marzo 10, 2011

Primarias abiertas - Diario de Sesiones del debate en la Cámara de Diputados [1° Parte] Antecedente Ley 26.571 (2009)

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
DIARIO DE SESIONES
18a. Reunión - 12a. Sesión Ordinaria
[18 de Noviembre de 2009]

[Antecedentes de la Ley 26.571]
1° Parte
Presidencia de los señores diputados Eduardo Alfredo Fellner, Patricia Vaca Narvaja y Luis Francisco Jorge Cigogna
Secretarios: Enrique Roberto Hidalgo, Ricardo José Vázquez y Jorge Armando Ocampos
Prosecretarios: Marta Alicia Luchetta, Andrés Daniel Eleit e Eduardo Santín
Lista de asistencia
[…]
SUMARIO
1 - IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL.
[…]
9 - CONSIDERACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO SOBRE DEMOCRATIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL (0031-PE-2009). SE SANCIONA CON MODIFICACIONES EL DICTAMEN DE MAYORÍA. 2245
[…]
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre de 2009, a la hora 13 y 22:
2. IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Con la presencia de 129 señores diputados queda abierta la sesión convocada para el día de la fecha.
[…]
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Corresponde pasar ahora al término reglamentario destinado a la consideración del plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.
[…]
10 - DEMOCRATIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL
0031-PE-2009 -
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Corresponde pasar a la consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras recaídos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. (Expediente 0031-pe-2009).
SRA. FADEL, PATRICIA SUSANA.- Pido la palabra para una aclaración.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA. FADEL, PATRICIA SUSANA.- Señor presidente: simplemente, deseo señalar que, luego de haber hecho una ronda de consultas con todos los bloques políticos que integran esta Honorable Cámara, hemos acordado establecer un horario para votar el proyecto de ley que se acaba de poner en consideración. Lo hicimos para poder continuar luego de esa votación con el tratamiento de los demás asuntos que figuran en el plan de labor, que venimos arrastrando desde hace tiempo y que hasta ahora no hemos podido considerar porque las sesiones se quedan sin número.
Por lo tanto, informo a todos los señores diputados que el horario acordado para votar este proyecto es el de las cinco de la tarde.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Si hay asentimiento se procederá en la forma indicada por la señora diputada por Mendoza.
-- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Habiendo asentimiento de la Honorable Cámara, por intermedio de la Secretaría Parlamentaria se procederá a confeccionar la lista de oradores teniendo en cuenta a los miembros informantes de cada dictamen, a los oradores de cada bloque y el horario de cierre de la discusión.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Señor presidente: antes de informar al cuerpo de los cambios que se han introducido en el proyecto originalmente remitido por el Poder Ejecutivo, tengo que decir que éste es el primer proyecto integral de reforma política presentado en los últimos 25 años en la Argentina. Quien ha tenido el coraje de ponerlo en práctica fue nuestra presidenta, que confirma con esta decisión que el justicialismo no está acá para relatar la historia sino para transformarla.
En segundo término, deseo resaltar el espíritu con el que hemos trabajado en el ámbito de las comisiones. En este sentido, agradezco a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la compañera Graciela Camaño, como así también a la compañera Patricia Fadel, por la colaboración que constantemente nos han brindado para arribar a este dictamen.
Asimismo, debo extender mi agradecimiento a los diputados de los distintos bloques que, más allá de cuál vaya a ser el sentido de su voto, nos han hecho llegar propuestas que se han visto plasmadas en el texto que se encuentra sobre nuestras bancas.
También deseo expresar mi agradecimiento a los integrantes de la Justicia Electoral, tanto en su alzada como a los magistrados de grado y secretarios, que han enriquecido esta iniciativa con sus aportes.
Por último, debo destacar el trabajo de mi cuerpo de asesores, porque fueron los encargados de integrar armónicamente las normas que conforman el proyecto que hoy vamos a aprobar. Nos queda la convicción de haber servido a nuestra patria preparando el mejor proyecto posible, no sólo para el presente sino también para el futuro.
No puedo dejar de resaltar que se han tenido en cuenta numerosos proyectos de diputados de diversos bloques para la elaboración de este dictamen. Entre ellos, los proyectos de los diputados Adrián Pérez, Patricia Bullrich, Marcela Rodríguez, Marta Sylvia Velarde, Ariel Dalla Fontana, Laura Sesma, Juan Domingo Zacarías, Christian Gribaudo, Diana Conti, Victoria Donda Pérez, Leonardo Gorbacz, Eduardo Macaluse, Emilio García Méndez, Carlos Raimundi, Silvia Augsburger, etcétera. Fueron ciento once proyectos que se tomaron en cuenta para elaborar finalmente este dictamen.
Ahora sí, vamos a adentrarnos en el análisis del proyecto de ley contenido en el expediente 31- P.E.-2009, que fue remitido bajo el título: Proyecto de ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral.
Este dictamen de mayoría que traemos a la discusión plena de esta Cámara no es ya el mismo proyecto que vino del Poder Ejecutivo, aunque sigue conservando su nombre porque el texto del dictamen ha reforzado esos conceptos: democratización de la representación política, transparencia y equidad electoral.
Digo que ya no es el mismo proyecto porque sobre el esqueleto del proyecto oficial se han incorporado muchas reformas a la actual normativa, además de instituir el régimen de elecciones primarias simultáneas. Además, queremos un sistema de partidos políticos plurales, pero reales y fuertes, con militancia y candidatos con fuertes convicciones políticas.
Para ello, hemos introducido modificaciones al proyecto oficial, que fueron solicitadas por muchos de los partidos que tienen menor caudal electoral.
Me quiero referir especialmente a esas modificaciones. Mantenemos los requisitos actualmente vigentes en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos relacionados con la cantidad de afiliaciones que requiere un partido de distrito para su existencia: el 4 por mil hasta el máximo de un millón sobre el padrón electoral del distrito. Además, para ser considerado un partido nacional, mantenemos el requisito del reconocimiento en cinco distritos argentinos, con aptitud para postular candidatos a presidente y vicepresidente.
Asimismo, se reduce la aptitud electoral al 1,5 por ciento de los votos para poder pasar a la elección general. Originariamente el piso estaba en un 3 por ciento y ahora se reduce a la mitad.
Se han extinguido todas las acciones públicas iniciadas por el Ministerio del Interior respecto a la caducidad de los partidos. Vale decir que se establece una suerte de amnistía para que todos los partidos, especialmente los de menor caudal, puedan hacer borrón y cuenta nueva en esta instancia.
Se mantiene el 2 por ciento de los votos sobre el padrón electoral del distrito durante dos elecciones para conservar la personería partidaria, en lugar del 3 por ciento que establecía el proyecto oficial.
Se eliminan las listas colectoras y las listas espejo para la elección general.
A partir de la aprobación de este proyecto de ley, las juntas electorales de los partidos políticos difieren en la justicia electoral la designación de las autoridades de mesa, que serán las mismas que en la elección nacional.
Se establece la realización del escrutinio provisorio por parte de la justicia electoral y una vía recursiva acotada para que sea dicha justicia la que monitoree permanentemente el proceso electoral de los partidos a fin de evitar las arbitrariedades de las juntas electorales respecto de las minorías.
Además, las juntas electorales estarán integradas por representantes de todas las listas participantes.
Quiero remarcar que todas estas modificaciones han receptado diversas inquietudes de los distintos partidos que se encuentran presentes en este recinto.
Se introduce la renuncia previa a la afiliación a un partido por medio de un telegrama gratuito para poder afiliarse a otro, generando mayor seguridad jurídica para los afiliados, para los partidos que pierden afiliados y para los que los ganan. Además, el telegrama, que va a ser similar al laboral, va a ser dirigido directamente a la justicia electoral sin pasar por el partido, toda vez que la experiencia demuestra que los telegramas de renuncia dirigidos a los partidos nunca son enviados a la justicia electoral. Vale decir que se toma en cuenta el interés del ciudadano por encima del de los partidos.
Se flexibiliza el régimen de avales para participar en la elección primaria y se dan dos opciones: el aval del 2 por ciento de adherentes y afiliados hasta un tope de 100 mil o el 2 por ciento de los empadronados en el distrito hasta un tope de un millón, aplicándose para ambos criterios el resultado menor a efectos de facilitar la participación de las minorías en las elecciones primarias.
-- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Se amplía el término exigido en los artículos 7° ter y 8º de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, referidos a la adecuación de los porcentajes mínimos de afiliados que aquí se determinaron, y esto se hace hasta el 31 de diciembre de 2011 –vale decir, hasta dentro de dos años-, fecha a partir de la cual entrarán en vigencia estas modificaciones.
Se estableció la divisibilidad de la boleta con la cual se va a participar en la elección primaria. Esto es, que los ciudadanos que participen en la elección primaria tendrán una posibilidad de cortar la boleta a través de la línea de puntos y mezclar con distintas opciones, tal como ocurre en la elección general.
Es decir que no se estableció un régimen diferenciado sino un régimen semejante al de la elección general. Lo aclaro porque en algún matutino de hoy salió publicado el informe inverso, y como habitualmente los señores diputados se guían más por lo que sale publicado en los medios que por lo que se dice aquí, quería remarcarlo; no particularmente por nuestro bloque.
Por otro lado, entre las inhabilidades para ser candidatos se incluye el procesamiento por genocidio o delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar; y eliminamos otra disposición que erróneamente inhabilitaba a los procesados por otros delitos, que incluía el proyecto oficial y que hubiera inhibido el voto de los procesados sin condena.
¿Para qué se hizo eso, señora presidenta? Porque estamos convencidos de que en el único caso en que se justifica modificar el estándar de condena firme por el de procesamiento -que naturalmente quiebra el principio de inocencia consagrado por nuestra Constitución y además es el eje de nuestro sistema penal y de nuestro sistema de garantías- es aquél de delitos que cumplan con dos requisitos insalvables: los que sean de extrema gravedad institucional porque fueron cometidos utilizando el poder del propio Estado y los que durante muchísimos años han estado amparados por una fortaleza de impunidad que leyes del propio Estado le otorgaron y que continuamos demoliendo con esta ley.
Sólo esos casos, en los que las leyes de punto final y obediencia debida impidieron la judiciabilidad de los responsables hasta el año 2006 -cuando fueron derogadas- ameritan dejar de lado el principio de inocencia y considerar suficiente el procesamiento para limitar a los electores el derecho de ser elegidos para representar al pueblo en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pasemos ahora a las reformas en el Código Electoral Nacional.
Se moderniza el sistema del registro de electores, unificándolo y actualizándolo conforme a las nuevas tecnologías implementadas por el Registro Nacional de las Personas en materia de digitalización.
Se deja de lado en los padrones y mesas de votación la anacrónica distinción que discrimina por sexo. Se dispone la unificación, vale decir que a partir de la sanción de esta ley no van a existir más mesas masculinas y femeninas.
Se introducen variantes novedosas en los modelos de boletas tanto para las elecciones primarias como para las generales, adecuándolas a los conceptos gráficos modernos.
Se establece el color para ser utilizado no sólo en las elecciones primarias sino también en las elecciones generales.
Se introduce la posibilidad de que los partidos puedan distinguir sus boletas por color, tanto en la elección primaria como en la general. No se ha incluido en este régimen la variante de la boleta única ni la del voto electrónico.
En relación con la boleta única solamente me remito a recordar que existen actualmente casi 700 partidos nacionales de distrito y 33 partidos nacionales reconocidos -esto es, con aptitud para postular candidatos a presidente-. Además, sólo en la provincia de Buenos Aires tenemos 73 partidos reconocidos en condiciones de postular candidatos a diputados nacionales y a senadores nacionales.
Es obvio que se requiere previamente reorganizar el sistema de partidos para poder pensar en un modelo de emisión de voto que pueda resultar racional para el elector.
Debe recordarse -tal como lo hemos reafirmado con motivo de la reunión plenaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales con las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda- que las leyes electorales no se hacen en interés de los partidos políticos sino en interés de los ciudadanos. Es a los ciudadanos a quienes se debe resguardar en la libre decisión de la emisión del voto. Facilitar la actividad de los partidos no es el motivo de una ley electoral o de una ley que modifique su funcionamiento.
Es por eso que en relación con la moción de introducción del voto electrónico en esta reforma electoral -que ha sido soslayado- invito a aquéllos que lo propugnan a que tomen conocimiento del fallo del tribunal superior de Alemania que se encuentra a disposición en la Cámara Nacional Electoral. Así podrán conocer las motivaciones que llevaron a dicho tribunal a descalificar este sistema de emisión de voto como válido para preservar la transparencia en la emisión del voto por parte del ciudadano.
Finalmente, en relación con el régimen de partidos políticos se establece la exclusión del financiamiento privado de campañas para la publicidad en los medios de comunicación sonora y de televisión de aire o de cable. El Estado se hace cargo de ello para todas las agrupaciones políticas en forma igualitaria.
A aquéllos que sostienen que este es un proyecto dirigido exclusivamente a beneficiar a los partidos mayoritarios les decimos que están equivocados. Precisamente en este aspecto la propuesta beneficia principalmente a los partidos de menores recursos, que no pueden competir con los grandes ni con los nuevos y que tampoco poseen medios de comunicación que los sostengan y apadrinen. Es el Estado el que se va a hacer cargo del grueso del costo de la campaña electoral.
Debe recordarse que ente el 80 y el 85 por ciento del costo total de cualquier campaña electoral corresponde a la publicidad de radio y televisión. Digo esto porque se achica notablemente el universo a ser considerado a través de los aportes privados.
Aquí es, precisamente, donde se encuentra la diferencia para poder determinar la mayor o menor transparencia de un sistema de financiamiento.
En este sentido, se ha adoptado un criterio reclamado históricamente por los partidos minoritarios que en su momento –vale la pena recordarlo- motivó un proyecto de naturaleza análoga presentado por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, hoy presidenta de la Nación. Por lo tanto, no se trata de algo nuevo o desconocido para los señores diputados; no es una sorpresa. Cuando en su oportunidad tratamos la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos actualmente en vigencia, consideramos la posibilidad de introducir esa modificación que sin dudas da una enorme transparencia al gasto electoral.
Por otra parte, se crea el módulo electoral como un coeficiente para el financiamiento que otorga el Ministerio del Interior. El monto correspondiente será fijado por el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto y no arbitrariamente por el Ministerio del Interior, que es lo que establecía el proyecto original. Obviamente, se trata de una modificación solicitada por los partidos políticos.
En lo que se refiere a los espacios públicos de difusión y a los aportes públicos para las campañas electorales, se establece un recurso directo contra las resoluciones de la Dirección Nacional Electoral ante la Cámara Nacional Electoral. También en este caso se trata de un reclamo de distintos partidos de la oposición, los que plantearon la necesidad de efectuar un control directo traspasando esas facultades a otra competencia.
La situación queda resuelta a partir del recurso directo que se establece ante la Cámara Nacional Electoral para cada una de las alternativas que se van dando durante el proceso electoral y que se vinculan no sólo con dicho proceso sino también con el régimen habitual de funcionamiento de los partidos.
Por otro lado, se crea una comisión que estará integrada por representantes de todos los partidos nacionales que participen en cada elección, para monitorear la acción de manera permanente por el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- La Presidencia solicita al señor diputado que vaya redondeando su exposición porque resta un minuto para que se agote su tiempo.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Señora presidenta: hasta ahora, cualquier diferencia en las liquidaciones de aportes o adjudicación de espacios publicitarios sólo podía ser materia de acción en el fuero contencioso administrativo con la consiguiente demora, a veces de años, para obtener una sentencia que amparara los derechos partidarios.
De esta forma –según el proyecto- se reconoce a las agrupaciones políticas la posibilidad cierta y efectiva de resolver los conflictos en términos breves que aseguren su participación con todos los medios que la ley otorga.
A esta altura, debo aclarar nuevamente que esta norma recepta los pedidos de los partidos políticos y de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con las cuestiones electorales, respecto de un mayor control por parte de la justicia electoral sobre temas en los que tiene injerencia directa la administración del Estado.
Finalmente, debo hacer referencia a la trascendente institución del sistema de elecciones primarias, simultáneas y obligatorias, que propiciamos en este proyecto de ley.
Este instituto del derecho electoral que se incorpora, que rige en muchos países caracterizados por su alto grado de democracia institucional, introduce por su obligatoriedad la participación de todo el electorado en la selección de los candidatos de todas las agrupaciones políticas que intervendrán en las elecciones generales.
Dichas elecciones también contarán con financiamiento y publicidad en términos análogos a los propuestos para las elecciones generales, con miras a que todas las agrupaciones puedan participar en condiciones de equidad e igualdad.
Para lograr la consolidación del sistema democrático debe profundizarse, en primer lugar, la participación de todos los ciudadanos en la vida de los partidos y favorecerse la legitimidad de los candidatos que representarán al pueblo en su conjunto.
Por ello, se reduce la aptitud electoral al 1,5 por ciento de los votos para poder pasar a la elección general y se flexibiliza el régimen de avales para participar en la elección primaria, dándose dos opciones: el aval del 2 por ciento del total de adherentes y afiliados hasta un tope de 100 mil o del 2 por ciento del total de empadronados en el distrito hasta un tope de un millón, aplicándose para ambos criterios el resultado menor a efectos de permitir la participación de las minorías.
Se amplía el término referido a la adecuación de los porcentajes mínimos hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha a partir de la cual entrarán en vigencia estas modificaciones.
He planteado dos cuestiones más que son fundamentales: la primera, referida a la introducción del cupo femenino en esta ley. Se establece la referencia concreta, a través de la mención del decreto reglamentario, para la adecuación, bajo el régimen de cargos públicos electivos, de este instituto. Y además se lo regula para los cargos partidarios en las cartas orgánicas de los partidos. A su vez se establece la adecuación para la elección de los representantes del Mercosur con vistas a la próxima normativa.
Y quisiera hacer una última reflexión, ya que en el día de ayer en el plenario de las comisiones, algún legislador nos dijo: “no sabemos cómo va a operar esta ley en la práctica”.
En esta oportunidad me gustaría responderle a través de los dichos de otro legislador, el doctor Indalecio Gómez, legislador por Salta, quien en este mismo recinto hace casi cien años, al tratarse la reforma política de entonces, la ley Sáenz Peña, afirmaba que: “El cambio a operar es trascendente: la reforma política, una verdadera revolución por los comicios que abren al pueblo una gran puerta de avance. Es un acto de fe en la capacidad del pueblo argentino.
“Pero se me dirá: ¿Ese cambio es seguro?
“Tomar un rumbo del porvenir, es siempre difícil e incierto. Nadie tiene la preciencia – es decir, el conocimiento de las cosas futuras-, esto es siempre, una opción entre dificultades.
“La democracia está muerta, cuando el pueblo no vota. ¡Quiera el pueblo votar!”
Y esto es exactamente lo que se realiza aquí: se convoca a que sean los pueblos los que participen de la vida interna de los partidos y que a través de esa participación desbaraten la presencia de los aparatos.
Por eso, la participación es obligatoria para todos los ciudadanos, para que puedan hacerlo, más allá de la digitación que hacen las minorías en la vida de los partidos.
Esto es así y va a facilitar enormemente que la democratización...
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- La Presidencia advierte al orador que ha finalizado su término.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Señora presidenta: concluyo diciendo que por lo señalado solicitamos que nos acompañen en el voto favorable a esta iniciativa. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. AZCOITI, PEDRO JOSE.- Señora presidenta: comienzo diciendo que, lamentablemente, a veces no nos queda más remedio que enterarnos de algún despacho por los diarios, porque no están impresos al momento de las reuniones de comisión, como sucedió ayer. Me refiero al proyecto y a las propuestas del oficialismo.
Digo esto porque los miembros de la oposición acabamos de ser aludidos, en cuanto a que a veces hacemos caso solamente a lo que publican los diferentes medios de comunicación.
Lamentablemente, tengo que decir que la Unión Cívica Radical va a votar en contra de este proyecto. Y digo “lamentablemente” porque creo que es el radicalismo el partido que históricamente ha dado fe de transparencia electoral.
Podemos decir –creo que sin falsa modestia porque es reconocido en forma unánime- que la denominada “ley Sáenz Peña”, a la que aquí se hizo referencia, perfectamente podría haberse llamado “ley Hipólito Yrigoyen”, ya que Yrigoyen fue el verdadero gestor de la situación política que derivó en la sanción de aquella ley, que era mucho más sencilla. Se denominó “ley Sáenz Peña”, y nosotros decimos que se podría haber denominado “ley Hipólito Yrigoyen”. Esa norma forjó una verdadera revolución.
Y fíjese, señor presidente, qué nombre sencillo tiene en cambio el proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo, es “ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”. ¡Cuánto título para encabezar simplemente una reforma electoral!
Vamos a la cuestión central. ¿Es necesaria la reforma electoral? Decimos que sí. Ahora, ¿la reforma electoral es urgente? Creemos que no. Y mucho menos creemos que es urgente estando a quince días de cambiar la composición de este cuerpo y también del Senado de la Nación.
Una vez más, lamentablemente, tenemos para pensar que el gobierno opta por apresurar sanciones de proyectos de ley sin buscar consensos imprescindibles en temas como los que estamos tratando, en los que además la Constitución Nacional exige una mayoría agravada.
Creo que estamos perdiendo la oportunidad de avanzar hacia una verdadera reforma política y no solamente una reforma electoral. Todos los partidos que gobiernan cada una de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen representación política en este cuerpo.
¿No hubiera sido posible buscar un acuerdo con los gobernadores y con los partidos políticos que gobiernan las provincias y que tienen representación en este cuerpo, para poder avanzar hacia una reforma que verdaderamente abarque a todos, que permita inclusive en las provincias adoptar criterios que terminen con las reelecciones indefinidas, que modernicen las leyes electorales provinciales y mejoren la legislación sobre partidos?
A la luz del comportamiento que el gobierno ha demostrado en este tema, tenemos motivos para pensar que al igual que con la ley de radiodifusión, la de reforma previsional, la de Aerolíneas Argentinas y las de otros temas, esta iniciativa responde más que a la idea de buscar consensos, a la de responder a las necesidades del propio gobierno.
Pero más allá de las dudas que pueda generar este sistema o cualquier otro que se adopte -me refiero al de elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias-, lo que debemos que tener en claro, porque de lo contrario no hay sistema que funcione, es que todos los actores tenemos que estar dispuestos a respetar a rajatabla lo que estamos obteniendo, porque si no, no hay sistema que se pueda sostener.
Lo decimos con conocimiento de causa. Un sistema similar al que hoy estamos aprobando aquí fue sancionado en el año 2003 en la provincia de Buenos Aires y luego desvirtuado de modo absoluto por la reglamentación llevada adelante por el gobernador de aquel entonces, el diputado electo Solá.
Bien lo sostiene la especialista Delia Ferreira Rubio: “La verdadera reforma política no depende sólo de la sanción de las leyes sino del cumplimiento de esas reglas. Por ejemplo, en materia de financiamiento de la política, la equidad en la competencia mejoraría notablemente si los gobiernos de turno cumplieran las leyes que ya existen y no utilizaran los recursos públicos para financiar la campaña de los funcionarios, familiares y amigos”. La reforma de las reglas de juego en materia electoral no es cosa de todos los días ni puede ser producto de imposiciones; debe ser materia de consensos.
Dice también Ferreira Rubio que de nada sirve la mejor de las leyes si después –y lo agrega entre comillas- “suspendemos por esta única vez”. Esto ya ha pasado: debíamos votar en octubre, pero votamos en junio.
No podemos imaginar a legisladores como Indalecio Gómez, a quien citaba el señor diputado Landau, y a los constituyentes de 1853 pensando este sistema tan novedoso inventado por el justicialismo, de las candidaturas testimoniales.
En nuestra provincia, de los cuatro primeros candidatos que se presentaron en las últimas elecciones, tres ya han anunciado que no asumen sus bancas; y el que la asume sólo reside en la provincia por una cuestión familiar.
Ya son veintidós las candidaturas testimoniales que tuvimos en la pasada elección. ¿De qué sirve tener la mejor ley electoral, que pretendidamente va a mejorar el sistema político, si luego el presidente del partido oficialista usa a su antojo los bienes y los recursos del Estado, tanto para la campaña proselitista como para “domesticar” después a los gobernadores?
Estamos creando una nueva especie de clientelismo: el clientelismo de gobernadores y de intendentes. ¿De qué reforma política estamos hablando?
Una reforma política requiere, en primer lugar, un compromiso en las conductas de todos. Creo que este proyecto de ley que seguramente vamos a sancionar en esta Cámara en el día de hoy puede tener algún avance –en esto coincido con algunas cuestiones planteadas por el señor diputado Landau-, y debo reconocer que se han receptado inquietudes de diversos partidos de la oposición, pero francamente no alcanza.
Nos hubiera gustado que, en virtud de ese acuerdo que planteaba, pudiéramos haber avanzado entre todos los partidos, así como entre las provincias y la Nación, sin avasallar las autonomías provinciales, para arribar a un consenso. De este modo, hubiéramos podido modificar, por ejemplo, legislaciones disparatadas que existen en algunas provincias, como la ley de lemas u otras normas que permiten una distribución de bancas desconociendo absolutamente la voluntad popular y asignando una sobrerrepresentación a las mayorías en detrimento de las minorías.
Esto existe, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. En el año 2007, cuando el candidato a gobernador por la oposición obtuvo el 40 por ciento de los votos, el impacto real en la Cámara de Diputados de aquella provincia fue menor al 20 por ciento. En esa elección resultaron electos veinte legisladores por el Frente para la Victoria y apenas cuatro de la oposición.
Aquí se hizo referencia a que no se puede utilizar el sistema de la boleta única. Nosotros creemos que en ese sentido se podría haber hecho un esfuerzo.
También nos hubiera gustado -y lo propusimos- que estuviera incorporado en el texto de esta ley un artículo o capítulo especial que establezca claramente que las bancas pertenecen al partido por el cual el legislador ha sido elegido, y terminar definitivamente con la práctica del transfuguismo político que, lamentablemente, tan bien conocemos en este recinto, y creo que vamos a seguir viendo diputados que van pasando de un lado al otro con una facilidad que asombra.
También hemos planteado que hubiera sido bueno que en el régimen de internas abiertas los afiliados a un partido tengan la obligación de votar en ese partido al cual están afiliados, y que sea el independiente el que pueda optar por votar en un partido u otro. Esto evitaría la injerencia de un partido que en el caso de que no tuviera internas pudiera organizar su participación en otro. No estoy hablando de supuestos, pues ya pasó en mi provincia en las internas del año 2005, por lo que decía anteriormente en cuanto a que la ley fue desvirtuada con la posterior reglamentación.
Con respecto a la prohibición incorporada en el inciso f) del artículo 33 a que hizo referencia el señor diputado Landau, nos parece muy bien, pero no veo por qué debemos limitarla a aquellos individuos procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Esperamos que no haya más delitos de lesa humanidad con posterioridad al 10 de diciembre de 1983, pero si los hubiera sus autores no quedarían comprendidos en esta ley.
Además sostenemos que el terrorismo de Estado en la Argentina empezó antes del 24 de marzo de 1976. Precisamente, en estos días se cumple un nuevo aniversario del debut de la Triple A, cuando en noviembre de 1973 pusieron una bomba a Hipólito Solari Yrigoyen, después de que estuvo durante horas fundamentando en el recinto de aquí al lado un tema hoy también candente, la ley de asociaciones profesionales. Algunos, que seguramente en aquellos años ya eran dirigentes gremiales, se oponían a Solari Yrigoyen, y fue allí cuando la Triple A debutó.
Por otro lado, y seguramente el señor diputado Vega lo va a plantear en el tratamiento en particular, no veo por qué no se extiende esta prohibición a aquellos que han conspirado contra el orden constitucional y a los condenados por delitos contra la administración pública y delitos de corrupción en la administración pública, y que aplicando el artículo 36 de la Constitución Nacional queden todos equiparados.
Es cierto, como dijo el señor diputado Landau, que se han incorporado iniciativas de la oposición, por las cuales se fortalece la presencia de la Justicia en detrimento del Ministerio del Interior y del Poder Ejecutivo, lo que es bueno.
De todos modos, creemos que se debería haber fortalecido aún más. Incluso, proponemos la inclusión de dos artículos vinculados con la autarquía financiera de la Cámara Nacional Electoral.
Compartimos la necesidad de poner racionalidad a la existencia de partidos políticos, lo que debe compatibilizarse con el necesario derecho a que nuevas expresiones políticas puedan desarrollarse en el marco del sistema democrático.
El proyecto no debe ser una herramienta para pocos, sino una correcta legislación electoral. Debemos crear un mecanismo que permita que la voluntad popular se manifieste de la mejor forma posible, a fin de que todas las voces representativas del pueblo de la Nación puedan estar expresadas en el Parlamento. Como ya dije, lamentamos desde el radicalismo no poder acompañar este proyecto.
Seguramente, esta será mi última intervención y en este recinto. Como lo hice desde el primer día, siempre he actuado con la mejor buena fe y con la absoluta convicción de que estaba en lo correcto.
Habría deseado que esta iniciativa se hubiese sancionado con el consenso de la inmensa mayoría de los partidos que integramos la Cámara, pero no será posible. Deseo que en el futuro el Congreso y el Poder Ejecutivo encuentren tiempos de diálogo y de consenso, los que no hemos encontrado quienes finalizamos nuestro mandato el 10 de diciembre próximo. (Aplausos.)
Voy a compartir el tiempo de que dispongo con la señora diputada Giudici.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. GIUDICI, SILVANA MYRIAM.- Señora presidenta: me resulta difícil hacer un agregado a lo que ha expresado el señor diputado Azcoiti, porque su intervención ha sido muy completa.
Simplemente, quiero señalar tres aspectos. Este proyecto vulnera un derecho humano básico, como la libertad de expresión. Es importante que en la argumentación política le demos a esta advertencia el nivel que merece.
El artículo 59 limita la publicación de las encuestas hasta ocho días antes de las elecciones. Lo hace de manera poco razonable, ya que el artículo 28 de la Constitución Nacional establece que los principios, garantías y derechos reconocidos en ella no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Esta restricción a ocho días trae como consecuencia en la práctica una forma de censura previa.
En el mismo sentido, en el artículo 43 del proyecto del Poder Ejecutivo se incluía una cláusula que claramente fue modificada, porque era una barbaridad que quedara redactada de esa manera. Digo esto porque la emisora de radiodifusión que incurriera en una falta por la contratación de publicidad, era directamente sancionada con la pérdida de la licencia, autorización o permiso.
El dictamen de mayoría modificó esa redacción, pero el artículo 34 establece que será considerada falta grave cualquier irregularidad en la contratación de publicidad, siendo sus responsables pasibles de las sanciones previstas en el artículo 106 de la ley 26.522, recientemente sancionada. Justamente, ese artículo establece que la falta grave habilita la aplicación de multas, suspensión de publicidad y/o caducidad de licencia.
Si analizamos esa situación en el marco de la legislación vigente, debemos decir que en el Código Electoral Nacional, a partir de la modificación efectuada por la ley 25.610, sancionada en 2002, la multa por alguna irregularidad en la contratación de publicidad era equivalente a segundos de publicidad.
Entonces, al establecer que cualquier falta en la contratación de publicidad electoral habilita a las autoridades pertinentes a resolver la caducidad del medio, se está aplicando una suerte de censura previa. Obviamente que los medios tienen mucho más que perder en caso de que se registre algún tipo de irregularidad.
Más allá de lo que se establece en estos artículos, que son restrictivos a la publicidad privada –de alguna manera lo compartimos, porque está bien que se iguale la situación mediante algún sistema de distribución pareja con los partidos que no tienen recursos para emitir publicidad-, no nos parece correcto que ninguna parte del proyecto busque regular la publicidad oficial.
Un gobierno que gasta 622 millones de pesos en un semestre durante una campaña electoral –como ocurrió en el primer semestre de este año con vistas a la elección del 28 de junio-, está diciendo que busca restringir las posibilidades del resto de los partidos políticos. Por lo tanto, la falta de regulación sobre la publicidad oficial vuelve a esta iniciativa doblemente gravosa.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Su tiempo ha finalizado, señora diputada.
SRA. GIUDICI, SILVANA MYRIAM.- Ya termino, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Ya se han excedido cuatro minutos del tiempo que disponían para hacer uso de la palabra. Cuando llegue al quinto minuto directamente le apago el micrófono.
SRA. GIUDICI, SILVANA MYRIAM.- Señora presidenta: este proyecto también se vincula con la ley de medios, sobre todo por las irregularidades registradas en su tratamiento: se firmó el dictamen ayer a las diez de la noche y hoy lo estamos tratando en esta sesión sin haber tenido tiempo suficiente para analizarlo.
Además, esta propuesta –tal como ocurre en la Venezuela de Chávez- es parte de un proceso que, junto con la ley de medios, restringe la libertad de opinión y de pensamiento.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- La Presidencia recuerda a los señores diputados que hubo un acuerdo para votar a las cinco de la tarde. Por lo tanto, cuando un diputado se excede del tiempo de que dispone para hacer uso de la palabra se lo está quitando a los otros legisladores.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital, que comparte el tiempo con el señor diputado Flores.
SRA. BULLRICH, PATRICIA.- Señora presidenta: el problema de discutir sin tiempo una reforma electoral y política radica en el hecho de que se reproduce una concepción que el partido de gobierno viene practicando desde hace tiempo, que daña la democracia.
Hoy, estamos discutiendo cuestiones de índole política repitiendo el principio de la imposición de la mayoría absoluta. En estos años, la concepción del partido de gobierno ha sido la siguiente: “yo gobierno”, “yo impongo” y “yo decido y actúo sin consultar”. Aquí hubo consultas, pero fueron insuficientes en su tiempo de maduración.
Quiero plantear la idea del principio de la mayoría absoluta discutiendo una reforma política porque con ella la mayoría puede anular a la minoría. Podríamos llegar al absurdo de que el 51 por ciento de la sociedad podría anular al 49 por ciento. Por eso, en reiteradas oportunidades hemos pedido contar con el tiempo reglamentario de los siete días hábiles para presentar las observaciones a los dictámenes de comisión y lograr en leyes de esta envergadura el tiempo de maduración necesario.
Quiero plantear cuál es la columna vertebral del despacho de comisión de la Colación Cívica. Nosotros partimos con un tema. Algunos se preguntarán: ¿por qué plantear este tema en un proyecto de reforma política? Queremos plantearlo porque nos parece que es absolutamente fundamental en la construcción de una democracia pensada como una suma de una democracia política, económica, social y ciudadana, es decir, íntegra. No hablamos de una democracia restrictiva ni incompleta.
¿Qué pasa hoy en nuestra sociedad? Existe una sensación de incertidumbre, de inseguridad y de desprotección que genera una restricción en la libertad de las personas.
No se puede pensar en la libertad en abstracto como si no estuviera inserta en un entorno social. No se puede pensar en la libertad sin tener en cuenta cuál es la injerencia que el gobierno tiene sobre los ciudadanos. No se puede pensar en la incertidumbre si no consideramos que genera y provoca miedo social que, a su vez, penetra profundamente en la intimidad de la democracia.
Hoy, podemos preguntarnos si el cuarto oscuro realmente cumple su función o si son cuartos con paredes transparentes donde hay un ojo que observa el momento en que vota un ciudadano o una ciudadana.
Si estos miedos sociales no actúan como disciplinadores sociales -así como claramente la desocupación funciona como un regulador del salario- la exclusión funciona como un regulador de la calidad de la democracia. Es decir que a mayor deterioro social y mayor exclusión existe mayor precarización democrática.
Estamos planteando que para que la sociedad, el individuo, el ciudadano y la ciudadana concurran al cuarto oscuro se deben romper todas las relaciones de dependencia que se generan entre el partido de gobierno, los gobiernos locales o provinciales y la ciudadanía.
Este concepto sobre el que machaca e insiste la Coalición Cívica es el primer elemento fundacional de una reforma política: introducir el ingreso social universal.
El primer capítulo de una reforma política tiene que ver con la libertad y con la reconstrucción del concepto del voto secreto. El ciudadano no debe sentir que existe algún tipo de control, un panóptico que lo controla, una pared transparente que impide que su voto sea realmente el que emana de su voluntad.
Por eso, nuestro dictamen de comisión plantea que este ingreso social debe constituirse como un derecho que reduzca estos grados de incertidumbre y de miedo provocados por la exclusión, para que la ciudadanía recupere márgenes de libertad a los efectos de que se reconstruya el voto secreto y autónomo.
El segundo tema que queremos plantear, que también tiene un nivel de importancia fundamental, es el de la autoridad electoral. Nosotros planteamos que esta última no puede ser gubernamental. Con la autoridad electoral no nos puede pasar lo que nos sucedió con el INDEC.
El ministro del Interior, que es el ministro político de un partido de gobierno, no puede tener injerencia en los procesos electorales y en los procedimientos; si no, señora presidenta, el partido de gobierno es juez y parte en la organización de un procedimiento electoral.
Nosotros estamos planteando autonomía funcional, capacidad técnica y administración autónoma del presupuesto de la justicia electoral para garantizar un procedimiento transparente y democrático. La experiencia electoral nos muestra que un sistema electoral independiente es más eficiente y genera mejores procedimientos y normas porque está basado en principios.
El Ministerio del Interior tiene una injerencia directa que debe ser sustituida por los principios de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad y de objetividad para que los elementos fundamentales de un proceso electoral –la geografía electoral, los derechos de los partidos, la administración de los fondos partidarios, el dinero que le corresponde a los partidos, la distribución de los materiales, la designación de las autoridades, la preparación de la jornada electoral, el cómputo de los resultados, la validez de los títulos, la regulación de las encuestas, los gastos de campaña, los tiempos en televisión- estén regulados por una autoridad que sea independiente del poder político; del actual ministro del Interior como de los que vengan en el futuro.
El tercer elemento que queremos plantear como sustancial de una reforma política es la boleta única de sufragio. Con esto no estamos inventando nada, dado que cien democracias del mundo ya tienen implementada la boleta única; otras democracias aplican el voto electrónico, y sólo dos conservan nuestro sistema de boletas. ¿Por qué será, señora presienta, que solamente dos aún mantienen ese sistema?
Estamos discutiendo algo que tiene que ver con el poder popular, con la soberanía popular. Decía lord Acton que la prueba más segura para juzgar si un país es verdaderamente libre es el quantum de seguridad del que gozan las minorías. Entonces, tenemos que ir a este principio: un mecanismo que no obligue a los partidos a tener que cuidar la boleta mediante aparatos políticos o económicos.
Además se respeta un principio de igualdad, porque hoy todos los partidos tienen que convocar fiscales y muchos de ellos les pagan; a esos fiscales no son más los partidos de masas, donde los fiscales iban a las siete de la mañana para cuidar a su partido. Ahora, hay plata de por medio.
En consecuencia, nosotros estamos planteando la transformación de una boleta que se construya como un elemento de garantía de la soberanía popular, es decir que cuando el ciudadano entre al cuarto oscuro encuentre su boleta. Si no, ¿qué estaríamos planteando, señora presidenta? Estaríamos planteando una democracia incompleta, que es incompatible con lo que estamos planteando por otro lado, que son las elecciones primarias abiertas.
¿Qué son las elecciones primarias abiertas y sin padrón? Es darle poder a la ciudadanía. Al no plantear la boleta única estaríamos diciendo que una parte de ese poder lo van a seguir teniendo los aparatos. Por eso, señora presidenta, queremos plantear esto como un elemento fundamental: también queremos discutir sobre las elecciones primarias abiertas y simultáneas.
En principio, estamos de acuerdo con este nuevo instituto de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas y sin padrón. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional de 1994 dio a los partidos políticos el monopolio de la representación. Un ciudadano o una ciudadana que hoy quieran presentarse a una elección no lo pueden hacer; sólo lo pueden hacer si el partido los habilita.
En consecuencia, lo que estamos planteando con las internas abiertas es colocar al partido en la obligación de generar mecanismos de democracia en la selección de los candidatos ya que tiene el monopolio.
Por otro lado, con las tres vueltas estamos generando un sistema activo de participación ciudadana. La primera vuelta corresponde a las elecciones primarias; después sobrevienen la segunda y la tercera vuelta. De esta manera se logra que los ciudadanos puedan elegir en vez de optar y además atentamos contra la vieja ley de las oligarquías partidarias porque les sacamos poder.
Quisiera plantear ahora una duda que me gustaría que pudiéramos discutir en este recinto. Fíjense que no estamos permitiendo que haya un acuerdo de lista.
-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.
SRA. BULLRICH, PATRICIA.- Obama fue elegido presidente y eligió a su vicepresidente; Mujica fue elegido por el Frente Amplio y eligió a su vicepresidente de otra lista. Nosotros estamos planteando aquí un sistema rígido que genera y continúa la cultura del enfrentamiento en la Argentina porque reproduce la lógica de “vencedores y vencidos”. No permite la convivencia en los partidos, es decir, que una lista que ganó pueda incorporar a la lista que perdió. Algunos dirán que son incompatibles y por eso deben estar en partidos distintos, pero ese no es un argumento, no es una razón. La razón debería ser que tendríamos que permitir acuerdos amigables entre las listas que participaron en las internas abiertas.
Quisiera plantear un tema más. En primer lugar, nos parece un avance importante lo relativo al financiamiento. Creemos que hay un elemento de igualación que es democrático e interesante, primero, porque los ciudadanos son los que pueden poner dinero en los partidos políticos y en las campañas: el Estado pondrá dinero, no así las empresas.
Nos parece bien que la televisión sea por espacios cedidos y que no se pueda hacer el fraude de poner publicidad pero como no dice “diputados” sigue la publicidad y se viola la norma. Todo eso me parece bien.
Lo que nos parece muy mal es que no se haya garantizado la transparencia en el uso de los recursos oficiales. Quince días de publicidad oficial no son nada. Se tiene que prohibir la publicidad oficial desde el día en que se anotan los candidatos. No puede haber ningún tipo de propaganda gubernamental, y los espacios televisivos los debe repartir la Cámara Nacional Electoral.
Queremos agregar tres artículos. Uno de ellos se refiere a los delitos contra el clientelismo, porque se reparten cosas en las campañas. Ya hemos hablado de lo que significa el uso de los ciudadanos en estas circunstancias. Por eso es que queremos incorporar esta norma.
Otro artículo hace alusión a los delitos de corrupción, pero no con condena. ¿Por qué tienen que ser con condena? ¿Por qué no vamos a plantear que los corruptos no puedan ser candidatos?
Por último, el problema de la democracia requiere de un pacto moral. Son las costumbres y las prácticas las que van dejando señas en un sistema de partidos. Por eso, nosotros estamos planteando estas normas para que las prácticas políticas de las nuevas generaciones sean las prácticas de la transparencia.
Por lo expuesto, adelanto que vamos a votar negativamente este proyecto, porque creemos que a una reforma electoral le hacen falta estos principios básicos que la Coalición Cívica está planteando como garantías para nuestro país.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. La Presidencia le recuerda que tiene cuatro minutos para realizar su exposición.
SR. FLORES, HECTOR.- Señor presidente: como bien dijo la señora diputada Bullrich y otros oradores, es muy importante que después de veinticinco años de democracia discutamos acerca de una reforma política y saquemos conclusiones sobre las prácticas que se han llevado a cabo durante ese tiempo.
Me referiré solamente a un aspecto de nuestro dictamen de minoría: la creación de un fondo para generar el ingreso ciudadano a la niñez.
Aunque es un tema que aparece como desligado de la reforma política, según nuestra concepción el ingreso ciudadano a la niñez no es solamente la transferencia de fondos de un sector a otro sino un generador de cultura y de políticas que apunta al corazón de uno de los mayores problemas que sufre, no sólo la democracia de nuestro país, sino también las jóvenes democracias de otros países de América Latina. Me refiero concretamente al clientelismo político.
Se supone que el clientelismo político es sólo un intercambio de favores entre un puntero y los sectores más desprotegidos. Esto es cierto, pero es un concepto superficial porque la matriz del clientelismo político que azota las democracias de los países de América Latina guarda relación con una forma de construcción de poder donde unos dominan y otros son dominados. El clientelismo político es solamente la herramienta para llevar adelante ese proceso de construcción de poder; se genera en una relación social, y a ello apunta la necesidad de introducir el ingreso ciudadano a la niñez en la reforma política que proponemos.
Esa relación social de dependencia de los sectores de poder que tienen los estratos más vulnerables de la sociedad dejará de existir cuando estos últimos gocen de derechos universales y no tengan que pedir permiso a nadie para usufructuarlos. Ese es el corazón de una política que pretende generar espacios de libertad.
Basta mirar la realidad para comprender lo que estoy diciendo. Si el Estado omnipotente, que puede generar los recursos necesarios para llevar tranquilidad a los sectores más empobrecidos, elabora políticas focalizadas y determina quiénes son los que repartirán ese dinero, estamos en presencia de clientelismo político; entonces, ya no importa la intención o sobre qué bases se pensó la redistribución de los ingresos.
Hace poco asistimos a un programa dirigido a la creación de cooperativas donde esa forma de establecer relaciones entre el poder y los sectores más empobrecidos se vio con claridad, ya que desde su propia construcción, el poder repartió recursos entre los que consideraba que tenían derecho y no entre todos. Eso es clientelismo político.
Esto ocurre no porque los pobres no tengan capacidad de pensar sino porque no tienen la posibilidad de decidir. Es por ello que la reforma política debe generar condiciones de igualdad para todos; de lo contrario, no es equitativa.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- La Presidencia solicita al señor diputado que redondee su exposición.
SR. FLORES, HECTOR.- Ya termino, señor presidente.
Si no abordamos este problema, estaremos en presencia de una democracia con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Llama la atención que no esté instalada en la reforma política la cuestión del clientelismo como un elemento importante a debatir, porque consideramos que o bien no se conocen las prácticas de la política en la Argentina o estamos ante un discurso cínico por el que se pretende escamotear uno de los problemas más serios que acechan a la democracia.
Creo que hay que debatir profundamente el tema porque entonces estaríamos en presencia de la posibilidad de veinticinco años más de democracia pero para todos en igualdad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- La Presidencia recuerda que la Cámara ha aprobado que esta cuestión será votada a las 17.
SRA. BALDATA, GRISELDA ANGELA.- Es una lástima que seamos tan pocos en el recinto, señor presidente. Debería llamar al bloque de la mayoría.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Continuamos el informe de los dictámenes de minoría. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital, quien va a compartir su tiempo con los señores diputados Gribaudo y Galvalisi.
SR. OBIGLIO, JULIAN MARTIN.- Señor presidente: nosotros vamos a respetar los veinte minutos. En primer lugar, tal como lo hizo otro señor diputado previamente, quisiera referirme al nombre de esta ley: democratización de la representación política. No se entiende por qué permanentemente se están presentando proyectos que hablan de la democratización. Es como si desde 1983 hasta nuestros días no hubiera habido democracia, es decir, como si los representantes del pueblo no hubiésemos sido elegidos en democracia, con libertad, con participación ciudadana.
Esta cuestión me llama la atención y cabe esperar que no sigan llegando a la Cámara otros proyectos con el título de democratización y que aceptemos que desde hace bastante tiempo estamos en democracia.
En cuanto al proyecto en sí mismo, lo hemos analizado con mucho detenimiento y con mucho esfuerzo. Quiero agradecer a todos los asesores de nuestro bloque por el empeño que pusieron, la dedicación y el tiempo destinado.
Si en verdad el objetivo del proyecto era fortalecer el sistema de los partidos políticos, debo decir que hay cosas que son incongruentes y con las que no estamos de acuerdo.
En primer lugar, el sistema de internas abiertas y obligatorias. Creemos que no es adecuado y nos parece que debería ser un sistema distinto, un sistema de elecciones internas semiabiertas, obligatorias para los partidos y simultáneas.
Cuando hablo de elecciones semiabiertas, estoy diciendo que deben participar los afiliados al partido y aquellos ciudadanos que estén interesados en participar, que se registren y voten en ese partido.
En cuanto a la obligatoriedad, debe ser para los partidos y no para los ciudadanos, porque no podemos obligar a los ciudadanos a seguir votando y a dedicar más tiempo a participar en cuestiones en las que tal vez no quieran hacerlo y que hacen que la política en general esté en lo social con tan bajos niveles de aceptación.
Hablamos también de elecciones simultáneas porque coincidimos con el objetivo del proyecto del oficialismo de hacerlo en forma simultánea y de que todos los partidos lo hagan en un mismo día, fijando una fecha precisa en la ley.
Para nosotros, el piso de votación que hay que exigir en la interna no tiene que ser del padrón general sino del padrón del partido. Si lo que se quiere hacer es fortalecer el partido, exijamos que en la votación interna participe por lo menos el 15 o el 20 por ciento del partido. Eso automáticamente va a eliminar a todos los partidos que tienen afiliados que no participan o que han muerto o que directamente nunca se enteraron de que estaban afiliados.
Me parece que lo lógico sería exigir una participación interna, fijar un piso de afiliados pero no de todo el padrón porque me parece que ahí todos los partidos más chicos, históricos e importantes de la Argentina van a estar muy complicados.
Por otro lado, si se quiere fortalecer la afiliación y la participación del ciudadano en los partidos, esto de obligarlo a participar en una interna sin estar afiliado es un disparate absoluto.
Si le damos los mismos derechos al ciudadano que al afiliado, me pregunto para qué sirve afiliarse a un partido político. Es mejor no afiliarse a ningún partido y elegir a quién votar en la interna que a uno le guste, según la elección y la preferencia partidaria de ese momento.
Tenemos que fomentar que la gente participe, que se involucre en el partido político y participe en su vida activa, y no generarle los incentivos contrarios.
En lo que respecta a la boleta única, ya bastante se ha dicho, pero estamos convencidos de que elimina una cantidad de problemas que hay en la Argentina, como la desaparición de las boletas y la cantidad de papel que se gasta, algo que es antiecológico y antieconómico. A eso hay que sumar el fraude que se provoca, que todos lo conocemos perfectamente y se ha denunciado muchas veces en este recinto.
Definitivamente, la boleta única brinda al Estado la solución para que cumpla con dos requisitos fundamentales: dar transparencia a la votación y asegurar que todo ciudadano pueda acceder libremente a la elección del candidato que desea. Esto se va a lograr a través de una boleta única que sin duda va a llegar a todos los ciudadanos.
Respecto de la transparencia, no coincidimos con el dictamen de mayoría en una gran cantidad de temas. Tenemos algunas propuestas que hemos hecho pero que no han sido aceptadas y que están en nuestro dictamen de minoría. Por ejemplo, el informe de gastos y de donaciones que se debe presentar diez días antes de las elecciones.
Esto ha sido eliminado, y creemos que va a generar agujeros negros de dinero sobre los que no se va a saber dónde van a ser colocados porque no se van a rendir cuentas. Consideramos que debería mantenerse esta obligación. Hemos sostenido que los padrones electorales deben ser digitalizados, y además controlados y manejados por la justicia electoral y no por el Ministerio del Interior. Deben ser publicados en la página web e indicarse las afiliaciones correspondientes, dando transparencia.
Otro tema muy importante es la creación de la justicia electoral. Al respecto, preferimos quitar facultades al Ministerio del Interior y dárselas a la justicia electoral, antes que quitarle facultades a la justicia y dárselas al Ministerio del Interior. Como dijo una diputada preopinante, convertir al Ministerio del Interior en juez y parte en cada elección me parece que no es correcto.
Respecto de la publicidad, debemos establecer límites claros. No puede ser que una vez que se sancione esta ley los candidatos no sepan en qué medios van a hablar, a qué hora, después de quién, cuánto tiempo van a tener y si la expresión que hagan en un noticiero ya les quita tiempo de campaña en la televisión.
Todo esto lo que genera son agujeros negros que permiten discrecionalidad absoluta de la autoridad de aplicación, favoreciendo a los amigos del poder y actuando en contra de los opositores.
Finalmente, en temas de transparencia –y para respetar el tiempo acordado-, tenemos que limitar el uso de los bienes presidenciales durante la campaña. No podemos ver más a ministros, subsecretarios y a directores generales usando los aviones presidenciales o toda la estructura presidencial para ir a hacer campaña a las provincias. Esto es inaceptable, no se da en ningún país exitoso ni moderno. Definitivamente, tenemos que limitar esas cuestiones.
Para terminar, quiero referirme a la prohibición que se ha establecido ante ciertos delitos para que las personas sean candidatos. Por supuesto que estamos de acuerdo, pero nunca violando el principio de inocencia. Lo que debe haber es un auto de procesamiento firme con una prisión preventiva, pero no podemos violar el principio de inocencia y permitir que una persona por un simple auto de procesamiento quede fuera de una lista de candidatos y que además el partido sea sancionado.
Coincidiendo con lo que ya ha sido planteado por otro señor diputado, no entendemos para qué se ha limitado en el tiempo esta sanción, por qué la hemos limitado a la última dictadura. ¿Qué pasa con las dictaduras anteriores? ¿Todos los que cometieron delitos en las dictaduras anteriores van a poder ser candidatos libremente? ¿Qué pasa con el futuro? Lo que tenemos que hacer es legislar mirando al futuro. ¿Qué pasa si en el futuro tenemos alguna situación de éstas? ¿También las personas se van a poder presentar como candidatos libremente sin ningún tipo de sanción?
Por todo esto, nuestro bloque va a votar en contra del dictamen de la mayoría.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. GRIBAUDO, CHRISTIAN ALEJANDRO.- Señor presidente: independientemente de votar en contra del dictamen de mayoría y de tener nuestro propio dictamen, quiero felicitar al diputado Landau y a la diputada Graciela Camaño por el trabajo realizado, reconociendo en ellos su capacidad técnica en este tema.
Creo que no es una reforma política lo que estamos discutiendo en este Congreso sino apenas una reforma electoral, que no va a tener el consenso de los partidos que obtuvieron en las últimas elecciones representación real, muchos de ellos partidos nuevos, modernos, con espacios en crecimiento.
Probablemente, seamos todos los que próximamente estemos discutiendo una verdadera reforma política en este Congreso. Incluso, muchas de las cuestiones que aprobemos hoy probablemente tengan que ser revisadas en una verdadera discusión de reforma política.
Las cuestiones de forma no son menores. Este Congreso permanentemente se encuentra con algún proyecto sorpresivo y que en un plazo determinado tiene que salir de alguna comisión y los dictámenes generalmente no aparecen, y cuando aparecen llegan al recinto. Este es uno de los mecanismos que el Congreso que viene deberá cambiar con las voluntades que podamos trabajar.
También existen cuestiones de fondo vinculadas con lo que piensa la gente. Si uno espera una discusión de la reforma política en el Congreso, debería ser abierta a la sociedad, generando un verdadero debate dentro de los partidos que la representamos, y la verdad es que nada de esto ocurrió. Todos estuvimos participando en reuniones de comisión, pero el ciudadano no sabe lo que es una reforma electoral ni una reforma política.
Estamos cansando a la gente que está harta de los políticos y nosotros somos parte de ese cansancio. Tenemos que entenderlo como una realidad objetiva. Estamos dentro de la política, creemos en los partidos políticos, pero la reforma tiene que provenir de un consenso mayor.
Hay algunas cuestiones que quiero agregar a lo que comentaba el señor diputado Brue y que se vinculan fundamentalmente con la obligatoriedad de la interna, aspecto que no ha sido discutido en profundidad. Estamos obligando a la gente a participar en muchas elecciones. Por ejemplo, en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires habrá cinco turnos electorales en seis meses, lo que significa que la gente tendrá que votar cinco veces en seis meses. No sé si la gente, e incluso nosotros, vamos a estar de acuerdo. Por eso, es un punto que deberíamos debatir en profundidad.
Por otro lado, el sistema que se plantea apunta a fortalecer los partidos políticos, pero estamos dejando de lado a los afiliados, ya que los asimilamos a cualquier otra persona que pueda venir a votar dentro de cada partido. Eso no va a fortalecerlos.
Otra de las cuestiones se vincula con el tema de la boleta única. Nosotros hemos generado un foro de reforma política con más de dieciocho bloques en el que discutimos durante un año. El oficialismo adelantó las elecciones, violó la vida interna de los partidos políticos y corrió el eje de discusión de la reforma política, que se vincula básicamente con la transparencia y la boleta única, aspectos que no son contemplados en esta iniciativa.
Otras dudas que genera este proyecto se vinculan con la injerencia del oficialismo y del poder político oficial tanto en el Ministerio del Interior como en el financiamiento de los partidos políticos y la pauta publicitaria.
Una reforma política seria tiene que ser abierta a la sociedad, transparente y tender al fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Se trata de un sistema que está naciendo en la Argentina y que se vincula con un proceso en el cual participan figuras reconocidas por la sociedad en las últimas elecciones. Sin embargo, esta iniciativa busca limitar y volver a la vieja estructura de la política tradicional y de los aparatos.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señor presidente: en 1916, Lisandro de la Torre decía que la falta de partidos políticos enerva la vida pública y extingue las virtudes viriles de los ciudadanos. Agregaba que en todas las sociedades del mundo, cada vez que se ha relajado la autoridad y la disciplina de los partidos, se han visto aparecer especies parasitarias de políticos positivistas que hacen de las connivencias personales el único objetivo de su actuación.
¿Qué quiero decir con esto? Llevo casi treinta años afiliado al Partido Demócrata Progresista, y lo hice por mis ideas. En esa época, como lo recordaba hace unos días el doctor Randazzo, el que militaba trabajaba en el partido político por sus ideas, algo que con el tiempo se ha ido perdiendo. Lo único que ahora estamos intentando es ver cómo se genera una ley cerrojo para que muy pocos mantengan el poder y el resto que piensa distinto se quede sentado en su casa sin tener ningún tipo de representación.
El otro día, el señor ministro del Interior decía que era una barbaridad tener 686 partidos políticos, de los cuales 33 son nacionales y 653 son de distrito. Esta información surge de la página web del Ministerio del Interior.
Fíjense que de los 653 partidos de distrito, hay 382 que se forman de partidos nacionales. Es imposible que se integren, excepto que esté contabilizado el partido nacional de cada uno de los distritos. Y quedan los otros 171 partidos que no son nacionales sino partidos provinciales o pequeñas uniones vecinales.
¿A dónde nos lleva esta estructura? Por la norma vigente existe un control estricto de los partidos políticos para lograr transparentarlos y blanquearlos; sin embargo, ocurre lo contrario. Todos los partidos políticos nacionales y provinciales deben tener su página web y publicar sus balances como exige la justicia electoral. Sin embargo, solamente 22 partidos cumplen con esa norma establecida por los artículos 54 y 58 de la ley y rinden cuentas. Fíjense entonces qué fácil sería normalizar el sistema político partidario.
Otra cosa que se advierte es que por ejemplo los aportes extraordinarios de campaña suman 4 millones de pesos. Oh casualidad, como se trata de aportes extraordinarios, la mayoría va a los fondos de los partidos que son aliados del gobierno de turno.
Todo esto no sólo no brinda transparencia al sistema de partidos políticos sino que lo perjudica. No le estamos dando respuesta a la ciudadanía. No estamos respetando el sistema republicano. Hoy por hoy es imposible que aquellos partidos que tratan de mantener sus ideas y salen a trabajar a la calle puedan competir libremente y en igualdad de condiciones con otro tipo de estructuras. Esa igualdad desaparece.
En la Capital Federal, donde hay que hacer internas obligatorias abiertas, se debe obtener un piso de 1,5 por ciento de los votos para lograr un legislador; es decir se requieren 36 mil votos. ¿Cómo hace un partido mediano o chico para contar con fiscales y juntar el dinero que el Estado no le da –porque en realidad no lo da- para poder cubrir la elección? Además, como está armada la normativa, no se cuenta con padrones realmente identificados que puedan transparentar la elección interna y evitar que participen afiliados de otros partidos.
Voy a dar un caso clásico: el representante político de mi partido y el tesorero tienen más de cuarenta y cinco años de afiliados, pero en la última elección aparecieron como afiliados al Frente para la Victoria. Entonces, ¿cómo podemos hablar de transparencia?
¿Cómo podemos hablar de democracia partidaria cuando el que gana la interna quiere ofrecerle a su adversario que trabaje con él codo a codo y la ley se lo prohíbe? ¿Cómo se puede tener una verdadera democracia partidaria y brindar a los ciudadanos una alternativa, cuando es obligatorio elegir al candidato para la alianza de antemano, es decir, antes de que se produzca la interna? ¿Cómo demostramos a la ciudadanía que estamos maduros para dar libertad de opinión en cada uno de los partidos y que se puedan elegir a los candidatos, cuando aquellos que no son militantes pueden opinar dentro de un partido cuando lo ideal sería incentivarlos a que participen? Esa es la verdadera participación ciudadana, como existe en Uruguay y Chile.
No ocurre eso en el sistema santafesino, porque luego de las internas abiertas entre los distintos partidos o alianzas se pueden saldar las cuentas y luego formar nuevas alianzas sin tener prohibiciones.
Por último, voy a emular a Lisandro de la Torre cuando en un debate en la Cámara tuvo que defender de la proscripción al Partido Comunista.
Lisandro de la Torre decía que a él lo separaba un abismo del Partido Comunista, tanto en materia ideológica como de comportamiento, pero que él no podía prohibir ni imponer cláusulas determinantes, porque creía en el gobierno de la opinión pública. Pensaba que los ciudadanos iban a ser los que deberían elegir a quienes podrían participar o no.
Hoy, con esta iniciativa realmente estamos poniendo ante el ciudadano a quién debe votar con nombre y apellido, y no le estamos dando libertad de acción para elegir a sus representantes.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA. FADEL, PATRICIA SUSANA.- Señor presidente: como ya se ha aprobado la moción de que la votación se realice a las cinco de la tarde, solicito a la Presidencia que los bloques dispongan sólo de siete minutos y que quienes tenían siete minutos, pasen a insertar sus discursos; de lo contrario, no podríamos cumplir con lo dispuesto por la Cámara.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- La propuesta se resolverá cuando se tenga número para votar. De todos modos, ya se ha votado el cierre del debate a las cinco de la tarde.
Falta un dictamen de minoría y luego continuarían los cierres de los bloques.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. OBEID, JORGE ALBERTO.- Señor presidente: trataré de aprovechar al máximo el tiempo, sobre la base de que pretendemos el mismo tratamiento que el resto de los bloques, que han tenido veinte minutos.
Voy a hablar en nombre del bloque Santa Fe Federal y el resto de las bancadas que mencionó el señor diputado Dalla Fontana, quien continuará con mi exposición sobre nuestro dictamen de minoría.
Desde que se envió el proyecto de ley al Congreso, se ha venido haciendo una comparación con la iniciativa que fuera aprobada en la provincia de Santa Fe durante nuestra gestión.
Todos los temas específicos en cuanto a nuestras objeciones a los aspectos que se han agregado a la ley santafesina o que se han quitado en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, quedarán a cargo de la exposición del señor diputado Dalla Fontana.
En cambio, yo me voy a referir brevemente a un tema que puede parecer formal, pero que para nosotros no lo es. Se trata de los tiempos que se utilizaron para el tratamiento de los distintos aspectos de la ley en la provincia de Santa Fe.
En primer lugar, como candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, habíamos llevado en nuestra plataforma la cuestión de la reforma del sistema electoral, a fin de terminar con la ley de lemas, que estaba vigente en ese momento.
Queríamos reemplazarla por un sistema de internas abiertas y obligatorias, junto con primarias y elecciones generales, lo cual significó un debate de tres o cuatro meses entre todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral.
En consecuencia, este tema no apareció como caído del cielo, uno o dos años después de estar en el gobierno, sino que formó parte de la discusión que se dio en el ámbito electoral a través de los partidos políticos.
El 11 de diciembre de 2003 asumí como gobernador de Santa Fe, y el 12 de diciembre enviamos el proyecto de internas abiertas y obligatorias a la Legislatura santafesina. De común acuerdo entre todos los partidos políticos, la Legislatura y el Poder Ejecutivo provincial, se decidió que el Legislativo se iba a tomar doce sesiones para discutir el tema en comisión y en audiencias públicas con todas las organizaciones no gubernamentales que quisieran expresar su opinión. Así ocurrió. Es más, las doce sesiones se extendieron a quince, porque se juzgó necesario seguir discutiendo el tema.
Finalmente, el 19 de agosto de 2004, ocho meses después de que el proyecto ingresara a la Legislatura provincial, se sancionó en la Cámara de Diputados. ¿Saben cuál fue el resultado? Se aprobó por mayoría, y los diputados de la oposición que no estaban a favor se abstuvieron; es decir que no hubo un solo voto negativo.
Lo que quiero decir con esto es que en aquel momento en mi provincia estábamos discutiendo algo que hacía a una política de Estado, ya que se trataba nada más y nada menos que del sistema electoral por el cual se iban a regir de ahí en más las elecciones en la provincia de Santa Fe.
Evidentemente, un proyecto que es considerado como política de Estado no se puede discutir en veinte días; no se puede discutir entre gallos y medianoche o, como suele decirse, a los sopapos.
Por estas razones, quiero reivindicar lo que se hizo en la provincia de Santa Fe, porque quizás no es conocido por muchos de los presentes. Lo aclaro porque se ha pretendido confundir diciendo que lo que ocurrió en Santa Fe es lo mismo que aquí se está haciendo. Lo que se sancionó en mi provincia fue producto de una política seria y de un debate del que participaron todas las instituciones. Los legisladores pudieron discutir en comisión, donde recibieron a los representantes de todos los partidos políticos, hasta que finalmente se aprobó el proyecto.
Esta es la metodología que nosotros hubiésemos querido que también se aplicara en el tratamiento de este proyecto de ley. Lamentablemente, no es lo que ocurrió. Al compararlo con la legislación que se dictó en la provincia de Santa Fe se desnaturalizó el proyecto, sobre todo producto de ciertas ausencias o de la inclusión de algunos temas que, en nuestra opinión, no colaboran con la trasparencia. A estos temas justamente se va a referir el señor diputado Dalla Fontana en los minutos que nos restan, si el señor presidente lo autoriza.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. DALLA FONTANA, ARIEL RAUL ARMANDO.- Señor presidente: hemos presentado un despacho de minoría que fue refrendado, además de los diputados de este bloque, por los señores diputados Cremer de Busti, Petit, Zavallo, Irma García y algún otro compañero que no quiero citar porque no estoy completamente seguro de que haya firmado nuestro dictamen.
Antes de referirme específicamente al proyecto propuesto en nuestro dictamen quisiera dilucidar cuál es el motivo por el que estamos tratando esta iniciativa. El oficialismo nos dice que de este modo trata de dar respuesta a la necesidad de reformar el sistema político para mejorar su funcionamiento. Otra posibilidad es pensar lo contrario, es decir, que esta propuesta persigue el objetivo de favorecer al oficialismo y perjudicar a los partidos de la oposición.
Nosotros entendemos que es necesaria una reforma del sistema político, como también reconocemos que el despacho de mayoría contiene algunos principios con los que podemos coincidir en abstracto, fundamentalmente en lo que respecta a las medidas que incentivan la participación de los ciudadanos. Pero existen cuestiones de fondo y de forma que nos hacen pensar que, usando como excusa la necesidad de la reforma, el oficialismo tiene como fin central fortalecer las posibilidades electorales del partido de gobierno.
Observamos que a la concentración de facultades institucionales que producen los superpoderes, a la concentración de poder económico a través del incumplimiento de la ley de coparticipación –que pone a las provincias en estado de virtual sometimiento respecto de la Nación- y a la pretensión de crear un monopolio estatal informativo en materia de medios de comunicación, ahora se pretende agregar una concentración de facultades en materia de contienda electoral.
En este punto alguien del oficialismo podría decir: “Esto es imputarnos mala fe”, pero no es así. Sin embargo, estamos ante el hecho real de que este proyecto se está tratando de apuro sobre la base de un despacho que se terminó de confeccionar ayer por la noche. Para conseguir el número necesario para su tratamiento se ha vuelto a usar en forma obsesiva el mecanismo de negociación individual a través de concesiones cuyo único fin es conseguir el número.
El diputado Obeid se ha referido a la cuestión de forma respecto a las diferencias que existen entre la ley que rige en Santa Fe y este proyecto. Brevemente, voy a insistir en las cuestiones de fondo.
La ley santafesina constituía claramente una reforma al sistema electoral y se limitaba a la cuestión de internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta iniciativa, usando como caballito de batalla este instrumento –que es nada más que un mecanismo-, genera una acumulación de facultades en manos del Poder Ejecutivo de tal manera que concentra la facultad de distribuir recursos y espacios televisivos. A su vez, prohíbe que fuera del Estado se puedan hacer tales cosas: ni recaudar fondos ni ocupar espacios televisivos, excepto los que conceda el Estado.
Esta cuestión de la estatización de los recursos y de los medios televisivos incluso podría ser discutida, siempre y cuando se nos conceda una petición que es central. Eso no ha sucedido, y por ese motivo estamos obligados a votar en contra.
El organismo de control, de administración y de asignación de recursos no puede estar en manos del partido de gobierno. Por lo tanto -este es el eje central de nuestro despacho- proponemos la creación de una comisión de administración, asignación y control de recursos y espacios televisivos y, en general, de todo lo que tiene que ver con la campaña. Este organismo se compone de la siguiente manera: un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Justicia, tres senadores –uno por la primera minoría, uno por la segunda y otro por la tercera- y cuatro diputados –uno por la primera minoría, uno por la segunda, uno por la tercera y otro por la cuarta-. Es decir, se trata de un organismo donde nadie puede tener mayoría: ni el gobierno ni ninguno de los partidos de la oposición. De esta manera se garantiza acabadamente la participación de todos los actores electorales de peso.
No veo por qué esto no puede ser aceptado por el oficialismo. Por un lado, un organismo de este tipo garantiza todo lo que se establece en cuanto a impedir que grupos económicos poderosos intervengan en la política a través de la financiación de la campaña, pero a la vez garantiza que un grupo más poderoso que ellos –el que maneja el gobierno- termine quedándose con todos los resortes de poder.
Por último, tal como decía un personaje de un cuento de Tolstoi, las horas deben ser largas y el discurso debe ser corto. Por lo tanto, en coincidencia con muchos bloques de la oposición, entendemos que es esencial introducir mecanismos modernos para las elecciones, de tal manera que lo más pronto posible podamos contar con el voto electrónico. Mientras no podamos contar con dicho instrumento en forma total, solicitamos que en todos los demás aspectos se utilice una boleta única.
-- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SR. DALLA FONTANA, ARIEL RAUL ARMANDO.- Es infantil plantear que no puede haber boleta única en la Argentina cuando todos sabemos –y lo podemos ver por CNN cuando hay elecciones en América Latina- que países como México y Bolivia utilizan ese sistema –estamos hablando de países que tienen un mayor grado de analfabetismo y de zonas rurales que nosotros- y jamás les ha traído problemas, sino todo lo contrario.
En consecuencia, nos parece que un gran avance en cuanto a la transparencia sería aceptar la utilización del sistema de boleta única.
Nos hemos visto forzados a emitir un dictamen de minoría porque nosotros pensábamos que este tema tendría que haberse tratado –como se hizo en la provincia de Santa Fe- fijando una fecha cierta para abril del año que viene, para que se considere con o sin despacho de comisión, a fin de garantizar así su tratamiento. No habiendo conseguido esto, y por las razones que hemos expresado, vamos a votar en contra del dictamen de mayoría.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- La Presidencia aclara que ya concluyeron las intervenciones respecto de los dictámenes de minoría.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. VIALE, LISANDRO ALFREDO.- Señora presidenta: para los socialistas, el dictamen que se ha traído a este recinto no modificó los principales aspectos cuestionados por nuestro partido, el que se expresó sobre este tema en la declaración aprobada por su Comité Ejecutivo Nacional el pasado 7 de noviembre, con la seriedad y responsabilidad con las que los socialistas de la Argentina debatimos las cuestiones públicas y resolvemos las posiciones que traemos a este ámbito fundamental de la democracia.
En ese amplio y profundo debate, el órgano de conducción de nuestro partido analizó el proyecto de reforma política impulsado por el Poder Ejecutivo nacional y señaló numerosos cuestionamientos.
Esos aspectos tienen que ver con el sesgo central del proyecto del Ejecutivo, que a contrapelo de las tendencias democráticas actuales a nivel internacional, así como de las sugerencias que en esta materia vienen haciendo numerosos especialistas, concentra funciones en el propio Poder Ejecutivo en lugar de avanzar en la estructuración de una justicia electoral independiente del poder político.
A pesar de las modificaciones que se le hicieron, sigue teniendo plena vigencia lo expresado por el socialismo al rechazar el proyecto de ley, entendiendo que éste avanza en el camino de consolidar una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en aspectos sensibles de la administración y gestión de los procesos electorales, no garantiza una administración electoral independiente y es claramente inconveniente en términos de transparencia y equidad electoral, a la vez que contiene normas de carácter proscriptivo para nuevas fuerzas políticas, que van en el sentido de obstaculizar la posibilidad de constitución de alternativas a la vieja política.
No podemos dejar de señalar, señora presidenta, que carece de toda razonabilidad que a muy pocas semanas del cierre del período de sesiones ordinarias se apure la discusión de un tema respecto del cual la propia Constitución Nacional prohíbe que se resuelva a través de decretos de necesidad y urgencia y establece, a través de la mayoría agravada, un piso de consenso mínimo de los bloques parlamentarios.
Ese consenso no ha sido siquiera buscado, lo que se prueba en la mención que se hace en los fundamentos a la ronda de diálogos realizada oportunamente, ronda en la cual los partidos no recibieron apenas una devolución acerca de cómo se tuvieron en cuenta sus opiniones respecto de este tema.
Por el contrario, creemos que la reforma política debe ser fruto del diálogo y el consenso, en el que participe el más amplio espectro partidario posible, acompañado de un proceso altamente participativo que la dote de un alto nivel de legitimidad y, sobre todo, de sostenibilidad a través del tiempo.
Hablamos de sostenibilidad en el tiempo porque cuando al partido del gobierno no le convenía la ley de internas abiertas, ese mismo oficialismo apuró su anulación, con el voto en contra del bloque socialista. Esto es bueno recordarlo.
Ahora, dada la aparición de una vertiente opositora justicialista que amenaza con crecer por afuera, o quizás ante la pesadilla de perder el control del viejo PJ al cual tanto cuestionaban y en el que recalaron con una notable pericia para el manejo de sus viejas prácticas, resulta conveniente reactivar aquel sistema en función de las necesidades actuales.
Deberíamos preguntarnos cuánto tiempo durará esta reforma política que hoy se presenta como la solución de los problemas de nuestra democracia. Quizás hasta el PJ necesite nuevamente retoques que faciliten algunas de las múltiples maniobras que desde el poder se han puesto en práctica para mantenerse allí, y no como se esperaría de un gobierno que se autoproclama progresista para distribuir ese poder en la sociedad.
Se ha dicho reiteradamente -y aquí se mencionó recién- que esta iniciativa de reforma política está inspirada en el modelo de Santa Fe. Sin embargo, en esa provincia las elecciones internas abiertas no son proscriptivas, como en el proyecto del oficialismo, por el cual aquellas fuerzas políticas que no alcancen un determinado piso no podrán participar en las elecciones generales. Se trata de un criterio de manifiesta arbitrariedad y carácter proscriptivo, incompatible con el espíritu democratizador y participativo que debería tener una verdadera reforma política.
Veamos por ejemplo el tema de las listas sábana; mucho se ha hablado de ellas a través del tiempo. Tal como lo explica el especialista Gerardo Scherlis, la llamada lista sábana, la lista vertical, no es la responsable de todos los males del país. De hecho, el desconocimiento de los candidatos sólo es un problema en un distrito grande, como es la provincia de Buenos Aires, que elige a treinta y cinco diputados. Por ejemplo, en la Capital se eligen trece diputados; en Santa Fe, diez, y en Córdoba, nueve. En la mayor parte de las provincias argentinas se eligen, en cada elección, cinco diputados; quizás en algunas de ellas, menos. Más aún: el desconocimiento de los electos puede argumentarse seriamente sólo en la provincia de Buenos Aires, donde el Partido Justicialista suele obtener una buena porción de los treinta y cinco diputados que se eligen, pero en el resto de los distritos grandes del país ningún partido elige, en una misma elección, más de cinco diputados.
La verdadera lista sábana, de la que no se habla, es la lista horizontal, aquella por la cual se juntan elecciones de muchos cargos diferentes –incluyendo cargos nacionales, provinciales y municipales- en una misma boleta. Así, el ciudadano puede encontrarse en una misma boleta con candidatos a presidente y a vicepresidente, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador y vicegobernador provinciales, senadores provinciales, diputados provinciales, intendente y concejales municipales, consejeros escolares y hasta convencionales constituyentes para reformar alguna Constitución provincial o carta orgánica municipal.
Es verdad que se puede cortar boleta, pero eso requiere una información que no siempre está al alcance del elector. El voto se desnaturaliza cuando no se distingue en forma clara qué cargos están en juego en una elección. El objetivo de juntar todos los cargos es lograr el “efecto arrastre” de un candidato hacia todos los otros. Es habitual que el elector, al elegir a un candidato para algún cargo -presidente o gobernador- termine dando su voto a candidatos para otros cargos.
Voy a pedir unos minutos, señora presidente, porque resulta imposible sintetizar en tan poco tiempo todo lo que se fue planteando.
Volviendo al tema, esa situación, que desnaturaliza la elección del votante, no está prevista en el proyecto que se trae a debate; por el contrario. Esto es así básicamente por dos razones: porque no se incorpora el sistema de boleta única, que puede contribuir a solucionar este asunto, y sobre todo porque no incluye la prohibición de la simultaneidad de las elecciones nacionales con las provinciales y municipales, prohibición que desterraría la lista sábana horizontal.
En otro aspecto, el proyecto en debate contiene numerosas inequidades que resultan llamativas e injustificables. Una de ellas es la que incorpora el criterio de proporción de afiliaciones en relación con el padrón como requisito para el reconocimiento y caducidad de partidos.
Por un lado se trata de un criterio claramente proscriptivo y anacrónico que no sólo no responde a la realidad del sistema de partidos argentino y desconoce la evolución histórica de los formatos partidarios en el mundo sino que también generará incentivos para las ya muy extendidas prácticas clientelares tan representativas de la vieja política.
Por otro lado, se establece una inadmisible discriminación que perjudica sensiblemente a las fuerzas políticas de las provincias con menor cantidad de electores.
En efecto, se establece como requisito acreditar la adhesión de un número de electores no inferior al 4 por mil del total de inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón.
Insisto en que esta disposición no es sólo proscriptiva sino fuertemente desigual en sus alcances excluyentes ya que, por ejemplo, en una provincia como la mía, Entre Ríos, serán necesarias 3.556 adhesiones sobre 800.000 electores, mientras que en la provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 10 millones de electores, bastarán 4.000 adhesiones.
En otras palabras, la existencia de las organizaciones partidarias se ajustará a requisitos manifiestamente inequitativos; se perjudicará a aquellas provincias con menor población, se favorecerá de manera ostensible a las opciones partidarias tradicionales y se obstaculizará la aparición de fuerzas políticas alternativas.
Aspectos que en el proyecto aparecen como positivos y que fueron enumerados por el señor diputado Landau –la asignación de espacios publicitarios, la distribución igualitaria de recursos y numerosas observaciones a aspectos menores pero igualmente importantes, como la fijación del valor del módulo-, se ven ocluidos por su instrumentación en manos del Poder Ejecutivo. Objetivamente, esto no puede leerse sino como un nuevo intento del oficialismo por manipular de manera antojadiza la legislación electoral a fin de amañar la situación para favorecer sus posibilidades de cara a las próximas elecciones.
Cada modificación introducida, si bien atenúa algunos de los aspectos negativos, no altera el sesgo central que, como decíamos, es la concentración de mayor poder, en materia electoral, en manos del Poder Ejecutivo.
Para los socialistas la reforma política es necesaria; pero, claramente, no ésta. La primera condición de la reforma política, según lo entiende el Partido Socialista, es que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir y dejen de ser rehenes de un sistema clientelar que se implantó en la Argentina hace mucho tiempo y que se consolidó en los años 90 mediante políticas asistenciales que este gobierno ha decidido continuar en lugar de cuestionar.
Es necesario implementar una reforma política que permita recuperar la credibilidad y la legitimidad de la política a través de la incorporación de mecanismos de democracia participativa; que ayude a reducir la brecha entre la política institucional y los reclamos sociales en el camino de la paz social y de la no violencia, y que dé garantías al elector en el ejercicio de su derecho al sufragio.
Pero una reforma política de esas características no se logrará con un debate exprés. Este Congreso debería tomarse el tiempo necesario para realizar un debate profundo que no tenga como eje prioritario las necesidades de un sector sino los problemas reales del sistema político. Desde esa óptica, el objetivo primordial de la reforma política debería ser mejorar la calidad de las reglas de juego del sistema político, haciéndolo más transparente, más confiable, más inclusivo y equitativo y, sobre todo, más participativo.
Finalmente, quiero decir, como en alguna ocasión lo planteara Guillermo Estévez Boero, que es un error creer que el problema de la reforma política puede resolverse cambiando a las personas que ejercen el poder y dejando intactas las estructuras de ese poder injusto.
Por las razones expuestas, el bloque del Partido Socialista votará negativamente el proyecto de ley.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RAIMUNDI, CARLOS ALBERTO.- Señora presidenta: antes de comenzar con mi exposición, solicito alguna concesión y un trato equitativo para todos los bloques.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- La Presidencia pide a los señores diputados que recuerden el acuerdo previo.
SR. RAIMUNDI, CARLOS ALBERTO.- Solicito un trato equitativo, sobre todo teniendo en cuenta que muy posiblemente esta sea mi última intervención en la Cámara de Diputados.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Muchos se encuentran en la misma situación, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RAIMUNDI, CARLOS ALBERTO.- Señora presidenta: adelanto que no haré una cruzada en contra del proyecto de ley en consideración. Trataré de no hacer ningún planteo en términos de eslogan político superficial para conseguir un titular o entrecomillar una frase, porque tampoco soy un militante de la causa “anti-interna abierta”. Creo que eso depende mucho más del contexto que de una cuestión dogmática.
En segundo lugar, hablaré desde una posición profundamente autocrítica, porque si estamos ante un período o una etapa de posible relegitimación del bipartidismo tradicional, en buena medida ello tiene que ver con que quienes desde hace muchos años intentamos construir alternativas superadoras a ese bipartidismo tradicional lo hicimos mal. Y lo hago también desde esas enseñanzas.
Si tuviera que señalar una de las autocríticas más profundas, es haber construido estructuras políticas a partir de liderazgos estrictamente carismáticos y mediáticos, de manera tal que una vez que claudican, defeccionan o se debilitan, se desploma la estructura por falta de institucionalidad.
Eso nos dio la enseñanza de ir hacia una estructura de partidos cada vez más vinculada con el sistema de ideas cada vez más previsibles. Me parece que es eso lo que ordenaría y lo que permitiría recuperar legitimidad al sistema político argentino.
En este sentido, no quiero hacer reiteraciones, pero sí sólo enumerar algo que dije en la comisión en la primera reunión: cuando tuvimos el primer encuentro de diálogo político en la Casa de Gobierno, planteamos que la primera reforma política hace a lo social, porque en la medida en que se vayan resolviendo los problemas sociales se irá allanando el camino entre el ciudadano y su pertenencia política, permitiendo que se relacione con el partido político cada vez más a partir de lo que piensa y no a partir de lo que necesita.
No me voy a extender, pero quiero recordar que también dije que hay clientelismo calificado, es decir, que el clientelismo no se circunscribe sólo a la política, porque hay favores especiales, favores irregulares, información privilegiada que muchas veces se recibe del Estado, y eso no tiene que ver con la pobreza.
Entonces, cuando se habla de financiamiento, no hay que hablar sólo del financiamiento de las campañas y ponerle límite desde los partidos políticos, sino que también hay financiamiento espurio de las campañas desde el ejercicio de la función del Estado, y esa es también una materia pendiente.
Otro punto importante es rescatar y reconocer el espíritu amplio que tuvo el señor diputado Landau al receptar una cantidad de iniciativas y propuestas, más allá de que no llegáramos a un acuerdo.
Aclaro que no llegamos a un acuerdo porque, a diferencia de otras oportunidades en que acompañamos proyectos del Poder Ejecutivo o del oficialismo porque estábamos de acuerdo con su sustancia, proponíamos mejoras, las aceptaban y entonces los apoyábamos, en este caso no estamos de acuerdo con el corazón del proyecto.
En ese sentido, no podemos acompañarlo, más allá de las reformas que se le hicieron. El corazón que se mantiene es el de las internas abiertas, es decir, creer que se reordena, que se hace coherente el sistema político de la Argentina a partir de las internas abiertas.
Reitero que mi posición no es contraria por dogma, porque en el Uruguay, por ejemplo, hubo internas abiertas en el Frente Amplio entre dos candidatos con estilos, historias e incluso algunos matices claramente distintos. Pero se hizo en otro contexto, que es el de una cultura donde el programa y los rasgos de identidad de la fuerza política se ponen por encima de las figuras.
Por eso, se pudo ordenar, porque el ciudadano sabía que si ganaba uno u otro, la banda de oscilación entre las diferencias iba a ser muy estrecha. Eso es absolutamente diferente del contexto político de la Argentina.
En este contexto político se propone un sistema de internas abiertas, no como en Estados Unidos, donde los dos candidatos tenían posiciones claramente distintas sobre Afganistán o sobre la reforma del sistema de salud. No como en otros lugares del mundo, donde hay partidos social demócratas, partidos liberales, partidos conservadores.
No es el contexto de la Argentina. En dicho contexto, nos guste o no, esté hecha esta morma para eso o no, va a haber dos internas abiertas que van a ser centrales: una, la del Partido Justicialista y la otra la del Acuerdo Cívico. Ahora, ¿entre quienes van a competir? ¿Dónde están los rasgos de identidad? ¿Los da el programa o los da la figura que gane la interna? Porque si compitieran Kirchner y Duhalde serían proyectos antagónicos. ¿Pero por qué? Porque una fuerza siempre votó más cerca de la oposición y del Acuerdo Cívico que del partido de gobierno.
En línea con esto, si en el Acuerdo Cívico y Social tuvieran que competir en una interna el vicepresidente Cobos, que por alguna identificación con el proyecto oficial llegó a ser vicepresidente, porque si no tuviera ninguna identificación no habría llegado a semejante acuerdo con el oficialismo, y la doctora Carrió, que les envía cartas a las embajadas para decir que la Argentina está en una situación calamitosa, ¿cuál sería el rasgo de identidad del partido político? En lugar de ordenarse, el partido político se posiciona en función de las figuras mediáticas o de los liderazgos carismáticos repitiendo el error del pasado, que es hacer depender el futuro del sistema político de la figura que gane y no de un programa, de una doctrina o una filosofía.
Por eso, me parece que empezaron a construir por el techo, porque faltan las otras condiciones de contexto.
Voy a ir pasando a la parte final haciendo un planteo político y de modo estrictamente personal, pero que tiene que ver con este proyecto de ley.
Para mí este gobierno tiene algunas improntas muy fuertes que yo comparto, en un contexto en el que en la Argentina han ido gobernando mucho más en las últimas décadas los factores de poder permanentes que los partidos políticos. Y cuando hubo violación de la Constitución, al cerrarse el Parlamento, al intervenirse la política, los sindicatos y las universidades, con represión y desapariciones, los poderes permanentes debilitaron la capacidad de formar cuadros para la política.
Por lo tanto, cuando se recuperó la vida política los partidos estaban muy debilitados. Este gobierno, por ejemplo, al haber abierto la compuerta de los derechos humanos, al decir que la Argentina y el continente no están en el ALCA, al decir a determinados grupos mediáticos que tienen que desprenderse de algunas licencias de comunicación, al recuperar para el Estado una herramienta de financiamiento fundamental, como son los aportes jubilatorios, más allá de que discrepemos en su uso, al poner un piso de ingreso a las familias pobres, indudablemente está cambiando las reglas de juego a determinados factores de poder que históricamente se sintieron cómodos en la República Argentina. Y el poder reacciona y desestabiliza cuando le cambian las reglas de juego. Yo comparto esa impronta del gobierno.
Pero cuidado, esa misma impronta tropieza con algunas contradicciones. Cuando he estado en Bolivia –voy terminando, señora presidenta, y le agradezco los minutos- he visto que la distribución del ingreso es tan palpable, que es tan claro que se sacó una gran parte de la renta al petróleo y a la soja y se la entregó a los consultorios médicos de los indígenas y al salario de los que no tenían, que eso hace que las mayorías sientan que lo que dicen los medios es mentira.
Me decían: “me están mintiendo, son palabras, porque yo lo que tengo lo tengo acá, conmigo, palpablemente”. Distinto es un proceso, como el nuestro, donde hay algunas improntas positivas pero existe un planteo como que los inquilinos van a comprar casas cuando después no hay ningún inquilino que lo haya podido hacer. ¿Dónde quiero llegar con esto para vincularlo con este proyecto de reforma?
Es muy negativo, y es parte de mi oposición a esto, que un proyecto político que responde a un universo de ideas progresistas se apoye en un sujeto político cada vez más vinculado con la ortodoxia tanto sindical como territorial y política.
Yo sé que quien inspiró este proyecto debe haber pensado “no tengo otra alternativa que apoyarme en la estructura del Partido Justicialista”. ¿Sabe qué ocurre, señora presidenta? Ya se apoyó en la estructura del Partido Justicialista en la última elección. Hubo quienes repartieron la mitad de la boleta para un justicialismo y la otra mitad para el otro, porque hay gente que está en las filas políticas del partido oficial porque cree en sus valores y otra que está –y también estará mañana si existiera un proyecto en sentido contrario- porque la cohesiona el poder y no la creencia.
Entonces, un proyecto que trata de volver a la estructura tradicional está renunciando a ir cambiando y adaptando el sujeto político a las ideas progresistas. Es imposible sostener en el tiempo un proyecto progresista sobre una estructura o sujeto político que se contradice con eso.
Por estas razones, considero que este proyecto de ley no es el camino para que los partidos políticos recuperen su identidad, sean definidos por un programa, por el compromiso y por los afiliados. Por el contario, va a prestarse a que simpatizantes de un partido voten en las internas de otro para tratar de perjudicarlo, y todas esas cosas que ya se han comentado.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO.- Señora presidenta: desde nuestro punto de vista, este es un tema pendiente. La reforma política y su consecuencia electoral no se cierra en esta reunión. Tal vez por eso nosotros, que trabajamos, adherimos y participamos de la necesidad de esta reforma, no hemos firmado ningún dictamen de minoría, no hemos rechazado el dictamen de mayoría ni presentado uno en disidencia.
Para nosotros, lo que tenemos a la vista es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Luego de la apertura del diálogo político, con posterioridad al 28 de junio, se produjo una entusiasta participación de nuestra parte para completar un esquema de reforma electoral y política en el tiempo y con acuerdos. Ahora bien, después del 28 de junio apareció una nada sutil urgencia en cuanto a la producción legislativa en esta casa. Trabajamos intensamente bajo la iniciativa y la agenda del Poder Ejecutivo, más vale en cuestiones de producción legislativa que de calidad legislativa.
Hubo proyectos a los que nosotros nos sumamos, que nos entusiasmaban por la calidad y por la necesidad de desarrollarlos. Sin embargo, de sopetón teníamos que terminarlos, traerlos a este recinto y votarlos.
Consecuentemente, en estos últimos cinco meses hemos privilegiado notoriamente la producción legislativa a la calidad legislativa.
Este proyecto, con el cual tenemos coincidencias en valores y en principios, no deja de presentar coincidencias casuales y circunstanciales.
En la conducción política de este gobierno, en estos seis años, hemos visto cómo se giran algunas normas o reglas que parecen pétreas, a las cuales se corrige, se las invierte y se las trabaja en un sentido contrario para el que pensábamos que estaban construidas.
Sinceramente, respecto de este proyecto que entusiastamente acompañábamos en el marco de este camino, hemos observado cómo -a través de otras circunstancias legales que se han corregido e invertido- se nos ha sembrado el camino de desconfianza, de sospecha y de poca seguridad en materia de participación política.
Tal vez estemos más cerca de la norma que de cómo va a terminar aplicándose. Probablemente, estemos más entusiasmados con seguir trabajando en este tema que en observar cómo va a girar en el año y medio que resta para su efectiva, real y terminante aplicación.
No tenemos confianza; el pueblo no tiene confianza en que la norma termine aplicándose en el sentido que está planteada. Consecuentemente, los partidos políticos –consagrados en el artículo 38 de la Constitución Nacional y parte fundamental de la democracia- tenemos la obligación de tomar todas las precauciones para que lo que hagamos como legisladores no vaya en contra de la misma democracia.
El legislador es más bien un artesano, trabajador, componedor, ordenador y no un fabricante imperativo de legislación. Eso es lo que hemos tenido a la vista. Además, las legislaciones no son pétreas; se giran, se utilizan, se pragmatizan y se hacen al uso de las propias circunstancias. Los ejemplos están a la vista y estas circunstancias nos llevan a explicar que la mayoría del pueblo argentino –estoy interpretando a las personas con las cuales participo, milito y converso- tenga más preocupación por saber si lo que tenemos en consideración es una regla fija o una que puede ser cambiada.
En el marco de una confrontación electoral y política les aseguro que no hay peor cosa que tener una regla fláccida, pragmática y mal utilizada. Consecuentemente, observamos que tal vez esta norma hoy esté fracasando por la poca confianza que existe y por la sospecha extendida sobre su futuro manejo.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.
SR. PRIETO, HUGO NELSON.- Señora presidenta: estamos considerando un proyecto que por supuesto no viene a resolver el sistema político argentino, el cual tiene serias imperfecciones que se tienen que resolver como ocurre en democracia, es decir, sobre la marcha, mediante ensayo y error, y fundamentalmente con más democracia.
No vamos a resolver el sistema del hiperpresidencialismo, porque está en la Constitución y por ahora no se puede tocar. No vamos a resolver tampoco -por lo menos en su integralidad- el problema de los partidos políticos, porque eso no se resuelve con una ley.
El principal problema que tiene el sistema de partidos políticos en la Argentina es su heterogeneidad ideológica, lo que les quita absoluta previsibilidad. Muestran una heterogeneidad tan grande que su acción de gobierno se orienta más hacia el centroizquierda o hacia el centroderecha según las épocas; incluso, varían según el posicionamiento de su principal contendiente.
Ojalá tuviéramos partidos más coherentes ideológicamente. En ese marco podríamos discutir -sería un avance- la titularidad de las bancas, pero eso no se puede hacer cuando en los partidos hay muy poco apego a las plataformas electorales o a las conductas históricas.
-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.
SR. PRIETO, HUGO NELSON.- De todos modos, el proyecto implica avances.
En primer lugar, las modificaciones que se han incorporado en el tratamiento legislativo han disipado los temores sobre la consolidación de un sistema bipartidista. Es posible que con la nueva legislación exista cierto orden en los partidos nacionales, pero en verdad la sociedad debe resolver si va hacia el bipartidismo o el pluripartidismo. Ninguno de los dos sistemas es bueno o malo en sí mismo, pero la iniciativa permite que la propia sociedad resuelva la cuestión en el futuro.
Como siempre sucede, todos los problemas no se resuelven con una ley. Sólo se resuelven en relación con la parte que contempla cada ley. Por eso, este proyecto nos parece que significa un avance, por lo que merece ser acompañado, al igual que todos los avances en materia social, política y económica.
Así se avanza en lo que declama el título del proyecto: la democratización del proceso electoral. Es opinable, por cierto, si las internas abiertas y obligatorias fortalecen el sistema de los partidos políticos, pero allí participan ciudadanos que no integran los partidos políticos y se seleccionan nada menos que los candidatos para la elección general. Esa participación, que tanto se reclama o declama, se hace efectiva con el voto en la elección abierta y obligatoria.
No quiero hacer un racconto de las coherencias o incoherencias que han presentado los distintos bloques o partidos políticos, porque sería muy difícil seguir el hilo de la historia, pero si existieron incoherencias, ello se debió a que el sistema electoral no tiene un efecto neutro. El aspecto central del proyecto, que es la elección abierta y obligatoria, no ha merecido reparos furibundos de nadie; en todo caso, ha habido objeciones absolutamente marginales.
Es decir que hemos observado una cierta aquiescencia, independientemente del sentido que en definitiva cada legislador le dé al voto. Esto no es inocente; no se trata de una posición dogmática ni de un cálculo académico sobre cuál es el mejor sistema. Esto sucede porque en buena medida los principales actores de la política están convencidos de que este sistema les conviene con vistas a 2011. Obviamente, en 2011 veremos quién está equivocado y quién está en lo cierto.
Creo que este consentimiento expreso o tácito legitima sin duda alguna el régimen electoral que seguramente se va a sancionar en el día de hoy.
En mi opinión, este proyecto constituye un avance, es una manifestación de consenso y no deja de contribuir a una mayor democratización del sistema político. Esto es bueno porque, como decía un gran demócrata, los males de la democracia se curan con más democracia.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén, que comparte su tiempo con el señor diputado Brillo.
SRA. COMELLI, ALICIA MARCELA.- Señor presidente: en primer lugar, solicito autorización de la Honorable Cámara para insertar el resto de mis argumentos en el Diario de Sesiones.
Esta reforma política es una vieja deuda de la democracia. La sentimos muy presente allá por 2001, cuando el agravamiento de las condiciones sociales y económicas reinstaló en la agenda la necesidad de una reforma política. Después hubo distintas instancias para ponerla en marcha, como la Mesa del Diálogo, pero lamentablemente no se pudo avanzar.
Hoy, por lo menos se inicia un proceso para empezar a dotar de contenidos aquellos reclamos. Sin duda, se trata de un paso complejo y dinámico, no solamente porque modifica aspectos fundamentales de nuestro sistema político sino también por la diversidad y densidad de los temas y actores que involucra.
Además, asistimos a una extraña paradoja. Por un lado, estamos orgullosos de estos veintiséis años de democracia pero, por el otro, debemos enfrentar la crisis de legitimidad de la clase dirigente. Por eso, nos cuesta avanzar institucionalmente.
Se habla de crisis sociales y de ciertos rumores que nos acechan permanentemente. Seguramente todo esto es consecuencia de profundas desigualdades y de los altos niveles de pobreza. En los últimos años no ha faltado crecimiento económico, pero no caben dudas de que fue insuficiente.
Por otra parte, creemos que este proyecto más que una reforma política constituye una reforma electoral, pero es necesario que avancemos en una reforma política, porque la democracia no se circunscribe a un mero régimen electoral ni es un simple conjunto de procedimientos.
El sistema democrático no nos puede remitir solamente a pensar periódicamente en el sistema electoral o en el voto. Debe contener un sustrato socioeconómico que todavía nos falta. De lo contrario, sería como pensar que para la democracia es menor la necesidad de una viabilidad económica para atacar la pobreza y la desigualdad de manera sustentable.
Necesitamos desarrollar nuestra democracia; necesitamos ciudadanos que vuelvan a formar parte del destino de nuestra sociedad; necesitamos ciudadanos –como dice Guillermo O’Donnell- con acceso a todos los derechos cívicos, sociales, económicos y culturales. En definitiva, necesitamos fortalecer esta democracia para distribuir riqueza y aumentar las tasas de inversión. También necesitamos ser previsibles; necesitamos un empresariado fuerte e innovador y una agenda política que constituya una verdadera reforma.
Los integrantes de mi bloque consideramos que esta reforma electoral que estamos tratando ha sido sustancialmente mejorada. Se incorporaron numerosas modificaciones que dan certeza a la participación de sectores representados por pequeños partidos que son la expresión de importantes sectores.
Por otro lado, estamos plenamente de acuerdo con el régimen de elecciones internas abiertas, no tan así con la categoría de que sean obligatorias. Entendemos que es imperioso para la designación de candidatos a cargos electivos profundizar la democracia al interior de los partidos políticos a través de la participación activa de los ciudadanos en la elección de sus candidatos. No lo digo teóricamente, porque provengo de un partido donde cada uno de los que nos sentamos en estas bancas participó de una elección interna en la que tuvimos que presentar un piso de 12 mil avales de afiliados. Esto no es menor. Tiene toda una historia para el MPN.
Algún diputado me preguntó por qué votábamos a favor de este proyecto de ley. Le respondí que, por ejemplo, ya en el año 1995, en una elección interna para gobernador, votaron 100 mil personas de un total de 400 mil habitantes. En ese caso el partido realmente supo diferenciar los intereses en cuanto a la elección del gobernador y en cuanto a quiénes querían que fueran sus representantes en la Cámara de Diputados. Esta es la historia de mi partido: es la historia de décadas de surgir de las internas.
Por eso, nosotros adherimos a este proyecto de ley y, por lo ajustado del tiempo, anticipo que vamos a acompañar esta iniciativa.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.
SR. BRILLO, JOSE RICARDO.- Señor presidente: como ha dicho la diputada Alicia Comelli, desde su acta de fundación nuestro partido –el Movimiento Popular Neuquino- lleva el mismo nombre, tiene una estructura de conducción definida a través de una junta de gobierno y cuenta con distritos y seccionales distribuidas en todo el territorio de la provincia del Neuquén.
Tenemos 120 mil afiliados que han elegido sus autoridades periódicamente. Contamos con un método de internas abiertas para definir candidatos, y en el 90 por ciento de los casos ellos han surgido como producto de un proceso de internas abiertas.
Como decía recién nuestra presidenta, para renovar mi mandato en esta Cámara de Diputados tuve que someterme en dos ocasiones al veredicto de las urnas. Primero, el 3 de abril, en una interna abierta para representar a mi partido y, en segundo lugar, el pasado 28 de junio, en la elección general.
Por eso, estamos a favor de las internas abiertas pero, al mismo tiempo, estamos en contra de las listas espejo y colectoras. Nos ha tocado padecerlas al estar mucho más emparentadas con maniobras y especulaciones electorales que con acuerdos y proyectos programáticos.
Mi experiencia personal me indica que en el año 2007 perdí la intendencia de la capital neuquina por mil votos, habiendo obtenido el 34 por ciento del total. De esta manera, un dignísimo adversario de la Unión Cívica Radical, que hoy es intendente con el 8 por ciento de los votos, fue acompañado por ocho listas colectoras de agrupaciones políticas de izquierda y derecha que no perseguían más objetivo político que la derrota de mi partido.
Me considero un demócrata y reconocí mi derrota a partir del razonamiento de que esas eran las reglas. Pero tengo que ser sincero al señalar que las listas espejo o colectoras, en mi concepto -y despojado del resultado y la experiencia personal-, resienten severamente el principio de representatividad.
Además, adhiero a que se modifique la situación de quien pierde en una interna a los efectos de que pueda participar en elecciones generales. Seguramente, todos aquí conocemos casos en los que un candidato derrotado en una interna arma un partido para insistir en una elección general burlando el veredicto de su propio partido.
El otro tema al que me quiero referir es el de la representación. Quiero decir a nuestros compañeros legisladores de otros partidos menores que tenemos 120 mil afiliados y que con el 4 por mil de representación -para tener personería jurídica-, si la tuviéramos en otros distritos podríamos ser un partido que propusiera un candidato para la Presidencia de la Nación.
Por lo tanto, nos da la impresión de que no vemos ningún rasgo de exclusión. Francamente creo que lo mínimo que se le puede exigir a quienes se candidatean a nivel nacional es la representatividad de toda la Nación o, al menos, un mínimo como el que se está proponiendo.
Por lo tanto, tal como lo ha señalado la señora diputada Alicia Comelli, vamos a apoyar este proyecto.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. LOZANO, CLAUDIO.- Señor presidente: vamos a rechazar el proyecto oficial, que lleva un título demasiado ampuloso: “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”. Sugiero que lo cambiemos por otro más simple: “Ley de Reforma del Procedimiento Electoral”. Por lo menos para que el juicio de la historia sobre lo que estamos discutiendo hoy no sea peor.
No me voy a referir a cuestiones puntuales pero sí a cuestiones de contexto que me parece que a veces se pierden de vista en el debate que se presenta.
En el contexto que vive la Argentina, que por lo menos para nosotros es de agravamiento del cuadro social, de estancamiento y de incertidumbre económica -donde se han esfumado los efectos que en términos de expectativa positiva había planteado en años pasados el crecimiento económico-, vuelven a evidenciarse los signos elocuentes de una crisis política. Esta última se expresa, por un lado, en las limitaciones y el agotamiento del consenso oficial, y por otro en las dificultades para vertebrar un consenso alternativo por parte de aquellas fuerzas que son parte de la experiencia política tradicional de nuestro país. En este marco vuelven a aparecer los signos de una crisis de representación política del sistema político tradicional, que hiciera eclosión en el año 2001 y que ciertamente sigue presente.
Nosotros queremos dejar en claro que en ese contexto es absolutamente impracticable la idea de construir instituciones de lujo en un país empobrecido y que resulta un remedo poco favorable pretender resolver la profundidad del problema que tenemos con un simple retorno -o un intento de resurrección, seguramente frustrado- al esquema bipartidista.
Nosotros creemos que las transformaciones que se han vivido tanto en el plano nacional como en el internacional le han planteado a las concepciones históricas de la Argentina y a las estrategias políticas históricas de nuestro país nuevos límites, nuevos desafíos, nuevos planteos, nuevos problemas.
Ha sido evidente, en el marco de estas transformaciones, que éstas han impactado en términos de dilución de viejas identidades políticas, en dilución de grandes causas nacionales que en otros tiempos tuvimos. Y lo que se viene observando en este contexto es la creciente permeabilidad del sistema político tradicional a los dueños del dinero, tanto a escala nacional como transnacional, junto a un proceso de desagregación del sistema político electoral nacional.
Las nuevas características de este sistema político-partidario electoral en un contexto de privatización y descentralización de los servicios públicos, de fragmentación de la capacidad de decisión sobre la explotación de nuestros recursos naturales, han venido de la mano de un proceso de desnacionalización y de provincialización de la competencia partidaria y electoral. Hay provincias en permanente reforma electoral y política.
Es bueno recordar en este contexto que entre 1985 y 2005 hubo 38 reformas político-electorales y 32 reformas constitucionales en las provincias argentinas, lo cual ha dado como resultado una creciente diferenciación de los sistemas político-partidarios provinciales y ha planteado un proceso de fragmentación de los sistemas político-partidarios a nivel nacional.
Obviamente, cualquier reforma debiera contemplar el efecto que produce sobre este tipo de situación y tener como norte ver cómo recompone una estrategia de agregación nacional para el sistema político-partidario.
Es en este contexto de concentración del poder económico, por un lado, y de desconcentración y fragmentación del sistema político-partidario electoral, por el otro, que termina abriéndose como núcleo o dinámica de funcionamiento del esquema institucional de la Argentina un contexto donde los dueños del dinero votan en la práctica todos los días mientras la ciudadanía lo hace una vez cada dos o cuatro años.
La profundidad del problema del cual estamos hablando implica que resolverlo supondría encarar una reforma política integral en clave de fortalecer el proceso de democratización, y ciertamente un rumbo de esta naturaleza tiene bastante poco que ver con lo que hoy estamos considerando aquí.
Si uno toma en términos muy sencillos el proceso político, en él está involucrado el proceso de seleccionar representantes que son a la vez decisores. Por otro lado, está el proceso de tomar decisiones políticas, y por último, el tema de implementarlas.
El hecho de concentrar la discusión exclusivamente en el mecanismo partidario electoral, tal cual lo está haciendo esta reforma, supone operar sobre piezas que quedan bailando en el aire sobre una estructura institucional y de gobierno que sigue funcionando exactamente igual. Es aquí donde este debate que plantea el oficialismo termina siendo un planteo absolutamente parcial e incompleto, inclusive desde el punto de vista estrictamente electoral.
Tal debate a su vez se inscribe en el marco de las históricas modificaciones que hemos tenido en los últimos tiempos -todas ellas signadas por las urgencias y las necesidades coyunturales- y que desde el Pacto de Olivos hasta ahora no hacen otra cosa que plantear mecanismos que simplemente buscan mantener una lógica de funcionamiento que sigue reproduciendo la misma situación de crisis de representación política que el sistema tiene.
Esa crisis de representación política se relaciona con una dinámica donde los dueños del dinero influyen permanentemente en las decisiones políticas, mientras la población, la ciudadanía, siente que está lejos de la capacidad para decidir.
Es en este sentido que hay que ubicar a la propuesta que discutimos como un chaleco a medida para reproducir la vigencia del bipartidismo clásico, pretendiendo zurcir el proceso de fragmentación y provincialización que viven las estructuras políticas mayoritarias. Tampoco es extraño que esto venga de la mano de discusiones que se están volviendo a dar en el país, como las que en todo caso votamos hace poco, cuando tratamos la ley cerrojo de la mano de la reanudación del proceso de endeudamiento en la Argentina.
Por lo tanto, como no creemos que el camino frente a la crisis, al agravamiento social y a la profundización de la crisis política sea resucitar el viejo esquema bipartidista sino todo lo contrario, es decir, abrir la puerta a mecanismos que introduzcan la participación directa de la población en las decisiones, adelantamos que no vamos a acompañar la propuesta en consideración.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALCUAZ, HORACIO ALBERTO.- Señor presidente: en realidad, nosotros interpretamos –y lo hicimos saber así cuando fuimos convocados- que la reforma de nuestro sistema político merecía estar consensuada o plasmada a través de un conjunto de normas que discutiéramos y que formaran parte de un acuerdo entre los partidos. Creíamos que esto podíamos llegar a hacerlo con la adhesión de todos los partidos, los que estamos aquí representados y los que circunstancialmente no tienen representación legislativa, y que entre todos debíamos asumir un compromiso de conductas para transformar los viejos vicios en los que habíamos caído con la práctica deformada de los últimos años.
Considerábamos que avanzar en la reforma implicaba partir de la base del análisis de la crisis que afectó a los grandes partidos políticos de la Argentina, cuya consecuencia fue la aparición de centenares de nuevas fuerzas, muchas de las cuales no son siempre representativas de una expresión ideológica definida. Esa crisis tuvo su expresión más cruda en la situación vivida en el año 2001 que, indudablemente, ha producido una impresionante fragmentación.
Suponíamos entonces que esos partidos –los grandes, los tradicionales y también los emergentes- debían intentar recuperar la confianza de la ciudadanía y encontrar a esos sectores de la comunidad que se han abierto, que se han distanciado de la actividad política.
Desgraciadamente esos sectores hoy no reconocen a nuestros partidos como una herramienta de transformación y descalifican a los dirigentes porque los ven más proclives a trabajar por intereses propios o de sector que con la voluntad de ponerse a la vanguardia de los intereses mayoritarios.
Creímos que hacía falta que la legislación promoviera esa intención que suponíamos que debían tener todas las organizaciones políticas. Nos parecía que hacía falta promover partidos distintos, organizaciones más abiertas y democráticas, y no partidos que a veces convocan a sus afiliados o adherentes sólo para elegir a los candidatos que los van a representar. Entendíamos, reitero, que había que acompañar desde la legislación esa imprescindible revinculación entre el ciudadano y el Partido.
En realidad, ese viejo modelo de partido con miles de afiliados inactivos y una burocracia oficial que ejerce la conducción, ha fracasado. Sin embargo, el proyecto del oficialismo no considera ninguna de esas situaciones.
Se supone que se va a resolver la falta de representación imponiendo condiciones más rígidas a las nuevas organizaciones; asimismo, se supone que excluyéndolas de la posibilidad de participar en las elecciones se va a lograr el ordenamiento del sistema político, cuando en verdad, a lo único que se va a obligar a las nuevas organizaciones -que deberían conllevar en su propio nacimiento la voluntad de transformación-, es a sumar afiliaciones que ya conocemos: las “truchas”, las compradas, las que nos obligan para seguir existiendo y poder ofertar nuestras candidaturas.
En nuestra opinión, sería mucho más valioso poner el énfasis en promocionar e incluso controlar la actividad que esos nuevos partidos desarrollan a lo largo del año que observar solamente la cantidad de afiliados y adherentes, cuestiones puramente formales sobre la formación de cada partido.
Si se quiere terminar en serio con los sellos de goma, con los partidos armados para presentarse a una elección o para obtener el financiamiento que su participación en los comicios garantiza, lo que se debe exigir a los nuevos partidos es un programa de trabajo, de ordenamiento de la actividad de difusión y de formación política, bajo apercibimiento, ante el incumplimiento, de no acceder al financiamiento y ser pasible de sanción con la no participación en la siguiente elección. Todo esto hoy no se le exige a nadie, ni a los partidos nuevos ni a los viejos.
La intención de lograr mayor acercamiento y afinidad entre los partidos y la ciudadanía ha llevado a proponer la celebración de internas abiertas para la selección de candidatos partidarios.
Plantear las internas abiertas en los términos en que se lo hace resulta, al menos, contradictorio con la cantidad de exigencias y de condiciones impuestas a los partidos para que se organicen y puedan garantizar su propia existencia. Al mismo tiempo, al menos en lo que respecta a la elección de los candidatos, se abre el juego de las decisiones internas de los partidos a toda la ciudadanía.
Por otro lado, entendemos que deberían independizarse absolutamente del Poder Ejecutivo algunas atribuciones que el proyecto de ley en consideración sigue dejando en manos del Ministerio del Interior. La distribución de las pautas publicitarias, la administración de los fondos y los escrutinios provisorios deberían quedar en la órbita de la Justicia o de algún organismo autárquico e independiente del Poder Ejecutivo que pueda crearse.
Consideramos imprescindible que se ponga en marcha a la brevedad posible el sistema de boleta única. No hace falta que describa las situaciones vividas en las elecciones del año 2007 particularmente en mi provincia, Buenos Aires, que motivaron el reclamo de la mayoría de los partidos en el sentido de establecer un mecanismo de elección más transparente.
Creemos que no deberían estar permitidas las candidaturas testimoniales y que tendría que sancionarse con la pérdida del cargo que ejerce a quien se presente a una elección y después decida no ocupar ese cargo para el que fue elegido. Debe ser sancionado el transfuguismo; la banca debe pertenecer al partido y no al legislador que decide cambiar.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- La Presidencia solicita al señor diputado que redondee su exposición.
SR. ALCUAZ, HORACIO ALBERTO.- Ya termino, señor presidente.
Entendemos que el proyecto de ley en tratamiento, lejos de promover la participación, lo que en realidad hace es perpetuar los viejos vicios,.porque vemos en la vieja dirigencia la intención de reproducir las mismas prácticas, porque no vemos una sola palabra de autocrítica por parte de quienes hace poco nos hablaban de la transparencia superadora de los partidos, de la transversalidad superadora de los partidos, nos hablaban de las listas espejo, también de las representaciones testimoniales, y en ellos no hemos visto, reitero, una sola palabra de autocrítica.
Por todo lo señalado, nuestro bloque va a votar negativamente y nos oponemos totalmente a este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- La Presidencia recuerda que la Cámara resolvió cerrar el debate a las 17 y esta Presidencia dijo que iba a tratar de acomodar para ello la lista de oradores. En ese sentido, la Presidencia va a hacer una propuesta para ir poniendo fin al debate.
Nos quedaría la representación de los bloques políticos que todavía no hicieron uso de la palabra. Según los oradores anotados, se trata de la señora diputada Silvia Vázquez, del señor diputado Bonasso –aclaro que el señor diputado López Arias aceptó insertar su discurso-, la señora diputada Velarde y una serie de oradores a título individual cuyo discurso será insertado.
Posteriormente, la Presidencia propone el cierre del debate por parte de los bloques mayoritarios, para lo cual cada orador contará con un término de diez minutos.
Si hay asentimiento de la Cámara, se va a actuar de esa manera.
-- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- Señor presidente: en verdad hubiera sido bueno llegar en otras condiciones a este debate de un tema tan importante para la vida política del país.
La primera cuestión que me diferencia en este caso es justamente la escasez de tiempo para tratar de abordar un asunto tan trascendente, porque la modificación de las reglas electorales resulta fundamental, y una reforma electoral –a la que me voy a referir luego- significa la responsabilidad del diseño de un nuevo mapa político en la Argentina.
No debemos olvidar que cuando debatimos la ley de medios estábamos justamente ante la responsabilidad del nuevo diseño de un mapa de medios en el país, y de la misma manera, sin lugar a dudas, una reforma electoral nos obliga a pensar en esos términos.
Ya dije en el primer plenario de comisiones que sencillamente en este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hay en debate tres cuestiones: por un lado, la reforma a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos; por el otro, una modificación al régimen electoral, y por último el financiamiento de los partidos políticos y el financiamiento de las elecciones.
Más allá del esfuerzo realizado en las comisiones, a partir de sus presidentes –en particular quiero señalar a quien ha sido el vocero del dictamen de mayoría, el señor diputado Landau por quien tengo un profundo respeto por su conocimiento de la legislación electoral y del derecho, y sé del trabajo que ha realizado para llegar a este dictamen-, y de haberse receptado buena parte de la propuesta que les hicimos llegar desde distintos bloques, entiendo que hay cuestiones sustanciales que nosotros también planteamos en ese momento y que no fueron tenidas en cuenta.
En principio, me refiero a todas las modificaciones relacionadas con la Ley Orgánica de los Partidos Políticos que, básicamente, tratan los requisitos que agravaban la situación de partidos emergentes, mal llamados pequeños, porque no se trata de pequeños o grandes sino de partidos emergentes de una crisis política que desde 2001 a nuestros días no fuimos capaces de resolver.
-- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SRA. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- Estas cuestiones fueron tomadas en cuenta en buena parte, pero nosotros planteamos dos aspectos que nos parecen centrales a la hora de considerar una reforma política. Uno de ellos sencillamente tiene que ver con la cantidad de gestiones, trámites, todo el proceso que conlleva desde el punto de vista administrativo...
Señora presidenta: Solicito un poco de silencio en el recinto.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- La Presidencia solicita que se respete en el uso de la palabra a la oradora.
SRA. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- Desde el punto de vista de la creación, aquí se discutió si el Ministerio del Interior debe seguir teniendo la cantidad de facultades con que hoy cuenta o si la Justicia Electoral debe tener mayores facultades que las que posee.
Nosotros somos parte –porque no somos los únicos- de una cantidad de legisladores que hemos propuesto una tercera alternativa. Podemos citar el caso de México, cuyos representantes fueron invitados por el propio gobierno nacional para que expusieran las experiencias del Instituto Federal Electoral Mexicano. Me parece que esa es una experiencia que debiéramos haber tomado y habernos dado un tiempo para podernos debatir entre nosotros las ventajas que tendría un armado de estas características, pensando un cambio en el régimen electoral que se va a dar ni más ni menos que en 90 días.
Además de las elecciones generales se va a tener una elección general primaria, abierta y obligatoria, lo cual se transformará –en el caso de que haya segunda vuelta- en tres elecciones generales obligatorias en un lapso de 90 días. Realmente, esto significa una gran complejidad, porque todos nosotros sabemos desde nuestra experiencia, como dirigentes y militantes de los partidos políticos, los problemas que tiene la justicia federal con competencia electoral para resolver algunas cuestiones.
Entonces, agregar mayor complejidad a esto sin que se tenga una mayor infraestructura va a hacer prácticamente inviable lo que se propone.
Por otra parte, hemos planteado la necesidad de que ese organismo sea autárquico, y de que -a través de un proyecto de ley- esté conformado por los distintos partidos políticos que tienen representación parlamentaria.
El segundo punto que nosotros planteamos –y no nos parece nada menor- es el cambio en la utilización de tecnologías, usando lo que se conoce como urna electrónica.
Cuando debatimos la reforma electoral básicamente estamos abriendo...
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Solicito al cuerpo que guarde silencio y escuche a la oradora.
SRA. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- Cuando planteamos la necesidad de la urna electrónica, la incorporación de tecnologías, estamos refiriéndonos justamente a la necesidad de dotar de mayor transparencia al sistema electoral, pero también de mayor eficacia para que el día en que se celebren las elecciones los ciudadanos –cuando lleguen al cuarto oscuro- encuentren una modificación sustancial.
Con el tema de las internas abiertas, obligatorias y simultáneas no sólo no resolvemos la compleja trama que deslegitimó a los partidos políticos en la Argentina, sino que tengo la convicción de que se está pateando para adelante algo central que hace a la política: el diálogo y el consenso, el arribar a posiciones comunes encontrando los puntos coincidentes; y sencillamente, las dificultades internas que no puedan afrontar los partidos políticos tendrán que ser resueltas por los ciudadanos, al plantearse la obligatoriedad del voto en las internas abiertas.
Es una cuestión central del sistema de internas abiertas que no sea obligatorio. Nosotros, como partido nos hemos pronunciado en desacuerdo con este sistema cuando tuvimos oportunidad de concurrir al Ministerio del Interior para la ronda de los partidos políticos. ¿Para qué nos reunimos? Para que los partidos se encarguen, a través de sus candidatos, de desarrollar una tarea de seducción del electorado para que se pronuncie en las internas.
Honestamente, creo que no estamos avanzando en términos de una reforma política. Hay una reforma electoral que me parece absolutamente insuficiente, y reitero: si la cuestión es plantear una modificación a la legislación actual, que no modifique sustancialmente aquello que dotará de mayor legitimidad a la representación política, de mayor transparencia, para que fundamentalmente la ciudadanía sienta que estamos aportando cuestiones que a ella le interesan, no hay motivo para apoyar este proyecto.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. BONASSO, MIGUEL LUIS.- Señora presidenta: quiero introducir un recuerdo desagradable: el estallido de los partidos políticos producido el 20 de diciembre de 2001 y el grito de “que se vayan todos”, grito interesante en la política argentina, que marcó un antes y un después.
Efectivamente, como se ha dicho aquí, esta no es una ley de reforma política y mucho menos de perfeccionamiento de la democracia; no recuerdo el largo y pomposo título que lleva el proyecto de ley. Es apenas una iniciativa de reforma electoral con cuyos fundamentos precisos y técnicos, que señalaré más adelante, tampoco estoy de acuerdo.
Es imposible hacer un diagnóstico y mucho menos proponer una cura cuando se desconoce la etiología o el origen de aquello que se está tratando.
¿Por qué se produjo el big bang el 20 de diciembre de 2001 y el grito bastante unánime, de muchos ciudadanos argentinos, de “que se vayan todos”? Por la falta de representatividad de las grandes coaliciones, de los grandes partidos tradicionales argentinos, como la UCR y el PJ. Ambos habían abandonado aquellos aspectos doctrinarios que les habían dado razón de ser, y si no, repasémoslo.
El Partido Justicialista había atravesado la nefanda, repugnante y repulsiva etapa neoliberal comandada por el señor Menem, que había tenido a Cavallo como ministro de Economía.
El gobierno de la Alianza, que había hecho un diagnóstico muy superficial de las razones de la crisis estructural de la Argentina, y que desgraciadamente integraba una fuerza que podía haber sido un tercer espacio ajeno a la corporación, ¿qué hizo? Llamó a un representante del poder económico real –Cavallo-, el mismo que actuó con Menem en la etapa neoliberal, para ponerlo como ministro de Economía, con una doctrina que parece que estamos resucitando esta tarde, en el sentido de que hay que llamar a lo peor de nuestra historia para resolver el presente.
En aquel momento se dijo algo parecido. Es como si en Hiroshima llamaran a quien tiró la bomba atómica desde el “Enola Gay” para nombrarlo intendente. Eso fue precisamente lo que ocurrió con el gobierno de la Alianza: llamaron al hombre que había tirado la bomba atómica, que era Domingo Felipe Cavallo, y eso precipitó esta crisis de representación.
Dicha crisis ha significado la multiplicación de partidos políticos, que llegaron a ser más de setecientos en determinado momento, y que en la actualidad superan los seiscientos cincuenta. Este fenómeno se relaciona con el vínculo perverso entre política y negocios; es decir, entre el poder político y el poder económico que está detrás del trono y que sigue funcionando. Así lo vemos en el despojo y la entrega de nuestros recursos naturales; verbigracia, los glaciares y los bosques, temas de los que me preocupo bastante a menudo.
Entonces, como se ha dicho, estamos intentando construir una instrumentación de carácter electoral, con esto de las internas abiertas y demás, que en vez de favorecer un proceso de renovación de la dirigencia política argentina –que es la cuestión de fondo-, resulta restrictivo, autoritario, limitativo y poco práctico, a punto tal que, por ejemplo, uno tiene que renunciar a su afiliación mediante telegrama. Quisiera ver a cualquier ciudadano yendo al correo con su DNI, cuando sabemos las dificultades enormes que existen si se quiere hacer una afiliación en serio y no trucha.
Además, esta reforma política peca de otros vicios igualmente evidentes. No se establece la boleta única y tampoco el voto electrónico.
No quiero hablar de “partidos chicos”, porque hay una serie de partidos emergentes que nacen de una migración que tiene que ver con el big bang de las dos fuerzas tradicionales, que tratan de recrear su hegemonía, es decir la corporación UCR-PJ. Entonces, el big bang se puede contener transformando efectivamente el sistema y dando la posibilidad de una mayor participación a los electores.
Por un lado, señalamos que hay internas abiertas, con lo cual cualquier ciudadano puede votar y el afiliado puede preguntarse para qué le sirve serlo -podría decirlo de una manera más castiza pero por respeto al cuerpo no lo voy a hacer-, y por otra parte se establecen una serie de trabas y se aumentan las restricciones, lo cual es absolutamente contradictorio con el planteo de que todos los ciudadanos voten. Esto va en contra del sentido de la renovación. Nadie quiere sellos de goma.
Es una lástima que también fracasara el tercer espacio que en algún momento se alzó en contra de lo que es la corporación del PJ y la UCR.
Desde ya, señora presidenta, no cuenten con mi voto para restablecer ese binomio perverso.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.
SRA. VELARDE, MARTA SYLVIA.- Señora presidenta: en este proyecto de ley ómnibus, que contiene una serie de temas –algunos de ellos acertados-, estamos tratando una propuesta de reforma electoral –no es una reforma política- que de ninguna manera logra en su conjunto mejorar el sistema. Esto lo decimos desde tres visiones: la del sistema de partidos políticos, la del proceso electoral y la del voto de la ciudadanía, que es lo que nos interesa a los militantes de la democracia.
En primer lugar, me refiero al sistema de partidos políticos y debo decir que en la Argentina existen casi setecientos partidos políticos. Es cierto que eso es una anomalía, pero no vamos a resolverla estableciendo un mayor o menor porcentual matemático como requisito para obtener personería por parte de los partidos políticos. Sólo se puede lograr mejorar ese sistema a través de una reorganización de la vida interna de los partidos políticos.
Lamentablemente, el proyecto en consideración omite el tratamiento de la organización interna de los partidos políticos, a fin de fortalecer sus órganos directivos elegidos a través de un sistema de representación proporcional, para dar así una mayor participación a las minorías. De esa manera se contribuiría a resolver la dispersión que se traduce en una multiplicidad de partidos.
Tampoco el proyecto en consideración atiende la garantía del artículo 38 de la Constitución Nacional, que prevé la organización y funcionamiento democrático de los partidos políticos y la representación de las minorías. Las elecciones primarias son sólo para los cargos electivos nacionales.
Tampoco se dice nada, en orden a la vida interna de los partidos, sobre la cuestión del debate ideológico. Es cierto que para lograr el reconocimiento del partido se necesita presentar la declaración de principios y el programa de cada partido, pero someter a la ciudadanía 700 propuestas resulta ilógico.
En suma, reconocemos que hay una multiplicidad de partidos y que se trata de una anomalía, pero ello no se resolverá con porcentuales matemáticos, ya que no se trata de un problema algebraico, sino de la reorganización de la vida interna de los partidos políticos. Este proyecto omite atender el tema.
En segundo lugar, me referiré al proceso electoral. Seré muy breve y dejaré las precisiones técnicas para insertarlas. Voy a plantear sólo el concepto político.
Se aumenta el poder del Ejecutivo en detrimento de la justicia electoral, al otorgarse mayores facultades al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional Electoral, que podrá definir la pauta.
Todo esto no ayuda a unproceso electoral sano y válido como el que se pretende. No hay una auténtica reforma electoral si no se respeta el derecho a elegir y ser elegido; es decir, si no se atiende al voto de la gente y la transparencia electoral.
Es cierto que no se han escuchado mayores denuncias de robo de boletas en las elecciones del 28 de junio, pero esto no amerita la no inclusión de la única solución posible para el fraude electoral: la boleta única.
Debemos defender el derecho a elegir y ser elegidos y la boleta única. La no inclusión de este instituto va en detrimento de la transparencia de la reforma electoral que se pretende.
Es cierto que no hay reforma política sin reforma social. Por eso, adherimos a la propuesta del ingreso ciudadano a la niñez como el primer aspecto de la reforma electoral, pero también queremos decir algo que nos compete.
No hay reforma política sin modificación del régimen de coparticipación federal o la relación financiera entre la Nación y las provincias, porque resulta lamentable que muchos diputados y senadores deban mostrar una obediencia debida a sus gobernadores para lograr una oportuna y suficiente remisión de fondos de la Nación a las provincias.
No debemos olvidar el contrato moral que debe unir a la política con la ciudadanía. Por eso, también resulta sorprendente que la reforma electoral no incluya cuestiones vinculadas con las prácticas políticas desleales.
¿Qué pasa con las listas testimoniales?
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Su tiempo ha concluido, señora diputada.
SRA. VELARDE, MARTA SYLVIA.- Ya termino, señora presidenta.
¿Qué ocurre con las colectoras y con las listas espejo? ¿Qué pasa cuando se fija el segundo domingo para elecciones internas pero luego se suspende esta fecha por una única vez? ¿Qué le decimos a la ciudadanía cuando ello ocurre?
El tránsito de la república posible a la república democrática también es factible en estos tiempos, como lo fue con la ley electoral Sáenz Peña. Lamentablemente, el proyecto en consideración no va a ayudar a lograrlo. Por eso, vamos a votar por la negativa.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. IBARRA, VILMA LIDIA.- Señora presidenta: voy a plantear la posición de nuestro bloque, que no va a acompañar la sanción de este proyecto de reforma política.
En primer lugar, creemos que esta iniciativa fue concebida siguiendo objetivos que no compartimos. ¿En base a qué diagnóstico y pensando en qué objetivos se ideó esta reforma? Sentimos que se pensó para saldar los liderazgos de los partidos mayoritarios. Creemos que el primer objetivo de esta reforma apunta a resolver el liderazgo de esos partidos.
¿En qué se pensó adicionalmente? En rearmar el sistema bipartidista y, además, en obstaculizar al menos la aparición de nuevas opciones políticas.
¿De qué manera se tomaron estas decisiones? De la misma forma en que se deciden muchas otras cosas en la Argentina: lo hicieron pensando en las próximas elecciones. Creo que nos podríamos haber dado la posibilidad de trabajar sobre una reforma de acá a cuatro, seis u ocho años y así resolver alguno de los problemas de fondo de la política Argentina, como por ejemplo la caducidad de las afiliaciones.
Creo que hay que pensar en la caducidad de las afiliaciones, pero no sólo para que todo vuelva a cero; habría que prever la posibilidad de reafiliarse con la antigüedad que uno tenía y así blanquear la cantidad de afiliaciones truchas que han motivado presentaciones en los juzgados electorales. Este hubiese sido un buen comienzo.
También hubiese sido bueno pensar en la urna electrónica y establecer períodos para que en seis u ocho años exista el voto por urna electrónica en toda la República. Esto hubiese resuelto los problemas de transparencia y, al mismo tiempo, el tema de la boleta única. Nada de esto se pensó.
¿En qué se pensó? En el problema que representa la cantidad de partidos chicos. Personalmente, me cansé de escuchar por radio y televisión que hay 740 partidos, 820 o que se presentan 600. La verdad que es una anomalía; coincido con que esto está mal. Pero debemos preguntarnos si este es el verdadero problema de la Argentina. ¿Existe algún ciudadano que se pare en una esquina y diga que el principal problema del sistema político argentino son los sellos de goma? Los argentinos piensan que el sistema político tiene un enorme problema de representación por la enorme distancia que hay entre representantes y representados, por la falta de democracia interna de los partidos, por la falta de militancia y de debate ideológico y por la distancia que existe entre lo que se dice y lo que se hace y no tanto por los sellos de goma.
Así, nos encontramos con una cantidad de obstáculos que se han puesto para obtener la personería, porque según se dice el gran problema nacional lo constituyen los partidos chicos.
En ese sentido, muchos pertenecemos a partidos con vocación de mayoría, pero hay partidos que no tienen esa vocación. Esto también lo dije en la comisión, porque hay partidos que surgen para representar minorías, como aquellos vinculados a los temas ecológicos o a minorías culturales y étnicas. Esto no está mal, porque forma parte de la pluralidad de una sociedad. Sin embargo –repito-, se ponen enormes obstáculos para obtener la personería y luego adicionalmente tenemos el tema de las afiliaciones. Sin duda, estas son dos trabas que han sido contempladas en este proyecto.
No resulta sensato que se piense en una reforma para dificultar que emerjan cosas nuevas, cuando todos hablamos de un sistema político y de representación en crisis. El hecho de que la ciudadanía busque cosas nuevas es algo que todos reconocemos. Entonces, no tiene sentido abortar su nacimiento. En todo caso, sí coincidimos en que hay que poner exigencias para seguir permaneciendo ellas deberían ser: funcionamiento interno, funcionamiento de los órganos partidarios, capacitación de dirigentes, participación de los afiliados, cumplimiento de los cupos dentro de las autoridades partidarias y financiamiento transparente del funcionamiento de los partidos. Nada de esto figura en esta reforma.
Quiero hacer una reflexión en cuanto al sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias porque está incorporando a la disputa electoral en elecciones primarias a toda la ciudadanía, que va a estar dependiendo de lo que definan los órganos institucionales de estos partidos que estamos cristalizando con esta reforma. No hay ni una reforma para la democracia interna de los partidos ni para pensar, por ejemplo, que los cuerpos orgánicos de los partidos también se integren por sistema proporcional para garantizar el debate y el funcionamiento de los sistemas colegiados y parlamentarios dentro de dichos partidos. Nada se dice en este sentido.
De esta manera, a las decisiones de las autoridades partidarias y de las juntas electorales vamos a someter la voluntad de toda la ciudadanía. Las juntas electorales de estos partidos, con estas características poco transparentes, van a ser manipuladas. Además, con todas las dificultades que nuestros partidos reconocen, ellas van a estar definiendo las elecciones internas y obligatorias a las que van a concurrir todos los ciudadanos.
Fijémonos en el texto del artículo 19 la enorme cantidad de facultades que tienen los órganos partidarios internos que van a definir hasta las condiciones de cada precandidato. Con todos los requisitos para reconocer los adherentes necesarios todo va a quedar en mano de los órganos partidarios: no va a haber ni una decisión para democratizar internamente los partidos.
Quiero referirme a otro punto: autoridades de mesa voluntarias. Voy a insistir con este tema. Lo hemos discutido en nuestro bloque. Se abrió la puerta al registro voluntario de autoridades de mesa. A los fines de la transparencia, esto es una enormidad. No nos parece razonable.
Pensemos quiénes se van a inscribir en esos registros voluntarios. ¿A quiénes vamos a tener? Me parece que si algo tenía sentido era la búsqueda de mecanismos que le dieran más tranquilidad y mayor transparencia al ciudadano. De esta manera, todos ganamos.
La verdad es que estamos abriendo la puerta a algo que nunca deberíamos haber hecho: autoridades voluntarias de mesa que votan en el lugar del comicio y que resuelven sobre temas vinculados al conteo de votos.
En cuanto a la afiliación, seguimos con el mismo esquema de la ficha. Podríamos haber ido y hacer exactamente lo inverso. Deberíamos haber tenido esta actitud militante de ir al correo para afiliarnos pero, tiene que ser fácil desafiliarse de un partido político.
¿Cómo se desafilia la gente? ¿Va al correo? ¿Va a mandar una carta documento? No. El día que le gusta otro partido político dice: “Ahora creo en este partido”, y se afilia.
Entonces, cada partido político que salga a afiliar se va a encontrar con que les rebotan las fichas de afiliación, porque vamos a tener que ir a buscar a su casa a la persona que se afilió y pedirle que mande un telegrama. Esta situación es insostenible y constituye una enorme traba para los partidos emergentes. Esto no guarda otra explicación que pensar que los partidos mayoritarios quieren quedarse con los dos millones y medio de afiliados que hoy figuran en sus padrones.
Hubo un pedido de la agrupación Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora- por el que se solicitó -y yo se lo transmití al señor diputado Landau- que se incorporara en el proyecto que los detenidos desaparecidos deben figurar en los padrones como “ausentes por desaparición forzada”, como dice nuestra ley.
Por otro lado, queremos reconocer la importancia y expresar nuestra gratitud por el hecho de que se haya incorporado en este proyecto la exclusión de los procesados por delitos de lesa humanidad. Si bien este tema se había debatido en comisión, no logramos el voto en particular en la Cámara, cosa que –creo- lamentamos muchos de los que estamos aquí. La incorporación de este artículo es bienvenida, porque no queremos volver a tener violadores de los derechos humanos y personas que han cometido delitos aberrantes pretendiendo ocupar las bancas que el pueblo reserva para sus representantes.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- La Presidencia informa a la señora diputada que ha concluido su tiempo.
SRA. IBARRA, VILMA LIDIA.- Ya termino, señora presidenta.
Por último, quiero decir que no sólo hubiésemos querido discutir esta reforma política con más tiempo sino también con una visión de mediano y largo plazo y de incorporar una mejor representación. En este sentido, consideramos que esto va a tener un efecto que va a ser rearmar un viejo bipartidismo que hubiésemos querido saldar.
Por lo expuesto, señora presidenta, no vamos a acompañar la propuesta.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
SRA. AUGSBURGER, SILVIA.- Señora presidenta: tal como anticipó el señor diputado Viale en su exposición, nuestro bloque va a votar negativamente esta iniciativa por entender que carece del consenso necesario de las fuerzas políticas y no da respuestas a las demandas sociales más urgentes, ya que solo introduce modificaciones sensibles al Código Electoral Nacional, a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y a la ley de financiamiento político. La respuesta a las demandas más urgentes de la sociedad y el consenso de las fuerzas políticas son dos condiciones absolutamente necesarias.
Asimismo, como se ha dicho en este recinto, entendemos que este debate se da en un marco donde las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia son el combate de la pobreza y la distribución de la riqueza. Es por ello que la reforma política debe tener como máximo objetivo la profundización y la consolidación del proceso democrático.
Por eso, más allá de las consideraciones que hagamos sobre el contenido de la iniciativa, más allá de las más de cincuenta modificaciones que el oficialismo ha introducido al proyecto original y más allá de lo que decía el señor diputado Landau en el sentido de que han tenido a la vista las más de cien iniciativas que tienen estado parlamentario –cuestión bastante difícil de aceptar teniendo en cuenta el brevísimo tiempo de discusión de esta iniciativa, ya que fue anunciada por el gobierno nacional hace apenas quince días, es decir, el 28 de octubre de 2009-, para nosotros es inaceptable cualquier iniciativa en materia de reforma política que se pretenda imponer.
Por lo expuesto, esta iniciativa va a contar con el voto negativo de nuestro bloque.
Lamentablemente, esa clase de imposición es la forma de hacer política que ha tenido el oficialismo en este Parlamento, y lejos de ayudar a revertir ese profundo y extenso proceso de crisis política o de representatividad que todos aceptamos y conocemos, lo ahonda aun más.
Pero no se trata sólo de la forma sino también de quién viene la propuesta, de quién la impone. Digo qué difícil es hoy para un ciudadano creer que con esta iniciativa el oficialismo pretende democratizar los partidos políticos y establecer reglas de juego claras en las cuestiones electorales cuando ha sido este mismo oficialismo el que ha violado permanentemente las normas en todas las cuestiones electorales.
Fue el oficialismo el que propuso en el año 2006 la derogación de la interna abierta que existía en el orden nacional. Fue el oficialismo el que impuso las listas colectoras en la provincia de Buenos Aires. Fue el oficialismo el que decidió, cuando ya estábamos en proceso electoral, el adelantamiento de las fechas de elecciones. Fue el oficialismo el que impuso esta forma de las candidaturas testimoniales con exclusivos fines particulares y con un claro desprecio expreso de las reglas del juego.
-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.
SRA. AUGSBURGER, SILVIA.- Por eso, señor presidente, hoy el oficialismo vuelve a perder la posibilidad de avanzar en un sentido positivo en un tema que tiene una amplísima demanda social y política, impulsando este no debate Express de una norma hecha a medida de sus propios intereses y necesidades, aprovechando esta circunstancial mayoría parlamentaria que está pronta a extinguirse.
Decimos que esto va a contramano de esa demanda social. ¿Cómo puede pretenderse una reforma política que desoye la demanda más importante, que es la instrumentación de una boleta única que corte definitivamente la posibilidad de que cuando ese ciudadano llega al cuarto oscuro no encuentre la boleta que había decidido y querido votar?
¿Cómo puede ser que el oficialismo hable de una reforma política desoyendo esa otra demanda fundamental que significa la creación de un espacio autónomo, autárquico, independiente, para que la administración electoral no dependa de la voluntad del gobierno de turno? ¿Cómo puede ser que bajo esa propuesta de terminar definitivamente con esos sellos partidarios se establezca un mecanismo absolutamente restrictivo que impide la participación de las minorías, que son la base, la esencia de la democracia política en cualquier sistema político y democrático?
Por eso, me atrevo a sostener que al proyecto oficialista le queda grande la pretensión de ser una reforma política, pero sin duda calza a medida de los intereses políticos electorales de este gobierno y de su futuro inmediato.
La norma es de carácter absolutamente proscriptivo e insisto en que recurre a un mecanismo que el socialismo ha cuestionado en forma permanente, que es la exigencia de este piso electoral que se contrapone al artículo 38 de la Constitución Nacional, que establece que los partidos políticos son libres de organizarse y funcionar en la medida en que cumplan con la Carta Magna.
Nuestro bloque va a seguir insistiendo en la necesidad de abordar un imprescindible debate acerca de una reforma integral del sistema político y electoral durante el tiempo que el Parlamento requiera a fin de que la reforma política se constituya en una herramienta eficaz de recuperación y reconstrucción de las relaciones entre las organizaciones políticas y la sociedad en general.
Se trata de un debate que creemos que sigue pendiente; no lo salda la sanción de esta norma, que sólo lo prolonga en el tiempo. Lo que sí hace esta norma es profundizar esa brecha que –como acá se dijo- implosionó en el año 2001, que es la brecha entre la política y la gente, porque una vez más no aborda los problemas del sistema político sino los problemas de determinados actores.
Este Parlamento podría haber sido una fiesta, una de esas fiestas que se producen cuando sancionamos leyes que reúnen el consenso mayoritario o incluso la unanimidad y aplaudimos todos justamente por el trabajo del consenso.
El período de sesiones ordinarias va a finalizar dentro de unos días de la peor forma, porque hace muy poco el gobierno nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia, clausuró el debate parlamentario de la mayor demanda de la Argentina, que es terminar de una vez por todas con la pobreza, mediante la instrumentación de un verdadero ingreso universal que garantice los derechos de todos los niños y niñas de nuestro país, tal como lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El jefe de Gabinete de Ministros, cuando nos visitó días atrás, clausuró otra de las grandes demandas que existen en nuestro país. Me refiero a la reforma tributaria tendiente a terminar con la indecencia que significa la brecha entre los que más y los que menos tienen. La clausuró diciendo que si en estos veintiséis años de democracia ningún gobierno había podido concretarla, no veía por qué razón podíamos creer que esta administración estaría en condiciones de hacerlo.
Finalmente, este Parlamento clausurará hoy la última gran demanda: una reforma política integral para profundizar una verdadera democracia en la Argentina.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. BULLRICH, ESTEBAN JOSE.- Señor presidente: en virtud de los acuerdos previos, seré breve y solicito autorización para insertar el texto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Creo que hay una pregunta que los diputados nos hacemos con frecuencia: ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se quiere votar este proyecto de ley con tanta velocidad? ¿Por qué se lo trató ayer en comisión y hoy en el recinto? ¿Por qué dos semanas antes de que esta Cámara reciba a los diputados electos el 28 de junio y tengamos una nueva composición de mayoría y minorías?
Todos escuchamos hablar en las últimas semanas de intentos de desestabilización. Creo que este proyecto de ley tiene dos características notables, una de las cuales es que es una iniciativa tremendamente desestabilizadora. No hay nada más desestabilizador que cambiar las reglas, sobre todo –como se lo quiere hacer hoy- cuando se pretende hacerlo de manera unilateral. Una vez más se va a aprobar un proyecto de magnitud, que toca reglas de la democracia, con los votos justos para alcanzar la mayoría necesaria: 129 votos.
La estabilidad es el respeto a la ley y, principalmente, el respeto a los resultados electorales. Los resultados de la elección del 28 de junio, que son claros y se verán reflejados en esta Cámara a partir del 10 de diciembre, demandan una búsqueda de mayor consenso y el debate profundo de los proyectos sin recurrir a la mayoría automática para su votación. En otras palabras, aquellos resultados demandan que los proyectos no sean aprobados con los votos justos, mucho menos cuando se trata de iniciativas que fijan las reglas de juego de la democracia.
La otra característica notable de este proyecto, a la que se refirió la señora diputada Vilma Ibarra, es que es tremendamente conservador. El mensaje real que se desprende de esta iniciativa es: limitemos la aparición de nuevas fuerzas políticas. Que todo quede como está; mantengamos el poder que tenemos, no renovemos nada.
Ahí está el doble discurso. Se levanta el dedo acusador para señalar golpes desestabilizadores cuando los mayores desestabilizadores están en el gobierno nacional. Se habla de progresismo pero se envían al Congreso proyectos conservadores, como el que se encuentra en consideración, para que sean aprobados.
¿Cuál es la conclusión? Que en lugar de sancionar proyectos para la historia, se sancionan proyectos para la historieta. Repito: en lugar de trabajar para la historia estamos trabajando para la historieta, y es esa una de las principales causas del descreimiento que tiene la clase política. No nos hacemos responsables de que estamos acá para legislar para la historia.
Una reforma política es un tema muy serio, porque siempre tiene influencia. Siempre las reformas políticas van a incidir en las formas de juego de la democracia. Es una lástima que pudiendo hacer las cosas bien, las hagamos tan mal.
¿Qué es estabilizar? Estabilizar es garantizar que las leyes duren más allá de un gobierno, de una determinada persona o idea. Estabilidad es garantizar que se mantengan las reglas más allá de las personas y de las ideas.
Creemos que esta ley, más que ninguna o como todas aquellas que tengan que ver con el tema de las reglas de la democracia, debe ser una ley estable y, por ende, debe ser consensuada con todas las fuerzas políticas.
Parece imponerse en la Argentina la idea del nada importa, todo vale. Y todo vale si tenemos la mayoría, si somos 129, y todo vale si somos los que estamos sentados en la Casa Rosada.
Nada importa, señor presidente. No importa que hayamos perdido una elección y que a partir de los próximos quince días no tengamos una mayoría.
Hemos traído propuestas, con diferencias en relación con el proyecto oficial. Las plantearon los señores diputados Obiglio, Gribaudo y Galvalisi. Pero, además, tenemos presentados proyectos desde el PRO y hay más de cien presentados por todas las fuerzas de este Congreso. Muchos de ellos no han sido tratados.
Veo sentado en el palco bandeja a mi amigo el compañero Abal Medina, y el esfuerzo que él hizo por esta reforma merecía otro resultado. El esfuerzo que tanto él como su equipo hicieron por la reforma merece otro resultado y quiero garantizar al compañero Abal Medina que nos vamos a asegurar de que tenga ese resultado, porque esto no va a terminar aquí.
Con este régimen no concluye la reforma política, y casi diría que ni siquiera ha empezado. Esto me recuerda que hace poco, en mucho menos de 24 horas, un gobernador que había ganado las elecciones con una fuerza opositora y haciendo campaña en oposición al gobierno, declaró después de una reunión con el ex presidente Néstor Kirchner que va a acompañar su proyecto presidencial.
Lo dijo, lo explicó y lo justificó en que necesitaba plata para su provincia. Dijo que había llamado a varios ministros y que no lo atendían, diciéndole que sí lo iban a atender si tenía una reunión y se sacaba una foto con el ex presidente.
¿Así van a manejar la reforma política? ¿Cuando pierdan una elección van a ir a comprar, como si fuera un pase de fútbol, a los gobernadores? ¿Vale millones cambiar de idea? ¿Vale obras?
¿Eso es lo que van a hacer con la reforma política? ¿Esa es la democratización que estamos buscando en la Argentina? ¿Esa es la calidad democrática que le queremos dar a nuestro país?
Esto también me recuerda la noche de la votación de la 125 en el Senado, cuando el jefe de la bancada kirchnerista, después de atender un llamado telefónico, dijo: tengo instrucciones de terminar este asunto. Esto está en el Diario de Sesiones para el que lo quiera chequear.
Tengo instrucciones de terminar este asunto, dijo el senador jefe del bloque kirchnerista. ¿De quién tiene instrucciones un senador más que de su conciencia? ¿O la conciencia del senador Pichetto está en el teléfono celular?
¿Saben cuál es el temor que tengo? Que hay muchos diputados que hoy van a acompañar esta reforma con las mismas instrucciones, y yo lo lamento profundamente porque tengo un sueño de otro país, pero aún más tengo un sueño de otro Congreso. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL.- Señor presidente: a fines de los 90 el establishment, que había acompañado fervientemente las reformas neoliberales de esa década, se fractura frente a la disyuntiva de la salida del modelo que se había propuesto para imponer un sistema.
La discusión más fuerte se daba alrededor del tipo de cambio. Quienes tenían intereses en la exportación planteaban la necesidad de elevarlo; querían sostenerlo aún cuando se veía que no se podían seguir sosteniendo quienes recaudaban del consumo interno. Esa pelea del establishment arrastra al conjunto del sistema a principios de siglo y tiene consecuencias, en muchos casos, casi irreparables; en lo económico, por ser insustentable la convertibilidad; en lo social, por las desgracias que sufrieron los sectores más desposeídos en la salida; y también hubo consecuencias en lo político.
Se fractura el establishment político, se fractura el orden bipartidario. Y en ese resquicio que se produce en las disputas del sistema, alentadas desde las corporaciones económicas, se abre un espacio por donde pueden colarse fuerzas emergentes, con sus propias debilidades -para ser justos y autocríticos-, pero con una capacidad de sorpresa y de indefiniciones, en algunos casos, que el establishment rechaza por antonomasia.
Esta ley viene a restituir el orden establecido en lo político, viene a reparar el sistema bipartidario para eliminar la posibilidad de sorpresas. Busca ocluir esos resquicios definiendo casi como una anomalía la diversidad, y busca hacerlo desde un lugar donde es complicado hacerlo. Busca ocluirlos desde una ley y no desde la base de la sociedad.
La emergencia de partidos alternativos es el síntoma de una degradación social, de una insatisfacción por derechos conculcados; representan la búsqueda del camino de una sociedad que, a los tumbos, trata de salir de un cepo del que no podía zafar.
En realidad, lo que se nota claramente es que hay una ruptura, un divorcio, un abismo, entre la sociedad y sus necesidades más elementales y la dirigencia política. Y esa ruptura es muy difícil de suturar desde una legislación, porque la ruptura no se da por una ley sino por las prácticas políticas que la sociedad ve. Ese divorcio se ve entre lo que sucede con la dirigencia política y las necesidades insatisfechas.
La ruptura se da por las prácticas políticas, por las conductas políticas; se da por la inercia producida por la falta de formación para brindar resoluciones políticas más que por la legislación. Esto se advierte en el aumento escandaloso del nivel de vida de algunos dirigentes políticos, la falta de transparencia y la opacidad en muchos actos públicos. Evidentemente, todo esto desalienta la participación.
También podemos mencionar la selección de una agenda que la mayoría de las veces tiene muy poco que ver con las necesidades imperiosas de la comunidad, y con la percepción de que los partidos políticos se financian de manera espuria, a veces desde el Estado, y muchas otras –lo que es peor- desde empresas a las que deberían controlar.
Por eso, la falta de participación es consecuencia directa de los resultados de las prácticas políticas en democracia. Hay que revisar cómo estamos: 40 por ciento de nuestra población en la pobreza y más del 10 por ciento en la indigencia.
Esto produce fragmentación de la sociedad, anomia, individualismo, la búsqueda del “sálvese quien pueda”, y tiene su reflejo en la dirigencia y en la organización política. Pero no se repara mediante una legislación sino por un mecanismo que a lo mejor es mucho más costoso, que es el presupuesto social para atender las necesidades de la gente. Esta ruptura se restituye con cohesión social, no con una ley.
Fíjense que en las elecciones oficiales, que están incorporadas culturalmente y son obligatorias por ley, hay un ausentismo de votantes del 30 por ciento; es decir, la tercera parte de los inscriptos en el padrón no va a votar porque no creen que desde la política se resuelvan sus problemas. Este tema no va a resolverse mediante una ley.
¿Vamos a obligar a la gente a ir a votar a una interna que muchas veces es artificial, cuando ni siquiera va a votar a una elección oficial para elegir a los candidatos que ocuparán una banca o el sillón de gobernador o de presidente? ¿Vamos a obligar a los partidos, que a lo mejor acuerdan civilizadamente sus candidatos, a ir a una interna artificial, y encima sancionarlos por haber llegado a acuerdos en lugar de ir salvajemente a una interna, impidiéndoles participar en la elección donde van a seleccionar los candidatos?
Se plantea que van a quedar afuera los que sean sellos de goma, pero me gustaría citar un ejemplo de entre las decenas que existen. Si esta norma hubiese regido en la última elección en la Capital Federal, Pino Solanas, que obtuvo el 24 por ciento de los votos –es decir, la cuarta parte de la gente que fue a votar se sintió representada por su lista-, no hubiera podido superar la barrera que impone esta norma. ¿Quién iba a ir a votar a una interna donde todos los candidatos estaban acordados?
Esta iniciativa no busca generar mayor representatividad y aglutinamiento para fortalecer la política, sino excluir a aquéllos que puedan aparecer como una anomalía, no de la sociedad sino del sistema bipartidista. Ese es el objetivo concreto que entendemos persigue esta ley, con la que podemos compartir algunas intenciones.
Resulta más restrictiva con el financiamiento privado, algo que a nuestro juicio no debería existir; es más restrictiva con los gastos de campaña, pero no establece sanciones duras para los incumplimientos. Las definiciones que existen en las leyes vigentes no son cumplidas por los partidos mayoritarios y no se les aplican sanciones.
Entonces, no queremos una ley que sea un compendio de buenas intenciones, sino una que genere prácticas políticas diferentes en la sociedad, que es lo que va a reconciliar a la política con la sociedad.
Por eso, creemos que esta norma está más destinada a resolver la interna del partido gobernante, a punto tal de que estoy seguro de que si desde el gobierno consideran que pueden perder la interna abierta, esta ley va a tener modificaciones. Acuérdense de esto que estoy diciendo, porque es muy probable que después no la hagan obligatoria.
Esta es una norma destinada a resolver la interna del partido gobernante para seleccionar sus candidatos y está destinada a consolidar el bipartidismo e impedir, artificial e inútilmente, que emerjan fuerzas alternativas en que, en la medida en que no se repare el enorme abismo que existe y las grandes ausencias del Estado ante las necesidades sociales, van a seguir emergiendo igualmente y nosotros estaremos dispuestos a representarlas.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PEREZ, ADRIAN.- Señor presidente: hace quince días el señor ministro del Interior visitó la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara cuando se debatía este proyecto, oportunidad en la cual expresó dos conceptos que yo me permití poner en duda.
En primer lugar, dijo que este proyecto del Poder Ejecutivo era uno más, al igual que los otros 130 existentes en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Agregó que venía a presentarlo con absoluta humildad y que la visión del Poder Ejecutivo no iba a ser impuesta, sino que iba a ser puesta a consideración para ser debatida profundamente, teniendo en cuenta la existencia de múltiples iniciativas de distintos bloques.
En segundo término, el señor ministro dijo en esa oportunidad que no había un plazo para aprobarlo. En realidad, no es que yo haya puesto en duda esas afirmaciones, sino que ellas chocaban con lo que los diputados oficialistas habían señalado en los medios de comunicación, donde habían dicho que el proyecto del Poder Ejecutivo era el proyecto a aprobar y que el plazo para hacerlo era el 30 de noviembre. Entonces, me permití decir que si me tenía que guiar por lo que decía el ministro, estaba todo bien; pero si tenía que hacerlo por lo que afirmaban los diputados del oficialismo y los antecedentes del kirchnerismo, estaba todo mal.
Uno tendría que guiarse por los antecedentes, y después del 28 de junio el Poder Ejecutivo presentó e impuso una serie de medidas sin obtener un mínimo de consenso y sin contar con la condición necesaria para la obtención de ese consenso, que es un marco de debate serio, claro, profundo y transparente entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Por lo tanto, lo que tengo que señalar es que la condición necesaria para cualquier reforma política que implica cambiar las reglas de juego del sistema electoral y que influye en la vida de los partidos políticos -y mucho más en la vida de la ciudadanía y en la forma en que construimos desde aquí más democracia- es el consenso. Desde luego, con las expresiones vertidas hoy por los distintos bloques está claro que no se ha conseguido consenso.
Es cierto que, probablemente, el oficialismo obtenga el número que establece la Constitución, es decir, la mayoría agravada de 129 votos. Ese número tiene una significación y un espíritu, y es que aquellas leyes que requieren una mayoría calificada son las que necesitan de un nivel de consenso importante.
Es probable que hoy se obtenga esa mayoría calificada, pero también es muy probable –diría seguro- que el consenso no exista. Solamente existe la voluntad del partido oficialista para cambiar las reglas de juego.
Esto es grave porque ya lo hemos vivido, tal como he señalado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Una reforma política no puede pensarse como lo que le conviene a un partido político determinado para dirimir sus conflictos internos, porque esto le otorgaría un nivel de escasa perdurabilidad.
En 2002 el Parlamento, a instancias del oficialismo, votó una ley de internas abiertas, porque se consideraba que era la mejor forma de dirimir los conflictos internos. En 2004, sin haber tenido vigencia -había sido suspendida previamente-, se derogó la ley de internas abiertas, nuevamente a instancias del partido oficialista, porque consideraba que ya no era la mejor forma de dirimir sus conflictos internos.
Cuando se habla del sistema de partidos políticos o de las reglas para construir y consolidar la democracia, la palabra “consenso” es fundamental. Hoy podría sancionarse esta norma, pero no habría existido consenso. Ello pone en duda la perdurabilidad de la reforma política.
El señor diputado Flores, que integra nuestro bloque, ha planteado con mucha claridad que la reforma política no es sólo la del esquema electoral. En el marco de la reforma política queríamos plantear cómo hacer para que la política genere espacios de libertad y permita terminar con el clientelismo, que es uno de los principales problemas en la actualidad.
Hoy existe un esquema que no es patrimonio de este gobierno, pero que ha seguido vigente durante la actual administración. Ese esquema consiste en mantener niveles de pobreza altos para hacer una utilización inmoral de esa situación. Repito que ello no lo hace sólo el gobierno nacional, ya que se observa permanentemente en los gobiernos provinciales, aún en los que se dicen opositores.
Deberíamos terminar con esta situación de dominación de unos sobre otros a fin de ir hacia un nuevo paradigma sobre cómo construir ciudadanía y garantizar salud, educación y autonomía alimentaria, a fin de modificar no sólo la situación social sino también política. Obviamente, este tema ha estado ausente en el debate sobre la reforma política que para nosotros era vital.
También hemos planteado en la comisión, con mucha claridad, que no hay posibilidad de mantener un sistema de transparencia electoral si el gobierno o un funcionario del gobierno se encargan de organizar el proceso electoral, distribuir los espacios en televisión y los fondos y organizar el escrutinio provisorio.
Todos los países han ido adoptando un sistema en el que esas funciones están a cargo de organismos con autonomía del gobierno. Por ello, hemos propuesto la modificación a la Cámara Nacional Electoral, pero el proyecto insiste en el esquema actualmente vigente, donde el ministro del Interior sigue manteniendo esas funciones.
Otra reforma para fortalecer la transparencia, también impulsada por muchos bloques, se vincula con el sistema de boleta única. Todos los países latinoamericanos han cambiado la multiplicidad de boletas por el sistema de voto electrónico o de boleta única, como una forma de transparentar el proceso electoral.
No me voy a referir a lo ocurrido en 2007, porque ya lo dijimos, pero aunque no ocurriera más un proceso organizado de sustracción de boletas por parte de algún partido político, lo cierto es que el sistema de boleta única le garantiza a los partidos y a todos los ciudadanos –esto último es lo más importante- que cuando alguien llegue al cuarto oscuro podrá votar por la opción electoral que había pensado.
Entonces, no existe ninguna excusa que justifique mantener un sistema de multiplicidad de boletas, que sólo le garantiza al ciudadano que podrá votar por aquellos partidos que cuentan con un fuerte sistema de fiscalización y de recursos porque su boleta electoral sí va a estar en el cuarto oscuro.
El sistema de boleta única le garantiza a la ciudadanía que efectivamente podrá optar por el partido que había pensado, porque su opción va a figurar efectivamente en el cuarto oscuro. Se nos ha dicho que esto no es posible, pero nosotros hemos demostrado no sólo que es posible sino que ya se está utilizando. Se nos dijo que este sistema no se puede implementar, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por la gran cantidad de partidos políticos que hay en la jurisdicción, pero se ha demostrado que en el caso de los procesados sin condena y de los extranjeros se utilizó la boleta única.
-- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SR. PEREZ, ADRIAN.- En consecuencia, decir que no se puede implementar ese sistema es una excusa, porque no sólo se puede sino que ya se lo está utilizando.
También hemos señalado la necesidad de no establecer ningún tipo de obstáculo a los partidos chicos o emergentes, que es algo que se da con esta reforma política, con lo cual estamos absolutamente en desacuerdo.
Por otra parte, ya dijimos que coincidimos con algo que ha propuesto el oficialismo porque es un viejo anhelo de nuestro partido. En este sentido, si tenemos en cuenta que el mayor gasto en el que incurren los partidos políticos durante la campaña es en publicidad, resulta razonable pensar que sea el Estado el que garantice la difusión de las ideas, terminando de este modo con el financiamiento empresario de la publicidad en el marco de las campañas electorales. Así lo hizo Chile. Pero los países que instrumentaron esta clase de reformas la complementaron con otra, al establecer que durante la campaña electoral no puede haber publicidad oficial. Durante la campaña electoral en esos países existe un riguroso control en la utilización de los recursos del Estado y, además, no se pueden inaugurar obras públicas. Lamentablemente, esto no fue contemplado en el proyecto del oficialismo.
Termino diciendo que este proyecto no prevé mecanismos para mejorar la calidad de los electos. Este proyecto no elimina situaciones de paternalismo o clientelismo. Este proyecto no mejora la transparencia del proceso electoral. Este proyecto pone obstáculos a los partidos chicos y emergentes. Por estas cuatro grandes razones nos vamos a oponer en general a la iniciativa en consideración.
SRA. PRESIDENTA VACA NARVAJA.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señora presidenta: coincido en parte con el señor diputado Macaluse y también con el señor diputado Adrián Pérez. Desde ya, adelanto que nuestro bloque va a rechazar el proyecto en consideración, y por eso coincido parcialmente con el señor diputado Macaluse.
Considero que esta propuesta fue elaborada para que el oficialismo dirima sus problemas en una elección interna. Además, estoy seguro de que si esta iniciativa no les resulta funcional van a intentar cambiarla. Pero se van a encontrar con un inconveniente: el año que viene no los van a acompañar las mayorías, al menos en esta Cámara.
Por otro lado, quiero decirles a los partidos minoritarios que es un error pensar que por ley se puede crear el bipartidismo; el bipartidismo es un hecho natural de la sociedad. Es la sociedad la que decide, no las leyes.
Voy a dar un ejemplo de nuestra propia cosecha para que entiendan que la ley no tiene nada que ver con el bipartidismo. En el año 1983, el radicalismo obtuvo el 52 por ciento de los votos, y con la misma ley electoral veinte años después sacó el 2 por ciento de los votos. Este no es un problema de la legislación; es un problema de la sociedad.
El radicalismo siempre ha bregado por la diversidad, sobre todo de los partidos políticos y de las ideas. En este recinto celebro que los partidos más chicos, con menor representación, hayan enriquecido el debate en estos cuatro años en los que he trabajado en esta Cámara. Es decir que lejos está el radicalismo de querer consagrar por ley un sistema que puede no ser aceptado por la sociedad.
También coincido con el señor diputado Adrián Pérez en que este es un gobierno que se ha caracterizado por modificar sustancialmente las reglas de juego. Alteró la seguridad jurídica. Alteró la relación con los sectores productivos, fundamentalmente con el campo. Alteró el tiempo que tiene este Congreso para sancionar las leyes. Alteró el sistema para medir las estadísticas oficiales. Alteró las reglas para la selección y destitución de magistrados y alteró otras reglas.
Se pueden alterar las reglas de juego -de eso se trata la política- cuando la sociedad está de acuerdo con esa alteración, pero cuando es indiferente o no le interesa que se le trate de imponer una pauta cultural distinta a la que en ella convive, esa regla de juego que se alteró se convierte en un disparador de la conflictividad social y de la reacción de la sociedad.
En estos días el gobierno viene sosteniendo que existe un clima de desestabilización, pero está equivocado. Hay un clima enrarecido en la sociedad, pero no tiene nada que ver con la desestabilización política. Nadie quiere voltear al gobierno, pero la alteración de las reglas de juego producen desánimo en la sociedad porque no ve reflejada esta situación en sus problemas prioritarios.
Cuando la sociedad considera prioritario un problema pero quienes gobiernan no lo hacen, los conflictos se suceden todos los días.
Señora presidenta: rechazamos este proyecto de ley por dos motivos fundamentales. En primer lugar, no ha habido tiempo suficiente para tratarlo extensamente. No hemos tenido la mesura ni el tiempo que esta iniciativa necesita. Esta ley es una pauta de convivencia. Es la columna vertebral de la convivencia armónica de la sociedad. Esta ley hace a la competencia electoral, a la elección de candidatos y a la elección de quienes nos tienen que gobernar.
Se trata de una ley clave en el funcionamiento del sistema democrático y, sin el tiempo suficiente, lleva consigo una enorme cantidad de errores que se cometen, porque además la ley no es prioritaria.
¿Por qué el oficialismo ha querido sancionar en un mes una ley absolutamente indispensable para el funcionamiento del sistema? Porque cambian las mayorías. Entonces, se despiertan las sospechas.
¿Por qué no dar a esta ley el tratamiento que merece? A tal punto se comete un error que hemos despreciado la experiencia de quienes estuvieron aplicando esta ley durante más de veinte años. Los jueces electorales federales, que han hecho de esta ley una causa en su aplicación, no pudieron ser escuchados en la comisión por falta de tiempo. Es decir que nos quedamos sin conocer la enorme cantidad de experiencias que seguramente nos hubieran transmitido esos jueces para que pudiéramos elaborar la norma más perfecta posible. No pudieron concurrir integrantes de la Cámara Nacional Electoral ni los especialistas porque el tiempo nos corría, nos avasallaba.
Me pregunto cuál es la razón para tal apresuramiento, cuando estamos dictando una norma de convivencia. Entonces, hay que creer en la sospecha. Y de nuevo aparece el problema recurrente en la Argentina: la falta de confianza. Este es un país, señora presidenta, que no despierta confianza.
Estas son las cosas que hacen que los demás no confíen en nosotros. Este es un problema muy grave que tiene nuestro sistema, y no vamos a poder solucionar los problemas que tenemos si previamente no damos los pasos necesarios para solucionarlos.
Desde esta bancada me he cansado de mencionar el valor que tienen las inversiones, la estrategia y el programa de gobierno. Pero lo previo a todo ello es la confianza, porque un país que no genera confianza no atrae nada; por el contrario, desprecia, expulsa. ¿O alguien cree que es producto de la casualidad que en un año y medio se hayan ido de la Argentina 40 mil millones de dólares?
La confianza tiene que ver con eso, el riesgo que se asume al invertir en la Argentina tiene que ver con eso, y las normas sancionadas de esta manera tienen que ver con esa falta de confianza en nuestro país.
-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL.- A lo largo de todo el año he sido recurrente en el sentido de que para todos los temas he utilizado la misma matriz de explicación. Creo que no podemos seguir definiendo a la Argentina como una sociedad de riesgo. Tenemos que demostrar al mundo que la Argentina quiere construir una sociedad del porvenir, una sociedad para el progreso de la Nación en su conjunto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR.- Señor presidente: creo que vamos a sancionar una muy buena ley, porque propicia una reforma del sistema electoral en un sentido más que positivo.
Esta norma fue debatida intensamente en esta Cámara de Diputados, y no sólo en las reuniones de comisión, ya que desde el oficialismo hemos tratado de recabar las opiniones de la totalidad de los bloques de esta Cámara. Además, hemos incorporado al dictamen de mayoría de la comisión propuestas de modificación de la mayoría de los bloques, más allá de que su voto en general sea positivo o negativo.
Entiendo que va a ser una muy buena ley porque va en el sentido de legitimar el sistema político y de fortalecer el sistema de partidos políticos. Por otra parte, entiendo que esta es una buena oportunidad para discutir una reforma del sistema político que incluya una reforma electoral.
Decíamos desde un principio -cuando empezamos a analizarla- que una reforma electoral, cuanto más lejos está de las próximas elecciones, más aleja el fantasma de que es una reforma hecha como traje a medida para tal o cual candidato. Para las próximas elecciones faltan dos años, que en la política argentina es muchísimo tiempo; basta ver lo que sucedió en los dos últimos años o tomar cualquier período de tiempo.
Me parece que también es una buena norma en cuanto a la reforma del sistema electoral. Cuando reformamos un sistema –en este caso, el electoral- estamos diciendo que el sistema actual no está funcionando bien, que estamos proponiendo un sistema nuevo que creemos que va a funcionar bien pero no sabemos cómo lo hará. Y la verdad es que este fantasma tampoco existe en la Argentina de hoy.
Este sistema electoral, más allá de las pequeñeces, se está utilizando -entre otras cosas- en el tercer distrito electoral de la Argentina, que es la provincia de Santa Fe. Allí ese sistema está funcionando hace cuatro años; ya llevamos tres elecciones utilizándolo y en general tiene una aceptación razonable por parte de todos los actores políticos y sociales de esa provincia. Eso también nos da tranquilidad al momento de hacer esta propuesta.
¿Qué estamos buscando con este sistema? Estamos partiendo de una realidad. Cuando uno analiza cómo funciona el sistema de partidos políticos en la Argentina puede llegar a la conclusión de que salvo honradas excepciones adolece del funcionamiento de las estructuras de los partidos políticos con elecciones internas.
En la Argentina hace años que a uno le cuesta encontrar una gran elección interna que haya definido candidatos. En general, el sistema político en la Argentina no propicia que haya elecciones internas dentro de cada uno de los partidos. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el peso de la estructura de los aparatos partidarios, el peso de quien conduce el oficialismo en cada una de las estructuras partidarias, es tan alto respecto del universo de afiliados que cualquiera que quiera expresar una disidencia lo encuentra altamente inconveniente y con pocas posibilidades de hacerlo en el marco de lo que tradicionalmente planteamos como interna cerrada.
Entonces, como eso es inconveniente, la alternativa para expresar la disidencia es conformar otro partido o que el grupo disidente conforme otro espacio político y quede fuera de la estructura del partido que integraba.
Este sistema en realidad viene a favorecer las disidencias que existen en cada uno de los partidos políticos. El hecho de que la elección primaria sea abierta, simultánea y obligatoria les quita a los partidos una parte de la potestad exclusiva que tienen en el proceso de selección de candidatos.
En el sistema cerrado el partido propone, elige y selecciona a los candidatos. En este sistema queda bajo la potestad de los partidos la proposición de quiénes van a ser los candidatos, pero la selección la hace el conjunto de la ciudadanía.
Por lo tanto, el peso de los aparatos partidarios es mucho menor en términos relativos. Es mayor cuando la interna se dirime dentro del universo de afiliados, que en general es más chico que cuando se tiene que legitimar ante el conjunto de la sociedad.
Lo cierto es que este es un sistema que va a permitir que aquellos que quieran expresar posiciones disidentes en el partido al que pertenecen no estén obligados a hacerlo por fuera de ese partido para tener alguna posibilidad de éxito; de manera que podrán plantear su idea dentro de la estructura partidaria.
Obviamente que con este escenario la legitimidad que tienen los candidatos es mucho mayor, porque ya no surgen de un proceso electoral interno donde participan los afiliados -a veces incluso son producto de una intervención o de la famosa lista única que se decide en los congresos partidarios-, sino de la participación del conjunto de la sociedad.
Quiero aclarar a todos los diputados que hablaron sobre el sistema que la participación en la elección primaria es altísima. Por ejemplo, en la última elección municipal que se hizo en Rosario, en la provincia de Santa Fe, fue más gente a votar en la elección primaria que en la general que se realizó unos meses después. Entonces, el grado de legitimidad de los candidatos es muy grande.
Este proyecto ciertamente va a fortalecer a los partidos, va a dar legitimidad al sistema de partidos s y a quienes después se presenten como candidatos a ocupar los cargos. También va a acortar la distancia de la política con la gente y a permitir la no atomización en distintos escenarios. Es mentira que favorece el bipartidismo; no es así. Inclusive aquellos partidos emergentes que a veces tienen dificultades para dirimir las posiciones encontradas van a hallar un escenario previo a la elección general donde se determine, con la participación del conjunto de la sociedad, la manera de conformar cada una de las listas. Lo podrán hacer por sí mismos o en el marco de una alianza, dando a su estructura un fortalecimiento que, de otra manera, no le podrían dar. Si no lo pueden hacer los partidos que cuentan con una gran cantidad de afiliados, menos podrán hacerlo los partidos que recién se inician. Si la sociedad no participa en la selección de sus candidatos, se termina eligiendo a candidatos surgidos de acuerdos entre los dirigentes o bien a candidatos impuestos por los dirigentes que cuentan con mayor caudal de referencia pública o electoral.
Esto es lo que ha pasado en el sistema político argentino durante todo este tiempo.
Otra gran reforma que proponemos a partir de este proyecto de ley se relaciona con el sistema de financiamiento de las campañas electorales. Todos los que hemos participado en campañas sabemos que el 70 o el 80 por ciento del gasto se concentra en la utilización de espacios en radio y televisión. Aquel candidato que tiene mayor estructura o mayor cantidad de recursos es el que puede hacer más campaña por radio y televisión.
Además, es por todos conocida la incidencia que tienen en la opinión pública las campañas por radio y televisión a la hora de determinar el sentido del voto y de comunicar las ideas de los candidatos. Por eso, nunca se aconsejaría a un candidato que prescinda de la radio y de la televisión para hacer su campaña electoral.
Los espacios de disidencia o los sectores minoritarios dentro de los partidos políticos también se ven favorecidos, porque en general los oficialismos partidarios son los que tienen mayor capacidad para recolectar fondos; entonces, tienen mayor capacidad de exposición pública y consecuentemente mejores condiciones objetivas para llevar adelante una elección.
En suma, el sistema de elecciones primarias con la obligación de la ciudadanía de participar en el proceso de selección de los partidos, junto con una distribución más equitativa respecto del uso de los espacios en radio y televisión, favorecerá a quienes tienen menores posibilidades, a los partidos emergentes y a quienes disienten de los oficialismos partidarios.
Si logramos que este sistema se mantenga en el tiempo, seguramente la estructura política de nuestro país gozará de mayor previsibilidad.
En verdad, cuando dialogamos sobre estos temas con la mayoría de los legisladores de los diferentes bloques no encontramos mayores diferencias. Ciertamente se trata de un avance en la tarea de transparentar la política y de acercar los partidos políticos a la sociedad. No hay posibilidad de que los partidos políticos se acerquen a la sociedad si no logramos que ésta participe. Como la sociedad muchas veces no participa naturalmente, la condición de obligatoriedad dará al funcionamiento de los partidos políticos una legitimidad muchísimo mayor.
Asimismo, al transparentar el mayor porcentaje del gasto de campaña, también haremos más transparente la recolección de fondos en cada campaña política.
Durante el debate se ha hablado poco acerca de que se elimina el aporte de las empresas del sistema de financiamiento. Con la sanción de este proyecto de ley, los aportes podrán ser realizados por personas físicas, con lo cual será mucho más fácil conocer la procedencia de los fondos.
Estamos convencidos de que a partir de esta iniciativa estamos haciendo un aporte a la estabilidad del sistema político, facilitando el acercamiento de la política a la gente y logrando que las candidaturas surjan de una legitimidad social concreta. Con este proyecto de ley podremos construir entre todos un sistema político más estable y, sobre todo, más legítimo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se insertarán los discursos y las propuestas de modificación de los señores diputados, tanto en general como en particular.
-- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Se harán las inserciones solicitadas.
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA. FADEL, PATRICIA SUSANA.- Señor presidente: luego de que el señor diputado Landau enuncie las últimas modificaciones, más allá de las más de cincuenta que se han incorporado al proyecto, y habiendo hablado con los presidentes de todos los bloques, voy a proponer que la votación tanto en general como en particular se realice en un solo acto.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Señor presidente: solicito que en el artículo 16 que modifica el artículo 50, inciso b), de la ley 23.298, se agregue la palabra “consecutivas” en la parte final.
En el artículo 17, último párrafo, corresponde cambiar el término “extinguido” por el término “declarado caduco”.
En el artículo 26 in fine, se propone agregar: “Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia electoral.”
En el artículo 54, que modifica el artículo 36, se agrega el último párrafo: “El Ministerio del Interior depositará los aportes al inicio de la campaña una vez oficializadas las listas.”
En el artículo 106, segundo párrafo, se agrega: “Se extinguirá la acción y las actuaciones.”
En el artículo 3º el inciso c) del artículo 7° bis debe quedar redactado de la siguiente forma: “c) Dentro de los sesenta días de obtenido el reconocimiento, haber presentado los libros a que se refiere el artículo 37, a los fines de su rúbrica.”
En el párrafo 2 del artículo 7º ter, y en el artículo 8º de la ley de partidos políticos, en los artículos 4º y 5º, respectivamente, del dictamen de mayoría, donde dice “previa” debe decir “previo”.
En el inciso c) del artículo 10º ter de la ley de partidos políticos, incorporados por el artículo 8º del dictamen de mayoría, donde dice: “los incisos b) a g)” debe decir “los incisos b) a f)”.
A continuación del artículo 46 del dictamen de mayoría, donde dice: “Título III. Financiamiento de las campañas electorales. Capítulo I” hay que introducir como modificación “Capítulo Único.”
En el artículo 74 por el cual se modifica el artículo 15 del Código Electoral Nacional, se incorpora: “El Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documental impreso. El registro informatizado debe contener, por cada elector los siguientes datos: apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos filiatorios.”
Aquí se debe agregar: “Se consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que correspondiere.” El resto continúa igual.
El artículo 21, segundo párrafo, se traslada al primer párrafo del artículo 26.
En cuanto a las disposiciones comunes, se inserta como disposición general de esta normativa: “La autoridad de aplicación adoptará las medidas pertinentes a fin de garantizar la accesibilidad, confidencialidad e intimidad para el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Para ello se adecuarán los procedimientos, instalaciones y material electoral de modo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, tanto para ser electores como para ser candidatos.”
Señor presidente: pongo en su conocimiento que este bloque no aceptará modificaciones en particular a ninguno de los artículos del tratamiento en atención a haber recibido ya los múltiples aportes al dictamen en debate, como ha sido públicamente expuesto por los señores diputados.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Señor diputado Landau: las modificaciones introducidas por la comisión que usted está anunciando coinciden con el texto que se ha hecho llegar a Secretaría, a excepción de la modificación propuesta al artículo 106, segundo párrafo, porque usted dijo “debe agregarse”, y entiendo que no se puede agregar sino que se debe reemplazar.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Señor presidente: es correcta su observación; mi lectura fue apresurada.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. AZCOITI, PEDRO JOSE.- Señor presidente: atento a que el señor diputado Landau, en representación del oficialismo, ha leído cuáles son las reformas al dictamen de mayoría que se aceptan y ha planteado con absoluta claridad que ninguna otra modificación que va a ser receptada, solicito que las modificaciones que los diferentes diputados y bloques parlamentarios pensábamos plantear en el tratamiento en particular, sean autorizadas a insertarse en el Diario de Sesiones como modificaciones propuestas y no aceptadas por el oficialismo.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Correcto. La Presidencia aclara que la Cámara ya votó favorablemente las inserciones de las modificaciones propuestas al articulado, con lo cual considero que su sugerencia queda medianamente satisfecha. Es decir, las observaciones de la oposición se incorporarán al Diario de Sesiones.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: quiero plantear dos modificaciones...
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Ya se dijo que no se van a aceptar modificaciones.
En primer término, se va a votar la moción de la señora diputada Fadel, en el sentido de votar el proyecto en general y en particular en una única instancia.
-- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RAIMUNDI, CARLOS ALBERTO.- Señor presidente: quiero hacer una última aclaración. Al votarse conjuntamente el proyecto en general y en particular, se nos impide expresarnos favorablemente respecto de algunos artículos como los de financiamiento, control de la publicidad e inhabilitación electoral a los genocidas, que nosotros hubiéramos acompañado de haberse seguido el procedimiento habitual de votar en general y en particular en forma separada. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- El procedimiento no es inhabitual, se lo ha utilizado muchas veces y lo permite el reglamento.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: insisto con que quiero leer dos artículos que pretendo que se modifiquen...
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Puede insertarlos, señora diputada, ya se votó la moción.
Se va a votar en general y en particular, conforme lo resolvió la Cámara, el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral.
Esta Presidencia entiende que de acuerdo con el reglamento tiene derecho a hacer uso de su facultad de votar. En tal sentido, lo hago saber a la Cámara.
-- Se practica la votación nominal.
[…]
-- Conforme al tablero electrónico, sobre 236 señores diputados presentes, 136 han votado por la afirmativa y 99 por la negativa, registrándose además una abstención.
SR. SECRETARIO (HIDALGO).- Se han registrado 136 votos por la afirmativa y 99 por la negativa. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RECALDE, HECTOR PEDRO.- Señor presidente: quiero hacer un reconocimiento de profunda justicia hacia los secretarios de comisión y los compañeros de la Imprenta, quienes trabajaron toda la noche arduamente para que pudiéramos contar hoy con el material necesario. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Se deja constancia del voto afirmativo de los señores diputados Torfe, Delich y Sylvestre Begnis.
Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
[…]
SR. PRESIDENTE FELLNER.- No habiendo quórum, queda levantada la sesión.
--Es la hora 22 y 28.
Cont. 2° Parte...

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