Mensaje del Gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, al abrir las sesiones de la Legislatura de su provincia (1850) [3/3]

MENSAJE

DEL

GOBERNADOR

Juan Manuel de Rosas

AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EL 27 DE DICIEMBRE DE 1849

[3° y última parte]

¡Viva la Confederación Argentina!

¡Mueran los salvajes unitarios!

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[...]

Por eso mismo se habría empeñado el Presidente, aun después de las explicaciones de este Gobierno, en que tal presente no fuese desviado de su objeto, y se conservara en manos del General Rosas; si no hubiese creído, después de maduras reflexiones, que insistir en tal paso, sería en cierto modo corresponder mal a las intenciones rectas e inapreciables expresiones, que el General Rosas le manifestaba en sus explicaciones, las que confirmando siempre la integridad política, el valiente desprendimiento y la entera justificación, que distinguían los actos de su ilustrado Gobierno, derramaban tanta honra sobre la República Oriental del Uruguay, sobre su Presidente legal: y si bien juzgase este que, a su respecto personal, los benévolos sentimientos del General Rosas se complacían en encumbrar los escasos servicios que había tenido la felicidad de prestar, en la heroica lucha de ambas Repúblicas del Plata, contra la intervención europea y los salvajes unitarios, aceptaba con la más viva gratitud en nombre de aquélla, y en el suyo propio, tan preciada honra, gozándose en el recuerdo de que ella tenia su origen en la alianza fiel y estrecha, que para la defensa común contra la intervención Anglofrancesa, y los salvajes unitarios, existía entre la grande denodada Confederación Argentina y el Estado Oriental del Uruguay.

Por tales antecedentes, para perpetrar la memoria de tan noble y digna lucha, de esa alianza entre ambas Repúblicas, en la común defensa y un nuevo comprobante del elevado carácter y virtudes cívicas del General Rosas, recibía el Presidente y aceptaba de parte de la heroica Confederación Argentina y de su ilustre aliado, la espada que le era transmitida en nombre de una y de otro, tributando por tan alta distinción a aquélla y al General Rosas, su más acendrado reconocimiento.

El uso de dicha espada, por más que el Presidente procurase alcanzar con el más prolijo cuidado, la larga conservación de tan, por más de un titulo, valiosa prenda, tendría siempre un carácter perecedero, y no consultaría la perpetuación, en cuanto había en el humano, de los grandes objetos que se habían propuesto, y dejaba expresados. Por ello había resuelto destinarla, con todos los documentos de su referencia al Museo Nacional, tan luego como se hallase instalado ese importante establecimiento, conservándola entre tanto en su poder, como un precioso depósito, propiedad de la patria, del cual algún día sacaría lecciones la historia. Y así pensaba haber llenarlo los generosos deseos del General Rosas y los suyos propios.

Muy grato el Gobierno a la obligante deferencia de su digno aliado, le manifestó se había complacido sobremanera, al instruirse de la noble y elevada decisión que se había sentido adoptar, destinando al Museo Nacional, con todos los documentos de su referencia, la valiosa y brillante espada que tan generosamente había presentado al General Rosas, conservándola entre tanto en su poder, como un precioso depósito, propiedad de su digna patria la República Oriental.

Reconocía y apreciaba altamente en esa decisión desinteresada, patriótica y por tantos motivos tan importante, un nuevo testimonio de las ilustres virtudes que distinguían a su aliado, y que realzaban la conspicua e inmortal gloria que había adquirido, dirigiendo al valiente pueblo oriental, en la lucha por su independencia. Y se hallaba penetrado el General Rosas, del más profundo agradecimiento, por las muy benévolas expresiones con que lo favorecía; y le retomaba con mucho aprecio e interés, la fina manifestación de sus amistosos sentimientos.

Este gobierno se dirigió al Excmo. Señor Presidente del Estado Oriental del Uruguay Brigadier D. Manuel Oribe, manifestándole haber sabido, que el 30 de Marzo, por un sentimiento de consideración amistosa había decretado varias demostraciones distinguidas hacia el General Rosas. Este las agradecía altamente y la conservaría siempre en su memoria con grande aprecio: mas al mismo tiempo, se hallaba en la necesidad de manifestar al Presidente las razones que tenía para no aceptarlas y rogarle muy encarecidamente se dignase disponer que cesaran en la ulterioridad.

Las Honorables Legislaturas de Buenos Aires y de otras Provincias de la Confederación, en diferentes épocas, habían acordado al General Rosas honores extraordinarios, en el día de su cumpleaños; no porque en su ilustración y virtudes republicanas, gloriosamente acreditas, hubiesen desconocido que en ello inician una excepción particular de los principios reguladores del sistema político del país, sino porque habían tenido en vista contrastar de ese modo, con pronunciamientos elocuentes de la nación, las sistemáticas e infames difamaciones que los salvajes unitarios y enemigos extranjeros de la República, habían difundido contra el General Rosas: y también rodear de mayor prestigio a la autoridad pública en una época extraordinaria. Estaba persuadido el General Rosas de que iguales móviles y una benévola amistad habían inducido al Excmo. Señor Presidente a acordarle el distinguido honor de celebrar el natalicio de un modo oficial. Bien consideraba estas razones, al fijarse en la distinción especial que S. E. el Señor Presidente se había servido acordarle, y también las había tenido presentes cuando se contrajo a las que benévolamente le habían decretado las Honorables Legislaturas de las Provincias de la Confederación. Con todo, no estaba en sus principios, ni consideraba conveniente admitir esas demostraciones especiales. Siempre había procedido por este convencimiento, pensando no hallar en él una oposición a las opiniones públicas, ni un perjuicio a los medios de llenar la ardua misión de salvar la República; y de cumplir sus sagrados compromisos, en la defensa común, con el heroico Gobierno y el Pueblo Oriental.

Bajo el imperio de esas consideraciones, y penetrado de la mas viva gratitud por los distinguidos testimonios de aprecio y honor que el Presidente se había servido acordarle, el 30 de Marzo, acendradamente deseaba no fuesen reproducidos en lo sucesivo, rogándole con encarecimiento, tuviera a bien deferir a ese íntimo deseo, con tanto mas motivo, cuanto que S. E. el señor Presidente daba el noble ejemplo de no admitir demostraciones especiales hacia su persona en su gloriosa patria la República Oriental, más allá de aquéllas que las leyes acordaban al Primer Magistrado de un pueblo republicano, por honor y interés del mismo pueblo.

El Presidente contestó, que por mas que hubiesen influido en su ánimo para decretar la celebración oficial del natalicio del General Rosas, no sólo importantes consideraciones políticas, sino también espontáneos y casi indeliberados impulsos de amistad y de justicia, quedaba penetrado acabadamente, de que a esa propia amistad y a la justicia misma, fundada en los altos principios del General Rosas, debía el sacrificio de sus propios íntimos sentimientos y por consiguiente daría las correspondientes ordenes, para que en lo sucesivo no tuviesen lugar esas demostraciones, que, aunque merecidas, e hijas de una pura benevolencia, debían cesar desde que no se avenían con aquellos principios y con la suma delicadeza personal del General, en cuyo obsequio habían sido decretadas.

En lo demás, aunque esas gratas manifestaciones exteriores dejasen de existir, por el honroso noble desprendimiento del General Rosas, el Presidente abriga la satisfactoria convicción, de que ello en nada afectaría el cumplimiento de los sagrados compromisos, que para la defensa común ligaban a las dos heroicas Repúblicas del Plata.

El Gobierno tuvo la satisfacción de contestarle, que le agradecía altamente la generosa deferencia, con que había atendido la solicitud del General Rosas, y los términos tan amistosos, como benéficos, con que se servia participárselo.

Animado del más vivo reconocimiento, por esa nueva prueba de fina amistad y consideración, de parte del Presidente y por su honorable coincidencia de vistas con las de este Gobierno, para llenar los sagrados compromisos de ambas Repúblicas, en la defensa común de su respectiva independencia, conservaría siempre con el más alto aprecio el recuerdo de las dignas manifestaciones del ilustre aliado de la Confederación.

Intima satisfacción tiene el gobierno en anunciaros, que la heroica República Oriental del Uruguay, sus ilustradas Cámaras y su digno Gobierno legal, combatiendo con el brío y entusiasmo que tienen acreditado, en unión de sus hermanos los Argentinos, en defensa de sus preciosos derechos soberanos, han, merecido los homenajes, con que los hombres libres del mundo galardonan las valientes proezas de la virtud esclarecida.

He ahí, Honorables Representantes, el cuadro de las Relaciones Exteriores. La Confederación, resistiendo exageradas pretensiones extranjeras, brillante con su gloria y renombre inmortal, se presenta ante el Universo, bajo los benignos auspicios del Todopoderoso, grande y feliz.

INTERIOR

Los Gobiernos de las Provincias Confederadas, sostienen con inmensa gloria el honor, la independencia y el pacto federal de la República, contra la intervención europea y menguados restos de los salvajes unitarios. Fieles a los principios del Gobierno General, uniformemente los profesan y secundan con anheloso empeño sus disposiciones. La Confederación clama por lanzarse al combate, si preciso fuere, para la preservación incólume de la libertad e independencia nacional. Los Gobiernos y pueblos de la República, reiteran con heroísmo sublime, sus patrióticas ofertas sin límites, al Encargado de las Relaciones Exteriores. Tan elevado patriotismo tranquiliza sobre el venturoso porvenir de la. República. Prosigue ésta siendo la mansión de la prosperidad y engrandecimiento. Sin enemigos internos que la aflijan, ofrece a todos el fruto con que el Dios Omnipotente quiso enriquecer a este fértil suelo de abundancia y de felicidad.

Los miserables restos de los salvajes unitarios, agobiados por sus crímenes, suscitan la execración pública del mundo contra los traidores que se entregan al extranjero.

Instruidos quedáis del estado actual de las reclamaciones pendientes de la Confederación ante el Gobierno Chileno, sobre robos de ganados de la Provincia de Mendoza por el cabecilla Juan Antonio Rodríguez y sus secuaces, su introducción y venta en Chile.

Habiendo el Gobierno, según os dio cuenta en su anterior mensaje, pedido al de aquella Provincia los datos e informes convenientes para tener en consideración en la ulterior correspondencia de este Gobierno con el le Chile, ha remitido el de Mendoza una sumaria indagatoria sobre robos hechos por algunos chilenos en la época de la rebelión del cabecilla Rodríguez. Y ha ofrecido enviar los demás in formes de que e ese respecto pudiera proveerse.

Le ha contestado este Gobierno haberse aplazado la discusión de este asunto para cuando se encontrase cerca del Gobierno de Chile. El Ministro Argentino nombrado.

Le ha prevenido nuevamente envíe tocios los demás datos que obtuviere sobre el mismo asunto, para dar, con vista de ellos y de la sumaria indagatoria recibida, las correspondientes instrucciones al enunciado Ministro.

En cuanto al cobro de talajes de parte del Gobierno de Mendoza, por las haciendas de individuos chilenos que pastaban en potreros de esa Provincia, de que ha reclamado el Gobierno de Chile, según os lo he anunciado, el de la Confederación ha pedido al de Mendoza le informe detalladamente sobre los hechos referidos por el Gabinete Chileno, y demás incidentes que hubiesen ocurrido a ese respecto, así como la medida de este Gobierno y que nuevamente le prescribía, de que se esmerase por su parte, con toda eficacia, en evitar cualquier desagradable conflicto, entre las autoridades cercanas argentinas y chilenas, dictando órdenes eficaces al logro de tan importante bien.

Participó el Gobierno de Mendoza que algunos ciudadanos chilenos, asociados en especulaciones de negocio, le habían dirigido propuestas de compra y de arrendamiento, en los terrenos planos de las costas del Río Grande y una parte de los valles de Cordillera, en las fronteras del Sur de dicha Provincia. Los valles estaban justamente en el territorio sobre que había intentado reclamo el Gobierno de la República de Chile, y cuya cuestión había dispuesto el Encargado de las Relaciones Exteriores remitir a los arreglos que deberían hacerse cuando el Ministro Argentino nombrado pasase cerca de aquél.

El de Mendoza había contestado negativamente a las propuestas de compra en la parte comprendida en aquellos valles y sobre los terrenos planos, había exigido a los empresarios que presentasen un plano topográfico de la extensión que solicitaban, para con su vista resolver definitivamente sobre sus propuestas.

Prescindiendo de las atribuciones que tenia declaradas por la Honorable Representación Provincial, para el repartimiento y enajenación de terrenos baldíos que pasasen a propiedad particular, creía muy necesario consultar previamente al Encargado de los Negocios Generales de la República si por la naturaleza del caso, o bajo las distintas vistas en que podía considerarse, atendidos los arreglos futuros de lo general, habría algunas instrucciones que recibir de este Gobierno, para proceder con conocimiento de antecedentes, en el presente y demás casos que pudiesen ocurrir.

Creía que la demarcación del territorio, perteneciente a cada una de las Provincias fronterizas, por la parte del Sur, sería una de las atribuciones del Gobierno Nacional, cuando se tomase en consideración este asunto de gravedad por su misma naturaleza.

Esas consideraciones lo habían inducido a dirigir al Encargado de las Relaciones Exteriores, esa breve insinuación, para que se dignase comunicarles sus vistas, y hacerlas servir en lo sucesivo de una regla, que protestaba tendría presente en todos los casos ulteriores.

El Gobierno halló esa consulta del de Mendoza acertada y correspondiente al caso, por comprender un asunto que afectaba íntimamente los intereses generales, las leyes orgánicas y el pacto federal de la República.

En las enajenaciones de una considerable extensión de tierras, y en tal forma como la que el Gobierno de Mendoza expresaba, debía tenerse presente, que en toda organización de Gobierno Federal, como el que tenía la República una de las provincias integrantes de la Nación, no podía por si sola enajenar una considerable parte del territorio nacional a gobiernos, o a una sociedad de particulares extranjeros, aunque parte de territorio formase el particular de la soberanía de dicha provincia,

En esto principios, que servían de base a las leyes fundamentales, no sólo de las demás naciones, regidas por el sistema representativo, se fundaba también el pacto federal de la República, fecha 4 de Enero de 1831.

Aunque el Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores y asuntos generales de la Confederación, podría en virtud de aquella autorización nacional, entender en este asunto, oyendo al de Mendoza, y a los demás de la República, en la misma forma, consideraba que no era conveniente, ni oportuno, tratar de las enunciadas proposiciones huelgas por algunos ciudadanos chilenos. No sólo obstaban a ello los inconvenientes predichos, sino que aun pendían para la oportunidad correspondiente los futuros deslindes de los límites territoriales respectivos de cada provincia de las que forman la Confederación: asunto solamente adecuado para un tiempo de profunda paz. Además, en esa misma época, únicamente podría ocuparse el Gobierno General de entender en el asunto de la propuesta enajenación y arrendamiento, y dar los pasos necesarios al efecto. Mediaban, por otra parte, en la actualidad las especiales circunstancias, ya de la turbulenta y criminal actitud de los salvajes unitarios emigrados en Chile, ya también de las contestaciones que pendían con el Gobierno de aquella República. Tales circunstancias por sí solas, además de los otros inconvenientes referidos, hacían absolutamente importuna y sobremanera perjudicial la consideración del asunto de enajenaciones territoriales, fuera de ser éste intrínsicamente en todos tiempos de la mayor gravedad y trascendencia.

Por lo tanto, resolvía el Encargado de las Relaciones Exteriores que no diera el Gobierno de Mendoza ulterioridad a las proposiciones que le habían elevado los enunciados súbditos chilenos, ni oyese cualesquiera otras de esa misma naturaleza, que en adelante pudieran ocurrir, refiriendo en cuanto a éstas de futura eventualidad, a los interesados con ellas, a la deliberación del Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores.

Este se dirigió al de Mendoza participándole haberse instruido por una nota del oficial de la Legación Argentina nombrado cerca del Gobierno de Chile, que el de Mendoza había dispuesto Se celebrara allí, de un modo distinguido, el día del cumpleaños del General Rosas.

Y le expresó que muy agradecido éste a los benévolos testimonios de aprecio y distinción, con que lo habían honrado en el día de su cumpleaños el Gobierno y la benemérita provincia de Mendoza los conservaría siempre en la mayor estimación. Mas los principios republicanos que profesaba y que deseaba mantener en toda su sencillez, por interés de la República y en conformidad a sus sentimientos y creencias personales, no le permitían admitir ninguna demostración especial a su persona.

Procediendo en consonancia con ellas, siempre había rehusado toda demostración, mis allá de la que acordaban las leyes para rodear al supremo Gobernante de un país republicano, del respeto y prestigio necesarios al desempeño de su misión pública y para conservar los primeros intereses de la sociedad. Persuadido de que sin el apoyo de la opinión pública el Gobierno, aun con poderes extraordinarios, es imposible, mayormente en países nuevos y en épocas e excepcionales, había buscado sólo en la opinión pública y en la protección de Dios. Nuestro Señor a una causa justa, los medios de salvar la República y de afianzar sólidamente su libertad, su independencia, sus instituciones republicanas, y aquel honor nacional, que era el fundamento de la felicidad y grandeza de los pueblos. Por más que deseara contemporizar con los deseos de sus compatriotas, ni le era dado sacrificar a consideraciones personales esos principios constantes de su vida pública, cuya: práctica y ejemplo, descendiendo desde los más elevados empleos y caracteres políticos instituidos por el voto de los pueblos contribuirían de un modo eficaz a conservar inalterable el régimen republicano, que impera en la Confederación.

Había penetrado que en las demostraciones eminentes, con que en distintas épocas y con diferentes motivos, lo habían honrado las Honorables Legislaturas y Gobiernos de las provincias de la Confederación, inclusa la de Buenos Aires, dominaba un pensamiento político, haciéndose por intérpretes tan elevados de la opinión nacional, una excepción de circunstancias, con el gran fin de robustecer la autoridad pública y de vigorizar los medios de conservación del país y defensa de la sociedad contra furiosos embates de la demagogia, de la traición de los salvajes unitarios y poderosas coaliciones extranjeras. A pesa, de eso, había reflexionado sobre los grandes principios republicanos, que podrían ser afectados desventajosamente con excepciones de esa clase y aventurado el ensayo de la fuerza de esos mismos principios, para buscar en ellos solos, los elementos de poder moral. Con grande satisfacción, por el honor inmortal que pertenecía a la República había visto acrisolarse, en una época extraordinaria el poderío de aquellos principios, y podido sostener con dignidad, sin mengua del bien público, el prestigio de las leyes, del orden y de la autoridad suprema, desviando del grande objeto nacional y americano, que se proponían los argentinos, todo lo que fuese personal y hallando en el juicio sensato de los gobernantes y de los pueblos, la apreciación verdadera de los grandiosos fines de sus esfuerzos en común y de los medios empleados en ese sentido.

Por estas consideraciones, tan conformes con los principios y sentimientos federales republicanos, que animaban dignamente al Gobernador y a la virtuosa provincia de Mendoza y de que con razón blasonaban todas las demás de la Confederación Argentina, el General Rosas no podía prestarse a admitir las distinciones a su persona, que el Gobernador de Mendoza se había dignado acordarle oficialmente y le rogaba, con el mas acendrado empeño, no fuesen reiteradas en la ulterioridad, ni se le acordasen, al nombrarlo, otros títulos que los ordinarios, y de uso en la República, respecto del Encargado de las Relaciones Exteriores y asuntos de paz y guerra de la Confederación.

El Gobierno de Mendoza contestó, que impuesto del tenor de la alta esclarecida nota de este Gobierno, se sentía sobrecogido de profunda admiración y respeto al ver la exposición que el Ilustre jefe de la Confederación se dignaba hacer de sus sentimientos de magnánimo republicanismo con motivo de las manifestaciones que el entusiasmo de aquel pueblo y de su Gobierno, no había podido menos de hacer en celebración del cumpleaños de tan ilustre y esclarecido personaje, honra de su Nación y de la América.

Las razones aducidas por el General Rosas para negarse a tan justos y merecidos homenajes, abundaban en la elevación y patriotismo republicano, que el mundo reconocía y acataba en su eminente persona como uno de los rasgos característicos de su grande y magnánimo genio, de su elevada y profunda marcha política, por la cual; después de haber salvado y glorificado a su patria, se había conquistado un nombre imperecedero en los anales de las jóvenes nacionalidades americanas. Dios recompensaría tan noble abnegación, tan generoso patriotismo, prolongando por largos años la preciosa vida del General Rosas, hasta que dejase definitivamente afianzado el porvenir y la prosperidad de su hermosa patria a quien él había devuelto todo el esplendor y grandeza de que era digna. Poseído el Gobernador de Mendoza de esos sentimientos, sólo se atrevía a alzar su humilde voz para acompañar al General Rosas en tan elevada exposición de principios, que reglaban su marcha republicana y patriótica y a asegurarle, que por su parte, procuraría en adelante conformarse a ellos, sin que por eso le fuese dado responder de su observancia, cuando llegara el caso de tan señalado aniversario, pues S. E. el Sr. General Rosas se haría cargo que no era posible siempre contener la explosión del entusiasmo y del amor de los pueblos hacia sus grandes benefactores, por más que éstos, por su modestia y patriotismo procurasen evitarlo. Sin embargo, procuraría obrar siempre en consonancia con las altas vistas del General Rosas y se sujetaría para cooperar a sus grandiosas miras y sentimientos, en todo cuanto estuviese en su poder.

Este Gobierno manifestó al de Mendoza, que el General Rosas altamente apreciaba los benévolos sentimientos y honoríficas expresiones que el Gobernador de Mendoza se servia manifestarle, por sí, y en nombre de aquella benemérita provincia, que tan dignamente presidía. Muy reconocido a los unos y a las otras, que sobremanera estimaba, y a la grata seguridad que aquél le ofrecía, de que haría lo posible para obrar siempre en consonancia con las vistas de este Gobierno, y se sujetaría en todo cuanto estuviese en su poder, para cooperar a las miras y sentimientos que se le habían manifestado, el General Rosas le rogaba muy encarecidamente se dignase no omitir medio alguno que fuera conducente a la perfecta realización de los vivos deseos de que ardientemente se hallaba animado, en cuanto a que no tuviese lugar en esa apreciable provincia demostración alguna en el día de su cumpleaños.

En mi anterior mensaje os he participado que la actitud pasiva del Gobierno de Mendoza, en cuanto a la rebelión ocurrida el la provincia de San Luis, había sido desaprobada por el Encargado de las Relaciones Exteriores, y con especialidad una carta del Ministro General Don Juan Moyano al cabecilla Jofré.

El Gobierno se dirigió al de Mendoza llamando muy especialmente su atención a dicha carta, gravemente atentatoria y criminal, de que se le adjuntaba copia legalizada. Tal carta, proclamando audazmente la sedición y la anarquía en la República, atacando con alevosía a su Gobierno General, y contribuyendo de la manera más indigna a la ejecución de los planes atroces de los salvajes unitarios y de la intervención anglofrancesa, constituía a Moyano en principal promotor del bárbaro escandaloso motín perpetrado en San Luis, y en reo de esa nación. Tanta mayor indignación excitaba ese atentado, tanto más exigía un ejemplar castigo, en desagravio de la República, y en preservación de sus supremos derechos e intereses, cuanto que el autor empleaba con sistemada falacia, un lenguaje peligroso e incendiario, abusando así del dogma de la soberanía popular, como del sistema representativo republicano, y pretendiendo convertirlos, por un juego de palabras y excitaciones deceptorias, en la befa de los revoltosos y un instrumento de desolación contra los sagrados derechos de los pueblos y de los gobiernos que ellos mismos habían establecido libremente en uso de su soberanía. Reagravaba tanta alevosía y desafuero, la circunstancia del elevado puesto que ocupaba su autor en aquella provincia y cerca de la benemérita persona del Gobernador de Mendoza.

A presencia de atentado tan inaudito, el Gobernador de Buenos Aires, como Encargado de las Relaciones Exteriores, asuntos de paz y guerra, y General en jefe de los ejércitos de la Confederación, declaraba a Moyano traidor a la sagrada causa federal a la libertad e independencia de la República, y esperaba que el Gobierno de Mendoza, instruido de esta declaración, de dicha carta y reconocida por el reo su autor la autenticidad de ella, procedería del modo correspondiente, en virtud de las leyes fundamentales y pacto federal de la Confederación, para el ejemplar castigo del traidor.

En vista de esto, el Gobernador de Mendoza se dirigió al Gobierno de la Confederación. justificando su conducta en aquellos desagradables sucesos e invocando su patriotismo federal y nobles sentimientos.

Le contestó este Gobierno apreciándolos en su verdadero valor, y le manifestó hallarse penetrado de que los sensibles errores que había advertido respecto de los acontecimientos en la provincia de San Luis, eran emanados del siniestro ánimo e intenciones reprobadas del ex Ministro Moyano.

Subsiguientemente abundó cerca del Encargado de las Relaciones Exteriores, en amistosas explicaciones, tendientes a sincerar su conducta. Y adjuntó documentos en pro de su franco proceder en aquel desagradable incidente.

Estimó el Gobierno debidamente esas explicaciones. Y le expresó que, removida ya la causa, la reprobada conducta del ex Ministro Moyano, y cuidando que jamás tuviesen lugar los inmundos funestos manejos de los salvajes unitarios, se restablecería naturalmente, y estrecharía cada vez más la fraternal armonía entre aquel Gobierno y el de San Luis como convenía a sus recíprocos intereses y a los de la Confederación.

Os instruí asimismo en el anterior mensaje haber el Gobierno ordenado a los de las provincias de la República aprehendieran y remitiesen a disposición del de San Luis los reos prófugos, autores en el escandaloso motín, que tuvo lugar en dicha provincia. Contestaron expresando cumplirían puntualmente esa resolución del Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores.

El de Mendoza participó haber puesto al criminal Astorga a disposición del de San Luis. El cabecilla Jofré había fugado a la República de Chile, burlando el vigilante celo con que se le había buscado para llenar con su captura el pacto federal. Y con relación al ex Teniente Coronel Romero, manifestó hallarse en la república chilena, después de un previo aviso de su marcha, cuando aun no tenía el Gobierno de Mendoza conocimiento de su criminalidad.

Dio también cuenta el Gobierno de Mendoza, que para enjuiciar al reo Moyano, había expedido inmediatamente el decreto de su deposición del Ministerio General de aquella provincia, quedando borrado de la lista militar, y nombrando al mismo tiempo un tribunal, que con suficiente autorización y facultades, sentenciase definitivamente y diera cuenta a aquel Gobierno.

Agregó que ese paso acreditaría su decidida obsecuencia a las justas disposiciones del Encargado de las Relaciones Exteriores, y su vivo, interés por la vindicta nacional, presentando así ante la Confederación un dato inequivocable de su celo por la majestad de su independencia y soberanía afectadas por un tan incendiario documento.

Con satisfacción se impuso el Gobierno del preceder del de la provincia de Mendoza; y le expresó su conformidad con sus acertadas medidas, dignas de sus honrosos antecedentes, patriotismo y virtudes.

Posteriormente adjuntó copia legalizada de la causa seguida al reo Moyano; de la sentencia del tribunal, condenándolo a seis años de destierro fuera de la República, con pérdida de sus empleos civiles y militares: de la aprobación de dicha sentencia por el Gobierno de Mendoza, y de la ejecución que tuvo a las veinticuatro horas.

El Encargado de las Relaciones Exteriores le contestó, quedar instruido del eficaz patriótico esmero, con que, en cumplimiento de sus deberes, había procedido, de conformidad a lo resuelto por este Gobierno General, al ejemplar castigo del ex Ministro Moyano.

De la causa resultaban, por las propias declaraciones y confesión del reo, aun más en trasparencia, su facilidad para caer en la red que le habían tendido los salvajes unitarios y su sediciosa traidora conducta. El menor castigo que podía aplicársele, por clemencia y miramiento a sus anteriores servicios, era el que justamente se le había aplicado; para cuyo efecto el Gobierno de Mendoza había dictado muy acertadas disposiciones que el de la Confederación aprobaba plenamente, así como todos los pasos de aquél.

Fue circulada esta correspondencia a los Gobiernos de las provincias de la República. Y prestaron expresivamente la debida obsecuencia a aquel acto de justicia, tan reclamado por el honor y crédito de la Confederación.

El Gobierno de Mendoza comunicó detalladamente, a fines del año próximo pasado, la sensible desinteligencia que existía entre él y el de San Luis, después del escandaloso motín que había tenido lugar en esta última provincia contra su gobierno legal; la falta por parte de este, del cumplimiento de las medidas que anteriormente tenían acordadas para repeler las agresiones de los indios ladrones, y los fuertes derechos que en su tránsito por San Luis pagaban los traficantes con Mendoza. Y solicitó de este Gobierno las medidas que creyese oportunas para remediar esos males.

Le contestó que el estado desagradable de las relaciones entre el Gobierno de Mendoza y el de San Luis, prevenía de hechos lamentables de que ya se había ocupado este Gobierno en su correspondencia anterior, relativa al escandaloso motín ocurrido en San Luis. La actitud pasiva del de Mendoza; la sediciosa e inaudita carta del ex Ministro Moyano al cabecilla Jofré; la protección que éste y su cómplice Astorga habían hallado en la campaña de Mendoza, eran hechos que naturalmente habían debido alarmar al Gobierno de San Luis, y crearle las más penosas impresiones, obligándolo a dirigir al de Mendoza quejas que de ninguna manera podían calificarse de avanzadas, visto el origen que tenían, y la causa que las motivaba. De ese estado le cosas había surgido también su hesitación sobre los acuerdos anteriores entre ambos gobiernos para contener a los indios ladrones: concierto que sólo podría cimentarse en la mutua confianza. De ahí provenía también la disonancia sobre los demás incidentes que el Gobierno de Mendoza expresaba. Era natural y consiguiente que removida la causa, cesasen también sus sensibles efectos; mucho mas desde que el Gobernador de Mendoza por su parte, y el de San Luis por la suya, procediesen como era de su deber, en conformidad a las vistas y órdenes de este Gobierno, restableciéndose así la mutua confianza y armonía a cuyo efecto se instruiría documentadamente al de San Luis.

En cuanto a los fuertes derechos de tránsito que el de Mendoza expresaba, este gobierno se había ocupado en general de ese asunto en su mensaje anterior, y se refería a lo que en él había manifestado.

Era de esperarse, que atendidas y llevadas a efecto, por ambos Gobiernos, respectivamente, las disposiciones del Encargado de las Relaciones Exteriores, sobre los hechos que causaban las diferencias, ellos cesarían, restableciéndose luego las cordiales relaciones que aquellos hechos habían perturbado, ocasionando incidentes sensibles, y perjudiciales a los intereses en general de la Confederación, y a los particulares de cada una de esas dos provincias.

Así que fuese reconocido el resultado de la citada anterior correspondencia de este gobierno, y de las órdenes contenidas en ella, procedería ulteriormente como correspondiese. Y bien penetrado de las sanas intenciones del de Mendoza, agradeció las benévolas expresiones con que aquél lo favorecía.

Esta correspondencia fue circulada a los Gobiernos confederados. La acogieron con respetuosa aceptación.

Amistosa y dignamente contestó el de Mendoza. Expresó se honraba, y se honraría siempre, en recibir las órdenes que el Encargado de las Relaciones Exteriores le transmitiese. En igual sentido honroso contestó el gobierno de San Luis.

El de Mendoza dio cuenta documentadamente de haberse dirigido al de San Luis, pidiéndole se sirviera dar las órdenes convenientes para que fuesen aprehendidos cincuenta y tres soldados desertores de la fortaleza de los Molles, que se habían refugiado en la provincia de San Luis.

Expuso que desde el establecimiento de aquélla había empezado a sentirse alguna deserción, casi consiguiente en una fuerza nueva, en punto inhabitado y careciendo de ciertas comodidades y recursos, que sólo podía proporcionarlos el trabajo mismo de la tropa. Que como el Gobierno de San Luis no había tenido por conveniente establecer la que antes convino con el de Mendoza situar en las inmediaciones del río Desaguadero, había sido fácil a los soldados desertores, pasando el río, internarse al territorio de San Luis, donde se habían creído exentos de toda pesquisa.

Esas y otras razones más que presentaba a la consideración del Encargado de las Relaciones Exteriores, lo habían inducido a dirigirse al gobernador de San Luis con la solicitud enunciada; y suplicaba a este gobierno se dignase aprobar el paso que había dado en preservación de los intereses de la provincia de Mendoza.

El Encargado de las Relaciones Exteriores, aprobó su conducta, e instruyó de esta correspondencia al de San Luis.

Este en respuesta le significó no habría obstáculo que pudiese entorpecer por su parte las superiores disposiciones dadas para satisfacer la reclamación hecha por el gobierno de Mendoza, sobre la captura y entrega de los indicados desertores.

Del mismo modo instruyó el Gobierno de Mendoza haberse dirigido al de San Luis solicitando la captura y entrega de cinco individuos de tropa desertores de la fortaleza de los Molles, y refugiados en el territorio de San Luis, agregando que el gobierno de dicha provincia no había contestado aún a su anterior reclamo.

En respuesta el Encargado de las Relaciones Exteriores lo instruyó haber llamado la atención del gobierno de San Luis a lo que sobre ese delicado y serio asunto de desertores le había dicho anteriormente

El de Mendoza agradeció esta contestación del gobierno general y el de San Luis expresó había dispuesto la captura y entrega de todos los desertores de la provincia de Mendoza, que se hubiesen introducido en la de San Luis, con sus armas, y demás útiles que pudiesen ser recaudados. Que había trasmitido esa disposición al conocimiento del gobierno de Mendoza.

Este instruyó nuevamente que la deserción continuaba con el mismo escándalo que anteriormente se había realizado. Esa triste perspectiva lo había puesto en la necesidad de dirigirse otra vez al gobierno de San Luis con la nota que adjuntaba en copia legalizada.

Que después de los desagradables incidentes que habían alejado la confianza recíproca de ambos Gobiernos, después de la satisfacción y explicaciones que sobre aquellos sucesos el gobierno de Mendoza había tenido el honor de dar al Gobierno Supremo de la Nación, nada había ocurrido que pudiese alterar la fraternal armonía de las dos provincias. Lejos de ello, respetando como era de su deber, las sabias patrióticas insinuaciones del Jefe Supremo de la Nación, había hecho todo lo posible por restablecer la buena inteligencia con el gobierno de San Luis. A ese fin lo había invitado nuevamente a la realización del anterior concierto sobre el establecimiento de dos fuerzas en las inmediaciones del Desaguadero, a cuya insinuación el gobierno de San Luis no había creído conveniente acceder.

Poco tiempo después se había presentado en Mendoza, con objeto de desempeñar las diligencias particulares, un Capitán perteneciente a la División Auxiliar de San Luis y habiendo manifestado al gobernador de Mendoza que allí existían algunos desertores de San Luis, se le había contestado que señalara cuales eran, para ordenar inmediatamente su captura y entrega, a fin de que los condujera hasta ponerlos a las órdenes del gobierno de San Luis. El Capitán no había querido que dichos desertores fuesen aprehendidos, expresando no tener orden de su gobierno para reclamarlos, ni recibirse de ellos.

Últimamente el Comandante de los Molles había dado aviso de habérsele presentado un desertor del ejército de San Luis. Le había ordenado lo conservase en estricta prisión para entregarlo a las órdenes del gobierno de San Luis, a quien se había dado el competente aviso.

El de Mendoza no había omitido ningún medio, aunque no el sacrificio de su dignidad, para presentar una fraternal amistad con el de San Luis. Tenia, sin embargo, que lamentar la falta de interés con que éste había recibido su reclamación; y dejaba al Encargado de Relaciones Exteriores dictar la resolución, que en su elevada sabiduría encentrase compatible con el bienestar de la provincia de Mendoza.

El gobierno le contestó esperaba que las observaciones del de Mendoza al de San Luis, serían suficientes a cimentar entre ambos gobiernos los sentimientos de cordialidad y de recíproca consideración, tan necesarios entre las primeras autoridades de dos provincias Confederadas y limítrofes, para prevenir los males inherentes a un estado de desavenencia o de frialdad. Los deberes de los gobernantes estaban bien trazados en el pacto federal; y el Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores y de los asuntos generales de la Confederación Argentina, no podía dejar de recordarlos en esa ocasión al gobierno de San Luis, con referencia al asunto principal que motivaba la correspondencia del de Mendoza.

A la vez instruyó documentadamente de ella al de San Luis. Al hacerlo, llamó su atención sobre el hecho grave de la tolerancia y abrigo que encontraban en aquella provincia los desertores de las tropas de Mendoza.

El Encargado de las Relaciones Exteriores no podía ser indiferente a tal procedimiento, que sólo produciría por efecto desagradable, la mala inteligencia entre provincias limítrofes, y la impunidad de esos criminales desertores, que aflojando todos los lazos de la disciplina militar, relajaban el servicio, incitando a los fieles servidores a seguir su funesto ejemplo. Esa consecuencia era tanto más de sentirse, cuanto que la indiferencia de los Gobiernos de las provincias confederadas sobre ese punto, seria una violación del pacto federativo, por cuyo artículo 7° se habían comprometido a no dar asilo a ningún criminal que se acogiera a una de ellas, huyendo de las otras por delito cualquiera que fuese, y a ponerlo a disposición del Gobierno respectivo que lo reclamara como tal. Que el de Mendoza, al solicitar del de San Luis los desertores que nombraba, había usado de ese derecho, y era de esperar que el Gobierno de San Luis, atendiendo los urgentes motivos que el Encargado de las Relaciones Exteriores detallaba, dictaría las medidas necesarias para que esos desertores fuesen presos y entregados en segura custodia al de Mendoza, y también las correspondientes a fin de que, en lo futuro las autoridades subalternas de la provincia de San Luis no los tolerasen en sus respectivos departamentos, e hicieran igual remisión de esos criminales al territorio de Mendoza, para que sufriesen el debido castigo, dispuesto como estaba el Gobierno de dicha provincia a emplear igual reciprocidad.

El Encargado de las Relaciones Exteriores estaba en la persuasión de que el Gobierno de San Luis se posesionaría de la justicia y necesidad de esa medida, en la que se interesaban las relaciones fraternales de esas dos provincias limítrofes y los intereses generales de la Confederación.

El Gobierno de Mendoza expresó sentía debidamente todo el deber de gratitud que pesaba sobre él, por la atención que el Gobierno General se había dignado prestar a sus reclamaciones relativas a los asuntos que tenia pendientes con el de San Luis, y se complacía en asegurar, que la medida adoptada por el Encargado de las Relaciones Exteriores, era más que suficiente para restablecer por su parte con el Gobernador de San Luis, la cordialidad y recíproca consideración que el Gobierno General esperaba muy oportunamente ver cimentada entre ambos gobiernos y de las cuales nunca se había separado el de Mendoza.

El Gobierno General podía estar seguro que por parte del de Mendoza, jamás se debilitaría la sinceridad de los fraternales sentimientos, que el Encargado de las Relaciones Exteriores expresaba debían reinar entre las primeras autoridades de dos provincias confederadas y limítrofes; como igualmente que la paz ni el orden general de la nación nunca sufrirían por su culpa el menor menoscabo, pues tenia por norma de conducta el pacto federal, y los altos ejemplos de prudencia y magnanimidad, que habían caracterizado siempre la marcha del Encargado de las Relaciones Exteriores.

Oportunamente avisaría los resultados que hubiesen tenido las disposiciones transmitidas por este Gobierno al de San Luis, y en todos los casos adheriría fielmente a todo lo que fuese de la resolución del Encargado de las Relaciones Exteriores.

El Gobernador de la provincia de San Luis contestó adhiriendo a las observaciones de este Gobierno. Explicó detalladamente los motivos por qué no había procedido a ordenar la captura y remisión al Gobierno de Mendoza de los desertores reclamados. Expresó que, para llenar debidamente las supremas disposiciones del Encargado de Relaciones Exteriores, no habría obstáculo que pudiese estorbarle la medida de entregar al Gobierno de Mendoza los desertores que se encontrasen en la provincia de San Luis, y que asimismo se girarían las órdenes consiguientes para la captura de cualesquiera otros que se asilaran en ella, los que serían entregados a la dependencia a que correspondiesen. E hizo simultáneamente algunas observaciones respecto de la satisfacción a que se creía con derecho, y que consideraba debía darle el Gobierno de Mendoza, por ofensas en la época del ex Ministro Moyano.

Este Gobierno significó al de San Luis había mirado con satisfacción la seguridad que le daba, de que cumpliría estrictamente con las órdenes sobre la entrega al de Mendoza de los desertores reclamados.

Le agregó, que algunas impropias expresiones de que usaba el de San Luis en su última correspondencia, habían causado al Gobierno General un serio desagrado, que no podía prescindir de manifestarle. Con tal motivo, le expuso que, llamados todos los gobiernos confederados, por su interés recíproco, a mantener relaciones de amistosa confraternidad, el de San Luis invocando que tal era su designio, aparecía, por su citada correspondencia, disintiendo de ese espíritu en que debía abundar.

Desde que el Encargado de las Relaciones Exteriores resolvió sobre las divergencias en que los gobiernos de las provincias de San Luis y Mendoza se encontraron, con motivo del escandaloso motín que tuvo lugar en la primera, ordenando el enjuiciamiento del ex Ministro General de Mendoza, y remisión de los cabecillas principales autores de dicho motín, como lo había ejecutado el Gobernador de Mendoza, el de San Luis había alcanzado cumplidamente la satisfacción que le era debida, terminándose así ya de todo punto tan desagradable incidente.

Cualquiera nueva exigencia seria significativa de muy inconvenientes prevenciones, a que no podía ser impasible el Encargado de las Relaciones Exteriores, quien debía propender a la conservación de la buena inteligencia y fraternales relaciones entre los gobiernos y provincias de la República.

Grato me es anunciaros, que después de esa correspondencia, los gobiernos de las provincias de Mendoza y San Luis marchan en cordial armonía y fraternidad.

Ambos gobiernos, en cumplimiento de las estipulaciones del pacto federal, se han entregado recíprocamente los desertores de una y otra provincia.

El de Mendoza impuso un justo castigo al oficial de la fortaleza de los Molles, que traspasando los límites de aquella provincia, en persecución de desertores, había violado el territorio de San Luis.

El General D. Nazario Benavides dio conocimiento de su reelección para el mando supremo de la provincia de San Juan. Expresó que la Honorable Legislatura había tenido a bien reelegirlo.

Que profundamente reconocido al elevado voto de confianza que le han acordado sus conciudadanos, se había resuelto a continuar desempeñando tan delicado y poderoso encargo, muy superior a su capacidad. Los sublimes ejemplos de acendrado patriotismo, sabiduría y prudencia con que el Excmo. Gobierno de Buenos Aires, Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, había señalado todos los actos de su ilustrada política, y el acertado tino con que le han secundado los Excmos. gobiernos de las provincias confederadas, le servirían para modelar su marcha administrativa y coadyuvar en unión con ellos, a sostener la sagrada causa federal, la libertad e independencia nacional.

El Gobierno le contestó haberse complacido vivamente al instruirse del elevarlo acierto con que la Honorable Legislatura lo había reelecto para el mando gubernativo.

Cordialmente complacido felicitaba al esclarecido General D. Nazario Benavides, por la honorífica confianza que le han acordado sus conciudadanos, manifestada explícitamente por la Honorable Representación; le deseaba el más cumplido acierto y ventura en su noble tarea y le ofrecía su más decidida cooperación en sostenimiento de la sagrada causa federal y la libertad e independencia nacional, que un uniformemente han jurado defender los pueblos de la República contra los salvajes unitarios y sus infames colaboradores extranjeros,

Y le agradeció las expresiones benévolas con que lo favorecía, cuando le aseguraba modelaría su marcha administrativa por los ejemplos de patriotismo que han señalado los actos de su política, retribuyéndole con encarecido interés la protesta que le dirigió de los sentimientos de su invariable confraternidad.

En 1847 el Reverendo Obispo de San Juan se dirigió al Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores, instruyéndolo documentadamente de las desagradables diferencias ocurridas entre el Cura párroco interino de Concepción, el Provisor y Vicario General de aquella diócesis y otros secularizados, que desempeñaban destinos eclesiásticos en la provincia de San Juan, con motivo de desobediencia del primero al Provisor y Vicario General, alegando para ello la falta de exequátur del Gobierno General, al boleto de secularización que había obtenido de Su Santidad; falta en que también habían incurrido otros sacerdotes de la misma provincia, sobre que le había representarlo el Provisor.

Estos sucesos, agregó el Obispo de San Juan, habían producido entre aquellos fieles un lamentable escándalo. Para precaver tan inmensos males y cortar de raíz los abusos que en adelante pudieran suscitarse, perturbando la tranquilidad del estado eclesiástico y el reposo de la conciencia de sus Ministros, consultó al Gobierno General sobre si los documentos credenciales de los regulares secularizados se comprendían en el pase, o exequátur que establecen los artículos 1° y 2° del decreto de 27 de Febrero de 1837, sin embargo de haber sido ejecutoriados, o si debían reputarse como puramente del fuero interno de la conciencia, que se exceptúan por el artículo 3° del mismo.

El Obispo había suspendido del ejercicio de sus funciones, mientras se obtuviese la resolución de este Gobierno, a los secularizados que estaban desempeñando destinos eclesiásticos.

El Gobierno pidió informe al Reverendo Obispo de esta diócesis, e instruyó documentadamente al Gobernador de San Juan.

En circunstancias que este asunto recibía la debida sustanciación aquel Gobierno contestó transmitiendo detalladas informaciones. Impuso circunstanciadamente de las ocurrencias que habían ocasionado la desinteligencia en el clero de aquella provincia y de la conducta observada por el Gobierno de San Juan. Excusó el error involuntario en que había ocurrido cuando otorgó el pase al título del nombramiento del Vicario General, sin recordar que éste había sido secularizado, sin que su boleto hubiese obtenido el exequátur del Gobierno General.

y concluyó asegurando que la cuestión entre el Provisor y el Cura de Concepción, no había causado alteración alguna en la tranquilidad de la provincia de San Juan.

El Gobierno le contestó que oportunamente le comunicaría su resolución final.

Hallándose en estado de recibirla, el Encargado de las Relaciones Exteriores ha declarado por punto general lo siguiente:

Los boletos de secularización, para que tengan Fuerza legal, necesitan el exequátur del Gobierno Encargado de la dirección suprema de los asuntos nacionales de la Confederación Argentina.

En especial también lo necesitan los boletos que han motivado la consulta del Obispo de San Juan.

Los agraciados con la secularización, o con bulas, breves y rescriptos pontificios, emanados mediata o inmediatamente de Su Santidad, como también los rescriptos que motivaron la consulta del Obispo de San Juan, han estado y están en el deber de pedir el exequátur de sus respectivos breves, bajo la responsabilidad del artículo 4° del decreto de 27 de Febrero de 1837, excepto aquéllos cuyo contenido toque solamente al fuero interno de la conciencia.

Los breves, rescriptos y demás documentos pontificios; exceptuados del exequátur en el artículo 3° del citado decreto, solamente son los expedidos por el Tribunal de la Penitenciaría, con su particular sello, cuando emanan directamente de la Curia de Roma y cuando provienen de algún delegado de Su Santidad, son aquellos breves y rescriptos que si viniesen directamente de Roma, habrían sido expedidos por el expresado tribunal, y que tienen por objeto tranquilizar la conciencia individual, sobre algún crimen, o impedimento oculto del que ha impetrado el documento, sin que éste surta, ni deba, ni pueda surtir efecto alguno, en fuero externo.

Todas las demás bulas, breves, rescriptos y cualquiera otros documentos, emanados directa o indirectamente de la Curia Romana, requieren el exequátur del Gobierno Nacional, para su válida ejecución y para su lícita permanencia en el poder de los interesados.

Y siendo esta una declaración auténtica del decreto de 27 de Febrero de 1837, que tiene por tanto el carácter y Fuerza de un decreto general dispuso su inserción en el Registro Oficial. Comunicó íntegro el expediente formado sobre tal asunto, al Gobierno de San Juan, como también a los de las demás provincias de la Confederación; al Reverendo Obispo de la diócesis de Buenos Aires (al de San Juan) y al Senado del Clero, ya por el carácter nacional que el citado decreto y aquella declaración invisten, ya por la alta importancia de la materia sobre que recaen, ligada esencialmente con la soberanía de la República y con los fueros de la independencia nacional.

Los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy y San Juan, han recibido esta disposición del Gobierno General con la correspondiente obsecuencia y expresiva adhesión.

El de Entre Ríos avisó el correspondiente recibo.

Los de Corrientes, Córdoba, Catamarca y San Luis avisaron el recibo, expresando darían a esa suprema resolución, el más puntual y debido cumplimiento.

El de Salta ordenó, además, por un decreto especial, fuese publicada y cumplida en el territorio de su mando.

Comunicó el de Tucumán, que para dar a aquélla el debido cumplimiento, la había mandado publicar por la prensa y dispuesto fuesen dirigidas comunicaciones especiales a las autoridades eclesiásticas de mis alta jerarquía de aquella provincia.

El de Mendoza dio cuenta de haber expedido un decreto señalando término para la presentación de los rescriptos de los seculares de la provincia, y circulándolo a todos los euros párrocos de ella, para su debido efecto.

El Reverendo Obispo de San Juan a visó el recibo, expresando que, plenamente inteligenciado del supremo decreto fecha 20 de Junio último, que marca el sendero que debe seguirse en adelante, en los casos que de esta naturaleza ocurran se había propuesto darle el más puntual cumplimiento.

El Reverendo Obispo de la Diócesis de Buenos Aires. Dr. D. Mariano Medrano, contestó en expresiva y honorable comunicación, quedar instruido de la justa y equitativa resolución que sobre este asunto se había servido adoptar el Excmo. Sr. Gobernador Capitán General de la provincia. Encargado de la dirección suprema de los asuntos nacionales, Brigadier D. Juan Manuel de Rosas y que le prestaría por su parte, en lo que le concierne, la debida observancia.

El Presidente del Senado del Clero avisó el correspondiente recibo. El Gobernador de la provincia de San Luis comunicó haber sido llamado nuevamente al ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de ella por cinco años.

Sin mengua del honor y sin traicionar los sentimientos de patriotismo que le caracterizan, había rehusado sobrellevar por más tiempo, sobre su débil capacidad, tan penoso como delicado encargo; pero penetrado de ka fuerte convicción de que ningún obstáculo era suficiente para oponerse al imperioso llamamiento que demandan las caras exigencias de la patria, en lo que no le era posible excusar ni el más precioso don de la vida, se vio obligado a prestarse sumiso y obediente a la voz uniforme de sus conciudadanos; y con este motivo poder contribuir sin ninguna reserva a formar una fuerza irresistible contra los atroces enemigos de la sagrada causa nacional de la Federación e independencia americana, los salvajes unitarios y sus aliados, injustos ominosos extranjeros, procurando constantemente secundar las eminentísimas marchas del Excmo. Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores, Brigadier General D. Juan Manuel de Rosas, infatigable sostenedor de los sacrosantos derechos de la gran causa americana, soberanía e independencia de la República Argentina, que dignamente preside.

Le era grato cumplir con el deber de reiterar al Gobierno General su promesa, de que el de San Luis no reservará caso alguno para consolidar las relaciones de fraternal amistad, que indisolublemente lo ligan hacia el Excmo. Gobierno General de la Confederación Argentina, y demás de los pueblos que la componen y que perseverantemente dedicará su celo y vigilancia al verdadero afianzamiento del dogma político e independencia nacional, que se ha jurado sostener, bajo la sabia dirección del Excmo. Gobierno Encargado de los asuntos nacionales.

El Gobierno le ha contestado, haberse complacido vivamente al ser impuesto del acertado tino con que ha procedido la Honorable Representación de esta benemérita Provincia, al reelegir para el mando gubernativo de ella al General D. Pablo Lucero, que dignamente la manda. Cordialmente lo ha felicitado por la alta honorable confianza que ha merecido de sus conciudadanos, explícitamente expresada por el órgano de sus dignos representantes. Y deseándole el más completo acierto y prosperidad en el elevado puesto para que ha sido nuevamente electo, le ofrece la más eficaz cooperación en sostén de la estabilidad de la sagrada causa nacional de la Federación e independencia de la República y de la América, que todos los pueblos confederados han jurado sostener, contra los salvajes unitarios y sus ominosos colaboradores extranjeros.

El Gobierno ha felicitado al de San Luis por un triunfo glorioso, obtenido recientemente contra una división de indios ladrones, que invadió a esa apreciable provincia y que ha comunicado detalladamente a este Gobierno.

El Gobernador y Capitán General de la provincia de Córdoba, esclarecido General D. Manuel López, comunicó haber elevado con la correspondiente nota a la Honorable Junta de Representantes de esa provincia el mensaje de este Gobierno a la vigésimasexta Legislatura, fecha 27 de Diciembre de 1848.

Aquella Honorable Junta de Representantes había tomado en consideración ese clásico documento contestando por el órgano de su Presidente al Ejecutivo de esa provincia en nota respectiva de que acompaña copia, acordando por aclamación de sus honorables miembros al Gobernador y Capitán General de la benemérita provincia de Buenos Aires, el voto de gracias más expresivo, por la firmeza, dignidad y acierto con que, a despecho de poderosas naciones del viejo mundo, coligadas con los salvajes unitarios, por medio de la cruel e inhumana intervención anglofrancesa, sostenía incólumes los sagrados derechos de la patria, su honor, libertad e independencia americana.

Intensamente penetrado el Gobierno de Córdoba del infatigable desvelo con que el de esta provincia había correspondido, y correspondía a la ilimitada confianza que la de Córdoba depositó en su patriotismo, saber y virtudes republicanas, con inmensa satisfacción unía sus votos a los de la Honorable Legislatura de la misma, expresando por ellos, al cumplir con el grato deber de trasmitirlos a este gobierno, el intenso reconocimiento conque los hijos de ese país mirarían los elevados y muy distinguidos servicios del Gran Rosas a la patria: admirando hasta las edades venideras la incontrastable e ilustrada marcha, eminentemente patriótica, federal y americana de ese ilustre magistrado. El Cielo continuase sus favores iluminándola como hasta allí con la antorcha sagrada de la razón, de la justicia, y de la libertad, ante cuyas aras tributaba el gobierno de Córdoba ese sincero homenaje de sus profundos confraternales sentimientos.

La indicada comunicación, de la Honorable Junta de Representantes de la provincia de Córdoba expresaba haberse instruido aquella corporación del mensaje que había pasado a la vigésimasexta legislatura de la provincia de Buenos Aires el Gobernador y Capitán General de ella, Encargado de las Relaciones Exteriores y de los Negocios de paz y guerra de la Confederación Argentina, Ilustre Brigadier General y en Jefe del ejército unido de la misma, D. Juan Manuel de Rosas.

Los Representantes de esa provincia se habían instruido detenidamente de tan importante y clásico documento, y llenándose de inmensa satisfacción al mirar consignados en él, y brillante de esplendor, las glorias de su patria. Bajo la sabia dirección del eminente americano, el Ilustre General Rosas, alzaba la Confederación Argentina su frente gloriosa y feliz, contemplando, después de los azares de una larga y sangrienta lucha, firmemente asegurada la libertad e independencia.

El odioso abuso de la fuerza de las naciones más poderosas del mundo, se había estrellado contra la heroica firmeza y dignidad del Gran Rosas. Firme en la justicia de su causa, y en la conciencia de su triunfo, porque estaba afianzado en la voluntad nacional, había cubierto de eterna inmarcesible gloria a la Confederación, y establecido un precedente de alto honor e importancia para la América toda, descubriendo el secreto de su incontrastable poder, toda vez que se apoyase en la justicia y en el sentimiento de su independencia y honor nacional, tan profundamente grabados en los corazones americanos. El desengaño de los gobiernos de Europa sería una saludable lección para el mundo, de la cual reportaría la América los mas copiosos frutos en favor de sus derechos tan frecuentemente menospreciados e invadidos en nombre de la humanidad y civilización europea.

A los eminentes servicios de ese Ilustre Defensor de los derechos del país, debía la Confederación Argentina tantos beneficios; a ellos igualmente se debía el firme paso con que todos los pueblos marchaban a su organización nacional, objeto de tan penosos sacrificios para la República, y odioso pretexto para los inicuos planes de destrucción que habían desplegado en su seno los salvajes unitarios con escándalo del mundo.

A ese respecto, si bien sorprendía la salvaje tenacidad con que estos cobardes enemigos trataban de turbar la paz de los pueblos con sus alevosas y ocultas maquinaciones, no era menos satisfactorio y consolador ver la vigilancia y profunda sabiduría can que el ilustre argentino desbarataba sus planes y perseguía sus odiosos autores en defensa del pacto federal que habían jurado sostener las provincias como la base de su futura felicidad.

La Honorable Sala de Representantes, profundamente reconocida a los eminentes servicios que con tanto patriotismo como sabiduría, rendía al país el Encargado de las Relaciones Exteriores, elevaba sus fervientes votos al Cielo para que continuase dispensándole su protección y asistencia en el desempeño de tan difícil como importante encargo que gravitaba sobre sus hombros. Con ese motivo la Honorable Sala de Representantes reiteraba con toda la efusión de su confianza el ofrecimiento que otras veces había hecho de someter sin reserva la provincia entera, sus vidas, haberes y fama, en defensa de los derechos de Soberanía, Independencia y Libertad Nacional, tan acertadamente confiados al virtuoso republicano que presidía sus destinos. La Honorable Sala deseaba asociarse a sus sacrificios para participar de su gloria.

En conformidad de estos sentimientos había acordado por aclamación la Honorable Sala un voto expresivo de gracias al Gobernador y Capitán General de la provincia de Buenos Aires, Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, Ilustre Restaurador de las Leyes, Brigadier General don Juan Manuel de Rosas, por la conducta eminentemente patriótica y sabia, que había observado en favor de la Confederación Argentina, y por los importantes bienes debidos a sus virtudes republicanas, y a los incesantes desvelos que había consagrado con tanta eficacia al bien de la República.

Impuesto el gobierno de tan honoríficos e interesantes documentos, expresó al de Córdoba el profundo interés con que se había instruido, así de su muy apreciable nota, como de las copias que había servido incluir a ella. Bien persuadido había estado siempre este gobierno y el General Rosas, del ardiente patriotismo federal de los dignos hijos de esa provincia, y del sincero aprecio que hacían, y decidida cooperación que prestaban a la marcha del Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, en la gloriosa defensa de la dignidad e independencia nacional, centra la injustificable intervención europea y salvajes unitarios sus abyectos siervos. Y era por eso que tenía la mas agradable satisfacción en aceptar, el gobernador de Buenos Aires Encargado de las Relaciones Exteriores General Rosas, el muy estimable voto expresivo de gracias que la Honorable Junta de Representantes de esa benemérita provincia se había dignado acordarle, y en retribuírselo cordialmente con la ingenua expresión de su más acendrado reconocimiento.

No menos satisfactorio le era manifestar al gobierno de Córdoba su sincera gratitud por la unión de sus votos expresivos a los de la Honorable Legislatura. Y al hacerlo, se complacía también en darle vivos agradecimientos por las benévolas expresiones con que lo favorecía, y que le retribuía con el más íntimo fraternal afecto.

El Gobernador de Córdoba manifestó al Encargado de las Relaciones Exteriores que por más que deseaba no distraer sus muy importantes atenciones contraídas a negocios de vital interés de la Confederación, se atravesaban asuntos de tal naturaleza que no podía dejar de ponerlos en su alto conocimiento.

El Presbítero D. Salustiano de la Bárcena, aunque preciado con pertenecer a una familia federal y por cuya circunstancia más de una vez había sido tolerado en faltas notables, desatinadamente cometidas por él, había ejecutado la mayor de todas, las más punible.

Para la solemne función de Nuestra Señora del Rosario había pedido el sermón que era de costumbre en tal festival predicarse anualmente, so pretexto de promesa que tenia. En tal concepto el Prelado del Convento de Predicadores se lo había encomendado, y permitídole subiese al púlpito. Puesto en él, no había tomado por materia de su oración panegírica, sino las más torpes y audaces invectivas e insultos a todas las clases del Estado, del Gobierno abajo, ingiriendo especies las más calumniosas contra ese pueblo, llegando su desafuero fanático al extremo de declarar la ausencia de los ex jesuitas, como uno de los mayores males, según se instruiría el Encargado de las Relaciones Exteriores por la adjunta copia autorizada de la circular suplicatoria que había dirigido el gobernador de Córdoba a los de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, al tomar la medida de extrañar de esa provincia dicho Presbítero Bárcena y a su colaborador Dr. Felipe Cortés de la misma familia.

Este gobierno ha considerado acertada la medida de destierro que el de Córdoba adoptó con los enunciados Presbíteros Bárcena y Cortés

El gobernador de la provincia de Santa Fe decretó elevadas y generosas demostraciones en honra del General Rosas en el día de su natalicio. Este le manifestó apreciar altamente las honrosas demostraciones que había tenido a bien acordarle. Se creía muy feliz en ser objeto de una benevolencia que sobremanera estimaba y de que conservaría siempre un grato recuerdo. Mas sus principios, y la conveniencia, del país, no le permitían admitir ninguna demostración especial, mis allá de las que acordaban las leyes para rodear a los supremos gobernantes de los pueblos republicanos, del respeto y prestigio necesarios al desempeño de su misión pública, y guarda de los primeros intereses de la sociedad. Entonces la soberanía del país recibía los supremos honores en la persona de su y primer mandatario; pero la celebridad de un aniversario personal era de distinta naturaleza y el General Rosas, aunque vivamente lo agradecía, como una señal muy distinguida de íntimo afecto y sincera amistad, no podía menos que desear no fuese reproducida en adelante, y rogaba con encarecimiento al gobernador de Santa Fe, se dignara prestarse deferente a ese deseo íntimo, que abrigaba el General Rosas, en fuerza de sus invariables convicciones.

Aquel esclarecido gobernador contestó, haberse instruido de la nota de este gobierno con la mayor satisfacción imaginable al ver en su contesto reproducidos los nobles y grandiosos sentimientos, del más puro y sublime republicanismo, que en todo tiempo habían reglado la conducta honorable, así pública como privada, del eminente esclarecido argentino que preside los destinos del país. Los vehemente sinceros deseos que manifestaba el General Rosas, porque se excusasen en adelante las demostraciones especiales, con que el pueblo santafecino había celebrado su cumpleaños y la expresiva súplica dirigida a aquel gobierno a ese objeto, eran hechos inequívocos, que presentaban en su claro brillo la escrupulosa ejemplar observancia, que prestaba el General Rosas a los elevados principios que había profesado siempre, y que eran tan propios de su corazón magnánimo y generoso. Mil y mil veces había resplandecido ese desprendimiento singular, y esa modestia incomparable con que, rehusando aceptar los muchos y más que merecidos honores, que se habían consagrado a su ilustre persona, había puesto de manifiesto la pureza y desinterés de su patriotismo republicano, y la firme resolución de no separarse jamás de la senda designada por esas invariables convicciones.

Mas el gobernador de Santa Fe al ordenar la limitada demostración que había tenido lugar el 30 de Marzo, ni podía desconocer por un instante esos sentimientos delicados del General Rosas, y tan dignos de su grande alma; ni proponerse por consiguiente ofrecerle, en ese acto de regocijo público, un homenaje que sonsonara con sus deseos, siendo que el General Rosas había patentizado constantemente, que la única gloria, el sólo honor a que aspiraba su noble corazón, era la de rendir a la Patria todos sus servicios. Otras razones poderosas habían causado aquella disposición. Había atendido aquel gobierno a los reclamos imperantes de una gratitud inmensa y eterna, como la que abrigaba hacia el Gran Rosas, y que reconocían en todos y cada uno de los ciudadanos santafecinos, por los invalorables, a la par que innumerables beneficios, que del General Rosas había recibido esa provincia, en varias y muy señaladas épocas fuera de los que disfrutaba en participación con las demás de la Confederación Argentina, a favor de la sabiduría y celo con que el General Rosas dirigía los negocios generales de la República. Había atendido asimismo a la voz bien pronunciada de un pueblo que, buscando empeñoso alguna ocasión de ostentar su reconocimiento, había observado espontáneamente, desde años atrás, la práctica de celebrar con vivo entusiasmo .el día del General Rosas, para acreditar en cuanto le era posible, que jamás minoraría su intensa gratitud al argentino a quien debía tantos bienes, y al que contaba con orgullo entre los ciudadanos de esa provincia desde el año de 1823.

Con estos motivos, cuya justicia no desconocería el General Rosas y en la firme persuasión en que se hallaba aquel gobierno, de que las demostraciones particulares hechas a un ciudadano de mérito tan distinguido, tan relevante y extraordinario, como lo era el eminente Rosas, en el concepto de la República toda, de la América y del mundo civilizado, no podía contrariar los más rígidos principios republicanos, si bien eran capaces de herir la moderación sincera del General Rosas, era que había fundado la orden expedirla el 30 de Marzo. Y por las mismas razones era que, aun cuando aquel gobierno se complacía en deferir a los modestos deseos del General Rosas, no seria sin pesar que se abstuviese en adelante de iguales demostraciones tan justificadas por el sentimiento que las inspiraba, como debidas a las grandes virtudes del General Rosas. Y que en adelante no se verían repetidas las manifestaciones que hasta allí habían tenido lugar en esa provincia en el cumpleaños del General Rosas.

El gobierno contestó al de Santa Fe, que el General Rosas agradecía altamente las afectuosas honoríficas expresiones con que lo favorecía elocuentemente significativas de la muy obligante adhesión de la benemérita provincia de Santa Fe, y de su digno gobernador hacia su persona. Las estimaba en alto grado, como también los amigables sentimientos que lo habían inducido a las finas demostraciones especiales, hechas en el día del cumpleaños del General Rosas.

Muy íntimamente penetrado éste de la deferencia con que el gobernador de Santa Fe había acogido su encarecida solicitud, de que no fuesen en adelante reproducidas esas demostraciones, le expresaba a la recomendable provincia, que tan dignamente manda, su acendrado reconocimiento por aquella benévola deferencia.

Y que igualmente era muy satisfactorio al General Rosas, recordar con un sentimiento de grande aprecio, la honrosa distinción que le había acordado en 1823 la virtuosa provincia de Santa Fe, entre otras que obligaban toda su gratitud hacia ella, y su digno gobierno.

El Gobernador y Capitán General de Tucumán dio conocimiento de su reelección, para la primera magistratura, por los dignos Representantes de aquella benemérita provincia.

Aseguró con benévolas explicaciones, que nada le sería más satisfactorio que continuar mereciendo la cordial amistad, que el Encargado de de las Relaciones Exteriores había siempre dispensado a los fieles servidores de la Confederación.; y que a ese fin, serían encaminados todos sus actos, en la misma forma y con igual decisión, que lo habían sido hasta entonces.

Creía robustecer y garantir sus promesas, con el solo recuerdo de la política firme que la República, y el Encargado de las Relaciones Exteriores le habían visto seguir durante ocho años, en sostenimiento de la Santa Causa de la Federación y de la Libertad e Independencia Nacional contra el bando rebelde y feroz de traidores salvajes unitarios, y contra la odiosa intervención europea, que había perpetrado, y protegido en América, crímenes sin cuento en desprecio de las leyes particulares de dos países libres y de las generales que rigen al mundo civilizado.

El gobierno lo felicitó por la justa, y bien merecida reelección que la digna Honorable junta de Representantes de aquella benemérita provincia había hecho en su recomendable persona, para regir sus destinos. Esa reiterada elección era una prueba clásica de los esclarecidos méritos que adornaban, al enunciado gobernador; y una garantía eficaz de los grandes bienes que esperaba esa provincia hermana de su patriótica e ilustrada administración.

La República mucho tenía que aplaudir el acierto de aquella Honorable Legislatura: y en la distinguida persona del General D. Celedonio Gutiérrez, siempre su celoso y firme defensor de la Santa Causa de la Federación Argentina, de sus prerrogativas, y un obstáculo invencible para las nefandas tramas de los salvajes unitarios, esclavos envilecidos de la intervención extranjera.

Para el Encargado de las Relaciones Exteriores era de la mayor satisfacción saber que el Gobernador y Capitán General de la provincia de Tucumán se había prestado sumiso a la decisión de los dignos Representantes de ella. Sus relaciones políticas y cordial amistad, para con aquel gobernador, habían sido siempre guiadas por los principios más puros de patriotismo y de franqueza; y seguirían en la misma forma, para bien de ambas provincias y mayor enaltecimiento de la dignidad y honor de la Confederación.

El gobierno de Tucumán propuso a la Honorable Legislatura y ésta sancionó una ley, rebajando por mitad los derechos de tránsito que se pagaban por los animales y frutos de la Confederación, que pasen por aquella provincia.

Este gobierno ha mirado con vivo aprecio e interés, tan importante ley, muy honrosa a esa benemérita provincia, a su Honorable Junta de Representantes, y a su digna actual administración.

La misma Honorable Legislatura, a propuesta de aquel gobierno, sancionó una recomendable ley, en protección del comercio nacional.

El Gobierno General se ha instruido con mucha complacencia de aquella patriótica resolución.

Como ella podía rozarse también con los intereses generales de la Confederación en cuanto al comercio exterior con las Repúblicas fronterizas, y aunque la valora en sus muy justificados patrióticos objetos, se reserva manifestar oportunamente al Gobierno Tucumano, en caso necesario, lo que pudiera ser más conveniente en la ulterioridad sin perder de vista la conveniencia general que hay para toda la Confederación, y para cada una de sus provincias, en que el comercio afluya por su propio territorio a esta ciudad.

También honra a la provincia de Tucumán, a su gobernador y al Ministro General, el patriótico empeño con que han emprendido la interesante obra de la Iglesia Matriz.

El Gobernador Delegado de la Provincia de Salta participó detalladamente un escandaloso motín ocurrido en Jujuy contra su gobierno legal. Los amotinados habían sorprendido alevosamente en su casa, a mano armada, al gobernador legal, y puéstolo en prisión con su antecesor.

Y que un suceso tan escandaloso, en que habían figurado salvajes unitarios, despertaba el activo celo del gobierno de Salta. Su gobernador propietario había marchado con una fuerte división en auxilio del de Jujuy, de acuerdo con las disposiciones y principios del Gobierno General de la Confederación.

Este le manifestó haber sido acertada y conforme la conducta del Gobernador y Capitán General de la provincia de Salta, para establecer la autoridad legal de Jujuy derrocada por un escandaloso motín en que habían figurado salvajes unitarios.

Subsiguientemente el mismo Gobierno Delegado participó el restablecimiento del legal de la provincia de Jujuy, felicitando por este acontecimiento al Encargado de las Relaciones Exteriores.

Aceptó éste con viva satisfacción las patrióticas federales felicitaciones que le dirigía por el feliz restablecimiento del Gobernador de Jujuy a su legítima autoridad, mediante la eficaz cooperación de la división auxiliar de la benemérita provincia de Salta.

Los gobiernos de las de Tucumán y Santiago del Estero, más cercanas a las de Jujuy, se pronunciaron decididamente contra los amotinados y en favor del restablecimiento del Gobierno legal. Ha aplaudido el Encargado de las Relaciones Exteriores tan patriótica y digna resolución.

Documentadamente instruyó el Gobierno propietario de Salta de la correspondencia que había seguido con el de la República de Bolivia, con motivo del anuncio que éste le había hecho de la completa pacificación de Bolivia, alcanzada con el triunfo de “Yamparaez” y de un reclamo del mismo, de fondos de dicha nación, en pastas de oro y plata, que decía introdujeron a aquella provincia los emigrados, en noviembre del año anterior, mandando, a efecto de recoger dichos fondos, una comisión acreditada ad hoc cerca del Gobierno de Salta.

Este le contestó había prestado benévolos oficios para el desempeño de su comisión a los individuos enviados con el objeto expresado, por el de Bolivia.

El secuestro de los fondos reclamados por éste, no había podido tener lugar. Habían sido invertidos por los comisionados del Gobierno, que en aquel entonces mandaba en Bolivia.

El Encargado de las Relaciones Exteriores aprobó la conducta del Gobierno de Salta. Y en cuanto a la contestación que éste había dado al de Bolivia, a la participación que le hizo de la paz de aquella república el Oficial Mayor encargado del Ministerio del Gobierno boliviano, le observó había debido expresarle, que procedía, luego de su recibo, a elevarla al conocimiento del Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación y que al avisar al Oficial Mayor el recibo de su nota, era grato al Gobierno de Salta expresar sus sinceros deseos por la paz y felicidad de Bolivia.

Comunicó en la misma forma, la correspondencia que había seguido con el de Bolivia con ocasión de haberle hecho éste algunas manifestaciones respecto de los acontecimientos políticos que se desenvolvían en aquella República, y de varias medidas que había adoptado para hostilizar al partido contrario que entonces disputaba el poder en aquel Estado.

Había creído de su deber, en la estricta neutralidad que le era prescripta, respecto a los acontecimientos y gobernantes en Bolivia retribuirles el titulo que ellos mismos se daban y aceptar sus protestas de un modo general, en cuanto tendiesen a buenas relaciones y recíproca benevolencia con el Gobierno de Salta, observando las reglas del derecho de gentes con absoluta prescindencia del origen de su autoridad, y posición más o menos fuerte que ocupasen, estimando conformarse de este modo adecuadamente a las disposiciones dictadas en casos análogos por el Encargado de las Relaciones Exteriores; pero que si sufriese alguna equivocación en esa máxima que se había propuesto, o en su aplicación en tal caso suplicaba encarecidamente a este Gobierno, se dignase ilustrarlo sobre el particular, bajo el concepto de que cualquier error a ese respecto, era involuntario, siendo su anhelo expedirse con acierto.

Le contestó el Gobierno que, por el derecho público interior de la Confederación Argentina, y por el externo de gentes en el caso y en otros de igual naturaleza que ocurriesen, durante los disturbios en Bolivia, lo que correspondía era, que diese cuenta a este Gobierno para resolver lo que fuere justo y conveniente, sin contestar otra cosa a las autoridades de cualquier modo en ejercicio en Bolivia, que un puro y simple aviso de haber referido el asunto al Gobierno General de esta República, expresándoles también que a este Gobierno General habían debido dirigirse, y no al de Salta. que sólo era particular de dicha provincia. Aun en los casos normales de un solo Gobierno, indisputablemente establecido en Bolivia, correspondía que él se dirigiese al Encargado de las Relaciones Exteriores, y no a los gobiernos provinciales; y que el de Salta refiriera a la resolución de este Gobierno todo asunto que, de aquel modo indebido y abusivo, le fuere sometido por el boliviano, indicándole cual era el órgano y suprema autoridad competente a que debía dirigirse.

El Gobierno de Salta, en contestación, adhirió plenamente a las observaciones del Encargado de las Exteriores, como siempre dispuesto al puntual cumplimiento de sus órdenes.

Participó el mismo Gobierno el decreto que había expedido, levantando, en protección del comercio argentino, a un veinticinco por ciento el derecho de las mercaderías que se introdujesen a aquella plaza con procedencia de puertos extranacionales.

Agregó sentía la más viva satisfacción al ofrecer a este Gobierno en dicha medida, un testimonio nada inequívoco de su patriotismo, del interés que le animaba en favor de la Confederación Argentina, y cordial adhesión al ilustre jefe que la preside.

Le contestó apreciar íntimamente la prueba de patriotismo e ilustración que había dado, al expedir este importante decreto y las benévolas expresiones que se servia dirigirle y que agradecía de la manera más expresiva.

Le observó que como aquel decreto podía rozarse también con los intereses generales de la Confederación en cuanto al comercio exterior con repúblicas fronterizas, y aunque este Gobierno lo valoraba en sus muy justificados y patrióticos objetos, se reservaba, sin embargo, manifestar oportunamente al de Salta, en caso necesario, lo que pudiera ser mas conveniente en la ulterioridad, sin perder de vista la conveniencia general, para toda la Confederación y para cada una de sus provincias, de que el comercio afluyese por su propio territorio a esta ciudad.

El Gobierno tenia en contemplación y no perdería de vista, contraerse oportunamente y según se lo fuesen permitiendo sus inmensas atenciones a ir empleando todos los medios posibles de favorecer el comercio nacional y su tránsito de las provincias hasta esta ciudad y de ella para aquéllos, del modo menos oneroso posible a las conveniencias de dicho comercio y a la prosperidad de la Nación; objetos importantes, a que entre tanto, el Gobierno de Salta había empezado a contribuir patriótica mente por dicho decreto, debiendo cooperar a los mismos todos los Gobiernos de la Confederación, en la respectiva órbita de sus atribuciones. Posteriormente participó haber prorrogado hasta el 1° de Enero de 1860 la ejecución del enunciado decreto.

Dio cuenta documentadamente de la seducción y plan de motín, que se fraguaba en los departamentos de Yruya, San Andrés y Santa Victoria, comprendidos en la Tenencia de Orán, correspondiente a la provincia de Salta, con el objeto de segregar de ella dicha parte de su territorio y agregarlo a la de Jujuy, y de la correspondencia a que había dado lugar ese desagradable acontecimiento entre los gobiernos de Salta y Jujuy.

El encargado de las Relaciones Exteriores pidió los correspondientes informes al de Jujuy. Y entre tanto recomendó a ambos la más escrupulosa precaución contra las maquinaciones alevosas de los salvajes unitarios. Subrepticiamente, de acuerdo con su bárbaro sistema, habían procurado, procuraban y procurarían siempre que les fuese posible, sembrar la desunión entre los gobiernos confederados, con el siniestro fin de hacer brotar la anarquía. Por los documentos sometidos a su examen observaba que los salvajes unitarios habían puesto en práctica en aquella provincia sus nefandos manejos, intentando la rebelión en los departamentos mencionados.

La cuestión entré dichas provincias, sobre la pertenencia de éstos, debía considerarse en la verdadera oportunidad correspondiente.

Funesto era y de fatal trascendencia para el bien de la República, y unión fraternal de sus gobiernos, la tolerancia por parte de ellos, de motines en algunos departamentos, pretendiendo separarse de una provincia para agregarse a otra.

Y significó su confianza de que las precedentes consideraciones serian valoradas por ambos gobiernos.

Dio conocimiento de esta correspondencia a los de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.

Los de Salta y Jujuy adhirieron a las procedentes observaciones del Encargado de las Relaciones Exteriores.

El segundo incidentalmente agregó que, aun cuando los departamentos en cuestión pertenecían a aquella provincia por títulos incontrovertibles, las observaciones de este Gobierno respecto de mantener la buena armonía y fraternidad entre Jujuy y Salta, serían estrictamente cumplidas y que reservaría las cuestiones pendientes sobre límites entre ambas provincias, para mejor oportunidad, como el Encargado de las Relaciones Exteriores lo recomendaba, muy acertada y prudentemente.

El Gobierno apreció las fraternales declaraciones que hacía el de Jujuy, y dio conocimiento de esta correspondencia al de Salta.

Este en respuesta presentó una reseña de los hechos que habían tenido lugar anteriormente para la sublevación de los departamentos enunciados y de la participación que atribuían en ellos al Gobierno de Jujuy: agregando detalladas observaciones sobre los títulos que poseía la provincia de Salta a aquellos departamentos. Y manifestó su adhesión a lo dispuesto por el Gobierno general.

El Encargado de las Relaciones Exteriores vio con toda complacencia la fraternal recomendable disposición del Gobierno de Salta hacia el de Jujuy, y a secundar las vistas y disposiciones del Gobierno general. Lo refirió a lo que anteriormente le había manifestado, sobre los manejos de sedición, modo y tiempo oportuno de resolverse las cuestiones de límites, respetándose entre tanto el actual estado de cosas. Y le expresó que en dicha oportunidad tendría presente sus títulos para tenerse en vista, con los opuestos, si los hubiese, cuando llegare ese tiempo.

Subsiguiente mente el de Salta se dirigió, sobre este mismo asunto, al Encargado de las Relaciones Exteriores, e incluyó documentos de que resultaban graves cargos al de Jujuy, en el plan de motín y seducción, en jefes y oficiales de los departamentos enunciados.

En tal emergencia esperaba que la justicia del Encargado de las Relaciones Exteriores le dictase la conducta que debía observar, por su propia conservación y bien general de la República, con respecto al Gobierno de Jujuy.

Le contestó el Gobierno que, hallándose dirimido el asunto por las manifestaciones de este Gobierno y correspondiente aquiescencia de los de Salta y Jujuy a ellas, el Encargado de las Relaciones Exteriores, con el mismo espíritu y a fin de evitar en la ulterioridad sucesos tan desagradables como ese, había dirigido al de Jujuy la nota de que le incluía copia autorizada.

En ella, al participar esta correspondencia al Gobierno de Jujuy, llamó especialmente su atención a los fuertes cargos que resultaban contra el antecesor del actual Gobernador, en los enunciados tan impropios e inconvenientes manejos para obtener el desmembramiento de varios departamentos de la provincia de Salta y agregación de ellos a la de Jujuy.

Le expresó miraba dichos cargos con mucho desagrado, porque las cuestiones de límites y pertenencias territoriales, entre las provincias de la Confederación, cuando se suscitasen dudas o dificultades, debían tratarse fraternalmente por comunicaciones o arreglos, entre cada uno de los gobiernos de las provincias interesadas, con conocimiento del Gobierno general; y en caso de no convenirse entre sí, debían deferir el asunto a la resolución del mismo Gobierno General, y esperarla, manteniendo entre tanto tranquilamente las cosas y territorios disputados, en el mismo estado de posesión en que se encontrasen, sin 1llnovar cosa alguna por violencia o astucia.

Tampoco era la oportunidad de tratar esas cuestiones, porque se necesitaba traer a la vista todos los títulos respectivos, ya de la demarcación de límites en tiempo de la dominación española, que estaba vigente, ya las modificaciones que habían ocurrido en todo el período desde 1810 hasta la actualidad, por pactos y deslindes entre las provincias, por convenciones públicas entre ellas; con la sanción de toda la República. Pretender decidir ese punto por sediciones y por las armas, sería en cualquier tiempo un atentado de lesa nación, y con especialidad cuando todas las fuerzas nacionales debían contraerse a la defensa de la independencia e integridad de la Confederación.

Esas consideraciones de justicia y deber patriótico, debían pesar mucho en el ánimo ilustrado del Gobernador de Salta y de los demás de las provincias de la Confederación, como que ellas afectaban virales intereses de la República y de cada una de sus provincias.

Habiendo el Encargado de las Relaciones Exteriores circulado a las provincias confederadas la correspondencia habida con el de la República de Chile, con motivo de la turbulenta conducta que desde allí despliega el salvaje unitario Sarmiento, pretendiendo seducir a un benemérito jefe argentino, y de sus incendiarios folletos contra la Confederación y su Gobierno, de que ya estáis instruidos; el de la provincia de Salta, en contestación incluyó copia del decreto que había expedido prohibiendo en ella la comunicación epistolar con aquel degradado traidor y la circulación de sus inmundas publicaciones .

Manifestó el Gobierno de Salta su satisfacción por ello y haber sido acertada y digna de él, la justa medida que había tomado contra aquel rebelde y encarnizado enemigo de la Confederación.

Participó el de Salta al Encargado de las Relaciones Exteriores, la accidental mansión en esa provincia de un jesuita, por causa de enfermedad, en su tránsito a Bolivia y que penetrado de los fraudulentos medios de que podían valerse los jesuitas, encarnizados enemigos de las sociedades políticas, con el objeto de esparcir el oculto veneno de sus máximas, no lo habría consentido un solo instante en esa permisión, si no hubiese estado convencido de lo grave de la enfermedad de aquel jesuita. No podía tener miramiento de otra clase con individuos de ese instituto, pernicioso y funesto de jesuitas, que por otra parte se habían declarado enemigos del ilustrado Gobierno de la Confederación Argentina.

Le contestó éste, era de su aprobación el modo como había procedido el de Salta, atendida la grave enfermedad del jesuita, no dudando que aquel Gobierno, según correspondía y lo indicaba, estaría a la mira de la conducta de dicho transeúnte y lo haría salir de la provincia que lo permitiese su salud.

El mismo Gobierno expidió un honroso y conveniente decreto, favoreciendo, con la rebaja de derechos, a los aguardientes y vinos, de productos de las provincias de la Confederación.

Consultó al Encargado de las Relaciones Exteriores sobre un permiso que le había solicitado el salvaje unitario Manuel Sola, para volver a esa provincia por tres meses, para arreglar asuntos particulares. Expuso haberle contestado que no correspondiéndole concederlo, lo ponía en conocimiento del Encargado de las Relaciones Exteriores de la República, para su resolución. E informó que dicho Sola no había ofrecido motivo alguno de queja a aquel gobierno, en todo el tiempo de su emigración, ni en dos meses que había residido en esa provincia.

El gobierno le manifestó, no haber obstáculo alguno por su parte, que se opusiese a la concesión del permiso solicitado y aun de un indulto al referido suplicante, si en el juicio del gobernador de Salta existiese la convicción de haber abjurado aquél sus errores pasados.

El ciudadano D. Pedro Castañeda participó su elevación a la primera magistratura de la provincia de Jujuy, Protestó que su marcha sería estrictamente ajustada a la política del Encargado de las Relaciones Exteriores y de los demás gobiernos de la República; y que no omitiría sacrificio alguno para sostener a toda costa el honor, dignidad y derechos nacionales, contra las violentas agresiones europeas y contra el bando salvaje unitario.

Lo felicitó el gobierno vivamente, por la digna elección que la Honorable Legislatura de la provincia de Jujuy había hecho en su distinguida persona para ejercer la primera magistratura de ella.

No dudaba se empeñaría en llenar dignamente sus altos deberes y en cooperar con el Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, a cimentar el honor y dignidad nacional, atacados por una injusta intervención europea y a conservar el orden interior, haciendo impotentes las maquinaciones de los traidores salvajes unitarios.

A tan importante objeto le ofreció toda su cooperación deseándole el mejor acierto en su carrera administrativa.

Subsiguientemente dio cuenta del escandaloso motín en Jujuy contra su gobierno, por la acción maléfica de algunos salvajes unitarios; - de la prisión del gobernador actual y de su antecesor, por los amotinados; y de la libertad de ambos y restablecimiento de la autoridad legítima, a consecuencia de haberse aproximado la división auxiliar de la provincia de Salta, a las órdenes del gobernador de ella.

Expresó serle grato el deber de manifestar al Encargado de las Relaciones Exteriores, que las fuerzas auxiliares de Salta, habían llenado la misión que impone el pacto federal de la República, con ejemplar moralidad, prontitud y ardoroso patriotismo, aleccionando a los impunemente a las autoridades legales, en los pueblos argentinos.

El Encargado de las Relaciones Exteriores presentó al gobierno de Jujuy y a esa benemérita provincia las más íntimas congratulaciones por el feliz restablecimiento de la autoridad legítima, y destrucción del criminal escandaloso motín, que estalló por la acción maléfica de algunos salvajes unitarios, contra el primer magistrado de Jujuy y su gobierno.

Le significó haberse complacido sobremanera cuando el gobernador de Salta dio cuenta que, en cumplimiento del pacto federal de la Confederación del 4 de Enero de 1831, al frente de una respetable división de fuerzas de dicha provincia, iba a cooperar al restablecimiento de la autoridad legal del de Jujuy, y al escarmiento de los amotinados. Por la nota de éste, le había sido asimismo muy satisfactorio observar, que la presencia de la división salteña, a las órdenes del gobernador de dicha provincia, fue suficiente para que, amedrentados los rebeldes, depusiesen las armas y restablecieran al gobernador de Jujuy en el mando.

En vista de lo sucedido, el Encargado de las Relaciones Exteriores llamó la atención de éste hacia el deber e imperiosa necesidad en que se hallaba de vigilar sobre los salvajes unitarios, contener firmemente sus maquinaciones y castigar cualquier atentado a que se arrojasen, tanto contra esa provincia de Jujuy, como contra otras de la República, e intereses generales de la Confederación.

Le dio también conocimiento, documentadamente, de la correspondencia recibida del Gobierno de Salta, relativa a los salvajes unitarios que existían en Jujuy.

El gobierno ha cambiado otra correspondencia con los gobernadores de las provincias de Salta y Jujuy, sobre una cuestión de indemnizaciones, por los gastos que ocasionó el equipo de la división auxiliar de Salta, que cooperó al restablecimiento del gobierno legal de Jujuy.

Ambos gobernadores expusieron detalladamente el caso y sus respectivas razones.

El gobierno les contestó habían procedido como correspondía y acertadamente, consultándole sobre tal incidente.

Bien conocía el Gobierno General, que las erogaciones que el de Salta se vio obligado a hacer para aprestar la división auxiliar, debían haberlo colocado en las circunstancias embarazosas que detallaba en sus notas al de Jujuy; más no podía adherir a su juicio de que el gobierno de Jujuy procurase eludir su reclamación. Si fijaba el de Salta su atención en una nota del de Jujuy, hallaría que éste no desconocía la justicia del reclamo y solamente representaba el estado exhausto en que se hallaba su erario, hasta el grado de no alcanzar a atender las primeras exigencias de la provincia, aplazando por lo tanto el pago que reclamaba el gobierno de Salta, para la época en que desapareciese ese inconveniente, previa la presentación de la correspondiente cuenta instruida y documentada.

Este proceder del gobierno de Jujuy no arrojaba la más leve idea de que procurara eludir el pago reclamado por el de Salta. Lo que pedía era una moratoria, por causa de necesidad y la comprobación del crédito, para cuando le fuera posible ocuparse de su pago. En ese punto, por un motivo de justicia y equidad por la organización fundamental de la Confederación Argentina, que establecía y sancionaba la comunidad de deberes contra el enemigo común, no solo era lícito al gobierno de Jujuy solicitar la moratoria por causa de necesidad, no sólo correspondía que el de Salta, le mirase con fraternal consideración, sino que también, en cuanto a esa circunstancia y al fondo mismo del asunto, nunca debía perderse de vista, que los gastos hechos por el gobierno de Salta se habían aplicado a un objeto, de que resultaba una positiva ventaja a aquella benemérita Provincia, dignamente mandada por su actual gobernador, por su contigüidad a la de Jujuy, donde había sido sofocado, por el esfuerzo de ambas provincias, el maléfico e inicuo amotinamiento, perjudicial a entrambas respectivamente y a la nación en general. También debía tomarse en consideración el bien que en tales casos resultaba a toda la República, al que en emergencias idénticas cooperarían alternativamente todas y cada una de las provincias que la integraban, según el paraje más o menos próximo a cada una, en que se desenvolviesen los sucesos. Así la provincia de Buenos Aires había contribuido y contribuía siempre con sus armas contra los salvajes unitarios, enemigo común de la Confederación, ya en Santa Fe, ya en Entre Ríos, ya en Corrientes y en otras provincias cuando había sido necesario, cumpliendo en ello las obligaciones que le ligaban como miembro de la Nación Argentina por el pacto federal. Así la provincia de Entre Ríos había cooperado para la conclusión de los salvajes unitarios en Corrientes.

Esa estructura orgánica de la Confederación, esos deberes establecidos por su pacto federal y la práctica observancia que de ellos se había hecho, debían tenerse en justa e ilustrarla consideración en el caso por el gobernador de Salta.

El artículo 40 del tratado de paz, entre las provincias litorales fecha 25 de Enero de 1822, citado por el gobierno de Salta, en su correspondencia con el de Jujuy, de ningún modo era aplicable al asunto Dicho artículo expresaba lo siguiente:

“Ligan los mismos deberes contra todo poder americano, que pretenda usurpar por las armas los sagrados derechos detallados en el artículo 1°: en cuya virtud si alguna, o todas las demás provincias de la Nación, atacaren con fuerza a cualquiera de las cuatro amigas, se les harán por todas en unión las más senas y formales protestas sobre su agresión, y caso de ser desatendidas, irán en su auxilio las otras tres, facilitando más a la invadida, todos los recursos que necesite, que deberán satisfacerse por ésta concluida la guerra, a los plazos que se estipulen.”

Ese artículo ni era aplicable al caso, ni estaba vigente como estipulación que hubiese sido adoptada en el tratado del 4 de Enero de 1831. No era aplicable, porque se refería a la defensa común de las provincias litorales contra todo poder americano, o contra los ataques de alguna, o de todas las demás provincias integrantes de la Nación Argentina, y no al caso de rebelión y ataque de un enemigo de toda la República, y de cada una de sus provincias en particular, como lo era el bando traidor y antinacional de los salvajes unitarios. Tampoco estaba en vigor, porque esa estipulación y otras del tratado del 25 de Enero de 1822, enteramente habían caducado, de derecho y de hecho, por las posteriores del tratado fundamental de la Confederación, fecha 4 de Enero de 1831. La única parte de los anteriores tratados y convenciones públicas entre las provincias de la Nación, que se había declarado subsistente por el artículo 1° del tratado de 4 de Enero de 1831, era aquélla en que se había estipulado en los anteriores tratados, paz firme, amistad, y unión estrecha y permanente, y en que se había reconocido libertad, independencia, representación, y derechos provinciales, de cada uno de de los miembros, de cada una de las provincias de la Confederación. También expresamente se hallaba abolida la citada estipulación del tratado de 25 de Enero de 1822, por el artículo 13 del de 4 de Enero de 1831, en cuyo espíritu se comprendía al caso en cuestión, estableciéndose el deber de cada provincia de auxiliar ampliamente a la invadida, y dejándose al cargo y acuerdo de cada una de las provincias auxiliares, la suma de dinero con que para ese caso debía contribuir cada provincia, e imponiendo además la obligación, de que las tropas enviadas en el carácter de auxiliares, fuesen bien vestidas, armadas y municionadas. Dicho artículo 13 del tratado de 4 de Enero de 1831 era del tenor siguiente:

“Si llegase el caso de ser atacada la libertad e independencia de alguna de las tres provincias litorales, por alguna otra de las que no entran al presente en la federación, o por otro cualquier poder extraño, la auxiliarán las otras dos provincias litorales, con cuantos recursos y elementos están en la esfera de su poder, según la clase de la invasión, procurando que las tropas que envíen las provincias auxiliares sean bien vestidas, armadas y municionadas, y que marchen con sus respectivos jefes y oficiales. Se acordará por separado la suma de dinero con que para este caso debe contribuir cada provincia.”

Aunque en este artículo no se determinaba, ni había podido determinarse en especie, el caso de los ataques de los salvajes unitarios, genéricamente se hallaba designado en el de cualquier poder extraño, porque el bando de salvajes unitarios, segregados por sus crímenes de toda conexión o interés con la República, coligado con los enemigos extranjeros de ésta, formaba una entidad extraña, y opuesta a los intereses y derechos más vitales de la Confederación, y de cada una de sus provincias. Una rebelión, un motín de ese bando heterogéneo a la existencia, a la libertad de la República, e instrumento en el interior de ella, de los ataques e impulsos de los enemigos extranjeros, constituían un caso que no podía menos de considerarse previsto en la citada estipulación del tratado del 4 de Enero de 1831, mayormente desde que era un hecho, el unánime consentimiento, y continuada práctica de todas las provincias Confederadas a ese respecto.

Por estas razones, el Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores consideraba propio y equitativo, tanto como noble y patriótico, que el de Salta concediese al de Jujuy una prudente y fraternal moratoria, Y también la posible disminución respecto del crédito, ya que nada más podía hacer en ese caso, atento el estado del erario de Salta. De ese modo podrían ambos gobiernos, no sólo arribar a un satisfactorio acuerdo, sino también estrechar con recíproca honra- y conveniencia, la más cordial confraternidad. Creía también este gobierno, que en el caso futuro del arreglo de dicho crédito, y cuando llegase la oportunidad de ser abonado por el gobierno de Jujuy, debía el de Salta documentar la prudente y equitativa cuota que hubiera de satisfacerle el de Jujuy: paso que era de conveniente regularidad, Y conforme a la marcha que observaba invariablemente el Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores, así en los asuntos puramente domésticos de la provincia de Buenos Aires, como en los nacionales.

Los gobernadores de Salta y Jujuy, adhirieron respectivamente, con ilustrado discernimiento, e interés patriótico, a esas manifestaciones del gobierno general.

El gobierno dirigió a los de Salta y Jujuy, para su conocimiento, copias autorizadas de la contestación que dio al de Bolivia, y que os ha referido ya, acerca de la queja deducida por el gobierno boliviano respecto de los de las provincias de Jujuy y Salta atribuyéndoles connivencia en las maquinaciones contra aquella república de los emigrados de ella, asilados en duchas provincias y solicitando del Gobierno General las medidas que el de Bolivia detallaba. Al mismo tiempo, este Gobierno previno al de Salta lo siguiente:

“Como respecto a la conducta que debe V. E. observar con dichos emigrados, está V. E. debidamente instruido por la nota de este Gobierno del 24 de Diciembre de 1847, reiterada por otras, fechas 6 y 7 de Febrero de 1848, y a 5 de Agosto del corriente año, el Excmo. Señor Gobernador no solamente las reproduce por la presente, sino que ordena también a V. E. que del modo más activo y eficaz haga retirar puntualmente, y sin excepción alguna, a la provincia de Tucumán, o a cualquiera otra de las demás de la Confederación a los emigrados bolivianos, que en virtud de los últimos sucesos en Bolivia se hayan refugiado o se refugiaren en adelante en el territorio de la provincia de Salta, siendo inmediatamente desarmados y depositándose las armas, pertrechos y equipos de guerra, así como cualquier caudal público introducido y transportado al territorio de esa provincia de Salta en ese carácter, para entregarlos, como debe V. E. hacerlo, según ya está prevenido, bajo inventario y recibo, a la persona que el gobierno boliviano comisionare al efecto.”

Igual orden comunicó simultáneamente al Gobierno de Jujuy.

El de Salta contestó que en el momento de imponerse de la orden suprema de este Gobierno, relativamente a la internación de los emigrados bolivianos, había expedido para su cumplimiento el decreto que tenía el honor de adjuntar en copia legalizada. Con igual escrupulosidad y exactitud la haría cumplir cuantas veces llegase el caso. Con respecto al desarme de los emigrados o bolivianos. depósito de armas, pertrechos y equipos de guerra, así como cualquier caudal público, introducidos y transportados a esa provincia en ese carácter, habían sido expedidas oportunamente órdenes convenientes al Teniente Gobernador de Orán, por cuya frontera únicamente podían introducirse sin atravesar la provincia de Jujuy. Mas no tenia conocimiento de persona alguna que se hubiere retirado por esa parte; de consiguiente, todos los emigrados que habían ido a Salta, han estado sin armas, no habían introducido en el territorio de esa o provincia de la República de Bolivia después de los últimos sucesos, o ningún caudal público, equipo, pertrecho de guerra, ni cosa semejante. De otro modo se habrían depositado para ser entregados bajo inventario y recibo a la persona que la autoridad boliviana comisionara para ese efecto, conforme a las sabias prevenciones del Gobierno General, del 24 de Diciembre de 1847, reiteradas por otras de 6 y 17 de Febrero de 1848 y 5 de Agosto del presente año.

Debía a sus propios sentimientos, a su honor y a la dignidad del puesto que ocupaba, el satisfacer al Supremo Jefe de la República, sobre los cargos que le eran dirigidos por el Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Bolivia. La notoriedad de los hechos que iba a exponer lo sincerarían del modo más elocuente.

“Ninguna connivencia podía tener en la vuelta de los emigrados bolivianos. El territorio de Salta principiaba a las sesenta y cuatro leguas de distancia de la línea de Bolivia por la carrera general, que había servido de tránsito a los emigrados. No había llegado el caso de introducirse de una a otra República por las únicas fronteras de esa provincia, limítrofes a Bolivia, Orán y los valles de Calchaquí. Cuantas veces se habían presentado en esa o retirado, habían sido con pasaporte de Jujuy, o para Jujuy, Tampoco se les había prestado por el Gobierno de Salta otras consideraciones que las de humanidad prescriptas por el derecho universal. Jamás podría justificar el Gobierno de Bolivia, que dichos emigrados se hubiesen proporcionado en aquella provincia armas y pertrechos de guerra, mucho menos que el Gobierno de ella hubiera influido a ese respecto. Armas no las había para vender; las de la provincia eran escasamente las necesarias para su defensa. Lo mismo podía decirse de los demás artículos de guerra. No había sucedido que los emigrados hubiesen comprado en Salta alguna tropa de caballos, sin embargo de ser un objeto de comercio, que se había tenido con la República de Bolivia durante sus disensiones domésticas, sin prohibición alguna de las autoridades del país.

No aceptaba las imputaciones de parcialidad que le hacia el Excmo.

Gobierno de Bolivia, y se prestaría anheloso en todos tiempos a desafiar su justificación; sí, se hacía el alto honor de ser exacta y escrupulosamente observador de las disposiciones superiores del Jefe Supremo de la República, en cuya conformidad su conducta había sido de la más estricta neutralidad.”

El Gobierno expresó al de Salta haberse instruido con entera satisfacción de sus apreciables manifestaciones y que se complacía en ver la correspondiente puntualidad con que el Gobernador de Salta, digna y eficazmente había cumplido las resoluciones de este Gobierno, ampliando las anteriores vigentes para la observancia de la más estricta neutralidad respecto de los emigrados bolivianos.

Y le advirtió que la copia del decreto a que se refería aquel gobierno, no se había recibido, aunque se observaba ser el que había remitido en distinta nota por separado.

Con esa otra nota correlativa el Gobernador de Salta dirigió a este Gobierno copia de dicho decreto, de una nota del emigrado boliviano Dr. D. José María Linares, de la contestación que se le dio por aquel gobierno y del decreto de amnistía concedido por el de Bolivia. Y expuso que se veía penosamente afectado de desconfianza en el acierto de esta clase de negocios, por su poca versación en ellos, no contando con otro apoyo que el de sus deseos de ser el más cumplido y escrupuloso observador de las superiores disposiciones del Supremo Jefe de la República, Ilustre Brigadier General D. Juan Manuel de Rosas.

En el decreto expedido por el Gobernador de Salta se expresaba que, habiendo dispuesto el Supremo Gobierno Nacional, fuesen retirados del territorio de esa provincia, a cualquiera otra de la Confederación, los bolivianos emigrados a ella, en virtud de los últimos acontecimientos de Bolivia, se prevenía al Encargado de la Policía les intimase dicha internación, señalándoles el plazo de ocho días para ponerse en marcha; cuyo cumplimiento, sin excepción alguna y con la mayor eficacia, se le encargaba bajo la más estricta responsabilidad.

El emigrado Dr. Linares en su indicada nota exponía que se le había hecho ir a la policía y saber en ella la resolución de que en el término de ocho días, marchara a Tucumán, o a cualquiera otra de las provincias del interior, por haberlo así dispuesto el Sr. Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina.

Se abstenía por entonces hablar sobre semejante resolución y sobre el modo con que le había sido notificada: acompañaba sí el “Celage”, periódico de Bolivia, en que se registraba “el decreto de amnistía dado por Belzú” en Potosí el seis del corriente, y para tomar el partido que de él exigiesen su dignidad y circunstancias y los demás emigrados el que más le conviniera, pedía al Sr. Ministro del Gobierno de Salta tuviese a bien decirle categóricamente y con la brevedad que le fuera posible, qué línea de conducta se proponía seguir el Gobierno de Salta a consecuencia del “decreto de Belzú” ya citado.

El Ministro de Salta, por orden del Gobernador de aquella provincia, contestó al emigrado boliviano Dr. Linares, que aquel Gobierno había de llevar adelante con la mayor exactitud y escrupulosidad posible, sin permitirse interpretación o latitud alguna, la superior disposición del Jefe Supremo de la República, Ilustre Brigadier General D. Juan Manuel de Rosas, referente a. la internación de los emigrados bolivianos, quienes por otra parte, no queriendo aprovechar o no haciendo uso del decreto de amnistía, que se registraba en el “Celage”, expedido por el Gobierno de Bolivia, no perdían la condición de emigrados, que abrazaba la indicada orden suprema del Gobierno General de la Confederación Argentina.

El Gobierno ha aprobado plenamente los referidos procedimientos acertados del de Salta, y adecuada contestación que dio al Dr. Linares, enteramente conforme a las disposiciones de este Gobierno, fundadas en la justicia internacional y en una política benévola para con los Estados americanos.

Le ha prevenido también, habiendo notado los términos poco respetuosos hacia el Gobierno de la Confederación Argentina, que había dejado correr el Dr. Linares en su referirla nota, la que debió ser solicitud al Gobierno de Salta y no oficio, que hiciera apercibir aquel Gobierno a dicho emigrado por su falta, le recordase el profundo respeto que debe al país y al Gobierno de su asilo, así como a sus leyes y decretos: y le amonestase que si ulteriormente reincidiera en semejante falta, no usaría ya este Gobierno de la moderada corrección que por entonces adoptaba, atenta la condición desvalida en que se veía el Dr. D. José María Linares.

También ha contestado el Gobernador de Jujuy respecto de la enunciada resolución de este Gobierno, reproduciendo y ampliando sus anteriores órdenes vigentes para la observancia de la más estricta neutralidad en cuanto a los emigrados y asuntos interiores de Bolivia,

Expresa que, instruido con sorpresa, por el reclamo del Ministro de las Relaciones Exteriores de Bolivia, de la imputación que hacía a ese Gobierno sobre connivencia alguna que hubiese tenido con los emigrados bolivianos contra aquella República, se hallaba en el deber de asegurar a este Gobierno, ser falsa y calumniosa aquella acusación, que bien pudiera haber sido acompañada de las pruebas correspondientes para atestiguar un hecho de tanta gravedad, y que estaba en contradicción al profundo respeto con que el Gobierno de Jujuy miraba las órdenes e instrucciones de S. E el Sr. Encargado de la dirección suprema de los asuntos nacionales de la Confederación.

Sin embargo de haberse determinado los emigrados bolivianos a regresar a Bolivia en virtud de haberles sido concedida amnistía por decreto del Presidente de aquella República, inserto en el periódico que incluía, se hallaba precisado a esperar que instruido el Gobierno General de tal medida del boliviano, se dignase indicarle si por haber variado las circunstancias a mérito de dicha amnistía, en el caso de continuar su permanencia en esa provincia algunos bolivianos, se les debería considerar en carácter de asilados o el de residentes.

No podía prescindir de protestar reiteradamente la falsedad de la inculpación del gobierno boliviano, a quien mejor le habría estado excusarse de nombrar Ministros cerca de los Estados extranjeros, a pérfidos traidores enemigos declarados de la independencia americana, antes que contraerse a increpar infundadamente la fiel y honrosa conducta de estos gobiernos.

El de la Confederación ha manifestado al Gobernador de Jujuy, que valoraba la exposición de conducta que .en términos generales presentaba, para desconocer los cargos formulados hacia él por el gobierno de Bolivia, respecto de los emigrados bolivianos que reiteradamente habían vuelto de la benemérita provincia de Jujuy al territorio boliviano para renovar allí la contienda interna. Era esa una circunstancia en que debía contemplarse el sostén de la rectitud, del honor y de la civilización de la República, por el fiel cumplimiento de la ley de las naciones en la estricta e intachable neutralidad que este Gobierno había prescripto, prescribía y sostendría, con aquellos altos honorables y convenientes fines.

En cuanto a la consulta que dirigía el Gobernador de Jujuy, con motivo del decreto de amnistía expedido por el de Bolivia, de que simultáneamente instruía, no había caso ni razón de elevarla. Ese decreto, por su mera promulgación en los diarios de Bolivia, no alteraba, bajo el aspecto internacional, el estado de cosas sobre que se había fundado la resolución de este Gobierno, ampliando sus anteriores órdenes vigentes para la observancia de la más escrupulosa neutralidad. O los emigrados bolivianos se aprovechaban de esa amnistía y la obtenían individualmente, justificándolo así cada uno de ellos en panicular, con la accesión o permiso de la autoridad suprema imperante en Bolivia, o el gobierno de aquella república lo comunicaba al de la Confederación, explicándose a este respecto. En el primer caso, el Gobernador de Jujuy debería transmitirlo al Encargado de las Relaciones Exteriores para la competente resolución, y en el segundo, este Gobierno hubiera resuelto lo que correspondiese. Ninguno de esos dos casos había llegado, y el Gobernador de Jujuy no había debido suspender la ejecución de las recientes determinaciones de este Gobierno, sobre la internación de los emigrados bolivianos más acá de las provincias de Salta y Jujuy, sino haberles dado Y darles, como debía hacerlo, el más pleno y exacto cumplimiento.

El Gobierno, al sostener un principio de justicia, de paz y especial conveniencia para los Estados independientes, y en el caso particularmente para Bolivia, ni deseaba, ni tenia en vista, dirigirse contra los bolivianos, a quienes el estado de su patria había arrojado al hospitalario suelo de la Confederación Argentina, sino cumplir el deber internacional que le restaba de una manera perfecta y que ellos a su vez habían reclamado de este gobierno cumpliese en el caso opuesto al en que se hallaban con respecto a Bolivia. En ello no favorecía al Gobierno Argentino ni a unos ni a otros; reconocía sí, con arreglo a los principios del derecho de gentes, las respectivas posiciones, ya de los que imperaban en Bolivia, ya de los que eran refugiados en territorio neutro; y por consiguiente, los respectivos deberes que para con los unos y los otros le prescribía la ley pública, respetando el hecho del imperio donde existía y el de emigración, refugio o asilo, donde era patente, sin que pudiera confundirse con el de residencia, que era muy distinto y caracterizado por otras circunstancias y principios diferentes. La residencia no presuponía un estado de conmociones políticas en el país de los que emigraban, y se distinguía también por el ánimo de permanecer en país extranjero, de parte de los que emigraban, sin otro motivo que buscar fortuna o una condición mejor.

El Gobierno se había fijado también sobre la inoportuna manifestación del de Jujuy respecto del boliviano, cuando expresaba aquél, que mejor habría estado a éste “excusarse de nombrar Ministros cerca de los Estados extranjeros a pérfidos traidores enemigos de la independencia americana”. Evidentemente aludía el Gobernador de Jujuy en esa frase a la extraña e inconveniente investidura diplomática que el Presidente provisorio de Bolivia había conferido al infame traidor Santa Cruz, bárbaro y alevoso enemigo de la América. Concebía profundamente el Gobierno Argentino toda la indignación que en corazones americanos, en todos los leales defensores de la libertad, independencia y honor de la América, naturalmente había causado semejante ataque a la seguridad y honra de los Estados del continente. Más no correspondía al Gobernador de Jujuy expresar un juicio prematuro e incompetente, sino someter el caso a la resolución del Gobierno General de la República, informándolo celosamente con todos los datos al efecto y de un modo separado, sin- mezclar este asunto con otro distinto.

El escandaloso incidente a que aludía el Gobierno de Jujuy no había pasado inapercibido para el Encargado de las Relaciones Exteriores. Si los medios diplomáticos del reclamo y la protesta pública, solemne, por la competente autoridad de esta República, decididamente empleados, no alcanzasen a contener y destruir el ataque hecho a los derechos e intereses de los Estados americanos por el referido ofensivo decreto del Presidente de Bolivia, este Gobierno sabría ejercer sus derechos perfectos en sostén de la seguridad, honor e independencia de la Confederación Argentina, a la par de los demás gobiernos del continente americano.

Entretanto, el Gobernador de Jujuy, con el loable respeto que, como correspondía, declaraba profesar hacia las resoluciones del Gobierno encargado de la dirección suprema de los asuntos nacionales de la Confederación, había debido limitarse a informarlo, y esperar sus órdenes, únicas competentes en el asunto para un efecto internacional. Y para el conveniente cuidado y dirección de los supremos derechos e Intereses de la República.

El Gobernador y Capitán General de la provincia de Santiago participó que, circunstancias fuertemente excitantes animaban sus sentimientos a producir un designio, cuya significación, si bien se lo exigían su deber y sus conatos, juzgaba también permitírselo la confianza que la tina amistad del General Rosas le dispensaba.

Después de un largo y penoso encadenamiento de habituales dolencias, advertía ya el peso de una salud tanto más quebrantada, cuanto que sobre su avanzaría edad, se hacían más graves y repetidos los ataques que abrumaban su desfallecida salud. Ese estado de decadencia no le permitía un solo día de descanso, y le presagiaba la cercanía de su término en la carrera de sus días.

Sin prescindir de la justa y debida conformidad con los divinos decretos, y con aquel indispensable tributo de la naturaleza :í que nos hallamos sujetos, sentía, sin embargo, las profundas impresiones del pesar que aquel su país natal le ofrecía en sus desgracias después de su fallecimiento.

En tal estado, y con amarga contemplación, vivamente conmovido por un deseo que corría más allá de la vida, elevaba al General Rosas la expresión con que por esa vez interrumpía sus altas atenciones.

Suscripto entre los primeros defensores de la independencia, habla tenido la gloria de haber tributado en su primera edad el homenaje de sus servicios, al digno objeto que indicaba, hasta tanto que, por el orden de los acontecimientos políticos, llamado de sus conciudadanos a la dirección de sus negocios, había venido a ocupar entre ellos, la primera magistratura, con que el voto general y decidida confianza de todos lo había honrado.

Desde entonces, constituido en un fiel depositario de sus más sagrados intereses, y animado de los sentimientos que forman su carácter, no había cesado un solo momento en consagrar sus afanes y desvelos al interesante objeto de sus conveniencias, haciendo todos cuantos esfuerzos le habían sido posibles, para sostener sus fueros y derechos, mantener su tranquilidad y reposo, y salvarlos del abismo en que había procurado sumergirlos el espíritu impío, que en diversas épocas había vomitado la discordia y la anarquía, para turbar el sosiego y devorar a los pueblos.

Sus sacrificios personales en este orden, correspondidos con el reconocimiento, con la lealtad y general aprecio de sus conciudadanos, habían excitado la emulación de algunos, que habían intentado sacrificar la tranquilidad, la libertad y demás conveniencias de aquella provincia, al vil interés de sus aspiraciones. Estos, entorpecidos en sus nefandos designios por el noble sostenimiento en el orden de ella, y por la firme decisión de sus habitantes en escuchar solamente su voz, esperaban el momento de su desaparición, para saciar la sed indigna, que en aquéllos producía esa loable y bien probada conducta de sus paisanos.

Estas consideraciones, que le presentaban el deplorable cuadro de un porvenir tan funesto, le dictaban la calmante idea de consignar aquella distinguida porción de la República al cuidado y protección de la primera autoridad de ella. Ese era su objeto y su solicitud.

No pretendía recomendar a sus deudos, pues que éstos hallándose en edad y estado de discernir y acoger lo más conducente a su bienestar, se miraban tanto más distante de sus presentes designios, cuanto que ello podría importar una particular conveniencia; queriendo sí, para después de sus días, dirigir un encarecido encargo en favor de sus paisanos. A ese singular objeto de sus deseos, invocaba la fina benevolencia del General Rosas, los elevados sentimientos que le asistían, y la grata amistad con que le había honrado, para suplicarle se dignase extender, sobre los habitantes de aquel suelo, un paternal amparo y una particular asistencia de sus benéficos cuidados, a fin de que, poniéndolos a salvo del desenvolvimiento fatal de pasiones innobles que los amenazaba, les garantiera igualmente el perfecto goce en que hasta allí se mantenían, de sus mejores y más inestimables tesoros, de su libertad y descanso.

Rogaba al General Rosas se dignase tomar en consideración que si los naturales de aquella provincia habían sido prontos en oír el primer grito de libertad, y en- ofrecerse con virtud heroica en justo holocausto a los derechos reclamados del país, no lo habían sido menos en conducirse siempre por el camino del orden, oponiendo su lealtad y constancia al furor impío de los desnaturalizados salvajes unitarios, en las fatales épocas que señalaba la historia de la revolución. El General Rosas, en los esclarecidos principios que profesaba en su alta justicia, valoraría esos méritos, y sabría debidamente acogerlos para dispensar el favor que imploraba con el más tierno voto de su corazón.

El gobierno expresó al esclarecido gobernador de Santiago del Estero, Brigadier D. Felipe Ibarra, haber mirado con el más íntimo placer el noble testimonio de fina amistad que daba al General Rosas, al comunicarle sus sentimientos patrióticos, dignos de sus gloriosos antecedentes, que lo agitaban, en medio de las sensibles dolencias que afligían su importante salud. Ellos eran una nueva demostración más del amor y profundo interés que tenía aquel benemérito gobernador, por los leales y virtuosos santiagueños, a quienes tan sabia y paternalmente preside.

Este gobierno, y el General Rosas, se complacían sobremanera los hubiese asociado a sus recomendables deseos en pro de los santiagueños, para el inesperado suceso de su muy sensible fallecimiento. El bien y felicidad de todos los buenos hijos de la Confederación habían sido, y eran objetos principales a que habían tendido siempre los más decididos esfuerzos del General Rosas, durante su administración. Y se complacía mucho al dar al General Ibarra la seguridad de que velaría cuidadoso, a fin de que no tuviera lugar en aquella benemérita provincia el desarrollo de pasiones innobles, que pudiesen perturbar la quietud, y libertad de sus habitantes

Bien reconocía el gobierno, cuan dignos de este paternal cuidado eran ellos. Su constante patriotismo, y la noble abnegación con que en todas épocas habían combatido por la salvación de la patria, contra crueles enemigos extranjeros, y contra los salvajes unitarios, los hacían acreedores a la más decidida eficaz protección del Gobierno General. Y en vista de esos nobles títulos, y de su muy estimable recomendación y solicitud, el Encargado de las Relaciones Exteriores de la República tenía viva complacencia en presentarle la seguridad enunciada.

Os he dado cuenta en un anterior mensaje tener reunida una serie voluminosa de comunicaciones e informes, para calificar con madura justicia y exactitud, los acontecimientos que produjeron en la Provincia de la Rioja, la revolución y cambio de gobierno.

Aquellas comunicaciones e informes se han aumentado considerablemente en el presente año. Los gobiernos limítrofes con dicha provincia han transmitido al Encargado de las Relaciones Exteriores con regularidad, los acontecimientos ocurridos en ella. Así también lo han efectuado el actual gobernador de la Rioja, y el antecesor de éste, Coronel D. Vicente Mota.

Ambos han protestado explícitamente su ardorosa decisión par la sagrada causa federal de la República, y su plena conformidad con la resolución, que el Encargado de las Relaciones Exteriores dietase.

Documentadamente participó el actual gobernador de la Rioja la dimisión que había hecho del mando de aquella provincia ante la representación de ella, y la no admisión de su renuncia por ésta.

El Gobernador Coronel D. Vicente Mota, desde Catamarca, había dirigido agresiones bélicas para restablecer su autoridad en la Rioja. Infructuosas habían sido esas tentativas, y seguidas de la ejecución de varios de los invasores por el gobernador existente en esa provincia.

Este comunicó esos acontecimientos; y también lo hizo el gobernador D. Vicente Mota.

Los de las provincias de Catamarca, Córdoba, San Luis y Mendoza participaron al Encargado de las Relaciones Exteriores, haber solicitado sus auxilios, invocando el pacto federativo de la Confederación, el Gobernador Coronel D. Vicente Mota, a fin de restablecer así su administración en la Rioja. Los dos primeros le habían contestado no poder hacerlo, sin la resolución del Gobierno general de la República, a quien correspondía el conocimiento de ese negocio. Y pidieron órdenes al Encargado de las Relaciones Exteriores, para expedirse con arreglo a. sus disposiciones. Los de Mendoza y San Luis solicitaron también órdenes, sobre lo mismo, del Gobierno General.

Esta conducta de los enunciados gobiernos, arreglada a sus deberes, ha sido la más acertada y conforme. La ha aprobado expresivamente el Encargado de las Relaciones Exteriores.

El procedimiento de los individuos que cometieron un ataque en la provincia de la Rioja, estando pendiente la resolución del Gobierno General, sobre el reconocimiento del actual Gobernador de esa apreciable provincia, que impera en ella, y en circunstancias de haberse sometido éste a la determinación del Encargado de las Relaciones Exteriores, protestando su adhesión al pacto federal e independencia de la República, y estar dispuesto a sostenerlos contra la intervención extranjera, y los salvajes unitarios, fue un acto sedicioso e injustificable, que provocó la rigurosa represalia del actual gobierno de la Rioja,

Ambos hechos son lamentables. El uno constituye un grave avance el otro puede haberse excedido el límite de la necesidad de las circunstancias; mayormente desde que, reteniendo en seguridad a los criminales, pudo el gobierno de la Rioja, si la provincia no estaba por los agresores, dar cuenta al gobierno general.

El gobierno tiene en vista las siguientes razones que lo inclinarían ya al reconocimiento del actual gobernador de la Rioja.

Efectuada allí la revolución, y pronunciado contra ella el desagrado de la mayor parte de los gobiernos de las provincias de la Confederación, el Gobierno General ha mantenido una expectativa prudente, para conocer la expresión libre de la voluntad de la provincia de la Rioja.

En tal situación, favorable al Gobernador depuesto, de hecho, en el caso de contar éste con la opinión general de la provincia de la Rioja, era natural que ésta se hubiese dado a conocer de alguna manera alarmante.

Con todo, esa provincia, en tanto tiempo corrido, a pesar del pronunciamiento moral de las demás contra el cambio, de los repetidos esfuerzos del Gobernador depuesto de hecho, apreciable Coronel Don Vicente Mota, para restablecer su autoridad, y del silencio del Gobierno General hasta formar su juicio con exactitud y justicia, no se ha pronunciado contra la revolución que colocó en el mando al actual Gobernador.

También este Gobierno no ha notado que aquella provincia, ni su actual Gobernador se aparten de los deberes del pacto federal de la República, del sostén de su sagrada causa, de la defensa de su libertad, ni de la obediencia al Gobierno General.

El primer hecho aleja la idea de motín o rebelión, contra la voluntad libre de la provincia, y el segundo, todo peligro para la seguridad común de la Confederación, quedando así ileso e incólume el pacto federal.

Mas, por otra parte, el gobierno de la Rioja aun no ha solicitado del de la Confederación el indulto del Comandante Peñaloza, que figuró entre la fuerza armada revolucionaria al instalarse aquel, y que aún cuando volvió a la Federación, y protestó su íntimo arrepentimiento al Encargado de las Relaciones Exteriores, por el órgano del actual Gobernador de aquella provincia, en reiteradas ocasiones acaudilló hordas armadas de los salvajes unitarios, incursoras al territorio argentino, habiendo regresado posteriormente a él sin el necesario indulto, por aquella circunstancia, del Encargado de las Relaciones Exteriores, asuntos de paz y de guerra, y General en jefe de los ejércitos de la Confederación. Esta falta de aquel Gobierno actual, conexa con la seguridad e intereses comunes de la República y que afecta al pacto federal, impele al Encargado de las Relaciones Exteriores a suspender aun el reconocimiento del actual Gobernador de la Rioja, a que quizá se habría inclinado ya sin aquella noble omisión, hasta que en ese punto se le presente un hecho que satisfaga a la Nación, a sus derechos, a su honor y a la dignidad del Gobierno General.

Por esta resolución, no desconoce la sinceridad de las patrióticas federales protestas de aquel Gobierno, sino que más bien le ofrece la oportunidad de confirmarlas prácticamente y de reparar cualquier posible error en que pudiera estar, con la más sana intención sobre el prominente punto que tiene en vista el Gobierno General.

El mismo Gobernador de la Rioja dio cuenta que un súbdito británico, en compañía con otros, se proponían invertir un fuerte capital en labores de minas en el cerro de Famatina y había solicitado de él garantías suficientes para poder con mejor éxito realizar dicha especulación.

Particularmente le había contestado que, por su parte, como Supremo Magistrado de la provincia de la Rioja, le serían efectivas todas las garantías que estuviesen en la esfera de sus atribuciones, cuando ese asunto se promoviera en forma.

Nada practicaría en él fuera de sus atribuciones, hasta conocer la resolución del Gobierno General a ese respecto.

En vista del delicado asunto nacional, a que la precedente comunicación se contraía por la especialidad del caso y atendiendo a los intereses supremos de la República, el Gobierno contestó al de la Rioja, llamando su atención a esas circunstancias y expresándole que ese asunto era nacional, intrínsicamente y en sus conexiones, en cuanto la empresa se proponía por extranjeros, y en el punto que ella afectaba las relaciones entre argentinos y extranjeros, no menos que de gobierno a gobierno, entre el de la Confederación y el de S. M. B., ya por las leyes particulares de la República, ya por las reglas generales del derecho de gentes, y estipulaciones especiales del tratado de 2 de Febrero de 1825, entre ambas naciones.

Por las leyes de Indias y ordenanzas de minería en tiempo de la dominación española, vigentes en la República, y que se habían tenido en vista y declarado por los gobiernos nacionales, en el Reglamento Provisorio del 3 de Diciembre de 1817, en el decreto de 13 de Septiembre de 1816 y en el de 21 de Mayo de 1819, como prescripciones de la legislación particular de la República, se excluía a los extranjeros, en calidad de tales, de las especulaciones y de cualquiera otras empresas de minería. Se determinaba también por las citadas leyes y decretos nacionales, que la superintendencia suprema sobre minas era atribución inherente del Ejecutivo Nacional, y que en el caso de una concesión graciable, fuese el mismo Gobierno de la Nación el que midiera ya su conveniencia, ya su extensión y términos, resolviendo sobre esos particulares.

Por el tratado del 2 de Febrero de 1825 entre la Confederación y la Gran Bretaña, no se había modificado esa legislación particular de la República, con ninguna especie de concesiones a los súbditos de S. M. B. y ella estaba en todo su vigor.

En el tratado fundamental de la Confederación del 4 de Enero de 1831, no solamente se reconocía, de parte de todas y cada una de las provincias que la forman, por el artículo 1°, las obligaciones y vínculos nacionales ya existentes, sino que por el 4° se comprometían a no oír proposiciones de ningún gobierno extranjero: caso que naturalmente podría también ocurrir en la ulterioridad en ese asunto.

Habiendo facultado la República al Gobierno de Buenos Aires para dirigir las Relaciones Exteriores y Negocios Generales de la Confederación, al Gobierno General pertenecía conocer de cualquiera concesión graciable a extranjeros sobre minería, de sus términos y de su conveniencia.

Por lo tanto, correspondía que el Gobernador actual de la Rioja no hubiese adelantado, aun particularmente, seguridad u oferta alguna, sino que consultara a este Gobierno, para resolver él en el fondo y en la forma del asunto, así por corresponderle esa resolución, como por las especiales circunstancias que mediaban, en cuanto a la autoridad provincial que aquél ejercía, de la que solamente estaba en posesión, a consecuencia de sucesos sobre que pendían las resoluciones del Gobierno General.

En ese estado, le ordenó que, en el caso de alguna ulterior gestión, fuera de los mencionados súbditos británicos, fuese de cualquiera otros extranjeros, relativa a empresas de minería, o de alguna especulación para explotar las minas del cerro de Famatina, los refiriese a este Gobierno, expresándoles que a él debían dirigirse por ser asunto de naturaleza e interés nacional. Entonces este Gobierno, con vista de las proposiciones que hiciesen y sus términos, pediría al de la Rioja el correspondiente informe detallado, para resolver lo conveniente, atendiendo a los particulares intereses de aquella provincia y a su propiedad pública, según los conocimientos que aquel Gobierno diera, en todo cuanto fuesen conciliables con los intereses generales de la Confederación, y no perjudicasen a éstos: bajo la natural inteligencia de que, en cualquier contrato que llegase este Gobierno a permitir con extranjeros, fijando sus términos y condiciones, él pasaría a ser celebrado con el Gobierno de la Rioja, previo el permiso del de la Confederación en esa forma y las utilidades o productos, que según el mismo contrato resultasen de las minas de Famatina, pertenecerían exclusivamente al tesoro provincial de la Rioja.

Con arreglo a estos principios, que el Gobernador de aquella provincia debía tener siempre en vista, procedería el de la Confederación en las ulterioridades que el enunciado asunto pudiese tener.

Contestó estaba íntimamente persuadido, que por los principios manifestados en la nota de este Gobierno, correspondía exclusivamente al Gobierno General, Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, conocer en este delicado asunto, y que la falta cometida por aquél en la oferta particular hecha al señor Ledger, era debida únicamente a imprevisión y falta de suficientes conocimientos en negocios de esta naturaleza; muy particularmente cuando la posesión del Gobierno de la Rioja pendía de la resolución del Gobierno General.

Estimaba asimismo altamente, la orden de éste y las justas observaciones que le había hecho a este respecto, las que serían observadas estrictamente, en el caso de ulterior gestión, fuese de los mencionados súbditos británicos, o de cualquier otro extranjero, relativa a negocios de esta clase, de lo que hasta entonces no había ningún resultado.

Y confiaba fundadamente, que en virtud de lo expuesto el Gobierno General se dignaría disculparlo de la involuntaria falta cometida en este asunto.

El mismo gobernador participó, que segundando las justas y convenientes determinaciones del Encargado de las Relaciones Exteriores, había expulsado de esa provincia a un jesuita secularizado, Este gobierno le ha manifestado, que el de la Rioja ha procedido acertadamente, como corresponde que lo hagan todos y cada uno de los gobiernos de las provincias de la Confederación, en religioso cumplimiento del pacto federal y en sostén de los supremos derechos e intereses de la República.

El Gobernador y capitán general de la provincia de Catamarca participó la reelección que de él había hecho la Honorable Junta de Representantes por seis años más, para continuar en la primera magistratura.

Reprodujo, por sí y a nombre de la provincia de Catamarca, los votos de cordial y respetuosa amistad al Gobierno General, y la más decidida y activa cooperación que tenia ofrecida, contra la injusta intervención europea y traidores salvajes unitarios, enemigos implacables de la República, de la justicia, dignidad y honor nacional, de su libertad e independencia.

El gobierno le contestó haberle sido muy grato instruirse del justo aprecio que hacían del gobernador de Catamarca, los Honorables Representantes de esa benemérita provincia. Lo felicitó cordialmente por el honroso testimonio que nuevamente le habían dado, deseando fuese tan feliz en su futura marcha administrativa como hasta aquí. Y le retribuyó finamente la apreciable amistad que le reiteraba, a la par de su decidida cooperación contra la injusta intervención europea, y salvajes unitarios, sus degradados siervos.

La Honorable Junta de Representantes de Catamarca, al reelegir al actual digno gobernador, ha consignado en su augusta sanción un expresivo y ardiente voto de gratitud al Encargado de las Relaciones Exteriores. Este gobierno altamente aprecia un testimonio tan elevado y honorífico.

El Gobernador y Capitán General de la provincia de Entre Ríos General en Jefe del ejército de operaciones contra los salvajes unitarios, Brigadier D. Justo José de Urquiza, dio cuenta al Gobierno General, de un movimiento invasor efectuado por tropas de la provincia del Paraguay sobre el territorio de Corrientes.

Había determinado el envío a Corrientes de una columna de las tres armas del ejército de operaciones de su mando.

Aprobó esta acertada disposición el Encargado de las Relaciones Exteriores. Y lo felicitó por algunos favorables encuentros de los valientes correntinos contra los invasores paraguayos, de que había instruido.

Transmitió una comunicación que había recibido del gobernador de la provincia de Corrientes, anunciándole, que por un manifiesto que había publicado el rebelde gobernador de la provincia del Paraguay, se veía que éste había lanzado las fuerzas a esta banda del Paraná para ocupar el territorio de Misiones; por cuyo motivo creía deber suspender sus operaciones contra aquéllas, poniéndoles por línea la que demarcaba, hasta que el encargado de las Relaciones Exteriores a quien se dirigía, dispusiese lo que creyera conveniente,

El Gobierno General en vista de todo, contestó al General en jefe del ejército de operaciones, Gobernador de la provincia de Entre Ríos, que el gobernador de la provincia del Paraguay ningún derecho tenia al territorio que furtiva y violentamente había invadido, sin ninguna previa reclamación, lo que constituía de su parte, además de la intrínseca injusticia de sus pretensiones para tales hostilidades, un acto de vandalismo y barbarie en el modo de practicarlas.

Aun cuando hubiese tenido el gobernador de la provincia del Paraguay un derecho, ni aun pretexto, de que carecía, había debido reclamarlo o exponerlo, antes de perpetrar la invasión; y el haberla ejecutado como lo había hecho, sin ese indispensable requisito, autorizaba al gobierno de la Confederación, aun sin los motivos de justicia y buen derecho que tiene, a desalojar al invasor a viva fuerza y reponer las cosas en el mismo estado en que se hallaban antes de la invasión, empleando al efecto todos los medios de la guerra.

A este importante objeto ponía a disposición del gobernador y Capitán general de la provincia de Entre Ríos, como General en jefe del ejército de operaciones contra los salvajes unitarios; elementos bélicos, ínterin se preparaban los demás que fueran necesarios.

Transmitió al conocimiento de este gobierno la participación que le había hecho el de Corrientes, de que la fuerza invasora paraguaya fraccionada en das cuerpos, se había retirado, dirigiéndose uno a la Tranquera de Loreto, a incorporarse con la que allí permanecía y el otro, llevándose todas las familias y arreando todas las haciendas que encontró en su tránsito, había tomado la dirección de la Trinchera, incendiando en el camino todas las casas, como lo habían hecho en Santo Tomé al tiempo de su retirada.

Subsiguientemente el gobierno le instruyó de la posición que debía conservarse, a consecuencia de una nota del gobierno de la provincia del Paraguay dirigida al Gobierno General, tendiente a un arreglo pacífico.

Ha comunicado las noticias que, había recibido, respecto de los escandalosos actos de hostilidades de las autoridades brasileñas, limítrofes con la provincia de Corrientes, en pro de las fuerzas invasoras de la del Paraguay.

Impuestos estáis del uso que el Encargado de las Relaciones Exteriores ha hecho de dichas noticias, ordenando lo conveniente al Ministro Argentino en el Brasil.

El gobierno de la provincia de Entre Ríos expuso al Encargado de las Relaciones Exteriores, que siendo la plaza de esta capital de Buenos Aires, el principal y casi exclusivo mercado, para todo lo que se exportaba e importaba en aquella provincia, y no permitiéndose en esta plaza pudiese extraerse para aquélla moneda metálica, resultaban de ello graves inconvenientes al comercio de la provincia de Entre Ríos, por cuanto por falta de numerario se veían embarazosos los hombres de comercio e industria de ella, para activar sus especulaciones y trabajos, con perjuicio sin duda no sólo de esa provincia, sino también de ésta por sus mismas relaciones mercantiles. Esperaba que este gobierno sabría tomar en consideración ese asunto y mucho más cantaba con que sabría allanar ese inconveniente, cuanto que a más de lo que dejaba expuesto, no estaba inhibido en esa provincia se extrajese dinero para la de Buenos Aires y las demás de la nación.

Este gobierno le contestó que, en vista de su referida comunicación; había decretado en ella, que dejándose copia legalizada de la misma en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasase original al de Hacienda, con copia de la contestación, para resolver lo que correspondía en el asunto; y que oportunamente le comunicaría la resolución que sobre el particular acordase.

En ese estado aquel gobierno se dirigió nuevamente al Encargado de las Relaciones Exteriores, manifestándole que no habiendo recibido ninguna contestación a su nota anterior, y creyéndola por eso extraviada, reproducía su contenido literal, como lo hizo transcribiéndola.

Y agregó que, así lo hacía porque tenia la íntima convicción de que el asunto sobre que ella versaba, era de suma importancia y de vital interés para el adelanto del heroico pueblo entrerriano, que había hecho esfuerzos más allá de lo posible en sostén del sagrado dogma federal, del honor e independencia nacional; y cuyas clases en general eran sensiblemente perjudiciales y lo habían sido por la extracción de moneda metálica, que en esta plaza no permitía para aquella provincia, y que por esos motivos creía de estricta justicia solicitarla.

Este gobierno manifestó al de la provincia de Entre Ríos que su primera nota, fecha 7 de Noviembre de 1848, había sido contestada en 27 del mismo, y avisado por el Ministerio General de aquel gobierno el recibo de esa contestación en 5 de Febrero del presente año.

El Gobierno general, en la nota del de aquella provincia a que contestaba, había decretado que pasase ella al Ministerio de Hacienda con copia legalizada de la contestación, para que fuese reunida a los antecedentes de la materia, dejándose previamente en el de Relaciones Exteriores copia de aquélla en igual forma.

En cuanto a la resolución definitiva que este gobierno adoptase, y período de tiempo que fuera necesario pasara antes de arribar a ella esperaba que aquel gobierno tendría presente las siguientes consideraciones.

Las miras y la mente de la Confederación, al expedir el decreto del 31 de Agosto de 1837, prohibiendo en todo el territorio de esta provincia la extracción por agua de oro y plata, habían sido las de impedir que el metálico pasase al extranjero, con inmenso perjuicio de los Intereses generales de la Confederación y de su justa defensa contra los salvajes unitarios y agresores extranjeros. Las mismas miras y mente animaban a este gobierno y debían animar a los de las demás provincias de la Nación. Hallar en el caso el medio de realizarlas, permitiendo la extracción del metálico para la benemérita provincia de Entre Ríos, sin el inconveniente de quedar frustradas con grande perjuicio de la República y de la misma provincia de Entre Ríos, las referidas miras de conveniencia nacional, era asunto que de suyo exigía detenida meditación, con vista de antecedentes indispensables, tomando al mismo tiempo en consideración así resoluciones conexas con ese propio asunto, expedidas en aquella provincia, después de la nota de aquel gobierno fecha 7 de Noviembre de 1848, como también un decreto correlativo, sancionado por la Honorable Junta de Representantes efe la provincia de Salta el 28 de Abril del corriente año, en favor del comercio de la Confederación, disponiendo que los efectos de ultramar que se introdujeran a esa provincia de cualquier puerto que no fuere nacional, se gravaran con el derecho de un 25 por ciento de alcabala, sin perjuicio de los demás impuestos de arancel. Tan necesario e indispensable era todo esto para arribar a una resolución acertada, como era notaria a rodas luces y el gobierno de la provincia de Entre Ríos no podía ignorar, la magnitud e importancia de asuntos que demandaban; ya un preferente; ya un instantáneo despacho de parte del Encargado de las Relaciones Exteriores. Ni el tiempo le daba desahogo alguno ni podían urgirse las ideas sin exponerse a grandes inconvenientes.

Cuando aquel gobierno había dirigido su citada nota de 7 de Noviembre, seguía el Encargado de las Relaciones Exteriores, como se hallaba y había de continuar, rodeado de inmensidad de atenciones, las más elevadas.

Entre los muchos asuntos pendientes de alta política, crédito e interés nacional, había algunos aun sin poder ser despachados, hada no pocos años, a pesar de que el Encargado de las Relaciones Exteriores había reunido sucesivamente y arreglado porción de importantes antecedentes, que se habían compilado con vista y examen comparativo de obras voluminosas, de documentos oficiales y cartas geográficas, desde los tiempos más remotos hasta el presente.

A consecuencia de esta agobiante afluencia de asuntos, el General Rosas aun no había podido recibir a una respetable comisión de la Honorable Junta de Representantes de esta provincia que debía poner en sus manos la contestación al mensaje del Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura, presentado el 1° de Enero del corriente año. Sin embargo, recién en 12 de Septiembre había podido recibirla, y en la contestación que dio a los Señores Representantes, y que se transcribía, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos encontrarla registrado lo más que el Encargado de las Relaciones Exteriores podría decirle en orden a la falta de tiempo y a la imposibilidad en que por ello se encontraba para alcanzar a despachar con prontitud ni aun en los asuntos de más prominencia nacional.

Por esa misma exposición que resumía con entera exactitud la posición del Encargado de las Relaciones Exteriores, comprendería aquel Gobierno todo cuanto debía tener en vista sobre ese asunto, y cuan penosas eran necesariamente las impresiones del General Rosas, en medio de inmensas agobiantes meditaciones y tareas.

Notorio era el mérito de vida del General Rosas e incesante contracción al desempeño de sus deberes públicos; muchísimo más apremiante hoy que tenia que resistir con asidua y muy grande atención a la guerra de política que juzgaba la diplomacia extranjera, en tan diversos y variados respectos, y con objetos de dedicadísima trascendencia. Esto era de infinita consideración, y recargo de atenciones en todos sentidos, mayormente en adelante, pues que por los proyectos confidenciales de convenciones de paz y por otros hechos conspicuos, las cuestiones pendientes con la Inglaterra y la Francia; parecían que eran encaminadas, en cuanto a la guerra militar exterior de la intervención, a un próximo término.

Este Gobierno, en vista de lo expuesto, esperaba que el de la provincia de Entre Ríos se persuadiría de que si el de la Confederación no había resuelto sobre este asunto, era por falta de tiempo, que no lo olvidaría, y que lo haría cuando fuese posible al General Rosas o a la administración que le sucediera.

Posteriormente contestó aquel Gobierno, expresando se complacía en manifestar al Encargado de las Relaciones Exteriores, que habían comprendido debidamente el sabio e ilustrado fin de este Gobierno al expedir el decreto del 31 de Agosto de 1837 prohibiendo en todo el territorio de esta provincia la extracción por agua de oro y plata, a consecuencia del peligro que había de que esas exportaciones pasasen a poder de los extranjeros, que bloqueaban entonces nuestros puertos, de donde resultarían gravísimos males a los intereses de la Nación y a su justa defensa contra los salvajes unitarios y alevosos extranjeros.

En esa íntima convicción había apurado en todo ese tiempo los medios posibles de reparar los grandes y notorios perjuicios originados a esa provincia por la prohibición de la extracción de metálico en dicho decreto, sin resolverse a hacer reclamo alguno a ese respecto. La provincia de Entre Ríos, armada en masa en sostén de los derechos y dignidad de la Nación contra los salvajes unitarios e interventores extranjeros, estaba entonces interesada como dar demás en dicha prohibición, como un medio necesario y conveniente para evitar que sus enemigos aumentasen los recursos y elementos para hostilizarla, con la captura del metálico que se extrajese de la provincia de Buenos Aires para las demás de la Confederación.

Mas hoy que los perjuicios causados a los habitantes de esa provincia por dicha prohibición, se habían reagravado hasta el extremo con las grandes pérdidas que habían sufrido todas las clases de la, sociedad en sus vidas e intereses, sosteniendo heroicamente por espacio de once años los derechos y dignidad de la Nación contra los salvajes unitarios y alevosos extranjeros; cuando sobre todo había desaparecido ya la inminencia del peligro que había motivado la prohibición no podía dejar de encarecer y reiterar su solicitud a efecto de que este gobierno se dignase tomar en consideración la materia tan vital a los intereses de la heroica provincia de Entre Ríos, y arbitrar un medio de reparar los inmensos perjuicios y males que le originaba la falta del numerario en su industria y comercio.

No ignoraba que para derogar la ley del 31 de Agosto de 1837, o para dictar otra que la sustituyera, fuese necesaria la compilación de antecedentes correlativos. Mas esto no podía obstar a tomarse interinamente una resolución que, sin derogar en su totalidad el decreto citado, remediara los enormes males que él originaba a esa y a las demás provincias litorales. El arbitrio de las fianzas, adoptado ya en iguales casos y con más apremiantes peligros para la conducción de mercancías por el río, había enseñado la eficacia de ese medio que, removiendo los funestos efectos del enunciado decreto, no obstaría a que este Gobierno pudiese tomar una resolución definitiva en lo sucesivo, con vista de los antecedentes de la materia y examen comparativo de los documentos correlativos.

No desconocía, ni había podido desconocer los numerosos y delicados asuntos que necesariamente debían ocupar las atenciones de este Gobierno y la necesidad de un profundo y detenido examen para la resolución de muchos de ellos; ya fuese porque se ventilaban en las mismas cuestiones relativas al honor nacional, ya porque atañasen inmediatamente a los intereses generales de la Nación. Tampoco le era desconocido, cuando dirigió a este Gobierno su primera nota relativa a la prohibición de extraer metálico de esta plaza a esa provincia, que las atenciones del Encargado de las Relaciones Exteriores se hallarían recargadas con la guerra de política que sabia y heroicamente sostenía contra los interventores extranjeros.

Mas, a pesar de toda consideración, no podía mirar con indiferencia un asunto tan vital y de tan funestas y graves consecuencias para la heroica provincia de su mando; mucho más cuando esas consecuencias y funestos resultados se palpaban con inmenso perjuicio de todas las clases de la sociedad, dando lugar a mil justas y repetidas reclamaciones ante aquel gobierno.

Todo eso había tenido en vista para no pasar en silencio la continuación de un mal que tan directa y aceleradamente contribuía a agravar la arruinada situación de la provincia de Entre Ríos, cuyo silencio indispensablemente daría lugar a que la efervescencia popular de sus conciudadanos lo atribuyese a desidia o indolencia de parte de su Gobierno, desconceptuando su opinión en la provincia.

A más de eso, ninguna clase de consideración de su parte podría justificar ante sus conciudadanos la permisión de un mal directo que, obstando a su progreso y adelanto, arrastraba necesariamente en pos de sí la total ruina de ella.

A nada conduciría su constante anhelo en propender al bien y adelanto de la misma, ni sus fatigas y desvelos en más de diez años de campañas consecutivas, sosteniendo los derechos y el honor de la Nación contra los salvajes unitarios y alevosos extranjeros, reportarían fruto ni utilidad alguna a la provincia, si no apresurase a remover el principal obstáculo que directa e inmediatamente se oponía al adelanto y progreso de ella, gravando con notable perjuicio a todas las clases de la sociedad.

En fuerza de esas fundadas consideraciones y consecuente en llenar religiosamente las sagradas obligaciones que le imponía el cargo que le habían conferido sus conciudadanos al elevarlo al mando supremo de esa provincia, no podía prescindir de recomendar nuevamente a ese Gobierno la resolución de ese asunto de interés tan vital para la heroica provincia de Entre Ríos, y las demás litorales, o cuando menos la adopción de una medida que, suspendiendo interinamente los efectos del decreto del 31 de Agosto de 1837 evitase los inmensos males y notorios perjuicios que él originaba a las provincias litorales y muy particularmente a la de Entre Ríos.

El Gobierno aun no ha podido ocuparse de la contestación a esta última nota del de Entre Ríos, ni del asunto relativo. Lo hará así que le sea posible.

En mi anterior mensaje os dí cuenta, que con motivo de haber dispuesto el Gobierno de la provincia del Paraguay no se admitiesen en ella las guías expedidas por las aduanas de la República Argentina; sin que previamente se les borrase la denominación de “Provincia del Paraguay”, había ordenado este Gobierno no fuesen admitidas las despachadas por la aduana de aquella provincia; sin que también se les borrase previamente el título de “República del Paraguay”.

El Gobernador de la provincia de Corrientes instruyó después, que a los buques despachados de este puerto y del de Corrientes, para la “Provincia del Paraguay” les habían hecho pedazos sus patentes en las Tres Bocas, donde se hallaba la flotilla paraguaya, y que sin ellas habían hecho continuar viaje a las embarcaciones con sus cargamentos hasta el puerto del Pilar, sin causar ningún otro perjuicio.

Agregó que buques despachados del puerto de la capital de Entre Ríos para la “Villa del Pilar”, no habían tenido inconveniente alguno para llegar a su destino.

Le contestó el Gobierno que, habiendo subseguido a esos ofensivos e indignos hechos de parte del Gobernador de la provincia del Paraguay, otras hostilidades inicuas, y una vandálica invasión al territorio de la Confederación, de que ya os he dado cuenta, era llegado el caso de no fiar a las reclamaciones el desagravio de las ofensas recibidas, sino de procurarlo con las armas y repeler la fuerza con la fuerza.

Por esta poderosa consideración, el Gobierno General se abstenía de dirigir reclamo alguno, y tomaría en cuenta el hecho injurioso que detallaba el de Corrientes, como uno de los justos cargos que hacía la Confederación al Gobernador de la provincia del Paraguay, y uno de los insultos por los que exigiría satisfacción con el empleo de las armas, hasta reivindicar la enormísima ofensa inferida contra la independencia y derechos de la República.

Simultáneamente instruyó este Gobierno de ese incidente al de Entre Ríos. Y le manifestó que en cuanto a la excepción que se había hecho relativamente a los papeles de los buques con procedencia de la ciudad del Paraná, juzgaba que provendría de que llevasen simplemente sus despachos para la Villa del Pilar, y no en la forma prescripta par este Gobierno, y que se le había comunicado. Así sucedería a causa de que aun no hubiese recibido esa comunicación el Gobierno de Entre Ríos en la fecha en que fueron despachados de la ciudad del Paraná aquellos buques.

El Gobernador de Corrientes ha dado cuenta detallada, con exactitud, de la inaudita invasión de las fuerzas de la del Paraguay, de que os dejo instruidos, y de todos los sucesos posteriores relativos. El Gobierno General lo felicitó, como a la benemérita provincia de Corrientes, por los honrosos resultados de los favorables encuentros, que los valientes correntinos habían obtenido contra las Fuerzas atentatoriamente invasoras. Y le ha remitido los artículos bélicos que expresó necesitar.

El mismo Gobernador de Corrientes participó que el Gobierno Delegado le daba cuenta había llegado un oficial enviado por el Gobierno de la provincia del Paraguay, conduciendo la correspondencia que incluía para el Gobierno General, cuya correspondencia dirigía al Gobernador de Corrientes el del Paraguay, pidiéndole su pronta dirección, como de negocio tendiente a restablecer las buenas relaciones.

Tomó en consideración el Gobierno este asunto. Al así participado al Gobernador de Corrientes, lo instruyó convenientemente sobre ese incidente, y sobre la posición que debía adoptarse. Y le incluyó un oficio para el Ministro del Gobierno de la Provincia del Paraguay, previniéndole lo hiciese llegar a su título con seguridad y sin demora.

Conocido os es el uso que ha hecho el Gobierno cerca del de S. M. el Emperador del Brasil, de las noticias que le ha transmitido el de Corrientes sobre los indebidos hostiles procederes de las autoridades brasileñas en favor de las fuerzas paraguayas.

En el año precedente os referí que el Honorable Congreso de Corrientes y su digno Gobierno me habían favorecido con honores eminentes, que agradecí del modo más acendrado, sin aceptarlos.

Posteriormente aquel Gobierno manifestó que había dado cuenta en su mensaje al Honorable Congreso General de esa provincia, haberse cumplido el decreto de 20 de Diciembre de 1847, colocándose mi retrato en la Sala de Sesiones el día 9 de Julio del año próximo pasado, y acompañándole copias legalizadas de las notas dirigidas a ese Gobierno, en las que expresando mi gratitud, rogaba no se ejecutase la citada honorable sanción, y que el Honorable Congreso General le había contestado a aquella parte del mensaje en los términos siguientes:

“Aun más se aumentaban las satisfacciones que tan justamente había producido el mensaje del P. E. en el ánimo del Honorable Congreso General, observando en él, y en su Sala de Sesiones, haber llenado sus deseos, y su sanción de 20 de Diciembre de 1847, haciendo colocar en ella el retrato del Excmo. Señor Gobernador y Capitán General de Buenos Aires, Encargado de las Relaciones Exteriores, Paz y Guerra de la Confederación Argentina.

Cuando el Honorable Congreso General había decretado esa singular demostración de aprecio público, fue impulsado del heroico mérito que tiene aquel personaje en el concepto de los correntinos federales. Tuvo presentes su profunda sabiduría política, su tino sublime, su ejemplar encumbrado patriotismo, en el desempeño del soberano encargo que le confió la República; tuvo presentes sus acendradísimas afecciones al republicanismo, los timbres de honor y gloria que le ha proporcionado en la ominosa lucha con los enemigos de la causa nacional, los salvajes unitarios; tuvo presente la restauración del pueblo correntino, bajo sus constantes auspicios, y sobre todo la lid asombrosa que sostiene con el viejo mundo en defensa de la libertad e independencia argentina.

Aunque el Honorable Congreso General veía por las copias legalizadas de las notas de S. E. el Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Supremo Gobierno de Buenos Aires, que acompaña al mensaje de V. E., el modesto desprendimiento del ilustre Rosas, en cuanto al testimonio de estimación y gratitud que le acordó por su sanción precitada; sin embargo de valorar en mucho las virtuosas reflexiones republicanas en que apoya su inaceptación, y a pesar de que son tan encarecidos sus ruegos porque no se practique la colocación de su retrato en el augusto lugar en que ya existe, el Honorable Congreso General, por más que deseara ser deferente en todo al Ilustre Restaurador de las Leyes, en esta parte quiso proceder y procedió con la soberanía provincial que ejerce.

A más de que puede observar el Honorable Congreso General que los héroes republicanos no están excluidos de ningún testimonio clásico de gratitud pública, la colocación del retrato de S. E. el Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, hecha en obsequio y recuerdo de sus servicios eminentes hasta el grado de admirable heroicidad, no será capaz de arrojar un prestigio antirrepublicano entre los correntinos, ni ofender la sencillez de los que ejercen el poder público, mucho menos desmentir los sentimientos sublimes de republicanismo, que dirigen los pasos del gran Rosas. Sus hechos grandiosos, sus procedimientos constantes, todos unísonos a esos mismos sentimientos, corrobora de día en día la seguridad de sus principios, y el Honorable Congreso General, lejos de exponerse a un desvío en tal sentido con el testimonio que acordó a su elevado mérito, derramaría su sangre en sostener y seguirlos.”

El Gobierno de Corrientes reproducía esas manifestaciones del Honorable Congreso General, transmitiéndolas.

Instruido este Gobierno, con entera complacencia y aprecio, de la precitada estimable comunicación, contestó que altamente agradecía el General Rosas, y siempre conservaría con el más vivo sentimiento de gratitud, las benévolas expresiones y honrosa distinción, con que le favorecía el Honorable Congreso General de esa benemérita provincia.

Le era sobremanera sensible no poder aceptar la alta distinción que se había servido acordarle, de colocar su retrato en la Sala de sus augustas sesiones y consideraba demasiada demostración del más elevado aprecio, haber sido el objeto de tanto honor y acendrada benevolencia.

Y al suplicar nuevamente, en conformidad con sus principios republicanos, constantemente observados en toda su vida pública, que se le eximiese de hacer una excepción a ellos en el presente caso, rendía al Honorable Congreso General, al Gobernador de Corrientes y a esa recomendable provincia la expresión del más intenso reconocimiento.

En mi anterior mensaje os dí cuenta de la reclamación que el Gobierno había dirigido al de la provincia del Paraguay, con motivo de haber las fuerzas de éste apoderádose, injusta y violentamente de la Isla de Apipé perteneciente a la de Corrientes.

Nada ha contestado aún el del Paraguay a dicha reclamación. Así e invadiendo el territorio de las provincias de Corrientes y Misiones, sin previa declaración de guerra, y sin agravio de ninguna especie por parte de la Confederación enormemente ha agravado sus ofensas.

Sus fuerzas apoderándose de familias y de sus ganados, quemando los campos y poblaciones, se han adquirido un indeleble baldón.

El Gobierno General, ha sido obligado de ese modo a salir de la Política pacífica, benévola y amistosa, que había constantemente seguido para con el Gobernador de la provincia del Paraguay.

A virtud de la inaudita invasión de las fuerzas paraguayas, declaró el Gobierno estar cerrado el puerto con aquella provincia. Así lo comunicó a los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, para que procediesen de igual modo.

El Gobierno del Paraguay, como quedáis instruidos, ha retirado la fuerza invasora que ocupaba el departamento de Santo Tomé, replegándola a la costa del Paraná.

Se ha dirigido, en 16 de Octubre último, al Gobierno General haciendo obertura para un arreglo amistoso de las diferencias de aquella provincia con la Confederación.

Muy complacido el Gobierno, en dar al del Paraguay otro testimonio más de su política pacífica y de la fraternal benevolencia que lo anima hacia aquella parte querida de la familia argentina, avisó en 4 de Noviembre el recibo de la apreciable nota del gobierno de la provincia del Paraguay, expresándole que, desde que este Gobierno tuvo conocimiento de esa obertura, en conformidad a los deseos manifestados por aquel Gobierno, se ocupaba de ella, y que le contestaría lo más pronto que le fuese posible, mandándole sin demora el pliego que contuviera dicha contestación.

El Gobierno de la provincia del Paraguay avisó luego en 23 de Noviembre el recibo de esa nota, que había recibido con aprecio, asegurando nuevamente sus sinceros y leales deseos de ver restablecida la amistad y buenas relaciones entre dos pueblos ligados por tantos y tan idénticos intereses, y que este deseo de paz no es sólo por el Paraguay o por odio a los males de la guerra, sino también por honor y beneficio del pueblo americano, tan mal conceptuado en el mundo, por sus continuas guerras y disturbios.

El Gobierno recargado inmensamente en el tiempo corrido desde que recibió el 28 de Octubre la nota datada el 16 del mismo, del Gobierno de la provincia del Paraguay, absolutamente no ha podido continuar su meditación a ese importante negocio. Este es el motivo porque aun no ha contestado a esa apreciable obertura del Gobierno paraguayo. Mas tiene muy presente este asunto, para contraerse a él, y contestar al Gobierno de la provincia del Paraguay, tan luego como se lo permitan otras atenciones de naturaleza sin espera alguna.

En este importante asunto, el Gobierno, para arribar a un arreglo pacífico, no omitirá esfuerzo alguno, conciliable con el honor y derechos de la Confederación.

Muy conveniente es que los gobiernos de las provincias de la República fijen esmeradamente su atención, en que los derechos de tránsito que cobran sobre los ganados, carretas y cargas, se hallan muy lejos de guardar proporción con el estado de poca seguridad en el camino, en cuanto a las provincias de la frontera y respecto de éstas y de las demás, atento a su débil situación. Si los Gobiernos del tránsito disminuyesen esos derechos, reportarían corriendo el tiempo, mayor entrada para sus respectivos erarios, porque el aumento y afluencia de cargas y ganados estaría entonces en conformidad con la disminución de derechos y con las facilidades que acordaren en su tránsito por todas direcciones. Nada es más propio al fomento conveniente del comercio nacional, y de los intereses respectivos de cada provincia, fue el que cada Gobierno disminuya considerablemente por sí mismo esos derechos, y procure de su parte todas las facilidades, en su órbita de acción, para el tráfico general, abundando en vistas fraternales y retribuyéndose del mismo modo mutuo.

El Gobierno, cuando se encuentre aliviado de sus vitales atenciones y le sea posible, irá proponiéndoles todo lo que considere conveniente para afianzar la seguridad en el tránsito por el camino de la carrera de Cuyo, y para las facilidades del comercio en esa carrera y en su curso por las demás provincias de la Confederación.

Los Gobiernos de Tucumán y Salta han dado ya un paso conveniente y honroso en ese sentido.

Así sucesivamente pueden ser removidas las dificultades por actos de los demás gobiernos respectivos de las provincias en igual sentido, preparándose de esa manera un estado de cosas próspero para todos los intereses y conducente a secundar las miras que el Gobierno General tiene en contemplación y comenzará poco a poco a desenvolver en las oportunidades convenientes.

Quedáis instruidos del estado de las provincias confederadas. La República, Honorables Representantes, sosteniendo con alta gloria sus más sagrados derechos de independencia y libertad, sus leyes e instituciones federales, habiendo anonadado a sus enemigos interiores, marcha segura y progresivamente, a su engrandecimiento y prosperidad.

GOBIERNO

La provincia de Buenos Aires denodadamente sostiene la dignidad e independencia de la República. Conserva con decisión ardiente su actitud marcial; acreditando glorioso patriotismo y virtudes eminentes.

He ejercido la suma del poder público que me confiasteis, teniendo sólo en vista los altos fines para que me fue encomendada, sin otra inspiración que la justicia, ni estímulo alguno más, que el de una sana conciencia. Me complazco en manifestaros que las represiones oportunas han producido indecibles bienes y que lo he aplicado perseverantemente en la religiosa protección de todos los derechos, propiedades e intereses, públicos y particulares, nacionales o extranjeros, y en actos de demencia. Ese concierto entre las miras conservadoras y las inspiraciones de la moderación, ha producido, en una época tan extraordinarias, y ante las conmociones insólitas del mundo político, resultados que, estando al alcance de vuestra augusta consideración, apenas me toca indicaros, con un sentimiento de gratitud íntima, por la elevación e ilustrado buen sentido del país.

Con motivo de una solicitud de los ciudadanos, el Gobierno les permitió ejercer el derecho de petición ante V. H. Lo han verificado con dignidad en el seno del orden. En la representación que os han elevado los ciudadanos, muchos extranjeros residentes en el país, justos y reconocidos, han colocado sus firmas para atestiguar lo que en cuanto a ellos, se dice en esa representación. Respetables comerciantes británicos, lo han hecho directamente al Gobierno, por el órgano del Ministro de Su Majestad, honorable caballero D. Henrique Southern. El Gobierno valora ese testimonio moral, con arreglo a principios, del modo que os ha expuesto al daros cuenta de una correspondencia relativa, cambiada con el Ministro Plenipotenciario de S. M. B.

El culto divino se sostiene esplendorosamente con la eficaz y piadosa cooperación de Nuestro Reverendo Obispo Diocesano, del Venerable Cabildo Eclesiástico y del clero secular y regular.

Se ha celebrado de un modo edificante el jubileo universal, que os anuncié haber sido proclamado en una bula de Nuestro Santísimo Padre Pío IX, a la que por el Ministerio de Relaciones Exteriores concedí el correspondiente pase.

En la misma forma adhirió el Gobierno a las piadosas rogativas elevadas a Dios Nuestro Señor en toda esta diócesis, por la reinstalación de Su Santidad en sus estados. El esclarecido prelado diocesano, el digno Cabildo eclesiástico, todo el clero y órdenes religiosas así como los empleados de la lista civil y militar y en general los fieles, se han esmerado en la solemnidad y fervor de aquellas piadosas preces.

Se experimentan, con grande beneficio del Estado, de la moralidad y de los particulares, los preciosos resultados de la supresión de los días festivos entre semana. En esta gran mejora toca una parte distinguida a nuestro ejemplar Obispo Diocesano, Dr. D. Mariano Medrano.

El Gobierno ha continuado dictando oportunas y reiteradas medidas de precaución, para preservar el país del cólera morbos. Es debido un humilde homenaje de gratitud a Dios Nuestro Señor por haber alejado benignamente de nuestro suelo tan afligente calamidad.

“Le es satisfactorio haber podido establecer, en medio de una lucha gloriosa, algunas mejoras influyentes, en la moralidad y en los progresos materiales del país”.

Ha sido muy considerable la afluencia de población del exterior y el aumento de la interna.

No olvidará el gobierno ocuparse, cuando le sea posible, de la Casa Penitenciaría, correccional de reclusas, que decretó.

Continúa con honra del país, la importante obra del Paseo Julio.

El Gobierno ha obtenido, en el presente año, vuestra autorización para que, cuando lo considere oportuno y conveniente, de principio a la continuación de la obra en la Catedral, la de Hospital de Hombres y a la recomposición del Fuerte en esta ciudad. Así procederá, luego que llegue esa oportunidad conveniente-e y sea posible destinar a esas importantes obras los fondos que ellas demanden.

No ha podido ocuparse el Gobierno de las reparaciones en el camino “General Quiroga”. Tendrá presente la necesidad de esa importante obra.

Se ha recompuesto el empedrado de algunas calles. Y para continuar este trabajo con más actividad en lo posible, y el empedrado de algunas de las que no lo están, hay en la ribera un considerable acopio de piedra de muy valioso costo hasta depositarla allí. Satisfactorio es observar la buena disposición y ofertas de los propietarios de casas para contribuir a ese importante objeto.

Se sigue haciendo lo posible, gradualmente; en la reparación y mejoras de los caminos que más lo necesitan.

Se ha empezado un puente formal en el paso del Arroyo Maldonado, y se han construido algunos pequeños en esa vía.

En el muelle de la boca del Riachuelo se han hecho reparaciones importantes; y se han colocado en él tres pescantes de fierro, para la carga y descarga.

En el camino abierto desde ese muelle, por la ribera hasta Barracas, se ha construido una explanada y tres puentes, todo de maderas sólidas. Y se continúa el trabajo del piso y demás correspondiente. Los edificios y el movimiento comercial allí; han aumentado de un modo muy considerable.

En la oportunidad conveniente, conforme a lo que os manifesté, tendré en vista someteros el proyecto de ley, para que el ramo de veredas y postes corra por cuenta del Estado” bajo un sistema regular y uniforme.

Continuará la reforma en algunas tablillas de los nombres de las calles. A la “Florida” equivocadamente se le cambió éste por “Perú”. El Gobierno dispondrá se le vuelva a colocar aquél.

El Gobierno reiterará sus órdenes al jefe interino de Policía, sobre el esmerado aseo de las calles, “la más prolija vigilancia en el cumplido desempeño de las disposiciones vigentes, en orden a la limpieza de los saladeros y demás establecimientos que lo exigen”, a pesar del celo con que ese funcionario cumple sus deberes.

Los saladeros fueron especialmente mencionados en mi anterior mensaje. Efectivamente, según las palabras de Vuestra Honorabilidad “estos grandes establecimientos merecen la protección de la autoridad, porque son talleres importantes de la riqueza nacional: pero por lo mismo consideran los Representantes, que ningún esfuerzo debe evitarse para que sean colocados en puntos aparentes, donde no puedan ser ofensivos a la salubridad pública”.

El público auxilia generosamente las instituciones de beneficencia y caridad. El Gobierno ha seguido suministrando diez mil pesos cada mes por los gastos del Hospital de Hombres, y mil quinientos, con destino a los del Colegio de Niñas Huérfanas en la Merced. En el presupuesto del presente año ha asignado cinco mil pesos más mensuales al primero de dichos establecimientos.

El Gobierno dispuso sea regulador legal del tiempo, el reloj de Cabildo y ha hecho colocar allí el nuevo destinado a la Santa Iglesia Catedral, de excelente construcción. Le será oportunamente repuesto con otro de igual calidad.

“La instrucción pública adelanta, en la parte posible, según lo permiten las circunstancias del país”.

En el corriente año se han aumentado las adquisiciones del Museo. Muy sensible y continuadamente toca de cerca los males que se originan al Estado, al buen orden, a la moralidad y a los intereses particulares, en una larga serie y bajo diferentes aspectos, del abuso tan perjudicial de que empleados públicos defiendan en causas civiles, o criminales, como abogados.

El Gobierno recomendará siempre al Jefe interino de Policía la estricta ejecución de las medidas represivas del monopolio de los panaderos, y abarcadores de trigos y harinas.

Se reparan y edifican las iglesias en algunos pueblos de la campaña, y en otros se construye el cementerio fuera de las poblaciones. La iglesia del pueblo de la Guardia de Luján, a que tan liberal y piadosamente ha contribuido Nuestro Reverendo Obispo Diocesano, está próxima a terminarse. La de Navarro se halla adelantada.

Las autoridades civiles y militares respectivas y los curas han seguido cooperando empeñosamente al mismo religioso objeto, en lo que ha estado a sus alcances.

El gobierno no ha podido dedicar, como lo desea, un tiempo a la consideración y auxilio de estas obras piadosas. Lo hará cuando le sea posible.

En mi anterior mensaje os manifesté. “Algunos jueces de paz en la campaña continúan faltando a sus deberes, respecto de los desertores, vagos, desconocidos y otros con pasaporte sospechoso, a todos los que deben remitir al Cuartel general en los Santos Lugares, según les está ordenado, por repetidas disposiciones terminantes y circulares vigentes. El Gobierno se contraerá a remediar este gravísimo mal”. Siente ahora decir el Gobierno, no haber podido dedicar su atención a este importante asunto; y que la mayor parte de los jueces de paz están en ese particular, muy distantes de llenar sus deberes. Los desertores no son aprehendidos y se les abriga en las poblaciones, a la inmediación de esos Jueces, de los Alcaldes y Tenientes. El Gobierno desea el momento que le permita dedicarse a reparar tan funesto mal, contra el mejor servicio del Estado, contra la moral y aumento del ejército.

Los empleados de todos los departamentos de la administración llenan sus deberes con fidelidad y honor. Merecen la estimación de Vuestra Honorabilidad, del Gobierno y de sus compatriotas.

Considerad ya, Señores Representantes, la inmensa gloria del ejército, virtuoso, subordinado y valiente.

GUERRA

“El General D. José de San Martín, de un renombre inmarcesible en la historia americana, merece altamente la más distinguida estimación del Gobierno, de la República y de la América”.

“Los rebajados, los individuos de la milicia activa y pasiva, todos los ciudadanos, con ardiente patriotismo y virtuosa subordinación, defienden el honor e independencia de la República”.

Continuarán en toda la provincia, los importantes ejercicios doctrinales.

“Son muy apreciables los honoríficos auxilios y donaciones, que generosa, laudable y patrióticamente prestan los hacendados y labradores”.

Se ha establecido una Academia de Náutica.

Los ejércitos de línea y milicia, por su valor y lealtad, brillan con gloria inmortal.

El de operaciones de la provincia en campaña, fuera de ella, aumenta dignamente su esclarecido renombre. El de la guarnición de esta ciudad. el de los Santos Lugares, el del Norte, el del Sur, el del Centro y el de la Frontera, virtuosos y denodados, corresponden honoríficamente; las esperanzas de la República. Todos con respetuosa sumisión, rinden ante Vuestra Honorabilidad sus laureles inmarcesibles, ardientemente deseosos de adquirir otros nuevos y prontos a ejecutar vuestras órdenes soberanas.

Las partidas de indios ladrones enemigos, que se desprenden del desierto a robar a la frontera, han incomodado en este año con frecuencia, en toda la extensión al exterior de ella. En algunos puntos han sido escarmentados y se les ha quitado la hacienda robada. En otros, fugaron rápidamente con algún ganado y caballos: no han sido alcanzados.

Y muy considerable número de estancias, sin el previo permiso del Gobierno, se han avanzado mucho más allá en el desierto, hasta donde el Gobierno ha estado distante de cubrir, y asegurar con las tropas de la frontera, el todo de esos establecimientos. Un escuadrón de la división al mando del Coronel D. Vicente González, que se halla situada en el territorio de la provincia de Santa Fe y a las órdenes de aquel gobierno, obtuvo un glorioso triunfo sobre cien indios ladrones, en el paraje denominado Corrales de Bustos.

Aquél iba encargado, por orden del gobernador de Santa Fe, de custodiar una hacienda que el gobierno de Mendoza hacía conducir para el consumo de las fuerzas de aquella provincia.

Con ese motivo el gobernador de Mendoza ha dirigido a este gobierno las siguientes manifestaciones.

Había tenido anteriormente la honra de dirigirse al Gobierno General. poniendo a su noticia, que necesitando el de Mendoza llevar una cantidad de ganado vacuno para el consumo de la frontera, y temiendo que en su arreo pudiera éste sufrir algo por las incursiones de los indios ladrones, había solicitado de los gobiernos del tránsito se dignasen proteger el arreo, disponiendo que fuera custodiado por una escolta proporcionada. Había adjuntado en aquella ocasión a este gobierno copias de las notas que con tal motivo había dirigido a los de San Luis, Córdoba y Santa Fe. Ahora cumplía con el grato deber de transmitir al de la Confederación las contestaciones que el de Mendoza había recibido de los de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Por ellas se instruiría este gobierno de la fraternal disposición con que los de aquellas provincias habían accedido a los deseos manifestados por el de Mendoza, disponiendo en consecuencia la más decidida y oportuna protección del arreo. Mediante las excelentes disposiciones de aquellos gobiernos, había llegado sin novedad mayor el ganado a la provincia de Mendoza, habiendo sido defendido bizarramente por la escolta de Santa Fe al mando del Capitán D. Prudencio Arnold, en una sorpresa que habían intentado los indios en el lugar denominado Corrales de Bustos.

Vería también este gobierno, por las copias que adjuntaba el de Mendoza, que los de Córdoba y Santa Fe habían eximido el expresado arreo del pago de derechos de tránsito, obligando con un desprendimiento tan patriótico y federal, la estimación y gratitud del Gobierno de Mendoza.

El miraba en esos testimonios de fraternal armonía, que había recibido de los gobiernos del tránsito, una consecuencia del orden glorioso que el Jefe Supremo de la Nación había establecido en la República, ligando sabiamente a todos los pueblos y gobiernos confederados. Y cumplía con el grato deber de tributar al Gobierno General, y a su Ilustre Jefe, una expresión de intensa gratitud por las conveniencias que la provincia había reportado, mediante la sabia organización que el General Rosas había dado a la República y la generosidad y patriotismo de los Gobiernos Confederados.

El de la Confederación le manifestó, que agradecía las expresiones benévolas con que se servia favorecerlo.

En cuanto a ese mismo asunto de la disminución de los derechos de tránsito y medidas protectoras del comercio nacional, el gobierno ha manifestado al de Córdoba que tenia puesta sobre ese punto una muy importante atención, como lo había expresado en su Mensaje de 1848 a la vigésima sexta Legislatura. Luego que se encontrara desembarazado de las atenciones vitales y le fuera posible proponer a los gobiernos confederados un plan para la seguridad del tránsito por la frontera y para regular de un modo menos oneroso a las conveniencias nacionales los derechos de tránsito en todas direcciones, este gobierno tendría presente las amigable patrióticas observaciones que el de la provincia de Córdoba incidentalmente hacia en una apreciable comunicación que así fue contestada por el Encargado de las Relaciones Exteriores a ese respecto.

El Comandante General en Jefe del Departamento del Norte, de las Divisiones de Vanguardia y accidental del Centro, General D. Ángel Pacheco, con su pericia y actividad, segundadas por las valientes tropas de su mando, ha hecho perseguir constante y gloriosamente las partidas de indios depredadores.

Una, en número de cien, se arrojó a robar sobre los establecimientos próximos a la Cortadera, Inmediatamente se pusieron en movimiento fuerzas para escarmentarla. Entre tanto, el Teniente D. Manuel Díaz, con treinta hombres, avanzó a larga distancia y se arrojó sobre los indios. Se trabó una lucha encarnizada y muy honrosa al incontrastable valor del ejército. Los indios, no obstante su superioridad numérica y desesperados esfuerzos para vencer aquel piquete de valientes, huyeron abandonando el campo, dejando en él la mayor parte de la muy poca hacienda que habían arrebatado y conduciendo bastantes heridos, entre ellos al cacique que los mandaba. Nuestra pérdida consistió en cuatro soldados muertos, siete heridos, siéndolo gravemente los intrépidos Teniente D. Manuel Díaz y el Alférez D. Esteban Farías.

Otra partida depredadora fue alcanzada y completamente destruida en Pichicargue, treinta y seis leguas más allá del cantón de las Mulitas, pereciendo casi todos los indios ladrones. Uno fue tomado prisionero y se rescató un cautivo.

Los indios Tehuelches, desde la expedición a los desiertos del Sur en 1833 y 34, no han vuelto a invadir y se conservan en paz.

Desde entonces ha sido suficiente la permanencia de un pequeño piquete en el Fortín Colorado.

El Gobierno, en los catorce años corridos de una época extraordinaria, no ha podido dedicar la inmediata atención a las numerosas tribus de indios amigos, que demandan ya del gobernador de la provincia.

El Gobierno dispuso las averiguaciones y castigo correspondiente a fin de evitar la repetición del crimen de que dio cuenta en su anterior mensaje, de haber una partida de dichos indios, sin permiso de las autoridades, introducidose en la frontera por el partido del Saladillo.

Están ya establecidos en la frontera del departamento del Norte, algunos fortines, a virtud de orden que al efecto recibió el Comandante en jefe accidental del departamento del Norte, General D. Lucio Mansilla. Otros, y una guardia hará colocar el Gobierno oportunamente, en el grande espacio que hay desde las puntas de Tapalqué hasta la parte Oeste de la Sierra de la Ventana. Tanto aquellos, como estos fortines y guardia, servirán interinamente, hasta que tranquilo el país en todos respectos, pueda el gobierno complementar la expedición de los años 1833 y 34, llevar la línea hasta donde, y al rumbo que verdaderamente debe ser, y al efecto pacificar a los indios ladrones, que no estén en el caso de ser acabados por las armas.

No ha tenido tiempo el Gobierno para arreglar las operaciones de la división del número 5, que actualmente está destinada a guardar la parte de frontera entre el Fuerte Argentino, Guacaloncó y Epulafquen. Por esto es que ha estado y está mal situada y mal distribuída. El Gobierno no olvida la necesidad de regularizada y de hacerla situar entonces donde corresponde, para que resguarde mejor esa gran parte de la frontera.

El ilustre Presidente del Estado Oriental, Brigadier D. Manuel Oribe, a cuyas dignas órdenes está un ejército argentino auxiliar, muy gloriosamente defiende con acrisolado denuedo e ínclita celebridad, el honor e independencia de las dos repúblicas del Plata y la causa de la América.

El Gobernador de la provincia de Entre Ríos, ilustre Brigadier Don Justo José de Urquiza, General en Jefe del ejército de operaciones de la Confederación contra los salvajes unitarios, merece altamente el reconocimiento nacional.

Complaceos, Honorables Representantes, por la inmensa nombradía de los ejércitos de la República. Los generales, jefes, oficiales y soldados, son altamente dignos de vuestra elevada gratitud, del acendrado aprecio de la Confederación y sus gobiernos. A grande honra tengo comandarlos. Al exponeros los relevantes títulos de su espléndida gloria, os recomiendo muy expresivamente su fidelidad, subordinación y heroico denuedo.

Paso a daros cuenta del estado de la hacienda pública.

HACIENDA

Con íntima complacencia os congratulo por la situación honrosa de la hacienda pública. Vuestras sabias deliberaciones y eficaz cooperación, consagradas al bien y gloria de la patria, han producido ese resultado importante.

El Gobierno os repite “desea sinceramente, como siempre, la oportunidad para el arreglo y acomodamiento sobre el solemne compromiso del empréstito de Inglaterra”. Os dignasteis aprobar la medida que os propuso en el mensaje anterior, para la renovación del pago mensual de cinco mil pesos metálicos, en cuenta de dicho empréstito desde primero de Enero. Se han abonado ya las mensualidades vencidas, correspondientes al presente año.

El Gobierno no cesa en su empeño de allanar gradualmente los embarazos, para establecer sobre sólidas bases de seguro éxito, un arreglo equitativo y satisfactorio sobre el pago del empréstito. Dejándosele marchar expeditamente, según la posibilidad de sus recursos y con la prudente cooperación de los accionistas británicos a vigorizar el crédito público del país, podrá realizarse la progresiva extinción de esa única deuda exterior de la República.

Os instruisteis del estado demostrativo, remitido por la junta de la administración de la Casa de Moneda, del aumento que habían tenido los fondos de la Caja de Amortización. Apreciando esa noticia en su verdadero carácter, os reservasteis ocuparos de ese asunto, cuando el Gobierno os remitiera la cuenta de la Casa de Moneda, con las generales de la provincia.

Prorrogasteis la benéfica ley sancionada en 20 de Marzo de 1848 hasta igual día de 1850.

El crédito público afianza su elevación. Los fondos se sostienen a la par.

La marcha de la amortización no ha seguido su rápido progreso, por haberse disminuido la concurrencia de los vendedores de fondos. El amortizante, empleado en el descuento a que lo destinó la ley del 20 de Marzo de 1848, se acrecienta tan extraordinariamente, que la suma de los intereses progresivos, unida a la de la amortización, impulsa con mayor fuerza la extinción total de esa deuda pública, que como sabéis se halla muy próxima.

La cantidad de veintinueve mil novecientos pesos, a que se halla reducido el empréstito voluntario, subsiste sin pagarse, por no haber concurrido los acreedores a la tesorería, después de repetidos llamamientos públicos.

Se sostiene el crédito de los billetes de tesorería, cuyo interés ha sido puntualmente pagado. El Gobierno os reitera que en la oportunidad conveniente se ocupará de la amortización de esa deuda y de la clasificada.

Oportunamente dedicará el Gobierno al estado mensual de los precios corrientes, la seria atención que demanda, cuyo importante servicio rinden los corredores de número.

Son muy perjudiciales los corredores intrusos, que casi exclusivamente se entretienen en el agio, y otros abusivos manejos. Se deja sentir la necesidad de una medida que, sin entorpecer las transacciones lícitas del comercio honrado, remedie ese mal y complemente las anteriores disposiciones vigentes a ese respecto.

Mereció vuestra soberana aprobación el presupuesto general de gastos para el presente año de 1849. El Gobierno ha cumplido fielmente esa ley.

Las cuentas generales de la provincia, pertenecientes a 1847, con la correspondiente inclusión de la que rindió la Casa de Moneda del año de 1846, se sellaron con vuestra aprobación.

“Grato es al Gobierno advertir el reconocimiento que manifiestan los empleados de la lista civil y militar y demás ciudadanos ocupados en el servicio del Estado, por la honorífica distinción con que, en justo premio, son exonerados del pago de la contribución directa: patentes, boletos de marca y otros impuestos.”

Sobre las ganancias de la Casa de Moneda que se recomienda por sus servicios y objetos importantes, tiene en vista el Gobierno algo, que desenvuelto oportunamente en sus meditaciones, contribuirá a aumentarlas con beneficio y honor para los empleados públicos de la lista civil y militar.

La prohibición de todo tráfico comercial con el puerto de Montevideo, como medida justa de defensa nacional, se ha mantenido por el Gobierno, adoptando adecuadas represiones para contener el abuso de permitirse indebidamente por el Colector, pagando derechos, bajo la denominación de encomiendas, varios efectos procedentes de dicho puerto.

La extraordinaria importación de mercaderías, desde el levantamiento del bloqueo, aumentó tan considerablemente los transbordos y reembarcas, que la suma para las devoluciones de derechos no podía cubrirse con las cantidades asignadas en el presupuesto. Para su cumplido abono, el Gobierno dispuso se entregase por los contadores generales: a la colecturía de la Caja de Depósitos, un millón quinientos mil pesos.

La suma de novecientos setenta mil pesos que votasteis en el presupuesto de gastos del presente año, para pago de las devoluciones de derechos de los artículos de importación, se ha aumentado en el presupuesto para el año entrante, en seiscientos mil pesos, a fin de atender suficientemente a aquella erogación

Teniendo en vista el Gobierno su constante objeto de fomentar el comercio de tránsito por el interior, según os ha instruido, y los productos del laboreo de minería en la República, y considerando que uno de los medios de promover ese importante fin es permitir la extracción de pasta de oro, plata y demás metales, la concederá en lo sucesivo.

El Gobierno meditará, cuando pueda hacerlo, sobre la acuñación del oro y plata en la Casa de Moneda, por cuenta de particulares o del Gobierno.

Según el resultado de esas meditaciones, habrá llegado la oportunidad de recomendaros os ocupéis de ese asunto.

El Gobierno no olvida la conveniencia al país de proteger la agricultura, tan necesaria a su poder físico, y desea la oportunidad de dedicarle una más inmediata protección. Mediante la Divina Providencia, la cosecha actual promete suficiente cantidad de granos para el consumo.

El pastoreo progresa considerablemente. En él ha sufrido muchas pérdidas la provincia en una parte de ella. Mas es tanta la ventaja de su situación geográfica, abrazando diversos temperamentos de las zonas que cuando en algunas partes de la provincia hay seca excesiva, en otras, a virtud de las lluvias, hay abundancia de pastos y agua.

“En 1839 y 40 el Gobierno, para la defensa de la Confederación, tomó todas las caballadas de la provincia. Así en muchas estancias se alzaron los ganados, con grave perjuicio general y de sus dueños por la falta de caballos y de peones suficientes para conservarlos en su mansedumbre. El Gobierno tiene en consideración remediar, según le sea posible, este mal, de un modo conveniente al Estado y a los propietarios. No olvida el Gobierno esta manifestación que os dirigió el año anterior. Reúne algunos elementos y continuará contrayéndose a este asunto en cuanto le sea posible, hasta arribar a un resultado conveniente.” El Gobierno aun no ha tenido el tiempo, ni la oportunidad que desea para dar impulso a este importante asunto.

El Gobierno ha principiado el abono de los documentos atrasados procedentes de los auxilios de ganado y continuará gradualmente el pago de estos créditos hasta su extinción.

Expedirá, tan luego como le sea posible, un decreto que tiene ya meditado, así para la facilidad en la expedición de los pagos gradualmente y regularidad en las cuentas relativas; como para hacer que, efectivamente, sean abonados a sus mismos dueños originarios y no a otras personas que hayan comprado a éstos los créditos.

Los dueños originarios que puedan cobrarlos por sí mismos los presentarán al Ministerio de Hacienda, con separación los de cada año, yesos documentos de cada año con una solicitud.

Los que no pudiesen hacerlo, dirigirán los documentos a un comisionado especial, de notoria honradez y capacidad, que nombrará el Gobierno para que, sin cobrar honorario alguno a los interesados, reciba dichos documentos, forme y presente las cuentas al Ministerio, perciba el importe y tenga el dinero a disposición de sus dueños.

Los que hayan comprado de estos documentos de esa clase, los devolverán a los dueños originarios, así que éstos o el comisionado, les entregue la cantidad, que por ellos hayan recibido los legítimos dueños.

Las sacas de reses para el consumo de las tropas en la campaña, que tanto han gravitado y aun pesan sobre los beneméritos hacendados. hacia los que el Gobierno, la provincia y la Confederación están altamente reconocidos, por tan importante como honorífico servicio, de esos patrióticos muy valiosos auxilios, con que en una larga serie de diez años han contribuido al sostén de la gloriosa lid, en defensa de los soberanos derechos y honor de la República, han cesado en 1849 en una gran parte; y espera el Gobierno que en 1850, terminarán en el todo, o en su mayor parte, si puede contraer a este importante asunto alguna atención, tan reclamada por la justicia y la gratitud.

Para las tropas en el cuartel general de Santos Lugares, para las del Fuerte Azul y el cantón de Tapalqué, no se hacen ya sacas de reses por auxilios. El Gobierno ha contratado el abasto para esos puntos, y así seguirá contratándolo para todos los demás cantones, guardias y tropas en la campaña.

Es altamente recomendable el patriotismo de varios hacendados que han donado, con generoso y honorable desprendimiento, el importe de auxilios de ganado. El Gobierno les ha dirigido públicamente la expresión de su viva gratitud.

“Es inmenso el número de nutrias en los campos de la provincia. Constituyen una valiosa riqueza, destinada a premiar la tropa del ejército cuando terminada la guerra y tranquilizado el país de todo punto, reciban sus bajas los individuos que estén en este caso.”

Los derechos de entrada y salida marítima y terrestre, puerto, correos, pregonería, grados, alquileres, arrendamientos, intereses, corrales, saladeros y policía, que en el presupuesto para el presente año se calcularon en treinta y tres millones, novecientos siete mil, quinientos veinticuatro pesos, uno y medio reales, han producido, además de la suma calculada, catorce millones, quinientos diez y siete mil, quinientos sesenta pesos, dos y cuarto reales.

La contribución directa, que fue calculada en dos millones, ha producido de menos ciento ochenta y un mil, ciento ochenta y cinco pesos, seis .y tres cuartos reales.

Las comisiones reguladoras de los capitales en la ciudad, para el pago de la contribución directa, han concluido su encargo en el término prefijado por ley.

Los jueces de paz de la campaña, a excepción de los de Lobería, Vecino, Guardia de Luján, Pila, Chapaleofú, Azul y Pergamino, que indebidamente han demorado la remisión de los registros y sumas recaudadas, se han expedido en el término prescripto por la ley. Los registros y la cantidad de 4.285 pesos correspondientes a Patagones, se perdieron en el naufragio del buque en que venían, según nota del Juez de Paz de Patagones, al Gobierno, fecha 23 de Noviembre último.

El Gobierno apercibirá muy seriamente a esos Jueces de Paz, que no han cumplido con la ley.

Las comisiones reguladoras de la ciudad y campaña, con generoso y patriótico desprendimiento, continúan cediendo para los gastos de la guerra, la cuota que la ley les acuerda. El Gobierno les ha agradecido tan honoríficas donaciones.

El producto del papel sellado, patentes y boletos de registro de marcas, que se propuso en un millón, quinientos mil pesos, ha dado de más, ciento sesenta y cinco mil, trescientos cincuenta pesos.

Las entradas extraordinarias que se fijaron en veinticinco mil pesos, han dado de menos, diez y siete mil, doscientos setenta pesos, tres y medio reales.

Reasumidas las anteriores demostraciones, dan por resultado, en el cálculo de recursos, un aumento de catorce millones, cuatrocientos ochenta y cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos.

El excedente de ingresos en 1849, la posición en que se ha vuelto a colocar el Gobierno entre la paz y la guerra, a fin de fijar el total importe del presupuesto para 1850 y el cálculo de recursos, hacen desaparecer el déficit que os anuncié en mi anterior mensaje habría en los recursos para 1850.

Con los ingresos realizados, se han cubierto los gastos ordinarios y extraordinarios del servicio público, quedando la existencia que aparece en la tesorería y la de la Casa de Moneda, que no se ha tocado en el año y cuyas sumas han pasado al cálculo de recursos para 1850.

El Gobierno somete a vuestro examen y deliberación las cuentas correspondientes a este año. Sabéis que en esta parte no me considero investido de la suma del poder.

Os presento el Registro Oficial que contiene. en orden cronológico, vuestras soberanas sanciones, los decretos gubernativos y los estados de la administración del tesoro público, pertenecientes al corriente año.

Los ingresos, gastos y suma presupuesta, presentan los resultados siguientes:

Las entradas ordinarias y extraordinarias, reducido el metálico a moneda corriente, suman setenta y un millones, trescientos Hueve mil, novecientos cincuenta y un pesos, uno y tres cuartos reales (61.309.951 1 ¾).

Agréganse, diecisiete millones, quinientos cincuenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis pesos, cinco y cuarto reales, correspondientes a las mensualidades desde Febrero, hasta el 19 de Septiembre inclusive, de 1848, que existen en la Casa de Moneda (17.556.666. 5 ¼).

Total: setenta y ocho millones, ochocientos sesenta y seis mil, seiscientos diez y siete pesos, siete reales (78.866.617 7).

De esta suma se rebaja la existencia en tesorería, que pasa a 1850, en metálico, moneda corriente, y letras de aduana, importante doce millones, ochocientos setenta y un mil doscientos un pesos, tres y medio reales: y los diecisiete millones, quinientos cincuenta y seis mil, seiscientos setenta y seis pesos, cinco y cuarto reales, que existen en la Casa de Moneda, para que resulte lo desembolsado en 1849, con arreglo al presupuesto. Importan las dos partidas, reducido el metálico a moneda corriente, treinta millones, cuatrocientos veintisiete mil, ochocientos sesenta y ocho pesos tres cuartos reales (30.427.868 ¾).

Resulta haberse desembolsado en 1849, cuarenta y ocho millones, cuatrocientos treinta y ocho mil, setecientos cuarenta y nueve pesos, seis y cuarto reales (48.438.749 6 ¼).

Agréguese a esta cantidad, quince millones, seiscientos veintiocho mil, doscientos doce pesos, cuatro reales, que importa la deuda particular exigible, para demostrar el total de los gastos ordinarios y extraordinarios, con arreglo al presupuesto de 1849 (15.628.212 4).

Son sesenta y cuatro millones, sesenta y seis mil, novecientos sesenta y dos pesos, dos y cuatro reales (64.066.962 2 ¼).

El presupuesto de 1849, incluso el de la Honorable Junta de Representantes, suma sesenta y cuatro millones, ochenta y ocho mil, doscientos setenta pesos, cuatro y medio reales (64.088.270 4 ½).

Queda demostrado haberse desembolsado en 1849, inclusa la deuda, veintiún mil trescientos ocho pesos, dos y cuarto reales menos de las sumas votasteis (21.308 2 ¼).

El menos desembolso en 1849, debió haber sido de algunos millones, porque entre otros gastos, que no han podido tener lugar en este año, entran los del principio, en el año, de las obras de la Santa Iglesia Catedral, del Hospital y de la Fortaleza Casa de Gobierno, cuyas sumas, según os manifesté en mi anterior mensaje, debían figurar con mucha estimación en los recursos para 1850. Así debió ser, si no hubiera tenido el Gobierno que aprontar un valioso armamento extraordinario, naval y terrestre.

“La inversión de las rentas continúa garantida por la contabilidad y su publicación. El sistema de hacienda, claro y sencillo, consolida su exactitud y cuenta pública”.

El Gobierno, en cumplimiento de la ley somete a vuestro examen y deliberación, el presupuesto general de gastos y recursos para 1850.

Presupuesto general de sueldos y gastos para el año de 1850, incluso los extraordinarios, reducido el metálico a moneda corriente.

Honorable Junta de Representantes: cuarenta y cinco mil, trescientos diez y ocho pesos (45.318).

Gobierno: seis millones, setenta y cuatro mil, ochocientos veinticuatro pesos, siete y medio reales (6.074.824 7 ½).

Relaciones Exteriores: un millón seiscientos noventa mil, quinientos setenta y tres pesos (1.690.573).

Guerra: treinta y siete millones, trescientos setenta y nueve mil, seiscientos once pesos, tres cuartos reales (37.379.611 ¾).

Hacienda, inclusa la deuda particular exigible: veintiséis millones, ciento cuarenta y seis mil, seiscientos sesenta y siete pesos, dos reales (26.146.667 2).

Importa: setenta y un millones, trescientos treinta y siete mil, cuatro pesos, dos y cuarto reales (71.146.667 2 ¼).

Cálculo de recursos para 1850

Existencia en tesorería, en letras y moneda corriente, reducido a ésta el metálico, doce millones, ochocientos setenta y un mil, doscientos un peso, tres y medio reales (12.861.201 3 ½).

Existencia en la Casa de Moneda correspondiente a las mensualidades desde Febrero hasta el 19 de Septiembre inclusive de 1848, diecisiete millones, quinientos cincuenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis pesos, cinco y cuarto reales (17.556.666 5 ¼).

Suman las existencias, treinta millones; cuatrocientos veintisiete mil, ochocientos sesenta y ocho pesos, tres cuartos reales (30.427.868 3 ¼).

Colecturía

Por derechos de entrada y salida marítima y terrestre, de puerto, correos, pregonería, grados, arrendamientos, intereses, eventuales, multas, comisos, corrales, saladeros y policía: treinta y siete millones, setecientos treinta mil, doscientos cuarenta y siete pesos (37.730.247).

Contribución directa, dos millones (2.000.000).

Papel sellado, patentes y boletos de registro de marcas: un millón, quinientos mil pesos (1.500.000) presente.

Tesorería

Entradas extraordinarias: veinticinco mil pesos (25.000).

Total de recursos: setenta y un millones, seiscientos ochenta y tres mil, ciento quince pesos, tres cuartos reales (71.683.115 ¾).

El presupuesto de gastos para 1850 importa, setenta un millones, trescientos treinta y siete mil, cuatro pesos, dos y cuarto reales (71.337.004 2 ¼).

Sobran, trescientos cuarenta y seis mil, ciento diez pesos, seis y medio reales (346.110 6 ½).

El General Rosas os debe, Honorables Representantes, un especial y muy profundo reconocimiento por actos memorables con que lo habéis honrado.

Os dignasteis nombrar una distinguida comisión especial que me presentase vuestra expresiva respuesta a mi anterior mensaje, y la soberana decisión de que continúe en el mando supremo.

Tuve la satisfacción de recibirla con grande aprecio y de expresarme respetuosamente en los términos siguientes:

“La Honorable Junta ha sancionado el envío de una distinguida comisión cerca de mi, con el objeto enunciado por el Señor Presidente. Tengo el honroso placer de recibirla. Contestaré a la Honorable Comisión lo más preciso y substancial. Siento no hacerlo con regularidad, por no haber podido dedicar, ni un solo día a este importante asunto, por más que ardientemente lo he deseado.”

La contestación detallada que los Señores Representantes han acordado al mensaje en “que les dí cuenta fiel de los actos de mi administración en el año último es tan gloriosa, tan fina es, que obliga más de todo punto, mi profunda gratitud.

En medio de este elevado reconocimiento, tengo el pesar de no poder adherir a los sentimientos y deseos de la Honorable Junta en orden a mi continuación en el Gobierno.

Aun cuando fuera absolutamente necesario, aun cuando fuese posible proseguir el sacrificio de mis principios y de mi salud, cuando mi corazón y mi conciencia me dicen a cada instante, que no puedo continuar haciendo el bien en el lugar que ocupo, los Señores Representantes; ni pueden obligarme, ni causar al país un positivo mal con mi permanencia en aquél.

Desde que no es posible al General Rosas despachar con prontitud el todo de los asuntos de más elevación nacional, ni los infinitos que aun cuando sean de un orden subalterno, forman en su conjunto un todo cuya demora es muy perjudicial y de graves consecuencias, su opinión en la provincia y en la República, naturalmente ha decaído.

De estas consideraciones, que se sienten y se ven a clara luz, resalta la razón de un poder irresistible, que impone a los Señores Representantes el imperioso deber de nombrar otro ciudadano, que con más robustez y fuerza de opinión, suceda sin más demora al General Rosas.

Y es por ella, y por todo cuanto en otras ocasiones he expuesto e instado a la Honorable Junta de Representantes, que le reitero mis anteriores encarecidas súplicas para que se digne eximirme del mando supremo.

Os presento nuevamente, con encarecida súplica, esa misma expresión de mis más íntimos deseos.

Sobre este asunto, que tan profundamente me afecta, y en el que me hallo penetrado de tanto reconocimiento a Vuestra Honorabilidad y al país, debo anticiparos las siguientes manifestaciones, mientras pueda ulteriormente ocuparme de contestar con detención la esclarecida correspondencia de V. H. Tal ve en ellas no me exprese con propiedad, sobre algunos puntos por falta de tiempo para ocuparme de este asunto en los últimos meses del año.

Me anima indecible gratitud hacia vuestras elevadas sanciones relativas a mi renuncia, e inmortales documentos que me habéis transmitirlo, hacia mis compatriotas, en toda la República, y para con todos los habitantes del país.

La espontaneidad de esos votos, en el seno del orden, en medio del imperio de las leyes, del armamento de los ciudadanos en sus mismas casas, de la ausencia de tropas de línea y de la expresión moral de los extranjeros que han asociado su testimonio a la petición de los ciudadanos, o manifestádolo en otra forma, comprueba dignamente la solemnidad y validez de tan expresivo unánime pronunciamiento. Más pudiera agitarse mi delicadeza al considerar que éste se ha hecho en circunstancias que yo mismo gobierno el país, y que deferencias respetuosas hayan influido en algunos ciudadanos. Al presumir esta circunstancia, sólo puedo referirme a sentimientos generosos de mis compatriotas y no a temor o coacción. Ellos han demostrado en todas ocasiones que aman la libertad, dignamente la han sostenido y la defienden, tienen las armas en sus mismas manos y son incapaces de tolerar a un tirano, aun cuando se hallase rodeado de legiones veteranas.

Por otra parte, aunque los ciudadanos influyentes del país en su universalidad han sufragado libre y deliberadamente, no hay sin embargo, mayoría de los sufragantes hábiles de la provincia. En los partidos de la campaña dista mucho la votación de aproximarse a la mayoría En unos ha sido escasa la votación, atento el número de sufragantes, y en los otros, que son los más, ha sido tan reducida, que no llega a la quinta parte.

En esto no intento poner en duda, que el voto de la provincia sea uniforme. Me anima esa convicción y por tanta confianza no cesaré de abrigar el más íntimo agradecimiento.

Asimismo se ha consultado con honorífico entusiasmo y virtud mi necesario alivio en mis agobiantes tareas.

Inmensamente os agradezco y a mis conciudadanos, esta elevada consideración y valioso beneficio.

Estoy también altamente agradecido a varias provincias de la Confederación, que se han pronunciado ya, de un modo digno de mi eterno reconocimiento.

Mas Honorables Representantes, esta misma generosidad, esas decisiones honorables, un pronunciamiento de tanta extensión y altura, no pueden subsanar uno de los insuperables inconvenientes qué tengo para reiterar mi dimisión del mando supremo. Con mis fuerzas muy debilitadas y mi salud sobremanera destruida, no puedo absolutamente despachar en el todo con regularidad los asuntos públicos que me están encomendados, ni sobrellevar la continuación de una fatiga, enorme en sí misma y excesivamente desproporcionada a ese estado de mi salud y de mis fuerzas. Exigírmela sería inutilizar a un ciudadano que podría ser útil todavía en algún destino pasivo.

Así, las manifestaciones que os dirijo en este mensaje con respecto a asuntos del año entrante, son originadas únicamente de la necesidad y del deber de expresarse el Gobierno en su personalidad moral.

Por todas esas razones, que tanto pesan sobre mi ánimo, y de que absolutamente no puedo prescindir, con profundo interés os reitero otra vez más mi encarecido ruego de que tengáis a bien eximirme de mi permanencia en el Gobierno.

LEGISLADORES:

La República, bajo los benignos auspicios del Omnipotente, resplandece con el esplendor de su propia e inmarcesible gloria. Con su honor e independencia se han salvado los principios del derecho e intereses de la humanidad. Os pertenece la inmensa honra de tan conspicuos acontecimientos. Gloriosamente habéis sostenido los derechos y dignidad de la Confederación. Os presento mi más profunda gratitud. La opinión pública del país y del mundo os acuerda un homenaje digno de tan altos hechos.

El porvenir de la patria pende de vuestras resoluciones futuras. Vuestro elevado patriotismo y esclarecida sabiduría, garanten el glorioso pasado de la República y el desenvolvimiento de su feliz actualidad. La exageración de las ideas y el ardor de las pasiones labrando la desgracia de todos, han devorado por el mundo los frutos del orden y de la verdadera libertad. Rindo humildemente a Dios Nuestro Señor, mi más íntimo reconocimiento, por los grandes bienes que se ha dignado dispensar a la República, en la preservación de su independencia, en el triunfo de la moral y del buen sentido de los pueblos. El Todopoderoso, protegiendo vuestras augustas deliberaciones y el heroísmo de la Confederación, os recompense propicio, afianzando la independencia, la libertad y el honor del país. Penetrado de indecible emoción, me despido de vosotros y os saludo, Honorables Representantes, rindiendo al Altísimo la ofrenda de mi ferviente gratitud.

JUAN MANUEL DE ROSAS