Mensaje del Gobernador de Río Negro, Osvaldo Alvarez Guerrero, en el acto de toma de posesión del cargo (1983)

MENSAJE

DEL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

Osvaldo Álvarez Guerrero

EN EL ACTO DE TOMA DE POSESION DEL CARGO

EL 11 DE DICIEMBRE DE 1983

El conjunto argentino está ya conteste en que ha terminado una etapa histórica y que se inicia una nueva en las horas presentes. Estos momentos que vivimos tienen, por lo tanto, rasgos de inédita trascendencia; es un punto del devenir de nuestra Patria que registra la particularidad y la solemnidad de los instantes en los que se da vuelta la historia.

Esa bisagra que le estamos poniendo a la historia, como dice el presidente Raúl Alfonsín, representa la finalización de un ciclo de frustraciones, desencuentros, retrocesos y violencias entre los argentinos. Amanece un nuevo mundo. Tenemos clara idea de los contenidos de la transformación que es imperioso producir. Asumimos la firme responsabilidad de instrumentar desde el Gobierno los cambios más eficaces a los que nos desafían los tiempos nuevos, los nuevos rumbos que procuramos abrir.

Es un deber de quienes representan la decisión soberana popular que se exteriorizó formalmente en el acto comicial del 30 de octubre, interpretar fielmente el sentido del mandato que se nos ha impuesto.

Como gobernador constitucional de Río Negro asumo cabalmente esa responsabilidad y me comprometo ante esta Legislatura y el pueblo de Río Negro, que es la máxima representatividad del pueblo rionegrino a iniciar la desafiante tarea de efectivizar los anhelos y las necesidades de profundos cambios en las realidades económicas, políticas, sociales y culturales de nuestra

Provincia.

La primera faena que debemos acometer en esta enérgica intervención en la vida pública de los argentinos consiste en restablecer en plenitud, sobre bases sólidas e indestructibles, la vigencia absoluta de los valores y los derechos humanos. Esta es una empresa de carácter sustancialmente político, que consiste en poner en funcionamiento en su totalidad los preceptos de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial y de las leyes que en su consecuencia se dicten. De ahora en más todo se hará en función de estos principios. El cuadro de la Constitución y de la ley es el que enmarca dogmáticamente las acciones de gobernantes y gobernados.

Es este, por lo tanto, un riguroso esquema de nuevas formas de convivencia social, implica un revolucionario sistema de derechos y responsabilidades que habían sido conculcadas y menospreciadas durante los largos años de decadencia y autoritarismo, de oscurantismo cultural, de violencia y opresión que ha regido la vida de los argentinos.

El restablecimiento de las garantías y derechos constitucionales, de los principios de igualdad ante la ley, de respeto a la soberanía popular, de la vigencia de las libertades públicas e individuales significa luego de la etapa de la dictadura una auténtica transformación revolucionaria. Lo que estamos construyendo es, en definitiva, señores legisladores, la democracia.

Es ésta una magna misión!. Nuestro compromiso está dirigido no solamente a la recuperación de la vida democrática sino fundamentalmente a su preservación, a su cotidiana afirmación.

El principal sentido del juramento que acabo de realizar ante vosotros es el de constituir en los cuatro años de mandato constitucional una democracia integral que se arraigue en cada sector de la sociedad, en cada ciudadano, de modo tal que cada uno de los individuos que componen el espectro del conjunto, se constituya en un baluarte que no solamente defienda, sino también impulse con enérgica convicción y con militante vocación de todos los días los principios esenciales que conformen un estilo de vida basado en sólidos fundamentos éticos y sociales.

Creo que nunca como ahora es exigible la definición de esos fundamentos éticos. Se ha afirmado reiteradamente en nuestros tiempos la sustancia moral de la crisis que estamos padeciendo, pero es necesario que a la moralidad no solamente se la proclame y se la invoque. Sobre la base de la definición de ideas claras y distintas, debemos edificar no simplemente un haz ideológico, sino principalmente un sistema de actitudes y de conductas.

Porque los años pasados por los argentinos en la última década han sido terribles, quizá no sea fácil alcanzar a comprender en toda su magnitud el drama ético que subyace en la decadencia argentina. Es probable que las jóvenes generaciones no puedan siquiera llegar a comprenderlo nunca. Ocurre, como decía Ortega, que cuando uno nace, se desarrolla y se educa en un país en el que nada está bien, se embota su sensibilidad y termina por no darse cuenta de que todo está mal.

La falta de aliento moral en los sistemas de convivencia comunitaria en la Argentina es precisamente el fenómeno más inquietante, la cuestión de mayor tribulación y zozobra de la actual circunstancia argentina. Tenemos la firme persuasión, la invariable seguridad de que sin un suficiente temple moral, la tarea de configurar una sociedad auténticamente democrática se debatirá monótonamente en las contradicciones que surgen de pragmatismos relativistas y de tendencias y vertientes muy arraigadas en vastos sectores de la sociedad argentina de carácter intrínsecamente totalitario.

Es para nosotros imprescindible entonces, conformar una sociedad dibujada a través de hitos que marquen una filosofía moral, que posibiliten que cada ciudadano o que cada institución, que cada sector social, trace su conducta guiada por esos hitos, que permitan distinguir con claridad cuándo estamos obrando bien y cuándo lo hacemos mal, en qué casos actuamos justamente y en qué casos lo hacemos con injusticia. Si no orientamos nuestra labor de gobierno tras esos objetivos éticos corremos el riesgo de retornar a vivir en el desencanto, en la superficialidad, en el conformismo cínico que hace que las sociedades queden inermes ante las explosiones de violencia.

En estos casos se producen las más dramáticas de las perturbaciones de la vida social, que han conducido en los últimos años a la actual situación que ahora comenzamos a superar.

Así, pues, esta vieja ética radical que promueve la renovación de las formas y modos de convivencia entre los argentinos se funda en una óptica individual y una visión social. En el plano individual significa amar lo que es noble y lo que es bello; significa intentar ser siempre justo y solidario. Implica, -como decía Albert Camus- dos deberes ineludibles: no mentir jamás sobre lo que sabemos y saber resistir siempre a toda forma de opresión. En lo social significa reanudar una vieja lucha siempre remozada en sus esperanzas y llena de imaginación creadora por aquella argentina soñada, por una provincia que es puro futuro; hacer una sociedad donde los individuos se desarrollen con libertad e igualdad, donde el odio, la codicia y la envidia se extingan, porque no habrá nada en la República que pueda alimentarlo. Creemos firmemente en estas consignas a las que ya tenemos como encarnada en nuestra propia actitud vital. La Argentina en los últimos años que fue muestra de horrores y desgracias, de frustraciones y terrores, no ha podido sin embargo conmover estas convicciones por un mundo más libre, más justo y más igualitario. Lo que no se hallará nunca, señores legisladores, en las banderas radicales, es cinismo, resignación, desaliento o falta de rigurosa convicción y menos aún esa trágica frivolidad propia de las oligarquías argentinas que estigmatizara Yrigoyen como falaz y descreída.

Pero esta enérgica voluntad de transformación que al conjuro de nuestras prédicas se ha despertado en todos los argentinos, requiere una precisa definición de la democracia que construiremos y de las necesarias exclusiones, de las vallas que debemos superar. A nuestro juicio, la democracia incluye tres elementos constitutivos determinantes: primero, la libre participación de todos los miembros de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos; segundo, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; tercero, el pluralismo de opciones políticas. Si la democracia como forma política es la expresión de un régimen de libertades, ciertamente exige un claro concepto de la proyección social y de las libertades individuales. Es un sentido solidario de la libertad en las facultades propias, de un poder de iniciativa responsable ante la sociedad y para la sociedad del ejercicio de las libertades. Es comprometerse con las repercusiones sociales consecuencia de nuestra propia iniciativa, saberse titular de la promoción del bien común para que el despliegue de nuestra libertar se obligue con valores que nos sobrepasan, que nos lanzan a tareas que van más allá de nuestro bienestar y lo ponen permanentemente en cuestión.

En ese sentido estamos siempre alertas ante la posibilidad de que la sociedad se reduzca a una muchedumbre solitaria, a ese mosaico de individuos aislados al que nos convocaba el liberalismo económico externo, cómplice del feroz autoritarismo político militar de la dictadura que sufrió el país en estos últimos años. Porque el terror puede dominar de forma absoluta sólo a hombres aislados y por eso una de las preocupaciones primarias de todos los gobiernos tiránicos consiste en provocar el aislamiento. Como afirma Hanna Arondt el aislamiento suele ser el inicio del terror. Es, ciertamente, su más fácil terreno, es como si dijéramos pretotalitario. Su característica es la impotencia en cuanto a que el poder siempre procede de hombres que actúan juntos, "actuando concertadamente" por definición, los hombres aislados carecen de poder.

El aislamiento y la impotencia, es decir la incapacidad fundamental para actuar, son siempre características de las tiranías, los contactos políticos entre los hombres quedan cortados en el gobierno tiránico y frustradas las capacidades humanas para la acción y para el poder. Pero no todos los contactos entre los hombres quedan rotos ni destruidas las capacidades humanas. Toda la esfera de la vida privada con las capacidades para la experiencia, el pensamiento, quedan intactos. Sabemos que el anillo de hierro del terror total no deja espacio para semejante vida privada y que la autocoacción de la lógica totalitaria destruye la capacidad del hombre para la experiencia y el pensamiento tan seguramente como su capacidad para la acción.

Pero esta reparación fundamental que propugnamos nos impone cumplir el mandato de cambio votado por la ciudadanía. Para ello es nuestra decisión alterar desde sus mismas raíces los mecanismos, las metodologías, los instrumentos y también los objetivos del gobierno y del Estado. La mudanza que vivimos representa terminar con el ciclo de la decadencia y comenzar con otros rumbos y otras metas, con otras lealtades y otras responsabilidades.

Nada tenemos que ver con el pasado que impuso la dictadura y por el contrario es nuestro deber impulsar su erradicación desde los propios cimientos que la generaron. En este acto invoco los memorables conceptos de Hipólito Yrigoyen en el manifiesto de la Unión Cívica Radical al pueblo de la República Argentina en la revolución que encabezara en febrero de 1905, palabras que parecen ser escritas para hoy. Decía Yrigoyen: "Entre el último día del oprobio del régimen y el primero del digno despertar, debe haber una solución de continuidad, una claridad radiante que lo anuncia al mundo y lo fija eternamente en la historia. Esperar la regeneración del país de los mismos que lo han corrompido, pensar que tan magna tarea puede ser la obra de los gobiernos actuales de la República, sería sellar ante la historia y sancionar ante el mundo veinticinco años de vergüenza con una infamación, haciendo del delito un factor reparador, el medio único de redimir el presente y salvar el futuro de la nación”.

Y continuaba diciendo Yrigoyen: “Esta tarea requiere escenarios y actores nuevos, porque las acciones humanas realizadas en un medio extraño a sus móviles, resultan inocuas y contraproducentes, exige una gran cohesión moral, un solo vínculo de civismo, el concurso de la

voluntad nacional y reclama un ambiente de justicia y de independencia de espíritu en el cual puedan desenvolverse ampliamente todas las capacidades y bajo cuya influencia hasta sean posibles las reacciones de los hombres por la modificación de las ideas y de los procedimientos".

Es necesario que ahora delineemos en términos generales las características concretas que vamos a dar a nuestra acción de gobierno en función de la filosofía fundamental que he intentado describir precedentemente.

Vamos a hacer una gran reforma política que reorganice el aparato estatal, para que éste funcione eficientemente, se desarrolle y despliegue su misión trascendente, que es ejercer el poder social. La reforma política debe cumplir una primera etapa: Democratizar el Estado para que cada sector de la sociedad sea partícipe y tenga poder de decisión, después de tantos años de autoritarismo resulta imprescindible que la soberanía popular se exprese no solamente través de las instituciones políticas sino que también se ponga en marcha con sentido armónico la participación de los sectores de la producción, el trabajo y la inteligencia. Es decir, una democracia que no se agote en lo formal de la tolerancia a las minorías y de la legalidad como valor absoluto. Nuestra concepción de participación va aún más allá, elevando al máximo posible la representatividad de mayorías y minorías, permitiendo que cada ciudadano y cada sector social y económico realice una coordinada y armónica labor estructural. Una democracia estable no se termina en el Parlamento y exige un finísimo entretejido de instituciones intermedias que se vayan elaborando en distintas escalas asociativas, desde la base familiar hasta los partidos políticos y el Parlamento, un andamiaje simétrico, solidario, que se sostenga a sí mismo, y se desenvuelva y despliegue sobre sí mismo. La reforma política consiste pues en fortalecer, en revitalizar las instituciones de la Constitución provincial pero al propio tiempo, en revigorizar una sociedad fuerte junto a un Estado fuerte.

En función de esos objetivos propios de una gran reforma política, es que nos hemos propuesto reestructurar al Estado provincial sobre la base de una reformulación de las áreas del gabinete gubernamental, del mandato constitucional sobre la descentralización funcional del Estado provincial y de la integración territorial de la provincia. En las próximas horas remitiremos a esta Legislatura un proyecto de la Ley Orgánica de Ministerios que decidirá competencias y objetivos de esta nueva estructura del Estado provincial. Es así que para jerarquizar debidamente la acción prioritaria que en materia social se ha trazado el gobierno, se han creado los nuevos Ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública y la Secretaría de Trabajo, Previsión y Acción Social. Así es también que le hemos dado al área de Turismo un enfoque eminentemente social que procure una política de profundo contenido humano en la disponibilidad del tiempo libre de cada habitante de nuestra provincia y del país por lo que se ha creado la Secretaría de Turismo, Recreación y Deportes. Le queremos otorgar otra dimensión y una óptica distinta al área del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se convierte ahora en el Ministerio de Recursos Naturales, con cuatro subsecretarías: de Agricultura y Ganadería, de Tierras, Colonización y Bosques, de Recursos Primarios y, por fin, de Medio Ambiente. Esta última subsecretaría cubriendo un campo de extraordinaria trascendencia, como es el de incorporar los modernos conceptos de la ecología a la acción estatal de una provincia que, como la nuestra, tiene tan formidables recursos de la naturaleza. Una ecología, entonces, que no se limita de ningún modo a la simple preservación de esos recursos, sino que intenta armonizar las necesidades de un desarrollo acelerado económico con los criterios de calidad de vida y valores humanos que nosotros jerarquizaremos en nuestra concepción de una democracia social que tiene al hombre y su circunstancia como medio y fin en sí mismo.

Asimismo se crea el Ministerio de Hacienda con el ánimo de jerarquizar este aspecto de la labor estatal que es fundamental para obtener y asignar los recursos fiscales y financieros de la provincia. En esa misma área se crea la Secretaría de Desarrollo Económico, de tal modo que se le dé a este objetivo fundamental de nuestra acción de gobierno, el marco adecuado para promover en el corto plazo el despegue de las posibilidades de rendimiento material de Río Negro. En un campo novedoso de la tarea del Estado provincial en el que somos precursores, se crea la Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica, incorporación imprescindible para conformar en el ámbito provincial una política científica y tecnológica que utilice al máximo los importantes recursos humanos que en este campo de tanta importancia para el desarrollo económico y social tiene Río Negro.

También le hemos dado una nueva conformación a un aspecto de la labor de gobierno en la necesaria integración social, económica y cultural de la provincia y es nuestro objetivo hacer de Río Negro la gran provincia de las libertades públicas e individuales y los derechos y los valores humanos. Me refiero al consejo que bajo la dependencia directa del gobernador y con nivel de Secretaría de Estado se encuentra bajo la denominación de Información Pública y Comunicación Social.

Hay una “cuestión” rionegrina que es su integración y conformación definitiva como Estado en un régimen federal. Río Negro es un problema a resolver, una tarea a realizar. No es una realidad estática y definitiva. Es más futuro que historia, más realización de lo que no está hecho, que conservación de una realidad inamovible e imperturbable. Es como un plano todavía sin terminar, aunque tengamos varios planos parciales.

Nuestra provincia tiene una defección, diría yo, genética: ofrece una particularidad, una característica propia, que la diferencia de todas las demás provincias argentinas. Es una provincia desintegrada, constituida por varios particularismos, por varias realidades regionales, disímiles, aisladas, independientes. La cuestión se origina, obviamente, en sus límites geográficos.

Esos límites geográficos políticos han encerrado en su dibujo una provincia trazada, aparentemente, de modo arbitrario. Pero esta arbitrariedad, que configura un perímetro en cuyo interior se insertan regiones desintegradas, constituye, a mi juicio, un gran desafío y no un mal irreparable. Hace de nuestra provincia, precisamente, un proyecto más que una realidad; ¡pero, qué proyecto, con qué potencialidad imaginable! Un proyecto de provincia continente, porque Río Negro es más que una provincia por su superficie, por su multifacética conformación, es un país, un modelo que debe ser armado. Los recursos hídricos inmensos, la riqueza de su subsuelo, su costa, sus andes, su meseta, sus valles, todo incita a lanzar la imaginación hacia magníficas metas de realización.

Pero hoy por hoy, esa imaginación ha estado como paralizada. Es cierto que los gobiernos militares ni siquiera en intención tuvieron un proyecto para Río Negro. Pero también es cierto que existe una laxitud, en el propio conjunto de los rionegrinos para buscar ese proyecto global, ese sentido único tras el cual comenzar una marcha nueva hacia la unidad rionegrina, hacia una auténtica integración rionegrina.

Nuestra sociedad está incomunicada entre sí, no tiene elasticidad, ni tiene vida común entre sus trozos.

Bariloche y su zona andina, la línea sur, la costa y el Valle Inferior, Río Colorado con el Valle Medio y el Alto Valle son como Departamentos estancos, cada uno con sus propios intereses, objetivos y dramas, perspectivas, hábitos e idiosincrasias, esperanzas y desesperanzas.

Este diagnóstico nos permite comprender que la sociedad rionegrina aunque acumule fuerzas de alta potencialidad, no las interconecta ni armoniza. De una discordia, de una queja o de un reclamo, de una protesta o de un conflicto, por disonante y poderoso que éste sea, que nazca desde una cualesquiera de estas comunidades estancas que tiene Río Negro, no se entera el resto de la provincia. Hay una especie de falta de curiosidad y de indiferencia por enriquecer nuestra vida local con la vida de las demás localidades, nuestra vida individual con la del prójimo y con los problemas y las inquietudes de los demás.

Hemos estado sumidos en cada uno de nuestros particularismos regionales, como si fuera una impermeable caparazón. Cada región de la Provincia ha estado viviendo hacia adentro de sí misma, y abstrayéndose de las demás. La nuestra es una realidad disociada y esto se agrava en los años de dictadura como los vividos, en los que las fuerzas políticas partidarias, organismos que conjugan los intereses de los sectores con una óptica de conjunto no han funcionado orgánicamente.

Todo ello está a su vez conectado con la debilidad institucional de los sectores claves del aparato estatal, un aparato claramente inepto como mecanismo jurídico instrumental insustituible en una organización social moderna con ímpetu de desarrollo como lo exige nuestro futuro. De ahí, entonces, la reforma política que mencionaremos precedentemente.

Quiero definir, señores legisladores, claramente nuestra política de descentralización y eficiencia estatal. Es un problema de organización. En Río Negro el Estado ha permanecido ausente de la función fundamental que debe cumplir: No es un problema de radicación de la Administración Pública, ni debe ser atribuido, como muchas veces se ha pretendido, a la radicación de la capital o a su ubicación geográfica. La cuestión es instaurar un Estado fuerte, orgánico, profundamente democrático, que incite a la participación, que no aniquile los particularismos regionales y que en cambio los articule y los movilice. Descentralizar funcionalmente la administración implica, señores legisladores, integrar la provincia. Para ello es imprescindible recurrir al instrumento del Estado moderno: El planeamiento. Para nosotros el desarrollo está concebido como un cambio estructural planificado en los órdenes económico, social y cultural. Con ese objetivo no pensamos en un organismo sobreabundante de expertos que hagan una planificación ideal o que tracen lineamientos abstractos. Más bien nuestro proyecto es constituir organismos ágiles que armonicen los objetivos políticos del Estado en función de las técnicas modernas de planificación y determinación de prioridades en el tiempo y el espacio. Por ello crearemos un Consejo Provincial de Desarrollo integrado con los funcionarios técnicos de cada ministerio y Secretaría de Estado y con un mínimo y reducido elenco coordinador que se integrará a su vez con la Legislatura Provincial, que con todo acierto, permítanme decirlo, y siguiendo la programática esbozada, ha creado la novísima y trascendental comisión permanente de Planeamiento.

Este Consejo Provincial recogerá la labor que realizarán Consejos Regionales de Planeamiento en cada una de las regiones de la provincia que, contemplando sus particularidades incorporen a la tarea de una planificación democrática, indicativa y participativa, a diversos sectores públicos y privados del trabajo, de la producción y la industria, y de la inteligencia.

Esta idea descentralizadora e integradora, al propio tiempo se dirige obviamente al fortalecimiento de un municipio.

Hemos dicho muchas veces que nuestro objetivo es hacer de cada comuna un baluarte de una democracia vital. Para ello es necesario otorgarle los recursos institucionales en lo político, que marca la Constitución Provincial y los recursos financieros y económicos que le den sustento material al proyecto. Pero también resultará imprescindible crear institutos nuevos que posibiliten una adecuada coordinación de las acciones municipales, especialmente en las regiones como el Alto Valle y Valle Medio, donde los peligros de desavenencias localistas, de superposiciones de proyectos y del consiguiente desgaste se pueden hacer más patentes.

Hemos dicho que comenzamos hoy a andar el camino que habrá de llevarnos al funcionamiento orgánico y normal de las instituciones provinciales, pero ello no será más que una verdad a medias hasta que no contemos con un Poder Judicial fuerte, estable e independiente, que se aboque a la solución de los importantes problemas que presenta la administración de justicia con mucho de experiencia sobre el particular y con una seriedad técnica fuera de toda justicia.

La nueva justicia debe ejercer en plenitud el papel que a su respecto ha diseñado con claridad, sabiamente, el constituyente provincial.

Pretendemos prioritar la selección de los recursos humanos del Poder Judicial a partir de la utilización racional de todas las inmensas posibilidades que brinda el sistema constitucional de las Juntas Calificadoras. Podemos decir, sin exageración que esta envidiada institución rionegrina -única dentro del sistema jurídico argentino- debe funcionar a pleno como un herramienta eficaz y moderna que garantice una justicia altamente tecnificada y eficiente al servicio del Estado de Derecho. Deberá lograrse el funcionamiento de una verdadera carrera judicial -no hermética- tal como se la concibe hoy día en todas las democracias modernas.

El servicio judicial deberá desterrar la moracidad y la lentitud de sus procedimientos. Para ello intentaremos concluir nuestro mandato haciendo del artículo 134 de la Constitución Provincial una realidad cierta y tangible y todos los casos que demos en la reforma judicial tendrán todas las inquietudes que sometamos a esta Legislatura, tendrán como meta final esta decisión. Con este norte en claro creemos que el cambio deberá ser gradual y progresivo, deberá atender a las particularidades de nuestro territorio, en suma, en éste como en los otros temas del Poder Judicial no se admitirán improvisaciones ni se decidirá nada sin el respaldo de una fuente de consulta estadística de seriedad inobjetable.

En procura de esta modernización no descartaremos la incorporación de nuevas técnicas del mundo contemporáneo, pudiendo aseverar que consolidaremos en alto grado de evolución que presenta Río Negro en materia de informática jurídica, y lograda que sea la red ARPAC nuestro propio banco de datos estará interconectado con el sistema nacional de información jurídica.

En lo inmediato rescataremos para la justicia la facultad exclusiva del ejercicio jurisdiccional pleno y no se concebirá facultad de investigación alguna que no se derive de instrucciones concretas de un órgano judicial bajo cuyo control directo se desarrollará el proceso. Así, y sin perjuicio de las reformas más profundas a las que se aboque oportunamente la Legislatura, habremos de hacer llegar a la brevedad el proyecto necesario de una mínima reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales, que nos permita contar en no más de tres meses con el funcionamiento de una justicia penal dividida en instrucción y sentencia para lo que se crearán los Juzgados de Instrucción de Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche.

En el mismo proyecto incluiremos las medidas tendientes a ir eliminando progresivamente los Tribunales de competencia múltiple que conspiran contra la especialización que la actual evolución de las ciencias jurídicas requieren de una justicia moderna. Se creará así el Tribunal de

Trabajo de San Carlos de Bariloche, dotando de un miembro más a la actual Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, y se hará lo propio en la Cámara de General Roca, desdoblando sus funciones con la inclusión de un camarista más, que posibilitará tener una Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional y otra en lo Civil y Comercial. En Viedma se dotará de una sala más a la actual Cámara, cubriendo así las falencias existentes en la justicia laboral de esta circunscripción a un costo razonable. Proyectaremos también descargar a los Tribunales de Trabajo de todas las causas que no importen la solución de un conflicto individual del trabajo, evitando el dispendio que importa imponer a un tribunal colegiado de juicio oral, la consideración de cuestiones que pueden ser eficientemente resueltas en las competencias ordinarias unipersonales.

Pretendemos también dar una importancia fundamental de primera prioridad al aseguramiento de una eficiente defensa técnica gratuita en juicio para quien la necesite y

propenderemos a un tratamiento adecuado de los menores con episodios penales. Para ello propondremos a esta Legislatura en esta reforma inmediata, la creación de una Defensoría Oficial más en General Roca y de las Asesorías de Menores hoy inexistentes en San Carlos de Bariloche y Viedma. También en este terreno propenderemos a una adecuada implementación de apoyo al cuerpo de asistentes sociales del Poder Judicial, incrementándole, de ser necesario, asegurándole desde ya un plano de colaboración irrestricto en las áreas del Poder Ejecutivo ocupadas de la minoridad y la familia.

Ya existen gestiones para eliminar -mediante ley o decreto, según el caso- las normas administrativas y contables que subordinan la gestión de la administración de justicia, al cumplimiento de recaudos técnicos por ante dependencias del Poder Ejecutivo que no pueden justificarse de modo alguno frente a un verdadero y auténtico poder. No son más que resabios de una consideración hacia la justicia que deben ser radicalmente eliminados.

Por fin es de señalar que los agentes públicos del Poder Judicial gozan hoy comparativamente de un nivel salarial de buen rango que será resguardado sin perjuicio de lo que en torno a la política salarial del sector público decida oportunamente esta Legislatura.

Nuestra propuesta, señores legisladores, de hacer un democracia con justicia social y en libertad, requiere poner especial énfasis en las áreas de Educación, Salud Pública y Trabajo.

Sin duda en la educación y la cultura se ha manifestado con mayor énfasis la acción nefasta de las fuerzas antidemocráticas, mediante la censura, la discriminación ideológica y la represión, buscando de esta manera la formación de una sociedad sumisa, adocenada y predispuesta a la aceptación sin análisis previo de esquemas mentales y formas de vida importadas opuestas a los valores nacionales.

Se ha educado para la antidemocracia, para el autoritarismo, matando la creatividad, la solidaridad y la responsabilidad personal frente a la idea de comunidad.

La anarquía en el funcionamiento del Consejo Provincial de Educación, la falta de recursos y el concepto básico de que la educación es un gasto, han provocado la desjerarquización de la tarea docente, los más altos índices de deserción y analfabetismo en la historia de la provincia, y ahondando la injusticia social al impedir el libre acceso de todos los rionegrinos a la educación y la cultura.

En el gobierno constitucional democrático, 1) Las áreas de cultura y educación serán coordinadas y articuladas porque ambas se realimentan y son los instrumentos básicos de la liberación personal y comunitaria.

2) Garantizaremos a todos los rionegrinos el derecho a la cultura y la educación.

3) La censura y la discriminación ideológica serán erradicadas y se fomentará la participación responsable de todos los sectores de la comunidad en la elaboración de una auténtica cultura regional propia, que reconozca los ricos valores locales hasta ahora marginados.

4) La actividad cultural sistemática y con proyección se canalizará a través de los Municipios, los medios de comunicación masiva y toda otra forma que garantice una tarea permanente orientada a la definición compartida del perfil cultural rionegrino.

Fomentaremos y promoveremos adecuadamente la proyección y divulgación de nuestra cultura regional al resto del país y también al mundo, se cumplirá mediante un plan de promoción de la cultura provincial.

La Educación es una inversión social y no un gasto; por ello es -junto con la Salud Pública- el sector prioritario para realizar las acciones tendiente a liquidar el privilegio de unos pocos frente al marginamiento de las mayorías populares.

La creación del Ministerio de Educación y Cultura permitirá la elaboración y la ejecución adecuada y gradual de las políticas que permiten revertir la situación heredada y cumplir los objetivos inmediatos y mediatos para alcanzar la comunidad a la que aspiramos.

La reorganización del funcionamiento del Consejo Provincial de Educación es tarea que se iniciará de inmediato pero que, por su complejidad, demandará un tiempo para lograr su definitiva adecuación a las nuevas circunstancias.

En lo inmediato el gobierno iniciará una acción destinada a erradicar toda forma de autoritarismo en las relaciones entre los componentes humanos del sistema educativo para facilitar su participación responsable y en libertad que haga posible la transformación de ese sistema.

Paralelamente con la creación de estas nuevas condiciones espirituales, se modificará la actual situación material del sistema educativo formal, asignándose los recursos necesarios para la construcción y reparación de edificios y el equipamiento acorde con las mayores disponibilidades financieras que un erario público revitalizado permitirá contar.

Río Negro apoyará el fortalecimiento de la Universidad Nacional del Comahue, propiciando su redimensionamiento con el fin de que sirva a toda la región de un a manera igualitaria, según las necesidades de cada zona y en función de las necesidades de recursos humanos para el desarrollo social y económico.

Se iniciarán de inmediato los contactos para lograr una coordinación y complementación de los esfuerzos que en materia de formación universitaria, investigación y extensión, realicen la Universidad Nacional del Comahue y las provincias de Río Negro y Neuquén.

Queremos que la transformación política que iniciaremos se trasunte en un resultado social. El proyecto debe alcanzar al hombre común para elevarlo en su condición moral y material.

Han recrudecido en los últimos tiempos las enfermedades propias de la pobreza y la marginación social, de las condiciones insalubres de trabajo, de la pérdida de cobertura de las obras sociales, del arancelamiento hospitalario y del costo inaccesible de los medicamentos, que determinen en su conjunto la debilidad creciente del rol del Estado y su desentendimiento progresivo en el campo de la salud. Este debilitamiento progresivo de la acción estatal sumió a los hospitales en la profunda crisis en que hoy se encuentran y promovió un desarrollo privado anárquico, más en relación a la demanda que al fin social específico que debe cumplir.

Víctima también de este manejo arbitrario fue la obra social provincial que se manejó más con un criterio de empresa que como una institución de la seguridad social.

Hubo más preocupación en su rédito económico que en el cumplimiento verdadero de su rol social.

Frente a esta crisis se hace imprescindible una reforma profunda que necesariamente implementaremos en varias etapas. Entre las acciones inmediatas que llevaremos a cabo se encuentran las que responden al estado de verdadera emergencia social de la provincia: 1) Aboliremos toda forma de pago directo en los hospitales de la provincia. 2) Desarrollaremos en Río Negro programas de complementación alimentaria, diseñados por el gobierno nacional, especialmente dirigidos a las familias que tienen niños con riesgos de enfermedades o morir a causa de la desnutrición. 3) Mantendremos al trabajador desempleado y su familia bajo la cobertura de la obra social que tenían antes de perder el empleo, haciéndose el gobierno provincial cargo de sus aportes y contribuciones. El I.Pro.S.S., obra social provincial, se hará cargo de los casos no solucionables por la vía mencionada. 4) Daremos prioridad a la atención primaria y dentro de ella a las acciones preventivo curativas dirigidas especialmente al niño, a las embarazadas, al anciano y al discapacitado. Estas medidas inmediatas no nos hacen olvidar de los cambios indispensables para lograr una transformación positiva y definitiva de nuestro sistema de salud.

Pondremos en funcionamiento toda la capacidad asistencial disponible completando refacciones, equipamiento y personal, con énfasis en las áreas más críticas.

Transformaremos los hospitales de la provincia para que se acabe definitivamente la marginación y la desigualdad en el acceso a la salud. Daremos prioridad a las áreas que más necesitan de los recursos provinciales, como la postergada línea sur, en la que el hospital, único efector de la salud, se convierte en árbitro de la vida o de la muerte de los ciudadanos.

Promoveremos una autonomía hospitalaria con verdadera inserción de toda la comunidad en su gestión. El hospital público debe dejar de ser una isla en cada población, para atender sus necesidades de salud en forma amplia y efectiva. Se cumplirán horarios prolongados de atención, fortaleceremos y enfatizaremos el contenido humanístico de los servicios.

El gobierno provincial ejercerá plenamente su papel en la conducción del sistema, no solamente por acción directa a través de los hospitales y centros de salud sino mediante el desenvolvimiento de la obra social provincial, los esfuerzos serán coordinados con el resto de las obras sociales que actúan en la provincia y también con el sector privado para el pleno cumplimiento de su trascendente papel social. El esfuerzo que demandará este accionar nos permitirá arribar a la implementación de un seguro de enfermedad, accesible e igualitario para toda la población de la provincia que se integrará armónicamente al seguro nacional de salud, objetivo final del gobierno radical.

Democratizaremos la salud, pero garantizaremos una amplia participación de todos los sectores en la implementación de la propuesta.

El trabajo, como factor esencial de la producción y de la creación de riqueza de la sociedad, merecerá especial atención en nuestra tarea de gobierno. Se sancionará una legislación que conjuntamente con la nacional haga efectivos los derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, protegiendo el trabajador y su familia.

Las mayorías populares deben encontrar en el estado democrático la debida salvaguarda a sus derechos sociales. Defenderemos con energía las libertades individuales pero también reivindicaremos con igual énfasis los derechos sociales, que en una sociedad moderna garantizan a todo ser humano la igualdad de oportunidades necesarias para obtener su desarrollo espiritual y material en condiciones de libertad, dignidad y seguridad económica.

En ese camino se recrea en la provincia de Río Negro la Secretaría de Trabajo, Previsión y Acción Social, recuperando para nuestro territorio la policía de trabajo que velará para asegurar condiciones de labor adecuadas a las leyes en vigencia, la higiene y seguridad industrial.

Para ello, paulatinamente se crearán delegaciones de esa secretaría, priorizando aquellas zonas en donde el desarrollo económico y social requiera de la presencia del Estado en forma inmediata para asegurar debidamente la paz social. También intervendremos como instancia conciliadora en los conflictos individuales y colectivos de trabajo, brindando al sector más débil de la relación laboral el debido asesoramiento gratuito en las instancias que corresponden. Se tomará participación asimismo en la determinación de las incapacidades derivadas de accidentes de trabajo, en una tarea complementaria a la desarrollada por el ministerio del área en la Nación. La homologación de los convenios colectivos de características regionales será una prerrogativa de los poderes provinciales que se reivindicará frente a las autoridades nacionales.

Aseguraremos la participación de todos los sectores políticos y sociales en la implementación de la política salarial. Colaborarán para ello los sectores de la producción y fundamentalmente los trabajadores y sindicatos, principales interesados en el logro de la justicia social, valor ignorado en forma absoluta por la dictadura militar.

Para asegurar el logro de esos mismos objetivos, el Estado colaborará y garantizará el futuro proceso de democratización gremial, a fin de que las conducciones gremiales sean la genuina representación de las bases trabajadoras. No parcializaremos en esta cuestión, tampoco discriminaremos, pero sí es nuestro propósito ratificar la democratización del Estado que tiene un hito fundamental al 30 de octubre, con la democratización de los sindicatos que es imprescindible para afirmar la sociedad democrática, fraterna y justa que todos pretendemos.

Reestructuraremos el Instituto Provincial de Promoción y Planificación de la Vivienda, en función del deber ineludible del Estado de asegurar el derecho a una vivienda digna y a una mejor calidad de vida. Promoveremos las condiciones necesarias para que el sector privado inicie un proceso de reactivación, que permita salir de la parálisis en que ha caído la construcción. Orientaremos los planes de vivienda en atención fundamentalmente de las necesidades de la población de escasos recursos. Esta actitud de reparación se funda en los criterios éticos sociales, porque es preciso comprender que también en este campo hay que rescatar de la postergación y la marginalidad social a los pobres, que han soportado todo el peso de la larga noche de decadencia e injusticia que hemos padecido los argentinos.

Hemos creado la Secretaría de Turismo, Recreación y Deportes, que entenderá en todo lo relacionado a la promoción del tiempo libre recreativo y turístico de los habitantes de la provincia y de los visitantes de Río Negro. Se ha decidido retornar al criterio anterior, a nuestro juicio, correcto, que determinará la sede de este organismo en San Carlos de Bariloche. Esta ciudad, orgullo de Río Negro y del país, es el más importante centro turístico de captación de turismo extranjero que tiene la Argentina y el segundo de turismo vacacional de la República.

Los mayores niveles de decisión deben ser asumidos, a nuestro juicio, como ocurre con la fruticultura, en el lugar donde ocurre el hecho principal turístico recreativo.

Consideramos al turismo como una importantísima fuente de recursos económicos, pero no simplemente como una industria. La óptica social y cultural que deseamos darle a esta área de particular trascendencia para el desarrollo provincial, nos ha impulsado ampliar el tradicional radio de acción del Estado, incluyendo la idea de otorgar a tiempo libre un sentido de tiempo de ocio creador. Hasta ahora, la antigua concepción privilegiaba a los sectores sociales de mayor poder adquisitivo, para que usaran su tiempo vacacional fuera del lugar de residencia, pero se marginaba o subadministraba el tiempo libre de los más humildes, que es propio del concepto de recreación.

Señores legisladores: A fin de no extenderme excesivamente, solicito a ustedes se ordene la inserción en el Diario de Sesiones de los temas de este mensaje correspondientes a las áreas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Recursos Naturales, Departamento Provincial de Aguas y Tierras Fiscales y Colonias, a los que también he dedicado una parte debido a la importancia que revisten, y que por ello en este momento ponemos a consideración de ustedes en el mensaje impreso.

Pondremos especial acento en la explotación eficiente de nuestros recursos naturales, en la defensa y promoción del productor agropecuario, y de la actividad minera, pesquera y forestal. La agricultura y ganadería deberán integrarse en un decidido programa de autoabastecimiento de carnes rojas. Se desarrollará una enérgica labor en el control de la aftosa y la sarna, a través de SELSA. Se propenderá a regionalizar la explotación ganadera de subsistencia en la línea sur, donde se fomentará el movimiento cooperativo y las distintas formas de asociación de productores. Se deberá apoyar a las Asociaciones Rurales y Consorcios en la incorporación de tecnología probada y en la experimentación. El Ministerio de Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, orientará al sector productivo en los cultivos especializados (tomate, lúpulo, forrajeras y hortícolas) y en su comercialización, promoviendo la exportación de productos no tradicionales y de las agro-industrias regionales.

Quiero sí, señores legisladores, porque me parece importante en esta coyuntura que vive la provincia, hacer una breve referencia a la situación de la fruticultura, que es, ha sido y será el motor y nervio de la economía rionegrina en el corto y mediano plazo. En busca de una dinamización permanente y sensible a las necesidades de la coyuntura y de las necesidades del sector en el mediano y largo plazo, hemos creado la Secretaría de Estado de Fruticultura, con sede en el Alto Valle del Río Negro.

En el momento de asumir este gobierno constitucional, encontramos a la actividad frutícola con graves problemas. El endeudamiento del sector privado llega hoy a niveles históricamente desconocidos, lamentablemente no proviene de inversiones para la incorporación de nuevas tecnologías, que modernicen y aumenten la productividad, sino como consecuencia de una política errónea del régimen militar que nos llevó a la pérdida total de rentabilidad y de capital de trabajo que se desarrolló durante los últimos años.

Hay también problemas de estructura derivados principalmente de una falta de planificación y de las carencias de inversiones productivas, casi siempre por falta de recursos financieros. No hubo una política nacional de apoyo para desplegar estrategias exportadoras coherentes, enérgicas y agresivas que hubieran permitido mantener y abrir mercados internacionales.

A su vez, el mercado interno no cuenta aún con la infraestructura adecuada para lograr una buena distribución de la producción y nada se progresó, a este respecto, en la última década, la industria transformadora, la producción frutícola, no se han diversificado. Por otra parte se concentró solamente en el mercado norteamericano la colocación de nuestros jugos.

Este desalentador panorama se suma en los momentos en que asumo la gobernación, a pocos días del inicio de la cosecha de peras y manzanas y estimamos que en stock hay solamente un treinta por ciento de los materiales necesarios para procesar la fruta. El productor y el empacador no cuentan hoy con los medios financieros y los recursos económicos para hacer frente a la inminente zafra. Pero también en el comercio exterior el tiempo juega: El 12 de diciembre, en Bruselas, se realiza una reunión de alto nivel que fijará la política agrícola de la Comunidad Económica Europea y el día 20 de este mismo mes concurriremos a Brasil para participar en las negociaciones que hacen al comercio frutícola entre ambos países. En ambos casos será necesario contribuir con todo el apoyo político, nacional y provincial para obtener mejores resultados en esta difícil como compleja área.

En estas realidades debemos desarrollar la acción de gobierno en la fruticultura. Nuestro objetivo inmediato es lograr que la actividad no retroceda más y crear las bases de confianza mínimas que posibiliten luego el despegue necesario. Velaremos con toda energía para que se cumplan los objetivos de una distribución socialmente justa de los ingresos de la actividad, dando las pautas en la determinación de precios que se engarcen al propio tiempo con planes de mediano plazo, a fin de que la fruticultura rionegrina tenga los grados de eficiencia, competitividad y rentabilidad para todos los hombres que hacen de ella su medio y forma de vida, un modelo que queremos preservar o impulsar. En este campo, dos líneas de acción inmediata desarrollará el gobierno constitucional democrático: 1) Buscar en los ámbitos pertinentes el alivio de la pesada carga financiera que afecta al sector, mediante las condonaciones y refinanciaciones estrictamente selectivas que procuren un incremento de la producción y una reactivación del aparato del conjunto de la economía frutícola.

Pero además se requerirá la ayuda financiera que permita una cosecha eficiente en todos los ciclos, aporte que deberá llegar en los tiempos suficientes para que sea eficaz y dé los resultados concretos que son imprescindibles. Se trabajará con energía y decisión en la política de comercio exterior, que permita la colocación de nuestra producción.

Pondremos en marcha un plan de coyuntura que tienda a optimizar todos y cada uno de los sectores que hacen a la actividad frutícola.

Pero todo ello no será suficiente si no se cuenta con el apoyo de los hombres de nuestros valles, que con su esfuerzo y capacidad hicieron esta tangible realidad de la fruticultura rionegrina, a pesar de los embates y retrocesos sufridos, estos hombres de nuestra producción, de nuestra industria, nuestros trabajadores y nuestros empresarios y técnicos, persisten con fe y con esperanza y tenemos la convicción que están dispuestos a lograr el futuro anhelado de una actividad rentable, para una sociedad con una justa y digna distribución de la riqueza.

En materia de tierras fiscales y colonización, se impulsará una política de entrega de tierras en propiedad a sus auténticos merecedores, pero condicionando la titularidad al compromiso de uso racional de los recursos naturales renovables, particularmente en áreas críticas como El Bolsón y en la Línea Sur. Se destinarán nuevas áreas aprovechables con el riego, en función del desarrollo de las actividades primarias y secundarias mediante colonizaciones económicamente y socialmente viables, realizándose expropiaciones en su caso, cuando las tierras del dominio privado no cumplan con una función productiva social, como lo establece la Constitución de Río Negro.

En materia de pesca y recursos marítimos, el gobierno constitucional democrático, otorgará prioridades e impulsos renovados. Se propiciará la sanción de una ley de pesca marítima, que regulará la investigación, conservación, desarrollo y exploración racional y eficiente de los recursos pesqueros marinos.

Se fomentará la radicación de industrias pesqueras en el sector portuario de San Antonio Oeste, para lo cual se implementarán las medidas que fueran necesarias para concesión de las obras correspondientes al muelle pesquero flotante en dicho puerto. A nivel continental se fomentará la instalación de piscifactorías para la producción intensiva de especias de alto valor comercial, como así también se incrementarán las siembras en aguas provinciales de especies de valor deportivo.

El Ministerio de Recursos Naturales impulsará su acción de fomento y subsidio, en cuanto al diagnóstico, evaluación y explotación del recurso minero, se promocionará enérgicamente la radicación de capitales en el sector, posibilitando el acceso del pequeño y mediano minero al crédito, al asesoramiento técnico, al equipamiento de maquinarias y equipos analíticos y, fundamentalmente, a una gestión empresarial que le permita una adecuada rentabilidad a su tarea, posibilitando su acceso a posiciones de competencia en el comercio interno y externo.

Se creará la Subsecretaría de Medio Ambiente, que cumple una importantísima finalidad en los Estados modernos. En este campo debemos abocarnos urgentemente a resolver algunas situaciones graves de desbalance ecológico que avanzan irrestrictas y, a menudo, ignoradas por la gran mayoría del pueblo rionegrino: depredaciones faunísticas, degradación de la vegetación, contaminación de aire, agua y suelo, sobreexplotación de recursos renovables, contaminación industrial, desertización y salinización de áreas bajo riego.

El Departamento Provincial de Aguas, organismo previsto por la Constitución que dedica un capítulo al régimen de las aguas, contempla en sus actuales atribuciones dos aspectos fundamentales, el manejo de la política del agua y el empleo de este recurso en el riego de tierras agrícolas con repercusión en la economía provincial y la atención de los servicios sanitarios de agua y cloacas con repercusión en la salud provincial.

La economía de la provincia se fundamenta, en gran medida, en el uso del recurso agua que ha permitido el establecimiento de áreas agrícolas prósperas en tierras ganadas al desierto.

El desarrollo de todas las potencialidades de los recursos hídricos de la provincia, será una de las metas a las que tienda a llegar el gobierno provincial. Este desarrollo se llevará a cabo con un auténtico sentido federal, defendiendo y desarrollando racionalmente el uso de los recursos provinciales, propendiendo a la equitativa distribución y equilibrado manejo de los interprovinciales y participando decisivamente en los beneficios de las explotaciones que la nación ha establecido sobre los mismos, atendiendo primordialmente a la defensa de los usos del recurso existente con anterioridad.

La transferencia de los servicios de riego por parte de la nación a la provincia, será continuada en un marco que responda al interés mutuo y que tienda a que aquella absorba los costos provenientes de la falta de actualización de diseños y obras de los distintos sistemas de riego, en tanto la provincia continuará readecuándolos con el apoyo crediticio de organismos internacionales.

Los dos principales cursos de agua con que cuenta la provincia, los ríos Negro y Colorado, constituirán la columna vertebral sobre la que se apoyará el desarrollo hídrico provincial.

En algunas zonas que cuentan con recursos hídricos de carácter mucho más limitado, se procurará establecer aprovechamientos que tiendan a disminuir el grado de marginalidad que generalmente las caracteriza, mediante el establecimiento de sistemas de riego que respondan a un uso social del recurso.

El adecuado manejo de la política del agua conducirá a una expansión de las fronteras agropecuarias rionegrinas, que posibilitará la radicación de nuevos colonos que hagan realidad la ocupación de la Patagonia y su total y efectiva integración al conjunto de la nación.

Las dos prioridades fundamentales que se ha fijado el gobierno de Río Negro son salud y educación y es en materia de salud donde el Departamento Provincial de Aguas realizará la otra actividad principal, enmarcada en sus funciones, a través del abastecimiento del agua potable y de la eliminación de los residuos cloacales.

El agua es un elemento indispensable para la vida y su abastecimiento en cantidad suficiente y con el adecuado grado de potabilidad, debe ser preocupación principal de todo gobierno que pretenda atender adecuadamente a la cobertura sanitaria de la población.

La escasez de recursos presupuestarios alejará en el tiempo la meta final de llevar el agua potable a todos los rionegrinos, aunque de todos modos se irá recorriendo ese camino atendiendo en este ejercicio a necesidades impostergables de algunos asentamientos urbanos.

En materia de desagües cloacales, si bien no existe la misma perentoriedad que en lo referente al abastecimiento de agua, su carencia limita el crecimiento de aquellas ciudades que, por problemas técnicos y de desarrollo urbano, no pueden eliminar domésticamente o por medio de pequeños sistemas, sus aguas residuales. En estos casos y aún teniendo en consideración las estrecheces presupuestarias citadas, se arbitrarán las medidas necesarias para que ninguna ciudad rionegrina vea trabada su armónica expansión por falta de la necesaria cobertura cloacal.

El sentimiento auténticamente federal que animará nuestro gobierno, procurará ir acercando el manejo de los sistemas sanitarios al lugar donde se presten esos servicios. Será ésta una tarea larga en el tiempo que deberá acompañar al desarrollo y expansión de las poblaciones, respetando las características y potencialidades de cada una de ellas. No obstante, en el tramo final y también a lo largo de todo el proceso, la provincia se reservará todo el poder de supervisión y control para asegurar el eficiente funcionamiento sanitario de los distintos sistemas.

Debo referirme ahora a la situación hacendística de la provincia y a la cruda realidad que debemos enfrentar en lo inmediato. El desquicio financiero del Estado provincial no registra antecedentes. El presupuesto original de 1983 está totalmente agotado. Es evidente que los índices inflacionarios y una administración dispendiosa y muchas veces irresponsable, ha contribuido al desorden. Es cierto que el presupuesto originario se elaboró en una estimación inflacionaria del 160 por ciento y en la realidad de los hechos superará el 400 por ciento.

Las erogaciones correspondientes al otorgamiento de las bonificaciones por recargo de servicios por el personal policial, a la denominada ley de porcentualidad de los agentes judiciales y a la nueva escala por antigüedad o inclusión del valor índice del complemento compatibilizador del personal docente, representaron la suma de $a. 37.606.747, cifra que la nación se comprometió oportunamente a absorber en su totalidad. Ese compromiso no fue cumplido a la fecha. Los nuevos créditos autorizados en base a la obligación de aportes de Tesorería de la Nación solo fueron para cubrir partidas de personal pero aún ignoramos otros conceptos restantes a los que pudieran ser aplicados. Estos importes, que ascienden a la suma de $a. 151.244.000, incluían entre otras: la cobertura de necesidades de financiamiento para 37 municipalidades las que, en su mayoría, registran situaciones de estrangulamiento financiero de similar gravedad al de la provincia.

Los incrementos salariales del mes de noviembre y los correspondientes al de los aumentos de $a. 400, establecidos por decisión nacional que se aplican a los meses de septiembre y octubre pasados, ascienden a $a. 92.000.000. Esta suma deberá ser absorbida también por el gobierno federal, pero aún no fue atendida por lo que la coyuntura financiera derivada de esta falta de respuesta, fue transferida a las autoridades constitucionales que ahora inician su mandato. El gobierno saliente no adoptó ninguna previsión para las erogaciones salariales correspondientes al mes de diciembre y el sueldo anual complementario, pese a que se fijaron las pautas salariales en relación precisamente a este mes de diciembre. Todo el cuadro apuntado nos exige actuar con urgencia para la obtención de una ayuda federal, que deberá cubrir un monto de $a. 280.000.000, más el que se derive de los incrementos que se producirán en diciembre que elevaría la cifra a una suma aproximada de $a. 350.000.000.

Debe comprenderse que, teniendo en cuenta el corto plazo existente entre la asunción del mando por el gobierno constitucional y la fecha de cierre del ejercicio, no será posible otra solución que recurrir nuevamente a los aportes del Tesoro Nacional. Si no se obtiene la ayuda consignada, que burla la autonomía financiera propia de un Estado Federal y humillan a una provincia rica como la nuestra quedará comprometido el presupuesto del próximo año 1984.

Se procurará, para atender las imperiosas necesidades financieras que las regalías

petrolíferas y gasíferas, que deben ingresar el 30 de diciembre de 1983 y que en realidad

corresponden al mes de noviembre, ingresen unos días antes de fin de año, lo que permitirá un manejo más fluido de la Tesorería sobre el cierre mismo del ejercicio. Debemos presentar esto con toda franqueza, con toda claridad y el pueblo rionegrino debe estar enterado de ello. Recibiremos la Tesorería de la Provincia en el día de mañana con saldo negativo.

No existe en el actual Ministerio de Economía ningún trabajo ni estudio previo en relación a la elaboración del presupuesto 1984. Pero comenzaremos de inmediato la tarea, siguiendo obviamente, las pautas salariales, de política de precios y la inflación estimada por las autoridades nacionales constitucionales. Pero debemos tener en cuenta que el déficit del presupuesto nacional se calcula, en la actualidad, en un 16 por ciento del producto bruto interno de la nación, porcentaje fantástico que deberá reducirse sustancialmente.

Es intención de la conducción económica nacional del gobierno constitucional, corregir en favor de las provincias los índices del sistema de coparticipación de los impuestos nacionales. Pero, sin perjuicio de ello, es nuestro derecho y nuestro deber reclamar mayores regalías sobre los de hidrocarburos y obtener una política de tarifas preferenciales para promocionar la región en materia de energía, siguiendo el principio de que los recursos naturales del suelo y del subsuelo y las fuentes de energía, son de propiedad de la provincia de Río Negro, como lo tiene establecido el programa de la Unión Cívica Radical y la Constitución de la provincia (Aplausos prolongados).

En la inmediata tarea de ordenar la policía fiscal seremos sumamente severos en el control de la evasión, pero al mismo tiempo revertiremos las fuertes tendencias regresivas del actual sistema impositivo, volcaremos nuestro esfuerzo a lograr una mayor equidad en la distribución de la carga triburaria. A esos efectos será inmediata una actualización del impuesto inmobiliario, de acuerdo a los relevamientos recientemente realizados.

Este cuadro exige una política de enérgica contención del gasto público. Debemos ser, y lo seremos, extremadamente prudentes en esta materia, eliminando sin más trámite, todo gasto prescindible, buscando una mayor racionalidad en la asignación de los recursos. Adoptaremos, en los próximos días, un conjunto de medidas de austeridad cumpliendo con los principios republicanos que son tradicionales en los gobiernos radicales, y del que fuere ejemplo imborrable el sentido moral que le imprimió la personalidad de Yrigoyen y del último presidente constitucional radical, el más importante hombre civil durante los últimos años, el recordado don Arturo Humberto Illia.

Demostraremos así, que el esfuerzo requerido del contribuyente es paralelo al que está realizando la administración pública. La drástica moderación en los gastos exige ser implacable con toda forma de corrupción administrativa, cualquiera sea su grado. No vamos a encubrir ilícitos anteriores de ninguna naturaleza (Aplausos) y no encubriremos a quienes pudieron delinquir desde la función pública. No perseguiremos a nadie gratuitamente ni propiciaremos sistemáticamente la formación de comisiones investigadoras parlamentarias, recurriendo a las instituciones normales de la justicia, aunque en alguna situación excepcional es posible que se requiera la intervención de esta Legislatura.

No vale la pena insistir ahora sobre las consecuencias funestas que tuvo para el país la política financiera implementada en estos últimos siete años, que tuvo entre sus metas la privatización total o parcial de las bancas oficiales de provincias. Se obligó a nuestro Banco de la Provincia de Río Negro a competir con la banca privada, que busca resultados lucrativos como única expresión de su eficiencia. Esto implica dejar de lado el objetivo de nuestra institución financiera provincial, que es el de propender al crecimiento armónico de la economía regional, implementando las políticas económicas establecidas por la autoridad provincial.

De esa negativa política económica-financiera de la dictadura militar deriva ahora la gravísima situación que soporta el Banco de la Provincia de Río Negro, al cual encontramos inmerso en la mayor crisis de su historia.

El cepo cambiario, que durante tanto tiempo tuvo sumergida a nuestra economía frutícola, hizo nula o negativa su rentabilidad, llevándola a situaciones de quiebra, todo lo cual motivó un incremento notable de la cartera bancaria, con atraso y riesgo de insolvencia. Un hecho irritante para el sector productor fue la entrega que la provincia realizó al banco en administración y que éste, a su vez, transfirió desordenadamente a los sectores de la producción y de la industria en dólares norteamericanos. Hoy, dichos tomadores en moneda extranjera se encuentran en un estado de desesperanza e incertidumbre, ya que cuando tomaron esos fondos existía una notable subvaluación del dólar. Las paridades cambiarias actuales alejan las reales posibilidades de pago del sector privado.

A partir de la reforma de junio de 1982 el Banco de la Provincia de Río Negro perdió un equivalente a treinta millones de dólares de aquel momento, fondo que tenía constituido como capital de trabajo para atender los requerimientos de la actividad económica regional en tiempo y forma oportunas y eficientes. Comienza entonces una caída vertiginosa en la operativa irrentabilidad bancaria y no se pudo atender las necesidades mínimas de los sectores productivos de la provincia.

Hubo que recurrir reiteradamente al Banco Central solicitando redescuentos que nunca satisficieron los requerimientos imprescindibles, lo que exigió que indefectiblemente, esas necesidades fueran cubiertas con fondos tomados en préstamos interfinancieros comúnmente denominados “call money”. El sistema implementado estaba orientado a suprimir cualquier intento de crecimiento de la banca oficial, que fue enchalecada por una serie de circulares del Banco Central como un medio utilizado aviesamente para favorecer la banca privada nacional y, fundamentalmente, la extranjera.

El ente rector del sistema financiero nacional fijó las utilidades de nuestra institución por medio de las tasas reguladas, lo que constituyó un nuevo modo en indexar la economía. Hoy nos encontramos con un banco sin recursos prestables y sobreexpandido en forma alarmante. Para cubrir sus deficiencias de efectivo mínimo debe recurrir a la toma diaria de “call” por sumas aproximadas a los cien millones de pesos diarios, a una tasa promedio de treinta por ciento mensual, frente a una colocación de dichos fondos regulados entre el 15 y el 15,5 por ciento mensual, lo que indica la fuerte negatividad de la operativa bancaria y las pérdidas patrimoniales que éstos sufren. Por otra parte también realizaremos en esta institución una enérgica política de contención de gastos y revisaremos los planes de remodelación y construcción de obras encaradas por las anteriores autoridades. Frente a la muy baja rentabilidad que pueden producir los nuevos espacios operativos, es válido preguntarse sobre la oportunidad de dicho plan, que resta fondos importantes, que bien podrían ser volcados al aparado productivo. Recientemente, el Banco Central ha intimado al Banco de la Provincia de Río Negro a un encuadramiento técnico que desconoce en forma absoluta la realidad económica de nuestra provincia, desprecia la inquietante situación que registra el endeudamiento del sector privado y no tiene en cuenta que la actividad frutícola se encuentra a esta altura del año en pleno proceso productivo y que, recién a partir de los meses de febrero o marzo, ingresan las primeras divisas provenientes de la exportación de nuestros productos. Rechazamos esta humillante política del Banco Central que no ayuda a la reversión de la dificilísima situación en la que hoy se encuentra inmersa nuestra institución bancaria.

El Banco de Río Negro volverá a ser, paulatinamente y mediante una estricta política en la asignación de sus recursos, el gran instrumento de fomento y desarrollo armónico e integrador de toda la provincia de Río Negro.

Estamos pensando en una provincia con mayúsculas. Más allá de todos los detalles en la ejecución de un programa de gobierno, es preciso que todos comprendamos la necesidad de determinar con toda urgencia, un proyecto de vida en común en Río Negro, que se asienta sobre

tres columnas básicas: La promoción de derechos y los valores humanos; la defensa del federalismo

y de nuestros recursos naturales; y la democratización e integración de la sociedad rionegrina.

Cualquier programa de acción de gobierno será insuficiente si no adoptamos una actitud de severo compromiso de lucha y sacrificio. Ha sobrado en el país la hosca soberbia del triunfador circunstancial, se requiere ahora el compromiso cordial y tolerante del auténtico luchador, del militante de una democracia social. No se trata simplemente de vencer, se trata de algo mucho más vital y por lo tanto más trascendente, se trata de luchar.

Renán utilizaba un dogma que quiero reivindicar en este mensaje para la Argentina actual: Excluir toda exclusión.

No es hora de dilaciones ni de dudas, es hora de afirmaciones positivas, imponiéndonos responsabilidades y deberes rigurosos. Está bien que nos hayamos incitado a participar mediante el sufragio, pero también es el momento en que nos incitemos mutuamente a comprometernos a una vida más enérgica y más rigurosa. Es preciso que empecemos a unirnos los rionegrinos, para tener entre todos la fuerza suficiente para construir la nueva sociedad. Hubo energías dispersas en la Argentina que despedimos. Ahora debemos juntar esas energías, atándolas unas a otras para hacer con todas ellas el vigor del conjunto. Hagamos un gran acopio de ansias de unión, de convivencia y de tolerancia; ello requiere un gran acopio de responsabilidad, pues, por mucha que acumulemos será escasa en comparación con la que ahora, en esta etapa crucial de la vida argentina, todos a partir de hoy tendremos que empezar a gastar. Más de una vez, durante la lucha preelectoral, requerí de nuestros comprovincianos una actitud superadora y quiero terminar el mensaje de hoy reiterando algunos conceptos finales que utilicé en nuestra convocatoria.

A vivir, rionegrinos, con ansias y energías sin límites estos años que nos restan de este ya viejo siglo XX, que vuela sin embargo hacia el futuro como lo hace la golondrina rezagada hacia una nueva primavera. Por todos nuestros sueños, nuestras viejas luchas y nuestros nuevos ideales, les pido a todos que asumamos una severa y enérgica tarea. Lo pido por nuestros ya antiguos orgullos, por honor a un pasado de esfuerzos y sacrificio de nuestros pioneros de la Patagonia, por el esplendor natural de nuestros bosques, nuestras montañas y nuestros lagos, por las adustas estepas del sur, por nuestras acequias, por los surcos de nuestras tierras duras, por la solemnidad de nuestros mares, por las corrientes tumultuosas de nuestros ríos, por las arrugas venerables de nuestros campesinos, por el sacrificio de nuestros maestros que en cualquier rincón de Río Negro enseñan a querer a la Patria a las nuevas generaciones, por nuestros obreros, por nuestros peones y por nuestros pobladores, a quienes es preciso liberar del desencanto y la desesperanza, por los argentinos y por los extranjeros que ven en nuestras tierras las posibilidades de realización, pero por sobre todo lo pido por el sino de nuestros hijos, que son nuestro futuro, les pido a todos, humildemente, sencillamente que nos ayuden a hacer de Río Negro una provincia magnífica.

OSVALDO ALVAREZ GUERRERO