mayo 21, 2012

Mensaje del 21 de Mayo del Presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ante el Congreso Pleno (1999)

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE 
Eduardo A. J. B. Frei Ruiz-Tagle 
ANTE EL CONGRESO PLENO 
EL 21 DE MAYO DE 1999 

Señor Presidente del Senado, don Andrés Zaldívar Larraín; señor Presidente de la Corte Suprema; señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Carlos Montes Cisternas; señor Arzobispo de Santiago; señores Embajadores; señores Ministros de Estado; autoridades de la Nación, señores Parlamentarios: 
Vengo ante el Honorable Congreso Nacional a cumplir con el mandato de dar cuenta de la marcha política y administrativa de la Nación. Lo hago en el último año de mi período presidencial, cuando estamos cerca de cumplir una década de Gobiernos democráticos y próximos a concluir el siglo. 
Hace cinco años, en mi primer mensaje, expresé lo siguiente: “Vengo a afirmar que Chile tiene una gran oportunidad histórica. Vengo a invitar a todo el país a asumirla. Vengo a dar cuenta de qué manera el Gobierno espera concretarla en lo inmediato y en el futuro próximo. La oportunidad que se despliega ante nosotros debe concretarse en aquellas áreas que más significativamente inciden en la calidad de vida de la gente.”. 
Hoy me dirijo a ustedes para dar cuenta de nuestros avances en la materialización de esta oportunidad histórica, y también de las dificultades que hemos debido enfrentar en este esfuerzo. 
Mi personal convicción es que, a lo largo de mi Gobierno y de estos nueve años de democracia, hemos trabajado seria y responsablemente por el país y en beneficio de todos los chilenos. Hemos conducido el período más próspero de la economía chilena en nuestra historia: 7,2 por ciento de crecimiento real promedio anual, frente al 3,3 por ciento al año en todo el siglo XX. Así, hemos sentado bases sólidas para el éxito futuro. Hemos avanzado decididamente por un camino de equidad, reduciendo drásticamente los niveles de pobreza, realizando los mayores esfuerzos e inversiones de las últimas décadas en materia de salud y vivienda, y estableciendo los fundamentos de las reformas más profundas del siglo en el campo de la educación, la justicia y la infraestructura. Ha sido un tiempo en que Chile ha experimentado un cambio sustancial en su calidad de vida, como se ha reconocido y destacado por la comunidad internacional. 
Sin duda, y tal como ocurre en la vida de todos los países, en este tiempo ha habido luces y sombras. Junto con realizar el balance de estos años de prosperidad y logros en las más diversas áreas, esta cuenta también asume el conjunto de problemas que debemos afrontar. La crisis financiera mundial, la mayor sequía del siglo en nuestro territorio, la baja más significativa del precio del cobre desde la crisis de los años 30 y la detención del Senador señor Pinochet, en Londres, son algunas de las situaciones que han afectado a nuestro país en el último tiempo y que se originan en contingencias inesperadas y difíciles de controlar. 
Esta combinación de éxitos y dificultades, de certezas e incertidumbres, no es, por cierto, nueva en nuestra historia. Hace precisamente un siglo, en junio de 1899, el Presidente Federico Errázuriz Echaurren se dirigía a la Nación en un momento en que todavía fluían en abundancia los beneficios de la industria salitrera y a pocos meses de haber solucionado un grave conflicto con Argentina. Y, junto con dar cuenta de esos aspectos positivos en su gestión, expresaba su preocupación por los graves estragos que el alcoholismo y la tuberculosis producían en nuestra población. También recalcaba los problemas del régimen parlamentario de la época, indicando cómo las disputas entre facciones impedían llevar adelante las responsabilidades de Gobierno. 
Tal como lo advirtió el Presidente Errázuriz Echaurren en su tiempo, las exigencias para una Administración, en toda época, son potenciar las posibilidades de la Nación, asumir las restricciones del presente y cuidar que lo alcanzado se proyecte hacia el futuro. Tengo confianza en que, al terminar mi mandato, podré decir que mi Gobierno cumplió cabalmente en estos diferentes ámbitos. Esta afirmación no es fruto del voluntarismo, sino de una apreciación ponderada del caminar de nuestra Nación en estos últimos años. 
Una mirada a lo ocurrido en el último año 
Este año ha sido particularmente difícil para Chile. Una constelación de factores, unos propios de la naturaleza, y otros originados en situaciones económicas externas que afectaron a casi todo el globo, ha puesto a prueba el dinamismo y fortaleza de nuestra economía y las posibilidades de seguir avanzando por el camino del emprendimiento, la equidad y la justicia social. 
La sequía y la crisis energética 
Hemos sufrido la peor sequía del siglo. Las consecuencias sobre la disponibilidad de energía son una realidad dramática por todos conocida, mientras la escasez de agua ha golpeado duramente a miles de familias campesinas. 
Ante la gravedad de la crisis, el Gobierno reaccionó con fuerza. El suministro de energía eléctrica está entregado a manos privadas, pero sigue siendo una responsabilidad social que no es posible eludir. Las empresas a cargo de este servicio tienen la obligación absoluta de velar por el cumplimiento de su misión, entregando la energía necesaria para el normal desempeño de todas las actividades nacionales. 
Ello no estaba ocurriendo. Se hicieron evidentes, entonces, las debilidades de la regulación del sector, cuya normativa rige desde su privatización. El sistema había funcionado bien en tiempos normales, pero, puesto a prueba, reveló todas sus falencias y debilidades. Por otra parte, las empresas no realizaron las inversiones suficientes para implementar un sistema de emergencia, y el país no acogió los llamados a bajar el consumo de electricidad. Incluso, no ha disminuido, sino que en estos primeros meses del año ha crecido en 7 por ciento. 
En esas circunstancias, me dirigí al país señalando la gravedad de la situación, y dispuse un conjunto de medidas orientadas a incrementar la capacidad disponible en el sistema, a promover el ahorro de energía y a aumentar el poder fiscalizador de los organismos reguladores. 
El Gobierno requirió la instalación de 500 megawatts adicionales en el sistema eléctrico en el más breve plazo posible, a fin de asegurar un suministro normal. Las empresas ya están respondiendo a este llamado, de manera que esperamos volver a una situación de normalidad en el lapso de algunos meses. Junto con lo anterior, planteamos a las empresas eléctricas la necesidad de que usaran toda la capacidad de generación disponible en el mercado, cuestión a la que también han respondido. Gracias a esta última medida y a los acuerdos que las distribuidoras han establecido con grandes clientes dotados de generadores propios, ha sido posible enfrentar de mejor manera la crisis. 
También pedimos a la población, a los grandes consumidores y a los servicios públicos ahorrar el máximo posible, exigiendo metas concretas. Llamo a perseverar en el esfuerzo de ahorro. No podemos olvidar que la crisis por la que atraviesa el sistema eléctrico no es un episodio aislado, sino un problema estructural. Una o dos lluvias o el reingreso de alguna central al sistema no solucionarán el problema de desabastecimiento. 
Quisiera agradecer al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que otorga más atribuciones a la autoridad, fija montos sustancialmente más altos en las multas por incumplimiento en el servicio y establece, por primera vez, la obligación de indemnizar a todo evento a los consumidores chilenos. 
En menos de quince días hemos logrado un marco regulatorio que el país esperaba por más de quince años. 
Con esta ley promulgada, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contará con más personal, con más medios y más capacidades para fiscalizar a las empresas del sector y lograr que ellas cumplan adecuadamente su obligación de suministrar energía al país a precios razonables. Se hallan en marcha las inversiones que permitirán a las empresas enfrentar nuevas emergencias y, por su parte, la población deberá seguir contribuyendo al bien común y a la satisfacción de las necesidades de cada uno, haciendo esfuerzos efectivos de ahorro. 
¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? 
Primero, valorar lo realizado por el país al traer el gas natural de Argentina. Si no lo hubiésemos hecho, tendríamos hoy racionamientos de hasta diez horas al día. 
Segundo, esta crisis reafirma la importancia del papel regulador del Estado, el que debe contar con las herramientas y la autoridad necesarias para establecer claras normas de funcionamiento y lograr que ellas se cumplan cabalmente, sobre todo en sectores claves para la población, como es éste. 
Tercero, es preciso reformular la matriz de desarrollo energético del país, equilibrando las fuentes hidroeléctricas y termoeléctricas y evaluando alternativas innovadoras, a fin de asegurar el abastecimiento normal en todo tipo de condición climática. 
Esta crisis nos da la oportunidad de responder frente a la adversidad con sentido de comunidad y de solidaridad. Mediante el esfuerzo de todos - especialmente de las empresas y de la ciudadanía-, podremos evitar mayores crisis. 
Los acuerdos logrados en el ámbito de la energía por los Ministros de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores con sus pares de Argentina nos dan un espacio de convivencia con nuestros vecinos; constituyen una muestra de integración entre dos países, y además, son una muestra de cómo debemos trabajar en el futuro. 
La crisis externa 
Este año ha estado marcado también por una delicada situación financiera. La crisis económica, que se inició en Asia y se extendió a varios países del mundo, incluyendo a nuestra América Latina, incidió seriamente en los precios y el dinamismo de nuestras exportaciones, y determinó un período de contracción. Los costos financieros subieron a niveles que frenaban la inversión productiva, y la incertidumbre se apoderó del espíritu de los inversionistas. Finalmente, la combinación de todos esos factores se ha traducido en aquello que quizá más directamente sienten los chilenos: el aumento del desempleo. 
A lo anterior debemos agregar una apretada situación fiscal. Si el crecimiento de nuestra economía se ha visto frenado por situaciones externas, también ha ocurrido que durante algunos meses del año pasado y de éste hemos tenido -como he dicho al inicio- el precio del cobre en el nivel más bajo del siglo. 
Sólo por este concepto el país ha perdido dos mil millones de dólares, de los cuales la mitad constituye pérdida de ingresos fiscales. 
Tenemos perfecta conciencia de estos problemas. Y los afrontamos como siempre lo hemos hecho: con responsabilidad, sin populismos de ninguna especie y sin caer en recetas fáciles. Gobernamos con seriedad y con la mirada puesta en la vida cotidiana de la gente, especialmente de las familias más humildes, y no hipotecamos las perspectivas de crecimiento del país. 
La crisis económica nos obligó a llevar adelante una política de ajuste de nuestra economía; un ajuste duro, pero necesario. Necesitábamos cuidar y proteger lo que hemos alcanzado, para así avanzar por la senda de la reactivación sobre bases sólidas y estables. 
Un ajuste solidario 
La opción real no era hacer o no hacer un ajuste. La verdadera pregunta es ¿cómo se hace y cómo se distribuyen esos costos? 
Porque debo decir que no todos los ajustes económicos son iguales. Hay quienes ajustan cortando rápida y drásticamente el gasto social, que va en beneficio de los más humildes. Hemos conocido, en los años ‘80, ajustes económicos que cercenaron implacablemente las pensiones de los más pobres. No es ésa nuestra manera de proceder en este ámbito, ni corresponde a nuestra vocación de servicio.
Así ha quedado claro en la Ley de Presupuestos, en la cual hemos reducido el gasto fiscal, pero no hemos rebajado un solo peso en el gasto social. Por el contrario, éste sube 6 por ciento durante 1999. Eso es respeto, preocupación y solidaridad con los más débiles. 
El empleo 
Una política de ajuste afecta directamente la disponibilidad de plazas en el mercado laboral. Frente a ello, dijimos con toda claridad que el objetivo fundamental era cuidar el empleo. 
Hemos sido responsables y consecuentes con este objetivo. Hemos sido responsables a la hora de elaborar el presupuesto, a la hora de ejecutar el gasto y también a la hora de negociar los reajustes. 
El sector público no tiene instrumentos para contratar directamente un número significativo de personas. Sin embargo, nuestra responsabilidad frente al país nos ha llevado a actuar en tres líneas principales. 
En primer lugar, dispuse un conjunto de medidas destinadas a apoyar a quienes se encuentran temporalmente cesantes. Para ello, he impartido las instrucciones necesarias para que los servicios públicos de salud aseguren la atención hospitalaria gratuita de las personas cesantes, velando así por su derecho a la salud. 
También he ordenado a los Ministros de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda dictar un decreto para la postergación de los dividendos de personas cesantes. Ese decreto contendrá los detalles y alcances de la iniciativa. 
Hemos asignado 28 mil millones de pesos para capacitar a más de 55 mil personas, especialmente a jóvenes, a través de programas especialmente diseñados para que los participantes aumenten significativamente sus posibilidades de incorporarse a una labor productiva. Paralelamente, 42 mil personas reciben cada mes un subsidio de cesantía por parte del Estado. 
Una segunda línea de acción consiste en generar empleo a través de la inversión pública. Por ello, hemos aumentado los fondos de inversión en los municipios para el desarrollo de proyectos intensivos en la generación de empleos locales. Estos programas cuentan con 57 mil millones de pesos, lo que permitirá dar ocupación a más de 34 mil personas. Asimismo, he dispuesto adelantar las licitaciones en los sectores de vivienda y obras públicas, para contribuir a la reactivación económica y a la generación de nuevos empleos. 
Todas estas medidas van en directo beneficio de más de 100 mil personas que hoy se encuentran en esa situación. 
La tercera línea de acción se refiere a facilitar la reactivación del empleo en las empresas, especialmente después del impacto financiero. Con ese fin, las tasas de interés ya han recuperado su nivel previo a la crisis y, adicionalmente, hemos diseñado medidas específicas para acudir en apoyo de las pequeñas empresas. Para éstas, que estaban con alto endeudamiento de corto plazo con el sistema financiero, estamos dando créditos por un monto de hasta 3 mil unidades de fomento por empresa, con plazos de hasta cinco años, con el fin de que por un lado puedan reprogramar sus deudas y, por el otro, puedan postular al crédito que firmamos hace pocos días con el Banco Interamericano de Desarrollo, por más de 200 millones de dólares, solamente para la pequeña y mediana empresa. 
Pero la responsabilidad de cuidar los empleos reside fundamentalmente en el sector privado, que hoy en día es generador del 85 por ciento de los puestos de trabajo. Ninguna de las medidas anteriores puede sostenerse en el largo plazo, si no hay una reactivación en la producción y en el empleo. Llamo una vez más a los empresarios a que actúen y miren con confianza y responsabilidad el futuro. El Gobierno ha generado las condiciones propicias para la reactivación; corresponde ahora al sector privado desarrollar el potencial proporcionado, única vía para que derrotemos el desempleo. 
La experiencia de estos meses nos hace reflexionar respecto de los escasos mecanismos con que contamos para proteger a quienes han perdido su empleo. Y, por eso, hoy quiero hacer un llamado especial al Congreso Nacional. Así como se ha logrado despachar un proyecto complejo, como el del sector eléctrico, en menos de 15 días, ¿por qué no se hace otro tanto con el proyecto de ley de protección al trabajador cesante, que lleva varios meses en el Parlamento, y se da una señal al país de un instrumento real para ayudar a los que en este momento están desempleados? 
Otro punto que me parece esencial es que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que cautela los derechos previsionales de los trabajadores, al dejar sin efecto el despido en caso de deuda previsional del empleador. Y, por lo tanto, requerimos al Senado a que apruebe esta iniciativa a la brevedad. 
Sin duda que nos preocupa el desempleo. Pero también es preciso comparar la nuestra con otras situaciones en el país, en nuestra región y en el mundo. En las décadas de los setenta y los ochenta la tasa de desempleo se mantuvo por sobre el 15 por ciento y en la crisis de 1982-1983 llegó hasta 30 por ciento. En estos años nuestras tasas han estado entre el 5 y el 9 por ciento, la mitad de lo que es la realidad en casi todas las naciones latinoamericanas y en muchas partes del mundo. Por lo tanto, ¡qué distinto a otros momentos en que se hacía pagar el ajuste de la economía a las familias más modestas por la vía del despido masivo, de la disminución drástica del gasto social y, al final, del atropello a la dignidad de ellas! 
Iniciando la reactivación 
La información disponible nos indica que la parte más severa de la crisis ya ha pasado. La seriedad, responsabilidad y oportunidad con que hemos trabajado en este año difícil nos están dando buenos resultados. 
En los últimos meses se ha detenido la tendencia a la baja en el precio de algunos de nuestros principales productos de exportación, en tanto la reactivación de importantes economías del sudeste asiático ha empezado a incidir positivamente en nuestras exportaciones a esos mercados. 
A partir del segundo semestre de este año, veremos la recuperación económica de Chile. La última disminución de la tasa de interés por parte del Banco Central la deja prácticamente en el nivel previo al ajuste. Y todas las estimaciones internacionales sobre América Latina señalan que Chile será el primer país en recuperarse de esta crisis económica mundial. 
Las razones que justificaron el ajuste se han corregido. Así, la economía tiene hoy espacios de crecimiento con que no contábamos un semestre atrás y que permiten recuperar el ritmo de actividad de manera sustentable. Gracias al ajuste, por ejemplo, nuestro déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que era la situación más grave, se ha reducido en más de mil millones de dólares respecto a la meta establecida para el año. 
Todo lo anterior reafirma que el gobierno ha actuado con responsabilidad. La economía chilena está sana y cuenta con las condiciones para retomar con fuerza la senda del crecimiento. Invito a todos los chilenos, especialmente a los empresarios, a superar el pesimismo, a tener fe y confianza en sus capacidades y a seguir avanzando en el camino de emprendimiento que todo Chile espera de ellos. 
Inflación e ingresos 
Uno de los logros más importantes de la última década ha sido la reducción de la inflación. Todos sabemos cómo ésta afecta a los que viven de un sueldo o un salario. Mantener la inflación en niveles bajos es un objetivo ético. No se trata solamente de un capricho de los expertos o de los técnicos. La inflación más baja es una de las maneras más justas de mejorar el nivel adquisitivo de las familias. 
¿Cuál ha sido la realidad? El año pasado: 4,7 por ciento, la tasa de inflación más baja de que tengamos registro. En 1990 era casi de 28 por ciento anual. Si se saca un promedio de la registrada en mi mandato, se llega a una cifra del orden de 6,4 por ciento. Y todos los años ha sido decreciente. Nunca en la historia de Chile había sucedido una situación similar. ¡Eso es responsabilidad y vocación social! 
En la última década, las remuneraciones promedio de los trabajadores del país han crecido en más de 40 por ciento, lo cual se corresponde con el aumento de la productividad de los trabajadores. 
El ingreso real, como quiera que se lo mida, ha aumentado notablemente a lo largo de la última década, convirtiéndose en el poder adquisitivo per cápita más alto de América Latina, como lo señalan todos los informes del Banco Mundial. Hace nueve años, el ingreso de los chilenos sólo llegaba a 2.100 dólares per cápita. Hoy bordea los 5 mil dólares. Lo que hemos hecho en una década antes demorábamos 50 años en hacerlo. 
De acuerdo con cifras de la Cepal, Chile es el país de América Latina que presenta la mayor tasa de crecimiento del producto nacional y del ingreso por habitante en la década. El Informe de Davos revela que la economía chilena ocupa el lugar 25 en el mundo de acuerdo a su competitividad, sólo superada por países desarrollados y las economías más dinámicas de Asia, y mejor que todas las economías de Latinoamérica e incluso que algunas europeas. 
Mejor calidad de vida para las familias 
Cuando un gobierno se preocupa sólo de los aspectos macroeconómicos, a veces genera suspicacias. Y hay razones para ello: por largos años se impuso al país una concepción que sacrificaba el bienestar de los más modestos en nombre de la razón económica. 
Nuestra concepción de Chile y de su desarrollo nos ha llevado por un camino diferente. Hemos trabajado para que el crecimiento de la economía esté al servicio de las personas, y especialmente de los que más necesitan. Un enorme esfuerzo de inversión social en salud, vivienda, pensiones y educación; reformas históricas en justicia y educación; respeto a la dignidad de los trabajadores a través del resguardo de sus derechos, oportunidades de empleo, aumentos reales de remuneraciones y un salario mínimo en permanente aumento real. Nunca hemos necesitado mostrarnos artificialmente cercanos a las personas: nuestras acciones hablan por sí mismas. 
Nuestra labor no se ha quedado en lo general. Hemos estado abocados concretamente a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los hogares chilenos. No quiero hablar de cifras lejanas y abstractas. Quiero mostrar cómo las familias chilenas, aquel núcleo humano donde crecemos y vivimos, han experimentado un cambio sustantivo en su calidad de vida y en sus proyecciones. Puedo decir con seguridad que después de cinco años de mi Gobierno, las familias chilenas viven mejor. 
Muchas familias dejaron atrás la pobreza 
Nunca hemos aceptado la contradicción de la convivencia de un país que progresa, que se desarrolla, que usa las tecnologías de punta, más otro grupo que vive en el círculo permanente de la pobreza. 
¿Qué hemos hecho? En 1987, el 45 por ciento de los chilenos era considerado pobre; ya en 1996, habíamos reducido esa cifra a 23 por ciento. Y en términos de la indigencia o extrema pobreza, de 17,4 por ciento, hemos bajado a 5,8 por ciento. Y esperamos que la última encuesta reafirme esa tendencia. 
Más de dos millones de chilenas y chilenos han dejado atrás la condición de pobreza; nos muestran que los esfuerzos desplegados han estado en la dirección correcta, y nos obligan a no dar tregua en esta lucha por más justicia social. 
Quiero dar un ejemplo concreto y real: el salario mínimo. Éste ha sido una de las claves para que esta gente salga de la pobreza. En 1987, el salario mínimo legal -medido en moneda de igual valor-, correspondía a la mitad del que teníamos en 1981. ¿Qué hicimos? En 1990, el salario mínimo era de 18 mil pesos. En mi Gobierno -en el último trienio- hemos publicado una ley, aprobada por el Congreso, que significa subir en pocos días más (el primero de junio) el salario mínimo actual de 80 mil, a 90 mil pesos. Y el 1 de mayo del próximo año, a 100 mil pesos. 
¿Qué significa esto? Que hemos aumentado el ingreso mínimo casi en el doble de lo que es la inflación anual. Somos el único país de América Latina que toma esta opción de proteger los ingresos de los trabajadores menos calificados, en un contexto de crisis como en la que estamos. 
En definitiva, el poder adquisitivo del salario mínimo más que se duplicó en estos años. 
Este incremento se ha traducido, para los trabajadores de menores ingresos en la posibilidad real de alcanzar un mayor nivel de consumo básico. Por ejemplo, hace diez años con un salario mínimo se podían comprar 35 kilos de pollo. Hoy pueden comprarse 108; si el ingreso mínimo alcanzaba entonces para 140 ó 150 litros de leche, ahora llega a 290 litros; con un salario mínimo, actualmente se compran 160 kilos de pan. Antes, se adquirían 110. 
Otro ejemplo: un trabajador para comprar un televisor de 14 pulgadas y en color, tenía que trabajar 21 semanas; hoy lo puede hacer en solamente 5 semanas, y con un salario mínimo. 
Todos los índices de electrodomésticos y de equipamiento del hogar demuestran que estamos en tasas increíbles, similares a los países más desarrollados del mundo. 
Algunos tratan permanentemente de desvalorizar estos logros. Son los mismos que con más de 5 millones de pobres no dudaban en declararse como ganadores. 
Hace pocos años, el nivel de pobreza en Chile era superior al promedio de toda América Latina. Actualmente, el porcentaje de hogares pobres en nuestro país es prácticamente la mitad que el de todo el resto de la región. Y, según un estudio de Naciones Unidas para medir todos los índices de desarrollo humano, Chile está -lejos- a la cabeza en América Latina. 
Siempre hemos sostenido que la dignidad de nuestro país es la de todas y cada una de sus familias. Nos alegramos de que nuestras creencias profundas se hayan expresado en acciones y líneas concretas, y sentimos un sano orgullo de que, en esta materia, tengamos eficacia y sigamos trabajando para derrotar para siempre en nuestro país a esta lacra que es la pobreza. Lo podemos hacer. Esto lo está demostrando. 
Más casas y mejores barrios 
Otro elemento central para la igualdad de oportunidades y para la dignidad de cada familia, es el derecho a una vivienda digna. Con una casa nueva - lo saben los millones de chilenos a los que hemos entregado viviendas en estos años- les cambia la vida y se les abre una esperanza de un pasar mejor. Dejan atrás, el hacinamiento y el estar como allegados, porque ahora son respetados en su dignidad. 
Deseo recordar algunas cifras: 
A comienzos de mi Gobierno, nos comprometimos a entregar alrededor de 600 mil soluciones habitacionales. Es decir, no aumentar el déficit que históricamente siempre se ha incrementado, porque el país necesitaba a lo menos 80 mil viviendas por año y difícilmente llegábamos a esas cifras. ¿Qué hemos hecho en estos años? Al término de mi mandato habremos construido más de 780 mil viviendas, superando largamente las metas iniciales y entregando viviendas a más de 3 millones de chilenos. 
No se trata solamente de la cantidad de viviendas, sino también de sus metros cuadrados. A comienzos de esta década, la vivienda social era de 32 metros cuadrados. Hoy día, normalmente se entregan viviendas de 44, 46, 48 y -ya en las próximas licitaciones- de 50 metros cuadrados, incluso con posibilidades de ampliación, en el caso de la vivienda progresiva y programada. Asimismo, estamos exigiendo nuevos estándares a las empresas, dando énfasis en la inspección y en la calidad. 
Hemos puesto en aplicación el Programa Chile Barrio. Se hizo un catastro de 972 campamentos en Chile, y -como anuncié aquí mismo- en menos de dos años, al término de éste, habremos trabajado en el 50 por ciento de aquéllos y dejaremos el programa completo, con todas las inversiones y los proyectos terminados. De tal manera que entre el 2000 y el 2001 terminemos con los campamentos en Chile. Ésa es una realidad que se ha sentido. 
Transmito mi saludo a los pobladores de Cerrillos, Lo Barnechea y Peñaflor, en la Región Metropolitana; del Cerro Ramaditas, en Valparaíso, y de Villa Artesanía, en Puerto Montt. Los felicito: con su esfuerzo y con su organización, hemos logrado terminar con la lacra que significa vivir en un campamento. 
Otro ejemplo de este notable esfuerzo es la pavimentación participativa. No hemos sido capaces de responder a la demanda de miles y miles de personas que lo piden; pero en estos años hemos pavimentado 2 mil kilómetros de calles y pasajes, lo que equivale a la carretera entre Santiago y Arica. Pero qué significa eso en personas. Un millón y medio de chilenos hoy día viven en un entorno mejor, disponen de calles pavimentadas. Esto no es cuento, visiten las comunas. Por ejemplo, en La Granja, su Alcalde me señaló que cuando asumió su mandato, en 1992, el 20 por ciento de las calles estaban pavimentadas, y que este año esperaba que fuere 100 por ciento. Se trata de un esfuerzo combinado de los vecinos, del municipio y del Gobierno, y se está produciendo en todo Chile. 
También, hace pocos días se lanzó el muy importante Programa Chile Comuna, mediante el cual más de 7 mil propiedades manejadas por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales se están transfiriendo a los municipios del país. Este programa ya comenzó esta semana; el Ministro de Vivienda entregó las primeras 30 propiedades en la Región de Atacama y esperamos que entre este año y el próximo se hayan entregado 7 mil pequeñas propiedades a los municipios, para instalar centros comunitarios, plazas, parques, etcétera, etcétera. 
Además, deseo señalar que ayer firmé el proyecto que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones, de 1931 que nunca ha sido debatida por el Congreso Nacional, porque dicho cuerpo legal se dictó por la vía del decreto. Nunca en la historia de este país el Parlamento ha discutido una Ley de Urbanismo y Construcciones que realmente considere la ciudad en su conjunto y no solamente en cuanto a la construcción de casas, sino en su desarrollo integral. Por lo tanto, espero que el Congreso debata ampliamente esta iniciativa fundamental para construir una ciudad a escala humana. Es decir, la casa más digna, el barrio con equipamiento, la ciudad organizada en función de la comunidad. 
Mejor acceso a la salud 
Otro tema que preocupa mucho a la familia chilena es el del sistema público de salud. 
Sin duda que es difícil esperar que exista plena satisfacción. Siempre habrá espacio para mejorar, y sabemos que todavía hay mucho por hacer. Sin embargo, ¿cómo está la salud pública hoy día con respecto a la que había hace diez años? Hemos hecho una gigantesca inversión. Bastaría conocer la situación en la que se encontraba el sector leyendo el Primer Mensaje que el ex Presidente Aylwin rindió ante el Congreso Pleno. Él decía que teníamos un sistema público de salud agónico en su capacidad de atención, desmantelado en términos de recursos humanos y colapsado en términos de infraestructura y equipamiento. 
El último presupuesto aprobado en 1989 fue de 470 mil millones de pesos, y el aprobado en 1999 es 120 por ciento superior a aquél; es decir, más del doble. 
Este incremento presupuestario se ha destinado, básicamente, a mejorar la cantidad y la calidad de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura para servir a la gente. Mencionaré una sola cifra, para que se la graven muy bien: el tercio de toda la infraestructura hospitalaria con que contamos hoy en el país ha sido construida durante este Gobierno, y equivale a la construcción realizada en toda la historia de Chile. Ahí están los nuevos hospitales de Iquique, Castro, Purranque y Valdivia. En la Región Metropolitana hemos inaugurado los dos primeros hospitales, después de veinticinco años en que no se construía uno solo -el Hospital Padre Hurtado y el Hospital San José-, y centros de diagnósticos. Hemos modernizado 23 establecimientos hospitalarios y construido infraestructura de mediana complejidad, como los Centros de Diagnóstico Terapéutico de los Hospitales San Borja y Sótero del Río; los Centros de Referencia de Salud -que son pequeños recintos hospitalarios- en el Hospital de El Pino y en las comunas de Peñalolén, Maipú y Pudahuel, y los nuevos Consultorios de Especialidades en lugares como Linares y Quilpué. A ello hay que agregar la construcción de 64 nuevos consultorios en el nivel primario de atención y 13 nuevos Servicios de Atención Primaria de Urgencia. 
Este esfuerzo está entregando resultados concretos. Todos sabemos que la gente, a veces, debe hacer colas y esperar. Pero veamos las cifras, las tasas: hoy, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es de 9,8 por cada mil nacidos vivos. No sólo es la vanguardia de Latinoamérica, sino que corresponde a la mitad de la que tienen la mayoría de los países de la Región; es tres o cuatro veces menor que la de muchas naciones de América Latina, y similar a la de países muy desarrollados. Eso también se demuestra, por ejemplo, en la mortalidad materna, que se ha reducido casi a la mitad, y en la tasa de desnutrición infantil, que hoy ha llegado a menos de 1 por ciento. Pocos países en vías de desarrollo pueden exhibir tales cifras. 
Hemos creado, además, programas innovadores de gran impacto en el bienestar de la comunidad. Así, estamos enfrentando la necesidad de prestaciones complejas, que alcanzaron a más de 11 mil atenciones en 1998. En 1996 atacamos el problema de las largas listas de espera para ocho intervenciones quirúrgicas de alta frecuencia, lo que permitió efectuar 55 mil operaciones el año pasado. Desde 1995 respondimos los requerimientos de salud dental de las mujeres jefas de hogar: sólo el año pasado se atendieron más de 12 mil personas. La puesta en práctica de los SAMU en las regiones más densamente pobladas ha permitido que la gente reciba atención de urgencia oportuna y de calidad. Finalmente, hemos aplicado programas específicos para enfrentar problemas como el cólera, el virus Hanta y el SIDA, cuya prevención ha requerido la colaboración de toda la ciudadanía. 
Modernizar el sistema público de salud, mejorar la calidad y oportunidad de la atención y promover la equidad en las oportunidades, es una tarea que necesita de tiempos largos, grandes inversiones y, por sobre todo, una gran voluntad para avanzar. A ello nos hemos abocado, y en eso seguiremos trabajando hasta tener un sistema de atención de salud eficiente, equitativo y que dé una atención digna y oportuna a todos los chilenos. 
Nuestro país debe alcanzar un consenso en torno a un modelo de salud que combine lo público y lo privado, con armonía y equidad, lo que hoy no existe. Y ésa es una tarea pendiente para Chile. 
Solución a problemas familiares 
Quiero referirme también a la solución que hemos dado en estos años a situaciones difíciles que se presentan al interior de las familias y de los hogares, frente a las cuales el Estado y la sociedad poco colaboraban. No podíamos seguir ignorando estas realidades. Pese a las incomprensiones iniciales, el país ha entendido el valor de llevar adelante iniciativas que buscan proteger a los miembros más débiles de nuestras familias y de nuestra sociedad. 
Primero, promulgamos la Ley de Filiación. El año pasado tuvimos el récord: el 46 por ciento de los niños de Chile nació con el timbre de ilegítimos; casi la mitad. Uno de cada dos infantes nació con el terrible rótulo de ser ilegítimo. Y ahora eso se terminó para siempre en nuestro país: ¡Todos los niños son iguales ante la ley, en sus derechos y en sus obligaciones! 
Otro paso trascendental es la Ley de Adopción, que próximamente será despachada. Ella establece un procedimiento ágil y expedito para otorgar prioridad a los adoptantes chilenos y regular adecuadamente la adopción internacional, la cual se hacía de manera totalmente informal, entre “gallos y medianoche”. Todo eso, con el propósito de entregar una familia a los niños que carecen de ella. Dicha iniciativa se armoniza con la Ley de Filiación, y entrarán conjuntamente en vigencia en octubre, pues ésta tenía un año de plazo al efecto. 
Hemos avanzado, también, en la tramitación del proyecto que crea los Tribunales de Familia. A través de él buscamos colaborar eficazmente en el tratamiento integral del conflicto familiar. La iniciativa incorpora, además de un procedimiento oral y público, una instancia de mediación. Éste es un método alternativo de resolución de conflictos y está especialmente adecuado para el tratamiento de las causas de familia. Ya hemos tenido exitosas experiencias piloto en Santiago y Valparaíso. 
Nos aprestamos, asimismo, a modificar la Ley de Menores, para establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil, eliminando el obsoleto trámite del discernimiento y protegiendo adecuadamente los derechos de la comunidad. Pondremos esta iniciativa a consideración del Congreso después de la tramitación del nuevo Código de Procedimiento Penal. 
También promulgamos la Ley de Violencia Intrafamiliar, que sanciona todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de algún miembro de la familia, mediante medidas tendientes a proteger su integridad, velar por el cuidado y la mantención de los hijos y los bienes del hogar. 
Además, hay que destacar la nueva Ley sobre Delitos Sexuales, destinada a tipificar adecuadamente todos los delitos sexuales, establecer penas apropiadas y facilitar las denuncias, la investigación y la prueba de ellos, con el fin de resguardar especialmente a nuestros niños. 
Pero hay más: resultaba fundamental cuidar a la familia en el ámbito laboral, proteger la maternidad en el trabajo y prohibir a los empleadores la exigencia de un test de embarazo para contratar o ascender a una trabajadora, lo cual era una indignidad. 
También se dictó otra ley, que también ha tenido poca cobertura -parece que las noticias positivas no son noticias en nuestra Patria-: la que otorga fuero maternal a las empleadas de casa particular. ¡Es primera vez en la historia de Chile que esto ocurre! 
Hace muy pocos días, en esta misma Sala el Congreso aprobó, en su último trámite, la reforma que da rango constitucional a la igualdad entre el hombre y la mujer. ¡Somos una sociedad más moderna, más democrática y se prepara para el siglo XXI! 
Ellas son un conjunto de iniciativas que demuestran nuestra voluntad y nuestra vocación por fortalecer a la familia. No sólo tenemos que “llenarnos la boca” diciendo que la familia es la base sólida de la sociedad, sino que es necesario adoptar medidas concretas y precisas, que vayan en defensa de las mujeres, los niños y los más débiles. 
Un espacio digno para el adulto mayor 
En Chile, toda vida familiar está enriquecida por la presencia de los adultos mayores, que merecen ser tratados con dignidad. A diferencia de otros países, aquí todos los adultos mayores, nuestros viejos, viven dentro de la familia. 
Nuestro Gobierno asumió decisivamente la deuda que el país tenía con ellos. Por ejemplo, hemos logrado casi triplicar el monto de sus pensiones. Así ha ocurrido con los aumentos de las pensiones mínimas de vejez, que han beneficiado a más de 900 mil jubilados. 
Otro aspecto central lo constituyen los incrementos de las pensiones asistenciales y de los montepíos o pensiones de viudez que reciben más de 130 mil viudas, a quienes antes se les pagaba prácticamente la mitad. Hoy perciben el total de la respectiva pensión de jubilación. Además, creamos el bono de invierno, que beneficia a sobre 600 mil pensionados. 
En estos años hemos entregado, a través de los consultorios y hospitales públicos, 265 mil lentes y 15 mil audífonos. En los hospitales, la disminución en las listas de espera para operaciones benefició el año pasado a 17 mil adultos mayores. Y hace un mes, junto al Ministro de Salud, tuvimos la alegría de inaugurar un programa especial para ellos. Actualmente, en 90 consultorios del país se les proporciona atención preventiva y tienen acceso a un programa de alimentación complementaria, que es una iniciativa de la Comisión del Adulto Mayor. 
Además, medio millón de adultos mayores son beneficiados por la campaña de vacunación antiinfluenza. ¿Qué ha significado esto? Que ha disminuido en 20 por ciento la tasa de mortalidad por bronconeumonía en este grupo de edad. 
Preparémonos, porque hoy en Chile un millón y medio de personas somos adultos mayores. Y en el año 2020 más de 3 millones tendrán esa calidad. 
Por eso, junto con colocar este tema –que nos parecía de dignidad fundamental- en el debate nacional, hemos creado, sobre la base de un proyecto elaborado por la Comisión del Adulto Mayor, el Servicio del Adulto Mayor, a fin de comenzar el nuevo siglo con un centro para atender dignamente a las personas mayores de nuestra patria. 
Debo señalar también que hace pocos días inauguramos los primeros conjuntos habitacionales con una parte destinada a los adultos mayores. En cada grupo de viviendas se les reservará una cantidad de casas diseñadas especialmente para ellos, con centros comunitarios para que se puedan reunir. Ya se inició este programa, y en las nuevas poblaciones así se está haciendo. 
O sea, se trata de cuidar la dignidad de los adultos mayores, entregarles un espacio, respetarlos, darles la posibilidad de vivir sus últimos días en forma distinta. 
Hace algunos años este tema no se abordaba en Chile. Hoy lo hemos puesto entre nuestras tareas y hemos recibido múltiples reconocimientos internacionales a su respecto. Creo que es un paso fundamental, dado por una sociedad madura, responsable y solidaria. 
Una vasta reforma educacional 
Al iniciar mis palabras sobre el tema educacional quiero señalar, en nombre de todo el país, lo lamentable que ha sido la muerte del joven estudiante universitario de Arica Daniel Menco. 
El Gobierno se encargará de ordenar las investigaciones del caso y de que se pongan los antecedentes a disposición de los tribunales. 
Reitero el llamado que ha hecho el señor Ministro de Educación en orden a terminar con la violencia en Chile. 
La violencia a nada conduce. 
La primera preocupación de una familia es el futuro de sus hijos: qué oportunidades tendrán; cómo podrán desarrollarse mejor como personas; cómo habrán de integrarse a la sociedad. La educación es la primera y más espontánea respuesta a esta inquietud. Y también es la primera respuesta para un país que quiere igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos; alcanzar el pleno desarrollo y ser capaz de competir internacionalmente. En el pasado, los grandes desafíos fueron alcanzar una mayor cobertura en el sistema y mejores índices de eficiencia. Hoy, la gran tarea es que todos los niños y jóvenes de Chile reciban una educación de alta calidad. 
La educación es el más poderoso instrumento de promoción social, como también lo fue durante otra etapa en la vida del país, cuando se formó la clase media chilena. 
Pero no es sólo un deber de justicia buscar mayor equidad y calidad en la educación pública. Es un tema estratégico para el desarrollo del país. En las últimas décadas se ha registrado un aumento explosivo del conocimiento en la sociedad, y su aplicación, mediante un variado instrumental tecnológico, se ha extendido a todos los rincones de la experiencia humana. Si queremos ser competitivos; si queremos agregar mayor valor a nuestros productos de exportación; si queremos desarrollar un sector de servicios que nos permita convertirnos en el centro neurálgico del comercio en el Cono Sur y otros macromercados, tenemos que mejorar la calidad de la educación. 
Incremento presupuestario 
Hemos aumentado fuerte y sostenidamente la inversión pública en educación. Por ello, pese a las dificultades que hemos enfrentado con motivo de la crisis financiera externa, mi Gobierno no ahorró sacrificios para que los niños y jóvenes se vieran beneficiados también este año por un aumento del presupuesto destinado a educación. Hoy podemos afirmar que los fondos destinados a la educación son más de dos veces y media los que teníamos en 1990, y que el actual presupuesto duplica el del año 1994, en que asumí la presidencia. 
Cambio curricular y mejoramiento e innovación pedagógica 
Un elemento central de esta reforma es el cambio curricular. Hemos respondido a esta necesidad formulando los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos de las enseñanzas básica y media. Estamos avanzando en los nuevos planes. Ya se está funcionando con nuevos programas de 1º a 5º básico, y este año se inician los de 1º medio. Se encuentran en proceso de elaboración los correspondientes al resto de los cursos y se constituyeron los equipos técnicos para elaborar el marco curricular para la educación parvularia. 
Para dar un soporte claro a esta renovación curricular, el Gobierno ha puesto en marcha diversos programas destinados a dotar de mayores medios de enseñanza y aprendizaje a escuelas y liceos, los que han cambiado radicalmente el panorama de la educación. Hace algunos años se entregaba poco más de un millón de textos escolares en la enseñanza básica. Actualmente estamos entregando 7 millones de textos. Además, en 1997 comenzó también la entrega gratuita de textos a los alumnos de la educación media. Este año se aumentó la cobertura desde 1º a 3º medio, a los que se entregaron más de un millón 250 mil textos. 
Similares esfuerzos se han efectuado en la dotación de bibliotecas de aula para la enseñanza básica y centros de recursos para el aprendizaje en la educación media; en la entrega de material pedagógico y cuadernos de trabajo a las escuelas rurales y a las que en 1990 tenían un menor rendimiento relativo; en el desarrollo del proyecto Enlaces, que brinda acceso a la informática y a la comunicación en red, y al cual este año se han integrado más de 4 mil 200 establecimientos. 
El señor Ministro de Educación inauguró hace algunos días la conexión Nº 3.000 de Internet. Antes de que termine mi mandato 6 mil 500 escuelas del país estarán conectadas a dicha red. 
Es decir, dos tercios de todos los establecimientos de Chile estarán conectados a Internet. 
Otros programas de apoyo se refieren a los alumnos que reciben una ración alimentaria, iniciativa focalizada en los establecimientos de menores ingresos, cuyo número en 1998 llegó a 925 mil estudiantes; y al programa de salud escolar, que antes no existía y que el año pasado permitió atender a más de un millón 650 mil niños. 
Las comunidades escolares de los 51 liceos seleccionados en el Proyecto Montegrande están desarrollando sus propuestas educativas y demostrarán que en Chile podemos garantizar a nuestros jóvenes una educación de calidad. Están abriendo un camino de innovación, creatividad y diversificación por el cual muchos otros podrán transitar. 
Como estímulo a los alumnos del sistema de educación subvencionada, creamos la Beca Juan Gómez Millas, destinada a los egresados de mejor rendimiento y dificultades económicas, para financiar sus estudios superiores. Este programa ha beneficiado a más de 2.500 estudiantes. 
Fortalecimiento de la profesión docente 
Los profesores y profesoras, junto con las familias chilenas, deben ser los verdaderos constructores de la gran reforma educacional. De allí que nuestros esfuerzos en el ámbito del desarrollo profesional de los docentes se hayan multiplicado en muchas áreas. 
A partir de 1997, con la entrada de los nuevos currículum, hicimos un esfuerzo masivo de perfeccionamiento del profesorado, que ha permitido que más de 70 mil profesores se hayan capacitado en el conocimiento de las modificaciones curriculares introducidas en los planes y programas de 1º a 5º básico y 1º medio. En enero próximo repetiremos este esfuerzo respecto de los contenidos de 6º básico y 2º medio, hasta completar el año 2002 este proceso de perfeccionamiento con los contenidos curriculares de 8º básico y 4º medio. 
Desde 1997, hemos distinguido, año a año, a 50 profesores con el Premio a la Excelencia Docente. Es un estímulo, un justo reconocimiento a quienes han demostrado un desempeño profesional descollante, pero también destaca a un equipo educativo que reconoce y valora la labor de uno de los suyos. La remuneración mínima para la jornada laboral de 44 horas se duplicó entre 1993 y 1999, alcanzando así una cifra equivalente a 341 mil pesos para este año. 
La remuneración promedio de este tipo de jornada en el sector municipal llegó a 541 mil pesos. 
Por otra parte, cerca de 3 mil 500 profesores habrán ido a perfeccionarse a los mejores centros de educación del mundo. Algo que jamás habían soñado.
En cuanto a los estudiantes de pedagogía, se creó, por una parte, una beca para los alumnos destacados que ingresan a estas carreras, y por otra, en 1998 se iniciaron, en 17 universidades públicas y privadas que imparten carreras de pedagogía, Proyectos de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes, para mejorar gradualmente la formación de unos 23 mil alumnos, con un presupuesto de 11 mil millones de pesos. 
Jornada escolar completa 
Sin duda, lo más importante es la jornada escolar completa. Ella permite ampliar el tiempo de estudio, indispensable para incorporar los cambios curriculares y las innovaciones pedagógicas. 
Si consideramos, además de dicha jornada, la extensión del período escolar de 37 a 40 semanas de clase, los niños y niñas que ingresan a 1º básico tendrán, al término de 4º medio, el equivalente a dos años más de escolaridad que quienes los precedieron. 
A la fecha, tenemos 4.243 establecimientos incorporados a la jornada escolar completa, que corresponden prácticamente a la mitad de las escuelas y liceos subvencionados. En este momento, hay cientos de obras de infraestructura escolar en construcción. Así, el próximo año, los alumnos de 5 mil establecimientos tendrán jornada escolar completa. 
Eso es lo que hemos hecho en pocos años, creando las condiciones para que todos los niños y jóvenes de Chile, desde Arica a Punta Arenas, en la ciudad y en el campo, en la Capital y en las Regiones, en los colegios privados y en el sistema público, tengan una educación de alta calidad. Éste será el principal argumento del país para ingresar con fuerza y decisión al próximo siglo. 
Una justicia confiable para Chile 
La reforma a la justicia es una de la más profundas transformaciones que experimentará el Estado chileno desde su consolidación a mediados del siglo XIX. Mediante ella queremos colaborar a la realización del proyecto de Estado Constitucional que soñaron los que fundaron la República. Se trata de un proyecto que llega muy de cerca a nuestros compatriotas. El acceso a un sistema de justicia imparcial y eficiente aumenta la calidad de vida y prestigia nuestra democracia. 
Frente a un sistema judicial lento, burocrático, alejado de la gente, que no da garantías suficientes, propusimos un sistema judicial moderno, oral y público, que separa claramente las facultades de investigar y de juzgar, comprensible para todos, rápido en el término de los juicios; en definitiva, un sistema judicial acorde con las exigencias de la convivencia en democracia y con la búsqueda de mayor equidad que ha impulsado mi Gobierno. 
Reforma procesal penal 
Uno de nuestros principales compromisos como Gobierno tendrá expresión concreta a partir de los próximos meses. Chile tendrá una nueva justicia procesal en lo criminal, destinada al esclarecimiento y sanción de los delitos de manera oportuna, eficiente, pública e imparcial. 
Lograremos este propósito en virtud de un sólido y persistente trabajo realizado conjuntamente con los tres Poderes del Estado y con instituciones académicas, de estudio y de investigación privadas. De esa manera —y como corresponde a una genuina tarea de Estado—, todos los chilenos, sin excepción, concretaremos una transformación de la estructura institucional del Estado que satisfaga los requerimientos ciudadanos de justicia. 
En el Congreso se encuentran los distintos proyectos de ley que conforman las bases normativas de la reforma procesal penal. Ellas establecen un sistema acusatorio que separa las funciones de investigar y acusar, por una parte, de las de juzgar, por la otra. Crea para esos efectos órganos autónomos y diferenciados entre sí. Existirá un Ministerio Público que será el responsable de la investigación y persecución de los delitos en representación de la sociedad. Frente a él estará la Defensa Penal Pública, que representará a los inculpados. Ambos organismos se enfrentarán en un juicio oral y público, a cargo de un Tribunal Colegiado compuesto por tres jueces profesionales. Los magistrados podrán dedicarse así a dos funciones trascendentales: cautelar los derechos de la persona durante el proceso, y juzgar de acuerdo a las pruebas que se les presenten. 
La instalación en Chile de un juicio oral promoverá una mayor transparencia, mayor velocidad, y una mayor imparcialidad objetiva en nuestro sistema de justicia procesal penal. Quienes han debido recurrir a la justicia en demanda de protección de sus derechos, saben que ello puede equivaler a que la dramática experiencia de haber sido víctimas de un delito se vea agravada con el sometimiento a trámites escritos y a rituales incomprensibles, donde el sentido último del sistema —el castigo al delincuente y la protección de la víctima— no se alcanza con prontitud. El juicio oral favorecerá una mayor transparencia y una mayor publicidad del sistema. Las víctimas tienen derecho a ser oídas por un juez y tienen, además, el derecho a que las decisiones de los jueces se adopten luego de un procedimiento público que admita el control por parte de los ciudadanos. 
La mayor parte de las normativas que darán vida a la reforma está en un avanzado estado de tramitación. Esto implica que en el segundo semestre de este año —al culminar la tramitación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público— podremos nombrar al Fiscal Nacional del Ministerio Público. Este será el encargado de proponer líneas de acción para fijar la política en lo criminal que regirá en el país, y trabajar para la preparación de su organismo, en atención a que el próximo año el sistema debe comenzar a operar en las Regiones de Coquimbo y de La Araucanía, y luego, en las de Atacama, Antofagasta y Maule. 
Claramente, la reforma procesal penal va a comenzar en las Regiones de nuestro país, con un sentido descentralizador importante. 
Hago un especial llamado a los Parlamentarios para que continúen, con el empeño que han mostrado hasta hoy, la tramitación de los distintos proyectos de ley que comprende esta reforma. De su aprobación en el curso de este año dependerá la puesta en marcha del sistema a partir del 2000. Cuando eso ocurra, habremos comenzado a cumplir una de las promesas pendientes de la democracia: una justicia igual, eficiente e imparcial para todos. 
Nueva política penitenciaria 
En el marco del carácter global de la reforma a la justicia, estamos desarrollando -a través de Gendarmería de Chile- una nueva política penitenciaria, que considera la mayor inversión en infraestructura carcelaria de la historia. En estos cinco años hemos construido más de 120 mil metros cuadrados de recintos penitenciarios. Eso da un nuevo sentido a la rehabilitación, con la colaboración de más de 60 o 70 empresas privadas para dar trabajo a los presos. 
Asistencia jurídica 
La asistencia jurídica es otra de nuestras preocupaciones centrales. Nos propusimos modernizar -paulatina y gradualmente- las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial existentes en el país, para cumplir con el mandato constitucional de hacer valer la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, particularmente la de quienes se encuentran en situación de pobreza. 
Mejoramiento de la gestión judicial 
En el ámbito del perfeccionamiento de su gestión, hemos colaborado con el Poder Judicial mediante el desarrollo de diversas iniciativas, sin perjuicio de nuestro resuelto respeto por la plena independencia de su labor jurisdiccional. 
Es así como se ha verificado la instalación de más de cincuenta tribunales y la creación de otros siete juzgados y de una Sala de la Corte de Apelaciones, que deberán instalarse próximamente. Hemos respaldado con decisión la labor de la Academia Judicial, que se concretó al comenzar nuestro período, con el propósito de preparar y capacitar a todos los funcionarios de la carrera judicial para administrar justicia de acuerdo a las nuevas normativas. 
Estamos llevando adelante un plan cuadrienal de mejoramiento de recursos del Poder Judicial, el que se suma al plan quinquenal iniciado durante el gobierno del Presidente Aylwin y que complementamos durante la presente administración. Entre 1990 y 1994 su presupuesto creció en más de 70 por ciento, en tanto que entre 1994 y 1998 aumentó en 60 por ciento. 
Además, lo que es más trascendente, el año pasado los tres poderes del Estado cumplimos armónicamente con nuestra obligación constitucional de generar la composición de la Corte Suprema, como lo estableció la ley respectiva. En un proceso ejemplar y prácticamente por unanimidad, el Senado aprobó el nombramiento de los nuevos miembros de la Corte Suprema. 
Penalización y derechos 
Debemos resaltar, asimismo, la Ley de Derechos del Detenido, que eliminó la detención por sospecha, tipificó el delito de tortura y eliminó los delitos de vagancia y mendicidad. 
Esta normativa cuenta con un sólido respaldo de los jóvenes, los que sin perjuicio de asumir sus responsabilidades, requieren expresarse con la mayor libertad posible y sin restricciones arbitrarias. 
Proyección 
Quiero subrayar que si se continúa con el actual ritmo legislativo, que ha significado un esfuerzo especial de los miembros del Honorable Congreso, especialmente de los de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas ramas del Parlamento, la Reforma Procesal Penal deberá estar en marcha en todo el país en el 2003. Ello significará la construcción de más de 300 edificios destinados a tribunales, fiscalías y defensorías, en los que funcionarán varios miles de personas dedicadas exclusivamente al nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. 
Junto con lo anterior, la nueva justicia que impulsamos debe experimentar cambios sustanciales en otras áreas, en las cuales ya estamos trabajando: la justicia constitucional, la legislación sustantiva civil y comercial, el Código Penal, la justicia de familia, la legislación infantil y juvenil y los Procedimientos Civil, Laboral y de Policía Local. Al actualizar todo nuestro ordenamiento, habremos dotado al país de una justicia realmente accesible, con procedimientos claros, respuestas oportunas, funciones diversificadas por especialidades, sanciones adecuadas y, en consecuencia, confiable y comprensible para todos. 
Para concretar todo ello, los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como las distintas instituciones públicas y privadas, debemos seguir actuando con criterio de Estado. Reitero mi exhortación a que todos asumamos como propia esta gran tarea nacional. 
Una infraestructura para el desarrollo 
Al recorrer el país, llama la atención cómo su rostro ha ido cambiando. No solamente es perceptible el mejoramiento del entorno más cercano a las familias -vivienda, barrio, equipamiento comunitario y otros-, sino que también es notorio el progreso en grandes obras públicas. 
Para dar un impulso decisivo al proceso de desarrollo, era imprescindible superar el atraso que Chile sufrió por décadas en esta materia. De otra manera, la insuficiente infraestructura se convertiría en un verdadero cuello de botella para el futuro y el desarrollo del país. 
En 1973, la doble vía en la Ruta 5 Sur llegaba hasta San Fernando. A fines de 1989, seguía llegando hasta San Fernando. ¡Ni un solo kilómetro adicional! En las décadas pasadas, hubo una escasa inversión en obras nuevas y un gasto insuficiente en mantenimiento, lo cual produjo un evidente deterioro en las obras existentes. En la práctica, la infraestructura pública del país sufrió de un real abandono. 
Frente a ello, hemos realizado un gigantesco esfuerzo de inversión. Hemos aumentado un 10 por ciento anual la inversión pública en infraestructura a partir de 1990. Ya en 1998 la habíamos cuadruplicado respecto de la de comienzos de la década, y, si a ello sumamos la inversión privada producto de las concesiones, obtenemos que en la actualidad ella es ocho veces superior a la de 1990. 
Este incremento de las inversiones se refleja en nuevas obras viales, obras de riego, obras portuarias, en aeropuertos, en nuevas obras para la integración económica y en un conjunto de obras de infraestructura social, como el agua potable rural, caletas pesqueras, transporte insular y otras. 
Como señalé, la doble vía de la Ruta 5 era sólo de 137 kilómetros. Ya en 1994 fue extendida hasta San Javier. Al día de hoy, existe doble vía hasta Chillán, a 400 kilómetros de Santiago, y ya se encuentra en ejecución toda la doble vía entre La Serena y Puerto Montt, mil 500 kilómetros, con inversiones superiores a los 2 mil 300 millones de dólares y que significan mil 480 kilómetros de longitud. 
Paralelamente, no sólo nos hemos preocupado de la ruta central, sino que, paso a paso y tenazmente, estamos construyendo un camino en el borde costero y otro en la ruta cordillerana. Estas obras permitirán integrar a todos los chilenos, no solamente a los que habitan en la espina dorsal de nuestro territorio, sino también a quienes viven en lo que se ha llamado las fronteras interiores. La gente que permanece alejada del desarrollo necesita condiciones para la superación de la pobreza. 
En forma complementaria a los ejes longitudinales, hemos consolidado otras importantes rutas, tales como el Acceso Norte a Concepción, autopista, la Ruta Santiago-San Antonio, el camino Nogales-Puchuncaví, la construcción del tercer puente sobre el río Bio Bio -que dejaremos terminado este año y permitirá abrir 170 nuevas hectáreas al desarrollo de Concepción, un tercio de su actual superficie, lo que representa un cambio total para la ciudad-; en Valparaíso, la construcción del Troncal Santos Ossa-Rodelillo-El Salto y el Camino de la Pólvora que está pronto a inaugurarse y constituye un anillo que circunda a Viña del Mar y Valparaíso. 
Hemos creado el Fondo de Infraestructura, con el propósito de apoyar obras que, teniendo alta rentabilidad social, no son fácilmente concesionables porque no parecen atractivas desde la perspectiva del mero cálculo privado. 
Con la emergencia que ha representado la severa sequía que aqueja al país, hemos dado máxima celeridad a la construcción, entre las obras de mayor envergadura, del embalse Puclaro, que vamos a inaugurar en pocos días más, y del Sistema de Regadío Choapa, en la Cuarta Región, así como del Sistema de Distribución Laja-Diguillín, en la Octava Región. Todas las obras realizadas permiten mejorar la capacidad de riego de casi 150 mil hectáreas y aumentar la superficie regada en más de 60 mil nuevas hectáreas. 
Estamos llevando a cabo una gran transformación en materia de infraestructura. Al cabo de estos años, hemos cambiado el rostro físico de Chile con nuevas carreteras, túneles, puertos, aeropuertos, obras sanitarias, calzadas urbanas, Línea 5 del Metro, obras de regadío. 
Con relación a las sanitarias y las obras portuarias, el Gobierno aplicará las normativas correspondientes y su marco regulatorio, aprobado por el Honorable Congreso Nacional después de un largo debate. 
Es importante hacer notar que estas grandes obras, además de incrementar directamente el bienestar de las personas, amplifican el impacto de todo el resto de la inversión pública y privada que realiza el país. 
Al mejorar las vías de transporte, Chile puede aprovechar mucho mejor sus recursos. Las personas y los recursos están más cerca entre sí, con los mercados y también con el resto del mundo. 
He señalado las profundas transformaciones que hemos impulsado en beneficio de Chile. Al dar cuenta de ellas, he mencionado proyectos ya aprobados, algunos en trámite y otros que enviaré con prontitud. La colaboración prestada por ustedes, señores Diputados y Senadores de la República, ha sido esencial, y quiero expresarles mi agradecimiento en nombre de todos los chilenos. Fui Senador por cuatro años. Sé que el trabajo legislativo responsable, muchas veces, no es públicamente conocido, y menos reconocido. Agradezco aquellos perfeccionamientos y críticas a los proyectos que han permitido la promulgación de leyes más eficientes. Les agradezco los aportes sustantivos, el trabajo cuidadoso y la responsabilidad con que han desempeñado su función. 
El desarrollo nacional 
Chile ha progresado en esta década. Que las familias chilenas han mejorado sus condiciones de vida en forma significativa, es algo que nos llena de satisfacción –no de autocomplacencia- y que nos obliga a redoblar los esfuerzos para el futuro. Porque ellas merecen un futuro pleno de oportunidades. Porque la democracia será mejor y más auténtica cuando más y más ciudadanas y ciudadanos participen del esfuerzo productivo de toda la nación. 
Estamos llevando a cabo la mayor revolución del siglo en la justicia, en la educación, en la infraestructura. Estamos comprometidos con la gente en su calidad de vida, en su atención de salud, en el acceso a viviendas, en el aumento de sus remuneraciones, en el incremento de las pensiones, en ofrecer más y mejores empleos. Así se construye Chile; así se cimienta la dignidad de cada familia chilena. 
La base de todo ello reside en el crecimiento de nuestra economía. De allí provienen los recursos necesarios para financiar, con eficiencia y responsabilidad, todas estas grandes obras en beneficio de la patria. 
En 1998, nuestra economía creció en 3,4 por ciento, evidentemente, muy por debajo de su potencial, aunque constituye un buen indicador para un año de crisis económica externa y de ajuste económico interno. Sin embargo, ahora que comienza nuestra recuperación, tenemos la oportunidad y la obligación de retomar, con esfuerzo y con imaginación, la senda de crecimiento que hemos seguido en estos años. 
En efecto, en los últimos nueve años nuestra economía ha crecido a una tasa promedio anual de 7,2 por ciento. Al terminar 1998, el Producto Interno Bruto, es decir, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país, es más del doble que hace una década. Para retomar esta senda del crecimiento, debemos hacer los esfuerzos necesarios en ahorro e inversión. El año pasado nuestra tasa de inversión fue de 35 por ciento del producto, y entre 1994 y 1997 fue de 28 por ciento promedio anual. Sólo con más ahorro y más inversión podemos aspirar a más crecimiento y a mejores empleos. 
Mirando hacia el futuro, tenemos que realizar, en este plano, un nuevo avance, fundamental para que el desarrollo del país se dé en condiciones propicias. El crecimiento del país se ha producido de manera tal que todos los sectores se han beneficiado de un mayor acceso a bienes y servicios. Sin embargo, la distribución del ingreso sigue sin mostrar variaciones significativas. Abordar este aspecto es indispensable, porque la mayoría de las naciones latinoamericanas han experimentado descensos en la distribución del ingreso. Se ha agudizado la brecha entre los más ricos y los más pobres. En nuestro caso, se ha mantenido estable. Abordar este aspecto es indispensable para construir entendimientos sólidos y duraderos entre trabajadores y empresarios, que creen las condiciones para una creciente equidad distributiva de los frutos del desarrollo. 
Fuerte vitalidad de las regiones y municipios
El rostro de Chile ha cambiado decisivamente en los últimos cinco años. Lo que mejor demuestra esta afirmación es la transformación que han experimentado las Regiones, ciudades y localidades a lo largo del territorio nacional. En estos cinco años de Gobierno he estado en la inmensa mayoría de las comunas del país, casi en todas, y he apreciado en forma directa cómo las iniciativas locales, los proyectos municipales y regionales, han alterado los paisajes urbanos y rurales. El país reconoce cuán distinta es hoy su fisonomía. 
Hemos dado, en este discurso, muchas cifras; hemos documentado hechos; hemos demostrado la calidad de nuestro trabajo. Pero esas cifras no son sólo números destinados a incorporarse a los anuarios estadísticos. Son el reflejo de cuestiones muy concretas que inciden en la vida cotidiana de la gente. 
Por ejemplo, al comienzo de mi mandato nos fijamos como meta que tres de cada cuatro viviendas rurales contaran con luz eléctrica. Estamos cerca de lograrlo. En 1998, mediante una inversión de 30 millones de dólares, más de 22 mil familias rurales recibieron este beneficio, con lo que completamos el 72 por ciento del total nacional de hogares rurales con electrificación. Lo mismo ocurre con el programa de agua potable rural, que crece conforme a las metas y en el que, en 1998, se invirtieron 60 millones de dólares. 
Estos programas han sido especialmente importantes en la Región de la Araucanía, donde enfrentamos los problemas que todos conocemos. Pues bien, en esa Región menos del 20 por ciento de la población tenía luz al comenzar mi mandato; hoy la tiene el 75 por ciento. 
También estos chilenos han podido acceder en estos años a servicios de telecomunicaciones. Lo pueden atestiguar las familias de Rigolemu, Colonia Ponce o Laguna Blanca, que hoy, mediante la telefonía, se encuentran más cerca del resto del país y del mundo. Mucho se habla de los impresionantes avances en las tecnologías de las comunicaciones y de la información, avances que jamás llegaban a los sectores rurales. Hoy puedo decir con satisfacción que muy pronto habremos puesto esa posibilidad tecnológica al alcance de más de 2 millones 200 mil chilenos que viven en más de 6 mil localidades apartadas a lo largo de todo el país. 
Cuando hablamos de hacer nuevas autopistas no lo hacemos pensando sólo en posibilitar una mayor velocidad de desplazamiento o en tener más kilómetros de pavimento. De lo que se trata aquí es de alcanzar altos estándares de seguridad. El resultado está a la vista: las muertes por accidentes en los nuevos tramos que hemos inaugurado han disminuido en 60 por ciento. Esa sola cifra da cuenta de lo que significará para la vida cotidiana de la gente desplazarse con mayor tranquilidad y seguridad por las carreteras. La doble vía entre San Fernando y Chillán se está construyendo mediante el sistema de licitación. Pero el Ministerio de Obras Públicas, sólo el año pasado, invirtió más de 300 mil millones de pesos en caminos, puentes, pasos internacionales, mantenimiento de redes y pavimentaciones nuevas; obras fundamentales que el capital privado no va a asumir, porque no son rentables, pero que sí tienen una alta rentabilidad social. Por eso las hemos apoyado con fuerza. 
Hemos tenido una permanente preocupación por nuestro sector rural y por la agricultura en general. Ello se ha traducido en una inversión pública que el año pasado superó los 630 millones de dólares, en circunstancias de que, al comienzo de la década, el país invertía 150 millones de dólares en el sector. 
También nos hemos preocupado de consolidar el proceso de inserción de la agricultura en los mercados internacionales. Las exportaciones del sector se han más que duplicado, al pasar de 2 mil millones de dólares anuales en 1990 a 4.300 millones de dólares en 1998, lo que representa prácticamente el 30 por ciento de nuestras exportaciones totales. Nuestra oferta exportadora también se ha diversificado, pues hace nueve años enviábamos 434 productos a 103 países, y el año pasado enviamos 520 productos a 153 naciones. 
Conscientes de la magnitud del desafío de adaptación competitiva que enfrenta el sector agrícola, acrecentamos sustancialmente la inversión en riego. Señalaba algunas cifras: en 1998 y 1999 alcanza a más de 110 millones de dólares anuales, cifra que por sí sola supera el total de la inversión pública en esta materia realizada durante toda la década pasada. En cada año de mi Gobierno hemos hecho más que en toda ella. Hemos involucrado a más de 200 mil hectáreas. Además, cuando firmamos los convenios de MERCOSUR y de rebaja de aranceles, nos comprometimos a programas especiales. Desde 1996, hemos invertido más de 70 millones de dólares para recuperar 424 mil hectáreas de suelos degradados, lo que benefició a más de 44 mil productores. 
En fin, nuestra agricultura ha incrementado su productividad y la pequeña agricultura ha contado con un aumento considerable del apoyo a la inversión. 
Pero conspiran contra la eficiencia y competitividad de nuestra agricultura las distorsiones que provocan en el mercado internacional los cuantiosos subsidios de los países industrializados. Mientras esta situación persista, seguiremos aplicando las bandas de precios y usaremos el mecanismo de salvaguardias, aprobado esta semana por el Parlamento. De este modo, aseguramos la estabilidad productiva del país a largo plazo y defendemos los empleos e inversiones que tanto esfuerzo han costado, que no pueden desaparecer por fluctuaciones transitorias en los mercados. 
Quiero decir claramente: ¡vamos a defender a los productores chilenos frente a los subsidios de los países industrializados! 
Hemos dado un fuerte impulso también a la regionalización y a la descentralización del país. Al inicio de mi mandato, me comprometí –recuerdo que muchos dudaron cuando lo dije-, a aumentar de 21 a 42 por ciento el porcentaje de inversión de decisión regional. Incluso había miembros del Gabinete que no lo creían. Hoy día ya estamos en el 38 por ciento. Con el Presupuesto que vamos a mandar para el año 2000, hemos cumplido la meta. 
En el mes de junio, vamos a lanzar oficialmente el Programa Todo Chile, que busca promover y atraer inversiones a las regiones. Articulado por la CORFO y con la cooperación del sector privado y de los actores regionales, el programa ha perfilado las oportunidades que ofrece cada región y ha sistematizado la necesaria información, así como los procedimientos y servicios que harán más expedito y directo el acceso para todos aquellos interesados en invertir en las regiones. 
Además, hemos reformado la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y hemos entregado en forma creciente recursos para los municipios. A comienzos de la década, disponían de 312 mil millones de pesos. Hoy día les hemos traspasado 677 mil millones de pesos. Si a eso sumamos los montos de la subvención educacional y el financiamiento de la salud, que se han triplicado, habremos pasado de 229 mil millones a 604 mil millones de pesos. O sea, los municipios hoy día manejan más de 1,3 millones de millones de pesos. Esto ha significado, sin duda, que puedan cumplir mejor con sus funciones y servir de manera más adecuada a la gente. Por último, para completar este proceso de financiamiento de los municipios de Chile, al iniciarse la reunión de alcaldes y concejales en Pucón, entregamos la ley de Rentas Municipales. ¡Eso es creer en la regionalización y en la descentralización real del país! Por eso, un especial reconocimiento a los alcaldes y concejales de todas las comunas del país. Ellos están cerca de la gente, viven cotidianamente sus problemas. 
Aquí no se trata solamente de más recursos y atribuciones, también, para los alcaldes y concejales, un ejercicio de la autoridad, con auténtico cuidado y preocupación por la gente y responsabilidad en sus funciones. Nos parece fundamental. 
Modernización del Estado 
En diversas ocasiones he definido a mi Gobierno como un decidido impulsor de las modernizaciones. Una de nuestras prioridades en este sentido ha sido poner al día la gestión del Estado, haciéndola más eficiente, más transparente y más cercana a las personas. 
La modernización del Estado tiene aspectos de gran notoriedad pública, como las reformas que estamos realizando en la administración de justicia, en la educación y en la infraestructura, etcétera. Esos progresos ya significan cambiar la cara del Estado frente al país, respecto de su papel en el desarrollo económico y social. 
Para mejorar el servicio a la gente, todas las instituciones públicas han estado realizando perfeccionamientos en su gestión. Así lo pueden atestiguar los adultos mayores que atiende el INP, las personas que deben recurrir al Servicio de Registro Civil e Identificación para obtener algún documento y los chilenos atendidos por FONASA. 
La mayor cercanía del Estado a la gente queda también de manifiesto en el aumento sustancial de las atribuciones y del presupuesto de las municipalidades, en la permanente simplificación de trámites y en la creación de oficinas de información y reclamos, que ya existen en más de 65 por ciento de todas las oficinas públicas. 
La Administración ha ganado en transparencia. Hemos creado el sistema de Auditoría Interna de Gobierno, hemos establecido las Cartas de Derechos Ciudadanos y hemos perfeccionado los mecanismos de compras y contratos públicos. Para recoger diversos puntos de vista respecto de estas materias, se creó la Comisión de Ética Pública, cuyas recomendaciones han sido recogidas en estos años. En la actualidad se encuentran en trámite parlamentario la ley sobre probidad administrativa y las modificaciones del Código Penal, que establecen severas sanciones para quienes cometen delitos funcionarios. Por último, en los próximos días enviaré al Parlamento un proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, una herramienta fundamental para un control interno, como se hace en todas las empresas modernas hoy día en el mundo. 
Aquí voy a dar una cifra que, a lo mejor, no le va a gustar a muchos. El Estado el año pasado ejecutó el 23,2 por ciento del producto del país y ocupó el 2,5 por ciento del empleo total. ¡Eso es eficiencia funcionaria! ¡No sigamos castigando a nuestros funcionarios públicos, sino que capacitémoslos para que den servicios de calidad! 
Por primera vez las remuneraciones del personal público se reajustan tomando en cuenta su desempeño individual y el cumplimiento de metas de la institución en que laboran. También hemos creado el Premio a la Calidad de los Servicios Públicos, como reconocimiento a la labor de los servidores públicos. 
Quiero referirme a la empresa más grande de Chile: CODELCO. Allí hay un ejemplo de modernización, de un plan estratégico con los trabajadores. Cuando asumí el Gobierno, producíamos un millón 100 mil toneladas; este año un millón 600 mil toneladas. Ahí están el mineral de Radomiro Tomic y otras minas que hemos inaugurado en estos años. El costo directo era de 60 centavos por libra; hoy es de 39 centavos por libra. La productividad hombre-año era 46 toneladas métricas; hoy es de 86 toneladas métricas. 
Las nuevas empresas que ha desarrollado CODELCO hoy día significan un patrimonio para esa institución de más de 600 millones de dólares. ¡Así hemos transformado la principal riqueza de Chile en una empresa eficiente, moderna y competitiva, con los trabajadores y con sus ejecutivos! 
Una defensa nacional moderna 
Otro importante proceso de modernización del Estado se está llevando a cabo en las instituciones de la defensa nacional. Mi Gobierno ha impulsado decididamente este proceso, destinado a que las Fuerzas Armadas cumplan de la mejor manera la misión que la sociedad les ha encomendado. 
La renovación del equipamiento es la expresión más visible de la modernización de las instituciones militares. Las decisiones se toman en el marco del carácter disuasivo de nuestra política de defensa, sin alterar los equilibrios estratégicos en la región. A su vez, esta renovación responde a las necesidades de adecuar nuestro sistema de defensa a los cambios internacionales y del entorno regional; de incorporar los avances en la tecnología; y de introducir concepciones actualizadas de gestión, administración, educación, capacitación y remuneraciones. 
Mi Gobierno ha colaborado activamente a que las tareas de la defensa del país estén presentes en la conciencia de todos los ciudadanos. Así, hemos estimulado el desarrollo de una creciente integración de civiles en los aspectos técnicos y profesionales del área. Por primera vez en su historia, el país cuenta con un Libro Blanco de la Defensa Nacional, que permite un acceso público a nuestra lógica y horizonte en este campo. Asimismo, se han ajustado diversos mecanismos del Servicio Militar para que siga contribuyendo eficazmente a la formación militar de nuestros jóvenes. 
Nuestras Fuerzas Armadas han contribuido activamente a la política exterior a través de un conjunto de iniciativas que apuntan a consolidar la paz y la estabilidad en la región. Particularmente destacan las medidas de colaboración y confianza mutua con la defensa argentina, que van desde la realización de ejercicios conjuntos hasta la posibilidad de desarrollar proyectos comunes ¡Qué cambio más radical! ¡Qué cambio más notable! En la Misión de Observadores Militares, también, en Ecuador-Perú, en Bosnia y en Irak, nuestros hombres de armas han colaborado activamente. 
De este modo, en diversas áreas, las Fuerzas Armadas chilenas avanzan sostenidamente por el camino de la modernización y de la alta profesionalización. 
Inserción internacional de Chile 
Constituimos una pequeña comunidad en vías de desarrollo en el extremo sur del planeta, y en estos días somos ya 15 millones de habitantes. A pesar de ello, nuestro país ha ganado el justo reconocimiento de la comunidad internacional, la que valora y aprecia el aporte de Chile. No obstante el carácter insular de nuestro territorio, son muchos los chilenos que hoy dan a conocer el nombre de la patria en otras latitudes. Pintores, escritores, deportistas, científicos, se suman a dirigentes políticos que participan en organizaciones internacionales. Hoy, un chileno, don Juan Somavía, es Director de la Organización Internacional del Trabajo; primera vez que un compatriota llega a esa calidad. Y una mujer chilena, doña Cecilia Medina, presidió recientemente el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Estamos llevando a cabo una de las políticas comerciales más activas e innovadoras. Los acuerdos alcanzados con el MERCOSUR, con México, Venezuela, Colombia y Perú, este último firmado a mediados del año pasado, nos vinculan con gran parte de América Latina. En 1998 perfeccionamos nuestro acuerdo con México, el primero que había firmado Chile dentro de la región. Ahora estamos negociando acuerdos comerciales con los países centroamericanos –que esperamos completar este año-, y también, a través de ALADI, un acuerdo de arancel parcial con Cuba. 
Nuestro Convenio de Libre Comercio con Canadá fue el primero que suscribimos con una nación industrializada. El año pasado celebramos aquí la Segunda Cumbre de las Américas, la que restableció y reafirmó el compromiso de una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. 
Consecuentes con el principio del regionalismo abierto, hemos fortalecido nuestra participación como miembro pleno del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico (APEC), que en conjunto representa más del 50 por ciento de todo el comercio mundial. 
En 1996 negociamos un importante acuerdo con la Unión Europea. Seguiremos trabajando activamente para concretar la asociación política, económica y cultural entre Chile y la Unión Europea. Asimismo, mantenemos crecientes relaciones con países europeos que no pertenecen a la Unión, especialmente en la Europa Central y Europa del Este. 
Nuestra oferta exportable ha crecido y se ha diversificado. En veinte años hemos pasado de exportar 200 productos a 50 países, a través de 500 empresas, a más de 4 mil productos a 170 países, a través de 6 mil empresas. Quiero destacar que las manufacturas se incorporan crecientemente a la oferta exportable, agregando nuevo valor a nuestros productos. Hace poco participamos en la Feria Internacional de Hannover como país asociado, en un claro reconocimiento de la comunidad internacional a las posibilidades de Chile como puerta de entrada a todo el mercado latinoamericano. 
Quiero poner especial énfasis en la confianza que inversionistas extranjeros, y en general la comunidad internacional, tienen en la solidez de la economía chilena y sus posibilidades futuras. La reciente colocación de un bono soberano por 500 millones de dólares tuvo gran aceptación en inversionistas del mundo, lo que ratifica la certeza de que la economía nacional está sana y es capaz de responder a sus obligaciones. Contrasta esta percepción favorable con el clima artificial de pesimismo que algunos –algunos, quiero ser bien preciso- dirigentes políticos y empresariales están empeñados en crear. Extraña ver que algunos se dejen afectar por este ánimo negativo y vacilen respecto del futuro del país, mientras grandes multinacionales se disputan tenazmente los espacios de negocios en Chile. El año pasado, a través del decreto ley Nº 600, llegaron poco más de 6 mil millones de dólares, y en los últimos tres meses ya han ingresado a Chile casi 7 mil 500 millones de dólares. 
Quiero destacar también la relevancia que asume para nuestra patria su asociación con el MERCOSUR. En una perspectiva de mediano plazo, el acuerdo proporcionará un marco estable para la creciente integración física con los países del área; hará viable un desarrollo industrial que hasta ahora se había visto constreñido, debido al reducido tamaño de nuestro mercado, y permitirá a nuestro país sumar fuerzas con las naciones hermanas que le resultan más afines, en un escenario internacional que tiende cada vez más hacia el regionalismo. 
Sin duda, uno de los pasos más trascendentales que hemos dado -que ha sido ratificado por el Senado y esperamos que cumpla su última etapa constitucional en la Cámara de Diputados- es el acuerdo limítrofe con Argentina. Después de 150 años de disputas, hoy día podemos mirar un futuro de paz con el país con el cual tenemos casi 4 mil kilómetros de fronteras. ¡Así se construye la paz; así se construye la región! 
El Acuerdo de Libre Comercio que firmamos el año pasado con Perú representa el instrumento más relevante negociado entre los dos países desde el Tratado de 1929. Y así, seguiremos buscando instrumentos innovadores para fortalecer nuestras relaciones con Bolivia y con todos nuestros vecinos. 
Dijimos, además, que queríamos asumir nuestra responsabilidad internacional en un mundo y en una región con creciente interdependencia, porque existen tareas que van más allá de lo que un país por sí solo puede organizar, grandes objetivos globales que hoy se propone la humanidad. Y fijamos, como tercer elemento prioritario, nuestra acción regional y multilateral en la solución de estos problemas. Ahí están para demostrarlo nuestra participación en las Naciones Unidas y la acción que hemos realizado en el plano regional en materias de medidas de confianza. Chile fue un actor decisivo para lograr la paz entre Perú y Ecuador. Y, hoy día, con mucha transparencia y mucha dignidad podemos decir que en nuestra América Latina somos un continente de paz. Muchas veces, como señalé hace pocos días en el Foro de Davos, se mira a América Latina en forma despectiva. Aquí hemos sabido, de manera pacífica y civilizada, resolver nuestros conflictos; y no, como hoy vemos en otras latitudes, con guerras por razones humanitarias. 
Por último, hemos participado activamente en todo el sistema de desarme de las Naciones Unidas. Hemos adherido a la Convención para la Proscripción de las Armas Químicas; se han suscrito los Acuerdos de Tlatelolco y el Tratado de No Proliferación Nuclear; se ha distinguido de tal manera nuestra política en esa materia que fuimos uno de los 16 países firmantes originarios del Tratado de Proscripción Total de los Ensayos Nucleares, firmado en Nueva York, y hemos suscrito también el Tratado para la Proscripción de las Minas Antipersonales. ¡Un compromiso real con la paz internacional! 
Quiero referirme también a los cientos de miles de chilenos que habitan en el exterior. Ellos constituyen un enorme activo cultural y político que extiende una red por múltiples países y ciudades. Muchos de ellos, gracias a las transmisiones directas por Internet y por televisión, pueden estar viendo esta ceremonia. Deseo saludarlos muy especialmente. Son parte de nosotros, son parte de nuestra democracia, son parte de nuestra historia. 
Se encuentra en trámite en el Congreso Nacional el proyecto de ley que les permitirá participar en las elecciones presidenciales. Creo que es un deber de justicia aprobarlo. Es el reconocimiento democrático del derecho de todos los chilenos a participar en las grandes decisiones de su patria. 
Nuevos esfuerzos para el futuro 
A lo largo de esta década, hemos sido testigos y protagonistas de los cambios ocurridos en el país. Sin la iniciativa, el empuje y el anhelo de progreso de los ciudadanos no habríamos llegado a donde estamos. Hemos visto los cambios sin precedentes en múltiples etapas que he descrito hoy día. Sin embargo, varias políticas públicas deben ser reforzadas y ampliadas; algunos problemas nacionales han de enfrentarse con una política de Estado, y, sin duda, nuestro funcionamiento político tiene que ser examinado con particular detención. 
Fortalecimiento de políticas públicas 
Educación Superior 
Tal como lo expuse anteriormente, esta década ha sido testigo de múltiples avances en el campo educativo. Las radicales reformas a los niveles básico y medio de la enseñanza aseguran nuestras posibilidades de desarrollo futuro. La prioridad para nuestro Gobierno ha sido mejorar primero las etapas iniciales del proceso educativo. En consecuencia, la reforma a la educación superior es una tarea por realizar. No se puede construir una casa partiendo del tercero o cuarto piso. Hay que empezar por los cimientos. Nuestro sistema universitario tenía un nivel muy similar al de muchas naciones del mundo; en cambio, la educación básica y media estaban muy por debajo de cualquier medida internacional. 
Lo anterior se ha hecho más notorio porque, progresivamente, han surgido problemas derivados de los profundos cambios que la educación superior experimentó en la década de los ‘80. La desregulación y la diversificación que la afectaron, la demanda por mayor calidad y las cuestiones relativas a su financiamiento, han creado un panorama que requiere de un esfuerzo global en el que participen todos los actores involucrados. 
Durante lo que va corrido de esta década, la matrícula universitaria se ha duplicado, abriendo nuevas oportunidades de estudio a más de cien mil jóvenes. Estoy hablando solamente de la educación universitaria. El esfuerzo actual debe ser por la calidad y equidad. 
Ese esfuerzo comienza ahora con el inicio oficial del Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior. Mediante un convenio con el Banco Mundial, este programa permitirá a las instituciones, entre 1999 y 2003, proyectos por un monto total de 241 millones de dólares. Próximamente se convocará al primer concurso, lo que posibilitará a nuestras universidades desarrollar sus proyectos de innovación. 
Para contribuir al desarrollo de las instituciones, el presupuesto de 1999 contempla más de 20 mil millones de pesos; para el trabajo universitario en áreas prioritarias para el desarrollo nacional o regional, creamos en 1998 un programa que financia 29 convenios, con un monto de 13 mil millones de pesos para tres años; y se ha constituido recientemente la Comisión de Evaluación de Calidad de Programas de Pregrado, iniciando así un trabajo esencial para resguardar la correspondencia entre el desarrollo de las instituciones y los niveles de calidad que la sociedad requiere de ellas. 
Hemos hecho también un gran esfuerzo en materia de equidad. Nuestro objetivo es que todo joven con la capacidad y el entusiasmo necesarios acceda a la educación superior, independientemente de su capacidad económica. En 1994 establecimos importantes modificaciones en el sistema de crédito fiscal, convirtiéndolo en un mecanismo solidario. De este modo, al pagar su deuda, aquellos que salieron de la universidad contribuyen a financiar la educación de los actuales estudiantes. Esa recuperación de crédito cubre alrededor de un tercio de los fondos de ayuda con que cuentan los estudiantes. Los otros dos tercios son aportados cada año por el Fisco. Desde 1994, los aportes para crédito fiscal se han duplicado en términos reales. 
En 1998, las ayudas financiadas por el Estado llegaron a casi 42 mil millones de pesos. De ese monto, alrededor de 28 mil millones se destinaron a crédito y 14 mil millones a becas. Estos fondos, que aumentaron en 22,6 por ciento respecto a 1997, beneficiaron en 1998 aproximadamente a 100 mil estudiantes universitarios, esto es el 58 por ciento de ellos, lo que les permite —en promedio— cubrir más de la mitad de sus aranceles. En 1999, los fondos de becas, que son recursos que los alumnos no deben devolver, aumentarán en 15 por ciento real, llegando a casi 15 mil millones de pesos. 
Adicionalmente, desde 1997 la Corfo cuenta con un sistema de créditos para educación superior, que este año beneficiará a 5 mil estudiantes más. 
Sin duda, este esfuerzo por la equidad debe continuar profundizándose. La ejecución del MECE Superior permitirá evaluar las políticas emprendidas y abordar de manera integral, con la participación de la comunidad y especialmente de los planteles de educación superior, las reformas que requiere este sector. 
Tenemos que pensar en términos de largo plazo. La importancia del conocimiento en el mundo contemporáneo asigna a la educación superior y a la investigación científica y tecnológica un papel crucial en el desarrollo de las naciones. Ello hace imprescindible debatir acerca de la conducción estratégica de los sistemas de educación superior y de ciencia y tecnología. Es preciso avanzar más en la definición de un marco regulatorio para evaluar y acreditar programas académicos, bajo el imperativo de asegurar la calidad de la oferta educacional. Hay que buscar fórmulas para racionalizar el financiamiento de las instituciones, que combinen financiamiento público y privado, de acuerdo con las necesidades del país, y que a través de concursos de proyectos, licitaciones competitivas y otro tipo de fórmulas, incentiven el logro de objetivos de interés público. Finalmente, es preciso buscar la manera de fortalecer el espacio para la vinculación de las universidades con el desarrollo nacional y regional. 
Estamos en un momento decisivo para iniciar este debate. Mediante el acuerdo con el Banco Mundial, contamos con los medios para financiar los cambios en el sistema de la educación superior, tal como lo hemos hecho con la enseñanza básica y media. Invito a autoridades, académicos y estudiantes, a la comunidad y a todo el país, a abordar, con serenidad, con voluntad y decisión, la tarea que tenemos en este sector. 
Cultura 
Desde 1990, se han creado en el ámbito cultural diversos mecanismos para fomentar las artes y la creación artística. Se incrementaron significativamente los aportes públicos en esta área, y se incorporó al sector privado al financiamiento de actividades culturales. Fue promulgada la Ley del Libro y la Lectura, se creó el Fondo Nacional del Libro, se echó a andar el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, junto a otros fondos concursables. Al mismo tiempo, se impulsaron las donaciones al sector a través de los incentivos tributarios establecidos en la Ley de Donaciones Culturales. 
El nuevo clima cultural que los chilenos hemos comenzado a experimentar está marcado por el resurgimiento de la actividad teatral, de las publicaciones y del cultivo de la lectura, de la plástica y la cinematografía. Para apoyarlo, encomendé a la Comisión Asesora Presidencial creada para este efecto la elaboración de una propuesta que nos permitiera abordar en forma integral el tema de la cultura. Como una consecuencia de este trabajo, en diciembre pasado mi Gobierno propuso tres importantes proyectos de ley, con el propósito general de que el Estado asuma con mayor eficiencia su responsabilidad de estimular la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural. 
Chile requiere de una institucionalidad profesionalizada y descentralizada que disponga de recursos destinados al desarrollo cultural, y respalde la iniciativa y el talento de los creadores y difusores de la cultura. Espero, pues, que este Congreso apoye el proyecto de institucionalidad que hemos presentado, comprendiendo que además del estudio prolijo de las materias involucradas, precisamos de la máxima celeridad para que llevemos a cabo perfeccionamientos tan evidentes como necesarios. 
Espero también que a la brevedad se apruebe el proyecto que perfecciona la Ley de Donaciones Culturales, para profundizar el compromiso del sector privado con el desarrollo del patrimonio artístico y cultural de la nación. 
La aprobación de estos proyectos nos permitirá entrar al siglo XXI con medios más eficaces para estimular el desarrollo de nuestras expresiones artísticas y culturales. Ésta es una tarea relevante y central a fin de complementar las reformas educativas y con el objeto de estimular la curiosidad, la inquietud, la tolerancia y la apertura a distintos puntos de vista. 
Seguridad ciudadana 
La seguridad ciudadana es una preocupación nacional. El aumento de la delincuencia, incluyendo el tráfico de drogas, tiene múltiples causas. Por ello, una política de seguridad ciudadana debe ser integral, lo que implica abordar los distintos aspectos que inciden en su desarrollo. El fortalecer las fuerzas policiales es un requisito ineludible en la tarea preventiva y represiva, pero no agota lo que debe hacerse. Queremos más policías, pero también se necesita una comunidad organizada y que colabore. Las familias con sus hijos, los centros de padres en escuelas, liceos y colegios; todos tenemos una tarea y una responsabilidad que asumir en este empeño. 
A través del Plan Integral de Seguridad Ciudadana nos hemos propuesto avanzar en esa dirección. En 1998 se reforzó la acción policial preventiva en más de 850 funcionarios; al 31 de diciembre de este año, Carabineros aumentará su fuerza operativa en 4.700 funcionarios, proceso que continuará hasta completar, en diciembre del 2001, la cifra de 12 mil funcionarios, recuperados de labores administrativas, para el servicio policial. Este esfuerzo ya ha hecho posible poner en marcha el Plan de Vigilancia Preventiva por Cuadrante, el que ha permitido asegurar el patrullaje las 24 horas del día. 
Hemos enfrentado con decisión el problema del consumo y tráfico de drogas a través de diversos programas y políticas coordinados por CONACE. Destaca en estos años el aporte del Fondo de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, que desde 1996 ha asignado alrededor de 5 mil 500 millones de pesos a 1 mil 200 proyectos, la mayoría presentados por instituciones privadas. Además, la Ley de Drogas, promulgada en 1995, nos ha permitido prevenir y sancionar severamente el lavado de dinero, al proveer de instrumentos eficaces para su investigación y comprobación. 
Ya está en plena vigencia el cuerpo legal que aumentó las plazas de oficiales de los escalafones masculino y femenino de Carabineros de Chile. En septiembre del año pasado, promulgamos la normativa que regulariza la carrera funcionaria en la Policía de Investigaciones, que incrementará en prácticamente un cuarto su actual dotación. 
Hemos decidido materializar el proyecto de la Escuela de Investigaciones Policiales, que esperamos inaugurar en diciembre próximo y que se constituirá en un centro de formación del más alto nivel profesional. 
Se han efectuado avances en la modernización del equipamiento de ambas policías, permitiendo una mayor eficiencia en el desempeño de sus funciones. 
Complementan este plan los avances de la reforma judicial y de la nueva política penitenciaria, a los que me referí anteriormente. ¿Por qué agrego el tema de la política penitenciaria? Estuve revisando las cifras con la señora Ministra de Justicia. Señalé hace pocos minutos que en cinco años de mi Gobierno habíamos construido 120 mil metros cuadrados de cárceles-modelo, para que haya una real rehabilitación y no escuelas del delito, como son hasta el día de hoy. Analizamos las cifras, decenio por decenio. Nunca se superó el promedio de 25 mil metros cuadrados en cada uno de ellos. 
Deseo hablar de manera directa sobre el particular. Ayer entregamos las cifras, de manera transparente, para que todo el mundo las conozca; no estamos escondiendo nada. El problema de la delincuencia, que se presenta especialmente en la Región Metropolitana, coincide con la universal relación que se hace entre grandes urbes y criminalidad. Sus causas son múltiples: entre otras, la pobreza y la marginación que aún persisten, la falta de oportunidades para los jóvenes, la temprana deserción escolar, la droga y, sobre todo, el exacerbado individualismo que impone la cultura actual. Y quiero destacar una que me parece la más importante: el deterioro de la vida familiar. En todos los centros penitenciarios en que hemos estado y en todos los centros de recuperación de drogadictos que hemos visitado, conversamos con jóvenes, y nos dimos cuenta de que casi todos provienen de familias destruidas, en un porcentaje cercano al ciento por ciento. Si no hacemos un esfuerzo especial por esos jóvenes, podemos hacer todas las inversiones que queramos en combatir la droga, en la policía, etcétera; pero nunca resolveremos el problema. Debemos atacar el fondo del mismo: el deterioro de la vida familiar. 
Y vamos a seguir trabajando con fuerza en todos los mecanismos de seguridad, de manera que las personas se sientan efectivamente libres de amenazas. Entre los aspectos que deberemos perfeccionar, están los siguientes: coordinación entre los diversos ámbitos institucionales y de la fuerza policial por parte de la autoridad civil; la presencia y participación ciudadana en materia de seguridad, que es fundamental, y las tareas de rehabilitación social insertas en la nueva política penitenciaria. 
Una política ambiental para Chile 
En esta materia, el cuidado del medio ambiente es importante para la calidad de vida de nuestra gente, y esencial para el propósito de legar a las próximas generaciones un país sustentable. Este tema no estaba en la agenda pública. Recientemente, a comienzos de la década, se planteó el proyecto que se convirtió en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, aprobado a comienzos de 1994. A mi Gobierno le ha correspondido implementar dicho cuerpo legal, poner en marcha su institucionalidad, dictar los reglamentos, asignar los recursos y definir las políticas para su cabal aplicación. La gestión ambiental en Chile, tanto del Estado como del sector privado, se ha profundizado y extendido notablemente en esta nueva etapa. 
En la actualidad, prácticamente todos los proyectos pasan por el estudio o por la declaración de impacto ambiental. En estos años se han evaluado más de 1.300, que representan una inversión cercana a los 34 mil millones de dólares. Sólo durante el año pasado se revisaron y aprobaron 800 proyectos, con una inversión superior a 7 mil millones de dólares. 
Se han establecido programas de dictación de normas de calidad ambiental y de emisión relativas a distintas materias. Están en aplicación o en proceso de elaboración las referidas a descargas de residuos líquidos industriales al alcantarillado y a aguas superficiales, a concentración de arsénico en el material particulado del aire, a ruidos molestos generados por fuentes fijas, malos olores, y otras. Con esto, estamos completando nuestro sistema normativo ambiental. 
Al mismo tiempo, las medidas para reducir emisiones peligrosas en plantas metalúrgicas industriales y mineras contempladas en los planes de descontaminación y en las nuevas normas ambientales han tenido un impacto considerable en la recuperación del medio ambiente y en la calidad de vida en nuestro país. Se ha realizado un gran número de inversiones públicas y privadas con el objeto de reducir dichas emisiones. Solamente nuestra principal empresa, CODELCO, en estos cuatro años invirtió 580 millones de dólares en proyectos de recuperación ambiental. Y no se paraliza, pues ya tiene otros por más de 330 millones de dólares para los próximos años. 
La Ley de Bases consagra formalmente procesos de participación ciudadana en los diversos mecanismos de gestión, constituyendo un ámbito de representación democrática que recoge opiniones y preocupaciones de la comunidad. Así, en 23 Programas de Participación Ciudadana para proyectos de inversión sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, han participado más de 1.700 personas. 
Hacia adelante, es necesario lograr una actitud madura frente al tema, alejada tanto de la de aquellos que creen que la gestión ambiental sólo entorpece la inversión y el desarrollo de proyectos, como de las posturas extremas que se oponen a todo tipo de intervención y a toda clase de inversión. 
Hay, entonces, un enorme esfuerzo educativo por realizar. Se requiere que los jóvenes, los niños y todos los chilenos nos comprometamos con esta tarea. Por eso lanzamos hace poco la campaña “Chile, yo te cuido”, que también se ha incorporado a los nuevos programas educacionales. El tema medio ambiental no se había abordado. 
Hacia el futuro hay una ruta trazada. Existe una política ambiental definida que declara sus fundamentos, sus principios, sus objetivos y fija sus compromisos para el año 2000. Al mismo tiempo, se definen los 14 grandes temas ambientales que debemos enfrentar en el próximo milenio. 
Hemos creado y fortalecido nuestra institucionalidad ambiental y nos hemos dedicado a resolver urgentes problemas en este decenio. Invito al país a participar durante este año en la discusión de esta agenda ambiental, de manera que entre todos definamos las prioridades para la próxima década. 
Hacia una política de Estado: los pueblos indígenas 
A través de todo el mundo, el proceso de globalización muestra su otra cara: la tendencia a la identidad, al particularismo, al reconocimiento de culturas originarias acalladas u ocultadas, de lenguajes aparentemente en desuso. Lo que pasa en todas partes, en Europa y en todos los continentes, también sucede en Chile. 
Siempre hemos sostenido que el país está en deuda con sus minorías indígenas. Hay una larga historia de ocupación y de apropiación de territorios autóctonos, que culminó con el desconocimiento total del estilo de vida de sus habitantes originarios y de su particular vinculación a la tierra. La parcelación de los terrenos comunales y la posibilidad de venderlos individualmente -normas uniformadoras dictadas en los años 80- desconocieron sus formas tradicionales de organización y tuvieron un grave efecto en la migración del campo a la ciudad. Frente a esa realidad, nos hemos esforzado para devolver a los pueblos nativos su dignidad y hacer valer sus derechos. Hemos llevado a cabo un vasto proceso de regularización de títulos de propiedad indígena. La CONADI se ha establecido como un mecanismo de diálogo y de ejecución de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los pueblos autóctonos. A través del Ministerio de Bienes Nacionales, al término de mi Gobierno, se habrán regularizado y traspasado 60 mil hectáreas a 2.100 familias indígenas. Solamente por medio de esa Secretaría de Estado. 
Además, se creó el Fondo de Tierras y Aguas destinado a recuperar terrenos para la expansión de las comunidades y a regularizar derechos de aguas, con el fin de mejorar así su disponibilidad de recursos agrícolas y forestales. Este fondo, por medio de distintos programas, al término de mi mandato habrá comprado y traspasado un total de 87 mil hectáreas a comunidades indígenas. Por lo tanto, hemos sentado las bases institucionales para permitir y estimular el desarrollo de su cultura. 
Hemos avanzado. Durante mi Gobierno se entregarán casi 150 mil hectáreas a los pueblos indígenas. Sin embargo, en los últimos meses se han producido diversos conflictos en la zona donde habita la mayoría de las comunidades indígenas. Más allá de las implicancias que ello tiene en la seguridad pública, se trata de un problema que es preciso abordar de manera integral. Hace pocas semanas, los obispos de Chile hicieron un llamado a la población, que el Gobierno comparte plenamente. Cito textualmente: “Todos los chilenos debemos reconocer el derecho a una digna existencia del millón de connacionales pertenecientes a diferentes etnias originarias. Y colaborar para que no sólo las leyes les reconozcan su condición de pueblos de culturas distintas, sino que puedan sentir y experimentar con orgullo su identidad tanto los que viven en el campo como en la ciudad. Con el aprecio, el afecto y los vínculos mutuos se crea ese espacio de fraternidad que llamamos Chile”. 
Ésta es la dirección en que debemos avanzar, mediante el diálogo franco y sin presiones. Tenemos que revisar el funcionamiento de la institucionalidad y la efectividad de las leyes dictadas, y buscar la forma en que ellas puedan resolver los problemas de fondo. El incremento de tierras comprometido en la ley debe continuar adelante; pero todos sabemos que no es la única solución. No es posible desconocer la situación de pobreza en que vive la mayor parte de la población indígena, tanto en el campo como en las ciudades. Allí es donde tenemos que afinar las herramientas y los medios para lograr que el desarrollo también llegue a los miembros de los pueblos originarios, sin que, por ello, estén obligados a renunciar a la riqueza de su cultura y al respeto a sus tradiciones. 
En esta tarea, todos tenemos responsabilidades: el Gobierno, los pueblos indígenas y las empresas, especialmente las empresas forestales. El grupo de trabajo que el Gobierno ha creado está recorriendo la zona y dialogando con las comunidades. Y ello no sólo en relación con el problema de las tierras, sino también respecto de políticas diseñadas para evitar la discriminación, ofrecer alternativas productivas de desarrollo a las comunidades indígenas rurales y llevar a cabo un análisis jurídico de los diversos proyectos legislativos que se han formulado en las últimas décadas. Diversos planes de desarrollo se han implementado con éxito importante en algunas regiones. He decidido entregar a este grupo el examen del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referido a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, presentado al Congreso Nacional en 1991. Este grupo deberá proponer la manera de armonizar sus normas con las actualmente vigentes en el país, de modo de facilitar su discusión y despacho a la brevedad en el Parlamento. 
Quiero señalar que el Gobierno se encuentra plenamente abierto al diálogo como siempre lo ha estado, pero siempre que éste se realice respetando el orden público y las leyes vigentes. Sabemos que se trata de problemas a veces urgentes y apremiantes; pero ello no es una excusa válida para acciones de violencia y de fuerza. El diálogo es el camino y a él estamos abocados. Nuestra preocupación por los pueblos originarios forma parte también de la vocación democrática de mi Gobierno. Seremos una comunidad más integrada en la medida en que la diversidad cultural no sea factor de segregación, sino de enriquecimiento. Todas las voces tienen derecho a ser escuchadas, respetadas y valoradas. Por esta razón, he decidido otorgar urgencia a la discusión en el Congreso del proyecto de reforma constitucional, aprobado en general por la Cámara de Diputados, que incorpora en nuestra Carta Fundamental la obligación de la nación chilena de velar por el desarrollo y la adecuada protección jurídica de los pueblos indígenas. 
Necesitamos más desarrollo político 
La detención del Senador Pinochet 
En el último tiempo, Chile ha vivido momentos de tensión. El Senador Pinochet se encuentra detenido en Londres, sometido a un proceso de extradición originado en España. De pronto, el pasado se nos instaló en el Chile de hoy con su pesada carga de divisiones, de desconfianzas y de irracionalidad. Volvió a aflorar con fuerza una historia con la cual no nos hemos podido reconciliar. 
Este episodio ha dañado a Chile y a su imagen internacional. Terribles imágenes de un pasado que nunca más quisiéramos repetir han recorrido las pantallas de televisión a través del mundo. Las insuficiencias de nuestra democracia han quedado patentes, y el drama de los detenidos desaparecidos, de aquellos cuyo paradero se ha desconocido por más de 20 años, permanece como una herida abierta en el alma nacional. El mundo entero lo sabe, y no lo olvida. 
Ante esta situación, siempre dijimos que el Gobierno de Chile defiende principios y no personas. Defendimos con firmeza el principio de nuestra soberanía jurisdiccional y el principio de la no retroactividad de la ley penal, y nuestros argumentos fueron acogidos por el más alto tribunal del Reino Unido. Ante la posterior decisión británica, seguiremos defendiendo el mejor derecho que tienen nuestros tribunales de juzgar a quienes son acusados de delitos ocurridos dentro del territorio nacional. Asimismo, señalamos la incompetencia de los tribunales españoles para juzgar delitos de los cuales se acusa al Senador Pinochet, incluso aquéllos incluidos en la Convención Internacional Contra la Tortura. 
Por otro lado, mi Gobierno se siente parte de la creciente conciencia universal sobre los derechos humanos. Compartimos plenamente la idea de que los crímenes que afectan a toda la humanidad, y que no reconocen fronteras territoriales, deben ser juzgados por un tribunal también sin fronteras, pero ratificado por los Estados. Con este espíritu enviamos a este Congreso el proyecto de ley que ratifica el acuerdo de Chile para la creación del Tribunal Internacional Penal. Es evidente, al mismo tiempo, que mientras este tribunal no se encuentre establecido, la jurisdicción sigue siendo privativa de cada nación o de quien determinen los convenios o tratados actualmente vigentes. La globalización no puede convertirse en un pretexto para que los Estados más fuertes subordinen arbitrariamente a aquellos que tienen menos poder. 
Al considerar los avatares de estos meses, debo señalar que nuestro país ha actuado con madurez. A pesar de la intensa conmoción y preocupación que este hecho les ha causado, las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, se han comportado a la altura de las circunstancias. Mi Gobierno, conformado en su totalidad por opositores al régimen militar, con varios Ministros que fueron objeto de torturas, persecución y exilio, ha actuado en una sola línea. La Concertación ha mostrado generosidad y comprensión en su apoyo al Gobierno. Los ciudadanos han entendido que la serenidad, y no la exaltación, es la mejor manera de enfrentar esta situación. Frente a una crisis que podría haber evolucionado gravemente, Chile ha mostrado madurez. 
Desgraciadamente, lo sucedido hoy día -que seguramente en la noche estará en todos los canales internacionales de televisión- no demuestra esa madurez, especialmente por parte de algunos dirigentes del país. Hoy estaremos en todos los canales de televisión del mundo dando un triste ejemplo de lo ocurrido en este Congreso Pleno. 
La madurez implica también mirar cara a cara nuestros problemas. No evadirlos ni postergarlos indefinidamente. Sé que hay dificultades en el camino largo de la reconciliación: aparecen los fantasmas del juzgamiento masivo o de la verdad sin justicia. Cualquier propuesta se evalúa en función de posibles victorias o derrotas. Pero debemos perseverar en este camino; no hay recetas instantáneas ni mágicas, tampoco una ley que hará realidad lo que las voluntades no quieren plasmar. Los líderes políticos y espirituales deberán crear las condiciones para una verdadera reconciliación nacional. 
Sería fácil legar problemas a la siguiente Administración, pero es mi deber como Presidente enfrentar con decisión el presente, asumiendo sus cargas y consecuencias. Mi convicción más profunda es que la permanencia del Senador Pinochet en Londres acarrea un grave daño a la imagen de Chile en la comunidad internacional e introduce incertidumbres en el devenir político nacional. 
No formo parte de quienes —por diversos motivos, varios de ellos opuestos— prefieren que esta situación se prolongue indefinidamente. Siempre he pensado que es más beneficioso para el país que el Senador Pinochet regrese a Chile durante mi mandato. Con este propósito, el Gobierno ha usado y seguirá usando los caminos políticos, jurídicos y humanitarios. De acuerdo con mi personal evaluación de los hechos, decidiré acerca de la conveniencia y oportunidad de las acciones que corresponda emprender. 
Sé que algunos partidarios del Senador Pinochet, seguramente una minoría, se oponen al camino humanitario. ¡Siempre las minorías impidiendo el camino del país! Ellos colocan por encima del interés del país el cultivo de una imagen heroica y poderosa. Algunos de sus adversarios también se resisten a esta alternativa, porque consideran que en este caso no hay cabida para consideraciones humanitarias y que se debiera aplicar la antigua ley del talión. Debo recordar que la fuerza moral de nuestra oposición al Régimen militar fue precisamente defender los derechos de todas las personas. 
Tal como lo he expresado en otras oportunidades, a su regreso el Senador Pinochet deberá enfrentar los procesos judiciales en su contra, como cualquier ciudadano chileno. Debemos ser capaces de asumir nuestros problemas y no permitir que otros los resuelvan en nuestro nombre. 
Estoy consciente de que este tema moviliza fuertes y legítimos sentimientos en diferentes sectores de la comunidad nacional. Por eso no solicito un apoyo unánime para llevar adelante mis acciones. Tal como lo he hecho siempre, asumo de frente y cabalmente mis responsabilidades como Presidente de la República. 
¿Qué nos enseñan estos meses? Nos han señalado que existen problemas pendientes, que existen distintas visiones de nuestra historia reciente. Asumamos esta realidad y renunciemos a la pretensión de imponer a los otros nuestros puntos de vista respecto del pasado. No puede haber historias oficiales ni burdas negaciones de los hechos. Los invito, en definitiva, a abrir nuestros espíritus, a res
petar nuestras diferencias, a darnos un futuro que podamos compartir, a avanzar. Eso es lo que nos pide la inmensa mayoría de los chilenos. 
El país requiere más democracia 
Al mirar el conjunto del funcionamiento político del país, surgen varias interrogantes. ¿Cuánto resistirá el país mantener juntas una economía abierta y una democracia limitada? ¿Podemos escuchar sólo las voces internacionales que alaban a nuestra economía, y hacer oídos sordos al escepticismo sobre nuestra democracia? 
En verdad, nuestro país no alcanzará desarrollo integral mientras no sea plenamente democrático. La velocidad del avance en materias económicas y sociales contrasta con el retraso de nuestro funcionamiento político. La modernización en variados sectores del país ciertamente devela el atraso en la puesta al día de diversas instituciones políticas. 
Digámoslo claramente: luego de nueve años del retorno a la democracia, los chilenos no hemos logrado la aceptación plena, legítima, verdadera, de una Constitución íntegramente democrática; una carta magna de todos los chilenos, sin trampas ni dobleces, centro neurálgico de nuestra vida social, libreto pleno de nuestra cultura cívica, de nuestra mutua comunicación pública, en fin, del modo en que los chilenos cumplimos cabalmente nuestros deberes con toda la nación. 
A lo largo de estos años, los Gobiernos de la Concertación hemos realizado serios esfuerzos tras el objetivo de profundizar nuestras instituciones democráticas. Una y otra vez nos hemos estrellado contra la voluntad de quienes todavía tienen miedo de la soberanía popular, de quienes desconfían de la sabiduría y de la madurez de nuestro pueblo. 
En períodos electorales, los que temen a la democracia se presentan como sus mejores abogados. Quisiéramos creerles sobre la base de hechos concretos: los llamo a aprobar una reforma constitucional que permita ampliar los casos en que procede el plebiscito. No convoquemos a plebiscito sólo en una localidad, sino en todo el país. No hagamos plebiscito sólo para cambiar un semáforo o la dirección de una calle, sino para cosas que realmente interesan a la nación entera. 
Por eso enviaré para su aprobación, en los próximos días, un proyecto de ley que permite al Presidente de la República convocar a un plebiscito en materias de reforma constitucional de su iniciativa, cuando éstas sean rechazadas por el Congreso Nacional. ¡A aquellos que hablan de las preocupaciones de la gente, los llamo a que muestren que no le temen a la gente! Estamos en un período electoral: eso nos permitiría resolver nuestros conflictos, que ya se arrastran por casi 30 años, de una vez y para siempre, y poder mirar con claridad el futuro y no seguir siempre entrampados en el pasado. 
Si bien nuestra democracia presenta insuficiencias, es evidente para todos que Chile disfruta de un clima de libertades y de un Estado de Derecho conforme a su antigua tradición. Hay quienes no valoran adecuadamente lo logrado y actúan con irresponsabilidad. Debemos ser cuidadosos para llevar adelante el debate público. El diálogo democrático, el nuestro, tiene como requisito un trato civilizado. La búsqueda de visibilidad no puede convertirse en un protagonismo irresponsable. Las manifestaciones públicas deben enmarcarse dentro del orden y el respeto a la ley. La lucha por intereses particulares debe sujetarse al bien común. Así verdaderamente cuidaremos nuestra democracia día a día. 
Y digo especialmente esto hoy porque grupos pequeños pretenden llevar a cabo en el país una escalada de violencia planificada que nos conduzca de nuevo a la violencia. Los rechazamos categóricamente. La inmensa mayoría los rechaza y aplicaremos el orden y el respeto a la ley, condición esencial de un Estado de Derecho. 
La proyección de la Concertación 
Quiero también agregar una reflexión personal. Durante varias décadas, en Chile y en América Latina, tuvimos el hábito de empezar todo de nuevo con cada gobierno que llegaba al poder. Por el contrario, cambiamos nuestra postura cuando tomamos la opción en 1988 y 1989, y ahora llevamos casi una década realizando un proyecto de país que ha permitido alcanzar muchos y grandes logros. Este proyecto ha sido conducido por los Gobiernos de la Concertación, y mi conclusión del balance de estos años es que el país debe seguir avanzando con igual orientación. Las grandes tareas emprendidas durante estos años no terminan con mi mandato. Lo que hemos hecho por construir una economía sólida, mejorar sustancialmente la calidad de vida de la familia chilena, crear una amplia infraestructura, impulsar una notable inserción internacional, constituye una base firme para los avances del mañana. Varias semillas plantadas con dedicación y esfuerzo, especialmente en justicia y educación, durante estos años, darán abundantes frutos en el próximo tiempo. La clara proyección de nuestros esfuerzos nos estimula a llevar adelante una agenda exigente y realizadora hasta el último día, para así pasar con energía y entusiasmo la antorcha de la libertad al gobierno que ha de venir. 
Al considerar nuestra vida cívica, creo firmemente que la Concertación es la fuerza política que ofrece la justa combinación de estabilidad y cambio que el país requiere para progresar y emprender; la que puede concretar la oportunidad histórica para todos los chilenos, y no sólo para una pequeña minoría. 
Esta coalición, inspirada en el humanismo de diversas fuentes — cristiano, socialista y laico—, se ha caracterizado por su capacidad de construir consensos y acuerdos cuando nadie creía en ellos. Lo hizo así en los años ‘80, en el plebiscito de 1988, y posteriormente, como una coalición madura, en la elección de Patricio Aylwin y en la mía como candidatos a la Presidencia de la República. 
Hoy, los dirigentes de la Concertación tienen en sus manos una gran responsabilidad: dar respuesta a la mayoría de los chilenos que quieren más democracia, más libertad y más justicia. Pido a todos que apoyen a esta coalición, y los llamo, especialmente a sus dirigentes, a actuar con la grandeza, perspectiva histórica y sentido de país que ha sido el sello indiscutido de nuestro actuar político. 
Chilenas y chilenos: 
Nos encaminados con paso firme hacia el próximo siglo, hacia el próximo milenio. Como Jefe de Estado, pienso que cien años merecen una reflexión amplia y meditada, que solemnemente compartiré con el país cuando termine mi mandato. 
Al preparar la cuenta que hoy he expuesto ante ustedes, he debido ponderar la marcha de la nación bajo mi Gobierno y considerar también la de la década. Con esta perspectiva, se renueva mi confianza en que este pueblo sabrá aprovechar la oportunidad histórica que tiene en sus manos, la oportunidad de alcanzar de manera cierta el desarrollo que han anhelado generaciones de chilenos. Más allá de la contingencia en que vivimos permanentemente, o de los altibajos propios de la vida de un pueblo, tengo confianza en que la dirigencia de esta nación sabrá mantener la serenidad, actuar con mesura, cuidar lo que hemos logrado con tanto esfuerzo y resolver las diferencias de manera pacífica. 
Tengo plena conciencia de que no fui elegido para gobernar sólo en períodos en que todo parece marchar adecuada y tranquilamente, sino que también para gobernar en momentos de mayores dificultades. Tengan la plena certeza de que cumpliré cabalmente mi mandato, con responsabilidad, con serenidad y con prudencia. 
Hace pocos días, despedimos a un hombre que estuvo presente de manera decisiva en la segunda mitad de este siglo. Con su mirada de pastor, hoy nos contempla desde otro lugar. Me refiero al Cardenal Raúl Silva Henríquez. 
Desde aquí le decimos solemnemente que acogemos sus enseñanzas; que cuidaremos el alma de Chile y su permanente voluntad de ser; que, por sobre todo, nos vamos a tratar como conciudadanos, como compatriotas, como hijos de un destino común; que no vamos a permitir que el odio mate a Chile; que vamos a seguir trabajando con fuerza, con decisión, con confianza y con esperanza, construyendo un país de hermanos, y que vamos a mirar el próximo milenio de una manera distinta. 
Es lo que buscamos, para eso trabajamos, para eso luchamos como servidores públicos: para mirar el futuro, para dar la confianza a nuestros hijos y a nuestros nietos de que van a vivir en un país más solidario y más reconciliado en el próximo milenio. 
Muchas gracias. 
¡Viva Chile! 
EDUARDO ALFREDO JUAN BERNARDO FREI RUIZ-TAGLE

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