DISCURSO EN EL ACTO DE FIRMA DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA, EN EL CAMPO DE CARABOBO
Rómulo A. Betancourt
[5 de Marzo de 1960]
Se escogió con acierto el sitio para promulgar, de acuerdo con pautas constitucionales, la Ley de Reforma Agraria. Este Campo de Carabobo es más cal de huesos de libertadores que propia tierra. Aquí dieron su sangre y su vida mantuanos y Negros Primeros para que Venezuela alcanzara su estatura de nación libre y soberana. Hoy venimos, en esta hora saturada de inocultable emoción venezolanista, a estampar el "ejecútese" a una legislación elaborada por el soberano Congreso de la República que complementa y remata lo que con las armas en la mano conquistaron los abuelos próceres en la batalla del segundo Carabobo.
Tres fueron los fundamentos del pensamiento de Bolívar, ideólogo a más de conductor de la revolución de independencia: conquista de la soberanía nacional, con su irrenunciable corolario de que fuese el pueblo mismo quien eligiese sus propios gobernantes; liberación del hombre venezolano de la coyunda de la esclavitud y disfrute para él del respeto inherente a su cualidad de ente humano, y democratización de la riqueza, mediante el usufructo generalizado para una población eminentemente agrícola, como lo es la nuestra, de ese don de la naturaleza, que es la tierra.
De estos tres codicilos del que se ha calificado como testamento político del Libertador, se habían cumplido ya dos de ellos. Venezuela es una nación en ejercicio cabal de su soberanía, y después de un accidentado devenir hoy, y ya para siempre, en ella es el pueblo quien escoge a quienes han de gobernarlo, a elaborarle las leyes y a aplicarlas en tribunales de justicia. Desde mediados del siglo pasado fue abolida la esclavitud y no obstante la plebeyez aristocratizante de nuestras dictaduras -porque el contrasentido se dio- fue conquistada en la Guerra Federal y en tantas otras luchas esa fisonomía niveladora e igualitaria que tiene la democracia social en nuestro país. Pero quedaba desoído el llamado bolivariano a la democracia agraria. Incumplida su Ley de Repartos de 1817, que promovía la equitativa repartición entre la vasta masa rural integradora de su Ejército -desde los comandantes hasta los soldados rasos- de las tierras confiscadas a los españoles y criollos realistas. La geofagia latifundista transformó la Ley de Haberes Militares, cuando ya el Libertador agonizaba en Santa Marta, en un instrumento amañado para que el latifundio colonial pasara sin solución de continuidad de manos de una vieja casta terrateniente a las de los comerciantes "canastilleros", a las de los hábiles rábulas, que siempre operan en las retaguardias de las grandes revoluciones de pueblos, y aun a las de algunos esclarecidos fundadores de la República, quienes en la hora del cese de la guerra se revelaron inferiores a sus propias glorias. Lo que sucedió después fue lo que había previsto Bolívar. Lo que dijo con hermosa frase de poético acento: "Edificar sobre una base gótica un edificio griego al borde de un cráter", En el molde de una estructura económica semifeudal y esclavista se pretendió vaciar una imposible república democrática. En vez de los capitanes generales gobernaron presidentes, imperiosos o benévolos, pero todos actuando de espaldas al clamor colectivo de tierra, de cultura, de posibilidades de vida nueva. El defraudado y mayoritario sector campesino se fue por eso, a lo largo de todo el siglo XIX, detrás de quien agitara una bandera de promesas reivindicativas y le echara la pierna al caballo, en plan guerrillero. Se ha dicho con sobrada razón que nuestra Guerra Larga, esa lucha cruenta de cinco años, en apariencia realizada por pugnas doctrinarias entre centralistas y federales, fue en realidad un choque entre los más, desposeídos de tierras, y los muy pocos, adueñados de ellas.
Sin resolverse el problema de una vasta porción del país económicamente marginal y una minoría en disfrute y posesión de la tierra, advino la era del petróleo. Crecieron las ciudades a costa del campo, y un abismo cada vez más hondo se abrió entre una Venezuela urbana beneficiándose de las regalías e impuestos y una vastísima masa depauperada, vegetando más que viviendo del precario producto del conuco. Hoy, en esta Venezuela donde según los fríos cálculos de los economistas existe el mayor ingreso per cápita en la América Latina, 350.000 familias, casi la tercera parte de la población total del país, habitan en ranchos, tienen un ingreso familiar bajísimo y producen apenas lo necesario para una precaria subsistencia. Sus condiciones de vida son infrahumanas, para citar las palabras ya históricas del siempre bien recordado Arzobispo Monseñor Rafael Arias Blanco.
Ya Lincoln dijo que "una nación no podía vivir mitad libre y mitad esclava”. Y es esclavo quien disfrutando de una libertad personal consagrada en la constitución y en las leyes está atado en lo económico y social al potro de tormentos de la pobreza, del aislamiento y la incultura. Ya se ensayó en Venezuela, en los días de la Guerra Federal, el método de la violencia armada para que el pueblo campesino se liberase. El método no dio el resultado apetecido, por razones históricas que no cabe dilucidar aquí. Y en los tiempos modernos se ha visto cómo este problema universal de la marginación de la masa rural del disfrute y goce de las ventajas de una vida vivible y deseable se ha procurado resolver, según las circunstancias, por las vías de la violencia o mediante los instrumentos pacíficos de la ley. Venezuela ha escogido el segundo rumbo y será mediante pautas legales, mediante la aplicación del instrumento emanado del Congreso, al cual acabo de estamparle mi firma de Presidente de la República, como Venezuela incorporará al disfrute de la tierra, del crédito, de la escuela a los millones de compatriotas que muy poco producen; y que prácticamente no disfrutan de las ventajas de vivir en un país favorecido por la naturaleza con extraordinarias riquezas.
Dos mil quinientos millones de bolívares se invertirán en los próximos cuatro años, y en lo que va de éste que corre, en la realización de una reforma agraria integral. A esa suma del dinero habrá de agregarse las emisiones de bonos de la deuda agraria que con autorización y aval del gobierno nacional emitirá el Instituto de la Reforma Agraria. Ese plan comprende no sólo la dotación de tierras sino también de escuelas rurales, de sanidad rural, de caminos vecinales, de electrificación del campo, de formación de peritos agropecuarios y de ingenieros agrónomos. Será una acción concertada de todos los despachos ejecutivos, que bien podría bautizarse como "operación Rescate del Campesinado", y permitirá transformar definitivamente la hoy agria faz de nuestro medio rural en un espectáculo al par promisorio y conmovedor de un pueblo campesino alegre, porque crea riqueza y porque se ha incorporado al disfrute de todo cuanto tiene de ventajoso la moderna sociedad.
Esta acción de rescate y valorización de las hasta ahora marginadas masas campesinas del país no se realizará a costa del despojo, aun cuando fuere con adecuada indemnización, de las tierras de particulares que estén siendo cultivadas, o utilizadas con eficacia en la cría ganadera, en un país donde la inversión en negocios urbanos siempre fue mucho más, y aun excesivamente más reproductiva que la aplicada al campo, no es represalia sino estímulo, apoyo y respaldo lo que merecen y recibirán del gobierno quienes al agro se fueron a cultivarlo con máquinas y con dedicación.
Antes de que entrara en vigencia la Ley de Reforma Agraria no toleró el gobierno la ocupación violenta de tierras ajenas, porque en un régimen de derecho como el que rige en Venezuela nadie está autorizado para hacerse justicia por su propia mano. Tampoco lo tolerará ahora que ha entrado en etapa de cabal ejecución el instrumento legal que permitirá proveer de tierras, por métodos pacíficos y ajustados a normas jurídicas, a quienes están ansiosos de cultivarlas. Tengo confianza en el campesinado de mi país y en sus organizaciones específicas porque si algo ha sido aliento y estímulo en mi vida pública es la fe sin desmayo que he mantenido siempre en la capacidad de raciocinio de los venezolanos y en su aptitud para ser conducidos por el buen camino cuando quienes los conducen han demostrado una inveterada consecuencia a la causa popular. Por eso me siento autorizado para decirle a la nación que así como no hubo motines y desórdenes en el campo antes de entrar en vigencia la ley que hoy se sanciona, mucho menos se presentarán en el futuro.
No concebimos la reforma agraria, ni podría realizarse ésta con cabales resultados positivos, si viene de arriba abajo como un don misericordioso del gobierno. Ninguna gran empresa de superación humana ha podido realizarse sin el concurso activo, entusiasta y creador del pueblo. En este caso es el propio campesinado, mediante una acción concertada y coordinada de las comunidades, el que debe plasmar con sus propias manos callosas y rudas el edificio de su propio bienestar y del bienestar de sus hijos y de sus nietos. No se pretende por el gobierno construir sólo unas pocas colonias agrícolas espectaculares, con grandes inversiones en ellas. Al lado de las empresas cooperativas en grande, en las zonas irrigadas artificialmente, se multiplicarán por millares los pequeños centros, los caseríos, en los cuales serán los propios campesinos quienes edificarán sus casas y darán su cooperación de trabajo para la construcción de acueductos rurales y de caminos vecinales; y alzarán su escuela y su capilla, y aportarán los hombres que adiestrados podrán manejar la planta eléctrica que dote de luz y de energía a la región donde ellos viven y cuya tierra cultivan. No podrán aspirar a continuar en posesión de tierra quienes no la trabajen; y así seremos consecuentes con el propio criterio del Libertador, cuando en su Decreto de Reparto de Tierras de Chuquisaca, en 1825, establecía la concesión del plazo de un año después de la adjudicación para que los interesados emprendieran el cultivo, y en caso de no haberlo hecho dice textualmente el decreto bolivariano "se les separará de la posesión y propiedad de dichas tierras, y se adjudicarán a otros que las cultiven cual corresponde". Quien prefiera beberse en aguardiente el crédito que haya recibido del Banco Agrícola y Pecuario no recibirá más crédito y será la propia comunidad de la cual forme parte la que le erradicará de su seno, porque la reforma agraria no es una cruzada de beneficencia sino una empresa de trabajo y de redención campesina, que debe beneficiar y beneficiará a la inmensa mayoría de hombres de trabajo y no a aquellos creídos de que la vida es sólo jaropo, jolgorio y copiosa libación de mostrador.
Esta reforma agraria nace asistida y respaldada por la nación entera. Aquí están acompañando al gobierno en esta hora histórica, los hombres que elaboraron el anteproyecto de ley; quienes lo transformaron en ambas Cámaras, en instrumento legislativo; quienes van a aplicarla al frente de los diversos despachos ejecutivos. Están presentes ex Presidentes de la República; hombres de empresa; dirigentes sindicales, de la prensa, la docencia y del estudiantado; una representación calificada del clero nacional y de las Fuerzas Armadas. Y se ha creído conveniente por ello que a nombre de Venezuela no se escuchara aquí sólo la voz del Presidente de la República, sino también la del titular del Ministerio de Agricultura y Cría; la del presidente de la Federación Campesina; y la de los líderes de los tres grandes partidos de la coalición, que totalizan la mayoría determinante de la opinión políticamente organizada del país.
Conciudadanos: No puedo ocultar cómo ha sido trance singular de mi vida éste de hoy, en que en calidad de Jefe de Estado libremente electo por el pueblo he estampado mi firma en un documento para ser leído por los nietos de nuestros nietos como una segunda Acta de la Independencia de Venezuela.
ROMULO A. BETANCOURT
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