Las facultades implícitas del Congreso de la Nación

DIARIO DE SESIONES

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
77° Reunión - 2° Sesión Extraordinaria- 19 de diciembre de 2001

Presidencia del señor presidente provisional del H. Senado, don Federico Ramón Puerta, del señor vicepresidente del H. Senado, doctor Juan Carlos Maqueda
y del señor vicepresidente 1° del H. Senado, doctor Raúl Eduardo Baglini.
Secretarios: señor Juan Carlos Oyarzún y señor Juan Ramón Langton
Prosecretarios: señor Juan J. Canals y señor José D. Canata
________________________________________
PRESENTES
AGÚNDEZ, Jorge Alfredo
ALFONSÍN, Raúl Ricardo
ALPEROVICH, José Jorge
ARANCIO, Lylia Mónica
AVELÍN, Nancy Barbarita
BAGLINI, Raúl Eduardo
BAR, Graciela Yolanda
BARRIONUEVO, José Luis
BUSTI, Jorge Pedro
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPARROS, Mabel Luisa
CASTRO, María Elisa
CHIAPPE, Lázaro Alberto
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO, María Teresita
CURLETTI, Miriam Belén
DANIELE, Mario Domingo
DUHALDE, Eduardo Alberto
ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
GALLIA, Sergio Adrián
GIOJA, José Luis
GÓMEZ DE BERTONE, Deolide Carmen
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
HALAK, Beatriz Susana
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JENEFES, Guillermo Raúl
LAMBERTO, Oscar Santiago
LATORRE, Roxana Itatí
LEZCANO, Marcela Fabiana
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
MAESTRO, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARTI, Rubén Américo
MARTÍN, Floriana Nélida
MAYANS, Miguel Ángel
MAZA, Ada Mercedes
MENEM, Eduardo
MORALES, Gerardo Rubén
MORO, Eduardo Aníbal
MÜLLER, Mabel Hilda
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita
PARDAL, Jorje Alberto
PARDO, Ángel Francisco
PASSO, Juan Carlos
PAZ, Elba Azucena
PERCEVAL, María Cristina
PICHETTO, Miguel Ángel
PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón
RASO, Marta Ethel
SALVATORI, Pedro
SAPAG, Luz María
SEGUI, Malvina María
TAFFAREL, Ricardo César
TERRAGNO, Rodolfo
USANDIZAGA, Horacio Daniel
VERNA, Carlos Alberto
VIUDES, Isabel Josefa
WALTER, Pablo Héctor
YOMA, Jorge Raúl
AUSENTE
BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo SegundoSUMARIO
• Izamiento de la bandera nacional
• Cuarto intermedio
• Juramento de señor senador electo
• Juramento del señor Prosecretario de Coordinación Operativa
• Constitución de las comisiones del H. Senado. Moción
• Asuntos Entrados
• Plan de labor
• Prórroga de las sesiones ordinarias
• Cuarto intermedio
________________________________________
-- En Buenos Aires, a las 18 y 3 del miércoles 19 de diciembre de 2001:
Sr. Presidente (Puerta). -- La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional[…]
2
Cuarto intermedio
[…]
3
Juramento de señor senador electo[…]
4
Juramento del señor Prosecretario de Coordinación Operativa
[…]
5
Constitución de las comisiones del H. Senado. Moción
[…]
6
Asuntos Entrados[…]
7
Plan de labor
[…]
8
Prórroga de las sesiones ordinariasSr. Presidente (Maqueda). -- Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en los proyectos de resolución de los señores senadores Yoma y Gioja y de la señora senadora Negre de Alonso por los que se dispone la prórroga de las sesiones ordinarias del año parlamentario 2001. Secretaría informa que obra dictamen en minoría.
--El texto es el siguiente: [Orden del Día N° 1206]
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Señor presidente: es para informar en nombre de la bancada de la mayoría el Orden del Día número 1.206.
Expreso la preocupación de nuestro bloque por la ausencia en este recinto de la bancada de la minoría, pero que es el oficialismo a nivel del Poder Ejecutivo nacional.
La cuestión en consideración requiere una doble mirada. Por un lado, tenemos el aspecto doctrinario, que ha sido objeto de diferentes posturas en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La bancada de la minoría considera la inexistencia de facultades por parte de este cuerpo de autoprorrogar las sesiones ordinarias. Por el contrario, la bancada del Partido Justicialista sostuvo --y sostiene-- las facultades de este Parlamento para autoprorrogar las sesiones ordinarias.
La discusión en comisión se centró esencialmente en lo que podríamos denominar la segunda parte del artículo 63 de la Constitución reformada por la Convención Constituyente de Santa Fe, en 1994.
Dicho artículo dice: "Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones".
Reitero que las dos posiciones frente a la problemática eran: la de la minoría --que sostenía nuestra falta de facultad para poder ejercer esta facultad--, y la sustentada por la mayoría.
Señor presidente: debo decir que como en toda cuestión doctrinaria, y sobre todo en materia de Derecho --recurriré a un lugar común para graficarlo--, existe mitad de la biblioteca que nos dice que tenemos la razón, y otra mitad que sostiene lo contrario.
Dentro de nuestro propio bloque hubo alguna voz que sostuvo que no tendríamos facultades para ejercer este derecho. Respecto de esto, no tengo dudas de que legítima y políticamente estas atribuciones le corresponden al Parlamento argentino
Leeré algunas citas doctrinarias de las dos posiciones, porque creo que hace bien que se expongan los argumentos tanto a favor como en contra de cada criterio.
Por ejemplo, Bidart Campos --que sostiene que hay facultades por parte de los cuerpos-- afirma que la sola circunstancia de que la prórroga de las sesiones aparezca incluida dentro de las facultades presidenciales --artículo 86 inciso 12 de la Constitución anterior-- , no significa que tales facultades le sean exclusivas y excluyentes.
En realidad, esta cita de Bidart Campos es anterior a la Constitución de 1994. La Constituyente de 1994 reformó el artículo pertinente, contemplando la posibilidad de la autoconvocatoria.
Así se establece que las sesiones ordinarias van del 1° de marzo hasta el 30 de noviembre. Ese es el argumento que sostienen quienes piensan que por esta limitación que impone el artículo 63 no tendríamos las facultades que sostenemos.
También podría contestarse que es evidente que la atribución del Poder Ejecutivo en el artículo 99 inciso 9, es una facultad concurrente con el Poder Legislativo.
Además, lo dispuesto en el artículo 63 está contemplado en el Capítulo Tercero, cuyo título es "Disposiciones comunes a ambas Cámaras".
De la propia lectura de la Constitución surgiría, entonces, que se trataría de una facultad concurrente.
Sostiene también Pedro Juan Zarini, que debido al período señalado por la Constitución para sesiones ordinarias puede suceder --y ello ocurre con frecuencia-- que el Parlamento no alcance a tratar en dicho lapso los asuntos que están sometidos a su cuestión y que, por lo tanto, constituye una facultad del Congreso prorrogar sus sesiones ordinarias.
En igual sentido, podríamos citar a Enrique Romero, a Bidegain y a Gregorio Badeni, quienes han escrito profusamente en torno al equilibrio de poderes. Fundamentalmente, se sostiene que si uno de los poderes estuviera sometido únicamente a los designios del otro poder --en este caso del Poder Ejecutivo-- estaríamos afectando severamente el principio de división.
No podemos ignorar que también hay argumentos doctrinarios que sustentan la posición contraria, es decir, que el Poder Legislativo no tendría facultades para autoprorrogar su período de sesiones ordinarias.
En este sentido, Quiroga Lavié, que fue convencional constituyente --junto con algunos de los que también ocupamos hoy estas bancas-- así como otros colegas convencionales como García Lema, Rodolfo Barra, Enrique Paixao y Horacio Rosatti, publicaron una obra en la cual también analizan estas cuestiones. Y allí sostienen, precisamente, que la supresión de la famosa coma , aquella del artículo 63, es lo que vino a zanjar la cuestión doctrinaria que había dado lugar a posiciones diferentes en cuanto a la existencia de facultades concurrentes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en materia de prórroga de las sesiones ordinarias.
Pero sostengo que a unos y a otros, tanto juristas como constitucionalistas, les pasa lo mismo que a algunos economistas: de tanto especializarse en un tema terminan perdiendo la visión integral del todo, e inclusive, hacen una interpretación casi gramatical de la Constitución y --vuelvo a reiterar-- únicamente de la Segunda Parte.
¿Por qué hago esta caracterización, señor presidente? Porque, en definitiva, la Constitución no puede ser interpretada únicamente por partes. La Constitución, como todo texto y todo ordenamiento jurídico o sistema normativo vigente, debe ser interpretada en su integralidad.Digo entonces que el primer gran error de unos y de otros es centrar el ejercicio de la potestad legislativa únicamente en el análisis de la Segunda Parte de la Constitución argentina, que es aquella donde se organiza la funcionalidad de los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero, en definitiva, este no es el fin de la Constitución. La parte funcional y orgánica, que ha sido sometida a numerosas reformas constitucionales, es precisamente el instrumento por el cual debemos garantizar el ejercicio de la Primera Parte. Se trata de la parte que sustenta el contrato social; son los derechos y garantías de los ciudadanos. Y precisamente, la Segunda Parte de la Constitución, con su división e independencia de los poderes, está organizada de esta forma para poder garantizar lo primero, que es el contrato social, es decir, los derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos argentinos.
Porque esta Constitución se reconoce en una forma de organización institucional que informa todo el pensamiento occidental, y que no es solamente una cuestión de nuestro país. Nuestra ley fundamental es hija del Iluminismo; en definitiva, es hija del sistema político representativo que rige a todos los países del mundo occidental.
Algunos como en el continente europeo, con una fuerte impronta parlamentarista y otros, como en el derecho americano, con una fuerte impronta presidencialista, fundamentalmente, a partir de la sanción de la Constitución de los Estados Unidos, de la cual la nuestra es tributaria.
Pero es necesario que entendamos que en el funcionamiento de estos poderes la garantía de división e independencia no constituye un fin en sí mismo sino que, esencialmente, persigue el aseguramiento de las bases del contrato social, constituido por los derechos y garantías que asisten a cada ciudadano.
Estos, señor presidente, han sido los postulados del Iluminismo y la de la representación política. En el nombre de esta última es que hoy las provincias y el pueblo se encuentran representados en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente.
Todo esto no es una mera disquisición jurídica o de derecho constitucional, sino que define lo que --a mi criterio-- constituye el sustento de la política, entendida no como una cuestión partidaria sino como una teoría general.
En definitiva, la política es la que informa la teoría general del estado y del derecho.
En estos momentos que vive la República Argentina, caracterizados por una grave situación social, económica, política e institucional, se han violado --por parte de uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo-- garantías y derechos de los ciudadanos que están contenidos y garantizados --valga la redundancia-- en el Capítulo Primero de la Constitución, que integra la parte dogmática; la sección pétrea de la Constitución, que no puede ser sometida a reforma porque constituye la base del contrato social.
Mediante las últimas decisiones adoptadas, el gobierno nacional ha violado derechos garantizados en esa parte dogmática de la Constitución como, por ejemplo, el derecho de usar y disponer de la propiedad --que se encuentra asegurado por el artículo 14-- , el derecho de propiedad --consagrado en el artículo 17--, y el derecho al salario, que menciona el artículo 14 bis.
En definitiva, con la actitud asumida no estamos violando la Constitución sino que nos estamos haciendo cargo de ella, que es algo distinto.
Los poderes del Estado deben garantizar a los ciudadanos --y no a un determinado gobierno-- el ejercicio y goce de sus derechos. A mí no me votaron para otorgale garantías a de la Rúa.
No constituye una casualidad que este decreto se haya dictado el 30 de noviembre por la tarde, cuando finalizaba el período de sesiones ordinarias del Congreso; nadie puede creer honestamente que esto se decidió de manera repentina; se fijó una estrategia para privar al Parlamento del ejercicio de sus funciones específicas, y que nosotros debemos garantizar.
La ciudadanía cuestiona a las instituciones contempladas en la Segunda Parte de la Constitución, justamente porque no le aseguran y garantizan los derechos establecidos en la Primera Parte de la norma fundamental. Por eso sostengo que la interpretación de la Constitución no puede hacerse solamente de manera gramatical.
Así como se dice que la economía es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los economistas, sostengo que la política, el derecho y el Estado, junto con las garantías y derechos de los ciudadanos, constituyen materias demasiado importantes como para dejarlas únicamente en manos de los abogados.
Esto exige concebir a nuestra Constitución como un sistema integral basado, esencialmente, en el sistema de representación política. Y hoy venimos a hacernos cargo, justamente, de esa representación política, porque el 14 de octubre se nos dio un mandato que estamos obligados a ejercer.
Y esa representación es por la que estamos hoy cuestionados, más allá de que desde algunos sectores se pretenda señalar que el cuestionamiento pasa por el monto de una dieta.
Es cierto que desde la clase política --sé que a muchos no les gusta el término-- se dieron y se siguen dando terribles ejemplos que contribuyen y que son funcionales a ese discurso. No obstante lo que esencialmente se persigue es una cuestión de poder. Este recinto, con todas sus miserias, con todas sus mezquindades y con todos sus errores, es hoy la única restricción y limitación frente a las decisiones tomadas en materia salarial, que afectan derechos esenciales de la ciudadanía. La política es, en definitiva, el único lugar desde donde vamos a poder ejercer limitaciones a un poder económico concentrado, al que le conviene que el Parlamento esté cerrado para poder continuar impulsando medidas como las adoptadas.
Por eso, señor presidente, con esta comprensión y con esta interpretación que debemos hacer del sistema jurídico --que es esencialmente representación política y ejercicio del poder, no al servicio del poder mismo sino como garantía del contrato social-- venimos a este recinto. Sin contrato social no hay sociedad, no hay pueblo, no hay Nación, no hay Estado; esto es lo que tenemos que restablecer y restituir. En consecuencia, nos encontramos hoy aquí sentados para ejercer esa representación.
En pocas etapas de nuestra historia puede verse con tanta nitidez y claridad el rol que ha desempeñado la oposición desde el 10 de diciembre de 1999 a la fecha. Es más, muchas veces esto ha sido motivo de discusión interna en nuestro propio partido, cuando algunos sostenían que no debía darse quórum para considerar determinadas medidas o no debía prestarse acuerdo a fin de tratar ciertos proyectos de ley. Pero este gobierno no puede sostener válidamente que haya habido obstrucciones por parte del justicialismo. Muy por el contrario; no existe un solo proyecto de ley que haya remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento que no haya sido sancionado. Para algunos será un mérito; para otros tal vez implicará otra interpretación: la de que no hemos sabido ejercer nuestra representación como oposición. Pero, en definitiva, señor presidente, el resultado objetivo, claro, testimonial, es que no hemos obstruido en absoluto la gestión de gobierno.
Para finalizar, quiero mencionar algo justamente en estos difíciles momentos en los cuales parecen reeditarse --de hecho está sucediendo-- imágenes de hace más de una década atrás y que creíamos superadas en el país.
No sé si esta es una contribución al gobierno; de lo que sí estoy absolutamente convencida es de que estamos contribuyendo con el sistema republicano, representativo y federal que consagra el artículo 1° de la Constitución Nacional. Estamos aquí para hacernos cargo de la Constitución Nacional, de esta Constitución que fue dictada y sancionada para preservar los derechos y garantías de los ciudadanos argentinos.
Por lo tanto, señor presidente, solicito el tratamiento y aprobación del Orden del Día N°1206.Sr. Presidente (Maqueda). - Tiene la palabra el autor del dictamen de minoría, señor senador Walter.
Sr. Walter. -- Señor presidente: he asistido a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encontraban en consideración estos dos proyectos de resolución, en virtud de los cuales se propone una prórroga del período de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación.
De su simple lectura, uno encuentra que en ambas iniciativas existe una sustancial coincidencia en cuanto a su objetivo.
Existen dos aspectos a tener en cuenta, como bien señalaba la señora senadora. Un primer aspecto estrictamente jurídico por el cual se reivindican --por parte de los autores de estos proyectos y de los firmantes del dictamen en mayoría de la comisión-- con incuestionable sustento en la doctrina constitucional vigente, las facultades concurrentes entre ambos poderes del Estado para realizar o convocar a una prórroga de la sesiones ordinarias.
Existe también un aspecto estrictamente político a partir del cual se merita la oportunidad y la conveniencia de que el Congreso de la Nación esté plenamente en actividad en un momento de crisis económica y social como el que atraviesa actualmente nuestro país, ejerciendo este Parlamento todas las facultades que nuestra Constitución le atribuye.
Como indica dicho dictamen, sería una perogrullada hacer referencia a la importancia institucional del Poder Legislativo, que no sólo es el primero de los poderes considerados en el texto constitucional, sino también el único al que la propia Constitución le asigna poderes implícitos de un modo expreso. Me refiero al inciso 32 del artículo 75, antes inciso 28 del artículo 67. Además, en este Congreso se encuentran representadas las mayorías y las minorías, así como también los distintos estados de nuestro país. De allí que sería imposible no compartir desde el punto de vista político las sólidas motivaciones que han tenido los autores de estas iniciativas, como la preocupación manifestada por la mayoría de los firmantes de este dictamen en mayoría.
Sin embargo, los proyectos a los que hacía referencia, desde mi punto de vista y del Interbloque al que represento en dicha comisión, se encuentran en pugna con el texto constitucional. Porque al margen de las dudas que pudieran surgir de dicho texto --dudas basadas en problemas literarios--, se comparte absolutamente el criterio sostenido por autores como el doctor Gentile --aludido en alguno de los proyectos-- en su obra de Derecho Parlamentario Argentino.
Pero más allá de lo expresado por todos los juristas a los que hizo referencia la señora presidenta de la Comisión; más allá de todos aquellos autores citados en los fundamentos de estos proyectos, no podemos en modo alguno soslayar lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado claramente acerca de los límites que establece la Constitución Nacional en este juego entre los poderes cuando sostiene que nuestra Carta Magna establece un reparto de competencias, medios de control y fiscalización por los que se busca afianzar el sistema republicano de gobierno y no concentrar en cada uno un ámbito cerrado de potestades librado a su plena discreción.
En el caso de la facultad analizada en estos proyectos, existe según nuestro criterio un límite infranqueable constituido por la prórroga de estas sesiones ordinarias, que solamente sería válida en la medida en que hubiera sido dispuesta mientras se encontraba vigente ese período de sesiones.
Según la Real Academia Española, la voz "prórroga" significa continuación de una cosa por un tiempo determinado. Es decir que el significado usual de ese término alude inequívocamente a la continuación de aquello que se extiende, lo que supone obviamente la inexistencia de solución de continuidad.
En esta inteligencia también se pronuncian varios de los autores a los que aluden estos proyectos presentados y varios de los autores a los que hiciera referencia el miembro informante del dictamen en mayoría. Vale por caso citar al propio Gentile en la misma obra a la que hacía referencia, en la página 119, cuando dice que la prórroga de las sesiones obviamente debe darse antes de concluidas las sesiones ordinarias.
Más recientemente, en la obra Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, María Angélica Gelly apunta que, dado que las sesiones de prórroga deben convocarse antes de que finalicen las ordinarias, son una continuación de estas y el Congreso conserva en pleno todas sus atribuciones.
También el propio Bidart Campos, al que aludían hace unos momentos, indicaba que en la prórroga de las sesiones ordinarias el Congreso continúa su período anual.
En este contexto constitucional, la expiración del período de sesiones ordinarias correspondiente al año en curso, sin que su prórroga haya sido oportunamente dispuesta, constituye a nuestro entender un valladar infranqueable para que este Senado pueda llevar adelante lo que es, según nuestro criterio, una facultad concurrente con el Poder Ejecutivo de la Nación. Mucho más aún cuando ya se ha dado inicio al período de sesiones extraordinarias, convocadas por medio del decreto 1579/01 y extendido hasta el 28 de febrero por decreto 1642/01.
No obstante ello y analizando, por un lado, lo que nosotros entendemos por esta facultad concurrente y, por otro lado, la voluntad del Congreso de la Nación de no permanecer al margen de la situación económica y social por la que atraviesa nuestro país, pensamos que existe una manera, sin violentar la norma constitucional, de llevar adelante el espíritu compartido de los autores de estos proyectos, mediante la confección, por parate de este cuerpo, de un temario con todos aquellos tópicos cuya discusión en este período de sesiones extraordinarias se considera fundamental. De esa manera, se solicitaría al Poder Ejecutivo su inclusión en el llamado a sesiones extraordinarias, ampliando un temario que, tal como se discutiera en comisión y como nosotros lo receptáramos, resulta prácticamente una burla.
Repito, resulta una burla, frente a los problemas que existen, que nos limitemos pura y exclusivamente a las cinco o seis cuestiones allí contempladas.
Por todo ello, a nuestro criterio no existen dos posturas, como acá se trató de demostrar: una que sostiene que se trata de facultades concurrentes de ambos poderes, y otra que simplemente dice que en manos del Poder Ejecutivo se encuentra dicha facultad fundamentada en doctrina constitucional.
Nosotros creemos que, aun existiendo facultades concurrentes, frente a la imposibilidad material habiendo expirado el período de sesiones ordinarias, para no violentar ninguna norma constitucional este cuerpo debe, a la brevedad, por consenso o por resolución de sus mayorías, elaborar un temario y elevarlo para que el Poder Ejecutivo lo incorpore dentro de los asuntos a ser tratados en sesiones extraordinarias.
Por estas razones, solicito a los miembros de este cuerpo el acompañamiento de este dictamen firmado en minoría.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. -- Señor presidente: junto a un grupo de senadores del bloque justicialista hemos presentado en los últimos días una serie de iniciativas tendientes a colocar al Parlamento en el centro de la discusión de los temas que hoy afligen a millones de argentinos. Este es el espíritu que nuestra bancada trae a este debate de hoy.
Necesitamos el Congreso abierto. Necesitamos debatir los temas de la sociedad. Necesitamos avanzar en los mecanismos de control de facultades legislativas, de las cuales está abusando el poder administrador. Frente al abuso de esas facultades legislativas --llámense facultades inoportunamente delegadas por parte de este Congreso o decretos de necesidad y urgencia, ilegales, arbitrarios, injustos, con los cuales están llevando a la aflicción a millones y millones de argentinos--, el Congreso no puede estar ausente. Es por eso que nosotros hoy venimos a abrir las puertas del Congreso.
Voy a explicar, como bien lo hizo la señora miembro informante de nuestra bancada, las razones jurídicas que nos llevaron a la redacción de este proyecto y a sostenerlo hoy en el recinto, toda vez que tenemos una profunda preocupación política e institucional.
Muchas de estas medidas que hoy afligen y angustian a millones de argentinos son las causantes de que hace poco tiempo --tan sólo unas horas-- se haya producido el primer muerto. En efecto, la señora senadora por Santa Fe nos acaba de decir que le llegó la información de que el dueño de un supermercado ha matado a un niño de quince años que estaba en los saqueos. La irracionalidad del ministro de Economía es la que provoca esta situación de enfrentamiento entre los argentinos, que ha sumido en la aflicción a millones y millones de argentinos. ¡Qué espera el presidente para echar al ministro y para cambiar el rumbo económico!
Ese ministro quería hacer todo esto con la inacción del presidente y del partido de gobierno. Quisieron hacer todo esto con el Congreso cerrado. Porque el dictado del decreto 1.570, por el que se apropiaron ilegítimamente del salario y de los ahorros de millones de argentinos fue avieso. Y digo que fue avieso porque, además de injusto, fue calculado: se lo dictó el 30 de noviembre, día en que el Congreso terminaba sus sesiones ordinarias. Ello se hizo para impedir que nosotros, los representantes de las provincias argentinas y del pueblo de la Nación, pudiéramos asumir el rol institucional que marca la gravedad de la situación y derogar ese ataque injusto a la vida de millones de argentinos, que hoy están sumidos en la desesperanza.
Hoy salen a las calles jóvenes, niños, mujeres y abuelos. Y esto no se arregla con bolsones de comida, sino con una clara decisión del poder institucional de la República. Por eso hoy, con este proyecto de prórroga de las sesiones ordinarias, abrimos las puertas del Congreso para tomar la decisión institucional de cambiar el rumbo de la economía de los argentinos y obligar al presidente de la Nación a que eche al ministro de Economía y, de una vez por todas, tome las decisiones necesarias, con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales, tendientes a traer alivio a los millones de argentinos que están sufriendo esta crisis.
Esos son los motivos por los cuales hoy estamos tratando este proyecto. Además, también lo hacemos para vencer esa vieja intencionalidad de cerrar el Congreso, por lo menos desde el 30 de noviembre al 1 de marzo, con el objeto de que el ministro de Economía pueda adoptar estas terribles decisiones con el Congreso cerrado y clausurado. ¿Se piensan que es posible en un país en crisis tener el Congreso cerrado y habilitarlo solamente para tratar el proyecto de ley de coparticipación, como si no supiésemos que esa iniciativa comienza con el acuerdo entre la Nación y las provincias y, recién después, el Parlamento debe abocarse a su tratamiento con iniciativa en este Senado? Pero han habilitado el tema sin ese acuerdo.
Lo mismo ocurre con el presupuesto de la Nación, que busca agravar aún más la situación con la instrumentación de un absurdo e injusto recorte de los salarios y de la calidad de vida de los argentinos.
Reitero: este es el sentido que tiene el proyecto que estamos debatiendo y otras iniciativas que hemos presentado varios señores senadores. Buscamos recuperar para el Parlamento los poderes delegados por la ley 25.414, de los que hizo abuso el poder administrador. Debemos recuperar para el Parlamento esas facultades legislativas y modificar o derogar las cláusulas de los decretos 1.570 y 1.606, por los que se han apropiado ilegítimamente de los haberes de los jubilados y de los salarios de los trabajadores argentinos.
Fíjese, señor presidente, que no estamos analizando únicamente el problema de los asalariados que actualmente tienen injustamente retenidos sus haberes, sino el de millones de argentinos cuentapropistas --como se le dice en Buenos Aires-- y "changuistas" que honestamente se ganan la vida a lo largo y ancho de las provincias argentinas, que hoy ven cerrada su fuente de trabajo, que es la changa, porque no hay circulante monetario con el que ellos puedan hacer sus transacciones y recibir alguna remuneración por el fruto de su trabajo.
Con el perverso, injusto e ilegal decreto 1.570 han paralizado la llamada economía informal, que representa la mitad de toda la actividad de nuestro país. Al respecto, también hemos presentado un proyecto para derogar esta norma en lo que respecta a salarios y jubilaciones. En ese sentido, hemos decidido mantener --porque todavía confiamos en la palabra del gobierno-- el plazo de noventa días para la liberación de los plazos fijos. No obstante, de acuerdo con nuestro proyecto, ese plazo vence perentoriamente el día "noventa y uno".
Asimismo, vamos a reglamentar, de una vez por todas, el ejercicio de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, una materia pendiente y uno de los pilares que deriva de la reforma constitucional respecto de la cual el Congreso de la Nación aún no pudo avanzar en un consenso para poner en pleno ejercicio esas facultades de control.
En cuanto a la fundamentación del proyecto presentado, que cuenta con dictamen favorable, es abundante la doctrina que sostiene que son facultades concurrentes.
El artículo 63 de la Constitución Nacional, antiguo artículo 55, dice taxativamente que es facultad del Poder Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias. Pero nada dice acerca de quién está facultado para prorrogar dichas sesiones.
Toda la doctrina anterior y posterior a la reforma de la Constitución --esta última en su inmensa mayoría-- sostiene que son facultades concurrentes. Y es que no podía ser de otra manera. ¿Cómo es posible pensar que el Congreso va a dejar el funcionamiento de la República a expensas de otro poder del Estado?
Ya lo dije antes: ¿cuál es el sentido de abrir hoy las puertas del Congreso? Enfrentar la aviesa intención del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia que calan hondo en la vida de los argentinos, justamente el último día de sesiones ordinarias del Congreso, a efectos de que no pueda abocarse a su tratamiento. ¿Quién puede pensar, entonces, que el Congreso podría no tener facultades para decidir continuar con sus puertas abiertas para el tratamiento de los temas que interesan a la sociedad, más allá de los caprichos del ministro de Economía o del poder político de turno?
Si bien la miembro informante ya citó a algunos autores como el doctor Bidart Campos o el doctor Zarini, voy a mencionar lo que dice el doctor Bielsa en El Derecho Constitucional, página 482: "El órgano titular de la facultad es aquel que puede prorrogar su ejercicio. El Congreso puede prorrogar por sí sus sesiones ordinarias porque sólo prorroga el que tiene potestad de obrar en el período."
Mencionaré lo que dice González Calderón en defensa de esta atribución en cabeza del Congreso en la obra Derecho Constitucional: "Se destaca que una interpretación contraria alteraría el sistema republicano de gobierno ya que no es posible que la existencia y funcionamiento de uno de los poderes del Estado dependa de la voluntad antojadiza del otro poder. El sistema de frenos y contrapesos descripto por Montesquieu y analizado por Löwenstein quedaría reducido a una mera declaración vacía de contenido, se alterarían los equilibrios y controles recíprocos entre los órganos de gobierno establecidos por la Constitución con el fin de evitar la supremacía de algunos de ellos." De más está decir que un poder que depende de la voluntad de otro poder no es tal poder sino en el nombre.
Perfecto Araya, en Comentario de la Constitución Argentina cita una mención de Linares Quintana que parece hecha para describir la situación actual. Fíjense lo que dice: "Absurdo sería pensar el que las cámaras por el solo hecho de haber fenecido el término de su labor ordinaria pudieran excusar la concurrencia de su autoridad en épocas de agitación, o revuelta o retardar por indolencia el dictar leyes o reglamentos urgentemente reclamados por la opinión y los intereses evidentes del país."
Señor presidente: soy consciente de algunas objeciones. Al comenzar el análisis del tema contenido en el proyecto presentado se cuestionaban las facultades del Congreso. Ese cuestionamiento luego fue cediendo y ahora ya no escucho que el Congreso no tiene facultades para autoprorrogar sus sesiones ordinarias.
Sólo en un momento de la vida constitucional argentina se le quitó al Congreso esta facultad --¡fíjense qué paradoja para los peronistas! --: durante la vigencia de la Constitución de 1949. Justamente, el hecho de que la reforma constitucional de 1949 quitara esta facultad al Congreso es lo que convalida absolutamente que la Constitución del 53 se la otorgara. Luego, aquella Constitución fue injusta e ilegalmente derogada por la dictadura militar posterior a 1955 y convalidada dicha derogación por fallos insólitos de la Corte Suprema de Justicia. Reitero: fue el único momento de la vida institucional en el cual se le impidió taxativamente al Congreso esa facultad de prorrogar sus sesiones.
En los últimos días escuché dos tipos de cuestionamientos, no vinculados con la facultad del Congreso para prorrogar sus sesiones, pues nadie duda de que tiene facultades para ello, sino con la pretensión de mantener cerradas las puertas del Congreso en la crisis más profunda que vive la República en su historia. Un argumento señala que le quitaron una coma a la última parte del artículo 63, lo cual fue bien citado por la miembro informante de nuestra bancada. Se dice que al suprimir esa coma, la facultad de prorrogar las sesiones ordinarias quedó sólo en cabeza del Poder Ejecutivo. La coma de referencia --si me permite el presidente abusar de la paciencia de mis pares-- es la ubicada en la última parte del artículo 63, que dice: "Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación [y aquí venía la coma en cuestión] o prorrogadas sus sesiones". Esta coma fue eliminada en la Convención reformadora, con lo cual queda sólo como facultad del Poder Ejecutivo.
Pero vean qué casualidad: en la Constitución que leyeron estos distinguidos juristas no figura la coma, pero en mi Constitución sí figura, y no la puse yo. En este texto constitucional figura esta famosa coma. ¿Qué quiere decir? En esto cito a un importante jurista cordobés --no tan importante como quien preside hoy esta Cámara, pero importante al fin--, el doctor Gentile, quien dice, a propósito de esta famosa coma: "El inexplicable olvido de la coma que precedía el último párrafo del artículo 63 en los convencionales de Santa Fe-Paraná, cuando aprobaron el texto ordenado de la reforma del 94, no cambia la interpretación del 53, que para nosotros indicaba que no era sólo el Poder Ejecutivo el que podía hacerlo, sino también las cámaras las que podían disponerlo."
Nos ilustra el doctor Gentile diciendo que este no fue el único error en el texto ordenado de la Constitución de 1994. En el artículo 15, después de la frase "En la Nación Argentina no hay esclavos" se cambió el punto y coma por dos puntos. En el artículo 67 hubo que agregar, mediante la ley 24.432, un segundo párrafo que había sido omitido. Es decir que se trata de un error en la redacción del texto ordenado, que no tiene nada que ver con el espíritu de la modificación del artículo 63. ¿Por qué? Porque en ninguno de los proyectos de modificación del artículo 55 de la Constitución anterior encontramos mención alguna a la eliminación de esta coma. Todos los proyectos hacen referencia a lo que fue la letra del Pacto de Olivos, del Núcleo de Coincidencias Básicas y de la ley 23.709, que se refieren a la modificación del plazo del período ordinario, que anteriormente iba del 1° de mayo al 30 de septiembre y ahora desde el 1° de marzo al 30 de noviembre.
En ninguno de los proyectos presentados y en ningún debate del Núcleo de Coincidencias Básicas tanto en la Comisión Redactora como en el recinto de la Convención Constituyente se hizo referencia a esta famosa coma como una voluntad del constituyente para quitarle al Congreso la facultad de autoprorrogarse.
El otro argumento que seguramente va a ser esgrimido es algo que, muy irónica y gráficamente, describió el distinguido colega Baglini en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El senador Baglini dijo: "No se puede resucitar a un muerto. Prorrogar las sesiones del Congreso que ya han fenecido sería como resucitar a un muerto. No se puede prorrogar lo que ya feneció.
Recién, los miembros informantes por la mayoría y por la minoría, expresaban muy bien cuál era la acepción de la Real Academia Española respecto de la palabra "prorrogar". Es cierto, dice: "continuación de una cosa por un tiempo determinado". Pero buceando en el diccionario Manual Jurídico, de Abeledo Perrot, por "prórroga" se entiende la prolongación del vencimiento de un plazo. Y el diccionario de Manuel Seco en la página 3.712 dice "hacer que algo dure más allá de un límite fijado". Por último, "prórroga" puede ser el alargamiento de un plazo o la continuación de un estado de cosas durante un lapso determinado, según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Es decir que existen varias acepciones de la palabra "prorrogar", y sobre todo en el campo del derecho.
En este tipo de cosas, a nosotros nos sirve el esfuerzo que muchas veces hace este gobierno para ponerse a tono con los tiempos de la sociedad. Y digo esto con mucha sinceridad.
Por eso fuimos a buscar en los propios actos de este gobierno si por "prorrogar" entiende, como dice el senador Baglini, que es algo que ya murió y que no se lo puede resucitar, o si reconoce alguna otra acepción.
Observando el manejo de los tiempos a los que nos tiene tan acostumbrados el gobierno nacional, y que el pueblo y los peronistas no terminamos de entender, uno advierte que el 14 de noviembre de 2001 vencía el plazo de la llamada ley de emergencia económica, sancionada por este Congreso cuando nos vinieron con el cuento de la "herencia recibida", y que hoy parece Suiza teniendo en cuenta lo que se está haciendo con el país.
El plazo vencía el 14 de noviembre de 2001. Y el 5 de diciembre --se publica el 6 en el Boletín Oficial--, a pesar de que ya había muerto el plazo y no se lo podía resucitar, el Poder Ejecutivo a través del decreto 1.602 de 2001 dice: "Dase por prorrogada a partir del 14 de noviembre del 2001 y por el término de un (1) año la emergencia económico-financiera declarada por Ley 25.344".
Es lo que estamos haciendo nosotros. Esto es lo que se entiende por prórroga. En definitiva, es el propio gobierno el que nos trajo luz sobre el tema, en el sentido de que a pesar del vencimiento de un plazo, en uso de facultades que son propias, el Poder Ejecutivo puede prorrogar la ley de emergencia económica y el Congreso sus propias sesiones ordinarias.
Luego de la sanción que permita abrir las puertas de este Congreso --esperemos que los diputados pronto nos acompañen en esta iniciativa; ese es el espíritu que hay en esa Cámara-- nuestra bancada y el peronismo van a devolverle la tranquilidad a millones y millones de hogares argentinos. En primer lugar, quitándole las facultades extraordinarias con que hicieron abuso el Poder Ejecutivo y el ministro de Economía. Y, en segundo lugar, devolviéndole el derecho al salario a millones de argentinos, modificando los injustos decretos 1570/01 y el 1606/01.
Esperamos que todos los bloques hoy nos acompañen en esta enorme responsabilidad institucional que tenemos que asumir: abrir las puertas del Congreso.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Moro.
Sr. Moro. -- Señor presidente: inicio las expresiones que habrán de exteriorizar los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical con respecto al proyecto en tratamiento.
Si me dejara atraer por la lógica, la dialéctica confrontativa y disolvente, es posible que me introdujera a analizar la patología de la década del 90, la cual conocemos y conocen, por protagonismo directo, muchos de los señores legisladores aquí presentes.
Sin embargo, en homenaje a las dificilísimas situaciones que está viviendo la Nación en estos momentos y asumiendo las responsabilidades que ello implica para todos, en una asunción también colegiada del destino nacional, creo que es el momento no sólo de pronunciar palabras sino también de expresar fundamentos --argumentados realmente-- y de realizar gestos.
No se trata simplemente de manifestaciones de cortesía sino de exteriorizaciones de ejemplaridad que, en momentos como los que estamos atravesando, debemos dar quienes representamos al pueblo y a las provincias argentina.
Estos temas, el del proyecto en consideración y algunos otros que han sido mencionados, son sin duda de contenido atendible y opinable; casi podríamos decir que inevitablemente formarían parte de una agenda de cuestiones que podemos analizar, pero sin ese vértigo que impulsan las mayorías aplastantes.
Pero una cosa es hablar de estos temas que importan y otra es manipularlos indebidamente tanto en el tiempo como en el contenido y en la forma de ejercitarlos. Entonces, lo que pareciera significar un aporte o un efecto de la crisis en realidad puede ser un acelerador de ella; y será la historia quien juzgará estos días tan delicados que estamos viviendo en la Argentina. Esto no lo digo por querer hacer un beneficio de inventario de las respectivas responsabilidades sino para saber si todos acudimos en un pie de similar responsabilidad frente a las respuestas que debemos otorgar.
Para entrar concretamente al asunto en cuestión voy a anticipar nuestra oposición y el voto negativo al despacho en mayoría, que es el que sigue los lineamientos del proyecto originario registrado bajo el número S. 1701/01, y nuestra adhesión al dictamen en minoría que acaba de ser informado por el señor senador Walter, sobre todo en lo referido a la configuración jurídica de sus fundamentos. Asimismo, vamos a compartir el aspecto político de sus últimas sugerencias, porque a nuestro juicio van en la dirección correcta, aunque creemos que se le podrían incluir algunas modificaciones, a fin de mejorarlas.
También escuché decir que el espíritu de este proyecto era el de contribuir a solucionar los problemas que hoy en día vive la Argentina. Sin embargo, la iniciativa presentada el 6 de diciembre --y que fuera prolijamente leída en sus fundamentos-- en ninguna de sus líneas menciona que ese fuera su propósito; al contrario, casi parece un ejercicio constitucional ex nihilista, es decir, nacido como de la nada en aquel momento.
En efecto, entre los fundamentos del proyecto se dice que se lo formula en razón de advertir en el seno de la cámara --bien puede ser en el Senado o en la Cámara de Diputados, es decir, en el Congreso-- opiniones dubitativas y erróneas sobre la materia. Asimismo, un poco más adelante, se menciona que se ha hecho una interpretación ligera de las normas constitucionales que avaló, durante un importante período de nuestra vida institucional, la práctica que se propone modificar. Entonces, con ese sentido ex cáthedra y apuntando a lo que deberían ser las buenas prácticas constitucionales es que se formula la señalada iniciativa.
Y al sostener esto me remito a los textos originales y no a los que acaban de ser mencionados por algunos señores legisladores, independientemente de la amplitud de posibilidades que permite la exposición de fundamentos y el debate que estamos llevando adelante.
Es decir que existe un reconocimiento a que el proyecto enfrenta una larga práctica institucional y parlamentaria. Pero, ¿qué es la práctica parlamentaria? Es la que se ha venido haciendo desde que existen ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Me refiero a que tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, desde su nacimiento hasta hoy, jamás han registrado una iniciativa como la que estamos considerando.
A su vez, la práctica parlamentaria también está constituida por las actitudes asumidas por los poderes ejecutivos que nuestro país ha tenido desde que existe la Constitución de 1853 en adelante, mantenida incluso prolijamente por el último gobierno de la década del 90.
En este sentido, la doctrina jamás ha dicho que fuera inconstitucional esa práctica parlamentaria inveterada del Congreso argentino y de los poderes ejecutivos a lo largo de su historia. Es más, gran parte de la doctrina la ha confirmado y alguna otra ha formulado iniciativas tendientes a modificarla. Pero esto no necesariamente quiere decir que esas modificaciones sean las que se han propuesto en el proyecto y en el dictamen en mayoría. Al contrario, la iniciativa que sostiene que fenecido el período alguna de las cámaras puede prorrogar las sesiones ordinarias no figura escrita por autor argentino alguno que haya opinado sobre la materia.
No obstante ello, por ejemplo, en los fundamentos se dice que "la doctrina de manera unánime ha considerado que las Cámaras sesionan en forma ordinaria, por derecho propio...". Por supuesto, esto es casi una perogrullada ante lo normado por el artículo 63 de la Constitución Nacional, en donde se menciona que las cámaras inician el período ordinario de sesiones por sí mismas. En este sentido, jamás ha sido necesario algún tipo de presentación externa a las propias cámaras para iniciar el período ordinario de sesiones.
Pero de dicha norma no se puede extraer la conclusión que se desea. En la situación actual el período ordinario de sesiones concluyó el 30 de noviembre, días después se presentó una iniciativa de prórroga y recién ahora, después de mucho tiempo, estamos considerando la posibilidad de resolver el tema, cuando ya el Poder Ejecutivo ha ejercido expresamente su atribución de convocar a sesiones extraordinarias, indicando no sólo el plazo de duración del período sino también la agenda que ha sido mencionada inicialmente, con una manifiesta exteriorización de su parte y con una señal clara de querer compartir las intervenciones colegislativas que le corresponden desde siempre con el Congreso Nacional.
En este sentido, podemos decir que el plazo por el que se ha convocado a sesiones extraordinarias es muy amplio --hasta el 28 de febrero de 2002-- y se ha dejado abierta la posibilidad, bien pensada por el dictamen en minoría, de que ínterin las Cámaras y el Poder Ejecutivo acuerden una agenda de mayores contenidos que responda a las exigencias de cada día.
La doctrina no ha descalificado a la práctica sino que ha dicho que le parece que hay cosas que debieran recogerse en la Constitución. ¿Y cuáles son esas cosas? Las mismas que están incluidas en la mayoría de las constituciones provinciales --sobre todo en las renovadas-- y que posibilitan que dentro del período ordinario los propios cuerpos legislativos puedan disponer la prórroga de dichas sesiones.
Ya se explicó --y creo que no tiene sentido insistir mucho más en este tema-- que la prórroga importa mantener algo sin solución de continuidad y que cuando se produce una ruptura por agotamiento de su propio carácter ordinario, no hay forma de rehabilitarla.
Esto ha dicho la doctrina. Sería bueno que la Constitución Nacional aclarara que dentro del período ordinario de sesiones es posible que los cuerpos parlamentarios determinen su propia prórroga. Y entiendo que si estuviéramos dentro del período ordinario, este sería un buen debate. Incluso, creo que hasta la Unión Cívica Radical posiblemente estaría de acuerdo con una interpretación progresiva que se hiciera dentro de la oportunidad apropiada, que es la marcada por la Constitución; pero así no.
No es de cualquier forma y a salto de mata como se resuelven estas cosas. Es posible que no hubiera otro recurso, otro atajo, porque habiendo ejercido el Poder Ejecutivo facultades expresas, como lo ha hecho, habría sido mucho más bárbaro pretender reivindicar la posibilidad de una convocatoria a extraordinarias con agenda abierta, a elegir. Esto no existe. Las constituciones provinciales nuevas --y esta posibilidad es admitida por algunos autores-- prevén que el cuerpo parlamentario, con un número determinado de legisladores, que ni siquiera alcanza a ser mayoría, ya que en algunas de ellas se fija que basta con un tercio, puedan convocar a sesiones extraordinarias, pero siempre con un temario prefijado y dejando subordinado al cuerpo el análisis de la validez de la convocatoria y el de la justificación de su procedencia.
Esto es lo que siempre ha ocurrido sin disputa hasta este momento en que, sorpresivamente, nos enteramos de que hemos venido a contramarcha de esta interpretación durante todos los años de vida institucional que tiene la Argentina.
Esto también podría discutirse. En el momento y circunstancias adecuados hasta podríamos ver la posibilidad de que los cuerpos parlamentarios se convoquen a extraordinarias sobre la base de un temario específico. Pero esto es como la distancia que existe entre lo que los abogados llaman de lege lata y de lege ferenda. Una cosa es lo que nos dicen las reglas que rigen nuestra convivencia y otra lo que nos parece bueno o sería conveniente que dijeran. Entonces, entre lo que las normas establecen y lo que fijarán más adelante vienen los cambios, que son buenos, los debates, que son mejores, y también la posibilidad de que las instituciones progresen y se modifiquen.
Ese deseo genérico de actualizar estas disposiciones --por ejemplo, que dentro del período ordinario las Cámaras acuerden su prórroga; o yendo más allá todavía, la posibilidad de una convocatoria a extraordinarias en las condiciones que señalé anteriormente-- es un tema deseable en una agenda constitucional moderna, pero no es lo que fija nuestra Carta Magna. Y sobre el punto voy a manifestar algunas cosas más adelante.
Se dice también entre los fundamentos del proyecto que negar el andamiento de la iniciativa significaría alterar el sistema republicano y la afectación de la independencia de poderes.
Creo que para plantear algo como una mejora normativa no hace falta producir esta desconsideración hacia la historia institucional argentina, porque --vuelvo a decirlo-- en este sentido el comportamiento ha sido invariable y no objetado nunca por nadie.
Entiendo que se ignora la tradición parlamentaria y de los poderes ejecutivos, así como también todos los precedentes constitucionales, incluida la Constitución Nacional de 1949, que bien ha hecho en recordar el senador preopinante --y no deseo construir sobre la base de su mayor rigurosidad en este sentido; lo tomo como lo que fue, un antecedente constitucional valioso e importante que no ha cambiado esta orientación de la práctica parlamentaria--, y el derecho comparado, porque en ningún lado esto es así, es decir, cuándo se quiere y cómo se quiere.
Tampoco sirve el argumento efectista de que queremos tener al Congreso palpitando, porque todos deseamos que esté así en momentos tan difíciles para la República. Y no dudo de que está palpitando en la búsqueda de los caminos apropiados para expresar nuestras preocupaciones y aportes, pero siempre que ellos respeten la Constitución, que es la mayor garantía que todos podemos tener ante la crisis.
Decía que se ignora el derecho comparado, porque si observamos a los países republicanos por excelencia, desde los Estados Unidos hasta la propia Francia o Inglaterra --al menos como una referencia de las construcciones parlamentarias de la democracia y del republicanismo universal--, veremos por ejemplo que en el caso de los parlamentos británico y norteamericano se sesiona en forma ordinaria durante ciento ochenta días al año; y se sabe que el parlamento francés trabaja sobre la base exclusiva de una agenda que le remite el Ejecutivo.
El plexo de un sistema constitucional no es un anecdotario para usarlo en la confrontación de un momento sino que es un conjunto de elementos que interactúan, con la condición de que todos apliquemos ingredientes preciosos para la convivencia, como son la buena fe, el interés positivo, la altura de miras, la oportunidad para saber plantear las observaciones y el juego entre mayorías y minorías, que deben respetarse mutuamente de manera integral.
También se ignoran las atribuciones concurrentes del Poder Ejecutivo. Este puede ser iniciador de las leyes y, de hecho, las puede vetar y también las promulga. Esta es un función republicana y un trámite compartido.
De ninguna manera puede decirse que porque discrepemos con la práctica constitucional argentina de toda la vida y porque deseemos producir algunas modificaciones, estemos afectando o alterando gravemente el sistema republicano o la independencia de poderes.
Asimismo, se está ignorando a la propia Justicia, o aunque más no sea a su silencio, porque si esto fuera tan burdo, se habría cuestionado y habría sido declarada su nulidad por los tribunales argentinos o al menos por el más alto de sus tribunales, que es el que interviene en las cuestiones de gravedad institucional o de conflicto entre poderes.
A su vez, se ha dicho en la Comisión de Asuntos Constitucionales que esta es una emanación de las atribuciones implícitas que tiene el cuerpo. En este sentido, debo decir que a nuestro entender esas atribuciones implícitas contenidas en el inciso 32 del artículo 75 de la Constitución Nacional están hechas para activar creativa, progresiva y funcionalmente las facultades que le son conferidas al Congreso por la propia Carta Magna. Pero aclaro que no lo son para este caso; y no pueden crearse y menos ejercerse a título de atribución implícita, cuando el otro poder del Estado ha hecho ejercicio concreto de las facultades que le son conferidas expresamente por nuestra Constitución Nacional a través de sus artículos 63 y 99 inciso 9. Esto no deja campo para sustituciones por vía de la interpretación implícita.
Y les recuerdo la importancia que puede tener la doctrina, ya que no me parece constructivo que nos enredemos en la lectura de las notas o en la mención de los autores, como buscando algún prestigio argumental que, en verdad, no creo que la cuestión merezca, por cuanto todos los constitucionalistas del país han sido muy razonables y ponderados aun desde sus diferencias. Pero quiero señalar que ni siquiera las opiniones más avanzadas en esa interpretación han conmovido a la Constitución, porque todas ellas fueron expresadas antes de la reforma del 94; todas, sin excepción. Habrá algún libro que pudo haberse reeditado o algún autor un poco más joven que pudo haber agregado algo en estos años. Pero las cosas de lege ferenda, los deseos de modificación estaban dichos hasta el cansancio en el 94. Sin embargo, la Constitución de 1994 no recogió esos consejos, pese a que se ocupó expresamente del artículo pertinente, porque modificó el plazo de las sesiones ordinarias. Ese artículo no pasó desapercibido, sino que estuvo bajo la lupa de los constitucionalistas, que seguramente habrán colaborado con los hombres políticos que hicieron la reforma del 94.
Señor presidente: usted sabe y mucho, porque es un pensamiento reconocido en esta materia, con el cual incluso honraría discrepar --honrar en la coincidencia es fácil--, que las constituciones son producto del "pacto", aunque eso haya escandalizado en algún momento al país.
Antes o durante la reforma de la Constitución del 94 --no tuve la suerte de asistir pero usted probablemente sí-- visitó el país, convocado por un instituto, un famoso publicista francés, llamado Guy Carcassone, que expuso sobre estas cosas. Señaló que el derecho de hoy, sobre todo el constitucional, no tiene que fundarse en la autoridad sino en el consenso. Dijo que se funda en el pacto y no en las simetrías formales de la sociedad decimonónica, porque hoy tenemos sociedades complejas, plurales, en las que es legítimo, incluso, el encuentro de intereses diversos, en donde el poder mediador de la política debe tener la función de metabolizar esa diversidad en una jerarquía de valores de cada generación. Por eso se llega al pacto. Además, dijo que gracias a Dios las constituciones modernas de Europa fueron hechas por los políticos y no por los juristas, porque aquellos están dispuestos, a veces, a ver cosas en las constituciones que no encuadran en un cartabón, como el que estábamos acostumbrados a describir, como si hubiera un vademécum de la constitución ideal. No lo hay. Mucho menos ahora con las integraciones entre los países, en donde existe tal velocidad en la necesidad de armonizar cuestiones contrapuestas, que muchas veces --lo dice este publicista-- se encuentran verdaderos "Frankenstein" en lo que podría ser la vinculación de coherencias entre determinadas cosas.
Lo que quiero decir es que la Constitución del 94 no recogió ninguno de esos consejos. Esa es la Constitución que nosotros tenemos que cumplir, hoy y siempre, hasta que sea reformada. En realidad, la Constitución no brilla durante la rutina, que es cuando casi desaparece. El gran valor y resplandor de las constituciones deben verse en los momentos de crisis y de emergencia. Allí es cuando la mayor fortaleza del rango constitucional tiene que ser apropiada para contener las mayores tensiones de las situaciones difíciles. Esa es la legalidad constitucional democrática y republicana, la que impide el decisionismo celular y antidemocrático de sectores que no llegan a conformar la integración de las instituciones. Por eso, no por otra cosa, es que todos los golpes de Estado que se han dado en la Argentina y en muchos lugares, empiezan con una proclama --hubo una famosa, histórica-- que discrimina entre legalidad y legitimidad.. Lo primero que se dice, cuando se quiere hacer concluir un ciclo democrático y constitucional, es lo siguiente: "Sí, está bien elegido, está dentro de la Constitución, pero ha caído en tal grado de ilegitimidad que su legalidad resulta insuficiente y hay que abrir las puertas a las vías de hecho.".
Por ello, digo que estamos bajo el amparo de la Constitución de 1994. Este recinto tiene en su seno a miembros fundamentales de ese gran pacto político que, a lo mejor, precise de otro pacto --¿por qué no?-- de similar enjundia y gravidez institucional a no mucho tiempo futuro. Tenemos que estar dispuestos a ello pero, mientras tanto, debemos respetar esta Constitución.
Cuando hace algunos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzábamos a tratar otro asunto, invoqué el cumplimiento de las reglas de juego y para mi desazón se me respondió como si estuviera hablando de algo así como de un acto de cortesía, como si fuera una manera de hacerse el nudo de la corbata o una forma de tomar el té en algún lugar elegante; en definitiva, como si fuera un resabio del liberalismo burgués de alguna conformación política. Y en rigor de verdad no es así, señor presidente. La democracia tiene, al menos en la visión de alguna gente como Sartori --por ejemplo--, tres objetos que deben ser compartibles y compartidos --uno de ellos, a compartir--: el primero y más importante es el de los valores fundamentales, la libertad y la democracia, que forman el sistema de creencias en función del cual viven los pueblos de cada tiempo. Inmediatamente después, en el segundo nivel de objetos compartibles para un sistema democrático, están las reglas de juego, que son nada más y nada menos que los procedimientos para ventilar o decidir las diferencias y los disensos que puedan existir, y para señalar normas. El sistema de respeto de las reglas de juego es esencial a la subsistencia del sistema de coincidencias o valores fundamentales. Sin reglas de juego, no rigen los valores fundamentales de la democracia. Y en un tercer nivel están las políticas contingentes, sobre las cuales debemos discrepar con todo vigor cada día y que integran la agenda de las cosas cotidianas.
Una cosa son los valores fundamentales ubicados en el primer nivel; otra, el régimen político que está determinado por las reglas de juego; y, por último, está la acción política que cumplimos en las políticas contingentes. En definitiva, las diferencias deben presentarse en el tercer nivel, en las políticas contingentes, pero no en las reglas de juego que debemos respetar. Y la principal regla de juego que tiene una república es su constitución, que en nuestro caso fue sancionada casi por la totalidad de las fuerzas representativas de la población y cumplida desde entonces hasta ahora. Jamás debemos lastimar o amenazar la democracia como forma de gobierno por no respetar las reglas de juego.
Señor presidente: dijimos que las inquietudes que se plasman en este proyecto no nos son extrañas. Podemos discutir en un período de sesiones ordinarias cuál es el alcance de las atribuciones del cuerpo para prorrogar las sesiones ordinarias e, incluso, es posible que la Unión Cívica Radical coincida con ese análisis. Podemos considerar muchos otros aspectos razonables y, por qué no, coincidir también en una agenda de temas y de puntos a modificar por la próxima reforma constitucional en función de lo que nos enseñe la experiencia histórica e institucional para bien de los argentinos.
La emergencia de hoy no debe ser motivo para violar la Constitución. Debemos ser creativos para obtener los recursos que tenemos. La situación que vivimos nos preocupa y nos ocupa a todos y, por eso, como debe ser, estamos aquí hoy y lo estaremos continuadamente en los próximos meses a fin de encontrar las medidas que impliquen menos sufrimiento para el pueblo argentino.
Esta no es una jugada frente al espejo, donde se ven las ventajas de los perfiles. En realidad, cada movimiento, como en un juego de dominó, termina significando mayores o menores posibilidades para ayudar a nuestro pueblo, algo que todos queremos.
Sería altamente antidemocrático suponer desde cualquier nivel de expresión política que solamente un sector político del pueblo argentino representa a toda la Nación.
Aspiro a un sentido de convivencia que nos haga corresponsables en los deberes y en las obligaciones. Y en este sentido es que parecía provechoso el dictamen en minoría cuando sugería la posibilidad --por qué no-- de que cada una de las cámaras integrantes del Congreso nacional se dirigiera al presidente de la República exponiendo inquietudes y sugiriendo la inclusión de asuntos en la agenda del temario de sesiones extraordinarias. Esto es perfectamente posible y debiera serlo mucho más aún, porque ambas cámaras han renovado sus autoridades recientemente, precisamente bajo la invocación de que era un paso positivo hacia la concreción de las soluciones que debemos posibilitar entre todos.
Dejarse atraer por el imán de la conflictividad en momentos donde se debe tratar de usar la mayor energía y firmeza en la defensa del interés popular no es lo más conveniente, máxime si al mismo tiempo se debe tener el cuidado institucional para que, en definitiva, el pueblo no sufra los daños que todos conocemos y que se dan cuando se pierden los límites en estos procesos de crisis.
Señor presidente: la Unión Cívica Radical de este Senado está dispuesta a colaborar con las acciones diligentes que esperábamos de ambas cámaras a fin de visualizar, juntamente con el presidente de la Nación, el futuro de la Argentina, y a cauterizar con toda la calidez y comprensión posibles los dolores que hoy padecemos.
Entiendo que es este el camino de la Constitución Nacional y hoy, menos que nunca, podemos dejarlo en el olvido.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. -- Señor presidente: seré breve.
Entiendo que el tema que estamos tratando tiene que abordarse en dos planos: en el aspecto constitucional y en lo que hace a la dimensión política de lo que vamos a votar.
Respecto del aspecto constitucional, coincido con la mayoría de la doctrina que sostiene que la prórroga de las sesiones ordinarias es una facultad concurrente del propio Congreso y del Poder Ejecutivo. También en este tema coinciden los dictámenes en mayoría y en minoría.
En el marco de los dictámenes, el disenso está en el tema de los plazos. El dictamen en minoría sostiene que habiendo fenecido el plazo de las sesiones ordinarias, ya no se pueden prorrogar, en tanto que lo que se desprende del despacho de mayoría es que en una interpretación amplia acerca de las facultades constitucionales propias del Congreso, pueden ejercerse en cualquier momento sin necesidad de dependencia --o sujeción-- de una convocatoria del Poder Ejecutivo nacional.
Estoy convencida de que el estado de derecho, la democracia y las instituciones de la República exigen el cumplimiento estricto de la Constitución, que las situaciones de gravedad deben resolverse en el marco de la Constitución. Y de ningún modo abono una decisión debida a estados de emergencia o a extrema gravedad que nos permitan apartarnos en un solo tema de lo que establece nuestra Constitución Nacional.
Aclarado esto, comparto la decisión del dictamen en mayoría en el sentido de que no es impedimento para el ejercicio de las facultades propias del Congreso --que pueden ejercerse con plenitud y por su propia decisión--, la necesidad de depender de una convocatoria expresa del Poder Ejecutivo nacional ni del temario que éste proponga.
-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1 del H. Senado, senador Raúl Eduardo Baglini.
Sra. Ibarra. -- Que haya fenecido el período de sesiones ordinarias no me parece impedimento para sostener esta postura, porque esto no surge de la letra de nuestra Constitución, lo que nos obliga en principio a una interpretación amplia en lo que hace al ejercicio pleno de las facultades constitucionales de los poderes constituídos y a desechar, básicamente, una postura restrictiva del ejercicio de estas facultades constitucionales a manos de otro poder. Esto sería una suerte de capitis diminutio que estaría haciendo depender las facultades plenas de este cuerpo de la decisión del Poder Ejecutivo.
Tampoco respecto de los plazos creo que haya hoy distinta interpretación. No estamos acá hablando de plazos judiciales o contractuales, que cuando vencen generan derechos y obligaciones para la contraparte o para terceros. Tampoco me parece lógico sostener que el Poder Legislativo tenía hasta hace diez días --que todavía estábamos en ordinarias-- la posibilidad de prorrogar sesiones para ejercer plenamente nuestras facultades constitucionales y que habiendo pasado ya esos días carecemos absolutamente de ella. Ningún párrafo constitucional señala o indica que durante algún período pierda facultades o tenga restringidas facultades constitucionales que le son propias.
Creo que aun en período de sesiones extraordinarias --que efectivamente le corresponde convocar, sin duda, al Poder Ejecutivo nacional con fundamento en el artículo 99, inciso 9°, de la Constitución-- cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera, inclusive en ese caso, el Congreso Nacional puede determinar sesiones de prórroga de las ordinarias para ejercer sus plenas facultades constitucionales.
Acompañan esta postura algunos constitucionalistas, como Linares Quintana y Romero. Sé que hay otros constitucionalistas que no abonan esta teoría. Quiero decir que ésta es mi interpretación constitucional; no la traigo por considerar que estamos en una situación de extrema gravedad sino porque creo que es la que corresponde.
En lo que hace a la dimensión política de la decisión que se está tomando por la grave situación social, económica y política que estamos viviendo, y teniendo presente que nuestra costumbre institucional dejó muy atada la prórroga de las ordinarias a la decisión del Poder Ejecutivo, este hecho nuevo que estamos decidiendo hoy, efectivamente, se va a percibir como una fuerte controversia de poderes.
Es grave que esto ocurra en momentos de desesperación social. Cuando la gente espera señales y consensos fuertes --para sentir que la crisis se enfrenta con solidez y con planes políticos y económicamente sustentables--, no es bueno dar señales de confrontación.
Hubiese sido preferible y deseable un temario de consenso en este marco de las extraordinarias que contemplara los temas que son de inquietud de los representantes del pueblo.
Da la impresión de que hasta ahora ese camino no pudo recorrerse. Y políticamente asumo que sólo es posible recorrer ese camino cuando existen visiones comunes acerca de las medidas a adoptar.
Tengo la sensación de que el plan económico de Cavallo que está llevando a cabo el gobierno nacional, no sólo carece de acompañamiento político, sino que también es unánimemente rechazado por la mayoría del pueblo argentino, que lo está padeciendo. El pueblo está pidiendo que se cambie el rumbo y que se instrumente un plan sustentable y de redistribución de las riquezas.
El Poder Ejecutivo tiene la enorme y principal responsabilidad frente a todos los argentinos, por no haber impulsado un plan económico sustentable de crecimiento y de redistribución de la riqueza, y por no haber sabido obtener consensos políticos para implementarlo.
También señalo que el Poder Legislativo debe replantear su responsabilidad ante esta crisis, la cual arrastra muchos años de inequidad, de distribución injusta de la riqueza y de concentración del poder económico. Esto ha tenido, en la mayoría de los casos, basamento en leyes dictadas por el Congreso Nacional.
Más allá de los posicionamientos de los bloques políticos --tanto en la Cámara de Diputados como en este cuerpo--, ha sido el propio Poder Legislativo el que delegó en el Poder Ejecutivo muchas de las facultades que ahora intenta recuperar.
Esto también es de incumbencia de este cuerpo, y creo que hay que mencionarlo a la hora de discriminar las responsabilidades que nos caben ante estos hechos.
El miembro informante por la mayoría expresó --y lo comparto-- que las cámaras, como representantes del pueblo, son los lugares en donde la gente espera que sus derechos sean defendidos y sus garantías reconocidas, más allá de las miserias y mezquindades que puedan tener dichos órganos.
Coincido con esa visión. Creo que desde los cargos electivos --en particular desde los que representamos a las provincias, al Estado Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y al pueblo, en el caso de la Cámara de Diputados--, la gente está esperando que su voz sea escuchada y sus derechos reconocidos. Desean que terminemos con las mezquindades y las miserias. Nosotros somos mirados por el pueblo argentino, que nos está pidiendo que terminemos con estas miserias.
Hoy presenté un proyecto para tratar el tema de las dietas de los senadores y diputados, porque considero que los argentinos están pidiendo que terminemos con algunos privilegios que se viven irritativamente en este momento en la Argentina.
No podemos decir que hay cosas más urgentes que éstas, porque son gestos que la gente reclama de la clase política para, de esa manera, creer en nosotros y que podamos hacernos cargo de las decisiones vinculadas a la crisis que vive nuestro pueblo.
-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Juan Carlos Maqueda.
Sra. Ibarra. -- Señor presidente: hace un rato escuché por televisión a periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, que dijeron que se estaban tomando decisiones vinculadas con la declaración del estado de sitio.
No sé si efectivamente se ha tomado esta decisión por decreto o a través de un proyecto de ley. Lo digo con la responsabilidad de haberlo escuchado por un canal de televisión, motivo por el cual también lo deben haber visto muchos argentinos.
En todo caso, si esto es así, quiero decir que es a las Cámaras de Diputados y de Senadores a las que les corresponde resolver en este sentido. Espero que no quiera hacerse por medio de un decreto, porque las Cámaras están convocadas en este momento por el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de las plenas facultades constitucionales que estoy defendiendo y que el cuerpo, en su mayoría, está asintiendo. Es decir que tenemos facultades para resolver, estamos convocados, sesionando, y es a este cuerpo al que le corresponde resolver sobre una decisión de tanta gravedad institucional.
Desde ya quiero decir que de ningún modo voy a acompañar una decisión sobre la declaración del estado de sitio, porque creo que la gente no está pidiendo ni necesita que se suspendan las garantías constitucionales, que se detengan ni se trasladen habitantes sino que se resuelvan los problemas de la miseria, del trabajo, de la distribución inequitativa de la riqueza y que se implemente un plan económico sustentable políticamente para hacer crecer al país.
Quiero dejar en claro que de ningún modo esta Cámara puede delegar la decisión que por la Constitución le cabe resolver acerca de la declaración del estado de sitio.
En cuanto a las demás cuestiones, hoy estamos tomando una decisión en lo que hace a la prórroga de sesiones ordinarias que considero justa y constitucional, y que abre las puertas para el pleno ejercicio de nuestras facultades constitucionales, a fin de que los legisladores aportemos soluciones de fondo a la crisis. Y, en todo caso, recuperar las facultades delegadas por la llamada "ley de superpoderes" va a ser un paso adelante; será necesario dar otros para que se resuelvan en definitiva los problemas relativos a la distribución de la riqueza.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por Tucumán del bloque justicialista.
Sr. Alperovich. -- Señor presidente: recién escuchaba y veía a todos mis colegas comunicándose con sus teléfonos celulares, enterándose de lo qué pasaba en cada una de nuestras respectivas provincias con respecto al tema social. Y yo me pregunto: si sabemos que el modelo está agotado, ¿por qué no se dice la verdad? Sabemos además que la convertibilidad está rota, que las jubilaciones no existen, que el sistema financiero está quebrado, que no existe el "día 91", que no hay política industrial y no hay trabajo. Creo que hoy tenemos la oportunidad histórica de ir a la par de la gente, y no a un ritmo distinto. Porque la gente suele decir que los tiempos políticos van por un lado y la realidad por el otro.
Creo que en este momento, que es gravísimo, no podemos adoptar actitudes hipócritas. Todos dijimos en nuestras campañas que íbamos a trabajar para dar soluciones a la gente. Por eso les pido a los setenta y dos senadores que trabajemos en conjunto, en forma permanente, por la gente, que es la que nos está pidiendo soluciones ya. No tenemos que ser hipócritas. El pueblo nos ha votado para que le demos soluciones y para trabajar. No podemos permitir más especulaciones de un Senado cerrado durante noventa días. O trabajamos en conjunto y buscamos una esperanza para la gente o ninguno de nosotros va a tener carrera política.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por Salta, Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: no voy a hacer ninguna cita de ningún tratadista ni estudioso del derecho constitucional, porque me parece que las distintas opiniones doctrinarias han sido volcadas ya con la suficiente amplitud.
Quisiera ser en este tema lo suficientemente breve y concreto.
Creo que, desde el punto de vista jurídico, la letra de la Constitución es absolutamente clara. El artículo 63 de la Carta Magna dice, textualmente: "Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre." Esto significa que las Cámaras se convocan a sí mismas, se reúnen, deliberan y sancionan leyes durante el período de sesiones ordinarias que se extiende, como dice la Constitución, desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre".
Seguidamente expresa el artículo 63: "Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones." Vale decir que la Constitución prevé las sesiones extraordinarias, en las cuales estamos, por convocatoria del presidente de la República y prevé la posibilidad de prórroga de sesiones ordinarias que, según se ha interpretado, puede ser realizada tanto por el Poder Ejecutivo como por ambas Cámaras del Congreso.
Pero, como bien se ha dicho aquí, no se puede prorrogar lo que ya ha vencido, lo que ha fenecido. Si esta situación se llevara a la práctica nos encontraríamos ante el absurdo de estar en sesiones ordinarias de prórroga con la superposición de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo nacional. Por ende, si estamos en sesiones extraordinarias no puede haber sesiones ordinarias; y si las sesiones ordinarias se prorrogaron antes de su vencimiento, obviamente, el Poder Ejecutivo no puede dictar un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.
Particularmente, creo que los constituyentes han sido muy claros en lo que han escrito, que es la letra de la Constitución a la cual debemos sujetarnos.
Además de la cuestión jurídica y constitucional en todo esto hay también un ángulo práctico, por llamarlo de alguna manera, para el análisis de esta situación. Se dice que el Congreso no puede quedar ausente de la grave crisis en la cual se encuentra inmerso el país, que debe tratarla y deliberar sobre ella.
Si bien coincido con esta posición, me pregunto si existe algún inconveniente de índole práctica, encontrándonos en sesiones extraordinarias, para abordar los temas relativos a la crisis que hoy embarga a la Nación Argentina. Realmente, no encuentro ninguno.
Tal como se lo señalara con buen criterio lo que debemos tratar los legisladores en el marco de esta crisis es el programa económico. Y en ese sentido creo que el mejor marco es el proyecto de ley de presupuesto, que resulta ideal para abordar esta cuestión de fondo que no admite más dilaciones.
También ha señalado muy bien el senador preopinante que en reiteradas oportunidades este Congreso posibilitó la ejecución del actual programa económico mediante la sanción de diversas leyes.
Debo decir que el programa de convertibilidad concluyó en nuestro país el viernes 30 de noviembre --hace veinte días-- con la corrida cambiaria que se produjo en esa oportunidad.
Contamos con 69 mil millones en depósitos; 17 mil millones son los depósitos a la vista, los que el público podría retirar de cuentas de cajas de ahorro o de cuentas corrientes. El Banco Central cuenta con una reserva de 8.500 millones de dólares y 7 mil millones son los depósitos de las entidades financieras. ¿Ustedes creen que en este escenario es posible la convertibilidad? Desde luego que no. Se terminó; pertenece al pasado. Lo que debemos discutir es la búsqueda de un nuevo camino, de un rumbo que le permita el país salir de esta situación de cuatro años de recesión económica, con fuerte crecimiento del desempleo y con un profundo deterioro en la distribución del ingreso. Eso es lo que tenemos que debatir: un nuevo camino que nos permita crecer y dar esperanzas a la gente que hoy está haciendo sus reclamos en las calles. Se terminó un tiempo, un ciclo, una década en la Argentina. Y finalizó el viernes 30 de noviembre. Esa es nuestra responsabilidad en este tiempo que vamos a protagonizar entre todos, que va a ser de profundos cambios y de un nuevo rumbo.
En primer lugar, hay que construir urgentemente un fuerte consenso político para poder llevar adelante, de manera exitosa, el tramo externo del canje de la deuda. Si se analizan los números que envió el Poder Ejecutivo nacional, se prevé el canje con una tasa de interés del 3 por ciento. Si queremos ser exitosos en un objetivo tan ambicioso, debemos mostrarle al mundo un frente unido, al menos en este aspecto.
Incluso considero que el Poder Ejecutivo debería convocar a un equipo técnico multipartidario a fin de encarar tareas de asesoramiento en la difícil renegociación de la deuda que nos espera, con el objetivo de evitar que la Argentina caiga en cesación de pagos. Deberían aprovecharse estos días tan importantes --porque es un tiempo que no volverá a repetirse-- para poder analizar este nuevo camino y un nuevo programa que le permita a la Argentina crecer y superar sus dificultades, plan que va a requerir forzosamente de un consenso entre las fuerzas políticas y, fundamentalmente, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso nacional, que hoy tiene, además, otra composición política.
Todo esto puede hacerse sin violentar la Constitución, analizando esta ley de tanta importancia que es el presupuesto nacional, pues también tenemos facultades estando en el período de sesiones extraordinarias. Y esto es así a tal punto que, si queremos interpelar al ministro de Economía como representante del Poder Ejecutivo nacional, podemos hacerlo. Y creo que este es el gran debate que tenemos pendiente.
Hace años, un gran intelectual que quería mucho a la Argentina, nos dijo a todos "argentinos a las cosas".
Debemos dejar de irnos por las ramas para concentrarnos en el fondo mismo de la cuestión que es la única manera de superar los males que hoy tenemos.
Podemos recorrer ese camino entre todos porque es posible y es lo que está esperando la gente. Y como aquí se ha dicho, la gente no está esperando más conflictos, está esperando soluciones y sabe que acá hay un tiempo que concluyó en nuestro país y que es nuestra responsabilidad --como dirigentes-- el debatir y construir una alternativa que nos permita cambiar; una alternativa que nos permita tener esperanzas. Eso es posible y, además, es posible sin violentar la Constitución.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora por Catamarca, Colombo.
Sra. Colombo. -- Señor presidente, señoras y señores senadores: el recordado Carlos Nino, al hablar del carácter complejo de la democracia constitucional, expresaba en forma magistral que el constitucionalismo y la democracia se combinan para formar un sistema de gobierno conocido bajo el nombre de democracia constitucional. Agregaba que este matrimonio entre democracia y constitucionalismo no es sencillo: sobrevienen tensiones cuando la expansión de la primera conduce a un debilitamiento del segundo o, por el contrario, el fortalecimiento del ideal constitucional se convierte en un freno para el proceso democrático.
La mayoría legislativa de este cuerpo, surgida de los últimos comicios en los que el pueblo argentino manifestó un duro mensaje a la clase política en su conjunto, está planteando este debate; debate que queda circunscripto no sólo a una confrontación meramente política. Es indudable que no se trata exclusivamente de una discusión sobre la actitud de este Congreso ante la crítica situación que asfixia al país, sino que la discusión entraña el riesgo de ser usufructuada como materia prima por algunos que pretendan violentar otro pronunciamiento mayoritario que depositó uno de los poderes del Estado en un ciudadano para que ejerciera en plenitud las facultades que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo nacional.
En forma impecable Nino describía esa tensión que, en las circunstancias actuales, podríamos encasillar bajo los términos de la ecuación entre democracia y constitucionalismo como de una decidida expansión de la primera, sin importar el debilitamiento del segundo. Aquí está planteado, señor presidente, un problema de alcance institucional. Y este es un dato que, aunque obvio, no es menor, máxime bajo la agobiante situación en que se encuentra la Argentina.
Al tiempo de la elección de las autoridades de este cuerpo se dejaron de lado, a mi entender, tradiciones propias de la vida institucional argentina; y así se lo hicimos saber al presidente de la bancada mayoritaria en su oportunidad. Al tiempo de la definición del temario de trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales se dejaron de lado nuevamente prácticas propias de la casa en función del criterio de la mayoría, siendo ellas decisiones de resorte propio de este cuerpo, que aceptamos en función de la convivencia política necesaria en toda entidad colegiada. Pero desde ningún punto de vista podemos aceptar esta pretensión que surge del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que este Senado, al igual que la Cámara baja, autoprorrogue las sesiones ordinarias que, indefectiblemente, fenecieron el 30 de noviembre próximo pasado.
Dije en el seno de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que los argumentos expresados por la mayoría en favor de la prórroga eran más propicios para fundamentar una ley que declare la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional a efectos de habilitar al Congreso a prorrogar las sesiones ordinarias de esta manera.
Señor presidente: sin intención alguna de ofender los criterios esbozados por los integrantes del bloque mayoritario en este trascendente debate para la vida institucional de la Argentina, si debiera emitir una calificación de esta posición del bloque justicialista, no sería otra que la no observancia de pautas mínimas que, en una democracia, toda mayoría debe respetar. Esta es una regla que le impone ese techo de convivencia común a todos, que es la Constitución Nacional.
Es la Constitución argentina la que preceptúa, en el inciso 9° del artículo 99, como atribución del Poder Ejecutivo nacional, la de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso y la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
Es esa Constitución la que, dentro de las disposiciones comunes a ambas cámaras, expresa en su artículo 63 que: "Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones."
El análisis integral --y no lecturas parciales e intencionadas-- del texto constitucional reformado en 1994 nos exime de mayores comentarios.
Quienes, tras ese pacto de gobernabilidad suscripto por las expresiones políticas mayoritarias del país, y a partir de la sanción de la ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma, tuvimos la alta responsabilidad de modificar el texto constitucional, respetamos en este punto tanto en el Núcleo de Coincidencias Básicas como en la Comisión de Redacción y en las sesiones plenarias de la Convención reformadora, un texto que nos viene dado desde aquel poder constituyente de 1853.
El Capítulo Tercero de la Sección Primera del Título Primero de la Parte Segunda de la Constitución de la Confederación Argentina de 1853 expresaba, en su artículo 52 que ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Confederación o prorrogadas sus sesiones.
Más adelante, en el Capítulo Tercero, se señalaba en el inciso 12 del artículo 83 que el presidente de la Confederación prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
Señor presidente: salvo en la modificación del período ordinario de sesiones, en nada difiere el texto que hoy nos rige --luego de las reformas introducidas en 1994-- de aquel de 1853. Ello para aventar cualquier discusión o bloqueo institucional que pudiera plantearse acerca del no inicio del período ordinario de sesiones si el presidente no hiciera su apertura tal como prevé el inciso 8° del artículo 99.
Ahora bien, este agregado que introdujimos en la Constituyente de 1994 es un dato no menor para la discusión que tenemos hoy.
Más allá de las posiciones doctrinarias --que las hay y variadas, en un sentido y en otro-- podríamos estar largas horas tironeando la biblioteca jurídica juntos, conforme a nuestros intereses. Pero vale considerar la intención del constituyente que, cuando quiso reafirmar actitudes propias del Congreso, sin la intervención de ningún otro poder del Estado, así lo hizo. Y en ese sentido resguardó, en el caso del inicio del período ordinario de sesiones, la facultad de autoconvocatoria del Legislativo para esa circunstancia.
De igual modo, el constituyente de 1994 mantuvo incólume el resto del precepto constitucional sobre esta materia tal como lo pergeñó el legislador de 1853.
Por ende, la invocación a cualquier interpretación dinámica de la Constitución o la invocación a las facultades implícitas del Congreso tampoco cobran relevancia, puesto que la última reforma producida hace sólo siete años, bajo el desarrollo pleno de las instituciones en el marco de la democracia imperante desde 1983, atempera dicha posibilidad.
Por todo esto, me pregunto cuál es la razón para que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales el bloque mayoritario, al igual que sus pares de la bancada en la Cámara de Diputados --gozando también de la mayoría en la Cámara baja--, propicien e impulsen esta medida. ¿Qué los motiva a pretender restablecer un período ordinario ya fenecido sobre interpretaciones del texto constitucional que pueden generar suspicacias, y a riesgo de que todas las decisiones puedan estar sujetas a revisión? ¿Qué los impulsa a violentar el ya de por sí caldeado clima político institucional del país bajo el argumento de que el Congreso no puede estar cerrado ante la situación que atravesamos, aun cuando el Poder Ejecutivo nacional, en uso de las facultades que le son propias, ha dispuesto extender el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero del año 2002? Muchos interrogantes frente a la posibilidad concreta de que todos juntos solicitemos, acordemos o, si es necesario, exijamos al Poder Ejecutivo nacional, que con sentido patriótico, amplíe el temario de las sesiones extraordinarias a todas las materias que respondan de manera efectiva y eficiente a las demandas de la Nación.
En el propio seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales voces calificadas de la bancada mayoritaria han expresado que no se puede restablecer algo que ya se extinguió. Por otro lado, tampoco existen antecedentes en la historia institucional de la Argentina de una situación como la que hoy debatimos.
Uno de los integrantes de la bancada mayoritaria dijo que no era una interpretación antojadiza de la Constitución Nacional que esta potestad no se había ejercido antes sencillamente porque nunca se dio la situación de que el Poder Ejecutivo nacional fuera de un signo político y ambas Cámaras del Congreso estuvieran dominadas por la oposición.
Si debemos bucear por los antecedentes constitucionales, ni en la reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, las convenciones reformadoras convocadas introdujeron modificaciones que alteraran la letra y el espíritu respecto de las facultades de prorrogar las sesiones ordinarias o convocar a extraordinarias, las que entendemos descansan en el Poder Ejecutivo nacional.
Cabe acotar que si bien no es un texto vigente, en la Convención de 1949 la mayoría oficialista de aquel entonces --de idéntica posición ideológica a la que hoy esgrime la mayoría en ambas Cámaras de este Congreso--, respecto de las disposiciones comunes a ambas cámaras, dispuso en el artículo 56 que ellas "se reunirán en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de mayo hasta el treinta de septiembre. El presidente de la Nación puede prorrogar las sesiones ordinarias y convocar a extraordinarias. En las sesiones extraordinarias no se tratarán sino los asuntos determinados en la convocatoria. Durante el receso de las cámaras legislativas, el presidente de la Nación podrá convocar a la de Senadores al solo objeto de los acuerdos necesarios para los nombramientos que requieran tal requisito".
Para reafirmar este concepto acerca del ejercicio de las facultades de prórroga de sesiones ordinarias, el inciso 12 del artículo 83 de la reforma del 49 le confería al presidente de la Nación la atribución de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso, de convocarlo a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera y de convocar al Senado en el caso del artículo 56 anteriormente expuesto.
Las mayorías del 2001 en este honorable Congreso, que se identifican ideológicamente con aquellas mayorías del 49, pretenden adoptar una posición sobre el asunto diametralmente opuesta a aquella sostenida por el justicialismo en el 49.
Debemos lamentar además que el único antecedente que podemos esgrimir en favor de esa posición sea el del Estatuto Fundamental del 24 de agosto de 1972, proclama de la llamada Revolución Argentina que, justamente, proscribió al peronismo en nuestro país.
El artículo 1de aquel estatuto dictado por una junta de comandantes modificaba, entre otros, el artículo 55 de la Constitución, el que pasaba a decir que ambas Cámaras se reunirán por propia convocatoria en sesiones ordinarias todos los años, desde el primero de abril al treinta de noviembre. Pueden disponer su prórroga por un plazo no mayor de treinta días corridos. También pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o a solicitud de la cuarta parte de los miembros de cada Cámara. En esta última alternativa, el presidente de cualesquiera de ellas deberá citarlas, correspondiendo a los cuerpos decidir si su realización está justificada.
En consonancia con lo expuesto, la misma junta de comandantes modificaba las atribuciones del Poder Ejecutivo nacional, restándole así al presidente una facultad que el resto de los antecedentes constitucionales que recoge el derecho hoy vigente le asignaba: el de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso.
Un dato anecdótico también. En los considerandos de este estatuto...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Perdón, señora senadora. La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Colombo. -- Le pido disculpas a la señora senadora, pero prefiero terminar mi alocución.
Sr. Presidente (Maqueda). -- No le concede la interrupción, señora senadora.
Sra. Colombo. -- Un dato anecdótico: en los considerandos de ese Estatuto Fundamental de 1972 el gobierno de facto de aquel entonces decía: "La Junta de comandantes en Jefe, en ejercicio del poder revolucionario en nombre y representación de las Fuerzas Armadas, se ha propuesto restituir la soberanía al pueblo y asegurar una democracia representativa, auténtica y estable...".
Señor presidente: en aquella oportunidad, la razón de la fuerza militar en el ejercicio del poder intentaba modificar las reglas de juego del conjunto. Hoy, la razón de la fuerza de los números no puede ni debe imponerse a la fuerza de la razón de la historia y del derecho constitucional que le son esquivos a este planteo de la bancada mayoritaria.
Huelga expresar, señor presidente y distinguidos integrantes de este cuerpo, que este denominado "nuevo Senado" no puede funcionar con interpretaciones antojadizas sobre la norma que le da vida y nutre su propia actividad. La bancada mayoritaria no debe, bajo criterios estrictamente numéricos, imponer condiciones que debilitan la plataforma legal sobre la que se cimenta este cuerpo. La bancada mayoritaria no puede desconocer la necesidad de la Argentina en esta hora --descuento que no lo hace-- de aportar a la construcción del país sin mezquindades ni dobles intenciones. No puede desconocer la necesidad de reconstruir en forma colectiva el entramado social profundamente dañado por la crisis que nos azota. No puede...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Perdón, señora senadora: el señor senador Gioja le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Colombo. -- Si le concediera la interrupción al señor senador Gioja estaría discriminando injustamente a la señora senadora Kirchner. Por lo tanto...
Sr. Presidente (Maqueda). -- No le concede la interrupción, señor senador.
Sra. Colombo. -- ...le pido que me dejen terminar. Estoy a punto de finalizar.
Sr. Gioja. -- Debemos cumplir con el Reglamento.
Sra. Colombo. -- Ya termino, señor senador.
Sr. Gioja. -- Estamos armados de mucha paciencia escuchando algunas cosas que no corresponden.
Sr. Presidente (Maqueda). -- ¿Qué está pidiendo concretamente, señor senador?
Sra. Negre de Alonso. -- La señora senadora se excedió en el tiempo.
Sra. Colombo. -- No creo haberme excedido en el horario.
Sr. Presidente (Maqueda). -- No se ha excedido en el horario.
Sr. Gioja. -- Se ha excedido al leer.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Sí, eso es cierto.
Sra. Colombo. -- Voy a terminar en breves instantes.
No podemos desconocer el llamado a la concertación nacional que viene efectuando el presidente de la Nación desde el acto de conmemoración de la Independencia Nacional el 9 de julio, en Tucumán, al que precedieron y sucedieron manifestaciones en igual sentido de altos dirigentes del Partido Justicialista. No puede argumentarse que se emite este dictamen de mayoría para que este Congreso, en el receso, pueda trabajar cuando --como ya dijimos--, el propio Poder Ejecutivo ha prorrogado las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y cuando el Senado y el Poder Ejecutivo nacional pueden acordar un temario que aborde la grave situación nacional.
Señor presidente: el bloque del justicialismo tampoco puede desconocer, como creo que no lo desconocerá, que la gravedad de la hora exige el repliegue de actitudes personales. No podemos desconocer la necesidad de apuntalar en esta hora al Poder Ejecutivo nacional desde el marco de la Constitución y, menos aún, cuando esta misma oposición ha posibilitado durante los últimos dos años que el Poder Ejecutivo nacional pudiera contar con las leyes que solicitó a este Congreso.
Señor presidente, señores senadores: sin ánimo de emitir ningún dictamen en minoría ni de manifestar ninguna observación o disidencia al despacho en mayoría, pues con ello estaría convalidando el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que considero lesiona preceptos constitucionales, he querido manifestar la posición de mi bloque.
En nombre del pueblo de la provincia que represento, pero fundamentalmente en nombre de las instituciones de la República y de esta hora en la que se hace indispensable una auténtica concertación entre todos los sectores, conscientes de las responsabilidades que nos marca el momento, solicito a la bancada mayoritaria bajo aquel apotegma que señala que primero está la Patria, luego el Movimiento y por último los hombres, que deponga su actitud y que canalice sus esfuerzos y energías.
No puedo, como dije en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino advertir que se va a cometer un acto inconstitucional, que la grave situación económica y social por la que atravesamos no legitima cualquier cosa, no legitima forzar mecanismos parlamentarios y no legitima interpretaciones antojadizas de la Constitución Nacional efectuadas invocando la interpretación dinámica o las facultades implícitas de este Congreso y que no están contempladas por el inciso 32 del artículo 75.
Demostremos juntos que el sistema político argentino es capaz de conducir la salida de esta crisis, solicitando, como dije hace un momento, acordando o, si es necesario, exigiéndole al Poder Ejecutivo nacional que incluya en la agenda de las sesiones extraordinarias el temario que este Congreso priorice.
Si se trata de recuperar facultades o atribuciones para el Congreso debemos comenzar por respetar la Constitución Nacional. Si se trata de recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones de la República debemos comenzar, como descuento que ya se está haciendo, por dar ejemplos de austeridad, de patriotismo...
Sr. Mayans. -- ¡Señor presidente: por favor aplique el Reglamento! ¡La senadora no puede seguir leyendo!
Sra. Colombo. -- ... y de estoicismo que demuestren que tenemos el oído en el pueblo. Rompamos esta inercia en la que caímos y que llevó a que la puja sectorial pudiera más que el bien común.
Sr. Mayans. -- Señor presidente: ¡esto no puede ser! ¡No se puede leer en el recinto!
Sra. Colombo. -- El 14 de octubre, 5.400.000 ciudadanos argentinos nos demostraron que más que en la eficacia de las palabras creerán en la eficacia de los ejemplos.
Ese es el desafío que tenemos la oportunidad histórica de concretar.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Esta Presidencia se ve en la obligación de aclarar que no aplicó estrictamente el artículo 199 del Reglamento porque no quiso que la expositora se sintiera coartada en el uso de la palabra.
No obstante, a continuación por Secretaría se procederá a dar lectura al mencionado artículo, porque se aplicará estrictamente.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- (Lee:) "Artículo 199.- Nada escrito o impreso se leerá en la Cámara. Son excepciones a tal regla: la lectura del acta, cuando la hubiere, comunicaciones y demás expresado en el artículo 190 y la que, en los casos previstos por el artículo 166, podrán hacer los senadores de sus exposiciones por un lapso máximo de quince minutos."
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. -- Señor presidente: ante la falta de gentileza de la señora senadora preopinante, concederé una interrupción a la señora senadora por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Señor presidente: brevemente y respecto de manifestaciones vertidas por la señora senadora preopinante, creo que podemos disculpar la inobservancia del Reglamento, como usted acaba de remarcar recién. Podemos tolerar que se nos extrapole al peronismo del 49 y se quiera colocar en aparente contradicción con el peronismo de este año. Pero ni yo ni ninguno de los integrantes de mi bancada estamos dispuestos a tolerar que se nos compare con juntas, gobiernos o procedimientos militares, sobre todo porque mi partido no tiene historia vinculada a golpes militares. Es más: mi partido, el peronismo, ha sido siempre la víctima de los golpes militares en este país. Hasta me atrevería a decir que el partido que hoy es gobierno en la República Argentina el que ha estado vinculado con estas actitudes. Pero mi ánimo no es polemizar sino simplemente señalar que hemos escuchado con muchísimo respeto opiniones diferentes que han tenido respecto de la cuestión que estamos tratando los señores representantes de otros bloques, incluido el señor vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador por el radicalismo. No estamos dispuestos a tolerar que se nos haga este tipo de comparaciones que son ahistóricas y agraviantes respecto de una conducta absolutamente democrática por parte del peronismo.
Además, me siento muy agraviada porque como miembro de una generación sumamente castigada, perseguida y que ha sufrido cárcel por los gobiernos militares, no estoy dispuesta a tolerar que se nos agravie gratuitamente.
Por esto el propio cuerpo se merecía este tipo de aclaración.
Sr. Presidente (Maqueda).-- Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso.-- Señor presidente: estamos asistiendo a una clara intención de amordazar al Parlamento argentino al pretender que el Congreso de la Nación no prorrogue sus sesiones ordinarias. ¡¿Qué otra explicación hay sino amordazar y acallar a los representantes del pueblo y de las provincias argentinas que vienen a cumplir su mandato y a reclamar lo que este Estado federal les concede, que no son dádivas sino propios derechos?!
Mi partido ha solicitado reiteradamente al Poder Ejecutivo nacional que prorrogue las sesiones ordinarias. Como en muchas otras actitudes ha sido autista y simplemente ha convocado a sesiones extraordinarias, en las cuales sólo podríamos tratar los temas que nos indique el Poder Ejecutivo y no aquellos vinculantes que atañen al día de hoy, que van mucho más allá del bache de una ley como la de coparticipación o el impuesto a las ganancias.
El Parlamento argentino es uno de los tres poderes del Estado y no puede estar ajeno a lo que está viviendo el país segundo a segundo detrás de estos muros.
La senadora por Catamarca preguntaba qué intención tenía el Partido Justicialista de querer prorrogar las sesiones. ¡Por favor! ¿Qué intención tiene el pueblo argentino cuando están asaltando los supermercados, matando a nuestros jóvenes y la gente se está muriendo de hambre! ¡¿Todavía la señora senadora no sabe cuál es la intención?! ¡No sabe que el 14 de octubre nosotros hemos ganado las elecciones a lo largo y a lo ancho del país! ¿O acaso qué venimos a hacer acá? ¿A sentarnos y a cobrar una dieta muy cuestionada? ¿A eso venimos? No. Venimos a responder a las necesidades de los pueblos de nuestras provincias. Venimos a cumplir con nuestra obligación constitucional. Venimos a ejercer un acto de responsabilidad.
Por eso queremos que el Parlamento no se cierre.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señora senadora discúlpeme. El senador Passo le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Negre de Alonso. -- Con mucho gusto, señor presidente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Passo.
Sr. Passo. -- Señor presidente: intentaré hacer una contribución en un debate que comenzó verdaderamente realzado, y que en estos momentos está tomando carriles distintos.
Considero que no tiene que quedar flotando en este Parlamento ni por un segundo la idea de que aquellos que tienen una posición distinta a otros respecto de un tema constitucional no están dispuestos a colaborar con la crisis que está padeciendo nuestro pueblo.
Cuando termine el tratamiento de este tema, solicitaré que se considere un proyecto de mi bloque que ha ingresado recientemente, a los efectos de convocar de manera inmediata a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social para que, mancomunadamente, puedan establecerse las bases de un seguro de empleo y formación. Esto, no estaría a contramano de la convocatoria vigente que ha hecho el Poder Ejecutivo, para discutir las soluciones en el marco del tratamiento del presupuesto. Para abordar todos los temas vinculados con la solución urgente a los problemas de los sectores más necesitados y vulnerables de la sociedad, tendremos que tomar medidas relacionadas con los recursos que debemos conseguir y con los gastos que tengamos que ejecutar.
Por lo tanto, mi deseo es que las posiciones que se están esbozando en todo sentido, no dejen ni por un segundo la sensación de que estamos divididos en la idea de trabajar por los argentinos que están sufriendo. Eso sería muy malo para toda la sociedad, y fundamentalmente para el propio Parlamento.
Le agradezco a la señora senadora su gentileza al haberme cedido el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. -- Señor presidente: me congratula que el señor senador a quien concedí la interrupción esté preocupado por esta situación. Pero le quiero aclarar que una cosa es la ley de presupuesto para prever los recursos, y otra muy distinta es una ley para crear el seguro a que hacía referencia, que también es de nuestra preocupación.
Consecuentemente, con mayor razón el señor senador va a apoyar mi posición, en el sentido de que para sancionar esa ley --que es una de la grilla que nosotros consideramos que es imprescindible que trate el Parlamento-- necesitamos prorrogar las sesiones ordinarias, ya que el Poder Ejecutivo no incluyó este tipo de medidas dentro de las sesiones extraordinarias.
Prosiguiendo con la línea de pensamiento que estaba desarrollando --y tratando de ser lo más breve posible, atento a la gravedad de la situación que vive el país, y de los temas que tenemos que considerar--, y para responderle a un senador preopinante, debo decir que el bloque del justicialismo no viene con el vértigo de las mayorías del 14 de octubre, como se ha sugerido o imputado. Venimos con el vértigo de la gente que está asaltando los supermercados, con el vértigo del dolor que provocan las muertes, ocurridas ya en dos lugares; con el vértigo de la preocupación del pueblo argentino. Esta es la rectitud de la intención que tiene el bloque justicialista. Venimos a dar respuestas en el marco de la división de poderes, que debemos respetar y que debe ser respetada.
En orden a la cuestión constitucional haré algunos aportes, a pesar de que el tema ha sido desarrollado con profundidad por la miembro informante por la mayoría, por el senador Yoma y por otros colegas.
Pero en forma personal quisiera resaltar algunas cuestiones. Acá se habló de que es inconstitucional la prórroga de las sesiones ordinarias; por lo tanto, quiero afirmar y dejar clara mi posición: la prórroga de las sesiones ordinarias es absolutamente constitucional.
En este recinto no se ha analizado ni mencionado que este año hemos vivido una situación puntual y particular desde la reforma constitucional, porque desde 1994 es la primera vez que este Senado se ha renovado en la totalidad de sus miembros. Entonces, hay senadores como quien habla, que vienen de la anterior composición de esta Cámara, que sabemos perfectamente que se discutió si la prórroga era una facultad del Senado que se iba --en su totalidad--, obligando y determinando así al próximo Senado que tenía que seguir sesionando. Esto se habló, se dijo y se debatió, aunque no en el recinto sino afuera de él, y se consideró que de ninguna manera los miembros salientes podían decidir sobre el futuro de este cuerpo cuando se renovaba el ciento por ciento de sus bancas.
En nuestra Carta Magna las cláusulas no son pétreas y los juristas estamos para interpretarlas. Entonces, en la línea de los aportes y pensamientos doctrinarios sobre la interpretación de la Constitución Nacional, podemos decir que existe una visión positivista, exegética o una filosofía que lleve a actuar, a dinamizar las cláusulas constitucionales al momento que estamos viviendo. Esta última es la postura correcta; de lo contrario nuestra Constitución de 1853 no podría haber vivido hasta 1994, cuando se produjo su reforma estructural. Ello fue posible, porque se adaptó a los tiempos, porque la Constitución es dinámica.
En consecuencia, los hombres que actuamos en el marco de los tres poderes del Estado --no sólo el Poder Judicial sino también el Ejecutivo y el Legislativo-- estamos obligados a interpretar la Carta Magna dentro del marco de lo que ella establece, para responder a las necesidades de la Nación, las de nuestro pueblo y las del momento que estamos viviendo.
Es absolutamente constitucional la prórroga de las sesiones ordinarias. No podemos considerar que lo que hasta ahora fue una costumbre parlamentaria no se puede modificar, cuando no está prohibido lo que estamos sosteniendo. Y sabemos que hay un principio elemental según el cual lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, reitero, lo que proponemos no está prohibido por nuestra Constitución sino que, por el contrario, ella habla de prórroga de sesiones ordinarias. Y como dijo otra senadora preopinante, no existe una prohibición expresa en ese sentido.
En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales nosotros dijimos que esta era una situación novedosa en la historia del Parlamento argentino. Y es así, porque lo común no ha sido que la oposición gobierne el Congreso, es decir, que el Poder Ejecutivo esté en manos de un partido y el Legislativo en manos de otro. Por eso hemos dicho que el anterior presidente de la Nación prorrogaba las sesiones ante el pedido del Parlamento; en cambio hoy la oposición le está pidiendo al presidente de la Nación que prorrogue las sesiones para debatir los grandes temas del país. Y en eso el Parlamento tiene soberanía. Sin embargo, en forma autista total, el Poder Ejecutivo se niega a habilitar las sesiones ordinarias sin ningún fundamento serio.
Pareciera que se le tiene miedo al debate, a la discusión, a que salgan a la luz toda esta serie de proyectos y trabajos que desde las distintas bancadas está generando este Parlamento, para tratar de cambiar los destinos de este país y mejorar la situación que estamos viviendo.
Señor presidente: no puedo dejar pasar por alto algo que se ha mencionado en el dictamen en minoría y en los discursos, con relación al fallo Peralta, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este sentido, entiendo que tanto los fallos como la doctrina deben invocarse dentro del marco en que la Corte se ha pronunciado. Y en el caso Peralta la Corte se manifestó específicamente sobre el decreto 36/90.
En consecuencia, como la cita sobre el caso Peralta se hace absolutamente afuera de contexto, pareciera que la Corte ha dicho una cosa distinta de la que realmente sostuvo. En este fallo, nuestro Alto Tribunal ratificó las profundas facultades del Poder Ejecutivo nacional para adoptar las medidas que hacen a la soberanía de los poderes del Estado. Consecuentemente, no se puede tomar al caso Peralta para decir que el Parlamento no es soberano para prorrogar las sesiones ordinarias. Muy por el contrario; en este fallo la Corte desarrolla detenidamente la historia del constitucionalismo argentino a través de una visión filosófica y explica por qué todos los involucrados y protagonistas del país deben hacer la interpretación de la Constitución a la luz de la dinámica y de los acontecimientos que estamos viviendo.
Adhiero a la doctrina sentada por los constitucionalistas que se han mencionado. No voy a repetir ni citar los textos, pero como aquí se ha dicho que las interpretaciones eran anteriores a la reforma constitucional, quiero decir que la de Zarini es posterior, porque es de 1996; Bidart Campos tiene una obra nueva, editada en 1999; la de Badeni es de 1994; el Tratado de Ekmekdjian es de 2000, que al igual que los anteriores fue citado e invocado en los proyectos; el Manual de Derecho Constitucional Argentino de Mario Midón es de 1997 --no ha sido citado pero quiero incorporarlo--, lo mismo que la obra de Quiroga Lavié que ha salido a la luz recientemente, en 2001. A su vez, Martha Ruiz en su obra Manual de la Constitución Nacional, que es de 1997, propone la misma solución. Debo decir que se han mencionado obras anteriores a 1994, pero que la gran mayoría de la doctrina citada en los dos proyectos es posterior a ese año.
Finalmente, quiero decir que comparto con el presidente lo que a mi entender manifestó finalmente el senador Moro en el sentido de que ha llegado el momento de llevar a cabo una nueva reforma constitucional. Personalmente, considero que el país ha cambiado y que, indudablemente, varias de las instituciones que recepcionó la Reforma Constitucional de 1994 merecen ser analizadas a la luz de los nuevos acontecimientos y de la situación que vive el país.
Señor presidente: personalmente y en nombre de mi compañero de bancada por San Luis, ya que de ninguna manera puedo invocar a mis otros colegas, creo que ha llegado el momento de plantearnos un nuevo diseño de país. Este Senado de la Nación tiene la oportunidad histórica de responder a los reclamos de la ciudadanía dando el debate pertinente para que se estudie si es procedente un nuevo diseño de país o no, lo que sí corresponde según el criterio de los senadores justicialistas por la provincia de San Luis.
Por lo expuesto, al igual que lo sostenido en el proyecto que presenté, ratifico que es constitucional la prórroga de las sesiones ordinarias; esto es lo que exige el momento y lo que el Senado de la Nación debe hacer frente a la situación que está viviendo nuestro país y al reclamo unánime de los ciudadanos argentinos.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Chiappe, por Corrientes.
Sr. Chiappe. -- Señor presidente: luego de escuchar las largas exposiciones que abundaron y se excedieron en consideraciones o fundamentos respecto del tema que nos ocupa, en homenaje a la paciencia del conjunto de mis pares, voy a ser extremadamente breve para fundar la posición del bloque liberal de Corrientes.
Yo también estoy convencido --al igual que la generalidad de los señores senadores-- de que la prórroga del período ordinario de sesiones es una facultad concurrente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. No obstante ello, estoy absolutamente convencido de que en esta instancia en que está en marcha el período extraordinario de sesiones, la prórroga va a resultar perjudicial para la seguridad jurídica que tanto necesita este país y que está tan desgastada. En este sentido, creo que vamos a sumar otro ingrediente para que aumente esa inseguridad jurídica.
Considero que con esta decisión que evidentemente va a tomar el Senado --por las mayorías que son conocidas, tanto aquí como en la Cámara de Diputados--, se va a producir este raro fenómeno institucional de que un período extraordinario de sesiones se transformará en ordinario por decisión del cuerpo. Insisto: creo que esto va a ser muy perjudicial y va a instalar un semillero de pleitos a lo largo y ancho del país. Seguramente vendrán los cuestionamientos judiciales sobre la inconstitucionalidad o nulidad de las leyes que se sancionen en este período ordinario que se quiere fijar a partir de este momento.
Por estas muy breves consideraciones, porque estoy convencido de que podríamos hacer exactamente lo mismo procediendo de otra manera, es decir, tratar todos los temas que nos interesan acordándolos con el Poder Ejecutivo --tal como lo propuse en la reunión de labor parlamentaria--, y porque como muy bien lo señalara el señor senador Gómez Diez en el sentido de que el escenario o el marco para considerar todos estos asuntos puede ser el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto, voy a apoyar el dictamen de la minoría.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Perceval, por Mendoza.
Sra. Perceval. -- Señor presidente: quiero expresar mi adhesión al proyecto que propone la prórroga de las sesiones ordinarias.
Si bien por razones de tiempo en nuestro bloque se acordó que la miembro informante haría uso de la palabra con relación a este tema, en virtud de lo aquí escuchado me veo en la necesidad de aportar algunas reflexiones.
Una de ellas es que hemos sido votados y votadas para representar aquí, en el centro de las decisiones democráticas, los intereses, inquietudes y anhelos de nuestros comprovincianos, comprovincianas y compatriotas.
Por ello me preocupa escuchar, a través de índices muy pequeños que nos han llegado, que se hable de cambios extraordinarios, que tenemos el derecho a sentir que no van a cambiar nada sino a reconocer el derecho que tenemos de trabajar esforzadamente para cambiar lo que haya que modificar.
La Argentina atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia y no podemos estar ausentes. La causa que nos anima es tan clara como profunda es nuestra responsabilidad. No podemos limitarnos, tal como pretende el Poder Ejecutivo, a tratar en sesiones extraordinarias los temas que él considere prioritarios, como si las cuestiones que hoy convulsionan a la República pudieran ser tratadas en forma ligera, reducida o como si la gravedad...
Sra. Isidori. -- ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señora senadora: le pide una interrupción la señora senadora por Río Negro.
Sra. Perceval. -- No; voy a terminar mi exposición.
Sr. Presidente (Maqueda). -- No se le concede la interrupción, señora senadora.
Sra. Perceval. -- ... o como si la gravedad de la situación que estamos atravesando no fuese tal que este Congreso no tuviera que ponerse a la altura de la crisis y permanecer, en cambio, silencioso.
Como representantes de este nuevo Congreso no podemos permanecer ajenos a estas horas decisivas. No nos equivoquemos; el final de la crisis no vendrá con un rápido tratamiento de un presupuesto para el ejercicio económico de 2002 y, mucho menos, con la ratificación parlamentaria del último acuerdo logrado con las provincias sino que sólo provendrá de un trabajo mancomunado y generoso en donde todos pensemos y trabajemos juntos por una Argentina posible, por un futuro mejor.
La magnitud de esta crisis no sólo se reproduce en la angustia callejera, en la desazón de los asalariados y en la incertidumbre de los desocupados sino también en estas exposiciones que hemos escuchado que se oponen a nuestra iniciativa y que parecieran querer arrastrar a la política de un preocupante autismo a una peligrosa ausencia.
¿Cuándo, si no ahora, los representantes del pueblo argentino debemos estar en el lugar en que nos ubicó el voto popular; en un momento en el que millones de compatriotas sufren por lo que no tienen y otros sufren por lo que creen que indefectiblemente van a perder? ¿Cuándo, si no ahora, debemos sesionar en forma urgente para proponer al conjunto social los instrumentos necesarios, a efectos de poner fin a este largo momento de incertidumbre y de tristeza que envuelve a la Nación argentina?
Por ello, considero que hay más de una razón que justifica la prórroga de las sesiones ordinarias conforme marca nuestra Constitución Nacional, sin que obre en esto ningún tipo de especulación política mezquina ni partidaria. Sólo nos anima el hecho de colocarnos a la altura de las circunstancias nacionales, tal como lo está reclamando la inmensa mayoría de la población.
Quiero decir que pedimos prórroga de las sesiones ordinarias porque somo conscientes de la gravedad de la crisis y creemos que es tiempo de volver a poner en valor la vida y el futuro; lo que significa terminar con la hegemonía de una visión y de una decisión economicista que han privilegiado los intereses de unos pocos sobre el derecho a la dignidad de todos.
La tasa de desempleo nacional hoy se ubica por encima del 18 por ciento, mientras que en algunos distritos de nuestro país ha superado el 20 por ciento. Las prestaciones básicas del Estado no están siendo cumplidas; nuestros jubiladas y jubilados no cuentan con atención médica ni con suministro de medicamentos; nuestras trabajadoras y trabajadores no pueden disponer libremente de sus salarios, en tanto que una precaria y forzada bancarización nos ha convertido a todos los argentinos en esclavos de un sistema financiero que sabe mucho de sus utilidades, pero poco de prestación de calidad en los servicios para las ciudadanas y ciudadanos. La vida cotidiana se ha transformado aceleradamente en un desierto donde estamos presos de la desprotección y embargados por la sensación de que todo puede ser aún peor.
La actividad industrial ha disminuido por segunda vez consecutiva a una tasa superior al 10 por ciento, así como las ventas en supermercados y centros comerciales. Las propias estadísticas y datos oficiales suministrados por el INDEC también hablan de que un 65 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas han quebrado; de que 25 de cada 100 niños y niñas que nacen son hijos de madres niñas y de que a cada hora que pasa un niño o una niña cae bajo la línea de pobreza.
En este territorio nacional ha comenzado a manifestarse concretamente el descontento y están surgiendo expresiones dolorosas de desarticulación social, que ninguna democracia real puede tolerar.
Es vital para la salud de la Nación y de sus instituciones instrumentar urgentemente políticas de protección social, pero también de plena equidad con base en una reformulación integral de los programas sociales en el orden nacional, para todos aquellos compatriotas que se encuentran en situación de riesgo social o de exclusión.
Es vital entender que no es posible ni justo tratar de fundamentar que los trabajadores no pueden disponer de sus salarios.
Es vital dotar al Estado de instrumentos ágiles y modernos, que devuelvan al ciudadano su confianza en las instituciones creadas para defenderlo y protegerlo de los abusos de quienes, ostentando la administración del Estado, han subordinado el bien común a los intereses de pocos.
Es vital debatir y acordar cómo hará la Argentina para reactivar su economía, cuando el presupuesto para el ejercicio económico de 2002 contempla un ajuste cercano a los 9 mil millones de pesos y no contiene ninguna política destinada al crecimiento. Por el contrario, se habla de eliminar los planes de competitividad, con lo cual desaparecerían a sectores que deben su permanencia durante este año a esta desgravación impositiva.
Entonces, es vital ponerse a pensar cómo acercar instrumentos que, desde lo económico, devuelvan a nuestros productores rurales, a nuestros pequeños y medianos empresarios, la oportunidad de producir, competir y crear trabajo genuino.
Por todo esto, es vital que este Honorable Senado esté presente; porque las cuestiones que se discuten tienen relación con la Nación misma, con el fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestro sistema democrático y porque la sociedad que está en la calle, nos está mirando y demanda respuestas.
Finalmente, está en el convencimiento de mi ánimo que la adversidad nos debe fortalecer y no quebrar nuestra vocación democrática y participativa, si es que esta es realmente sólida y no un mero discurso. En consecuencia, es nuestra obligación política y nuestro deber ciudadano continuar sesionando, a efectos de contribuir a edificar un nuevo modelo de país que el pueblo reclama y que todos nos merecemos.
Hace muy pocos días hemos jurado por la Patria; y no me es indiferente que esta tarde estén muriendo compatriotas. Espero que se instale entre nosotros la cordialidad democrática, la confianza institucional y que se despejen las sospechas mezquinas. Es imprescindible asumir el mandato que nos ha dado el pueblo.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Esta Presidencia se ve en la obligación de decir que por segunda vez ha hecho una excepción al artículo 199, que ya se leyó por Secretaría.
Pido a los señores senadores que no pongan a esta Presidencia en la situación violenta de tener que interrumpir la ilación de sus discursos para decirles que hay que respetar el Reglamento.
Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, Raúl Baglini.
Sr. Baglini. -- Señor presidente: creo que todos estamos compartiendo la misma preocupación.
Los episodios que ocurren en las calles del país están determinando que el presidente de la Nación, probablemente en este mismo momento, dirija un mensaje a la población, que se produzca la modificación del gabinete y también que se adopten medidas para restablecer el orden público, para lo cual se puede llegar a apelar a los mecanismos constitucionales previstos.
Todos estamos en un estado de congoja por los episodios que acontecen y, por qué no decirlo, sumidos en una extraordinaria confusión dada la dificultad de encontrar alternativas económicas sin costo para superar la crisis. Además, muchas veces adquirimos noticias que no tienen base de sustentación. Mi distinguida comprovinciana acaba de citar, por ejemplo, que hay 9.000 millones de pesos de ajuste en el presupuesto. No lo hay. Hay 5.000 millones menos de gasto de deuda para llegar a ese número de 9.000 millones, que yo jamás mencionaría como un ajuste. He leído en un prestigioso matutino del país que hay 20.000 empleos menos en este presupuesto. Se olvidaron de que la AFIP ha sido sacada de este presupuesto. Como ésta, todos los días las noticias que nos rodean van creando un clima, al que nosotros en este debate no debiéramos contribuir, ni tampoco el Parlamento en sus acciones.
Quiero empezar con lo político. Dijo el distinguido senador por La Rioja que venimos a abrir el Congreso. ¿Cuándo ha estado cerrado este Congreso? Este Congreso formalmente no tuvo un solo día desde 1983 hasta hoy en el que no haya estado en sesiones ordinarias, extraordinarias o de prórroga. Pido que se inserte en el Diario de Sesiones la totalidad de los decretos respectivos, que además muestran acabadamente cómo cada vez que el Congreso, a pedido de la bancada mayoritaria o de la oposición, encontró que había temas de importancia para tratar, estos fueron receptados, cualquiera haya sido el gobierno de que se tratara, en numerosos ejemplos de ampliación del temario de sesiones extraordinarias.
Digo esto porque las sesiones de prórroga son una rara avis. Todas fueron convocadas por el Poder Ejecutivo: las del 86 durante un mes, las del 91 por dos meses, las del 93 por dos meses, las del 94 por tres meses, las del 95, 97 y 98 por diez días. Entonces, ¿cómo podría decirse que las puertas de este Congreso han estado cerradas? Está claro que no es la apertura de las puertas lo que determina la calidad de las decisiones que podemos tomar aquí. La calidad de las decisiones que podemos tomar aquí está dada por un conjunto de factores al que nosotros no somos ajenos, pero tampoco es ajeno muchas veces el Poder Ejecutivo, porque en ocasiones le ha sustraído al Congreso temas a tratar por la vía del decreto de necesidad y urgencia o por otros mecanismos que también están receptados en la Constitución.
No voy a agotar a la Cámara con la doctrina, porque la doctrina es como una frutera, como me lo ha enseñado un maestro del derecho, como lo fue Juan Bautista Vitale Nocera, que presidió la Corte Suprema de Justicia de Mendoza: uno puede dar vuelta el plato y elegir las peras, las manzanas, las frutas de distintos colores. Pero en este caso está claro, cualquiera sea la parte de la biblioteca que uno tome, que hubo una reforma constitucional en 1994 para acotar el poder presidencial; una reforma que llevó las sesiones ordinarias de este Congreso, que solamente abarcaban cinco meses del año, a nueve meses. Si esa reforma hubiera querido que este Congreso tuviera la facultad de prorrogar por sí mismo sus sesiones lo hubiera hecho, así como modificó la coma, lo que por supuesto no es para hacer un debate de treinta y seis horas alrededor de su desaparición.
No podía ser de otra manera porque la reforma constitucional del 94 no es una bengala en un cielo estrellado. Ya habían explotado varias bengalas más en el panorama constitucional argentino a través de la reforma de las constituciones de las provincias, que sirven también para conformar el plexo con el cual uno debe interpretar por qué la Constitución no quiso alterar lo que era el mecanismo inveterado con el cual se llegaba a la prórroga de las sesiones del Congreso.
Ahí está la Constitución de Entre Ríos, cuyo artículo 65 dice que abrirán sus sesiones ordinarias las Cámaras en Asamblea, mientras que el artículo 66 establece que pueden ser prorrogadas las sesiones por el Ejecutivo o por sanción legislativa con el voto de la tercera parte de los miembros de la Cámara.
Ahí está la Constitución del Chubut, que es la única que tiene la atipicidad de una comisión de receso que antes de finalizar el período ordinario de sesiones elige cinco miembros y que, entre otras atribuciones, puede convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias, lo que se decidirá por simple mayoría, tanto en cuanto a su oportunidad como a la necesidad de dicha convocatoria.
Ahí está la Constitución de Catamarca, cuyo artículo 92 establece que las Cámaras pueden prorrogar por sí mismas sus sesiones por no más de treinta días y ser convocadas a sesiones extraordinarias por el gobernador de la provincia.
Ahí está la Constitución de Corrientes, cuyo artículo 64 determina que las sesiones pueden prorrogarse hasta sesenta días por parte del Poder Ejecutivo o por disposición de las mismas Cámaras.
Ahí está la Constitución del Chaco, cuyo artículo 111 fija el período ordinario y determina que este podrá ser prorrogado cuando así lo disponga la mitad más uno de sus miembros.
Ahí esta la Constitución de Formosa, cuya reforma es una de las más viejas, dado que se concretó en 1957. El artículo 104 habla de las sesiones ordinarias y establece que podrán ser prorrogadas por resolución tomada antes de fenecer el período para tratar el asunto que ella determine al acordar la prórroga.
Ahí está la Constitución de Jujuy, cuyo artículo 111, inciso 1, establece que la Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias desde el 1 de abril al 30 de noviembre, término que podrá ser prorrogado por el voto de la mayoría de sus miembros o por decreto del Poder Ejecutivo.
Ahí está la Constitución de Santa Fe, cuyo artículo 40 dice que el período de sesiones ordinarias es susceptible de prórroga hasta por un mes en virtud de decisión concorde de ambos cuerpos; se refiere a las dos Cámaras.
Ahí está la Constitución de La Rioja, sancionada en 1986 y reformada en 1998, que al hablar en el artículo 99 de las sesiones ordinarias dice: pudiendo por sí prorrogarlas por el término que sea necesario.
Ahí está la Constitución de Misiones, cuyo artículo 96 establece que el término de las sesiones ordinarias podrá ser prorrogado cuando lo disponga la mayoría absoluta de sus miembros.
Y ahí está la Constitución de la provincia de Buenos Aires, sancionada el 13 de setiembre de 1994, cuyo artículo 86 establece que las Cámaras podrán ser convocadas por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija o convocarse por sí por la misma razón cuando lo soliciten doce senadores y veinticuatro diputados.
Entonces, con esta profusión de casos que existen en la literatura constitucional, ¿quién va a poder decir aquí que hubo una omisión no querida por la Convención Constituyente de incluir el término "expresamente pueden convocarse por sí mismas". Pero, además, está la práctica política, esa costumbre que aquí se ha citado y que obliga a los cuerpos cuando son ellos mismos los que toman las decisiones.
Por supuesto, señor presidente, que podríamos traer una gran profusión de decretos, pero vamos a analizar solamente los de los últimos tiempos. Por ejemplo, el decreto 2.262/94, suscripto por el ex presidente Menem, dice que en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución el presidente prorroga las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 28 de febrero de 1995.
El decreto 784/95 determina que en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99 de la Constitución Nacional se prorrogan las sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre de 1995.
Todos estos decretos siempre fueron dictados antes de que feneciera el período de sesiones ordinarias.
El decreto 1.395/99, dictado el 25 de noviembre de 1999, establece que en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9°, se prorrogan las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 10 de diciembre de 1999.
Señor presidente, si uno se toma la molestia de consultar un libro muy usado en la Biblioteca del Congreso de la Nación, el Reglamento de la Cámara de Diputados comentado por Guillermo Schinelli -- de la Dirección de Información Parlamentaria --, se encontrará con una profusión de pedidos --que no voy a citar ahora-- efectuados por los propios legisladores de ambas Cámaras para que se prorrogaran las sesiones. Esto significa que se reconoce que no tienen la facultad.
Es más: el 18 de octubre de 1993 este cuerpo, el Senado de la Nación, dictó una resolución en ese sentido; es decir, pidió la prórroga de las sesiones ordinarias de aquel año. Así consta en el Reglamento Comentado, de Schinelli, Guillermo, Buenos Aires 1996, página 139.
Señor presidente: en el portal del Senado en Internet, que es uno de los métodos más veloces para transparentar la actividad de este cuerpo hacia los ciudadanos, creado en 1996 bajo la presidencia del doctor Eduardo Menem, se dice textualmente: "Período de Sesiones. Ambas Cámaras se reúnen por sí mismas en sesiones ordinarias, cuyo período va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año. No obstante ello, pueden ser convocadas a sesiones extraordinarias o prorrogadas sus sesiones por el Poder Ejecutivo nacional. En el primer caso [sesiones extraordinarias] el presidente de la Nación determina el temario a tratar, y en el segundo [prórroga de sesiones ordinarias] las Cámaras tienen libre iniciativa. Esta última convocatoria debe efectuarse antes de que expire el período ordinario." Cualquiera que acceda al portal de la Cámara de Senadores en Internet encontrará este texto.
Señor presidente: además, acá funciona, como en cualquier lugar, un instituto al que el señor senador por La Rioja se refirió con una figura utilizada por mí, sobre la imposibilidad de resucitar al muerto. Eso se llama preclusión. En todo el derecho, y también en el parlamentario, hay actividades que una vez cumplidas impiden retornar a la etapa anterior.
Esto lo dice la doctrina y al respecto solamente voy a citar un par de autores. Expresamente, lo sostiene María Angélica Gelli en Constitución de la Nación comentada y concordada: "No pueden ser convocadas las sesiones de prórroga cuando ya han concluido las ordinarias; ello debe efectuarse antes." También afirma Bidegain en el Curso de Derecho Constitucional, Tomo IV, 1996: "El Congreso puede ser convocado a sesiones de prórroga, lo que debe hacerse antes de la finalización del período de sesiones ordinarias por tratarse de la prórroga de éstas." Además, esto es así por el propio sentido de la palabra prórroga, como bien se ha dicho aquí.
¿Cómo hacemos ahora para, por superfetación, producir un segundo embarazo --como en el caso de los conejos--, para que esta Cámara albergue en su seno dos tipos de sesiones simultáneamente: las extraordinarias y las ordinarias? ¿Cuáles son los conflictos que pueden plantearse?
Aquí hablamos desde hace largo rato de evitar el conflicto y de promover el consenso. Pero lo más grave es que esta Cámara, con la composición actual, aceptó mediante el decreto 1579 del Poder Ejecutivo nacional del 4 de diciembre de 2001, el llamado a sesiones extraordinarias y luego su prórroga hasta el 28 de febrero de 2002, mediante el decreto 1642 del 12 de diciembre de 2001. Ambos decretos han tenido entrada en esta Cámara y se giraron a la comisión correspondiente. Entonces, ¿cómo vamos a borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano?
¿Por qué vamos a tener que recurrir a un mecanismo apresurado que lo único que potencia es el conflicto, y no sólo con el Poder Ejecutivo, como aquí se ha dicho?
La Cámara de Diputados ha sesionado hoy y ni siquiera para derogar leyes. Se ha tomado la molestia de habilitar la prórroga de las sesiones ordinarias y, si bien uno puede adoptar cualquier criterio, como el que sostengo en esta sesión, por lo menos esta Cámara cumple con un procedimiento.
¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo sin prorrogar las sesiones ordinarias se va a cumplir el artículo 65 de la Constitución, que dice que ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente, a tal punto que ninguna de ellas puede suspender sus sesiones por más de tres días sin consentimiento de la otra? ¿Cómo? Si ahí no se ha adoptado ninguna medida y se ha entrado directamente saltando todas las vallas constitucionales para dar con un temario que no tiene habilitado.
Entonces, el conflicto se extiende, porque aquí se está hablando de cosas para las que es posible que haya que tomar decisiones que van desde usar la potestad tributaria del Congreso hasta la legislación penal. Hay cientos de potenciales interesados en plantear el conflicto judicialmente. Entonces, ¿por qué potenciar el conflicto y no usar el consenso? ¿Por qué no usar el procedimiento habitual de decir que necesitamos tratar algunos temas, consensuarlos, pedirlos y habilitarlos? Casi, como lo ha dicho el señor senador por Salta, no hace falta.
Tengo las peticiones que se hicieron en unas jornadas de reflexión del bloque de diputados del Partido Justicialista. ¿Quién va a negar el pedido de que se incluya la reforma política si el propio Poder Ejecutivo actual remitió un proyecto de reforma política a las Cámaras? ¿Quién va a negar leyes para la regulación de los servicios públicos y los entes de control, si hay proyectos aquí?
Y las otras cosas: instrumentar un subsidio de desempleo, modificar el decreto 1.570 de 2001, derogar las facultades delegadas, preservar los planes de competitividad, reestructurar la deuda impositiva, ¿cuántas veces las hemos hecho en el presupuesto? Y no quiero que el señor senador Verna me recuerde el artículo 20 de la ley 24.156, que es la más violada de la galaxia y que solamente puede ser reformada por otra. Si entramos a enumerar las cosas que se han hecho con los presupuestos, veremos que se ha hecho de todo, hasta lo que está expresamente prohibido.
¿Qué es lo que impide el control?, pues acá se ha dicho que no podemos controlar. ¿Quién dijo que aquí no se puede traer a un ministro mediante la aplicación del artículo 71 de la Constitución? ¿Quién dijo que se cerró la Auditoría General de la Nación? ¿Quién dijo que el defensor del Pueblo, que pertenece a este Congreso funcionalmente, no puede actuar? ¿Quién dijo que las comisiones no pueden reunirse para considerar asuntos? No podrán despacharlos, eventualmente, si no están habilitados. ¿Quién dijo todo esto?
Entonces, no veo el "coartamiento" político y quiero responder a algunas expresiones que ha puesto sobre el tapete el señor senador por La Rioja. Dijo aquí: Se tomaron las medidas el 30 de noviembre, aprovechando que ya cerraba...
Sr. Menem. -- ¿Cuál senador por La Rioja?
Sr. Baglini. -- El senador Yoma, pero por Reglamento tengo prohibido identificarlo, señor senador Menem, disculpe. Tengo un oído fino para estas cosas.
El 30 de noviembre se tomaron la medidas aprovechando que cerraba el Congreso, se dijo. Aprovechando no, señor presidente. Se tomaron porque hubo un viernes en que se fueron mil quinientos millones de pesos.
Sr. Verna. -- El que se tendría que haber ido es Cavallo.
Sr. Baglini. -- Es más, hay gobernadores de importantes Estados argentinos, que pertenecen al partido político de la mayoría de este cuerpo, que reclamaban que esas medidas se tomaran antes.
Sra. Fernández de Kirchner. -- ¿Quiénes?
Sr. Baglini. -- El gobernador de Buenos Aires, por ejemplo.
Entonces, se trajo aquí el caso de la prórroga de la ley de emergencia que, efectivamente, en virtud del artículo 1 podía ser prorrogada por un determinado plazo. Pero desde luego, ante la violación de la prórroga existe un cuerpo encargado de establecer rápidamente las correcciones que haya que hacer, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, nadie puede dejar de conocer --porque está invocado hasta el cansancio, desde la propia discusión de la ley 23.966 en 1989 y aun antes, por fallos de la Corte-- que la emergencia es un estado de hecho.
Lo único que hacen los fallos judiciales o los decretos del Ejecutivo es mencionar su existencia; y luego es comprobable en los hechos. ¿O alguien va a negar que ahora estamos en emergencia? Y si no hubiera ley, ¿podría negar un tribunal de justicia la situación de emergencia? ¿Podrían negar las Cámaras la situación de emergencia?
Estamos todos preocupados por algunas medidas que deben tomarse. Una de las cosas que se ha hecho en la Cámara de Diputados fue, por ejemplo...
Sr. Capitanich. -- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Baglini. -- Sí, con todo gusto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. -- Señor presidente: el señor senador Baglini mencionó la ley 23.966.
Quiero aclarar que la ley a la que se refiere el señor senador --según entiendo-- es la 23.696.
La ley 23.966 es la que genera los fondos de afectación específica para la distribución de los recursos para la previsión social, y la ley 23.696 es la de emergencia administrativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Baglini.
Sr. Baglini. -- Señor presidente: es correcto lo que acaba de mencionar el señor senador Capitanich. Se trata de la ley de emergencia económica, que fue la primera norma sancionada en la época del doctor Menem.
La Cámara de Diputados ha considerado hoy y reformado el inciso 2 del decreto que restringe el retiro de fondos de los bancos. Creo que el propósito es loable, desde que el propio Poder Ejecutivo ha tenido que modificar el sistema de retiros, elevando el monto permitido.
Pero quiero llamar la atención dado que se va a permitir la libre disponibilidad en efectivo --y uso las palabras con toda precisión--, de la totalidad de los salarios y de las indemnizaciones laborales. Los salarios comprenden a los haberes jubilatorios. La Nación argentina paga entre haberes jubilatorios y salarios, 22 mil millones de pesos anuales. Las provincias argentinas pagan en salarios, aproximadamente 23 mil millones de pesos. Estamos hablando de 45 mil millones. Dicho monto, dividido por trece y sin contar las disminuciones, implica autorizar el retiro de aproximadamente 3.500 millones de pesos. Repito, sin contar las indemnizaciones.
Por lo tanto, si el Ejecutivo se ha visto obligado a tomar una medida de restricción frente a un movimiento bancario que alcanzó exactamente la mitad de esa cifra --sin computar indemnizaciones--, creo que lo menos que deberíamos hacer es tomar algunos recaudos de información para evitar que en aras de solucionar un legítimo problema que tienen muchos trabajadores, terminemos agravándolo en el marco de la corrida bancaria.
Señor presidente: esas son la razones por las cuales creemos que sin estar cerrado el Congreso, sin que nadie haya venido del Poder Ejecutivo --como sucedió en alguna época-- a hurgar la Biblioteca del Congreso para recoger los antecedentes de la era de Figueroa Alcorta, sin que exista una imposibilidad para que en los temas habilitados --e incluso en el presupuesto, que es un marco referencial general de política económica-- se efectúen las modificaciones necesarias, y sin que haya resistencia del Poder Ejecutivo --porque ni siquiera se ha intentado el procedimiento de peticionar y de formar el consenso, como tradicionalmente se ha hecho-- para armar el temario de las sesiones extraordinarias, me parece que correríamos el riesgo de incrementar el conflicto y de no apelar al consenso, que es lo que más necesita la sociedad argentina en este momento. Y ese es el fundamento de nuestro voto, más allá de que la mayoría del cuerpo tomará seguramente las decisiones.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos, Jorge Busti.
Sr. Busti. -- Señor presidente: a estas horas de la noche, quizá la pregunta de cualquier argentino, de cualquier compatriota que está mirando este debate, será si es necesaria esta discusión doctrinaria de orden constitucional en uno de los días más tristes de la historia argentina, donde el saldo es la muerte de argentinos, heridos, saqueos, y el temor de la noche en todas las provincias.
Además, hay miles de camiones y de colectivos parados que detienen la circulación de una de las principales rutas nacionales: la ruta nacional 14, el eje del Mercosur.
Asimismo, esta noche, el portavoz presidencial, señor Baylac, ha dicho que la respuesta de este Estado --ausente hasta ahora-- para contener estas situaciones sociales, es un plan alimentario nacional de 7 millones de pesos, que suena ridículo frente a los miles de millones de pesos que se han puesto para el auxilio del sistema financiero argentino, más precisamente 1.700 millones de pesos solamente para el Banco de Galicia.
Quizá con tristeza tenga que decir que es necesario este debate. En mi caso quiero además expresar brevemente mi posición, porque soy uno de los firmantes de este dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, contenido en el Orden del Día 1206, sobre la base de los proyectos de resolución presentados por los senadores Yoma, Gioja y Negre de Alonso. Allí se dictamina prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 28 de febrero de 2002, en virtud de lo prescripto en los artículos 63 y 75 inciso 32 de la Constitución Nacional.
Yo firmé ese despacho con total convicción sobre dos criterios: uno absolutamente legal y jurídico, y otro de carácter objetivo, serio y responsable.
Desde el punto de vista jurídico, la inmensa mayoría de la doctrina constitucional dice que es una facultad de este Congreso la prórroga de las sesiones ordinarias. Iba a citar a algunos autores, como Linares Quintana, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, páginas 259, 264, 265, 266; las opiniones de Bielsa y de Matienzo; Germán Bidart Campos, Tomo III de Derecho Parlamentario, páginas 67 y 68; Helio Juan Zarini, Derecho Constitucional, páginas 584, 585; Carlos Sánchez Viamonte, Manual de Derecho Constitucional, páginas 264, 265, 266; Quiroga Lavié, Benedetti, Tomo II, Tratado de Derecho Constitucional argentino, página 1042; Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, página 290, entre otros.
Pero quizás una sola cita que voy a leer es esclarecedora de este tema, y pertenece al maestro Linares Quintana, que dice: "La buena doctrina constitucional es la de que el Congreso puede reunirse espontáneamente sin necesidad de convocatoria del Poder Ejecutivo, sea en sesiones ordinarias, como de prórroga o extraordinarias. Admitir la interpretación contraria significaría desnaturalizar el admirable sistema de equilibrios y controles recíprocos que la Constitución ha organizado entre los poderes del Estado a fin de evitar la supremacía de ninguno de ellos con respecto a los otros y de asegurar una adecuada fiscalización entre sí. Sería el único caso en que la ley suprema incurriría en el grueso e inadmisible error de subordinar la posibilidad de actuación de uno de los órganos gubernativos a la voluntad discrecional de otro. Y debe considerar que, en este caso, se trataría de supeditar al arbitrio del Poder Ejecutivo la acción del Congreso, que es el órgano fiscalizador por excelencia de la actuación del presidente de la Nación.
Sería algo tan absurdo, dice el maestro Linares Quintana, como hacer depender el funcionamiento del Poder Ejecutivo de la voluntad sin trabas del órgano judicial, o del criterio del Congreso.
Un poder cuyo funcionamiento dependa de la voluntad de otro órgano de gobierno, no es tal sino en el nombre.
Sostiene el doctor Bielsa que: "El Congreso puede prorrogar por sí sus sesiones ordinarias, ya que "en efecto", sólo prorroga el que tiene potestad de obrar en el período ordinario". Formulo esta observación desde el punto de vista jurídico.
En cuanto al análisis objetivo de la situación, debo decir que el 3 de diciembre la realidad del país me señalaba que este Congreso no podía ceñirse a tratar solamente el proyecto de presupuesto del ministro Cavallo, que responde a los dictados del Fondo Monetario Internacional y que es un proyecto de ajuste donde no existe ninguna política activa para el crecimiento nacional.
Estaba en el ánimo de todos nosotros derogar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo --que yo no voté como diputado de la Nación-- que, considero, fue un error haberlas otorgado porque el ministro Cavallo abusó de ellas. También está en nuestra intención restablecer la libre disponibilidad de los salarios por parte de los trabajadores.
También me alegra que el senador Passo haya dicho que la Unión Cívica Radical quiere tratar un proyecto de los peronistas, referido a un seguro de empleo y capacitación para millones de familias desocupadas de la República Argentina.
En consecuencia, si el 3 de diciembre estábamos de acuerdo en que la realidad nos imponía la prórroga de las sesiones ordinarias para no quedar metidos en el brete de una convocatoria a extraordinarias, en este día dramático que ha vivido nuestro país, digo que este despacho de comisión tiene extraordinarios fundamentos para que el Congreso esté abierto con el fin de analizar la realidad argentina, para modificarla con toda la fuerza del debate.
Sr. Presidente (Maqueda).- Tiene la palabra la señora senadora por San Juan, Avelín.
Sra. Avelín.- Señor presidente: la verdad es que hoy creo que es el día más triste que hemos vivido, al menos, los argentinos de esta generación.
Siento, no puedo dejar de decirlo en este momento, que nuestra primera intervención como senadores de la Nación se encuentre enmarcada en esta situación de tanto dolor nacional, de tanto sufrimiento que hoy tienen millones y millones de compatriotas, con la violencia que se ha desatado junto con el peligro de perder la paz social que tienen muchas provincias.
Realmente, señor presidente, quiero decir --recordando las palabras que mencionara al asumir el ex presidente de la República, hoy compañero de bancada de todos nosotros, el doctor Alfonsín-- que debemos apelar al esfuerzo por la unidad nacional.
Todos los que estamos sentados aquí hemos coincidido en que el Congreso esté abierto, que debe seguir estándolo y que va a seguir así, con el fin de mantenerse atento a las necesidades del país y para determinar el rumbo de la política económica, más allá de los responsables anteriores y actuales.
Sin embargo, hoy el país y sus ciudadanos están esperando una señal que nos hemos cansado todos de mencionar en las campañas electorales y en nuestras provincias: una señal clara de lo que es capaz de hacer la dirigencia política, la cual también tiene que reivindicarse ante los ojos de la gente.
Con todo respeto y sin ánimo de ofender a alguno de los aquí presentes que ya han emitido su opinión --totalmente fundada, con argumentos doctrinarios y jurídicos, muchos de los cuales comparto y conozco acabadamente porque también tuve el honor de participar en la Convención Constituyente-- estimo que, más allá de ese debate doctrinario, hoy hemos sido capaces de definir un objetivo político claro: que el Congreso debe seguir sesionando.
En segundo lugar, el Parlamento hoy ya está convocado formal y constitucionalmente por el presidente de la República en sesiones extraordinarias, período que ha sido prorrogado hasta el 28 de febrero de 2002. Esto nos da el "paraguas" legal y constitucional para abordar los temas.
El punto en conflicto es, entonces, cuáles son los temas a considerar. ¡Quién no va a estar de acuerdo con lo sostenido por el senador Passo, por el senador Busti de las dos bancadas mayoritarias, radical y justicialista, que coinciden en la creación de un seguro de desempleo!
Entonces, señor presidente, no daríamos un avance cualitativo en la recuperación de nuestra función como senadores nacionales electos en forma directa si no nos abocamos en forma inmediata al tratamiento de estas cuestiones e incluimos los temarios en forma directa; qué temario queremos aportarle al Poder Ejecutivo que ya nos ha convocado, que ha incluido entre los ocho puntos a considerar el presupuesto y el impuesto a las ganancias, entre otros.
¿Por qué no podemos agotar la búsqueda del consenso con ese objetivo profundo de unidad nacional que mencioné al comienzo y, en forma rápida, definimos al menos ya cuatro o cinco puntos que el país está necesitando?
Es cierto que la prórroga de sesiones ordinarias es una facultad concurrente. La tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por la norma del artículo 99 inciso 9, donde con claridad se menciona la facultad de prorrogar las sesiones ordinarias y de convocar a sesiones extraordinarias. A su vez, el Congreso también tiene esa facultad pero debe ser ejercida durante el período de sesiones ordinarias, plazo que ya se ha cumplido y potestad que no se ejerció en ese momento.¿Por qué nos vamos a enredar en seguir deliberando desde el punto de vista constitucional? Evidentemente, habrán argumentos a favor y en contra; pero tenemos la urgencia, el dolor y la tristeza que nos embarga a todos los que estamos acá y principalmente al país que está afuera y que espera una respuesta de todos nosotros.
De modo tal que, aún conformando un bloque unipersonal donde mi decisión en modo alguno puede incidir o revertir una decisión mayoritaria, me siento con la obligación de conciencia de mencionar que tengo una gran pena, un gran dolor por todo lo que está pasando. Hay un país desgarrado. No me siento con derecho a seguir debatiendo cuestiones doctrinarias ni pujas de poder. Sí me siento con la obligación de aportar algo.
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, es responsable de las desgracias que el país sufre desde hace muchos años y actualmente ha contribuido a producir la mayor exclusión social. No hablemos de la deuda pública que quizá sean sólo números fríos; hablemos de la exclusión social de nuestros compatriotas, que parecen descartables en un número que se ha ido incrementando sistemáticamente en la Argentina.
Por lo tanto, señor presidente, creo que todos coincidimos en estas cuestiones fundamentales. Todos coincidimos en el sufrimiento que hoy tiene el pueblo argentino; en la responsabilidad política institucional que tiene este Senado, que ha sido legitimado por el voto directo del pueblo de las distintas provincias argentinas, donde confluyen todos los pensamientos y todos los sectores políticos del país.
Creo entonces, señor presidente, que podríamos aprovechar la oportunidad de producir un cuarto intermedio de unos minutos para fijar un temario, dictar una resolución y remitirla al Poder Ejecutivo que desde ya, a través de la voz de los distintos senadores de la bancada radical, ha expresado la apertura al diálogo y al consenso; la predisposición, tanto de la bancada radical como del presidente de la República, a contribuir para construir el diálogo, el consenso y para abrir el temario a efectos de que durante las sesiones extraordinarias ya convocadas hasta el 28 de febrero podamos incluir otros temas que los distintos senadores tienen. Temas importantes, como decíamos: el seguro de desempleo; tema importante, como mencionó el señor senador Baglini, derogar las facultades delegadas en su momento; tema como el de preservar los planes de competitividad que a todas las provincias argentinas les hace falta; y muchos otros temas que quizás otros señores senadores quieran incluir.
Si existe esta voluntad, señor presidente, creo que en forma inmediata, con el esfuerzo y la grandeza de argentinos que el país está esperando, nos deberíamos abocar al dictado de la resolución que incluya todos estos temas y a seguir trabajando todos los días que hagan falta, como advierto que es el espíritu de todos los que están en este cuerpo.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Esta Presidencia se ve en la obligación de preguntarle a la señora senadora si formula la moción de cuarto intermedio como un pedido a poner en consideración en este momento o si esperamos el final del debate.
Sra. Avelín. -- Señor presidente: desconozco el procedimiento. Usted conoce el Reglamento mucho mejor que yo.
Si la opinión y el consenso de los presidentes de las bancadas coincide con esta posición de fijar un temario, que ya de hecho se ha expresado en la voluntad de los distintos senadores --se ha manifestado que uno de los puntos a tratar sería el del seguro de desempleo; que otros temas serían los de la derogación de las facultades delegadas y el de la preservación de los planes de competitividad; son los que recuerdo y tengo anotados-- solicitaría, señor presidente, que en forma inmediata, durante el cuarto intermedio, redactásemos la resolución al menos con estos puntos que están acordados.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. -- Señor presidente: la verdad es que a mí me gusta muchísimo escuchar a la señora senadora preopinante y también al senador por Mendoza, porque realmente ponen mucha vehemencia, pero me parece que nos están sacando de los objetivos perseguidos.
Señor presidente: el justicialismo quiere concertar ¡Por supuesto que lo quiere hacer! El justicialismo quiere dialogar. ¡Por supuesto que lo quiere hacer! Creo que nadie puede dudar que de, en este período de dos años, hemos hecho una oposición constructiva. No nos vamos a apartar de esto. Lo que pedimos ahora --y que nos escuchen bien-- es que este Parlamento esté abierto y fije la agenda! ¡Porque acá se dialoga, acá se concierta, acá se acuerda! ¡Esta es la casa de la política en serio, no de la politiquería! ¡No queremos tener limitaciones ni la obligación de pedir a otros que habiliten los temas que son propios de este Parlamento!
El argumento central de esta prórroga que es constitucional y que creo que nos están pidiendo quienes nos miran de afuera, es que necesitamos las manos libres y no tener ataduras para discutir las soluciones que puedan ir apareciendo, sin necesidad de pedir un decreto al presidente para que habilite a esta Cámara para tratar estas cuestiones!
¡Queremos trabajar todos los días, si es necesario --sábado, domingo, enero, febrero o lo que sea--, porque comparto que el día de hoy es uno de los más tristes; porque comparto que nos estamos peleando entre nosotros, pero me parece que ha llegado la hora de que nos pongamos los pantalones en serio, de que usemos las facultades y de que dejemos que este Parlamento pueda funcionar!
No lo queremos hacer para violar la Constitución, ni para pasarnos de vivos, ni mucho menos. Queremos hacerlo porque el Parlamento no puede estar ausente de esta tremenda crisis que vive la Argentina. No hay otro objetivo, señor presidente.
Hoy no se puede especular con intereses partidarios. Los intereses del país están por encima de cualquier camiseta. Lo venimos a decir acá. Por eso entendemos alguna delicia técnica que plantea el senador por Mendoza y nos gusta. Pero cuando la urgencia y la emergencia nos aprietan, cuando me llaman de mi provincia y me dicen que hay lío, como lo hay en todas las provincias argentinas, cuando lamentablemente hay muertos, no podemos estar a expensas de que alguien elabore un instrumento legal para convocarnos a ver si tratamos determinados temas. Tenemos que hacerlo nosotros. Eso es lo que estamos pidiendo. No demos más vueltas.
Tiene consistencia constitucional y legal. Y tiene mucho más contenido político objetivo y real. Por eso queremos, en el día de la fecha, prorrogar las sesiones ordinarias, para que el Parlamento acompañe, resuelva, debata y encuentre soluciones, en este tremendo momento que está viviendo la Argentina.
Sr. Presidente (Maqueda). -- De sus palabras, entiendo que usted no acepta el cuarto intermedio.
Sr. Gioja. -- De ninguna manera.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Pero yo tengo que someter a votación la moción. Lo que pregunto a la senadora es si, para ello, esperamos a los tres senadores que están anotados en la lista de oradores o si quiere que la sometamos a votación ya.
Sra. Avelín. -- Señor presidente: si he formulado esta moción no fue para generar un conflicto más, sino que lo hice con el ánimo de contribuir a la búsqueda de una solución consensuada en temas claves que el país está necesitando.
Si la bancada mayoritaria no acepta esta resolución, que establece la cuestión del seguro de desempleo, como dije, la derogación de facultades delegadas y la ley de competitividad, en este momento, es evidente que no tiene sentido que la formule, señor presidente, y lamento que no se haya acompañado esta moción.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por el Chaco, Capitanich.
Sr. Capitanich. -- Señor presidente: pretendo ser extremadamente breve en mi exposición en virtud de la profusa y excelsa argumentación de todos los senadores preopinantes.
Los artículos 63 y 99 de la Constitución, que fueron invocados, efectivamente establecen los criterios interpretativos que este honorable cuerpo seguramente va a traducir en una decisión concreta.
Pero quisiera hacer algunos aportes que me parecen importantes para analizar el proceso histórico de nuestra República desde 1853 hasta la fecha.
Tengo aquí un largo listado de todas las sesiones que se han llevado a cabo en este Honorable Congreso de la Nación Argentina. Es el producto de una investigación en la que se tomó como base un libro titulado "Relaciones entre presidentes y congresos en la Argentina", del extinto profesor Guillermo Molinelli.
Uno puede observar que, efectivamente, en nuestra historia política, sobre ciento ocho períodos parlamentarios, el 56,48 por ciento de las sesiones del Congreso han sido ordinarias prorrogadas y un 43,51 por ciento han sido sesiones extraordinarias.
El caso de la autoconvocatoria del Congreso naturalmente constituye un episodio inédito en el debate. Pero es interesante observar que, desde 1862 hasta 1903, las prórrogas de las sesiones ordinarias han sido consecutivas. Uno puede observar un período en la historia argentina, como fue precisamente el del año 1890, en el que se produce la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman precisamente en un contexto de crisis política, fiscal y financiera de nuestro país. El 6 de agosto de ese mismo año asume Carlos Pellegrini la primera magistratura.
Quiero significar con esto que finalmente lo que estamos debatiendo aquí es la forma y el procedimiento respecto de la convocatoria, pero tenemos que reflexionar que el país está en una crisis de carácter estructural. No podemos debatir formalidades. Hay saqueos permanentes, hay una crisis social extraordinaria, hay un país que no da más y nosotros utilizamos gran parte de nuestro tiempo en este debate en plantear argumentaciones, obviamente extraordinarias desde el punto de vista intelectual, pero mientras tanto la Nación se desintegra, la sociedad se fragmenta y nuestro pueblo está sometido a los arbitrios de determinado tipo de decisiones económicas que han subsumido al país en la más profunda crisis de inequidad en la distribución del ingreso y de ineficiencia en el modelo acumulación de capital.
Me pregunto, le pregunto a usted, señor presidente y a todos los argentinos, ¿qué ocurriría si aquí tuviéramos que debatir en forma inmediata la ley 23.928 de convertibilidad monetaria? ¿Podríamos entrar en ese debate sin incluir el asunto en el temario de sesiones extraordinarias? Me parece que es absolutamente necesario entender que la gravedad de la crisis económica, financiera y política que tiene el país exige que el Congreso de la Nación esté en permanente sesión, en donde efectivamente seamos capaces de construir el consenso que la sociedad argentina nos exige a todos.
Recuerdo una frase de John Williams Cooke, que invocaba al célebre ingeniero Alsogaray --en este caso podría ser aplicable a este gobierno nacional--, cuando nos prometía siempre primaveras floridas que nunca llegaban y nos condenaba con inviernos implacables que nunca fallaban.
Hay una pérdida de credibilidad y de confianza, porque efectivamente se cree que la sanción del presupuesto 2002, un eventual desembolso del Fondo Monetario Internacional y una eventual culminación de la operación de canje de la deuda serían la panacea para el país, pudiéndose reconstruir el crédito público interno y externo y mejorar las expectativas económicas, pero todos sabemos que hay una crisis estructural de confianza que no necesariamente se puede cubrir con argumentaciones de carácter optimista.
Aquí hay que debatir el modelo económico y social en la Argentina. También tenemos que ser capaces de discutir un modelo político en término de construcción de poder político, de consenso político, porque resulta ser que nosotros, los políticos, en la Argentina estamos siendo agredidos permanentemente porque no hemos sabido construir un sistema político que fije las reglas para la coexistencia entre el Estado, el mercado y la sociedad.
Tenemos un problema serio. El sistema político termina ajustando en virtud de las decisiones del mercado. No somos capaces de pergeñar un rumbo estratégico y una nueva visión para los argentinos que están subsumidos en la desesperanza.
Por eso me parece clave que hoy, en vez de profundizar discusiones de carácter formal, nos aboquemos a debatir profundamente los problemas del país y las soluciones alternativas. Allí debemos poner toda nuestra energía y nuestro consenso. Nos lo van a agradecer todos nuestros desocupados, nuestros productores que están quebrados y no pueden producir, nuestros industriales que ya no tienen industrias, nuestros exportadores que no pueden exportar. Tenemos un sistema financiero quebrado y un Banco Central que está consumiendo las reservas acumuladas con el esfuerzo de todos los argentinos. Entonces, también creo que es absolutamente necesario que nosotros tengamos la capacidad de hacer que este Congreso esté en sesiones ordinarias para debatir los problemas y aportar soluciones. Para ello, creo absolutamente imprescindible señalar que en la Comisión de Reforma Administrativa, que se conformó con integrantes de los distintos bloques, hemos avanzado constructivamente en el deseo de reformar y modernizar el funcionamiento de este cuerpo, mejorando la estructura presupuestaria y reduciendo el costo de funcionamiento de esta Cámara, porque debemos hacer un gran aporte desde el punto de vista personal y político. La sociedad argentina nos exige a nosotros un gran desprendimiento, transparencia, razonabilidad en las decisiones y la idoneidad necesaria para sacar adelante a nuestro país.
Por lo tanto, simplemente quiero adherir al dictamen en mayoría, respetando los argumentos no coincidentes pero entendiendo que en una etapa de tanta gravedad institucional y de grave crisis económica, social y política como la que atraviesa nuestro país necesitamos trabajar mucho, juntos y unidos, en función de un cambio de modelo económico y social que permita a los argentinos devolver credibilidad a nuestras instituciones para que, efectivamente, tengamos capacidad para recuperar crecimiento y una mejor distribución de la riqueza.
En este contexto quiero señalar que, si bien es importante el debate sobre el presupuesto para el ejercicio 2002, también hay un conjunto de proyectos de ley complementarias que tienen relación con la perspectiva de un nuevo modelo. Por lo tanto, la discusión estricta del presupuesto 2002 y la agenda temática fijada por el gobierno para las sesiones extraordinarias, dado la gravedad de la crisis estructural que padece la Argentina, no constituye un conjunto de instrumentos suficientes para resolver los problemas que afrontamos.
Asimismo, quiero decirle a un senador preopinante que las cifras correctas del ejecutado presupuestario del año 2000 determinan que el conjunto de remuneraciones de Nación, provincias y municipios ha alcanzado 29.682 millones de pesos, lo que ha tenido una reducción en el ejecutado del período 2001, que podremos observar ahora. Las jubilaciones y pensiones alcanzaron en aquella oportunidad un total de 22.157 millones de pesos, cifra que efectivamente tuvo una reducción como consecuencia de los ajustes presupuestarios del ejercicio 2001 que, obviamente, finaliza el próximo 31 de diciembre.
Por último, para tratar de sintetizar esta argumentación, considero...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Perdón, el señor senador Baglini le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Capitanich. -- Cómo no.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Baglini.
Sr. Baglini. -- Me gustaría que repitiera las cifras porque me parece que son mayores a las que yo he dicho.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. -- Sí. Tomando el ejecutado del período 2000, la cifra es de 29.682 millones. Justamente, esa cifra tiene un demérito proveniente de la reducción que ha experimentado el gasto consolidado. Esto es para corroborar su argumentación, señor senador.
Por último, quiero plantear mi apoyo al dictamen en mayoría para que entre todos podamos construir las bases jurídicas necesarias para que la Argentina tenga estabilidad política y económica y justicia social, y para que todos los argentinos se sientan representados por instituciones políticas que funcionen con calidad y que brinden bienestar a nuestro pueblo.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán Malvina Seguí.
Sra. Seguí. -- Señor presidente, señores senadores: con la autorización de la Presidencia, me voy a permitir leer unos breves párrafos de la información que el diario "Clarín" ya ha colocado en su portal de Internet y que constituirán la edición de mañana.
Dice la información: Cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas esta tarde en la ola de saqueos que sufrieron supermercados y comercios en Capital Federal, conurbano bonaerense y diversas ciudades del interior del país. En Rosario, un hombre de 25 años y una mujer de 45 murieron esta tarde por disparos de arma de fuego en un enfrentamiento con la policía en la zona sudoeste de la ciudad, donde también seis miembros de esa fuerza y un número indeterminado de manifestantes y vecinos sufrieron heridas de bala. En Santa Fe, un adolescente de 15 años falleció tras ser baleado en las inmediaciones de un supermercado, presuntamente por un comerciante de la zona, informaron fuentes policiales. También en el conurbano, en Morón, la departamental de la policía informó que se habían registrado diecinueve saqueos en los que fueron detenidos más de cien personas y diez policías sufrieron heridas en San Martín. Según informaron fuentes judiciales habría unos ochenta detenidos.
La información continúa haciendo referencia a las situaciones de otros lugares del país como en el barrio porteño de Constitución o en las localidades de Lanús, José León Suárez, Escobar, Tucumán, etcétera.
Los argumentos dados por los señores senadores de la bancada que integro creo que son lo suficientemente profundos, serios y bastan para adoptar la decisión que hoy tomará el cuerpo en el sentido de prorrogar las sesiones ordinarias.
Estoy segura de que solamente falta agregar las razones políticas y jurídicas de buena fe que son necesarias a la hora de interpretar el derecho y de aplicarlo.
El principio de la buena fe no puede estar afuera, ser distante y no ser tenido en cuenta por la actuación de los políticos y de los hombres de derecho. Es de buena fe política y jurídica decir en este momento que sí es preciso para el buen desenvolvimiento de las instituciones argentinas que el Congreso de la Nación sesione en período ordinario de sesiones. No sería de buena fe aceptar lo que se pretende, es decir que el Poder Ejecutivo no necesita que otro poder del Estado esté en pleno ejercicio de sus potestades.
Es un poco patético ver cómo el Poder Ejecutivo, a través de los representantes de su partido en esta Cámara, se empeña en defender una posición que nada más y nada menos viene a implicar que no es preciso que este poder de la democracia se desenvuelva con plena autoridad y potestades en esta hora.
Señor presidente: también es patético y podemos incurrir en alguna exageración si se continúan dando argumentos en el otro sentido. Creo que los argumentos de derecho son suficientes y como la hora es demasiado relevante y hay demasiada verdad y realidad es conveniente dar un voto en el sentido de orientarnos hacia la buena fe en el accionar dentro de este Parlamento.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por Chubut, Marcelo Guinle.
Sr. Guinle. -- Señor presidente, señoras senadoras, señores senadores: muertos, el anuncio de estado de sitio y una larga discusión con citas que parecen innecesaria a la luz de los acontecimientos que vive el país. En realidad me creo obligado a fundar mi voto en virtud de que, como bien lo dijera mi compañero de bancada, el senador Busti, suscribimos el dictamen en mayoría en la absoluta convicción de estar haciendo lo que debíamos hacer.
Sinceramente considero que a todos, sin diferencias de sector político, nos conmueve, nos duele y nos preocupa y ocupa la situación del país y de nuestro pueblo, y esto exige avanzar en decisiones que pasan hoy por votar esta prórroga de sesiones ordinarias. No es esta una cuestión caprichosa; no es esta una decisión de una mayoría confrontativa --como alguno señaló--, sino que a veces los tonos de las voces suenan a confrontación cuando en realidad lo que se trae son ideas y propuestas de las que estamos absolutamente convencidos.
Para ser más breve en esto voy a pedir al señor presidente que autorice una inserción, pero no puedo dejar de mencionar que las citas de Joaquín V. González, César Enrique Romero o del mismo Germán Bidart Campos que escribieron en distintas épocas y con anterioridad a la reforma de 1994, algunas también después, no fueron traídas para estas circunstancias. Más allá de que movamos duramente la frutera, no se le puede hacer decir a la Constitución lo que ella no dice. Y creo que ha habido coincidencia amplia en este Senado de que el Congreso tiene facultades concurrentes para adoptar esta decisión.
Sinceramente considero que forma parte del claro y duro mensaje del 14 de octubre asumir que una gran parte de la crisis parlamentaria que se vive en el mundo, pero fundamentalmente en nuestro país tiene que ver con la clara subordinación e inacción del Poder Legislativo ante el avance inveterado del Poder Ejecutivo.
César Enrique Romero decía --y lo voy a señalar muy brevemente--: "Acaso por tradicional resignación del Congreso y natural avance del Ejecutivo, por aquello de que los vacíos de poder se llenan de inmediato". En realidad nos estaba señalando lo que hoy la sociedad también nos señala como un claro elemento de la crisis que el Parlamento vive. Tenemos que afrontar y decidir las cuestiones cruciales de nuestro tiempo. Sin duda, la reforma política que incluye la discusión del costo político, la reforma social profunda que está exigiendo el debate en este seno y la reforma impositiva tributaria son cuestiones que forman parte de esta reforma que el país necesita.
La Constitución debe interpretarse en su conjunto armónico y en su sentido de armonía flexible. ¿Quién puede negar que en ese momento que vive nuestro país y nuestro pueblo se debe interpretar a la Constitución con la absoluta actualidad del tiempo que estamos viviendo? ¿Para qué apelar a mecanismos que realmente suenan más a contradictorios y a formalismos, que a claras discusiones y rigores propios de lo que la Constitución no prohíbe? ¿Una convocatoria a sesiones extraordinarias podría enervar las facultades propias de un cuerpo como éste para discutir absolutamente todos los temas de una agenda parlamentaria? No. Eso parece simplemente una interpretación formal y caprichosa de algo que la Constitución no dice.
El Congreso de la Nación no tiene prohibido por la Constitución --ni desde ella-- , ejercer ahora mismo esta facultad concurrente en salvaguarda de los más altos intereses nacionales. En verdad, la interpretación que hacía el señor senador Busti sobre los dichos de Linares Quintana --absolutamente justos y ajustados a esta realidad que vivimos--, tiene el sentido claro de permitirnos señalar que el Poder Legislativo debe sesionar con el temario que fije el consenso que este cuerpo determine y bajo la noción clásica de que el poder es el que limita al poder. Y no hay otra forma de hacerlo que ejercitando las facultades que el Poder Legislativo tiene.
Nadie duda --creo que ni siquiera lo hace la bancada minoritaria en el recinto, pero oficialismo en el Ejecutivo nacional-- de que el Poder Ejecutivo ha legislado bajo decretos de necesidad y urgencia de un modo frondoso. No salva esta situación el hecho de que ya se haya hecho con anterioridad. Ha conquistado poderes mediante delegación genérica, y adoptado decisiones que potenciaron y afectaron derechos y garantías individuales. El Poder Legislativo tiene la absoluta e indelegable necesidad de controlar y limitar el poder que el Ejecutivo está ejercitando.
¿Cómo interpretar la Constitución en el sentido que algunos propugnan, colocando al Congreso en una situación institucional de insoportable subordinación al Ejecutivo? Sería aceptar la capitis diminutio que significa esperar un decreto de otro poder que habilite la discusión de temas que deben ser concertados en este ámbito de discusión política.
Reivindicamos nuestro rol desde la absoluta justeza de los principios constitucionales que acá se han citado, y desde la absoluta convicción política de que estamos haciendo lo que la hora actual del país y de los argentinos necesita. Existe un argumento que excede largamente cualquier cita constitucional. Las citas nos dan la justeza de la interpretación. La situación actual amerita una interpretación de nuestra Constitución absolutamente actual. Tal como lo enseñaba alguna pluma muy destacada, el término "constitución" implica un instrumento de naturaleza permanente y debe ser interpretado para hacer frente a todos los nuevos hechos y condiciones que surjan en los distintos tiempos.
No cabe duda de que es necesario transmitirle a aquel que observa las largas citas y que nos cree enfrascados en una discusión que no tiene que ver con la realidad del país, que verdaderamente la discusión sobre la prórroga de sesiones ordinarias tiene que ver con trabajar todos los días, tratando un temario absolutamente libre en la casa de las leyes. Asimismo, debemos analizar excesos del Poder Ejecutivo tanto en las facultades que le fueron delegadas como en los decretos de necesidad y urgencia. Para eso no es necesario apelar a otros mecanismos que no sean los que la propia Constitución Nacional nos está legando.
Debemos ejercer nuestras atribuciones con absoluta plenitud y decirle a nuestro pueblo, que nos debe estar escuchando, que en realidad estas citas y todo esto tienen que ver con el momento actual y con el hecho de reivindicar para nosotros las atribuciones y las responsabilidades que tiene este cuerpo, que no podemos delegar. No podemos discutir esto porque se quiere traer al recinto el tema de las facultades delegadas, lo que permitió el famoso "corralito de los sueldos". Aquí no se trata de una mayoría que busca pasar por encima de las minorías sin respeto, sino de una mayoría que actúa con prudencia, con firmeza y con energía en las decisiones para exigir un cambio de rumbo para que este país y nuestro pueblo se sientan contenidos por nosotros, los que hacemos política y que pretendemos hacer una mejor política desde este recinto, que fue vapuleado y cuestionado y que debemos mejorar. Y una forma de mejorarlo es hacernos cargo de nuestra responsabilidad y no delegar. Debemos usar las atribuciones que tenemos para hacer más y mejor política que signifiquen respuestas claras para un país que lo necesita y un pueblo que lo está reclamando.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Antes de dar la palabra al señor presidente del bloque de la mayoría, para que cierre este debate, quiero invitar a los colaboradores de los bloques a que hagan lo posible para que los señores senadores se hagan presentes en este recinto porque apenas termine de hablar el señor senador Gioja, se va a someter a votación el orden del día número 1.206.
Tiene la palabra el señor senador por San Juan Gioja.
Sr. Gioja. -- Voy a ser muy breve, señor presidente.
Antes del momento en que se planteara la posibilidad de pasar a cuarto intermedio, dije lo que realmente quería decir. En nombre de mi bloque ratifico que además del contenido constitucional y técnico y las seguridades jurídicas, la medida que estamos tomando tiene un contenido totalmente político que tiene relación con la situación actual. Queremos que se apruebe esta resolución para que el Congreso pueda seguir funcionando.
En consecuencia, a fin de no perder más tiempo, solicito que se someta a votación el dictamen de comisión, para cuya aprobación necesitamos simple mayoría.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Le pido a los señores senadores que tomen asiento; de lo contrario, no van a poder votar.
Habiéndose agotado la lista de oradores, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
A continuación, corresponde considerar el pedido de inserción solicitado por el señor senador Guinle.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la inserción. Se procederá en consecuencia.
9
Cuarto intermedio
Sr. Gioja. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. -- Pido el tratamiento sobre tablas de los expedientes CD 175/01 y CD 176/01, recientemente ingresados a esta Cámara. Se trata de proyectos de ley sancionados hoy por la Cámara de Diputados. En el primero de ellos se deroga la ley 25.414, vinculada con el otorgamiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. El expediente CD 176/01 establece la posibilidad de que quienes trabajan en la Argentina puedan disponer libremente de sus salarios; es decir, excluye de las restricciones del decreto 1.570 a todos los asalariados, jubilados y demás en la República Argentina.
Repito: pido el tratamiento sobre tablas de los dos expedientes mencionados.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señor senador: ¿usted está solicitando una alteración del plan de labor?
Sr. Gioja. -- Sí.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración la moción formulada por el señor senador Gioja...
Sr. Maestro. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por el Chubut Maestro.
Sr. Maestro. -- Informo que ha ingresado el mensaje número 1.679 del Poder Ejecutivo nacional, poniendo en consideración del Congreso el decreto 1.678/01, por el que se decreta el estado de sitio en todo el territorio de la Nación por un plazo de treinta días. En consecuencia, consideramos que este tema también debe ser tratado por el Senado de la Nación.
Entonces, sin perjuicio de incluir la necesidad del tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitamos al bloque justicialista que esta sesión pase a cuarto intermedio hasta mañana, a las 12, a efectos de considerar no sólo el mensaje del Poder Ejecutivo nacional sobre tablas, sino también que continuaremos tratando los otros temas planteados por el señor presidente del bloque justicialista. Ello en mérito de que si bien lamentamos la decisión adoptada por la mayoría hace unos instantes -- que, a nuestro criterio y tal como lo fundaron extensa y brillantemente los señores senadores Moro y Baglini, vulnera las reglas constitucionales que diseñan el equilibrio de los poderes del Estado argentino --, entendemos que estos temas están habilitados para ser tratados, por lo cual estamos dispuestos a concurrir a este recinto y prestar los votos necesario para su tratamiento sobre tablas.
Por lo tanto, solicitamos que esta sesión pase a cuarto intermedio hasta mañana, porque hace unos instantes el señor presidente de la Nación ha hecho una convocatoria a todos los partidos políticos, a los gobernadores de la Nación y a las conducciones de ambas Cámaras del Congreso para abrir un espacio de análisis y de asunción de responsabilidades, cada uno en el ámbito de su competencia, y nos parece razonable que nos tomemos este breve espacio de tiempo para que todos podamos imponernos debidamente de cuál es el estado de situación y cuáles son las propuestas que el Poder Ejecutivo quiere someter a consideración del Congreso de la Nación.
En consecuencia, le pedimos al bloque justicialista que acceda a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12, con el compromiso de nuestro bloque de concurrir al recinto para dar quórum y habilitar el tratamiento sobre tablas de todos los temas mencionados, inclusive, el que ha ingresado hace algunos instantes.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. -- Señor presidente: por su intermedio quiero preguntar al bloque oficialista si nos va a acompañar hoy para dar tratamiento a los expedientes CD. 175/01 y CD. 176/01, porque es nuestra intención dar sanción hoy a ambas iniciativas. Así, esas normas podrían ser promulgadas en las próximas horas. Creemos que esto tiene gran importancia.
La pregunta surge porque las consecuencias de su respuesta son obvias: si nos dicen que sí, por supuesto que será ley; si nos dicen que no, como no tenemos los dos tercios de los votos, obviamente, tendremos que pasar a cuarto intermedio hasta mañana.
A través suyo, señor presidente, manifestamos nuestra intención de tratar estos temas en el día de hoy y también por su intermedio solicito que se me informe si la intención es otra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Maestro.-- Señor presidente: efectivamente, solicitamos el pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 12.
Entiendo que es un tiempo muy prudente en el cual podremos analizar todo lo que está sucediendo en este momento en el país. En consecuencia, podríamos continuar debatiendo y definiendo con propiedad cuestiones transcendentes como las que ha planteado el señor senador Gioja.
Por lo tanto, ratificamos nuestra disposición de continuar esta sesión mañana a las 12.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.-- Señor presidente: simplemente, quiero puntualizar un tema, temiendo que se cumplan los pronósticos del señor senador Baglini en cuanto a que va a haber muchos juicios en la Corte para interpretar la constitucionalidad de lo que ha sostenido el justicialismo.
Por lo tanto, solicito que conste en la versión taquigráfica que después de las palabras del señor senador Maestro, por la teoría de los propios actos, el bloque de la Unión Cívica Radical, a través de su presidente, ha prestado consentimiento a la postura de constitucionalidad desde el momento en que está incorporando temas para ser tratados.
-- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señores senadores: la Presidencia solicita que guarden silencio.
Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. -- Señor presidente: según información brindada por compañeros de distintos barrios de la Capital Federal, luego del discurso del señor presidente de la República Argentina hubo una reacción espontánea de miles de ciudadanos argentinos que han salido a los balcones de sus casas a golpear cacerolas y a aplaudir y a tocar bocinas, reclamando urgentes decisiones en materia de política económica.
Esos cacerolazos no son solamente para de la Rúa, sino también para este Congreso. En consecuencia, los tiempos que viene demostrando el partido del gobierno para atender los problemas de la crisis no son los mismos que los de la sociedad argentina. Lamento que hoy no nos brinden el aval para lograr los dos tercios necesarios para devolver inmediatamente la tranquilidad a los hogares argentinos, liberando los salarios y las jubilaciones y restituyendo al Congreso facultades que han sido mal usadas por parte del Poder Ejecutivo. Sinceramente, lamento eso.
Por otro lado, si es intención del gobierno que mañana se trate el estado de sitio --aclaro que, por supuesto, nuestra bancada no va a rehuir la consideración de ese asunto--, sería saludable que concurran a este Senado el jefe de Gabinete y el ministro del Interior para que nos informen acerca de la situación general del país y nos digan no sólo cuántos gendarmes van a mandar sino qué decisión van a tomar en materia económica para solucionar el gravísimo conflicto social, a fin de devolver un poco la tranquilidad a los argentinos. Porque este problema social no se soluciona sólo con bolsas de comida y gendarmes.
Sr. Presidente (Maqueda). -- ¿Está haciendo alguna propuesta concreta?
Sr. Yoma. -- Sí, que concurran mañana a este Senado el señor jefe de Gabinete y el ministro del Interior para informar sobre la situación del país, si es que intención del Poder Ejecutivo que este cuerpo trate el estado de sitio.
Sr. Presidente (Maqueda). -- ¿Usted solicita que se trate ahora?
Sr. Yoma. -- Como este no ha sido un tema debatido en mi bloque no quiero hacer una propuesta formal. Se trata de una sugerencia al bloque del oficialismo para que no llegue aquí solamente un "decretazo" de estado de sitio, sino para que traigan un informe general de la situación del país y nos digan qué decisiones van a adoptar en materia económica para devolver tranquilidad a los argentinos y no nos hablen solamente de la cantidad de gendarmes.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Antes de ceder el uso de la palabra a los señores senadores Maestro y Gioja, corresponde que haga uso de la palabra la señora senadora Ibarra, quien la había requerido con anterioridad.
Sra. Ibarra.-- Señor presidente: solamente es para hacer una aclaración sobre los dichos de la señora senadora Negre de Alonso.
Pertenezco al bloque del Frepaso, que es unipersonal, y he acompañado la decisión del bloque mayoritario. Si bien no soy justicialista, considero que esta es una decisión que se ha tomado mayoritariamente y creo que es constitucional la decisión de prórroga de las sesiones ordinarias. Así lo dije en mi discurso, pero quiero dejar aclarado este tema porque lo acompañé por convicción y por interpretación constitucional propia. No pertenezco al bloque justicialista.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Le corresponde el uso de la palabra al señor senador Maestro, pero la señora senadora Negre de Alonso ha pedido la palabra porque ha sido aludida. ¿Le concede una interrupción, señor senador?
Sr. Maestro. -- Sí.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. -- Gracias, señor senador.
He pedido el uso de la palabra simplemente para pedir una disculpa pública a la señora senadora. Anteriormente, omití decir que tengo perfectamente en claro que la señora senadora Ibarra pertenece al bloque del Frepaso.
Sr. Presidente (Maqueda). --Tiene la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Maestro. -- En primer lugar, quiero manifestar que no hemos convalidado nada en particular. Dije en su momento, hace unos instantes, que debemos aceptar una decisión mayoritaria en este Senado y, en función de ello, surge nuestro compromiso de no sustraernos al debate de ninguna de las cuestiones que por decisión del cuerpo se quieran tratar en este recinto. Ello sin perjuicio, desde luego, de que sostenemos plenamente nuestras posiciones y que entendemos que lo aquí resuelto va a generar, lamentablemente, un serio conflicto institucional por cuanto el Poder Ejecutivo Nacional, seguramente en ejercicio primario del control de constitucionalidad de las leyes, obrará en consecuencia en su momento, de acuerdo con lo que aquí se vaya decidiendo y sancionando.
Pero quiero expresar también que entendemos que es absolutamente imprescindible tener la prudencia necesaria --una actitud responsable que estimo está en el sentimiento de todos los señores senadores-- de aguardar unas horas para poder tener un espacio de reflexión, de análisis y de información adecuada a efectos de sancionar leyes que implican, sin duda, alterar una gravísima situación económica y financiera que pone en serio peligro en este momento, incluso, el sostenimiento de la banca nacional, como es de público conocimiento.
Por lo tanto, reiteramos el pedido de pasar esta sesión a cuarto intermedio hasta mañana a las 12, incluyendo por supuesto en el temario el tratamiento sobre tablas del decreto de estado de sitio y, como ha sido siempre de práctica parlamentaria cuando se debe analizar una declaración de estado de sitio --esto es obvio y por supuesto que así debe ser--, comparecerá el responsable que designe el Poder Ejecutivo --el jefe de Gabinete o el ministro del Interior-- para dar un pormenorizado informe a los señores senadores sobre los motivos que llevaron a adoptar esta grave medida y también sobre el estado de situación al momento en que se produzca la presencia de esos funcionarios sobre lo que esté sucediendo en el territorio nacional. Cabe señalar que el conjunto de los gobernadores argentinos ha manifestado hoy su acompañamiento a esta decisión tomada por el Poder Ejecutivo ad referéndum de este Congreso Nacional.
Entonces, señor presidente, solicitamos el pase a cuarto intermedio hasta mañana, a las 12.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. -- Señor presidente: en nombre del Frente Cívico y Social de Catamarca, quiero ratificar, fundamentalmente por lo que dijo la señora senadora por San Luis, que nosotros tampoco convalidamos lo que consideramos realmente una decisión al margen de las disposiciones de la Constitución Nacional.
Ante lo que resultó inevitable, por un criterio estrictamente de mayoría numérica, quiero apelar a lo que muchos señores senadores de la bancada mayoritaria expresaron en orden a que todos estamos procediendo bajo la premisa de buena fe. En ese sentido, quiero reiterar la convocatoria para que todos juntos seamos capaces de demostrar que el sistema político argentino es capaz de conducir hacia la salida de esta crisis.
Además, creo que acaba de finalizar el mensaje que ha dado el señor presidente de la Nación al país. En su discurso, como ya se dijo, convocó a las fuerzas políticas, a quienes tienen responsabilidades de gobierno en la actualidad y a quienes las tuvieron en las últimas décadas a un diálogo, por lo que apoyo la propuesta del señor senador Maestro de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por San Juan.
Sr. Gioja. -- Señor presidente: lamentando la posición del bloque del oficialismo, no nos queda más alternativa que aceptar pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12. Aceptamos todo lo que ha dicho la senadora preopinante. Tenemos plenamente asumida esa postura que, además, ha sido práctica permanente en este Senado y en el Poder Legislativo en general.
De modo que, con las observaciones que hizo el señor senador Yoma en cuanto a la posibilidad de concertar mañana la presencia de funcionarios del Ejecutivo y con el convencimiento de que el país está viviendo la emergencia más tremenda de los últimos tiempos, vamos a aceptar pasar a cuarto intermedio para tratar los temas señalados y lo que pudiera quedar pendiente al día de hoy. De manera tal que insisto en la observación que hizo el señor senador Yoma, a fin de no considerar solamente el estado de sitio, sino con la intención de poner más luz al camino que hay que debemos recorrer, que hoy es incierto y que complica todo y nos preocupa a todos.
Señor presidente: concretamente, aceptamos pasar a cuarto intermedio hasta mañana, a las 12, para considerar los tres temas señalados y todos los asuntos pendientes.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de cuarto intermedio formulada por el señor senador por el Chubut.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consecuencia, pasamos a cuarto intermedio hasta mañana a las 12.
-- Son las 23 y 17.
Rubén A. MarinoDirector del Cuerpo de Taquígrafos

EXPEDIENTE NUMERO 1701/01
Tramite Legislativo del Expediente
Fechas en Mesa de Entrada
MESA DE ENTRADA DADO CUENTA Nº DE D.A.E.
06/12/2001 12/12/2001 122
Fechas en Dirección Comisiones
DIR. COMISIONES INGRESO DEL DICTAMEN
06/12/2001 13/12/2001
SIN FECHA 18/12/2001
Giros del Expediente a Comisiones
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
ORDEN DE GIRO: 1
FECHA DE INGRESO: 06/12/2001
FECHA DE EGRESO: 13/12/2001
Ordenes del Día
NUMERO DE FECHA ESTADO ANEXO
1206/01 14/12/2001 AP Sin Anexo
Resoluciones
SENADO
FECHA DE SANCION: 19/12/2001
SANCION: APROBO
NOTA: SE APROBÓ EL DICTAMEN DE MAYORIA.-PASA A DIP.-CONJ.S.1720/01
ENVIADO AL ARCHIVO
27/12/2001