marzo 05, 2012

Mensaje del Gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2000)

MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
Carlos Manfredotti
EN LA APERTURA DEL XVII PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 1° DE MARZO DE 2000

Señor vicegobernador y presidente de la Cámara, señores legisladores, señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, autoridades militares y eclesiásticas, señores funcionarios, autoridades municipales, señor intendente, querido pueblo de Tierra del Fuego:
Es un profundo honor para mí inaugurar las sesiones legislativas del año 2000 comenzando un nuevo milenio de nuestra historia en pleno ejercicio del sistema democrático y frente al Poder del Estado destinado a jerarquizar el sistema elegido para nuestra vida política.
Nuestra amada provincia se funda en el estado social de derecho, es decir que presupone al Poder Legislativo como una institución fundamental para construir el destino de todos.
No puedo menos que recordar que, gran parte de mi vida política, ha transitado por el Congreso de la Nación, Congreso en el que aprendí muchas cosas, entre ellas, la necesidad de la convivencia política para enfrentar los desafíos de la adversidad.
Como todos ustedes lo saben, Tierra del Fuego atraviesa la circunstancia más difícil de su historia.
Estamos ante una portentosa crisis financiera, económica y social que ha tocado el corazón mismo de la organización del Estado y de la familia fueguina.
Estamos ante el desafío que imponen las encrucijadas.
O seguimos por el camino de la decadencia, arrastrando la pesada carga de privilegios o torcemos el rumbo para desplegar las velas a favor del crecimiento económico y espiritual de nuestro pueblo.
Son circunstancias duras que requieren una modificación sustancial de nuestra cultura para lo cual debemos cambiar nuestros hábitos políticos y congeniar proyectos que le permitan a Tierra del Fuego la posibilidad de ser lo que debe ser. Ideas que les permitan, a todos los que habitan esta tierra, crecer en armonía sin las diferencias irritantes que aún subsisten y que son las secuelas de una grave deformación del ejercicio del poder.
Indudablemente, los problemas que hoy nos aquejan sólo pueden ser resueltos en el marco del sistema democrático al que nos adscribimos con fervor. El sistema democrático que se basa en el respeto y la pluralidad. Respeto democrático que pone por encima de los intereses sectoriales, los intereses de todos; que otorga el derecho al disenso, que señala las responsabilidades ineludibles.
Solidaridad democrática que parte del pluralismo como único modo de poder arribar a buen puerto en medio de esta tormenta de descontrol, corrupción y desmanejo de los bienes del Estado.
Vida democrática que nos dicta, desde la conciencia, a cada uno de los representantes del pueblo, que debemos construir entre todos una sociedad más justa y más equilibrada.
Por encima de nuestras diferencias debemos trabajar por lo que Tierra del Fuego necesita.
Vamos a lograr recuperar la credibilidad de las instituciones, para que nuestro pueblo vuelva a creer en los servidores públicos. Este es un reto en el que trabajaremos todos los días durante los próximos cuatro años.
Dije en mi discurso de asunción, ante este cuerpo parlamentario, que íbamos a descorrer el telón del escenario fueguino. Y así lo estamos haciendo.
En esas circunstancias recibíamos una deuda exorbitante, que ubica a Tierra del Fuego en el primer lugar como provincia endeudada.
Una provincia quebrada, en cesación de pagos, con cuentas desordenadas, déficit estructural, y un grave desorden administrativo.
Un gobierno hiperendeudado que le impone a cada fueguino una pesada carga social que supera los cuatro mil dólares.
Sería engañarnos a nosotros mismos y producirle un daño irreparable a la sociedad fueguina, si hubiéramos continuado el camino del facilismo y la demagogia, que ha colocado al Estado fueguino en una profunda situación de quebranto económico que involucra a todos sus organismos y jurisdicciones.
No vamos a gobernar esta provincia, que ha sido generosa con todos los que llegamos de distintas latitudes, para contribuir a su decadencia, para consentir privilegios, ni para doblegar el rumbo que beneficie al conjunto, por presiones sectoriales.
Hemos sido elegidos por la voluntad soberana del pueblo para cambiar el curso de los acontecimientos. ¡Para gobernar con todos y no con unos pocos!
En cada acto de este gobierno se encuentra la presencia de miles de ciudadanos anónimos. Ciudadanos que reclaman el derecho a la esperanza. Ciudadanos que reclaman un futuro predecible, con hombres y mujeres que necesitan un Estado simplemente solidario. Debemos sentar las bases para garantizar que este objetivo, seguramente compartido por todos, no se convierta en una expresión de hipocresía.
¡Quiero decirlo con todas las letras, porque me sale del corazón!
Es inconcebible que se hable de solidaridad con desigualdades notorias. Mientras miles de comprovincianos se encuentran marginados del trabajo, otros, con altos sueldos, miran para otro lado, como si no pasara nada.
Es inconcebible hablar de solidaridad, cuando un Estado mantiene estructuras fastuosas, en el ámbito de una sociedad que acrecienta sus demandas esenciales.
Es inconcebible hablar de solidaridad cuando no se cumple con el precepto que establece a igual trabajo igual remuneración.
Es inconcebible hablar de solidaridad si no vemos en la realidad a la única verdad en los hechos.
Es por eso, señores legisladores, que tuve la decisión inquebrantable de ajustar este gobierno dentro del único camino que conozco, que es la solidaridad de los hechos.
El padre de nuestra Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi expresaba en sus escritos "...que la defensa de una comunidad para salir de sus problemas es su capacidad de unidad para enfrentarlos".
A nadie le cabe ninguna duda que atravesamos severas dificultades y que necesitamos, hoy más que nunca, esa unidad a la que hacía mención el padre de nuestra ley fundamental.
La impresionante sangría financiera que se ha venido produciendo en el transcurso de estos años nos coloca en estado terminal, con compromisos incumplidos que abarcan todas las prestaciones del Estado.
Incluso más; dije en oportunidad de mi asunción que se acabaron las épocas en que las diferencias de caja se solucionaban pidiendo plata prestada bajo exigencias de garantías reales o emitiendo cheques sin fondos sobre la cuenta corriente del Banco.
Recibimos una provincia que no sólo tiene agotado el margen de crédito, sino además, un grave deterioro en su ordenamiento interno, confundida en su rol esencial. Un Estado que ha sido sometido a las estrategias mezquinas del poder político y que ha sido debilitado hasta el borde de su sostenimiento.
En el área Legal y Técnica nos hemos encontrado con más de cinco mil expedientes sin resolver, con asuntos inconclusos desde hace cuatro años.
En el área de Obras Públicas enfrentamos a un volumen de compromisos que no tienen la más mínima relación con las posibilidades financieras del sector.
La publicitada obra del puerto de Río Grande paralizada, con antecedentes en su adjudicación que hoy son materia de investigación judicial. Una obra que certificaba un promedio mensual de un millón doscientos mil pesos, a la que se le terminaba reconociendo gastos improductivos, para su paralización, por novecientos mil pesos mensuales.
Han sido realizadas obras sin la supervisión técnica del área correspondiente; construcciones sin la adecuada financiación, y una evidente muestra de abandono de los edificios públicos.
En el Instituto Provincial de la Vivienda nos hemos encontrado con una gran cantidad de obras licitadas y en marcha que comprometen la totalidad de los recursos para el corriente año, lo que le impide a este gobierno la planificación de nuevas políticas en materia de vivienda, con gastos operativos que se elevan al veintitrés por ciento del presupuesto, superando holgadamente el promedio de las provincias, con una fuerte distorsión en la asignación de las prioridades del gasto, con más de seis mil viviendas que tienen pendientes de regularización su situación de dominio.
En los hospitales hemos detectado atrasos en las tramitaciones administrativas; implementación parcial de los planes nacionales; ausencia de políticas sanitarias; falta de mantenimiento de los recursos físicos, incluso la inutilización de equipamiento técnico; ausencia de capacitación; falta de complementación con el sector privado a fin de conformar redes de sistema de atención y disminuir los costos.
La educación es otra de las áreas que no ha tenido planificación ni organización.
Las escuelas funcionan como entes aislados, los docentes con escasas posibilidades de capacitación y los alumnos con las expectativas insatisfechas.
La organización educativa es un claro ejemplo de que el volumen de inversión no es garantía de un buen gerenciamiento.
En otro orden de cosas, nos hemos encontrado con organismos que desproporcionan el destino de sus recursos a los gastos de funcionamiento, lo que desvirtúa el objetivo de su creación.
Y podríamos seguir enumerando hasta el cansancio los motivos y circunstancias que han llevado a esta Provincia a estar considerada como la de peor rendimiento fiscal y funcional.
Una provincia en donde los objetivos sociales fueron desvirtuados categóricamente. La política del subsidio y el amiguismo tuvo un protagonismo jamás visto en la vida institucional de Tierra del Fuego.
En lo atinente al esquema previsional y del instituto que rige su destino, nos encontramos con una situación extremadamente difícil. La totalidad de los recursos financieros que ascendían a la fecha de nuestra asunción a más de doscientos millones de pesos, depositados en el Banco Provincia, se encontraban sujetas a las condiciones de iliquidez de la entidad bancaria, lo que hacía imposible la disposición real de los recursos.
Además, el Estado provincial, la gran mayoría de sus entes descentralizados y autárquicos y los municipios habían incumplido por largos períodos sus obligaciones previsionales, manteniendo elevadas deudas que motivaron la refinanciación a largo plazo de estas obligaciones, a través de la Ley Nº 460.
No obstante tales circunstancias, que no eran ignoradas por las autoridades de la institución, se encaró la construcción de infraestructuras que produjeron fuertes compromisos financieros.
Estoy convencido, señores legisladores, que sin verdad no hay transformación posible.
Si no identificamos las causas profundas que condujeron a la actual situación, estaremos siempre dispuestos a cometer los mismos errores, con el alto costo social que ello supone.
En otro orden de cosas, es posible decir que durante años hemos tenido una Tierra del Fuego sin horizontes económicos.
Resulta casi un símbolo la ausencia de un ministro de Economía en los últimos meses de gobierno, cuando paradójicamente los problemas que acorralaban a la provincia se circunscribían a esa cartera.
Se preparaban discursos sobre reconversión de la economía, mientras se desatendía el aprovechamiento de los recursos naturales y los problemas de la micro, pequeña y mediana empresa.
Se gastó desmesuradamente en proyectos inconclusos y finalmente fantasiosos, como HIFUSA, en lugar de fiscalizar adecuadamente la explotación de los hidrocarburos.
La planificación estratégica fue dejada de lado y sólo el esfuerzo individual de profesionales, técnicos y científicos, pudo responder medianamente a las urgencias coyunturales.
Se repartieron discrecionalmente tierras a precios irrisorios en vez de planificar racionalmente políticas de asentamiento y ordenamiento geográfico.
La conducción anterior prefirió acrecentar las estructuras burocráticas en vez de utilizar los recursos humanos y económicos para orientar el desarrollo.
Se gastaron decenas de millones de pesos en publicidad, en la misma medida en que se resentían prestaciones esenciales.
Es decir, señores legisladores, como puede constatarse en el propio rigor de lo que ocurre en nuestra provincia, recibimos un gobierno en estado deplorable.
Tuvimos que actuar rápidamente para enfrentar los problemas de desfinanciamiento, que hacían crecer el peligro de transformar a nuestra provincia en una jurisdicción inviable.
La necesidad de resolver estas situaciones, en el marco de las fuertes limitaciones señaladas, hizo que nuestra acción se centrara en dos aspectos determinantes.
En primer lugar, equilibrar rápidamente la relación de recursos y gastos; y en segundo término, acceder a una fuente de financiamiento para resolver los problemas más acuciantes.
La incorporación de Tierra del Fuego al Fondo Fiduciario significó un importante aliento para empezar, mínimamente, a resolver la situación durante este primer año.
Fuimos la primer provincia en suscribir el Compromiso Federal, y hemos integrado el bloque de las primeras cuatro provincias, que han accedido a este refinanciamiento.
Nuestra propuesta de contención del gasto para contener el endeudamiento provincial, fue tomada como ejemplo por el gabinete económico y por el propio presidente De la Rúa, como los legisladores ya conocen.
Es preciso señalar que el instrumento del equilibrio se sintetiza en el presupuesto para el Ejercicio 2000, aprobado por este organismo parlamentario, que fija dos principios inquebrantables: el primero de ellos es la estricta adecuación del gasto provincial a la disponibilidad de recursos; el segundo, la disciplina fiscal y financiera que establecen las pautas para el ordenamiento de la ejecución del presupuesto, la reestructuración y el perfeccionamiento del sistema tributario provincial.
Nos resta aún establecer con la Nación los términos de referencia del convenio citado. Allí se fijarán las metas que en materia fiscal nuestra provincia deberá alcanzar en el corriente año. Ello requerirá de un alto trabajo legislativo basado en modificar actuales leyes como también, dictar nuevas normas que permitan enmarcar nuestras finanzas públicas dentro de las pautas que los nuevos tiempos nos exigen.
Debemos sancionar una ley de administración financiera, que compatibilice el sistema de la provincia y el de la Nación. Debemos crear mecanismos que garanticen, en materia tributaria, reglas de juego claras, que combatan con eficiencia la evasión, premien al cumplidor y apoyen a la inversión de riesgo.
Vamos a enviar a esta Legislatura nuestra propuesta normativa para solucionar todos estos temas y estoy convencido que serán ustedes quienes harán el aporte que enriquezca, profundice y mejore los objetivos que nos hemos trazado.
Hemos tomado severas medidas en materia de contención del gasto. Hemos bajado el treinta y cinco por ciento de los gastos afectados a la estructura jerárquica. Hemos realizado una reducción de la planta de personal, dentro de las normas vigentes que no exceden los cincuenta casos, lo que dista mucho del prejuzgamiento de despidos masivos.
Como ya hemos dicho, hemos producido una importante reducción del gasto político, no sólo a través de la remuneración de los funcionarios, sino también en la cantidad de cargos políticos, designando lo necesario para llevar adelante el programa de gobierno.
Hemos creado un registro de deuda pública con la doble finalidad de establecer con precisión las obligaciones del Estado, y evaluar la legitimidad de las acreencias, por lo cual hemos dispuesto la suspensión de todos los pagos de deuda por un término de noventa días hábiles. Y decía en mi mensaje de asunción que no consentiremos ningún tipo de privilegio.
Es inmenso el esfuerzo que debemos hacer, pero estamos convencidos que es este el único campo para devolverle felicidad a nuestra provincia, y esperanzas a nuestros jóvenes.
Muchos padres que en estos momentos me están escuchando, se encuentran angustiados por el futuro de sus familias; muchas madres se preguntan por el destino de sus hijos.
No alcanzan las palabras para desnudar tantos interrogantes que hasta hace poco tiempo atrás no encontraban respuesta.
Debemos trabajar, codo a codo, para recuperar la provincia postrada. No se trata del éxito o del fracaso de este gobernador. Sólo aspiro a ser el instrumento de la profunda transformación que hoy necesita la Provincia.
Como he dicho, se trata de establecer una nueva arquitectura. Una arquitectura del Estado basada en la eficiencia y en la austeridad, con una economía sustentada en el crecimiento, con una base educacional pensada para la formación de nuestros hijos. Una arquitectura de la política, construida con vocación de servicio.
Pero debemos, señores legisladores, construir esta nueva arquitectura sobre bases firmes, bases que permitan sentar un “nunca más” en la utilización del poder con fines mezquinos.
Es mi obligación, como gobernador y mandatario del pueblo de Tierra del Fuego, transmitir la preocupación de sus hombres y mujeres sobre las causas de interés público.
Los jueces son conscientes de esta necesidad, y seguramente sabrán imprimirle a su tarea la voluntad y el compromiso con esta querida provincia, para aplicar el rigor de la justicia.
No podemos enfrentar los desafíos del futuro sin saldar las dudas del pasado; claro ejemplo de ello es, sin duda, lo acontecido en nuestro Banco provincial.
Recibimos una entidad financiera colapsada por una pésima administración.
El promedio de sueldos de su personal supera holgadamente la media del sistema financiero.
La relación de depósitos sobre el gasto de funcionamiento es cuatro veces menor que el de cualquier banco normal.
Un Banco con un sobredimensionamiento irresponsable, que exhibe una cartera de riesgo que abarca el cuarenta y seis por ciento del total de las operatorias realizadas; con créditos otorgados sin ningún tipo de garantía; con una incompetencia que se demuestra en la creciente pérdida de participación en los depósitos privados dentro de la Provincia.
Un Banco que ha sido capitalizado en reiteradas oportunidades por decenas de millones de pesos.
Una entidad financiera en situación de descontrol, con reiterados incumplimientos a las normas más elementales para su funcionamiento.
Debemos decir las cosas con claridad: las dificultades por las que atraviesa el Banco de Tierra del Fuego son el resultado de la ineficiencia y la corrupción.
El informe que hemos enviado a esta Cámara, que hemos presentado ante la Justicia, ante el Fiscal de Estado y ante el Tribunal de Cuentas provincial es un exacto reflejo de estas palabras.
Hemos expuesto objetivamente la situación heredada, entendiendo que estamos terminando, sin contemplación alguna, con el descontrol crediticio existente.
No tenemos ningún tipo de compromisos ni condicionamientos.
Sepan, tanto los funcionarios como los malos deudores, que se acabó la impunidad.
Queremos advertirles a todos ellos que no sólo hemos denunciado estas irregularidades, sino que también, a partir de las medidas de transformación que hemos propuesto, seremos inflexibles en el recupero de todos los créditos caídos.
Sin embargo, es intención de este gobierno, devolverle al Banco su vitalidad, como herramienta insustituible para el desarrollo económico.
Ha sido enviado a esta Legislatura el proyecto de ley de transformación del Banco en Sociedad Anónima, con el doble objetivo de su fortalecimiento institucional, y facilitar el ingreso de capitales que le permitan recuperar la plenitud de su funcionamiento.
Quiero decirle al pueblo de Tierra del Fuego, que las medidas que deben tomarse son de imprescindible necesidad.
El saneamiento de la entidad implica reducir drásticamente sus costos. Pero también y he aquí lo más grave, implica que la Provincia debe hacerse cargo de las obligaciones que el Banco no puede asumir.
Es mi deber entonces, señores legisladores, informar que al endeudamiento heredado debemos adicionarle estos pasivos del Banco provincial equivalente, prácticamente, a los depósitos que el Instituto de Previsión Social ha venido realizando a través de los últimos años, más otros pasivos diversos, y que en total ascienden a la suma aproximada de doscientos cuarenta millones de pesos, que se mal prestaron en beneficio de unos pocos.
Es así como hoy encontramos, a cincuenta días de gobierno, que nuestro nivel de deuda supera las previsiones que cualquiera hubiese podido imaginar, lo que nos lleva a discutir plazos de amortización de capital por más de treinta años.
Por ello necesitamos elaborar un proyecto de ley que consolide la situación del endeudamiento referido, pero que establezca la obligación del Estado provincial en sostener y garantizar el pago jubilatorio para todos los empleados de la Administración Pública Provincial.
Convoco a los señores legisladores a continuar en el camino del diálogo con el Poder Ejecutivo para asegurar, urgentemente, la mejor solución a la crisis previsional que hemos encontrado.
Como bien hemos dicho, nuestro objetivo inmediato ha sido tomar las medidas necesarias para lograr la recuperación económica y la transformación del Estado.
Dos aspectos hemos tenido en cuenta para lograr este objetivo: el primero de ellos es el financiero, y el segundo, el funcional. Desde el punto de vista financiero, el presupuesto sancionado para este año abre un importante antecedente en lo que es la correlación del gasto y de los ingresos.
A través de éste hemos implementado una ley de solvencia fiscal, la que habrá que seguir manteniendo en los próximos años.
Desde el punto de vista funcional, decimos que necesitamos un Estado eficaz, al servicio de la gente y esta necesidad involucra a todos los niveles de gobierno.
Estamos próximos a celebrar un convenio marco con el Instituto Argentino de la Administración Pública, para que nos ayude a modernizar la organización administrativa, de forma tal que sus responsabilidades puedan ejecutarse con alta eficiencia y calidad. Vamos a crear mecanismos que permitan el control de los resultados en base a objetivos y responsabilidades.
Contrataremos a los profesionales que sean necesarios, para realizar los estudios y relevamientos sobre los problemas críticos que hemos heredado y a los cuales debemos darles mesuradas respuestas. Estos profesionales no formarán parte del plantel permanente de la planta de gobierno, ni tampoco integrarán el gabinete.
Vamos a enviar un proyecto de ley de transparencia pública, como ya he enunciado, que posibilite el acercamiento de la información a los ciudadanos.
Desde el punto de vista social este gobierno encarará políticas destinadas a mejorar el gasto público en los servicios educativos, de salud, asistencia social y seguridad pública.
Impulsaremos, en materia de salud, un sistema abierto para los distintos profesionales como para todos los ciudadanos de nuestro suelo. Queremos que cualquier profesional pueda contratar los servicios que el Estado posee para optimizar los mismos y mejorar la atención.
Queremos un sistema abierto a las necesidades urgentes e impostergables de los necesitados y no cederemos ante los intereses corporativistas que desean que todo siga igual y que nada cambie.
Para esta gestión los únicos privilegios se encuentran en los derechos de nuestros pobladores y ese es el deber que la Constitución marca para los gobernantes.
Vamos a ser fieles custodios para que los recursos tengan el fin asignado.
Somos conscientes de la imperiosa necesidad que representa, en este nuevo siglo, la formación de nuestros jóvenes. Hoy como ayer, los padres sabemos que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es su educación. Nuestro compromiso es elevar el nivel de eficiencia educativa, para adecuar la capacitación a las exigencias de los tiempos que corren.
Cuando hablamos del alumno lo hacemos pensándolo en su contexto familiar, en un ambiente de participación, porque estamos convencidos de que las instituciones educativas son parte de la comunidad y deben ser un modelo comunitario.
Ustedes saben, señores legisladores, que las principales demandas de la gente se relacionan al empleo y al desarrollo equilibrado. No es poco lo que el Estado puede aportar a este objetivo.
Vamos a desarrollar políticas activas que promuevan la inversión de riesgo.
Vamos a enviar una ley creando un Fondo para el Desarrollo, cuyo principal objetivo es obtener fuentes de financiamiento para ese fin.
Vamos a implementar planes de capacitación que permitan la formación laboral, para buscar la reinserción de aquéllos que se encuentran en situación de desempleo, los que serán implementados a través de la Subsecretaría de Trabajo.
Con este objetivo, convocaremos a las asociaciones intermedias para que presenten proyectos viables que permitan, en el futuro, incorporar a los inscriptos en puestos de trabajo estables en el sector privado.
Mantendremos los planes actuales de empleo, que si bien han sido desvirtuados ya que no han cumplido el objetivo esencial de inserción laboral, han contribuido a paliar las dificultades de muchas familias fueguinas; estos últimos se desenvolverán en el área de Acción Social y están dirigidos a quienes son sostén de familia.
Todo esto será posible -y lo reitero una vez más- en la medida en que se mantenga un relativo equilibrio macroeconómico, que le dé bases sólidas al crecimiento.
Quiero señalar a todos los fueguinos, que las medidas que han debido tomarse han sido las imprescindibles para que la situación no nos llevara a un callejón sin salida y que las acciones que vamos a ejecutar son aquellas que le permitirán a la Provincia salir adelante.
Por último, quiero desearle a cada legislador lo mejor, a cada fueguino un auspicioso porvenir y quiero convocarlos a todos a luchar por un futuro de grandeza.
En este acto doy por inauguradas las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.
Muchas gracias.
CARLOS MANFREDOTTI

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