marzo 05, 2012

Mensaje de la Gobernadora de Tierra del Fuego, M. Fabiana Rios, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2008)

MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
María Fabiana Ríos
EN LA APERTURA DEL XXV PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 1° DE MARZO DE 2008

Señor vicegobernador, doctor Carlos Bassanetti, señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Carlos Sagastume, señores legisladores provinciales, señor intendente de la ciudad de Río Grande, señor presidente del Concejo Deliberante, a cargo de la Intendencia de la ciudad de Ushuaia, señores concejales de Río Grande y Ushuaia, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades consulares acreditadas en nuestra provincia, queridísimo pueblo de Tierra del Fuego.
Como cada año, el inicio de la actividad ordinaria en el Parlamento es un signo de esperanza para toda la sociedad.
En otros años, en otros tiempos, me tocó participar de otras aperturas de sesiones desde distintos lugares, desde una banca legislativa o desde un lugar en el público, como militante política y ciudadana de esta provincia.
Hoy siento una gran satisfacción y una enorme responsabilidad de participar en la Apertura del XXV Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, frente al Cuerpo de representantes del pueblo de Tierra del Fuego, que expresa la pluralidad política de nuestra sociedad desde este lugar que me ha sido otorgado por el pueblo de esta provincia.
No tengo dudas de que estos sentimientos los compartimos, porque veinticinco años, además, no es una cifra cualquiera, es un número simbólico. Estos veinticinco años transcurridos de continuidad democrática coincidieron con el final del siglo XX y con las profundas transformaciones que se produjeron en el mundo, en la sociedad y en la economía.
Pero para los argentinos, estos años tuvieron además una complejidad adicional, todos tuvimos que aprender a convivir con nuevas realidades, con nuevas formas de vinculamos entre nosotros y estamos desde entonces construyendo el significado de la palabra democracia y recuperando los derechos que por muchos años nos fueron negados.
Hoy nos toca la responsabilidad de conducir el gobierno de esta provincia durante los próximos cuatro años en un escenario que aunque a primera vista pudiera no parecer promisorio ni alentador, nosotros estamos convencidos de que es en este momento, y no en otro, que tenemos la gran posibilidad de transformar ese horizonte de crisis crónica en un escenario de crecimiento y solidaridad.
Con enorme convicción y coraje vamos hacia el ansiado cambio que decidió la sociedad al elegirnos para gobernar Tierra del Fuego.
Llevamos setenta y cuatro días ejecutando nuestro plan de gobierno, sin estridencias ni grandilocuencias mediáticas, sino con gran esfuerzo y con una larga lista de hechos concretos que ya denotan un estilo nuevo de ejercer el mando en la provincia.
Gobernaremos esta provincia por los próximos cuatro años con eficiencia y apelando a los valores que abrazamos como identidad: la transparencia de gestión, la calidad institucional, la solidaridad y el respeto al pluralismo de ideas.
Ustedes conocen la gravedad de la crisis económica y financiera en la que asumimos el gobierno de la Provincia. El caótico gobierno saliente nos montó un “jaque mate” para complicar nuestra gestión. Pero estamos en marcha. Estamos saliendo de esa siniestra jugada con inteligencia, sin ajustes ni cesantías masivas; con sensibilidad, sin violencia ni matonismos; con claridad, sin operaciones de prensa ni políticas; con la verdad, sin el ocultamiento de datos ni inflacionando la crisis que es muy grave por sí misma.
Habiéndose cumplido poco más de setenta días del inicio de mi gestión como gobernadora de esta provincia, es un honor para mí exponer, en este recinto, los lineamientos centrales que orientarán nuestras políticas y las acciones de gobierno que llevaremos adelante para concretarlas, con el objetivo de transitar un camino de legalidad, participación y transparencia en la administración del Estado provincial.
Asumimos el compromiso de dar respuestas concretas a las demandas más urgentes de nuestros comprovincianos, a la vez de llevar a cabo las profundas reformas que, a nuestro juicio, demanda la sociedad en relación al funcionamiento del Estado, la democratización de sus instituciones y sus prácticas políticas.
Es claro que no podemos ni pretendemos involucrarnos eficazmente en todo a la vez. Es necesario establecer prioridades y objetivos estratégicos con planificación participativa que contemple la evaluación y el seguimiento sistemático de las acciones de gobierno.
Hemos recibido un estado de situación inimaginable, con urgencias de todo tipo a resolver, y sin poder contar ni con los recursos económicos ni con la estructura estatal elemental que permita dar la respuesta correspondiente.
Este verdadero escenario de emergencia nos exigió intentar tomar medidas desde el inicio, algunas de las cuales, incluso, han sido acompañadas por esta misma Legislatura; otras aún esperan en el consenso que entendemos fundamental obtener en poco tiempo.
Como es lógico, nuestra misión es conducir el barco pensando un destino a mediano plazo. Pero esta situación apremiante nos obligó a navegar maniobrando ante el temporal y, simultáneamente, encontrar motores, emparchar las enormes grietas, sacar el agua y ordenar una tripulación que no toda asume este escenario de crisis.
Sin embargo, contra toda mirada agorera o nostálgica de épocas de corrupción, este barco empezó a navegar y no hemos cambiado ninguno de los principios que sustentan el rumbo trazado. Por el contrario, cuando nos hicimos cargo del gobierno, el pasado 17 de diciembre, hablamos de una “revolución en paz”. Este concepto, que fue tomado como el eje del discurso inaugural de nuestra gestión, no es una frase retórica; es una definición profundamente política. Hablamos de una revolución que nos permita a todos empezar a modificar una cultura en la que pocas veces nos preguntamos cuál era el sentido de lo público y establecer criterios de administración de lo colectivo con certezas, con prioridades, con explicaciones, con participación, sin extorsiones, “sin extorsiones”, con datos y con resultados.
Pues la ausencia de esos criterios de administración implica la existencia de ciudadanos de primera o de segunda, de derechos que se vulneran y privilegios que ofenden y agravian.
Ese 17 de diciembre decíamos: “Ningún esfuerzo puede pedirse ni hacerse si previo a ello no están claras las razones, las causas y los causantes. La institucionalidad es la riqueza de un pueblo. Sin institucionalidad, sólo hay corrupción e impunidad para negociados y se construye desde un Estado que privilegia una administración sometida a la ley y orgullosa de incumplir con los ciudadanos”.
A pocos días de asumir y respetando a ultranza este principio de la búsqueda de razones, causas y causantes, las irregularidades detectadas fueron puestas en conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas de la Provincia, ordenando los actos administrativos tendientes a minimizar el impacto sobre los recursos provinciales. Hablo de la causa vinculada a Letras, Megapase, informe de Tesorería, expedientes desaparecidos.
El 28 de febrero pasado recibimos, finalmente, el informe de la Auditoría General de la Nación, el que confirma la magnitud de la crisis económica y financiera del Gobierno provincial y el desorden de sus cuentas; así como las graves afirmaciones sobre el deplorable estado en que encontramos la Administración.
Dicho informe será remitido, el día lunes, a la Legislatura provincial y, a partir de entonces, estará disponible a la prensa y a la ciudadanía en general, a través de la página del Gobierno.
Las afirmaciones en torno a la falta de información cierta y el desmanejo de las cuentas no son posiciones políticas, es una triste y vergonzosa realidad.
Decíamos también que la institucionalidad... “Se construye... garantizando un acceso a la administración por la idoneidad (tal como lo dice nuestra Constitución Nacional) y no por prebendas o amiguismos. Creando las instancias para llegar a la cobertura de las vacantes por concurso, marchando hacia la constitución de un empleo público legal, meritocrático; con sueldos jerarquizados que se mantengan más allá de los gobernantes y sostenga el Estado de Tierra del Fuego”.
En ese sentido hemos dictado en el ámbito del Ejecutivo Provincial los actos administrativos que prohíben la cobertura de vacantes de planta permanente, a excepción de los cargos profesionales vacantes por jubilaciones o bajas en el área de Salud y los expedientes pendientes de ingreso por las leyes de Megapase I y II, estableciendo que los ingresos en lo sucesivo deberán producirse por concurso, cuyas bases deberán ser discutidas en el ámbito de paritarias.
Del mismo modo se dictó un Decreto que establece la revisión de los nombramientos realizados en el último año por fuera de lo establecido en las Leyes 661 y 668, con el objeto de analizar la pertinencia de los mismos.
La efectiva reducción de los cargos políticos que había sido sostenido en la campaña también son una realidad.
Según los informes de la Dirección de Haberes, los cargos políticos a enero de 2007 eran 264 y acumulaban sueldos por un millón setecientos quince mil trescientos pesos ($ 1.715.300.-) mensuales.
A enero de 2008, los cargos políticos son 156 y acumulan sueldos por novecientos noventa mil pesos ($ 990.000.-), habiéndose creado dos nuevos ministerios y tres secretarías de Estado (Aplausos).
Decía también aquel día: “En esta lógica de la política puesta al servicio de la resolución de problemas necesitamos poder hacernos cargo del dolor de los más necesitados. Nada bueno haremos con la política si naturalizamos el dolor del otro, si no nos duele con la misma intensidad que el dolor propio; de nada habrá servido nuestro juramento por Dios, los evangelios, la Patria o la Constitución”.
Para ello comenzamos a trabajar en: reuniones con distintos organismos provinciales y municipales a fin de transformar las políticas asistenciales en políticas de desarrollo económico, a partir de cambiar los planes de empleo por generación de emprendimientos laborales de proyectos sustentables y duraderos con rentabilidad para sus participantes.
La integración y organización de las “Olimpíadas de la Tercera Edad” que se llevarán a cabo próximamente; estamos manteniendo conversaciones con distintas organizaciones del ámbito local, provincial y nacional para la integración de las personas con discapacidad y que su única alternativa no sea la obtención de una pensión; trabajamos con el Poder Judicial y la Dirección de Salud Mental de la provincia buscando el mejor tratamiento de los adolescentes con problemas.
La promoción de espacios de participación: en las acciones de diagnóstico - planificación - ejecución - evaluación, tanto en el ámbito interno del Ministerio como de la comunidad en su conjunto posibilitando ello el conocimiento real de la población que se constituye en actor de las políticas sociales.
El fomento de las actividades deportivas y de recreación, como modo de inclusión y participación para todos los sectores de la sociedad, para ello trabajamos en colonias de verano con el Municipio de Ushuaia, participamos en la “Maratón del Fin del Mundo” y se realizó hace unos pocos días, en nuestra provincia, la reunión del Ente Patagónico Nacional del Deporte.
Se comenzó a trabajar con las distribuidores de gas y la Secretaría de Energía de la Nación para hacer realidad el derecho al subsidio de los usuarios de gas envasado, excluyendo de todo trámite al área social y actualizando los padrones de beneficiarios, regularizando los expedientes y concretando un derecho, no una práctica humillante.
De los que no acceden a la educación, de los que accediendo no encuentran allí excelencia, de los que no llegan a curarse, de los que no tienen para comer ni tienen dónde vivir -esto decíamos el 17 de diciembre-.
El mismo día que nos hacíamos cargo del gobierno debimos dictar la emergencia en el ámbito de los comedores escolares para garantizar la provisión de viandas y alimentos en los días subsiguientes ya que se había cancelado, con fecha 17 de diciembre, el contrato con la firma que prestaba ese servicio.
Con la solidaridad y el compromiso de comerciantes locales y el trabajo de la gente de Educación y comedores escolares pudimos salir de esta situación y pudimos ponernos a trabajar en la preparación de los pliegos licitatorios.
Hemos revisado convenios con distintas universidades argentinas a efectos de decidir la continuidad o no de distintas carreras y tecnicaturas.
También hemos avanzado, junto a funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación, en la primera fase de elaboración de proyectos para la construcción de nuevas escuelas en el ámbito de la provincia, acordando un crédito en forma de plan piloto (el primero en Argentina), para la construcción de una escuela pública con fondos aportados directamente desde Nación.
Hemos acordado, con autoridades de la Base Naval Ushuaia, el uso compartido de un Jardín Maternal Educativo cuya refuncionalización será financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
Hemos presentado una ley que consideramos fundamental para ordenar el sistema educativo en Tierra del Fuego. Me refiero al Régimen de Compatibilidad Laboral para docentes de todos los niveles educativos de la provincia. El sistema educativo provincial tiene -entre otros- un problema relacionado a la descontrolada acumulación de cargos y horas cátedras que, con el correr del tiempo, han ido acrecentando muchos docentes en los distintos niveles educativos que existen en la provincia.
Y quiero esforzar los lineamientos de la etapa que continuaremos durante el año 2008 y que será la base para comenzar un 2009 con un Ministerio ordenado, legal, administrativa y pedagógicamente.
El tratamiento de la Ley Provincial de Educación será, sin duda, un hito en la vida educativa de la provincia, pues vamos a iniciar una amplia difusión de la misma para que docentes, estudiantes y padres, junto a empresarios, sindicatos e instituciones, organismos y organizaciones de todos los ámbitos puedan opinar, modificar, proponer y ser parte de una de las herramientas más poderosas para mejorar la calidad de vida de los fueguinos.
Es nuestra intención que la comunidad fueguina logre, como fruto de la participación y opinión ciudadana, concretar un proyecto de educación deseable y viable en concordancia con un proyecto de provincia justa e integrada en el marco del desarrollo sustentable. Es decir, la provincia en la que viviremos en las próximas décadas, la Tierra del Fuego del siglo XXI.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley que tienden a la democratización del sistema educativo será la creación del Consejo Provincial de Educación, los consejos escolares y los centros de estudiantes.
Asimismo, el año 2008 no sólo será el del debate sobre qué ley de educación queremos, sino también será el año en que comencemos a trabajar, a través de equipos técnicos específicos. ¿Qué queremos enseñar en las escuelas, cuánta matemática, qué historia, cuánta ciencia natural, cuánta lengua extranjera, química, física, filosofía, lengua y literatura van a aprender nuestras hijas e hijos, nuestros hermanos, los jóvenes y adultos que eligieron vivir en esta provincia?
Hemos hablado de los aspectos curriculares y uno de los actores principales para trabajar en ello son los docentes que deben tener estabilidad y seguridad en su ámbito laboral. Es por esto que vamos a propiciar titularizaciones y concursos de ascenso para que la equidad no sea una palabra hueca. Lo haremos gradual y sostenidamente, consultando, en las escuelas y los colegios, las mejores vías para concretarlos.
En este sentido ya hemos dado el primer paso incorporando en las escuelas primarias los cargos de auxiliares de grado, tal como se había acordado en paritarias.
La situación social va a tener una profunda incidencia en el inicio del Ciclo Lectivo 2008, esta situación ya está instalada en varias escuelas periféricas tanto en Tólhuin, Río Grande y Ushuaia. En este sentido, ya hemos dado los pasos necesarios para que cada alumno tenga su banco en la escuela de su barrio.
Además, continuando con el amplísimo tema relacionado a la capacitación, se está tramitando un convenio con la Escuela Marina Vilte de CETERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) para implementar siete postítulos y cursos orientados a la capacitación de los docentes fueguinos.
Concebimos la cultura como una herramienta estratégica para el desarrollo personal y la transformación social, centrada en valores como la diversidad, la participación y la equidad.
Desarrollamos un plan de muy bajo presupuesto pero muy rico en propuestas, con un concento transversal de la cultura y articulando acciones con los municipios como no ocurrió nunca antes.
Durante el verano incluimos con actividades artísticas a chicos de San Sebastián, Lago Escondido, Tólhuin y de barrios de Ushuaia y de Río Grande con el programa “Vacacionarte”.
Redactamos y consensuamos con los sectores interesados el proyecto de ley que crea la Editora Tierra del Fuego y, próximamente, lo haremos con la Ley de Mecenazgo.
Estamos redactando los contenidos de los centros de formación de artistas sistematizando la enseñanza de los talleres que funcionaban en forma desarticulada.
Promocionamos a nuestros músicos con los conciertos de verano y estamos trabajando para difundir su arte por televisión.
Presentaremos nueve proyectos culturales, muy ambiciosos para el financiamiento externo, entre los que se destacan la ejecución de un circuito museístico en edificios patrimoniales en Ushuaia, y la creación de un escenario para el intercambio de artistas, entre los pueblos de Argentina y de Chile ubicados en la zona de influencia del canal Beagle, para forjar una integración real por medio de la cultura, al cumplirse treinta años del conflicto que enfrentó inútilmente a ambos países.
Y con respecto a la salud, podemos decir que iniciamos la creación de un área de Medicamentos y Tecnología Médicas; el fortalecimiento de Fiscalización Sanitaria en pos de la recuperación del rol regulador del Estado; el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, como eje prioritario de la gestión, con la reapertura del Centro de Salud Nº 3 en Ushuaia, refuncionalizando espacios existentes.
Se firmó un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para prestaciones médicas de alta complejidad y capacitación en Salud. Se designaron más profesionales, enfermeros y técnicos en áreas esenciales que se encontraban en situación crítica.
Se reordenó el sistema de guardias para mejorar el funcionamiento de los hospitales a menores costos.
Porque ya nos hacemos cargo del tema de tratamiento de adicciones de jóvenes desarraigados, emprendimos una estrategia de regreso, para su tratamiento en la Provincia. Iniciamos un curso anual de capacitación y supervisión en esta área.
Además, nos proponemos, de manera inminente: Reformular la atención de la salud bajo una estrategia de atención primaria que garantice el acceso universal, eliminando el cobro directo a las personas y avanzando hacia la nominalización de la población a cargo de cada CAP; conformar una red prestacional que incluya a todos los efectores públicos y se articule con los otros subsectores, definiendo los niveles de atención y categorizando a los efectores, con mecanismos apropiados de referencia y contrarreferencia; desarrollar un plan de emergencias que integre el conjunto de los efectores y contemple las diversas vulnerabilidades a accidentes y catástrofes; reorganizar la respuesta prehospitalaria para la atención de la emergencia; desarrollar el sistema de información para la salud que permita optimizar los circuitos administrativos existentes y brindar la información oportuna para la gestión; organizar los servicios, en base a la formulación participativa de proyectos de trabajo, enmarcado en el Programa de Capacitación Permanente; formular una política integral en
Salud Mental y Adicciones en base a los lineamientos generados en el Foro Provincial de Salud Mental; garantizar el acceso a los medicamentos esenciales en el marco de un programa de uso racional, optimizando los mecanismos de provisión.
Se están ajustando los detalles administrativos para que, en las próximas semanas, se publique el decreto a través del cual los hospitales públicos eliminen el cobro directo a los pacientes. El desarancelamiento hospitalario y el concepto de la salud como derecho vuelve a estar vigente.
Haremos todos los esfuerzos para garantizar el cobro de las prestaciones que se brindan en los hospitales públicos con terceros pagadores; pero los ciudadanos ya no tendrán que acreditar pobreza ni demostrar indigencia para ser atendidos.
Entendemos así el trabajo de la seguridad ciudadana, reforzando profundamente el desarrollo social en educación, en cultura y en salud para todos.
En esa línea es que asumimos el compromiso de hacernos cargo, también, de una seria política policial. Y ya lo estamos haciendo.
Se procuró la creación efectiva de la Brigada Rural en la comuna de Tólhuin; se coordinó, desde un primer momento, el trabajo con las municipalidades en una tarea de articulación. Como ejemplo de resultados, en las últimas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no se registraron accidentes de tránsito en toda la Provincia y la siniestralidad vehicular fue notablemente la más baja respecto de años anteriores.
Se está a punto de contratar profesionales contables, criminalísticos -abogado e ingeniero- para que, junto al personal policial, integren la creación del Departamento de Delitos Económicos.
Se han hecho distintos procedimientos donde se han secuestrado significativas cantidades de droga.
Se reforzaron los Comandos de Operaciones Policiales con numerarios extraídos de variadas dependencias dando, de esta manera, mayor presencia policial en las recorridas preventivas y la implementación de políticas proactivas a través del mayor contacto con vecinos y centros comunales.
Se habilitaron destacamentos policiales en las afueras de las ciudades de Ushuaia y Río Grande (Barrios San Vicente de Paul y Margen Sur), a los fines de acercar a la ciudadanía mayor presencia y la posibilidad de realizar distintos trámites en dependencias policiales.
Prontamente se comenzará con la prueba piloto para la creación del Centro Integral de Atención a la Víctima del Delito en la ciudad de Río Grande.
Como en todas las áreas también en esta se trabajará con ámbitos universitarios en procura de capacitación del personal uniformado. Mayor presencia policial, mayor eficacia en la función, eficientización de los recursos y resguardo de los derechos humanos son consignas trabajadas desde nuestros inicios por la Jefatura Policial, integrándose de manera destacable a los ideales esbozados en la paulatina estructuración de esta gestión.
En el contexto de las políticas que desarrollaremos en nuestra gestión podemos distinguir cuatro grandes ejes que ordenan las intervenciones que pretendemos llevar adelante durante este primer año de gestión, algunas de las cuales ya están en marcha y que tienen como objetivo fundamental la reconstrucción del Estado como articulador de la sociedad, prestando servicios y acompañando el desarrollo de la provincia, garantizando la atención de los sectores más desprotegidos.
ORDENAMIENTO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Asumimos en medio de una de las peores crisis económicas y financieras que registra la historia provincial. El Estado debió afrontar el pago del medio aguinaldo y el sueldo de diciembre prácticamente sin fondos. El déficit mensual en ese momento ascendía a cincuenta y tres millones de pesos acumulábamos una deuda flotante estimada y sólo estimada -recuerden lo que dije del informe de la Auditoría General de la Nación- en trescientos millones de pesos. Ante este panorama, a cuarenta y ocho horas de haber asumido, gestionamos ante el Gobierno Nacional la obtención de un Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) por treinta y cuatro millones de pesos que permitiera afrontar el pago de aguinaldos del personal. Esta ayuda extraordinaria no se hizo efectiva, por lo que la Provincia tuvo que afrontar el pago con los recursos recaudados en esos días de gestión, lo que dio lugar al fraccionamiento del mismo en tres cuotas. La primera de ellas se hizo efectiva el día 23 de diciembre y sirvió para cubrir los aguinaldos hasta la suma de dos mil pesos por agente. La segunda cuota se abonó el día 11 de enero con los fondos que fueron ingresando al Tesoro Provincial, conjuntamente con la primera cuota de los haberes de diciembre. Y la tercera cuota se hizo efectiva a partir del 19 de enero de 2008 utilizando un adelanto de coparticipación nacional de cincuenta millones de pesos que deberá pagarse en seis cuotas consecutivas desde el mes de julio de 2008.
Este panorama muestra el tremendo esfuerzo que realizó y sigue realizando el Poder Ejecutivo para hacer frente a la totalidad del pago de haberes de los trabajadores provinciales, sin tomar medidas que atenten contra la estabilidad laboral o los ingresos personales. Sin embargo, tampoco estamos dispuestos a relegar las obligaciones fundamentales del Estado debiendo afrontar el reestablecimiento de servicios esenciales cortados como son: los insumos hospitalarios, los subsidios de gas envasado para las familias más humildes, el combustible para vehículos policiales de Defensa Civil y ambulancias, los alquileres de edificios públicos -a punto de ser desalojados-, pagos de servicios de atención a pacientes derivados sin cobertura de obra social, fondos para reparación de edificios escolares, rutas, etcétera.
En el medio de esta situación el pago de los salarios del mes de enero también debió ser fraccionado ante la falta de fondos para su cancelación de manera normal. La primera cuota se hizo efectiva el día 7 de febrero en la que se abonaron sueldos hasta cuatro mil pesos y la restante el día 15.
A pesar de este desorden sin precedentes, que nos ha insumido gran parte de nuestro tiempo productivo, hemos podido con el escaso tiempo restante presentar las denuncias contra la emisión irresponsable de Letras de Tesorería emitidas la última semana hábil de la gestión saliente, las que deliberadamente comprometieron recursos provinciales hasta el mes de octubre del presente año.
También se debió afrontar y denunciar el uso de fondos de afectación específica por parte de las autoridades salientes, quienes utilizaron este procedimiento para disfrazar el enorme déficit operativo, que ellos mismos generaron con manejos irregulares de los fondos públicos. Como consecuencia de ello hoy faltan más de sesenta y cuatro millones de pesos en las cuentas específicas respaldadas por leyes, convenios y programas tanto nacionales como provinciales que deberán ser repuestos con el esfuerzo adicional de toda la sociedad.
Esto significa la imposibilidad concreta de la provincia de que debemos justificar, vez a vez, convenio por convenio en Nación, la imposibilidad de rendición de fondos. Porque esos fondos no están, porque esos fondos fueron utilizados para pagar salarios, ni aportes y contribuciones, ni coparticipación municipal, sólo salarios.
Estamos hablando de fondos vinculados a programas sanitarios, de educación y de desarrollo social. ¡Ese dinero no está, ya está denunciado en la Justicia!
En momentos en los que lo más sencillo podría haber sido negar las deudas, esta administración decidió restablecer los subsidios por equiparación docente estatuidos por la Ley 295, afrontar las deudas con establecimientos públicos de gestión privada establecidos por ley.
Se presentó y aprobó en la Legislatura provincial una Ley Tributaria que permitirá mejorar el esquema de ingresos propios y hace escasos días se aprobó también la ley que establece la moratoria para los contribuyentes en la Dirección de Rentas de la provincia.
Sabemos que cada una de estas medidas, que fueron votadas por la Legislatura y algunas siguen esperando el consenso (medidas que tienen que ver con la posibilidad de emitir bonos, de consolidar deudas y de poder reordenar estos números), necesitan ser discutidas pero creo que todos sabemos también la urgencia con que necesitamos que se discutan.
La generación de un espacio territorial, social e institucional favorable para el desarrollo sustentable de nuestras empresas e industrias, y la promoción de nuevas inversiones y radicaciones productivas.
La Provincia apoyará, ante cualquier estamento necesario, todas aquellas iniciativas de ingresos genuinos de capitales, de trabajo, humanos y/o tecnológicos.
La Ley 19.640 ha nacido como una ley de promoción económica y no de simple contención. En la búsqueda de una política sustentable impondremos, desde este mismo año, en el marco de la razonabilidad y el mutuo acuerdo paulatino con los sectores de la economía, un constante camino hacia la sustitución de importaciones.
Junto a casas de altos estudios y al sector empresario, apostaremos a un mayor nivel de tecnología, pues no solamente queremos tener fueguinos ocupados sino capacitados.
Con este mismo fin desarrollaremos una estrategia de mejoramiento de las capacidades de todo aquel personal público que quiera adoptar las propuestas de traspaso al sector privado.
Nos proponemos erradicar esa vieja idea de los galpones y el lado oscuro de los reintegros. Para ello intervendremos ante el órgano federal, regional e internacional que se requiera para mostrar las industrias que tenemos y su grado de desarrollo.
En este mismo orden de ideas hemos reposicionado al rango de Secretaría de Estado al área de Desarrollo Sustentable y Ambiente porque, para nosotros, es fundamental poder combinar todo emprendimiento productivo con los principios de economía rentable, equidad social y resiliencia ecológica.
Por eso en este año: implementaremos un manejo proactivo del bosque fiscal; desarrollaremos un ordenamiento generalizado que permita una salida de la emergencia forestal; desarrollaremos un manejo sustentable de la pesca de altura; fortaleceremos la pesca artesanal y fomentaremos la acuicultura. Potenciaremos la pesca deportiva con mayor acceso y mayor control a este deporte que ya tiene raigambre cultural local.
Profundizaremos los beneficios de la Ley Ovina y ordenaremos, regularizando como corresponde los títulos del sector minero.
Somos la primera provincia del país, cuyo gobierno se autoreguló en materia de disposición de pautas y propaganda oficial. Por decreto lo hemos efectuado y prontamente presentaremos un proyecto de ley... (Aplausos) ...para involucrar a todos los poderes del Estado.
La Legislatura estará discutiendo en los próximos días un proyecto de ley que ya se encuentra en el recinto. Este decreto no pretende ni pretenderá jamás suplantar un proyecto de ley que es el que permite, en el ámbito de la Legislatura, sumar opiniones y enriquecerlo.
Pero necesitábamos de manera urgente brindar esta señal, a la sociedad y a los medios de prensa, del reconocimiento del derecho a estar informado, a la obligación del Estado de informar y a los medios de comunicación a expresarse con libertad, sin extorsiones y con previsibilidad.
Esto nos parecía fundamental. Y por eso el dictado del decreto y por eso el agradecimiento -el reconocimiento más que el agradecimiento- a los legisladores por discutir rápidamente este proyecto de ley.
Esto que mencionaba recién forma parte del proceso de reforma del Estado, que es el tercer eje de nuestro plan de Gobierno.
Para nosotros, reformar el Estado es reposicionarlo; es decir, hacerlo presente y del lado de los ciudadanos. Para ello, la modernización y la transparencia son ejes fundamentales de esa reforma. Transparencia significa hacer público todo lo que es, precisamente, público. Por ello, ya empezamos y he aquí, el decreto.
Hemos incorporado al sitio web oficial toda la información de nuestros ingresos públicos, de manera diaria.
Estamos prontos a instaurar la figura de las auditorías sociales, mecanismo que permitirá a los distintos sectores de la comunidad controlar, de manera directa, la ejecución de los fondos públicos en obras y servicios.
Propondremos modificar la Ley de Acceso a la Información Pública, de manera de propender a instancias de efectiva respuesta a la ciudadanía y así hacer aún más fácil para el pueblo el conocimiento de la cosa pública.
Estamos muy avanzados en convenir con organizaciones no gubernamentales, representantes en Argentina de Transparencia Internacional, en el monitoreo de las compras, contrataciones y licitaciones. Y modernizar significa, para nosotros, incorporar tecnología y capacitar a nuestro personal.
En esto quiero hacer un par de observaciones: Esta posibilidad de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, para nosotros, resultaba fundamental el tema obra pública y el tema de las licitaciones de áreas petroleras. Cada una de estas acciones, en lo que tiene que ver con el ordenamiento del Estado, si bien están siendo encaradas por el Ministerio de Gobierno, están siendo articuladas transversalmente con cada una de las áreas de Gobierno. Esto significa capacitación en cada una de las secretarías, fortalecimiento. Y en esto quiero hacer hincapié que en la Secretaría de Hidrocarburos, que es una de las áreas del Gobierno por donde ingresa -además de Rentas- la mayor cantidad de recursos de esta provincia, cuya estructura de personal de administración y control tenía el mismo o mayor debilitamiento que el resto de las organizaciones del Estado.
Se está trabajando muy duro en capacitación, en informatización, en búsqueda de tecnología, en la redacción de los pliegos licitatorios que nos permitan explotar y explorar áreas que están revirtiendo a la provincia, pero no a instancias de la falta de transparencia.
Esto se está haciendo, acompañado por el Ministerio de Gobierno, en el marco de los acuerdos para el monitoreo de la transparencia en los procesos de licitación. Quería puntualizarlo.
La cuestión de la auditoría social, me parece que viene a establecer claridad o, por lo menos, conciencia del grado de desorden.
Yo anhelo que llegue rápidamente el día lunes para que los señores legisladores tengan en sus manos el informe de la Auditoría General de la Nación. Ansío que, una vez que ustedes lo conozcan, rápidamente se publique en la página del Gobierno; porque la indignación nos supera.
Cuando nos piden información cierta y los números no coinciden... ¡Claro que no coinciden los números! ¡No hay manera de que coincidan los números! Porque no hay un sistema de información. ¡Esta provincia no tiene informatizadas las rentas! ¡Cada persona que aporta y paga sus impuestos debe ir con un papelito para demostrar que no es deudor, porque los sistemas no están ni unificados ni establecidos en red! Y el recurso humano siente que su tarea no tiene ningún valor.
No es posible que el segundo ingreso de la Provincia, que es el de Rentas provincial, tenga este nivel de rusticidad en el manejo de la información crucial para esta provincia. La Auditoría General de la Nación observa la falta de asientos contables por más de mil asientos en la Contaduría General. Mil asientos. Más de mil registros faltan entre un registro y otro, de gastos hechos en la Provincia. Se borraron del sistema.
¿Todos quieren que tengamos los números claros? Nosotros también. Por eso pedimos la auditoría social; les pedimos los municipios que vengan; les pedimos a las organizaciones de la sociedad civil que vengan, porque aquí no hay mala fe. Lo que hay es un Estado devastado y la única manera de reconstruirlo es contar con todos ustedes, pero mirándonos y sintiéndonos una sociedad, no sintiéndonos individuos, si cada uno de nosotros pide para sí, sin poder ver a quién tiene al lado, a la institución que está al lado y el servicio que se presta en la otra cuadra, en la otra esquina, en el hospital o en la escuela, no va a ser posible resolver este caos.
Armaremos los cimientos en este año para crear el Instituto de la Administración Pública Provincial, donde formaremos y capacitaremos a los trabajadores de todas las áreas de manera transversal y sectorial. Este es un desafío inminente para nuestra gestión.
Ya hemos trabajado con organismos de cooperación internacional como: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de asistencia federal como el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para invertir en capacitación y tecnología de gestión.
Prontamente haremos efectivo acuerdos con agencias federales de distinto corte que nos brindarán ayuda en tecnología para áreas de salud, desarrollo social, economía y gobierno, entre otros.
Reformar el Estado también es vincularse de manera respetuosa con otras instituciones de la provincia, es así que también hemos puesto en vigencia, a partir del 2 de enero, el decreto a través del cual se restituyó el goteo diario a los municipios y comunas.
Con un gran esfuerzo discutiremos también la deuda generada, con ellos, con el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) y con distintos entes del Estado que hoy revisten el carácter de acreedores de deudas de larga data.
GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
Estamos trabajando en la búsqueda de financiamiento para la continuidad de obras paralizadas e inicio de obras nuevas, con especial prioridad de las necesarias en las áreas de educación y salud.
Antes que ninguna otra medida era imperioso sanear administrativamente el área por lo que se procedió al reordenamiento administrativo del Ministerio e investigación de expedientes, detectándose varios desaparecidos. Hemos efectuado para todo expediente consultas a los organismos internos y externos de control.
Pero la realidad no admite demoras, por lo que ya comenzamos a renegociar las obras paralizadas por deudas acumuladas desde el mes de marzo y abril de 2007.
Estamos tratando trabajosamente de regularizar las rendiciones a Nación de obras ya financiadas por el Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura. La no presentación, en su debido tiempo y forma, nos está entorpeciendo hasta ahora la percepción de nuevos fondos.
Sin embargo, aún con las arcas saqueadas, nos hemos propuesto invertir aproximadamente cuatro millones de pesos en refaccionar y reparar infraestructura de Educación, para garantizar así condiciones de uso y habitabilidad razonables en los edificios escolares.
En este sentido, nos hemos propuesto el inicio de construcción de no menos de cuatro escuelas de distintos niveles en la provincia y estamos trabajando con la Secretaría Legal y Técnica, el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, el Ministerio de Economía y la Fiscalía de Estado en la búsqueda del financiamiento para concretar de una vez la expropiación de la planta Renacer, CM y PL para que una de ellas sea destinada para el área de educación, tal cual había sido prometido hace cinco años.
Nos hemos propuesto en el presente año cumplir con las debidas ampliaciones de los hospitales de Ushuaia, Río Grande y Tólhuin.
En definitiva se ha detectado la necesidad de construcción de edificios para las distintas áreas (saneamiento, seguridad, servicio penitenciario, salud, minoridad, deportes, educación) cuya inversión requiere de cifras mayúsculas. Buscaremos para ello de manera muy pronta el consenso legislativo necesario a fin de que la Provincia pueda obtener créditos de inversión de infraestructura básica de servicios.
Estamos obsesionados con romper la lógica histórica de desidia y desfinanciamiento del Estado. Sin anuncios estrafalarios, pero sin dejar de avanzar un solo día.
Estoy convencida de que la provincia saldrá adelante, aunque sé que nos espera una etapa difícil. Nuestro compromiso está aquí y es básicamente un compromiso con nuestros contemporáneos, a quienes no tenemos derecho alguno de sacrificar en función de hipotéticos triunfos que se verán en el futuro.
Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda, vamos a despegar, vamos a salir adelante, vamos a hacer de Tierra del Fuego la provincia que nos merecemos. Y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados sino porque llegó el momento de hacer lo correcto.
Siento con esperanza que estamos empezando a enfrentar juntos uno de los mayores desafíos del Gobierno: en su pasaje de la parálisis a la recuperación institucional, a los requerimientos de un nuevo y exigente electorado, y a la reconstrucción de un sistema de control que ponga fin al sistema perverso y clientelista que sustentó la inequidad y que nos puso en desventaja.
La implementación de un sistema de control reclama una decisión política que dé sustento común a la acción reparadora del Gobierno que equilibre las cuentas. Y por fin, a través de las vías legislativas que nos brinda el ordenamiento institucional, podremos trazar el plan, el proyecto definitivo de ese espacio que permita a nuestros hijos y a nuestros nietos su formación integral, armónica y permanente en la totalidad de su dimensión personal.
La tolerancia y el pluralismo son el resguardo de las instituciones, el respeto a las minorías es la garantía para que ésta funcione y pueda defenderse y elegir realmente entre las opciones que cada grupo o cada ciudadano someta a la voluntad popular.
La tarea de construcción que nos hemos propuesto exigió, antes de ser emprendida, una cuidadosa evaluación de los elementos disponibles, de los costos eventuales y, naturalmente, de los recursos humanos con que habría que contar.
Hoy la crisis es visible para todos. Pero no seríamos leales con nosotros mismos si no volviésemos a proclamar con la misma fuerza del comienzo de nuestro Gobierno, nuestra adhesión a los valores que entonces se exaltaron: la convivencia fecunda, la ausencia de toda discriminación, el rechazo a la opresión que ejerce la corrupción, la posibilidad de construir el propio destino, ya sea éste individual, familiar o comunitario.
Por cierto, cualquier intención de cambio debe implicar un diagnóstico correcto y cuidado, que conlleve a examinar las efectivas medidas capaces de contrarrestar de raíz la desigualdad y la segmentación que parten de la mala administración del Estado; los resabios de corrupción que la afectan; la maraña funcional y formalista que la enredan; su desactualización metodológica y de contenido; la estructural desjerarquización profesional de sus trabajadores; la crónica insuficiencia de la infraestructura y del financiamiento; la desarticulación de los diversos niveles; la atomización conductiva, la dispersión normativa y la falta de compromiso con el trabajo.
Mediremos, en consecuencia, nuestros actos para no dañar a nuestros contemporáneos en nombre de un futuro lejano. Pero nos empeñaremos, al mismo tiempo, en la lucha por la conquista del futuro previsible, porque negarnos a luchar por mejorar las condiciones en que viven las mujeres y hombres de esta tierra, y por su mejoramiento en sí mismos, en términos previsibles, sería hundirnos en el conformismo.
Seamos conscientes de que los cambios no se producen por simples decretos y que sus efectos no se advierten de un día para otro. La tarea del Gobierno y de la oposición responsable es rescatar las instituciones y poner a disposición de la sociedad los medios para recorrer sin interferencias ni obstrucciones el camino de la recuperación económica.
El tiempo transcurrido, las reuniones incesantes efectuadas a lo largo de estos setenta cinco días y el hecho de que hoy confluyamos aquí en el inicio de las sesiones ordinarias de este Cuerpo, son síntomas significativos de que la tarea constructora que mencioné al comienzo está en incipiente desarrollo. Era el momento, entonces, de pasar una breve revista a los puntos esenciales de nuestras acciones.
La transformación del Estado que necesitamos para consolidar y ampliar una institución sana, requiere que los cambios armonicen entre sí la equidad, la libertad, la participación y la modernización. La superación de nuestra realidad supone que seremos capaces de articular y abarcar simultáneamente todas sus facetas.
Pero nuestras convicciones de ninguna manera pueden desembocar en actos que agredan las convicciones de los demás. El Estado, como instrumento de la sociedad, debe ser fuerte para prevenir acciones que perturben las convicciones de los demás. En este sentido, el Estado es neutro -sólo en este sentido- pero no absolutamente neutro: no puede serlo frente a los que hacen que la neutralidad sea imposible.
También le cabe a la sociedad, en su conjunto, asegurar que cada uno de los miembros pueda optar libremente por sus convicciones, sin limitaciones de índole económica, social, política, sexual o cultural. El Estado, como instrumento de la sociedad, también debe garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la libertad.
Libertad, tolerancia, pluralismo, conocimiento y respeto recíproco y construcción de valores y metas sociales son fines que deben presidir el trabajo en cada lugar, en cualquier empleo público, en cada institución de los Poderes del Estado, cualesquiera sean los agentes que sostengan la institución.
Lo contrario se inscribe en el campo de las claudicaciones éticas, en el campo de quienes piensan que el fin justifica los medios, esperando que el tiempo o un futuro maravilloso borre las culpas y las consecuencias provenientes de esas mismas claudicaciones.
La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero, sobre todo, implica admitir que se puede dañar a otros, que se puede postergar a otros, con la ilusión de que ese precio deplorable les permitirá algún día vivir mejor que los que siguen el camino correcto.
Todos estamos cumpliendo una responsabilidad compartida. Pero quiero expresar mi reconocimiento por la labor de los legisladores en el tiempo de receso.
Dejo inaugurado este período de sesiones. Espero y deseo, fervorosamente, que nuestra Legislatura discuta y debata en el campo de las ideas y los principios; y que, al final, prime el interés general.
Querido pueblo de Tierra del Fuego: Sepan que aquí está la voluntad firme e inquebrantable de una gobernadora acompañada de un vicegobernador y un equipo de Gobierno que no van a retroceder sobre sus pasos ni van a dudar del camino emprendido; que van a cumplir cabalmente con el rol que el pueblo les dio y con lo que las instituciones les demandan.
Muchas gracias.
MARIA FABIANA RIOS

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