"DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y PROGRAMA MÍNIMO DE GOBIERNO", FIRMADOS POR LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DE 1958
Rómulo A. Betancourt, Rafael Caldera y Wolfgang Larrazábal
[6 de Diciembre de 1958]
Clausurada como ha sido la campaña electoral y con el propósito de reafirmar el clima unitario que ha prevalecido en Venezuela desde la Jornada cívico-militar del 23 de enero, de asegurar la convivencia interpartidista y la concordia del pueblo venezolano y para disipar cualesquiera diferencias que hubieran podido surgir entre las organizaciones políticas en el curso del debate cívico que acaba de concluir, condiciones todas indispensables a la estabilidad de las instituciones democráticas del próximo gobierno constitucional, los candidatos a la Presidencia de la República, tomando en cuenta el contenido y el espíritu del pacto de Unidad suscrito por Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática el 31 de octubre pasado, formulamos la siguiente Declaración de Principios:
1° Respeto absoluto al resultado de las votaciones y defensa del régimen constitucional. El candidato que resulte electo por la voluntad popular gozará del respaldo de los otros candidatos y de los partidos que suscriben aquel pacto, comprometiéndose todos a actuar en defensa de las autoridades legítimamente constituidas y de las instituciones democráticas en el caso de que se produjera una acción que pretenda vulnerar y desconocer la decisión soberana del pueblo.
2° Con objeto de darle efectiva vigencia a la unidad popular y obtener de ella sus máximos frutos, el Presidente constitucional organizará un gobierno de unidad nacional, sin hegemonías partidistas en el cual estarán representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país.
3° El próximo gobierno constitucional realizará una administración inspirada en el programa mínimo de gobierno que en esta fecha aprueban y suscriben los tres candidatos presidenciales.
4° Preocupación fundamental del Presidente de la República, de su gobierno y de las organizaciones políticas signatarias del documento antes mencionado, será el mantenimiento y consolidación de la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas como las mejores y más sólidas garantías del afianzamiento y permanencia de las instituciones republicanas.
A tales efectos tanto el gobierno como los partidos adoptarán las providencias que estimen necesarias al cumplimiento de tan importantes finalidades.
5° Al suscribir la presente declaración de principios, no anima nuestro espíritu ningún otro propósito que el de llevar a la conciencia de los venezolanos la convicción de que al terminar este proceso electoral, ejemplar en nuestra historia democrática, es indispensable el concurso generoso y responsable de todos sus hijos para realizar con sentido de permanencia la obra de recuperación democrática, cultural, espiritual y económica que reclama Venezuela.
Caracas, 6 de diciembre de 1958
Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Wolfgang Larrazábal
PROGRAMA MINIMO DE GOBIERNO
ACCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Elaboración de una constitución democrática que reafirme los principios del régimen representativo e incluya una Carta de Derechos Económicos y Sociales de los ciudadanos. Defensa del orden constitucional y enérgicas medidas contra las actividades antidemocráticas. Reforma de leyes, reglamentos y ordenanzas para erradicar disposiciones contrarias al ejercicio efectivo de las libertades públicas. Autonomía y fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial y del poder municipal.
REGULARIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO.
Reforma administrativa con el objeto de hacer más eficaz y menos oneroso el funcionamiento de los servicios públicos. Garantías para la estabilidad del empleado público. Continuidad de la obra administrativa. Lucha implacable, apoyada en una severa legislación, contra el peculado, el tráfico de influencias y todo género de enriquecimiento ilícito.
POLÍTICA ECONÓMICA
Las características de la estructura económica y fiscal de Venezuela asignan al Estado un papel preponderante en el fomento de la riqueza nacional.
El Estado reconoce la función primordial que cumple la iniciativa privada como factor de progreso y la colaboración en este mismo sentido de las inversiones extranjeras; por consiguiente, las estimulará y protegerá dentro de los límites establecidos por el interés público y social y el ejercicio cabal de la soberanía nacional.
Elaboración de un Plan integral de desarrollo económico de largo alcance que contemple todos los aspectos de la producción industrial y agropecuaria y sus conexiones con otros factores de progreso como vialidad, educación, sanidad, etc.
Tratamiento dentro del país de un volumen apreciable de materias primas minerales, en particular del petróleo y del hierro.
Utilización de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Industrial y el Banco Agrícola y Pecuario, como los motores del adelanto económico del país.
Reorganización, ampliación y defensa de industrias estatales como la Petroquímica y la Siderúrgica.
Reforma y modernización del sistema tributario.
Reforma Agraria concebida como uno de los instrumentos fundamentales de la transformación económica del país. Además de dotar de tierras al campesino y de recursos para trabajarlas, la Reforma Agraria debe enfocar el problema rural en todos sus aspectos; económicos, sociales, técnicos, culturales etc. y orientarse especialmente hacia el aumento y la diversificación de la producción agrícola y pecuaria.
La reorganización del régimen de la propiedad de la tierra, que implica la reforma agraria, garantizará y estimulará la propiedad privada que cumpla su función económica y social.
POLÍTICA PETROLERA Y MINERA
Política petrolera en virtud de la cual la Nación, en ejercicio de su soberanía, como propietaria que es del subsuelo y teniendo en cuenta que todo lo relacionado con la industria del petróleo ha sido declarado de utilidad pública, revisará las relaciones entre el Estado y las empresas con el objeto de tener la más justa participación en los beneficios de éstas y ejercer un mayor y más efectivo control sobre las actividades de la industria.
Se realizarán los estudios necesarios para la creación de una Empresa Nacional de Petróleos, de una flota petrolera y de los demás organismos que se estimen necesarios para que Venezuela comience a trabajar directamente su petróleo.
Revisión de la política del hierro a fin de que responda a la situación real de la industria y al derecho de la Nación venezolana de recibir una razonable porción de las utilidades derivadas de la explotación de sus riquezas naturales.
PAZ SOCIAL Y LABORAL
Defensa y valorización del capital humano mediante la aplicación de una política demográfica encaminada al aumento de la población, a su mejor distribución, a velar por su salud física, mental y moral y por su desarrollo cultural.
Protección a la madre y al niño. Acción de gran envergadura y de dimensiones nacionales para la defensa de la infancia desvalida, reforzada por una legislación eficiente.
Política de vivienda destinada a satisfacer las necesidades de la población urbana y rural, a cuyos fines se trazará un plan nacional de gran aliento.
Campaña contra el rancho, desarrollada en forma realista, tomando en consideración sus raíces económicas y sociales.
Reconocimiento de que el trabajo es elemento fundamental del progreso económico y del engrandecimiento del país. Defensa del trabajador y adecuada protección a la libertad sindical y a los organismos sindicales.
Lucha contra el desempleo en escala nacional.
Reforma de la Ley del Trabajo para una regulación más eficaz y moderna de las relaciones obrero-patronales, incorporar y asegurar reivindicaciones justas y en general hacer de ella un instrumento cada vez más efectivo de justicia social y de armonía entre el capital y el trabajo.
Estudios para la implantación del salario familiar.
Reorganización del Instituto de Seguros Sociales y establecimiento de un sistema integral de seguridad social.
POLÍTICA EDUCACIONAL
Fomento de la educación popular en todos sus aspectos, desde el preescolar y la primaria hasta la Universidad.
Revisión a fondo del sistema educacional en sus distintas ramas a fin de adaptarlo a las necesidades reales del desarrollo económico y cultural del país.
Campaña para erradicar totalmente el analfabetismo del territorio nacional. Intervención del Estado en la Educación sin detrimento del principio de la libertad de enseñanza.
Protección y dignificación del magisterio. Medidas para incrementar al máximo la formación de maestros.
Defensa de los valores históricos y artísticos nacionales y del patrimonio espiritual de Venezuela.
FUERZAS ARMADAS
Perfeccionamiento técnico y modernización de las distintas armas que integran la Institución Armada.
Las Fuerzas Armadas son un cuerpo apolítico, obediente y no deliberante y para reafirmar los principios en que se fundan se intensificará la educación institucionalista de todos sus cuadros.
Reconocimiento de los méritos y servicios de los hombres que integran la Institución Armada y de su importante colaboración en el mantenimiento de la paz pública y como garantía del progreso nacional.
Mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de oficiales, clases y soldados.
Cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio para todos los venezolanos aptos, sin distinción de clases sociales y conforme a las disposiciones de la Ley.
POLÍTICA INMIGRATORIA
Reorientación de nuestra política de inmigración para que el trabajador inmigrante contribuya realmente al progreso del país. Defensa del inmigrante útil que es acreedor a la misma protección y debe gozar de los mismos derechos económicos y sociales que el trabajador venezolano.
POLÍTICA INTERNACIONAL
Reafirmación de los principios que informan nuestra política tradicional de paz y cooperación con todas las naciones y en particular con las Repúblicas de América Latina.
Repudio a toda medida atentatoria contra la autodeterminación de los pueblos. Ratificación de la adhesión de Venezuela a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos y de su inquebrantable posición doctrinaria e histórica en el sentido de que todos los problemas internacionales deben ser resuel¬tos por vías pacíficas a través de las organizaciones internacionales competentes.
Respeto a los compromisos internacionales adquiridos por la Nación. Establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países de acuerdo con las superiores exigencias del interés nacional.
Fomento de la política de intercambio comercial. Celebración de convenios bilaterales con otras naciones utilizando el petróleo y otros minerales y productos agropecuarios, cuando sea posible y aconsejable, como instrumento de trueque.
Caracas, diciembre 6 de 1.958
Rómulo Betancourt.
Rafael Caldera.
Wolfgang Larrazabal.
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