Betancourt rinde cuentas de su quinquenio presidencial (1964)

DISCURSO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU QUINQUENIO PRESIDENCIAL

Rómulo A. Betancourt

[7 de Marzo de 1964]

Ciudadano Presidente del Congreso Nacional; Ciudadano Vicepresidente del Congreso Nacional; Ciudadano Presidente de la Corte Suprema de Justicia;

Ciudadanos Senadores y Diputados y ciudadanos representantes de otros órganos del Estado;

Su eminencia José Humberto Cardenal Quintero; Excelentísimos señores Embajadores;

Ciudadanos representantes de las Fuerzas Armadas y de otros sectores nacionales;

Conciudadanos:

El día 13 de febrero de 1959 en solemne acto, realizado en este mismo recinto y ante el soberano Congreso, juré cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución y las leyes, en el ejercicio de la Presidencia de la República. Expresé entonces que sentía “sobrecogido el ánimo ante la magnitud y responsabilidad de la tarea por venir”. Y añadí, ya al final de ese mensaje de toma de posesión de la Presidencia de la República, que contraía “el compromiso de venir a otra cita con el Poder Legislativo cuando vaya a entregar a mi sucesor, electo como yo en comicios pacíficos y libres, esta banda tricolor que es símbolo del poder presidencial en Venezuela”.

Se ha hecho honor al compromiso adquirido y a la responsabilidad asumida. Y hoy vengo ante ustedes, legítimos personeros de la voluntad del pueblo porque el pueblo los elevó a la categoría de representantes suyos en el Poder Legislativo, a presentar mi último mensaje como Presidente de los venezolanos, a escasas horas del momento en que transferiré los atributos del poder presidencial a un compatriota de largo historial de buena obra republicana y democrática, a quien el pueblo eligió como su Presidente para el quinquenio 1964-1969: el doctor Raúl Leoni.

En sobria y castigada prosa, con intención confesa de torcerle el cuello a la elocuencia, he abarcado en el párrafo anterior el tramo de historia nacional recorrido desde el 13 de febrero de 1959 a este 7 de marzo de 1964.

Podría eludir el recuento, que va a ser sucinto y objetivo, de las dificultades y tropiezos confrontados por la nación y por su Gobierno para asegurar el tránsito normal de la Presidencia de un ciudadano electo por el pueblo a otro cuyo mandato nace del mismo limpio e inobjetable origen comicial. Pero considero, sin arrogancia magisterial pero con el hondo sentido de responsabilidad de quienes entendemos la acción política como pedagogía ciudadana, que debe hacerse, y dejarse escrito, siquiera un balance sumario de los hechos y de las actitudes que entrabaron esta experiencia democrática vivida por Venezuela en el período de gobierno constitucional que termina.

POLÍTICA INTERNA

Es una constante histórica en la América Latina la de conceptuar el Gobierno de las Repúblicas como botín de audaces. De allí que el golpe de Estado y el acceso al poder mediante la asonada hayan sido hechos habituales en la vasta región americana de raíz hispánica. La mala herencia del pronunciamiento militarista español se aprecia como un factor de importancia en este fenómeno tan generalizado. Pero en el específico caso venezolano, después del auge petrolero, el madrugonazo para llegar a Miraflores por el atajo del golpe de Estado y no por la vía ancha del sufragio libre tiene una explicación local fácil de descubrir y señalar. El fisco venezolano es rico y las oportunidades de enriquecimiento ilícito tentadoras para quien gobierne sin sujeción a leyes y al margen de la vigilancia de una opinión pública asfixiada por el rigor de todas las formas de censura. Y es por ello que resulta fácil comprender por qué durante mi gobierno hubo varios intentos de aventureros de toda laya para asaltar el poder, no obstante ser tan limpio y legítimo su origen, por medio de la asonada cuartelaria. Fallidos resultaron sus empeños porque frente a ellos actuó con energía un gobierno que no se dejaba derrocar; un pueblo que lo respaldaba, y unas Fuerzas Armadas leales, no a un hombre con mesiánicos arrestos de caudillo, sino al régimen legítimamente constituido, así como a la Constitución y a las leyes de la República.

Las asonadas de cuartel surgidas en este lapso constitucional fueron fáciles de aislar y de dominar. Mayor dificultad ha habido, y habrá, para enfrentarse a un tipo de sedición nueva que ha hecho su aparición en la América Latina. Es la que se reviste de un atuendo revolucionario y pretende también eliminar el sistema representativo y democrático de gobierno pero esgrimiendo la bandera, seductora para mentes juveniles y de inadaptados sociales, de un cambio estructural profundo en la organización de nuestros pueblos. Esa nueva y peligrosa manera de desquiciar las bases institucionales de nuestros países y de su manera de concebir la organización social como proceso de libertad, adquirió una peligrosidad inocultable desde que el gobierno de Cuba declaró abierta y retadoramente su filiación comunista. La Habana se convirtió en una meca de todos los corifeos del credo totalitario. Pero con las características de la personalidad de los dirigentes de la llamada revolución cubana, formados en su adolescencia en la escuela del terrorismo y ayunos de bagaje ideológico serio, las consignas y los recursos ofrecidos a sus seguidores en la América Latina por ese régimen no fueron de tipo doctrinario. En La Habana se han adiestrado y se siguen adiestrando terroristas para dinamitar instalaciones industriales: activistas para la guerra de guerrillas: grupos de asaltos para atracar Bancos y otras empresas, so capa de realizar “expropiaciones revolucionarias”. El dinero en gruesas y sólidas cantidades enviado por el gobierno de La Habana a sus secuaces latinoamericanos no ha sido para comprar imprentas con las cuales difundir ideas, sino para la adquisición de armas destinadas a la guerrilla rural y al atentado urbano.

Fácil resulta explicar y comprender por qué Venezuela ha sido escogida como objetivo primordial por los gobernantes de La Habana para la experimentación de su política de crimen exportado. Venezuela es el principal proveedor del Occidente no comunista de la materia prima indispensable para los modernos países industrializados, en tiempos de paz y en tiempos de guerra: el petróleo. Venezuela es, además, acaso el país de la América Latina donde con más voluntariosa decisión se ha realizado junto con una política de libertades públicas otra de cambios sociales, con simpatía y respaldo de los sectores laboriosos de la ciudad y del campo. Resulta así explicable cómo dentro de sus esquemas de expansión latinoamericana, el régimen de La Habana conceptuara que su primero y más preciado botín era Venezuela, para establecer aquí otra cabecera de puente comunista en el primer país exportador de petróleo del mundo; y para echar por tierra una experiencia de gobierno democrático de raíz popular y vocación de justicia social, que resultaba una alternativa valedera frente al totalitarismo imperante en Cuba ante los ojos y la esperanza de los 200 millones de gentes que viven, luchan y sueñan al sur del río Bravo.

La lucha frontal a esta forma de subversión contra las instituciones democráticas, sin antecedentes en la América Latina, no ha terminado en Venezuela ni en el resto del continente. Mientras perviva el régimen comunista en La Habana, hasta ahora asistido y sostenido por la Unión Soviética con próvido aporte de material de guerra, persistirá un riesgo inocultable para los países de la América Latina.

Y si alguna duda fuera alimentada por alguien de buena fe con respecto a lo que se ha dicho, debe desaparecer con la evidencia incontrastable de que desde La Habana fue enviado a su quinta columna venezolana un equipo de material bélico con peso de 4 toneladas. Fue el descubierto, incidentalmente, en las desiertas costas de Paraguaná, dos meses antes de las elecciones del pasado 1 de diciembre de 1%3. La tenacidad de las policías nacionales en defensa de las instituciones democráticas y de la soberanía de Venezuela, complementó el hallazgo causal de ese armamento oculto en el litoral falconiano, con los datos precisos del llamado “Plan Caracas”, incautado a un activista del Partido Comunista, entrenado en Cuba. Esas armas de asolador poder mortífero no eran para ser usadas por las dos docenas de delirantes que huyendo hasta de su propia sombra quedan aún encuevados en las más intrincadas espesuras de la sierra de Churuguara. Los morteros; las ametralladoras de tipo pesado; los lanzacohetes, o bazookas; los cañones de tiro sin retroceso, iban a ser emplazados en la ciudad de Caracas, en azoteas de edificios y en otros sitios estratégicos, para producir un baño de sangre en la capital de la República y con el objetivo de frustrar el manifiesto propósito de los venezolanos de concurrir a los comicios. Los criminales ejecutores de esa empresa hubieran sido en definitiva acorralados y vencidos, porque si algo ha caracterizado a mi gobierno ha sido su decisión de no titubear ni vacilar en defensa del orden legítimamente constituido. Pero el precio pagado en sangre derramada por el pueblo de Caracas hubiera sido mucho más alto que el que se pagó para debelar las insurgencias procomunistas de Carúpano y de Puerto Cabello.

Este plan de aterrorización de Caracas mediante el uso el modernísimos y eficaces materiales de guerra, fue preparado por aquella acción terrorista sin pausas y sin treguas que el país recuerda, y la cual culminó con el abominable episodio del tren excursionista que en su viaje hacia Los Teques fue asaltado por una banda armada, con saldo de numerosos hombres uniformados muertos, de mujeres y de niños heridos. Conocida es la decisión que adopté, solo conmigo mismo y con mis responsabilidades de gobernante, ante Venezuela y ante la historia. Los parlamentarios de los partidos Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, comando coaligado de la subversión antidemocrática en Venezuela y sumiso estado mayor ejecutor de las instrucciones emanadas de sus jefes cubanos, fueron detenidos y entregados a la jurisdicción de los tribunales militares, por la índole de sus delitos, tipificados en el Código de Justicia Militar. La Corte Suprema de Justicia convalidó, con irrebatibles argumentos jurídicos, la anterior decisión del poder ejecutivo inhabilitando a esos partidos, clausurando sus locales e impidiendo la circulación de sus periódicos. El proceso judicial, ante los tribunales militares y por delito de rebelión, se continúa contra quienes son los máximos responsables de los brotes de sedición armada de Carúpano y Puerto Cabello; de los asesinatos de hombres uniformados, de policías y de simples ciudadanos; de las actividades guerrilleras; del incendio de fábricas y de instalaciones petroleras; de los robos a mano armada.

Era de esperarse dentro de una sana lógica, extraña a la mentalidad desorbitada de los comandos comunistas de Venezuela, que la concurrencia de 96 de cada 100 ciudadanos inscritos en los registros electorales a los comicios del 1 de diciembre de 1963 hiciera desistir a ese grupo antinacional de sus planes de subversión violenta. Pero no ha sido así. En poder del gobierno está un documento elaborado por la dirección del Partido Comunista en la clandestinidad, el 13 de diciembre de ese mismo año 1963, doce días después de ser realizada la consulta electoral con asistencia y presencia masivas de los venezolanos aptos para elegir. He dado instrucciones al Ministro de Relaciones Interiores para que entregue copia certificada de ese documento a todos los senadores y diputados de la República. En él se insiste con obcecada obstinación en que la única vía trajinable para los sedicentes “revolucionarios” es la del asalto armado al poder y la sustitución de los gobernantes que le pueblo eligió, por una minoría que establezca en Venezuela un régimen colonialmente sometido a los dictados de los sínodos comunistas internacionales, como el que existe en Cuba.

Es por estas razones que no he utilizado la facultad que me concede la Ley Orgánica del Ejército y de la Armada vigente para sobreseer juicios militares en cualquiera de sus instancias en beneficio de los máximos responsables del terrorismo político que ha sufrido este país, y del que proyectan para el futuro. Irresponsable hubiera sido, y la irresponsabilidad no se puede señalar entre mis características de hombre público, si al final de mi mandato procurara granjearme un ambiente de Presidente benévolo abriéndole, con la firma al pie de un decreto de sobreseimiento, las puertas de las cárceles a quienes en ellas están no por delitos de opinión ni por haber ejercitado el legítimo derecho que tienen todo ciudadano a oponerse en todas las tribunas a un gobierno. Están encarcelados porque son los agentes de una conspiración extranjera contra la paz, la libertad y la soberanía de Venezuela. La democracia no es un régimen de gobierno laxo y medroso frente a sus enemigos. La democracia es un régimen que respeta las libertades públicas, pero que no trata con lenidad y pavidez a quienes atentan contra ellas. La historia contemporánea está plagada de ejemplos de regímenes que por profesar una concepción liberaloide y cobardona fueron aniquilados o pulverizados por minorías totalitarias audaces. Eso sucedió ayer con el fascismo y sucede hoy con el comunismo. Y orgulloso me siento, y orgullosos deben sentirse mis colaboradores en todos los escalones de la administración pública, de que el gobierno que presidí aprendiera las lecciones de la historia y por eso no se dejare intimidar, acorralar ni derrocar por minorías antidemocráticas, ya fueran las del clásico estilo autocrático latinoamericano o las revestidas del paramento novedoso de ideologías seudorrevolucionarias, y en definitiva integradas por quinta columnas de potencias que aspiran a regimentar al mundo, para su propio y exclusivo beneficio, con estructuras autoritarias del gobierno.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Fiel ha sido el gobierno que he presidido en su política exterior a esos módulos democráticos de su política interna.

No ha debido ser extraño para nadie que leyera o escuchara mi primer mensaje presidencial a la nación el 13 de febrero de 1959, saber que el gobierno que en ese día se iniciaba iba a hacer buena la tesis del no reconocimiento de los gobiernos de facto, producto del asalto al poder y en países gobernados constitucionalmente, por minorías armadas. Así ha procedido el gobierno de Venezuela, en una forma coherente y consecuente. Nos hemos afincado en nuestras mejores tradiciones venezolanas y en textos explícitos de la Carta de Bogotá, ley multilateral constitutiva de la Organización de Estados Americanos. Hemos negado automáticamente el reconocimiento a todos los gobiernos de facto surgidos en la América Latina como resultado del derrocamiento de go¬biernos legítimamente constituidos. Y a petición de los gobiernos de Venezuela y de Costa Rica ha de realizarse en fecha aún no fijada una reunión de consulta de cancilleres. En ella deben precisarse medidas conjuntas para detener la marea de golpes de Estado contra gobiernos constitucionales que ha reaparecido en la América, y con alarmante parecido a lo que sucedió en 1948 y preparó la ominosa década del 50. Durante ella en buena parte de las naciones de la América Latina no gobernaron los elegidos por el pueblo, sino los autoelectos mediante el asalto y la violencia. En esta política principista, arraigada en las mejores tradiciones democráticas del continente, no hemos estado acompañados de muchos gobiernos americanos. Inclusive el más poderoso de entre ellos, y el más llamado por su propio interés a ejercitar con energía un liderato democrático -me refiero al de Estados Unidos- ha adoptado ante este problema de los golpes de Estado contra gobiernos legítimos una actitud que podría calificarse, según la estimativa que se aplique, de pragmática o de oportunista. El gobierno de Venezuela ha preferido quedarse en la sola compañía de unos pocos gobiernos consecuentes con lineamientos doctrinarios y jurídicos interamericanos, inobjetables, a trajinar la cómoda senda del unanimismo acomodaticio. Sabemos que nuestra posición es la justa; y que en política internacional las herejías, cuando tienen asideros de lógica, adquieren con el tiempo rango de verdades ortodoxas.

Ha sido también Venezuela la que ha solicitado otra reunión de consulta de cancilleres dentro del marco de la Organización de Estados Americanos y de acuerdo con los tratados internacionales que rigen esta comunidad regional. En esa reunión de consulta, cuya fecha aún no ha sido fijada, habrá de ser debatido un proyecto de resolución presentado por Venezuela en que pide que se aplique al gobierno de Cuba las sanciones previstas en el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947 a los gobiernos que realicen actos de agresión contra un país de la comunidad americana. Las evidencias son incontrastables en el sentido de que desde Cuba no sólo se ha estimulado por todos los medios imaginables el derrocamiento de nuestro gobierno democrático, sino que son armas del arsenal bélico de ese país las que fueron transportadas a costas de Venezuela y descubiertas en el litoral de Paraguaná. Nos anima la confianza de que ante evidencias tan incontrastables habrá la misma unanimidad de los gobiernos americanos que hubo cuando en octubre de 1962, en reunión celebrada en Washington, todos votaron por la aplicación a Cuba de sanciones punitivas, incluida la acción armada unilateral a multilateral, por el hecho comprobado de que en territorio cubano estuvieran instaladas armas atómicas medias e intermedias. En el caso que presentará Venezuela, las pruebas de la agresión cubana son aún más concluyentes. Más concluyentes porque no se trata ahora de sólo fotografías aéreas de armas termonucleares instaladas en Cuba, sino de la evidencia física de las armas mismas trasladadas por el gobierno de Cuba a Venezuela. No creemos que haya gobierno en el continente que adopte una actitud vacilan te, porque acaso surgirá aun en mentes no prevenidas la idea de que se apoyan sanciones contra el régimen de Cuba cuando las pide el poderoso gobierno de Estados Unidos y no se apoyan cuando las pide, con un impresionante aval de documentos y pruebas fehacientes, un gobierno de la América Latina.

En esta política internacional fuerza extraordinaria le ha dado a mi gobierno la manera de conducirse y comportarse el pueblo de Venezuela. Produjo asombro, en quienes no conocían la reciedumbre de su fibra democrática, la forma como respaldó al régimen constitucional ante los asaltos de sus enemigos de todos los matices y tendencias. Ese asombro adquirió dimensión ecuménica, universal, con motivo de la forma valiente, ordenada y pacífica con que la nación votó en las elecciones del pasado 1 de diciembre, y de la manera como las fuerzas de aire, mar y tierra de Venezuela, arma al brazo, garantizaron el derecho de los venezolanos a votar como quisieran y por quien quisieran. Debo insistir, con deliberada intención, sin temor a la redundancia, en que si ha podido ser enérgica y categóricamente democrática la política internacional del gobierno de Venezuela es porque lo estaba respaldando el comportamiento democrático cabal del pueblo a cuyo nombre ha hablado y actuado.

Otro acto relevante en la política exterior fue la continuación de las conversaciones con el gobierno de Gran Bretaña referentes a la revisión de límites con la Guayana Británica.

Durante los días 5 y 6 de noviembre de 1963 se realizó en Londres una conferencia a nivel de ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. En ella el canciller de la República entregó al Secretario de Asuntos Extranjeros de Gran Bretaña, señor R. A. Butler, un memorándum con las razones que han llevado a Venezuela a solicitar la devolución del territorio que le fue arrebatado en virtud del laudo arbitral de París de 1899. El tribunal se excedió en sus atribuciones y dictó una línea de compromiso y no de derecho. La extensión de ese territorio abarca una superficie de 139.955 kilómetros cuadrados, que Gran Bretaña había reconocido hasta 1840 como perteneciente a Venezuela. La cancillería de Gran Bretaña adujo no estar todavía en posesión de los informes de sus expertos para dar una respuesta definitiva a la cancillería venezolana. Las negociaciones han continuado y, en bien de la República y para reparar una injusticia que se le hizo a Venezuela, deberán ser continuadas. El remate de ellas debe ser la reincorporación al territorio nacional de una zona que desde un punto de vista jurídico-histórico jamás dejó de pertenecerle a Venezuela. Y no es añadidura ociosa ratificar que esta reclamación de Venezuela sobre una zona de territorio que es legítimamente suya en nada afecta ni entorpece las aspiraciones del pueblo de Guayana Británica a su independencia, que tiene la sim¬patía de la nación venezolana, cuya posición anticolonial data de los días en que ella misma insurgió como nación soberana, sacudiéndose tutelas foráneas.

También encuadra dentro del enfoque de las relaciones internacionales el convenio de rnodus vivendi firmado ayer, 6 de marzo, entre legatarios del gobierno de Venezuela y los de la Santa Sede. Ese convenio para nada interfiere con el principio constitucional de la libertad de cultos y con el derecho tradicional de los venezolanos a profesar y practicar cualquier credo religioso. También mantiene el sistema clásico en nuestro derecho público de reconocer que el Estado tiene una palabra que decir en la hora de ser escogidas por la Santa Sede las más altas autoridades jerárquicas de la Iglesia.

Nadie debe extrañarse de que se haya llegado a esta fórmula contractual entre el Vaticano y el Estado venezolano para regular con criterio moderno las relaciones entre los gobiernos de la República y la Iglesia de una religión que profesa la mayoría determinante de los venezolanos. Fórmulas similares rigen en todos los demás países de la América Latina, con excepción de la Argentina; y todos ellos habían heredado, como Venezuela, el sistema de patronato eclesiástico otorgado por la Santa Sede a los Reyes Católicos. En lo que se refiere a mi gobierno, explícito y categórico fui sobre esta materia en el primer mensaje a la nación, el 13 de febrero de 1959. Allí se dejó dicho: “Personalmente creo que ha llegado la hora de que se inicien conversaciones con la Santa Sede para presentarle al Congreso de la República fórmulas que permitan, si éste lo considera conveniente, la sustitución de los inoperantes cartabones contenidos en la Ley de Patronato Eclesiástico, legislación perteneciente casi a la prehistoria de nuestro derecho público, por las normas mas flexibles de un moderno modus vivendi cuidadosamente discutido entre las partes contratantes”:

Esta posición mía no obedeció a presiones o sugerencias ajenas, sino a propias y arraigadas convicciones de que era ya imposible que persistiera en nues¬tro derecho público, inserto en él por ley de inercia y por respeto a mitos, una auténtica pieza jurídica arqueológica. Lo comprendí así desde mis ya lejanos días de estudiante de derecho, cuando tuve ocasión de estudiar esa ley en una materia de la Facultad de Ciencias Jurídicas que en el pensum llevaba el nombre de español antiguo y Derecho Canónico. Cuando me correspondió gobernar por primera vez a Venezuela entre los años 1945-1948 aprecié que esa ley no era aplicada ni aplicable, ni se había aplicado realmente en Venezuela durante su prolongada vigencia. Convencido de ello intervine ante mi propio partido Acción Democrática, que tenía mayoría determinante en la Asamblea Constituyente de 1946, para que se incluyera en la Constitución que estaba discutiéndose el texto, reinsertado sin modificaciones en la Constitución de 1961, que ha hecho posible la redacción y firma de este tratado. Fue mi única intervención para lograr cambios en el artículo de la ley fundamental que se discutía. Porque al margen he estado de los debates que condujeron a la elaboración de ambas constituciones democráticas -la de 1947 y la de 1961-, en muchos de cuyos aspectos disiento, porque tienen acusados perfiles helvéticos y rodean de vallas al Jefe del Estado para ejercitar lo que es primordial deber de un gobierno: la propia defensa de su estabilidad y de las instituciones cuya custodia se le confía.

Las conversaciones entre la Cancillería de Venezuela y la de la Santa Sede se iniciaron desde hace largos meses. Han sido laboriosas y prolongadas, y listo estaba el tratado para su firma meses antes de las pasadas elecciones, pero se prefirió, y de acuerdo con los partidos que integraban la coalición, aplazar la firma del convenio hasta fecha posterior al debate de comicios y con la sensata finalidad de impedir que problemas tan susceptible de avivar pasiones fuera objeto de debates de plaza pública.

Ahora, en etapa de sosiego y reflexión, el honorable Congreso de la República podrá ratificar o impugnar este tratado. Tengo la confianza en que por sus modalidades y conveniencia será objeto de aprobación por las Cámaras Legislativas.

Fue el gobierno de Venezuela de los primeros, si no el primero, que fijó una posición definida y clara, sin esguinces, cuando se produjeron los recientes, lamentables y sangrientos sucesos de Panamá. Definió públicamente mi gobierno su apoyo a la tesis panameña de que mediante las normales negociaciones entre gobiernos amigos se lograra del de Estados Unidos la revisión del ya inaceptable por ese país Tratado Canalero de 1903. Y es motivo de satisfacción poder constatar cómo se orientan por buen camino las negociaciones bilaterales entre las cancillerías panameña y estadounidense, y que se avizora con optimismo una solución del diferendo.

Rechazó nuestra cancillería la idea de que se reuniera en la ciudad de Quito la XI Conferencia Interamericana que había sido convocada para el 1 de abril de este año. Se argumentó que el país-sede, por prestigio mismo de la organización regional y en respeto al espíritu y la letra de la carta constitutiva que lo rige, no podía ser uno donde existiera un gobierno de facto. El propio gobierno ecuatoriano solicitó el aplazamiento de la conferencia y se considera posible un cambio de sede para su celebración.

El 7 de agosto de 1963 tuve al alto honor de suscribir con el Presidente de Colombia, Excelentísimo señor doctor Guillermo León - Valencia, el Acta de San Cristóbal. Breve en el tiempo fue la visita a territorio de Venezuela del ilustre mandatario de Colombia. Las escasas horas del encuentro fueron utilizadas para intercambiar criterios y puntos de vista, condensados en el acta ya referida, que tiene contenido histórico. Acaso por primera vez, o sin acaso, dos mandatarios de países con extensos límites territoriales comunes se comprometen a poner en marcha un plan de integración económica que coordine y vitalice los sistemas de producción en las zonas situadas en torno a los hitos demarcadores de sus respectivos espacios geográficos. Ya comisiones técnicas altamente calificadas, y con asesoría y financiamiento externos, están implementando esa declaración. Se dio allí un paso eficaz para ponerle cese a ese cantonalismo aislador y suicida en que han vivido los pueblos de Hispanoamérica, olvidándose de aquel lúcido concepto del Libertador, tantas veces por mí recordado. Es que conserva, más de un siglo después de haber sido enunciado, su plena validez y vigencia: “Sólo la unión de los pueblos latinos de América los hard fuertes y respetables ante las demás naciones”.

Singular honor y reconocimiento de su conducta principista y seria en el foro mundial de las Naciones Unidas se le dispensó a Venezuela cuando nuestro delegado permanente fue designado como Presidente de la Asamblea General del año próximo pasado, y por altísima votación. En las Naciones Unidas, Venezuela ha demostrado cómo se puede seguir una política de lealtad a los compromisos jurídicos interamericanos y de consciente apreciación de los vínculos económicos y geopolíticos que nos unen a este continente, con una actuación no sometida a consignas ajenas, sino a los supremos intereses de la paz mundial y de la convivencia internacional, en el organismo que congrega a la casi totalidad de los Estados del mundo.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Sumario va a ser en este mensaje el enfoque de la situación económico-fiscal del país y de la gestión administrativa durante el quinquenio de gobierno 1959-1964. Anexo a este documento, y ya editado en imprenta, se entregará un análisis pormenorizado de los aspectos sectoriales de la economía, de la evolución fiscal, de la obra realizada y de los proyectos por ejecutarse, ya estudiados, que se dejará como buena herencia a la próxima administración.

En 1959, cuando se inició el período constitucional que ahora concluye, la situación económica y fiscal de Venezuela presentaba muchas facetas negativas.

El país había vivido dentro del vértigo engañoso de una alegre y derrochadora política de gasto público no orientada hacia el desarrollo económico sano, ni al comienzo de solución de los problemas básicos del país. Y sobre el fisco gravitaba una deuda flotante a corto plazo, por millares de millones de bolívares, que contrajo la dictadura con desprecio de toda fórmula de buen gobierno.

No se va a intentar aquí hacer una historia pormenorizada del proceso que condujo, errándose a veces, rectificándose los errores y reemprendiéndose nuevos caminos, a este momento actual de Venezuela, que en lo económico es de confianza para el inversionista y de desarrollo acelerado. Y, en lo fiscal, de equilibrio presupuestario y de apreciable superávit acumulado.

En 1963, y como una revelación en cifras del acelerado desarrollo económico de la nación, el producto territorial bruto se situó en 30.140 millones de bolívares, superándose con apreciable margen los 24.327 millones de bolívares a que alcanzó en 1958. Esto representa un incremento a una tasa anual del 4,5%. El crecimiento del producto nacional a una tasa de 5,8% en 1963 tuvo una característica que cabe subrayar: la de que ocurrió no obstante que la tasa de crecimiento del sector petrolero fue de apenas del 1,5%. Ello significa que ya Venezuela está en proceso franco de diversificación de su economía y estamos dependiendo cada vez menos del petróleo. Así, para alcanzar en 1963 la tasa global de 5,5% fue necesario que el producto de los otros sectores creciera a una tasa promedio del 7%. Al analizar los renglones básicos de la producción del país -agricultura e industria- se aprecia cómo se ha acelerado la capacidad productiva de frutos de la tierra y de mercancías manufacturadas, obtenidos mediante el esfuerzo empresarial nacional y el trabajo de nuestros hombres de la ciudad y del campo.

En lo que a agricultura se refiere, en los últimos cinco años ésta ha crecido anualmente a una tasa de 6,5%, superior en casi una tercera parte al crecimiento entre los años 1951-1959.

Esta tasa de producción fue alcanzada a través del incremento de muchos renglones de la producción agrícola. De 357 mil toneladas de maíz que se produjeron en 1958 se llegó en 1%3 a 500 mil toneladas. La producción de arroz para 1958 fue de 19 mil toneladas; en 1%3 llegó a 130 mil toneladas. En 1958 se produjeron 21 mil toneladas de ajonjolí y en 1%3 se llegó a 32 mil toneladas. En 1958 la producción de algodón fue de 21 mil toneladas y en 1%3 fue de 40 mil toneladas. En 1958 se produjeron 2 millones de toneladas de caña de azúcar y 2 millones 900 mil en 1%3. La producción de tabaco en 1958 fue de 5 mil toneladas y en 1%3 llegó a 8.500 toneladas. El cultivo de papas en 1958 fue de 70 mil toneladas y en 1%3 alcanzó a 124 mil toneladas.

Paralelamente con el incremento en la producción agrícola vegetal, se lograron aumentos sustanciales en el campo de la ganadería y de la avicultura. En la primera, el país ha alcanzado el autoabastecimiento de la ganadería vacuna y ha promovido un desarrollo creciente de la ganadería porcina. En la segunda, se produjo una sustitución total de importaciones de carnes de aves y de huevos, por un monto superior a los 70 millones de bolívares.

Es interesante señalar que la CEPAL, el organismo especializado de las Naciones Unidas para el estudio de los problemas económicos de la América Latina y la coordinación de sus programas de desarrollo, ha insistido en que uno de los aspectos negativos de la producción en esta zona del mundo es la del retraso del crecimiento agrícola, con respecto a las necesidades de consumo de las poblaciones. En Venezuela se ha roto ese esquema. Y tanto la agricultura como la ganadería, asistidas e impulsadas por el flujo crediticio del Estado, han alcanzado logros impresionantes. Falta aún mucho que hacer. Continuamos importando materias primas para las industrias y artículos elaborados o semielaborados que pueden y deben producirse en Venezuela. Lo que se ha logrado hasta ahora es una demostración de que en un futuro no lejano estaremos en capacidad de auto abastecernos y de darle impulso a esa política de exportación, distinta de la petrolera, que ya se ha iniciado con timidez pero con perspectivas halagadoras.

El proceso de industrialización se ha venido cumpliendo a pasos acelerados. Difícil sería señalar otro país de la América Latina que en el lapso de cinco años haya logrado un ritmo de desarrollo tan rápido como el que se ha apreciado en Venezuela, en lo que a industrialización se refiere. El producto industrial creció en estos cinco años a razón de 8% anual, al pasar de 3.456 millones de bolívares en 1958, a 5.105 millones de bolívares en 1%3. Su participación dentro del producto territorial bruto ha mejorado en el período al pasar de un 14% a un 17%.

La Planta Siderúrgica del Orinoco alcanzó en 1963 una producción equivalente al 50% de su capacidad instalada de producción de acero y para fines del presente año podrá autofinanciar sus operaciones, porque se ha mantenido esta empresa bajo un régimen de sano criterio empresarial. Su desarrollo futuro y el de otras ramas de la producción electromecánica y electroquímica dentro del complejo industrial de Guayana harán valederas las perspectivas de que en 1975 Guayana contribuya con cerca de 1.000 millones de dólares a las exportaciones venezolanas. Esto nos plantea la necesidad de que Venezuela adopte una posición favorable frente al proceso de integración latinoamericana dentro del marco del mercado común.

Índice definitivamente revelador de cómo estamos dejando atrás el subdesarrollo y el atraso, es el crecimiento a trancos en el consumo de electricidad, que se duplicó en el período 1959-1%3. De un consumo de 1.915 millones de kilovatios-hora existente en 1958, se pasó a la cantidad de 4.000 millones de kilovatios-hora en 1963. El consumo para uso industrial alcanzó un ritmo del 20.7% al año, sin contar los consumos de las empresas que se autoabastecen de energía eléctrica. La industria eléctrica generó en 1963 más del doble de la electricidad producida en 1958. Le correspondió a las empresas del Estado cuadriplicar las cifras de aquel año, habiendo sido factor determinante de ese incremento el programa de electrificación rural.

En fecha reciente experimenté profunda emoción patriótica, y espero habérsela transmitido al país en la alocución que pronuncié ese día, en la inicia¬ción de los trabajos de la represa del Guri, gigantesca obra destinada a transformar en energía eléctrica las torrenteras del Caroní, ya darle un vuelco histórico a Venezuela. Dentro de un cuatro años y medio estará concluida la primera etapa de esa represa y con 1 millón 750 mil kilovatios instalados duplicará la capacidad de energía eléctrica instalada del país. Líneas de alta tensión se están tendiendo ya de las márgenes del Caroní al centro de la República, para ser transportada a toda la nación la energía eléctrica generada en Guayana.

Sabido es que la principal materia prima de la industria moderna es la electricidad. Se ha dicho con razón que los productos acabados son electricidad condensada. A ello se agrega las múltiples ventajas que para el bienestar humano y desde el punto de vista del consumo doméstico significa la electricidad barata. Electricidad barata en cantidades cuantiosamente predecibles tendrá Venezuela, cuando la represa del Guri se concluya, aun cuando sea en su primera fase. Que en la última, cuando ya tenga 6 millones de kilovatios instalados, será apenas comparable en el mundo con una de iguales inmensas proporciones que ahora está en construcción en la Unión Soviética.

El enfoque del desarrollo de la economía nacional necesita del complemento de dos apreciaciones: la primera, si este desarrollo se ha logrado en beneficio exclusivo del sector adinerado del país; y si el precio pagado por el desarrollo económico, y específicamente del industrial, ha sido el de una creciente alza en el costo de la vida, sufrida por las vastas capas consumidoras.

En Venezuela se aprecia cómo, mediante una política laboral de sólidas alzas de salarios y sueldos, y de las inversiones públicas en obras de contenido popular, se producido una variación sana y con sentido de justicia social en la distribución del ingreso. Mientras en 1958 la remuneración del trabajo representaba un 54,5% del total y el resto de los sectores recibía un 45,5%, para 1962 la remuneración del trabajo se había elevado a 59,7% y la de los otros sectores había descendido a 40,3%. Otras metas habrán de ser alcanzadas en este proceso de realizar por vías pacíficas una mejor distribución de la renta y de la riqueza nacionales. Lo obtenido hasta ahora es demostración de que sin huelgas ni motines, mediante la acción sindical responsable y de una política bien orientada del gasto público por parte del Estado, se puede lograr que los pobres vayan elevando progresivamente su nivel de vida, sin que para ello sea necesario arruinar a los ricos.

En lo que se refiere al costo de la vida es de señalarse, como lo demuestran los índices estadísticos, que en Venezuela no se ha producido una espiral inflacionista, ni alzas desmedidas en los precios de los artículos generalizado consumo. Igualando a 100 el índice para el año 1955, según informaciones de la Organización de Estados Americanos, el costo de la vida era en 1958 de 103,4. Y pasó a ser en 1%3 de 108,3. Estos índices reclaman una acotación. En lo que se refiere a alimentación y vestuarios, de 1958 a 1%3 el índice descendió de 102,6 y 105,6 a 101,8 y 99,6 respectivamente, o sea que el leve aumento registrado se produce por la modificación del costo del servicio de la vivienda en las zonas urbanas, como consecuencia del aumento de la inmigración hacia estas áreas. El incremento del costo de la vida durante este período es de 1 % anual, cifra que demuestra una estabilidad de precios en Venezuela que no tiene parangón con ningún otro país de la América Latina con un proceso similar de desarrollo. En Méjico, Colombia y Perú el costo de la vida ha aumentado entre 1958 y mayo de 1%3 en 11 %, 55% y 43%, respectivamente.

Particular mención debe hacerse, en este enfoque de la economía nacional, a la producción petrolera y minera, que tanto gravita en la economía venezolana. La producción del petróleo crudo durante el período 1959-1%3 alcanzó a 870 millones de metros cúbicos. Tuvo esa producción una tasa promedio anual de crecimiento de alrededor de 4%.

Signo saludable es el del aumento que se ha apreciado en la producción de refinados, lo cual significa que está disminuyendo el volumen de esa materia prima que se exporta en estado bruto. En 1958 la producción de refinados fue de 42,4 millones de metros cúbicos mientras que en 1963 alcanzó a 60 millones de metros cúbicos, o sea un aumento de un 30%.

También se aprecia un avance evidente en la utilización del gas petrolero y ya está dejándose de quemar en las alarmantes proporciones de antes en los mechurrios, que por las noches son lenguas de fuego en los campos petrolíferos del Oriente y del Occidente de la República. En 1%3 la producción de gas fue de 37.465 millones de metros cúbicos y se utilizó un 60%, o sea, 22.435 millones. En 1958 se produjeron 31.517 millones y se utilizaron solo 13.801 millones, o sea un 44%. Está para ser resuelta y finiquitada una negociación entre la Corporación Venezolana de Guayana y una de las empresas mineras que operan en el país, para la instalación en Santo Tomé de una planta reductora de hierro con gas natural. Se prevé que a los pocos años de estar en funcionamiento esa empresa todo el gas que ahora se está perdiendo en la atmósfera, en las zonas petrolíferas de Oriente, será utilizado en esa planta.

Las reservas de petróleo fluctuaron durante el quinquenio, habiendo declinado en 1%1 y 1%2. En 1963 se estimaron en 2.700 millones de metros cúbicos.

En el anexo a este mensaje se hace un análisis pormenorizado y a fondo de la industria petrolera en el país, por su innegable gravitación sobre la economía de Venezuela. Resumiré ese análisis diciendo que se está en vísperas de suscribir los primeros contratos de operaciones, sustituto y alternativa a la política de no concesiones que ha practicado mi gobierno.

En ejecución de esa política la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo constituye el instrumento más eficaz, no sólo porque permite una participación más directa del Estado venezolano en la actividad petrolera en los campos de la producción, refinación y distribución de los productos, sino porque brindará a los técnicos venezolanos mayores oportunidades para conocer, en beneficio de toda la nación, las peculiaridades del negocio petrolero. Hasta ahora el potencial de producción que se ha evidenciado en los pozos perforados es de apenas 20.000 barriles diarios, pero la actividad que continuará desarrollando la CVP, a través de su gestión directa y de los contratos de operaciones y de servicios, permitirá que su potencial actual se incremente gracias a las asignaciones hechas por el Estado de cerca de 300 mil hectáreas de reservas nacionales.

En la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Venezuela continúa su defensa, coordinada con los países productores del Medio Oriente y de otras zonas del mundo, del precio de los crudos en los mercados consumidores. Se han continuado las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, iniciadas en auspicios términos con el difunto y eximio Presidente Kennedy, para lograr un status regularizado en cuanto a cuotas de petróleo venezolano para el mercado de Estados Unidos y para la obtención de un precio de venta de cada barril de crudo que allá exportemos similar al obtenido por el Canadá.

SITUACIÓN FISCAL

Saneada queda la hacienda pública. El presupuesto es sincero y no se ha ocultado con artilugios de contabilidad déficit alguno. Los ingresos y egresos están balanceados. Se deja un superávit acumulado en la tesorería nacional de 744 millones de bolívares, que supera en 154 millones de bolívares al que existía al comienzo de mi mandato.

No ha sido fácil el logro de este resultado, sin el cual se hubiera expuesto al país al riesgo de las emisiones periódicas de papel moneda, con su secuela clásica de inflación y aumento del costo de la vida galopantes; y habría sido imposible promover la visible y promisora tendencia a invertir que se aprecia en el capital privado, nacional y extranjero.

Ha sido necesario, para situar sobre bases sólidas y estables la hacienda pública, la aplicación de medidas radicales e impopulares. No una, sino dos veces, se redujeron los sueldos de los empleados del Estado. Esas rebajas afectaron los ingresos de todos los funcionarios de la nación, desde el Presidente de la República, cuyos emolumentos fueron reducidos a la mitad de lo que devengaba en 1959, hasta los de los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. Se eliminó la viciada práctica de los sobresueldos y del pago a los empleados de la nación de esa corruptela conocida con el nombre de “horas extras”. No se designaron titulares nuevos para cargos que quedaron vacantes. Los gastos corrientes, de funcionamiento de la administración pública, se han frenado a favor de los gastos de inversión, reproductivos. Mientras en los gastos de educación y sanidad se observa un incremento del 106%, la variación de los otros gastos corrientes fue de apenas el21 %.

Fue necesario también, dolorosamente necesario, limitar algunos programas asistenciales en beneficio de otros encaminados a incrementar y estimular la producción, creándose nuevas fuentes de trabajo para los desocupados.

Y aumentar impuestos, desde los que directamente inciden sobre las capas sociales con mayores ingresos, como sucedió con los nuevos gravámenes a la renta y a las sucesiones, hasta los que tienen un radio de incidencia mayor, como las moderadas alzas en el precio de la gasolina.

Los resultados demuestran que esa política de contracción de gastos de funcionamiento de la administración pública, de poda de la fronda burocrática, de alza de las contribuciones, fue justa y adecuada. Si en Venezuela existe hoy un clima de optimismo y confianza en el inversionista; si el Estado disfruta de un envidiable crédito interno y externo; si los papeles del gobierno se cotizan alto, es porque nadie teme a una posible bancarrota de las finanzas públicas. Lograrlo fue posible porque se aplicó, en su hora y momento, aquella terapéutica de la “cirugía de hierro” que para su España reclamó el angustiado Joaquín Costa.

El símbolo monetario nacional-el bolívar-, tiene una solidez a prueba de sismos. Las reservas internacionales que lo respaldan alcanzaron, para finales del pasado mes de febrero, a 763 millones de dólares. Per cápita se cuenta con reservas internacionales más altas que las de cualquier otro país del mundo. Hubo necesidad, en su momento, por razones de balanza de pagos y para evitar fuga de capitales, de establecer el control de cambios. Esa medida, lo sabíamos bien al adoptarla, era necesariamente transitoria. Los controles de cambio han sido en todas partes, a la larga, fuentes de corruptelas y trabas para el desarrollo económico normal de las naciones. Fue por ello que el pasado 18 de enero se decidió la eliminación de ese sistema y se decretó y reglamentó la unificación cambiaria.

Esta medida no ha significado, técnicamente, la devaluación del bolívar. Se ha procedido a hacer, treinta y tantos años después, lo que debió hacerse en 1933: equiparar el bolívar al llamado “dólar Roosevelt”, cuando en aquella fecha fue devaluado el fuerte símbolo monetario estadounidense.

Venezuela tuvo, hasta la reciente fecha ya citada, un bolívar sobrevalorizado con relación al dólar. Ello significaba una prima a la importación de lo que en Venezuela podemos y vamos a producir. Un estímulo a la exportación de capitales. Un freno a la expansión de las inversiones extranjeras útiles. Un aliciente para quienes compraban dólares baratos en Venezuela a fin de dilapidarlos alegremente en un turismo internacional tan costoso, que se ha estimado en 300 millones de bolívares anuales la cifra gastada por los venezolanos en viajes de recreo, extrafronteras del país.

DEUDA PÚBLICA

“¡Se está hipotecando el país!” fue grito, y hasta alarido, que se escuchó cuando mi gobierno rompió un tabú, heredado del despotismo gomecista sin beneficio de inventario: el de que Venezuela no tenía deuda externa.

No se necesita de geniales dotes financieras para entender lo absurdo de una posición que rechazaba, a priori y como congelado dogma, las posibilidades de financiamiento externo para proyectos reproductivos, mediante contratos en condiciones sanas, con intereses bajos y plazos largos para cancelar las deudas que así se contrajeren. Era la misma forma utilizada por la totalidad de los países del mundo subdesarrollado para acelerar su dinámica económica y mejorar las condiciones de existencia de los pueblos.

Hoy, al final de este gobierno, puede señalarse cómo es de pequeña, en comparación con las posibilidades financieras del país, la deuda pública. Contabilizada; sin temor alguno de que existan compromisos ocultos o disimulados, y aprobados todos los empréstitos, internos o externos, por el Congreso Nacional, como la ley lo determina.

La deuda pública nacional alcanzaba para el 31 de diciembre de 1963 a 1.985 millones de bolívares, de los cuales sólo 662 millones de bolívares, 192 millones de dólares, correspondían a deuda externa.

Las amortizaciones en la deuda externa, para el año 1964, alcanzan a 62 millones de dólares, de los cuales 55 millones ya fueron pagados durante el mes de enero. Para los años siguientes las amortizaciones son de 30 millones en 1965; 35 millones en 1966; 21 millones en 1967; 22 millones en 1968; 7 millones en 1969; 6 millones en 1970 y 9 millones a ser pagados después de 1970.

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

Es ineludible una referencia previa al enfoque que se hará de seguidas, a grandes trazos, de la acción administrativa de mi gobierno. Se refiere al hecho cierto de que en 1959 había una carencia absoluta de planes y de proyectos en los ministerios e institutos autónomos. De ellos no se ocupó nunca la dictadura, irresponsable y arbitrista; y el gobierno provisional, en un año tan saturado de conmociones políticas, no alcanzó a elaborarlos. Tarea dura fue -cuando la nación reclamaba que en forma inmediata se atendieran sus problemas y se le diera respuesta a sus necesidades represadas en el curso de una década- la de atender sólo a lo perentorio e inaplazable mientras se planificaba y proyectaba una acción creadora global.

La situación será diametralmente distinta para el próximo gobierno, y como una demostración más del sentido previsivo y de la capacidad realizadora del régimen democrático. Se le deja un Plan de la Nación, para ser ejecutado en el próximo cuatrienio, que ha sido elaborado con seriedad técnica y ha merecido veredicto favorable, en sus lineamientos fundamentales, del llamado Comité de los Nueve, asesor del programa de Alianza para el Progreso. Se le dejan proyectos de obras ya elaborados e indicación precisa de sus posibles formas de financiamiento.

REFORMA AGRARIA Y RIEGO

En este esfuerzo -sostenido por el Estado a través de un ambicioso programa de construcción y desarrollo de los sistemas de riego y de la ampliación de su asistencia técnica y crediticia- han participado, tanto los empresarios del agro, como las decenas de miles de campesinos que se han incorporado en forma permanente al proceso productivo gracias a la reforma agraria. Con las fallas que puedan haberse cometido, su puesta en marcha es de por sí el mejor acierto.

Sesenta mil familias campesinas han recibido tierra propia con el reparto de cerca de 1 millón 800 mil hectáreas. Simultáneamente con la tierra se les ha llevado el crédito oportuno a través del Banco Agrícola y Pecuario -que en los cinco años de este gobierno ha otorgado créditos por cerca de 1.000 millones de bolívares, cifra tres veces superior a la del quinquenio anterior- y la asistencia técnica mediante la creación de 120 agencias de extensión agrícola.

Durante el período se incorporaron en los sistemas de riego existentes más de 30 mil hectáreas y se inició la construcción de 8 sistemas de riego con capacidad para 73 mil hectáreas. De ellos están terminadas las represas de Guanapito, destinada a regar 4 mil hectáreas y a asegurar el abastecimiento de agua potable a Altagracia de Orituco, y la de Las Majaguas, primera etapa del sistema Cojedes-Sarare, con capacidad para 30 mil hectáreas y cuyo desarrollo se ha iniciado a comienzos de este año con el asentamiento de las primeras 200 familias campesinas dentro del programa integral que orientará la explotación de ese sistema. En ejecución se encuentran las de Boconó, Guanare, Santo Domingo, Cariaco, El Pilar y Tamanaco. Ya han sido licitados los proyectos correspondientes al río Limón y El Tocuyo. Están ya concluidos el proyecto para la represa de Camatagua, también con capacidad para 30 mil hectáreas, y los estudios para el desarrollo de la zona sur del Lago de Maracaibo, que incorporará cerca de 500 mil hectáreas a la explotación agropecuaria en la rica región zuliana.

No es por azar por lo que el análisis sumario que se hizo del proceso de reforma agraria se haya complementado con el enfoque de la política de irrigación. Estrecho nexo existe entre uno y otro programa. Asentar campesinos en tierras de secano, y hasta ahora son ellos determinante porción del área laborable del país, equivale a hacer descender al conuquero de los cerros para asentarlo en suelos planos, con escasas posibilidades de mejoramiento real de sus condiciones de vida.

Desde el punto de vista de la productividad y de la elevación del nivel de ingresos de la familia campesina, solo se lograrán resultados realmente halagadores cuando se realicen millares de asentamientos campesinos en tierras con irrigación permanente, como ya se ha comenzado a hacer en Las Majaguas.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

La vialidad terrestre ha sido objeto de un esfuerzo intenso orientado a la conclusión de la red principal de carreteras y al desarrollo de las vías de penetración y de los cambios secundarios, que cual sistema capilar conecten los pequeños núcleos poblados a los centros dinámicos del país.

En la red básica nacional la comparación de dos guarismos refleja el esfuerzo realizado en el quinquenio constitucional que ahora concluye: de 14.700 kilómetros a que ascendía la longitud de las carreteras atendidas por el Ministerio de Obras Públicas, se ha llegado a la cantidad de 16.100 kilómetros. Se han construido 2.537 kilómetros, que significa un aumento de 1.500 kilómetros en la red vial. La calidad de los pavimentos refleja un esfuerzo considerable. De esa red vial, para 1958 solamente 5.500 kilómetros, o sea, el doble estaban pavimentados. Para este momento, unos 11.000 kilómetros, o sea el doble, están pavimentados.

Y junto a esta acción de incorporar muchas regiones del país que se encontraban aisladas, pueden señalarse como obras de legítimo orgullo para nuestros técnicos los puentes que superando las barreras del lago de Maracaibo y de nuestros grandes ríos, comunican ya en forma permanente a la red terrestre nacional la zona occidental del Zulia y el Estado Apure y, al estar concluidos, conectarán las promisorias regiones allende el Orinoco y el Caroní.

El desarrollo de la vialidad terrestre ha estado acompañado del mejoramiento de los puertos y de la red nacional de aeropuertos del país, que ha comprendido, entre otras obras, la ampliación de las instalaciones de La Guaira, los nuevos muelles de Guanta, el puerto general de Santo Tomé y la próxima iniciación de los nuevos muelles para Puerto Cabello. Se construyeron 6 aeropuertos y se mejoraron y ampliaron otros 29.

Especial mención quiero hacer a la espléndida autopista Puerto Cabello-Caracas. Parte de ella la pondré en servicio el próximo lunes. En cinco años de este gobierno se han construido 107 kilómetros de autopistas, a un costo de 400 millones de bolívares. En nueve años la dictadura construyó 118 kilómetros de autopistas, a un costo de 600 millones de bolívares. La comparación demuestra cómo la democracia construye, más, mejor ya menor costo que autocracias venales y dilapidadoras del dinero público.

He recorrido todas las carreteras del país, Presidente andariego como he sido. Pasan de 50 mil kilómetros los atravesados por mí, acompañado de funcionarios públicos, en estos cinco años. Algo así como darle la vuelta a la tierra, por la línea del Ecuador, y aún sobrarían 10 mil kilómetros. Y como ya ha llegado para mí la ahora grata de dar consejos a los venezolanos, inmune a la sospecha de que lo haga con interesados fines, los invito a recorrer las espléndidas vías terrestres de la patria, para que aprecien cómo se ha construido la imprescindible infraestructura para su desarrollo económico y para que disfruten de la fascinante gama de paisajes de nuestra privilegiada tierra.

En el campo de las comunicaciones, se amplió la red telefónica urbana con la instalación de más de 83 mil nuevos aparatos, y se encuentra en ejecución el Plan Quinquenal de Telecomunicaciones, que deberá estar concluido para 1967 y comprende la expansión gradual de las instalaciones y el mejoramiento de la calidad de los servicios en telefonía urbana, telefonía de larga distancia, nacional e internacional, y sistema de telex. Este programa, que en lo que se refiere a la parte oriental del país se está poniendo en servicio, requerirá una inversión del orden de los 300 millones de bolívares y para su financiamiento se cuenta con un préstamo, cuyas negociaciones están bastante adelantadas, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

EDUCACIÓN

El esfuerzo realizado en el campo de la educación nacional en todos sus niveles durante el período constitucional recién cumplido, es de tal magnitud que parodiando cierta frase hecha popular en la segunda guerra mundial, bien pudiera decirse que ningún país ha logrado extender su educación a tantos en tan poco tiempo. Durante los cinco años del gobierno constitucional, se elevó la matrícula escolar de aproximadamente 1 millón de alumnos a cerca de 1 millón 700 mil, o sea un incremento de casi el 70%.

Este propósito, perseguido sin pausa, ha permitido una drástica reducción del analfabetismo a sólo un 21 % de la población de quince o más años. Una matrícula en la educación primaria de casi el 90% de la población en edad escolar y una ampliación de las oportunidades de estudio en los campos de la educación media y superior.

Este crecimiento de la población inscrita en los planteles educacionales de todas las ramas, aparte de exigir la preparación acelerada del personal docente en la primera fase de la expansión, representa un esfuerzo, sin paralelo en este siglo, en lo que se refiere a la dotación de facilidades físicas. Solamente en edificaciones para la escuela primaria se han construido 6.300 aulas, frente a 5.700 construidas en los sesenta años anteriores.

Convencido el gobierno de que para afrontar el vasto problema de formación de recursos humanos no es suficiente la colaboración de la educación graduada para adolescentes y jóvenes, resolvió crear en 1959 el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), con la doble misión de dar entrenamiento en servicio a los obreros y empleados de las empresas agrícolas e industriales y de capacitar a la juventud desempleada. Durante su corta gestión, el INCE ha capacitado a más de 35.000 obreros y empleados en servicio y sus planes futuros se proponen atender anualmente a no menos de 80 mil personas.

Es justo destacar la valiosa colaboración económica y técnica de las empresas privadas en el mantenimiento del INCE, cuyo presupuesto, cubierto en un 80% por aportaciones de tales empresas, alcanza a mas de 40 millones de bolívares, con posibilidades de ingentes incrementos en los próximos años. Con ella se ha despertado una nueva conciencia de servicio social en el país.

El gobierno tiene conciencia de que nuestro sistema escolar está necesitado de reformas estructurales profundas, muchas de las cuales deben apoyarse en modificaciones de la Ley de Educación de 1955. Mas, para que tales reformas puedan solicitarse del Congreso Nacional, deben estar respaldadas por investigaciones, experiencias y ensayos previos que las justifiquen como valiosas, en relación con las condiciones reales de nuestro medio y de nuestras tradiciones.

Partiendo de un diagnóstico completo de la realidad educativa actual, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos, el Ministerio de Educación ha adelantado un amplio programa de estudios y realizaciones, que van desde el funcionamiento de núcleos escolares rurales hasta la instalación de nuevos institutos de nivel superior y comprende la creación de escuela-granjas, liceos y escuelas industriales de tipo experimental, donde se desarrollan nuevas técnicas para la mejor capacitación de nuestros recursos humanos.

La política del Estado en cuanto al reajuste de la ordenación legal y la estructura del sistema educativo tiende, de este modo, a evitar reformas legales prematuras, asentadas sobre teorías o ideas generales y a cimentarlas, en cambio, en experiencias controladas que hagan perdurables tanto las nuevas estructuras como la legislación que las sancione.

SALUD

Grandes han sido los esfuerzos realizados durante mi gobierno en defensa del recurso más preciado: nuestro capital humano. Tanto en el campo de la medicina preventiva y curativa, como en el del saneamiento ambiental, se han logrado avances de importancia, especialmente en el medio rural. En los cinco años de este gobierno la expectativa de vida al nacer ha aumentado a un promedio de diez meses por año, para colocarse en los sesenta y seis años, que es la cifra más alta conocida en la zona tropical para un país de la extensión de Venezuela. Las tasas de mortalidad general e infantil han descendido a 7,3 por mil habitantes y 48 mil nacidos vivos, respectivamente, para 1963.

Conjuntamente con el incremento de más de 5 mil camas en los hospitales del Estado, equivalentes a un 20% del total de los servicios asistenciales ofi¬ciales y con haberse sextuplicado el número de alumnos atendidos por el programa de comedores escolares, se ha hecho un esfuerzo extraordinario en lo que se refiere al abastecimiento de agua potable, tanto en el medio urbano como en el rural. Dos cifras son suficientemente reveladoras de la magnitud de la obra realizada: la capacidad de los embalses de los sistemas operados por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias ha crecido de 32 millones de metros cúbicos en 1958, a casi 400 millones de metros cúbicos para comienzos de este año, o sea un aumento de casi doce veces. La población servida por acueductos se ha elevado a 4 millones 383 mil personas, de las cuales 2 millones 968 mil por acueductos urbanos y 1 millón 415 mil por acueductos rurales. Esto significa un incremento de población servida de 65% con respecto a 1958. De acuerdo con el programa en marcha, para 1966 todos los centros poblados entre 500 y 5.000 habitantes estarán provistos de acueductos.

He dicho más de una vez que martilló en mis oídos y caló en mi sensibilidad el estribillo que oyera en miles de millares de bocas venezolanas, cuando fui candidato a la Presidencia y luego en ejercicio de ese cargo. Ese estribillo era: “Agua, agua, agua”. Se ha dado respuesta positiva a ese justificado clamor generalizado, que no era sólo de pueblos pequeños sino de urbes con gran densidad de población, como lo son Caracas y Maracaibo. Y acaso uno de los comentarios ingenuos que me ha causado mayor satisfacción en estos mis últimos días de gobernante, fue el de dos mujeres del servicio doméstico de familia amiga, mientras miraban en las pantallas de la televisión los reportajes de mi última gira administrativa por diecisiete Estados y Territorios. Comentaron, complacidas: “Ese señor sí que ha repartido agua”.

VIVIENDA

La labor realizada por el gobierno en el campo de la vivienda ha comprendido tanto la construcción directa y el otorgamiento de créditos, como también -lo que ha sido más importante-la creación de los instrumentos necesarios para que pueda atacarse frontalmente el agudo problema de vivienda existente en el país, mediante la conjunción del esfuerzo del Estado y el de la iniciativa privada.

Se eleva a 55 mil el número de viviendas construidas directamente por el Estado o financiadas a través de créditos durante los últimos cinco años. De ese total, 21 mil corresponden a un programa iniciado en los comienzos de este gobierno y mediante el cual, por primera vez, se hizo sentir la acción del Estado en el medio rural venezolano. 150 mil campesinos han sido dotados de vivienda sana y el disfrute de un ambiente cómodo está ejerciendo sobre ellos una educadora influencia.

A través del programa de créditos a la vivienda urbana establecido por el decreto N° 611 de agosto de 1961, se ha financiado la construcción de 7.245 viviendas y hay créditos otorgados para construir 5.300 adicionales. Este sistema, establecido mediante el aporte del Estado y de las empresas petroleras, contribuyó en forma poderosa a la recuperación de la industria de la construcción, que a partir de ese momento ha venido ascendiendo a niveles cada vez más elevados. Igualmente fue factor decisivo en el establecimiento de nuevos bancos hipotecarios y, complementado con la creación de la central hipotecaria, ya está dando bases firmes a un mercado estable de cédulas hipotecarias que permita traer fondos del sector privado, en forma creciente, hacia la construcción de viviendas.

Paralelamente, el establecimiento del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo en 1961, con aportes del gobierno nacional y de un préstamo de 10 millones de dólares de los fondos de la Agencia Internacional de Desarrollo, dentro del programa de la Alianza para el Progreso, está cumpliendo un papel eficaz en la canalización del ahorro privado hacia la solución del problema de la vivienda. En el año y medio transcurrido desde el momento en que el sistema comenzó a operar, se han constituido 15 entidades de ahorro y préstamo, que cubren casi todo el territorio nacional. Los ahorros colectados alcanzan a 21 millones de bolívares. Se han financiado 300 viviendas y se espera el financiamiento de alrededor de 2.000 para 1964.

La Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal, creada en 1%2 con los aportes del Estado y la utilización de un préstamo de 30 millones de dólares de la Agencia Internacional de Desarrollo, ha otorgado préstamos para vivienda, especialmente a las municipalidades. Con su ayuda financiera se está ejecutando el programa de remodelación de los barrios de Caracas, que está convirtiendo zonas de tugurios, en comunidades sanas integradas al resto de la ciudad.

El Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, por su parte, ha aprobado 2.659 solicitudes de créditos, por un monto de 130 millones de bolívares, que han satisfecho las necesidades de vivienda del 44% del personal afiliado. Los créditos otorgados durante el período constitucional equivalen al 76% de los desembolsos desde 1945, fecha en que fue creado el Instituto.

Lo realizado ha sido insuficiente para atender las necesidades de vivienda, pero creemos haber sentado las bases fundamentales para alcanzar metas más ambiciosas, creando los instrumentos que asegurarán la canalización de un mayor volumen de ahorro privado y la aplicación de nuevos criterios, tanto en la concepción como en la ejecución de los proyectos, para la satisfacción del déficit existen te.

RELACIONES DE TRABAJO

Durante todo el período constitucional trabajadores y patronos han gozado de la más amplia libertad en sus relaciones laborales dentro del marco de la ley.

Se han firmado alrededor de 3.500 contratos colectivos que cubren más de 400 mil trabajadores, alcanzando los beneficios de la contratación a un número de por lo menos el doble. Las principales mejoras obtenidas han sido en materia de salarios, vacaciones, elevación de las indemnizaciones por despido, jubilación y vivienda.

Tan elevado número de contratos colectivos ha sido celebrado con un mí¬nimum de conflictos huelgarios, mediante la libre negociación, sin imposiciones ni presión por parte de las autoridades, que limitaron su intervención a la natural función conciliadora que les es propia. Sólo hubo 36 huelgas en cinco años, aproximadamente una por cada 100 contratos firmados. Porcentaje tan extraordinariamente bajo no se registra en América en otro país donde exista la libertad sindical.

Este resultado ha sido fruto combinado de la política de marcado contenido social desarrollada por el gobierno, de la conducta responsable de las organizaciones sindicales -cuyos dirigentes sin estridencias demagógicas, pero también sin claudicaciones, han defendido los intereses de las clases obreras y campesina- y de la actitud receptiva de los sectores empresariales.

Es de elemental justicia reconocer, y así lo hago, que los dirigentes del movimiento sindical venezolano han prestado invalorables servicios a Venezuela y a los trabajadores. Hombres probos, aquerenciados en la decorosa pobreza. Líderes que defienden los intereses específicos de los asociados en sindicatos y ligas campesinas, pero que al propio han sabido conciliar sus peticiones laborales con los intereses generales de la nación. Demócratas de militante y apasionada fe, que siempre dieron el paso al frente, con alardosa decisión, para apoyar y sostener al gobierno constitucional. Ellos son, y el país debe reconocerlo así, los conductores de una lucha recia, que ha erradicado todo vestigio de influencia totalitaria en los sindicatos urbanos y campesinos.

SEGURIDAD SOCIAL

En la actualidad el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cubre el 13% de la población total del país, o sea cerca de 1 millón de personas. Durante los pasados cinco años aumentó en 7,5% y 13% el número de asegurados cubiertos por los seguros de accidente y enfermedades profesionales, por una parte, y de maternidad-enfermedad por otra parte. Este incremento se originó en la extensión a otras áreas geográficas y en la incorporación de nuevos grupos al elevarse hasta 2 mil bolívares mensuales al tope de ingreso de los trabajadores cubiertos por el sistema.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra en condiciones financieras sanas. Por ello estará en capacidad de poner en marcha un sistema más completo de seguridad social, condensado en un proyecto de ley cuyo texto ya redactado, junto con los estudios actuariales, será entregado por el Ministro del Trabajo a quien haya de sucederlo en el cargo. Esa ley extiende el seguro social a los riesgos de vejez, invalidez y muerte; y le imprime a todo el sistema una orientación más acorde con las modernas doctrinas de la seguridad social.

LAs FUERZAS ARMADAS

Especial mención merecen en este mensaje de fin de período de gobierno las Fuerzas Armadas de la República.

Satisfecho, venezolanamente satisfecho, me siento de su manera de comportarse, en estos difíciles y espinosos años transcurridos de 1959 a esta fecha.

Fieles fueron a su deber profesional e institucional de respaldar con las armas que de ellas hizo depositaria la República al régimen legítimamente cons¬tituido. Cuantas veces los aspirantes a hombres providenciales y los extremistas de la seudoizquierda amotinados pretendieron desquiciar las bases del gobierno, allí acudieron infantes, marinos, aviadores y guardias nacionales a debelar insurrecciones de grupos minoritarios, y a hacer bueno el juramento suyo, por Dios y por la patria, en presencia de la bandera, de defender a todo trance las instituciones de la República. Las incitadoras proposiciones de los mercaderes de golpes de Estado y las provocaciones insolentes de los comunistas y de sus aliados se estrellaron frente a una decisión razonada y responsable de cumplir con sus misiones específicas: la de apoyo al gobierno legítimo; la de garantizar el orden público y la de insomne vela permanente para defender la intangibilidad de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de la nación.

En el ámbito de los cuarteles y de las bases aéreas y navales se ha realizado un proceso de silencioso y terco trabajo, todos los días y todas las horas, para elevar el nivel profesional y técnico de las cuatro Fuerzas. En su capacidad operativa, frente a cualquier emergencia nacional o internacional, pueden tener confianza plena los venezolanos.

Y labor social de muy positivo contenido se ha realizado también en los cuadros castrenses, al margen de ruidosas publicidades. Los conscriptos que ingresan a filas son rápidamente alfabetizados. El Instituto Nacional de Cooperación Educativa realiza cursos intensivos en los cuarteles, capacitando a clases y solda¬dos para que cuando regresen a la vida civil sean buenos obreros o campesinos especializados en el manejo de máquinas o en las labores de la tierra. Dentro de cuarenta y ocho horas, en acto casi póstumo de mi gobierno, inauguraré en Maracay la granja-piloto de “La Placera”, primera de una serie de instalaciones similares por establecerse en todo el país, donde los campesinos-soldados adqui¬rirán destrezas para regresar a sus campos a trabajarlos como agricultores familiarizados con las modernas técnicas de cultivo. Los batallones de ingeniería militar están contribuyendo, al construir carreteras en las zonas más lejanas de la geografía nacional, a que Venezuela tome posesión física real de su vasto territorio. Ya los tractores de uno de esos batallones, manejados por hombres en uniforme, trascendieron el tramo de La Escalera, en la carretera que construyen entre Ciudad Bolívar y la frontera con el Brasil. Oficiales, suboficiales, clases y soldados de otro batallón de la ingeniería militar están realizando la “Operación Amazonas”. En días recientes los visité, felicité y estimulé. Son los pioneros que están incorporando esa nueva frontera venezolana, que es el Territorio Amazonas con sus 200 mil kilómetros de fabuloso suelo inexplorado, a la economía y a la vida de la nación. Construyen, por entre intrincadas selvas, ricas en árboles maderables, la carretera de Puerto Ayacucho-Puerto Páez. Cuando el Ministerio de Obras Públicas construya a su vez, como lo tiene planeado yestudiado, la vía carretera San Fernando de Apure-Puerto Páez, a la tentación de los venezolanos jóvenes, con ambición de constructores de pueblos, se les ofrecerá el reto y la posibilidad de convertir al Territorio Amazonas en un próvida fuente de riqueza para la nación. En esa hora, el recuerdo de la labor de quienes hoy ejecutan la “Operación Amazonas” será magnificado en al gratitud nacional.

Me anima la confianza de que, para honra suya y bien de la nación, las Fuerzas Armadas de Venezuela tendrán en lo futuro una conducta tan ceñida a pautas de ley y al honor profesional, como ha sido la suya durante estos cinco años de régimen constitucional.

MORALIDAD ADMINISTRATIVA

La moralidad administrativa ha sido empeño firme y decidido de mi gobierno. No robar el erario público; no ejercitar el tráfico de influencias y otros arbitrios para beneficiarse ilícitamente del poder, resultaba en Venezuela un imperativo categórico, una primaria e insoslayable tarea de profilaxia administrativa. Entre las malas herencias de la dictadura que recibió el gobierno constitucional tenía rango especial el de las prácticas de vulgar latrocinio de fondos fiscales, practicadas por los capitostes del régimen derrocado por Venezuela entera el 23 de enero de 1958. Decir que en estos cinco años se ha logrado erradicar de Venezuela el peculado y los subproductos que le acompañan y complementan, sería una falsedad. Perviven los malolientes signos de la más indecente forma de robar, que es la apropiación indebida de dineros públicos. Pero mucho trecho se ha recorrido en la vía de la recuperación de la ética administrativa. Nadie en Venezuela se atreve a decir que el Jefe del Estado en vísperas de transferir su mandato a quien habrá de sucederle en Miraflores; ni los ministros; ni los directores o presidentes de institutos autónomos, han aumentado su peculio privado en forma ilícita, durante estos cinco años de gobierno. Cuantas veces han sido descubiertos manejos sucios de funcionarios públicos, por investigación de los superiores suyos o de la Contraloría General de la Nación, de sus cargos se les ha destituido, sin miramiento alguno, sin encubrírseles con celestinesca alcahuetería cuando militaban en partidos políticos vinculados a la gestión de gobierno. Los reos del infamante delito de peculado han recibido de los tribunales de la República el beneficio de muy leves sanciones para sus delitos, y aun han sido absueltos. Imperativa resulta por ello la necesidad de que el Congreso Nacional elabore leyes y señale procedimientos que sancionen con las más severas penas a los ladrones del erario público, cualesquiera que fueran las artimañas por ellos utilizadas. Sólo un gobernante que así puede hablar, ante su país y ante la historia, en activo repudio a la indecente práctica del peculado, dispuso de fuerza moral suficiente para conducir las gestiones de régimen que ha presidido hasta lograr la extradición y el sometimiento a la Corte Suprema de Justicia del ex dictador que entró a saco en las arcas de la nación.

Terminado mi mandato, yo mismo y quienes conmigo han colaborado en los rangos superiores de la administración pública, estamos en plena capacidad de demostrar, ante cualquier organismo o entidad, pública o privada, que ni un solo bolívar de los miles de millones que hemos administrado se nos quedó en las manos, para beneficio propio.

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Concluyo ya esta extensa exposición, que entrego al estudio y dictamen del soberano Congreso y del país. Antes de hacerlo, gracias doy a cuantos, funcionarios públicos o personas del sector privado, me alentaron con palabras de estímulo en difíciles trances o me aportaron en hora oportuna el consejo útil. Y de manera especial quiero referirme a los hombres que fueron mis inmediatos colaboradores, como integrantes del consejo de ministros. Todos ellos, independientes políticamente o dirigentes de los partidos Acción Democrática y Social Cristiano Copei -los de más dilatada participación en el gobierno coaligado- le aportaron a la nación, en ejercicio de sus cargos, empeño de servir, honradez cama administradores, voluntad de acertar. Y a mí, personalmente, una amistosa lealtad que con ellos me obliga y compromete.

Ciudadanos congresantes:

He cumplido no sólo con un deber legal, constitucional, al presentar a ustedes éste mi último mensaje como Presidente de Venezuela. Mientras lo redactaba iba creciendo dentro de mí mismo un sentimiento de satisfacción venezolana, de orgullo de ser venezolano. Los sueños y los sacrificios de tantas generaciones, impar la de 1810, ya dio sus frutos en la buena vendimia de la civilidad y la democracia. Ya en nuestro país los gobernantes no se autoerigen, sino que el pueblo les otorga un mandato con la cédula del voto. Ya en nuestro país el gobernante no realiza acciones de fraude o violencia para perpetuarse en el poder, sino que lo transfiere, en la fecha que la ley fundamental fijó, a quien legítimamente había de sucederlo, porque el pueblo lo invistió con la dignidad y responsabilidad de la Presidencia de la República. Haber contribuido, con modesto aporte, a este cambio histórico en Venezuela no es para mi motivo de envanecimiento sino de humilde, íntima, profunda satisfacción. Otros tesoros, si los tuviera, pudiera perderlos, por los azares de la tornadiza fortuna. Este tesoro muy mío y no cotizable en bolsa de valores, de salir del ejercicio de la Presidencia de la República después de haber aportado un tenaz esfuerzo de alfarero para contribuir a la modelación de una Venezuela democrática, el algo que nadie podría arrebatarme. No aspiro ni deseo, después de que Venezuela me ha dado en dos etapas de su historia la oportunidad de conducir sus destinos, a nada más y a nada menos que a ayudar a nuestro país a seguir caminando por la buena vía que ya trajina. Los más suspicaces y prejuiciados apreciarán cómo hago buenas mis palabras de no ser en lo futuro factor activo y beligerante en la vida pública de la nación. Desde tierras extranjeras, a la cuales pronto viajaré, para recuperarme del cansancio de estos duros años; y cuando regrese al país, mi tarea -silenciosa, sin estridencias publicitarias, discretamente al margen de las pantallas de la televisión y de los titulares de primera página en los periódicos- se orientará a utilizar la alguna influencia que pueda tener en los varios factores de poder para que todos apoyen y respalden la estabilidad y vigencia del régimen democrático.

Y concluyo con las mismas palabras finalizadoras del primer mensaje que como Presidente de los venezolanos presenté al soberano Congreso de la República, el 13 de febrero de 1959. “Estoy seguro de que cuando dentro de cinco años venga aquí a cumplir con el imperativo constitucional de transferirle la banda presidencial a quien habrá de sucederme en la jefatura del Estado, se podrá decir que he cometido muchos errores y desaciertos en mi gestión de Presidente de la República, porque la inhabilidad y la aptitud para acertar siempre no son virtudes que se hayan dado nunca en ningún ser humano. Pero Venezuela conocerá entonces -estoy seguro de ello, porque tengo dominio de mis convicciones cómo durante los años en que cumplí el mandato de Presidente de la República, no actué nunca con intención distinta de la de procurar con lealtad, con empeño creador, con fe si se quiere fanatizada, la gloria de Venezuela y la felicidad de su pueblo”.

Ciudadanos senadores, Ciudadanos diputados.

ROMULO A. BETANCOURT