MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
María Fabiana Ríos
EN LA APERTURA DEL XXVII PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 1° DE MARZO DE 2010
Señor vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, doctor Manuel Raimbault; señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia; señoras y señores legisladores provinciales; señor intendente municipal de la ciudad de Ushuaia; representantes de las municipalidades de Río Grande y de Tolhuin; señoras y señores concejales de las localidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; señoras y señores ministros, secretarios y funcionarios del gobierno provincial; autoridades consulares; invitados especiales; querido pueblo de Tierra del Fuego:
Antes de iniciar el tradicional discurso de apertura de sesiones ordinarias, quiero expresar, a las autoridades consulares de Chile, la solidaridad del pueblo y del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Brindamos toda nuestra solidaridad a la población y el acompañamiento al gobierno de la República de Chile, por lo que pudieran necesitar; estamos a su disposición con los pocos o muchos recursos de que disponemos.
Fundamentalmente, a las familias chilenas radicadas en la provincia de Tierra del Fuego, les ofrecemos la disposición y disponibilidad de las comunicaciones que se encuentran a cargo del gobierno de la provincia para que puedan saber de sus familiares y comunicarse con ellos.
En las carpetas que tienen en sus manos, ustedes van a encontrar un análisis detallado de nuestra mirada sobre la gestión y, como establece la Constitución, sobre el estado general del gobierno.
Seguramente, los que gustan analizar y revisar, año a año, lo que se dice en estos discursos de apertura, en sus casas podrán examinar con toda tranquilidad esos números y detalles.
En este momento tan importante, por lo menos para mí y en un año tan particular, quiero dirigirme al pueblo de la provincia, porque sin dudas este no es cualquier año.
Esta apertura del vigésimo séptimo período de sesiones ordinarias se da en el Año del Bicentenario que, para muchos, es solo una oportunidad de festejos, de inversiones, de encuentros colectivos. Pero creo que, fundamentalmente, es una ocasión que tenemos todos los argentinos, y particularmente los fueguinos, para reflexionar sobre lo que nos pasó en estos 200 años de historia y, especialmente, sobre qué bases queremos construir, para saber qué nos va a pasar en los próximos 200 años.
En uno de los libros de Felipe Pigna, Los Mitos de la Historia Argentina, cuenta la anécdota de un niño de ocho años que, en una de sus charlas en las escuelas, con toda la inocencia que caracteriza a un niño, le pregunta: “Felipe, ¿qué pasa, no nacen más héroes?”. Y esta naturalidad con la que el niño le preguntaba, tenía que ver con una construcción del heroísmo como una figura sobrehumana que, en algún momento, apareció y construyó los grandes procesos históricos, pero que ya no nacía más, no había más.
Y qué eran esos héroes sino hombres y mujeres que, sobreponiéndose a todas las debilidades humanas, entendían que debían pelear por lo que era bueno para todos. Qué eran esos héroes sino personas llenas de defectos que ponían por delante el amor a la patria, el reconocimiento de los tiempos históricos y la necesidad de pelear por un continente del que se sentían parte.
Un continente al que nosotros pertenecemos. Un continente en el que hoy, por ejemplo, en Uruguay va a jurar, en pocas horas más, como presidente de la nación, un luchador por las causas sociales; alguien que estuvo años preso, peleando por sus convicciones, y que hoy el pueblo de Uruguay le da la enorme responsabilidad de conducir los destinos de la patria.
Un pueblo como el de Chile, con una tradición democrática de la que muchos tendremos que aprender -todos debemos aprender- alterna gobiernos de diferentes signos políticos e ideológicos, con toda naturalidad y total normalidad. Con una presidenta que se retira del gobierno con la más alta imagen positiva y, sin embargo, su fuerza política pierde la elección, y deja el Ejecutivo en manos de un color político sustancialmente diferente.
Con un Evo Morales que hace pocos meses asumió, siendo reelecto, en Bolivia, en medio de una situación de violencia instalada durante meses, con disputas institucionales profundas, pero con la enorme convicción de que levantar los pisos de ciudadanía en un país como Bolivia, donde su mayor riqueza terminó siendo su mayor desgracia; con toda su convicción peleó, ganó, luchó y seguirá peleando.
A ese continente pertenecemos: a ese continente que dio los héroes; a ese continente que sigue pidiendo actos heroicos porque los héroes siguen naciendo.
Solo tenemos que estar convencidos de que tenemos por delante un destino heroico que nos necesita, que nos requiere y que requiere de ciudadanos que, fundamentalmente, puedan poner por delante las necesidades colectivas a las necesidades propias, porque solo desde esa perspectiva podremos construir una provincia, un país y un continente donde valga la pena vivir.
Dicho esto vamos a dar inicio a este discurso de apertura del vigésimo séptimo período de sesiones ordinarias.
En este Año del Bicentenario, recuerdo que hace ocho años que en esta provincia no se produce este pequeño hecho: el mismo gobernador da el discurso de apertura de sesiones ordinarias durante tres años sucesivos. Esto habla de nosotros. Desde el año 2002, no hubo ningún gobernador que haya dado durante tres años continuos el discurso de inauguración de sesiones ordinarias.
Ello nos relata las sucesivas crisis institucionales que marcaron a las instituciones, las relaciones entre ellas y, por supuesto, sus vínculos con la ciudadanía; relaciones de tensión que en general se resolvían por la vía de la violencia, del agravio.
Para cada uno de nosotros debe ser todo un desafío participar de este hecho histórico.
Antes de preparar este discurso de apertura, revisaba los discursos dados a escasos setenta y tantos días de haber asumido, en el año 2008, y también el de apertura de las sesiones del año pasado, haciendo verdaderamente un balance.
Anticipábamos un año 2009 altamente conflictivo y decía que necesitábamos poder transitarlo en paz.
Indudablemente, creo que 2009 desbordó, más allá de nuestras propias miradas y perspectivas para ese año, la conflictividad que preveíamos. Algunas, por hechos fortuitos y otras por hechos que se fueron concatenando a partir de acciones y reacciones.
Pero cuando uno hace el balance de 2009, dice: “Empezó un año difícil, transcurrimos un año complejo, pero concluimos un año que, creo, nos está abriendo la puerta de ese horizonte esperanzador que buscábamos”. Considero que en esto todos somos parte; somos parte de hacer de esa oportunidad un verdadero horizonte y no perderla.
Arrancábamos ese 2009 con una crisis mundial instalada. A los pocos meses ya no teníamos la tarifaria. Habíamos terminado 2008 con las fábricas que estaban cerrando. A los pocos días teníamos una toma de la Casa de Gobierno, paros por 40 y tantos días… Y, si algo faltaba, llegó la gripe A, por la que se suspendían las clases e impedía las reservas turísticas.
Y la crisis habitacional de la que veníamos hablando desde los años 2008/2009, debía ser resuelta destrabando la posibilidad de tener infraestructura básica para nuestros barrios.
La oferta del Estado venía muy mal: deudas con el municipio, con el IPAUSS, con proveedores. Veníamos, a los empujones, tratando que el Estado funcionara.
Si algo faltaba a todo esto, en el mes de marzo, se anuncia el adelantamiento de las elecciones que generó, por cierto, un escenario de disputa política.
Como dice Mujica en su discurso a los intelectuales en el Uruguay: “Benditas y malditas elecciones. Benditas, porque son el signo de una continuidad democrática. Y malditas, porque en épocas de elecciones no siempre todos decimos la verdad”. Casi siempre, en el medio hay intereses que tienen que ver con esa disputa que ensombrecen, que ocultan o que de algún modo maquillan las realidades para obtener, en función de esas elecciones, algún hecho que sea relevante para ciertas fuerzas políticas.
En esas elecciones, los representantes del gobierno obtienen un terrible quinto puesto: un tremendo diez por ciento de los votos que fue utilizado también para, de algún modo, poner en jaque o en duda la legitimidad de un gobierno.
Pero como en casi todas las cosas en la vida de las derrotas, podemos salir derrotados o podemos salir fortalecidos. Y esa derrota que, a veces es una victoria colectiva, hace pensar cuánto de ella es razonable y cuánto tiene de otras expectativas; y qué nos están diciendo, además, de las cosas que quedaban por resolver.
Fue así que, desde el gobierno provincial, tomamos la iniciativa que venía desde el gobierno nacional que iba a ser acompañada, sin duda, por la totalidad de las fuerzas políticas, sociales y económicas de la provincia. Nos pusimos como objetivo pelear y discutir, en el difícil ámbito del Parlamento argentino, la ley que de algún modo modificara la estructura impositiva de las empresas radicadas y que garantizara la radicación de nuevos puestos de trabajos.
Y en esta tarea estuvimos todos trabajando. Me refiero a la totalidad de las fuerzas políticas, diputados y senadores, a quienes va mi reconocimiento -como decía cuando vino la ministra Débora Giorgi- centralmente porque sabemos que es su obligación pelear por los intereses de la provincia en el Parlamento. Pero también sabemos lo difícil que fue, para cinco diputados y tres senadores, convencer al Cuerpo de que esa ley no era un privilegio para el pueblo de Tierra del Fuego, sino que era una norma necesaria para establecer una matriz económica que empezara a mirar a la producción y a la industria como el horizonte de crecimiento y de trabajo para nuestros hijos, y que dejara de mirar al Estado como la única salida laboral posible.
En esta tarea nos acompañaron concejales, intendentes, diputados, senadores, cámaras empresariales y la Unión Obrera Metalúrgica que, con toda convicción, dejó de lado la disputa de intereses contrapuestos en relación al empresariado y pudo encabezar esta pelea en el Parlamento, adonde fuimos, bloque por bloque, legislador por legislador, a explicarles por qué la provincia de Tierra del Fuego cifraba sus expectativas en esta ley.
Los resultados están a la vista y van a seguir estando a la vista.
Habíamos terminado 2008 con compañeros suspendidos, en las fábricas.
Terminábamos 2009 con más de 2000 puestos de trabajo recuperados.
Pero la tarea continúa. Ese horizonte del que les hablo permanece porque debemos seguir trabajando por las textiles, por las plásticas.
Debemos poder trabajar en integración horizontal entre las empresas. Debemos poder pensar que esas empresas que generan ganancias y puestos de trabajo deben tener conciencia de que están instaladas en una provincia dispuesta a asumir el rol de provincia socialmente responsable. Y, como provincia socialmente responsable, además de los puestos de trabajo y de la ganancia económica, requerirá también, sustentabilidad ambiental.
En este sentido, vamos a necesitar de los municipios, de los concejos deliberantes, para que nos ayuden a trabajar en el diseño y en el mejoramiento de nuestros parques industriales, para que Tierra del Fuego deje de ser una provincia con fábricas y sea, efectivamente, un polo tecnológico de alta calidad, de alta innovación. Que ese centro de innovación tecnológica en el que se han comprometido los industriales, y en cuyo financiamiento también se ha implicado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, además, pueda ser instalado en nuestras ciudades con calidad ambiental, con compromiso social, colaborando a la cohesión social; y con los municipios y la provincia trabajando y articulando de qué manera esto se dará mejor para nuestros ciudadanos. Porque somos nosotros, el gobierno y los municipios, quienes administramos circunstancialmente la organización de estos bienes en cada una de las jurisdicciones en las que estamos.
Pero luego de este logro, que para nosotros es una de las cuestiones de relevancia económica más importantes en los últimos años en Tierra del Fuego, les comunico que he firmado el Decreto 441/10, a través del que se crea la Subsecretaría de Industria y Comercio, y también la Subsecretaría de Desarrollo Regional y de Pequeñas y Medianas Empresas, para poder asesorar y brindar financiamiento, a través de los organismos de crédito internacional y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a todos aquellos emprendimientos vinculados no solo a la industria sino también a la producción primaria, para poder agregarle cadena de valor a nuestros productos de la economía y que esta tenga una incidencia mayor sobre el producto bruto geográfico. Y tiene que ver con el fuerte compromiso del gobierno de la provincia para generar una estructura de producción y de desarrollo diferente a las que veníamos teniendo a lo largo de estos años.
Independientemente de eso, hubo una segunda cuestión, que tiene que ver con la Universidad de Tierra del Fuego, proyecto largamente anhelado pero que debe ser puesto en consideración de la sociedad con toda seriedad y con toda certeza.
Haber creado por ley la Universidad de Tierra del Fuego -era la única provincia de Argentina que no tenía una universidad nacional propia- significa un enorme desafío. Y, en este sentido, debemos dar pasos ciertos y contundentes.
De la universidad podemos hacer un polo de pensamiento y de compromiso del más alto pensamiento con la sociedad. Y podemos hacer un núcleo cerrado donde, inclusive por razones ideológicas, puedan quedar personas sin la posibilidad de expresarse, de enseñar o de aprender.
En este desafío, que lleva tiempo, siento esta responsabilidad como una de las más grandes que he tenido a lo largo de estos años de gestión y que, sin duda, tendré hacia adelante. Porque no puedo ni podemos pensar en una universidad para hoy. Tenemos que sentar las bases de una institución que sea el faro que alumbre el futuro de la provincia, que sea el lugar donde se generen pensamiento, innovación, para la economía de la provincia, para la sociedad de la provincia, para el fomento de valores en esta provincia.
Y, en este sentido, vamos a asumir esa responsabilidad en el tiempo que nos sea necesario hacerlo. No estamos creando una universidad de la nada, lo estamos haciendo sobre las bases de la unidad académica existente, hoy, en la provincia. Somos muchos los actores que debemos ponernos de acuerdo.
Hay una transición de dos años. Y esto debe ser dicho para que las expectativas de quienes están pensando que una universidad que se crea hoy, mañana puede darnos una oferta académica de 12, 15 ó 20 carreras, no es posible que así sea. La oferta debe ser de calidad y construirla lleva tiempo, implica construcción de consensos y, fundamentalmente, la necesidad de acuerdos entre los distintos actores que participan. Pero este también es un camino iniciado, gestionado y logrado: hoy, tenemos la Universidad de Tierra del Fuego.
Les dije que había estado mirando los discursos porque uno necesita poder mirar para saber qué cosas dijo que iba a hacer, qué pudo hacer y qué no. Me parece que forman parte de esta autocrítica que la ciudadanía espera de nosotros pero que, a veces, nos da esta sorpresa de decir: “¡Qué duro fue el año, pero cuánto se pudo hacer!”. Y, sobre todo, cuánto queda por realizar en función de lo ya logrado.
Un tema que, sin duda, atravesó todo el año 2009 fue el de los hidrocarburos. Decíamos, en el discurso de apertura de 2008, dos cosas: una que no dije y otra que voy a decir ahora. La que no dije tenía que ver con la creación de un fondo solidario para sostener a las personas que estaban perdiendo los puestos de trabajo.
Si recuerdan -no sé si deben recordar, porque yo tampoco me acordaba- en una parte del discurso hacíamos referencia a este tema, porque eso estaba pasando y pensábamos cómo resolverlo. Pero ese pensamiento hizo que fuésemos más adelante, y no resultó necesario crear ese fondo porque se originaron puestos de trabajos genuinos.
En este sentido, destaco particularmente, porque es un acto de enorme generosidad de la Unión Obrera Metalúrgica, la discusión con empresarios y con el sindicato nacional para dar la posibilidad de establecer un nuevo parámetro salarial para jóvenes que les permitirá el ingreso al mercado laboral, en lo que es el rubro de pequeños electrónicos. Esto habla, en principio, de un enorme compromiso de un sindicato que no mira solo la demanda de quienes están trabajando sino que, además, está pensando de qué manera se compromete para que, dentro del rubro en el que trabajan, se puedan habilitar nuevas fuentes laborales, que no son para ellos sino para nuestros hijos y para sus propios hijos. Me parece que es para destacar.
Pensábamos que teníamos que llevar adelante un 2009 con subsidios para paliar el desempleo y lo terminamos con aumento de puestos de trabajo, y con un tema que tampoco quiero dejar de mencionar, que es la Asignación Universal para la Niñez. Con defectos, con virtudes, es un paso adelante en la construcción de ciudadanía que nuestros niños no encuentren vinculada su salud y su permanencia en el ámbito escolar al empleo en blanco de sus padres, sino ligadas a una condición de ciudadanía: que por el solo hecho de ser un niño nacido en Argentina pueda tener derecho a un ingreso mínimo; que deberá ser mejorado, seguramente; que deberá ser controlado, por supuesto. Pero empezar a hablar de esto es comenzar a decir que todos los niños son iguales ante la ley. Y, en este reconocimiento, garantizar la escuela y la salud me parece que son dos temas que nos están señalando de que de esta manera solo podemos garantizar el futuro.
Les decía que todo 2009 estuvo atravesado por la discusión de los hidrocarburos.
La sanción de la Ley 774 terminó con un fallo de inconstitucionalidad que he decidido no apelar. Esta norma pasó por una serie de vicisitudes; en algunos casos, por errores propios; en otros, por mezquindades miserables y, en otros, por convicción profunda de que no se trataba de una buena negociación para la provincia Tierra del Fuego -poco fundada, pero que algunos estaban realmente convencidos de que no era una buena operación-. Y por inexperiencia de los organismos provinciales que nunca, a lo largo de la historia de la vida institucional de la provincia, habían tenido que intervenir, en principio, en una inversión de esa magnitud y, en segundo lugar, en una operación de regalías pagadas en especies para Tierra del Fuego.
No obstante esto, la modificación de la Ley 6, producida en 2009, nos permitirá abrir el registro de empresas interesadas en adquirir cuotas de regalías de la provincia de Tierra del Fuego.
La Ley 17319 y sus modificatorias fueron motivo de discusión a lo largo de todo el año pasado. Los que sabían, los que no sabían y los que aún no sabiendo querían opinar para instalar eso que es lo más fácil de establecer en el mundo: los procesos de corrupción relacionados con inversiones de muchos millones de dólares.
Nosotros necesitamos que nos controlen; queremos que lo hagan y sabemos que lo harán. Estamos realmente satisfechos de que sea así.
Y no tenemos ningún problema, desde el reconocimiento de los errores, de buscar el modo para que esto, efectivamente, pueda hacerse. No claudicamos en la necesidad de agregar valor a lo que tiene que ver con la explotación del gas en Tierra del Fuego. Esta provincia no puede seguir explotando un recurso no renovable, un recurso fundamental, el segundo recurso provincial de importancia, sacando por un caño lo que saca por otro. Perfora y saca.
Necesitamos -y estamos convencidos de que es lo mejor que puede hacer esta provincia- seguir trabajando con alternativas que se consideren válidas por todos los organismos, por todos los que tengan que intervenir.
Detrás de la inversión de hidrocarburos no había ningún negocio -podía haber errores- que no fuera el negocio, para el pueblo de la provincia, de la instalación de una planta y la generación de puestos de trabajos. Vamos a seguir buscando cómo generamos trabajo, cómo generamos plantas de tratamiento, del agregado de valor, porque lo precisamos; ¡porque lo necesitan nuestros pibes!; porque debemos pensar en una provincia que produzca y no en una que viva de regalías de un producto que se termina.
En este sentido, quiero decirles, además, que una provincia que se desarrolla necesita de obras de infraestructura que durante demasiados años no tuvimos.
En los próximos días, en este mes, se estará inaugurando el gasoducto paralelo al San Martín que va a permitir duplicar o triplicar la capacidad de trasporte de nuestro gas al continente. Pero debiéramos decir que esta buena noticia puede no serlo tanto, cuando ese gas proviene de pozos petroleros ubicados fuera de los límites de la provincia.
Debo comentarles que es una buena noticia con otra buena noticia, porque en la inauguración de ese gasoducto se va a estar firmando algo que hace más de una década Tierra del Fuego esperaba: el fideicomiso austral.
Algunos de ustedes, seguramente muchos de quienes están aquí porque la mayoría proviene de la política, de las instituciones públicas, ya conocen de qué se trata este fideicomiso austral. Pero la sociedad de Tierra del Fuego solo sabe de un nombre que muchas veces salió en la tapa de los diarios, aunque hasta ahora no tuvo concreción.
El fideicomiso austral es una operación que se inicia a instancias -y debe ser reconocido- del fiscal de Estado de esta provincia.
Durante fines de 99 y principios de 2000, en el gobierno nacional de la Alianza, se suscribió un acuerdo, por el que la Nación le reconoce a la provincia el derecho de percibir una parte de las regalías de esos pozos que estaban fuera de sus límites provinciales, para generar un fondo que construyera las grandes obras de infraestructura, que son imposibles de pagar con fondos ordinarios, con recursos presupuestarios normales y habituales. El trámite tuvo muchas idas y vueltas. Finalmente, después de esta década transcurrida, hemos llegado a un acuerdo para que ese fondo se constituya con el 50% de las regalías.
Hoy, el Estado nacional no tiene la obligación de coparticipar las regalías, por encontrarse ese yacimiento fuera del espacio provincial. Pero sí hay un reconocimiento de utilización de la infraestructura en tierra para que ese gas pueda ir al continente.
En razón de ello, este fideicomiso austral se constituye con estas regalías y con un fondo, en principio, a determinar. Y esa incorporación de regalías que, mensualmente, a partir de la habilitación del gasoducto pueda enviarse al continente -esa acreditación del 50% de regalías- tiene destino específico: grandes obras de infraestructura. ¿Qué grandes obras de infraestructura? Entre otras, podemos nombrar -están presupuestadas y las verán presupuestadas en otras vías de financiamiento que también hemos buscado- el puerto de Río Grande, que ha tenido “mareas” en cada proceso electoral; allí está presupuestado el interconectado provincial y el polo logístico antártico.
Tenemos fuentes de financiamiento legítimas, genuinas, de nuestros recursos que, finalmente, después de una década, van a estar y podrán verlas todos los fueguinos.
Para esto se trabajó; costó mucho, pero llegamos.
En los próximos días, firmamos ese fideicomiso austral que quiere decir “más y mejores obras” para el desarrollo de una provincia que se piensa mirando al mundo.
También, en el año 2009, decíamos que estos recursos hidrocarburíferos fundamentales no tenían que ver solo con nosotros sino, sobre todo, con las futuras generaciones; y que íbamos a someter a consulta popular lo que haríamos con la renegociación de los contratos petroleros.
La brutalidad y la violencia puestas de manifiesto, a lo largo de todo el año, me hicieron desistir de la idea. Y me hago cargo personalmente de ese desistimiento, porque es muy difícil discutir con racionalidad cuando quien uno tiene en frente lo único que plantea es el agravio, es la duda, es la denuncia.
Hasta tuvimos allanamientos en la Casa de Gobierno porque suponían que habíamos utilizados recursos que nunca usamos y que no se han usado. Desde esta irracionalidad es muy dificultoso plantear lo que sería naif: ¿podemos llamar a consulta cuando todo está armado para que de esa consulta no pueda salir nada verdadero? La verdad es que no. Y, seguramente, esto tenga que ver también con errores propios.
Pero algo que debió ser resuelto por las vías institucionales y por el reconocimiento de la autoridad, no pudo ser resuelto. Y, la verdad, no tengo ningún problema de decir que esto no se va hacer.
Por eso, debo comentarles que el expediente de la licitación del CA-12 ya ha pasado por el Tribunal de Cuentas y está siendo revisado para que ese pliego finalmente se haga público, y sea transparente.
No pudimos ni siquiera habilitar la auditoría de terceras organizaciones, porque hasta esto fue cuestionado. Tan cuestionado como la intervención de la Auditoría General de la Nación en el tema, lo que mereció un llamado de atención por pedir, a terceras instituciones, que nos controlaran; ¡si habíamos pagado algo para que nos controlaran!
Cuando quisimos que Poder Ciudadano interviniera en la licitación del CA-12, nos dijeron por qué buscábamos terceros organismos ¡para que nos controlaran! Inusual, ¡inédito! Pero esto pasaba acá, en esta Tierra del Fuego.
Frente a este grado de irracionalidad, y en ejercicio de la autoridad que me ha dado el pueblo de la provincia, he tomado esta decisión; y habilitaré, en los próximos días de este mes, el registro de empresas interesadas en renegociar. Y que digan los que les parezca… (Aplausos prolongados) porque la renegociación de los contratos petroleros, por única vez, es atribución del Ejecutivo y está fijada en la Ley 17319. Cuando vencen las concesiones petroleras, “por única vez”, el gobierno de la provincia puede renegociarlas.
Pero el gobierno -que no es irresponsable- reconoce la legitimidad política de este Cuerpo, donde la mayor parte del pueblo está reflejada porcentualmente a través de sus representantes; está aquí, en esta Legislatura y tiene delegados políticos partidarios.
Más allá de lo que deba hacer la Legislatura, constituiremos una comisión integrada por todos los partidos políticos con representación en esta Cámara para que revise -previo al llamado a licitación- este pliego, este llamado a renegociación, independientemente del rol que, sin duda, va a tener esta institución en cuanto a que esa renegociación deberá pasar por este Parlamento, que será quien finalmente, tendrá la última palabra.
No hay en los poderes del Estado ninguno que pueda reemplazar a otro. El respeto a la división de poderes es la base de la construcción y de la constitución de un sistema democrático. Lo respetamos, lo sostenemos; reconocemos los errores y estamos dispuestos a tomar decisiones haciéndonos cargo de las consecuencias; siempre nos hicimos cargo y vamos a seguir haciéndolo.
Otra cuestión que atravesó el gobierno, a lo largo de casi todo el año, fue el conflicto con los municipios que tuvo como eje central los recursos. Fue un año que empezó bien y que, a mediados, se complicó fundamentalmente porque en julio las arcas provinciales si algo tocaron fue su piso. Y a las múltiples responsabilidades de la provincia, diferimos en algunos días los pagos por coparticipación.
A veces era posible discutir y a veces no. Cada uno de nosotros constituimos instituciones y ellas son nuestro reflejo.
La verdad es que a mí no me asustan los conflictos. Y creo que a ninguno le asusta.
Sabemos que cuando discutimos temas comunes -como sucede hoy, con los docentes- la dificultad es la vía para intentar resolverlos. Hay uno que sabe que le pertenece; otro que sabe que debe enviarlo. Uno que sabe que tiene responsabilidades, pero que además sabe que no le alcanza y que debe distribuir con la mayor equidad posible.
Esos problemas respecto de las relaciones con los municipios, se fueron canalizando, en principio, a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional que puso a disposición 50 millones de pesos -esto sucedía también después de un proceso electoral para cancelar deudas de financiamiento de algunas obras que tenían programadas y proyectadas las municipalidades. Incluso se han incorporado obras para la comuna de Tolhuin, aun cuando no se le debía coparticipación. Pero sí, el gobierno provincial le debía a los municipios de Ushuaia y de Río Grande.
A partir de los convenios por cancelación de deudas y su presentación, el trámite se fue demorando en los organismos de control.
En el último mes, se hizo un adelanto con fondos propios de la provincia para el financiamiento de la obra cloacal maestra de Río Grande y que, a través de ella, varios miles de familias de esa ciudad pudieran beneficiarse con un emprendimiento de saneamiento fundamental para los barrios Chacra XI y Chacra XIII.
Sin embargo, los 50 millones del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional están por liberarse, es decir, vamos a contar con esos recursos para ir cancelando esta deuda con los municipios.
Más allá de que los envíos de fondos se fueron regularizando, a pesar de la judicialización que los municipios hicieron respecto de esos envíos, en ejercicio de su legítima autoridad de defender los recursos que les son dados a su administración, poder normalizar esta relación de envío regular significó, también, de parte del Estado provincial un gran esfuerzo.
Un Estado que vio cómo, a fin de año, los intendentes de las ciudades más importantes, se hicieron presentes en la Legislatura provincial para reclamar sus propios recursos. Seguramente, lo hicieron entendiendo que se trataba de algo necesario, de que debían estar allí porque este Cuerpo consideraría un tema relacionado a sus ingresos por coparticipación.
Debo decirles qué piensa esta gobernadora de la provincia: Creo, francamente, que el tiempo del saqueo a las arcas públicas ha terminado. Creo, francamente, que las épocas de las trapisondas concluyeron.
Creo que necesitamos dar paso a un tiempo en el que cada una de nuestras funciones, gestiones, recursos, responsabilidades, sean puestos en consideración de la comunidad.
Creo que necesitamos, cada uno de nosotros, decir qué hacemos, cómo lo hacemos, cuántos recursos invertimos y cuánto de todo lo que recibimos va a esto.
Por ejemplo, los derechos ambientales antes de los 90 ni siquiera figuraban en la Constitución. Los derechos del consumidor, tampoco. Los derechos de tercera y cuarta generación, tampoco. Se modernizó el concepto del derecho ciudadano y debe modernizarse el de las instituciones.
Necesariamente, debemos pensarnos no solo en relación a estos derechos que antes no estaban, sino también en función a esas nuevas demandas de derechos básicos que nadie discute.
Siempre digo que, como trabajadora de la salud, y lejana a la cuestión de las leyes, me llamó la atención cuando un profesor de farmacología me dijo que el derecho de la salud no está garantizado en la Constitución. Dije: “¿Cómo?”. No, en la Constitución del 53 explícitamente no estaba. No estaba. ¿Hoy, alguien lo pone en duda? ¿Alguien tiene duda de que, aun no estando, el derecho exista? ¿No nos podemos dar esta posibilidad de discutir de qué manera organizamos mejor esa disposición de recursos al servicio de lo que le da sentido a nuestro ser y a nuestro hacer en el Estado? ¿No podemos sentarnos a discutir cuánto de seguridad se gasta o se invierte en capacitación, en uniformes, en nuevas tecnologías?
El delito se complejiza y también la necesidad de tecnología y la articulación de acciones para combatirlo.
Si hablamos de salud, hace apenas 50 años atrás el mayor porcentaje del gasto en esa área era la mano de obra médica. ¿Qué era lo más importante en la salud? La mano de obra médica; el médico de familia que iba a visitarnos a casa y nos decía si el chico estaba enfermo, si necesitaba algo o no.
¿Cuántos de ustedes reciben hoy un médico en su casa? ¿Cuántos de ustedes no se hicieron ya una tomografía computada o una resonancia magnética nuclear, o un centellograma? ¿Cuánto pasó en estos 50 años? ¿Cuánto cambió? Y también debiéramos preguntarnos cuánto de este cambio es útil? Esta es otra cuestión. ¿Cuánto de lo que invertimos en prevención debe ser prevención sistemática o prevención aislada?
Esto implica la profunda necesidad de discutir qué y cómo hacemos para pensarnos en los próximos 50 años, sin seguir haciéndolo y mirando 50 años para atrás, porque esa mirada solo nos sirve para entender que las diferencias que se generaron entonces, dieron origen al escenario de hoy que necesita mirar a un mundo que, en realidad, es bastante indefinido; y que es bastante improbable lo que podamos tener por delante.
Pero también, si hay algo que sí es probable y cierto es que los recursos no son infinitos y que debemos poder pensarlos en relación a cómo articulamos estas funciones.
Nadie va a saquear recursos de nadie. Ningún intendente se despertará, por la mañana, viendo esquilmados sus recursos. Tengan, en esto, la certeza en lo respecta a esta gobernadora y con su bloque parlamentario.
Sí sepan, además, que necesitamos no solo de las intendencias y de los concejos deliberantes sino de la totalidad de las instituciones con responsabilidad en la garantía de salud, educación, seguridad, ambiente y cuidado del recurso.
Vamos a requerir, de todos, esta necesidad de sincerar qué hacemos, cómo, con cuánto, y qué pensamos hacer hacia adelante.
Otra cuestión que no quiero dejar de tratar y que hace referencia a los avances logrados, en articulación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil, tiene que ver con el abordaje de la crisis habitacional. Llegamos al gobierno con una crisis habitacional instalada, que necesitábamos considerar articuladamente.
Se ha destrabado una cantidad de financiamiento para vivienda y obra pública. Por primera vez, en muchos años, en Tierra del Fuego vamos a inaugurar escuelas que, ojala, estén llenas de chicos y de docentes en los próximos días. (Aplausos). ¡Vamos a poder construir más escuelas, el año que viene! Vamos a poder hacer centros de Atención Primaria, en los barrios.
Podremos abrir comisarías, fortaleciendo este criterio de la seguridad cerca del ciudadano y no que el ciudadano tenga que ir a la sede central de la Policía. Que sea esa policía que nos conoce, que sabe quiénes somos, que conoce a aquél que cada tanto se sale de la raya y lo puede tener más controlado, cerquita, en el barrio.
Esas inversiones requirieron de un fuerte trabajo de la gente del Instituto Provincial de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, que ha logrado que, dentro del presupuesto nacional y de los distintos programas, puedan estar contempladas obras para 2010, de más de 600 millones de pesos (Aplausos). Esto significa que vamos a entregar los dúplex del Plan Arraigo; esas viviendas que eran como un mecano, como un Rasti, que estaban en la entrada de Río Grande; ese Chacra XIII que pensábamos que nunca se iba a poder otorgar, se termina de entregar este año, generando el mayor desarrollo urbanístico de los últimos tiempos en esa ciudad.
Se pudo concluir con la obra de infraestructura del Pipo; pudimos hacer entrega de viviendas. Y, este año, vamos a adjudicar alrededor de 800 casas, y 500 más en ejecución. Seguimos dando lotes.
Se obtuvo el financiamiento para la tercera etapa del Gasoducto Fueguino; también se consiguió el apto técnico para esa obra.
Cuando participábamos del acto de inauguración de la segunda etapa del Gasoducto Fueguino, con el intendente Sciurano, aquí en un hotel céntrico, el representante de la transportadora de gas nos decía que estábamos atrás en la realización de infraestructura de gas. Y en una provincia que se piensa instalando hoteles, fábricas, haciendo escuelas, originando nuevos desarrollos urbanísticos, es bastante improbable poder hacerlo si no tiene desarrollada, en un lugar como el nuestro, la infraestructura relacionada con el gas.
En ese momento, el responsable de la empresa, nos comentaba que esa obra, a lo sumo, tenía para tres o cuatro años, y con un desarrollo urbanístico moderado.
Este financiamiento de la tercera etapa nos permite visualizar un horizonte a 10 años, por lo menos; lo que nos da oxígeno para seguir pensando nuevas obras de infraestructura. Y, con el fideicomiso austral en marcha, este horizonte empieza a tener otras características.
Recordémonos el año 2008, con todo colapsado, sin un centavo, sin obras de infraestructura, crisis habitacional instalada. Comparando con el presente, estamos hablando de 1000 viviendas para entregar, lotes, infraestructura, financiamiento para la red cloacal y también para gas.
Me parece que estamos, de verdad, caminando no hacia las palabras sino hacia los logros que permitan a nuestra gente vivir un poquito mejor.
Les decía que, este año, estamos inaugurando escuelas y jardines. Pensamos inaugurar más escuelas el año que viene. Y, en los próximos días, esperamos que en las escuelas estén los chicos y los docentes.
Hace pocos días se llevó adelante la paritaria nacional que estableció un nuevo piso para el salario docente. Ustedes saben que, en Tierra del Fuego, ese salario está muy por encima de ese piso, en principio, debido a las buenas negociaciones del sindicato a lo largo de los años y, en segundo lugar, a una realidad provincial diferente, quizá, a la del resto del país.
La declaración de la medida de fuerza preocupó mucho al gobierno de la provincia. La verdad, también inquieta que haya sido vista como una provocación y no como una oportunidad de que el primer día de clases pudiésemos comenzar el año lectivo con los chicos en las escuelas y con los docentes discutiendo en paritarias. Y no es una cuestión de palabras, sino de hechos. Concretamente, se había llamado a paritarias para el día de hoy y se debían iniciar las clases. Lo cierto es que los chicos, hoy, no están en clase y que en el día de ayer, y en virtud de haber establecido un aumento presupuestario en algunos planes relacionados con la educación, el gobierno provincial podía disponer de recursos específicos para el área, y plantear una mejora en la oferta salarial docente; que ponía a los cargos testigo en 3200 pesos de básico, para el próximo mes, y 3400 a partir de agosto. Esta propuesta no fue aceptada. Esperamos que lo sea, a partir de esta conciliación obligatoria, en los próximos días.
También el gobierno de la provincia propuso titularizaciones para todos los cargos docentes, con determinadas características para los diferentes tipos de cargo; que tampoco fueron aceptadas.
Y, en virtud de las circunstancias actuales, debo decirle a la población de Tierra del Fuego que, más allá de lo que el sindicato acuerde o no, el gobierno dictará el decreto de titularización, en las condiciones que el Ejecutivo ha planteado a los docentes. Porque, si no es el sindicato, deberá ser el gobierno quien vele por la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación.
Lamento, profundamente, esta imposibilidad de dialogar con el sindicato docente, pero trato de hablar con los docentes. Necesito poder hablar con ellos.
Además del diálogo con los sindicatos estatales, necesito poder hacerlo con los trabajadores del Estado, con los profesionales médicos, con los técnicos del hospital, con los administrativos.
Necesito decirles que, a nosotros, estos 26 meses nos dieron mucha vergüenza, porque somos trabajadores, no somos cualquier cosa. No somos empresarios devenidos al gobierno.
Y no le estoy dando una característica negativa, sino que quiero decir que quienes estamos acá, hoy gobernando, no solo no nos olvidamos de dónde vinimos sino que vamos a volver adonde estuvimos, cuando dejemos esta circunstancial función.
Debo decirles que la vergüenza es porque no pudimos, a lo largo de todos estos meses, pagar el salario como correspondía. Meses que fueron más de dos años… Hicimos enormes esfuerzos para pagar y, la verdad, sería vergonzoso plantear como un logro de gestión que este mes vamos a abonar en una vez. No lo es. En principio, es una rectificación de una gran vergüenza, que ya no va a estar.
Pero este esfuerzo que significa el autofinanciamiento a través del banco; que implica ir a discutir con la Nación cómo fortalecemos los presupuestos relacionados a la infraestructura, porque el costo de la construcción es distinto a la comida para los comedores escolares, porque el flete encarece los productos; a los cursos de capacitación, que son más caros porque los docentes que vienen, tienen que hacerlo en avión. Todas esas variables deben ser vistas y toda esta disposición de recursos se distribuye para los docentes.
Me parece que es momento, también, de ponernos a pensar que ese monto salarial tiene una contrapartida de responsabilidad. Y esa contrapartida de responsabilidad son 180 días de clases con los chicos en las aulas, aprendiendo. (Aplausos). Son los docentes estudiando. Necesitamos, por supuesto, pelear por lo que es justo. Todos los trabajadores tienen el derecho a pelear por su salario y por lo que es justo. Pero también todos los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de los niños, niñas y adolescentes que nos miran y que, además, aprenden de lo que hacemos, no solamente de lo que decimos.
Los adultos debemos encontrar el modo para manifestar el enojo en reclamo de justicia, sin que ellos, los alumnos, vean frustrada su posibilidad de educarse.
Nadie discute la legitimidad. Nadie discute la justicia de un reclamo de salarios estatales de los docentes que hace más de dieciocho meses que no se aumentan, por supuesto que no. Seríamos unos imbéciles si dijéramos: “¡Cómo vamos a aumentar! Si aquí no ha pasado nada”. Claro que hay un proceso inflacionario; pero también debemos poder pensar que el reclamo no siempre es “todo o nada”; que hay límites, que hay posibilidades, que hay sectores más postergados, y que requieren de nuestros servicios, de nuestra atención.
Inclusive, dentro de la misma administración, hay enormes nichos de desigualdad; y que como un criterio político de este gobierno se ha intentando resolver, en la medida de las posibilidades y con los recursos disponibles.
Hace poco tiempo, se otorgó una mejora salarial a un sector de la administración que no percibía ningún adicional y que estaba por debajo de todos.
Se puso en marcha el Escalafón Profesional Universitario (EPU). Este escalafón empieza, también, a jerarquizar la función pública y a expresar que necesitamos que la variable de ingreso a la Administración Pública sean la necesidad del Estado, la capacitación para hacer el trabajo, la consideración particular de aquella persona que teniendo una incapacidad pueda ingresar porque tiene un puntaje especial, pero fundamentalmente porque está acreditado para la función que el Estado necesita. En todas estas variables se está trabajando.
Estamos intentando llegar a un acuerdo con los profesionales de los hospitales, para que el Escalafón Profesional Universitario también los abarque.
Estamos dispuestos a discutir, a lo largo de este año, las variables salariales en un marco de razonabilidad y de realidad.
La provincia y sus recursos presupuestarios no son los que quisiéramos que sean. Son los que son. En esto, no nos paramos en un lugar de decir: “Bueno, es lo que hay, y nada hay para hacer”. Al contrario, salimos a buscar financiamiento, mejoramiento de la cadena productiva, nuevos recursos, no como quien esquilma, sino como quien piensa que de lo que está, no todo está bien. Que hay que incorporar criterios de justicia y razonabilidad en esos ingresos que el Estado necesita para brindar prestaciones a todos.
Esto quería decirles a los docentes: Los necesitamos en las escuelas. El gobierno les va a garantizar la estabilidad.
Hay dos cuestiones que quiero abordar de manera conjunta: salud y seguridad social. En el documento que tienen verán los informes de salud, no los de seguridad social porque este tema también abordó, dentro del relato de conflictividad desde el estado general de las cuentas de la provincia, todo el año 2009.
Hay una razón por la que no está la institución de la seguridad social. En este sentido, quiero ser muy clara porque a veces una escucha cosas que asustan. A mí me asustan, quizá a otros no los asustan. A mí, sí.
La Constitución Nacional establece que los organismos de la seguridad social son conducidos por sus dueños con participación del Estado. Y yo le agrego: “coma (,) y no al revés” -”coma (,) y no al revés”-.
Los organismos de la seguridad social son manejados por los trabajadores activos y pasivos con participación del Estado. Es decir, la decisión absolutamente mayoritaria del funcionamiento de los organismos de la seguridad social, por Constitución, está en manos de los trabajadores.
Quizá, demasiado tiempo estuvieron esos organismos con ese “coma (,) al revés”, que hace que no nos demos cuenta que la obra social no es de la provincia, es de los trabajadores provinciales y son ellos los responsables de su funcionamiento, de su administración y de la prestación de servicios.
Pero del mismo modo, debemos decir que no se llega a una crisis de la seguridad social por generación espontánea, sino por una larga historia de saqueos e intervenciones, que no fueron a resolver las cuestiones -claro que no las solucionaron- porque el órgano interventor era el órgano deudor. Y quienes blandían la sombra de la intervención: “El gobierno quiere intervenir…
Solo quien ha dormido y vivido en macetas, en los últimos diez años, puede pensar que este gobierno quiere intervenir la obra social, sabiendo y reconociendo que tiene una deuda generada a lo largo del tiempo, y que ese órgano deudor sea el que venga a poner orden al desorden que causó.
La verdad es que esta irrazonabilidad que ha conducido las relaciones institucionales a lo largo de los años, a veces nos hace perder la razón en cuanto a que los problemas no los resuelve quien los generó sino que debemos resolverlos entre quien los genera y quien los padece, de la manera más razonable posible, pero haciéndonos cargo cada uno de la parte de responsabilidad que tenemos.
Porque en el medio de esta historia, la totalidad de las reservas de la corta vida institucional de nuestra Caja de Jubilaciones se esfumó y quedó a expensas de la recuperación de un Fondo Residual; porque durante todos estos años se generaron jubilaciones anticipadas de altos sueldos, que beneficiaban a solo un sector de la comunidad, al punto de que tenemos jubilados de 45 años, al punto que pagamos maternidad y nacimiento a los jubilados. Este es el esquema de las jubilaciones de la provincia.
Y debe quedarle claro a toda la población de Tierra del Fuego, que este gobierno no interviene, porque no cree que esa sea la salida. Pero, sí está dispuesto a discutir un régimen jubilatorio que, de verdad, tenga en cuenta las cuestiones relacionadas con la invalidez, la vejez, la enfermedad y la muerte, no con los privilegios.
No se puede sostener un sistema de seguridad social que, de una manera crítica, solo se pare desde el lugar de “todo debe estar como está. Solo si usted me paga mi plata, yo resuelvo los problemas”.
El déficit será creciente, irá en aumento a lo largo de los próximos meses, producto de decisiones políticas que, en cualquier caso, para ser cambiadas requerirá también de una discusión legislativa. Vuelvo a decirles que ningún poder puede hacer lo que otro no haga.
Discutir, ni siquiera quiere decir estar de acuerdo, quiere decir dar la posibilidad de que nos miremos y digamos: “Esto está bien y esto mal”. “Cuál es el límite de lo que pagamos con fondos públicos”.
El mundo discute, hoy, cómo resuelve el colapso de financiamiento de los organismos de la seguridad social, por el aumento de la expectativa de vida, por la disolución de las familias que no pueden hacerse cargo de los adultos mayores. Y, también, analiza qué hace con los adultos que, siendo mayores pero no tanto, tienen un alto costo de mantenimiento dentro un sistema de salud de alta tecnología, para poder salvarles la vida en patologías que antes los mataban, antes morían.
Encontramos patologías que antes eran de ancianos y que ahora las tiene nuestra población joven por el estrés, por el ritmo de vida. Pero junto con eso, en nuestros países latinoamericanos, tenemos otra cuestión. Junto a esto convive gente que no come, que se muere de desnutrición; gente que muere por causas evitables; embarazos que no se controlan… Y a todo eso tenemos que disponerle recursos.
La pregunta es: “¿qué financiamos con los recursos colectivos? ¿Alcanzan esos recursos colectivos? ¿Debemos jubilarnos a los 45 años? ¿Debemos seguir pensando que podemos salvarnos solos? ¿Que hay una salvación que no nos tiene a todos como sociedad, pensándonos para adelante?
Creo que la discusión del IPAUSS debe ser dada en este sentido.
Y quiero decirles, además, en relación a los reclamos que estaban haciendo los sindicatos que, desde el mes de noviembre -y no es un logro de gestión sino la rectificación de una vergüenza: en esta provincia, hace 15 años que no se pagaba la totalidad de aportes y contribuciones a la seguridad social; 15 años- en un esfuerzo fenomenal y gracias a que, también, tuvimos una herramienta que nos dio la Legislatura, la tarifaria, pudimos empezar a cancelar el 100% de los aportes y contribuciones previsionales a la obra social y a la caja de jubilaciones.
Tenemos por delante un proceso electoral para que, nuevamente, activos y pasivos puedan definir quiénes son los que van a conducir los destinos de la obra social.
Entonces, va a ser un año complicado. La discusión electoral del IPAUSS va a atravesar todas las discusiones, inclusive las salariales -y a las prueba me remito-. Pero, no obstante, es una discusión que debemos dar porque, de lo contrario, a lo largo de este año colapsa el sistema y lo hace sin remedio. Y colapsa sin posibilidad alguna de que encontremos la herramienta para resolverlo.
Y esta no es una cuestión ni del gobierno de Fabiana Ríos ni de la Legislatura provincial. Es un tema que tiene que ver cómo, en la provincia de Tierra del Fuego, diseñamos y establecemos un mecanismo para hacernos cargo de nuestros mayores, de los problemas de salud cuando no hay dinero que alcance. Porque todos somos potenciales usuarios de un sistema de salud que, en determinado momento de la vida -y ojala lleguemos a viejos- podemos necesitar de recursos a los que ni nuestros bolsillos ni nuestros sueldos pueden acceder. Y solo la solidaridad del colectivo social es la que nos permite atravesarlos con alguna chance. Necesitamos poder verlo; necesitamos poder discutirlo.
En este sentido, tanto el área de Salud como el Ministerio de Desarrollo Social cumplen una función fundamental.
Ha sido un año conflictivo en Salud, pero debemos reconocer algunas cuestiones. A pesar de esa conflictividad, hay algo para destacar y es la manera en que la provincia de Tierra del Fuego atravesó -y señalo el acompañamiento de todas las organizaciones de la sociedad pero, particularmente, felicito la articulación entre los ministerios de Salud y de Educación. En ese entonces, no estaba la ministra Del Corro sino el ministro de Educación; y en el Ministerio de Desarrollo Social no estaba Sergio Álvarez sino Silvia Fossini. Ellos llevaron adelante con el resto de las organizaciones, las Fuerzas Armadas, de Seguridad, ingresos a la provincia, para controlar una epidemia que tenía a todos en pánico: la Gripe A, que transcurrió con muchos casos, en Tierra del Fuego, pero con un sistema de salud que respondió sin que haya un solo muerto. Fue una de las pocas provincias del país que, con tal cantidad de casos…
Algunos decían que improvisábamos; otros, que no sabíamos; otros, que no invertíamos, pero sí hubo una capacidad de reflexión y organización del sistema, que requirió de los trabajadores del hospital, que funcionó, que articuló y que, a pesar de la protesta, del enojo y de la disputa, en el momento en que se requirió de su compromiso con el sistema y con la sociedad, actuaron y lo hicieron adecuadamente, constituyéndose en un ejemplo que ha sido observado y felicitado por organismos nacionales e internacionales. Así que vaya a todos ellos, particularmente a la ministra de Salud y su equipo, mis felicitaciones.
Digo esto porque si no estos discursos de inicio de las sesiones ordinarias terminan en que el que tiene el micrófono para enojarse, dice lo que quiere y el otro no tiene posibilidad de defensa. No se trata de eso sino de decirnos a la cara que las pocas cosas buenas que pudimos haber hecho las hicimos porque todos ayudaron, un poco, a veces.
En el discurso, al final -lo van a encontrar- menciono que tuvimos peleas innecesarias y peleas necesarias. Yo estoy convencida de eso. Las peleas innecesarias, que tuvieron que ver con la necesidad de un protagonismo determinado; y las peleas innecesarias que hacen al posicionamiento ideológico que cada uno tiene respecto a los distintos temas. Esas peleas necesarias, que hacen a la posibilidad de construir un consenso. Y creo que de esas peleas necesarias construimos institucionalidad, a partir del conflicto. Y esto es valiosísimo.
Creo que hace mucho que estoy hablando. Si no abordé todos los temas, los van a tener en el detallado informe de las áreas, que cada uno dispone. Pido disculpas a las áreas a las que no he pasado revista.
Tomando en cuenta los hechos que sucedieron, a lo largo de este año, hay uno que es absolutamente relevante que, no por nombrarlo al final, tiene que ver con una menor importancia: finalmente, el Congreso Nacional dictó la Ley de Límites de Tierra del Fuego.
También, en este tema, muchos decían, que no aportaba nada, absolutamente nada, fijar los límites de ley porque estaban determinados por un decreto. Pero, observen, cómo no aportó que el gobierno británico, apenas publicada esa ley, formalizó una queja y dijo: “No, miren, esto de ninguna manera es así”.
El gobierno nacional contestó -y contestamos todos, sin fisuras- que este es un acto de jurisdicción. Y siguiendo a ello, una plataforma británica viene a explorar islas del mar continental argentino y vienen a explorar petróleo alrededor de nuestras islas en nuestro mar.
Y también allí, hubo una queja y una acción concreta de control de buques ejerciendo un acto de jurisdicción.
Y, como un hecho nuevo, una empresa de capitales argentinos y españoles anuncia que va a explorar alrededor de las islas, pero desde un lugar de la Argentina, que es otra cosa.
Me parece, que para los que decían que no pasaba nada, sí pasaba. Estos actos de jurisdicción indican, en principio, que no nos olvidamos, renunciamos o claudicamos a los derechos soberanos argentinos y fueguinos sobre las Islas Malvinas; que las reivindicamos, como parte integrante de nuestro territorio provincial; que vamos a acompañar todos los reclamos en los ámbitos internacionales, respecto del ejercicio de jurisdicción en nuestras islas; que somos esta provincia, con esta particularidad de ser bicontinental, insular, con territorio en litigio internacional. Todas estas características nos hacen particulares y, por ello, tienen que unirnos detrás de esta causa común que es Malvinas.
En este Año del Bicentenario, sin duda, la vigilia del dos de abril tendrá un “algo particular”, también por todos estos hechos alrededor de nuestras islas.
Reivindicar el ejercicio de jurisdicción es una buena causa que nos una. Necesitamos poder hacerlo como lo hicimos con el tema de los límites, de la universidad y de la industria, con toda la fuerza en la causa Malvinas, en reivindicación a los que quedaron, a los que pelearon y a todos nosotros que no renunciamos porque esta causa nos une a todos.
Y finalmente, empecé hablando de la asunción de “Pepe” Mujica, en Uruguay, y quiero terminar con una frase de él, que dijo: “Todo está para discutirse y todo esta en la mesa de negociación. Lo único que no negociamos es la buena fe”.
Por último, doy por inaugurado este vigésimo séptimo período de sesiones ordinarias.
MARIA FABIANA RIOS
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