based software suggests that a reasonably effective method by which parents can prevent their children from accessing material which the parents believe is inappropriate will soon be widely available. Moreover, the arguments in this Court referred to possible alternatives such as requiring that indecent material be "tagged" to facilitate parental control, making exceptions for messages with artistic or educational value, providing some tolerance for parental choice, and regulating some portions of the Internet differently than others. Particularly in the light of the absence of any detailed congressional findings, or even hearings addressing the CDA's special problems, the Court is persuaded that the CDA is not narrowly tailored. Pp. 28-33.
(f) The Government's three additional arguments for sustaining the CDA's affirmative prohibitions are rejected. First, the contention that the Act is constitutional because it leaves open ample "alternative channels" of communication is unpersuasive because the CDA regulates speech on the basis of its content, so that a "time, place, and manner" analysis is inapplicable. See, e.g., Consolidated Edison Co. of N. Y. v. Public Serv. Comm'n of N. Y., 447 U.S. 530, 536 . Second, the assertion that the CDA's "knowledge" and "specific person" requirements significantly restrict its permissible application to communications to persons the sender knows to be under 18 is untenable, given that most Internet forums are open to all comers and that even the strongest reading of the "specific person" requirement would confer broad powers of censorship, in the form of a "heckler's veto," upon any opponent of indecent speech. Finally, there is no textual support for the submission that material having scientific, educational, or other redeeming social value will necessarily fall outside the CDA's prohibitions. Pp. 33-35.
(g) The �223(e)(5) defenses do not constitute the sort of "narrow tailoring" that would save the CDA. The Government's argument that transmitters may take protective "good faith actio[n]" by "tagging" their indecent communications in a way that would indicate their contents, thus permitting recipients to block their reception with appropriate software, is illusory, given the requirement that such action be "effective": The proposed screening software does not currently exist, but, even if it did, there would be no way of knowing whether a potential recipient would actually block the encoded material. The Government also failed to prove that �223(b)(5)'s verification defense would significantly reduce the CDA's heavy burden on adult speech. Although such verification is actually being used by some commercial providers of sexually explicit material, the District Court's findings indicate that it is not economically feasible for most noncommercial speakers. Pp. 35-37.
(h) The Government's argument that this Court should preserve the CDA's constitutionality by honoring its severability clause, �608, and by construing nonseverable terms narrowly, is acceptable in only one respect. Because obscene speech may be banned totally, see Miller, supra, at 18, and �223(a)'s restriction of "obscene" material enjoys a textual manifestation separate from that for "indecent" material, the Court can sever the term "or indecent" from the statute, leaving the rest of �223(a) standing. Pp. 37-39.
(i) The Government's argument that its "significant" interest in fostering the Internet's growth provides an independent basis for upholding the CDA's constitutionality is singularly unpersuasive. The dramatic expansion of this new forum contradicts the factual basisunderlying this contention: that the unregulated availability of "indecent" and "patently offensive" material is driving people away from the Internet. P. 40.
929 F. Supp. 824, affirmed.
Stevens, J., delivered the opinion of the Court, in which Scalia, Kennedy, Souter, Thomas, Ginsburg, and Breyer, JJ., joined. O'Connor, J., filed an opinion concurring in the judgment in part and dissenting in part, in which Rehnquist, C. J., joined.
________________________________________
NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the preliminary print of the United States Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Wash ington, D.C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that corrections may be made before the preliminary print goes to press.

U.S. Supreme Court
No. 96-511
JANET RENO, ATTORNEY GENERAL OF THE UNITED STATES, et al., APPELLANTS v. AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION et al.
on appeal from the united states district court for the eastern district of pennsylvania
[June 26, 1997]

Justice Stevens delivered the opinion of the Court.
At issue is the constitutionality of two statutory provisions enacted to protect minors from "indecent" and "patently offensive" communications on the Internet. Notwithstanding the legitimacy and importance of the congressional goal of protecting children from harmful materials, we agree with the three judge District Court that the statute abridges "the freedom of speech" protected by the First Amendment.
The District Court made extensive findings of fact, most of which were based on a detailed stipulation prepared by the parties. See 929 F. Supp. 824, 830-849 (ED Pa. 1996). The findings describe the character and the dimensions of the Internet, the availability ofsexually explicit material in that medium, and the problems confronting age verification for recipients of Internet communications. Because those findings provide the underpinnings for the legal issues, we begin with a summary of the undisputed facts.
The Internet
The Internet is an international network of interconnected computers. It is the outgrowth of what began in 1969 as a military program called "ARPANET," which was designed to enable computers operated by the military, defense contractors, and universities conducting defense related research to communicate with one another by redundant channels even if some portions of the network were damaged in a war. While the ARPANET no longer exists, it provided an example for the development of a number of civilian networks that, eventually linking with each other, now enable tens of millions of people to communicate with one another and to access vast amounts of information from around the world. The Internet is "a unique and wholly new medium of worldwide human communication."
The Internet has experienced "extraordinary growth." The number of "host" computers--those that store information and relay communications--increased from about 300 in 1981 to approximately 9,400,000 by the time of the trial in 1996. Roughly 60% of these hosts are located in the United States. About 40 million people used the Internet at the time of trial, a number that is expected to mushroom to 200 million by 1999.
Individuals can obtain access to the Internet frommany different sources, generally hosts themselves or entities with a host affiliation. Most colleges and universities provide access for their students and faculty; many corporations provide their employees with access through an office network; many communities and local libraries provide free access; and an increasing number of storefront "computer coffee shops" provide access for a small hourly fee. Several major national "online services" such as America Online, CompuServe, the Microsoft Network, and Prodigy offer access to their own extensive proprietary networks as well as a link to the much larger resources of the Internet. These commercial online services had almost 12 million individual subscribers at the time of trial.
Anyone with access to the Internet may take advantage of a wide variety of communication and information retrieval methods. These methods are constantly evolving and difficult to categorize precisely. But, as presently constituted, those most relevant to this case are electronic mail ("e mail"), automatic mailing list services ("mail exploders," sometimes referred to as "listservs"), "newsgroups," "chat rooms," and the "World Wide Web." All of these methods can be used to transmit text; most can transmit sound, pictures, and moving video images. Taken together, these tools constitute a unique medium--known to its users as "cyberspace"--located in no particular geographical location but available to anyone, anywhere in the world, with access to the Internet.
E mail enables an individual to send an electronic message--generally akin to a note or letter--to another individual or to a group of addressees. The message is generally stored electronically, sometimes waiting for the recipient to check her "mailbox" and sometimes making its receipt known through some type of prompt. A mail exploder is a sort of e mail group. Subscribers can send messages to a common e mail address, which then forwards the message to the group's other subscribers.Newsgroups also serve groups of regular participants, but these postings may be read by others as well. There are thousands of such groups, each serving to foster an exchange of information or opinion on a particular topic running the gamut from, say, the music of Wagner to Balkan politics to AIDS prevention to the Chicago Bulls. About 100,000 new messages are posted every day. In most newsgroups, postings are automatically purged at regular intervals. In addition to posting a message that can be read later, two or more individuals wishing to communicate more immediately can enter a chat room to engage in real time dialogue--in other words, by typing messages to one another that appear almost immediately on the others' computer screens. The District Court found that at any given time "tens of thousands of users are engaging in conversations on a huge range of subjects." It is "no exaggeration to conclude that the content on the Internet is as diverse as human thought."
The best known category of communication over the Internet is the World Wide Web, which allows users to search for and retrieve information stored in remote computers, as well as, in some cases, to communicate back to designated sites. In concrete terms, the Web consists of a vast number of documents stored in different computers all over the world. Some of these documents are simply files containing information. However, more elaborate documents, commonly known as Web "pages," are also prevalent. Each has its own address--%rather like a telephone number." Web pages frequently contain information and sometimes allow the viewer to communicate with the page's (or "site's") author. They generally also contain "links" to otherdocuments created by that site's author or to other (generally) related sites. Typically, the links are either blue or underlined text--sometimes images.
Navigating the Web is relatively straightforward. A user may either type the address of a known page or enter one or more keywords into a commercial "search engine" in an effort to locate sites on a subject of interest. A particular Web page may contain the information sought by the "surfer," or, through its links, it may be an avenue to other documents located anywhere on the Internet. Users generally explore a given Web page, or move to another, by clicking a computer "mouse" on one of the page's icons or links. Access to most Web pages is freely available, but some allow access only to those who have purchased the right from a commercial provider. The Web is thus comparable, from the readers' viewpoint, to both a vast library including millions of readily available and indexed publications and a sprawling mall offering goods and services.
From the publishers' point of view, it constitutes a vast platform from which to address and hear from a world wide audience of millions of readers, viewers, researchers, and buyers. Any person or organization with a computer connected to the Internet can "publish" information. Publishers include government agencies, educational institutions, commercial entities, advocacy groups, and individuals. Publishers may either make their material available to the entire pool of Internet users, or confine access to a selected group, such as those willing to pay for the privilege. "No single organization controls any membership in the Web, nor is there any centralized point from which individual Web sites or services can be blocked from the Web."
Sexually Explicit Material
Sexually explicit material on the Internet includes text, pictures, and chat and "extends from the modestly titillating to the hardest core." These files are created, named, and posted in the same manner as material that is not sexually explicit, and may be accessed either deliberately or unintentionally during the course of an imprecise search. "Once a provider posts its content on the Internet, it cannot prevent that content from entering any community." Thus, for example,
"when the UCR/California Museum of Photography posts to its Web site nudes by Edward Weston and Robert Mapplethorpe to announce that its new exhibit will travel to Baltimore and New York City, those images are available not only in Los Angeles, Baltimore, and New York City, but also in Cincinnati, Mobile, or Beijing--wherever Internet users live. Similarly, the safer sex instructions that Critical Path posts to its Web site, written in street language so that the teenage receiver can understand them, are available not just in Philadelphia, but also in Provo and Prague."
Some of the communications over the Internet that originate in foreign countries are also sexually explicit.
Though such material is widely available, users seldomencounter such content accidentally. "A document's title or a description of the document will usually appear before the document itself . . . and in many cases the user will receive detailed information about a site's content before he or she need take the step to access the document. Almost all sexually explicit images are preceded by warnings as to the content." For that reason, the "odds are slim" that a user would enter a sexually explicit site by accident. Unlike communications received by radio or television, "the receipt of information on the Internet requires a series of affirmative steps more deliberate and directed than merely turning a dial. A child requires some sophistication and some ability to read to retrieve material and thereby to use the Internet unattended."
Systems have been developed to help parents control the material that may be available on a home computer with Internet access. A system may either limit a computer's access to an approved list of sources that have been identified as containing no adult material, it may block designated inappropriate sites, or it may attempt to block messages containing identifiable objectionable features. "Although parental control software currently can screen for certain suggestive words or for known sexually explicit sites, it cannot now screen for sexually explicit images." Nevertheless, the evidence indicates that "a reasonably effective method by which parents can prevent their children from accessing sexually explicit and other material which parents may believe is inappropriate for their children will soon be available."
Age Verification
The problem of age verification differs for different uses of the Internet. The District Court categorically determined that there "is no effective way to determine the identity or the age of a user who is accessing material through e mail, mail exploders, newsgroups or chat rooms." The Government offered no evidence that there was a reliable way to screen recipients and participants in such fora for age. Moreover, even if it were technologically feasible to block minors' access to newsgroups and chat rooms containing discussions of art, politics or other subjects that potentially elicit "indecent" or "patently offensive" contributions, it would not be possible to block their access to that material and "still allow them access to the remaining content, even if the overwhelming majority of that content was not indecent." 
Technology exists by which an operator of a Web site may condition access on the verification of requested information such as a credit card number or an adult password. Credit card verification is only feasible, however, either in connection with a commercial transaction in which the card is used, or by payment to averification agency. Using credit card possession as a surrogate for proof of age would impose costs on non commercial Web sites that would require many of them to shut down. For that reason, at the time of the trial, credit card verification was "effectively unavailable to a substantial number of Internet content providers." Id., at 846 (finding 102). Moreover, the imposition of such a requirement "would completely bar adults who do not have a credit card and lack the resources to obtain one from accessing any blocked material." 
Commercial pornographic sites that charge their users for access have assigned them passwords as a method of age verification. The record does not contain any evidence concerning the reliability of these technologies. Even if passwords are effective for commercial purveyors of indecent material, the District Court found that an adult password requirement would impose significant burdens on noncommercial sites, both because they would discourage users from accessing their sites and because the cost of creating and maintaining such screening systems would be "beyond their reach." 
In sum, the District Court found:
"Even if credit card verification or adult password verification were implemented, the Government presented no testimony as to how such systems could ensure that the user of the password or credit card is in fact over 18. The burdens imposed by credit card verification and adult password verification systems make them effectively unavailable to a substantial number of Internet content providers." Ibid. (finding 107).
The Telecommunications Act of 1996, Pub. L. 104-104, 110 Stat. 56, was an unusually important legislative enactment. As stated on the first of its 103 pages, its primary purpose was to reduce regulation and encourage "the rapid deployment of new telecommunications technologies." The major components of the statute have nothing to do with the Internet; they were designed to promote competition in the local telephone service market, the multichannel video market, and the market for over the air broadcasting. The Act includes seven Titles, six of which are the product of extensive committee hearings and the subject of discussion in Reports prepared by Committees of the Senate and the House of Representatives. By contrast, Title V--known as the "Communications Decency Act of 1996" (CDA)--contains provisions that were either added in executive committee after the hearings were concluded or as amendments offered during floor debate on the legislation. An amendment offered in the Senate was the source of the two statutory provisions challenged in this case. Theyare informally described as the "indecent transmission" provision and the "patently offensive display" provision.
The first, 47 U. S. C. A. �223(a) (Supp. 1997), prohibits the knowing transmission of obscene or indecent messages to any recipient under 18 years of age. It provides in pertinent part:
"(a) Whoever--
(1) in interstate or foreign communications--
. . . . .
"(B) by means of a telecommunications device knowingly--
(i) makes, creates, or solicits, and
(ii) initiates the transmission of,
any comment, request, suggestion, proposal, image, or other communication which is obscene or indecent, knowing that the recipient of the communication is under 18 years of age, regardless of whether the maker of such communication placed the call or initiated the communication;
. . . . .
"(2) knowingly permits any telecommunications facility under his control to be used for any activity prohibited by paragraph (1) with the intent that it be used for such activity,
shall be fined under Title 18, or imprisoned not more than two years, or both."
The second provision, �223(d), prohibits the knowing sending or displaying of patently offensive messages in a manner that is available to a person under 18 years of age. It provides:
"(d) Whoever--
"(1) in interstate or foreign communications knowingly--
"(A) uses an interactive computer service to send to a specific person or persons under 18 years of age, or
"(B) uses any interactive computer service to display in a manner available to a person under 18 years of age,
any comment, request, suggestion, proposal, image, or other communication that, in context, depicts or describes, in terms patently offensive asmeasured by contemporary community standards, sexual or excretory activities or organs, regardless of whether the user of such service placed the call or initiated the communication; or
"(2) knowingly permits any telecommunications facility under such person's control to be used for an activity prohibited by paragraph (1) with the intent that it be used for such activity,
shall be fined under Title 18, or imprisoned not more than two years, or both."
The breadth of these prohibitions is qualified by two affirmative defenses. See �223(e)(5). One covers those who take "good faith, reasonable, effective, and appropriate actions" to restrict access by minors to the prohibited communications. �223(e)(5)(A). The other covers those who restrict access to covered material by requiring certain designated forms of age proof, such as a verified credit card or an adult identification number or code. �223(e)(5)(B).
On February 8, 1996, immediately after the President signed the statute, 20 plaintiffs filed suit against the Attorney General of the United States and the Department of Justice challenging the constitutionality of ��223(a)(1) and 223(d). A week later, based on his conclusion that the term "indecent" was too vague to provide the basis for a criminal prosecution, District Judge Buckwalter entered a temporary restraining order against enforcement of �223(a)(1)(B)(ii) insofar as it applies to indecent communications. A second suit was then filed by 27 additional plaintiffs, the two cases were consolidated, and a three judge District Court was convened pursuant to �561 of the Act. After an evidentiary hearing, that Court entered a preliminary injunction against enforcement of both of the challenged provisions. Each of the three judges wrote a separate opinion, but their judgment was unanimous.
Chief Judge Sloviter doubted the strength of the Government's interest in regulating "the vast range of online material covered or potentially covered by the CDA," but acknowledged that the interest was "compelling" with respect to some of that material. 929 F. Supp., at 853. She concluded, nonetheless, that the statute "sweeps more broadly than necessary and thereby chills the expression of adults" and that the terms "patently offensive" and "indecent" were "inherently vague." Id., at 854. She also determined that the affirmative defenses were not "technologically or economically feasible for most providers," specifically considering and rejecting an argument that providers could avoid liability by "tagging" their material in a manner that would allow potential readers to screen out unwanted transmissions. Id., at 856. Chief Judge Sloviter also rejected the Government's suggestion that the scope of the statute could be narrowed by construing it to apply only to commercial pornographers. Id., at 854-855.
Judge Buckwalter concluded that the word "indecent" in �223(a)(1)(B) and the terms "patently offensive" and "in context" in �223(d)(1) were so vague that criminal enforcement of either section would violate the "fundamental constitutional principle" of "simple fairness," id., at 861, and the specific protections of the First and Fifth Amendments, id., at 858. He found no statutory basis for the Government's argument that the challenged provisions would be applied only to "pornographic" materials, noting that, unlike obscenity, "indecency has not been defined to exclude works of serious literary, artistic, political or scientific value." Id., at 863. Moreover, the Government's claim that the work must be considered patently offensive "in context" was itself vague because the relevant context might "refer to, among other things, the nature of the communication as a whole, the time of day it was conveyed, the medium used, the identity of the speaker, or whether or not it is accompanied by appropriate warnings." Id., at 864. He believed that the unique nature of the Internet aggravated the vagueness of the statute. Id., at 865, n. 9.
Judge Dalzell's review of "the special attributes of Internet communication" disclosed by the evidence convinced him that the First Amendment denies Congress the power to regulate the content of protected speech on the Internet. Id., at 867. His opinion explained at length why he believed the Act would abridge significant protected speech, particularly by noncommercial speakers, while "[p]erversely, commercial pornographers would remain relatively unaffected." Id., at 879. He construed our cases as requiring a "medium specific" approach to the analysis of the regulation of mass communication, id., at 873, and concluded that the Internet--as "the most participatory form of mass speech yet developed," id., at 883--is entitled to "the highest protection from governmental intrusion," ibid.
The judgment of the District Court enjoins the Government from enforcing the prohibitions in �223(a)(1)(B) insofar as they relate to "indecent" communications, but expressly preserves the Government's right to investigate and prosecute the obscenity or child pornography activities prohibited therein. The injunction against enforcement of ��223(d)(1) and (2) is unqualified because those provisions contain no separate reference to obscenity or child pornography.
The Government appealed under the Act's special review provisions, �561, 110 Stat. 142-143, and we noted probable jurisdiction, see 519 U. S. ___ (1996). In its appeal, the Government argues that the District Court erred in holding that the CDA violated both the First Amendment because it is overbroad and the Fifth Amendment because it is vague. While we discuss the vagueness of the CDA because of its relevance to the First Amendment overbreadth inquiry, we conclude that the judgment should be affirmed without reaching the Fifth Amendment issue. We begin our analysis by reviewing the principal authorities on which the Government relies. Then, after describing the overbreadth of the CDA, we consider the Government's specific contentions, including its submission that we save portions of the statute either by severance or by fashioning judicial limitations on the scope of its coverage.
In arguing for reversal, the Government contends that the CDA is plainly constitutional under three ofour prior decisions: (1) Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629 (1968); (2) FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978); and (3) Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 U.S. 41 (1986). A close look at these cases, however, raises--rather than relieves--doubts concerning the constitutionality of the CDA.
In Ginsberg, we upheld the constitutionality of a New York statute that prohibited selling to minors under 17 years of age material that was considered obscene as to them even if not obscene as to adults. We rejected the defendant's broad submission that "the scope of the constitutional freedom of expression secured to a citizen to read or see material concerned with sex cannot be made to depend on whether the citizen is an adult or a minor." 390 U.S., at 636 . In rejecting that contention, we relied not only on the State's independent interest in the well being of its youth, but also on our consistent recognition of the principle that "the parents' claim to authority in their own household to direct the rearing of their children is basic in the structure of our society." In four important respects, the statute upheld in Ginsberg was narrower than the CDA. First, we noted in Ginsberg that "the prohibition against sales to minors does not bar parents who so desire from purchasing the magazines for their children." Id., at 639. Under the CDA, by contrast, neither the parents' consent--nor even their participation--in the communication would avoid the application of the statute. Second, the NewYork statute applied only to commercial transactions, id., at 647, whereas the CDA contains no such limitation. Third, the New York statute cabined its definition of material that is harmful to minors with the requirement that it be "utterly without redeeming social importance for minors." Id., at 646. The CDA fails to provide us with any definition of the term "indecent" as used in �223(a)(1) and, importantly, omits any requirement that the "patently offensive" material covered by �223(d) lack serious literary, artistic, political, or scientific value. Fourth, the New York statute defined a minor as a person under the age of 17, whereas the CDA, in applying to all those under 18 years, includes an additional year of those nearest majority.
In Pacifica, we upheld a declaratory order of the Federal Communications Commission, holding that the broadcast of a recording of a 12-minute monologue entitled "Filthy Words" that had previously been delivered to a live audience "could have been the subject of administrative sanctions." 438 U.S., at 730 (internal quotations omitted). The Commission had found that the repetitive use of certain words referring to excretory or sexual activities or organs "in an afternoon broadcast when children are in the audience was patently offensive" and concluded that the monologue was indecent "as broadcast." Id., at 735. The respondent did not quarrel with the finding that the afternoon broadcast was patently offensive, but contended that it was not "indecent" within the meaning of the relevant statutes because it contained no prurient appeal. After rejecting respondent's statutory arguments, we confronted its two constitutional arguments: (1) that the Commission's construction of its authority to ban indecent speech was so broad that its order had to be set aside even if thebroadcast at issue was unprotected; and (2) that since the recording was not obscene, the First Amendment forbade any abridgement of the right to broadcast it on the radio.
In the portion of the lead opinion not joined by Justices Powell and Blackmun, the plurality stated that the First Amendment does not prohibit all governmental regulation that depends on the content of speech. Id., at 742-743. Accordingly, the availability of constitutional protection for a vulgar and offensive monologue that was not obscene depended on the context of the broadcast. Id., at 744-748. Relying on the premise that "of all forms of communication" broadcasting had received the most limited First Amendment protection, id., at 748-749, the Court concluded that the ease with which children may obtain access to broadcasts, "coupled with the concerns recognized in Ginsberg," justified special treatment of indecent broadcasting. Id., at 749-750.
As with the New York statute at issue in Ginsberg, there are significant differences between the order upheld in Pacifica and the CDA. First, the order in Pacifica, issued by an agency that had been regulating radio stations for decades, targeted a specific broadcast that represented a rather dramatic departure from traditional program content in order to designate when--rather than whether--it would be permissible to air such a program in that particular medium. The CDA's broad categorical prohibitions are not limited to particular times and are not dependent on any evaluation by an agency familiar with the unique characteristics of the Internet. Second, unlike the CDA, the Commission's declaratory order was not punitive; we expressly refused to decide whether the indecent broadcast "would justify a criminal prosecution." Id., at 750. Finally, the Commission's order applied to a medium which as a matter of history had "received the most limited First Amendment protection," id., at 748, in large part because warnings could not adequately protect the listener from unexpected program content. The Internet, however, has no comparable history. Moreover, the District Court found that the risk of encountering indecent material by accident is remote because a series of affirmative steps is required to access specific material.
In Renton, we upheld a zoning ordinance that kept adult movie theatres out of residential neighborhoods. The ordinance was aimed, not at the content of the films shown in the theaters, but rather at the "secondary effects"--such as crime and deteriorating property values--that these theaters fostered: " `It is th[e] secondary effect which these zoning ordinances attempt to avoid, not the dissemination of "offensive" speech.' " 475 U.S., at 49 (quoting Young v. American Mini Theatres, Inc., 427 U.S. 50, 71 , n. 34 (1976)). According to the Government, the CDA is constitutional because it constitutes a sort of "cyberzoning" on the Internet. But the CDA applies broadly to the entire universe of cyberspace. And the purpose of the CDA is to protect children from the primary effects of "indecent" and "patently offensive" speech, rather than any "secondary" effect of such speech. Thus, the CDA is a content based blanket restriction on speech, and, as such, cannot be "properly analyzed as a form of time, place, and manner regulation." 475 U.S., at 46 . See also Boos v. Barry, 485 U.S. 312, 321 (1988) ("Regulations that focus on the direct impact of speech on its audience" are not properly analyzed under Renton); Forsyth County v. Nationalist Movement, 505 U.S. 123, 134 (1992) ("Listeners' reaction to speech is not a content neutral basis for regulation").
These precedents, then, surely do not require us to uphold the CDA and are fully consistent with the application of the most stringent review of its provisions.
In Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad, 420 U.S. 546, 557 (1975), we observed that "[e]ach medium of expression . . . may present its own problems." Thus, some of our cases have recognized special justifications for regulation of the broadcast media that are not applicable to other speakers, see Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367 (1969); FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978). In these cases, the Court relied on the history of extensive government regulation of the broadcast medium, see, e.g., Red Lion, 395 U.S., at 399 -400; the scarcity of available frequencies at its inception, see, e.g., Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512 U.S. 622, 637 -638 (1994); and its "invasive" nature, see Sable Communications of Cal., Inc. v. FCC, 492 U.S. 115, 128 (1989).
Those factors are not present in cyberspace. Neither before nor after the enactment of the CDA have the vast democratic fora of the Internet been subject to the type of government supervision and regulation that has attended the broadcast industry. Moreover, the Internet is not as "invasive" as radio or television. The District Court specifically found that "[c]ommunications over the Internet do not `invade' an individual's home or appear on one's computer screen unbidden. Users seldom encounter content `by accident.' " 929 F. Supp., at 844 (finding 88). It also found that "[a]lmost all sexually explicit images are preceded by warnings as to the content," and cited testimony that " `odds are slim' that a user would come across a sexually explicit sight by accident." Ibid.
We distinguished Pacifica in Sable, 492 U.S., at 128 , on just this basis. In Sable, a company engaged in the business of offering sexually oriented prerecorded telephone messages (popularly known as "dial a porn") challenged the constitutionality of an amendment to the Communications Act that imposed a blanket prohibition on indecent as well as obscene interstate commercial telephone messages. We held that the statute was constitutional insofar as it applied to obscene messages but invalid as applied to indecent messages. In attempting to justify the complete ban and criminalization of indecent commercial telephone messages, the Government relied on Pacifica, arguing that the ban was necessary to prevent children from gaining access to such messages. We agreed that "there is a compelling interest in protecting the physical and psychological well being of minors" which extended to shielding them from indecent messages that are not obscene by adult standards, 492 U.S., at 126 , but distinguished our "emphatically narrow holding" in Pacifica because it did not involve a complete ban and because it involved a different medium of communication, id., at 127. We explained that "the dial it medium requires the listener to take affirmative steps to receive the communication." Id., at 127-128. "Placing a telephone call," we continued, "is not the same as turning on a radio and being taken by surprise by an indecent message." Id., at 128.
Finally, unlike the conditions that prevailed when Congress first authorized regulation of the broadcast spectrum, the Internet can hardly be considered a "scarce" expressive commodity. It provides relatively unlimited, low cost capacity for communication of allkinds. The Government estimates that "[a]s many as 40 million people use the Internet today, and that figure is expected to grow to 200 million by 1999." This dynamic, multifaceted category of communication includes not only traditional print and news services, but also audio, video, and still images, as well as interactive, real time dialogue. Through the use of chat rooms, any person with a phone line can become a town crier with a voice that resonates farther than it could from any soapbox. Through the use of Web pages, mail exploders, and newsgroups, the same individual can become a pamphleteer. As the District Court found, "the content on the Internet is as diverse as human thought." 929 F. Supp., at 842 (finding 74). We agree with its conclusion that our cases provide no basis for qualifying the level of First Amendment scrutiny that should be applied to this medium.
Regardless of whether the CDA is so vague that it violates the Fifth Amendment, the many ambiguities concerning the scope of its coverage render it problematic for purposes of the First Amendment. For instance, each of the two parts of the CDA uses a different linguistic form. The first uses the word "indecent," 47 U. S. C. A. �223(a) (Supp. 1997), while the second speaks of material that "in context, depicts or describes, in terms patently offensive as measured by contemporary community standards, sexual or excretory activities or organs," �223(d). Given the absence of a definition of either term, this difference in language will provokeuncertainty among speakers about how the two standards relate to each other and just what they mean. Could a spe aker confidently assume that a serious discussion about birth control practices, homosexuality, the First Amendment issues raised by the Appendix to our Pacifica opinion, or the consequences of prison rape would not violate the CDA? This uncertainty undermines the likelihood that the CDA has been carefully tailored to the congressional goal of protecting minors from potentially harmful materials.
The vagueness of the CDA is a matter of special concern for two reasons. First, the CDA is a content based regulation of speech. The vagueness of such a regulation raises special First Amendment concerns because of its obvious chilling effect on free speech. See, e.g., Gentile v. State Bar of Nev., 501 U.S. 1030, 1048 -1051 (1991). Second, the CDA is a criminal statute. In addition to the opprobrium and stigma of a criminal conviction, the CDA threatens violators with penalties including up to two years in prison for each act of violation. The severity of criminal sanctions may well cause speakers to remain silent rather than communicate even arguably unlawful words, ideas, and images. See, e.g., Dombrowski v. Pfister, 380 U.S. 479, 494 (1965). As a practical matter, this increased deterrent effect, coupled with the "risk of discriminatory enforcement" of vague regulations, poses greater First Amendment concerns than those implicated by the civil regulation reviewed in Denver Area Ed. Telecommunications Consortium, Inc. v. FCC, 518 U. S. ___ (1996).
The Government argues that the statute is no more vague than the obscenity standard this Court established in Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973). But that is not so. In Miller, this Court reviewed a criminal conviction against a commercial vendor who mailed brochures containing pictures of sexually explicit activities to individuals who had not requested such materials. Id., at 18. Having struggled for some time to establish a definition of obscenity, we set forth in Miller the test for obscenity that controls to this day:
"(a) whether the average person, applying contemporary community standards would find that the work, taken as a whole, appeals to the prurient interest; (b) whether the work depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state law; and (c) whether the work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific value." Id., at 24 (internal quotation marks and citations omitted).
Because the CDA's "patently offensive" standard (and, we assume arguendo, its synonymous "indecent" standard) is one part of the three prong Miller test, the Government reasons, it cannot be unconstitutionally vague.
The Government's assertion is incorrect as a matter of fact. The second prong of the Miller test--the purportedly analogous standard--contains a critical requirement that is omitted from the CDA: that the proscribed material be "specifically defined by the applicable state law." This requirement reduces the vagueness inherent in the open ended term "patently offensive" as used in the CDA. Moreover, the Miller definition is limited to "sexual conduct," whereas the CDA extends also to include (1) "excretory activities" as well as (2) "organs" of both a sexual and excretory nature.
The Government's reasoning is also flawed. Just because a definition including three limitations is not vague, it does not follow that one of those limitations, standing by itself, is not vague. Each of Miller's additional two prongs--(1) that, taken as a whole, the material appeal to the "prurient" interest, and (2) that it "lac[k] serious literary, artistic, political, or scientific value"--critically limits the uncertain sweep of the obscenity definition. The second requirement is particularly important because, unlike the "patently offensive" and "prurient interest" criteria, it is not judged by contemporary community standards. See Pope v. Illinois, 481 U.S. 497, 500 (1987). This "societal value" requirement, absent in the CDA, allows appellate courts to impose some limitations and regularity on the definition by setting, as a matter of law, a national floor for socially redeeming value. The Government's contention that courts will be able to give such legal limitations to the CDA's standards is belied by Miller's own rationale for having juries determine whether material is "patently offensive" according to community standards: that such questions are essentially ones of fact.
In contrast to Miller and our other previous cases, the CDA thus presents a greater threat of censoring speech that, in fact, falls outside the statute's scope. Given the vague contours of the coverage of the statute, it unquestionably silences some speakers whose messages would be entitled to constitutional protection. That danger provides further reason for insisting that the statute not be overly broad. The CDA's burden on protected speech cannot be justified if it could be avoided by a more carefully drafted statute.
We are persuaded that the CDA lacks the precision that the First Amendment requires when a statute regulates the content of speech. In order to deny minors access to potentially harmful speech, the CDA effectively suppresses a large amount of speech that adults have a constitutional right to receive and to address to one another. That burden on adult speech is unacceptable if less restrictive alternatives would be at least as effective in achieving the legitimate purpose that the statute was enacted to serve.
In evaluating the free speech rights of adults, we have made it perfectly clear that "[s]exual expression which is indecent but not obscene is protected by the First Amendment." Sable, 492 U.S., at 126 . See also Carey v. Population Services Int'l, 431 U.S. 678, 701 (1977) ("[W]here obscenity is not involved, we have consistentlyheld that the fact that protected speech may be offensive to some does not justify its suppression"). Indeed, Pacifica itself  admonished that "the fact that society may find speech offensive is not a sufficient reason for suppressing it." 438 U.S., at 745 .
It is true that we have repeatedly recognized the governmental interest in protecting children from harmful materials. See Ginsberg, 390 U.S., at 639 ; Pacifica, 438 U.S., at 749 . But that interest does not justify an unnecessarily broad suppression of speech addressed to adults. As we have explained, the Government may not "reduc[e] the adult population . . . to . . . only what is fit for children." Denver, 518 U. S., at ___ (slip op., at 29) (internal quotation marks omitted) (quoting Sable, 492 U.S., at 128 ). "[R]egardless of the strength of the government's interest" in protecting children, "[t]he level of discourse reaching a mailbox simply cannot be limited to that which would be suitable for a sandbox." Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 U.S. 60, 74 -75 (1983).
The District Court was correct to conclude that the CDA effectively resembles the ban on "dial a porn" invalidated in Sable. 929 F. Supp., at 854. In Sable, 492 U.S., at 129 , this Court rejected the argument that we should defer to the congressional judgment that nothing less than a total ban would be effective in preventing enterprising youngsters from gaining access to indecent communications. Sable thus made clear that the mere fact that a statutory regulation of speech was enactedfor the important purpose of protecting children from exposure to sexually explicit material does not foreclose inquiry into its validity. As we pointed out last Term, that inquiry embodies an "over arching commitment" to make sure that Congress has designed its statute to accomplish its purpose "without imposing an unnecessarily great restriction on speech." Denver, 518 U. S., at ___ (slip op., at 11).
In arguing that the CDA does not so diminish adult communication, the Government relies on the incorrect factual premise that prohibiting a transmission whenever it is known that one of its recipients is a minor would not interfere with adult to adult communication. The findings of the District Court make clear that this premise is untenable.
Given the size of the potential audience for most messages, in the absence of a viable age verification process, the sender must be charged with knowing that one or more minors will likely view it. Knowledge that, for instance, one or more members of a 100 person chat group will be minor--and therefore that it would be a crime to send the group an indecent message--would surely burden communication among adults.
The District Court found that at the time of trial existing technology did not include any effective method for a sender to prevent minors from obtaining access to its communications on the Internet without also denying access to adults. The Court found no effective way to determine the age of a user who is accessing material through e mail, mail exploders, newsgroups, or chat rooms. 929 F. Supp., at 845 (findings 90-94). As a practical matter, the Court also found that it would be prohibitively expensive for noncommercial--as well as some commercial--speakers who have Web sites to verify that their users are adults. Id., at 845-848 (findings 95-116). These limitations must inevitably curtail a significant amount of adult communication on the Internet. By contrast, the District Court found that "[d]espite its limitations, currently available user based software suggests that a reasonably effective method by which parents can prevent their children from accessing sexually explicit and other material which parents may believe is inappropriate for their children will soon be widely available." Id., at 842 (finding 73) (emphases added).
The breadth of the CDA's coverage is wholly unprecedented. Unlike the regulations upheld in Ginsberg and Pacifica, the scope of the CDA is not limited to commercial speech or commercial entities. Its open ended prohibitions embrace all nonprofit entities and individuals posting indecent messages or displaying them on their own computers in the presence of minors. The general,undefined terms "indecent" and "patently offensive" cover large amounts of nonpornographic material with serious educational or other value.  Moreover, the "community standards" criterion as applied to the Internet means that any communication available to a nation wide audience will be judged by the standards of the community most likely to be offended by the message. The regulated subject matter includes any of the seven "dirty words" used in the Pacifica monologue, the use of which the Government's expert acknowledged could constitute a felony. See Olsen Test., Tr. Vol. V, 53:16-54:10. It may also extend to discussions about prison rape or safe sexual practices, artistic images that include nude subjects, and arguably the card catalogue of the Carnegie Library.
For the purposes of our decision, we need neither accept nor reject the Government's submission that the First Amendment does not forbid a blanket prohibition on all "indecent" and "patently offensive" messages communicated to a 17 year old--no matter how much valuethe message may contain and regardless of parental approval. It is at least clear that the strength of the Government's interest in protecting minors is not equally strong throughout the coverage of this broad statute. Under the CDA, a parent allowing her 17 year old to use the family computer to obtain information on the Internet that she, in her parental judgment, deems appropriate could face a lengthy prison term. See 47 U. S. C. A. �223(a)(2) (Supp. 1997). Similarly, a parent who sent his 17 year old college freshman information on birth control via e mail could be incarcerated even though neither he, his child, nor anyone in their home community, found the material "indecent" or "patently offensive," if the college town's community thought otherwise.
The breadth of this content based restriction of speech imposes an especially heavy burden on the Government to explain why a less restrictive provision would not be as effective as the CDA. It has not done so. The arguments in this Court have referred to possible alternatives such as requiring that indecent material be "tagged" in a way that facilitates parental control of material coming into their homes, making exceptions for messages with artistic or educational value, providing some tolerance for parental choice, and regulating some portions of the Internet--such as commercial web sites--differently than others, such as chat rooms. Particularly in the light of the absence of any detailed findings by the Congress, or even hearings addressing the special problems of the CDA, we are persuaded that the CDA is not narrowly tailored if that requirement has any meaning at all.
In an attempt to curtail the CDA's facial overbreadth, the Government advances three additional arguments for sustaining the Act's affirmative prohibitions: (1) thatthe CDA is constitutional because it leaves open ample "alternative channels" of communication; (2) that the plain meaning of the Act's "knowledge" and "specific person" requirement significantly restricts its permissible applications; and (3) that the Act's prohibitions are "almost always" limited to material lacking redeeming social value.
The Government first contends that, even though the CDA effectively censors discourse on many of the Internet's modalities--such as chat groups, newsgroups, and mail exploders--it is nonetheless constitutional because it provides a "reasonable opportunity" for speakers to engage in the restricted speech on the World Wide Web. Brief for Appellants 39. This argument is unpersuasive because the CDA regulates speech on the basis of its content. A "time, place, and manner" analysis is therefore inapplicable. See Consolidated Edison Co. of N. Y. v. Public Serv. Comm'n of N. Y., 447 U.S. 530, 536 (1980). It is thus immaterial whether such speech would be feasible on the Web (which, as the Government's own expert acknowledged, would cost up to $10,000 if the speaker's interests were not accommodated by an existing Web site, not including costs for database management and age verification). The Government's position is equivalent to arguing that a statute could ban leaflets on certain subjects as long as individuals are free to publish books. In invalidating a number of laws that banned leafletting on the streets regardless of their content--we explained that "one is not to have the exercise of his liberty of expression in appropriate places abridged on the plea that it may be exercised in some other place." Schneider v. State (Town of Irvington), 308 U.S. 147, 163 (1939).
The Government also asserts that the "knowledge" requirement of both ��223(a) and (d), especially when coupled with the "specific child" element found in �223(d), saves the CDA from overbreadth. Because bothsections prohibit the dissemination of indecent messages only to persons known to be under 18, the Government argues, it does not require transmitters to "refrain from communicating indecent material to adults; they need only refrain from disseminating such materials to persons they know to be under 18." Brief for Appellants 24. This argument ignores the fact that most Internet fora--including chat rooms, newsgroups, mail exploders, and the Web--are open to all comers. The Government's assertion that the knowledge requirement somehow protects the communications of adults is therefore untenable. Even the strongest reading of the "specific person" requirement of �223(d) cannot save the statute. It would confer broad powers of censorship, in the form of a "heckler's veto," upon any opponent of indecent speech who might simply log on and inform the would be discoursers that his 17 year old child--a "specific person . . . under 18 years of age," 47 U. S. C. A. �223(d)(1)(A) (Supp. 1997)--would be present.
Finally, we find no textual support for the Government's submission that material having scientific, educational, or other redeeming social value will necessarily fall outside the CDA's "patently offensive" and "indecent" prohibitions. See also n. 37, supra.
The Government's three remaining arguments focus on the defenses provided in �223(e)(5). First, relying on the "good faith, reasonable, effective, and appropriate actions" provision, the Government suggests that "tagging" provides a defense that saves the constitutionality of the Act. The suggestion assumes that transmitters may encode their indecent communications in a way that would indicate their contents, thus permitting recipients to block their reception with appropriatesoftware. It is the requirement that the good faith action must be "effective" that makes this defense illusory. The Government recognizes that its proposed screening software does not currently exist. Even if it did, there is no way to know whether a potential recipient will actually block the encoded material. Without the impossible knowledge that every guardian in America is screening for the "tag," the transmitter could not reasonably rely on its action to be "effective."
For its second and third arguments concerning defenses--which we can consider together--the Government relies on the latter half of �223(e)(5), which applies when the transmitter has restricted access by requiring use of a verified credit card or adult identification. Such verification is not only technologically available but actually is used by commercial providers of sexually explicit material. These providers, therefore, would be protected by the defense. Under the findings of the District Court, however, it is not economically feasible for most noncommercial speakers to employ such verification. Accordingly, this defense would not significantly narrow the statute's burden on noncommercial speech. Even with respect to the commercial pornographers that would be protected by the defense, the Government failed to adduce any evidence that these verification techniques actually preclude minors from posing as adults. Given that the risk of criminal sanctions "hovers over each content provider, like the proverbial sword of Damocles," the District Court correctly refused to rely on unproven future technology to save the statute. The Government thus failed to prove that theproffered defense would significantly reduce the heavy burden on adult speech produced by the prohibition on offensive displays.
We agree with the District Court's conclusion that the CDA places an unacceptably heavy burden on protected speech, and that the defenses do not constitute the sort of "narrow tailoring" that will save an otherwise patently invalid unconstitutional provision. In Sable, 492 U.S., at 127 , we remarked that the speech restriction at issue there amounted to " `burn[ing] the house to roast the pig.' " The CDA, casting a far darker shadow over free speech, threatens to torch a large segment of the Internet community.
At oral argument, the Government relied heavily on its ultimate fall back position: If this Court should conclude that the CDA is insufficiently tailored, it urged, we should save the statute's constitutionality by honoring the severability clause, see 47 U.S.C. � 608 and construing nonseverable terms narrowly. In only one respect is this argument acceptable.
A severability clause requires textual provisions that can be severed. We will follow �608's guidance by leaving constitutional textual elements of the statute intact in the one place where they are, in fact, severable. The "indecency" provision, 47 U. S. C. A. �223(a) (Supp. 1997), applies to "any comment, request, suggestion, proposal, image, or other communication which is obscene or indecent." (Emphasis added.) Appellees do not challenge the application of the statute to obscene speech, which, they acknowledge, can be banned totally because it enjoys no First Amendment protection. See Miller, 413 U.S., at 18 . As set forth by the statute, the restriction of "obscene" material enjoys a textual manifestation separate from that for "indecent" material, which we have held unconstitutional. Therefore, we willsever the term "or indecent" from the statute, leaving the rest of �223(a) standing. In no other respect, however, can �223(a) or �223(d) be saved by such a textual surgery.
The Government also draws on an additional, less traditional aspect of the CDA's severability clause, 47 U. S. C., �608, which asks any reviewing court that holds the statute facially unconstitutional not to invalidate the CDA in application to "other persons or circumstances" that might be constitutionally permissible. It further invokes this Court's admonition that, absent "countervailing considerations," a statute should "be declared invalid to the extent it reaches too far, but otherwise left intact." Brockett v. Spokane Arcades, Inc., 472 U.S. 491, 503 -504 (1985). There are two flaws in this argument.
First, the statute that grants our jurisdiction for this expedited review, 47 U. S. C. A. �561 (Supp. 1997), limits that jurisdictional grant to actions challenging the CDA "on its face." Consistent with �561, the plaintiffs who brought this suit and the three judge panel that decided it treated it as a facial challenge. We have no authority, in this particular posture, to convert this litigation into an "as applied" challenge. Nor, given the vast array of plaintiffs, the range of their expressive activities, and the vagueness of the statute, would it be practicable to limit our holding to a judicially defined set of specific applications.
Second, one of the "countervailing considerations" mentioned in Brockett is present here. In considering a facial challenge, this Court may impose a limiting construction on a statute only if it is "readily susceptible" to such a construction. Virginia v. American Bookseller's Assn., Inc., 484 U.S. 383, 397 (1988). See also Erznoznik, v. Jacksonville, 422 U.S. 205, 216 (1975) ("readily subject" to narrowing construction). The open ended character of the CDA provides no guidance whatever for limiting its coverage.
This case is therefore unlike those in which we have construed a statute narrowly because the text or other source of congressional intent identified a clear line that this Court could draw. Cf., e.g., Brockett, 472 U.S., at 504 -505 (invalidating obscenity statute only to the extent that word "lust" was actually or effectively excised from statute); United States v. Grace, 461 U.S. 171, 180 -183 (1983) (invalidating federal statute banning expressive displays only insofar as it extended to public sidewalks when clear line could be drawn between sidewalks and other grounds that comported with congressional purpose of protecting the building, grounds, and people therein). Rather, our decision in United States v. Treasury Employees, 513 U.S. 454, 479 , n. 26 (1995), is applicable. In that case, we declined to "dra[w] one or more lines between categories of speech covered by an overly broad statute, when Congress has sent inconsistent signals as to where the new line or lines should be drawn" because doing so "involves a far more serious invasion of the legislative domain." This Court "will not rewrite a . . . law to conform it to constitutional requirements." American Booksellers, 484 U.S., at 397.
In this Court, though not in the District Court, the Government asserts that--in addition to its interest in protecting children--its "[e]qually significant" interest in fostering the growth of the Internet provides an independent basis for upholding the constitutionality of the CDA. Brief for Appellants 19. The Government apparently assumes that the unregulated availability of "indecent" and "patently offensive" material on the Internet is driving countless citizens away from the medium because of the risk of exposing themselves or their children to harmful material.
We find this argument singularly unpersuasive. The dramatic expansion of this new marketplace of ideas contradicts the factual basis of this contention. The record demonstrates that the growth of the Internet has been and continues to be phenomenal. As a matter of constitutional tradition, in the absence of evidence to the contrary, we presume that governmental regulation of the content of speech is more likely to interfere with the free exchange of ideas than to encourage it. The interest in encouraging freedom of expression in a democratic society outweighs any theoretical but unproven benefit of censorship.
For the foregoing reasons, the judgment of the district court is affirmed.
IT IS SO ORDERED.

JUSTICE O'CONNOR, WITH WHOM THE CHIEF JUSTICE JOINS, CONCURRING IN THE JUDGMENT IN PART AND DISSENTING IN PART.
I write separately to explain why I view the Communications Decency Act of 1996 (CDA) as little more than an attempt by Congress to create "adult zones" on the Internet. Our precedent indicates that the creation of such zones can be constitutionally sound. Despite the soundness of its purpose, however, portions of the CDA are unconstitutional because they stray from the blueprint our prior cases have developed for constructing a "zoning law" that passes constitutional muster.
Appellees bring a facial challenge to three provisions of the CDA. The first, which the Court describes as the "indecency transmission" provision, makes it a crime to knowingly transmit an obscene or indecent message or image to a person the sender knows is under 18 years old. 47 U. S. C. A. �223(a)(1)(B) (May 1996 Supp.). What the Court classifies as a single " `patently offensive display' " provision, see ante, at 11, is in reality two separate provisions. The first of these makes it a crime to knowingly send a patently offensive message or image to a specific person under the age of 18 ("specificperson" provision). �223(d)(1)(A). The second criminalizes the display of patently offensive messages or images "in a[ny] manner available" to minors ("display" provision). �223(d)(1)(B). None of these provisions purports to keep indecent (or patently offensive) material away from adults, who have a First Amendment right to obtain this speech. Sable Communications of Cal., Inc. v. FCC, 492 U.S. 115, 126 (1989) ("Sexual expression which is indecent but not obscene is protected by the First Amendment"). Thus, the undeniable purpose of the CDA is to segregate indecent material on the Internet into certain areas that minors cannot access. See S. Conf. Rep. No. 104-230, p. 189 (1996) (CDA imposes "access restrictions . . . to protect minors from exposure to indecent material").
The creation of "adult zones" is by no means a novel concept. States have long denied minors access to certain establishments frequented by adults. Stateshave also denied minors access to speech deemed to be "harmful to minors." The Court has previously sustained such zoning laws, but only if they respect the First Amendment rights of adults and minors. That isto say, a zoning law is valid if (i) it does not unduly restrict adult access to the material; and (ii) minors have no First Amendment right to read or view the banned material. As applied to the Internet as it exists in 1997, the "display" provision and some applications of the "indecency transmission" and "specific person" provisions fail to adhere to the first of these limiting principles by restricting adults' access to protected materials in certain circumstances. Unlike the Court, however, I would invalidate the provisions only in those circumstances.
Our cases make clear that a "zoning" law is valid only if adults are still able to obtain the regulated speech. If they cannot, the law does more than simply keep children away from speech they have no right to obtain--it interferes with the rights of adults to obtain constitutionally protected speech and effectively "reduce[s] the adult population . . . to reading only what is fit for children." Butler v. Michigan, 352 U.S. 380, 383 (1957). The First Amendment does not tolerate such interference. See id., at 383 (striking down a Michigan criminal law banning sale of books--to minors or adults--that contained words or pictures that " `tende[d] to . . . corrup[t] the morals of youth' "); Sable Communications, supra (invalidating federal law that made it a crime to transmit indecent, but nonobscene, commercial telephone messages to minors and adults); Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 U.S. 60, 74 (1983) (striking down a federal law prohibiting the mailing of unsolicited advertisements for contraceptives). If the law does not unduly restrict adults' access to constitutionally protected speech, however, it may be valid. In Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 634 (1968), for example, the Court sustained a New York law that barred store owners from selling pornographic magazinesto minors in part because adults could still buy those magazines.
The Court in Ginsberg concluded that the New York law created a constitutionally adequate adult zone simply because, on its face, it denied access only to minors. The Court did not question--and therefore necessarily assumed--that an adult zone, once created, would succeed in preserving adults' access while denying minors' access to the regulated speech. Before today, there was no reason to question this assumption, for the Court has previously only considered laws that operated in the physical world, a world that with two characteristics that make it possible to create "adult zones": geography and identity. See Lessig, Reading the Constitution in Cyberspace, 45 Emory L. J. 869, 886 (1996). A minor can see an adult dance show only if he enters an establishment that provides such entertainment. And should he attempt to do so, the minor will not be able to conceal completely his identity (or, consequently, his age). Thus, the twin characteristics of geography and identity enable the establishment's proprietor to prevent children from entering the establishment, but to let adults inside.
The electronic world is fundamentally different. Because it is no more than the interconnection of electronic pathways, cyberspace allows speakers and listeners to mask their identities. Cyberspace undeniably reflects some form of geography; chat rooms and Web sites, for example, exist at fixed "locations" on the Internet. Since users can transmit and receive messages on the Internet without revealing anything about their identities or ages, see Lessig, supra, at 901, however, it is not currently possible to exclude persons from accessing certain messages on the basis of their identity.
Cyberspace differs from the physical world in another basic way: Cyberspace is malleable. Thus, it is possible to construct barriers in cyberspace and use them toscreen for identity, making cyberspace more like the physical world and, consequently, more amenable to zoning laws. This transformation of cyberspace is already underway. Lessig, supra, at 888-889. Id., at 887 (cyberspace "is moving . . . from a relatively unzoned place to a universe that is extraordinarily well zoned"). Internet speakers (users who post-material on the Internet) have begun to zone cyberspace itself through the use of "gateway" technology. Such technology requires Internet users to enter information about themselves--perhaps an adult identification number or a credit card number--before they can access certain areas of cyberspace, 929 F. Supp. 824, 845 (ED Pa. 1996), much like a bouncer checks a person's driver's license before admitting him to a nightclub. Internet users who access information have not attempted to zone cyberspace itself, but have tried to limit their own power to access information in cyberspace, much as a parent controls what her children watch on television by installing a lock box. This user based zoning is accomplished through the use of screening software (such as Cyber Patrol or SurfWatch) or browsers with screening capabilities, both of which search addresses and text for keywords that are associated with "adult" sites and, if the user wishes, blocks access to such sites. Id., at 839-842. The Platform for Internet Content Selection (PICS) project is designed to facilitate user based zoning by encouraging Internet speakers to rate the content of their speech using codes recognized by all screening programs. Id., at 838-839.
Despite this progress, the transformation of cyberspace is not complete. Although gateway technology has been available on the World Wide Web for some time now, id., at 845; Shea v. Reno, 930 F. Supp. 916, 933-934 (SDNY 1996), it is not available to all Web speakers, 929 F. Supp., at 845-846, and is just now becoming technologically feasible for chat rooms and USENETnewsgroups, Brief for Federal Parties 37-38. Gateway technology is not ubiquitous in cyberspace, and because without it "there is no means of age verification," cyberspace still remains largely unzoned--and unzoneable. 929 F. Supp., at 846; Shea, supra, at 934. User based zoning is also in its infancy. For it to be effective, (i) an agreed upon code (or "tag") would have to exist; (ii) screening software or browsers with screening capabilities would have to be able to recognize the "tag"; and (iii) those programs would have to be widely available--and widely used--by Internet users. At present, none of these conditions is true. Screening software "is not in wide use today" and "only a handful of browsers have screening capabilities." Shea, supra, at 945-946. There is, moreover, no agreed upon "tag" for those programs to recognize. 929 F. Supp., at 848; Shea, supra, at 945.
Although the prospects for the eventual zoning of the Internet appear promising, I agree with the Court that we must evaluate the constitutionality of the CDA as it applies to the Internet as it exists today. Ante, at 36. Given the present state of cyberspace, I agree with the Court that the "display" provision cannot pass muster. Until gateway technology is available throughout cyberspace, and it is not in 1997, a speaker cannot be reasonably assured that the speech he displays will reach only adults because it is impossible to confine speech to an "adult zone." Thus, the only way for a speaker to avoid liability under the CDA is to refrain completely from using indecent speech. But this forced silence impinges on the First Amendment right of adults to make and obtain this speech and, for all intents and purposes, "reduce[s] the adult population [on the Internet] to reading only what is fit for children." Butler, 352 U.S., at 383 . As a result, the "display" provision cannot withstand scrutiny. Accord, Sable Communications, 492 U.S., at 126 -131; Bolger v.Youngs Drug Products Corp., 463 U.S., at 73 -75.
The "indecency transmission" and "specific person" provisions present a closer issue, for they are not unconstitutional in all of their applications. As discussed above, the "indecency transmission" provision makes it a crime to transmit knowingly an indecent message to a person the sender knows is under 18 years of age. 47 U. S. C. A. �223(a)(1)(B) (May 1996 Supp.). The "specific person" provision proscribes the same conduct, although it does not as explicitly require the sender to know that the intended recipient of his indecent message is a minor. �223(d)(1)(A). Appellant urges the Court to construe the provision to impose such a knowledge requirement, see Brief for Federal Parties 25-27, and I would do so. See Edward J. DeBartolo Corp. v. Florida Gulf Coast Building & Constr. Trades Council, 485 U.S. 568, 575 (1988) ("[W]here an otherwise acceptable construction of a statute would raise serious constitutional problems, the Court will construe the statute to avoid such problems unless such construction is plainly contrary to the intent of Congress").
So construed, both provisions are constitutional as applied to a conversation involving only an adult and one or more minors--e.g., when an adult speaker sends an e mail knowing the addressee is a minor, or when an adult and minor converse by themselves or with other minors in a chat room. In this context, these provisions are no different from the law we sustained in Ginsberg. Restricting what the adult may say to the minors in no way restricts the adult's ability to communicate with other adults. He is not prevented from speaking indecently to other adults in a chat room (because there are no other adults participating in the conversation) and he remains free to send indecent e mails to other adults. The relevant universe contains only one adult, and the adult in that universe has the power to refrain from using indecent speech and consequently to keep allsuch speech within the room in an "adult" zone.
The analogy to Ginsberg breaks down, however, when more than one adult is a party to the conversation. If a minor enters a chat room otherwise occupied by adults, the CDA effectively requires the adults in the room to stop using indecent speech. If they did not, they could be prosecuted under the "indecency transmission" and "specific person" provisions for any indecent statements they make to the group, since they would be transmitting an indecent message to specific persons, one of whom is a minor. Accord, ante, at 30. The CDA is therefore akin to a law that makes it a crime for a bookstore owner to sell pornographic magazines to anyone once a minor enters his store. Even assuming such a law might be constitutional in the physical world as a reasonable alternative to excluding minors completely from the store, the absence of any means of excluding minors from chat rooms in cyberspace restricts the rights of adults to engage in indecent speech in those rooms. The "indecency transmission" and "specific person" provisions share this defect.
But these two provisions do not infringe on adults' speech in all situations. And as discussed below, I do not find that the provisions are overbroad in the sense that they restrict minors' access to a substantial amount of speech that minors have the right to read and view. Accordingly, the CDA can be applied constitutionally in some situations. Normally, this fact would require the Court to reject a direct facial challenge. United States v. Salerno, 481 U.S. 739, 745 (1987) ("A facial challenge to a legislative Act [succeeds only if] the challenger . . . establish[es] that no set of circumstances exists under which the Act would be valid"). Appellees' claim arises under the First Amendment, however, and they argue that the CDA is facially invalid because it is "substantially overbroad"--that is, it "sweeps too broadly . . . [and] penaliz[es] a substantial amount of speech that isconstitutionally protected," Forsyth County v. Nationalist Movement, 505 U.S. 123, 130 (1992). See Brief for Appellees American Library Association et al. 48; Brief for Appellees American Civil Liberties Union et al. 39-41. I agree with the Court that the provisions are overbroad in that they cover any and all communications between adults and minors, regardless of how many adults might be part of the audience to the communication.
This conclusion does not end the matter, however. Where, as here, "the parties challenging the statute are those who desire to engage in protected speech that the overbroad statute purports to punish . . . [t]he statute may forthwith be declared invalid to the extent that it reaches too far, but otherwise left intact." Brockett v. Spokane Arcades, Inc., 472 U.S. 491, 504 (1985). There is no question that Congress intended to prohibit certain communications between one adult and one or more minors. See 47 U. S. C. A. �223(a)(1)(B) (May 1996 Supp.) (punishing "[w]hoever . . . initiates the transmission of [any indecent communication] knowingly that the recipient of the communication is under 18 years of age"); �223(d)(1)(A) (punishing "[w]hoever . . . send[s] to a specific person or persons under 18 years of age [a patently offensive message]"). There is also no question that Congress would have enacted a narrower version of these provisions had it known a broader version would be declared unconstitutional. 47 U.S.C. � 608 ("If . . . the application [of any provision of the CDA] to any person or circumstance is held invalid, . . . the application of such provision to other persons or circumstances shall not be affected thereby"). I would therefore sustain the "indecency transmission" and "specific person" provisions to the extent they apply to the transmission of Internet communications where the party initiating the communication knows that all of the recipients are minors.
Whether the CDA substantially interferes with the First Amendment rights of minors, and thereby runs afoul of the second characteristic of valid zoning laws, presents a closer question. In Ginsberg, the New York law we sustained prohibited the sale to minors of magazines that were "harmful to minors." Under that law, a magazine was "harmful to minors" only if it was obscene as to minors. 390 U.S., at 632 -633. Noting that obscene speech is not protected by the First Amendment, Roth v. United States, 354 U.S. 476, 485 (1957), and that New York was constitutionally free to adjust the definition of obscenity for minors, 390 U.S., at 638 , the Court concluded that the law did not "invad[e] the area of freedom of expression constitutionally secured to minors." Id., at 637. New York therefore did not infringe upon the First Amendment rights of minors. Cf. Erznoznik v. Jacksonville, 422 U.S. 205, 213 (1975) (striking down city ordinance that banned nudity that was not "obscene even as to minors").
The Court neither "accept[s] nor reject[s]" the argument that the CDA is facially overbroad because it substantially interferes with the First Amendment rights of minors. Ante, at 32. I would reject it. Ginsberg established that minors may constitutionally be denied access to material that is obscene as to minors. As Ginsberg explained, material is obscene as to minors if it (i) is "patently offensive to prevailing standards in the adult community as a whole with respect to what is suitable . . . for minors"; (ii) appeals to the prurient interest of minors; and (iii) is "utterly without redeeming social importance for minors." 390 U.S., at 633 . Because the CDA denies minors the right to obtain material that is "patently offensive"--even if it has some redeeming value for minors and even if it does not appeal to their prurient interests--Congress' rejection of the Ginsberg "harmful to minors" standard means thatthe CDA could ban some speech that is "indecent" (i.e., "patently offensive") but that is not obscene as to minors.
I do not deny this possibility, but to prevail in a facial challenge, it is not enough for a plaintiff to show "some" overbreadth. Our cases require a proof of "real" and "substantial" overbreadth, Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601, 615 (1973), and appellees have not carried their burden in this case. In my view, the universe of speech constitutionally protected as to minors but banned by the CDA--i.e., the universe of material that is "patently offensive," but which nonetheless has some redeeming value for minors or does not appeal to their prurient interest--is a very small one. Appellees cite no examples of speech falling within this universe and do not attempt to explain why that universe is substantial "in relation to the statute's plainly legitimate sweep." Ibid. That the CDA might deny minors the right to obtain material that has some "value," see ante, at 32-33, is largely beside the point. While discussions about prison rape or nude art, see ibid., may have some redeeming education value for adults, they do not necessarily have any such value for minors, and under Ginsberg, minors only have a First Amendment right to obtain patently offensive material that has "redeeming social importance for minors," 390 U.S., at 633 (emphasis added). There is also no evidence in the record to support the contention that "many [e] mail transmissions from an adult to a minor are conversations between family members," ante, at 18, n. 32, and no support for the legal proposition that such speech is absolutely immune from regulation. Accordingly, in my view, the CDA does not burden a substantial amount of minors' constitutionally protected speech.
Thus, the constitutionality of the CDA as a zoning law hinges on the extent to which it substantially interferes with the First Amendment rights of adults. Because therights of adults are infringed only by the "display" provision and by the "indecency transmission" and "specific person" provisions as applied to communications involving more than one adult, I would invalidate the CDA only to that extent. Insofar as the "indecency transmission" and "specific person" provisions prohibit the use of indecent speech in communications between an adult and one or more minors, however, they can and should be sustained. The Court reaches a contrary conclusion, and from that holding that I respectfully dissent.


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