MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fernando de la Rúa
ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
APERTURA DE LAS 119° SESIONES DEL CONGRESO
EN 1 DE MARZO DE 2001
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital nacional
Señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, senador Mario Losada; señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, diputado Rafael Pascual; señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; señor ex presidente constitucional, doctor Raúl Alfonsín; señores gobernadores; señor jefe y señora vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; excelencia reverendísima señor nuncio apostólico, señores embajadores; señores ministros del Poder Ejecutivo nacional; señores jefes de las fuerzas armadas y de seguridad; señores ministros de la Corte Suprema; autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires; señores representantes de los sectores empresarios y gremiales; invitados especiales, señores legisladores, señoras y señores: vengo por segunda vez a este Honorable Congreso a rendir cuenta de la gestión de mi gobierno.
La Nación Argentina está construyendo un nuevo camino. Un camino que se realiza según las posibilidades y las aspiraciones del conjunto de la sociedad y cuyos logros se irán percibiendo a medida que avancemos. En un desafío difícil, pero apasionante. El pueblo que nos eligió nos juzgará llegado el momento. Esta evaluación es la ley de la democracia y bajo su imperiosa urgencia trabajamos todos los días.
Mi gobierno, en ejercicio del mandato popular, se pone al frente de la tarea. Con esta visión quiero exponer las acciones cumplidas y los proyectos a realizar.
El 2000 fue un año difícil por la situación en que encontré al país y porque tuve que hacer reformas que ningún presidente hizo antes. Ante las dificultades he mantenido una sola línea de conducta: garantizar el funcionamiento de las instituciones y mantener con decisión nuestros objetivos.
Desde que vivimos en democracia todos somos depositarios del destino de la Patria, que es el de cada uno de nosotros. Hemos aprendido que el mundo exterior cambia sin esperar y sabemos bien que enfrentamos situaciones complejas cuyas soluciones pueden esperar menos todavía.
Estoy empeñado en cumplir nuestro objetivo: mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo e iniciar un sendero de crecimiento sostenido con equidad. Llamo a todos a reflexionar, participar y trabajar con una actitud responsable y positiva. Necesitamos alcanzar consensos básicos para construir un país mejor. Es preciso tener sueños para alcanzar un venturoso porvenir.
Pienso, como Juan Bautista Alberdi, en 1838, que "la edad de oro de la Argentina no está detrás, está adelante". Sacudamos el pesimismo, evitemos la pequeñez y reemplacemos la mezquindad por una actitud solidaria y comprometida. Quiero que afirmemos el orgullo de ser argentinos.
Señores legisladores: empezaré refiriéndome a la marcha del programa económico de mi gobierno. Sus objetivos son el crecimiento, la generación de empleo y la inserción de nuestra economía en el mundo. Sus herramientas, el equilibrio de las cuentas públicas, la eficiencia en la asignación del gasto, las políticas procompetitivas y la transparencia en los procedimientos.
Mi gobierno debió enfrentar una situación muy delicada desde el principio. Una situación caracterizada por el estancamiento económico, la fragilidad fiscal y la inequidad social. Y desde ese momento estamos implementando un programa que parte del reconocimiento de que la única forma de revertir esta situación es construyendo una economía verdaderamente competitiva, integrada al mundo, con un Estado reformado y en crecimiento sostenido. Todos los países que se han desarrollado en las últimas décadas lo han hecho a partir de un proceso de este tipo.
Como dije, el 2000 fue un año difícil. En opinión de muchos, el contexto internacional ha sido el más desfavorable de los últimos tiempos para nuestro país. La tasa de interés internacional fue muy elevada, más del doble que la registrada en los mejores momentos de la década pasada. Los precios de los bienes de exportación siguieron en niveles deprimidos y la competitividad de nuestros productos también fue afectada por la depreciación del euro. Por último, los mercados financieros han mostrado un fuerte rechazo a los activos de riesgo y esto afectó a las acciones y los bonos emitidos por agentes locales.
En este contexto, sin embargo, avanzamos con decisión. Tomamos medidas efectivas para aumentar la competitividad de la economía, consolidar la solvencia fiscal y fomentar la equidad social, los tres pilares de nuestro programa. Estamos convencidos de que es la única manera de construir una economía más sólida, capaz de crecer sin pausa.
Desregulamos e inyectamos competencia en numerosos sectores como los de las telecomunicaciones, gas, electricidad, combustibles y préstamos personales. Estas reformas, impensadas en la década pasada, benefician a los ciudadanos y aumentan la productividad general de la economía. Así, los productores están en mejores condiciones de colocar sus productos en los mercados externos y de defenderse de la competencia importada. También redujimos los impuestos al trabajo, a la inversión y al crédito, lo que constituye un fuerte aliciente para aumentar la competitividad de las empresas nacionales. Esto representa una transferencia de recursos al sector productivo de más de 2000 millones de pesos. A la vez, y por ser necesario no deteriorar la solvencia fiscal, incrementamos los impuestos a las personas de ingresos más elevados. De esta forma, se evitaba gravar la inversión, la producción o el empleo.
En materia laboral, además de la reducción de impuestos, se simplificaron los trámites laborales y se sancionó una reforma que, al descentralizar la negociación colectiva, prolongar el período de prueba y poner fin a la ultraactividad, constituye un fuerte estímulo al empleo estable.
Los primeros resultados se han visto el año pasado cuando se crearon 100 mil nuevos puestos de trabajo efectivo y 140 mil en período de prueba, pese al todavía bajo crecimiento de la economía.
La creación de la infraestructura adecuada es otro elemento central de la modernización del país. Por eso mi gobierno, con la colaboración de todos los gobiernos provinciales, diseñó el Plan Federal de Infraestructura mediante el cual se invertirán 20 mil millones de dólares en cinco años, creándose 500 mil empleos, entre directos e indirectos, para la realización de dos mil obras a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional.
Este Plan establece un mecanismo de interacción entre los sectores público y privado que minimiza el costo fiscal y potencia la velocidad de realización de un conjunto de obras públicas vitales. Con ellas se generará empleo, aumentaremos la competitividad de la economía e integraremos productivamente a regiones del interior de nuestro país que presentan oportunidades de inversión muy importantes, pero que hoy están excluidas por la falta de una infraestructura adecuada. Este Plan ya está en marcha y sus obras se suman a las que están ejecutándose, como el puente Victoria-Rosario, el paso de Jama y otras.
Se ha puesto en marcha, además, un ambicioso plan de viviendas mediante el cual se construirán 80 mil viviendas en diez provincias, con una inversión total de dos mil millones.
Las pequeñas y medianas empresas han sido una preocupación prioritaria de mi gestión. Queda mucho por hacer, es cierto, pero hemos avanzado decididamente en ese terreno. Las PYMES tienen dificultades para acceder al crédito, escasez de información y falta de oportunidades para la innovación tecnológica.
Para facilitar el desenvolvimiento de las PYMES vuestra honorabilidad ha sancionado una ley que crea dos fondos, de 100 millones de pesos cada uno, que mejorarán el acceso al financiamiento y permitirán el surgimiento de nuevos proyectos. Además, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa ha creado numerosos instrumentos con una gran presencia federal para que las PYMES puedan acceder a nuevas tecnologías y tengan la posibilidad de ingresar a los mercados externos.
En esta línea, hemos transformado al Banco de la Nación en un banco para PYMES. Ya había anunciado en mi anterior mensaje que el Banco de la Nación no sería privatizado. No ha sido privatizado y es el banco fundamental para las pequeñas y medianas empresas y para el agro argentino.
Pusimos en marcha la Red Nacional de Centros de Negociaciones PYMES con la participación de empresarios, municipios y gobernaciones.
La solvencia fiscal es otro componente esencial de nuestro programa porque al reducir la incertidumbre disminuye el costo del financiamiento para todos los agentes nacionales y aumenta sus posibilidades de invertir, crecer y vender en los mercados mundiales. Los niveles de déficit que hemos encontrado nos han demandado un esfuerzo muy grande.
En el primer año de gestión el gobierno redujo el gasto primario en 1100 millones de pesos y achicó el déficit fiscal en más de un 40 por ciento con relación al nivel proyectado a fines de 1999. Esto marca un cambio muy fuerte con respecto a lo sucedido en la década pasada y pone al Estado en una situación de mayor solidez para beneficio de todos los argentinos.
Este gobierno adoptó como objetivo la consolidación de la solvencia fiscal, lo cual constituye una reforma profunda del Estado para adaptarlo a las nuevas necesidades sociales. La ley antievasión, la reforma previsional y el acuerdo federal son muy importantes en este sentido. En particular este último, que establece el congelamiento del gasto primario por cinco años en todas las jurisdicciones del país y la eliminación del déficit fiscal en el 2005 también en todas ellas. Esto hace que el resguardo de la solvencia fiscal sea un compromiso de todo el sector público haciéndolo, por lo tanto, más creíble y más efectivo.
A pesar de todas estas medidas, el contexto internacional, particularmente adverso para nuestro país, creaba dudas sobre la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos. Por eso el acuerdo alcanzado con los organismos internacionales de crédito, gobiernos extranjeros y bancos locales para que pongan a disposición de nuestro país una importante masa de recursos, fue fundamental porque de esta manera se despejó la incertidumbre. Las medidas tomadas por el gobierno durante el año pasado están comenzando a rendir sus frutos. Que quede, sin embargo, claro: el blindaje no es el programa, pero es una condición necesaria para llevarlo a cabo. Significa la oportunidad para salir del largo estancamiento.
Gracias al esfuerzo realizado por una gran parte de la sociedad, por parte de la mayoría de los gobiernos provinciales y por parte de mi propio gobierno hemos logrado el apoyo de gobiernos extranjeros, del sistema financiero internacional y de la banca argentina. Gracias al esfuerzo de todos conseguimos el blindaje: un fondo de garantía para todos los argentinos que nos permite proyectarnos al mundo como un país confiable y como una oportunidad para la inversión y el crecimiento. No vamos a desaprovecharla. Y por eso cumpliremos todos los compromisos asumidos. Que esto quede bien claro. Sé las preocupaciones de la hora y sé también que estamos listos para empujar el despegue económico y permitirle a nuestro pueblo que empiece a recibir los beneficios del crecimiento. (Aplausos.)
Pero todavía queda una gran duda aquí y en el mundo; quiero ser franco. Se duda de nosotros, los políticos, y se nos acusa de estar amenazando el despegue económico con nuestras diferencias. Pensemos primero en la gente y demostremos al pueblo y al mundo nuestra sensatez y responsabilidad para administrar los destinos de la Patria. Yo no me voy a apartar de eso. (Aplausos.)
Por eso propongo un consenso nacional para el crecimiento, la solidaridad y la justicia. Para proteger lo conseguido y construido y no destruir la oportunidad que tenemos. Cuento con vuestro apoyo en las decisiones adoptadas. Nada me apartará de este camino.
Señores legisladores: digamos las cosas como son: Sólo pueden existir dos lados en los momentos en que el país debe jugarse al éxito o al fracaso. Y espero que nos encontremos todos del lado de la responsabilidad, porque estoy seguro de que estaremos todos del lado de la Patria. (Aplausos.)
Quedan abiertas las puertas del diálogo y el consenso, como lo necesita la Argentina. Quiero hablar a partir de esta misma tarde con cada uno de ustedes, con todos los que tenemos responsabilidades públicas, para que tomemos las decisiones que la Argentina necesita.
Hemos encarado reformas estructurales profundas. La reforma previsional asegura la solvencia futura del sistema y crea un beneficio para aquellos que no logren reunir las condiciones para acceder a una jubilación. La reforma de salud amplía las posibilidades de elección de los trabajadores y descongestiona el hospital público, lo que significará un mejor servicio para los que no forman parte del sistema de obras sociales. La reforma laboral potencia la creación de empleos y crea fuertes incentivos para que se regularice el empleo en negro, lo que permitirá que cientos de miles de personas, hoy excluidas del sistema de seguridad social, se incorporen a él. Además, para evitar que el impacto positivo de la baja en los impuestos al trabajo se viera debilitado, hemos simplificado los más de veinte trámites que antes debían realizarse para contratar a un trabajador. Asimismo, mejoramos la protección ante los riesgos de trabajo. Y seguiremos realizando más reformas, promoviendo la competencia, reduciendo impuestos distorsivos, consolidando la solvencia fiscal y aumentando la equidad en la prestación de los servicios públicos, de la salud y de la educación. Pero también debemos avanzar sobre nuevas líneas de política.
Como lo dije en mi mensaje anterior, y lo reitero ahora, una de estas líneas es la necesaria reforma del Estado. El sector público tiene que dejar de ser una carga para la sociedad y proveer bienes y servicios de calidad.
No podemos pedir a nuestra industria y a los productores que aumenten su productividad para competir, si no tenemos una aduana eficiente desde la que se pueda exportar rápido y barato. Una aduana que actúe como filtro de la competencia externa desleal y combata con rigor el contrabando. (Aplausos.)
En el proyecto de presupuesto 2001 se ha introducido un mecanismo concreto de incentivos, para que cada repartición detecte los focos de ineficiencia existentes. Con ello se podrá bajar el gasto público sin disminuir la cantidad ni la calidad de los servicios provistos por el Estado.
Por otra parte, para que los esfuerzos que se realicen desde el sector público y privado para aumentar la productividad y reducir costos se traduzcan en un incremento de la competitividad, estamos desplegando una política firme y persistente de apertura de nuevos mercados.
Hay mucho que hacer en el ámbito de las negociaciones comerciales multilaterales, porque el proceso de reducción de barreras arancelarias y eliminación de subsidios en el comercio mundial en los últimos años fue relativamente más débil en las áreas en que nuestro país ha sido tradicionalmente más fuerte. Un ejemplo de este fenómeno son los significativos subsidios agrícolas y las barreras al comercio agroalimentario que subsisten en las economías más desarrolladas y frenan nuestro desarrollo.
Por eso, nuestro gobierno ha priorizado la eliminación de subsidios y barreras en el terreno mundial y está adoptando, junto a sus socios del Mercosur, una posición común muy firme en los foros de discusión internacional. Tenemos que luchar para terminar en el mundo con esta forma de discriminación que crea injusticia e inequidad internacional.
Sin embargo, somos conscientes de que los resultados de esta lucha por liberalizar el comercio internacional de productos agrícolas y agroalimentarios sólo serán paulatinos y más evidentes en el mediano plazo. Por eso hemos encarado simultáneamente estrategias alternativas. Por un lado, estamos impulsando varias negociaciones bilaterales para abrir nuevos mercados y ampliar el acceso del mercado existente. En este sentido, cabe destacar las acciones desarrolladas con el conjunto de los países asiáticos, con los países árabes y el último acuerdo comercial que firmamos con México.
Por otro lado, debemos estimular la diversificación de la estructura exportadora del país y el aumento del valor agregado a nuestras exportaciones, porque así reduciremos el riesgo que representa concentrarse en productos de bajo valor agregado o en pocos mercados. Las posibilidades de nuestro país son enormes: podemos producir una amplia gama de bienes y servicios exportables, ya que contamos con abundantes recursos naturales y una dotación de mano de obra calificada con logros destacados en los campos de la industria y de la ciencia.
Los avances realizados en este primer año de gobierno en la consolidación de las bases sobre las que se asentará el crecimiento sostenido de la Argentina han sido significativos, a pesar de las dificultades.
Hoy, la solvencia fiscal está garantizada y el Estado cuenta con un blindaje que elimina la posibilidad de que enfrente problemas de liquidez. La convertibilidad está fuerte, y la vamos a mantener, y el sistema financiero es muy sólido y tiene capacidad para aumentar el crédito en el corto plazo.
A su vez, contamos con instituciones laborales modernas que permitirán el desarrollo de amplias ganancias de productividad en el ámbito del trabajo, con impuestos al trabajo y al endeudamiento significativamente menores que en los años anteriores y con una infraestructura que se desarrollará para permitir una importante reducción de costos y el surgimiento de nuevos sectores productivos.
Finalmente, la desregulación y la inyección de competencia en numerosos mercados está reduciendo los precios y, por lo tanto, los costos para toda la economía, lo que mejorará la calidad de vida de amplias capas de la sociedad, aumentará la rentabilidad de los sectores productivos, estimulará la inversión y permitirá un crecimiento significativo de las exportaciones. Sabemos que falta más y estamos en ese camino.
Los avances realizados durante el año pasado me permiten ser optimista sobre el crecimiento de la economía para este año. En el presupuesto hemos proyectado una tasa de crecimiento del 2,5 por ciento, pero esto responde más a nuestro deseo de ser prudentes en la estimación de los recursos fiscales que a los verdaderos pronósticos. Con las inversiones comprometidas en el Plan de Infraestructura y en los acuerdos con las empresas prestadoras de servicios públicos, con las inversiones anunciadas por las empresas de telecomunicaciones, con las exportaciones creciendo al 13 por ciento y con la reducción de la tasa de interés junto a la consolidación de la solvencia fiscal y el blindaje financiero, la economía argentina va a crecer más. Y gracias a las reformas instrumentadas, y a las que seguiremos instrumentando, no se tratará de una mera reactivación sino de un proceso de crecimiento sostenido. Este es el único camino para solucionar los problemas del empleo y la pobreza.
El fin de nuestra política económica es, como lo dije siempre, el progreso social y la eliminación de la pobreza y la marginación. Este objetivo sólo puede alcanzarse mediante un aumento significativo del número de empleos.
Concentraremos los esfuerzos para lograr el aumento del índice de empleo, mejorar la calidad del trabajo y ampliar la cobertura del sistema de seguridad social. Se trata de acompañar el crecimiento de la economía con el crecimiento del empleo.
Se ampliarán los beneficios de la ley de empleo a los mayores de 45 años. Los efectos beneficiosos de la ley ya se observan entre los jóvenes de hasta 24 años y entre las mujeres jefas de hogar. Para ello se dará un subsidio de hasta 200 pesos a los empleadores por cada nuevo puesto de trabajo que generen para este sector poblacional.
En la seguridad social se profundizará la reestructuración del ANSeS, su reordenamiento administrativo y la mejora de gestión de los beneficios, reduciendo la litigiosidad y la conflictividad jurídica.
Recibimos una profunda crisis social, debida no sólo a los cambios en la realidad mundial y a una orientación equivocada de la política económica, sino a una desatención específica de los problemas sociales. Y esa desatención no es sólo fruto de la penuria fiscal, sino del desgobierno en los procedimientos. El Estado había perdido sensibilidad y eficacia para abordar los problemas sociales, relegando este tema crucial a un lugar secundario.
Pensamos diferente. No sólo es necesario encontrar más recursos para lo social sino, sobre todo, emprender una verdadera transformación en los procedimientos y en las instituciones encargadas de su aplicación. Tengo la satisfacción de decir que esa transformación está en marcha.
Debemos ser claros ante la situación crítica de millones de argentinos: la pobreza y la exclusión no reconocen diferencias partidarias ni fronteras provinciales. Escuchemos el reclamo de la sociedad y entendamos el costo de la desigualdad. Tenemos la obligación de reparar esta injusticia. La política social debe constituir una agenda de Estado por encima del signo político circunstancial. Para ello es preciso dejar de lado los intereses partidarios y aunar el esfuerzo del gobierno nacional, las provincias y los municipios y combatir las deformaciones que produce la burocracia.
Está en marcha la creación de una Agencia Social que concentre los recursos con finalidades sociales que hoy existen en diferentes instancias nacionales y apunte a hacer que cada peso que se invierta en ayuda a los sectores más necesitados llegue en tiempo y forma, sin la mediación del interés partidista o de grupo o el de la dispersión del costo burocrático.
Así, en el campo de la política social alimentaria y en el contexto de la creación del Sistema Alimentario Federal hemos concretado el proceso de unificación de los programas alimentarios, con el fin de optimizar los recursos disponibles.
El programa Unidos es una estrategia integral que beneficia a la familia. Son beneficiarios de este programa 603 mil familias en todo el país, lo que constituye una de las respuestas de gran escala, diseñadas para afrontar la problemática social y alimentaria crítica que hemos recibido.
A través del Plan Nacional Solidaridad de lucha contra la exclusión estamos complementando e integrando a las prestaciones de salud, educación, alimentación y apoyo económico.
Hemos elevado a 365 mil el número de beneficiarios que reciben distintos tipos de pensiones no contributivas, entre los que se encuentran 51 mil madres de más de siete hijos, 73 mil discapacitados físicos, sensoriales o mentales y 41 mil ancianos que no tienen beneficios jubilatorios. (Aplausos.)
Debemos avanzar en este rumbo. Por eso propugno una pensión para madres solas con tres a seis hijos menores de dieciocho años, madres solas que quedan a cargo del hogar. El beneficio consistirá en el pago mensual de 105 pesos, equivalente al 70 por ciento del haber mínimo del régimen nacional de previsión. A este fin estoy enviando a este Honorable Congreso el respectivo proyecto de ley. (Aplausos.)
Considero necesaria la enumeración detallada de estos diversos aspectos porque cada uno se relaciona con los anuncios que formulara en mi mensaje anterior, el 1 de marzo del año pasado, ante esta misma Asamblea, para mostrar la medida y la forma en que avanzamos en su cumplimiento.
Ahora quiero referirme a un tema central para el gobierno y para todos los argentinos, porque compromete el futuro, porque hace a la igualdad, porque es un factor fundamental para la vida de todos nuestros compatriotas: la educación.
La política educativa es prioritaria en mi gestión. Una de las primeras medidas en el área educativa fue incluir dentro del presupuesto nacional el Fondo de Incentivo Docente. Ello representó un incremento de 660 millones de pesos en el presupuesto nacional y permitió eliminar el impuesto automotor, que generaba graves conflictos y era de difícil percepción. De esta forma y a pesar de las enormes dificultades financieras por las que atravesó el país durante el año 2000, el Estado nacional dio prioridad a la recomposición del salario de los maestros y profesores, luego de años de postergaciones. Entonces, la "carpa blanca" emplazada frente al Congreso fue levantada y este fue un signo de que se retomaba el camino de la preocupación por el maestro y por el docente. (Aplausos.)
Es importante señalar que durante el año 2000 se dictaron 180 días de clase, la cifra más alta en los últimos once años. (Aplausos.) Esto es muy importante porque la interrupción de las clases y el ausentismo cortan el vínculo entre el maestro y el alumno y lleva a la deserción y al repetismo. Por eso hay aquí transmito un claro mensaje a los maestros: una educación de calidad empieza con docentes calificados y entusiasmados con su labor, por la vocación que siempre han sido capaces de demostrar. Aún queda camina por andar en este campo.
El país necesita reafirmar un compromiso serio por la educación nacional. No podemos seguir a ciegas con la educación de nuestros chicos; necesitamos una ley que unifique un solo método de evaluación. Los padres tienen derecho a saber cuánto aprenden sus hijos y cuánto saben los profesores que enseñan a sus hijos.
Se están realizando mil cien obras de infraestructura en escuelas que necesitan mejoras, ampliaciones o nuevos edificios, y se incorporó a las universidades nacionales al Plan de Infraestructura con obras a realizarse por 182 millones de pesos.
Se ha puesto en marcha, con gran repercusión nacional e internacional -porque acuden en consulta y buscan conectarse con nosotros otros países-, el proyecto educativo Educ.ar, para integrar a todas las escuelas del país a Internet. Se trata de una herramienta al servicio de la formación de todos los habitantes, sin distinciones sociales ni geográficas, que permitirá la igualdad en el acceso a los mismos contenidos para los alumnos de todas las regiones del país. Estamos llevándolo adelante conscientes de que esto no reemplaza a la figura central de la educación, que es el maestro, pero pone a su disposición una herramienta fundamental para su tarea pedagógica.
Cuando todas las escuelas del país estén conectadas a la red, cada uno de nuestros docentes tendrá a su alcance una variedad de recursos didácticos sin precedentes, que podrá utilizar en su tarea cotidiana. Para realizar este proyecto capacitaremos a 350 mil docentes y esto permitirá que ellos introduzcan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al mundo de Internet. Conectaremos este año a 6.500 establecimientos educativos de enseñanza media del país; esto representa 2.500.000 alumnos. El próximo año avanzaremos con todas las escuelas primarias hasta conectar todo el país. (Aplausos.)
Este año otorgaremos 130.000 becas estudiantiles de 600 pesos para familias cuyos hijos estén cursando la escuela secundaria y se encuentren en situación de riesgo educativo. (Aplausos.)
Avanzamos juntamente con el Ministerio de Trabajo en el programa "Estudiar es Trabajar", que en su nombre encierra toda una concepción. Mediante él se otorgarán becas de 100 pesos mensuales a jóvenes de 18 a 25 años para que terminen el ciclo secundario y aprendan un oficio. (Aplausos.)
Hemos creado el Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa, un organismo autónomo y altamente profesionalizado.
En el área de la educación tecnológica el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) ha puesto en marcha un programa innovador, que es el Proyecto de Escuelas Tecnológicas, para potenciar la formación de los jóvenes en este ámbito.
A través del plan "Más Escuela" hemos extendido el ciclo lectivo de miles de niños y jóvenes de las provincias que sufren mayores dificultades socio-económicas. De esta manera, el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales se han asociado en el esfuerzo de revertir las enormes desigualdades sociales y regionales que aún subsisten.
El esfuerzo compartido por municipios, provincias, universidades públicas y privadas, institutos terciarios y profesorados, junto a la comunidad y a los docentes, permitirá la conformación de los colegios universitarios. Estas instituciones educativas ofrecerán a los jóvenes de las localidades más pequeñas la posibilidad de completar su formación laboral evitando el desarraigo temprano. A la vez, les abrirá el paso hacia estudios universitarios posteriores y promoverá su inserción laboral. Es explicable, entonces, la alta demanda que se ha verificado para la instalación de estos colegios universitarios, que constituyen una gran innovación para las zonas donde van a ser instalados.
Durante el año 2000 hemos consolidado el presupuesto en ciencia y tecnología, dirigiéndolo fundamentalmente a los subsidios para proyectos de investigación. Se ha incrementado el presupuesto del sector y confiamos en mejorar su productividad. Hemos lanzado el Programa Nacional para la Seguridad de la Información, para extender en forma masiva el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
Y ahora, algo que debe llenarnos de legítimo orgullo: nuestros científicos han logrado exportar tecnología de avanzada a países líderes. Así, ganamos una licitación internacional en Australia para construir un reactor nuclear a través del INVAP, incorporamos un satélite al sistema de monitoreo climático coordinado por la NASA, y empresas privadas argentinas han sido exitosas en concursos internacionales para obras de alta tecnología. (Aplausos.)
Quiero referirme ahora a nuestra política en materia de salud. El año pasado anuncié que pondríamos en marcha el programa "Médicos de Cabecera". El objetivo era la medicina igualitaria y de alta calidad para todos los argentinos.
El principio que ha guiado mi gestión es que se debe garantizar el derecho a la salud a toda la población, basándonos en los principios de equidad y de solidaridad, para que ningún argentino quede sin cobertura, para que ningún habitante quede sin cobertura, porque nuestro país tiene una amplia solidaridad en la materia y la extiende a todos los que habitan el suelo argentino, sin mirar su origen o nacionalidad. (Aplausos.)
Se han desregulado las obras sociales, lo que permite -por primera vez desde su creación- que el beneficiario tenga libertad de elección, independientemente del aporte que realice, sosteniendo los principios de solidaridad y de equidad. Esto, al mismo tiempo, permite el saneamiento de las obras sociales en dificultades.
Una de nuestras primeras acciones de gobierno fue atender la grave crisis que afrontaba el PAMI, para sanearlo y restablecer los servicios, casi todos paralizados al momento de asumir el nuevo gobierno. (Aplausos.) Les dije a ustedes que lo pondríamos en marcha y hoy estoy en condiciones de decir que lo estamos haciendo. Hemos ahorrado 435 millones de pesos y se ha restablecido la totalidad de los servicios. (Aplausos.)
El cambio del modelo de atención de la salud incluye a la población sin cobertura formal y perteneciente al sector de la seguridad social. La iniciativa nacional de estrategia de atención primaria es implementar acciones concretas que apunten a resolver las situaciones de inseguridad en el acceso a los servicios de salud.
El Programa Nacional "Médicos de Cabecera", al que me refería, dirigido a la población sin cobertura, posibilitará ya para el primer trimestre del año 2001 dar cobertura a 1.500.000 beneficiarios.
Se desarrollará durante el año 2001 el Programa Nacional Integrado de Salud, que tiene por objetivo celebrar acuerdos y lograr el desarrollo de propuestas integrales de carácter sinérgico en las jurisdicciones, con el objeto de promover las reformas sectoriales necesarias. Estas propuestas acompañarán al cambio del modelo de atención de la salud, el desarrollo de un sistema de seguro de competencia regulada y de un sistema de información, regulación y control de los desempeños.
También, como consecuencia del desarrollo de la tecnología, se ha puesto en marcha el programa de telemedicina, que aumenta la potencialidad de la capacidad hospitalaria instalada en el país.
Quiero hablar ahora de un tema acuciante. La inseguridad es una cuestión apremiante; la estamos enfrentando. La seguridad pública es condición para el ejercicio de todos los derechos. Por eso mi gobierno se empeña y se empeñará en preservarla. Se trata de una cuestión de Estado que debe encararse a nivel nacional, provincial y municipal, asumiendo su responsabilidad cada una de las jurisdicciones y conjugando los esfuerzos para una acción conjunta que dé respuesta al reclamo ciudadano.
La Nación cuenta con la acción esforzada de la Policía Federal y también de la Gendarmería y la Prefectura Naval.
Hemos diseñado el Plan Nacional de Prevención del Delito, que tiene como meta mejorar la seguridad promoviendo la reducción del delito y de la sensación de inseguridad a través de mecanismos de prevención, cuyo elemento clave es la participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil.
También he propuesto a Vuestra Honorabilidad la reforma de la legislación procesal penal vigente y el tratamiento de una ley que modifica el "2 por 1". La acción se complementa con una eficiente política carcelaria de construcción de nuevos establecimientos de detención para responder al principio constitucional del artículo 18, evitar el hacinamiento e impedir la práctica del delincuente "que entra por una puerta y sale por la otra", donde influye la convicción de los jueces en el sentido de que no existen suficientes lugares adecuados de detención.
Vuestra Honorabilidad aprobó la ley que pedí al dar por iniciado el período de sesiones ordinarias, agravando las penas para los delitos cometidos con armas. Esto permitirá que no tengan el beneficio de la excarcelación quienes cometan esa clase de infracciones penales.
Son premisas insoslayables para mi gobierno impedir y combatir el ingreso de droga al territorio nacional, además de detectar e impedir su tránsito y salida hacia terceros países. Tenemos una guerra declarada contra el narcotráfico.
Hemos trabajado en la prevención de la drogadicción. El esfuerzo estuvo dirigido a lograr la constitución de redes sociales que sirvan de sostén para la reducción de la demanda buscando estrategias de participación social, localizando los proyectos y capacitando recursos humanos, que luego deben asumir un rol activo en su prevención.
Nuestro país integra el GAF, organismo internacional donde se incorporan las naciones que tienen normas y llevan adelante una acción muy clara contra el narcotráfico y el lavado de dinero. En esto tuvo gran importancia la sanción por parte de Vuestra Honorabilidad de la ley contra el lavado de dinero, que yo también pedí en mi mensaje anterior.
Mi gobierno continuará brindando apoyo incondicional a las investigaciones relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, el crimen organizado, la falsificación de moneda y la evasión impositiva.
En el ámbito externo, se mantendrá nuestra firme posición de lucha contra los flagelos globales del terrorismo internacional y del narcotráfico. Comprometo todo nuestro empeño en la creación y fortalecimiento de los organismos de investigación, fiscalización y control en materia de lavado de dinero y activos financieros provenientes del crimen organizado. Ha sido reglamentada la ley y fue creada y está en funciones la U.I.F. --Unidad de Investigaciones Financieras--.
Señores legisladores: ante las dificultades sociales y económicas que afrontamos, mejorar la calidad institucional es una de nuestras metas principales por todos compartida. La política debe transparentarse y ajustarse en el sentido de reducir sus gastos y sus costos. No es admisible una clase política con privilegios cuando el pueblo pasa privaciones. (Aplausos)
Hace falta una modernización de las instituciones políticas. En ese sentido, hemos presentado al Congreso un proyecto de reforma política, consensuado con los distintos bloques parlamentarios con el fin de acelerar su tratamiento.
Los pilares básicos de esta reforma incluyen la reformulación del actual sistema de financiamiento de la actividad política, el acortamiento de las campañas electorales, la elección del candidato a presidente de la Nación para todos los partidos a través de internas abiertas, la limpieza de los padrones electorales, la creación de un cuerpo de fiscales para asegurar la transparencia de la política, y también la reducción del gasto político y de las dietas legislativas. Así lo anuncié en su momento: el ajuste debe hacerlo la política. Y aún agrego que debemos eliminar las "listas sábana" allí donde sea posible por el número de candidatos a elegir, así como suprimir la ley de lemas donde exista porque llevado a graves y negativas deformaciones de la actividad política. (Aplausos.)
Les propongo que vayamos por más. Si para realizar las reformas, si para producir el achicamiento o la reducción de gastos hay incertidumbres, dudas o resistencias, tengamos en cuenta que el país necesita una reforma política aún más profunda que la consensuada. Nuestro sistema es excesivamente grande y costoso. Como sé que a veces es difícil encontrar consenso para el achicamiento del sistema político nacional, les propongo que si éste no se logra el mismo día de la elección hagamos un referéndum nacional para que cada partido pueda presentar su propuesta de reforma directamente al pueblo. (Aplausos.) ¡Que sea la gente la que decida en cuánto tenemos que achicar la política! Gastamos mucho y es hora de empezar a transferir los recursos que sobran en la política para mejorar la calidad de vida de la gente.
Ahora me complazco en expresar mis felicitaciones a la Honorable Cámara de Diputados, que integra esta Asamblea. Este año se pone en marcha el proyecto ÁGORA, cuyo objetivo es modernizar y transparentar el funcionamiento de la Cámara, tornando más eficiente la gestión legislativa y mejorando la comunicación institucional para promover e incrementar la participación ciudadana.
Quiero, pues, expresar mis felicitaciones al señor presidente de la Cámara de Diputados, don Rafael Manuel Pascual, a los señores miembros de la Comisión de Modernización y a todos los señores diputados. (Aplausos.)
En el marco de estos avances en la mejora de la gestión política e institucional es importante subrayar el valor de la paz social, de la convivencia en el respeto y la discrepancia, y de la erradicación de toda forma de violencia.
Somos un país abierto al diálogo que quiere la convivencia pacífica; libre en la expresión de las ideas, pero respetuoso de las personas y de la libertad de los demás.
La violencia es repudiable en sí misma, máxime si está asegurada la libertad en el marco de la democracia. La invocación de motivos políticos no legitima la violencia.
El Estado, como único depositario legítimo de la fuerza pública, pondrá la mayor firmeza, dentro de la ley, para asegurar el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libre circulación de todos los ciudadanos. (Aplausos.)
Hemos demostrado un uso responsable de la fuerza. Incluso hemos apelado al diálogo, cuando las circunstancias lo aconsejaban, para la solución pacífica de algún caso puntual.
Este gobierno ha dado, además, las más amplias muestras de respeto a la libertad de opinión, de reunión, de manifestación o de crítica. El límite está en el respeto al derecho de los demás.
Quiero, pues, una sociedad integrada, sin odios ni violencias, reconciliada en los valores superiores de la paz y el respeto.(Aplausos.) Me comprometo a trabajar en este rumbo, porque esa es la manera de defender la democracia y yo estaré en todo momento dispuesto a defenderla con toda la fuerza de la ley. (Aplausos.)
En el campo de la comunicación, el objetivo primordial para el 2001 seguirá siendo imprimir un fuerte contenido cultural y educativo a los medios en poder del Estado. Hemos asegurado en ellos el más completo pluralismo y la libertad de opinión y de crítica. Nadie puede ponerlo en duda. Habrán visto cómo han funcionado los medios oficiales y la libertad de comentarios y de expresión que en ellos se ha puesto de manifiesto. Nunca admitiría utilizarlos al servicio del gobierno, porque son del Estado, es decir, de toda la comunidad, por lo que deben estar abiertos a la libertad, al pluralismo y a la participación del conjunto. (Aplausos.)
Quiero referirme a continuación a un tema que ha suscitado discrepancias en algunos legisladores: el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, creado por decreto -no de necesidad y urgencia-, es decir, de acuerdo con las formas legales que las direcciones jurídicas dictaminaron que correspondían por tratarse de organismos a su vez también creados por decreto.
Este sistema tiene por objetivo administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión sonora, televisiva, periodísticos y de transmisión de contenidos, actuando en un mercado desregulado y competitivo. El objetivo de su creación también ha sido hacer más efectivos los servicios de radiodifusión y, a la vez, reducir los gastos operativos derivados del funcionamiento de distintas sociedades y organismos no integrados entre sí.
Desde luego, siempre el Parlamento tiene la más amplia potestad de control y de verificación de su funcionamiento.
Las políticas culturales implementadas en 2000 y que se continuarán en 2001 se orientan a la capacitación para mejorar la gestión cultural a través del Programa Instituto Nacional de Administración Cultural y a la promoción de actividades literarias y proyectos editoriales que el mercado no contempla, desde el Programa Nacional de Promoción de la Cultura Literaria. A esto se suma la implementación de políticas culturales concretas que reflejen las particularidades de cada región a través del Congreso Cultural, un foro de discusión federal y participativo que recoja todas las expresiones y manifestaciones culturales de nuestro país federal.
Ocupa un lugar destacado en la actual política cultural la recuperación del espacio público de cada región, la preservación del patrimonio de la Nación, un incremento de la participación del Fondo Nacional de las Artes en la promoción de la formación de artistas y de sus expresiones y la capacitación permanente de los agentes de la administración y de los generadores de industrias culturales.
En el campo del turismo, al cual asigno gran importancia por su capacidad para generar empleo, estamos llevando adelante el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable 2000- 2003. Se espera que genere 400.000 puestos de trabajo, inversiones por 1.600 millones de pesos y una disminución del déficit de la cuenta de viajes y pasajes en 2.000 millones. El turismo viene creciendo sostenidamente y es un factor fundamental del crecimiento.
En materia de política exterior el nuevo milenio nos encuentra frente a un mundo en profundo cambio, donde se afianzan los procesos de globalización e interdependencia. Ambos procesos brindan oportunidades y plantean desafíos y requieren de una visión clara y responsable de nuestras necesidades y obligaciones en el escenario internacional.
Este panorama exige acciones comunes y coordinadas entres los distintos países en áreas tales como el medio ambiente, los derechos humanos, las migraciones, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.
Nuestro accionar en el ámbito latinoamericano estuvo destinado al afianzamiento de la democracia representativa, la transparencia de los procesos políticos y la participación de la sociedad civil en las decisiones políticas.
La política exterior de la democracia argentina ha trabajado a favor de la vigencia de los derechos humanos, en base a los instrumentos internacionales y las recomendaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual somos parte en virtud de tratados existentes.
El relanzamiento del Mercosur permitió superar inconvenientes coyunturales y recuperar la confianza entre los socios, retomando el dinamismo negociador. Logramos importantes avances, como la firma del acuerdo sobre política automotriz y la elaboración de un acuerdo de metas de coordinación macroeconómica, inexistente antes y de gran importancia porque la coincidencia macroeconómica será la base fundamental para una integración plena en un futuro próximo.
Continuaremos reafirmando la importancia del Mercosur como proyecto estratégico global, dando apoyo a la creación de una zona de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones.
El fortalecimiento del Mercosur es fundamental para llevar una posición firme a las negociaciones del ALCA, de forma que nuestros países obtengan los máximos beneficios posibles con la constitución de esta área de libre comercio y, también, para avanzar en negociaciones con otros países o bloques comerciales, con el fin de abrir nuevos mercados para nuestros productos.
Como resultado de la gestión realizada durante el año 2000, con nuestro país estuvo al frente del proceso de negociaciones del ALCA, responsabilidad que tenemos hasta mayo próximo, hemos alcanzado importantes logros para la construcción del acuerdo de libre comercio del hemisferio.
Quiero destacar la elaboración del primer borrador de un eventual acuerdo ALCA, que incluye disposiciones sustantivas, emergentes de las discusiones técnicas mantenidas por las treinta y cuatro delegaciones. La consolidación de este trabajo permitirá un salto cualitativo en la negociación hemisférica, en la que el Mercosur participa como un bloque, con una postura única y coordinada, ya que constituye la base sobre la cual se estructurará un proceso de negociación fructífero para nuestro país.
Este esfuerzo nos permitirá presentarnos en la Tercera Cumbre de las Américas, en Quebec, del 20 al 22 de abril, con la satisfacción de la tarea cumplida, y aprovechar la Reunión de los Jefes de Estado y Gobierno del Hemisferio para impulsar en los eventuales acuerdos la adopción de una cláusula democrática que, a semejanza de la prevista en el Mercosur, comprometa a todos los países del hemisferio con los valores democráticos que la Argentina defiende. (Aplausos.)
En ese marco, ratificaremos la candidatura de nuestro país como sede de la próxima Cumbre de las Américas, que constituirá la etapa definitoria del proceso ALCA, ejercicio de integración que junto con las negociaciones con la Unión Europea son los proyectos más ambiciosos en esta materia.
Asimismo, con respecto a nuestros vecinos, estamos construyendo una alianza estratégica con Brasil y con Chile y se avanzó en convenios migratorios con Bolivia y con Perú.
Con respecto a nuestros derechos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el gobierno nacional encuadra su política conforme el mandato constitucional. En ese sentido, a lo largo de 2000 hemos conseguido importantes apoyos para nuestra posición en las Naciones Unidas, la OEA, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de Brasilia, la Cumbre Centroamericana y el Grupo de Río, así como también en diversos encuentros bilaterales de alto nivel.
Al mismo tiempo que continuamos con ese esfuerzo sostenido para la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre estos territorios respetando el modo de vida de sus habitantes, continuaremos trabajando para alcanzar nuevos entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía con el Reino Unido en el Atlántico Sur.
En este marco se destaca el reciente acuerdo que posibilita los vuelos de aeronaves civiles privadas y la navegación de embarcaciones particulares. Este entendimiento significa un paso más en el camino hacia el acercamiento entre el territorio continental y las islas Malvinas y da un nuevo impulso al contacto humano.
Señores legisladores: la Argentina tiene una proverbial vocación pacífica y de amistad hacia todos los pueblos del mundo. Este marco de referencia es el eje esencial en que se apoya nuestra política de defensa, cuyo objetivo es dar a la Nación la seguridad y la satisfacción de contar con fuerzas armadas de excelencia, que realizan un extraordinario trabajo con el máximo aprovechamiento de sus recursos, a pesar de las restricciones presupuestarias.
La política de defensa, reconociendo los profundos cambios operados en el contexto internacional, asume que la construcción de un entorno de seguridad es la premisa esencial para la propia seguridad y para el crecimiento económico del país. Así, nuestras fuerzas armadas son importantes actores del principal proceso de integración regional en que la Argentina se halla inserta, el Mercosur, donde aspiramos a progresar en mecanismos de defensa interrelacionados.
Los institutos militares han comenzado su transformación adecuándose a las exigencias de la Ley Federal de Educación y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, favoreciéndose la integración con la civilidad. Hemos de avanzar en las leyes complementarias de la Ley de Defensa Nacional para diseñar el marco normativo de una moderna herramienta defensiva.
Las fuerzas armadas han asumido un fuerte compromiso internacional en las misiones de paz de Naciones, y lo han con alto prestigio. Esas misiones las mantienen en contacto intelectual y tecnológico con los países más avanzados del mundo, participando así, en beneficio del país, de la causa de la paz. En todas las misiones en que participan han dado sobradas muestras de su vocación por salvaguardar los derechos humanos y han sido reconocidas por su eficiencia y alto nivel profesional.
Me enorgullezco de comandar fuerzas que son un modelo de subordinación a los poderes constitucionales que, en emergencias de todo tipo, han actuado en la protección de nuestros compatriotas y de nuestros recursos y en la vigilancia y ocupación de nuestro espacio soberano, demostrando su vocación de servicio a la comunidad y siendo reconocidas por su eficiencia y profesionalidad en la defensa de la paz en el mundo. Este concepto es extensivo a nuestras fuerzas de seguridad, custodios del orden social, de las fronteras, de los ríos y del mar.
El año pasado planteé la importancia que tenía la reforma de la justicia. Puedo decirles ahora que avanzamos hacia una profunda mejora de nuestro sistema judicial.
Un hecho nuevo y alentador es que el Consejo de la Magistratura creado por la reforma constitucional de 1994 ya ha comenzado la elevación de ternas de candidatos a nuevos jueces, seleccionados por concurso público. El Senado tiene ya a consideración los primeros acuerdos.
Tenemos proyectos en ejecución que comprenden entre otros aspectos el Programa de Juzgado Modelo, el Proyecto de Calidad Total, la Informatización del Fuero de Seguridad Social, la creación de "Manuales de Acceso a la Justicia" para todo público y la creación de una Escuela Judicial Federal, entre otros.
En materia de política criminal-penitenciaria vamos a fortalecer el sistema de cárceles de jurisdicción federal mediante la construcción de cuatro nuevas unidades para superar crónicos problemas de superpoblación, en especial en el interior del país.
Señoras legisladoras y señores legisladores: las instituciones se consolidan en el respeto recíproco de los poderes de la República, en la dimensión moral del Estado y el rigor ético de quienes lo integran. Hemos venido a protagonizar un cambio, y ese cambio debe ser económico, político, social y moral.
A iniciativa de este presidente, el Congreso creó la Oficina Anticorrupción para señalar o perseguir hechos delictivos en la administración. Es decisión del gobierno que ese organismo actúe con firmeza y responsabilidad, con un claro criterio objetivo, despojado de cualquier sentido de persecución política, evitando el escándalo, apegándose a la verdad y a la imparcialidad, y excluyendo cualquier ocultamiento o tolerancia. La recuperación de la ética republicana y el combate contra la corrupción son demasiado importantes para obrar de otro modo.
Mi gobierno ha demostrado en todos sus actos la más firme decisión de combatir la corrupción de cualquier tiempo que sea, y la honestidad de los funcionarios es un compromiso y un deber del que ningún miembro de mi equipo se habrá de apartar. Les exijo a todos el máximo rigor en este sentido, unido al ejemplo de austeridad republicana, que no es un formalismo sino una condición del cargo. (Aplausos.)
Les propongo aprovechar las oportunidades. Necesito que profundicemos la lucha contra la corrupción. La impunidad se terminó. No hay más secretos. Nunca como en este año se habían movido tantas investigaciones judiciales.
Quiero elevar la Oficina Anticorrupción al rango de ministerio y convocar a un extrapartidario para que asuma el cargo. Quiero que cada partido tenga un representante en él para fortalecer las investigaciones y la independencia del sistema político. (Aplausos.) Que de él dependa la Unidad de Investigaciones Financieras y la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico.
Tenemos un mandato popular que cumplir. El pueblo quiere que le demos un corte final a la corrupción y este gobierno encabeza la lucha. Invito a sumarse a todos, a todos los sectores políticos, en torno a un compromiso común.
Como puede observarse en todas las acciones que he descripto, en cada área del gobierno aparecen elementos comunes que diseñan una línea política coherente.
He querido ser minucioso, aunque el resumen sea forzosamente incompleto por razones de tiempo y espacio. Pero era necesario mostrar la vasta acción que despliega el Estado en el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia. Son las noticias que a veces se pierden en los títulos que resaltan la urgencia.
Es necesario que tomemos conciencia de todos los campos de nuestra acción y de nuestra responsabilidad.
Le quiero expresar mi reconocimiento al Congreso, al oficialismo y a la oposición por la labor legislativa desplegada, y pedirles respetuosamente que los proyectos de ley pendientes tengan el trámite más rápido posible porque se trata de leyes necesarias para mejorar el funcionamiento de las instituciones y la vida del país.
Nosotros, por nuestra parte, hemos trabajado siempre en base al principio de solidaridad y ampliando la participación en todos los planes, en todos los programas, en todas las decisiones. Yo no creo en una república de iluminados. Sólo creo en una república democrática que sea de todos los argentinos y que llegue con su protección solidaria a todos y a cada uno.
Quiero un Estado eficiente y activo, capaz de transformar los éxitos individuales en éxitos colectivos. Este es un reclamo profundo de la sociedad argentina que tenemos el deber de satisfacer. Además, la historia nos enseña que la calidad de los gobiernos reside justamente en eso: promover el esfuerzo individual y articularlo para que se transforme en progreso colectivo.
Soy respetuoso de la independencia de los poderes del Estado. En una democracia madura ellos son funcionalmente autónomos; pero, desde luego, deben cooperar entre sí. Y este es un tiempo de cooperación política y solidaridad social. El Estado debe ser un engranaje sincronizado y confluyente para servir en conjunto al bien común.
En este sentido, y con referencia al trabajo legislativo para este año 2001, quiero convocarlos, señoras y señores legisladores, a trabajar en la creación de consensos en temas centrales para la competitividad, la inversión, la generación de empleo y el crecimiento. Entre estos temas, destaco por su importancia, la reforma tributaria, la promoción del desarrollo regional, la actualización de la ley de inversiones mineras y una ley de hidrocarburos. También las condiciones necesarias para preservar la garantía internacional que hemos recibido y cumplir los compromisos que ello significa.
Soy optimista sobre las posibilidades de nuestro país en la nueva dinámica mundial. La Argentina entra al proceso de globalización con ventajas relativas y logros ciertos. Y esto es válido a pesar de las preocupaciones y de las dificultades que tenemos que vencer cotidianamente.
El afianzamiento y la continua depuración de nuestras instituciones, la paz interior y la inteligente construcción de un espacio de paz regional nos hacen un país cada vez más confiable. La calidad de nuestra población, nuestro empeño en mejorar los sistemas educativos y la actitud emprendedora de nuestros ciudadanos nos hacen un país atractivo para las inversiones. Las reformas que hemos iniciado en el Estado, en el sistema previsional y en el régimen laboral, y las acciones hacia la desregulación y la eliminación de monopolios dentro de nuestra economía concurren a devolvernos la capacidad de competir. La simplificación de los procedimientos, las reformas en el Poder Judicial y la lucha frontal contra la corrupción, el privilegio, el trato no igualitario ante la ley y el uso del Estado en beneficio propio están aumentando nuestra previsibilidad y nuestra transparencia.
Mi visión del futuro es francamente positiva. Comprendo las dificultades y urgencias de nuestro tiempo y las asumo como una demanda imperiosa que debo atender. A todo ello respondo con la convicción de que estamos poniendo las bases de un país mejor, más justo y equilibrado, sustentado en la equidad, la solidaridad y la libertad.
La Argentina tiene nuevas oportunidades de progreso y bienestar. Nuestro país asiste a una gran transformación, integrado como nación moderna y eficiente a las nuevas condiciones mundiales.
Debemos seguir por este camino y tener confianza en que pronto se verán los frutos. Se trata de elevar la mirada: debemos tener una visión universal y regional antes que meramente local. Debemos elegir los temas que más allá de las alternancias políticas distinguirán nuestra tarea común en este siglo.
El trabajo, la educación, la ciencia y la tecnología, las exportaciones, la modernización del Estado y la política, el equilibrio regional, la protección de los sectores más necesitados, la transparencia en las prácticas públicas, la seguridad y la disciplina fiscal y monetaria, son cuestiones de Estado y nos comprometen a todos.
Este es el desafío. Los dirigentes de hoy somos un eslabón en el largo camino de construir un país mejor. Es nuestra responsabilidad de gobernantes entender y atender las tareas que urgen. La sociedad espera de nosotros estímulo, ejemplaridad y rumbos claros.
Soy el presidente de la Nación y asumo con firmeza todas mis responsabilidades y compromisos. Tengo una clara visión del futuro que ambiciono para mi Argentina, de sus esperanzas y potencialidades. Me pongo al frente de la tarea y convoco a todos a creer y trabajar por un futuro mejor.
Señoras y señores legisladores: cuento con su colaboración para sancionar las leyes que el país necesita.
Argentinas y argentinos: vamos adelante por el camino del crecimiento sostenido, con equidad y con justicia.
Con esta convicción, Honorable Asamblea, declaro abiertas las sesiones del período legislativo 2001. (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.)
FERNANDO DE LA RUA
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