MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Felipe Solá
EN LA APERTURA DEL 135° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 1° DE MARZO DE 2007
Señora presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia y presidenta de esta Honorable Asamblea, vicegobernadora doctora Graciela María Giannettasio de Saiegh; señor vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, doctor Juan José Amondarain; señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Ismael Passaglia; señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Alberto Balestrini; señor ex gobernador de esta Provincia, nuestro querido Antonio Cafiero. (Aplausos)
Sus excelencias reverendísimas señor arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, monseñor Héctor Aguer, y señor arzobispo de la Arquidiócesis de Mercedes - Luján, monseñor Rubén Di Monte; señores ministros, señores secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial; señores ministros de la Suprema Corte de Justicia; señoras y señores legisladores nacionales y provinciales; señoras y señores intendentes municipales que hoy nos acompañan en este Honorable recinto; señor fiscal de Estado de esta provincia; señor presidente del Honorable Tribunal de Cuentas; señora procuradora fiscal, doctora Falbo; otras autoridades nacionales, provinciales y municipales presentes; señores rectores de universidades nacionales; señores integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; señores integrantes del Cuerpo Consular acreditado en la ciudad de La Plata; señores integrantes de entidades gremiales, de entidades intermedias y de bien público; señores invitados; señoras y señores:
Honorable Asamblea Legislativa, esta es la última Asamblea Legislativa del mandato que asumiéramos con la señora vicegobernadora, como gobernador en mi caso, el 3 de enero de 2002 y con ella el 10 de diciembre de 2003. El 3 de enero de 2002 dije, y es bueno que hoy funcione nuestra memoria: «Asumo en una situación de emergencia nacional. No tenemos antecedentes similares, con excepción de los períodos de anarquía y guerra civil que signaron nuestra organización social». Tal era la situación que vivíamos en ese momento.
Los índices de recaudación habían caído un 23 por ciento, y sólo quien gobierna puede darle un sentido a una cifra de este tipo. La Honorable Legislatura había aprobado la emisión de 300 millones de patacones para hacer frente a los compromisos salariales de 470 mil empleados públicos y a los pagos a proveedores del Estado.
La situación nacional no era mejor, y todos la recordamos hoy: tuvimos cinco presidentes en sólo diez días y cayeron asesinados decenas de argentinos en esos tiempos. Ahora todo eso es historia, pero entonces vivíamos encerrados en una tormenta de ira y decepción social. Si nos preguntaban qué iba a ser de nuestra Argentina, no hubiéramos sabido responder.
Los acontecimientos importantes de la historia no se suceden de un día para el otro Se desencadenan de un día para otro, por supuesto, pero se construyen a lo largo del tiempo. Detrás de las destrucciones siempre hay un curso prolongado de acontecimientos. Y nosotros no fuimos capaces de observar ese curso destructivo que la Argentina había tomado mucho antes del 20 de diciembre de 2001.
Con las primeras horas del año 2002, entendimos que las cosas nunca volverían a ser como antes, y que haber dilapidado la confianza que la sociedad nos había dado nos exigía ahora a los gobernantes ser responsables, generosos y justos ante la crisis, o de lo contrario insistir con las actitudes de una cultura política basada en el exitismo y la negación de los hechos. Había, entonces, que dar un ejemplo de vocación republicana y compromiso público.
Quiero decir que esto había que darlo de una manera genuina, sin dramatizarlo como una función más de la política del espectáculo. Esta era la única manera de darle autoridad a los cargos y a los actos de gobierno.
Me pregunté cuáles eran los servicios que debíamos dar, pero sobre todo dónde, cuándo y a quiénes debíamos darlos. Hicimos una planificación de las urgencias, identificamos territorialmente las necesidades de los bonaerenses y diseñamos una estrategia de políticas públicas. Después el crecimiento extraordinario de nuestra economía de los años que siguieron, nos acompañó y nos ayudó a gobernar.
La Nación Argentina y la provincia de Buenos Aires están bien. Esto no significa que crea que ya vivimos en el mejor de los mundos, de ninguna manera. Pero las buenas noticias también hay que darlas, y el progreso hay que señalarlo.
Si ustedes me permiten, quisiera darles detalles de la situación y hacer un balance de mi gestión.
En la Nación el superávit fiscal, la reestructuración de la deuda externa y el aumento del consumo, permitieron afianzar la dinámica del crecimiento y, sobre todo, permitieron expandir la confianza. La recaudación impositiva llegó a niveles relativos muy altos, lo que permitió dotar al país de una mayor credibilidad externa, disminuir el coeficiente de riesgo argentino y ampliar las expectativas de inversión externa. Muchos de ustedes habrán escuchado al señor presidente de la Nación, esta mañana, mencionar el tema del coeficiente de riesgo argentino; creo que dijo 222 cuando estábamos acostumbrados a que fuera exhibido como uno de nuestros males y que alcanzara cifras de 5000 o 6000 mil.
La nueva recomposición de recursos tributarios estatales reconstituyó y multiplicó el presupuesto del gobierno nacional, redistribuyendo ingresos, para mejorar el impulso económico logrado con la expansión.
Entre el segundo trimestre del 2002 y el tercero del 2006 se generaron más de 2 millones de puestos de trabajo. La desocupación en ese período bajó un 53 por ciento, y más de la mitad de ese 53 por ciento ocurrió en nuestra Provincia; es decir, explicamos más del 50 por ciento de esa mejora, en números de puestos de trabajo.
Las exportaciones crecieron al máximo nivel de su historia, pasando de generar 25.000 millones de dólares en el 2002 a 46.000 millones de dólares en el 2006.
La Provincia no quedó al margen de esto. De hecho, durante mi gobierno, colaboró en forma activa al crecimiento del PBI nacional. Pasamos en cuatro años a incidir un 10 por ciento más en la riqueza nacional. El aumento del PBI provincial fue tan importante –más de un 50 por ciento del 2002 al 2006- que sus tasas anuales equipararon a las mayores del mundo, similar, por ejemplo, a la de China, que tiene un 10,5 por ciento anual.
La estabilización y el logro de una senda de crecimiento sostenido permitieron comenzar a normalizar la situación fiscal provincial, ampliar la base de los contribuyentes y mejorar la administración tributaria.
Estos logros hicieron que se alcanzara el equilibrio fiscal, y pasáramos a lograr superávit en los años 2003, 2004 y 2005. Y entre el 2002 y el 2007 la recaudación se había incrementado en un 211 por ciento.
Todos y cada uno de los tributos provinciales se multiplicaron por 2. Las transferencias a los municipios fueron casi 4 veces superiores al 2002, pasando de 960 millones en el año 2002 –el inicial- a 3.547 millones en el año 2007, lo que implica decir que estos recibieron porcentualmente cada vez más, en detrimento de lo recibido por el poder central.
La política de descentralización tributaria amplió la autonomía municipal. El incremento de lo que recibieron fue del 270 por ciento en el período bajo análisis, permitiendo que los municipios pudieran afrontar en forma directa muchos gastos, entre ellos, y fundamentalmente, el mantenimiento de los caminos rurales y de los edificios escolares. Me refiero, obviamente, a los municipios con tierra rural del interior.
La reestructuración de la deuda provincial diversificó las fuentes de financiamiento, abriendo las posibilidades de la Provincia a los mercados externos y logrando que volvieran las inversiones. Alcanzamos los 3.100 millones de dólares de inversión global para el año 2006 en la Provincia. La estabilización de los ingresos públicos nos permitió expandir el presupuesto 3 veces, pasando de 9.350 millones de pesos en el 2002 a 27.867 millones de pesos en este año.
Esta redistribución de los ingresos públicos –a través del presupuesto- hizo que se reconstituyera la pérdida del poder de compra de los salarios, al aumentar la partida de sueldos de 4.966 millones de pesos en el 2002 a 13.059 millones de pesos en este momento.
El crecimiento económico y el ordenamiento fiscal permitieron mantener una tasa de expansión en cada sector de la economía. El desempleo experimentó una caída mayor a la media nacional, sobre todo en los populosos partidos del Conurbano, cuya baja relativa fue 7 puntos superior al indicador nacional, pasando del 19,3 por ciento de tasa de desempleo al 12,1 por ciento, entre el 2002 y 2006, y la última cifra es menor todavía.
La nueva composición del crecimiento provincial permitió la expansión del empleo y la recomposición salarial por los fuertes incrementos en el nivel de actividad económica. La industria, el comercio y la construcción experimentaron niveles de actividad superlativos en cada una de sus ramas.
La industria automotriz -de la que somos los primeros representantes en el país- creció un 179 por ciento en estos 5 años y medio, triplicando la producción automotriz en todos sus niveles, pasando de 50 mil unidades -el mínimo que tuvimos- a 164 mil.
Las exportaciones provinciales merecen un comentario aparte. Alcanzaron la cifra récord en ventas externas en la historia de la Provincia: 18.000 millones de dólares para el año 2006. Esto representa un incremento del 93 por ciento desde el año 2002 y 9 puntos porcentuales por encima del fantástico crecimiento experimentado por la Nación.
La producción agropecuaria provincial, histórico multiplicador de su crecimiento, no faltó a la cita, ni desaprovechó el favorable contexto externo.
Señores legisladores: quisiera hacer algunas consideraciones de gestión que estimo importantes: cuando asumimos, teníamos una Provincia en cesación de pagos, con un déficit equivalente al 30 por ciento de sus erogaciones. Los recursos apenas alcanzaban para financiar las tres cuartas partes de los gastos corrientes. Los sueldos se pagaban atrasados, con quitas y en patacones. Los hospitales y los programas sociales estaban desabastecidos de insumos y la inversión era nula. Era la variable de ajuste.
En el 2006 la provincia de Buenos Aires presentó un déficit de menos del 4 por ciento de sus erogaciones. Nunca hemos pretendido esconderlo. A medida que comenzamos a andar, resolvimos los problemas, mejoramos los servicios, aumentamos la inversión y los salarios públicos. Pero aún habiendo incrementado la recaudación propia como nunca antes en la historia, la Provincia se encuentra con la restricción estructural que constituye su bajísima participación en la distribución de la renta federal. Como les dije, anteriormente, aumentamos un 10 por ciento del 33 al 36 por ciento nuestra participación en el PBI en estos cinco o seis años adicionales.
Así y todo, la administración que entregaremos a fines de nuestra gestión tendrá una situación financiera estabilizada, con un manejo del gasto prudente y una política de ingresos y financiamiento que garantice el funcionamiento de todas las áreas y la continuidad de planes y obras.
Hemos llevado a cabo una política de recaudación inédita en la historia provincial. La percepción del riesgo que implica evadir en la provincia de Buenos Aires es muy elevada, similar a lo que sucede con la AFIP, y ello se traduce en el comportamiento de la recaudación.
Los ingresos tributarios provinciales en términos reales en el año 2006 representaron, en moneda constante, un monto del 58 por ciento superior al promedio de recaudación que tuvo la Provincia en el período 1992- 2002, sin haber producido hasta ahora incrementos en los impuestos provinciales, con excepción del Inmobiliario Rural.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos creció un 265 por ciento respecto al 2002, lo que significa un 20 por ciento más que el IVA, que actúa sobre una base similar. Hemos ampliado la base de contribuyentes a través de las acciones de fiscalización y control. Instrumentamos el código de operación de traslado, una herramienta fundamental para el combate a la economía «en negro», a los piratas del asfalto y al contrabando.
Todo esto fue hecho gracias al decidido acompañamiento de esta Honorable Legislatura, y debo reconocer que siempre estuvo detrás de las acciones de nuestro popular Montoya, estableciendo además los embargos en cuentas corrientes y el secuestro de automóviles para aquellos contribuyentes que, contando con una alta capacidad contributiva, no cumplen con sus obligaciones tributarias.
Por otro lado, y esto es muy importante, hemos ampliado el universo de exentos en el Impuesto Inmobiliario Urbano, que es donde están los pobres, para todos aquellos propietarios de un único inmueble con valuaciones fiscales inferiores a 44 mil pesos; antes era un límite de 20 mil pesos, un beneficio que alcanza a 500 mil familias en total. En la misma línea comenzamos a aplicar la exención automática para los jubilados con ingresos familiares inferiores a 1.100 pesos mensuales. Esto es justicia social desde lo tributario, en un país en el que los pobres contribuyen con cada peso que gastan en mucha mayor medida que los pudientes a sostener el Estado.
Honorable Asamblea, estimados legisladores: muchos de ustedes recordarán que en el momento en que debimos asumir este gobierno los empleados públicos provinciales sufrían una quita en sus salarios, como consecuencia directa del desastre del 2001. A partir de entonces, la mejora de la situación fiscal permitió, en primer lugar, restituir los salarios a los niveles anteriores a la crisis, para luego iniciar una recuperación gradual.
El poder adquisitivo del salario de los empleados públicos había crecido, hasta diciembre de 2006, un 15 por ciento respecto del momento anterior a la crisis. Estos resultados se han logrado a través del funcionamiento pleno de negociaciones colectivas con los gremios estatales, en el marco de las paritarias votadas por esta Honorable Legislatura, un instrumento que cumple con un antiguo reclamo de las organizaciones sindicales y con la cláusula constitucional surgida de la reforma de 1994. Hemos cumplido con los gremios estatales.
La Provincia cumple con la Ley de Financiamiento Educativo que establece pautas para la determinación del presupuesto. En el año 2006 invertimos 600 millones adicionales a lo exigido por la ley. El presupuesto de este período contempla 9.150 millones para el área, lo que significará una mayor participación de la educación, que en el año seguramente superará el 35 por ciento.
Los 1.280 millones que serán destinados en el 2007 al Poder Judicial se acercan como nunca antes a lo solicitado por la Suprema Corte de Justicia. Ese dinero será empleado en la incorporación de 1.700 magistrados, funcionarios y empleados. Cuadriplica la inversión en infraestructura, en sólo un año, que es de 80 millones, cuando en el 2006 fue de 20 millones.
El esfuerzo realizado estos años en materia presupuestaria permitió aumentar fuertemente los recursos asignados al Ministerio de Seguridad y, en particular, a la fuerza policial. El presupuesto del corriente año es de 2.430 millones, incluyendo 200 millones de inversión en nuevo equipamiento para continuar el plan de modernización y actualización tecnológica de la policía provincial.
La crisis vivida ocasionó -como dije-que la inversión pública fuera la primera variable de ajuste y llegara a ser casi inexistente en los años 2001 y 2002, sin perjuicio de los esfuerzos que se hicieran en ambos años por tratar de mantener la obra pública. El presupuesto 2007 será de 2.845 millones, superior en 1.000 millones a lo invertido en 2006.
La descentralización tributaria constituyó un hito para nuestros propósitos de gestión. Ayudó al aumento de los ingresos municipales y, sobre todo, acrecentó la autonomía de los gobiernos locales del interior acercando más recursos para solucionar los problemas de la comunidad. Quiero recalcar que menos del 2 por ciento del total de transferencias a los municipios que se hacen en el año pueden considerarse discrecionales por la decisión de este gobernador y de algunos de sus ministros, y el 98 por ciento restante se rige por parámetros objetivos, realizándose en forma automática.
Los recursos de origen provincial aumentaron su participación en el financiamiento de los presupuestos municipales, pasando del 40 por ciento del total en el año 2001, al 50 por ciento en el 2006. Pesamos mucho más con nuestra recaudación en los presupuestos municipales, y sin embargo ellos tienen mayor autonomía que antes, las dos cosas simultáneamente. No hemos aprobado malamente esa modificación de la estructura del presupuesto.
En estos años hemos contribuido en la recuperación financiera de los municipios por medio de la absorción de 400 millones de deuda que tenían con el BAPRO durante la crisis del 2001.
A fines del 2001, la deuda pública provincial era de 10.900 millones de dólares y representaba casi tres años de ingresos provinciales netos de transferencias a los municipios. Es decir, tres años de lo que se queda en el poder central para poder gastar e invertir, que hoy es una cifra similar pero, debido al incremento de la recaudación y el manejo prudente del gasto y el financiamiento, esa deuda significa menos de un año y medio de aquellos ingresos. Es decir que cada vez debemos menos en términos de nuestro presupuesto, en términos de nuestros ingresos y obviamente en términos de nuestro producto bruto geográfico.
En el año 2005 llevamos a cabo la reestructuración de nuestra deuda en eurobonos a través de un canje por nuevos bonos que tuvo una aceptación excepcional, del 95 por ciento, y logramos una quita según el valor presente neto de la nueva deuda del 55 por ciento, con un ahorro para el Tesoro Provincial de alrededor de 2.000 millones de dólares.
A partir de la normalización de la situación fiscal recuperamos una relación plena con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y concretamos dos operaciones de crédito que fueron los primeros préstamos directos otorgados a una provincia argentina luego del «default». Con esos créditos estamos ejecutando un programa de inversión pública por 700 millones de dólares, un aporte que alcanza el 35 por ciento de toda la inversión pública provincial.
Culminamos exitosamente las negociaciones con FONPLATA -y hace poco que hemos tenido la ley respectiva, que agradezco a esta Honorable Legislatura-para la financiación de obras en puertos fluviales por 45 millones de dólares, cuyo endeudamiento fue gracias al voto de ustedes. También iniciamos tratativas con la Corporación Andina de Fomento para financiar obras de transporte eléctrico por 30 millones de dólares.
Quiero recalcar que en cuatro años de gestión, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia votado por esta Honorable Legislatura recuperó 1.100 millones de pesos, sobre una cartera de 1.800 millones y 27 mil deudores del BAPRO declarada incobrable por el Banco Central en 2001, con costos operativos tres veces más bajos a los existentes en el mercado.
Señores legisladores: el Banco de la Provincia de Buenos Aires fue durante mucho tiempo un organismo sin controles internos, que no daba explicaciones a sus accionistas y ponía en riesgo el patrimonio de los bonaerenses. Si sobrevivió a la corrupción y al despilfarro fue gracias a que la Provincia, es decir todos los bonaerenses, que le compró por 1.300 millones de dólares su cartera incobrable, y le aportaron capital por 500 millones de dólares. También se modificó su carta orgánica y se puso mejores hombres en su Directorio.
Para dar un ejemplo del perjuicio que produjeron las decisiones de quienes casi vacían el banco, no voy a hablar de dinero. Diré simplemente que los créditos mal otorgados significaron 2.500 escuelas o 38.000 viviendas menos para los bonaerenses, en plata de hoy. Todo eso no se devolvió. (Aplausos.)
Banco público no es sinónimo de banco político. Si lo fue, ya no lo es. Podemos decir que hoy el Banco Provincia es un banco público que le presta a quien le debe prestar y le cobra a quien le tiene que cobrar. Un banco que le da crédito a las PyMEs de todos los sectores, y que se hace presente allí donde la banca privada no quiere o no le interesa prestar servicios.
En 2006 fue el primero del mercado en la concesión de préstamos hipotecarios, con los que 11.000 familias bonaerenses pudieron cumplir el sueño de la vivienda propia.
También fue el primer banco en otorgamiento en créditos personales en el mismo año, al que accedieron más de 130.000 personas, muchos de ellos empleados públicos de la Provincia a los que les dimos facilidades superiores a las comunes, para que pudieran desendeudarse de préstamos caros y endeudarse con un préstamo más barato en el Banco Provincia.
Todos estos préstamos fueron dados con el costo financiero más bajo de plaza, pero además con gastos administrativos que son apenas un tercio del promedio que aplican los otros bancos.
Con 700 millones de pesos que destinamos a la línea de préstamos Fuerza PyMEs generamos 14.000 nuevos puestos de trabajo directos en 9.500 empresas bonaerenses. Como ustedes ven, muy pequeñas empresas bonaerenses.
Financiamos a más de 1.000 productores ganaderos con un programa llamado Fuerza Campo, y aprobamos 4 millones de microcrédito de Fuerza Solidaria, un beneficio que alcanzó a 4.200 personas. Fíjense qué poco cada una, muy poco, pero para muchos a quienes nadie financia.
El panorama sobre la utilización de los fondos del Banco Provincia puede describirse en pocas palabras: de los créditos antiguos que aún se arrastran, uno de cada cuatro tiene atrasos. De los nuevos, sólo uno de cada cien tiene atraso.
Señores legisladores: para promover la producción de las diferentes regiones y economías provinciales desarrollamos el programa Distritos Productivos, organizando rondas de negocios multisectoriales y regionales, y una ronda nacional de negocios en La Plata, con la participación de más de 700 empresarios de todo el país. Invertimos más de 120 millones de pesos en proyectos promocionales, y se otorgaron subsidios por 4.300.000 pesos.
Empresas bonaerenses participaron de ferias internacionales y realizaron misiones comerciales al exterior.
Hoy se tramita la aprobación de 54 nuevos parques industriales en la Provincia. Elaboramos la nueva Ley de Promoción Industrial con el objetivo de simplificar el proceso administrativo para acceder a los programas de promoción, redefinir el universo de productores pasibles de beneficios fiscales y franquearle el acceso al crecimiento a los municipios menos industrializados.
Completamos el desarrollo de programas para apoyar a nuevos emprendedores bonaerenses, ayudándolos en la creación de empresas, incorporando el diseño como un factor clave del proceso productivo y de la gestión empresaria.
Nuestro proyecto Fuerza PyME financió 3.240 iniciativas por un total de 231 millones de pesos solamente durante el año pasado. El 70 por ciento del monto prestado fue dirigido al comercio y a la industria.
Impulsamos la norma por la cual quienes vendan medicamentos y drogas farmacéuticas al público deberán informar el precio de las unidades de cada producto, además del valor final del mismo, y modificamos la reglamentación de la Ley de Talles para evitar la discriminación que han sufrido miles de bonaerenses. Y además, porque nos gustan más las gorditas que las flacas.
Confeccionamos una base de datos única, donde se registran las empresas recuperadas en la provincia de Buenos Aires. Es todo un tema el de las empresas recuperadas. Y conformamos un equipo interdisciplinario para tratar casos particulares.
Trabajamos para conformar un fideicomiso que tendrá por fin exclusivo financiar las necesidades de capital de trabajo y de capital fijo de estas empresas. Se pondrá la mirada en las características del proyecto productivo, en la fortaleza de la empresa y en el grupo de trabajadores.
En una primera etapa contarán con un fondo de alrededor de 1.500.000 pesos, integrado por capitales públicos y privados, y después va a ir creciendo. No estoy hablando de expropiaciones sino de capital de trabajo.
Pusimos en funcionamiento el Consejo Portuario Provincial. Avanzamos en la conformación del Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales.
Contratamos el diseño del Plan Maestro y Estratégico de Dock Sud con la Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria de la Universidad de Buenos Aires, y acordamos la realización de un Plan Integral de Dragado para los puertos bonaerenses, con la asistencia del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA.
A través de Astilleros Río Santiago se inició la construcción del primero de los buques productores para la firma venezolana PDVSA; entregamos el buque granelero «Madrisa», y se reinició la construcción del remolcador «Ona Don Lorenzo». Construimos dos puentes metálicos para Tierra del Fuego, siendo la única empresa en el país con capacidad de construir ese tipo de estructuras. Se abrió la incorporación a 300 nuevos operarios y 38 técnicos egresados de la escuela técnica del Astillero Río Santiago, y reparamos 10 buques de distinto calado. Ya impulsamos y conseguimos la ley de expropiación de terrenos de la Zona Franca a favor del Astillero, que también ustedes votaron.
Este año está prevista la construcción y botadura del buque granelero «Cassana»; la reparación de la fragata «Libertad»; la puesta en funcionamiento del comedor y vestuario de la planta, y la construcción de patrulleras oceánicas multipropósito según convenio con el Ministerio de Defensa.
Honorable Asamblea: nuestras políticas hacia el campo cumplieron tres grandes objetivos: la ejecución del Programa Impulso Ganadero, el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado y el Programa de Caminos Provinciales de la Producción.
Con respecto al primero de ellos, nos planteamos producir un millón más de terneros en los 23 distritos de la Cuenca del Salado. Ya hemos superado la cantidad de hectáreas sembradas por el famoso -entre los agrónomos- Plan Balcarce, que hace 30 años daba plata para implantar pasturas en la Cuenca del Salado, no sólo en Balcarce. Era el plan ganadero más importante que había en el país. Hoy, desde el pequeño Ministerio de Asuntos Agrarios, hemos contribuido a implantar, en estos últimos años, más hectáreas de las que se implantaron en aquellos años. De paso, digo que en el ‘72 yo andaba en esas cosas.
Con respecto al Plan Maestro Integral de la Cuenca, ustedes saben que hemos terminado la primera etapa -vamos hacia la segunda-, y de esta manera vamos a disminuir el riesgo de anegamiento crónico y la salida de producción de más de ocho millones de hectáreas que supimos sufrir.
El programa Caminos Provinciales de la Producción recién comienza en Olavarría y Azul, y está previsto en otros distritos. Tiene algunas resistencias en algunos lugares según la relación entre los costos de construcción de los caminos y el valor de los impuestos y tasas que deben pagarle al mismo los productores, pero es para nosotros el programa más revolucionario que tiene hoy el agro pampeano.
Tuvimos en los 23 distritos de la Cuenca del Salado 140.000 terneros más que el año anterior. Prevemos un incremento de 400.000 terneros, lo que llevará la cifra total de producción anual de nuestra Provincia a 3.140.000. Esto es importante por los problemas que estamos teniendo de abastecimiento de la carne, de demanda externa y con el precio del producto.
Con respecto al programa Camineros, quiero decirles que Azul está en proceso de licitación. Alberti y Bragado están elaborando los proyectos ejecutivos para llamar a licitación en los próximos 60 días, y Chivilcoy, Tres Arroyos, Leandro Alem, Salto y Colón avanzan en el programa. Sólo se lleva a cabo en los distritos que cuentan con el consenso de los productores, que son los que pagan los caminos con el apoyo del gobierno de la Provincia, que bonifica con el impuesto inmobiliario, y con el apoyo de las intendencias con la tasa de caminos.
En el interior bonaerense se ha gestado un capital social y cultural que tiene su expresión económica en los niveles de producción de maíz, trigo, soja, carne y otros. Apoyar esa cultura es uno de los desafíos que ha planteado nuestro gobierno.
Comprendemos al campo. Expresé mi disconformidad con algunas actitudes de sus dirigentes; en especial, cuando se negaron a firmar un documento contra la inflación, que nos interesa a todos los argentinos. Pero acompañamos sus cambios y tratamos de entender su dinámica para poder apoyar a los rezagados y corregir las equivocaciones. Afortunadamente, hoy las conversaciones están en buen camino y han empezado a existir políticas concretas y prácticas dirigidas hacia el sector; me refiero a la Nación.
Tras la crisis de 2001, con la obra pública paralizada y los contratos totalmente depreciados, en el 2002 apenas alcanzamos a invertir 80 millones de pesos. La recuperación macroeconómica de la Argentina nos permitió invertir, entre el 2003 y el 2006, más de 3.300 millones de pesos. Este año 2007, en un esfuerzo conjunto proveniente de recursos provinciales, nacionales y del financiamiento multilateral de los bancos, vamos a ejecutar obras por una cifra cercana a los 2.000 millones de pesos en sólo un año. El Plan Federal de Vivienda, que se ejecuta con recursos del gobierno nacional, entre el 2005 y el 2006, invirtió 400 millones de pesos. En el 2007 se levantarán en toda la geografía bonaerense 53 mil viviendas más por 670 millones de pesos, más del doble que lo que se ha conseguido en el año 2006.
Hemos realizado un evidente esfuerzo en materia de cárceles y alcaidías. Entre el 2003 y el 2006 invertimos 485 millones en San Martín, Campana, Bahía Blanca, La Plata, Florencio Varela, Batán, La Matanza, Quilmes, Junín y Lomas de Zamora. En el 2007 invertiremos 106 millones de pesos en Mercedes y en dos establecimientos en Ezeiza por 100 millones más. Estas obras aumentarán, en total entre lo ya aumentado y los futuros aumentos, 8.800 plazas. Es decir que la capacidad de internación va a permitir una política carcelaria cada vez mejor.
Las obras viales entre el 2003 y el 2006 insumieron algo más de 225 millones de pesos para repavimentar las rutas 41, 51, 47, 29, 227, 74 y 36. Se destinaron 90 millones de pesos en la repavimentación de las rutas 50 y 72 y este año se dispondrán 15 millones de pesos en el camino que vincula Ramallo con San Nicolás.
Para mejorar la seguridad vial en los accesos a la Costa Atlántica, entre el 2004 y el 2006 invertimos más de 130 millones de pesos en las autovías 63 y 74, en sus tramos más peligrosos, y con fondos nacionales, 320 millones de pesos en la Ruta 6, a la que le falta todavía alrededor de 40 kilómetros. La Autovía del Trabajo que une el Puerto La Plata con el Puerto Campana y el complejo Zárate-Brazo Largo va a recibir este año un refuerzo en su trabajo por 100 millones de pesos, y suponemos que en el año 2008 estará absolutamente y definitivamente terminada.
En obras de minoridad, salud, educación y justicia, entre el 2003 y el 2006 ejecutamos casi 150 millones de pesos en los hospitales General San Martín, Gandulfo, General Pacheco, Petrona V. de Cordero y Sor María Ludovica de La Plata, los Tribunales de Lomas de Zamora, San Isidro y Morón, la Catedral de La Plata, el Teatro Argentino de La Plata, y los institutos de menores en Lomas de Zamora, La Matanza, Malvinas Argentinas, General Pueyrredón, Merlo, Dolores y Avellaneda. Quiero decir que algunas de estas obras son adicionales a las obras más importantes ya realizadas, como es el caso de la Catedral de La Plata y el Teatro Argentino de la misma ciudad. Este año invertiremos alrededor de 30 millones en la finalización de algunas de las obras que he mencionado.
Con 180 millones de pesos realizamos los puentes sobre la ruta 2 en Chascomús, sobre el bajo San José y sobre el río Rojas, los accesos al puerto de Necochea, a Oliden, a Santa Clara del Mar, a Mechita, a Copetonas y Oriente.
Repavimentamos las rutas 68 y 51, pavimentamos las avenidas 122, 7, y 66 en La Plata, el camino alternativo de enlace a la Zona Franca y Ensenada, la avenida Río de la Plata en Berisso, y obras de bacheo y reconstrucción de la red vial provincial en el Area Metropolitana.
Este año realizaremos cruces de bajo nivel en Boulogne y en Ezpeleta, la segunda circunvalación de Chivilcoy, la circunvalación en el barrio La Rotonda en Florencio Varela, los accesos a Pinamar, Mar de las Pampas y Mar Azul, el acceso a 30 de Agosto, en Trenque Lauquen, la repavimentación de la ruta 76 en Puán, el acceso a Gómez, la pavimentación del camino entre Bunge y Coronel Charlone, en General Villegas, y la iluminación de la ruta 28, entre General Rodríguez y Pilar.
En materia hídrica, recordemos que llegamos al gobierno con un tercio de la Provincia con agua. El segundo semestre del 2001 fue el último semestre más lluvioso que recordamos. Entre el 2003 y el 2006 invertimos 340 millones de pesos en obras en la cuenca del río Salado. Merece también destacarse la defensa de cascos urbanos y la limpieza de canales en Salliqueló, Saladillo, Monte, Chivilcoy, Pehuajó, Rivadavia, Carlos Casares, Roque Pérez, Salto, General Belgrano, Blaquier, Arroyo Las Tunas, Canal La Picasa, Tapalqué, Canal 5, Canal Cuero de Zorro-Hinojo, Canales Mercante, Jauretche y República de Italia, Dolores y Mercedes, además del dragado del tramo inferior del río Salado, que ya mencioné.
En el conurbano invertimos más de 120 millones de pesos en el saneamiento de los arroyos Sarandí, Morón, Las Perdices y Santo Domingo. Durante el año 2007 invertiremos más de 100 millones de pesos en la continuidad de estas obras y en otras como el arroyo Don Mario en La Matanza, el canal San Emilio, el arroyo Torres y el canal 11.
Este año se inaugurará el nuevo Puerto Quequén, con un costo de 9 millones de pesos para construir su escollera sur, lo que redundará en un aumento de la capacidad de trabajo, muchos más días de puerto abierto por menos marejada y una mayor defensa de las mareas para el puerto.
En distintas obras del río Reconquista invertimos en cuatro años casi 40 millones de pesos, y tenemos previsto invertir 30 millones durante el año 2007 en obras de limpieza y mantenimiento, estaciones de bombeo, la adecuación del llamado canal DPH, que es el que lleva a la pista nacional de remo en San Fernando, el puente Carupá y la rectificación de la sección por debajo del puente de la Panamericana.
El Plan de Gestión Ambiental de las Cuencas Matanza-Riachuelo realizó obras en los últimos dos años por un valor cercano a los cuarenta millones. En el 2007 invertiremos 77 millones en los desagües pluviales de la cuenca Camino de Cintura, arroyo del Rey, arroyo Olazábal y en barrios Las Achiras y General Urquiza de La Matanza.
Con financiamiento parcial del Banco Mundial venimos ejecutando obras viales desde el año 2005. Invertimos 95 millones de pesos en la repavimentación y ensanche de las rutas 17 y 21 en La Matanza; 24 en José C. Paz y Malvinas Argentinas; 28 en General Rodríguez y Luján; 32 y 201, y en el 2007 invertimos casi 350 millones en la continuidad de algunas de ellas y en el inicio de la repavimentación de las rutas 23, 53, 29, 36, 91, 58 - que era una ruta muy pedida entre General Conesa y General Madariaga-, 210; de los accesos a Polvaredas, Bavio y en el ensanche de la ruta 13, que es la avenida 520, de acceso a La Plata.
Con el Banco Mundial también se atiende el gran desafío de la política ambiental de la provincia de Buenos Aires: ampliar el servicio público de provisión de agua potable y cloacas, para asegurar un piso sanitario igualitario y de justicia social. Este año invertiremos casi 100 millones de pesos en la provisión de agua potable en Luján y San Vicente y en cloacas en Florencio Varela, Berazategui, San Nicolás y Presidente Perón, ya firmadas.
En cuanto a los servicios públicos, instrumentaremos una política de redefinición del rol del Estado, de la prestación de los servicios y su relación con la comunidad, a fin de instalar una nueva concepción sobre la regulación de agua y cloacas, aplicable a todos los proveedores en el territorio de la Provincia, sean públicos o privados.
Reforzamos la autonomía y la profesionalización de los organismos reguladores. Establecimos criterios, objetivos y controles «ex ante» a fin de prevenir conflictos y fijamos la tarifa de interés social para atender la situación de los sectores sociales más postergados.
Ante la defección del sector privado, desde el 2002 la Provincia debió asumir la prestación del servicio de agua y cloacas en el área de concesión de La Plata, Gran La Plata, Bahía Blanca, Gran Bahía Blanca y otras localidades del interior. Para ello creamos la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, con participación mayoritaria del capital estatal, que se desempeña hasta ahora satisfactoriamente.
A través de la misma empresa venimos haciendo obras en Bahía Blanca, Chivilcoy, Pehuajó y Suipacha, que durante 2006 superaron los 30 millones de pesos. En 2007 se realizarán obras en La Plata, General Viamonte, General Villegas, Alem, Tapalqué, General Belgrano, Ayacucho, Mar Chiquita, González Chávez, San Cayetano, Salliqueló, San Nicolás, Pinamar San Vicente y Dolores.
Durante el año 2006 se rescindió el contrato de concesión de la empresa Aguas del Gran Buenos Aires, y dispusimos que
ABSA se hiciera cargo del servicio en 56 distritos con una población de casi cuatro millones de habitantes. En realidad son 8 distritos, no 56 Alguien multiplicó por siete, pero no todo está multiplicado por siete.
También el Poder Ejecutivo Nacional rescindió el contrato con la empresa Aguas Argentinas y asumió la prestación del servicio. La provincia de Buenos Aires y los municipios del área intervienen en la Agencia de Planificación de la nueva Empresa, AISA. El compromiso establecido ha quedado plasmado en el Plan Quinquenal de Saneamiento, que prevé entre 2007 y 2011 una inversión del orden de los 5.200 millones de pesos y la incorporación de dos millones de personas al servicio de agua potable y un millón y medio de pesos al de cloacas, creando la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Berazategui, la planta potabilizadora de Quilmes y el acueducto Lanús-Temperley.
En los próximos diez años se repotenciará el Parque Generador de Centrales de la Costa Sociedad Anónima, la empresa de energía cuyo paquete accionario mayoritario es de la Provincia. Instalaremos centrales térmicas en Mar del Plata y Villa Gesell -o instalarán otros-, con una capacidad de 170 y 55 megavatios, respectivamente.
En el 2004 creamos -y creo que hicimos bien- Buenos Aires Gas Sociedad Anónima, integrada por capital mayoritario de la Provincia, por cooperativas y por trabajadores. Con esta empresa, este año implementaremos el Programa Llegas, destinado a 60 localidades del interior bonaerense, que no tenían la instalación final, y por lo tanto, no tenían gas.
Hace días firmamos un acta acuerdo con el Estado nacional, fundamental para iniciar la transferencia de los servicios ferroviarios concesionados a nuestra Provincia.
El esfuerzo realizado en 1992 por el gobernador Duhalde -agrego: al asumir el costo y la responsabilidad de manejar los ferrocarriles de larga distancia de la Provincia, que iban a ser eliminados-, no tiene ya sentido para una Provincia que tiene la situación estructural que ustedes conocen con respecto a la coparticipación.
Por el contrario, si los ferrocarriles de corta distancia reciben fuertes subsidios, será bueno también contar con ferrocarriles de larga distancia en nuestra Provincia, también subsidiados, esta vez por el gobierno nacional, que además ha mostrado una decidida vocación por el ferrocarril, que se había perdido en el país.
Por esta suma de razones, hicimos esto.
(Aplausos.)
Hemos readecuado los contratos de las concesiones viales de las rutas provinciales 2 y 11, con un plan director de obras y fideicomiso, que está constituido por un porcentaje de la tarifa que administra Bapro Mandato y Negocios Sociedad Anónima, a fin de garantizar las inversiones. Es decir que no van a hacer las inversiones si pueden o si quieren, sino que las van a hacer sí o sí, porque cada peso que entra deja un porcentaje en el fideicomiso.
El desarrollo turístico e inmobiliario de la Costa Atlántica hace imprescindible repensar la concesión vial en un sistema único e integrado -las rutas 2 y 11- para licitar, construir, mantener y administrar un nuevo modelo de gestión.
Estamos trabajando en la elaboración de un acta-acuerdo de rescisión de los actuales contratos y en la creación de una nueva concesión por licitación pública que permita la construcción de la doble mano en las rutas 11 -en todo el Partido de la Costa- y en la ruta 56 -que mencioné-, entre Esquina de Crotto y General Madariaga.
Resumiendo: en materia de inversión pública, obras y servicios, debimos recomponer desde cero la gestión del gobierno provincial, para llevar los montos de ejecución de obras desde niveles insignificantes a niveles compatibles con la década anterior, además de reconstruir la validez de los contratos, potenciar los recursos de financiamiento provinciales con el apoyo de la Nación y la obtención de créditos multilaterales, establecer un nuevo modelo de regulación de los servicios públicos y reasumir el rol planificador del Estado para los servicios esenciales con una visión estratégica.
Pudimos hacer esto porque contamos con la ayuda inestimable en obras públicas del gobierno nacional, del señor presidente Kirchner, que ha invertido una cifra nunca vista antes en la provincia de Buenos Aires, en los cuatro años que se van a cumplir. Y nos permite, entonces, a nosotros, dedicarnos a otras cuestiones de la obra pública.
De la misma manera, si podemos tener una visión estratégica sobre qué rol debemos tener como Estado defendiendo al pueblo, frente a los servicios públicos y las concesiones, es porque existe esa misma mirada en la Nación. Si no, nos ocurriría como sucedió en la década anterior: había una mirada distinta en la Provincia y en la Nación.
(Aplausos.)
Honorable Asamblea: he relatado -agradezco la paciencia de ustedes-, lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Entre el 2002 y el 2006 realizamos trabajos públicos por más de 5.500 millones de pesos; en una Argentina que crece al ritmo conocido por todos y cuya Provincia refleja el mismo comportamiento, es necesario que ya mismo comencemos a prefigurar los desafíos para el corto y mediano plazo.
La provincia de Buenos Aires deberá seguir con una política agresiva de saneamiento ambiental, dando continuidad a la expansión de los servicios de agua, recolección y tratamiento de efluentes cloacales. A su vez, se debe terminar de perfilar un plan de tratamiento de la erosión del litoral atlántico, con medidas necesarias para un uso racional y sustentable de las costas bonaerenses.
El crecimiento de la actividad económica nos trae aparejado -esto está apareciendo en todo el país con mucha urgencia- la problemática del urbanismo. Será necesario que junto a las competencias originarias que los municipios tienen en la materia, promovamos normas orientadoras, cooperación técnica, regulación y coordinación, a fin de armonizar un desarrollo territorial no especulativo y con equilibrio socio-territorial.
Quiero recordar que hemos firmado un decreto de reordenamiento para las inversiones en toda la costa atlántica de la Provincia, que ha contado con la aprobación de casi todos los intendentes de las localidades correspondientes, y que pone muy en claro cuáles son las restricciones y por qué y cuál es el criterio y la ecuación con la que se manejan esas restricciones para las inversiones privadas. Es momento de fuertísimas inversiones privadas, sobre todo en turismo y recreación, en el país y en el mundo.
Era momento, entonces, de haber hecho ese acuerdo, como hicimos con los señores intendentes, de manera tal de saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer y, además, de respetar a los que ya estaban antes que no tienen la culpa de estar donde estaban, cerca de la costa, o a veces en lugares que posibilitan una mayor erosión porque no se lo reguló antes. Respetar ese orden significa tener normas sobre todo para los que van a venir.
Señores senadores y diputados: el medio ambiente saludable se considera un derecho inalienable, igual que la salud, la educación y la seguridad. Hemos trabajado en un dispositivo legal que se ajuste a las demandas de la sociedad y también al territorio bonaerense, que es muy especial. Esto originó la reglamentación de la Ley de Silos, el proyecto de PCB y la reforma de la Ley de Radicación Industrial y de Residuos Especiales, además de las normas relacionadas con las emisiones gaseosas, los campos electromagnéticos y también la de los paisajes protegidos. Y, por primera vez, tenemos una Ley Provincial de Residuos Sólidos Urbanos que ha superado el decreto de la dictadura, el que creó el CEAMSE.
Por esta última, la Ley Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, la basura y su tratamiento integral se tornó un servicio esencial que tiende a la inclusión social, y sabemos que la misma ley le da libertad a los municipios en estos tres primeros meses para decidir si se quedan o se van del sistema regulado del CEAMSE.
Asimismo, para resolver este problema, que es de todos, cerramos en dos años Villa Domínico, que era el más antiguo y más grande relleno sanitario de Latinoamérica, y hoy es un parque todavía no abierto al público, pero con 700 hectáreas perfectamente arboladas, en donde hay un vivero que está adaptando especies, de forma de hacer de ese lugar un lugar absolutamente increíble, y donde se han venteado y se siguen venteando todos los gases emitidos por el relleno, por lo que ya no hay olor allí, ni aún en los días de mucho calor. Millones de personas, de bonaerenses que viven en el Conurbano Sur, van a tener allí uno de los grandes pulmones verdes, uno de los pocos pulmones verdes que tenemos en el Gran Buenos Aires.
Acuérdense que tenemos cinco o seis pulmones grandes: Campo de Mayo, los bosques de Ezeiza, el INTA de Castelar, el Parque Pereyra, y agregaremos ahora las 700 hectáreas de lo que era un relleno sanitario.
Invito a todos los legisladores y presentes a que vayan, pasen, entren y vean cómo puede quedar un relleno sanitario que fue mal hecho, que tuvo dos pisos de basura, que fue cerrado por promesa nuestra en enero de 2004 y que entonces fue arreglado en dos años y medio, aproximadamente.
Lo que quiero decir con esto es que un buen relleno sanitario, moderno, que tenga un solo estrato y que tenga la tecnología incorporada, hoy que no tiene nada que ver con aquella que se usó en Villa Domínico, si dura cuatro o cinco años, tiene un cierre muy efectivo y además garantiza que en el futuro allí pueda haber un parque, contra lo que la gente cree. La gente cree que basura es muerte, nadie quiere la basura, y yo entiendo esto como todos ustedes lo pueden entender: todo el mundo cree que ha sido elegido para recibir la basura del otro, pero nadie se preocupa dónde lleva su basura mientras es depositada en otro territorio, y nadie se preocupa demasiado si tiene un basural a cielo abierto lleno de ratas, lleno de focos de infección abiertos, que no es el caso del relleno sanitario, y que están absolutamente prohibidos; la gente no se preocupa si el basural es propio, del barrio, de mi casa o, peor aún, del distrito.
Si hay un relleno sanitario moderno y tecnológicamente bien hecho, con fecha de inicio y fecha de cierre y con compromiso de remediación posterior, no resulta insoportable si trae basura de algún vecino.
Esto puede comprenderse. Nosotros somos conductores -hombres políticos- y como tal podemos comprender esto, como comprendemos nuestra propia falencia y la de cualquiera.
Lo que no puede es justificarse porque, entonces, estaremos mintiéndonos todos y condenando en nuestra Provincia a los municipios del primer cordón y a varios municipios pertenecientes al segundo cordón del Conurbano, que no tienen absolutamente ningún lugar para depositar lo que quede de residuos finales, después del reciclado que se puede hacer en estos cinco años tal como establece la ley. Ellos no tienen dónde poner ese mínimo del 70 ciento de material que a va a quedar, según lo establece la ley en forma realista.
Hace falta una cultura solidaria, en la que no se diga que cada uno se haga cargo de su basura. Si cada uno se tiene que hacer cargo de su basura, es necesario que se haga cargo de su salud, de su policía y de todo, y de esta manera llegamos a abandonar las funciones provinciales.
Hay un factor de solidaridad que hace al sentido de unión y a la continuidad histórica de la Provincia. Esto es lo que le pido a todos que entiendan, más allá de creer que la gran mayoría de ustedes, si no todos, entienden de qué hablo.
No se trata tampoco de mirar hacia la ciudad de Buenos Aires, y decir qué culpa tenemos nosotros de la basura de esa ciudad. En la ciudad de Buenos Aires trabajan cuatro millones de bonaerenses que entran y salen todos los días contribuyendo con su trabajo allí a la generación de su producto bruto interno.
Como sabemos, en la ciudad de Buenos Aires se sellan contratos de negocios hechos en la Provincia, se atienden en sus hospitales miles y miles de personas del Conurbano que trabajan en la propia ciudad, como también se atienden en nuestros hospitales municipales y en nuestros 77 hospitales provinciales.
Si la ciudad quiere hacer discriminaciones, nosotros no podemos hacer lo mismo, dado que entramos y salimos de la Capital, no somos diferentes y no es otro territorio. Es el territorio vecino como es el caso de La Pampa, o como lo es un distrito vecino para el otro.
Si empezamos a acrecentar los localismos, a mentir, a decir cualquier cosa, a transformar lo que debe ser la ciencia o la ecología en religión, no vamos a tener destino, mientras todos vamos a seguir produciendo basura.
(Aplausos)
Estamos en un año electoral -se puede ver- y todos se acoplan cuando empieza el carnaval, pero nadie quiere llegar a la verdad. Cuando digo nadie, no se sientan incluidos, pero existen aquellos que agitan y agitan y dicen que queremos poner diez mil toneladas de basura en Brandsen.
Hoy entran doce mil toneladas diarias de basura al relleno sanitario norte del CEAMSE, de las quince mil que produce el Area Metropolitana Buenos Aires, es decir Capital más el Gran Buenos Aires y La Plata y los partidos que las circundan. De esta última cifra, doce mil entran al Buenos Aires Norte y alrededor de 2.200 entran todos los días en González Catán.
González Catán fue construida cuando a lo mejor no había mucha gente en sus alrededores -obviamente no voy a defender algo que hizo la dictadura y que no sé como fue- y hoy esa zona se encuentra rodeada de decenas de miles de personas que son de las más pobres que tiene el Conurbano, que no tienen agua potable ni cloacas y que, en muchos casos, no tienen calles ni trabajo.
La circunstancia de la entrada y salida cotidiana de camiones se hace muchísimo más grave en González Catán que en cualquier lugar rural de la provincia y, también, mucho más que en Ensenada. Todos los días paso por aquel lugar y lo veo.
En el caso del relleno sanitario de Ensenada, no se encuentra en medio de la ciudad. De vez en cuando perjudicará con sus olores -porque esta abierto y no ha sido cerrado- a la Villa del Plata o a algunos lugares cercanos a Punta Lara. Comprendemos que eso es así, y puede llegar por efecto del viento a Gonnet o a City Bell. Comprendemos que sea así, pero miremos lo primero. Yo voy a cerrar este año González Catán. (Aplausos).
En pocos días más todos los partidos, los distritos que ponen basura en González Catán, dejarán de ponerla en González Catán e irán a Buenos Aires Norte, quedará solamente La Matanza, pero a fin de año los que iban a La Matanza irán también a Buenos Aires Norte. Es un compromiso que asumo aquí, porque lo que más me interesa es el sufrimiento de la gente, por encima de los carteles, las horas o minutos de televisión y las falsas especulaciones que se hacen por ahí. (Aplausos).
Hemos firmado un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia para el cierre del relleno sanitario de Ensenada, pero no lo firmamos porque lo quisimos; lo firmamos porque perdimos en primera y en segunda instancia un increíble juicio. También hay demagogia en la Justicia, y es fácil quedar bien con un grupo de vecinos con una «banderita». Pero la Suprema Corte no puede decirnos dónde poner los residuos.
Entonces, con realismo -que celebramos y agradecemos- estableció que este relleno se va a cerrar en la medida que el CEAMSE consiga lugares que tengan impacto ambiental mínimo o positivo, o si quieren ustedes, el menor impacto ambiental posible, lo presente la Secretaría de Medio Ambiente y sean aprobados.
Sólo en este caso, si y sólo si eso ocurre, cerraremos Ensenada. En cambio, vamos a cerrar González Catán por las razones que les dije, para ser realista. Vamos a seguir buscando lugares para cerrar Ensenada, y acerca de la Suprema Corte, creo que tuvo una actitud realista frente al irrealismo de la primera y segunda instancia, sin que quede mal parada, y ha hecho bien en llamar a audiencia a las partes.
Vamos a tener que hacer algo como producto de una injerencia absurda, de esa primera y segunda instancia, por la corrección que hizo a tiempo la Suprema Corte de Justicia, pero que quede claro cómo se actuó aquí: se ordenó cerrar Ensenada por razones políticas, porque tiene todavía una enorme durabilidad respecto a cuánto tiene de relleno, y porque no está en una zona urbana. Decir lo demás sería mentir. Es muy fácil ponerse al frente de una protesta. Es mucho más difícil ser gobernador. Yo voy a seguir siendo gobernador hasta el último día.
(Aplausos).
Queridos legisladores, y ahora sí son más queridos después de los aplausos: en materia de turismo nuestro objetivo es multiplicar la visita de turistas extranjeros, para continuar con el crecimiento del turismo interno.
Hemos recibido 7 millones de turistas en nuestras costas. Esta temporada creció un 5 por ciento respecto de una enorme temporada como la anterior, mientras que la evolución del sector entre los años 2004 y 2007 es del 21 por ciento. El turismo aporta el 8 por ciento al PBI de la Provincia y un tercio de lo que la actividad aporta al PBI nacional.
Vamos a llamar a licitación pública nacional e internacional en dos meses más para la explotación del Complejo Hotel Provincial Casino de Mar del Plata. En pocos días más -ojalá sea así- haremos la apertura de sobres en un acto público, y determinaremos cuál es el mejor proyecto para la Provincia y para Mar del Plata, priorizando allí un centro de convenciones que será el más grande de la Provincia. Esto lo hacemos en conjunto con el aporte del municipio marplatense, que cede para ser licitadas las playas de estacionamiento que le corresponden y que están debajo de la plaza.
Quiero informar que el Instituto de Lotería y Casinos reguló y administró los juegos de azar en función del bienestar social. La evolución de esta política se mide a través de las transferencias de recursos para programas sociales.
Sólo voy a mencionar aquellos recursos que fueron a programas sociales. En el año2001, por todo concepto se transfirieron 180 millones de pesos, cifra que el año pasado fue de 960 millones de pesos. Luchamos de manera sostenida contra el juego ilegal o clandestino. Esta política fue acompañada desde la Honorable Legislatura con la sanción de la Ley sobre Prevención y Sanción del Juego Ilegal.
Nos decían que perseguir la quiniela clandestina era un error, por eso de simpático que tiene la quiniela, culturalmente hablando, que no niego. Pero el incremento que tenemos de ingreso por haber sancionado la ley que persigue eficazmente la quiniela ilegal, por el diseño que hizo Lotería, nos va a dar 100 millones de pesos más en el año 2007. Es decir, será simpática la quiniela y los quinieleros, pero son 100 millones de pesos más para gobernar, y para que gobierne quien me suceda. Y ven que no digo apellido alguno.
Señores representantes del pueblo de la provincia: en relación al trabajo, los objetivos de este gobierno son fomentar la creación del empleo genuino y reducir la informalidad laboral.
Aumentamos en un 65 por ciento las inspecciones en el marco del programa provincial de Erradicación del Trabajo No Registrado. Hay más trabajo, hay más control. En el Gran Buenos Aires, el porcentaje de trabajo «en negro» durante el primer trimestre de 2006 bajó más de 2 puntos respecto del mismo período del año anterior y, para nosotros eso es mucho.
En Mar del Plata y Batán esa cifra alcanzó los 9 puntos de diferencia. Allí nos metimos con todos los trabajadores del turismo, ya que había mucho trabajo «en negro». Ustedes saben que el trabajo «en negro» no lo discutíamos demasiado en el 2002, porque sólo queríamos trabajo, no discutíamos salarios ni condiciones, la gente sólo quería trabajo. Pero en una Argentina que se está reconstituyendo también hay que reconstruir la dignidad de las personas. Por eso el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el ministro nacional Tomada, se dedican en perfecta articulación a perseguir el trabajo «en negro» y también el trabajo «en gris», para detectar y sancionar los casos registrados en forma deficiente; en especial el relacionado con el abuso de la modalidad contractual del tiempo parcial.
La aplicación de los planes Bonus y Segunda Oportunidad -creados por el gobierno anterior cuando yo era vicegobernador-, significaron el instrumento de inserción laboral más elevado entre los programas implementados dentro del ámbito provincial. El 80 por ciento de los beneficiarios de estos planes obtuvo, al final de la capacitación recibida, un puesto genuino de trabajo. En el ejercicio 2006 los puestos de empleo generados equivalen a la creación de ocho fábricas por mes, con cincuenta puestos nuevos de trabajo cada uno.
Como ya dijimos, creamos la ley que regula la negociación colectiva en la Administración Pública Provincial. En el ámbito general, se obtuvieron todos los acuerdos salariales del período 2006, y se proyectaron cinco leyes relacionadas a la regulación de la carrera administrativa.
Contamos con la ley que rige las negociaciones colectivas en el sector docente -aunque parece que los gremios docentes no se dieron cuenta-, conformamos un ámbito de representación gremial para el nivel general, y se determinaron las comisiones permanentes de trabajo. Proyectamos, además, una ley que regulará las paritarias del sector judicial, con el que estamos en deuda por eso.
Honorable Asamblea, señores legisladores: un aspecto clave de nuestra política sanitaria es poner al paciente en el centro del sistema de salud.
Logramos reducir la tasa de mortalidad infantil. Realizamos operativos deprevención y control. Incorporamos dos mil promotores comunitarios. Reconstruimos las redes barriales, y mejoramos así los índices de muertes evitables de menores de un año con respecto al 2005. Nuestras estadísticas indican que la tasa de mortalidad seguirá en descenso.
Desde el Sistema Local Integrado de Salud garantizamos la atención primaria a través de la red de unidades sanitarias de los municipios. En este contexto, licitaremos en este año la construcción y el equipamiento de nuevos centros de salud municipales por un total de 23 millones de pesos.
Queremos tres cosas en salud: que cada persona se sienta incluida, que no tenga que empezar de nuevo cada vez que necesita atención médica en un hospital o en una salita y que pueda acceder a un turno con celeridad.
Seguiremos ampliando el plan Consultorio en el Barrio, para vecinos sin obra social, hasta convertirlo en un seguro público de salud, porque todavía no llega a serlo. Los vecinos recibirán todos los beneficios en forma personalizada, a través de 900 médicos de cabecera, atención odontológica y laboratorio de todas las especialidades, muy cerca de sus hogares.
Aumentamos las prestaciones destinadas a los niños menores de seis años y las mujeres embarazadas.
Para perfeccionar todo este sistema, comenzamos a realizar la atención nominalizada del paciente, quien no debe ser un número, debe ser un nombre y un apellido, una persona, mediante un mapeo sanitario digital que permita identificar población en riesgo y adelantar la respuesta del equipo de salud del barrio.
La recomposición del rubro enfermería ha jugado un rol protagónico; es inevitable pensar en Eva Perón y en la Escuela de Enfermería. Se incorporaron 1.000 enfermeras, y 390 licenciados en enfermería pasaron a la Carrera Profesional Hospitalaria, que antes no estaban incluidos porque solo estaban los médicos, gracias a la ley aprobada por esta Honorable Legislatura. Por primera vez, en la historia de nuestra Provincia, un licenciado de enfermería hoy es director de un hospital, en Almirante Brown.
La Provincia es el principal productor público del país de medicamentos, sueros y vacunas. El Laboratorio Central de Salud Pública logró la certificación de normas de buena producción y manufactura, algo exigido por la Administración Nacional de Medicamentos.
Nuestro gobierno ha triplicado el presupuesto para el programa de VIH-SIDA para el 2007. Este año vamos a fortalecerlo mediante campañas de testeo de prevención voluntario. Hemos decidido encarar una reforma psiquiátrica, pero no en el gobierno sino en general, que busca devolver al enfermo mental la dignidad, el respeto y la capacidad para reinsertarse socialmente, a lo cual tiene pleno derecho.
Hace muy poco tiempo estuve en Open Door, en la colonia Cabré, y allí hablando con su director me dijo que había alrededor de 1064 o una cifra parecida de internos. Más o menos 750 están por ser pobres; es decir que están porque hace mucho que están y están porque nadie los va a buscar, y están porque no tienen dónde ir si salen. Se suma todo: el tiempo que llevan, la soledad, el acostumbramiento a la soledad o a esa forma de vida y no tener parientes o al menos parientes interesados en ellos. Es decir que no son locos, son pobres y solos, que es una buena manera de volverse loco.
El resto sí está por razones psiquiátricas. Esto es decir que no deberíamos tener una colonia Cabré, sino descentralizar absolutamente el servicio, y mantener a cada uno de ellos -cosa que se puede hacer y que estamos haciendo- en una pensión, con libertad ambulatoria, dándole una ocupación o un subsidio para que viva, y que su vida transcurra en libertad y no allí adentro.
Obviamente quedarían allí 300 personas, aproximadamente, que deben estar internadas porque tienen adicciones o se trata de pacientes geriátricos, que son la mayoría. Pero en este momento cada paciente que llega a colonia Cabré es inmediatamente externado, pero esto no quiere decir que se lo larga a la calle. El director obtiene y le da una beca, se le consigue ubicación y se le da atención para cuando quiera volver, pero no se queda a vivir en colonia Cabré. Los que sí se admiten allí son los pacientes graves, los adictos o los pacientes geriátricos, viejitos que no pueden vivir solos.
Profundizamos los mecanismos de externación, como dije, a través de 26 casas de convivencia que funcionan en torno a los cuatro neuropsiquiátricos provinciales. Allí han recuperado su libertad personas que no tenían motivos para seguir encerradas. Entendemos que no hay motivos para que la mayoría de las internaciones en salud mental sean prolongadas o crónicas.
Desde el inicio de esta gestión la atención a las adicciones ocupa un lugar central en la agenda de gobierno, y cada municipio ya cuenta con un Centro de Prevención a las Adicciones. Estos centros constituyen la red pública especializada más importante del país. Creció, entre 2002 y 2006, de 123 a 185 centros. Se asisten unas 13 mil personas en forma permanente, y pasaron más de 30 mil pacientes el año pasado, sólo si medimos el año 2006. Colaboran no solamente especialistas, médicos, asistentes sociales, licenciados en adicciones, etcétera, sino también padres y madres de adictos y ex adictos. Los ex adictos son los mejores colaboradores, cuando se entregan de lleno a rescatar a aquellos que están en el infierno en el que estuvieron ellos.
Créanme, este es el principal objetivo de estos centros de atención: quien tiene un hijo, un hermano o un familiar con problemas de adicción, puede ir allí, en primer lugar para ser atendido, escuchado y contenido, y en segundo lugar para integrar un espacio en donde pueda contar lo que le pasa y recibir consejos, apoyo y contención de otros que han estado en la misma situación; es decir, salir de la soledad, de la situación de cualquier padre o madre que se encuentre con un caso así en su casa, porque le puede pasar a cualquiera y en cualquier clase social.
Para eso hemos creado los 185 centros, que van creciendo gradualmente, precisamente para que sepan dónde recurrir. Allí puede empezar lo que puede ser una curación o un fracaso, pero siempre hay una atención, un tratamiento para que el que llega con un problema. El porcentaje de cura completa no es el más alto, porque cuando se llega allí se llega ya con una situación muy grave. Pero si se llega a tiempo, el centro funciona a la perfección. El centro de la cuestión es la contención humana, la experiencia y el apoyo que se trasmite.
Fue este gobierno el que durante el 2002 instaló a nivel nacional el alerta sobre la aparición del «Paco», la pasta base de cocaína, que hace estragos en nuestros barrios más carenciados. Nuestra política en materia de prevención y atención del consumo de drogas se reorientó a trabajar casi exclusivamente sobre este fenómeno.
Existen muchas drogas pero ninguna es tan nociva como el «Paco». Los logros en la lucha contra la droga hay que calificarlos, no hay que sumarlos solamente. Hay que calificarlos, cualificarlos, si esos logros en la lucha contra el «Paco» son avances concretos en la lucha contra la droga. Los demás son avances parciales o de un día, y me refiero a las demás cuestiones, como las pastillas que se toman en los festivales de música.
Se puede hacer una inspección un día, se puede descubrir una gran cantidad de adictos, pero en el próximo festival de música, en otro lugar, en otra Provincia, va a volver a ocurrir. En cambio, la lucha contra el «Paco» es una lucha en la que hay que sacar a alguien definitivamente de eso.
Sabemos que el alcohol es una sustancia de inicio, que moldea conductas de abuso. La Provincia estableció un sistema de control de la oferta de bebidas alcohólicas, que es pionero en la Argentina.
Cada vez es más difícil, aunque no van las cosas como si estuviéramos en un país totalmente avanzado, pero se hace cada vez más difícil vender alcohol a la vista de todos si no se tiene licencia.
Pretendemos que sea tan difícil que no se pueda hacer el día de mañana. Por eso hay que seguir con el control y no bajar los brazos frente a la información que muchas veces se da del alcoholismo, sobre todo en adolescentes, más que en jóvenes.
Un equipo especializado de inspectores controla el cumplimiento de las nuevas normas, y se han entregado alcoholímetros a 35 municipios, que también tienen poder de policía.
Estas y otras medidas posibilitaron una reducción del 27 por ciento en el consumo total de alcohol en menores, según el último informe de la SEDRONAR para la provincia de Buenos Aires.
Durante el 2006 se instaló un debate en la Argentina sobre la despenalización del aborto. Recuerden el lamentable caso de la chiquita discapacitada que fue violada y en el que la demora judicial impidió a los médicos de un hospital provincial intervenir ajustados a derecho. Sabemos que cada año llegan a los hospitales públicos de nuestra Provincia cerca de 25 mil mujeres a terminar un aborto que iniciaron en forma casera.
Desconocemos cuántas otras se los realizan en la clandestinidad, con el agravante de que ésta es la principal causa de muerte materna. La posición de mi gobierno es actuar en esta cuestión, y vamos a seguir llevando adelante políticas de género en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en especial de la mujer. (Aplausos.)
De la misma manera que no creemos que sea la única posición posible, respetamos las posiciones que desde lo religioso y desde lo ético se pueden tener en la misma cuestión. Simplemente gobernamos y llevamos adelante esta política porque creemos que es prioritaria frente al estado de cosas que la realidad nos impone.
El Instituto de Obra Médico Asistencial bonaerense reafirmó el modelo solidario de atención. IOMA anda bien. Continuó creciendo en términos de servicios, financiamiento y beneficiarios. Sus recursos crecieron en un 141 por ciento con respecto al 2002.
Desde aquí se dio respuesta en este período a viejas demandas, como la incorporación al sistema de esposos y convivientes. Y en el último año atendimos a 100.000 beneficiarios del programa nacional PROFE, hombres y mujeres que reciben pensiones no contributivas. Lo hicimos a través de un convenio con la Nación.
Se elevó la cobertura de medicamentos ambulatorios al 70 por ciento, y se incorporó un programa de psicoterapia individual. El IOMA ha sido pionero en reconocer la obesidad como enfermedad e incorporar múltiples tratamientos para atenderla. Hemos trabajado en medicina de vanguardia, con la instalación del Servicio de Transplante de Intestino en la Fundación Favaloro.
Honorable Asamblea Legislativa: a fin de garantizar el derecho a la educación y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, durante nuestra gestión implementamos el Plan 2004-2007, acompañado de un enorme esfuerzo presupuestario.
En el 2006 el presupuesto del sistema educativo superó el 35 por ciento del presupuesto general de la Provincia. La inversión total prevista para el 2007 en educación, ciencia y cultura está por encima de los 10.000 millones de pesos.
Nuestro objetivo es la ampliación gradual del nivel inicial, desde los 45 días a los 5 años. Queremos generar las condiciones que aseguren alcanzar la obligatoriedad de concurrencia de los niños a las salas de 4 y 5 años más adelante. (Aplausos.)
Quisimos y pudimos orientar la Educación Primaria Básica hacia la inclusión con aprendizaje, la mejora de la enseñanza y el fortalecimiento de los equipos directivos.
Esta Provincia ha sido pionera en implementar la nueva escuela secundaria, que comienza -si Dios quiere- el 5 de marzo. Así lo establece para todo el país la ley de educación nacional. Está organizada como un ciclo obligatorio de 6 años, atendiendo a la formación de ciudadanos plenos, capacitados para el ingreso al mundo productivo y a la universidad.
Instrumentamos el programa Educación para Todos, que posibilita a personas de más de 15 años la finalización de la escuela primaria en sus propios barrios. Este programa de educación popular es articulado con el programa de alfabetización inicial que lleva adelante la Nación.
Se creó la Universidad Pedagógica, con el objetivo de la formación docente, humanística, técnica, profesional y científica esté en el más alto nivel. En 2006, logramos la meta propuesta inicialmente, de capacitar a 98.000 docentes mediante programas en todos los niveles del sistema.
Los maestros y profesores merecen justas remuneraciones y mejores condiciones de trabajo. Mucho hemos logrado hasta hoy. El gobierno provincial y los gremios docentes han conseguido un espacio institucional de acuerdos, la ley de paritarias, para adecuar el régimen laboral a los cambios que demanda el sistema educativo.
Es por esta razón que no entendemos la respuesta que hace unas horas hemos obtenido de los dos gremios más importantes de la educación, y no la entendemos porque les hemos ofrecido un aumento que no puede ser nunca menor, garantizado, para cada bolsillo docente, de 200 pesos, y que alcanza, en el caso de una directora de primera, a los 500 pesos de aumento de bolsillo; este aumento, de 200 a 500 pesos, respeta, entonces, la carrera docente y respeta a la vez la pirámide, no permitiendo que se achate. Les hemos garantizado el piso salarial que anunciara el gobierno nacional de 1.040 pesos, y les hemos ofrecido un aumento que finalmente, es del 25 por ciento.
A esta altura, señores legisladores, compañeras, amigos, adversarios, ¿no es el 25 por ciento un aumento importante para salarios que ya venían subiendo por encima de la inflación? ¿Quién esperaba una oferta del 25 por ciento de aumento de salarios en algún lugar de la Provincia? Es lo que hemos hecho en educación, y el resultado tiene que ser que comiencen las clases, porque la Provincia hace un enorme esfuerzo y cumple con lo pactado con la Nación para hacer esto. Sin embargo, por razones que no conocemos, y que prefiero asociar a que estamos en un año político o a la debilidad dirigencial, la respuesta fue, al poco rato, que las asambleas habían dicho que iban a hacer una semana de paro o dos días de paro.
Millones de pibes de la provincia de Buenos Aires no merecen este trato, esta vergüenza de ir al paro cuando se les ofrece un aumento de bolsillo del 25 por ciento.
(Aplausos).
Puedo asegurarles que el aumento es inusitado, que hay un aumento del básico pedido por ellos de 105 pesos en dos cuotas, y que desde el primer día se arranca con 200 pesos de bolsillo garantizados, por medio del básico, por medio de 100 pesos que van directamente al bolsillo, para todos desde el 1° de marzo.
Puedo asegurarles también que las respuestas que se nos dan no son serias. Se nos dice «hay un ‘grupito` atrás que no nos deja, hay un ‘grupito` de la asamblea que nos dice que no». ¿Desde cuando un «grupito» puede influir en millones y millones de padres que tienen que mandar sus hijos a la escuela? Somos comandados por «grupitos»; ese es el problema.
(Aplausos).
Por eso, hace un rato dije que ustedes votaron la ley de paritarias que nosotros propusimos para tener un canal concreto con los dos grandes principales gremios. Tengo que decirles, con la mano en el corazón, que me arrepiento de haberles pedido que votaran esa ley, porque si no entienden cuál es la responsabilidad de trabajar en una paritaria, entonces, ¿para qué hacen una ley especial que nos costó dolores de cabeza, peleas entre nosotros y discusiones con otros gremios que aspiraban a estar allí?
Esto es así, y prefiero equivocarme y decírselo a ustedes que mirar para otro lado cuando tenemos esa respuesta que nos avergüenza por parte de los gremios docentes. (Aplausos).
Con respecto al área de educación y trabajo, a la Agencia de Acreditación de Saberes Laborales puede llegar cualquier plomero, electricista, pintor, masajista o lo que fuera diciendo: «He realizado estudios en diversos momentos durante mi vida laboral, no he completado nunca ninguno, y eso es clásico, pero sé hacer lo que tengo que hacer; necesito que alguien avale lo que sé hacer». Para eso está el Estado, para eso está la Agencia de Acreditación de Saberes Laborales, para entregarle el título a quien no lo tiene, pero tiene la empiria y la experiencia de haber trabajado durante muchos años y, sin embargo, nunca tiene currículum, nunca puede decir qué hizo y quién lo respalda. Lo va a respaldar el Estado, lo está respaldando ya, y esto tiene que ocurrir de una manera masiva en todo el país para calificar a millones de trabajadores que tienen una gran capacidad en teoría cuando hablamos de ellos, que triunfarían en el exterior si se llegan a ir, pero acá se les exige el título que no tienen. Y esto es fundamental para aumentar la calificación de aquellos que se presentan a pedir trabajo.
Con el mismo objetivo vamos a invertir, además, 65 millones de pesos para seguir mejorando las escuelas técnicas y las escuelas agrarias. 65 millones de pesos de inversión en un sector de la educación es mucha plata, aunque yo he citado ya demasiados millones por todos lados. Pero es mucha plata, y coincidimos plenamente con el gobierno nacional en que enfocar la enseñanza media, técnica y agraria es hoy un objetivo impostergable frente a la necesidad de tener mayor oferta de empleo calificada, y es perentorio en nuestro país en este momento.
El gabinete social lleva adelante programas de salud, garantiza el servicio alimentario y provee de becas, útiles, guardapolvos, mobiliario y equipamiento pedagógico. Esta política tiene algunas cifras auspiciosas. Mientras que en el año 2004 teníamos 50.275 niños en edad preescolar que estaban fuera del sistema educativo, en el 2006 tuvimos 19.500 niños en esa situación. El índice bajó en dos años del 19,3 por ciento al 8,14 por ciento del total de los niños. Significa que, en este nivel, se incorporaron más de 30 mil alumnos entre el año 2004 y 2006. También disminuyó la tasa de sobreedad en el nivel de entre cuarto y sexto año de la Educación Primaria Básica, es decir que repiten menos.
Las acciones de apoyo a la escolaridad son numerosas. Entregamos 200 mil guardapolvos y vamos a mantener la inversión en el 2007 y dos millones de «kits» de útiles escolares. Invertimos 12 millones de pesos en el Fondo Escuela para que los directores tengan a mano la plata necesaria para pequeños arreglos y no necesiten recurrir ni al Consejo Escolar ni mucho menos a la Provincia, y prevemos un monto similar para este año.
Tres mil adolescentes y jóvenes participaron del programa Patios Abiertos los días sábados en el 2006. Mantuvimos el servicio alimentario escolar con 350 millones de pesos, provenientes del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.
Destinamos más de cinco millones y medio de pesos en equipamiento escolar, en computadoras y laboratorios. Fabricamos mobiliario sólo en el 2006 para 5.700 aulas. Prevemos duplicar la fabricación de mobiliario en el 2007, dada la demanda.
Con una inversión de 20 millones, distribuimos 3.400.000 libros, a un promedio de cuatro libros por alumno de la secundaria básica; los manuales, que ustedes conocen y que hace dos años que estamos entregando. Este año vamos a destinar otros 20 millones para la edición y distribución de igual cantidad de textos, cuyos contenidos han sido elaborados por especialistas que resultaron ganadores del concurso realizado por la Dirección General de Escuelas.
Además, hemos comprado 500 mil libros para equipar las bibliotecas escolares, que serán distribuidos en el 2007.
Como resultado del proceso de descentralización, los consejos escolares de cada distrito disponen de fondos y de asistencia técnica para atender tareas de emergencia y mantenimiento de los edificios escolares. Esto es aparte del Fondo Escuela, obviamente. No puede haber reforma educativa si no es acompañada de una transformación administrativa eficaz. Por esa razón se concursaron y cubrieron los cargos de secretarios técnico-administrativos en 39 consejos escolares, cuya función es brindar asesoramiento en la administración de los recursos.
Tenemos prevista una segunda etapa de concursos a fin de designar los restantes secretarios técnicos para toda la Provincia, es decir para los 134 distritos que, en este caso, serán asignados a los consejos escolares de distritos que tengan entre 10 mil y 80 mil habitantes.
Los consejos escolares reciben en forma directa el 25 por ciento de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos con un Fondo Compensador para el Mantenimiento y el Mejoramiento de la Infraestructura Escolar. Durante el 2006 se transfirieron 53 millones de pesos. El Fondo Escuela está previsto para reparaciones menores. En el 2006 transferimos a las asociaciones cooperadoras los 12 millones que mencioné, y comprometemos para este año el 40 por ciento del Fondo Compensador.
El plan de obras tuvo durante el año 2006 una inversión de 207 millones de pesos en escuelas, 56 millones de ellos en escuelas técnicas y agrarias. En el año 2007, tendrá una inversión inicial de casi 240 millones de pesos. La misma contempla construcciones, reemplazos de edificios, ampliaciones y refacciones en 636 escuelas.
El año pasado hubo un debate nacional en torno a la nueva Ley de Educación. La provincia de Buenos Aires llevó adelante una consulta que involucró a más de tres millones y medio de bonaerenses, entre docentes, alumnos, padres, representantes del gobierno provincial, gremios, representantes de cultos, legisladores y organizaciones civiles. Como resultado, hemos presentado documentos de consenso ante las autoridades nacionales que constituyeron un aporte básico para la redacción de la nueva ley.
Honorable Asamblea: trabajamos en la regulación del deporte infantil como actividad federada. Es una necesidad de esta Provincia, que sólo en fútbol tiene casi 500 mil niños entre cuatro y doce años.
Los Torneos Bonaerenses, tanto los juveniles como el de los abuelos, contaron con la participación de los 134 municipios. El compromiso provincial con el deporte puede verse en una concurrencia que pasó de 700 mil en 2004 a 1.300.000 en el último torneo.
El Instituto Cultural de la provincia organizó el Primer Congreso Argentino de Cultura, un hecho sin precedentes, que reunió a más de dos mil participantes de todo el país, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.
La Comedia de la Provincia reanudó sus funciones. Cumplimos con la programación regular del Teatro Argentino de La Plata. Miles de personas recorrieron las 12 muestras plásticas itinerantes que integran la colección del Museo Provincial de Bellas Artes. Realizamos el Tercer Encuentro Provincial de Integración por el Arte, en Mar del Plata, del que participaron 3.800 chicos con capacidades diferentes. El Tren Cultural cumplió 14 viajes en el año 2006, ofreciendo espectáculos a cien mil bonaerenses. Y continuamos invirtiendo en la reparación de los edificios de alto valor patrimonial en toda la Provincia.
Con el fin de difundir nuestro cine nacional, entregamos equipos móviles a los municipios, con la colaboración del Instituto Nacional de Cinematografía, y continuamos llevando nuestras proyecciones a todo el territorio bonaerense.
Este año la gestión cultural se caracterizará por el fomento de los emprendimientos culturales productivos y el apoyo a las industrias creativas, básicamente, las del libro, el disco y las artes audiovisuales, como generadores de desarrollo local y de inclusión social. Allí, donde el Estado promueve la cultura, van las inversiones más modernas. Esto ocurre en todo el mundo y allí es donde se tiene en cuenta al hombre y a su contorno. Los empresarios del mundo son atraídos hoy por el prestigio de la cultura. «Si quieres inversiones, desarrolla la cultura», me dijo el jefe de la cadena editorial más importante de América Latina en Madrid, el año pasado. Y creo que tenía razón. Si hoy hay algo que está promoviendo puestos de trabajo y generando inversiones y atracción de la gente es el desarrollo de la cultura, hecha desde el Estado y desde el sector privado. Y nosotros tenemos demasiados lugares que no están atendidos - ni lo estarán - por el sector privado en la provincia de Buenos Aires. Por eso, la inversión en cultura es absolutamente moderna y estratégica. No es ya algo adicional a la educación, es el centro de atracción.
Desde 2002 estimulamos la investigación científica. Reabrimos la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, con el ingreso de 27 nuevos científicos y realizamos concursos para asignar más de 250 becas doctorales, de entrenamiento y capacitación.
Amigos legisladores: hemos orientado las políticas de desarrollo humano a generar oportunidades de inclusión social. Con ese propósito consolidamos la promoción de la seguridad alimentaria para que las familias bonaerenses de escasos recursos tuvieran acceso a una dieta equilibrada y digna.
Casi un millón de personas, entre niños menores de seis años y mujeres embarazadas o en período de lactancia bajo condiciones de vulnerabilidad, tienen garantizada una atención integral en alimentación, salud y educación a través del Plan Más Vida, de nuestras manzaneras y comadres. Durante 2006 destinamos 380 millones de pesos, un 13 por ciento más que el año anterior.
Ejecutamos el Servicio Alimentario Familiar para 25 mil familias con necesidades básicas insatisfechas en municipios del interior, y atendemos a 80 mil chicos en las Unidades de Desarrollo Infantil, en las U.D.I. Tenemos más de 1.500 Centros Integrales, Casas del Niño y jardines maternales.
A partir de este mes, 65 mil beneficiarios del Plan Barrios Bonaerenses de nuestro plan de desempleo cobrarán su ayuda económica mediante tarjetas de la Red Link. Otros 65 mil adultos mayores en situación de vulnerabilidad social podrán acceder a su jubilación, gracias al convenio que suscribimos con el ANSES y a la decisión del presidente Kirchner de hacer que sean cada vez menos aquellos que no tienen ninguna clase de cobertura. Se ha abierto el ANSES a todos: a los que tuvieron durante mucho tiempo aportes y a los que no los han tenido.
Esta es una actitud de realismo en un Estado que, como el nacional, tiene un fuerte superávit y fuertes reservas. La provincia de Buenos Aires está aprovechando, mediante convenios, esta excelente decisión nacional que quiero destacar. De 150 pesos mensuales que perciben hoy quienes están en el Plan Barrios o los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, hoy pasarán a cobrar 450 pesos y tendrán cobertura social.
(Aplausos).
El plan «El Trabajo Dignifica» llega a 250 mil bonaerenses que han consolidado o recuperado sus puestos de trabajo por medio de iniciativas que aportan al desarrollo local con inclusión. La Provincia destina 38 millones de pesos para financiar estos proyectos.
Con el plan «Volver» buscamos revertir el despoblamiento en las localidades del interior.
Planificamos políticas de participación y revalorizamos las tradiciones locales en pequeños pueblos de General Alvarado, San Pedro, Benito Juárez, Rojas, Coronel Pringles, Puán, General Villegas y Pergamino, en los cuales hemos invertido casi 3 millones de pesos durante el año pasado. Esto tiene un valor piloto –lo admito- pero es muy atractivo para todos, y los periodistas ponen su ojo allí, en el plan «Volver». ¿Por qué? Porque es una de las experiencias más enriquecedoras que hay para el futuro, para elaborar políticas demográficas, que deberemos tener en la provincia de Buenos Aires en los próximos diez años, con seguridad.
El financiamiento de microcréditos y emprendimientos asociativos ha llegado a 20 mil pequeños productores. Son 14 millones aportados por el gobierno provincial, el BAPRO y el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia, destinados a fortalecer el capital social de los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto «Adolescentes», creado por el doctor Juan Pablo Cafiero, en mi gobierno, incluye a 30 mil jóvenes en situación de riesgo social. Es decir: les da qué hacer, atención y contención a 30 mil jóvenes. Quisiéramos que fueran 100 mil algún día. Sus iniciativas culturales, educativas, deportivas o solidarias son evaluadas y seleccionadas por puntaje, y los ganadores obtienen por un año un aporte mensual de 150 pesos, además de alimentos y un «kit» de herramientas.
En 2006 se destinaron 50 millones a este proyecto, y a partir de 2007 estas becas se pagarán a través de tarjetas magnéticas, con el fin de que la gestión del cobro sea más transparente.
El crecimiento económico es fundamental, pero a decenas de miles de bonaerenses no les alcanza, por lo que el Estado debe estar presente hoy y seguramente durante algunosaños más. Y si el Estado es solidario, podrá tener autoridad moral con la comunidad, y exigir también a la comunidad que tenga actitud solidaria. Pero para eso el primero que debe ser solidario es el Estado.
Señores legisladores: la ley que creó el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño prevé la instalación en todos los municipios de Servicios Locales de Promoción y Protección. En el 2006 logramos la adhesión de 90 municipios. Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo se construirán ocho de estos servicios en el interior y dieciséis en el Conurbano, una zona crítica en donde se agregarán veintitrés sedes de Servicios Locales.
Construimos cuatro establecimientos en el área de Minoridad. Son los Centros de Referencia de Mar del Plata y Avellaneda, el Centro de Recepción Malvinas Argentinas y el Instituto Socioeducativo de Mar del Plata.
Junto al gobierno nacional y los municipios cambiamos las características de los planes sociales para que el Estado sea más eficiente. Veinte mil familias beneficiarias del plan «Jefas y Jefes» optaron por el plan «Familias por la Inclusión». Esta nueva modalidad de asistencia permite controlar la salud y escolaridad de los niños y garantiza una transferencia de ingresos variable según la cantidad de hijos a cargo.
Con el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales hemos aportado a la gestión de los municipios. Descentralizamos 108 millones en el 2006, un 6.4 por ciento más que el año anterior, y entregamos subsidios por más de 10 millones, que fueron recibidos por instituciones y particulares en situación de vulnerabilidad y en la mayor parte de los casos, entregados por los señores intendentes.
Para una mejor atención de nuestros jubilados abrimos delegaciones en Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás. Para este año proyectamos hacerlo en La Matanza, Trenque Lauquen y Olavarría, donde se podrán realizar los trámites que anteriormente sólo se efectuaban en La Plata.
Implementamos programas de pago automático de beneficios previsionales. El subsidio por fallecimiento se obtiene ahora en 10 días. Y el de pensión derivada por fallecimiento de jubilados se cobra en el acto. Establecimos la jubilación automática para agentes del Servicio Penitenciario y para los docentes de la Provincia, permitiendo que el trámite jubilatorio se inicie antes de la fecha efectiva del cese de funciones. Esto hace que el agente cobre su primer haber en el mismo momento en que deja de prestar sus servicios.
(Aplausos)
La contracción del gasto en el Instituto de Previsión Social ha sido notorio. Se persiguió la evasión previsional y se eliminó el fraude en el otorgamiento de beneficios, que era cuantioso. Todo esto, sumado a las políticas salariales desempeñadas por nuestro gobierno, hizo posible que el Instituto de Previsión Social obtenga un superávit superior a los 400 millones de pesos.
Honorable Asamblea: la participación de la comunidad en la seguridad de la Provincia es un principio fundamental de nuestra gestión. Le hemos dado apoyo incondicional a los Foros Vecinales y a los Foros Municipales. Hoy contamos en todo el territorio provincial con 9.800 organizaciones comunitarias y sectoriales, participando en los 413 foros de seguridad.
Los mapas de prevención comunitaria fueron elaborados por los propios foros y vecinos bonaerenses. Tienen una importancia vital porque contribuyen a blanquear la llamada cifra negra del delito. A través de ellos se pudieron detectar conflictos que la comunidad señalaba como indicadores de inseguridad. El menú de conflictos incluía delitos comunes, de loscuales un 80 por ciento no se denunciaban por diversas razones: conflictos generados en los espacios públicos inseguros o abandonados, y aquellos de carácter social vinculados con violencia familiar, consumo indebido de drogas, disturbios y menores en riesgo. No se denunciaban, ahora se denuncian.
Con el programa Respuesta Múltiple para la Prevención Comunitaria de la Violencia nos ocupamos de jóvenes en conflicto con la ley penal. Nos proponemos bajar el índice de jóvenes en el circuito delictivo, para lo cual investigamos el ingreso de niños y adolescentes en comisarías de la Provincia.
Con este diagnóstico se pudo orientar la oferta del programa hacia aquellas poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad y ofrecer financiamiento a proyectos de inclusión juvenil. En el año 2004 tuvimos 12 proyectos para capacitación de oficios, cultura, deporte y promoción de derechos. En diciembre de 2006 teníamos 1200 proyectos.
Para este año vamos a darle cobertura social a 18 mil jóvenes a través del programa de Respuestas Múltiples y vamos a desarrollar el programa de desarme, en sintonía con la campaña nacional. Me refiero, obviamente, a jóvenes de lugares especialmente definidos en la Provincia como los de mayor gravedad en cuanto a la participación en hechos de violencia importante.
Para el año 2007 se prevé la formación de 1170 oficiales pertenecientes a la Policía Buenos Aires 2, crear la Escuela de Formación Básica de esa policía y la instrumentación de cursos de capacitación.
Hemos desarrollado un plan integral de formación profesional, con ofertas de capacitación para la carrera policial. Implementaremos con la Dirección General de Escuelas un programa para que los efectivos del servicio puedan terminar sus estudios de nivel medio. Lo mismo haremos con el personal que no posea el título de técnico superior en Seguridad Pública, que le exigimos a todos hoy para ascender en el escalafón.
Gestionaremos el Legajo Académico Único, con el cual habrá un registro informático de formación académica y profesional. Implementaremos nuevas Tecnicaturas Superiores en Especialidades Policiales, y se continuarán los intercambios con centros de formación extranjeros, entre ellos la Universidad de Barcelona.
Vamos a descentralizar la formación policial con la puesta en marcha de seis escuelas de Formación Básica Policial, que van a ampliar la capacidad académica instalada en el Area Pereyra Iraola y a iniciar actividades en once nuevos centros de entrenamiento a los que asistirá la totalidad del plantel policial. Recuerden la queja cotidiana y permanente sobre la falta de entrenamiento de todo el personal en forma rigurosa, obligatoria y con una frecuencia establecida previamente. Por eso queremos once nuevos centros de entrenamiento, que van a ser independientes del grado o jerarquía. Se van a tener que entrenar desde el más humilde, desde el que está más abajo en la carrera, hasta el que está más arriba.
Vamos a abrir cuatro nuevas sedes descentralizadas del Centro de Altos Estudios Especializados Policiales, y una Escuela de Investigaciones, a la que asistirán 400 aspirantes.
Coincidirán conmigo en que para dilucidar casos, que muchas veces son muy complejos, y nos piden esto los intendentes que dirigen las policías comunales, los jefes distritales, y los intendentes también, se hace necesario tener un cuerpo de investigadores muy superior en cantidad, aunque lo que tenemos son buenos en calidad, pero tieneque haber mayor cantidad de investigadores en la Provincia de Buenos Aires para este nivel de delito y para la complejidad de algunos delitos y para la velocidad de resolución que es demandada por el pueblo.
Estamos dando una respuesta institucional a la violencia familiar. Tenemos ya 19 comisarías de la Mujer y la Familia. Proyectamos que en cada una de estas comisarías haya planteles profesionales de efectivos de seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Inauguramos 5 establecimientos en Trenque Lauquen, Pehuajó, Moreno, Hurlingham y Luján. En 2007 vamos a crear 20, con lo que a fines de este período tendremos 39 Comisarías de la Mujer a lo largo del territorio bonaerense.
Durante el año 2006, se realizaron inspecciones a comisarías y tareas de investigación en diferentes jurisdicciones de la provincia para la detección y sanción de hechos graves de corrupción policial.
Si nosotros no hiciéramos estas rutinas tendríamos inmediatamente cambios negativos en la fuerza, es decir no basta con decir lo que uno hace o va a hacer, sino que tiene que mantener una rutina de control y hacer que la misma crezca. Esto ocurre para todo el Estado, pero es mucho más sensible en el caso de nuestra policía.
En esta nueva situación institucional, los agentes de la policía bonaerense están obligados a presentar una declaración jurada sobre los teléfonos móviles y los automóviles que utilicen, tanto en cumplimiento de las tareas de servicios como en su vida personal.
Con la implementación de patrones más severos aplicados en 2006, el promedio anual histórico de sanciones impuestas por el suprimido Tribunal de Etica, se multiplicó casi diez veces. En el año 2006 se separaron definitivamente de la fuerza 673 efectivos, mediante la aplicación de exoneraciones, cesantías y separación de retiro.
Un organismo compuesto por abogados especializados investigó hechos de apremios ilegales y violencia doméstica. Pudimos sancionar inmediatamente a sus responsables, pero al mismo tiempo pudimos también asistir a las familias de los policías sumariados.
Se destinaron durante el año 2006 67 millones de pesos a la compra de vehículos, armamento y elementos de protección personal. Este gobierno se ha encargado de descentralizar y desconcentrar el mando de la fuerza policial. Hemos controlado los cuadros que componen la institución, para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas y castigar los actos contrarios a las normas.
Jerarquizamos la labor policial, en virtud de los méritos de cada efectivo, y trabajamos para restablecer la relación de confianza que debe haber entre policía y comunidad.
Durante el año 2006 ingresaron 3227 nuevos efectivos y se crearon comisarías, destacamentos, delegaciones de custodia y traslados de detenidos, puestos de vigilancia, comisarías de la mujer y la familia -como dije-, y cuarteles de bomberos.
Para 2007 prevemos el ingreso de 3400 nuevos efectivos. En cuanto a la Policía Buenos Aires 2, en diciembre pasado comenzamos el acondicionamiento de la nueva Estación Morón, que alcanzará un total de 450 efectivos durante el mes próximo.
Nuestras metas para este período serán reducir el número de delitos contra el automotor, mejorar las policías comunales, aumentar los procedimientos por comercialización de estupefacientes especialmente el «Paco» -como dije-, y garantizar el uso racional de la logística asignada.
Esto es importantísimo, porque ustedes saben que si no garantizamos esto los autos de policía están donde no deben estar, el cuidado de lo que se compra no es el cuidadoque debe haber, etcétera, etcétera. Lo que se gasta y se invierte debe ser eficientemente utilizado y ese es uno de nuestros objetivos en este momento.
También vamos a mejorar las condiciones de las personas detenidas en comisarías. Para lograr todos estos objetivos, continuaremos las inspecciones en desarmaderos y remiserías, controlaremos el estado de los detenidos, verificaremos continuamente la flota automotriz y seguiremos de cerca el funcionamiento de las policías comunales y el rendimiento del personal recién incorporado.
Si quieren hacer de la cuestión de la inseguridad en la Provincia un elemento central de la campaña electoral, los esperamos en la tribuna, en los debates y donde sea.
Lo que hemos hecho en materia de recomposición de la fuerza, de descentralización, de equipamiento, de aumento de la ética promedio de la policía y de operatividad policial -no siempre seguida de la misma manera por la justicia penal- no tiene precedentes en muchísimos años, por lo menos que recordemos nosotros, en la provincia de Buenos Aires. (Aplausos).
Vamos a dar este debate con la frente alta. Que existan más delincuentes no quiere decir que exista menos trabajo nuestro; existe más trabajo nuestro porque hay más delincuentes. Las cifras las blanqueamos, no las escondemos, y por esa razón quienes hagan de esto el centro de la cuestión, van a perder las elecciones.
Honorable Asamblea: en estos años hemos avanzado en la mejora del sistema judicial facilitando el acceso de los bonaerenses a la justicia. La mejor respuesta a la comunidad debe basarse en una reforma profunda que deje de lado criterios arraigados en nuestra tradición judicial de más de un siglo.
Este año el área contará con un aporte de 127 millones de pesos más en su presupuesto, lo que significa un aumento del 13 por ciento respecto del año 2006. Hemos cumplido con el plan de descentralización de fiscalías y defensorías y de distintos órganos jurisdiccionales, lo que demandó la incorporación de 650 cargos en el Poder Judicial.
Concretamos las designaciones de 108 fiscales, 48 defensores y 35 ayudantes fiscales, con una afectación presupuestaria superior a los 40 millones de pesos y una mejora en el servicio de justicia para cerca de 11 millones de personas de 19 distritos bonaerenses.
Profundizamos el programa de Fortalecimiento del Sistema Acusatorio en la Justicia Penal para el Enjuiciamiento de Delitos Flagrantes. Realizamos una exitosa reforma piloto en el Departamento Judicial Mar del Plata y extendimos la experiencia en los departamentos judiciales de San Martín y Zárate-Campana. Este año llegaremos al resto de la Provincia.
Se sancionó la ley sobre el nuevo Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, que establece el procedimiento aplicable a los imputados menores de 18 años e incluye la creación del Fuero Penal del Niño, en armonía con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Jóvenes. Los actuales tribunales de menores se transformarán en 29 Juzgados de Garantías del Joven y otros tantos de Responsabilidad Penal Juvenil. Para ello vamos a designar en el nuevo Fuero a 40 agentes fiscales y a 40 defensores oficiales.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en acuerdo del día de ayer resolvió que no hay razón para mantener la medida cautelar que impedía la plena vigencia de la ley 13.298, de Promoción y Protección del Derecho Integral del Niño. Hoy la Provincia de Buenos Aires ha logrado adecuar su legislación a la Convención delos Derechos del Niño, desterrando definitivamente el decreto-ley del Patronato de la última dictadura. Muchas gracias, señores jueces. (Aplausos).
Este nuevo sistema se pondrá en marcha a fines del año 2007 y se complementará con la reformulación del Fuero de Familia, en que los actuales tribunales serán reemplazados por 77 juzgados unipersonales que actuarán en la totalidad de los departamentos judiciales.
Honorable Asamblea: la justicia penal debe ser más veloz. Hay muchas personas privadas de su libertad sometidas a procesos sin definición. Sobre 24.462 internos en nuestras cárceles, 4.781 llevan entre y dos y varios años sin sentencia definitiva y 15.395 están en sus primeros dos años, sin condena. Sobre 20.176 procesados, 11.299 no tienen ninguna sentencia, 6.456 sólo tienen sentencia de primera instancia y 2.421 de segunda instancia. Es decir, que el 20 por ciento, un poco menos, tiene sentencia definitiva.
En la Provincia se promovieron en el año 2005 -dato oficial más reciente- 373.923 investigaciones penales preparatorias. Mientras que en el mismo período los tribunales criminales y los juzgados correccionales dictaron sentencia en 21.261 causas. Es decir, que el rendimiento del sistema arroja un índice magro de 5,7 por ciento de resoluciones judiciales en investigaciones impulsadas por los fiscales. El dato oficial más revelador de la crisis en el sistema de la justicia penal es el siguiente: sobre un total de 45.301 libertades efectivizadas en el año 2000 hasta lo que va de 2007 dispuestas por el Poder Judicial, con relación a personas alojadas en el sistema penitenciario provincial, 25.495 libertades, es decir el 56 por ciento del total, correspondieron a imputados sin sentencia.
Por eso impulsamos una reforma que apunta a darle mayor celeridad a los procesos. Los tribunales criminales se convertirán en órganos unipersonales. Se logrará realizar una mayor cantidad de audiencias de juicios que estarán temporalmente más cercanas al momento en el que se cometió el delito.
Al no existir sentencia definitiva, no existe reincidencia, lo que haría imposible la excarcelación de una pena no completamente cumplida. En el famoso caso de «La Garza» Sosa, conocido por todos, se decretó la excarcelación del imputado por haber transcurrido «el plazo razonable» en prisión preventiva sin sentencia firme, pero el Tribunal de Casación -que trató esto- no se abocó al tratamiento de la cuestión de fondo, sólo a la de forma, por esto está libre «La Garza» Sosa.
Voy a tomar entre miles, otro caso, pero esta vez geográficamente cercano: Reynaldo «Rulo» Palacios, como tantos otros casos similares, mató en 1999 a Beatriz Martínez, de 61 años, aquí, muy cerca, en Gonnet. Sólo cumplió cinco de los catorce años a los que había sido condenado, por una sentencia que al no estar firme le permitió recuperar su libertad.
Poco tiempo después, el 25 de octubre de 2005, Palacios atacó a una pareja de jóvenes en City Bell, los obligó a mantener sexo oral en su presencia y luego violó a la joven. Palacios está detenido, pero no puede ser considerado como reincidente porque su primera sentencia todavía no estaba firme al momento de cometer el delito. En otras palabras, Palacios puede ser liberado nuevamente por un tribunal y City Bell, Gonnet y otras localidades no sabrán que esta forma de ejercer la justicia penal los deja sin protección.
Con la transformación que proponemos pasaremos de 70 a 210 tribunales que, sumados a los jueces correccionales, alcanzarán un total de 285 órganos de juicio,con el fortalecimiento del Ministerio Público, y se impedirá la frustración de los juicios por insuficiencia en el número de defensores o fiscales. Y como excepción a la regla de la unipersonalidad del órgano, se juzgarán en los tribunales colegiados los delitos que prevén penas mayores a los 20 años de reclusión. Ese es el centro de reforma que hemos propuesto.
Algunos sostienen que esta reforma debió ser debatida largamente con todos los actores del sistema. Ese es el argumento de los que no quieren reforma: crear una comisión. Pero quienes así piensan, en todo su derecho, representan al pueblo de la Provincia, que no será invitado a ninguna comisión y que sabe que no tiene justicia. Y si este gobernador llamara a una consulta popular sobre si la justicia penal debe ser reformada, la respuesta sería abrumadoramente a favor.
El tiempo dirá si esta medida es o no necesaria, pero creo que cuanto antes se decida habremos dado un gran paso para salir de un colapso que está afectando la seguridad de manera cotidiana. Este colapso no es vivido por todos de la misma manera. Es vivido como satisfactorio por algunos abogados presos que tienen gran influencia. Es vivido como satisfactorio por los delincuentes que saben que son amigos de los abogados, que tienen plata para pagarles y que saben que pueden «chicanear» durante años para ser liberados después porque no tienen condena.
Es vivido como una panacea para algunos tipos de delincuentes. Pero para los que están presos y van a ser declarados inocentes, dentro de cuatro o cinco años, ¿cómo puede ser vivido este colapso? ¿O no tiene que ver esto también con derechos humanos? Tanto lo de adentro como lo de afuera. Y, ¿por qué yo digo que hay que tener dos meses, cuando en realidad van a ser más, para una comisión creada, por ley, para cualquier consulta?. Porque sabemos lo que sucede. Porque estamos en colapso y no es para mejorar nuestra ley sino que es para salir de ese desastre y evitarle al próximo gobernador que tenga que hacer lo mismo dentro de diez o doce meses, como lo hacemos hoy nosotros, tomando decisiones. Por eso mi vehemencia, y pido disculpas porque cada uno tiene derecho a pensar como quiera. (Aplausos)
Señores legisladores: este gobierno ha trabajado para que la política penitenciaria garantice la observancia plena, integral e irrestricta de los derechos de las personas privadas de su libertad. La situación procesal o penal de estas personas no debe alterar de ninguna manera esta garantía.
Hemos impulsado la sanción de la ley sobre medida de coerción personal y excarcelación, adecuando a los estándares nacionales e internacionales en vigencia. Eliminamos la denegación sistemática de excarcelaciones y el abuso en la aplicación de la prisión preventiva, la otra cara de la moneda, que violaba los principios de excepcionalidad e interpretación restrictiva de la misma. En fin, los jueces encarcelan inocentes ante la duda, con tal que nadie venga a protestarles.
También continuamos con las mejoras en las condiciones de detención. La situación carcelaria en 2004 no era buena. Teníamos 38 unidades penitenciarias, 12.400 agentes y una población de 25 mil internos. En esas condiciones era imposible tomar medidas para mejorar el sistema. Entonces, desde el 2004, hemos invertido de manera sostenida en infraestructura carcelaria: inauguramos tres unidades penitenciaras, y, en total creamos una disponibilidad, que ya comenté, de 6 mil plazas nuevas, que serán 8 mil en relación a las existentes dos años atrás. Para el 2007 tenemos previstas la construcciónde cuatro unidades, de las cuales una se encuentra en estado de ejecución muy avanzado.
Estamos cumpliendo con el compromiso de trasladar las personas que están detenidas en comisarías bonaerenses a establecimientos penales. De este modo pudimos reducir la cifra del año 2002, la que tuvo que soportar -recuerdo muy bien en ese entonces- un heroico ministro de seguridad, que fue Juan Pablo Cafiero, que era de 7.500 presos en comisarías, porque en el año 2002 había explotado la inseguridad en número de hechos.
Hoy hay 3.300, es decir está en la cifra teórica que en el año 1994 era de 3.050. Hoy la cifra teórica para albergar detenidos en las comisarías de la Provincia aumentó, por la gran cantidad de pequeñas obras modulares dentro de las comisarías. Es decir, hoy estamos en la cifra lógica. Esto no es comentado todos los días por los organismos de derechos humanos como debería ser, aquellos que nos acusan siempre de las cosas como si fueran constantes y no hubiera variables, como si no hubiera trabajo, como si no hubiera lucha, como si no hubiera triunfo, por el esfuerzo, por encima de la tortura, por encima del maltrato, por encima del hacinamiento, por encima de todas estas cuestiones. Como hay trabajo, hay una Secretaría de Derechos Humanos que transversalmente investiga y se preocupa de esta cuestión. Hay un Ministerio de Seguridad que preocupa de la cuestión. Hay un Ministerio de Justicia que tiene un Centro Especial de Atención a la Víctima y se preocupa de la cuestión.
Cambiamos el Servicio Penitenciario: las condiciones carcelarias de la provincia de Buenos Aires no son las mismas para nada hoy, o cuando yo me vaya, el 10 de diciembre del año 2007, que las que recibí en el 2002. Son infinitamente mejores, pero no se toma en cuenta esta mejora y se sigue hablando de la crueldad, del hacinamiento y de una situación como si fuera estática. Eso es «verso» político del que no sabe nada porque nunca fue a una cárcel, los invito a ir a las cárceles para ver la diferencia. (Aplausos.)
Hemos incorporado 3.600 nuevos agentes, con el objetivo de lograr la relación internacionalmente aceptada de un agente por cada interno. Capacitamos al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense en relación al trato de las personas detenidas, y también incorporamos profesionales de la salud, civiles, para la distribución de medicación, la prevención de enfermedades y la asistencia de otras necesidades de la población penal. Es decir que a los presos no los revisa un médico que tiene un grado en el escalafón del Servicio Penitenciario, sino un médico privado que no tiene por qué proteger corporativamente a nadie cuando revisa a un preso.
Creamos los complejos sanitarios de Magdalena, Melchor Romero, Los Hornos y Lisandro Olmos. Próximamente inauguraremos un Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Agudos en la Unidad Médica Penitenciaria N° 22, un Centro Integral de Rehabilitación, un Hospital Central de Patologías Infectocontagiosas en la Unidad N° 1, un Centro Único de Admisión e Ingreso y un Complejo Sanitario de la Mujer y el Niño en las Unidades N° 8 y 33 de Los Hornos.
Fortalecimos la auditoría externa de las unidades penitenciarias, con la realización de más de 2000 inspecciones.
Nuestro gobierno desea la inserción social de las personas privadas de su libertad. Promovemos actividades recreativas, educación básica y cursos de formación profesional formales y no formales. Nuestra meta es que el setenta por ciento de los internos acceda a algún nivel de enseñanza, y hemos enviado a esta Legislatura un proyecto para agilizar los programas de trabajo penitenciario. Pero la clave está en el no hacinamiento, para tener a todos trabajando y estudiando. No al hacinamiento.
Hemos enviado durante 2006 los proyectos de las nuevas leyes orgánica y de personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y el proyecto de modificación a la Ley de Ejecución Penal, con el propósito de darle mayor protagonismo al Patronato de Liberados.
Este Patronato de Liberados, que ya lo comentara con ustedes en otras ocasiones, tiene un plan estratégico, en el que designamos durante el año 2006 un total de 445 supervisores, lo que da una planta permanente de 1062 agentes. Esta política de crecimiento nos permitió llegar a una relación de un supervisor por cada 40 tutelados. Estos agentes, que residen en cada uno de los municipios, supervisan la ejecución penal en libertad de 43 mil personas, mediante tareas de control, asistencia y tratamiento, y bajan enormemente la tasa de reincidencia, que de eso se trata.
Aprobamos más de 1.600 solicitudes de microemprendimientos productivos, becas de estudio y formación, capacitación y mejora habitacional para los tutelados, por un total de 3 millones de pesos.
Y continuamos, como dije, desde el Ministerio de Justicia, con el desarrollo de la reinserción y protección de los derechos de la víctima y la asistencia para casi los 4 mil damnificados por toda clase de hechos de violencia, desde distintos puntos de vista, en conjunto con otras áreas del gobierno.
Para este gobierno, como para el gobierno nacional, los derechos humanos son uno de los ejes políticos de mayor importancia, razón por la cual hablé con el doctor Taiana allá por enero del 2002 y creé la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
La difusión del derecho ciudadano debe darse en todos los ámbitos. Nos hemos comprometido a hacerlo en las cárceles. Y lo hacemos en defensa de las víctimas de la violencia institucional.
Nuestros profesionales promueven juicios, asesoran a organismos de derechos humanos y a víctimas de la dictadura militar, reciben denuncias y colaboran con los juicios por la verdad en La Plata y Mar del Plata.
Encontramos más de 3.500 legajos de ex detenidos políticos que entre 1976 y 1983 pasaron por unidades penitenciarias de La Plata, Sierra Chica, San Nicolás, Bahía Blanca, Mercedes y Azul.
Transferimos a la Secretaría de Derechos Humanos el edificio donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como «Pozo de Banfield», por donde pasaron, entre cientos de secuestrados, los estudiantes desaparecidos en «La Noche de los Lápices».
El «Pozo de Banfield» cumplió funciones siniestras durante la dictadura. Allí se trasladaba a las detenidas durante los últimos días de embarazo para luego disponer de la vida y el nombre de los recién nacidos.
Ramón Camps fue jefe de los torturadores de ese lugar entre 1976 y 1979. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha decidido que funcione allí, a partir de este año, un espacio para la memoria, la promoción y la defensa de los derechos humanos.
(Aplausos.)
Desarrollaremos entonces un proyecto integral sobre la violencia de género que fue seleccionado en la competencia internacional del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Este es un tema creciente, y estamos honrados de haber sido seleccionados internacionalmente. Por lo menos tenemos previsto que el proyecto vaya creciendo en la medida que las posibilidades lo permitan.
Honorable Asamblea: quisiera detenerme en el caso de Jorge Julio López.
El lunes 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López, uno de los testigos del juicio que condenó al ex comisario Miguel Etchecolatz por sus crímenes durante la dictadura, no concurrió a escuchar los alegatos finales del juicio oral. Hemos hecho hasta lo imposible por encontrarlo, pero desde entonces no sabemos nada de él.
El gobierno nacional y el gobierno provincial saben muy bien que hay que hacer justicia para que un país pueda nombrar la palabra justicia sin avergonzarse. El caso López nos demuestra que todavía hay sectores que desean la impunidad, y de él ha hablado expresamente hoy el señor presidente de la Nación en el Congreso nacional.
Los que desean la impunidad quieren que esa sea la condición para la farsa de armisticio que ellos proponen. La idea de que alguien no esté ni vivo ni muerto, sino desaparecido, es una idea siniestra del dictador Videla. Se está vivo o se está muerto en forma plena. Si alguien quiere que regrese esa idea, la del desaparecido, es para que regrese un emblema de aquel pasado de violencia. Pero el efecto que producen es el contrario del que buscan. Las fuerzas democráticas, los poderes del Estado, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los ciudadanos y los gobiernos queremos más justicia, no menos justicia, así que vamos a ir al frente en las investigaciones, y va a llegar el día, acuérdense, no sé si estaremos juntos, pero va a llegar el día en que se sabrá la verdad del caso Jorge Julio López.
Si sabemos algo, no se los puedo decir, pero nosotros no bajamos los brazos y mantenemos cotidianamente con el gobierno nacional un cruce de informaciones que va a dar resultado. Les aseguro que va a dar resultados concretos y positivos.
Honorable Asamblea, queridos amigos, estoicos amigos: muchas gracias por escucharme. Es un honor para mí estar ante ustedes. Es la última Asamblea Legislativa que me toca inaugurar como gobernador de la provincia de Buenos Aires, por este período al menos, y quisiera agradecerles su trabajo a lo largo de mi gestión, que seguirá en otras manos, sus aportes, y también las diferencias que han dado lugar a la discusión de ideas, el disenso y el acuerdo, en especial aquellas que estimo fueron hechas de buena fe. Como decía el dicho, no me acuerdo bien, pero «lo cortés no quita lo caliente...» ¿No era así? No, era distinto...
Dejamos una Provincia ordenada, confiable y rica en deseos de progreso. Ha mejorado su economía, su mística y su carácter. Los bonaerenses ya no somos ciudadanos decepcionados de la política y las funciones del Estado, o lo somos en mucha menor medida.
La provincia de Buenos Aires tiene características complejas que han sido observadas en profundidad por este gobierno. Creemos que gobernar es saber, entender y actuar. Gobernar es conocer. La cantidad de desaguisados que vienen de las direcciones de quien no conoce y toma de lejos acciones que después impactan sobre los demás es enorme. Eso es lo que nuestra experiencia arroja, y estoy seguro que la de ustedes también. Por eso, conocer, saber, entender y actuar ha sido nuestra forma de ejercer la política.
Hemos trabajado duro para fijar los cimientos de una nueva sociedad cuyos sueños puedan concretarse.
Fuimos testigos de la quiebra de un modelo económico y político. La Argentina parecía no tener futuro.
Apagamos el incendio, piloteamos la crisis y evitamos la anarquía.
La Presidencia de Néstor Kirchner permitió que el país se reencontrara con su identidad. La política volvió a gobernar la economía.
Establecimos nuevos paradigmas para la justicia social.
Avanzamos en la reconciliación del Estado y el gobierno con el pueblo y apoyamos claramente el rescate de la memoria, la verdad y la justicia. Fortalecimos las instituciones.
No aceptamos la corrupción. No admitimos privilegios.
Podría contarles una anécdota de algo que está ocurriendo en Mar del Plata porque no admito privilegios ni con los poderosos, pero no lo voy a hacer.
Pusimos la renta de juego dentro del Estado. Subordinamos el pago de la deuda a la soberanía y a la justicia; y sobre todo, acompañamos desde esta provincia al gobierno del presidente Kirchner porque entendimos que la transformación que estaba haciendo era función primaria de la transformación de la provincia. No hay proyecto provincial -al menos en la provincia de Buenos Aires- si no hay proyecto nacional. Es imposible imaginar un proyecto provincial exitoso -aunque se tenga derecho a tenerlo- que esté en contra de un proyecto nacional exitoso. (Aplausos).
Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires ha acompañado con humildad y realismo -y en la mayor parte de las veces, con gran convicción; puede haber habido casos en que no- las medidas que ha tomado a lo largo de estos cuatro años el presidente Kirchner y que han cambiado la Argentina; han transformado el modelo de la Argentina y el modelo de nuestras cabezas; ha transformado dentro de nuestras cabezas el modelo de pensar de la Argentina de adentro para afuera, de pensar la construcción económica desde los argentinos, desde un pensamiento argentino hacia afuera y no desde el lugar que la globalización nos asignaba para insertarnos. El cómo nos ven desde afuera nos importa ya muchísimo menos que el cómo nos ven desde adentro.
Ese es el cambio que le debemos al presidente Kirchner, centralmente.
Tengo la tranquilidad de haber hecho lo que sentía y de haber dicho lo que pensaba.
Mantengo vivo el sueño de una provincia grande con su pueblo feliz. Sé que quien me suceda me ayudará a concretar ese sueño. Lo viviré como un ciudadano bonaerense, y encontraré el sentido de nuestro esfuerzo en estos años, cuando ese sueño se concrete definitivamente, aunque yo ya no esté.
Honorable Asamblea: cuando juré ante esta Legislatura, en el verano de 2002, dije que el destino me ponía frente a una época sin precedentes. Le pedí ayuda a Dios para estar a la altura de las circunstancias. He dado lo mejor de mí en la tarea, y durante estos casi tres años y medio estoy seguro que opinarán que mi compañera, la vicegobernadora Graciela Giannettasio, ha hecho exactamente lo mismo. (Aplausos).
La historia, no la historia con mayúscula, dentro de 200 años, sino la historia dentro de algunos años, dirá si hemos estado a la altura de las circunstancias.
De esta manera, y agradeciéndoles una vez más su presencia y su paciencia, la de antes y la de hoy -y la de mañana también; la del triste futuro que llega-, quiero dejar inaugurado oficialmente, y es todo un honor para mí, el 135° período de sesiones ordinarias. Muchas gracias. (Aplausos).
FELIPE SOLA
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