marzo 10, 2011

Primarias abiertas - Diario de Sesiones del debate en la Cámara de Senadores - Antecedente Ley 26.571 (2009)

CÁMARA DE SENADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
(Provisional)
20° Reunión - 15° Sesión ordinaria
[2 de Diciembre de 2009]

[Antecedentes de la Ley 26.571]
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, Don Julio César Cleto Cobos,
del señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro, del
señor vicepresidente del H. Senado, senador Rubén Hugo Marín, del señor vicepresidente
1° del H. Senado, senador Juan Carlos Marino y de la señora vicepresidenta 2° del H.
Senado, senadora Liliana Teresita Negre de Alonso
Secretarios: señor D. Juan Héctor Estrada y señor D. Jorge Luis Alberto Tieppo
Prosecretarios: señor D. Juan J. Canals, señor D. Mario Daniele y señor D. Gustavo Carlos Vélez

SUMARIO
1. IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
[…]
12. OD-717: DEMOCRATIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD ELECTORAL
[…]
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 26 del miércoles 2 de diciembre de 2009:
SR. PRESIDENTE. La sesión está abierta.
1. IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
SR. PRESIDENTE. Invito al señor senador por La Pampa Rubén Hugo Marín a izar la bandera en el mástil del recinto.
Puestos de pie los presentes, el señor senador Marín procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Aplausos.
[…]
12. OD-717: DEMOCRATIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD ELECTORAL
SR. PRESIDENTE. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de ley en revisión sobre Ley de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
SR. PICHETTO.— Señor presidente: antes de comenzar el debate, solicito que por Secretaría se confeccione la lista de oradores, a efectos de que una vez finalizada se ponga a votación.
SR. PRESIDENTE. — Ya se está confeccionando. Una vez que esté lista se pondrá a votación.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
SR. FERNÁNDEZ.— Señor presidente: indudablemente, estamos convocados a tratar un tema en el que el diálogo y el consenso son vectores que se le demandan permanentemente al oficialismo. Y después, a partir de la mirada individual en cuanto a que no se ha conseguido consenso ni dialogado lo suficiente, efectivamente, se pone en tela de juicio cada una de las iniciativas parlamentarias que traemos.
Ahora bien, el tema de la reforma política, desde mi óptica, puede analizarse desde tres dimensiones. La primera, qué estamos discutiendo; la segunda, cuál fue la metodología; y la tercera, cuál es la finalidad. De esa manera, podremos identificar después por qué algunas voces se elevan en contra de este proyecto que, en realidad, la única finalidad que persigue —el punto central de la iniciativa— es fortalecer la representación política partidaria en el país que, mal que les pese a algunos, es la única expresión que puede tener la ciudadanía dentro de los procesos democráticos. Se pretende agregar voluntad al sistema en
función de consolidar las estructuras partidarias, que son las únicas que dirimirán después las políticas públicas.
Indudablemente, este proyecto desnuda una fuerte convicción política y el coraje para llevarlo adelante. Avanza en la modificación de un sistema político que implosionó en la República Argentina en 2001, a punto tal que, actualmente, el nivel de fragmentación de la representación partidaria-política es uno de los más grandes del mundo: nosotros tenemos 700 partidos políticos. Hago hincapié en el coraje porque nadie puede negar el peso que tienen las estructuras partidarias en la actualidad, ni la discrecionalidad con que cuentan los que conducen los partidos políticos a la hora de seleccionar los candidatos que, posteriormente, representarán al partido.
El hecho de que las elecciones primarias sean abiertas y obligatorias, quita una parte importante de esa potestad exclusiva que se tiene en el proceso de selección de candidatos.
En consecuencia, a partir de la puesta en vigencia de la norma, la selección quedará en manos de la ciudadanía. Y aquellos que, efectivamente, tengan disidencias dentro del partido, a partir de esta reforma no tendrán la necesidad de formar otro partido, sino que podrán someter esas disidencias en consideración de la gente y no depender ni del presidente del partido ni del voto de los afiliados. De alguna manera, eso está mucho más acotado que en el proceso que estamos impulsando.
Todos los que alguna vez cuestionaron la falta de participación ciudadana y aquellos que alguna vez cuestionaron las listas únicas votadas en el Congreso tienen acá una herramienta fenomenal para ver qué grado de adhesión popular tienen esas disidencias, porque las tienen que someter a consideración de la gente. No hay ninguna posibilidad —repito: ninguna posibilidad— de arrimar los partidos políticos a la gente si nosotros no abrimos la puerta para que la gente participe efectivamente en la designación de sus autoridades. Además, como hay una especie de resistencia o reticencia a participar, de ahí surge la condición de la obligatoriedad que, además, va a generar una fuerte solidez en las representación de los partidos políticos. Entonces, el proceso nace como una demanda de la sociedad civil, como una necesidad de los partidos políticos y como una deuda que tenía el Poder Ejecutivo desde hace más de 25 años y que acá se está pagando.
Reitero que para esto se necesitan una fuerte decisión política y coraje porque, de alguna manera, con esta ley, se modifican las reglas de juego; y se modifican las reglas de juego a favor de la representación ciudadana, a favor de la expresión popular y a favor de dirimir las propuestas electorales de cara y con el respaldo de la gente. Si todo esto es así, ¿por qué no estamos todos juntos propulsando y aportando a esta reforma política? Yo creo que también debemos analizar esto.
En realidad, con algunos sectores, todo nos separa y no hay ningún punto de coincidencia posible. Son aquellos que han trabajado durante mucho tiempo para tener representaciones partidarias débiles y obsecuentes, efectivamente, a efectos de que esas representaciones fragmentadas en el Parlamento y carentes de sustento popular pudieran imponer, como lo hicieron, políticas parlamentarias y condicionar el rumbo de políticas públicas a cambio de buen trato. Esto ha sucedido en la República Argentina. Dentro de ese segmento, personalmente, identifico a algunos sectores de poder pero, también, a algunos sectores de la vida pública institucional que, en realidad, sólo tuvieron poder para imponer políticas públicas cuando se derrumbó la democracia o cuando, por afuera, pudieron condicionar las políticas públicas. Indudablemente, con esos sectores nunca nos vamos a poner de acuerdo.
En cambio, hay otros sectores con los que, en definitiva, nos separa una cuestión de tiempo. Nosotros creemos que las cosas hay que hacerlas y que las obras se perfeccionan pero, también, consideramos que esta reforma política es necesaria. Hay sectores de la política que siempre demandan más tiempo, más diálogo y un consenso ideal que, generalmente, nunca se logra.
Nosotros entendemos el diálogo y el consenso. Lo cierto ese que el diálogo y el consenso en la Argentina, primero, nacieron a partir del 9 de julio. Luego, del 15 de julio en adelante, se inició una ronda de consultas de la que participaron cincuenta partidos políticos, especialistas y organizaciones no gubernamentales. Desde esa síntesis, después, se invitó a los apoderados de partidos políticos y a representantes judiciales, que hicieron aportes para que este proyecto se elevara como una iniciativa del Poder Ejecutivo y sufriera en la Cámara de Diputados, en procura de más consenso, alrededor de cincuenta modificaciones. Algunos creen que el consenso es imponer al oficialismo la totalidad de las ideas y, sobre la base de ese raro concepto de consenso, descalifican este proyecto.
A su vez, debo remarcar que esta era una demanda de toda la sociedad, no sólo de los partidos políticos. El proceso electoral que definirá dentro de dos años quién tiene la capacidad institucional y el respaldo popular para llevar adelante la representación institucional en la Argentina no es menor. Por eso ésta es la oportunidad para tratar este tema.
Realmente, la crítica está centrada en que se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo. Hay sectores de los medios y algunos oscuros personajes de la vida institucional que arrinconan a la oposición obligándola a confrontar permanentemente con el Poder Ejecutivo cuando, en realidad, estoy íntimamente convencido de que hay muchísimos puntos de encuentro que se podrían lograr si esa presión no existiera. Más aún, si uno analiza algunos titulares de los medios y lo que dicen algunos voceros que pregonan a favor de organizar a la oposición en contra del gobierno, debe preguntarse para qué piden esa organización, a órdenes de quién buscan organizar esa especie de pueblada en contra del gobierno. La respuesta es muy difícil, porque si se analizan algunos de los rostros de estos personajes que hacen esa convocatoria y a esa fotografía se le suma el archivo, podemos concluir que muy pocas veces en la historia esas personas tuvieron algo que ver con alternativas democráticas en la República Argentina.
Este proyecto tiene lógica sistémica porque ha recibido el aporte de partidos, de organizaciones políticas, de organizaciones no gubernamentales y porque, en definitiva, va a fortalecer la representación de los partidos políticos, a la que se le va a dar robustez y solidez. ¿Cómo se definió hacer esto? A través de la representación popular que le va a dar un título más que suficiente a los partidos políticos para que esta circunstancia se termine.
Cuando uno habla de representaciones populares afuera de esta casa, a algunos se le frunce el ceño, pero a nosotros no. No hace falta un gran esfuerzo para comprobar la gigantesca fragmentación política partidaria que vive el país. Más aun, no hace tanto tiempo atrás, las construcciones políticas en la República Argentina estaban acompañadas por muchísima gente y se militaba en lugares abiertos. Eso fue desapareciendo para dar lugar a una especie de construcción mediática de algunos sectores de poder, con una profusa difusión publicitaria. Y la verdad es que esto generó lo que tenemos: la fragmentación no es un fenómeno que vive sólo nuestro país sino que se da en todo el mundo. Lo que pasa es que, quizá, la nuestra es la mayor fragmentación que se presenta a nivel mundial. Por ejemplo, México está preocupado porque tiene siete partidos políticos; en Brasil se está hablando de segmentación y de fragmentación porque tiene 15 bloques en un Parlamento de 500 diputados. Yo no sé cuántos bloques tenemos acá, pero hay muchísimos; creo que deben ser entre 35 ó 40, lo que dependerá de cómo se elija contarlos.
Hay quienes descalifican este proyecto diciendo que en su redacción encuentran algunos elementos de proscripción, y esto no es así. Más aún, la ley vigente establece un piso mucho más alto del que se estaría aprobando a través de esta iniciativa. Además, cabe señalar que la modificación de ese piso tuvo que ver con el aporte que hicieron algunos partidos políticos.
La circunstancia de que, efectivamente, se dé participación igualitaria en la idea del financiamiento equitativo es un salto cualitativo y, también, tiene vinculación con una mayor participación de los distintos sectores. El hecho de elevar el piso del 30 al 50, me parece un buen síntoma, a lo que se suma la circunstancia, en línea con la legislación universal, de prohibir la contratación de pautas publicitarias de las que se va a hacer cargo el Estado, lo que no es un tema menor. Como si todo esto fuera poco, es cierto que todos van a tener oportunidad de contar cuáles son sus propuestas, pero lo más importante es que la gente va a tener la posibilidad de conocerlas. Actualmente, todo el mundo sabe que esto, en la práctica, no se da. Hay dos o tres fuerzas políticas que llegan a todo el mundo, y las otras, no sólo no tienen espacio sino que tampoco disponen de capacidad financiera para acceder a la ciudadanía.
Por otro lado, aquí se prohíbe el aporte de personas jurídicas, lo que le va a permitir a la ciudadanía identificar concretamente quién es el que aporta y a qué candidato lo hace. De esa manera, podrá saber qué intereses económicos hay detrás de cada fuerza política. Y lo que es mejor, en el supuesto de que haya algún delito penal, vamos a tener un responsable, porque con la persona jurídica, sabemos que la responsabilidad se diluye. Esto fue pedido también por las fuerzas políticas de este país, por organizaciones y, fundamentalmente, por las ONG.
En la misma sintonía, se establece un sistema de rendición de cuentas más detallado, más minucioso. Se separa la responsabilidad partidaria porque, muchas veces, las conducciones formales de los partidos no tienen nada que ver con lo que después va a ser su representación partidaria electoral y, en consecuencia, se circunscribe la responsabilidad financiera a lo que sucedió en la campaña. Este fue uno de los tantos aportes que se hicieron.
Estamos ante una crítica que debemos abordar. Se dijo que con este proyecto de ley permitíamos la participación abierta de todos los individuos, que tendríamos que armar un sistema en el que solamente votaran los afiliados. Debemos analizar esta idea en concreto. Tenemos 700 partidos. Si de esos 700 partidos, llegan a participar 50 en elecciones primarias obligatorias simultáneas, significa que tendríamos que tener 50 mesas con 50 autoridades de mesa para cubrir el escrutinio. Esto tiene que ver con la lógica de por qué se hace obligatoria, con un único padrón, y no en forma segmentada por afiliación. En realidad, se tuvo en cuenta una cuestión práctica.
El proyecto apunta a agregar voluntad política y a permitir que se consolide una estructura partidaria fuerte, con sustento popular. La que tenemos hoy es mentirosa. Hoy participan todos, pero solamente un sector ocupa cargos parlamentarios. El resto no alcanza el piso exigido por el Código Electoral. Esto significa que hay dos terceras partes de la ciudadanía cuyos votos se diluyen; no sólo no tiene representación parlamentaria sino que no se visualizan institucionalmente esos votos. Lo que se pretende es eliminar esa especie de micro sellos que han surgido en la República Argentina, cuya única finalidad fue encontrar financiamiento a espaldas del Estado. Estaban destinados para otra cosa, pero les sirvió para encontrar una caja fenomenal. No representan a nadie y frustran a dos terceras partes de la población que vota, y esos votos se pierden, porque no sólo no tiene representación parlamentaria sino que, además, nunca alcanzan los pisos. Se deroga la desafiliación automática y se incorpora la idea de telegrama a la Junta Electoral para evitar todo tipo de maniobra.
Respecto de la distribución de espacios y de la proporción de los fondos, se establece un sorteo público con participación de las fuerzas políticas que van a dirimir en la contienda electoral, con lo cual no hay posibilidad de que, efectivamente, haya algún proceso del que pudiéramos desconfiar.
Se prevé un proceso de primarias. No son internas abiertas. La idea es que alrededor del 20 de abril de cada año electoral, se lleven adelante las elecciones primarias, con participación obligatoria. Además, se debe alcanzar el piso de 1,5.
Se elimina el anacronismo del doble padrón. Debe ser el único país en el mundo en el que hay resultado por sexo. Está muy bien eliminado. Esto, incorporado al nuevo DNI que se empieza a fabricar desde manos argentinas sin sospechas de sobornos ni de coimas, son adelantos sistémicos que tienen que ver con un proceso que tenemos que consolidar y mejorar.
Algunas críticas no tienen que ver con el contenido sino con lo que el proyecto no dice. Cuando hablamos de las críticas al proyecto, está bien. Lo otro, es una práctica parlamentaria que, desde mi óptica, no resulta buena. Dentro de lo se critica, voy a analizar dos aspectos que se señalaron, pero lo lógico es analizar el proyecto. El proyecto tiene el aporte de los partidos políticos, especialistas, ONG, y pretende eso: consolidar un sistema político partidario robusto.
Algunos demandan la reglamentación del voto electrónico y otros propugnan la idea de la boleta única, entre otros ejemplos. Lo primero que debo aclarar es que voto electrónico y boleta única no son sistemas electorales sino herramientas del sistema electoral. Cuando uno habla de esas herramientas del sistema electoral, se debe hacer un análisis de los resultados que han tenido en el mundo. Entonces, nos vamos a encontrar con que pareciera ser que no son en sí mismas una solución a nada.
En cuanto al voto electrónico, Holanda y Bélgica tuvieron muy malas experiencias, que lo han descartado. En Alemania, hay un fallo —guste o no guste, están los antecedentes en la Cámara Electoral— que habla de la falta de manejo, de la falta de seguridad en el votante. Esto lo dicen los alemanes, que tienen un proceso de formación cultural importante.
En los Estados Unidos, tienen doble vía: el votante elige si vota por el sistema electrónico o por soporte papel. Todas las encuestas dicen que la gran mayoría de los estadounidenses vota a través del soporte papel. Insisto con estos ejemplos porque se suele citar experiencias extranjeras como soluciones. En Inglaterra, en algunos distritos, han instrumentado un popurrí de alternativas: voto por Internet, voto por control remoto del televisor, por ejemplo; después de una serie importante de alternativas, realizaron una encuesta y los ingleses eligieron el soporte papel porque es el que más seguridad les da.
El Ministerio está siguiendo algunas alternativas que se están llevando adelante con el voto electrónico, si mal no recuerdo, en Salta, Río Negro y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. Creo que, próximamente, se va a poner en práctica en Mendoza. Si eso garantiza la seguridad del votante, nadie dice que no podemos tratar esta herramienta. Digo que son herramientas que tienen que ir acompasadas en el tiempo.
Paso a la figura de la boleta única. El sistema de boletas que nosotros tenemos lo usan países como Francia, España y Suecia. Honduras usa boleta única, al igual que algunos países de África. México usa el sistema de boleta única, pero la diferencia es que ellos invirtieron millones de dólares para la confección de un padrón, de lo cual nosotros estamos lejos todavía. El único proyecto más acabado que leí que trata la iniciativa de la boleta única es, casualmente, el presentado por el senador Cabanchik. También, hay algunos proyectos en la Cámara de Diputados, pero creo que el del señor senador es el que más a fondo avanza, que de alguna forma toma la experiencia mexicana.
Tengamos en cuenta que en México hay 7 partidos, no 700. La proporción sería de cien a uno cuando se confeccione la boleta. Dado que nosotros no tenemos un padrón como el de México, que costó miles de millones de dólares —incluso, hasta tiene la foto del votante—, se propone la alternativa de la boleta numerada. Así, con un solo entrecruzamiento de datos, nosotros sabemos que pulverizamos el voto secreto. Pero no es una mala herramienta; son herramientas que nosotros podemos analizar. Córdoba la ha puesto en práctica. El otro día, en el plenario de comisiones, una de las autoridades electorales mostraba el ejemplo práctico de Córdoba, y la verdad es que la boleta era tan grande que la complejidad de instrumentación no es un tema menor. No decimos que no; repito que son herramientas. Si eso da seguridad al votante, tenemos que encaminarnos en esa dirección, pero no podemos hacer un ensayo general que ponga en crisis todo el sistema político partidario y de representación en la República Argentina, por novedosa que sea la idea y por lo enamorado que estemos de ella.
También, se introduce la boleta de color, tanto para las elecciones primarias como para la elección general. Se crea el módulo electoral para quitar discrecionalidad a la autoridad electoral. Entonces, será el Congreso de la Nación el que establecerá sus coeficientes. Esto lo pidieron los partidos políticos. Se establece el recurso de alzada ante la Cámara frente a las decisiones que tome la Dirección Electoral en la Cámara. Esto también fue pedido por los partidos políticos, a efectos de dar mayor control a la Justicia Electoral sobre los procesos.
La verdadera finalidad de este proyecto es, repito, evitar que pululen estos micro sellos de goma que permiten que la ciudadanía participe ficticiamente porque su voto no sólo se diluye sino que no tiene visualidad institucional: desaparece. Estamos hablando de las dos terceras partes de la población.
Nosotros creemos, también, que estamos frente a un proceso en el cual nadie hace una ley para que dure a perpetuidad. Al menos quien les habla está convencido de que la única ley que no se modifica es la natural. Después, la participación del hombre nos lleva siempre a estar permanentemente en procura de mejorar la norma, a efectos de acercarnos en lo máximo posible al “deber ser”, pero no es que esta ley sea perpetua. Esta ley puede modificarse y mejorarse, pero es necesaria ahora. Además, creo que esta ley también permite la elección de los representantes del Mercosur, y en eso toma iniciativas parlamentarias de muchos senadores. Recuerdo las de las senadoras Negre de Alonso y Marita Perceval, por ejemplo.
Es tiempo de que los sectores políticos en la República Argentina expresen sin miedo sus convicciones, cargados de ideologías, cargados de convicciones, y que tengamos la posibilidad de condicionar definitivamente el entorno para que los sectores de poder tengan que vivir dentro del marco institucional: ésta es la finalidad. Sueño con que los partidos políticos, cargados de ideologías y de convicciones, equivocados o no pero con finalidades institucionales y comunitarias, nos podamos desprender definitivamente de la presión foránea. Porque los intereses que generalmente están alrededor de la política han generado consecuencias de las que nunca se hicieron cargo. De hecho, cuando los sectores económicos y de poder pudieron condicionar las políticas públicas, nos pasaron cosas como feroz endeudamiento, destrucción del aparato productivo, destrucción de la pequeña y mediana empresa, desguace de las empresas del Estado, eliminación de presupuesto educativo, falta de inversión hospitalaria, abandono de los abuelos y la desocupación y el desempleo. Esto hoy, de alguna manera, está trayendo consecuencias que tienen en vilo a la sociedad. Pero estos barros son consecuencias de aquellas lluvias: no es que efectivamente nos tenemos que hacer los distraídos: lo que pasó en el país por abandonar políticas públicas tiene consecuencias hoy.
Todo ello lo tenemos que tener muy en cuenta porque creo que la política, desde 2002/2003, ha tenido muchas cosas y ha cumplido con muchas expectativas. Tenemos muchas cosas pendientes pero para llevarlas adelante, estoy absolutamente convencido de que debemos tener las manos libres y la fuerte convicción de que la reforma política tiene por única finalidad el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, único vector para que la ciudadanía exprese su punto de vista en forma democrática. Lo demás no es democracia.
La participación de la gente dirimiendo las conducciones partidarias y votando a favor de distintas representaciones, sin el cepo de dirimirlas dentro del partido, va a habilitar que lo que surja no sólo va a tener respaldo popular sino respeto ciudadano. Me parece que esta reforma podrá mejorarse en el futuro; pero si no estuviéramos en un debate televisivo, estoy convencido —lo he escuchado de sectores de la oposición— no sólo de compartir la finalidad sino gran parte del proyecto.
Consideramos que hay que votar este proyecto. Tenemos que tener aprobada la reforma política y, si la tenemos que mejorar, para eso estamos: para hacerle tantas mejoras como sean necesarias. El sistema vigente en la República Argentina es muy malo porque condena no sólo a la fragmentación sino a la representación inexistente de sectores que votan y lo hacen en forma estéril. Por todo esto, apoyamos la sanción de la Cámara de Diputados y vamos a aprobar el proyecto.
SR. PRESIDENTE. — La lista de oradores es la siguiente: Petcoff Naidenoff, Rached, Basualdo, Pérez Alsina, Lores, Bongiorno, Marino, Negre de Alonso, Cabanchik, Castillo, Rossi, Estenssoro, Giustiniani, Morales, Fernández —por si quiere agregar algo—, y luego cierran Rodríguez Saá y Pichetto. Me acaban de informar que se incorporan la senadora Vigo y el senador Alfredo Martínez.
Tiene la palabra el senador Castillo.
SR. CASTILLO. — Señor presidente: la senadora Colombo está viajando. Me ha encargado que pida que sea incorporada a la lista de oradores.
SR. PRESIDENTE. — Entonces, se agregan la senadora Colombo y, también, el senador Vera.
SR. FERNÁNDEZ. — Señor presidente: ¿podría estimar la hora de votación?
SR. PRESIDENTE. — Le aviso en unos minutos.
SR. FERNÁNDEZ. — Cómo no.
SR. PRESIDENTE. — En consideración la lista de oradores.
— Se practica la votación.
SR. PRESIDENTE. — Aprobada.
Está cerrada la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
SR. PETCOFF NAIDENOFF. — Señor presidente: la sanción de la Cámara de Diputados que hoy estamos tratando tiene su origen en una convocatoria que la presidenta realizó el 9 de julio en la ciudad de Tucumán. En aquella ocasión, la presidenta explicaba a los argentinos la necesidad de avanzar en un proceso de reforma política y hacía referencia, justamente, en ese contexto de reforma, a la importancia que deben tener los partidos políticos que —como ustedes saben— son el sustento de la democracia, porque así lo consagra nuestra Constitución; a través de ellos se ejerce la representación política.
Creo, también, que es hora de abordar y discutir una profunda reforma política en la Argentina y convocar, por supuesto, a todos lo sectores. De hecho, hay que hacerlo, porque todo proyecto debe ser remitido al Congreso.
En ese entendimiento, el Poder Ejecutivo nacional convocó a los partidos políticos a una mesa de diálogo. Nosotros, desde la Unión Cívica Radical, hemos asistido a esa convocatoria porque estamos absolutamente convencidos de que los intereses generales de la Nación están por encima de las cuestiones partidarias. Pero a esta altura de los acontecimientos, podemos decir que ese diálogo quedó trunco porque, lamentablemente, el Poder Ejecutivo nacional no receptó en su plenitud el mensaje de la ciudadanía del 28 de junio.
Señor presidente: el diálogo se transformó en una foto, y este gobierno, que montó una escena de convocatoria al diálogo, del 28 de junio a la fecha, interpretó de una manera muy particular el mensaje de la gente: “La gente ha dicho que hay que profundizar el modelo”; y en esa línea, se avanzó con la sanción de leyes transcendentes para la Argentina sin el acompañamiento de los partidos de la oposición; muchas veces, sin escuchar siquiera sugerencias centrales para modificar aspectos de la ley que pueden beneficiar a la sociedad.
Así, avanzamos con los superpoderes, con prórrogas de facultades delegadas, con la sanción de servicios de comunicación audiovisual: avanzamos, avanzamos y avanzamos.
Escuchaba al miembro informante. En la mesa de diálogo, fueron consultados y concurrieron aproximadamente cincuenta partidos políticos, quienes efectuaron aportes para tratar de avanzar en un proceso de reforma. Pero todo termina de la peor manera, porque estamos tratando la sanción de Diputados que modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos, la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y, fundamentalmente, el Código Electoral Nacional. Lo cierto es que esta ley fue sancionada en Diputados con el rechazo unánime de todo el arco opositor. Esto es para que el oficialismo tome nota: el rechazo unánime de todo el arco opositor. Es decir, es una sanción que únicamente fue acompañada por el oficialismo. Tampoco podemos decir “el partido del gobierno”, porque el propio PJ disidente rechazó esta sanción.
Para nosotros, esto no es un dato menor, es una cuestión central. Y aunque pueda compartir la filosofía del proyecto en el entendimiento de lograr competitividad electoral, robustecer los propios partidos políticos, terminar con los sellos de goma, debo decir que una reforma política de prepo no sirve, presidente. La reforma política que se logra sin el acompañamiento de las fuerzas, de los propios partidos políticos, no tiene sentido.
Lo primero que podemos decir es que no estamos reformando la política. Ésta es una simple reforma electoral. Reformar la política es otra cosa; es atreverse a más. Reformar la política es avanzar para lograr más y mejor calidad institucional; es lograr transparentar el propio sufragio universal del ciudadano para que este sufragio no se desvirtúe. Reformar la política es avanzar en un proceso de abordaje de temas que este proyecto no contempla: no contempla la boleta única; la situación de las candidaturas testimoniales; la declaración de principios centrales, que tiene que ver con la esencia de valores republicanos que debe ser receptada de manera uniforme en el país. Muy por lo contrario, es un proyecto que avanza con un súper Ministerio del Interior y con muchísimos aspectos que serán abordados por los distintos senadores que integran el bloque de nuestra bancada.
Me quiero detener en tres aspectos. En primer lugar, en una omisión que me parece central, que tiene que ver con la necesidad de contar con una reforma que contemple la declaración de principios republicanos. Porque somos parte de un país que, como norma central, a partir del su artículo 5° de la Constitución Nacional, sienta que la Nación Argentina adopta como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal, si bien cada constitución provincial se reserva para sí la facultad de establecer el dictado de sus propias constituciones, que deben ir en armonía con los principios, declaraciones y garantías que establece el propio artículo 5°.
Y establecer presupuestos mínimos para una reforma política electoral de alcance nacional implica, también, darnos la oportunidad —no la tuvimos porque, lamentablemente, no hemos actuado como Cámara revisora— de discutir en comisión la necesidad de desterrar institutos que son perversos en muchas provincias argentinas. Tal el caso de la Ley de lemas, que desvirtúa el voto popular. De hecho, generó, justamente, la modificación en la provincia de Santa Fe. La instalación del mecanismo de internas abiertas obligatorias fue producto del nefasto sistema de la Ley de lemas porque, muchas veces, el elector, cuando decide su voto, en la realidad ve que ese voto en definitiva no es el voto de la decisión final.
Animarnos a discutir una reforma política también es abordar qué hacemos con reelecciones indefinidas, pero tratándolas seriamente. No puede ser que en nuestro país contemos con intendentes o con gobernadores que andan por la vida como monarcas electivos y que no se tenga la capacidad de debatir en este ámbito, donde representamos los intereses de las provincias, la necesidad de poner término final a las reelecciones indefinidas.
Pero lógicamente, venimos a dar este debate en este recinto porque no lo pudimos dar en comisión. De hecho, el oficialismo dio lugar a la lectura de los aportes de los cincuenta partidos que hicieron llegar sus ponencias, pero todos ellos rechazaron la sanción de la Cámara de Diputados. Entonces, éstas son las cuestiones que no hemos podido discutir.
Algunos dirán: “Bueno, las provincias son autónomas y, en el marco de su autonomía, se fijan su Constitución; establecen si las reelecciones son por un período o de manera indefinida; pueden sancionar una ley, un sistema electoral para establecer, justamente, mecanismos como la Ley de lemas”. Esto es así, es una realidad.
También es una realidad en la Argentina el avance en el proceso del federalismo de concertación. El federalismo de concertación tiene que ver con los pactos, con los acuerdos.
Pero pareciera que, en nuestro país, las palabras “pacto” o “acuerdo” están prohibidas.
Acordar, consensuar y dialogar son la base de un sistema democrático. En el marco del federalismo de concertación, tenemos que atrevernos a más y a poner límites —por lo menos, a discutirlo— para terminar con las reelecciones indefinidas. Porque, qué sé yo, fue necesario que apareciera un obispo Pigna, en Misiones, para que la Argentina visualizara lo que puede significar esta especie de monarquía electiva. En fin, la República alcanzó a Misiones y no tuvo un efecto propagativo en todo el país.
Hoy se nos plantea una reforma política y no discutimos estas cosas. A algunos les pueden parecer bien; a otros les puede parecer mal. Otros dirán que la autonomía es la esencia. Pues bien, yo digo que hay un federalismo de concertación. Si este Senado de la Nación y este Congreso sancionaron, a través de una ley de adhesión, una ley de responsabilidad fiscal que, justamente, ha puesto freno o encaje a la deuda y al gasto de las provincias y éstas adhirieron, ¿por qué no podemos tener la capacidad de armonizar criterios republicanos en todo el territorio nacional? Me pregunto por qué no podemos tener la capacidad de lograr sistemas uniformes y de que no se desnaturalice el voto. ¿Por qué no podemos desterrar estas prácticas perversas? Pues bien, hay que animarse a dar la discusión. El oficialismo cerró las puertas porque esto no se discute; porque la legitimidad, supuestamente, la ha dado el aporte de los cincuenta partidos. Ahora bien, repito: aporte de partidos que no fueron considerados pues, de lo contrario, no merecería el rechazo de todo el arco opositor. Eso es reformar la política para nosotros. Primero, una cuestión de declaración de principios. Si no parecería que en este país hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. De hecho, en las provincias que pueden contar con la propia esencia republicana las cosas caminan bien. Son las cosas que tenemos que discutir en el marco de una Argentina federal.
Más allá de estas consideraciones y de estas omisiones, quiero avanzar y detenerme en otros aspectos que, justamente, contempla la ley, que tienen que ver con el criterio que se adopta en esta especie de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El sistema que se adopta es muy peligroso y preocupante; una cosa son las internas abiertas. Quiero decir que yo he participado en las elecciones internas abiertas —luego se derogó— y, como paso previo, fui electo en el marco de un partido con el voto de los afiliados de la Unión Cívica Radical y de los ciudadanos independientes: soy producto de aquellas elecciones internas que, luego, este Congreso derogó. Pero ¿sabe dónde estaba la diferencia? Que en las internas en las que se definían los espacios, los cargos nacionales de los partidos políticos, participaban los afiliados —que tienen una identidad y un tronco común con el propio partido— y los independientes. Entonces, son los propios ciudadanos independientes quienes marcan la cancha y seleccionan las opciones más positivas.
El problema acá está en que un partido político puede darse el lujo, con el aparato, de elegir el candidato de la oposición que le conviene. En este sistema, todos vamos a concurrir a votar de manera obligatoria y, en la mesa en la que vamos a sufragar, van a estar las boletas de todos los partidos. Entonces, aquellos oficialismos que tienen mucho manejo del aparato, que pueden lograr a través de los congresos elegir una sola fórmula —ya sea para la representación parlamentaria nacional de senadores o diputados o una fórmula presidencial—, se pueden dar el lujo de elegir, con el aparato, al candidato que más les conviene; y el candidato que más les conviene, quizás, no tenga nada que ver con el que elige la gente. Esta es una luz de alerta que este proyecto no contempla y que tampoco fue considerada, porque no lo discutimos.
Repito: no es un dato menor que un afiliado de un partido político decida en la vida interna de otro partido político. La calidad de la elección primaria, justamente, se da con la participación de afiliados y de ciudadanos independientes. En este sentido, quiero citar solamente algunas consideraciones de Natalio Botana acerca del abordaje de este tema de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, y del análisis de la Ley de lemas. El refería que cabe tener presente un último efecto en gran medida significativo y que hace referencia a lo que podría denominarse el mecanismo de transferencia de votos de un partido a otro. Puede ocurrir, en efecto, que un partido que no necesita los votos de sus afiliados para elegir un candidato determinado dentro de su seno pueda hacer las maniobras de enviar a sus afiliados y simpatizantes para votar por los candidatos peores y más impopulares del partido opositor, con el objeto de desacreditarlo. Esto puede ocurrir, presidente. Puede ocurrir porque nadie puede saber y, más allá de lo que decía el miembro informante acerca de que las leyes de la naturaleza son para todos los tiempos, lo que nosotros estamos haciendo con este mecanismo de internas abiertas es absolutamente peligroso y preocupante.
—Ocupa la Presidencia del H. Senado de la Nación la señora vicepresidenta segunda, doña Liliana Negre de Alonso.
SR. PETCOFF NAIDENOFF. — También quiero referirme a la cuestión de las candidaturas testimoniales. Porque la verdad es que lo que ocurrió el 28 de junio fue una vergüenza, fue vergonzoso. La presidenta, el 9 de julio, convocó al diálogo para reformar la política, y el 28 de junio, asistimos a una fiesta de irrespetuosidad hacia el ciudadano común, con gobernadores que son tales pero que asumen y que no asumen; con algunos que dicen que asumen y no lo hacen; con actores que vienen, que se involucran… Fue vergonzoso. ¿Y cómo terminó esto? Con una estafa electoral. Porque la estafa electoral se consuma con candidatos que se presentan y no asumen sus propios cargos para los que la gente los ha elegido.
Estamos supuestamente reformando la política y no abordamos el tema de las candidaturas testimoniales. Nosotros consideramos que había que discutirlo en el marco del Código Electoral, quizás, con una declaración de principios, con un compromiso previo del propio candidato de asumir la banca, con excepción de razones extraordinarias, o de fuerza mayor, o de asumir mayores compromisos por el bienestar de la Nación. Esto no lo tratamos y pasó de largo.
La verdad es que esta es una reforma lamentable por cómo se gesta y cómo se termina el año. Porque no estamos reformando la política, estamos reformando cuestiones electorales con visiones cortoplacistas, con especulaciones mezquinas, sin contemplar siquiera el aporte sano y republicano de muchos partidos que queremos cambiar en serio las cosas en la Argentina, aprendiendo también de los errores del pasado y del presente. De eso se trata, de aprender de los errores.
Reformar es otra cosa. La reforma fue la de 1994. Eso fue reformar la política, cuando los intereses de los partidos o de un partido político avanzan en la idea fuerza de logar un mecanismo de reelección. Y con fuertes liderazgos, quizás desde la Unión Cívica Radical, se avanzó en el Acuerdo de Olivos para generar una profunda transformación de la política en la Argentina, no quedándonos con aquella lectura de las reformas unilaterales que terminaron muy mal, como la de 1949 ó 1957. Se reformó la política por unanimidad con el aval y la fuerza de los partidos políticos. Y se gestó la reforma de 1994 con una discusión previa muy fuerte en los partidos mayoritarios. Esa reforma, porque fue política, posibilitó muchas cosas.
Mire lo que posibilitó una reforma política con consenso y en el marco del diálogo: para citar algunos aspectos, el fortalecimiento del régimen federal, el acortamiento del mandato presidencial de seis a cuatro años, la reelección por un solo período, la elección del tercer senador por provincia, la reducción del mandato de senador de nueve a seis años, la institucionalización del Defensor del pueblo de la Nación, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la elección directa del jefe de gobierno porteño.
Esa fue la reforma política, que tuvo una legitimidad y una legalidad enorme. Los aspectos finos se trataron en la discusión de la Convención Constituyente en Paraná y Santa Fe. Eso fue reformar la política, eso fue acordar y consensuar sin temores, de cara a la sociedad, pero con el compromiso de que hay que avanzar en un proceso de mejora de la calidad institucional.
Algunos dirán que la intención buscada fue atenuar el hiperpresidencialismo en la Argentina con la jefatura de Gabinete de Ministros y con otros institutos. El saldo deudor corre por cuenta de este Congreso. Si alguna vez claudicamos con materias pendientes de esa propia reforma, la negligencia es nuestra. Y si hay un hiperpresidencialismo que se coadyuva en función de también un hiperdisciplinamiento, quizás, es tiempo de reflexionar cuál es el límite del disciplinamiento político en la Argentina.
Es muy grave que esta reforma electoral termine sin el acompañamiento de ninguna fuerza política de la oposición. Es un triste mensaje que damos a la región y al mundo. Es lamentable. La democracia argentina necesita de dirigentes comprometidos que aborden los temas no solamente desde el aspecto de la confrontación, sino también del entendimiento.
Para terminar, quiero detenerme a dar lectura de alguna reflexión del libro Democracia y consenso, del doctor Alfonsín, que tuvo que ver con la etapa previa y la gestación de la reforma de 1994. Decía el doctor Alfonsín que una sociedad democrática se distingue por el papel definitorio que le otorga el pluralismo, entendido no sólo como un procedimiento para la toma de decisiones, sino como un valor fundante; significa el reconocimiento del otro, la capacidad para aceptar las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de una sociedad libre.
La democracia se reciente en su funcionamiento si una determinada fuerza política se considera investida de un rango especial del que están excluidas las demás, si asume para sí la representación exclusiva de los intereses nacionales o la encarnación exclusiva del espíritu democrático o cualquier otro de los exclusivismos que tanto han abundado en la pasada vida argentina.
El requisito básico para poner en marcha esa consolidación imaginativa de nuestro incipiente régimen democrático era la construcción de un consenso concretado en lo que llamamos un pacto de garantías entre los protagonistas y, en general, entre todos los actores del quehacer político. No habría democracia sino un pacto democrático fundamental que nos comprometiera a todos los partidos y sectores a reconocernos partícipes de un sistema compartido de normas que establecieran entre los grupos, más allá de sus diferencias, una base insoslayable de convivencia. El gobierno entiende que la política es confrontación; el diálogo el entendimiento y el acuerdo es letra muerta. Claro está que para lograr acuerdos se necesitan de líderes que tengan visión de país y la capacidad y el convencimiento de anteponer, ante sus propios intereses personales, los intereses generales de la Nación.
Por estas consideraciones el bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar la sanción de la Cámara de Diputados; en general y en particular, va a votar en contra de esta reforma electoral.
SRA. PRESIDENTA (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Rached.
SR. RACHED. — Señor presidente: hace unos días, el gran humorista argentino Nik, en una de sus viñetas más celebradas del año, en la mesa de una familia tipo argentina, hizo aparecer un papá Noel que llega y sorprende a esta familia. La familia le pregunta el porqué y le contesta que todo se tiene que hacer rápido y antes del 10 de diciembre. Realmente, es una pintura de la política argentina de estos tiempos.
Quiero comenzar la alocución haciendo referencia a que, al comenzar a leer el proyecto de ley en cuestión, ya su título me parecía, de alguna manera, desacertado. Hablar de democratización de la representación política, de transparencia y equidad electoral, de alguna manera, está ignorando y reconociendo realidades de nuestra Argentina. Ignorando que hay un proceso de democratización de la Argentina que se inició, por supuesto, en 1983.
La democracia argentina no se va a iniciar con este proyecto de ley. Además, se está reconociendo realidades de nuestra política como son la carencia de transparencia y la carencia de equidad electoral.
He tratado de revisar en estos días si podía encontrar alguna referencia, en el mundo legislativo, de algún senado que hubiese tratado una ley de estas características en diez días.
Debe ser, seguramente, porque no soy un buen buscador; en definitiva, no pude encontrar ningún tratamiento en ningún parlamento, en ningún senado del mundo. Por supuesto, esto de por sí hace llamar la atención.
Voy a tratar de no repetir lo que aquí vamos a escuchar sobre temas más específicos, y de voces mucho más importantes, de gente que está especializada en la cuestión. Todos sabemos que esto no es un una reforma política sino que es una reforma electoral en todos los términos. Todos sabemos que hay un clamor público en cuanto a las listas testimoniales, y aquí no estamos resolviendo una de las cuestiones centrales que nos demanda la sociedad política argentina. Todos sabemos que en torno a la publicidad de los actos públicos —actos de gobierno— hay determinadas ventajas que el gobierno toma para sí. Todos sabemos que, en esta práctica de sensaciones fantasmales que tienen los pasillos de este Congreso, estos proyectos de ley se tratan —si se me permite decirlo— con una soberbia intelectual impropia para las necesidades de la realidad política argentina, con un dejo de autoritarismo y, por qué no decirlo, con las viejas prácticas ventajistas que parecen ya adosadas a las venas y en la sangre de la política argentina.
No quiero decir que estemos ante fallas de carácter ético. No, no es eso. Pero sí estamos ante la presencia de un sinnúmero de fallas estéticas de lo que debería ser el Parlamento. Bien lo ha dicho el senador Petcoff Naidenoff cuando comentaba que vamos a tener una ley nacional que ni siquiera le dará señales a ciertas provincias argentinas que caminan por otros tiempos, que caminan por otras vías políticas y que se van alejando, cada día más, de lo que debería ser la democracia moderna.
Al abrir este debate, también, se ha dicho aquí que desde la oposición se descalifica.
Cabe destacar que —según lo indica el Diccionario de la Real Academia Española— cuando hablamos de “descalificar” hablamos de “quitar autoridad, poder, facultad o crédito”. En ese sentido, creo que nadie pretende descalificar este proyecto de ley. Sí estamos tratando de criticar, que es otra definición que no tiene absolutamente nada que ver con descalificar.
Sería bueno que comenzáramos a entender que “criticar” es “juzgar”, “censurar”, reprobar”, términos totalmente distintos. Por eso, sería positivo que comencemos a cambiar estas formas de decir las cosas.
Ahora bien, este proyecto de ley parece que tiene un problema con lo tecnológico; es decir, con lo que vivimos actualmente y con lo que se viene en el mundo. Digo esto porque ni siquiera contempla la presencia de los padrones en Internet, algo que, prácticamente, nadie podría explicar por qué no deberían figurar. Por supuesto, mucho menos deja una puerta abierta para el voto electrónico. Con respecto a este tema, quiero aclarar que no es como se ha dicho aquí, que ese sistema no resulta. Por el contrario, los países más serios del mundo están realizando las lógicas experiencias que los llevan a una perfección acorde para lanzar un procedimiento electoral que se adapte a las nuevas realidades.
Como base de estudio del voto electrónico, puedo mencionar los siguientes países: Bosnia, Noruega, Dinamarca, España, Francia, Bélgica y el Reino Unido, que aquí se dijo que no la aplica. En realidad, el Reino Unido está haciendo estudios sobre el voto electrónico y sus aplicaciones en distintas elecciones. En el caso de Holanda, tenemos el voto electrónico con tarjeta de banda magnética. Por otra parte, Japón también está llevando a cabo pruebas pilotos. También está el Brasil, que abarata costos en elecciones; costos que en la Argentina, cuantitativamente hablando, per cápita, son mucho más altos que en el propio Brasil. Y como estos, hay muchos otros ejemplos que no mencionaré para no ser tedioso.
Y aquí sí hay una perla que es muy bonita, que ha tenido forma de documento. “Voto electrónico. Herramienta concreta de la reforma política”. Son hojas y hojas —que no las voy a leer, pero puedo dárselas a quien las desee— sobre la reforma política, firmadas por el contador Florencio Randazzo, hombre que ha tenido una activa participación en estos días en defensa de lo que no defendía hace dos años, con una contradicción e incoherencia que, como mínimo, lo hubiera obligado a llamarse a silencio. A veces, esta especie de monólogos que vivimos en la Argentina de estos tiempos son un poco tediosos. Nada tienen que ver con los más grandes monólogos de la política nacional, como los de Tato Bores, que nos dejaban una sabiduría llena de humor.
Efectivamente, el senador Fernández ha pintado una realidad de la política argentina. Hay 686 partidos, 39 ó 40 nacionales, el 30 por ciento de los electores —ocho millones y medio— están afiliados y hay 31 representaciones parlamentarias. Pero estos 686 partidos —muchos de ellos creados y conformados para fines específicos en la provincia de Buenos Aires— deben su existencia a que no se aplicó la ley vigente. Si lo hubiéramos hecho, no tendríamos 686 partidos. Seguramente, contaríamos con la misma cantidad de partidos que tiene México.
Fíjense este dato por demás elocuente. El mínimo que establece la nueva legislación se corresponde en porcentaje a 108.000 afiliados. Si nosotros aplicáramos esa norma, solamente habría cuatro partidos políticos en condiciones de participar en una elección nacional: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Frente Grande y el Partido Socialista. Son los únicos cuatro partidos que hoy superan la fecha de las exigencias de la nueva ley. Entonces, esto me deja un margen de duda en cuanto a la aplicabilidad de esta ley, porque juega un rol fundamental.
Este ha sido un año político donde no se generó el debate profundo que merecía la política argentina. Si se me permite decirlo, ha sido un año atípico. Un presidente argentino decía que se vuelve de todo menos del ridículo. Sin embargo, este ha sido el año en el que la política argentina tuvo que ir a un programa de televisión y hacer el ridículo para mejorar en encuestas o en sus perfiles electorales. Este año rompimos con el viejo criterio o con la vieja creencia nacional de que el ridículo era lo peor que le podía pasar a un político. Este año fuimos a hacer el ridículo para ver si mejorábamos algunos puntos en nuestras preferencias electorales.
Por otro lado, esta norma deja mucho que desear en cuanto al fuero electoral. Mantiene candidaturas testimoniales, listas sábanas y algo que a mí me preocupa, que son las prácticas nepóticas. No digo que una familia no pueda participar en política, sino que estamos ante nuevos modelos de hacer política donde la familia integra la misma boleta y donde la misma familia hace las previsiones para que en el caso de que alguien abandone, por ejemplo, una intendencia, esa intendencia sea heredada por un familiar. Esta práctica es cada vez más habitual en la Argentina. Ya no hablamos de familias que integran tiempos electorales distintos y boletas distintas: integran la misma boleta. Hay muchísimos casos.
Aquí tengo una larga lista que no voy a leer, porque no creo que aporte mucho.
Por otra parte, la veda en cuanto a la publicidad oficial es una ventaja con respecto a la de los partidos políticos.
Han habido muchas reformas políticas en la Argentina a lo largo de la historia. En el 52, con el presidente Perón y en 2000 con de la Rúa, cuando se intentó regular el financiamiento, las listas sábana y las internas. A su vez, Alfonsín llamó en el 83 al Consejo de la Consolidación para la Democracia. En 2002, Cristina Kirchner impulsó la suspensión por una única vez de la ley de internas abiertas, algo que después se modificó. En 2003 se impulsó el neolema, con la jueza María Servini de Cubría encubriendo, convalidando. En 2006 la derogación definitiva de la ley de internas abiertas y simultáneas, donde desde el oficialismo —según textuales palabras del senador Pichetto— se dijo: Al derogarla se vuelve a dar a los partidos políticos la decisión del proceso de selección y la fijación de los mecanismos. Finalmente, en 2007 se trataron otras modificaciones electorales, a las que hay que sumarles las que hace poco tiempo atrás consideramos durante este 2009..
Digo todo esto, porque el ex presidente argentino Kirchner habitualmente nos habla de un país serio. Me gustaría que alguna vez me expliquen de manera más concreta qué es un país serio.
Después, en el artículo 15 hay una perlita. Cuánto lamento realmente que no estén presentes algunos de los...
SRA. PRESIDENTA (Negre de Alonso). — Senador Rached, le pediría que fuera redondeando, pues concluyó su tiempo.
SR. RACHED. — Sí. Decía que cuánto lamento que no estén presentes algunos de los prestigiosos senadores de esta Cámara.
El artículo 15...
SRA. PERCEVAL. — Algunos quedaron...
SRA. PRESIDENTE (Negre de Alonso). — Por favor, no dialoguen, pídanme una interrupción.
SR. RACHED. — Aclaro a la señora senadora que no hacía una referencia a alguien en especial. Digo que son prestigiosos tanto quienes no están en este momento en el recinto así como los que se encuentran presentes.
El artículo 33 dice que no podrán ser candidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales ni ser designados para ejercer cargos partidarios —y viene lo más importante en el inciso f)— las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, tortura, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones que se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de marzo de 1983.
La pregunta que me hago —y solicito al bloque de la mayoría que tenga en cuenta esto— es por qué no se incorporan delitos de lesa humanidad sucedidos antes del 24 de marzo de 1976, ¡que vaya que los hubo! Murió Silvio Frondizi, Ricieri Frondizi; compañeros, como Ortega Peña, Atilio López, Julio Troxler. A Hipólito Solari Yrigoyen lo hicieron volar por los aires. El gobernador de Salta, Miguel Ragone, fue el único gobernador muerto.
De modo que sería interesante que este articulado vaya un poco más allá, porque los delitos de lesa humanidad no nacieron en la Argentina en 1976; nacieron antes.
SRA. PRESIDENTA (Negre de Alonso). — Senador: le pide una interrupción la senadora Perceval.
SR. RACHED. — Cómo no.
SRA. PRESIDENTA (Negre de Alonso). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Perceval.
SRA. PERCEVAL. — Señora presidenta: si bien el voto electrónico está siendo inaugurado por distintas provincias y evaluado por diferentes países, ello no se está tomando como la panacea universal ni como la transformación de la política sino como una herramienta.
No obstante, sí quiero destacar que en el Título IV, donde se habla de modernización del Código Electoral Nacional —en su Capítulo Único— encontramos en el Capítulo II, artículo 15 una incorporación de las nuevas tecnologías que no es menor, en cuanto se constituirá el Registro Nacional de Electores, con registros informatizados y también de soporte documental impreso.
El registro informatizado, tal como lo explicita ese artículo, no solamente tiene el nombre, el apellido, el sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico sino también especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos filiatorios; y también se especificará el caso de desaparición forzada de personas. Con lo cual sí hay un avance tecnológico.
Esto es solamente un comentario por lo que traía a colación el señor senador preopinante en cuanto al inciso f) del artículo 15. Así como los delitos que están consignados en el Estatuto de Roma y que tienen que ver con la Corte Penal Internacional no son retroactivos, los crímenes de lesa humanidad —por definición propia— se consideran imprescriptibles. Por lo tanto, el énfasis puesto por el magnicidio, intensidad y extensión que tuvo el terrorismo de Estado en el período 76-83 no exime para dejar de considerar a los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles, tal como lo fija nuestra ley.
SRA. PRESIDENTA (Negre de Alonso). — Continúa en uso de la palabra el senador Rached.
SR. RACHED. — Ya redondeo.
Muchas gracias, senadora. De todas maneras, evidentemente esto da para poder dialogar un poco más.
En definitiva, cuando a uno le está faltando el tiempo tiene dos opciones: o lo despilfarra o termina eligiendo algo para hacerlo bien. En este sentido, me parece que aquí se podrían haber elegido algunas leyes más específicas que hubiesen sido tratadas con mayor calidad.
Es cierto, todas las leyes son perfectibles y aquí se dice de manera más que habitual.
Pero también es cierto que nadie hace una ley reconociendo los errores en el momento de hacerla.
Para concluir, yo que soy hombre de pueblo, de pueblos pequeños, si yo tuviera que colocarle una metáfora, me da la sensación de aquel borracho que está saliendo de un baile, empuja a todos: a la gente, a las damas, a las mesas, choca con todos y sale. Evidentemente, puede salir el borracho del baile, pero antes empujó a todos los que estaban en él.
SRA. PRESIDENTE (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
SR. BASUALDO. — Señora presidenta: cuando en julio nos llamaron a todos los partidos políticos para hacer una reforma política, fuimos todos contentos. Algunos nos criticaron por ir, porque dijeron: “No tiene sentido; van a ir ustedes para la foto y no va a pasar absolutamente nada”. Pero fuimos más de cincuenta partidos. Y todos entusiasmados, pero no para sacarnos fotos con alguien sino para hacer una verdadera reforma política que necesitamos todos.
Llegó el proyecto de reforma política, siempre apurados con los tiempos. Así, se dice que tiene que estar en una semana o en dos, para poder salir, para poder sacar este proyecto adelante. Ahora bien, qué tanto apuro si las elecciones son recién en 2011.
El proyecto fue a la Cámara de Diputados. Se trabajó bastante. Y desde que ingresó hasta que salió de esa Cámara, se mejoró muchísimo; el proyecto es muy bueno; lo mejoraron. Pero faltan muchas cosas por hacer. Muchísimas cosas.
En este Senado actuamos como Cámara revisora y también podemos mejorar la iniciativa; y si tiene que volver a Diputados, que vuelva. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay que tengamos que tratar este proyecto en marzo o en abril en Diputados, si lo podemos mejorar? ¿Por qué no aceptar modificaciones?
Cuando en San Juan nos llamaron a todos nosotros, a los partidos políticos, ¿qué hicimos? Le pedimos a nuestra gente que empezara a visitar nuestros diferentes comandos políticos, para ver qué pretendía la ciudadanía de una reforma política, qué querían. Porque no se trata de lo que nos gusta a nosotros los políticos, sino lo que desea o espera el ciudadano. Trabajamos desde julio hasta ahora. Hicimos un cronograma, una ficha de prioridades de lo que querían. Fíjese, señor presidente, que lo primero que querían era eliminar las listas sábanas, es decir que ellos puedan elegir por el primero, el décimo o el quinto candidato, y no obligatoriamente por los primeros, que teóricamente para los que a veces comandamos los partidos políticos pueden ser los mejores pero para los ciudadanos no. Quizás a los ciudadanos les interesen otros candidatos. Por eso, quieren tener la posibilidad de ordenarlos, eliminando las listas sábana de las que tanto hablamos. Sin embargo, en esta reforma no se habla absolutamente nada de las listas sábana. La gente quiere elegir a sus candidatos, pero no por medio de una interna, que sienten que tenemos cajoneada. Porque hoy a la gente se le dice: hay que votar esta lista, o esta otra. En cambio, el ciudadano quiere tener la posibilidad —quizá dentro de una lista— de elegir el orden de los candidatos, cosa que hoy no puede hacer. Y al votar al primero, porque le gusta, capaz que tiene que votar a un montón de candidatos que no le gustan. Pero lo tiene que hacer.
Tenemos la posibilidad de modificar esto hoy, pero no lo estamos por reformar. Lo podría hacer esta Cámara de Senadores, a través de la modificación de la iniciativa. No esperemos a modificarlo dentro de un año o dos. Tenemos que ser confiables. Si sancionamos una norma ya pensando en modificarla, estaremos perdiendo la confianza.
¿Qué confianza nos van a tener si sancionamos la ley y mañana estamos pensando en modificarla? Las leyes se pueden mejorar; estoy de acuerdo. Pero tenemos que tratar de sancionar la mejor ley, para que no la tengamos que mejorar en seguida sino para que dure cinco o diez años. Porque si cambiamos las reglas de juego a cada rato, ¿qué confianza vamos a generar? Entonces, trabajemos sobre las listas sábana, para eliminarlas, como quieren todos.
Aquí se habló también de la boleta única y del voto electrónico. Me parece muy bien.
El voto electrónico capaz que no se puede implementar en 2011 y la boleta única puede ser muy grande. Pero, como me decía un militante de nuestro partido, en vez de ser boleta única, ¿por qué el Estado no garantiza a todos que van a estar las boletas de todos los partidos políticos en el cuarto oscuro? O sea, boletas individuales, con el mismo color; y que el único que tenga la posibilidad de hacerlo sea el Estado. Es decir, que ningún partido político tenga autorización para hacer la boleta; que el único que pueda hacer el voto sea el Estado; y que cada partido político le entregue el diagrama. De ese modo, puede haber quince partidos políticos y quince boletas. Que el Estado lo garantice. O sea, que el fiscal o el presidente de mesa garantice que todos los partidos políticos lo tengan. Así, no hace falta una sola boleta única, ni más grande, ni más chica. Pueden ser quince, veinte, cinco o siete: cuando se pasa la primaria, se va a la general, con los partidos que sean necesarios.
Entonces, podemos ir trabajando para que en vez de una boleta única, el Estado garantice las boletas de todos los partidos políticos y que ninguno pueda hacer su voto. Que lo tenga que hacer únicamente el Estado; y que no lo pueda hacer el partido tampoco. O sea, que éste pueda repartir su propuesta, pero no el voto. Y que todos nos aseguremos que el que quiere votar pueda hacerlo, por cualquiera, que va a estar ahí: en la urna. Al que le guste y al que no.
También se habló de las candidaturas testimoniales. ¿Qué castigo o pena hay para aquel que se presentó en las elecciones, fue electo y después no asumió? ¿Qué castigo va a haber para ese candidato? Tenemos que estudiarlo.
Siempre hubo candidaturas testimoniales. Esto no es de esta época. Pero ahora se puso de moda, porque cada vez son más. La gente me dice: "Yo he votado a fulano por equis motivo, y ahora ese fulano no asume". Entonces, ¿qué castigo tiene? ¿Se va a poder presentar en otra elección?
Si un candidato se presenta y no asume al cargo electivo para el que se postuló, habría que aplicarle una sanción. Por ejemplo, estableciendo que no se puede presentar por una o dos elecciones; de por vida; etcétera. Pero alguna sanción tiene que haber. Aquí nadie estudia absolutamente nada. Engañamos a la gente: le decimos que tal candidato va a ir, y después no cumple. Si ese señor no puede asumir por incapacidad, o porque está enfermo, bienvenido sea. Estamos todos de acuerdo. Pero si ponemos un espejito para que la gente se entusiasme con alguien y después le decimos que ese candidato no va a asumir y no tiene ningún tipo de castigo, ¿de qué reforma política estamos hablando?
Creo que hay temas muy buenos en este proyecto de ley, pero sobre estas cuestiones fundamentales que he mencionado, como son la lista sábana, el hecho de que el Estado asegure tener el voto de todos los candidatos y una sanción para las candidaturas testimoniales, no se ha hablado absolutamente nada; ni se lo está haciendo.
Entonces, es una pena que estemos tratando un proyecto de ley en el cual estas tres cosas fundamentales, que son las que más pide la gente, no se consideren. Más allá de lo que pudo haber dicho el senador Fernández, quien defendió bien el proyecto; el senador por Formosa, quien lo ha criticado; o mi colega Rached, quien también fundamentó muy bien por qué votará en contra, cada uno tiene sus razones. Pero lo fundamental es que nos estamos olvidando de la gente. Nos acordamos de nosotros, los políticos, pero nos estamos olvidando de la gente. Parece que no nos importa lo que le interesa a la gente, sino sólo que esto cierre para los partidos políticos. Pero a quien le tiene que cerrar, es al electorado. Por eso, adelanto mi voto en contra, tanto en general como en particular.
SRA. PRESIDENTA (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
SR. PÉREZ ALSINA. — Señora presidenta: recién escuchaba atentamente lo que expresaba el senador Basualdo y, anteriormente, nuestro colega el senador Rached.
El señor senador Basualdo dio el ejemplo de que la Cámara de Diputados tuvo la oportunidad de discutir temas relacionados con este proyecto de ley y es una realidad que en esta última o penúltima sesión, la verdad que algún dejo de tristeza debemos tener los senadores, porque nos guste o no, estamos ante un nuevo proyecto en el cual el Senado se está por convertir en un mero ratificador de lo que viene sancionado por la Cámara de Diputados. Esto a veces duele, pero es una realidad.
En efecto, si hacemos una estadística, veremos que no hemos podido modificar —porque no hubo voluntad mayoritaria— más del 90 por ciento de los proyectos que vinieron sancionados por parte de la Cámara de Diputados. Es lamentable, pero el Senado se ha convertido en 2009 en una escribanía de ratificaciones, sin posibilidad de modificar absolutamente nada.
Como bien decía nuestro colega Rached, no creo que sea un mal buscador, sino que realmente no se puede encontrar una reforma política hecha tan a las apuradas, con tan breve tiempo, sin diálogo, sin consenso y sin posibilidad alguna de analizar cuestiones concretas como la que se acaba de mencionar, acerca de la boleta única. Nosotros tenemos este tema incorporado en un proyecto alternativo, así que bien podría haber otra solución.
El señor miembro informante se lamentaba que no estuviéramos todos juntos en este tema. La verdad es que no estamos juntos, porque el oficialismo no brindó la oportunidad; ni en el diálogo político, ni en este tratamiento, dado que en el plenario de comisiones prácticamente no se dio margen para la discusión ni para acercar posiciones.
Es cierto que el consenso no puede consistir en imponer lo que la minoría quiere. En eso estoy de acuerdo con el miembro informante. Pero ni siquiera nos brindan la oportunidad para que la minoría —o quien está en desacuerdo— pueda efectuar algún aporte en el proyecto mayoritario.
Entonces, no estamos queriendo imponer lo que queremos, sino tratando de efectuar aportes. Pero ni siquiera eso podemos hacer, porque no nos dan la oportunidad.
En ese sentido, señora presidenta, hemos presentado un proyecto alternativo que usted acompañó en el dictamen, que es una herramienta que podríamos hoy llegar a considerar. Se trata de un proyecto alternativo con muchos puntos de coincidencia.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Rubén Marín.
SR. PÉREZ ALSINA. — A veces todo esto nos lleva a tal situación, que sin querer y criticando que no estamos considerando el tema de las candidaturas testimoniales, el senador Petcoff Naidenoff dijo que debería existir un compromiso previo de los candidatos cuando se presentan a elecciones. En esto, obviamente, voy a discrepar.
¿Cómo es que debe haber un compromiso previo de quien va a una elección? El hecho de estar en una boleta, el hecho de ser candidato ¡ya es un compromiso! Quizá ya estamos tan llevados por la coyuntura, que decimos estas cosas para evitar las testimoniales. Pero la verdad que esto es escandaloso.
Un candidato que al tiempo de asumir no asume por alguna causa que puede estar reglamentada, está dentro de lo jurídico, de lo válido, o de lo ético. Pero cuando ya la candidatura testimonial ha sido asumida prácticamente como tal, es escandaloso.
Quiero hacer una breve referencia más, señor presidente, en tanto ya las posiciones las estamos conociendo. Hemos presentado un proyecto alternativo integral, que la verdad nos hubiera gustado debatir más, porque creo que hay cosas que pueden ser modificadas.
Pero en este tiempo es imposible discutir o cambiar algo de lo que propone la mayoría, o efectuar aportes que estoy seguro que deberían cubrir falencias.
Sin embargo, no hemos podido discutir, por ejemplo, si es realmente necesario que una elección primaria sea obligatoria.
En el proyecto integral hemos optado porque no lo sea, quizá sin estar completamente seguros de ello. Pero era necesario elaborar el proyecto porque se agotaba el tiempo y elegimos porque no fueran obligatorias. Simplemente que puedan votar todos aquellos que están afiliados a los partidos y todos los ciudadanos que, sin ser afiliados, soliciten ingresar al registro o padrón al cual se alude en el proyecto.
El senador Petcoff Naidenoff ya hizo algunas acotaciones sobre por qué no debería ser obligatorio. En nuestro caso, hemos optado porque sea voluntario; y no sólo del afiliado sino también del ciudadano que, a tal efecto, solicitará ser inscripto en el padrón. Una de las cosas sobre las que discrepamos —y que dejamos establecido en el proyecto— es que la Justicia Electoral debe tener mucho más poder en lo que hace al manejo de las elecciones y no aceptar realizar una delegación al Poder Ejecutivo, sea el actual o el futuro. Debe ser la Justicia la que establezca todas las pautas para la elección. Dar las pautas de publicidad oficial para que sean manejadas por un organismo del Poder Ejecutivo no es bueno.
Como dije, establecimos expresamente en el proyecto que ese tema de las pautas de publicidad oficial en todas las radiodifusoras televisivas y sonoras debe ser manejado por la Cámara Nacional Electoral.
En nuestra iniciativa también incluimos la boleta única. Creemos que es una verdadera reforma. Sabemos que puede haber problemas de instrumentación. Pero si hay voluntad de asegurar el voto del ciudadano bien podría haberse discutido. Ya lo decía recién el señor senador Basualdo.
Creo que sobre ese punto hablará más detalladamente el senador Cabanchik que, inclusive, nos mostró ejemplos de boletas únicas donde queda demostrado que no significan ningún problema grave para el acto eleccionario. Pero si no hubiera acuerdo en ese tema, bien se podría fijar un artículo por el cual el Estado asegure que en todas las mesas electorales del país se encuentren las boletas de los partidos oficializados.
Se puede discutir el hecho de no llevar a cabo la votación hasta tanto no estén todas las boletas, pero una verdadera reforma consiste en asegurar a todos los votantes que estará la totalidad de las boletas.
Por otro lado, es una manera de no darle prioridad o gran importancia a las movilizaciones de fiscales en el día de la elección, ya que eso le da ventaja a aquellos partidos con aparatos más fuertes o a quienes en ese momento tienen una conjunción con el Estado.
Quiero agregar que se ha incorporado en el proyecto de nuestra autoría el tema de la boleta única, porque significa una garantía para el ciudadano al momento del voto. No obstante, aceptamos otras alternativas, en tanto y en cuanto se asegure el voto. No entendemos por qué se regulan las consultoras. Es algo que no lo compartimos filosóficamente.
Creemos que las consultoras de campaña no deben tener una regulación específica.
Desde luego que debe haber reglamentaciones concretas a los efectos de autorizaciones y actuaciones. Pero no que haya un avance del Estado absoluto sobre ellas.
Tampoco compartimos lo que hace a la limitación de los aportes. Al no tener límites la publicidad oficial, la preeminencia de quien tenga la posibilidad de manejar los aportes oficiales le va a dar la posibilidad de tener una gran preponderancia o preeminencia, valga la repetición, sobre quienes no tengan esa relación con el Estado.
No hemos tenido posibilidad de discutir por qué se prohíbe el aporte de las personas jurídicas. ¿Acaso se duda del propio Estado, que debe controlar a las personas jurídicas? ¿Se duda de las oficinas de inspección jurídica que son las encargadas de llevar su control?
El hecho de que hayan existido algunos desmanejos, que los ha habido obviamente, no implica que se deba estigmatizar a las personas jurídicas. Al hacer esto se pone en desventaja a quienes el día de mañana, como sucede en otros países, puedan tener la posibilidad de recibir aportes privados, no sólo de personas físicas sino también de personas jurídicas.
Obviamente, esto debe estar sujeto a controles, y sabemos que el Estado tiene amplio control sobre las personas jurídicas. Así sucede sobre los directores, los síndicos y la prueba de ello es que cuando el Estado tiene vocación de avanzar sobre ellas bien lo hace. Lo mismo podría decirse sobre el Poder Judicial.
No entendemos por qué no se regula específicamente el tema de las candidaturas testimoniales.
En definitiva, señor presidente…
SR. PRESIDENTE (Marín). Senador: la señora senadora Perceval le solicita una interrupción, ¿la concede?
SR. PÉREZ ALSINA. Sí, cómo no.
SR. PRESIDENTE (Marín). Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Perceval.
SRA. PERCIVAL. Señor presidente: creo que las cartas orgánicas de los partidos políticos y sus códigos de ética pueden contemplar estas situaciones.
Una de las cuestiones que me preocupa —aclaro que desde 2002 he presentado muchos proyectos de reforma política— es qué se hace con aquellos candidatos a presidente, vicepresidente, senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, que llegan a sus cargos por un partido o confederación de partidos y luego se retiran de ese espacio político.
Entonces, creo que estos son elementos para contemplar en las cartas orgánicas y en los códigos de ética. No es un tema menor ni solamente son las candidaturas testimoniales.
SR. PRESIDENTE (Marín). Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pérez Alsina.
SR. PÉREZ ALSINA. Estoy de acuerdo; y es otro tema para discutir.
Otra cuestión para debatir es qué tipo de sanciones se aplican o hasta dónde se puede llegar. Y no sólo me refiero a las cartas orgánicas de los partidos sino que hasta se puede fijar en la propia norma. Lamentablemente, fue un tema que no pudimos discutir porque no ha existido voluntad para hacerlo.
Hay muchos puntos en los que coincidimos que ya fueron expuestos por otros señores senadores y que no vale la pena repetir en este momento. Es claro que se debe ir a una limitación de partidos en el buen sentido de la palabra, pero la clave está en ver cuál debe ser la línea.
En definitiva, señor presidente, a vuelo de pájaro estas son las diferencias que tenemos con el proyecto de ley en revisión. Nuestro proyecto no sé si consta en Secretaría, pero fue oportunamente mencionado en este recinto.
Señor presidente: por no haber podido discutir con el tiempo necesario y por no estar de acuerdo con algunos puntos esenciales sobre los cuales hemos hecho referencia, es que no acompañaré con mi voto el proyecto del oficialismo.
SR. PRESIDENTE (Marín). Tiene la palabra el señor senador Lores.
SR. LORES. Señor presidente: en primera instancia, creo que el fortalecimiento de los procesos democráticos vinculados a los actos electorales tiene que iniciarse en el seno de los propios partidos políticos.
Se considera una norma de alcance nacional, pero todos sabemos que los procesos políticos internos de varios partidos políticos todavía tienen muchísimas falencias y numerosos candidatos a cargos electivos nacionales, provinciales y municipales son todavía elegidos por el dedo gordo de algún mandamás del partido o en una mesa de café donde se reúnen cuatro o cinco dirigentes y establecen quiénes van a ser las personas que van a integrar las listas de los candidatos.
Digo esto, porque pertenezco a un pequeño partido provincial —el Movimiento Popular Neuquino— que desde 1987 tiene incorporada en su Carta Orgánica la obligatoriedad de convocar a elecciones internas abiertas para cubrir todos los cargos electivos de la provincia, desde el de gobernador y vicegobernador hasta los de senadores y diputados nacionales y provinciales, pasando por el último concejal del paraje más pequeño de la provincia.
La Carta Orgánica del Movimiento Popular Neuquino obliga a sus órganos de gobierno a convocar a elecciones internas abiertas, de las que participan los afiliados y los independientes para elegir a sus candidatos. Y esto es ineludible. También tenemos elecciones internas —en este caso, cerradas a los afiliados— para elegir todos los cargos partidarios. En ese sentido, próximamente habrá una elección interna cerrada en el Movimiento Popular Neuquino para designar a las nuevas autoridades del partido.
Hago este comentario, porque cuando se argumenta acerca de este proyecto de ley, me parece que primero habría que ver lo que sucede en las fuerzas de las que provenimos.
Por lo tanto, en este momento siento que tengo la autoridad de defender el sistema de elecciones primarias porque desde hace muchos años —insisto— en mi partido se aplica esta metodología.
No sé si habrá sido justamente por esta metodología profundamente democrática o por otras razones —quizá por una sumatoria de ellas— que mi partido, el Movimiento Popular Neuquino desde que fue creado jamás ha perdido una elección para gobernador de la provincia. Desde 1963 a la fecha, el Movimiento Popular Neuquino ha ganado todas las elecciones, eligiendo a partir de 1987 a todos sus candidatos a través de internas. Yo llegué a este Senado de la Nación después de atravesar una elección interna y, obviamente, luego de participar de la elección general.
En consecuencia, creo que este mecanismo de internas, más allá de los defectos que se le puedan encontrar a este proyecto que estamos considerando, es una enorme contribución al fortalecimiento democrático, a la participación de los ciudadanos y a la mayor legitimidad de los candidatos que sean ungidos a través del voto mediante la utilización de esa herramienta.
Creo que la norma tiene algunas falencias. Comparto la opinión de muchos senadores en cuanto a que, por ejemplo, debería haber quedado expresamente establecida la eliminación lisa y llana de las candidaturas testimoniales que, a mi entender, fue un procedimiento que enturbió la transparencia que debe tener un proceso electoral democrático. En este sentido, todo aquello que tienda a enturbiar la democracia nunca contará con mi respaldo. Considero que esa es una falta que posee la norma y que debió haberse tenido en cuenta.
Asimismo, existe otro problema, que pienso que podrá subsanarse en el futuro a través de una ley que complemente a la que estamos tratando hoy: las categorías electorales.
Al respecto creo que deberían ir separadas. Las categorías de presidente y de vicepresidente tendrían que ir diferenciadas de las candidaturas de senadores y de diputados nacionales.
¿Por qué? Porque de no existir esa separación, se produce lo que llamamos "efecto arrastre"; o sea, la gente pone su vista en la candidatura de presidente y de vicepresidente y, de esa manera, arrastra a los candidatos ubicados en la misma boleta, por debajo de dichas categorías.
En consecuencia, creo que este proyecto hubiera sido mucho mejor si respecto de la elección primaria se hubiesen incorporado por separado esas tres categorías. Un ejemplo de ello es lo que me sucedió en la provincia del Neuquén. Como el Movimiento Popular Neuquino es un partido de jurisdicción provincial y no tenía candidato a presidente de la Nación, el primer nombre que aparecía en la boleta cuando participé de la elección para senador nacional era el mío. En cambio, en las otras boletas estaba el nombre de la señora Cristina Fernández, el del doctor Lavagna, el de la doctora Carrió y el del doctor Rodríguez Saá, y debajo de ellos figuraba la nómina de los candidatos a senadores y diputados nacionales. Por lo tanto, reitero, creo que a futuro sería una modificación positiva de esta ley que se tuviera en cuenta la separación de los candidatos según categorías.
Por último, no deberíamos focalizar tanto la crítica respecto de cómo el Poder Ejecutivo de turno podría utilizar en provecho propio esta norma. Sí creo que deberíamos preguntarnos si esta reforma será beneficiosa para los ciudadanos, es decir, para los sujetos activos, para los actores principales de los actos eleccionarios. Y ese actor fundamental es nada más ni nada menos que el ciudadano. Creo que la posibilidad de elegir —aun cuando existan problemas o defectos, o se le hagan críticas a este tipo de metodologías— es mejor que no tenerla y estar obligado a votar directamente a los que, como dije al comienzo, fueron elegidos "a dedo" o mediante otro proceso que no tiene nada que ver con la democracia.
Esta reforma es realmente beneficiosa para el ciudadano votante, ya que amplía su participación, lo involucra y le hace entender que es parte activa del mecanismo eleccionario.
Asimismo, le dará una mayor legitimidad a quienes deban gobernar, justamente, en nombre de las personas que los eligieron.
Por los motivos expuestos, anticipo mi voto favorable al proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados.
SR. PRESIDENTE (Marín).— Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
SR. MARTÍNEZ (A.A.).— Señor presidente: tal como ya manifestó nuestro miembro informante —el senador Petcoff Naidenoff—, no se trata de una reforma política, sino de la modificación del sistema electoral.
De la lectura de la reforma constitucional de 1994 se advierte que una de las cuestiones importantes que tuvieron en cuenta los constituyentes, más allá de la creación de la figura del jefe de Gabinete de Ministros, fue la creación de un mecanismo que atenuara el sistema presidencialista que rige en nuestro país. Históricamente adoptamos ese sistema —en el que la preponderancia la tiene el Poder Ejecutivo—, que se replica en las gobernaciones e intendencias. Por lo tanto, creo que esta era una buena oportunidad para avanzar un poco más en aquello que fue el espíritu de los constituyentes de 1994.
En ese sentido, se había incorporado una medida importante como la limitación de la reelección presidencial, independientemente del acortamiento de los plazos de mandato. Asimismo, se hizo una reforma que en ese momento creo que todos aplaudimos: la elección directa del presidente de la Nación, con distrito único en todo el país. Realmente, quienes provenimos de provincias chicas —independientemente de lo que coyunturalmente pasa actualmente con mi provincia en cuanto a la representación que ha tenido— consideramos que se ha ido perdiendo la posibilidad de participación en el sistema eleccionario. Hoy, un candidato que tenga asegurado tres o cuatro distritos importantes a nivel nacional, no digo que descarte, pero sí deja descuidado aspectos de lo que sería su trabajo. Por lo tanto, este hubiera sido un buen momento para debatir si no sería mejor volver al colegio electoral, en el cual las provincias, a través de sus representaciones, obligaban a los candidatos a que tuvieran en cuenta especialmente a las provincias más chicas. Creo que ese hubiera sido un aspecto importante para discutir en esta instancia.
Si bien por la potestad que tenemos no podemos interferir en la definición de los sistemas electorales de las provincias, ya que ellas tienen su autonomía y, por supuesto, la decisión y la libertad políticas de avanzar en el sistema que mejor les convenga, las provincias y la Nación deberían por lo menos tener una mayor sintonía en todo lo relacionado con los sistemas electorales.
Si esto se presenta desde el Ejecutivo como un modelo de equidad y de mayor trasparencia y participación, las provincias también deberían avanzar en ese sentido. Algunas provincias tienen en la actualidad sistemas que garantizan una mayor participación que a nivel nacional. Pero hay otras, como el caso de la que yo represento, donde todavía persisten, por ejemplo, la ley de lemas y un sistema unicameral donde tiene representación cada uno de los pueblos de nuestra provincia, el famoso “diputado por pueblo”, que son un total de catorce, mientras que hay sólo diez por el distrito.
En este sentido, cabe señalar que durante el período en que Néstor Kirchner fue presidente de la Nación se produjeron dos reformas constitucionales a nivel provincial y la modificación del sistema electoral. Esta ingeniería política generada en la provincia —legal pero no legítima— le ha permitido tener más poder a pesar de haber disminuido su caudal electoral.
Así, en la última elección donde se conformó la Cámara de Diputados, el conjunto de la oposición obtuvo el 30 por ciento de los votos, a pesar de lo cual en ese cuerpo tenemos solamente tres representantes sobre un total de veinticuatro. Yo creo que esta es la muestra más clara de que este sistema no es el más equitativo y transparente, por lo que sería importante que se pudiera avanzar en su reforma.
Sabemos que la ley de lemas es la transferencia del voto de un ciudadano sin que se lo haya consultado, la que ha sido declarada inconstitucional. Incluso, a nivel internacional está planteado que la transferencia sin consulta no es el mejor sistema para consolidar una democracia.
Creo que estos son algunos de los puntos que deberíamos haber discutido y debatido.
Tal vez, su falta de discusión debe tener que ver con la celeridad con la que, lamentablemente, se quiso llevar adelante el tratamiento de esta iniciativa. No estoy diciendo que no se haya discutido esta cuestión, pero fue grande la desazón que tuvimos cuando en una reunión de comisión se le preguntó al oficialismo si había posibilidades para realizar alguna modificación, ante lo cual se nos transmitió con mucha honestidad intelectual que no habría posibilidades de reformar un punto ni una coma. Eso nos obligó a generar los resguardos necesarios y a plantear las argumentaciones para debatirlas aquí y no en comisión, como debería haber ocurrido para enriquecer esta normativa.
Con respecto al tema de los crímenes de lesa humanidad, comparto los dos criterios expuestos. Aquí se establece una fecha de corte y todos sabemos que este tipo de crímenes no prescriben. Entonces, si no prescriben, ¿para qué le ponemos fecha? Hubiera sido mucho más claro que cualquiera que haya cometido un crimen de lesa humanidad o alguna de las otras situaciones que inhabilitan a una persona para ser candidatos no tuviera fecha de corte.
Porque no interesa saber ni cuándo, ni dónde, ni desde qué lugar alguien cometió un hecho de esa naturaleza, sino que el sistema democrático, como un mecanismo de autoayuda, aquello de vacunarse en salud, debería impedir —y esto lo comparto— que aquellos que han cometido este tipo de delitos se presenten como candidatos. En este sentido, no tengo ninguna duda.
En cuanto a lo que manifestaba el señor senador Lores, yo comparto que el sistema de internas abiertas es realmente saludable. Pero en la provincia del Neuquén los afiliados a la Unión Cívica Radical no pueden votar en la interna abierta que hace el Movimiento Popular Neuquino y me parece que eso así debe ser. Yo creo que tienen que participar los afiliados al partido más el padrón de independientes, para que realmente esto se transforme en una interna abierta y simultánea.
Yo me imagino lo que puede ocurrir en mi provincia, donde el Partido Justicialista, por alguna razón, puede llegar a un acuerdo y presentar una sola lista; esto está permitido dentro de la ley. Nosotros, como radicales y dado que siempre discutimos y debatimos, no vamos a ir solo con una sola lista sino con dos o con tres. Pues bien, lo que permite este sistema es que los afiliados al Partido Justicialista tengan la posibilidad de elegir el candidato que la Unión Cívica Radical vaya a presentar en la elección general, porque se hace con un solo padrón y en un solo lugar, por lo que no hay posibilidades de impedir que esas personas voten; podrán emitir un solo voto, pero podrán hacerlo.
Realmente, creo que uno no debe ser muy suspicaz, pero como dice un viejo refrán “El que se quema con leche cuando ve una vaca llora”. Nosotros tenemos experiencia en nuestra provincia acerca de cómo se puede manejar una ingeniería electoral para burlar, de alguna manera, la voluntad de la gente.
Para no seguir hablando mucho más, basándome en el enorme poder de síntesis que tiene Hermenegildo Sábat —un hombre que todos conocemos— quiero decir que recuerdo haber visto la caricatura que él hizo cuando se anunció esta reforma política. Aparecía el ex presidente parado, como quien está ante un sastre, y la actual presidenta arrodillada, como si fuera un sastre trabajando, haciéndole un traje. Realmente, creo que esto es un traje a medida y no colabora para que podamos avanzar en la profundización de un sistema democrático.
SR. PRESIDENTE (Marín). — Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
SRA. VIGO.- Señor presidente: en primer lugar, me parece que es un hecho histórico el proceso de transformación política y social que se vive en América latina, así como el que tiene lugar en la Argentina, que hace que hoy estemos debatiendo este proyecto de ley de reforma política. Creo que era un tema que estaba quedando pendiente.
Los argentinos no podemos hablar de ninguna cuestión que haga a la vida política y social de nuestra sociedad sin referirnos a la brutal crisis que vivimos como pueblo. Todas aquellas conquistas que se hicieron en otra época, en el siglo XX, a partir de la década del 90 —inclusive, yo diría que esto comenzó mucho antes, a partir del golpe militar de 1976—, encorsetaron a la Argentina y a otros países de la región en una idea, un pensamiento de mercado sobre la política y lo social, que terminó —o mejor dicho, reventó— con la crisis de 2001.
Las puebladas y los muertos de diciembre de 2001, deben ser tenidos como bandera, porque son compromisos que debemos asumir los dirigentes políticos tomando a esos hechos como señales de la sociedad que aún está conmovida, porque todavía no están resueltos todos los problemas o las cuestiones que se expresaron en esas batallas campales vividas en ese año. Entre otras cosas, 2001 fue, sin duda, un levantamiento contra la “partidocracia”, contra el vaciamiento de la política y contra los propios dirigentes. Por eso, nosotros no debemos asustarnos ni de las manifestaciones ni de las puebladas que aún siguen vigentes en la sociedad argentina.
Otro de los temas que por lo menos es importante comenzar a resolver, como ya lo expresó el señor miembro informante, es que esta legislación no debe ser de una vez y para siempre, por cuanto la legislación tiene que ir respondiendo a las necesidades de la sociedad y del pueblo.
Entonces, creo que es muy importante votar hoy afirmativamente este proyecto de ley, porque le va a permitir al pueblo argentino tener una normativa clara respecto de cómo debemos actuar para las próximas elecciones de 2011, que serán muy importantes dado que vamos a volver a elegir a nuestros representantes máximos: presidente de la Nación y legisladores nacionales y provinciales.
En este sentido, esta propuesta del Poder Ejecutivo, que tiene sanción de la Cámara de Diputados, fue debatida anteriormente al envío del proyecto al Congreso. En la Cámara de origen se aceptó que se modificaran aspectos del proyecto que podían de alguna manera no garantizar la participación lo más democráticamente posible que en este momento la sociedad está necesitando.
Señalo que Misiones, estado al que represento, hizo una revolución desde el punto de vista político con la conformación de un frente que expresó el rompimiento de la vieja partidocracia que había en mi provincia. Ese frente no sólo es el que está gobernando sino que como un hecho histórico ha ganado en las elecciones de 2003, 2005 y 2007 —algo nunca visto anteriormente— por casi el 50 por ciento de los votos. O sea, hubo una participación generada a través de la instrumentación de mecanismos que permitieron que la ciudadanía se pudiese expresar a través de candidaturas. En ese sentido, los políticos tenemos una obligación de ir en esa dirección cuando nos toca legislar.
Destaco que además de los aspectos señalados acá, vinculados la regulación de los comicios internos, que van a permitir que se presenten las distintas opciones internas que a lo mejor no logramos que se pongan de acuerdo –recordemos lo que pasó en 2003-, esta norma garantiza la participación de los partidos nuevos, alianzas, confederaciones; permite el control por parte del Ministerio Público Fiscal de los partidos políticos; la aparición de los padrones y del registro de los afiliados en forma clara y contundente, a través de los medios electrónicos modernos habilitados; y la ausencia de las personerías jurídicas, por lo cual los afiliados van a poder consultar.
Quiero destacar como parlamentaria del MERCOSUR que, a instancias de los parlamentarios que lo integran, se incorporó a la sanción de la Cámara de Diputados la necesidad de las candidaturas para los parlamentarios del MERCOSUR. Seguramente que esa iniciativa deberá mejorarse a posteriori con una legislación puntual, que debe esperar porque son acuerdos regionales que se están desarrollando entre los estados que conforman el Parlamento del MERCOSUR.
En el proyecto está claramente expresado cómo será el financiamiento para la campaña electoral, que ha sido acotada a treinta días, y la distribución de los gastos de campaña.
Considero que este es un gran proyecto que nos permite avanzar en el mejoramiento de la calidad institucional de la que permanente se habla. En efecto, la oposición siempre hace referencia a ello.
En cuanto a la propuesta del Poder Ejecutivo nacional, que ha recibido modificaciones en la Cámara de Diputados, nosotros aportamos una mirada nueva, dando mayor institucionalidad política al proceso electoral del futuro.
Por todas estas razones, adelanto mi voto positivo al proyecto en consideración.
SR. PRESIDENTE (Marín). — Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno, que está ingresando en el recinto.
SRA. BONGIORNO. — Señor presidente: he venido a hablar de este tema de la reforma política con alguna desazón; la misma desazón que sentí cuando debatimos la ley de medios.
Nuestra función como Cámara revisora no está siendo cumplida. Considero que hay un gran abismo entre lo que nos está pidiendo la sociedad y los temas que hoy estamos tratando en este cuerpo.
Hoy estamos considerando un proyecto de ley relacionado con un sistema electoral que hace a la República, a la democracia. Todos sabemos que un sistema electoral impone las reglas por las que los electores y los representantes de nuestras instituciones van a ser elegidos.
Le pido disculpas, señor presidente, pero estoy un poco agitada porque tuve que bajar las escaleras rápidamente para venir al recinto...
SR. PRESIDENTE (Marín). – Tómese su tiempo, señora senadora.
SRA. BONGIORNO. – Gracias, señor presidente. Estaba en una conferencia de prensa en la que se hablaba de un tema que nos es caro a todos los argentinos y que realmente nos tiene muy preocupados, como es la seguridad, que es lo que hoy deberíamos estar seriamente debatiendo en esta Cámara, para así aunarnos a los criterios y necesidades de la sociedad.
En este sentido, no creo que la reforma política se tenga que tratar con tanta premura. Si bien la reforma política —y no electoral— es un tema importante y la necesitamos, hoy deberíamos estar tratando los asuntos que la sociedad nos está imponiendo como agenda prioritaria.
Pero volviendo al tema que nos atañe, que tengamos en tratamiento un proyecto que va a regir durante varios años el sistema electoral de la República Argentina y la forma en que vamos a llevar adelante nuestra participación en la democracia, no es un tema menor, por lo que no debería haber sido tratado con tanta premura.
He escuchado decir a varios senadores que la iniciativa no es perpetua, que es modificable, que no es perfecta; y pasó lo mismo con la ley de medios. ¿Pero por qué no vemos el aquí y ahora y cumplimos la función para la que fuimos elegidos y, así, producimos los cambios, con consenso, con una participación amplia de todos los partidos políticos a los que representamos, que abarque en forma importante todas las creencias, los nuevos ideales y los nuevos partidos políticos que representan a varios sectores de la República Argentina y a varias regiones? No nos olvidemos que no sólo es Buenos Aires quien rige nuestros destinos.
Observo con preocupación en el proyecto que se ha fijado el segundo domingo de agosto para las elecciones internas y abiertas. Cuando se produjo el adelantamiento del acto electoral he dicho que mi provincia, Río Negro, tiene la mitad del territorio anegado. La mayoría de los parajes no cuentan con un sistema para que se pueda expresar el voto.
Entonces, no hagamos solamente una evaluación macro. Aquellos parajes y sociedades de fomento que tienen mil o dos mil habitantes tienen tanto derecho a ser elegidos como nosotros mismos.
Por otro lado, lo que yo aprecio dentro de este proyecto es una injerencia cada vez mayor; y no hablo ya de un gobierno como el de hoy, hablo de una creciente injerencia del Ministerio del Interior. No nos olvidemos de que estamos modificando leyes basales de la República, leyes basales para la democracia.
El sistema electoral es un instrumento, un medio que nos lleva a la consecución de un fin. Ese fin tiene que tener valores agregados, valores que van a hacer al valor de la República, valor que tiene que ver con la transparencia, con el consenso, con la participación cada vez amplia. No podemos dejar esto en manos del Poder Ejecutivo de turno, que hoy puede ser el que tenemos y mañana será otro o el mismo; no podemos olvidar que los funcionarios que integran el Ministerio del Interior son personas que pertenecen a partidos políticos y que cuando llegue el momento defenderán su partido político. Entonces, ¿qué pasa con aquellos partidos que en este momento no son del gobierno? ¿Qué pasa con las pautas publicitarias? ¿Qué pasa con el otorgamiento de esas pautas en las internas abiertas? ¿Cómo van a ser repartidas entre los distintos partidos que van a acceder a esa interna? ¿Cómo se va a hacer en forma congruente de forma que todos los partidos lleguen con la misma equidad? Porque sabemos que estamos partiendo de una desigualdad dada en función de que el Poder Ejecutivo maneja la caja. Lo hemos vivido en todas las etapas, y a aquellos que nos ha tocado estar del otro lado nos ha costado muchísimo hacer campaña. Nos ha costado mucho lograr espacios publicitarios, a los que hemos accedido muchas veces con la ayuda de nuestros mismos afiliados, que son la parte importante, son la parte que debe elegir a sus representantes. Entonces, lo que digo hoy es que nos demos el tiempo —como lo dije en el momento de tratarse la Ley de Medios de Comunicación—, de forma tal que haya consenso, que la ley sea legítima. ¿Qué significa legítima? Legítima significa que todos participemos, que todos participen.
También hemos tenido advertencia desde la justicia electoral, que ha dicho que hay una preeminente y avasallante injerencia del Ministerio del Interior en toda la ley. Nosotros, como cámara revisora —función que hemos perdido—, debemos revisar y por puro consenso y con la actuación de todos, sancionar una ley a futuro que nazca desde la legitimidad. No se cambia al electorado por medio de una ley. Nosotros debemos salvar la brecha que cada vez nos aleja más de nuestros representados. Hoy siento que estamos tocando temas que a la sociedad no le interesan. Hoy siento que el divorcio y el abismo entre la clase representante y los representados es cada vez mayor. Nuestros intereses no son los mismos que los de la sociedad. Debemos habernos eco de sus pedidos. En este momento, hay mucha gente que desde la inseguridad y desde la pobreza está sufriendo un menoscabo, y nosotros, como Cámara de Senadores, necesitaríamos, como primera medida, hacernos eco de esas necesidades. Y como segunda medida, veo que esta norma, en lugar de permitir la participación cada vez más mayoritaria de mejores partidos políticos y de una mayor virtualidad en la clase de política, nos aleja de eso. Considero que hoy la ley está cercenando muchísimos derechos, y no hay peor peligro que tratar de influir en un electorado por medio de un sistema electoral. La clase política necesita hoy defender su lugar, y lo hacemos siendo transparentes, participativos, acercándonos al ciudadano y llevando adelante un sistema que permita esa apertura.
Desde ya, adelanto mi voto negativo en primera instancia, porque considero que, como Cámara revisora, nos hemos convertido en la escribanía de Diputados, lamentablemente. Y por más que me digan que Diputados hizo cincuenta modificaciones, cincuenta cambios, me habría gustado que nosotros, como representantes de nuestras provincias, hubiéramos tenido la misma oportunidad. No se dio en la Ley de Medios, no se da hoy en la reforma política. Considero que no existe apremio para tratar esta reforma política, porque no es lo que la sociedad nos está pidiendo.
Demos a nuestra República los valores de transparencia; demos a nuestra República un sistema electoral que represente a todos. No marginemos. Creo que esta ley está marginando partidos políticos, está marginando la representación y, además de eso, como yo bien decía, me parece que ha sido totalmente arbitraria la toma de decisión en la fecha de las elecciones internas. Mi provincia…
SR. PRESIDENTE (Marín). — Perdón, senadora, le pide una interrupción la senadora Perceval.
SRA. BONGIORNO. — Prefiero terminar.
Quiero dejar bien en claro que sí nos debíamos una reforma política, una reforma electoral, pero creo que no es el momento. Tampoco tenía que ser con esta premura ni con este apresuramiento por parte de todos. Si con esto de la escribanía de Diputados he menoscabo a alguien, pido perdón, pero yo me siento así. Siento que hoy no estoy representando dignamente, porque no estoy cumpliendo con las facultades y las funciones de la cámara revisora.
Creo que hoy estamos llevando adelante los caprichos de alguien, de algún iluminado, de algún personalismo que, creyendo que puede cambiar un sistema electoral, podrá perpetuarse en el poder o acceder en varias reelecciones. Nosotros deberíamos tomar en cuenta nuestra responsabilidad y, más allá de eso, haber convocado lisa y llanamente a muchísimos actores. Acá no participaron los partidos provinciales, no participaron los partidos regionales; pura y exclusivamente, participaron algunos de estos partidos, en los cuales ni siquiera hemos tenido una participación directa los senadores. Adelanto mi voto negativo y lo hago de esta manera porque se han ofrecido varios argumentos entre los senadores preopinantes.
SR. PRESIDENTE (Marín). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
SRA. PERCEVAL. — Sólo quiero hacer un comentario.
En el Capítulo III, sobre la publicidad electoral, a partir del 43 quáter, sexies, septies, se garantiza, justamente, equidad, igualdad de condiciones y resultados para cada una de las fuerzas políticas de las dos instancias, primarias, abiertas y simultáneas y elección general.
SRA. BONGIORNO. — Señor presidente: quiero decirle a la senadora Perceval que le agradezco la salvedad pero, a veces, para alguien no es lo mismo la equidad que para otra persona. Y como yo decía, esa equidad y esos adjetivos que la senadora bien ha expresado van a ser interpuestos o puestos en funcionamiento por medio del Ministerio del Interior. Y todos sabemos que los funcionarios que representan al Ministerio del Interior son personas de partidos políticos. Entonces, creo que tendríamos que habernos tomado tres o cuatro renglones más —no hubiera sido muchísimo más— y poner lo que consideramos equitativo para todos los partidos políticos que nos representan. Simplemente, quería hacer esta aclaración.
SR. PRESIDENTE (Marín). — Tiene la palabra el señor senador Vera.
SR. VERA. — Señor presidente: viene a tratamiento este proyecto de ley ya sancionado por la Cámara de Diputados. Es innegable que otra vez teníamos en esta Cámara de Senadores la oportunidad de dictar una ley que nos permitiera contemplar en el análisis qué es lo que nos rodea, cuál es la situación de la vida pública y, en particular, de los hombres políticos de nuestros partidos, de las prácticas que se han generalizado en la Argentina. Pero como en otras oportunidades en que vienen proyectos del oficialismo y que son de alto interés para el gobierno, se adelantó desde el inicio que tal como venía a la Cámara de Senadores esta sanción de la Cámara de Diputados no iba a sufrir modificaciones. Eso equivale a una primera negación, acerca de la cual ya he hecho referencias en oportunidad de tratarse aquí otros proyectos importantes, en el sentido de que estamos asistiendo a una práctica política en la que el sistema de representación que rige por nuestra Constitución está menguado, disminuido y, en cierto modo, en esto de la representación de los que no somos mayoría, está totalmente negado.
No creo que valga la pena que quien les habla ocupe el tiempo de esta Cámara para explicitar las distintas cuestiones que, sin duda, deberíamos habernos abocado a discutir para ver en qué medida esta profesión que ejercemos los hombres políticos —muchos de los cuales llegamos a la función pública, electiva, en particular, para quienes estamos aquí, en la Cámara de Senadores— nos permitiría a los actores bienintencionados y honorables que tiene la profesión, aportar, buscar y concretar a través de la ley instrumentos que nos permitan, por qué no, atenuar y disminuir en cuanto sea razonablemente posible y según nuestra sabiduría, este descrédito que no se puede negar que pesa en la sociedad sobre la vida política. Y como soy uno de los convencidos de que mientras no rompamos este divorcio y mientras la sociedad siga creyendo que lo público es todo malo, que los políticos somos todos malos, que nuestras prácticas son deplorables, la Argentina no tendrá un futuro mejor.
Es demasiado importante en nuestras vidas, en nuestro futuro, en nuestro progreso, el mejoramiento de la calidad de la gestión pública. Y ésta la ejercemos, en gran medida, los hombres políticos a través de las propuestas de los partidos.
Decía, entonces, que en un contexto donde esta negación a la discusión, divorciados del deber ser del sistema, es una gran verdad, no tiene mucho sentido que yo les ocupe el tiempo diciendo, por ejemplo, que no se sabe qué va a pasar con los partidos, o que este es un daño más a los partidos, o que puede serlo. Y así como yo le niego al oficialismo ser el dueño de la verdad, creo que debo admitir que la oposición tampoco lo es. Pero para ello, se han inventado desde hace siglos la conversación y el debate a fin de ensamblar posiciones.
— Ocupa la Presidencia del H. Senado de la Nación el señor vicepresidente 1°, don Juan Carlos Marino.
SR. VERA. — ¿Qué sentido tiene que yo quiera adentrarme acá para señalar en qué medida puede afectar a los partidos esta forma de convocar al electorado? ¿O qué sentido tiene que yo diga que lo hemos discutido, si este viejo tema de las listas sábana, tan conversado y puesto en tela de juicio —más allá de que nos sea difícil encontrar la síntesis de la mejor propuesta para reemplazarlo—, no se va a cambiar? ¿Qué sentido tiene discutir acá si el voto electrónico sí o no, y en qué medida?
En fin, hay una serie de interrogantes que hubiesen formado parte del debate y, eventualmente, de la incorporación a una reforma política lo más acabada posible. Pero, sinceramente y con las disculpas del caso, debo decir, no está bien que yo me ocupe de ellas, más allá de que respete y pondere la actitud de quienes todavía se esfuerzan para plantear acá lo que, en definitiva, es sustentar posiciones que no están en discusión, porque la mayoría, con eso de los resultados electorales, ha resuelto que por más sustento que tengan nuestras posiciones no van a merecer ninguna incorporación o un cuarto intermedio en esta instancia, para que en horas o mañana sancionemos la ley.
Así que si bien de mis dichos puede inferirse ¿para qué hablo si nada se va a cambiar?, tengo la obligación de hacerlo. Si en este ámbito no hacemos notar que se le sigue quitando a la Cámara de Senadores el rol para el que ha sido creada, me parece que podría cometer otro error, que es un silencio cómplice. Aspiro a que llegue el momento final en que se acabe esto de nuestras presencias con efecto cero en cuanto a la instrumentación de leyes, pues me niego a creer que la mayoría implica ser dueño de la verdad, y que las minorías, en materia de opinión, aporte y cumplimiento de nuestra obligación, que es legislar, seamos cero.
SR. PRESIDENTE (Marino). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
SRA. NEGRE DE ALONSO. — Señor presidente: desde que estoy en el Senado, he presentado varios proyectos de reforma política, de eliminación de las listas sábana —a pesar de que San Luis sólo tiene cinco diputados nacionales—, de modificación del cupo, de sistemas electorales, etcétera. También, como integrante del grupo federal, concurrí al diálogo político que convocó la señora presidenta después de la derrota electoral del 28 de junio. Esto lo digo porque quiero señalar que tengo autoridad moral para hacer las reflexiones que voy a hacer seguidamente.
Creo, presidente, que estamos viviendo un momento de absoluto fracaso del sistema presidencialista. Este sistema se basa en un equilibrio entre los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en un proceso de coordinación entre sí, y el avasallamiento que estamos observando sobre distintos tópicos y campos me llevan a reflexionar acerca del verdadero fracaso del sistema presidencialista. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema presidencialista, a diferencia del sistema parlamentario, tiene como fusible o como control períodos cortos de representación parlamentaria; o sea que la verificación de la voluntad popular se hace a través de un permanente llamado a elecciones parlamentarias. En el sistema parlamentario, el fusible o control se ejerce a través de la moción de censura o de la disolución de la Asamblea Legislativa.
¿Por qué digo, entonces, que está fracasando el sistema presidencialista? Porque, indudablemente, este sistema de controles —que son las elecciones legislativas cada dos años y la proporcional renovación de las cámaras— significa que quien ejerce el Poder Ejecutivo debe hacer una corrección en el rumbo, fruto del resultado que arroje ese sistema de control y de verificación de la voluntad popular. Pero ¿qué ha ocurrido el 28 de junio? El 28 de junio, el oficialismo ha sido derrotado en las urnas, o sea que la cláusula fusible —como la llaman los constitucionalistas—, la garantía del sistema presidencialista operó diciéndole al gobierno que estaba equivocado en el rumbo y que, en determinadas materias, había que modificarlo. Por eso no apoya la gestión, el gobierno pierde las elecciones y se da la mayoría a la oposición.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? A contrario sensu de escuchar la voluntad popular y ciudadana expresada el 28 de junio, el Poder Ejecutivo desarrolla una política, que es absolutamente planificada, de avanzar en un camino contrarreloj, con las mayorías parlamentarias que tiene pero que ya no responden a la voluntad popular de este año. No digo que no haya legitimidad sino que ha habido una modificación en el pensamiento de la ciudadanía, y ese es el sentido de las elecciones cada dos años. Por eso, cuando vino la reina de Holanda, ustedes recordarán que una de las preguntas que hizo fue por qué teníamos elecciones cada dos años. Casualmente, porque es una de las características del sistema que tenemos contemplado en la Constitución. Pero, a contrario sensu de la realidad —además, por la cantidad de meses que han transcurrido desde el 28 de junio hasta ahora, que no es lo que normalmente ocurre—, esto se ha exacerbado. ¿Qué ha pasado? Que la presidenta ha empezado a enviar una serie de proyectos legislativos para aprobar con la mayoría que tuvo legítimamente en el año 2007 pero que no ha sido avalada en el año 2009.
Entonces, está fracasando el resorte de control porque esa verificación de la voluntad popular de ninguna manera se ha plasmado en los instrumentos legislativos, sino que se ha desconocido en forma arbitraria y discrecional, usando una mayoría que hoy ha quedado totalmente superada y desactualizada.
Así, hablar hoy de reforma política? Esto es lo que me pregunto. Y digo que tengo autoridad moral porque he presentado varios proyectos al respecto. Es más, cuando se derogaron las internas abiertas, yo me abstuve en este Senado. ¿Podemos hablar hoy de reforma política o tendríamos, primero, que llenar de contenidos, de principios y de ética las representaciones que estamos ejerciendo? ¿Podemos hablar hoy de reforma política cuando hay un claro avasallamiento del sistema federal y de las autonomías provinciales, cuando estamos caminando en un proceso de unitarismo en vez de en un proceso federal? ¿Podemos hablar hoy de reforma política cuando hasta los ATN —y aclaro que mi provincia nunca recibió ninguno—, que son de las provincias, han sido tomados la semana pasada para financiar al gobierno nacional, cuando hoy vamos a votar un proyecto de ley que retrae nuevos fondos de la masa coparticipable? ¿Podemos hablar hoy de reforma política cuando estamos institucionalizando el premio de los fondos de las provincias a cambio de los votos, presidente? ¿Es el momento de discutir esto o es el momento de discutir los principios, los valores éticos y de recuperar la dignidad de quienes nos dieron el voto para que los representáramos?
Digo esto porque el proyecto se denomina “Ley de democratización de la representación política, de la transparencia y de la equidad electoral.” ¿Qué estamos reconociendo? ¿Que hasta ahora no hubo transparencia, no hubo democratización de la representación y no hubo equidad electoral? Los abogados estamos acostumbrados a ir a las fuentes y siempre decimos que el mensaje o la exposición de motivos visualiza la intención de quien está proponiendo el instrumento legislativo. Permítame leer el mensaje de la señora presidenta: este proyecto de ley es un paso más en la búsqueda de reducir la brecha de disociación entre la política institucional y los reclamos sociales. Hago el primer interrogante. ¿En qué este proyecto de ley, que tiene un título rimbombante, disminuye la brecha entre la política institucional y los reclamos sociales? Al contrario; este no es el instrumento, sino que es otro.
Además, dice que también vale reconocer que es una respuesta a las incansables demandas sociales y de los partidos políticos en búsqueda de fortalecer a las instituciones y dotarlas de mayor nivel de legitimidad. En realidad, como senadora, sentiría que se disminuye la brecha entre los reclamos de mi provincia y la calidad institucional si aquí se debatiera la coparticipación federal. Se disminuiría la brecha si a mi provincia le tocara equitativamente la obra pública. Se disminuiría la brecha si mi provincia estuviera contemplada como una provincia más en la distribución de los fondos federales. Se disminuiría la brecha si mi provincia estuviera contemplada como una provincia fundadora integrada a la República Argentina. Desde que el señor Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación hasta ahora, creo que es la única provincia argentina a la que el presidente no ha ido; nunca se ha visto. Eso sería disminuir la brecha.
También me quiero referir a otra cuestión y me hago cargo de lo que digo. Señor presidente: ¿sabe qué es llevar equidad electoral? ¿Sabe qué es llevar transparencia? Es no estafar a la ciudadanía argentina. Y lo digo así, presidente, en los términos del artículo 172 del Código Penal. Y voy a simbolizarlo en una persona que me parece que es la que más lo simboliza, porque viene de fuera de la política. Me refiero a la señora Nacha Guevara. ¡Una vergüenza, presidente! Una mujer que con todas sus cualidades representaba desde el teatro a la cofundadora de nuestro movimiento, a la defensora de los humildes, rol con el cual nos sentíamos identificados. Ella usó esos talentos artísticos para estafar con un ardid al pueblo de la provincia de Buenos Aires que la votó. Y después, salió a decir que como ganaba poco como política, lógicamente, iba a renunciar. ¡Es la vergüenza nacional! ¿Qué estamos esperando para sancionar un artículo expreso del Código Penal que considere punible este tipo de conductas? Usamos una figura como la de Eva Perón, usamos el glamour, usamos todo un talento artístico para hacer una campaña y, cuando llega el momento de servir a la patria, es muy poco el sueldo que pagan como diputado nacional. Eso fue lo que dijo. Cuando llega el momento, renuncia. Estoy esperando que algún fiscal haga la denuncia penal. Me refiero a ella, no estoy hablando de los otros ni tampoco estoy diciendo que los otros no sean responsables. Fue vergonzoso cómo ella ha abusado de sus talentos y del enamoramiento que el pueblo peronista tiene con la figura que representa de la abanderada de los humildes, y se rió de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires pero también de todos los argentinos. “¿A qué voy a ir si gano poco? Me voy al exterior, donde gano más dinero”.
¿Eso es transparencia y equidad, presidente? ¿Sabe qué pasa? Estamos vacíos de principios, de valores y de ética. ¡Eso es lo que necesitamos! Por eso, a pesar de que soy autora de varios proyectos de reforma política y a pesar de que me abstuve cuando se derogó la ley de internas abiertas, entiendo que no es momento de reforma política. Ahora es momento de consensos, es momento de unidad nacional, es momento de respeto y de valores; y es momento de sancionar a quienes, violando la Constitución Nacional, porque las provincias tienen derecho a sus fondos, han institucionalizado el cambio de favores cuando, en realidad, hay que respetar la Constitución y volver a las fuentes. Esta es la señal del fracaso del sistema presidencialista, que es el avasallamiento de un poder sobre otro. Cuando recuperemos todo eso, volveremos a hablar de reforma política.
SR. PRESIDENTE (Marino). —Señora senadora: le voy a pedir si me puede suplantar en la Presidencia para poder hacer uso de la palabra.
SRA. NEGRE DE ALONSO. — Cómo no.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2° del H. Senado, senadora Liliana Teresita Negre de Alonso.
SRA. PRESIDENTA (Negre de Alonso). C Tiene la palabra el señor senador Marino.
SR. MARINO. — Señora presidenta: estamos considerando el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados, cuyo título, en verdad, es bastante pomposo: Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Algunos la simplifican, llamándola reforma política, pero creo que también resulta un término ampliamente pomposo. Sinceramente, creo que el título le queda grande, pues sólo se trata —a mi criterio— de una ley electoral. Además, me parece que la mayoría de los argentinos pensamos lo mismo: se trata de un proyecto de ley
que es como hacer un traje "a medida de". Creo que esa es la realidad. Está claro que es electoral y no política, como pretende venderla el Poder Ejecutivo.
Ahora bien, aquí podemos puntualizar algo que es grave. Considero que, nuevamente, los argentinos estamos inmersos en la interna del Partido Justicialista. Sin duda, este aspecto es medular en la sanción de Diputados, pues ni siquiera se trata de un proyecto o de una idea del Partido Justicialista, sino del kirchnerismo, ya que, justamente, la mayoría del Partido Justicialista disidente —o como lo quieran llamar— no está de acuerdo con ello. Repito, nos quieren imponer una futura ley que es un traje "a medida de".
Sinceramente, resulta casi insólito que se sancione un proyecto de ley que regirá el funcionamiento de los partidos políticos y que dice que los fortalecerá. Convengamos en que el rechazo ha sido unánime. El 70 por ciento o siete de cada diez argentinos no votaron por este gobierno; y quienes representamos a esos siete de cada diez habitantes no estamos de acuerdo. Entonces, creo que no es una reforma política verdadera.
También es cierto que algunos sectores del oficialismo y algunos medios de comunicación dicen que la Unión Cívica Radical debería apoyar esta iniciativa porque la favorece. Bueno, quienes piensan así saben bastante poco del radicalismo o conocen muy poco a la Unión Cívica Radical. En verdad, nuestros principios nos indican que la obligación no es votar un proyecto de ley que nos beneficie como partido, sino una iniciativa que realmente beneficie a toda la sociedad. Por lo tanto, ni nos debemos detener a pensar si nos beneficia o no. Digo esto porque demasiado mal le han hecho a la Argentina aquellos que han elaborado una ley en favor de alguien y en perjuicio de la mayoría. Debemos votar un proyecto de ley que jerarquice a la política, impulsar una norma que realmente le aporte crédito a esta actividad, que nos permita tener un crédito hacia adelante.
Si queremos trabajar para reformar la política, son muchas las cosas que podemos hacer. Deberíamos dar los pasos necesarios para dejar de lado elementos clientelares. Por ejemplo, si la asignación por hijo la hiciéramos universal, eliminaríamos ese clientelismo político permanente que existe, que tiene votos cautivos y que no dignifica la pobreza y la verdadera justicia social que debemos implementar.
Soy un hombre de la Unión Cívica Radical y voy a morir en la Unión Cívica Radical, porque soy un hombre de principios, como, seguramente usted, que morirá siendo justicialista. Y los radicales tenemos algo muy presente: sabemos —como muchos peronistas también lo saben— que a muchos les interesan los pobres para tenerlos cautivos y para sumar votos. Quiero decirle que desde la Unión Cívica Radical nos interesan más los votos para terminar con la pobreza, que creo que es lo que debemos empezar a hacer en la Argentina.
Reformar y dignificar la política pasa por otro lado. Pasa por devolverle a las provincias lo que les pertenece: federalismo, que realmente puedan ser independientes, que los dineros públicos se redistribuyan como debe ser y no como el Poder Ejecutivo central quiere. Debemos trabajar y legislar —que es nuestra obligación— en favor de un futuro para las provincias. Es importante que se realicen las obras que necesitan las provincias y no que se digiten desde Buenos Aires, ni que, a cambio de eso, los legisladores y los gobernadores tengan que aplaudir y apoyar lo que pide el Poder Ejecutivo.
Creo que las provincias sin autonomía financiera no tienen independencia económica y, menos aún, independencia política. Esto atenta fundamentalmente contra la dignidad de quienes vivimos en las provincias y, mucho más, contra la de quienes gobiernan las provincias y los municipios. No es ese el esquema en el que pretendo vivir o por el cual estoy sentado en esta banca.
Me parece que una buena reforma política sería darle previsibilidad a nuestra economía y potenciar las actividades productivas, que son las que realmente generan trabajo genuino, las que ponen en pie a los pueblos, a los municipios y a las gobernaciones. Pasar del sistema clientelar o del asistencialismo puro al trabajo digno, a lo que quiere cualquier argentino: criar a sus hijos, educarlos y vivir como cualquier hijo de buen vecino. Que no ocurra lo que nos sucede en la actualidad, que el Poder Ejecutivo se queda con los fondos de los pobres productores agropecuarios, la mayoría de los cuales ya están fundidos y llegaremos tarde con cualquier cosa que vayamos a hacer. Además, con los dineros provenientes de las retenciones a las exportaciones o con el fruto de impuestos absolutamente distorsivos, como el aplicable a los débitos y a los créditos, o impuesto al cheque, se constituye una caja de Pandora, una caja que es redistribuida por funcionarios, como nos pasó con Ricardo Jaime —que, gracias a Dios, ya no está más— o como nos pasa con Moreno. En consecuencia, se hace todo lo que la lógica indicaría que no se debe hacer.
También es cierto que mientras los productores agropecuarios están fundidos y no dan más, hay otras actividades que son muy rentables, y de los amigos del poder: el juego.
¿Tantas veces se ha hablado del juego en la Argentina! Para más datos, diré que los ingresos del sector del juego crecieron en los últimos años en un 1.630 por ciento. Esto significa que hay gente a la que le va muy bien en detrimento de otros a los que les va muy mal.
Reformar la política sería darle independencia a otro poder fundamental, el Judicial.
Reformar la política sería modificar la integración del Consejo de la Magistratura; que los jueces puedan administrar justicia sin pensar que el oficialismo es quien los está controlando, porque tiene la mayoría en la Consejo de la Magistratura; que los fiscales puedan investigar enriquecimientos ilícitos, manifestaciones de bienes absolutamente mentirosas y denuncias de corrupciones, pero que no se sientan presionados porque el Poder Ejecutivo tiene mayoría en ese organismo que los controla.
También es cierto que en el título del proyecto de ley se habla de transparencia. ¿De qué transparencia podemos hablar si, justamente, todo el proceso queda librado al Poder Ejecutivo nacional? ¿De qué vamos a hablar si estamos dejando a la Justicia de lado y ponemos todo el armado electoral controlado pura y exclusivamente por el Poder Ejecutivo?
¿De qué transparencia hablamos si la publicidad la limita el gobierno? No nos olvidemos de que, de acuerdo con este proyecto, la publicidad se realiza por los canales oficiales, que todos sabemos cómo funcionan. Hoy lo dije cuando planteé la cuestión de privilegio.
Supongo que La Pampa será monopartido, si es que esto se aprueba. Pero no sólo contará con los medios públicos ya que, con la sanción de la nueva ley de radiodifusión, el Poder Ejecutivo sumó otro elemento de poder: tratará de manejar a los medios no oficiales, porque tendrá en sus manos el poder de otorgar las licencias en forma discrecional. Creo que esto no va en sintonía con lo que votó la gente el 28 de junio.
A esto también debemos sumarle la discrecionalidad de la pauta oficial. "Si sos amigo, tenés pauta; si no lo sos, no". "Si hablás bien del gobierno, te bonifico". No digo hablar mal del gobierno, pero si reflejás la realidad de lo que ocurre en la República, sos un enemigo y no tenés pauta oficial.
El 28 de junio, el pueblo habló a través de las urnas, y la respuesta del gobierno fue una convocatoria a un diálogo político. Obviamente, hay muchos temas que nos preocupan a todos. Por eso, la mayoría de los partidos políticos concurrimos a ese diálogo, pensando que iba a plantearse sobre las prioridades que la gente había votado: incremento de la pobreza, inseguridad, problemas de educación, problemas de salud, producción en la República, generación de puestos de trabajo genuino. Pero no, el gobierno fijó como prioridad en la agenda la reforma política y hacia ahí teníamos que orientar el diálogo. Ahora, yo les pregunto hoy qué prioridad es ésta y cuál es el diálogo que se dio para tener una nueva ley de partidos políticos en la Argentina.
Los pueblos que crecen son los que dialogan y, desgraciadamente, en nuestro caso, no dialogamos. Nosotros somos un pueblo en el que no existen debates, en el que no se puede debatir ideas. Entonces, lógicamente no podemos ponernos a la altura de las naciones, de las repúblicas donde tanto gobierno como oposición saben que esto se tiene que dar en un debate profundo, donde las ideas de la mayoría pueden congeniar también con las de la minoría. Pero bueno, eso es lo que no está ocurriendo en la Argentina, y la sensación que todos tenemos es que cada vez vivimos en un sistema menos democrático. Estamos frente a un poder o a un gobierno que intenta dominar a la prensa, pasa por encima de la división de poderes, del federalismo y de los controles institucionales. Lo único que le falta es avanzar ya sobre las libertades individuales, lo que sería triste para todos nosotros.
Creo que estamos en presencia de un gobierno en el que palabras como consenso, pluralismo, democracia, equidad y justicia existen sólo en el discurso. Después, en la práctica, ocurre absolutamente al revés de lo que se dice en el discurso. Lo cierto es que nosotros deberíamos actuar como Cámara revisora pero volvemos a convertirnos en una escribanía; no podemos cambiar una coma, no se puede dar debate, no hay posibilidades de que realmente se tomen elementos que, desde la oposición, vienen para sumar y no para obstruir. Al contrario, siempre hemos tratado de colaborar.
Si es justamente el Ejecutivo quien nos va a imponer el funcionamiento del Congreso, estamos en presencia de un claro avasallamiento del Poder Legislativo, lo cual no es bueno sino que es un gran ataque para la República.
Algunos dijeron -y me hago cargo de lo que voy a decir- que esta es una ley que nace muerta. Yo tengo otra sensación. Creo que se trata de una ley que es el producto concebido de una violación. Este es el producto concebido de una violación. ¿Por qué digo esto? Porque no se está respetando lo que votó la sociedad el 28 de junio. De este lado, estamos los que logramos, entre todos, el 70 por ciento. Entonces, me parece que, más allá de una imposición, más allá de una ley que nace muerta, creo que verdaderamente es producto de una violación.
Señora presidenta: los radicales no vamos a votar positivamente este proyecto de ley.
A lo que ya dije, también agreguémosle otras situaciones que son complejas. Candidaturas testimoniales. Acá no se dice nada. Usted hacía referencia recién al caso de la señora Nacha Guevara, pero sumémosle todo el resto, el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Si uno es bueno, podríamos definirlas como una burla a la sociedad pero, en definitiva, son una estafa al electorado. Porque esto es estafar a la gente. Es poner un candidato que, después, tranquila o livianamente dice: “No, mi responsabilidad pasa por seguir ocupando el cargo que estoy ocupando”, y lo va a suplantar alguien que no sabemos ni quién es, a lo mejor, o, en todo caso, la sociedad no votó por esos candidatos.
Ahí voy al otro aspecto que es fundamental: las listas sábana. Hace seis años que estoy acá. Escucho hablar de las listas sábana. Del oficialismo escucho: “hay que terminar con las listas sábana...”. Pues no vamos a terminar. Entonces, claro, candidatura testimonial; se baja el testimonial, queda siendo gobernador y sube aquel que, seguramente, si se hubiera sometido a la elección como primer candidato, capaz que no lo votaba ni la familia. Estas son las cosas que tenemos que cambiar en la Argentina.
También quiero decirle que desde el radicalismo siempre hemos sido propositivos, es decir, siempre hemos tenido propuestas. Le enumero algunas: reemplazo de la lista sábana por boleta única, algo que no solamente tiene que ser posible sino que es necesario que lo hagamos. Autoridad electoral independiente para asegurar la plena igualdad de oportunidades. Es fundamental que nosotros demos igualdad de oportunidades a todos.
¿Quiénes somos nosotros para decir “este sí y este no”? Respeto a la vida de los partidos políticos, con incentivos para la participación ciudadana. Parece que ahora son demonios los partidos políticos. La verdad —será por militancia, será por pertenencia—, si nosotros no reforzamos la figura de los partidos políticos, vamos a tener una Nación sin futuro, porque aquellos que gobiernen después de Kirchner también tienen que pertenecer —o van a pertenecer—, indudablemente, a los partidos políticos. Finalmente, el voto electrónico. ¿Cuál es el miedo de someterse al voto electrónico? Ninguno. Libre acceso de los ciudadanos a la información del financiamiento de las actividades proselitistas. Parece que es un pecado saber quién es el que financia cada una de nuestras campañas, del oficialismo y de la oposición.
Creo que una reforma política debiera tener algunos fines ineludibles; por ejemplo, dignificar la política. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la jerarquización de los partidos como herramienta de expresión puramente ciudadana. Brindar credibilidad al proceso de selección de alternativas electorales. Asegurar transparencia, que es lo que nos pidió la sociedad el 28 de junio; que seamos más transparentes, que dignifiquemos la actividad política en la República Argentina.
Para terminar, quiero decir que, seguramente, la sanción que permitirá hoy al oficialismo convertir en ley el proyecto en tratamiento, a criterio del radicalismo, no resulta creíble: creo que no dignifica la política, no genera igualdad y no asegura transparencia. Les puedo asegurar que tanto quien les habla como todos los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical no podemos acompañar iniciativas que, a lo mejor, beneficien a nuestro partido pero vayan en contra del beneficio de la mayoría de los argentinos.
SRA. PRESIDENTE (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el senador Cabanchik.
SR. CABANCHIK. — Señora presidenta: hay otros dos caminos para interpretar el proyecto del Poder Ejecutivo nacional. Tal vez, no hayamos percibido la magnífica ironía que mueve al Poder Ejecutivo nacional y al oficialismo en su conjunto a defender, de la forma que lo hace, este proyecto y su contenido. Tal vez se debe todo a una ironía que no hemos sabido comprender. Porque hay dos posibilidades: o se trata de una ironía o se trata de que, realmente, están convencidos de que este es el contenido adecuado de una reforma política; de que este es el contexto adecuado para discutirla ahora, que esta misma Cámara a la que pertenecemos ha renovado en un tercio su composición, que ya hemos tomado juramento a los nuevos representantes del pueblo, devenidos de la votación del 28 de junio próximo pasado.
Claro, si en la actitud del Poder Ejecutivo nacional y del oficialismo legislativo que lo acompaña veo una ironía, tendría que entender que, por ejemplo, las mentadas y mal llamadas candidaturas testimoniales han sido un sacrificio de prohombres de la Patria.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, don José Juan Bautista Pampuro.
SR. CABANCHIK. — Me voy a permitir leer la larga lista de candidatos que el 28 de junio pasado estuvieron en distintas listas: Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Sergio Massa, intendente de Tigre; Clotilde Acosta —artista—, o sea, Nacha Guevara; Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Infraestructura y Vivienda bonaerense; Jorge Rodríguez Erneta, intendente de Villa Gesell; Jorge Varela, diputado provincial; Sandro Guzmán, intendente de Escobar; Enrique Slezack, intendente de Berisso; Mario Secco, intendente de Ensenada; Graciela Rosso, intendenta de Luján; Gerardo Amieiro, intendente de San Fernando; Juan José Mussi, intendente de Berazategui; Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría; Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingo; Horacio González, presidente de la Cámara de Diputados —de la provincia, seguramente—; Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela; Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús; Gustavo Sobrero, intendente de Lobos; Antonio Di Sabatino, intendente de San Vicente; Alfonso Regueiro, intendente de Presidente Perón; Alexis Guerrera, intendente de General Pinto; Julio Domínguez, secretario de Agricultura de la Nación; Horacio Delgado, vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial; Tomás Hogan, diputado provincial. Estos son, seguramente, mujeres y hombres que han sacrificado su honor; que han dicho una palabra que no han cumplido; que han estafado al pueblo sólo, seguramente, en beneficio de aleccionarnos de la importancia de la democracia, de la importancia de la República. Quizá, por este camino, por esta reducción al absurdo a que nos tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo nacional es que se han sacrificado en su honor, para poder decirnos: “fíjense lo que pasa cuando se pervierte a las instituciones, fíjense lo que pasa cuando no somos realmente democráticos”. Hay candidaturas testimoniales, de manera que en lugar de transparencia, hay opacidad; en lugar de democracia, hay imposición; hay “tirarnos con el número”, que ya el oficialismo ha perdido y, en los hechos, ya está perdiendo con la nueva conformación del Congreso Nacional. No hay, entonces, ni democracia, ni transparencia, ni equidad en este proyecto.
Quizá irónicamente, a través de él, quieran aleccionarnos de la importancia de hacer otra cosa que lo que hace el Poder Ejecutivo nacional. Quizá estén sacrificándose por todos. Pero claro, si no hago la lectura irónica, tendré que pensar que hay cierta perversión en que el mismo Poder Ejecutivo nacional y el mismo oficialismo —que ha defendido el derecho de las candidaturas testimoniales— ahora nos imponga una reforma política —entre comillas—, con una mayoría exigua. Obsérvese que en la Cámara de Diputados se superó por poco la mayoría simple —134 ó 136 votos a favor— y que aquí, probablemente, también se va a obtener una mayoría exigua, en contra de la voluntad manifestada por el amplio arco opositor. O sea, estamos hablando de partidos nacionales: del Partido Radical, del Partido Socialista, de una gran parte del Partido Justicialista y de otros sectores y otros partidos políticos. Hubo más de veinte expresiones políticas que hace poco hemos firmado una solicitada en un matutino de circulación nacional en contra de esta reforma. Entonces, si esta no es una ironía, es la peor muestra del desprecio por la democracia, por la transparencia y por la equidad en el manejo de la cosa pública a través del gobierno, en la discusión de los proyectos y en el sostenimiento de las instituciones.
Aquí se han presentado muchísimos proyectos de reforma política. Todo el arco opositor ha presentado excelentes proyectos, y también lo han hecho muchos senadores que pertenecen al oficialismo. Pero esos proyectos nunca se trataron, porque nunca interesó la reforma política en este año y medio o más que llevo de senador. El oficialismo siempre se ha negado, incluso, contra el Reglamento, a tratar proyectos de reforma política presentados en tiempo y forma, que debieron ser tratados en comisión. Pero no se trataron, como tantos otros. Eso sería transparencia; es decir, dar lugar al tratamiento de los proyectos legislativos que presentamos todos los senadores. Pero no ocurrió así, y, evidentemente, la interpretación irónica es difícil de sostener. Hay que pensar, entonces, que hay un gusto por pervertir el buen funcionamiento, serio y realmente transparente, de las instituciones en la Argentina, que se consagra una vez más en este proyecto.
Yo quisiera abocarme a la discusión de muchos de los contenidos específicos del proyecto pero, nuevamente, tenemos el empecinamiento del oficialismo de negarse a discutir, por ejemplo, el proyecto de boleta única, que presenté aquí junto con muchos otros senadores, que creo ha tenido un consenso expreso y formalizado en esta Cámara, de cerca de treinta senadores. Sin embargo, el oficialismo no se dignó a permitir su discusión; no digo su aprobación, sino —repito— su discusión.
A su vez, ha dejado a legisladores y funcionarios del oficialismo —lo hemos visto al ministro Randazzo, concretamente— mostrando una supuesta sábana inmanejable, para poder justamente votar con boleta única, o sea, falsificando públicamente en escenarios montados para ello la verdadera discusión. Eso no es ironía, eso ya es perversión. Eso significa insultar, incluso, la inteligencia de la gente.
Por eso he traído aquí —se lo he dado a todos los compañeros de la Cámara: senadores, senadoras y, también, a la Presidencia— esto que estoy exhibiendo: uno de los sobres que usamos habitualmente para nuestra correspondencia. Sin embargo, tan chico como es, ¿qué contiene? Contiene, efectivamente, la boleta única de diputados nacionales, tal cual hubiera sido en la Capital Federal.
Entonces, a la sábana de Randazzo y de Aníbal Fernández le muestro una pequeña funda que podría haber sido perfectamente enfundada en el sobre y puesta en la urna sin ningún problema. Aquí tengo 27 listas a diputados nacionales, con sus titulares y sus suplentes. Fueron las listas que el 28 de junio último encontró en el cuarto oscuro el votante de la Ciudad de Buenos Aires. Obsérvese qué fácil y qué realizable resulta votar con esta boleta que exhibo aquí, que constituye un ejemplo casero, hecho en casa. Seguramente, con la mente y la técnica sofisticada del Poder Ejecutivo nacional, se podría hacer una mucho mejor. Así que sólo se trata de marcar, doblar, poner en un sobre la boleta y votar. De modo tal que no había, ciertamente, ninguna dificultad técnica para realizar la votación con la boleta única. Sin embargo, estuvimos sufriendo a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, enrostrándonos unas sábanas que serán para cubrir otras cosas, pero que no son las que debían ser utilizadas como boletas únicas.
Esto es perfectamente realizable, como acabo de exhibir, aun si se quisiera incluir a todos los titulares y a todos suplentes de todas las boletas en esa boleta con la que se manifiesta el voto. Porque de lo contrario, con la gigantografía en el cuarto oscuro y poniendo en la boleta los primeros nombres titulares y suplentes, o el primer nombre, o el logo y el nombre del partido político, también se podría hacer. Pero si esto pareciera oscurecer la expresión del voto popular, aquí tienen la boleta única completa. Pero ni siquiera eso ha permitido el Poder Ejecutivo nacional.
Entonces, tenemos candidaturas testimoniales, y luego se habla de transparencia; a pesar de que no se dignan a discutir la posibilidad de transparentar el voto, como hubiera ocurrido en el caso de la boleta única. No digo que la boleta única sea la solución a todos los males del sistema representativo argentino, pero era un instrumento para mejorar algunas de las falencias que tenemos. Era solo eso. Pero como el Poder Ejecutivo nacional y el oficialismo parlamentario hacen de todo tema una cuestión que hay que ganar a todo o nada, con una polarización y una dicotomización salvaje de la discusión pública de la política y de la democracia, no nos resulta posible avanzar en nada.
Acabo de estar en el Uruguay y, la verdad, sentí vergüenza de lo que somos frente al espejo que nos ha mostrado el Uruguay en estos días. Es extraordinario lo que vi. Lo que más me llamó la atención fue la serenidad que se respiraba en el centro de cómputos o en los lugares de reunión de todas las autoridades y militantes, que estaban realmente dando una fiesta popular en el Frente Amplio.
A su vez, me sorprendieron las palabras del presidente electo, Mujica, y del vicepresidente electo, que pertenecía en su origen a otro sector pero ahora están juntos, dándole cuerpo a esa fuerza nueva. Del otro lado, blancos y colorados se juntaron en esa segunda vuelta, para ofrecer resistencia, pero no hubo incidentes en la calle. Hubo fiesta en todas partes y hubo discursos de consenso. El mismo lunes inmediatamente posterior a las elecciones, el presidente electo Mujica se reunió con los representantes de los partidos derrotados, es decir, con los opositores, con Bordaberry y con Lacalle, y los llamó a la unidad nacional y a ser parte del gobierno. Esto demuestra, claramente, que hay otra forma de gobernar y de transformar la política en serio. Lo que ha ocurrido en el Uruguay es una transformación de la política a través de la sociedad y para la sociedad.
Frente a eso, tenemos una reforma parcial, electoral y a espaldas de la sociedad, en la cual no tuvimos foros de reforma política como hubo para la ley de medios audiovisuales. Es decir, que esta reforma no se trabajó con el votante. Si fuera una reforma para el pueblo y para que se exprese mejor la voluntad popular, ¿por qué no hacerla, entonces, con el pueblo, en lugar de hacerla a espaldas al pueblo? ¿Por qué no se hizo con el consenso de otros representantes del pueblo?
Se ha perdido en la Argentina el sentido de ser argentino, al menos, en la expresión política que le damos a la sociedad; porque antes que oficialistas y opositores, somos argentinos. Y así como quedaron repartidas las cosas el 28 de junio pasado, debiera el oficialismo tomar nota, de una buena vez, de que una enorme cantidad de nuestro pueblo, de todos nosotros, no está a favor de la forma ni de la orientación de este gobierno, ni de los contenidos de muchas de sus políticas. Entonces, ¿cómo no escuchar la voz del pueblo que se ha expresado el 28 de junio y que va a hacer de este Senado y de la Cámara de Diputados un escenario muy distinto de la democracia a partir de las sesiones ordinarias que se avecinan?
¿Cómo hacemos para discutir seriamente?
Si tomo esto por el lado de la ironía, no puedo ser serio frente a esta propuesta del Poder Ejecutivo. Si lo tomo como perversión, debiera gritar insultos. Entonces, debo decir que deben estar convencidos de que este es un buen instrumento. Pero si es un buen instrumento, o si están convencidos de ello, ¿por qué inauguran el plenario de comisiones como lo hicieron la semana pasada, diciendo de antemano que no están dispuestos a modificar nada? Esto es aberrante desde el punto de vista de lo que debe ser el ejercicio responsable de los cargos que ocupamos. Porque, ¿cómo puede ser que al comienzo mismo del plenario, donde debiera debatirse esta reforma, se nos diga desde la presidencia que no se está dispuesto a modificar absolutamente nada. Esa es la verdad de la voluntad expresada por el oficialismo?.
Acá no hay reforma política. Acá no hay democracia, transparencia ni equidad, ya sea en los contenidos del proyecto, las formas, las dinámicas y los procesos que lleva adelante el Poder Ejecutivo.
Personalmente, he propuesto varios proyectos de reforma política. El proyecto S-1818/09 por el que se tendía a modificar el Código Electoral Nacional respecto de la regulación de la publicación de encuestas electorales. Esto se halla en el proyecto oficial, aunque previendo menos días de restricción que el propuesto por mí.
El proyecto S-1659/09 por el que se modificaba el artículo 33 de la Ley 23.298 -Ley Orgánica de los Partidos Políticos— respecto de las causales para no poder ser candidato a cargos públicos electivos de autoridades nacionales. Se trataba de una iniciativa que tendía a evitar futuras candidaturas testimoniales. Tampoco el oficialismo se dignó a darle tratamiento. Fíjese, señor presidente, que ya no digo a votar a favor de ellos sino a darle tratamiento. Miren qué cosa mínima es la que se solicita.
También he presentado el proyecto de boleta única, al que ya hice referencia, y el proyecto de ley por el que se establecían normas para la asignación de la publicidad oficial.
Todo este conjunto de proyectos, como tantos otros del oficialismo y de la oposición, estaban destinados a perfeccionar nuestro sistema representativo, republicano y federal. Ahora bien, frente a eso, ¿qué tenemos? Una voluntad cerrada, absolutamente acrítica de parte del Poder Ejecutivo y del oficialismo parlamentario en sostener un proyecto que no tiene ningún consenso, al que no se le dio ninguna oportunidad de conformar un consenso, que bien podría haberse logrado. Para el oficialismo gobernante eso sería símbolo de debilidad.
Cuán frágil debe ser una construcción de poder si piensa que se cae, que muestra fragilidad y debilidad con sólo consensuar un aspecto de una reforma política que debería ser una cuestión de Estado ya que hablamos del sistema mismo por el cual se consagra la representación popular.
Este gobierno ha mostrado y sigue mostrando incapacidad para conducirnos en base a un horizonte más amplio que nos incluya a todos. ¿Por qué el gobierno actúa solamente para sí mismo y para sus adeptos y no para la totalidad del pueblo argentino?
Para transparentar la voluntad popular hay que darle de comer a la gente, hay que ser equitativos en ese terreno. No hay que tener casi el 30 por ciento de la población bajo la línea de pobreza e indigencia ni que los chicos tengan dificultades para estar en el colegio ni que se vayan a la droga o al delito. Eso es hacer equitativa a la sociedad. Para que haya voto equitativo tiene que haber una sociedad equitativa. Pero acá nos imponen un proyecto no equitativo en una sociedad cada vez más injusta, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
SR. PRESIDENTE (Pampuro). Tiene la palabra el señor senador Rossi.
SR. ROSSI. Señor presidente: la primera reflexión que quiero formular en esta exposición, en la que adelanto que votaré por la negativa, está relacionada con la falta de consenso del proyecto en consideración.
Una falta de consenso que surge de la objetividad, del análisis de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y de lo que ocurrió en la Cámara de Senadores.
Creo que lo que ocurrió en la Cámara de Senadores lo acaba de graficar con una gran elocuencia el senador Cabanchik cuando manifestaba con toda claridad que el oficialismo había resuelto no avanzar sobre ninguna modificación.
Nos encontramos con que esta falta de consenso, cuanto menos, tiene dos vertientes.
La primera es que lo que debiera ser la participación activa, comprometida y coincidente de los partidos políticos de la República Argentina )en lo posible de todos) no se pudo concretar y hoy tan solo una parte del Partido Justicialista, representada en el bloque del oficialismo, es la que está avanzando con esta necesidad. El resto está totalmente en contra.
La segunda reflexión es la falta de agenda en la gente.
Creo que, diariamente, nosotros tomamos contacto con la realidad en forma directa y, al visitar nuestros espacios sociales, nos hacemos eco de los reclamos y de las necesidades insatisfechas así como de lo que plantean los medios de comunicación. Y si hay algo en lo que debemos coincidir es en que este tema no se encuentra en la agenda de las necesidades de la gente.
No recuerdo últimamente, lo digo con toda franqueza, que alguien con algún apremio me haya formulado una petición en el sentido de que no se deje de tratar la reforma política, y en especial el proyecto del oficialismo, porque caso contrario les puede cambiar la vida. Surge una pregunta entonces: ¿dónde está la necesidad?
Si coincidimos en que el país está lleno de urgencias. los reclamos sociales, la desocupación, el problema irresuelto del campo, la coparticipación, el federalismo, la asfixia de las provincias y los municipios), si vemos las encuestas que avizoran que el 2010 se presenta con muchos más nubarrones que el 2009, que efectivamente no ha sido bueno, si los partidos de la oposición y parte del oficialismo a través del peronismo disidente marcan que no es una necesidad sino que votan en contra de esta iniciativa, no podemos menos que llegar a la conclusión de que la necesidad se reduce a una sola pretensión. La pretensión del poder gobernante de sacar ventaja a través de un mecanismo legislativo que le permita lograr algunas ventajas sobre el resto de los contendientes dentro del partido político al que pertenece y con relación a los otros partidos de la oposición.
Yendo al texto de la norma, ni siquiera resuelve los grandes problemas que genera la legislación vigente.
Pertenezco a una estructura partidaria chica, un partido vecinalista. Créame, señor presidente, que las grandes dificultades que tenemos, particularmente desde el esquema de la fiscalización de los comicios y cuando los distritos son grandes ocurren con mayor elocuencia), no son resueltos por el proyecto en consideración.
Hoy, esta sombra, esta cantidad de denuncias y estos hechos sistemáticos que se repiten en cada uno de los procesos electorales vinculados con el robo de boletas no es resuelta en lo más mínimo. Sigue todo igual. Y sigue igual porque pudiendo haber avanzado sobre algunos de los tantos proyectos sobre boleta única, donde sea el presidente de mesa y el Estado quienes garanticen la participación del elector para elegir libremente a su candidato, se los deja de lado y se coloca al elector nuevamente en la misma incertidumbre y en los mismos riesgos que tiene hoy en día. Es decir, ingresar al cuarto oscuro y encontrarse con que la boleta que quiere sufragar no se halla en el lugar. Y si esto va avalado con lo que fija el Código Electoral, o sea que no suspende el trámite del comicio, y si va avalado con la realidad de que a las ocho y cinco de la mañana, algún travieso de turno —de los que nunca faltan— deja afuera a ese partido político por falta de boletas, nuevamente, la posibilidad de la trampa y del fraude queda intacta y vigente.
Tampoco se avanza sobre el voto electrónico. Hace aproximadamente cinco años atrás asistí como observador de un proceso electoral en Venezuela, y en Caracas se votaba a través del voto electrónico. Participaban del contralor varios organismos internacionales, entre los cuales recuerdo a la fundación del ex presidente Jimmy Carter, y llegaron a la conclusión de que era un sistema que había llevado modernidad, eficiencia y seguridad en cuanto al resultado de los comicios.
Este proyecto de ley, nuevamente y a pesar de todas las observaciones que se le efectuaron, deja en el poder político la organización de los comicios. Pero cuando se observa la ventaja inocultable que tiene el poder político en cada uno de los procesos electorales, se advierte que este era el momento justo para decir "le vamos a dar neutralidad, control y transparencia al desarrollo de los comicios". Sin embargo, nuevamente se decidió dejar como depositario del contralor y de la organización de los comicios al poder político.
A pesar de todo lo que vivimos, este proyecto tampoco resuelve el problema del transfuguismo.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto Cobos.
SR. ROSSI. — Qué bueno sería que quienes llegaran a ocupar una banca en el Congreso de la Nación por una fuerza política claramente opositora al gobierno, tuvieran un fuerte castigo cuando sin dar ninguna explicación a sus electores, cambiaran drásticamente su posición y comenzaran a votar juntamente con el oficialismo. Hago este comentario porque sin importar el distrito en el que ocurra esto, esa actitud le hace daño a toda la institucionalidad. Hoy conocemos lo que ocurre...
SRA. PERCEVAL. — ¿Me permite una interrupción, señor senador Rossi?
SR. ROSSI. — No daré interrupciones, señora senadora.
El milagro de Internet hace que lo que ocurre en una provincia alcance a todo el territorio nacional. En consecuencia, una actitud como la que mencioné daña, fundamentalmente, a la clase política, a la institucionalidad y a la democracia.
Teníamos una ley sancionada por unanimidad mediante la cual las elecciones nacionales para elegir a diputados y senadores se llevarían a cabo el cuarto domingo de octubre. En esa oportunidad conseguimos consenso, y la norma se aprobó por unanimidad.
Sin embargo, de la noche a la mañana —en quince días— se rompieron las reglas de juego, y se obligó a los argentinos a sufragar el 28 de junio. Esa medida fue impulsada por el oficialismo para tratar de mejorar sus posibilidades electorales. Pero a pesar de todo eso y de que se votó el 28 de junio, la ciudadanía le marcó un límite a ese tipo de posturas y de reacciones, y al momento del escrutinio consagró un claro posicionamiento en cuanto a decir "no compartimos estas reglas de juego, este estilo de gobierno y esta forma autoritaria de conducción". El 28 de junio se obtuvo resultado electoral que todos conocemos, a pesar de las trapisondas que se hicieron para tratar de intranquilizar la conciencia de los electores.
Parecía que a pesar de la ley y de la Constitución Nacional, había que sacar una ventaja para evitar esa claridad y transparencia que necesita un elector al momento de votar. Y me refiero a la ley y a la Constitución porque reflexioné muchas veces acerca de esa cuestión, en función de preguntas que me formulaba la gente, entre ellos, jóvenes y chicos de doce y trece años.
Ellos me preguntaban cómo podía ser que siendo tan claro el artículo 73 de la Constitución Nacional, que establece que los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando —qué más claridad se le podía pedir al constituyente con relación a que un gobernador no pudiera ser legislador nacional por la provincia que comanda—, el gobernador de un distrito grande como el de la provincia de Buenos Aires se presentara como primer diputado nacional. Eso no podía entenderse teniendo en cuenta la claridad de la Constitución. Pero el rumor cobró fuerza, y se terminó cristalizando en la elección del 28 de junio: el gobernador fue candidato a diputado nacional por los bonaerenses. Fue electo diputado nacional y, después, en vez de cumplir con la responsabilidad de jurar mañana en la Cámara de Diputados, a la semana de los comicios renunció a su banca. ¿Se fortaleció la institución con ese tipo de ejemplos?
La persona votó para diputado nacional a ese gobernador que veía en la boleta, pensando que de esa forma fortalecería a su distrito. Pero resulta que votó algo que duró lo que dura una pretensión, ya que se conocía anticipadamente que no iba a asumir. En ese sentido, la senadora Negre de Alonso hizo alusión a la artista Nacha Guevara, respecto de quien también estaba en duda si ocuparía su banca de diputado. Eso ocupó muchos espacios periodísticos de la prensa nacional, porque nos guste o no, para nosotros, que somos del interior, lo que ocurre en la Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires se instala en los hogares de todos los argentinos. Estaba en duda si aceptaba; hablaba con el gobernador de la provincia de Buenos Aires para ver si se entusiasmaba y, finalmente, terminó aceptando y siendo la candidata de los argentinos por ese distrito de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿puede ahora, tan sana y livianamente, decir "mire, ahora no voy a asumir"? Sin embargo, los votos los cosechó con su imagen. Es más, el gobernador había encabezado la boleta juntamente con un ex vicepresidente, respecto de quien reconozco su valentía de ser candidato a diputado y de asumir mañana la banca que ganó. En ese sentido, es importante que asuma porque él dijo "yo voy a ser candidato"; y mañana va a jurar. Pero eso no ocurrió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni con una artista que había despertado un enorme interés con relación a cómo iba a ser su desempeño en la Cámara de Diputados de la Nación.
El domingo pasado se desarrolló el balotaje en nuestra hermana nación del Uruguay.
Fue un balotaje con motivo de que en la primera vuelta, el candidato Mujica no había logrado el 50 por ciento de los votos necesarios e imprescindibles para ser consagrado presidente. Yo fui como observador internacional invitado por el gobierno de Uruguay, y quiero compartir tres reflexiones. La primera, son mentiras que el Uruguay tiene dos, tres o cuatro partidos políticos. Uruguay tiene cerca de 400 partidos políticos, y en la lista de Mujica figuraba cada uno con su boleta, llevando a los senadores y diputados que se votaban en la primera vuelta.
Hay que recordar que en Uruguay los mandatos duran cinco años, que el presidente no puede ser reelecto, y que se elige todo, es decir, la totalidad de las cámaras de Diputados y de Senadores y el presidente y el vicepresidente.
¿Saben cuál era esa noche la preocupación y el seguimiento que hacían quienes integraban las dos grandes propuestas políticas, es decir, la del Frente Amplio de José Mujica y Tabaré Vázquez, y la del Partido Nacional —que terminó saliendo segundo— con Lacalle como candidato? Era si el oficialismo, en este caso la lista mayoritaria de Mujica, lograba la mayoría en ambas Cámaras para lo cual necesitaba el 48,5 por ciento. Se habían hecho todos los cálculos exactos y con el 48,5 por ciento de los votos los uruguayos lograban que el partido que ganara la elección se quedara con la mayoría automática en el Congreso; de lo contrario, no iba a tener mayoría.
Pues bien, finalmente lograron la mayoría y tienen un voto de más. ¿Saben algo? No tienen dudas: saben que tienen mayoría en las Cámaras de Senadores y de Diputados, porque el transfuguismo se consolida muchas veces en espacios a los que se llega con el acompañamiento de los electores pero después se cambia y la composición de las Cámaras se modifica. En el Uruguay saben que tienen mayoría absoluta por los cinco años de gobierno, si la consiguieron en las elecciones.
Y yo, como representante de un partido político chico, tengo que decirles que este proyecto de ley, lamentablemente, tampoco resuelve sino que, por el contrario, castiga fuertemente a la subsistencia de los pequeños partidos políticos, que son pequeños comparados con los dos grandes partidos políticos. Pero en esa pequeñez son el espacio de contención para muchos electores que por diversas razones no se sienten contenidos en los dos grandes partidos políticos. Créame, señor presidente, que es bueno que haya partidos chicos, con grandeza, con una actitud sublime y con un compromiso militante donde todo se hace más difícil. No obstante, a pesar de todo eso, abren los espacios partidarios para que, realmente, la gente encuentre otra forma de participar, distinta de la que se viene dando en los grandes partidos políticos.
¿Qué de malo tiene que aparezca una tercera, cuarta o quinta fuerza política? ¿Qué de malo tiene que el día de mañana acá tengamos senadores de cinco o seis vertientes políticas: algunos del socialismo y otros de la derecha, del humanismo o del movimiento ecológico; incluso, ahora se habla de las bancas del campo. ¿Cuál es el problema? Si lo lindo es que la oferta electoral esté al servicio del elector para que pueda elegir. Créame que no creo que a los argentinos nos quite el sueño saber que hay una propuesta que con enorme esfuerzo viene tratando de militar, con la artesanía que tuvieron al principio los grandes partidos políticos para ganarse el corazón del elector. ¡Que le den una oportunidad para ver si puede crecer!
El señor senador Cabanchik hacía alusión a una solicitada que se publicó en un diario nacional y que se tituló “No a la reforma política”. Esta firmada por senadores y diputados nacionales. Yo quiero hacer alusión a algunos de estos legisladores que son públicamente reconocidos, que pertenecen a pequeños partidos políticos y que le están diciendo que no a esta reforma política. Entre otros, puedo citar a Fernando “Pino” Solanas, Mario Cafiero, Victoria Donda, María América González, Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Miguel Monserrat y Luis Zamora. Por supuesto que hay muchísimos más, pero he citado a algunos para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando.
En este sentido, debo decir que, por ejemplo, con Luis Zamora –que es el último que nombré-, no he conversado nunca con él más allá de algún intercambio informal. Pero reconozco que cuando ocupó su banca en el Congreso de la Nación le daba al cargo que ostentaba su característica, su impronta y defendía con convicción la posición que sustentaba.
¿Por qué avanzar en la sanción de una ley que le haga cada vez más difícil llegar a la posibilidad de cumplir los sueños con sus adeptos que están apostando fuertemente a un proceso democrático, institucionalizándose para participar y poder lograr una banca.
Con las candidaturas testimoniales y con esta violación del artículo 73 de la Constitución Nacional creo que realmente el oficialismo no es el mejor indicado para marcar los tiempos y los términos de esta reforma política. Porque acá se trata de las dos cosas: ¿es este el momento para hacer esta reforma política si en labor parlamentaria habíamos acordado hace quince días que este tema se postergaría para ser tratado por el nuevo Congreso? ¿O nos hemos olvidado de ese lugar tan sublime que es labor parlamentaria? En aquel momento nos dijeron que esto sería tratado por el nuevo Congreso. Pero de la noche a la mañana cambiaron las reglas de juego y, por eso hoy estamos aquí, con esta constitución del Congreso, votando el tratamiento en el Senado, con las mismas condiciones de los otros temas: dictamen urgente en un día, firma urgente de todos los que integran la comisión y aprovechamiento rígido de los siete días para decir que con esto se cumple el reglamento; por todo ello, hoy estamos debatiendo aquí.
Voy a ir cerrando, señor presidente: está visto que el gobierno nacional no ha tomado lectura de lo que ocurrió en el país el 28 de junio, fecha en que se realizó una elección anticipada que no pudo impedir que la población se pronunciara. Y lo que dijo la población ese 28 de junio fue “resuelvan los problemas acuciantes que tiene el país”. Y usted sabe, señor presidente, que la reforma política no es uno de esos problemas que le quita el sueño a la ciudadanía. Es importante que a través de ese consenso, al cual nunca debiéramos renunciar, pudiéramos encontrar las verdaderas políticas de Estado para resolver los graves problemas de los argentinos, que están a nuestro alcance, que tienen posibilidad de ser resueltos y que nos tienen que encontrar unidos en la misma ruta para resolver, por ejemplo, todos los problemas del campo –de los granos, de la carne y de la leche- porque lo peor que nos puede pasar es tratar de no resolverlos o hacer todo lo posible para no llegar a una solución.
Lo mismo pasa con el tema de la inseguridad. Hoy un grupo de legisladores nacionales hemos presentado un proyecto que, seguramente, está en sintonía con muchos otros que ya se han presentado. Pero está claro que lo que necesitan hoy los argentinos es que quienes tenemos responsabilidades públicas demos respuesta a estas graves exigencias de la sociedad. La inseguridad es un problema gravísimo que si no resolvemos integralmente cualquier decisión que tomemos será absolutamente insuficiente, y lo que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires se va a ir trasladando rápidamente a las demás provincias, por el efecto multiplicador que tienen estas cosas.
Voy a cerrar adelantando mi voto negativo al proyecto en tratamiento y haciendo algunas reflexiones. Los argentinos, oficialismo y oposición, nos tenemos que comprometer a trabajar en políticas de Estado. Este tema era un desafío: faltan dos largos años para las elecciones del 2001, por lo que era una buena razón para ponernos a prueba, buscar consensos y que, realmente, todos los que hoy tenemos responsabilidades partidarias –tanto los pequeños y los grandes- estuviéramos en un día de fiesta para decir hemos dado un paso adelante en la transparencia de los comicios electorales para que la gente se pueda pronunciar. Por el contrario, creo que estamos dando un paso para atrás.
SR. PRESIDENTE. — Señor senador Rossi: a continuación, le voy a ceder la palabra a la señora senadora Perceval para que usted tenga, en todo caso, la oportunidad de contestarle.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
SRA. PERCEVAL.- Señor presidente: con el afecto y el respeto que le tengo al señor senador Rossi –con quien he podido compartir el tratamiento de muchos temas porque coincidimos en algunas comisiones y también en la visión de una agenda para integrar las realidades cotidianas de los valores y mujeres de la Argentina- le voy a decir algo con tono reflexivo –tal vez, porque sea esta la última sesión en la que ocupo la banca como senadora por la provincia de Mendoza, lo mismo que le pasa a usted. Hermes Trismegisto —ustedes
recuerdan que yo vengo de la filosofía— dice que lo que está arriba está abajo; entonces, el transfuguismo no es unidireccional para nadie en ningún lugar. Podemos reflexionar acerca de por qué se está dando esto: es en el marco de la disolución del sistema y de los partidos políticos en la Argentina.
El transfuguismo no se da sólo —apelo a esta reflexión—, como decía el senador Rossi, cuando alguien se va de la oposición y se pasa al gobierno, sino que también es transfugismo, como decía Hermes Trismegisto, cuando alguien del oficialismo se va a la oposición. Eso no es censurar ni señalar a nadie. Reflexionemos con profundidad para pensar toda la realidad. No podemos creer que en unos casos sea virtuoso y en otros no.
Las inhabilidades están claras. Incluso fueron una de las más de cincuenta modificaciones en la Cámara de Diputados que no se había contemplado y que incluso estaba erróneamente incluida en el proyecto del Poder Ejecutivo, porque inhabilitaba a los procesados por otros delitos. Se cambió y se dijo que no se puede inhibir el voto de los procesados sin condena.
Quería hacer este señalamiento porque el transfuguismo es una categoría muy dura.
Yo no soy una justicialista muy ortodoxa, pero sí soy coherente. En la plataforma del Frente para la Victoria de 2003 yo sabia que cuando se hablaba de estímulo al desarrollo de la cultura se proponía una nueva ley de radiodifusión y trabajamos en los equipos para esa iniciativa. Cuando se hablaba de defensa del trabajo argentino hablábamos de reorientación de la banca pública y la relación con los organismos internacionales de financiamiento. No me sorprendió. Y cuando hablábamos del sistema de decisiones e instrumentos del cambio social, la política, se hablaba de una reforma electoral que estableciera elecciones primarias obligatorias.
Por lo tanto, el oficialismo parlamentario no es un disvalor, y tampoco es un desvalor que desde esta banca, como desde las bancas de cada una y cada uno de ustedes, votemos y expresemos aquella plataforma electoral que en ese momento de las elecciones nos llevó a hacer un programa de gobierno con esa plataforma. No es un disvalor ser coherente.
SR. PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Rossi.
SR. ROSSI. – Señor presidente: primero que nada, retribuyo el respeto enorme que tengo por Marita, que es inalterable.
Nunca hablo en términos personales. En seis años ha quedado de manifiesto.
Tampoco me gusta hablar mucho para atrás.
Yo hoy también termino mi mandato. Me gusta hablar para adelante. Si hay algo que como una sintonía, un diagnóstico, una realidad nos ha marcado que no ha sido bueno, es ésta la oportunidad para corregirlo. Por eso digo que esto no resuelve el transfuguimo. Creo que es un esfuerzo que deberíamos hacer en este momento o en algún otro para que realmente la gente que nos ha acompañado con el voto desde una posición, tenga tranquilidad respecto de cuál va a ser el desempeño en la banca.
SR. PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Castillo.
SR. CASTILLO. – Señor presidente: esto se hubiera resuelto con un artículo que diga que las bancas son del partido, y no hubiéramos tenido mayores problemas de interpretaciones. Voy a ser muy breve porque no creo que pueda abundar demasiado respecto de lo que acá se ha dicho y por la forma en que el proyecto viene siendo tratado.
Una colega de la Cámara de Diputados ha calificado a esta ley en particular y a otras también como una especie de “no debate express”, o sea, todo viene encajonado, encartonado, y por más que charlemos no se pueden hacer cambios. De manera tal que hago la misma advertencia que hice en una intervención anterior, en el sentido de que sólo concederé interrupciones si me aseguran que van a modificar algún artículo.
Hay una frase de Alberdi que la escuché muy poco porque no está casi en ningún lado. Dice que los políticos no difieren tanto porque piensan distinto sino porque quieren lo mismo. (Risas.) Entonces, a veces las discusiones de los políticos pueden ocurrir porque queremos las mismas candidaturas, queremos el mismo gobierno. Me parece entonces que este hombre, que siempre nos sorprende, hoy podría plantear si queremos lo mismo en las cuestiones de corto plazo, o si queremos lo mismo en las proyecciones del pensamiento.
Seguramente, querer lo mismo en una República, querer lo mismo en una democracia, probablemente haría que nos ahorráramos bastantes debates.
Cuando se tratan temas como éste, una reforma política, una reforma electoral —no voy a entrar en esas disquisiciones— en alguna medida estamos hablando de los procesos políticos que lleva una sociedad y la vida económica y social de esa misma sociedad.
La verdad que estos temas empiezan a ser estudiados a partir del constitucionalismo, y son recientes en la historia de la humanidad. Esta articulación entre la política y la sociedad comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Son los estadounidenses y los ingleses —hablando de Occidente, porque no podría hablar del otro hemisferio— los que más rápidamente empiezan a avanzar, a partir de la división de los poderes y otras virtudes que nos da el régimen constitucional, haciendo que las fuerzas políticas vayan aglutinando fuerzas y se produzca el nacimiento del concepto de corrientes de opinión y, luego, de los partidos políticos.
En los otros países europeos este proceso no se vio con la misma rapidez sino recién con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando se ve que Europa se despabila de los procesos que tenían anteriormente en sus criterios jurídicos.
Todos conocemos los procesos que hubo en la segunda mitad del siglo XIX: elecciones en las parroquias, con el voto a viva voz, con las consiguientes bataholas que se pudieron haber armado allí. Pero en un momento determinado en que este país había empezado a organizarse a partir de la Constitución del 52, en un proceso político importante que podemos criticarlo o diferenciarlo, la República Argentina luego de unos procesos de anarquía, en setenta años pasó a ser prácticamente el primer país de América latina que no tenía analfabetos y era un de los principales productores de granos y carne. Se dice que antes de la Primera Guerra Mundial un obrero del puerto de Buenos Aires ganaba más que un obrero de París y un poco menos que un obrero de Nueva York. Esto estaba marcando que en alguna medida el país había dado algunos saltos cualitativos y sociales importantes.
Pero también es cierto que el mirar era como que el país tenía una dirección pero las cuestiones políticas no iban en esa misma dirección. Algún teórico dice que parecía como que la actitud en política era como una rueda que daba vuelta sola, con mucha autonomía, pero en disociación con el camino que llevaba adelante la sociedad, que podría poner en peligro —al pensar de algunos— ese mismo crecimiento y desarrollo que el país estaba teniendo.
¿Quiénes fueron los primeros que hicieron este planteo? Lógicamente, un estratega extraordinario —don Julio Argentino Roca— quien en su segunda presidencia le encargó a su ministro del Interior, el riojano González, que estudiara la posibilidad de una reforma política. Probablemente la instrucción que tenía era que esa disociación entre la sociedad y la expresión política empezara a acotarse. ¿Qué había pasado antes? La revuelta de 1890 y un levantamiento radical en 1893. Había una tensión política clara. Estaba la presencia de los inmigrantes, de los nuevos sindicatos. Un gran caudal de la sociedad no tenía ninguna forma de expresarse. Entonces, González se fue al extremo. Trató de que ese abismo se estrechara lo más posible, y en ese momento se planteó el tema de la circunscripción uninominal, es decir que cada circunscripción por la que se dividía el electorado pudiese elegir un legislador. Casi había una relación de inmediatez entre lo que votábamos y lo que elegíamos. En aquel momento histórico se produjo algo importante, el primer legislador socialista de América Latina nació fruto de la circunscripción en la Capital Federal, del barrio de La Boca; fue Alfredo Palacios.
Lo cierto es que ni acá ni en Europa el tema de la circunscripción conformaba porque tampoco había dirigencias de orden nacional. Por lo que se dice acá, quizás, algunas expresiones de caudillismo provinciales no conformaban. Lo cierto es que Quintana, cuando llegó a la Presidencia de la República, derogó ese sistema electoral. Vino el proceso electoral de 1905, y también el radicalismo.
Hay una anécdota que cuenta don Félix Luna. Cuando a Roque Sáenz Peña lo eligen presidente de la República, estaba en Europa, como pasó con muchos. Sarmiento estaba en Estados Unidos, a la oligarquía le encantaba que fueran elegidos cuando estaban afuera. El tema es que ya viene electo presidente de la República Roque Sáenz Peña en un barco lleno de amigos. Cuando el barco llega a Uruguay le avisan que tenían miedo de que los radicales volvieran a levantarse. Según la policía brava de aquel entonces, don Hipólito Yrigoyen llevaba más de un mes sin dormir en una misma casa por noche y este movimiento hacía temer. Para hacerlo más corto, esto hizo que Roque Sáenz Peña llegara al puerto de Buenos Aires a las doce de la noche para evitar cualquier revuelta y una diligencia rápidamente lo llevó a su casa. Probablemente en la vergüenza de esta soledad ante los amigos que había traído de Europa se debe haber jurado a sí mismo darle al pueblo argentino la representación que todos estaban pidiendo.
Más allá de esta anécdota, lo cierto es que ese concepto de Roque Sáenz Peña en negociaciones, probablemente con Yrigoyen, fue llevado a cabo por un extraordinario ministro del Interior que fue don Indalecio Gómez. Esto era un concepto de juntar el avance de la sociedad en consonancia con la política. Debe haber sido interesante ver aquellos debates. Don Indalecio decía que los problemas de la República eran por un lado la abstención, cuando algunos plantearon la obligatoriedad y algún conservador le dijo que por lo menos hiciera el voto calificado. Don Indalecio contestó: vea, casualmente los abstencionistas son los calificados porque tienen otros poderes para imponer sus ideas en la República. Cuando esos abstencionistas vean que todo el mundo tiene que ir a votar, ellos también concurrirán para parar el pensamiento o las expresiones de aquellas multitudes.
Cada una de estas cuestiones que planteaba don Indalecio se debatieron en aquel momento, incluso la cuestión de la lista incompleta. Es decir, la posibilidad de que las minorías tengan su expresión. Algunos decían que no era bueno que los gobiernos, en ese caso el gobierno del Partido Autonomista Nacional, se quedara sin legisladores. A esto Gómez respondía que era más importante que el pueblo tenga diputados a que los gobiernos tengan diputados. Es decir que había un concepto muy particular, muy distinto en el sentido de que la política debía servir para el engrandecimiento de la República y no solamente como medio para los gobiernos.
Tampoco puedo dejar de mencionar la presencia de la mujer, que para comienzos de siglo no figuraba. A partir de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial empezó a ocupar el lugar del hombre en el trabajo y en todos los quehaceres de la vida, se había ganado una posición y no había forma de quitarle su representatividad política, que fue consagrada aquí por quien es hoy reivindicada, Evita Perón, la líder que ha llevado a cabo este proceso.
Entonces, si queremos hablar de nuestro amigo y pensador Alberdi para ver qué es lo que pensamos distinto, debo decir que en 2002, fruto de aquellos temas en medio de la crisis, el gobierno de de la Rúa mandó un proyecto donde planteaba el tema de las internas abiertas para presidente de la República. Esto fue ampliado y quedó vigente. Cierto es también que a instancias del entonces presidente Duhalde se suspendió —y como hacemos lo argentinos— por única vez. Allí vino la atomización de los partidos políticos, no por esta decisión sino porque la misma crisis estalló en el seno de los partidos políticos. Y así como no puede ser punido quien se suicida, no hay norma alguna que le prohíba a los partidos políticos dividirse en tres, como ocurrió con el justicialismo y el radicalismo, que si bien fue como una expresión orgánica, también fue como una expresión orgánica de dos candidatos más. Pero cuando volvíamos a una nueva instancia de elección presidencial en diciembre de 2006, directamente se derogó. Creo que recién un legislador se refirió a parte de un discurso de Pichetto, dentro de un rato lo vamos a escuchar. El discurso de Pichetto fue muy elocuente, quien habla no votó, se abstuvo la senadora por San Luis. Pero lo que quiero decir es que muchos de los que estamos sentados aquí derogamos una ley muy similar a la que estamos queriendo aprobar hoy. Esta es una verdad que se nos impone. Pero también algo que trato de plantear es que cuando estamos tratando una ley como esta, es una ley que viene de la mano de los consensos. Muchos de los que estamos sentados sabemos lo que es gobernador. Y en materia de administración, bueno, estoy de acuerdo, bajemos los votos. Pero cuando se trata de discutir y debatir las reglas de juego, me parece que tiene que haber un consenso, una conversación, una charla, no sólo con los partidos políticos. ¿Cómo no conversar con los gobernadores? ¿Cómo no unificar un proceso? Sabemos que en muchas provincias, por ejemplo, en la mía está la reelección sine die. Hay otras provincias donde el sistema proporcional no existe. Los sistemas de lemas. ¿Cómo no escuchar a los jueces federales que son los que están todos los días y deben tener un vademécum de temas y problemas? Se habrían tenido que charlar muchas cosas que nos permitirían ver que este proyecto no tiene un consenso, ya que de alguna manera aparece como un traje a medida de quienes tienen intereses políticos en la inmediatez, porque esta es la verdad. Si vemos los cambios que han ocurrido desde 2002 hasta la fecha, si vemos de donde vienen las iniciativas, nos es claro que lo que se está buscando es un traje a medida.
Señor presidente: voy a pedir la inserción de mi discurso porque no quiero entrar en particular, salvo en tres o cuatro cosas. Una es la centralización casi inadmisible en el Ministerio del Interior: padrones, boletas, publicidad, reparto, fondos. Este es un concepto que nos queda claro; antes pensábamos en el clientelismo demagógico a nivel de la sociedad, y ahora, hay una especie de clientelismo macro geográfico, es decir, con gobernadores y con intendentes. Esto tengo que asociarlo con la ley de presupuesto que hemos votado un par de semanas atrás.
En cuanto a las bancas del partido, que planteamos recién, Esto de que la interna abierta obligatoria sea con el padrón general permitirá que yo, como afiliado a un partido político, pueda ir a votar en la interna de otro partido político. El concepto, normalmente, es que el afiliado a un partido político vote en su propio partido, y es el independiente el que, en alguna medida, decide.
Esto lo asocio con lo que estamos viendo acá, con la existencia de una democracia que dejó de ser formal y pasó a ser una democracia en donde los factores de presión y los grupos de poder se mueven de la manera en que se mueven.
Aquí tuvimos una sesión en la que un senador hizo una denuncia sobre una provincia, donde la denunciada decía que ella recibía 7.900.000 pesos por mes para llevar adelante una determinada cantidad de obras. Si tenemos en cuenta que otras expresiones de la sociedad se manejan de la misma manera -y salió en los diarios la cantidad de beneficiarios y destinatarios que tiene esto-, entonces lo que estoy diciendo es que si asocio esto con la posibilidad de esta interna abierta obligatoria sin ningún tipo de resguardo, estos sectores pueden trabajar en poner y disponer en la actividad política. Es decir, estamos institucionalizando, abriendo una puerta, a través de esta ley, para que estos grupos de presión incidan en forma directa en la política argentina.
Si esta ley también se aplica como está, habrá iniquidad en el desarrollo. Se dirá que nadie tiene la culpa, pero hay provincias donde la oposición tiene un desarrollo muy menor.
Me imagino que se impondrán los candidatos que se quiera desde un sector. Es más, con ciertas abstenciones para que ni siquiera se saque el piso. De manera tal que estamos entrando en un proceso muy difícil, abriendo la puerta a este tipo de situaciones. No quiero entrar en lo particular, pero hay un artículo, el 15, señor presidente, que modifica el 33, inciso f), según el cual no pueden ser candidatos quienes hayan sido señalados por delitos de lesa humanidad y algunas otras cosas. Y se pone una fecha: del 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. Yo he ido a ver, hace pocos días, una gran película argentina, El secreto de sus ojos, que está rompiendo todas las taquillas. Ese que está preso, ahí, en esa película, debe tener 23 ó 24 años, era un comando de la Triple A. Hoy tendría treinta y cinco años más: 58 años. Ese, si se nos olvidó señalarlo, puede ser candidato y votar. Yo calculo que no será un lapsus por el que alguno de los muchachos de la Triple A
pueda ser candidato. Porque ese concepto o concepción de que acá ha habido guerrilla, ha habido proceso y ha habido expresiones desde el Estado a partir de determinada fecha es inadmisible, señor presidente. Es inadmisible porque es querer borrar parte de la historia argentina. Yo espero que esto sea solamente un lapsus porque lamentaría que alguien de la Triple A, en virtud de esto, pudiera ser candidato.
Ese artículo también habla del Acuerdo de Roma. Por supuesto, al respecto, no hacemos este tipo de disquisiciones. Cuando yo era chico e iba a algún lugar y hacíamos algún reclamo que no iba a ser posible, nos decían: “Andá, quejáte a la FIFA”. Disculpen la vulgaridad, pero era así. Ahora, resulta que, después de escuchar las manifestaciones de Maradona, me doy cuenta de que la FIFA tiene más sentido común que algunas instituciones de la República Argentina porque, al final, la FIFA vino a acomodarlo a este señor que, por ser director técnico de un seleccionado nacional, está expresando los valores, el pensamiento y la cultura que tenemos los argentinos; por lo menos, deberíamos haberlo sancionado nosotros.
Por otro lado, cómo vamos a hablar de democracia o democratización del sistema cuando, si gano la interna no puedo convocar a mi contrincante ofreciéndole un cargo.
Además, nosotros somos representantes del Frente Cívico y Social de Catamarca, que nació por circunstancias sociológicas muy profundas. Ahora bien, según este proyecto, yo tengo que tener los candidatos antes de hacer la alianza. O sea que no puedo. Se hace muy difícil para quienes tenemos un concepto más amplio, que va más allá de los partidos políticos, porque esto indudablemente está derivado y encajado en cuestiones políticas que no contemplan las realidades y algunas otras situaciones.
No quiero hablar del voto electrónico, de la boleta única, tampoco de si esta ley beneficia a los grandes y perjudica a los pequeños. Lo que sí creo es que esta ley, de seguir —y espero que se cambie, cuando se pueda—, muestra la realidad política como una fotografía. Es decir, mientras el concepto en la política es que todo es cambio y movimiento, todo está sujeto a evolución, ésta es una fotografía. A aquellos partidos que quieran nacer hoy, bajo el influjo de las reivindicaciones, porque buscan nuevas ideas, nuevos pensamientos, les va a ser muy difícil ya que nadie nace grande; todos nacemos pequeños, a menos que se nazca desde un gobierno e, incluso, desde un gobierno de facto. Creo que no es eso lo que estamos queriendo legislar. Pero me parece que este proyecto de ley, en alguna medida, inmoviliza la actividad política.
Pero más que nada, señor presidente, nuestro desacuerdo no se da en cuestiones puntuales sino en la falta de consenso en el tratamiento de esta cuestión.
SR. PRESIDENTE. — Tiene la palabra la senadora María Eugenia Estenssoro.
SRA. ESTENSSORO. — Señor presidente: nadie duda de que la Argentina, entre muchas otras cosas, necesita una reforma electoral y, además, una profunda reforma política que nos devuelva la esperanza a todos, a los ciudadanos, a las ciudadanas, pero también a nosotros, los políticos de la oposición y del oficialismo. Que nos devuelva la esperanza de vivir en una democracia en la que los ciudadanos puedan confiar en sus representantes y gobernantes, y donde vivamos en un clima de respeto, dignidad, justicia, paz y ecuanimidad. Uso especialmente esta palabra “ecuanimidad” porque creo que es un valor que nos está faltando en la Argentina, en toda la sociedad pero, particularmente, en el debate y en el accionar político. Y, sin ecuanimidad, la convivencia democrática es imposible. ¿Qué significa ecuanimidad? Ser ecuánime significa ser justo, ser equilibrado. Ser objetivo e imparcial es más difícil porque el ser humano, por su naturaleza misma, es subjetivo. Pero sí podemos tratar de ser justos, de ponernos en el lugar del otro, de ser democráticos. ¿Qué significa ser democrático? Escuchar, considerar a todos, no tener un pensamiento exclusivo, elitista, excluyente, sino que, justamente, ser democrático es participar todos en condiciones iguales. Eso es ser ecuánime.
Una característica importante de ecuanimidad es no hacerle al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí, no hacer trampa, no violentar las reglas en mi beneficio o el de mi grupo, mi partido o mi gobierno. Eso es ser transparente, que es uno de los valores que quiere recuperar este proyecto de ley para el sistema político.
Voy a llevar este concepto de ecuanimidad a algo que es más cercano a todos nosotros porque, realmente, creo que sin ella podemos hacer todas las leyes y las reformas, pero la Argentina va a seguir en un proceso de desconfianza y degradación muy grande. Y lo voy a llevar al ámbito de la familia, porque creo que en la democracia se entiende que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos, aunque lamentablemente no es así porque, cuando hay un 30 por ciento de población marginada o excluida, no todos tenemos los mismos derechos. Pero lo voy a llevar al ámbito de la familia. ¿Qué hace un buen padre o una buena madre? Trata de ser justo, ecuánime con los hijos, no favorecer a unos por sobre otros, no manipular porque de lo que se trata es de mantener la buena convivencia familiar. Lo mismo le cabe a un gobernante, a un partido de gobierno y a los partidos de la oposición: ser ecuánimes, tratar de mantener esa convivencia civilizada y respetuosa. Y a este proyecto de reforma electoral, que tiene varias cosas positivas, le está faltando esa ecuanimidad no solamente en los contenidos sino en la manera en que se está llevando a cabo.
El gobierno envió al Congreso de la Nación este proyecto. Muchos ya han hablado del título, que es una reforma bastante abarcativa, porque modifica el sistema electoral y, también, la norma sobre financiamiento de los partidos políticos, que tiene un título que encuentro muy loable: “Proyecto de ley para la Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad”. Algunos dijeron que es rimbombante. Yo creo que tanto las justificaciones del proyecto como el título son muy loables pero, después, empiezan las contradicciones.
Una contradicción es que un proyecto que entró el 28 de octubre a la Cámara de Diputados tenga que ser aprobado el 2 de diciembre —hoy— sin que le podamos hacer ninguna modificación; o sea, tenga que ser aprobado 26 días hábiles después por el Senado. Por ejemplo, el Senado no puede actuar como Cámara revisora. Esto no parece democrático ni transparente, porque la transparencia necesita tiempo para poder ver qué es lo que hay dentro de un proyecto que es muy largo y complejo. O sea, tampoco es muy transparente y, menos, equitativo si los senadores de la Nación no podemos hacer nuestros aportes y contribuciones.
La semana pasada, tuvimos un incidente realmente lamentable. Me refiero a esa reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se llamó de imprevisto, violando el acuerdo existente en el sentido de que este proyecto no se iba a tratar hasta marzo. En definitiva, se convocó a la comisión para dictaminar directamente y para escuchar solamente a los funcionarios del gobierno, no a expertos o a especialistas que podrían darnos su opinión. Solamente se convocó para escuchar a los funcionarios de gobierno que habían trabajado en el proyecto y dictaminar. Eso no parece muy democrático, ni muy transparente, ni muy equitativo.
Aquí quiero reivindicar las audiencias públicas que hemos hecho en todos los otros temas —y este es un asunto muy importante— porque, además, de educarnos a nosotros, los legisladores, respecto de qué es lo que estamos tratando y escuchar a todo el abanico ideológico y técnico sobre los temas que estaban a nuestra consideración, estas audiencias públicas que hicimos en Salón Azul sirvieron para educar también a los ciudadanos y a las ciudadanas, al soberano. La democracia se trata no solamente de sancionar leyes sino de que cada vez más nuestro rol es el de educar al ciudadano para que pueda elegir, votar y cumplir su rol informadamente. Esa instancia se impidió, se soslayó. No parece muy democrático, ni transparente, ni equitativo.
Más allá del deseo de la mayoría de los senadores del oficialismo, que habían acordado tratar este proyecto a partir de marzo, seguramente, vino una imposición de algún otro lado —de la Casa de Gobierno— diciendo que esto había que aprobarlo sin mover ni una coma antes del cambio parlamentario, o sea, antes de siete días. No estamos diciendo que va a haber un cambio parlamentario dentro de seis meses, como lo decíamos hace seis meses; ahora son solamente siete días. Esto había que sacarlo así, sin tener ningún consenso y sin considerar siquiera un acuerdo como sí habíamos tenido todos los partidos de la oposición.
Así como se nos dice siempre que “en la oposición no nos podemos poner de acuerdo” después de las elecciones de 2007, que fueron muy convulsionadas, que mostraron una degradación del proceso electoral que no habíamos visto anteriormente, todos los partidos de la oposición nos juntamos, hicimos un foro electoral al que estuvo invitado el oficialismo —lamentablemente, no concurrió—, en donde nos pusimos de acuerdo respecto de la importancia de cambiar las boletas partidarias por la boleta única y, también, en poner en manos del Estado —ya no de los partidos— la responsabilidad del control de los comicios. En eso nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo puede ser que si el gobierno está llevando adelante una reforma electoral no considere un punto en el que todos los partidos de la oposición, que hoy representamos a 30 millones de argentinos, están de acuerdo? De los 40 millones de argentinos, hoy representamos a 30 millones. El oficialismo hoy es una minoría en la sociedad. Esto lo dijeron las elecciones y lo están diciendo las últimas encuestas.
Las últimas encuestas muestran que el gobierno de Cristina Kirchner tiene una imagen positiva de entre 19 y 20 por ciento y un rechazo de entre 80 y 81 por ciento de la población. Entonces, no es que solamente están pasando por encima de los 35 senadores que hoy votemos en contra del proyecto; están pasando por encima de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas. ¿Es esto democrático, transparente y equitativo?
Una reforma electoral y política tiene siempre un objetivo. Además del técnico, es el de restablecer o acrecentar la confianza de los ciudadanos en su democracia, en el proceso electoral, en el proceso político, en sus gobernantes y en sus representantes. Un proyecto que soslaya un punto importante de acuerdo entre toda la oposición, que va a tener solamente el acompañamiento de los legisladores del oficialismo y que pasa por encima de la opinión y los acuerdos de los representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado —de quienes representamos a 30 millones de argentinos— ¿creen que va a generar más confianza o más desconfianza? Se los pregunto de verdad.
En estos seis meses, el oficialismo ganó muchas batallas en este Congreso; pero esas batallas, como dije recién, no se tradujeron en una mayor confianza de la población en el gobierno, que es lo que debería tratar de restablecer. Porque no es sano para nuestra democracia que gobierne solamente con el apoyo del 20 por ciento de la sociedad.
Si esta reforma electoral se hubiera hecho con la incorporación de las sugerencias que se hicieron desde la oposición, seguramente habría servido para restablecer credibilidad y confianza en el gobierno y en la democracia. En estos meses, el Congreso de la Nación es una burbuja; esperemos que cambie a partir de la semana próxima. Las batallas que se ganan aquí se están perdiendo afuera y la gente está muy desesperanzada, muy angustiada.
Un día, el senador Pichetto, cuando discutíamos en comisión, en audiencia pública, la ley de medios, me dijo: “Senadora Estenssoro: se ve que usted no sabe lo que es ser partido de gobierno”. No creo que ser partido de gobierno sea tener a la enorme mayoría de los argentinos tristes, angustiados y desesperanzados, pensando que sus gobernantes y sus representantes viven en una burbuja.
Si el gobierno hubiera permitido que este proyecto se tratara en el mes de marzo, con la nueva composición del Senado de la Nación, estoy segura de que habríamos podido acordar entre todos un proyecto basado en los tres principios rectores de este proyecto pero con algunas modificaciones e inclusiones fundamentales; hoy, estos olvidos u omisiones lo hacen, a nuestro juicio, inviable.
Una de las coincidencias son las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Hay un acuerdo mayoritario, no tal vez como una solución permanente pero sí para salir de la situación en la que estamos. Al respecto, podríamos haber acordado en un sistema de primarias. También coincidimos en el financiamiento público mayor de las campañas electorales. Ahí creo que hubiéramos podido llegar a acuerdos. Y el otro principio fundamental de esta propuesta gubernamental son algunos requisitos mayores para no tener esa enorme fragmentación y atomización partidarias. Nos podríamos haber puesto de acuerdo en esos tres pilares de esta reforma. Sin embargo, hay algunas cosas que faltan —la mayoría de los que han hablado lo han señalado y yo también lo voy a hacer— o cambios que habría que hacer a estos tres ejes de la reforma que, si los hubiéramos incluido, habríamos podido acordar una reforma que le sirviera a la política y no solamente a quienes la pensaron.
El argentino Daniel Sobato, especialista internacional en reforma política, en reformas electorales y en financiamiento de la política, dice en uno de sus trabajos que la reforma política debe ser el resultado de un proceso basado en el diálogo y el consenso. Es importantísimo no sólo discutir acerca del para qué —los objetivos de la reforma— y de qué —los contenidos— sino también acerca de los cómo —los procedimientos y los tiempos—.
En ese sentido, esto se ha pasado totalmente por alto. No estamos de acuerdo en el para qué, en el qué, en el cómo ni en los tiempos. Entonces, esto es una reforma que ya va a salir renga o herida.
Muchos de los temas que se plantean en este proyecto provienen de la reforma mexicana que comenzó en 1997 y que permitió ir de un régimen de partido único a la alternancia. Ese fue el primer objetivo que se plantearon los mexicanos —y lo lograron—, gracias al acuerdo de los distintos partidos. En 2006, a pesar de las reformas políticas que llevaron adelante, tuvieron un serio problema, por lo que debieron encontrar el consenso.
Entonces, armaron una mesa de negociación para la reforma electoral y política en el Congreso de la Nación, que es donde estos acuerdos se deben hacer. Por lo tanto, resulta curioso que se tomen muchas cosas del proyecto mexicano —por ejemplo, la financiación estatal de la publicidad audiovisual— y que no se tomen en cuenta los procedimientos.
Quienes estamos aquí sentados sabemos de ciencias políticas, de filosofía política, nos gusta el conocimiento, nos informamos y sabemos que el procedimiento, la forma, hace al contenido. Entonces, soslayar estas cosas no parece ser una omisión.
Respecto de algunas consideraciones específicas, las internas abiertas y simultáneas pueden ser en la situación actual de la Argentina una buena herramienta para determinar cómo se definen las candidaturas. Ahora bien, esta herramienta no fortalece a los partidos políticos, los debilita. Esto es importante que lo señalemos, porque quienes tienen más posibilidad de ganar estas internas no son quienes militan dentro de los partidos sino quienes tienen más figuración en los medios de comunicación. Asimismo, los afiliados que trabajan dentro de un partido y los militantes, después, ven que sus candidatos pueden ser los que no van a ser votados. Por consiguiente, debemos saber que esta herramienta no favorece ni fortalece a los partidos políticos.
Por otra parte, hay un problema muy serio y es el modo en que están presentadas estas internas abiertas y obligatorias. Sinceramente, no conozco antecedentes en otros países. En los Estados Unidos, las primarias son cada cuatro años, no cada dos, y sólo para el candidato o la candidata a la presidencia de la Nación. No es para los senadores o los diputados ni cada dos años.
Ese no es un dato menor. Por ejemplo, Obama pudo ofrecerle a uno de sus contrincantes dentro del Partido Demócrata ser el vicepresidente de la Nación. Si bien pelearon en las primarias, después, el partido se podía unificar. Incluso, se dijo que Obama le ofrecería la vicepresidencia a Hillary Clinton para después ser el partido de gobierno un partido unido otra vez. Acá eso no se puede dar, porque se elige la fórmula presidencial junto con toda la lista de candidatos a diputados y a senadores. En consecuencia, el que ganó se lleva todo y el que perdió, tiene que esperar cuatro años.
En el Uruguay, sucede lo mismo. Cada cinco años hay internas abiertas, simultáneas y obligatorias, pero solamente para presidente. Por eso, Mujica le pudo ofrecer a Astori, su rival, ser su vicepresidente. Evidentemente, quienes hicieron y diseñaron la propuesta del gobierno es gente que conoce estos temas. Por lo tanto, no nos tenemos que engañar poniendo títulos parecidos a lo que funciona bien en estos países, pero, en realidad, adentro hay otra cosa. Esto no es menor.
Por otra parte, cabe destacar que cada dieciocho meses podemos tener internas abiertas y simultáneas, pero, después, los candidatos que salgan victoriosos pueden no asumir, ya que nada se dice en este proyecto de las candidaturas testimoniales. Entonces, vamos a hacer todo este proceso para dotar de mayor transparencia a la política y demás pero, luego, los candidatos ganadores —sean gobernadores, intendentes, etcétera— pueden no asumir, porque uno de los graves problemas que ha desacreditado a la política de la Argentina de ahora, de anteayer y de hace seis meses no se cambió. ¿Cómo vamos a someter a la sociedad a elecciones cada dieciocho meses en un proceso así de complejo si no decimos nada acerca de que los candidatos que son electos tienen que asumir? ¿Esto puede ser un olvido menor? Realmente, esta es una pregunta para el senador Fernández. Me gustaría que me contesten por qué no se puso esto.
Todos los diarios informan —y acá se han leído los nombres— que sólo en la provincia de Buenos Aires hay treinta candidatos que ganaron las elecciones y que no van a asumir. Si estamos frente a esa situación tan grave, ¿por qué en este proyecto, que establece estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no se incluyó el tema de las candidaturas testimoniales? Me gustaría que, después, el miembro informante me dé una respuesta no sólo a mí sino a la sociedad.
Respecto de la boleta única, quiero leer lo que dijo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que visitó la Argentina en 2007 para observar las elecciones. Elaboró un informe sobre lo que vio e hizo los siguientes comentarios: apertura tardía de las mesas de votación; en varios centros de votación, las condiciones no eran las adecuadas; deficiencias en materia de iluminación, espacio y seguridad; largas filas en los centros de votación y aglomeraciones; llamó la atención que las mesas de votación sólo tuvieran una autoridad electoral; se constató que el nivel de conocimiento de las autoridades de mesa no era homogéneo; constatación de faltante de boletas en repetidas ocasiones; no se observaron centros de información para el votante; la inexistencia de padrón fotográfico. Por supuesto, nada de eso subsana esta reforma electoral.
En el mismo sentido, la Cámara Nacional Electoral, mediante una acordada extraordinaria, comunicó que en reiteradas oportunidades resaltó la necesidad de que se estudiasen posibles adecuaciones normativas que fortalecieran la calidad y la transparencia de los procesos electorales y evitaran la reiteración de situaciones como las vividas en 2007.
Concluye manifestando que lamentablemente, los partidos políticos no han atendido estos requerimientos.
La boleta única —que pone no en manos de los partidos políticos sino del Estado el control del comicio, de las mesas, de las boletas, de todo— es una solución que ha adoptado la totalidad del continente americano, salvo el Brasil, que tiene el voto electrónico, y el Uruguay, que es un país chiquito, de sólo tres millones de personas. Nosotros somos cuarenta millones de habitantes, entonces es mucho más fácil el sistema del Uruguay que el nuestro. A pesar de todos estos antecedentes, este tema fundamental no se consideró en el proyecto.
Por otra parte, desde hace mucho tiempo —y en esto también tenemos coincidencias—, la Coalición Cívica sostiene que el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales debería ser público. Efectivamente, no nos gusta ver que el dinero de los medicamentos truchos, de la efedrina, de las valijas de Venezuela, de la droga, del narcotráfico y del juego se mezclen con las campañas políticas, porque eso sí que no es equitativo.
Hablamos de financiamiento estatal y no que sea el partido del gobierno, representado por el Ministerio del Interior, quien tenga que dar los espacios y el dinero, porque sabemos qué va a ocurrir. Hoy lo dijo el senador Marino, cuando comentó lo que sucede en su provincia con el canal público, donde lo proscriben. Van a proscribir a los miembros de la oposición y darán tarde el dinero para las boletas, como pasa habitualmente; tarde el dinero del financiamiento. Entones, acá se mezcla —y no es un dato menor— lo público con lo estatal.
SR. PRESIDENTE. — Vaya redondeando, senadora.
SRA. ESTENSSORO. — Sí, señor presidente.
El proyecto oficial no considera un cambio enorme que hubo, por ejemplo, en la reforma mexicana, del Instituto Federal Electoral. O, como solicitó la oposición —quienes fueron al diálogo con el gobierno—, que fuera la Cámara Nacional Electoral quien se hiciera cargo de todo este tema.
Esta no es una omisión menor, porque si queremos igualdad de oportunidades y garantías para todos, hacer que sea un organismo público estatal pero no del partido gobernante le hubiera sumado muchísima credibilidad a esta reforma y hubiera sido un paso adelante; así no.
Respecto de regulaciones para evitar la fragmentación de los partidos, no parece serio que se pongan las afiliaciones como la medida para evaluar qué partidos pueden participar en este proceso o no. ¿Por qué? Porque sabemos que, en la Argentina, existe un mercado de compraventa de afiliaciones que es muy conocido —especialmente, por los partidos más grandes—, que los sellos de goma abundan y que si la afiliación iba a ser el criterio, tendría que haber un proceso de reempadronamiento a cargo del Estado, no del afiliado. Eso lo tiene que controlar el Estado. Entonces, no es serio este sistema que parece que lo único que quiere hacer es poner barreras a los competidores pequeños para que no puedan seguir participando.
Quiero señalar cuál es el contexto en el que se da esta reforma electoral. Porque, como decía al principio, si no cambiamos los valores de la política, no habrá ley que podamos votar en este Congreso que sea un cambio sustancial. Como decían acá, un tema es el de las candidaturas testimoniales. Ahora estamos viendo la cantidad de personas que no va a asumir. El otro tema es cómo se usan los fondos públicos. Acá hay una noticia de esta semana referida a cómo el gobierno redobló este año el reparto de ATN para los aliados; para los que ya no son aliados, como la provincia del Chubut, ahora ya no hay ATN. Entonces, ¿los espacios de publicidad van a ser repartidos equitativamente o a los que no estamos con el gobierno nos van a mandar a las dos de la mañana y a los que están con el oficialismo en los horarios premium? ¿Cómo va a ser? Porque acá, lo gubernamental y lo estatal no está muy claro.
Estamos debatiendo este proyecto de ley cuando al señor Zanola lo llevan preso por los medicamentos truchos; por todo este negociado de los medicamentos y de la efedrina, que fueron los principales aportantes al Frente para la Victoria en el año 2007. ¿Con qué credibilidad? ¿Cómo vamos a pensar que la propaganda oficial —el gobierno se va a restringir por quince días pero la podrá usar de cualquier manera— no será una desventaja competitiva para todo el arco opositor? Debo destacar que ahora, en el nuevo organismo de medios audiovisuales, el gobierno nomina al gobernador Capitanich para que integre este ente público que tendría que ser autónomo, no politizado. Este es el contexto...
SR. PRESIDENTE. — Senadora, le pido por favor que vaya redondeando. Ya le hemos dado una tolerancia más que razonable. Le doy un minuto para que termine.
SRA. ESTENSSORO. — Muchas gracias.
La última pregunta es cuánta pobreza resiste la democracia por más reformas electorales que hagamos. Porque si el treinta o el veinte por ciento de la población, que es donde piensa ganar las elecciones el gobierno —el Frente para la Victoria— tiene que seguir intercambiando su voto por un plan, que todavía no son universales, y mientras sigamos teniendo listas de pobres como la que está armando ahora la ANSeS, no estamos ante una forma de gobierno realmente democrática, transparente y equitativa.
Creo que estamos perdiendo; la sociedad en su conjunto y, sobre todo, el gobierno, que cree que gana porque gana estas batallas aquí, en estos pequeños recintos, pero las está perdiendo en la sociedad. El gobierno ha perdido una gran oportunidad de empezar a restablecer la credibilidad no en el sistema político sino en el gobierno. Lo que se ha perdido en la Argentina es principalmente la credibilidad en este gobierno. Nosotros, desde la oposición, si hubiéramos podido mejorar este proyecto aquí, en el Senado de la Nación, como Cámara revisora, en marzo, podríamos haber empezado un nuevo período parlamentario con una reforma electoral que hubiera sido la base para otro tipo de convivencia democrática.
SR. PRESIDENTE. — Tiene la palabra la senadora Colombo.
SRA. COLOMBO. — Señor presidente, señores senadores: en primer término, por supuesto, cabe aclarar desde qué posición vamos a hablar. Vamos a hacerlo desde una posición de rechazo a esta iniciativa.
Las razones de este rechazo son, sin lugar a dudas, muy claras. Estamos convocados senadores en un total de veinticuatro —un tercio de esta Cámara—, prácticamente, el día antes de dejar nuestro mandato. Esto ocurre después de una semana de debate en el Senado y de otra semana que precedió a ésta en Diputados, nada más y nada menos que para tratar un proyecto de ley que se anuncia como proyecto de ley de Reforma Política, que incluye la reforma de diferentes normas.
— Ocupa la Presidencia del H. Senado el vicepresidente, don Rubén Hugo Marín.
SRA. COLOMBO. — Esto es, de la Ley de Partidos Políticos —23.298—, de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos —26.215—, del Código Electoral Nacional —Ley 19.945— e, incluso, creo que también introduce algunos cambios o reglamentaciones inherentes a las disposiciones de la Ley de Medios Audiovisuales recientemente sancionada.
Entonces, la verdad es que uno no puede dejar de sorprenderse ante tamaña apuesta que realiza un gobierno que evidentemente tiene dudas de que este proyecto pueda avanzar con la nueva composición del Congreso.
¿Y por qué tiene dudas en este sentido? Porque son públicos y notorios los resultados electorales del 28 de junio. De hecho, parece que ya ha pasado una eternidad ,porque en estos seis meses que han transcurrido desde el 28 de junio hasta este momento, hubo una hiperactividad legislativa como nunca se vio, fundamentalmente en la función de colegislador del Poder Ejecutivo nacional, que nos ha bombardeado con iniciativas legislativas y, lo que es peor, en muchos de los casos, como si esta decisión obedeciera a una graciosa concesión de quien ocupa —por decisión del pueblo argentino— el cargo de titular del Poder Ejecutivo nacional. Esto no deja de ser realmente un despropósito, porque hay normas que deben ser tratadas por el Congreso.
El Congreso tiene facultades y competencias establecidas en este sistema, que es una democracia constitucional, tales como las tiene el Poder Ejecutivo nacional. Pero en muchas de las remisiones o de los envíos de mensajes del Poder Ejecutivo nacional al Congreso, tuvimos la clara sensación de que la señora presidenta de la República nos estaba haciendo algo así como casi un favor al permitirnos formar parte de decisiones que son de estricta competencia de este Congreso Nacional. Sin lugar a dudas, con esta modificación de numerosas normas, lo que se procura es dejar instaurado de apuro, en un debate Express —como decía recién mi colega catamarqueño—, un diseño institucional que, indudablemente, va a marcar rumbos, va a fijar cuáles son los procedimientos, las actitudes, la estructura organizativa que se van a dar los partidos políticos a partir de ahora.
Por supuesto, este diseño que introducen estas modificaciones va a inducir a algunas conductas, va a bloquear otras y tiene un inocultable fin práctico —absolutamente práctico—. No es una ley de fondo. No se busca con esto resolver situaciones en un país que ha tenido en sus últimos casi cien años permanentes interrupciones del orden institucional como producto de la debilidad del sistema democrático que ha terminado con diversas interrupciones del orden constitucional cometidas por las fuerzas armadas en distintas circunstancias del siglo XX.
Por eso, llama la atención que después de veinticinco años de democracia no podamos ser capaces de conformar lo que pidió la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: una comisión en el Congreso Nacional, tal como hizo México. Es cierto que dicho país tuvo un partido dominante, hegemónico, con satélites a su alrededor, que gobernó durante setenta años y que por eso la reforma política allí llevó veinte años. Podrán pensar que esa situación no es equiparable a la nuestra. Sin lugar a dudas, desde ese punto de vista, no lo es, pero lo que resulta equiparable es que la Argentina tuvo a lo largo del siglo XX tantas interrupciones al orden institucional que amerita de su clase dirigente acuerdos elementales que fijen reglas de juego para la competencia electoral que sean estables a través del tiempo.
Yo soy radical. Defiendo el sufragio universal. Me conmoví cuando escuché al senador por mi provincia recordar la gesta de nuestro partido en aquellos tiempos en que luchábamos contra el fraude electoral, en la época de la lucha contra el régimen. Como resultado de aquella lucha, se consolidó la denominada Ley Sáenz Peña, que pretendió ser una salida ordenada, conservadora y controlada en esa apertura hacia el sistema democrático, de cara a la participación de otros actores políticos. De todos modos, les salió mal; porque cuando un pueblo tiene una convicción profunda, esas cosas salen mal por más que se la quieran orientar hacia otros rumbos. Hipólito Yrigoyen ganó la presidencia de la República.
No tuvo mayoría en ambas cámaras ni el gobierno de muchísimas provincias. Eso, sin lugar a dudas, lo llevó a ejercer una especie de presidencialismo exacerbado que muchos le critican.
Pero lo cierto es que esa primera Ley Sáenz Peña frustró la posibilidad de consolidar un sistema de partidos en la Argentina.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, don José Juan Bautista Pampuro.
SRA. COLOMBO. — Después, vino la "década infame", con sus fraudes y proscripciones, de las que también fue víctima la Unión Cívica Radical. Recalco esto porque aquí pareciera que proscriptos han habido algunos pocos o tal vez uno solo. Pero como radical, les quiero recordar que la Unión Cívica Radical estuvo proscripta en 1931.
Luego, cuando vino el gobierno de Perón en 1945, elegido legítimamente por el voto del pueblo argentino, también se plantearon reformas en el sistema electoral. Entre ellas, la más conocida, por supuesto, fue la del voto femenino; pero se promovió, entre otras cosas, una reforma al estatuto de los partidos políticos que imponía restricciones a la conformación de coaliciones. Esto, sin lugar a dudas, perjudicaba a los partidos que tenían menor peso y poder electoral.
Luego, se produjo la reforma constitucional de 1949, la reforma electoral y el establecimiento de las circunscripciones uninominales para la elección de los diputados nacionales, que favorecía evidentemente al Partido Justicialista. No lo critico, pero estaba haciendo uso legítimamente de su poder político en el Congreso para implementar estas reglas de juego.
En definitiva, después de la caída del gobierno peronista —pido a mis compañeros del justicialismo que me tengan paciencia y no me interrumpan—, se planteó todo un problema en torno a cómo resolver la cuestión peronista con el peronismo proscripto, con Perón prohibido, con el Partido Justicialista disuelto y con la disposición de que estaba prohibida su reorganización. ¿Qué pasó? Los distintos turnos electorales intentaron distintas salidas.
Incluso, hubo inhabilitaciones a perpetuidad para ejercer cargos públicos respecto de varios dirigentes peronistas después de la Revolución Libertadora. Bueno; la Revolución Libertadora buscó esa salida a la cuestión peronista o al problema que planteaba la incorporación del electorado peronista sin Perón, con éste proscripto.
Cuando viene la Presidencia de Frondizi, intentó una salida democrática que tampoco tuvo buenos resultados. Cuando vino la Presidencia de Guido, intentó otra salida por vía de la conformación de frentes para incorporar al Partido Justicialista —ya como partido— en frentes electorales y, de ese modo, recuperar al electorado peronista. Después, nuestro partido, la Unión Cívica Radical del Pueblo —Illia o quienes adoptaron esas decisiones políticas—, intentó otro tipo de salidas: una especie de incorporación silenciosa de dirigentes justicialistas a las listas de candidatos que no fue bien vista y que promovió un nuevo recrudecimiento del internismo en el justicialismo que, finalmente, terminó incrementando el protagonismo de Perón.
Entonces, lo que planteo a mis colegas del Partido Justicialista es que, una vez más, nos someten a buscar una salida a la cuestión del peronismo, y la verdad es que si creen que la salida a la cuestión del peronismo involucra también a la Unión Cívica Radical, a mi entender, se equivocan. El radicalismo tiene escisiones. También ha tenido tres candidatos presidenciales en 2003. El justicialismo, también; pero con esta reforma, lo que se pretende es forzar la incorporación —si estoy equivocada, me pueden refutar— de los electores justicialistas detrás de quien gane la interna, bloqueando la posibilidad de quienes la pierdan a presentarse por afuera. Así, fuerzan una vuelta al bipartidismo.
Muchos podemos compartir que con el bipartidismo fue posible la salida democrática de 1983 y la transición posterior en tiempos tan duros, cuando el poder militar todavía era poderoso y estaba al acecho del gobierno constitucional. En ese sentido, recuerdo que el propio Partido Justicialista tuvo gestos de grandeza al defender el orden institucional ante asonadas militares, con figuras prominentes —como ya dije alguna vez— como Vicente Saadi y Antonio Cafiero en el balcón de la Casa Rosada, a la par del ex presidente Alfonsín.
Pero me parece que estamos perdiendo el sentido de lo que se nos está reclamando. Creo que estamos por sancionar de apuro una norma que tengo todo el derecho a pensar que responde a la necesidad de resolver un conflicto que aun tiene un carácter irresuelto o abierto en el seno de ese gran movimiento que es el Partido Justicialista, partido que tiene numerosas vertientes. Lo cierto es que no puede volver a poner a los argentinos en la situación de tener que dirimir las internas ajenas.
El otro día un senador decía: “Miren: la Unión Cívica Radical en Salta, por errores propios —prefiero hablar de la autocrítica antes que poner la culpa en terceros—, ha perdido enormemente terreno”. ¿Usted cree, señor presidente, que la Unión Cívica Radical de Salta puede competir en una interna abierta y simultánea con fuerzas que tienen todo el poder y que perfectamente están en condiciones de influir en elegir a quienes van a ser los candidatos radicales de Salta? Más aun, en un partido en el que no solamente tenemos inestabilidad en las reglas que fijan la competencia entre los partidos políticos; tenemos inestabilidad o inexistencia de reglas que fijen la distribución de los recursos entre los niveles de gobierno. Entonces, no nos engañemos.
Que no nos pase como el otro día, cuando el senador presidente de la Comisión de Minería planteaba las bondades de un proyecto al que, razonablemente, legisladores de la oposición le planteaban objeciones que podríamos haber acordado en esa sesión y evitado que la futura ley se judicializara por algún planteo de inconstitucionalidad que pudiera hacerse respecto de lo mencionado aquí, es decir, el no haber alcanzado las mayorías requeridas para sancionar una ley que establecía un fondo con asignación específica. Hubo una especie de necedad a la hora de aceptar ideas de otros que eran constructivas. Nadie pretendía conspirar. Solamente se quería hacer un aporte constructivo.
Me queda muy poco para decir. Como expresaron otros señores senadores, es mi última sesión. Pero quiero decirles a todos los senadores del bloque oficialista que todas mis consideraciones son de carácter estrictamente político. Les tengo un gran aprecio, un profundo respeto personal y creo que nadie que llega acá lo hace porque sí. Todos los que llegamos a ocupar nada más y nada menos que una banca en representación de las provincias argentinas tenemos una especie de sacramento, para aquellos que somos católicos, que nos va a unir por toda la vida: es decir, haber sido contemporáneos en una Cámara en la que debimos atravesar situaciones difíciles. Creo que las situaciones difíciles que debimos atravesar en 2001, sobre las que no quise hablar porque no me gusta referirme a cosas sobre las que no vamos a saldar jamás en algunos debates, tienen que haber generado entre nosotros un sincero lazo de amistad cívica y de respeto por la opinión del que piensa distinto.
De manera que al querido senador por Formosa le agradezco que no haya estado interrumpiéndome porque siempre me ha peleado mucho.
En síntesis, por las dudas de que no haya quedado claro, quiero plantear que si la Argentina ha tenido durante casi una década tantas interrupciones al orden institucional, debe haber en su diseño institucional, electoral, sistema de partidos, sistema de gobierno y en su hiperpresidencialismo —del que, de hecho, con sus facultades legislativas delegadas, muchos presidentes han hecho uso y abuso— una serie de errores que han provocado la relativización de los partidos políticos. En efecto, ha habido cooptación de dirigentes y condiciones que han promovido este escenario.
Entonces, esta no es la reforma que la Argentina necesita. Hace menos de diez años, se introdujeron reformas, se sancionaron leyes y se dictaron decretos que fueron aprobados, derogados y dejados en suspenso. Esto es muy poco serio. Por eso, creo que este tema amerita una reflexión y un planteo a los legisladores que permanecerán en esta casa para que ahonden en el asunto. Hago votos para que, con franqueza, puedan lograr la mejor ley sobre reforma política que necesita la Argentina.
SR. PRESIDENTE (Pampuro). Tiene la palabra el señor senador Giustiniani
SR. GIUSTINIANI. Señor presidente: una reforma política que sea votada por un solo sector político es una reforma que nace muerta. Como lo fue en la Cámara de Diputados, también va a ser aquí, en el Senado de la Nación, una mayoría circunstancial la que va a permitir que hoy sea sancionada.
Desde mi punto de vista, es claro que no debería avanzarse en la modificación de tres leyes centrales como son el Código Nacional Electoral, la ley de financiamiento de los partidos políticos y la ley orgánica de los partidos políticos. Me pregunto, señor presidente, en un recinto donde hay dirigentes de una larga trayectoria política, autoridades partidarias provinciales, presidentes de partidos nacionales —como el caso de la Unión Cívica Radical o en mi caso—, cómo una reforma a los partidos políticos se va a sacar sin el consenso de los partidos políticos. Es una pregunta casi elemental.
Esto nos lleva a que el sentido común nos indique que la actual reforma política está diseñada para favorecer las chances del candidato del gobierno para las próximas elecciones presidenciales de 2011. Este es el objetivo concreto. Sería muy tonto pensar otra cosa. A medida que uno recorre el desarrollo de los artículos de la norma, se encuentra cada vez más con la comprobación palmaria de lo que digo. Porque, de otra manera, preguntaríamos a modo inverso: ¿sacaría el oficialismo una ley sin ningún tipo de consenso que lo perjudique en sus chances electorales para el 2011?
Entonces, estamos ante una realidad donde ninguna reforma política es neutra. La historia del país lo demuestra. Es decir, beneficia a unos y perjudica a otros. En consecuencia, ¿a quién beneficia y a quién perjudica la actual reforma? Es ilustrativo analizar algunas de las reformas políticas que se hicieron en nuestro país.
La Ley Sáenz Peña, claramente, iba a beneficiar a la Unión Cívica Radical. El voto secreto y obligatorio era claro que tenía un objetivo central, que era terminar con el fraude patriótico, con la política criolla, con el “ya votó”. Son muy ilustrativas y muy frescas las crónicas que Roberto Payró escribió en Pago Chico acerca del fraude patriótico. Allí se narraba cómo se votaba en aquella época, se llevaba a la gente acarreada a votar o, directamente, se llevaban sus documentos. Así andaba la política argentina. La Ley Sáenz Peña determina la llegada del primer gobierno popular. De ahí que tuviera gran trascendencia. Tuvo un objetivo y un beneficiario. Y fue producto de las luchas que desde 1890 emprendieron la Unión Cívica y desde 1896 el Partido Socialista. Se llegó a un resultado concreto. Se enriqueció la democracia y los sectores populares se integraron a la vida política.
En 1951, era muy claro que la inclusión del voto femenino iba a beneficiar al peronismo. Era clarísimo que así iba a ser. Pero también benefició a la democracia. Integró de manera importante y revolucionaria a las mujeres al proceso político argentino. Fue un avance sustancial y muy importante; un hecho histórico por el cual lucharon durante muchísimos años Alicia Moreau de Justo y Eva Perón. Se consiguió el voto femenino y ganó las elecciones el peronismo por amplio margen. Pero, reitero, hubo un avance democrático porque se integraron las mujeres a la vida política y enriquecieron la democracia.
En la reforma constitucional de 1994, que nació del acuerdo del Justicialismo y de la Unión Cívica Radical, nosotros estuvimos en contra del Pacto de Olivos. Manifestamos nuestra disidencia en cuanto a hacer un tratamiento amañado del Núcleo de Coincidencias Básicas en la Convención Constituyente de Santa Fe. Aquella reforma de la Constitución también tuvo beneficiarios concretos. Por ejemplo, fue beneficiado el ex presidente Menem con su reelección; y la Unión Cívica Radical tuvo mayores beneficios en virtud de que, con el tercer senador, esta Cámara pasó a tener una integración más equilibrada.
Pero fueron muy importantes las instituciones que creó esa reforma de 1994, relacionadas con la participación ciudadana, la defensa del medio ambiente, la integración de los pueblos originarios, etcétera; es decir, institutos que enriquecieron la democracia.
Asimismo, y en cuanto a la reforma política, no es casual que de las cuatro materias que establecieron aquellos constituyentes acerca de las cuales no podían dictarse decretos de necesidad y urgencia, dos de ellas fueran de naturaleza política. Se prohibió el dictado de decretos de necesidad y urgencia para modificar la ley de partidos políticos y el sistema electoral. No sólo los constituyentes prohibieron el dictado de DNU para la modificación de la ley de los partidos políticos y de las reglas del juego electoral sino que, además, establecieron que las leyes que las modificarían debían ser aprobadas mediante una mayoría especial. Esto lo hicieron en la inteligencia de que debía buscarse el consenso para modificar esas reglas de juego.
Por lo tanto, me pregunto: además de al candidato del gobierno en 2011, esta reforma electoral ¿a quién beneficia? Creo que no beneficia a nadie, y por eso nace muerta. Cuando fuimos convocados al diálogo político por la presidenta de la Nación y por el ministro del Interior, concurrimos de muy buena fe. Era un hecho muy importante que el gobierno, después de seis años, invitara a los partidos políticos a la Casa de Gobierno. Yo no pude concurrir por una cuestión familiar, pero mi partido asistió gustosamente porque estábamos convencidos de que era un hecho positivo que escucharan nuestras propuestas. Sin embargo, una vez, más vimos cómo se repetía el hecho negativo de que se nos informara a través de los medios de comunicación, mediante una conferencia de prensa desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En consecuencia, "la hicieron solos".
Creo que eso tampoco benefició al gobierno, porque esa soledad es la que se expresará en las votaciones que realizaremos. Entonces, si piensan que existirá una victoria política luego de que se vote este proyecto, están leyendo mal la realidad, porque esta reforma, a pesar de ser extensa —tiene más de cien artículos— y de modificar tres leyes muy importantes, tiene muy corto alcance. El 28 de junio, el gobierno perdió las elecciones con su máximo candidato en la provincia de Buenos Aires; se habló mucho esta tarde acerca de ese tema. Al respecto, haré una simple reflexión. Adelantaron las elecciones, pusieron a su máximo candidato, la lista fue el "Resto del Mundo" —porque pusieron todo: al gobernador, al vicegobernador, a los intendentes, a los concejales y a los diputados provinciales— y manejaron desde Olivos todo el aparato nacional y provincial para esa elección. Pero, con todo respeto, perdieron contra una propaganda de televisión. Es decir que con todo ese andamiaje, no pudieron parar el voto de descontento que se expresó el 28 de junio.
Por ese motivo, me parece que se sigue insistiendo en el error —tal como plantean algunos analistas—, pues esta reforma se les puede volver en contra por una sencilla razón: cuando vienen determinados vientos, la manera de cambiar los humores es cambiando las causas que generan esos humores y vientos —en este caso, las acciones de gobierno—, y no las herramientas ni las consecuencias de esos humores. Porque a pesar de las triquiñuelas de la política criolla, la historia reciente demuestra que cuando se genera esa gran ola, es indetenible. Fue Alfonsín en 1983; fue Menem dos veces —en la elección interna y en la abierta de 1989—; fue De la Rúa en 1999; y contundentemente hubiera sido Néstor Kirchner si hubiese habido segunda vuelta en 2003. Por lo tanto, aunque se tenga el "referí a favor", concentrar todas las facultades en el Ministerio del Interior en cuanto al manejo del proceso electoral —es decir, siendo juez y parte— es contrario a todas las tendencias actuales.
Claramente, desde ese punto de vista, la reforma es anacrónica.
Además, la reforma tiene características proscriptivas, porque atrasa respecto de lo que actualmente reclama la sociedad. No comparto la valoración que se hace de "partidos grandes" y "partidos chicos". Considero que, levantando las exigencias, tanto en cuanto a la cantidad de afiliados como al piso para las internas abiertas, se obtura la posibilidad de nuevas fuerzas políticas y no de las fuerzas chicas. En mi caso, el Partido Socialista es una de las pocas fuerzas que quedaría en pie de acuerdo con las nuevas exigencias; no tenemos el inconveniente de quedar afuera. Pero, por ejemplo, con esta reforma, Pino Solanas no podría presentarse como candidato a presidente en 2011.
Claramente, el proyecto establece impedimentos que no condicen con la necesidad de nuevas alternativas por parte de la sociedad. Porque en cuanto a esta crisis de representatividad y de legitimidad de la dirigencia política, cuyo pico respecto de la ampliación de la brecha entre la sociedad y el sistema político fue alcanzado en 2001, debemos preguntarnos —en virtud de que se mantiene— cómo sumamos gente a la participación, no cómo enamoramos de la política a la gente —como sucedió en otros momentos—, pero sí interesándola en la política y en las acciones de gobierno, interesándola en la cosa pública y en la cosa política que, en definitiva, son sus cosas. Digo esto porque, quizás, lo que muchas veces demostramos ante la sociedad es que sólo discutimos poder y eso aleja a la sociedad de la política.
Esto no es nuevo. Algunos toman a Maquiavelo y lo aplican a la realidad actual. La diferencia es que "el príncipe" desarrollaba su acción política a principios del siglo XVI, cuando la sociedad no participaba. Pero hoy tenemos una democracia en la que son permanentes las demandas de participación de la sociedad. Entonces, desde la dirigencia política tenemos que analizar cómo reconstruimos con una reforma política la necesidad de esa participación.
Yo tengo la sensación de que, a veces, nos transformamos en una clase política; incluso, algunos periodistas lo plantean así y algunos dirigentes políticos lo asumen de esa manera; o sea, como que somos una clase política. Y asumirse como clase política es un gravísimo error, porque esta definición como clase política abona a privilegio y a distancia con la sociedad. Clase política fue el concepto que desarrollaron los clásicos de la ciencia política a fines del siglo XIX; por ejemplo, Gaetano Mosca en su obra “Elementos de ciencia política”. Él desarrollaba allí el concepto de clase política, porque era una élite la que atendía la cosa pública. Y el pueblo miraba y no participaba. Ahora bien, entre los ejemplos que citábamos de nuestro país –no de otros lugares del mundo-, cuando el pueblo asumió su rol y su participación es que recién se enriqueció la democracia y dieron respuestas sociales. O sea que fue una democracia política y social por la participación de la ciudadanía.
Este proyecto de ley no cumple con esos objetivos porque es anacrónico y proscriptivo y porque, además, toda reforma siempre tuvo un anclaje histórico y en la realidad. Nosotros podríamos hacer derecho comparado y traer ejemplos de Alemania, Francia, México o Chile, y en todos vamos a encontrar cosas a favor para los fundamentos que estamos dando. Lo que nos tenemos que preguntar es si esta reforma da respuesta a la mejora en la realidad política argentina.
Hay un hecho muy concreto que nadie puede negar; ni siquiera el oficialismo. Uno de los graves problemas de la última elección presidencial fue la denuncia del robo de boletas. Nadie dudó en aquella madrugada, y los que fuimos candidatos así lo hicimos, en felicitar a quien triunfó en esa elección: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo fui candidato a vicepresidente y la lista que compartí con Elisa Carrió salió segunda en esa elección, con el 23 por ciento de los votos. Durante toda esa jornada, especialmente por la tarde, se dio ese hecho que fue innegable, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Pues bien, el robo de boletas se corrige de una manera muy sencilla, como fue explicado recién acá por los distintos senadores, con la boleta única, que es algo totalmente práctico y posible. Debemos instrumentar un sistema que no genere permanentes dudas en la legitimidad de la elección cuando los aparatos políticos se ponen en marcha el día de los comicios.
Entonces, la reforma política debe tener un anclaje en la realidad y debe dar respuesta a un problema anterior. Nuestra experiencia en Santa Fe marca eso. ¿Por qué en Santa Fe tenemos internas abiertas? Porque después de muchas elecciones con ley de lemas siempre se tuvo la percepción de que debía modificarse ese sistema que instrumentaba una especie de doble voto simultáneo, que hacía que la gente quisiera votar a uno pero terminaba aportándole el voto a otro candidato.
Además, eso generaba un festival de boletas en el cuarto oscuro. Finalmente, se modificó: el gobierno envió un proyecto y no todos estuvimos de acuerdo por completo con su texto. Nosotros no estuvimos de acuerdo en Santa Fe con que las internas abiertas sean obligatorias para los partidos y para la sociedad. No estábamos de acuerdo con eso, pero lo votamos en su totalidad con la convicción de que estábamos dejando atrás un elemento más negativo.
Pero no tenemos ahora esa misma percepción, porque si tomamos uno de los elementos que se pregona como positivo, como es el sistema de internas abiertas que propone el gobierno, al ponerse un piso en las últimas elecciones desarrolladas en la ciudad de Rosario, por ejemplo, dos fuerzas políticas nuevas, que hoy enriquecen políticamente al Concejo Deliberante, no hubieran podido participar de la elección general. Y la sociedad votó a esas dos fuerzas para que cada una de ellas ingrese un concejal al cuerpo deliberativo municipal.
En ese sentido, debo rechazar que, tal como se dijo aquí, esta reforma sea similar a la ley de internas abiertas de la provincia de Santa Fe. Por eso creo que tenemos que analizar esta propuesta pensando que no resuelve los problemas pendientes en la Argentina y teniendo en cuenta que va a quedar la percepción en la sociedad de que el oficialismo avanza sólo en esta reforma, por cuanto toda la oposición votará en contra. Seguramente, mañana cada uno seguirá sosteniendo sus propios argumentos y esto no contribuye a acercar a la sociedad hacia una mayor participación política.
Creo que José Saramago, en su libro “Ensayo sobre la lucidez”, abarca bastante la realidad de lo que pasa no sólo en la Argentina, cuando en una elección municipal de una ciudad sin nombre, en un día lluvioso, nadie concurre a votar. La novela cuenta que, entonces, el gobierno interpreta que hay una conspiración anarquista y empieza a buscar a los culpables.
Yo creo que nosotros nos tenemos que preguntar cómo hacemos para oxigenar, mejorar y generar participación y no dejar la percepción que sólo lo único que se quiere retener es poder.
Quizá comparto la idea de que no es urgente el tratamiento de una reforma política, pero sí creo que es un tema absolutamente prioritario. Y lo es porque hablamos de las reglas de juego de la democracia y, más que eso y como sostenía Norberto Bobbio, son las reglas del juego democrático. Si no hay juego democrático se termina eso que hace a la defensa de la democracia: la libre expresión de la soberanía y de la voluntad popular.
Por ello, señor presidente, adelanto mi voto negativo al presente proyecto de ley y dejo sentada aquí la disposición del Partido Socialista de discutir una reforma política que aborde en profundidad la necesidad de cambios institucionales, donde la participación popular sea el punto de partida y de llegada.
SR. PRESIDENTE (Pampuro).- Tiene la palabra el señor senador Sanz.
SR. SANZ.- Señor presidente: va a cerrar por nuestro bloque el señor senador Morales. Por lo tanto, yo me voy a excluir de la lista de oradores.
SR. PRESIDENTE (Pampuro).- Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
SRA. GIUSTI.- Señor presidente: simplemente, es para adelantar mi voto negativo al presente proyecto de ley. A la vez, solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
SR. PRESIDENTE (Pampuro).- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
SR. RODRÍGUEZ SAÁ.- Señor presidente: de la exposición del miembro informante, señor senador Fernández, voy a rescatar una palabra. Él dijo que esta ley tiene que ser ahora. Esto me recuerda a otra época en la que todo tenía que ser ya. Después, en la época de Cavallo se siguió con el ya, porque todo era ya o el infierno; y nos fuimos al infierno.
Pregunto por qué tiene que ser ahora; cuál es la razón. Nos dicen que tiene que ser ahora, pero por qué. Estamos a dos años de una elección. No decimos que no sea nunca. El tratamiento de una ley de reforma política requiere del consenso, de la discusión, del debate; requiere que sea una ley de los partidos políticos con mayúscula; de todos. Todos nos tenemos que sentir comprendidos en esa ley.
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que haya elecciones internas? Hay una larga historia de la defraudación de la voluntad popular por la no existencia de elecciones internas.
Hay claros autores de que no hubiera elecciones internas en muchas oportunidades, que seguramente si las hubiera habido el destino de los partidos políticos y de la Argentina probablemente habría sido otro.
Se dice que tenemos que fortalecer los partidos políticos. Pero por supuesto. Conforme se estableció en la reforma de la Constitución en 1994, todo el sistema democrático del país se basa en la vida de los partidos políticos. Claro que tenemos que preocuparnos en legislar y fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos.
Se habla de la transparencia. Pero por supuesto que queremos transparencia. Pero esto no es la transparencia. ¿De qué transparencia me hablan si tuvimos una elección en la provincia de Córdoba en la que hubo imputaciones de fraude, que se cortó la luz, que se cortó la comunicación de los resultados electorales, en lo que estaba complicado el Correo, organismo público del Estado, y el Ministerio del Interior, que es el que hacía el cómputo, el que tenía las computadoras que registraban los resultados. Hubo altas sospechas. El país entero quedó con la sospecha.
El otro escándalo –relatado anteriormente- fue el robo de boletas en la elección de 2007. Al FREJULI, que nosotros representábamos, el día de las elecciones le robaron boletas desde la mañana hasta última hora. No sé si hubiéramos sacado muchos votos más, pero sí estoy seguro de que no fue el procedimiento correcto. Igualmente, yo creo que sí hubiéramos sacado más voto.
Previo a eso, a través de maniobras, no nos oficializaron los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El juez electoral no los oficializó. Tuvimos que presentarnos ante la Cámara Nacional Electoral, que nos rechazó el recurso y entonces fuimos a la Corte, que nos aprobó la lista de candidatos, por lo que tuvimos que hacer nuevamente las boletas. Claro, pero ya habían pasado diez o doce días. Y cuando fuimos al Correo llegamos tarde. Cuando había que repartir las boletas llegamos tarde. Luego se consumó la maniobra final con el robo organizado de boletas. (Risas.) Organizado... A las sonrisas no las voy a interpretar.
Después vino otra forma de fraude, que es lo que ocurrió en Corrientes. El pueblo de esa provincia eligió un candidato a gobernador, que en principio formaba parte de la oposición, pero semanas después apareció como integrando el oficialismo nacional, trascendiendo en los diarios –no sé será cierto- que el jefe de Gabinete le dijo que si quería reuniones con los ministros tenía que hacer tal cosa. Como decidió hacerlo, lo recibieron la señora presidenta y todos los ministros; y parece que la provincia de Corrientes tuvo soluciones. Ese no es el procedimiento transparente que estamos pregonando.
No voy a referirme al resultado de la elección del 28 de junio pasado, porque lo han relatado muchos senadores, ni a la lectura que de ello se hizo. Pero sí voy a aludir a las candidaturas testimoniales, una forma bastante escandalosa también de defraudar, de modificar, de tratar de corregir el rumbo de una elección que se pintaba como desfavorable.
Con el permiso de la Presidencia voy a leer dos o tres citas del fallo de la Cámara Nacional Electoral sobre este tema. El fallo de la mayoría que convalidó las candidaturas testimoniales, dice en una parte: Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicitado que la autenticidad que debe caracterizar a las elecciones en los términos del artículo 23 de la Convención Americana no implica que exista una estructura legal e institucional que conduzca que el resultado de las elecciones coincida con la voluntad de los electores. En otra parte continúa el fallo diciendo: Que la solución que se adopta tendiendo a manifestaciones de la voluntad de los candidatos no importa sino atenerse al principio de buena fe, que debe primar al de evaluación de la exteriorización de conductas como las que aquí se atribuyen. Sin embargo, esta obligada predisposición que deben ostentar los órganos del Estado no precave a la ciudadanía del riesgo de que tal creencia basada en la confianza que, como se dijo, deben merecer manifestaciones de esta naturaleza, resulte traicionada si por acciones futuras llegase luego a comprobarse que los candidatos no fueron honestos en su expresión ante el a quo y que ratificaron de modo nuevamente expreso ante este Tribunal. Tales circunstancias importarían además fundamentalmente una inaceptable manipulación de las instituciones de la República, a la vez que una grave lesión al proyecto de Nación al que todos los electores y candidatos deben tributar.
Esto no ocurrió el siglo pasado; no pasó en otro partido político. Esto fue en la reciente elección. De los diputados que deberían asumir mañana, todavía no sabemos quiénes lo harán y quiénes no, porque eran candidatos testimoniales. O ya sabemos —como lo supimos siempre— quiénes son los que prestaron sus nombres para hacer estos agravios a la República, a la honestidad y a la buena fe, tal como lo califica la Cámara Nacional Electoral y no yo.
En el fallo de la minoría, el doctor Dalla Via dice que en el derecho público provincial se ha establecido que por ejemplo, por incumplimiento de la plataforma electoral los ciudadanos podrán revocar el mandato de todos los funcionarios electivos después de transcurrido un año del comienzo del mismo y antes de que resten seis meses para su término. Se refiere a la Constitución de Entre Ríos. Continúa diciendo: si resulta reprochable el incumplimiento de una oferta electoral expresada en una plataforma, tanto o más reprochable resulta por tanto la postulación a una candidatura que no se está dispuesto a asumir; y ese compromiso forma parte de los procesos políticos cuya legitimidad el juez electoral está llamado a proteger y preservar. De los comportamientos aquí cuestionados se enmarca también en la figura del abuso del derecho... Y sigue el fallo. Señor presidente: de la lectura surge claramente que estamos ante una situación –yo diría- escandalosa. Me parece que si estamos debatiendo una norma que trata de la transparencia y del mejoramiento de las tácticas políticas, debemos empezar por predicar con el ejemplo; tenemos que discutir con humildad, corregir los errores, dialogar, encontrar consenso y mirar hacia el futuro, que no es este caso. Si se sanciona esta iniciativa…
SR. BIANCALANI. — Señor presidente: solicito una interrupción.
SR. PRESIDENTE (Pampuro). – Senador: normalmente para quienes cierran el debate no hay interrupciones, pero el senador solicita la palabra.
SR. RODRÍGUEZ SAÁ. — No tengo inconveniente.
SR. PRESIDENTE (Pampuro). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Biancalani.
SR. BIANCALANI. – Señor presidente: quería aclarar que en mi provincia la intendente del partido radical fue candidata a diputada en primera instancia para la provincia y no asumió. Fue la primera candidata testimonial; y no sólo que fue la primera que podía haber sido por motu propio, sino que fue apoyada por la convención del partido radical para que no asumiera.
Es decir que todo el radicalismo de mi provincia aceptó la candidatura testimonial, con una aclaración, nuestros candidatos -en mi provincia no fue de este modo, pero sí en la nación- salieron a decir lo que iban a hacer. Nosotros no salimos a criticar y después tomamos otra posición.
SR. PRESIDENTE (Pampuro). – Senador Rodríguez Saá: le pide una interrupción el señor senador Petcoff Naidenoff.
SR. RODRÍGUEZ SÁA. - ¡Cómo no!
SR. PRESIDENTE (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
SR. PETCOFF NAIDENOFF. – Señor presidente: me parece que no se lo quiso interpretar o se lo interpretó mal al senador Rodríquez Sáa. Lo que el senador plantea son mecanismos de reformas políticas que tienden a mejorar la calidad de la política.
Esto significa que en algunos distritos del país, la Unión Cívica Radical o algunos candidatos, en definitiva, de alguna manera han burlado la voluntad electoral; pero eso es parte de una claudicación y tampoco se hará cargo el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, porque de lo contrario me parece que así como sucedió en el Chaco por qué no sucede en Buenos Aires.
Creo que lo que plantea el senador es cómo evitamos este tipo de burlas que son consentidas, que parece que a todo el mundo le cae bien, que el fin justifica los medios, que garantizan un resultado; y desde lo personal nosotros no lo acompañamos, más allá de lo que pueda suceder en determinados distritos. Pero por lo que suceda en un determinado distrito no se va a vincular al radicalismo de manera orgánica.
SR. PRESIDENTE (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
SR. RODRÍGUEZ SAÁ. – Señor presidente: me parece que una ley de reforma política tiene que abarcar otros temas a los que me voy a referir al final y debería ser una norma con consenso.
Pero esta iniciativa se va a votar solamente con el apoyo del Frente para la Victoria; el resto de los partidos políticos no estamos de acuerdo. Debemos discutir e incorporar otros temas para que las prácticas políticas en la Argentina mejoren y todos contribuyamos a esa superación y nos obliguemos y comprometamos a que ello signifique una mayor transparencia, para que la representación política sea mucho más auténtica, directa, comprometida y no ocurran estos casos tan lamentables de “borocotizaciones” o de fraudes o de sospechas o de candidaturas testimoniales.
Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué ahora? ¿Quizás por la ambición de perpetuarse?
Señor presidente: el peronismo tiene una larga trayectoria; las ingenierías electorales siempre buscaron la forma de proscribirlo. Después de la Revolución Libertadora el peronismo fue proscripto en la elección del 58, de donde surgió Arturo Frondizi, quien siendo presidente levanta la proscripción al peronismo y aparece, a último momento, sorpresivamente, la fórmula Framini-Anglada en la provincia de Buenos Aires, para ver si en esta ingeniería sin proscripción el pueblo peronista podía votar. Triunfamos; golpe de Estado; y fuera el peronismo; otra ingeniería electoral.
En la elección siguiente triunfa quien fuera también como Arturo Frondizi un gran presidente —Arturo Illia—, también fruto de la proscripción del peronismo. A último momento proscribieron la fórmula del peronismo, otro golpe de Estado, otra vez…
SR. PÉRSICO. — Señor presidente: solicito una interrupción.
SR. CASTILLO. — Yo también solicito una interrupción.
SR. PRESIDENTE (Pampuro).- Senador Rodríguez Saá: le piden otra interrupción.
SR. RODRÍGUEZ SÁA. – Sí, no tengo problema.
SR. PRESIDENTE (Pampuro).- En primer lugar, tiene la palabra el señor senador Pérsico; luego, el senador Castillo.
SR. PÉRSICO. – Señor presidente: simplemente quiero decir que cada vez que escucho la oratoria del senador Rodríguez Sáa -que me parece excelente- pienso que voy a pedir las transcripciones y que las lean, porque realmente la teoría es bárbara pero en la práctica no se cumple.
Permanentemente sufrimos ataques terribles. Hemos tenido luchas por habernos querido dividir la ciudad en cuatro con una ley aprobada por un manotazo de mayoría. Esto es terrible; no se ha visto en ninguna parte del mundo. Hoy se aprobó un cambio a la forma de designar diputados, al funcionamiento de la Cámara provincial, para no dejar asumir a cuatro diputados de la Coalición Cívica, que no corresponden a mi partido. Pero como no ganó el oficialismo en San Luis, después de que no hubo observación alguna sobre esos cuatro diputados, como son del Partido Justicialista, recién ahora se dieron cuenta, los van a dejar asumir.
Reitero, con todo respeto, que me siento orgulloso cuando lo escucho hablar al senador Rodríguez Sáa por la forma en que lo hace. Pero me gustaría, no por la provincia sino por el país, que hablemos y actuemos en consecuencia y que logremos hacer una nación mejor.
— Ocupa la Presidencia del H. Senado el vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
SR. PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Castillo.
SR. CASTILLO.- Señor presidente: no me quiero meter en esta pelea. Simplemente quiero hacer un aporte histórico que en aquella elección en la cual gana Framini en la provincia de Buenos Aires, no fue el único proscripto. En la provincia de Catamarca se postulaba un señor Herrera, —magnífica persona— que luego fue presidente de la Corte.
Y también se nombró a Arturo Illia, quien gana la gobernación de la provincia de Córdoba en esa misma elección. De todos modos, seguramente que la causa más eficiente debe haber sido la de Andrés Framini.
SR. PRESIDENTE. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Sáa.
SR. RODRÍGUEZ SÁA. – El senador Castillo tiene precisión lingüística. Ellos ganaron la elección y hubo un golpe de Estado que les impidió asumir. Al peronismo no lo dejaban presentarse en las elecciones, era diferente. Pero son cuestiones de la historia. La última ingeniería electoral para proscribir al peronismo fue cuando Lanusse desafió a Perón para que volviera antes de una determinada fecha. Y ningún dirigente de la Argentina podía retirarse del país. Porque habíamos anunciado que todos los dirigentes de la Nación, los jefes de distrito, iban a ir a Madrid a buscar a Perón, en aquel histórico retorno del 17 de noviembre de 1972, cuando el pueblo argentino se volcó a la calle. Creo que fue un hecho histórico para la Argentina, después de dieciocho años de exilio; fue fantástico, fue una fiesta popular. Y tuvimos que desafiar a la ley electoral que nos prohibía salir del país y volver a entrar porque, entonces, no podíamos ser candidatos.
Ahora, con una ingeniería electoral, se va buscando cómo acomodar las cosas. Se eludieron las elecciones en 2003. En 2007 se suspendió la elección interna, obligatoria y simultánea con cualquier argumento. Ahora, se adelantó la elección, también con argumentos que no se cumplieron, que no tenían la importancia que se señalaba, pero que constituían una ingeniería electoral, en base a encuestas y estudios, para buscar acomodar la realidad.
Y ahora están buscando cómo hacer para que el peronismo federal no pueda presentarse en la interna del Partido Justicialista. Hubo llamados a elecciones internas que los hacía la SIDE. El señor Rufino, de la SIDE, era el interventor del Partido Justicialista. Y ahora se alarman de las cosas de la SIDE y las cuestiones que hace Macri. Pero no se alarman de las que hicieron; un agente de la SIDE presidía e intervenía el Partido Justicialista también ante el silencio cómplice. Entonces, tenemos que mirar cómo es la Argentina.
En esta Argentina —fruto de un llamado a elecciones internas en donde no nos permitieron presentar candidatos—, quienes usurpan el poder, proclamados por Rufino, van a dirigir esta elección interna. No podemos aceptar ese mecanismo.
Quizá tenga razón el señor senador Castillo cuando dice que, probablemente, fruto de la elección, en definitiva, estemos dirimiendo cosas del Partido Justicialista. Probablemente.
Pero no debe ser así. Debemos dictar una reforma política que tenga otros contenidos.
Tenemos que discutir lo de la boleta única, como bien explicó el señor senador Cabanchik. Y, en el sobre que nos mandó, omitió decir una parte importante y es que viene la boleta de diputados nacionales pero también viene la boleta presidencial, que usted no mostró… No es la escenografía que nos presentó el Ministerio de Interior acá en el Senado, pretendiendo ridiculizar nuestro proyecto. Obviamente, el Ministerio del Interior difundió esto por todo el país y nosotros, por más que lo despleguemos, solamente tendremos la humilde difusión del canal interno del Senado. Pero sí se puede. Es una alternativa.
Por otro lado, ¿por qué no pensar en el voto electrónico? Hay experiencias locales e internacionales. ¿Por qué no pensar en el voto electrónico, que también tiene sus pros y sus contras, pero puede ser parte de una reforma política? ¿Por qué no analizar cómo terminar con la lista sábana? No pueden decir que quieren terminar con la lista sábana y poner candidaturas testimoniales, para que la Nacha Guevara —por las condiciones que explicó la senadora por San Luis—, arrastre los votos y tape a los otros candidatos; o para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tape a los otros candidatos; y después se corra la cortina y por diferentes razones éstos no asuman y sí lo hagan quienes no sabíamos que eran candidatos.
Esto se soluciona y una de las formas de hacerlo, que se citó también, es la de las circunscripciones uninominales; en este sentido, nosotros presentamos, en una oportunidad, un proyecto de circunscripciones binominales —otra forma, de dos candidatos—, pero pueden ser tres, cuatro o cinco. Se trata de agruparlos en candidaturas más chiquitas, de tal forma que el elector tenga una visión clara de por quién vota, para qué lo vota, cuál es su plataforma y, después, le pueda reclamar y peticionar. De esta manera damos transparencia.
Pensamos que una reforma política también tendría que referirse al organismo de control —un ente autónomo y autárquico, independiente, calificado—, ello sería una forma interesante de darle transparencia a todo el proceso electoral de todas las elecciones; y no solamente de la próxima. O, tal vez, se podría pensar en la creación de un tribunal electoral.
Pero esto tiene que ser materia de debate, de acuerdo, de consenso. Una ley de reforma política debe tener el consenso de los principales actores de la política y, fundamentalmente, de los partidos políticos. Acá, todos los partidos políticos nos hemos expresado en contra del proyecto de ley que estamos tratando. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, faltan condiciones lógicas, razonables y prudentes para sancionar este proyecto.
El apuro no es buen consejero. Vamos a votar en contra, en general y en particular, el proyecto en consideración.
SR. PRESIDENTE. — Tiene la palabra el senador Morales. ¿Usted cierra por el radicalismo?
SR. MORALES. — Sí. Señor presidente: en primer lugar, tal vez deberíamos ubicarnos en el proceso que lleva a debatir este tema. Nosotros creemos que esto comienza con el resultado electoral del 28 de junio, que ha tenido algunas otras cuestiones que seguramente habrá que evaluar.
Primero, un resultado que determinó la derrota del gobierno nacional, especialmente para el referente máximo del Frente Para la Victoria, el caso de la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Pero el resultado electoral es complejo, especialmente por el voto de casi el 70 por ciento del electorado argentino en contra del gobierno nacional.
Esto diría que generó algunas situaciones que empezaron con la convocatoria al diálogo político; convocatoria de la que nuestra fuerza política participó en un momento difícil del gobierno. Las primeras semanas posteriores a la derrota electoral fueron bastante complejas, según se veía desde afuera. En efecto, el gobierno vacilaba frente a algunas situaciones que requerían la participación de fuerzas políticas, que en momentos difíciles, desde ya apostamos a fortalecer la institucionalidad.
Lamentablemente, esa convocatoria al diálogo político fracasó por la propia actitud del gobierno nacional, que redujo esa convocatoria al debate de la denominada reforma política; en este caso reforma electoral.
Ahora bien, el gobierno estaba precedido, antes del resultado electoral, por algunas actitudes que me parece que en este debate hay que tener en cuenta. Primero, hubo un cambio de reglas justamente en la misma elección del 28 de junio; el acto electoral tendría que haberse producido en octubre y el gobierno nacional modifica las reglas de juego, lo que fue materia de debate en el Congreso de la Nación en esa oportunidad. Y éste es el antecedente que precede al gobierno en la presentación de este proyecto, que empieza en la Cámara de Diputados.
Hay otros antecedentes que preceden al gobierno, que también hablan de la reforma política. Pero esta tiene que entenderse en términos de reforma cultural, de la cultura política; y diríamos que no es el gobierno el mejor ejemplo de esto.
Otro de los antecedentes que preceden el resultado de los comicios y la remisión de este proyecto tiene que ver con un sistema perverso, desde el gobierno, de debilitamiento del sistema electoral. Frente a la ya debilitada estructura del sistema electoral, el gobierno insistió con un mecanismo de cooptación, de presión y de coacción, que terminaron siendo las herramientas centrales para la fragmentación y el debilitamiento del sistema político. Y particularmente contra una fuerza política. En efecto, desde el radicalismo decimos que el gobierno empezó con la Unión Cívica Radical. Lógicamente, un proyecto de poder tan duro no puede afianzarse si no es con el debilitamiento de una fuerza política nacional, con una gran capacidad territorial, como es la Unión Cívica Radical.
Estos son los antecedentes que preceden, como actitud de la cultura política del gobierno, al envío de este proyecto. A nosotros no sólo nos cooptaron referentes, gobernadores e intendentes, sino que también se dieron distintas situaciones que no nos ocurrieron nunca en la gestión de Menem ni en la gestión de Duhalde, cuando nuestros gobernadores eran recibidos y podían participar de las reuniones del Comité sin ser discriminados.
Sin embargo, recién ahora, después de cuatro o cinco años pudimos lograr que por lo menos 50 intendentes puedan llegar al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Porque si pasaban, aunque sea por la vereda de enfrente, eran discriminados y no les mandaban fondos. De esa manera terminan pagando las consecuencias los vecinos de las comunidades por solamente pertenecer a la Unión Cívica Radical. Estamos diciendo que estos son los antecedentes que preceden la remisión de este proyecto.
Entonces, creemos que una reforma política es una modificación de la cultura política.
Aquí estamos frente a una reforma electoral que tiene que ver con cambios en el Código Electoral y en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos entre otros temas.
Con la convocatoria al diálogo, el gobierno logra generar un ámbito de debate pero no garantiza un ámbito de consenso. En un par de oportunidades enviamos a nuestro apoderado para debatir el tema de la reforma. Aun después de fracasada la convocatoria al diálogo político, desde el radicalismo enviamos a nuestro apoderado y a quienes conocen en materia de Código Electoral a algunos debates que se generaron en el ámbito del Ministerio del Interior.
El gobierno solamente garantizó el ámbito de debate pero no el consenso. Entonces, el proyecto llega con debate garantizado pero no con consenso porque, claramente, el Acuerdo Cívico y Social, del que formamos parte con la Coalición Cívica y el Partido Socialista, obtuvimos 5.800.000 votos en la última elección, 100 mil más o menos que el gobierno; depende de qué fuerzas políticas provinciales se incluyan para un lado o para el otro; es un resultado bastante parejo con el Frente para la Victoria. Resulta que nosotros, que somos la fuerza política opositora más importante, no estamos de acuerdo.
Es decir, se garantizó el debate pero no hay consenso sobre una de las normas que son de las denominadas “leyes constitucionales”, así como es la Ley de Coparticipación Federal, la impositiva, el Código Penal y el Código Civil. Son aquellas leyes que justamente, reglamentan disposiciones constitucionales y que tienen, en la mayoría de los casos, recaudos en cuanto a las mayorías. Es decir, tienen que ver con que son leyes que por regular materias constitucionales y ser centrales de la estructura institucional del país, requieren de un consenso. Estamos frente a este tipo de ley.
Tampoco es casualidad que nuestra Constitución Nacional establezca una mayoría agravada para la reforma del Código Electoral. Justamente en el Código Electoral se establecen las reglas de juego que vamos a tener que respetar las fuerzas políticas en los comicios, que constituyen la clave del sistema de representación.
El acierto que tengamos en el debate y el mayor consenso sobre una ley electoral va a ser el mejor aporte que podamos hacer a la democracia, porque es lo que consolida la base del sistema de representación. Por eso es que estamos en presencia de una actitud del gobierno que, precedido por estos antecedentes, sigue empujando la sanción de leyes a su medida.
Así, en estas condiciones, llegamos a debatir este proyecto de ley que empezó presentándose en la Cámara de Diputados, donde se han tomado algunos reparos que hemos planteado desde el radicalismo y que también han formulado distintas fuerzas opositoras; de la izquierda a la derecha, todo el arco político. Sin embargo, se mantiene el proyecto que llega al Senado y que no tiene siquiera dos semanas de debate. En este sentido, en la reunión plenaria de comisiones, nosotros solicitamos una agenda más extensa que realmente prevea un debate serio en el Senado de la Nación, donde se pueda mejorar el proyecto de ley.
Solicitábamos la realización de audiencias públicas a las que pudieran concurrir los jueces federales con competencia electoral, representantes de la Cámara Electoral Federal, los presidentes de los partidos políticos nacionales, los apoderados de los partidos políticos, los responsables del manejo de los recursos de los partidos políticos y también los representantes tanto de la Justicia como del Ministerio del Interior, que son quienes controlan las rendiciones de cuenta de las fuerzas políticas.
Realmente, para debatir el proyecto de ley, requeríamos de audiencias públicas que, de acuerdo con el cronograma que habíamos presentado, podríamos estar terminando a fines de marzo. Desde el radicalismo hicimos públicamente el compromiso de que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la Unión Cívica Radical estaba dispuesta a votar una reforma del Código Electoral.
Estos son los antecedentes que preceden el debate que hoy tenemos en el Senado sobre un tema que tiene que ver con las reglas claras entre las fuerzas políticas; reglas que deben ser permanentes en el tiempo y que justamente consolidan o garantizan la confianza entre nosotros. Y la confianza entre las fuerzas políticas, la confianza en las instituciones, tiene que ver también con el destino del país en muchas cuestiones.
Por eso es que llegamos de esta manera hasta aquí, con un sistema político fragmentado; hay treinta y ocho partidos nacionales y seiscientos cincuenta y nueve de distrito. Hay más partidos políticos que clubes en el país. Esto tiene que ver con una crisis que empieza en la década del 90 y que se profundiza con la crisis de 2001, que no sólo fue económica y social, sino que también puso en jaque al sistema político. Y es sobre la crisis y la fragmentación del sistema político que ha venido cabalgando este gobierno, fragmentando aún más, cooptando y buscando debilitar a fuerzas políticas como la Unión Cívica Radical.
Frente a este escenario, es una gran irresponsabilidad del gobierno que avance con este proyecto. No puede ser que empujen en dos semanas y porque reciben una orden de la Casa Rosada haya que tratar este proyecto de ley que no tiene consenso, no tiene el apoyo del Acuerdo Cívico y Social, que es la segunda fuerza política; o la primera, porque hemos confrontado en la última elección y ha habido un empate con el Frente para la Victoria.
Tampoco tiene el acuerdo del peronismo disidente ni de la Unión Pro, que le ha ganado al jefe político del Frente para la Victoria, nada más ni nada menos, que en la provincia de Buenos Aires. Tampoco tiene el acuerdo de Proyecto Sur ni de la izquierda, según el resultado que han tenido en la Capital Federal Pino Solanas y otros dirigentes. Es decir que no cuentan con el acuerdo de la masa crítica de partidos políticos que tienen la representación en el país.
Pero el gobierno avanza con este tipo de proyectos. Esto desnuda la verdadera intención del gobierno, de garantizarse una reforma electoral como proyecto a medida y mirando las próximas elecciones.
Si revisáramos el proyecto de ley, veríamos que hay dos líneas conceptuales generales, que son las que se traen a debate; una es el sistema de elección interna, primaria o previa, que plantea elecciones abiertas simultáneas y obligatorias. Allí hay muchos temas para debatir. En ese sentido, dentro del radicalismo hemos puesto en marcha mecanismos de debate. Tendremos muchos problemas, pero somos institucionales. Nuestra Convención y nuestro plenario de delegados aún tenían que resolver si es que deben ser obligatorias las internas abiertas y simultáneas. Por supuesto, estamos de acuerdo con que haya elecciones primarias, pero la cuestión es si tienen que ser obligatorias.
Por otra parte, hay una gran oposición desde el radicalismo a que afiliados del partido puedan votar en otras listas opositoras; o a que afiliados del Frente para la Victoria o del justicialismo puedan votar en internas de otras fuerzas políticas. Este era el tema central de debate en cuanto a esta propuesta que, seguramente, se podría haber enriquecido y así lograr un gran consenso de todas las fuerzas políticas. Este es uno de los grandes cambios que trae este sistema electoral.
Otro de los cambios es que plantea una filosofía totalmente distinta en cuanto al financiamiento de los partidos políticos; aspecto que también es posible que podamos compartir, ya que se aparta del mecanismo actual de financiamiento privado, da un giro de 180 grados y prevé directamente el financiamiento público.
Ahora bien, si se habla del financiamiento público —como pasa en todos los países del mundo—, entonces, ese sistema requiere de una institucionalidad totalmente diferente, de un mayor rigor en el mecanismo de control. Y allí está la clave de la mayor falencia del proyecto que impulsa el gobierno y el porqué está hecho a medida. En efecto, genera en la autoridad política electoral nacional —el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral— el superministerio, con grandes facultades en la distribución de fondos, en la asignación de pautas publicitarias, toda vez que se concentra en un modelo de financiamiento público; que como bien dije estamos de acuerdo, se puede compartir, pero es un cambio filosófico totalmente distinto; se trata de un giro de 180 grados.
Entonces, lo que habría que discutir es cuál es el mecanismo de control, porque cuando el financiamiento es público, la distribución de la pauta y de los recursos están en manos de un mecanismo complejo en donde intervienen la Justicia u organismos que tienen independencia de criterio, donde pueden participar en el sistema de control las distintas fuerzas políticas nacionales.
En consecuencia, la gran debilidad de este proyecto está ahí, entre otras cuestiones. Por lo tanto, a medida que la autoridad política nacional tenga mayores facultades, la posibilidad que tendrá Néstor Kirchner para controlar e inmiscuirse en el sistema de elecciones primarias y meterse en las elecciones de las fuerzas políticas opositoras será mayor.
¡Esta es la idea! En efecto, para algunas fuerzas políticas sólo la demora de 48 horas en la remisión de fondos para la confección de las boletas que tienen que presentar, las puede dejar fuera de la elección, pues los plazos son perentorios. Hay que presentar las boletas en 24 ó 48 horas; y si no se presentan, ya se quedan fuera del proceso electoral, entre otras cuestiones. Por consiguiente, no hay un rigor de control en cuanto a los tiempos y a cuáles son los criterios de asignación de los fondos.
Hay otras observaciones que hemos discutido en nuestro partido y que también coinciden con las realizadas por algunos funcionarios judiciales respecto de esta puja de competencia con la autoridad política. Efectivamente, esta puja viene desde hace rato y, en especial, con este gobierno.
La puja en cuanto a las atribuciones en materia electoral de la Dirección Nacional Electoral con la Cámara Electoral Federal viene desde hace tiempo y no fue generada justamente por la Justicia, sino por el poder político. Y esto es lo que se pone en el debate, es decir, esa confrontación y esa contradicción respecto a quién tiene más competencia en el control del acto eleccionario. Esa puja, en este proyecto, se resuelve a favor de la autoridad nacional electoral, del poder político. Y esto es lo que pone en riesgo la transparencia y la confianza en los resultados electorales. Por eso es que la clave está ahí.
Otra de las observaciones es la ampliación de las facultades del Ministerio del Interior en el sistema electoral, que puede afectar la equidad y la transparencia necesarias para garantizar el proceso electoral. Se deja a criterio de la cartera política la definición del tope de gasto y los montos privados que los partidos podrán captar durante las respectivas campañas. También deja librado al Ministerio del Interior el reparto equitativo de las pautas publicitarias electorales entre los partidos políticos y, además, no se explicita de manera precisa cómo se efectuará la distribución en el caso de las elecciones primarias. Sin duda, las primarias son la gran herramienta de control y de arbitrariedad que se garantiza el poder político —en este caso, el Frente para la Victoria, Néstor Kirchner— para meterse en la vida interna de los partidos opositores.
El Ministerio del Interior tiene facultad para ordenar la nueva demarcación de los circuitos de cada sección electoral, como también publicar la nómina de fallecidos en los padrones provisionales. Hay imprecisiones que podrían enturbiar la transparencia lectoral.
Por ejemplo, no está explícita en el texto la prohibición de las listas espejos y colectoras que fueron también un gran aporte a la confusión y a la falta de transparencia en las elecciones realizadas por este propio gobierno. Entonces, ahora se llena la boca con una reforma política que tendría que tender a mejorar la calidad democrática, pero que creemos que no surge de este proyecto.
La iniciativa presenta varias inconsistencias de relevancia y contiene normas de difícil ejecución. En la disputa que mantiene la Justicia Electoral con el Poder Ejecutivo en el control del proceso electoral, lauda este proyecto a favor de la autoridad política electoral.
En cuanto al dinero de las campañas, otro aspecto que se cuestiona en su informe es la falta de mayor rigurosidad para regular el reparto de las pautas publicitarias entre los partidos políticos que competirán en las elecciones internas.
Realmente, esta era una gran oportunidad para —tal como lo planteamos en la reunión de la Comisión— abordar en el artículo 26 el tema de las candidaturas testimoniales.
Por ejemplo, se podría establecer un sistema para el caso de que un diputado nacional no pueda asumir la banca por alguna razón posterior al resultado electoral, como ser la designación como ministro, por ejemplo, o alguna responsabilidad ejecutiva de importancia, de mayor jerarquía o rango.
Aquí ha pasado. El Senado le concedió la licencia a Alicia Kirchner y no ocupó su banca porque desempeñaba el cargo de ministra de Desarrollo Social. Después, vino y se volvió a reincorporar. Entonces, cuando existan razones de fuerza mayor sobre hechos posteriores al acto eleccionario, que ello sea posible. Si no, hay que aplicarle alguna sanción.
En efecto, quien se presenta como candidato y luego no asume la banca, es decir, la responsabilidad a la que se comprometió con la gente, con el pueblo de su provincia, por lo menos, que no pueda presentarse en dos elecciones consecutivas o reciba alguna otra sanción.
Espero que la Justicia actúe después de la presentación que impulsamos desde la Unión Cívica Radical con el patrocinio del doctor Ricardo Gil Lavedra. Efectivamente, que mañana, cuando asuman los diputados nacionales, haya alguna sanción para Scioli, para Sergio Massa y para toda la cantidad de intendentes y algunos referentes del espectáculo que se presentaron y terminaron engañando la voluntad de la gente.
Sin duda, esta era una oportunidad para introducir estos temas. Eso es mejorar la calidad democrática, abordar estos aspectos que son los que vulneran la voluntad popular. Es cambio cultural, es reforma política. También deberíamos haber abordado el debate en el artículo 26 sobre si la banca pertenece al partido o no, que por la última reforma de 1994 es posible para el caso del Senado. En esta Cámara los senadores representan a los partidos políticos. Sin embargo, no dice nada de los diputados nacionales, pero tampoco lo niega.
Seguramente, estos son temas que si los incluimos en un proyecto de ley llegarán a la Corte y deberán tener jurisprudencia en algún momento. Pero son aspectos sobre los que hay que debatir en algún punto, a fin de ordenar el sistema electoral y para reponer el carácter colectivo de la toma de decisiones y de la representación política de los partidos políticos en el Congreso y en todas las instituciones.
Entonces, había una gran oportunidad para debatir en el artículo 26 este tema. Por ejemplo, el tema de la pauta publicitaria, en la manera en que está planteado, también es un aspecto que, en definitiva, en algún punto, desalienta el debate de ideas, porque es bastante restrictivo. Es decir, no hay flexibilidad en el esquema propuesto de aporte del Estado para que se pueda garantizar el debate de ideas.
También hay otras contradicciones, por ejemplo en cuanto a que el gobierno, hasta quince días antes puede hacer publicidad de actos oficiales y de obras, pero la campaña dura 35 días. En México, por ejemplo, donde el aporte es oficial, no puede haber publicidad oficial durante toda la campaña electoral. Es decir, también habría que establecer una coordinación de tiempos y de prohibiciones que en verdad establecen plazos que más bien van en beneficio con quien ejerza el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, según sea el caso.
Estas son algunas de las cuestiones puntuales que tienen que ver con las observaciones que nosotros planteamos y que queríamos debatir. Como se ve, son tan profundas que demandaban un debate en audiencias públicas. En ese sentido, nosotros estamos dispuestos a tratar en la última semana de marzo o la primera semana de abril una reforma electoral pero en la que estemos de acuerdo; porque la idea es establecer entre nosotros reglas permanentes en el tiempo, dado que esto tampoco es algo para la elección de 2011.
Por eso es que creemos que la falla está acá. Sigue el gobierno trabajando sobre la falta de consenso. La pérdida de confianza y la ruptura de las últimas reglas que quedan terminan debilitando la confianza entre nosotros y generando desconfianza en la gente. Por eso es que cuando Ernesto Sanz dice que el problema de la economía es la política, porque hay falta de confianza ya que hay más ruido de la política generado desde el propio gobierno, esto es verdad. Eso es así. Y en todos los aspectos de la ejecución de las políticas públicas, la falta de confianza, el atropello, la intolerancia, el autoritarismo del gobierno termina debilitando, en todo caso, un proyecto de futuro; porque lo que nosotros tenemos que lograr como país es lo que logró el Brasil.
En Itamaratí, en el Brasil, se sabe que gobierne quien gobierne, ahí hay un proyecto para veinte o para treinta años: saben de la importancia del desarrollo de la ciencia y de la tecnología; la derecha y la izquierda tienen que luchar contra la pobreza y bregar por el desarrollo de la República Federativa del Brasil. Lo mismo pasa en el Uruguay: dos fuerzas políticas que pueden consensuar, pueden sentarse a dialogar, se pueden mirar a la cara, confrontar ideas y ponerse de acuerdo en cinco o seis líneas de políticas públicas de mediano y largo plazo.
No es posible acordar políticas de mediano y largo plazo cuando existe este concepto de gobierno: de se llevan todo por delante y no importa el consenso. Entonces, fíjese que eso conspira contra el proyecto nacional. No es posible un proyecto nacional desde iniciativas de una facción o de una parcialidad. Se construye un proyecto nacional entre todos, con el aporte de todas las fuerzas políticas. De manera que esta actitud del gobierno es lo que genera el clima de desconfianza y lo que impide, también, que como país podamos tener un proyecto nacional, que sea inclusivo y que sea colectivo, que no sea de una parcialidad.
Estas son las cuestiones que se asientan en el proyecto de poder. El problema en todo esto está en la desmedida ambición de poder de Néstor Kirchner. Esto tiene que ver con las cuestiones a que hemos estado sometidos desde el 28 de junio hasta acá, con el debate en una serie de temas, para que el gobierno, sabiendo que va a tener un Congreso adverso, pueda garantizarse las herramientas de caja, créditos, gobierno paralelo, gobierno directo, salteando el sistema de representación y modificando del sistema electoral, para ver cómo ganan en la corta. Ni así, señor presidente, porque cuando se trabaja así, cuando se gobierna así, se deslegitiman con la gente. Y este gobierno está deslegitimado con la gente. Aunque hagan esto y atropellen con esta reforma electoral, tampoco van a ganar la elección de 2011, porque este es un atajo. Y no se llega con atajos.
Nosotros, por eso, no estamos dispuestos a convalidar este atajo que quiere tomar el gobierno nacional con esta reforma, que es como un traje a medida. La estructura que presentan la podemos discutir y hasta la podemos acordar, pero hay que discutir cuestiones que no son de mero detalle y que tienen que ver con que cuando hay un cambio filosófico en el financiamiento de las campañas electorales y de las elecciones, como base del sistema de representación, hay que tener otra institucionalidad, que es la que no aporta este proyecto, entre otras cuestiones.
Por eso, presidente, nosotros no estamos a favor. Hemos pedido la vuelta a comisión. Hemos pedido otra agenda. Y como no hemos sido escuchados y como el gobierno avanza aceleradamente en el debate de este tema, es que desde el radicalismo vamos a votar en contra.
SR. PRESIDENTE. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
SR. PICHETTO. — Señor presidente: en primer lugar, quisiera comenzar con una breve lectura de un concepto vertido por un importante constitucionalista. Lo electoral es coyuntural, por eso digo que todo es relativo; porque si se trata de un tema donde está permitido cambiar de opiniones, rectificarse, reconocer errores, recapacitar, intentar nuevas formulaciones dentro del derecho constitucional o del derecho público, este es el derecho electoral. Se trata de la experiencia viva y depende del estado de evolución, desarrollo y humor de la sociedad en un momento determinado. Doctor Jorge Reinaldo Vanossi. La reforma constitucional del 94, Serie de temas de actualidad. Editorial Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
Un concepto que me parece importante para empezar este debate. En primer lugar, tenemos que desdramatizar el debate. Esta no es la ley de las leyes. Es una ley que puede ser adaptada en cualquier momento, cuando las realidades políticas y sociales así lo indiquen.
En un momento determinado, en este Congreso, en el marco de una crisis extraordinaria, en el marco de esa consigna que yo no me canso de repetir, que era nihilista, “que se vayan todos”, nosotros sancionamos una ley de convocatoria a internas abiertas en los partidos políticos y luego la tuvimos que derogar, porque la realidad política de ese tiempo nos indicaba eso.
Nosotros fuimos un partido que en 2003 fue con tres sectores políticos a la elección general. Tres realidades políticas del peronismo confluyeron en el marco de una elección general, y el radicalismo también tuvo otras vertientes. Incluso, en el propio proceso electoral de 2007, el partido radical, tratando de recuperarse, llevó un candidato que había sido el ministro de Economía del partido del gobierno. O sea que estamos hablando de la Argentina. Yo no puedo creer —con todo respeto— cuando escucho algunos discursos vertidos desde espacios provinciales que tienen una historia de hegemonismo y de continuidad de veinticinco años del sistema democrático. Si queremos hablar de reforma política en serio, también hablemos de cómo paramos los procesos de reelección indefinida en la Argentina.
Yo comparto la idea de dos períodos y que se termine esta historia; la comparto! ¿Cómo no la voy a compartir?
Comparto, también, la idea de eliminar el sistema de colectoras. Yo fui víctima de las colectoras, un sistema perverso y de fragmentación, que este proyecto de ley, en la parte de la elección general, modifica. Me hubiera gustado que también lo eliminara en el sistema del proceso de elección interna abierta de los partidos, pero es un avance que ya la colectora no esté en el marco de la elección general. Repito: es un sistema perverso.
Quiero dar un ejemplo claro de lo que estamos hablando, de lo que vivimos, producto de la fragmentación de la política, de la pérdida de identidad de los partidos políticos. Mi partido, en un municipio cercano de la provincia de Buenos Aires -la Intendencia de Lomas de Zamora, para poner un ejemplo concreto-, determinó la presencia en 2007 de cuatro candidatos a intendentes. El que ganó sacó el 18.5, el segundo sacó el 17, el otro sacó el 14 y el otro 5. No existe la posibilidad de gobernar. Ese Concejo Deliberante era un aquelarre. El sistema de colectora es un sistema destructor de la política. El sistema de colectora toma todo; se puede tomar arriba, pero abajo se destruye la política. Creo que esto es un avance importante.
Es un avance importante, también, el proceso de financiamiento, que no es solamente un sistema público. No es cierto lo que dijo recién el senador Morales. Hay un cambio profundo en esta estructuración normativa, porque le da una prevalencia al Estado en el financiamiento de los partidos políticos. Pero no es el sistema francés, donde todo el sistema se mantiene desde el Estado. Este sistema también permite el aporte privado de personas físicas identificadas, que puedan responder penalmente por los recursos que aporten. O sea que aquí hay una combinación de aportes privados y del Estado.
Pero, fundamentalmente, este proceso de cambio estructural en el sistema de financiamiento apunta a las fuerzas populares. Nosotros hemos vivido una experiencia muy reciente y muy interesante desde el punto de vista de la discusión política que estamos dando.
En la provincia de Buenos Aires, apareció una figura política que ganó las elecciones en la última elección, Francisco De Narváez, un empresario de muchos recursos y de mucha capacidad. Él hizo campaña un año o un año y medio antes de las elecciones. Había carteles rojos pintados en toda la provincia, que difundían en el marco de una campaña temática que tenía como eje la seguridad -un manual de la seguridad-, con canales de televisión vendiendo el libreto de ese tema. Todo formó parte de la campaña. Desde ya, eso significó mucha plata y muchos recursos puestos al servicio del proceso electoral. Así, se trabajó durante un año y medio antes de las elecciones, con plata privada. Yo no estoy haciendo un juicio de valor acerca de dónde salió la plata. Lo que estoy señalando es que hubo, indudablemente, una construcción política electoral previa con cartelería, difusión y televisión cuando todavía ni siquiera estaba fijada la fecha de las elecciones. Esto lo vimos. De esto fuimos testigos.
Me parece que el sistema es bueno. Está bien que se hagan aportes privados siempre y cuando el sistema funcione. Creo que el Estado debe hacer el aporte principal, pero si el aporte privado es transparente, la persona lo denuncia, se identifica claramente y puede responder después ante la Justicia ante cualquier requerimiento, esto resulta legítimo. Lo que no puede haber son aportes clandestinos. Todos sabemos que muchas campañas se rinden en sede judicial y tienen un gasto hipertrofiado que no se ajusta a los números que se presentaron. Esta ha sido la realidad de muchos sectores en la vida pública de la Argentina.
Entonces, creo que vamos hacia un proceso de mayor sinceramiento.
La elección interna es un proceso de democratización de la elección primaria. Me parece que es interesante y puede servir para vitalizar la vida de los partidos y para unificar una candidatura. El que participa de una interna no puede después irse por afuera. Hay 700 partidos políticos en la Argentina. Algunas son empresas PYMES, que prestan el partido a algunos candidatos o arman procesos de alianzas, y los tienen listos y preparado.
Indudablemente, si bien este sistema ha sido producto de la crisis política de 2001, había empezado antes. En la década del 90, ya se visualizaba esta tendencia de armar partidos políticos y a tenerlos como empresas o sociedades anónimas para ponerlos al servicio de una campaña electoral.
Me parece que este proyecto de ley plantea fundamentalmente la consolidación de los grandes partidos políticos nacionales. Y no nos ponemos colorados al decir esto. Estamos hablando de los partidos que tienen tradición histórica en la Argentina. Los partidos políticos que tienen trayectoria y un espacio en el marco de la sociedad son los partidos que hay que vigorizar y fortalecer; y no a esos sellitos, estructuras u organizaciones que se juntan y se arman en función de procesos electorales.
Este proyecto de ley tiene como objetivo el proceso de elecciones nacionales. He escuchado a algunos representantes de las provincias efectuar cuestionamientos, pero aquí no tienen nada que ver las provincias. Éstas tendrán que concretar su propia legislación.
Algunas, si tienen voluntad política y les gusta esta norma, podrán adherir a ella. Es decir, las legislaturas provinciales podrán adherir o no, y cada provincia podrá imponer el modelo que quiera. Nadie impone a ninguna provincia ningún sistema. Esta iniciativa se refiere a la elección de presidente, de senadores, de diputados y para algo que tenemos que cubrir democráticamente, que es el proceso de integración del Mercosur y de la representación política de la Argentina, que el año que viene habrá que poner en marcha con procesos electorales también transparentes. Así que las provincias se quedan tranquilas, y que armen el modelo que quieran.
Hoy escuché al senador Marino hablar sobre el control de los medios. La verdad, hay múltiples anécdotas en este tema. En general, en las provincias, los que tienen el poder reproducen poder. Es muy difícil modificar a veces el statu quo de la política en las mecánicas electorales. El control del Estado, el aparato y la estructuración determinan fuertes controles hegemónicos, fuertes controles de consolidación de grupos y de familias que en la Argentina han mantenido el poder durante muchos años. Demos en esto un debate sincero.
Esta es la Argentina; no es Dinamarca, un país que aparece onírico.
El tema del consenso es un tema interesante. Quizás no tiene mucho que ver con lo electoral, pero es una palabra que está de moda en la Argentina. Me parece interesante reflexionar al respecto. Ayer, hubo una importante reunión de industriales argentinos en Pilar.
Yo estaba invitado, pero no pude ir. Había preparado mi mensaje para dar allí. Hoy hablaba con el senador Sanz, y era un escenario difícil para un oficialista. Ahora bien, ¿cuál era el eje de la convocatoria? El consenso. Palabra mágica en la Argentina, si las hay.
En realidad, habría que ponerse de acuerdo y tener consenso sobre un modelo de crecimiento productivo, de cómo seguimos creciendo en el marco del empleo, sobre cómo generamos más empleo en blanco. Es decir, sobre algunos ejes que esta política de este denostado gobierno de la presidenta y del ex presidente Kirchner han tenido éxito.
Indudablemente, en los últimos seis años hubo un proceso de crecimiento económico importante. Muchos de estos industriales se han beneficiado por estas políticas. En la década del 90, a fines de los 90, el proceso económico y productivo de la Argentina se caía a pedazos.
Nadie ganaba; todos se fundían. Todos corrían al Brasil, todos trasladaban sus empresas a ese gran país que es el Brasil, que ahora descubrimos como la panacea de la democracia; al igual que el país vecino del Uruguay, que es el ejemplo de la democracia ateniense en el Río de la Plata. ¡Extraordinario!
Digamos que han tenido un proceso electoral y se han dicho cosas muy duras. Han discutido, han hecho campaña, han tenido discursos agresivos y han resuelto el proceso electoral. Tampoco se diferencian mucho de nuestras características políticas. Pero ahora, resulta que los ponemos como ejemplo extraordinario de lo que es la vida pública de países que, indudablemente, tienen dificultades como nosotros y tienen grandes procesos de exclusión, de pobreza; también, tienen pendiente la tarea de la integración social y de la educación como modelo central de crecimiento. Así que no los pongamos como ejemplos, porque eso significa la autodevaluación y la autodestrucción de nuestras propias potencialidades y posibilidades.
Creo que en la sociedad argentina hay un principio reactivo. Lamentablemente, hay sectores de la política que siguen el juego de las corporaciones y que, también, le hacen el juego a las corporaciones mediáticas. Sin dudas, así se plantea un escenario donde el gobierno, en todo lo que es el conflicto y la crispación, es el responsable. Parece que todo lo malo que pasa en la Argentina es culpa del gobierno, el cual plantea un modelo autoritario, que se quiere quedar con todo. Así, se afirma también que el Ministerio del Interior va a manejar el proceso electoral, como si estuviéramos asegurando hoy que el resultado electoral en 2011 está cantado.
Sin embargo, la sociedad va a votar en libertad, como votó en la provincia de Buenos Aires cuando no nos apoyó y perdimos la elección. Fue un resultado ajustado, pero perdimos.
Esta es la lectura de la realidad. Tendremos que analizarla y asumir con autocrítica el tema de las candidaturas testimoniales. La verdad, no sirvió. Entonces, tendremos que revisar el tema en el marco de nuestro partido. Estoy seguro de que la presidenta, que es muy observadora de la realidad, lo va a analizar junto con el presidente de nuestro partido. Pero la sociedad votó y lo hizo con total transparencia. Por eso, es otra gran mentira la falta de transparencia electoral en la Argentina o el fraude. Hablan del fraude como si estuviéramos en la década del 20 del siglo pasado. Aquí no hay fraude.
Señor presidente: el peronismo perdió en 1997 una elección cuando la candidata del peronismo en la provincia de Buenos Aires era la señora Hilda de Duhalde. Perdió con Fernández Meijide; pero se aceptó el resultado político y no hubo fraude, no hubo robo de votos. Se perdió y a otra cosa. Perdimos en la Provincia de Buenos Aires y no hay excusas.
Tal vez, si hubiéramos ganado por un punto, no sé qué habría pasado. Todavía se estaría discutiendo el resultado electoral y, seguramente, nos hubieran negado ese resultado o dirían que hubo trampa, fraude o que manejamos la justicia electoral o la electrónica.
El señor Alejandro Tullio es un hombre de las filas del radicalismo…
SR. MORALES. No; no es radical.
SR. PICHETTO. ¿Lo echaron?
SR. MORALES. Lógico.
SR. PICHETTO. Me parece bien.
Comparto la idea de afianzar los partidos. Cuando escucho hablar a algunos de coherencia y de pertenencia a los partidos y han hecho acciones de transfuguismo, ¿qué quieren que les diga? Ustedes saben cuál es mi pensamiento. Creo en la identidad de los partidos y, sinceramente, creo en un sistema de partidos en la Argentina porque es lo único que va a fortalecer la democracia en este país. Todo lo demás es la política mediática. Todo lo demás es hacerle el seguimiento a intereses. Las sociedades tienen conflictos, las sociedades tienen intereses controvertidos que se desarrollan y se canalizan en los procesos electorales.
El único lugar donde hay un consenso de silencio es el cementerio. Es así, compañeros; allí está todo bien. A veces, hay despelote con los que cuidan o tal vez algún problema de identidad en alguna tumba, pero no hay discusiones. En el cementerio está todo tranquilo y hay consenso.
Las sociedades tienen movilidad, conflicto e intereses; tienen esquemas de controversias que se canalizan a través de los procesos de debate electoral y de la discusión de las ideas. Por eso, no hay que tener miedo al debate de las ideas y no hay que tener miedo a que los partidos se consoliden, se organicen y tengan liderazgos. ¿Saben cuál es el problema de la democracia argentina? El tema del liderazgo. No el liderazgo caudillesco o el viejo liderazgo. Me refiero al liderazgo político que significa que un partido se compromete con la propuesta electoral y con las ideas de ese partido y cuando llega al gobierno las lleva adelante y no claudica, no abandona el juego por más que la opinión pública o sectores dirigidos de la opinión pública digan que las políticas son equivocadas o algunos vocingleros que replican todo empiezan a cuestionar las políticas. La política también implica convicción, implica el ejercicio de las ideas, llevar adelante las iniciativas y asumir los costos que significa gobernar.
Por eso, me parece importante esta norma, porque fortalece los partidos, porque es un paso adelante en la democratización de éstos y porque es un paso adelante en el financiamiento político que tiene que impedir que tipos que tienen mucha guita puedan dominar el escenario electoral simplemente porque tienen plata. Hay que volver al trabajo de la militancia, a la organización partidaria, a los programas, a las ideas, a las propuestas y evitar que en el medio de un gobierno la gente se vaya para otro lado. Por eso, también hay que consolidar —y esto me parece que requiere una legislación especial— el concepto de que la banca es del partido, y el programa del gobierno por el cual fue elegido tiene que ver con la pertenencia y con la permanencia en ese cargo.
Por estos fundamentos, presidente —no quiero profundizar este tema—, nosotros vamos a votar afirmativamente. Creemos que esta norma es necesaria. No estamos seguros de que en el mes de marzo se pueda votar esta norma. No estamos convencidos. Creemos que el Congreso que viene…
SR. MORALES. Nosotros hacemos el compromiso de votar en la primera semana de abril. El bloque de senadores y el bloque de diputados así se comprometen si es que se conforma esa agenda que se planteó para mejorar la iniciativa, aún manteniendo la estructura central del Poder Ejecutivo. Como presidente del partido hasta pasado mañana asumo ese compromiso. Por ende, le solicitamos al Frente para la Victoria que produzcamos un debate, enriquezcamos la ley y todos tengamos reglas claras.
SR. PICHETTO. Senador Morales: usted no puede garantizarme el resultado de la votación.
El escenario que viene en el Congreso va a ser más fragmentación política. Espero que el paso que se da, fundamentalmente, le sirva a la democracia argentina y le sirva a su partido, que sé que está por inaugurar una nueva etapa, con una nueva conducción; nos sirva al Partido Justicialista para consolidar un proceso democrático profundo que nos permita elegir a nuestros candidatos a través del voto ciudadano, y le sirva a la sociedad para que deje de ser espectadora y sea partícipe en el proceso de elección de los candidatos.
En el fondo, sé que están de acuerdo con una iniciativa como esta. Sé que comparten estos lineamientos de la consolidación de los partidos. Pero también entiendo que como el escenario de la Argentina es muy duro y muy crispado con el gobierno, no existe posibilidad alguna de fijar acuerdos. Quizás el año que viene ingresemos en otro camino. Vamos a solicitar que se vote la sanción de la Cámara de Diputados.
SR. PRESIDENTE. Se van a votar las inserciones.
Se practica la votación.
SR. PRESIDENTE. Aprobadas.
Se votará una sola vez en general y en particular.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
SR. JENEFES. Señor presidente: voy a votar negativamente tres artículos y quiero fundamentar por qué voto en contra.
SR. PRESIDENTE. Diga qué artículos.
SR. JENEFES. Los artículos 34, 56 y 57.
SR. PRESIDENTE. En primer lugar, vamos a votar en general. Después, votamos en particular, salvo esos tres artículos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
Se practica la votación por medios electrónicos.
SR. SECRETARIO (Estrada). ) Resultan 42 votos afirmativos y 24 negativos. En general se ha superado la mayoría prevista en el párrafo segundo del artículo 77 de la Constitución Nacional.
SR. PRESIDENTE. Queda aprobada en general.
Se va a votar en particular.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Es costumbre del Senado respetar la voluntad. Por ello pido a los manifestantes que retiren los carteles, por favor.
SR. JENEFES. Señor presidente: el artículo 34 del proyecto determina la prohibición de contratar publicidad en televisión y radio; y la sanción, si se llegara a hacer, es la pérdida, en el caso de los partidos políticos o agrupaciones políticas, de las contribuciones, subsidios y financiamiento público. En el caso de la radio y de la televisión es la sanción que prevé el artículo 106 de la ley de medios audiovisuales, que es la caducidad de las licencias.
El artículo 56, modificatorio del articulo 43 de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, dispone que ni las agrupaciones políticas ni los candidatos pueden contratar publicidad, ya sea por sí o por terceros, en la radio y en la televisión.
Entiendo que esos dos artículos, el 34 y el 56, afectan el artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina, que dispone el derecho que tenemos todos los argentinos a ejercer libremente el comercio. Esos dos artículos —34 y 56— afectan, también, el artículo 14 de la Constitución Nacional porque afectan el derecho de propiedad.
También entiendo que los artículos que estoy cuestionando afectan el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que entre los derechos que consagra se encuentra el de la igualdad de todos los argentinos. Y digo que no hay igualdad porque estos artículos prohíben a la radio y a la televisión hacer publicidad, y sí lo permiten a los medios gráficos, a Internet y a otros medios de publicidad.
Estos dos artículos, sin duda alguna, constituyen una afectación al derecho de igualdad, porque según quien los viole, en el caso de ser una radio o un canal de televisión, producen la caducidad de la licencia, mientras que en el caso de las agrupaciones políticas, producen una simple sanción económica. Además, se viola el Pacto de San José de Costa Rica, que determina —al igual que la Constitución Argentina— el derecho de todos a expresar libremente sus ideas.
No quiero ahondar en estos conceptos. Simplemente, expreso que —a mi juicio— estas normativas son inconstitucionales y afectan garantías y derechos fundamentales de los argentinos.
Asimismo, cuestiono el artículo 57 del proyecto en consideración, por cuanto en uno de sus párrafos dispone que los medios de difusión —televisión y radio— deben ceder el 10 por ciento de su programación. Por lo tanto, entiendo que eso afecta el derecho de propiedad y, en consecuencia, que dicho artículo es inconstitucional. Asimismo, ni la ley de medios audiovisuales ni esta normativa dice a título de qué se cede; o sea, si a título gratuito u oneroso. Descarto que la cesión de ese 10 por ciento será a título oneroso; caso contrario, serían doblemente afectados el derecho de propiedad y la libertad de expresión en la República Argentina.
Estas son las razones y los motivos por los cuales voto en contra de estos tres artículos.
SR. PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
SR. SANZ. — Señor presidente: quiero que quede en claro que nuestro voto negativo respecto de estos artículos se basa en los argumentos de fondo que expresó en el cierre del debate el senador Morales en cuanto a la globalidad y a la totalidad de la ley. Y quiero que también quede en claro que nosotros estamos en las antípodas del voto negativo del senador preopinante.
Entonces, para que no se mezclen los argumentos de los votos negativos es que hacemos esta aclaración.
SR. PRESIDENTE. — Pasamos a votar todos los artículos del proyecto, menos los artículos 34, 56 y 57, que fueron observados por el senador Jenefes.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
SR. SECRETARIO (Estrada). — Se registran 42 votos afirmativos y 22 negativos.
SR. PRESIDENTE. — Senador Rodríguez Saá, sírvase manifestar su voto a viva voz.
SR. RODRÍGUEZ SAÁ. — Negativo.
SR. SECRETARIO (Estrada). — En consecuencia, son 23 los votos negativos. Se ha superado la mayoría prevista en el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución Nacional.
SR. PRESIDENTE. — Quedan aprobados todos los artículos, menos los artículos 34, 56 y 57, los que pasaremos a votar a continuación.
Se van a votar los artículos mencionados.
SR. SECRETARIO (Estrada). — Se registran 40 votos afirmativos y 25 negativos. También aquí se ha superado la mayoría prevista en el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución Nacional.
SR. PRESIDENTE. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
[…]
SR. PRESIDENTE. — Felicidades a todos, que tengan un buen año. Muchas gracias.
(Aplausos)
Queda levantada la sesión.
— Son las 22 y 46.
JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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