MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Miguel Angel Saiz
EN LA APERTURA DEL 39° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 1° DE MARZO DE 2010
Señor presidente, señoras y señores legisladores, autoridades, rionegrinas y rionegrinos: Me encuentro una vez más en este recinto y ante ustedes, en su condición de representantes del pueblo rionegrino, para cumplir con la responsabilidad y el alto honor de rendir cuenta de los actos de gobierno y explicitar los lineamientos que guiarán al Poder Ejecutivo en el ejercicio que hoy comienza.
Se trata de cumplir con la ineludible obligación institucional y política, de comunicar a todos los ciudadanos las ideas fundamentales que orientarán a esta administración en estos especiales tiempos que nos toca transitar.
La habitualidad ceremonial que impone a este hecho la Constitución provincial no resulta suficiente para reflejar en su real dimensión la excepcionalidad de las circunstancias en que nos toca desempeñarnos ante la actual situación en sus contextos políticos, financieros y económicos nacionales e internacionales.
El país se debate en la búsqueda de un modelo que lo oriente a superar esta crisis que alcanza a todas las provincias, nos envuelve económica, política y socialmente, y subsume a la sociedad en condiciones de preocupación. Entonces, es hora de sincerarnos. De evaluar éxitos, errores y fracasos, de demostrar que el esfuerzo no es sólo el aporte de algunos, sino que entre todos debemos construir ese modelo de país, con la condición única de preservar los valores de la libertad y de la democracia, sin los cuales es impensable la plena realización humana.
Hemos puesto en vigencia esa concepción a partir del momento en que asumimos la gobernación de Río Negro en postrimerías de la más grave crisis económica e institucional de la historia contemporánea del país. Centramos en ella los procesos de transformación en lo económico, social e institucional que impulsamos en el transcurso de estos seis años de gobierno y que no deben perder su continuidad. En ese entonces, optamos por no mirar el pasado sino apuntar a nuevos horizontes. Creímos en las potencialidades de esta provincia, en la capacidad de su gente y construimos confianza en función de la racionalidad de nuestras decisiones en la búsqueda del bien común. Esa confianza, que se somete a prueba cada día de gobierno, fue renovada por el pueblo de Río Negro en el proceso electoral del año 2007, porque los rionegrinos confiaron en una propuesta de desarrollo renovadora, pluralista e incluyente. Confiaron en ella porque consistió en administrar aquella crisis con un criterio humanista, sin priorizar el cierre de cuentas por encima de las necesidades reales de la gente, y sin transferir esos ajustes a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, pareciera que en la actualidad hay muchos que añoran las concepciones políticas del achicamiento del Estado, y de la paralización de la obra pública, de los retiros voluntarios, del ajuste como instrumento permanente de gestión. Nosotros concebimos a la política de manera diferente. Nuestra formación, nuestros principios sustentados en el desarrollo humano, hacen que respondamos con más escuelas, más viviendas, más hospitales, más caminos, más integración, con políticas de inclusión y un mayor crecimiento del producto bruto interno.
No asumimos el gobierno de la provincia con el simple propósito de administrar. Creemos en la política como instrumento de cambio y transformación en todos los órdenes, con las prioridades necesarias: la salud, la educación y la familia. Y lo hemos demostrado con obras, como más de 122 nuevas escuelas, cerca de 16.000 viviendas, nuevos hospitales y centros de salud, y millonarias inversiones en energía, gas, obras de saneamiento, rutas y caminos, que son absolutamente la consecuencia de convicciones que no se modifican pese a las restricciones económicas y financieras.
Por definición, Río Negro es una provincia moderna, es una sociedad joven y moderna, cuya idiosincrasia nacida del espíritu de los pioneros que convirtieron al desierto en vergeles la llevan a buscar la vanguardia en los procesos culturales, tecnológicos e institucionales del mundo contemporáneo.
Nadie desconoce que la nuestra es la provincia de mayor capacidad tecnológica instalada y que la absoluta mayoría de los rionegrinos tiene un pensamiento progresista que se centra en la búsqueda del desarrollo humano, del bienestar, de la inclusión social, de la equidad y de la lucha contra la pobreza. Esa realidad agudiza nuestra percepción de vivir en esta provincia un tiempo político pleno de posibilidades en todos los órdenes, pero también la certeza de que sólo serán realidades si afrontamos con coraje, imaginación y conciencia histórica un cambio de estructuras que se hace cada vez más necesario.
En vinculación con el contexto que acabo de señalar, hace ya un año que hemos planteado la necesidad de que la continuidad del proceso de transformación que impulsamos, alcance también a las áreas institucionales, con planteos prácticos y concretos. La Constitución de Río Negro, que data de 1988, es un ejemplo de esas normas que deben ser actualizadas. Un argumento en ese sentido es que precedió a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y que existen enormes vacíos sobre aspectos que en la actualidad son trascendentes para todos los rionegrinos. No son aspectos menores en ese sentido, por ejemplo, la ampliación de derechos y garantías, los instrumentos de distribución de poderes, los sistemas de control, los ejidos municipales o la designación de senadores, por mencionar sólo algunos.
Es por eso que, cuando se dice que hay otros temas prioritarios para la provincia, no entiendo a qué se refieren, e interpreto que hay quienes prefieren moverse o medrar entre las indefiniciones antes que asumir responsabilidades ante una sociedad que busca discutir y acordar sus nuevos objetivos y los instrumentos para alcanzarlos.
Es indiscutible que es preciso buscar coincidencias acerca de los contenidos de esa reforma y acordar también cuáles serán los tiempos para hacerlo, pues es irrefutable que se ha convertido en una norma inadecuada para las nuevas realidades. Encarar este nuevo reto a la democracia demanda una nueva capacidad colectiva de cooperación y participación, dispuesta a remover estructuras anquilosadas y caducas, hace falta, una vez más, perder el miedo a los cambios y adentrarse en las transformaciones profundas. Es por eso que confío en la inteligencia de la dirigencia política y en su capacidad para ser intérpretes genuinos de las actuales corrientes de opinión.
La reforma de la Constitución Provincial sancionada en 1988 nos brindará la oportunidad de efectuar esos cambios, pero también para no dejar rezagada a Río Negro respecto del resto de las provincias, que luego de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, incorporaron a sus respectivas cartas magnas novedosas instituciones, derechos y garantías.
Valga un ejemplo: El Ingreso Mínimo Ciudadano, establecido por el actual gobierno nacional, es el antecedente de un derecho universal que fue incluido en las reformas constitucionales realizadas por algunas provincias en lo que va del siglo XXI. Al enfatizar en forma intencionada el año de sanción de la Constitución rionegrina hoy vigente, es decir 1988, y haciendo un sencillo ejercicio de memoria, se podrán recordar las profundas transformaciones ocurridas en el mundo y en la Argentina en los 22 años transcurridos desde entonces. No necesito enunciarlas, pues son vivencias comunes a todos nosotros, pero sí señalar que en ese lapso se ha generado un sinnúmero de nuevos fenómenos sociales, culturales y económicos a los que hay que adecuarse en pos de un Estado moderno, acorde con las nuevas realidades.
Planteamos esta iniciativa en la convicción de someterla a debate, porque una sociedad que no debate y una dirigencia que se estanca en sus visiones, conllevan a una segura declinación y a la imposibilidad de alcanzar ese espíritu de innovación y creatividad que demanda el mundo contemporáneo.
No se trata de una argucia política, como sostienen con pobre visión algunos detractores de esta iniciativa, se trata de algo mucho más profundo. Ocurre que debemos identificar, definir y debatir las encrucijadas básicas de nuestras estrategias para el futuro, pero también su sustento ético, debemos darnos nuevos y mayores objetivos y me refiero, específicamente, a los derechos humanos de cuarta generación.
El reconocimiento de los primeros derechos civiles y políticos a partir de los procesos constitucionales del siglo XIX, los derechos sociales comprendidos en todas las reformas desde la República de Weimar, los derechos de tercera generación en las postrimerías del siglo pasado, que dan respuesta a los problemas ambientales, son hitos que muestran la evolución del derecho constitucional, al identificar y cristalizar en normas concretas las necesidades y reclamos de la sociedad.
Les aseguro que, a pesar de esa evolución incuestionable que trasciende al Derecho, porque atañe a la humanidad, hay muchos que quisieran retroceder y obviar las conquistas sociales, pero afortunadamente hoy no les resultará nada sencillo hacerlo. Valga nuevamente otro ejemplo: A pesar de las presiones mercantilistas, definimos una provincia libre del empleo de cianuro y mercurio en las explotaciones mineras. Basta con mirar lo que ocurre en algunas provincias para darse cuenta del riesgo que representa para la sociedad una circunstancial mayoría legislativa que sanciona una ley. Por eso, no debemos retroceder sino, por el contrario, consolidar lo logrado, de manera de asegurarlo para el rionegrino del presente, para nuestros hijos y para las generaciones que nos sucederán. No hay sociedad que evolucione y se desarrolle sin tener objetivos a largo plazo, y por eso los debe discutir, definir, plantear y actualizar en forma periódica. Ya lo dijo Thomas Jefferson en el siglo XVIII: “La Constitución es como un traje, y a medida que el joven crece debe amoldarse”.
A pesar de la obviedad de lo señalado, hay quienes rehuyen esos compromisos. Argumentan la falta de oportunidad o la inconveniencia de un debate de esa naturaleza, pero la realidad es que se oponen por adhesión a un status quo que pretenden inmutable por intereses personales. Hay dirigentes políticos que objetan nuestro proyecto de reforma constitucional sobre la base del criterio de oportunidad. Sostienen que no estamos atravesando un período histórico adecuado, que se carece del equilibrio social necesario para afrontar una tarea de esa magnitud.
La experiencia histórica, desde la Carta Magna hasta la Constitución nacional de 1994, sin olvidar la norma liminar de 1853 o su reforma de 1949, en el orden nacional, o la rionegrina de 1988, demuestra que ningún pacto constitucional, expreso o tácito, fue alcanzado sin algún nivel de conflicto o en circunstancias económicamente óptimas. En realidad, nunca existió el perfecto estado de equilibrio social que buscan los paladines de la oportunidad, ocurre que detrás de ese argumento suele esconderse la oposición sistemática al cambio.
Más aún, el aparente respeto sacramental por el texto constitucional vigente puede ser también una forma de provocar su incumplimiento por obsolescencia. Aquellos que eluden el debate con diferentes pretextos son quienes miran hacia atrás, quienes observan los conflictos por el espejo retrovisor y optan por las soluciones fiscales. Son aquellos que lucran con el conflicto, que prefieren los acuerdos de superestructura y de minorías y no las discusiones de mayorías que generan consenso. En la práctica, esa egoísta resistencia al cambio se traduce en el retroceso de los sectores menos favorecidos de las sociedades.
Más aún, cuando se habla de reforma constitucional no se pretende diseñar un modelo de sociedad, sino renovar el marco jurídico fundamental, la base común sobre la cual consolidar el modo peculiar de convivencia de todos los rionegrinos. Nos guía una visión realista de la sociedad, de sus posibilidades y sus limitaciones, una ponderada consideración de la historia reciente de nuestra provincia y de los usos o hábitos políticos comunes, así como una clara intención conciliadora.
El debate y el tiempo están abiertos para buscar coincidencias. Lo que importa en realidad es que todos los rionegrinos obremos inspirados por el propósito de consolidar la democracia, la Justicia y la libertad, que son –nada más ni nada menos- nuestro compromiso con la historia. Entonces, rionegrinos, enfrentemos los desafíos, no nos quedemos inermes frente a los problemas que debemos resolver de una vez y para siempre, y no con la estimulación de conflictos, sino mediante procedimientos institucionales. Ampliemos los objetivos sociales, consolidemos los logros.
Dejemos un marco de protección amplio a los jóvenes a través de la incorporación de la primacía de los Derechos del Niño a su educación, por encima de cualquier otro derecho; o priorizar la libre circulación o libre tránsito por sobre el derecho a manifestar y peticionar a las autoridades. Se trata de la colisión de derechos constitucionales, y en estos casos, como todos saben, la prevalencia debe ser resuelta por la Justicia. Pero, mientras tanto, uno se impone sobre el otro por el peso de los hechos y eso no es bueno para el futuro de la sociedad.
No se trata, como ha dicho algún dirigente gremial irreflexivamente, de cercenar derechos, sino de avanzar en una interpretación reglamentaria que armonice o establezca los límites correspondientes a fin de no permitir que el derecho de algunos se imponga sobre el derecho de los otros. Para evitar interpretaciones intencionadas reitero que no es mi intención, en absoluto, suprimir, limitar o afectar el derecho de ningún sector de la sociedad, pero tengo la legítima preocupación de que en esos casos prevalezca el interés superior del resto de la población.
Y quiero plantearlo hoy, en momentos en que la fruticultura puede trabajar normalmente y que se está dando inicio al ciclo lectivo del año, porque hacerlo en medio de un conflicto solo sirve para agitar las aguas y generar confusión.
Hay otros aspectos que se deben considerar también en el contexto constitucional. Me refiero, a manera de ejemplo, al hecho de que en materia educativa hemos logrado resultados de tanta trascendencia como disponer de computadoras para todos los alumnos rionegrinos y que más del 75 por ciento de nuestras escuelas urbanas y rurales cuenten con servicio de internet. Este acceso a la sociedad de la información inédita en el país, aquí es una realidad, pero también debe ser un derecho; un derecho programático para las generaciones futuras de Río Negro, para que a nadie se le ocurra volver atrás con estos avances o iniciar un proceso de desinversión en esta área.
Es cierto que las limitaciones fiscales y financieras son un problema actual. Más adelante, profundizaremos el diagnóstico y nuestro plan de trabajo al respecto.
Como en los otros casos mencionados antes, algunos de los responsables de esta situación tampoco quieren debatir reformas. En este sentido, una de las reformas que proponemos es la limitación explícita del endeudamiento provincial a un porcentaje fijo del presupuesto; es la manera más efectiva de evitar el endeudamiento intergeneracional, es decir otro derecho de cuarta generación. Las deudas que se acumulan hoy no deben afectar a las generaciones futuras que no participaron en esa decisión.
Varias provincias han incorporado restricciones de este tipo de entre un 20 y un 25 por ciento del gasto y es el momento de que Río Negro se sume a esa tendencia. Entonces, hagámoslo, no estamos especulando. A quienes cuestionan las decisiones financieras que hemos tomado en estos seis años de gestión, les decimos que estamos decididos a poner un límite constitucional a los nuevos endeudamientos, de manera que no puedan ser modificados por las mayorías legislativas.
Rionegrinos, propongo que nos despojemos de especulaciones e intereses personales para avanzar en el debate de aspectos como los señalados, es la mejor manera de hacernos responsables de nuestro futuro y que la provincia anhelada sea el resultado de un debate de ideas abierto, democrático y plural.
En concordancia, la política debe expresar en acciones la voluntad de alcanzar mayores niveles de equidad e igualdad social y, desde esta perspectiva, debe ser vista como la única manera de llevar adelante proyectos provinciales inclusivos con identidad e integrados a la región y al mundo global. Esta frase condensa los propósitos y los objetivos que han guiado las acciones desarrolladas en estos seis años de gobierno transcurridos desde nuestra asunción en diciembre de 2003. Un somero balance de este período ratifica nuestro objetivo inicial de gobernar con todos y para todos los rionegrinos, sin sectarismos, en procura de avanzar en la larga marcha del desarrollo provincial. Se trata de superar los aún vigentes efectos de la globalización sobre las economías regionales y de recuperar el tiempo perdido con relación a la deuda social que todavía persiste, pese a nuestras iniciativas en ese sentido.
Lo hicimos ante la evidencia de que el mundo cambia y por ende las fuerzas políticas. En este marco es indispensable y fundamental redefinir la acción de gobierno en función de las nuevas preocupaciones que dejan traslucir esos cambios. Es lo que denominamos reconocimiento de la realidad y es lo que nos lleva a superar viejas antinomias, experiencias de frustración, y a desechar esa actitud nacional que parece una constante histórica de repetir viejas historias y viejos errores.
Una sociedad libre se construye con consensos básicos en torno a los fines y con respeto a las diferencias sobre los medios para llevarlos a cabo.
No siempre hemos sido comprendidos en nuestra posición de remplazar la mirada nostálgica hacia el pasado por una actitud constructiva hacia el futuro, sin dejar de reconocer la complejidad de los problemas, pero procurando soluciones equilibradas, inteligentes y fundamentalmente solidarias.
Por eso es que quiero recordarles a todos, que los parámetros de este gobierno para interpretar su gestión implican a la seguridad con alcance democrático, el respeto inclaudicable por las libertades públicas, la transparencia como factor de confianza, la cohesión social como principio de sostenimiento democrático y la independencia de las instituciones.
En definitiva se trata de la construcción permanente de una democracia pluralista en permanente debate, con fraternidad para superar los antagonismos y solidaridad para llegar a la inclusión universal, principio básico para la meta de erradicar la pobreza.
Así, en forma congruente hemos puesto enormes esfuerzos en recuperar la cultura del trabajo y en evitar someternos a los dictados del capricho, porque el destino de esta provincia no depende de la suerte sino del trabajo constante en procura del bien común y del cultivo de los valores que hacen a una sociedad solidaria, inclusiva y transparente.
Quiero reafirmar la voluntad política de lograr, sin crisis ni violencias, ni crispaciones sociales provocadas por la intolerancia, que Río Negro sea lo que le corresponde por sus recursos humanos y naturales, con la educación como motor del cambio, de manera que pase a ser, de una vez por todas, el gran instrumento de transformación de una sociedad comprometida a fondo con la voluntad de crecer.
Estamos convencidos de que la legitimidad y credibilidad de la democracia no están fundadas sólo porque funcionen las instituciones y se realicen elecciones, sino también por cómo nuestra economía sea capaz de dar oportunidades y espacios que permitan generar más riquezas, es decir, una riqueza que vaya en beneficio de todos, especialmente de los más postergados.
Hemos valorado y construido con empeño perseverante la paz social como valor intrínseco en esta provincia, y promovido la equidad y la justicia para todos, además de favorecer y cultivar el diálogo genuino en la verdad y el respeto entre personas y sectores.
También lo caracteriza un honesto pragmatismo en la interpretación de las realidades nacional y provincial, como así también la comprensión de la mayoría del mundo y de la globalización, en función de la inserción de Río Negro en ese contexto.
No están ajenos esos conceptos a nuestra convicción de afianzar las instituciones democráticas, el federalismo y el respeto por la Constitución provincial, garantía para todos de una convivencia pacífica e incluyente.
Es por ello que hay en este gobierno un componente que lo hace profundamente democrático, un componente ideológico enlazado con el progresismo, y fundamentalmente un componente centrado en la preservación de la paz social y en la búsqueda del desarrollo humano.
Así lo demuestran los indicadores básicos de nuestra provincia dados a conocer este año por la Organización Panamericana de la Salud, que se encuentran entre los mejores del país. Por ejemplo, la tasa de esperanza de vida al nacer alcanza a 73,86 años. La tasa de mortalidad infantil es de 9.8 cada mil niños, inferior a la media nacional en más de tres puntos. El analfabetismo en menores de 10 años es del 3,8 por ciento.
La población con agua corriente en esta provincia alcanza al 99,7 por ciento, mientras que la cobertura con cloacas es del 77,9 por ciento.
Asimismo, el 83,34 por ciento de los efluentes cloacales reciben tratamiento previo a ser volcados al cuerpo receptor, llegando al 94,6 por ciento cuando habilitemos próximamente la segunda etapa de la planta de tratamiento de Cipolletti. Merece destacarse en este punto que cuando asumimos esta gestión ese porcentaje era del 25,46 por ciento.
Estamos claramente mejor que hace seis años. Como he señalado antes, hemos tratado en estos seis años de gestión de no ser unos meros administradores de la cosa pública, sino promotores de la transformación, procurando conjugar el futuro en tiempo presente. No hemos cejado en la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas y los sectores de la sociedad civil para impulsar las transformaciones con miras al mediano plazo, como las asociadas al área del conocimiento, el mejoramiento de la infraestructura física o los incentivos a los sectores con mayor capacidad de innovación.
En tal sentido, impulsamos la construcción de áreas de coincidencia que son determinantes para la construcción de un modelo de desarrollo. Las nuevas tecnologías están transformando el modo de vida actual a pasos acelerados. Las maravillas del mundo donde nos educamos quienes hoy tenemos más de 50 años parecen pequeñas comparadas con los cambios por venir, y aún no todos perciben que estos cambios recién están comenzando. Pero este gobierno ha dado un enorme paso en ese sentido.
Como decíamos recién, la incorporación de Internet y computadoras al sistema escolar, aún en remotos parajes de la Región Sur, es una muestra de que para nosotros la inversión social más productiva en el desarrollo social, económico y cultural de Río Negro es la modernización y actualización de su sistema educativo.
Pero, anticipar el futuro, a pesar de que siempre es tentador, también puede ser riesgoso si los individuos y la sociedad en su conjunto no se ajustan y adaptan a la confrontación con la realidad.
La ciencia y la tecnología no se aplican en un vacío social, independientemente de los valores y propósitos de la sociedad, sino que están íntimamente marcadas por las decisiones humanas. Es preciso adecuar normas y establecer otras nuevas que sirvan a la sociedad y a las instituciones a adaptarse a estas nuevas realidades, no dejar vacíos legales o zonas grises donde puedan campear los deshonestos, los oportunistas y los abusadores.
A pesar de la crisis y de las complicaciones financieras derivadas de ella, este gobierno nunca dejó de invertir en los planes de obra pública y en un modelo de desarrollo provincial. Fue necesario adaptar la financiación de las obras a fuentes externas ya sean nacionales o internacionales, y reservar los fondos propios para atender los gastos corrientes, en particular para atender el aumento salarial más importante que ha tenido el sector público en toda la historia de nuestra provincia.
Un 70 por ciento del presupuesto provincial está dedicado a atender a los salarios de los servicios de salud, educación, seguridad y justicia. Sabemos que servicios de calidad requieren salarios de calidad, y cada vez que fue posible otorgamos los aumentos correspondientes. Pero fue necesario sostener un nivel de inversión en obra pública, no sólo para incorporar nuevas obras, como la Ciudad Judicial, única en su tipo, sino para el mantenimiento de escuelas, caminos y hospitales. En ese aspecto, la inversión en infraestructura, en particular en educación y en producción, ha sido la más alta de la historia de la provincia, favorecida por cinco años de crecimiento ininterrumpido, con mejoras en todas las variables económicas y sociales.
A pesar de ello, en el marco de la crisis global sobre la cual es innecesario ampliar, se debe admitir que Río Negro está en la Argentina y es sensible, como lo son todas las provincias a la marcha de la economía nacional e internacional. Así es que nuestro país ingresa al final del ciclo económico de la crisis internacional del 2009, en desaceleración de ese crecimiento, lo que repercute en el ritmo de la obra pública y en baches del financiamiento previsto. Eso quiere decir que los fondos que recibe Río Negro en concepto de coparticipación federal de impuestos crecen la mitad de lo que crecían el año pasado, de manera que no es posible sostener el anterior nivel de inversiones y gastos.
No es este un problema exclusivo de Río Negro. Todas las provincias tienen problemas para cubrir su déficit y los gastos extraordinarios ejecutados para sostener el nivel de actividad económica y de empleo. Estas circunstancias han obligado, incluso, a modificar una ley nacional, como la de Responsabilidad Fiscal, que incluye a las Provincias y a la Nación, con el propósito de redefinir los objetivos fiscales.
Mientras tanto, las medidas y estrategias adoptadas durante este período de crisis por el Estado rionegrino han tenido como resultado no afectar al sistema productivo con nuevos impuestos, colaborar con su crecimiento, y otorgar mejoras salariales a los sectores de los servicios públicos esenciales.
Se han hecho esfuerzos concretos para lograr niveles de ahorro en el Sector Público de manera de mejorar la eficiencia en la administración y mantener y aumentar, como es en el caso de la educación y la salud, la cantidad y calidad de los servicios.
Comparando las ejecuciones presupuestarias del año 2007 a la fecha, los gastos de funcionamiento del Estado en términos reales han disminuido en aproximadamente un 10 por ciento. Y se ha evitado, cuidadosamente, la toma de decisiones que afecten a generaciones futuras con mayores endeudamientos, y se procuró, como a nadie escapa, mantener la paz social en la provincia, a pesar del comportamiento poco democrático de algunos sectores que no quieren comprender las restricciones y los esfuerzos que realizamos.
En síntesis, esto muestra que no nos sentamos a esperar soluciones mágicas, que administramos la crisis con responsabilidad y sensibilidad, que negociamos y reclamamos con responsabilidad al límite de las posibilidades de la provincia.
Los resultados están a la vista de todas las miradas honestas: garantizamos la estabilidad, la gobernabilidad y la paz social en la provincia sobre la base de una minuciosa gestión diaria de los recursos.
Somos concientes de la existencia de críticas y cuestionamientos, y quienes las plantean tienen derecho a hacerlas, algunas con lealtad, pero también otras con oscuros intereses o espurios trasfondos de la baja política. Por eso nos asiste el derecho de reclamar que cumplan con la obligación de ofrecer las soluciones alternativas, pero no lo hacen.
Los déficit fiscales, nacional y provinciales del 2009 permiten suponer que la crisis internacional afectó con mayor severidad a nuestro país en este último año. De todos modos, los informes más recientes de los principales organismos financieros internacionales, y de analistas de los sectores privados, coinciden en que la crisis internacional comienza a revertirse y que en el transcurso del año se producirá un rebrote de la economía.
Las posibilidades de aprovechar esa perspectiva dependerán, en mucho, de la capacidad de negociación del país, de manera de evitar la repetición de los errores de la década de los años 90, es decir sobreendeudamiento y subordinación de la economía nacional a las recetas del Fondo Monetario Internacional.
La Argentina ha recuperado en este tiempo soberanía económica, a costa de perder acceso a los mercados internacionales. Hoy debemos revisar este equilibrio, porque el país está en condiciones de seguir creciendo a tasas de entre el 7 y el 8 por ciento anual. En ese sentido, el paulatino crecimiento de los valores de los productos exportables esenciales para la economía nacional hacen creer en la validez de esos pronósticos y, sin duda, tanto la Argentina como Río Negro se verán favorecidas, ya que pareciera que una recuperación rápida es posible de cara al 2010 y al 2011.
En materia de construcción de consenso con las fuerzas del trabajo hemos fortalecido el dialogo y el entendimiento mutuo. En particular, los acuerdos alcanzados con la seccional Río Negro de UPCN viabilizaron, la recuperación primero y recomposición después, de los salarios de los trabajadores públicos, y activaron el ingreso a planta permanente de cerca de 4.000 agentes contratados.
La política salarial implementada por esta administración ha sido congruente con el comportamiento que evidenció la tasa de crecimiento de la economía real del país y, muy especialmente, con la sustentabilidad de las finanzas públicas de la provincia. Este criterio de racionalidad económica y prudencia fiscal que guió en la práctica la política salarial, permitió a este gobierno revalorizar la función social de los trabajadores del sector público provincial.
A pesar de una fenomenal crisis financiera internacional, sin precedentes en su magnitud y extensión, merced a esa política fue posible el pago de los salarios de todos los agentes públicos durante el 2009, obviando el carácter cíclico de los recursos públicos de nuestro país, que indujo una contracción de los ingresos tributarios nacionales y provinciales, con el consiguiente deterioro de las finanzas públicas de los gobiernos provinciales.
Es de destacar que durante el período 2003-2009 el costo salarial por agente para el conjunto de la administración pública provincial registró un crecimiento acumulado del orden del 147 por ciento; lo cual representa una tasa de crecimiento anual promedio del 24,5 por ciento.
En ese mismo lapso, la tasa de inflación se situó por debajo de dichas tasas salariales, induciendo una mejora del poder adquisitivo del salario público, lo cual evidencia cómo los incrementos salariales dispuestos por este gobierno han superado con creces la evolución de la inflación real, cualquiera sea el parámetro que se tome.
En materia de incorporación de personal, la evolución de la composición de la planta ocupada de la administración pública es categórica a la hora de demostrar la racionalidad que guió la asignación de los recursos públicos.
Durante el período 2003-2009 los sectores que vieron incrementar sus dotaciones fueron: Educación, con 4.660 cargos, entre personal docente y porteros; Salud Pública, con 1.277 cargos, entre médicos, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería; Seguridad, con 798 agentes, y Justicia, con 335 nuevas incorporaciones. Estos datos demuestran que un 55 por ciento de la variación de la planta en ese período se explica por más docentes y porteros, crecimiento que se correlaciona con la inversión pública en la construcción de nuevos establecimientos escolares, la creación de más divisiones y la implementación del programa de jornada extendida. En tanto, el 15 por ciento le corresponde a la Salud Pública, el 9,4 por ciento a la Seguridad y un 4 por ciento a la Justicia. En síntesis, un 83 por ciento del aumento de la planta ocupada entre el 2003 y el 2009 se debe a la incorporación de recursos humanos en servicios públicos esenciales, que con mayor fuerza demanda la sociedad, como son Educación, Salud, Seguridad y Justicia.
La lucha contra la desigualdad, la exclusión y la pobreza no sólo requiere equilibrio fiscal y crecimiento económico, sino también hacer que la política sea la herramienta que posibilite los cambios políticos y culturales profundos que hacen falta, pero también, que reduzca a la vez los riesgos institucionales de esos cambios y permita aprovechar las circunstancias para llevar adelante los proyectos provinciales inclusivos que promovemos, integrados con identidad rionegrina a los procesos nacionales y regionales.
En nuestra concepción de la política, las elecciones son un contrato. En el 2003 y en el 2007 los rionegrinos votaron por un proyecto, y por ninguna razón romperemos nuestro compromiso con la ciudadanía.
Nadie puede negar que en el contexto político vigente, particularmente en el orden nacional, el 2011 está muy lejos. Eso implica que la prioridad es concluir con el proyecto en marcha y, de esa manera, concretar la propuesta que hicimos en el 2007.
Y si alguien quiere tomar otro rumbo, está en todo su derecho, pero como gobernador de esta provincia soy el garante frente a la gente que nos votó, y mi obligación, como lo hice durante toda mi vida, es cumplir lo prometido. Y para cumplir lo que prometimos, a pesar de las críticas que no desconozco, la buena relación con el gobierno nacional es fundamental para la gobernabilidad económica, más allá de las diferencias que se tornan gradualmente más evidentes.
Este gobierno provincial tiene su origen en la conformación de un espacio político que se definió justamente por su pluralidad, concepción que apoyó el voto popular. Por ella realizamos todos los esfuerzos posibles para cumplir con los compromisos y con los objetivos con los que fuimos a las elecciones del 2007.
Al respecto, debemos reconocer, sin embargo, que las posiciones y las agendas de la política nacional muchas veces no coinciden y otras muchas se oponen directamente a la posibilidad de sostener los acuerdos básicos de gobernabilidad de esta coalición de gobierno.
Como gobernador tengo como primera responsabilidad, sostener los principios por los que fuimos votados. Y les pregunto a todos ustedes si hay algún ciudadano bien nacido que no coincida con un programa basado en la apertura y diálogo de sectores políticos diversos; en el compromiso con un modelo de inclusión y desarrollo productivo; en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos; en la honestidad y transparencia en la cosa pública y, no por último menos importante, en la garantía de la protección del empleo y del trabajo.
A diferencia de otros momentos históricos, enfrentar las amenazas de la incertidumbre que se cierne en estos tiempos, requiere de claras definiciones políticas y de acciones concretas, lideradas por el rol central del Estado como el promotor de una adecuada articulación entre todos los actores sociales y agentes económicos. En ese sentido, este gobierno tiene muy en claro que el desarrollo no es una bendición sino el resultado de una estrategia coherente en la que el papel del Estado es ineludible.
Con miras a los dos años de gestión que nos quedan por delante, aspiramos a sostener el nivel de crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la provincia, apoyando a los sectores productivos, en particular a los agropecuarios y los turísticos, ampliando también las perspectivas del desarrollo de las economías de la energía. A la vez, vamos a sostener el nivel de gasto del sector público, atendiendo las demandas salariales, en la medida de lo posible, y sin aceptar planteos que pongan en peligro la estabilidad general de las finanzas provinciales.
En otro orden, y en el marco de la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, impulsaremos una renegociación total de los créditos y deudas con la Nación de manera de tener una deuda provincial que no sea una permanente fuente de bloqueos a las finanzas provinciales. Me detengo un instante en este tema para clarificar, una vez más, la situación relacionada con la deuda pública.
La realidad financiera de la provincia no es ajena al contexto financiero local, tanto del sector público como del sector privado. Un 93 por ciento de la deuda de la provincia es con el gobierno nacional, el resto de la deuda es, en mayor parte, con organismos de crédito internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
Del total de la deuda con el gobierno nacional, 6 de cada 10 pesos de la deuda fue reestructurada en el año 2002, bajo la modalidad de 1 peso con cuarenta más CER por cada peso/dólar de deuda. El CER actualiza periódicamente la deuda, tomando como dato la inflación, lo que hace que la deuda aumente en términos nominales. Esta gestión ha tenido una sana administración de la deuda pública provincial. En el periodo 2004/2009 se han pagado con recursos propios la totalidad de los intereses de la deuda por valor de 475 millones de pesos, más 396 millones de pesos correspondientes a amortizaciones de capital. El resto ha sido reestructurado a partir de los sucesivos acuerdos fiscales firmados con el gobierno nacional.
El saldo de la deuda al inicio de la gestión en diciembre de 2003 ascendía a 2.446 millones de pesos, en tanto que al 31 de diciembre de 2009 es de 3.791 millones de pesos. La deuda en términos nominales es mayor por la alta incidencia de la actualización por CER y su componente inflacionario; significando desde el período 2004 al 2009 un aumento del orden de los 1.089 millones, sólo por este concepto, es decir, por la aplicación del CER.
No hay deudas nuevas, salvo en endeudamientos destinados a atender demandas de infraestructura vinculadas con el Sistema Hospitalario, el Equipamiento Municipal, Programas de Mejoramiento de Barrios, Caminos Rurales y obras de saneamiento, no hay en el mercado nacional e internacional condiciones más favorables para poder modificar esta situación, para Río Negro ni para ninguna de las provincias argentinas, el único mecanismo de solución son los convenios de asistencia financiera firmados con el Estado Nacional. Es decir, que en términos netos la provincia de Río Negro ha tenido la capacidad durante este período, no sólo de atender la deuda, sino de afrontar pagos con ahorros propios, lo que de otra manera hubiera realmente aumentado la deuda provincial en términos netos y no sólo nominales.
Estamos trabajando con la Nación para el acuerdo de asistencia financiera 2010. Al igual que el resto de las provincias argentinas hemos presentado nuestro reclamo a la Nación para modificar el sistema de actualización de la deuda, que resulta excesivamente oneroso para la provincia e injusto, porque todos los acreedores financieros canjearon sus deudas 1 a 1 cuando salimos de la convertibilidad.
La situación fiscal de las provincias argentinas requiere, y así lo hemos manifestado en diversas oportunidades al gobierno nacional, una necesaria readecuación de las Leyes Impositivas y de Coparticipación Federal. El componente impositivo de la recaudación de recursos por parte de la Nación, tuvo un incremento durante el año 2009 del 13.2 por ciento. Pero las provincias recibieron durante el año 2009, por el mecanismo de la ley 23.548, un monto que sólo se incrementó en un 9.22 por ciento y Río Negro un 9.46 por ciento.
Además, los recursos nacionales se vieron favorecidos por el ingreso proveniente del ahora sistema estatal de jubilaciones en un 48,48 por ciento, parte de cuyo crecimiento también debería ser coparticipado. Las provincias estamos recibiendo un 24,65 por ciento de la recaudación, por debajo del piso establecido por la Constitución Nacional. Debemos y vamos a impulsar una revisión integral de esta situación, así como de la situación de las deudas públicas provinciales.
En oportunidad de la firma del acta acuerdo por los nuevos valores del gas en boca de pozo, la propia señora Presidenta de la Nación habló de los montos de los subsidios en los servicios públicos. Dijo que la Nación había subsidiado a los servicios públicos, fundamentalmente gas, luz, combustibles y transporte, por un monto de 32 mil millones de pesos, y que las provincias productoras -estábamos ahí presente ocho provincias de la República Argentina- habíamos aportado a ese subsidio nacional unos 24 mil millones. Es necesario tener en cuenta que se trata de recursos no renovables, que el 82 por ciento de los combustibles se consumen en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ninguna de ellas productora. Si sumamos la participación que tenemos en electricidad, en petróleo y gas, nos da un promedio de un 12 ó 13 por ciento en el mercado nacional. Ese porcentaje de participación, sobre los 24 mil millones es el monto de la deuda que tiene la provincia de Río Negro.
También es cierto que en Argentina desde Noviembre de 2007 se viene pagando el barril de petróleo a un promedio de 44 dólares, que en ese tiempo significaban unos 137 pesos. Hoy esos 44 dólares significan unos 170 pesos, mientras que los precios de los combustibles en los surtidores han variado en aproximadamente un 55 por ciento. Lo único que no ha variado es el precio que se le paga a los productores de petróleo, y como consecuencia de ello, se afectan las regalías que cobran las provincias.
Las provincias productoras hemos expresado que es necesario un reconocimiento o sinceramiento parcial de las tarifas, que significan ingresos importantísimos para las arcas provinciales. Esta situación provoca un notable desfasaje entre los ciclos de las economías nacionales e internacionales y los ingresos que percibe la provincia. El sistema de regalías debe ser un sistema que permita a las provincias hidrocarburíferas beneficiarse en los ciclos de crecimiento del petróleo, y así lo hemos manifestado en el marco de la OFEPHI.
También avanzamos en la optimización y focalización de los Programas Sociales, tratando de llegar con más recursos y de manera más directa a aquellos que más lo necesitan. Fortaleceremos la relación entre los ciudadanos y el gobierno provincial a través de un programa de atención directa y personal de las necesidades concretas de cada rionegrino.
Tenemos en claro que la inseguridad y la violencia restringen las posibilidades del ejercicio de la condición ciudadana, dado que tienen efectos negativos directos e indirectos en diferentes campos del desarrollo humano: En la salud pública, en el sistema educativo, en el sistema político, en el sistema jurídico, en el capital social, cultural y humano, en la economía, en las desigualdades de género y en la libertad de las personas. En ese convencimiento, iniciamos un acelerado proceso de fortalecimiento de la gestión de este severo problema de la sociedad contemporánea, de manera coordinada y descentralizada con los municipios.
Sin duda, el principal tema que hoy preocupa a la gente es la seguridad, pero debe entenderse que no se trata sólo de la seguridad contra el delito. La gente requiere del Estado seguridades en sentido amplio. Es decir, seguridad en el empleo, seguridad en el nivel de actividad y de consumo, seguridad y previsibilidad en los servicios públicos, seguridad frente al delito, seguridad frente a un futuro que es complejo para todos. Los jóvenes quieren tener un primer empleo de calidad y con estabilidad, pero también quieren tener acceso a su primera vivienda, quieren asegurarse un nivel de vida que sea por lo menos equivalente al que tuvieron sus padres. El Estado provincial no tiene incidencia alguna en la macroeconomía del país, sin embargo puede ayudar justamente en estos procesos de incorporación de jóvenes al mundo del empleo, del crédito para su desarrollo laboral, comercial o de vivienda.
Debe asegurarle la cobertura en salud y educación con una calidad que haga que valga la pena quedarse en la provincia y no migrar a los grandes centros urbanos. Este es el gran desafío de seguridad que estamos afrontando: Lograr la retención de nuestros jóvenes en nuestro territorio.
Nuestra provincia es la quinta productora de petróleo del país, con un 6 por ciento del total producido, y esta actividad ha crecido progresivamente a partir de la política hidrocarburífera adoptada por el gobierno provincial; esto se traduce en un aumento de un 17 por ciento de la producción de petróleo acumulada entre 2006 y mediados del 2009, y de un 27 por ciento aproximadamente en la producción de gas. Después de ese lapso, la crisis limitó los incrementos previstos.
Con la firme convicción de alentar el desarrollo de una actividad de alto impacto económico y social como es la industria del petróleo y del gas, este gobierno asumió una firme política energética con la premisa de gestionar activamente los recursos hidrocarburíferos provinciales, incorporando innovaciones relativas al proceso de selección y compromisos a asumir por las empresas permisionarias.
Por las consideraciones expuestas, resulta oportuno y necesario que el gobierno provincial efectúe una convocatoria pública para emplazar a las empresas titulares de concesiones de explotación de hidrocarburos otorgadas por el Estado nacional. Es necesario que acrediten el debido cumplimiento de sus obligaciones, y manifiesten su voluntad de adherir a las condiciones y requisitos que deben cumplimentar. Necesitamos establecer las bases y condiciones de una convocatoria pública de empresas concesionarias de explotación de áreas hidrocarburíferas provinciales, que nos permita dar comienzo a las negociaciones para reformular los términos y condiciones que actualmente rigen, según sus respectivos instrumentos legales de concesión. Si bien, y en esto quiero ser absolutamente enfático, la legislación da facultades a este Gobernador para realizar el proceso por decreto, he creído conveniente que sea ésta Legislatura el ámbito adecuado para aprobar la ley marco que establezca las condiciones bajo las que se negociará la prórroga de los contratos petroleros.
En tal sentido oportunamente estaré enviando para su tratamiento legislativo el proyecto de ley que establecerá las bases y condiciones de la respectiva convocatoria. Esta iniciativa es consecuencia del denominado Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial 2006/2008, que posibilitó captar inversiones de riesgo para la exploración de las cuencas rionegrinas, con la consiguiente adjudicación de 19 bloques disponibles en el ámbito provincial. Fruto de ese plan, Río Negro logró concentrar el 40 por ciento de las inversiones nacionales en materia exploratoria; tales inversiones, además de los resultados de producción hidrocarburífera, han tenido una notable incidencia en las economías locales.
A poco más de un año de iniciada la etapa exploratoria se produjeron seis hallazgos de petróleo y gas, resultados que han superado las expectativas por tratarse de áreas de altísimo riesgo exploratorio. Estas inversiones en áreas exploratorias fueron obtenidas a través de un proceso de adjudicación con reglas jurídicas claras, que generó un marco de confianza en aquellas operadoras que, además de haber apostado a las áreas de exploración, aumentaron sus flujos de inversiones en las áreas productivas.
Así, en un contexto crítico y deficitario para la matriz energética del país en los últimos tres años, nuestra provincia aumentó la producción de hidrocarburos. En procura de una porción mayor de la renta petrolera, lo que significa incrementar el porcentaje de regalías sobre la producción, se incorporó en los pliegos licitatorios, como variable de adjudicación, el denominado “aporte en especie”. Este aporte se suma al ingreso del 12 por ciento del porcentaje de regalías establecido por ley nacional y consiste en un mínimo adicional del 5 por ciento de la producción mensual de petróleo o gas a liquidarse a un monto equivalente en dinero.
En consecuencia, en caso de haber un hallazgo comercialmente explotable en alguna de las diecinueve áreas adjudicadas, Río Negro percibirá, como mínimo el 17 por ciento de renta, que puede llegar hasta un máximo del 24 por ciento, conforme a los resultados finales obtenidos en las áreas adjudicadas.
En todo el proceso se hizo particular hincapié en el cuidado del medio ambiente, incorporando de modo específico cláusulas relativas a la protección del recurso hídrico, a la utilización de técnicas exploratorias no invasivas, entre otras.
Otras incorporaciones de fundamental importancia efectuada a los textos contractuales, consisten en la exigencia de emplear un 80 por ciento de mano de obra local, la capacitación y la provisión de equipamiento con destino al cuerpo técnico de la autoridad de aplicación hidrocarburífera provincial.
Es necesario estimular programas de inversión dirigidos al desarrollo integral de las formaciones geológicas productivas rionegrinas y a propiciar nuevos hallazgos que amplíen el horizonte de reservas y el incremento de la producción de hidrocarburos.
Bajo tales circunstancias, también es oportuno promover la ejecución de nuevos desarrollos que alienten nuevas prospecciones en las zonas tradicionales de explotación concesionadas.
Constituye un obstáculo para este logro el hecho de que las amortizaciones financieras de las inversiones del sector hidrocarburífero tengan un horizonte de largo plazo, que supera el vencimiento de las concesiones, que opera a partir del año 2015.
En consecuencia, a fin de cumplir con los objetivos de la política hidrocarburífera del gobierno provincial, como también para contribuir al sostenimiento de los programas de exploración, explotación y desarrollo de yacimientos, resulta procedente que el Estado exija mayores inversiones, pero a la vez otorgue plazos de concesión que permitan una adecuada amortización, en el marco de una renegociación de las condiciones contractuales.
La formulación de nuevas condiciones promoverá la continuidad y desarrollo más eficiente de los programas de exploración y explotación, posibilitará la búsqueda de nuevos objetivos dentro del área adjudicada y alentará la ejecución de programas de evaluación mediante tareas geofísicas y perforaciones que permitirán un mayor conocimiento de los reservorios existentes y localización de nuevas reservas.
Como precedente, es de destacar que este rumbo es seguido también por la vecina provincia de Neuquén, jurisdicción cuya cuenca petrolera y gasífera compartimos.
El actual cuadro de situación de los recursos hidrocarburíferos provinciales está caracterizado por yacimientos de petróleo maduros, con una baja gradual de la producción, y campos de gas en declinación, tendiendo a una constante disminución de reservas.
Es ineludible advertir que, de seguir la actividad hidrocarburífera un camino descendente, la consecuencia será una disminución creciente de los ingresos que año a año percibe la provincia y los municipios por coparticipación; pero más grave aún, se registrará un impacto socioeconómico negativo debido a la reducción e inestabilidad de estructuras laborales, la disminución en la demanda de servicios complementarios y la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
En el marco reseñado, esta iniciativa del gobierno provincial propicia el sostenimiento de las inversiones y los programas de explotación de los yacimientos.
Existen múltiples razones que fundamentan una mayor participación del Estado provincial en la renta petrolera, pero el elemento central para consentir anticipadamente la continuidad de las concesiones de explotación de yacimientos es la existencia de un beneficio económico concreto y significativo, que debe ser el punto de equilibrio entre la búsqueda de rentabilidad de parte del sector privado y el interés de la provincia en ese sentido; y el interés de la provincia se centra en que los recursos hidrocarburíferos deben contribuir a la realización de obras productivas que constituyan un beneficio permanente para los rionegrinos, a través de la promoción del turismo, la forestación, la fruticultura, la vitivinicultura y la agroindustria que, combinadas con la industria energética y minera, garanticen un desarrollo sustentable a largo plazo.
Finalmente, y a propósito de la oportunidad de la presente convocatoria, cabe afirmar que las actuales circunstancias y perspectivas del mercado petrolero son significativamente diferentes y más favorables que las registradas dos años atrás.
En efecto, el petróleo fue uno de los protagonistas del panorama económico de los dos últimos años. Tras veinte años con el precio real del crudo casi siempre por debajo de los 25 dólares, en el año 2003 el barril comenzó una escalada que culminó con un máximo histórico de 140 dólares en junio de 2008 y luego cayó hasta los 40 dólares en febrero del año 2009. En la actualidad el barril tiene un valor de aproximadamente 78 dólares.
Es evidente que, frente a ese panorama, hubiera sido inoportuno e inconveniente para los intereses provinciales realizar meses atrás una convocatoria y un proceso negociador como el que se pretende instrumentar ahora.
Esta acción nos permitirá identificar con claridad las empresas que seguirán explotando las áreas concesionadas, y cuáles áreas administrará la provincia de Río Negro al vencimiento del plazo de 25 años.
Los proyectos, iniciativas, políticas, en definitiva, el plan de nuestro gobierno ha permitido sostener el nivel de crecimiento y de inversión en la provincia.
Hacer política es hacer obras, concretar proyectos, ejecutar decisiones.
Hacer política no es hacer declaraciones, grandes promesas, o denuncias vacías.
En todas las etapas de los gobiernos aparecen profetas apocalípticos, agoreros y agoreras, personajes de dudosa trayectoria superados por la historia, cuyo resentimiento los convierte en voceros de pretendidas pesadillas, en denunciantes a destajo sin razón ni fundamentos. Son como el Catón de la historia romana autocomplaciente con sí mismos y detractor de los demás. Pretenden amplificar cualquier conflicto o error aunque sea menor o involuntario, para quebrantar la relación entre el gobierno y la sociedad. Lo han hecho en otros momentos de la historia política de nuestra provincia porque conciben a la violencia y a la generación de conflictividad social, como instrumento de la política. Son los pretendidos moralistas, inmorales en realidad, que degradan las funciones que deben desempeñar y, de ese modo, conspiran contra la credibilidad del sistema, porque evidencian sus intereses personales, sus resentimientos y su afán de destruir. Lo hacen a partir de la agresión y de la personalización, y en su intolerancia y frustración la emprenden con todos aquellos que rechazan su prepotencia y sus imposiciones. Es el exacerbado nosotros o ellos de un afán político irracional, el mismo que ha hecho de la sociedad argentina un territorio atravesado por las luchas irresueltas entre facciones, disputas que han frustrado reiteradamente el anhelo de construir una Argentina moderna.
Quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi profunda solidaridad con el pueblo chileno por las consecuencias devastadoras del sismo ocurrido en la madrugada de éste sábado.
Expreso mis condolencias a los familiares de quienes han perdido la vida por éstas trágicas circunstancias y acompaño en el dolor a todo el pueblo del vecino país y a la importante legión de ciudadanos chilenos que habitan nuestra provincia, a quienes les informamos que a partir del día de la fecha todas las oficinas del Registro Civil van a ser receptoras de cualquier inquietud de averiguación de paraderos de familiares o amigos que puedan tener en la República de Chile a través de la Cancillería Argentina.
Rionegrinos y rionegrinas: es hora de unir la ansiada utopía de un mundo más armónico y solidario, para el cual trabajamos, con la realidad de la vida cotidiana de una ciudadanía que ansía sentirse segura, libre, realizable en sus esperanzas más profundas y sentidas.
Más allá de la descarnada lucha de intereses mezquinos, la política debe ser percibida en la cruda y palpitante cotidianeidad de los rionegrinos, como un bien capaz de generar plenitud, libertad, seguridad y capacidad de disfrute de la vida.
Como síntesis última, es mi convicción y mi esperanza que, a través de las acciones de este gobierno, las mujeres y los hombres de esta provincia sientan hoy que las realidades están un poco más cerca de todas las utopías.
Muchas gracias.
MIGUEL ANGEL SAIZ
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