Mensaje del 21 de Mayo del Presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ante el Congreso Pleno (1997)

MENSAJE 

DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE 

Eduardo A. J. B. Frei Ruiz-Tagle 

ANTE EL CONGRESO PLENO 

EL 21 DE MAYO DE 1997 

 MÁS OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: 

Vengo por cuarta vez al Congreso Pleno, para dar cuenta de la marcha de la Nación. Ha transcurrido la mitad del período de mi mandato. Corresponde entonces realizar una amplia reflexión sobre las metas que se propuso mi gobierno, sus logros y los desafíos pendientes. 

La convicción de que Chile tiene una oportunidad histórica en sus manos, que debe ser aprovechado por la Nación entera ha sido una orientación permanente y un eje de nuestra acción. Es la oportunidad de que nuestra democracia amplíe las libertades públicas; afirme sus sólidas bases económicas, con integración y prestigio en la comunidad internacional, y abra posibilidades ciertas de desarrollo a su gente.

En estos años hemos actuado con responsabilidad y prudencia, sin demagogia ni oportunismo. Nos alzamos sobre una realidad trabajosamente conseguida. Libertad y justicia no han sido dones gratuitos, son bienes preciados que han exigido más de lo que todo pueblo desearía. Por eso nuestro caminar ha sido para paso, con certeza, con seguridad. 

Creemos en la dignidad de las personas y en que ellas necesitan condiciones materiales, libertades públicas, herramientas y capacidades para expresarse plenamente, Trabajamos incansablemente para erradicar la pobreza y las inequidades, y así dar efectiva vigencia a los derechos humanos en todos sus aspectos fundamentales: que ningún chileno, bajo ningún pretexto, pueda ser discriminado o postergado en nuestra patria. 

Mi gobierno ha trabajado conciente del mandato que recibió. Los chilenos no sólo quieren un país respetado por sus logros en la economía, sino también, conformar una comunidad en la que todos puedan reconocerse como semejantes, más allá de las diferencias sociales y económicas. Los chilenos quieren paz y tranquilidad, y a la vez un ambiente sin miedo a la libertad, lejos de la sospecha y la represión. Los chilenos no solo quieren desarrollar espacios para la creatividad y la capacidad económica de emprender, quieren ejercitar en plenitud el derecho ciudadano a la libertad para decidir políticamente los rumbos de la sociedad. 

Nuestras convicciones exigen eficiencia y realizaciones. Por ello nos hemos dedicado con energía a esa laboriosa construcción. Porque no se trata de abstracciones: las oportunidades son para todos y cada uno de los chilenos. Para los jóvenes, para los trabajadores, para las mujeres, para los empresarios, para los soldados. Nuestra tarea es expandir las capacidades en recursos humanos, en infraestructura, en producción, en gestión pública, en cultura y conocimiento; en capacidad de integrar a todos a este proyecto histórico de modernización integral de nuestra sociedad. 

Hoy vengo a dar cuenta de como en estos años mi gobierno ha trabajado para que nuestra gente tenga mayores oportunidades para progresar, para crear y trabajar, para decidir. Como hemos sido concretos en expresar nuestras convicciones y como las seguiremos haciendo realidad en el próximo tiempo. 

MÁS OPORTUNIDADES PARA PROGRESAR 

Estamos plasmando nuestro compromiso con los valores de una auténtica equidad y justicia social en múltiples políticas, programas y acciones. Cada una de las familias que integran la comunidad nacional debe tener posibilidades ciertas de progreso. Por ello, hemos extremado nuestros esfuerzos para avanzar en todas aquellas áreas que cooperan efectivamente a que los chilenos tengan más igualdad de oportunidades. 

Nuestro gobierno pone la educación de sus niños y jóvenes al centro de sus preocupaciones. Hemos hecho de la formación de la persona humana -de sus talentos, su libertad y sus responsabilidades- el eje de nuestra acción y el norte del país. Lo estamos haciendo también en materias como salud, justicia, vivienda. En esta tarea inmensa, hay que vencer numerosas inercias y, dentro de nuestras posibilidades, exigirnos cada vez más. 

Lo hacemos con energía. La fraternidad y la solidaridad son propias de una visión comunitaria de la democracia, alejada de aquélla otra que confunde democracia con mercado, derechos individuales con individualismo. Sabemos bien que hay quienes creen que las responsabilidades sociales ya no cuentan y que estiman que el puro altera privado debe regir el comportamiento de las personas y las instituciones. Nosotros no compartimos esa visión. ¡Hay muchos en nuestra sociedad que son débiles, vulnerables, que pueden quedar atrás! ¡Por eso luchamos por crear una convivencia donde preocuparse por los otros -su salud, su vejez, su vivienda y su afán por surgir en la vida- sea una parte vital del alma nacional! 

Avanzar en la igualdad de oportunidades tiene múltiples significados

Requerimos avanzar en tres objetivos fundamentales. El primero es minimizar la proporción de personas y hogares cuyas condiciones de vida es están por debajo de lo que la sociedad considera aceptable, tanto económica como social y políticamente. El segundo es promover el desarrollo de los talentos potenciales existentes en todos los grupos de la sociedad, eliminando progresivamente los privilegios y las discriminaciones jurídicamente establecidos, así como la desigualdad de oportunidades de cualquier tipo, incluyendo aquéllas asociadas al origen social, étnico o geográfico, o al género. El tercero es buscar que el poder, la riqueza y los frutos del progreso se difundan y distribuyan en la sociedad, y que no se concentren de tal manera que se restrinja el ámbito de libertad de las generaciones presentes y futuras. Todo ello puede ser logrado, en primer lugar, mediante políticas consistentes que aumenten la igualdad de oportunidades en nuestro país. 

Dar la mejor educación a todos los niños y jóvenes del país 

En el mensaje del año pasado, dije que la modernización de la educación es un requisito, imprescindible para la integración nacional, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de un país que busca la igualdad de oportunidades. Nos comprometimos a llevar a cabo una Reforma Educacional que lograra estos objetivos. 

Un solo aspecto del esfuerzo que llevamos a cabo demuestra con hechos la prioridad que asignamos a la educación: hemos aumentado consistentemente los recursos destinados al sector, cuyo presupuesto, entre 1994 y 1995, creció un 12 por ciento; en 1996, lo incrementamos en 16 por ciento; y el presupuesto de este año más que duplica lo que el Estado destinaba a educación en 1990. Lo hacemos en el contexto de una reforma educacional que apunta, sobre todo, a mejorar la calidad de la enseñanza, en donde lo esencial es el cultivo de la capacidad de aprender a aprender. 

La reforma educacional se desarrolla, de manera simultánea, en cuatro ámbitos: los programas de mejoramiento e innovación de la educación básica y media, a los cuales se suma el establecimiento de una red de liceos de anticipación que hagan de cabeza a la renovación del sistema educativo chileno; la reforma curricular; el fortalecimiento de la profesión docente, y la extensión de la jornada escolar. Hemos avanzado decididamente en todas estas tareas. La Reforma está en marcha, pese a las diferencias aún existentes en el Congreso sobre la modalidad de financiamiento de una parte fundamental de ella. 

Programas de mejoramiento e innovación 

En educación preescolar, estamos cumpliendo el compromiso establecido en 1994, de extender su cobertura en 40 mil cupos. Ante las dificultades que tienen las mujeres trabajadoras y jefas de hogar para cuidar a sus hijos en horario de trabajo, en 1996 un número significativo de los jardines Junji e Integra extendió su horario, y mas que duplicamos las vacantes de los centros de atención de hijos de mujeres temporeras de la agroindustria. 

En la enseñanza básica continuó el Programa de las 900 Escuelas, y el de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en el ámbito rural amplió su cobertura a todas las escuelas con uno, dos o tres docentes, Asimismo, este año se han entregado 6.800.000 textos de estudio a 2 millones de alumnos de la enseñanza básica. 

Al igual que en educación básica, el MECE Media, que partió al iniciarse mi gobierno, ha significado mayores recursos, que han sido destinados, entre otros aspectos, a la dotación de nuevas y modernas bibliotecas, textos, material didáctico, infraestructura y acceso a recursos informáticos. Estos nuevos recursos permiten también el desarrollo de iniciativas de innovación en las prácticas educativas, tales como los proyectos de mejoramiento educativo y los grupos profesionales de trabajo docente. 

Es así como la red computacional Enlaces, que incluye escuelas básicas y liceos, este año alcanzará 1.500 establecimientos. Entre ellos destaco la Escuela Villa La Estrellas de la Antártica Chilena, que desde este mes está conectada a Chile y al mundo a través de Internet. Por otra parte, se encuentran en plena marcha actividades de desarrollo profesional de los maestros, los grupos de trabajo profesional en los cuales participan alrededor de 40 mil docentes de enseñanza media. 

Este año, por primera vez, hemos entregado 220 mil textos escolares a los estudiantes de primer año de enseñanza media subvencionada. Ello ha sido acompañada por la ampliación de la cobertura de los programas escolares de salud y alimentación. 

En materia de infraestructura escolar, nos hemos hecho cargo de un déficit significativo. La inversión ha crecido de 10 mil millones en 1990 a más de 40 mil millones en 1996, en moneda de este último año. A este significativo esfuerzo se sumarán las inversiones que requiera la implementación de la jornada completa diurna. 

Dentro de este ámbito de la Reforma en marcha, y como una iniciativa que profundiza en la línea de los programas de mejoramiento e innovación educativa, hemos avanzado, durante el presente año, en la generación de liceos de anticipación. Con ello crearemos, en el mediano plazo, establecimientos de calidad que brinden reales oportunidades a sus alumnos, sin considerar el nivel económico del que proceden. 

El Proyecto Montegrande, que pondrá en marcha la iniciativa tic los liceos de anticipación, creó un fondo concursable con el cual se apoyará técnica y financieramente a los establecimientos de enseñanza media. Su objetivo es impulsar propuestas educativas e institucionales de largo alcance y diseñadas por las comunidades educacionales, que sirvan para la diversificación y el mejoramiento de la educación media en su conjunto. Como parte de este proyecto creamos una comisión asesora, conformada por destacadas personalidades, que evaluará y seleccionará las propuestas presentadas. En 1998, cada uno de los liceos escogidos contará con un respaldo base de 100 mil dólares al año, para realizar un proyecto cuya duración será de cuatro años. Estos liceos representarán el 7 por ciento de la matricula de la enseñanza media subvencionada. 

La reforma curricular 

En materias curriculares, hemos realizado modificaciones sustantivas en los contenidos educativos. Ya están vigentes los nuevos Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos en la Enseñanza Básica, elaborados por el ministerio del ramo. Unos 609 mil alumnos de primeros y segundos básicos cuentan con nuevos programas de estudio, y están aprobados los planes y programas elaborados por el Ministerio de Educación para los terceros y cuartos básicos. Además, incorporamos en este nivel el principio de igualdad, de oportunidades para la mujer en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos. 

En la enseñanza media, el proceso de elaboración de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos esta en marcha. Como lo ha anunciado recientemente el ministro del ramo, el Ministerio de Educación está realizando una consulta nacional sobre su propuesta de cambio curricular. Durante este proceso, los liceos suspenderán un día sus clases para que el conjunto de la comunidad educativa -profesores y alumnos- reflexione sobre la propuesta. Las observaciones serán procesadas e incorporadas por el Ministerio de Educación a la propuesta final de reforma curricular, que deberá ser sometida, para su aprobación, al Consejo Superior de Educación a fines de este año. De esta manera, por primera vez en nuestra historia educativa, en un marco común, cada comunidad escolar podrá definir su propio proyecto educativo. 

La combinación entre la descentralización curricular y las otras medidas ofrece a las comunidades educativas, y en especial a sus docentes, nuevas y distintas oportunidades. Un reflejo de la complementariedad del conjunto de medidas en marcha es la flexibilidad de la dotación de material didáctico a los liceos: de un catálogo integrado por más 2 mil alternativas entre libros, videos y cd roms, cada establecimiento puede elegir la que más convengan a su proyecto. 

Fortalecimiento de la profesión docente 

El cambio educacional está también muy centralmente dirigido hacia los docentes. La extensión horaria, como medida aislada, no sirve para mejorar la calidad educativa. Es preciso contar con un cuerpo docente preparado y a la altura de las nuevas exigencias. 

Por ello hemos desarrollado múltiples iniciativas en relación a la capacitación y fortalecimiento docente, En marzo, las Facultades de Educación comenzaron la preparación de proyectos de renovación de la enseñanza de la pedagogía en Chile. A fines de año se seleccionarán los proyectos presentados, para que el Estado apoye las mejores iniciativas de renovación pedagógica. 

Durante 1996, más de 56 mil profesores participaron en instancias de capacitación. Este año, aparte de los programas permanentes de perfeccionamiento, capacitaremos con cursos de un mes de duración promedio a 7 mil docentes del segundo ciclo de educación básica y de enseñanza media en asignaturas fundamentales del currículum. A través de esta última iniciativa queremos perfeccionar a 25 mil docentes de todo el país en tres años. Por otra parte, durante el año pasado salió fuera del país la primera promoción de profesores a cursos de perfeccionamiento en universidades extranjeras. 

En octubre de este año partirá una segunda promoción de 600 profesores a repetir esta experiencia, mientras que más de 100 docentes asistirán a cursos más extensos y de mayor profundidad, realizados en universidades de Chile, durante tres meses, para posteriormente continuar su perfeccionamiento por alrededor de cinco meses en universidades extranjeras. 

También en octubre, el Ministerio de Educación otorgará, como un signo del reconocimiento a la función docente, 50 Premios a la Excelencia Docente, que serán entregados de acuerdo al reconocimiento que en cada establecimiento educacional la comunidad escolar otorgue a sus maestros. 

Los salarios de los profesores se han elevado significativamente entre 1990 y 1996, de tal manera que, con los aumentos del presente año, prácticamente se duplicarán en relación a 1990. Así, los profesores con 41 horas de jornada docente alcanzarán, al incorporarse a la profesión a partir de 1008, un sueldo equivalente al del escalafón profesional de la administración pública, superándose así el rezago histórico de sus remuneraciones. De esta manera cumplimos con una sentida y tradicional aspiración del magisterio. Este aumento, que ya fue aprobado por el Congreso, comenzará a regir después del examen del Tribunal Constitucional a algunos de sus artículos, referidos a un nuevo beneficio de jubilaciones mejoradas para los docentes. Esperamos que este reajuste sea ley en pocos días mas, y tendrá carácter retroactivo a contar del mes de febrero del presente año. En este mismo ámbito, en 1996 pusimos en marcha el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, a través del cual se entregó un bono que favoreció a los docentes del 25 por ciento de escuelas y liceos de mejor nivel en cada región, en lo que constituye un claro estímulo a la búsqueda de la excelencia profesional. 

Asimismo, quiero despejar cualquier duda respecto a nuestra decisión de que los cursos realizados entre los años 1993 y 1995 dan origen a un aumento en la asignación de perfeccionamiento de los docentes: estos cursos están en proceso de reconocimiento, para que puedan ser pagados en lo sucesivo. 

La reforma de la educación se hace para los jóvenes y niños chilenos, y se hará con el entusiasmo, dedicación e inteligencia de nuestros maestros. Este gran impulso educativo no sólo salda una deuda histórica; inicia un gran camino de dignidad para nuestros docentes. Al ser el agente fundamental de esta reforma, al ampliar la calidad del ejercicio de su profesión, nuestro país reconoce el destacado rol del magisterio en la formación de nuestra cultura nacional. 

Hoy nos acompañan 14 directores de escuelas que han dado este histórico paso para la educación chilena. Se encuentran aquí en representación de los cuerpos docentes que están aprovechando esta reforma para dignificar su trabajo y ofrecer una educación de más calidad a todos sus alumnos. ¡En ellos quiero rendir un especial homenaje a todos los profesores de Chile! 

Extensión de la jornada 

Este año inició su jornada completa un tercio de los establecimientos educacionales del País, es decir, las más de 2.900 escuelas que no requerían inversión en infraestructura. Esta extensión benefició preferentemente a las escuelas de los sectores más pobres y rurales. Cada escuela o liceo, antes de incorporarse al sistema, debe elaborar un proyecto pedagógico consistente, que se presentara al Ministerio de Educación. Cada establecimiento recibe una subvención incrementada en alrededor de 24 por ciento. Hoy, 260 mil escolares están desarrollando actividades educativas, de acuerdo a lo que cada cuerpo directivo y docente ha definido, en relación a las carencias y necesidades específicas de su alumnado. 

Hasta 1994, los escolares chilenos tenían un total cercano a las 800 horas de clases al año. Una vez que se complete el cambio, tendrán alrededor de 1.100 horas en enseñanza básica y más de 1.200 en enseñanza media, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados. 

El inicio de la Jornada Escolar Completa Diurna en el presente año se realizó sólo en los establecimientos que no tenían necesidades de nueva infraestructura para atender a la totalidad de su matrícula en jornada completa. La incorporación del resto de los establecimientos del país requiere de un cuerpo legal que asegure el financiamiento de nuevas construcciones y el mayor gasto permanente que implica la jornada extendida. 

Esa ley aún se debate en el Congreso. El gobierno ha propuesto que para financiar el esfuerzo histórico de mejorar la educación para todos los niños y jóvenes de Chile se mantenga el IVA en su valor actual. 

No estamos pidiendo nada que la gente no pueda ni quiera aceptar. 

Sólo estamos pidiendo no rebajar en un 1 por ciento este impuesto. Un 1 por ciento que significa miles de aulas a través del país. Un 1 por cieno que significa que niños y jóvenes permanezcan en sus escuelas y liceos y no deambulen por las calles. Un 1 por ciento para que la educación sea una herramienta de progreso en la vida para los estudiantes más pobres. Sólo estamos pidiendo que un 1 por ciento de consumo, a veces superfluo, se destine a invertir en Chile y sus jóvenes. 

Si los parlamentarios de derecha se negaran a este histórico avance, los afectados no serian los niños y jóvenes de sectores acomodados, que ya poseen una buena educación pagada por sus padres. Los reales afectados serían los hijos de la gran mayoría de los chilenos. La historia no podría entender como una parte de los legisladores condenó a las futuras generaciones a mantener una situación educacional inequitativa. Nadie podría entender semejante miopía e injusticia. ¡Chile y sus jóvenes mermen este 1 por ciento! 

Asegurar una buena atención de salud 

Durante todo el siglo XX, Chile ha hecho una cuantiosa inversión en salud pública. En este largo período el Estado desarrolló una red asistencial extensa, con énfasis en lo materno-infantil. Producto de este esfuerzo, unido al mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico, el país ha podido mostrar notables avances en los indicadores de salud, con cifras semejantes a las de países que nos doblan en ingreso per capita. 

Sin embargo, tras estos promedios se esconde una cruda realidad. El bajo gasto en salud durante la década del ochenta derivó en un deterioro de la prestaciones, que afectó especialmente a los más pobres, ahondó las inequidades en el acceso a este decisivo servicio y llevó a que el sector fuera uno de los más precarios del país al momento de asumir los gobiernos democráticos. 

Hemos establecido nuevos programas para mejorar la salud pública 

En estas circunstancias, hemos puesto en marcha diversas medidas para mejorar la calidad del sistema público de salud, adaptándolo a la nueva realidad epidemiológica, demográfica y social. La red asistencial incorporó las Programas de Salud del Niño, de la Mujer, del Adulto, del Adolescente, del Adulto Mayor, de Salud Mental y de Violencia intrafamiliar. Junto con ello, hemos establecido diversas iniciativas que permiten que los pacientes del sector público tengan una asistencia familiar humanitaria que contribuya a su tratamiento o recuperación. Entre ellas podemos mencionar los programas de acompañamiento del padre en el parto, de acompañamiento de familiares al enfermo crítico o Terminal, de alivio al dolor y cuidados paliativos para enfermos de cáncer y de cuidado de la madre al niño hospitalizado. Por último, enviamos al Congreso un proyecto de ley que permite que los padres acompañen a sus hijos menores de 18 años gravemente enfermos. 

Un esfuerzo adicional ha sido mejorar la oportunidad en la atención a las personas. En 1996, el Programa de Reducción de las listas de espera, que se aplicó en las regiones V y Metropolitana, disminuyó en 90 por ciento las listas para cirugías en los hospitales. Asimismo, en 1996 un 33.8 por ciento del total de consultorios del país puso en marcha proyectos de entrega de horas de atención informatizada o por vía telefónica. También creamos fondos concursables para proyectos que mejoran el acceso, la calidad de la atención y el trato al usuario. 

Hemos mejorado la gestión y elevado los ingresos del sector público 

Desarrollamos la modernización y reforma de Fonasa, con el objetivo central de mejorar la asignación y distribución de los recursos. Hemos elaborado sistemas de financiamiento, como los de pago per cápita en consultorios y pago asociado a diagnóstico en hospitales. Adicionalmente, este proceso de mejoramiento rebajó los porcentajes de copago y reforzó la medicina curativa de libre elección, ampliando su cobertura e incorporando consultas especializadas y prestaciones a los adultos mayores. 

Para mejorar la eficacia en el uso de los recursos en el sector salud, los diversos servicios han asumido compromisos de gestión destinados a la obtención de resultados que satisfagan las necesidades de Salud de la población. Por otra parte, la reforma a la Ley N° 19.490 estableció bonificaciones ligadas al desempeño y a la experiencia calificada. 

Este año esperamos avanzar en el estatus jurídico que rige a los profesionales médicos, odontólogos, químico-farmacéuticos y bioquímicos que trabajan en los servicios de salud. Mientras tanto, entre 1991 y 1996, las remuneraciones de los profesionales de la salud adscritos a la Ley N° 15.076 han aumentado significativamente: los cargos directivos lo han hecho en 38 por ciento y el resto de los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares han aumentado sus ingresos en mas de 65 por ciento en promedio.

Hemos avanzado en la inversión en infraestructura 

Todo ello ha ido acompañado del mejoramiento en infraestructura y equipamiento de hospitales y centros de salud del sector público. Entre 1990 y 1995, la inversión acumulada en esta materia alcanzó los 192 mil millones de pesos en moneda de diciembre de 1995, con un promedio cercano a los 32 mil millones anuales. Ello contrasta agudamente con el promedio anual de inversión sectorial en los años ochenta, que alcanzó apenas a unos 3 mil millones de pesos en moneda del mismo valor: la décima parte de lo que estamos invirtiendo en democracia. Insisto en ello porque a veces, de manera irresponsable, se nos acosa de querer privatizar la salud y de no invertir en las necesidades del sistema público. Pues bien, nunca antes en la historia de nuestro país se había invertido en los montos en que lo estamos haciendo. ¡Las cifras y las obras están a la vista! 

Quiero destacar que, entre 1994 y 1996, hemos inaugurado seis nuevos hospitales, en Iquique, San Felipe, Chañaral, Los Vilos, Valdivia y Queilén; hemos realizado renovaciones y ampliaciones substanciales en otros once, en Chalán, Castro, Ancud, Puerto Montt, Temuco, Talca, La Serena, Los Andes, Talcahuano, Linares y Arica; y hemos equipado doce establecimientos hospitalarios en Antofagasta, Coquimbo, La Serena, Ovalle, Rancagua, San Fernando, Curicó, Linares, Talca, Temuco, Victoria y Osorno. Además dimos inicio al Plan Santiago, con la construcción del nuevo Hospital San José, del Hospital Padre Hurtado en San Ramón y del Hospital El Pino en San Bernardo. 

Aparte de ello, construimos Centros de Referencia de Salud en diversas comunas de Santiago, en El Bosque, La Florida, Pudahuel, Peñalolén y Maipú, e iniciamos la construcción del Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospital Barros Luco-Trudeau y de los Hospitales de San Ramón, San José, Sótero del Río y San Borja Arriarán. 

Finalmente, este tremendo esfuerzo en inversión ha significado la entrega de trece consultorios, como el de Esmeralda en Colina; Carol Urzúa en El Bosque; Juan Pablo II en Padre Hurtado; Villa O’Higgins en Florida; Doctor Gustavo Molina en Pudahuel; Bernardo Leighton en Puente Alto; Malaquías Concha en La Granja, El Roble en La Pintana; Eduardo Frei Montalva en La Cisterna: Eduardo Ahués y San Martín en Maipú; San Luis en Peñalolén; El Barrero en Huechuraba y el nuevo Helipuerto de la Asistencia Pública,, y mis de veinte centros a lo largo del país. 

Estos son ejemplos concretos de nuestro esfuerzo por recuperar y fortalecer la red asistencial que atiende a más del 70 por ciento de nuestros compatriotas! 

Sector Privado 

Respecto del sector privado, el gobierno propuso modificaciones a la Ley de Isapre, para superar diversas situaciones poco equitativas. Las nuevas normas reforzaron las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Isapre, y pusieron fin a los periodos de carencia y a las exclusiones para una gran parte de las prestaciones. Además regularon los convenios colectivos, aumentaron el capital y garantía para las Isapre, y cambiaron el destino de los excedentes, los que pasan a ser ahora propiedad del afiliado. 

Dar un salto cualitativo en el sistema público de salud 

Estos avances son importantes, pero la magnitud de los desafíos que enfrentamos nos exige dar un salto cualitativo en la atención de salud. Un sistema de salud accesible, oportuno, eficiente, cercano al usuario, debe considerar que el país se encuentra en un proceso de transición demográfica y epidemiológica. Hoy coexisten problemas de salud vinculados por una parte al subdesarrollo y, por otra parte, asociados a los estilos de vida y al desarrollo económico, como las enfermedades crónicas, la incidencia del cáncer, los accidentes traumáticos y los problemas de salud mental. ¡No podemos hacer más de lo mismo! Debemos asumir estos cambios, para construir un sistema de salud que garantice efectivamente altos niveles de calidad en una atención moderna y eficaz para todos los chilenos. Precisamente porque ya hemos recuperado los déficit más severos de nuestro sistema de salud, hoy podemos dar este paso adelante. 

El objetivo primordial del sistema público es la satisfacción de los usuarios a través de una prestación de calidad. De acuerdo a ello, el Estado establecerá un Plan de Salud que incluya la totalidad de los problemas de cuya atención y solución es considerada prioritaria por la sociedad chilena. Mediante este plan, cada persona estará en condiciones de exigir el cumplimiento de sus derechos de salud, y el Estado tendrá el deber de responder de acuerdo a determinadas condiciones de cobertura y tiempos de espera máximos para las intervenciones o prestaciones, correspondientes. 

El giro fundamental es pasar de un énfasis administrativo a otro centrado en una atención de calidad que logre la satisfacción de los usuarios. 

Esta nueva dinamita puede empezar a realizarse hoy debido a que Fonasa ha avanzado en la identificación de la totalidad de sus beneficiarios. Sobre esta base, el sector público, a través de Fonasa, está comenzando a desarrollar durante 1997 el Programa Oportunidad de Atención, que será profundizado en los próximos años. Este programa considera, para 1997, garantizar la cobertura de 11 problemas de salud, con un presupuesto de 2.400 millones de pesos. Para 1998, el presupuesto se incrementará al 5 por ciento del total de las transferencias de Fonasa (20 mil millones de pesos), y abarcará 30 problemas de salud. En 1999, el presupuesto alcanzará al 10 por ciento del total de transferencias de Fonasa (40 mil millones de pesos), y abarcará aproximadamente 50 problemas de salud. De continuar este ritmo, en un horizonte de cinco años el sistema público debería estar orientándose globalmente por el concepto de satisfacción del usuario. 

Paralelamente, es necesario fortalecer todos los niveles de la atención en salud, pero sobre todo la atención primaria. En este nivel comenzarán a desarrollarse programas de salud familiar, y crearemos iniciativas destinadas a lograr mayor coordinación e integración entre consultorios de atención primaria y hospitales públicos, a fin de avanzar en la oportunidad y calidad de la atención en los consultorios de estos servicios. 

Fortalecer el sector público 

De acuerdo a nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema público de salud, no es posible aceptar que las recursos destinados al financiamiento de servicios de salud para los más pobres sean, en definitiva, desviados para subsidiar servicios a las personas con mayores recursos. 

Este ha sido el caso en el sector público de salud, donde la utilización de los hospitales y consultorios públicos por parte de quienes no son beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se realiza sin que las entidades aseguradoras privadas (Isapre, Seguros de Accidentes del Tránsito y Accidentes del Trabajo) paguen la totalidad de las atenciones prestadas. Por este concepto, Fonasa subsidia a estas entidades de seguro privadas en un manco que supera los 15 mil millones de pesos al año, recursos que están siendo restados al esfuerzo de financiar una mejor atención de salud para los más pobres. 

Por lo tanto, he dispuesto que a partir de esta fecha se establezcan todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para que las atenciones que estos no beneficiarios requieren sean pagadas por los seguros privados respectivos y no por Fonasa. 

Al mismo tiempo, y desde 1986, el Estado ha subsidiado, bajo determinadas condiciones, una cotización adicional de hasta un 2 por ciento de la remuneración correspondiente, para financiar planes de salud en el sistema Isapre. El monto actual de este subsidio alcanza a una cantidad cercana a los 25 mil millones de pesos anuales. 

Razones de equidad y focalización de los recursos públicos, el convencimiento gubernamental en orden a que el sistema de Isapre no requiere subsidios públicos para su desarrollo, así como los problemas prácticos detectados en la operación del subsidio, hacen impostergable su eliminación. En consecuencia, he dispuesto que, durante el segundo semestre de este año, se envíe al Congreso un proyecto de ley que suprima, a partir de 1998, el referido subsidio. 

Asimismo, reorientaremos los recursos que de esta manera queden disponibles hacia el financiamiento de programas de alto impacto en la población más necesitada. En efecto, estos recursos se destinarán a aumentar el número de prestaciones del Programa de Oportunidad de Atención del Fonasa, incluyendo la derivación a especialidades prioritarias desde la atención primaria; entregar incentivos a aquellos consultorios del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Atención Primaria que cumplan determinados parámetros de excelencia en los niveles de satisfacción de sus usuarios, e incrementar la cantidad de becas de estudio para la formación de aquellos médicos especialistas de los cuales hoy en día carecen las regiones. 

Cambios de la magnitud que hemos señalado requieren de soluciones imaginativas que permitan un claro progreso en la atención que el sistema público hoy le entrega a la gente. Por ello, le he pedido al ministro del ramo que diseñe y lleve a cabo un proceso de diálogo y consulta con toda la comunidad de salud, para imprimirle un impulso decisivo a este sector. Estoy convencido de que ello es necesario para atender con dignidad y eficacia los sectores que menos tienen en una de las necesidades más básicas del ser humano: curar la enfermedad, mitigar el dolor y educar en la prevención. 

Vivienda y desarrollo urbano 

Soluciones habitacionales 

Quiero destacar que Chile es el único país latinoamericano que está reduciendo significativamente sus déficit en materia de vivienda. Pronto negaremos a la entrega de la casa número 500 mil durante este período d gobierno, cifra igual a todo lo que se edificó durante la década del ochenta. De continuar el actual ritmo de construcción de 128 mil casas anuales, al terminar la década en que ha gobernado la Concertación habremos logrado reducir en un tercio el déficit habitacional heredado. ¡Estos son hechos concretos en beneficio de la gente! 

Aparte de este importante avance, mejoramos la calidad y el estándar de la vivienda. Entre 1995 y 1996, el incremento de la superficie de la vivienda social pasó de 38 m2 a 42 m2. A la vez, el Congreso aprobó la Ley sobre Calidad de la Vivienda, que define mecanismos para identificar y sancionar a los responsables de defectos en la construcción. 

Estos progresos también han ido de la mano de un mejoramiento sustantivo de la eficiencia y localización de los recursos públicos. Durante 1996, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo concentró un 85.4 por ciento de su acción en los sectores de menores recursos. En el mismo período, cerca del 25 por ciento de los beneficiarios totales de los programas de este ministerio estuvo constituido por mujeres jefas de hogar.

Además, mi gobierno creó el Programa de Vivienda Básica de Libre Elección. Este programa genera un mercado secundario de vivienda social al permitir la compra y la venta de casas con subsidio, lo que posibilita el mejoramiento de la vivienda de acuerdo a la situación de la familia propietaria. 

Por su parte, el Programa de Leasing Habitacional dio los últimos pasos para su puesta en operación. Esperamos que se concreten alrededor de 20 mil contratos durante los próximos años. Finalmente, en 1996 establecimos facilidades para el pago de dividendos mediante el Decreto Supremo N° 75, lo que benefició a unos 250 mil deudores habitacionales. 

Equipamiento Urbano 

Para mejorar la calidad del espacio urbano de los sectores de menores recursos, pusimos en marcha los Programas de Pavimentación Participativa y de Mejoramiento Comunitario, ambos concursables, y que se basan en la capacidad de los pobladores de organizarse para satisfacer sus propias necesidades. 

Quiero destacar la extraordinaria acogida que han tenido estos programas. El primero ha beneficiado, en sus cinco llamados, a cerca de 6 mil comités entre 1995 y 1996. Mediante aportes compartidos del Ministerio de Vivienda, de las municipalidades y de los mismos comités, se ha pavimentado 3.100 calles vecinales y 4.050 pasajes, equivalentes a 1.161 kilómetros lineales, con una inversión acumulada superior a los 54 mil millones de pesos. En 1994, antes de poner en marcha este programa, el déficit en esta materia se situaba alrededor de 3 mil kilómetros. El ritmo de avance, caracterizado por la extraordinaria respuesta de la gente a una alternativa que les permite participar en la solución de sus problemas, hace posible proyectar para el año 2000 el fin del déficit acumulado. 

La resolución del problema de las calles sin pavimentar tiene otros efectos en la comunidad, pues abre la puerta para enfrentar del mismo modo otras carencias de la infraestructura urbana. A partir de 1996, y con un esquema también participativo, el Ministerio de Vivienda creó un programa para enfrentar el severo déficit en salas multiuso, multicanchas, sedes vecinales y otras obras de beneficio comunitario. El programa privilegia especialmente los proyectos dirigidos a equipamiento para la juventud, para las mujeres jefas de hogar y para la tercera edad. En su primer llamado, comprometió financiamiento para 108 proyectos, y este año para 157 proyectos. Adicionalmente, las nuevas poblaciones que construye el Minvu son entregadas con una urbanización completa, consistente en equipamientos sociales básicos y áreas verdes. 

Aparte de estas medidas, adoptamos otras para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Durante 1996 dimos inicio a los Planes Regionales de Desarrollo Urbano de las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bio-Bio, Araucanía y Aysén; e iniciarnos la construcción o el diseño de 13 nuevos parques urbanos en todo el país. 

Ser concretos en la lucha contra la pobreza 

Nuestra democracia ha avanzado substancialmente en crear condiciones para cumplir con las metas de superación de pobreza y mejoría de la calidad de vida del conjunto de la población. 

Durante este gobierno, la aplicación de políticas generales y de otras dirigidas al mercado laboral han determinado un incremento de las remuneraciones de un 13 por ciento real, entre diciembre de 1993 y 1996. 

Paralelamente, la tasa de desempleo entre los años 1994 y 1996 presenta una trayectoria decreciente. El desempleo alcanzaba en 1994 a 7.8 por ciento de la fuerza de trabajo; en 1996, a 45.5 por ciento, y en los últimos meses ha bajado a 5.8 por ciento. Durante estos tres años de gobierno se han creado más de 160 mil empleos. 

Hemos avanzado en la erradicación de la pobreza. Según estimaciones de Mideplan, entre 1994 y 1996 la pobreza disminuyó de 28,4 por ciento a 247 por ciento, y la indigencia se redujo de 8 por ciento en 1991 a 6,5 por ciento en 1996. Tres grandes factores han contribuido a estos resultados: un sostenido crecimiento económico; el aumento del gastos social, que en 1996 alcanzó a un 71 por ciento del gasto público; y la puesta en marcha de diversos programas sociales, de acceso a servicios y de fomento productivo.

Cumpliendo con lo propuesto en 1994, impulsamos el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, que focalizó su acción en el Programa Especial de Comunas. También creamos el Consejo Nacional de la Pobreza, que desarrolló, con notables resultados, un programa tan emblemático como el Servicio País, y realizó un completo estudio de las políticas pertinentes para enfrentar la pobreza, entregando un balance de su gestión y sus proposiciones a la Presidencia. 

En el sector rural, especialmente afectado por la pobreza, hemos puesto en marcha amplios programas de electrificación, telefonía, saneamiento y agua potable. Asimismo, en 1996 invertimos cerca de 110 mi1 millones de pesos en obras públicas de directo beneficio social, tales como la construcción de caletas pesqueras, caminos secundarios, conexiones insulares, seguridad vial, recolección de aguas lluvia y pequeños aeródromos. 

Conscientes de que los jóvenes y las mujeres presentan índices de desempleo mayores que el promedio nacional, hemos dirigido hacia ellos programas de capacitación laboral que les permitirán incrementar sus ingresos. Durante el período 1991-1995, se han capacitado dos millones de trabajadores. De ellos, más de cien mil jóvenes de escasos recursos, gracias al Programa de Capacitación Laboral creado en 1991. Entre 1994 y 1996 se ha capacitado más de un millón de personas. 

Mi gobierno siente una especial preocupación por las familias con jefatura de hogar femenina, que un 25 por ciento de los hogares en Chile están a cargo de mujeres. Sobre una cuarta parte de estas unidades familiares está bajo la línea de pobreza, lo cual configura un estrato de muy alta vulnerabilidad. De ahí que mi gobierno esté dedicando especial atención a este grupo, estrategia que tiene directa incidencia en niños con altas probabilidades de riesgo y en la política más global de lucha contra la pobreza. Ya hemos realizado un trabajo exitoso con 18 mil mujeres a través del Programa Mujeres Jefes de Hogar y nos proponemos, en los próximos cuatro años, alcanzar a 50 mil mujeres en dicha situación. Al reconocer las potencialidades y fortalezas de la mujer y su dignidad esencial, este programa les abre nuevos espacios de superación y mayor acceso a oportunidades, les ayuda a mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

En otro ámbito, el Ministerio de Educación, a través de su Programa de Mejoramiento de la Educación de Adultos, dirigido a quienes no han podido completar la enseñanza básica o media y que pertenecen a los sectores de mas bajos ingresos de la población, ha suscrito convenios con organismos públicos, instituciones privadas y organizaciones de trabajadores, para capacitar a 22 mil funcionarios públicos y más de 14 mil trabajadores. En este último caso, se ha adoptado una mitología adecuada a los ritmos, tiempos y estilos de aprendizaje de los trabajadores, lo que permite mejorar la calidad del aprendizaje. 

Chile Barrio 

No obstante estas medidas y los avances logrados, subsisten dificultades para enfrentar la “pobreza dura”. La actual política social no es capaz por sí sola de dar respuesta a la extrema miseria. Debemos innovar radicalmente, con programas que salgan a buscar a la gente allí donde ella sufre la pobreza y la marginación.

 Por ello, mi gobierno ha decidido poner en marcha, a partir de este año, un programa denominado Chile Barrio, dirigido al medio millón de personas que habita los 972 campamentos localizados a lo largo del país. Este programa tiene como objetivos mejorar la calificación técnica de las mujeres y hombres que viven en esos asentamientos, facilitando de esta forma su integración laboral; resolver la situación de los asentamientos precarios mediante el acceso de sus habitantes a una vivienda y a los servicios básicos asociados; agua potable, alcantarillado, electricidad y equipamiento comunitario; y fortalecer el tejido social y la organización, a fin de asegurar la participación de la comunidad en el diseño y ejecución de las medidas conducentes a superar si condición de extrema pobreza. 

Para cumplir los objetivos señalados, el Programa Chile Barrio contempla dos líneas de acción: la Habilitación de la Vivienda y el Barrio, orientada a facilitar el acceso de las familias participantes del programa a una solución habitacional básica y al mejoramiento de la calidad de su hábitat; y la Habilitación Social y Laboral, consistente en el desarrollo de capacidades laborales y competencias técnicas, que facilita a las familias, adicionalmente el acceso a la educación y a los servicios de salud y justicia entre otros. 

El Programa Chile Barrio pretende, en un horizonte de cinco años a partir de 1997, generar proyectos comunales de superación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos campamentos. Dado el carácter innovador y multisectorial de Chile Barrio, durante 1997 se pondrá en marcha un proyecto piloto en las regiones de mayor concentración de campamentos (VIII, V, X, Metropolitana y VI), para luego determinar los procedimientos regulares para el período 1998-2000. 

Para llevar a cabo este programa, crearemos una instancia ejecutiva que, bajo la dirección del Ministerio de Vivienda, coordinará los esfuerzos del sector público. Convocamos desde ya al conjunto de la comunidad, especialmente a las municipalidades, al sector privado empresarial y a otros sectores relevantes, a participar en el desarrollo de las acciones afines al programa. 

Mi gobierno se compromete con los pobladores que hoy sobreviven en los campamentos existentes, generalmente alejados de las concentraciones urbanas, en lugares las mas de las veces insalubres, a entregarles las herramientas para superar su precaria condición, ¡No más miseria a la orilla de los ríos, de las ciudades, de la línea férrea! ¡Queremos un Chile sin campamentos, con viviendas dignas para nuestra gente! 

Mejorar la situación del sector pasivo y de la tercera edad 

Chile debe reforzar la solidaridad entre sus generaciones. En ello hay un imperativo ético y social: por una parte, lo culturas más sabias son respetuosas de las generaciones que han hecho su aporte al desarrollo de la comunidad; por otra, nuestro país presenta progresivamente una estructura de edad más madura. 

En 1995, mi gobierno envió un proyecto de impuesto a la bencina y cigarrillos que aumentó en 10 por ciento las pensiones de vejez bajo 100 mil pesos. En 1996, otro proyecto gubernamental aprobado por el Congreso entregó, par primera vez, un Bono de invierno a unos 590 mil pensionados. Además, el proyecto reajustó las pensiones mínimas, otorgó un Aguinaldo de Fiestas Patrias, perfeccionó la normativa de las pensiones de viudez, extendió el Subsidio Único Familiar a 140 mil jóvenes estudiantes y duplicó su monto para menores inválidos, ampliando la pensión de orfandad hasta los 24 años. 

En el recién aprobado proyecto de ley que reajusta el salario mínimo de 1997, se han establecido aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad para más de 1.600.000 pensionados, reajustados en relación con los montos de 1996 en porcentajes superiores al aumento de los precios. En 1997 se ha aprobado nuevamente el Bono de Invierno, que alcanzará este año a 22 mil pesos, un 10 por ciento más que en el año anterior. Por otra parte, el número de pensionados que recibirán este bono, que en 1996 se restringió a los mayores de 65 años que percibieran pensiones mínimas, se ha expandido en aproximadamente 65 mil beneficiarios, incluyéndose este año quienes, en ese tramo de edad, reciben pensiones inferiores a 58.400 pesos, y los varios miles de pensionados del sistema de AFP que perciben una pensión mínima garantizada por el Estado. Este beneficio, entonces, será recibido por más de 600 mil pensionados. 

Además, entre noviembre de 1995 y noviembre de 1996, las Pensiones Mínimas de Vejez y Viudez aumentaron en 13,6 por ciento y se incrementó el monto inicial de las Pensiones Asistenciales. Asimismo, se reajustaron las asignaciones Familiares y maternales en 11,5 por ciento real en ese mismo período. 

Además de mejorar las condiciones del sector pasivo, hemos creado programas de vivienda y salud diseñados específicamente para la certera edad. A su vez, iniciamos programas de prestación de servicios a los adultos mayores, financiados por Fosis, que beneficiarán a unas 70 mil personas. 

Hemos progresado respecto del rezago histórico que afecta a nuestros compatriotas de mayor edad, especialmente en salud y previsión. Sin embargo, todavía es necesario avanzar mucho más en ámbitos como cultura, recreación, trabajo, educación, viviendas y otros que mejoren integralmente la calidad de vida de este grupo de edad. 

Modernización de la justicia 

Acercar la justicia a la gente es un propósito que hemos ido plasmando en hechos concretos y que estamos seguros se transformará en un sello que marcará nuestro período. Conseguir este gran objetivo -relacionado con afán de hacer llegar los beneficios del desarrollo a todos los chilenos- es una tarea de Estado, que requiere el más amplio compromiso en nuestra sociedad. 

Reforma procesal penal 

La prueba mas palpable de un estilo de política pública altamente participativo es la Reforma Procesal Penal, la iniciativa de mayor relevancia que se haya emprendido en el campo jurídico nacional durante de los últimos cien años. 

El país requiere de un sistema acorde con el Escodo de Derecho, que sea capaz de ofrecer eficiencia y eficacia para esclarecer y sancionar los delitos; dar protección a las víctimas; garantizar el principio que obliga a considerar al imputado como inocente mientras no se dicte en su contra una sentencia condenatoria; y cautelar el derecho a defensa jurídica que tiene toda persona. Con estos objetivos, propiciamos una reforma que separa las funciones de investigar y de juzgar, para lo cual introduce lo figura del Ministerio Público en la Constitución Política de Estado, crea la Defensa Pública y establece un juicio oral y público ante un tribunal compuesto por tres jueces. 

El amplio consenso en favor de la Reforma Procesal Penal da cuenta del afán de todos los sectores por compartir los grandes desafíos nacionales. Este consenso se ha visto ratificado con el amplio respaldo que recibió en el Senado la reforma constitucional que crea el Ministerio Público. 

Nueva política penitenciaria 

En directa relación con el nuevo proceso penal, estamos dando significativos pasos para consolidar una nueva política penitenciaria, que pone énfasis en la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, a través del estudio, la capacitación y el trabajo y de! mejoramiento de las condiciones de vida en los penales, en combinación con adecuadas y necesarios medidas de seguridad. 

En este marco, hay que destacar el aporte realizado por cerca de 50 empresarios que han abierto fuentes laborales el los recintos penales, especialmente en Colina y El Manzano, conscientes de que cada persona que ha estado en conflicto con la justicia merece una oportunidad. Junto con ello, estamos dignificando el papel de los gendarmes, a través de la capacitación y del mejoramiento tanto de sus condiciones laborales como de sus remuneraciones y de sus asignaciones previsionales. 

En los últimos cuatros años hemos hecho la mayor inversión en la historia carcelaria del país, destinando cerca de 28.500 millones de pesos a la construcción o refacción de establecimientos penales. Este año estamos construyendo complejos penitenciarios en Arica y Valparaíso y se terminan las obras de la ex penitenciaría de Santiago. Asimismo, concretamos obras carcelarias en Iquique, Pozo Almonte, Talca, Concepción y Porvenir, y construimos Centros de Reinserción Social en Copiapó, Concepción, Rancagua y Osorno. De este modo estamos colocando en marcha un nuevo modelo penitenciario. 

Acceso a la justicia 

Otra de nuestras prioridades es mejorar la asistencia jurídica para todos los chilenos, de modo que quienes no cuenten con recursos económicos para procurarse asesoría legal o vivan en lugares alejados de los centros urbanos tengan posibilidades de enfrentar adecuadamente los conflictos que se presentan en su convivencia social. 

Para ello, incentivamos la generación de experiencias innovadoras, con atención a través de consultorios fijos y móviles, programas radiales e interacción de redes de servicios públicos estatales y privados. Destaca en este ámbito el trabajo realizado por el Programa de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia, que tiene presencia en 52 comunas del país y que el año pasado atendió a más de 44 mil personas. Estamos mejorando también la gestión y atención de las Corporaciones de Asistencia Judicial, para lo cual duplicamos el presupuesto destinado a cuatro regiones del país, e impulsaremos el proyecto de ley que da carácter regional a estos organismos. 

Paralelamente, hemos perfeccionado el trabajo de los servicios dependientes, entre los que resalta el Registro Civil e Identificación, con nuevas oficinas fijas y móviles computarizadas. Promulgamos la ley orgánica del Registro Civil e Identificación, de modo que pueda enfrentar adecuadamente las crecientes obligaciones que le han impuesto diversos cuerpos legales. El Servicio Médico Legal instaló laboratorios especializados en todas las regiones del país y puso en marcha móviles de atención en dos regiones. Asimismo, hemos creado centros de atención profesional para la orientación y derivación responsable de los casos de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil, cuya dramática repetición nos obliga a intensificar las acciones para erradicar de nuestra sociedad estas prácticas inhumanas, incomprensibles e inaceptables. 

Atención de niños y adolescentes 

Convencidos de que el desarrollo económico que estamos alcanzando no puede dejar en el camino a quienes más sufren los rigores de la pobreza, como los niños en riesgo social o en conflicto con la justicia, hemos aumentado la cobertura de atención del Servicio Nacional de Menores, asistiendo a 65 mil niños en 1996, y hemos planteado una reforma legal para optimizar la atención de las instituciones colaboradoras de este organismo. 

Modernización del sistema judicial 

Como parte de nuestra preocupación por la modernización del Sistema de Administración de Justicia, hemos respaldado los proyectos de mejoramiento del Poder Judicial, entre los cuales destaca, durante 1996, la puesta en funciones de edificios para juzgados de Calama, Santiago, Colina, Peñaflor y Punta Arenas. Para el presente año se prevé la instalación de otros nueve juzgados, la continuación del programa de equipamiento computacional, la dotación de códigos para los distintos tribunales y la creación de nuevas Oficinas de Violencia Intrafamiliar. Paralelamente, hemos acordado con el Poder judicial un Plan de Mejoramiento de Remuneraciones, introduciendo por primera vez la idea de incentivos de acuerdo a indicadores de gestión. Además, seguiremos respaldando el efectivo trabajo de la Academia judicial, como instrumento adecuado para el perfeccionamiento de los miembros del Poder judicial y para la selección de los interesados en incorporarse al mismo. Durante 1996 se realizaron los dos primeros cursos de formación y 163 cursos de perfeccionamiento, destinados a cerca de 1600 personas. 

Entre nuestros principales desafíos está la presentación al Congreso, el próximo semestre, del proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia. Ellos estarán dotados de competencia para conocer de todas las materias que puedan afectar a las familias y que hoy son resueltas por diversos juzgados. Reemplazarán a los Juzgados de Menores, y desarrollarán un procedimiento oral y flexible. Asimismo, usarán un medio alternativo de resolución de conflictos, la mediación, para que las partes involucradas puedan llegar por sí mismas a acuerdos satisfactorios. Exitosas experiencias de mediación realizadas durante este año avalan nuestra confianza en la eficacia de esta propuesta. 

Desde su creación en el siglo pasado, el sistema judicial nunca ha sido reformado integralmente. Este es el primer gobierno que enfrenta con decisión y profundidad el desafío de modernización de una de las instituciones fundamentales de la sociedad, en el marco de un gran consenso social. 

Por la misma naturaleza de esta transformación, sus frutos irán apareciendo paulatinamente. Pero estoy seguro de que desde los primeros años del siglo XXI, Chile contará con una justicia rápida, eficaz, honesta y preparada para resolver los problemas que aquejan a las personas. 

Aumentar la seguridad de las personas 

Seguridad ciudadana 

En materia de seguridad ciudadana, mi gobierno ha puesto especial énfasis en la prevención y el control de la delincuencia 

Así, de acuerdo con el pian quinquenal, hemos destinado recursos adicionales a ambas instituciones policiales. El presupuesto de 1997 para el sector orden y seguridad tuvo un incremento superior a 9 por ciento real paro Carabineros y de más de 14 por ciento para Investigaciones. También aprobamos recursos extraordinarios que permiten, en el caso de la Policía de Investigaciones, disponer de 23 mil millones adicionales para concretar proyectos de modernización entre 1997 y el año 2000. Estos recursos serán destinados, principalmente, a la renovación de la flota de vehículos, construcción de cuarteles, telecomunicaciones y equipamiento informática. En el caso de Carabineros de Chile, el aporte adicional de 4.500 millones para 1997 permitirá cubrir plazas vacantes en su dotación, modernizar su sistema de comunicaciones, computarizar unidades policiales, mejorar el parque vehicular y la infraestructura de cuarteles. 

Paralelamente, trabajamos en e] ámbito legislativo. En 1996 promulgarnos la modificación al Código Penal en lo relativo a delitos de robo y hurto. Además, el trabajo conjunto con organismos académicos ha permitido mejorar el conocimiento estadístico sobre la realidad delictual. 

En el ámbito local estamos aplicando el subprograma de seguridad vecinal, que financia el mejoramiento de infraestructura en sectores de potencial inseguridad para las personas. En 1996, el gobierno aumentó a 1.800 millones de pesos el aporte para prevenir la ocurrencia de delitos en el nivel local. Así, los municipios pudieron ampliar su capacidad de disminuir los factores y focos de delincuencia en su territorio, bajo una concepción que fomenta el trabajo conjunto entre las policías y la comunidad. 

Terrorismo 

En materia de terrorismo, el país exhibe hoy niveles de mayor seguridad, expresados en la evidente disminución de hechos vinculados a la actividad extremista. Sin embargo, sería muy peligroso dejarnos llevar por la conformidad en la lucha antiterrorista. La fuga de cuatro extremistas producida el 30 de diciembre pasado dejó en evidencia que subsisten grupos con una capacidad operativa que podría demostrarse también en hechos terroristas. Por ello este problema sigue siendo preocupación del gobierno y, por las implicancias del mismo, es necesario mantener una política de Estado para afrontarlo. 

A fin de fortalecer la tarea policial, envié en enero pasado un proyecto de ley destinado a que las facultades que hoy tienen las policías para enfrentar el narcotráfico y el lavado de dinero, se extiendan al combate contra el extremismo. Igualmente, el proyecto entrega más atribuciones a Gendarmería en el tratamiento de los reclusos extremistas. En el mismo sentido apunta el proyecto destinado a ampliar y perfeccionar la capacidad de inteligencia del país para prevenir y hacer frente de mejor modo a la actividad terrorista y al crimen organizado, que enviaremos próximamente al Congreso. 

La lucha contra las drogas es un esfuerzo de todos 

El consumo y tráfico de drogas es un mal social contemporáneo de inquietantes dimensiones e inmenso poder económico corruptor. Puede envilecer lo cultura cívica de una sociedad, degradar las condiciones de vida de numerosas personas, especialmente jóvenes, y amenazar, incluso, la transparencia y estabilidad de las instituciones democráticas. 

La Lucha contra las drogas debe darse con fuerza y decisión en diferentes dimensiones. En el ámbito coercitivo, promulgamos la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Durante el mes de abril fuimos testigos de como la nueva legislación ha posibilitado el éxito de pesquisas que han desarticulado a poderosas bandas de narcotraficantes. 

Diversos organismos internacionales, como la Junta Nacional de Estupefacientes de Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos, han reconocido los éxitos del gobierno en su labor de control, de fiscalización y de coordinación internacional, destacando la legislación chilena en este ámbito. 

En este terreno debemos mantener una actitud vigilante. Vamos a incrementar, hasta 1999, los recursos financieros para la labor de fiscalización del Consejo de Defensa del Estado en el ámbito del lavado de dinero, sin perjuicio de la futura creación de la Fiscalía Antinarcóticos, que depende de la reforma que crea el Ministerio Público. 

En el ámbito del tratamiento y la rehabilitación, fortaleceremos el Sistema Nacional de Información sobre Drogas con tecnologías y recursos humanos para llegar a contar, hacia el año 2000, con el sistema mas moderno de América Latina, y crearemos 30 nuevos establecimientos en las regiones del país, atendiendo su especificidad poblacional y territorial y aprovechando la red existente del sistema de salud, con lo cual esperamos alcanzar una cobertura de 5 mil personas al año. 

En la dimensión de la prevención, en diciembre de 1996 el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes llevó a cabo su segunda encuesta nacional de drogas, la que muestra que a nivel nacional el consumo no ha aumentado en relación a dos años antes. Durante este período, hemos desarrollado campañas a través de los medios de comunicación para prevenir el consumo de estupefacientes, y programas en el mismo sentido a cargo de los Ministerios de Salud y Educación. También coordinaremos con el sistema de educación superior el desarrollo de planes de estudio para fortalecer la actividad preventiva, en investigaciones aplicadas pero especialmente en la formación de personas dedicadas a este tipo de programas. 

No obstante estos esfuerzos, la lucha contra el consumo de drogas es una tarea de toda la comunidad y su éxito reside, en buena medida, en la capacidad de la sociedad para ofrecer a los jóvenes oportunidades de una vida digna. Los jóvenes y las organizaciones sociales donde ellos participan son quienes podrán desarrollar estrategias exitosas de prevención con mayor propiedad. Considerando esta realidad, el año pasado creamos el Fondo Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas, que entregó recursos a 115 proyectos, por una suma global cercana a los 440 millones de pesos. Debido al éxito logrado por esta iniciativa, expresado en la variedad de los proyectos y las instituciones presentadas, hemos duplicado el presupuesto contemplado para este año y tenemos previsto volver a duplicar este monto en 1998. 

Llamo a participar activamente a la comunidad en esta iniciativa. Llamo a las organizaciones vecinales, a las ONG, a los grupos de autoayuda, a las municipalidades, a las escuelas y liceos, a los clubes deportivos, a los servicios de salud, a las iglesias y comunidades parroquiales, a todas las instancias en las que la gente participa, a organizarse y a presentar proyectos a este fondo en las áreas recreativas, de capacitación de monitores, de formación técnica para la rehabilitación de consumidores de drogas, de difusión y comunicación, de actividades deportivas que alejen a los jóvenes de las drogas, de talleres de autoayuda personal y otras de similar índole. Participar e impulsar este tipo de iniciativas es una expresión concreta de colaboración frente a un problema que puede ser dramático. Así podemos demostrar concretamente que nos importas nuestros jóvenes y que estamos dispuestos a trabajar con ellos. 

MÁS OPORTUNIDADES PARA TRABAJAR Y CREAR 

Una sociedad moderna debe abrir múltiples oportunidades de trabajo y de creación a quienes la integran.

En América Latina ha habido ocasiones en que los países han crecido económicamente, y momentos en que ha mejorado la equidad. Lo que no ha sido posible hasta ahora es la ocurrencia simultánea de estos dos procesos. Ciertamente, ese ha sido también el caso de Chile. Durante décadas vivimos la alternancia de modelos contrapuestos que no lograron afianzarse como proyectos de país. De allí que en la Concertación tuviéramos muy claro que una propuesta verdaderamente nacional pasaba por asegurar tanto el crecimiento como la equidad. 

Nuestro objetivo, en este sentido, era y es que las oportunidades de trabajo productivo, aumento de ingresos y de generación de riqueza no excluyan a la mayoría de la población. Este programa es el que ganó ya dos veces en elecciones presidenciales, y se ha convertido, durante estos años, en un verdadero acuerdo nacional. 

Hemos avanzado velozmente en este objetivo porque hemos incorporado, como comunidad nacional, una ética de trabajo laborioso y esforzado. Hoy existen en Chile más oportunidades que antes, para emprender, para trabajar, para crear con energía, aplicación y disciplina, y para percibir el fruto de nuestros esfuerzos. 

Condiciones que favorecen el crecimiento sustentable 

Un país puede generar mejores condiciones sociales sólo si es capaz de crecer. Entre los años 1994 y 1996 el crecimiento anual promedio en Chile fue de 6,7 por ciento. En este último año llegó a un 7,2 por ciento, a pesar de adversas condiciones externas que redujeron el valor de nuestros productos de exportación. Así, estamos logrando con creces el compromiso que asumimos en 1994, en cuanto a alcanzar un crecimiento promedio anual de 5,5 por ciento. Para mantener este ritmo en los próximos años, debemos asegurar un buen desempeño en áreas claves, como estabilidad macroeconómica; integración a la economía internacional y presencia y prestigio en este ámbito; seguridad para el país; desarrollo de la infraestructura, energía y telecomunicaciones; y sustentabilidad ambiental. 

Estabilidad macroeconómica 

El crecimiento de este período ha sido plenamente compatible con la meta de una inflación decreciente. Durante estos tres años la inflación anual disminuyó en 2,3 puntos porcentuales, alcanzando una tasa de sólo 6,6 por ciento en 1996. 

Los resultados fiscales reflejan nuestro compromiso con un crecimiento estable. En este mandato hemos logrado el más alto superávit fiscal como porcentaje del PIB de la última década. El año pasado, el ahorro público llegó a 5,6 por ciento del producto, y el superávit global sobre el mismo ascendió a 2,2 por ciento. 

La política fiscal ha contribuido con eficacia a los procesos de ajuste macroeconómico y estabilización. En efecto, la contribución del ahorro fiscal ha sido decisiva en el financiamiento de la inversión geográfica con fuentes domésticas y en la moderación en la evolución del gasto agregado, el cual, durante algunos trimestres de 1995 y 1996, se empinó por sobre la capacidad productiva de largo plazo del país, que se sitúa en un rango de 6,5 a 7 por ciento. Cualquier análisis serio concluye que precisamente ha sido la mayor moderación del gasto corriente del sector público el factor que ha permitido un aterrizaje exitoso en el proceso de ajuste macroeconómico. 

Debemos advertir que el gasto en consumo del sector privado ha mostrado crecimientos excesivos en estos últimos seis años, con variaciones reales que superaron en varios puntos la tasa de crecimiento del producto interno bruto. En el periodo 1991-1995, el crecimiento promedio del consumo privado y del producto interno bruto fue de 8,9 y 7,4 por ciento respectivamente. 

Durante el ejercicio del año 1996, las cuentas nacionales del Banco Central muestran que mientras el consumo privado creció en 8,8 por ciento, el consumo del gobierno central sólo lo hizo en 2,5 por ciento. En un país con amplias necesidades sociales insatisfechas y que requieren de la acción del Estado, mal se puede presionar para que sea el sector público el que siempre se lleve el peso del proceso de ajuste. Ello, de ocurrir persistentemente, acarrearía un sesgo inaceptable e ineficaz para las políticas públicas. 

He querido comparar la evolución del gasto privado en consumo con el correspondiente del sector público, porque en forma majadera se ha tratado de convencer a la opinión pública de que el culpable de las presiones inflacionarias, la alta tasa de interés o la revaluación del peso sería el excesivo crecimiento del gasto público. Ello no es efectivo; como las cifras dejan en evidencia, el consumo privado ha crecido consistentemente más que el consumo total y, por ende, que el consumo público. Aún más: como ya lo señalé. el ahorro público alcanzó al 5,6 por ciento del PBI en 1996 -logro que pocos países en el mundo pueden mostrar- y compensó parte de la caída experimentada por el ahorro privado en dicho año. 

En un momento en que en Chile y en el mundo las visiones más ideologizadas pierden terreno, me llama la atención como suelen aflorar los prejuicios cuando se trata de debatir acerca del tamaño y el papel del Estado. Se sostiene que el Estado es excesivamente grande y que es un freno al desarrollo. Ambas afirmaciones son falsas. El gasto público en Chile no alcanza al 25 por ciento del PIB y se ubica más bien en el rango inferior, si comparamos con países en similar estado de desarrollo y con una red de protección social equivalente. Una referencia útil es que en Estados Unidos y Europa el gasto público se sitúa en el rango de 40 a 60 por ciento del PBI. 

La afirmación de que el Estado chileno ha sido y es un freno al desarrollo es desmentida por la historia y por los analistas internacionales, que cuando examinan las fortalezas competitivas de Chile, destacan al Estado como una de las más importantes. 

Soy un convencido de que hay mucho que hacer para mejorar la eficiencia del gobierno y las políticas y programas públicos. Por eso estamos trabajando intensamente en modernizar el Estado y mejorar su gestión. Pero también estoy convencido de que el Estado tiene un papel clave en la tarea de construir un Chile libre, tolerante y capaz de ofrecer a todos sus habitantes oportunidades de progreso personal y familiar. 

El manejo de la política económica por los gobiernos de la Concertación ha permitido que distintos observadores internacionales clasifiquen a Chile como el de menor riesgo en América Latina para los inversionistas extranjeros. En ello hay un reconocimiento no sólo a la política económica, sino también al avance logrado en nuestra democracia y en el acceso de la población a servicios básicos. 

No caben dudas de que tenemos que estar satisfechos con el comportamiento de nuestra economía. El crecimiento económico es una condición esencial para seguir avanzando en la tarea de superar la pobreza. Por lo mismo, no podemos caer en la autocomplacencia. Tenemos que seguir trabajando con tesón y austeridad y haciendo cada día un mayor esfuerzo de ahorro e inversión. 

Integración a la economía internacional 

Nuestro crecimiento exige también expandir nuestros mercados e introducir un mayor grado de competencia mediante una creciente integración a la economía internacional. Ello concuerda con nuestra estrategia de desarrollo en la apertura económica, en la generación y aprovechamiento de nuevas ventajas competitivas y en la inserción en numerosos mercados. 

Dos décadas atrás exportábamos a 50 países, hoy a 152. Teníamos 200 exportadores, hoy tenemos 6.000. Exportábamos 500 productos, hoy 4.000. El cambio cualitativo de las exportaciones y de la capacidad empresarial se refleja en que su crecimiento es menos sensible a las variaciones en los precios internacionales. Entre los años 1993 y 1996, ante un 18 por ciento de incremento en precios, el valor de nuestras exportaciones creció en 66 por ciento. 

Este Congreso que hoy me escucha votó unánimemente a favor de la Ronda Uruguay del GATT y nuestra incorporación a la Organización Mundial de Comercio. Con este mandato político hemos desarrollado nuestra política de regionalismo abierto, estableciendo cerca de treinta acuerdos económicos bilaterales de distinta índole. En América Latina hemos suscrito tratados de libre comercio con Colombia, Ecuador, México, Venezuela y el Mercosur, y un Convenio de Complementación Económica con Bolivia. Estamos en conversaciones con Perú, con los países de Centroamérica y con Panamá. 

En este ámbito, el año 1996 marca un punto de quiebre en nuestra historia diplomática y de relaciones comerciales. Los excepcionales resultados obtenidos nos sitúan en una posición de alto valor para nuestra estrategia de desarrollo. 

En primer lugar, las negociaciones para establecer un Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur culminaron exitosamente en junio de ese año. Hoy en día el Mercosur es el acuerdo económico más grande del mundo y el que presenta mayores perspectivas de crecimiento. En el mes de abril, por otra parte, concluimos las conversaciones para suscribir un nuevo Acuerdo Marco de Cooperación con la Unión Europea. Este año hemos echado a andar la Comisión Mixta y en el mes de junio iniciaremos la primera fase de negociación, con un calendario que, de cumplirse, nos llevaría a un acuerdo de asociación con la Unión Europea en 1999. Finalmente, también en 1996 firmarnos un acuerdo de libre comercio con Canadá, basado en la normativa del Nafta, el primero que nuestro país suscribe con una economía industrializada. Confío en que este Congreso ratificará prontamente ese tratado, que abre grandes perspectivas para nuestro desarrollo exportador. 

A estos hechos hay que agregar lo incorporación al Apec, Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, hacia fines de 1994. Hemos participado ya por tres años en este foro, fortaleciendo cada vez más nuestra presencia. El año pasado presentamos nuestro Plan de Acción Individual, y tengo la satisfacción de decir que hace pocos días fuimos uno de los dos primeros países en someter su plan a un proceso de revisión voluntaria de Apec. 

Quiero destacar también el inicio de conversaciones con México, en marzo de 1997, para reformular el acuerdo de libre comercio que tenemos en operación y que tantos beneficios ha traído a ambos países. 

Durante mi viaje a Estados Unidos, en febrero pasado, reiteré nuestro interés por llegar a un Acuerdo comercial con ese país, nuestro principal socio comercial. Pensamos que dicho acuerdo contribuiría poderosamente a la creación de una Zona de Libre Comercio de las Américas, aspiración de todo el hemisferio. Esperamos que puedan ser superados los obstáculos internos que el gobierno de Estados Unidos ha enfrentado para iniciar esta negociación. 

Con el fin de incentivar la inversión internacional, entre los años 1994 y 1996 Chile suscribió más de veinte convenios con otros países en materia de promoción y protección de inversiones. Esto, unido a la solidez de la economía nacional, ha otorgado los incentivos necesarios para el ingreso de capitales de largo plazo al país. En los tres años de este gobierno, la inversión extranjera neta creció en 134 por ciento, alcanzando en 1996 a más 4.100 millones de dólares. 

La internacionalización del mercado de capitales ha sido siempre una prioridad para el gobierno. Por ello, en 1994 asumimos los compromisos de estructurar una ley de mercados de capitales y de solucionar el problema de la deuda subordinada. Sobre esta última materia, en 1995 se dictó la Ley N° 19.396, que permitió que el Banco Central y los bancos privados involucrados llegaran a un acuerdo en 1996. Así, el instituto emisor recuperará parte de los recursos entregados a estas instituciones financieras con motivo de la crisis de los años ochenta. Por su parte, los bancos podrán acceder más fácilmente a los mercados internacionales, al tener una situación patrimonial mas transparente. 

La integración del sector bancario con el exterior requiere concordar criterios nacionales con los internacionales referidos a este sector en particular los de la Convención de Basilea. Con tal propósito, enviamos al Congreso en 1994 un proyecto de ley para una nueva legislación bancaria que incorporara dichos criterios. Este proyecto se ha discutido ampliamente y esperamos su pronta aprobación. 

En este ámbito, el país tendrá que diseñar una ponencia sobre el tema de negociaciones internacionales de los sectores de servicios, ámbito que corresponderá negociar en las próximas rondas de la Organización Mundial de Comercio y de otros acuerdos subregionales y regionales. En 1996, después de un año de discusión parlamentaria, se crearon los Fondos de Inversión Internacional, que permiten la salida al exterior de capitales de los trabajadores chilenos depositados en las administradoras de fondos de pensiones. 

La deuda externa del sector público disminuyó de más de 9 mil millones de dólares en 1994 a poco más de 5 mil millones de dólares en 1996. Esta intensiva política, de reducción aumenta las posibilidades del país para acceder a nuevos créditos tanto para el sector privado como el sector público, y a la vez implica liberar recursos futuros por menores pagos de intereses. 

Presencia y prestigio en ámbito internacional 

Las relaciones internacionales en el ámbito político, social y cultural son fundamentales para nuestro desarrollo. Ellas nos enriquecen y nos permiten aportar al crecimiento de la conciencia mundial sobre nuestros problemas comunes. 

Seremos constantes en el propósito de fortalecer la democracia y la equidad en el ámbito internacional. El año recién pasado promovimos un amplio debate sobre la gobernabilidad democrática que culminó con la “Declaración de Viña del Mar”, firmada por los jefes de Estado y de Gobierno. Sin duda será un hito en la ampliación de los esfuerzos democratizadores en América Latina y El Caribe. Chile quiere que la antorcha democrática ilumine hasta el último rincón de nuestra geografía. 

Las visitas de Estado a Estados Unidos y Francia en este año, y a Inglaterra a fines del año pasado, junto a nuestra participación en las Cumbres de Apec, el Grupo de Río y el Mercosur, ponen de relieve la amplitud y el prestigio de la presencia internacional de Chile. El próximo año enfrentaremos un nuevo e importante desafío: Chile será sede, en marzo de 1998, de la II Cumbre de las Américas, la última reunión hemisférica del siglo, en la que esperamos generar importantes decisiones en materias de democracia, libre comercio, igualdad de oportunidades y desarrollo sustentable. Estoy cierto de que, tal como ocurrió con la VI Cumbre Iberoamericana, Chile sabrá cumplir plenamente con su responsabilidad en la organización de esta cita trascendental. 

Estamos activamente comprometidos con la paz mundial. Ese fue nuestro criterio al presidir temporalmente el Consejo de Seguridad, y lo ha sido en nuestra labor como garantes en el conflicto entre Perú y Ecuador, la que tuvo como uno de sus frutos la firma del Acuerdo de Santiago en el Palacio de la Moneda, el cual ha sido el gran instrumento para continuar las conversaciones entre ambos países. También estamos participando activamente en las operaciones de paz de Naciones Unidas, en el Medio Oriente, en Irak y en Cachemira. Pronto participaremos también con fuerzas policiales en Bosnia. 

Hace apenas cinco años, Chile no pertenecía a ninguna de las instituciones que forman el sistema básico de control de armamentos en el mundo. Hoy somos miembros del Tratado de Tlatelolco, del Tratado de No Proliferación Nuclear y del Tratado para la Proscripción de Armas Químicas, con sus organizaciones respectivas; hemos suscrito nuestras salvaguardas con la Organización Internacional de Energía Atómica y somos parte de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas. 

Chile quiere que la paz esté inscrita en el umbral del siglo que viene. Por ello, persistiremos en nuestra política de solución pacífica de las controversias, respetando escrupulosamente los tratados suscritos con nuestros vecinos, con nuestra región y con la comunidad internacional; y recurriremos al derecho para enfrentar cualquier controversia que pudiere surgir. 

Un nivel adecuado de seguridad del país 

Durante mi mandato, hemos avanzado en la consolidación e implementación de lo que hemos denominado una Política de Defensa Explícita, entendida como política de Estado y responsabilidad de toda la Nación, que persigue dos objetivos primordiales: mantener nuestras Fuerzas Armadas en un nivel apto para el desempeño de su misión fundamental de defensa, y a la vez contribuir a acrecentar la seguridad regional y los progresos hacia la paz en la esfera internacional. 

Hoy quiero referirme a tres tipos de medidas que hemos llevado a la práctica, que indican claramente la progresiva modernización del sector, así como una aspiración programática que estimo esencial. 

Deseo destacar primero los progresos hechos en la inserción internacional de la defensa. Ello se expresa en iniciativas tales como la Conferencia Hemisférica de la OEA sobre fomento de medidas de confianza mutua, el establecimiento de un Comité Permanente de Seguridad con Argentina, el potenciamiento de las reuniones de nuestros Estados Mayores con los de Argentina y Perú, la participación en instancia ministeriales multilaterales como son las reuniones de Williamsburg y Bariloche, el establecimiento de vínculos bilaterales a nivel ministerial con varios de los países más relevantes para nuestra defensa, y nuestra política de participación en operaciones de paz. 

En segundo lugar, quiero señalar la adopción de iniciativas de adaptación de nuestro Servicio Militar Obligatorio a los cambios sociales, económicos y culturales que ha experimentado nuestra sociedad. Por una parte, se trata de medidas compensatorias y retributivas, como la inscripción preferencial para el subsidio habitacional, la capacitación laboral para más de 5 mil conscriptos con educación básica incompleta mediante convenios, 260 becas para los conscriptos más destacados y pasajes aéreos para que conscriptos asignados a zonas alejadas visiten al menos una vez al año a sus familias. Por otra, está la introducción de la doble citación, que busca imprimir un mayor grado de voluntariedad en la selección, y la preocupación permanente del Ministerio de Defensa y la institucionalidad superior del sector por perfeccionar las regulaciones internas referidas a las modalidades de traro a los conscriptos. 

Igualmente, deseo destacar el mejoramiento de las condiciones laborales en el sector, traducidas en asegurar el pago oportuno de indemnizaciones por retiro, la promulgación de la nueva Ley de Salud para las Fuerzas Armadas, el incremento especial de remuneraciones de 1996, y los estímulos a la especialización de contenidos en el nuevo Estatuto del Personal. Este cuerpo legal, que reemplazará al DFL N° 1 de 1968, ha sida elaborado por espacio de dos años entre especialistas del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Su dictación depende de un proyecto de ley delegatoria a punto de ser despachada por el Congreso Nacional. También está en estudio la modificación del DFL N° 2, referido al estatuto del personal de Carabineros de Chile. Se trata de un esfuerzo análogo al anterior, con participación institucional, que esperamos concretar en un proyecto de ley que será presentado a la próxima legislatura. 

Finalmente, quiero dejar constancia de la voluntad de mi gobierno de hacer que las Fuerzas Armadas sean tanto beneficiarias como protagonistas del aprovechamiento de la oportunidad histórica que se brinda al país. 

Para adquirir este protagonismo, dentro del marco de la misión que le es propia, debemos acentuar el desarrollo del componente científico-tecnológico en el sector, procurando generar una cooperación sistemática y una potenciación recíproca entre instituciones armadas y comunidades científicas y tecnológicas nacionales. Estamos tomando medidas orientadas a empujar ese desarrollo, que creo traerá múltiples efectos benéficos tanto para nuestra defensa como para Chile en general. 

Desarrollo de infraestructura, energía y telecomunicaciones 

Para la elevación de la tasa de crecimiento económico y el desarrollo productivo, es fundamental la disponibilidad de infraestructura de calidad. El abandono y el marcado deterioro de la infraestructura nacional fue una pesada carga que heredamos los gobiernos democráticos. Han sido necesarios ingentes esfuerzos para revertir esta situación y anticiparnos a las demandas que nos impone nuestro acelerado proceso de crecimiento. 

Obras públicas concesionadas 

La incorporación del sector privado en la provisión de infraestructura implicó un nuevo papel para el Estado, el cual debió establecer distintas normas para regular estos servicios en áreas de monopolios naturales y de competencia imperfecta, y definir las garantías otorgadas a los inversionistas privados. Con este fin, el gobierno envió en 1994 al Congreso dos proyectos de ley, uno tendiente a modificar las normas del mercado de capitales para facilitar el financiamiento de infraestructura de uso público, y otro para modificar el régimen legal de concesiones. 

Ambos proyectos originaron leyes que han permitido el desarrollo de inversiones en el sector. De esta forma hemos superado antiguas visiones ideologizadas que confrontaban, en la búsqueda del bienestar colectivo, la acción estatal con el interés privado. Hemos establecido reglas claras para la participación del sector privado en el desarrollo de nuestra infraestructura, permitiendo que esfuerzos públicos y privados se conjuguen a nivel nacional y regional. Estos nuevos mecanismos para el desarrollo de la infraestructura implican que quienes hacen un mayor uso de ésta asumirán también un mayor costo. Ella hace posible, en el mediano plazo, un efectivo autofinanciamiento de la inversión y la generación de los incentivos adecuados para el uso eficiente de misma. 

Es así como la normativa sobre concesiones y la modificación al DFL N° 164 han permitido licitar los tramos La Serena-Los Vilos, Los Vilos-Santiago y Chillán-Collipulli, todos ellos pertenecientes a la Ruta 5. En la misma ruta, la planificación contempla licitar, durante el presente año, los tramos Santiago-Talca, Talca-Chillán, Collipulli-Temuco, Temuco-Río Bueno, Río Bueno-Puerto Montt, por un monto de 1.709 millones de dólares. También se licitaron el tramo Santiago-Los Andes de la Ruta 57 y el acceso norte a la ciudad de Concepción. Estas obras implican recursos por otros 323 millones de dólares. Ya están en operación el túnel El Melón y la Ruta de la Madera y la ruta Nogales-Puchuncavi, obras efectuadas con capitales privados. En síntesis, desde el año pasado hasta la fecha, se han adjudicado obras por 1.264 millones de dólares. 

Obras públicas realizadas por el Estado 

Durante 1996, el Ministerio de Obras Públicas realizó inversiones por un valor de 761 millones de dólares. En obras viales pavimentó 587 kilómetros, más 33 kilómetros de dobles calzadas; mejoró la infraestructura vial urbana e invirtió en seguridad vial (pasarelas peatonales, ciclovias, cruces, semaforización, iluminación y mejoramiento de señalización). 

Aeropuertos 

En materia aeroportuaria, en 1996 definimos una política y se concretó un calendario para la licitación de concesiones de terminales. Como resultado, en los próximos tres años se realizarán obras por más de 122 millones de dólares en aeropuertos de Santiago, Calama, La Serena, Concepción, Iquique y Puerto Montt, estos dos últimos estarán próximamente en operación. 

Paralelamente, se han mejorado los aeropuertos Cerro Moreno de Antofagasta, Mataveri de isla de Pascua, Balmaceda de Aysén, Presidente Ibáñez de Punta Arenas y otros seis aeropuertos de la red secundaria del país (B. O’Higgins de Chillán, Maquehue de Temuco, Pichoy de Valdivia, Cañal Bajo de Osorno, Chaitén de Chaitén, Guardia Marina Zañartu de Puerco Williams). 

Para el próximo período continuarán las tareas de mejoramiento, no sujetas a concesión, en los terminales aéreos de Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Teniente Gallardo de Puerro Natales, Maquehue de Temuco, Pichoy de Valdivia y Bernardo O’Higgins de Chillán. 

Ferrocarriles 

En el caso del transporte ferroviario, iniciamos la modernización de ferrocarriles en 1994 con la reestructuración interna de la empresa, que se materializó en la creación de distintas divisiones en su interior. Este proceso permitió traspasar al sector privado el servicio de carga de Ferrocarriles del Pacífico S.A., en enero de 1995. En 1996 llevamos a cabo la licitación y adjudicación al sector privado de los activos de la empresa Ferronor, cuyo traspaso se verificó a comienzos de este año; y en abril recién pasado se inició el proceso de traspaso al sector privado, vía arrendamiento, de la parte chilena del ferrocarril que une Arica con la ciudad de La Paz, Bolivia. De esta manera, se completa la transferencia al sector privado de la operación de carga en todo el país, sin excepción. 

El Estado ha invertido alrededor de 76 millones de dólares entre 1991 y 1996 en el proceso de rehabilitación de ferrocarriles, mientras se contemplan inversiones por 30 millones de dólares para el presente año. Este medio de transporte presenta importantes ventajas sobre otros en áreas urbanas con problemas de cogestión y contaminación. De ahí que mi gobierno le ha otorgado prioridad al desarrollo de servicios interurbanos de pasajeros, especialmente en la Región Metropolitana y entre ésta y la VI Región. El procedimiento será a través de la asociación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado con la Empresa Metro Sociedad Anónima, que dará origen a una filial operadora de estos servicios. Esta nueva filial tendrá a su cargo modernizar el Servicio Santiago-Rancagua y desarrollar el servicio Santiago-Talagante-Melipilla. Ambas líneas requieren de una inversión total cercana a los 150 millones de dólares. 

El servicio de pasajeros en la red sur entre Santiago y Puerto Montt será licitado próximamente a privados. Para facilitar este proceso, el Estado invertirá una suma también cercana a los 150 millones de dólares en la recuperación de la infraestructura ferroviaria. En una primera etapa, el esfuerzo mayor se centrará en el tramo Santiago-Chillán. 

En este contexto, hemos impulsado iniciativas para utilizar mejor los terrenos urbanos de la empresa que son prescindibles desde el punto de vista de la presente y futura operación del servicio de pasajeros. La Empresa de Ferrocarriles del Estado ya ha enajenado activos y bienes inmuebles de la empresa en San Bernardo, Concepción, Talca y Puerto Montt. El proceso continuará a través de dos alternativas. En primer lugar, la venta de terrenos, que, si es a privados, será mediante licitación pública; y, si es al Servin, en el caso de una gran intervención urbana, a través de un precio acordado entre las partes. La segunda alternativa es que EFE se asociará con un privado, aportando el terreno de la sociedad mientras el socio privado aporta la gestión inmobiliaria. Los recursos obtenidos serán destinados a financiar las inversiones del Estado en vías y trenes. 

Puertos 

Cada vez es mayor en el país la conciencia de la importancia que tiene la modernización de los puertos para el desarrollo de nuestro comercio exterior. Si no introducimos profundas dinámicas de ampliación de la infraestructura actual, los niveles de congestión podrían retrasar seriamente nuestro desarrollo exportador. 

Con esta urgencia, hemos realizado obras en los puertos de Valparaíso, Punta Arenas, San Antonio y San Vicente. Desde 1991 en adelante, los gobiernos de la Concertación hemos invertido más de 130 millones de dólares en el sector portuario. En este año, la inversión prevista asciende a más de 15 millones de dólares. 

Sin embargo, quiero señalar que para lograr efectivamente una modernización de nuestros puertos, los montos requeridos para los próximos años ascienden a alrededor de 900 millones de dólares. El gobierno no puede invertir esos montos, que son fundamentales para llevar adelante nuestros programas de educación, de salud, de vivienda y de infraestructura social. De ahí la importancia de la aprobación del proyecto de ley referido a Emporchi, que permitiría al sector privado llevar adelante esos proyectos. 

En concreto, a corto plazo, los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta necesitan una urgente modernización para enfrentar la creciente competencia internacional, y los aumentos de demanda generados por la consolidación de proyectos mineros y por las necesidades portuarias que están surgiendo desde las países vecinos. El desarrollo de los puerros del norte deberá coordinarse con la construcción de un complejo portuario en la bahía de Mejillones, proyecto que el gobierno está impulsando a través de Codelco. 

Coquimbo, por su parte, que tiene la cualidad de ofrecer en forma natural aguas abrigadas para atender naves durante todo el año, requiere superar su situación de baja explotación y transformarse en una alternativa a los puertos de la V Región. 

En el caso de Valparaíso, se requiere habilitar un terminal de contenedores que le permita competir en igualdad de condiciones con San Antonio; y en este último, a su vez, consolidar las actuales instalaciones destinadas a ese mismo objeto y a la transferencia de graneles.

San Vicente-Talcahuano, puerto que se encuentra ubicado donde hoy día existe la mayor competencia portuaria entre puertos privados y estatales, necesita aprovechar sus excelentes condiciones para desarrollar un terminal de contenedores para la región. 

Puerto Montt, un puerta clave para el desarrollo del sector forestal, junto a los puertos privados de Corral y Calbuco, requiere aumentar su capacidad para la atención de naves más grandes y mejorar la atención de los pasajeros y los servicios de cabotaje. 

Chacabuco, un puerto muy importante para la XI Región y que constituye una conexión visible corre los Océanos Pacífico y Atlántico, necesita consolidar su infraestructura portuaria para transformarse en una alternativa real de integración del sur del continente. 

En Punta Arenas, que constituye una de las principales puertas para la exploración del continente helado, se requiere de inversiones para concluir con el proyecto de Bahía Catalina y su proyección como barrio industrial, así como para la integración del Muelle Prat con su entorno urbano. 

Finalmente, se necesita desarrollar proyectos que sean atractivos para inversiones en el ámbito del transporte marítimo de pasajeros, donde el país cuenta, lamentablemente, con una infraestructura rudimentaria que no le permite aprovechar las potencialidades turísticas que poseen especialmente las regiones X, XI y XII. 

Metro de Santiago 

Durante el pasado mes de abril inauguramos la obra de mayor envergadura realizada por el Estado durante la presente década. Estamos hablando de La Línea 5 del Metro, de una longitud de más de 10 kilómetros, que representa una inversión en moneda actual de 484 millones de dólares. 

Esta línea trasladará diariamente 180 mil personas, lo que significa que a fin de año habrá transportado 31 millones de pasajeros. Sólo durante 1997 la nueva obra significará más de 25 millones de dólares ahorrados en combustible y tiempo de las personas. Con esta ampliación de su red, el Metro transportará diariamente cerca de 850 mil pasajeros. Y con la extensión de la Línea 5 entre las estaciones Baquedano y Santa Ana, actualmente en ejecución, esa cantidad ascenderá a un millón de pasajeros diarios antes de fin de siglo. 

Sector energético 

El crecimiento del país lleva aparejado un incremento en sus requerimientos energéticos. Entonces, junto con aprovechar las fuentes de energía tradicionales, se debe incorporar nuevas fuentes, como el gas natural. El convenio de interconexión gasífera entre Argentina y Chile, así como la dictación de dos reglamentos técnicos en 1995, han permitido el inicio de numerosas obras en este sector. En efecto, en abril pasado se inauguró el gasoducto en Punta Arenas, que abastece la planta de metanol; por su parte, el gasoducto que abastecerá la zona central estará en funcionamiento en julio próximo. 

La instalación de gasoductos posibilita la entrada de nuevas empresas generadoras de energía a partir del gas natural, lo que reducirá los precios del gas y de la electricidad. La generación de energía eléctrica sobre la base del gas tiene también ventajas ambientales, al sustituir a la producción eléctrica basada en el carbón y en el petróleo. Los nuevos gasoductos abastecerán el 60 por ciento de la nueva generación eléctrica que se instalará entre 1997 y 2005 en el Sistema Interconectado Central, y durante este período se efectuarán inversiones del orden de los 4 mil millones de dólares en el sector. 

Este año entró en operaciones la central Pangue, lo que incrementó en más de 10 por ciento la capacidad generadora en el Sistema Interconectado Central. El potencial de Pangue es semejante al de Colbún, empresa cuya propiedad mi gobierno privatizó en un 37,5 por ciento. Ello permitió al Estado obtener recursos por más de 340 millones de dólares, e incorporar un nuevo agente privado al sector eléctrico. 

Un avance sustantivo ha tenido el programa de electrificación rural. El censo de 1992 reveló que sólo el 53 por ciento de las viviendas en el campo contaba con luz eléctrica. Al asumir en 1994, nos propusimos elevar esa cobertura al 75 por ciento. Al finalizar 1996, ya habíamos logrado el 60 por ciento de cobertura, con una inversión en ese año de más de 10 mil millones de pesos, cifra que en 1997 se elevará. 

Servicios sanitarios 

En este período de gobierno hemos invertido más de 550 millones de dólares en obras del sector sanitario ligado al Estado, que han permitido mantener la cobertura de agua potable en torno al 98 por ciento e incrementar la cobertura del tratamiento de aguas servidas del 11 por ciento en 1994 al 15 por ciento en 1996. 

El objetivo que nos hemos fijado en esta materia es otorgar, al año 2000, 100 por ciento de cobertura de agua potable y alcantarillado a la población urbana; 100 por ciento de cobertura de agua potable en el sector rural concentrado; y un aumento significativo en la cobertura de tratamiento de aguas servidas a nivel nacional. Actualmente, los avances en los programas muestran coberturas cercanas a las metas en todos los sectores, excepto en el tratamiento de aguas servidas. Es en este ámbito, por tanto, donde corresponde realizar un esfuerzo concentrado en estos años. Mi gobierno ha iniciado los proyectos para el tratamiento de aguas servidas en el Gran Valparaíso, Coyhaique y Puerto que entrarán en operación en 1998. Puesto que estas obras tienen un impacto sobre las tarifas, estamos estudiando las medidas necesarias para aminorar ese efecto en la población más pobre del país, que se agregarán al subsidio al agua potable que ya reciben alrededor de 450 mil familias. 

Futuros avances dependen claramente de la aprobación de la ley que fortalece el marco regulatorio del sector sanitario e incorpora capital privado para su desarrollo. Una vez aprobada esta ley, de acuerdo a los mecanismos establecidos en ella, podrán materializarse los grandes proyectos necesarios para el cumplimiento de nuestras metas. 

Telecomunicaciones 

En telecomunicaciones, desde 1994 se han logrado distintos avances. En 1995 entregamos la normativa que permitió licitar durante el presente año tres bandas para la entrega del servicio de telefonía digital. Esto implica el ingreso de una nueva y avanzada tecnología al mercado de la telefonía. En materia de regulación, durante el año pasado se elaboró la reglamentación que permitirá efectuar los cobros a quien realice las llamadas en el servicio de teléfonos celulares. Este nuevo reglamento se encuentra a la espera de toma de razón en la Contraloría de la República. 

La aplicación sistemática, desde comienzos de esta década, de una política regulatoria que promueve la sana competencia en el suministro de redes y servicios, ha llevado al país a una posición de vanguardia en materia de telecomunicaciones, con un sector que crece a tasas superiores al 20 por ciento anual y va poniendo a disposición de la población más y mejores servicios a tarifas cada vez mas accesibles. Para acelerar la incorporación de los sectores de menores ingresos a estos beneficios, mediante el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se han asignado subsidios que aseguran la extensión de las redes y la instalación de teléfonos públicos en cerca de tres mil localidades rurales. Esta cifra se verá incrementada con las localidades que serán favorecidas por este mecanismo en el presente año. 

Próximamente impulsaremos dos iniciativas legislativas necesarias para proyectar estos logros en el largo plazo. La primera prorrogará la vigencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, para atender a aquellas localidades que no alcancen a ser beneficiadas durante 1997. La segunda apunta a fortalecer la institucionalidad regulatoria del Estado, mediante la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Sustentabilidad ambiental 

La conservación del medio ambiente es un tema central en nuestra sociedad actual. A medida que avanza el desarrollo ocupa un lugar más alto en la agenda pública, y lo hemos enfrentado como corresponde a una extendida inquietud y preocupación de vastos sectores de chilenos. 

Bajo mi gobierno, por primera vez en nuestra historia, contamos con una completa regulación en esta materia. En 1994 se promulgó la Ley de Medio Ambiente, y entre 1990 y 1996 alrededor de 170 proyectos, cuya inversión total asciende aproximadamente a 19 mil millones de dólares, se sometieron voluntariamente a la evaluación de impacto ambiental. En 1995 dictamos los reglamentos que rigen el Funcionamiento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente; el procedimiento de elaboración de las normas de calidad ambiental y de emisión; y el procedimiento de elaboración de los planes de prevención y descontaminación. En abril recién pasado dictamos el reglamento de evaluación de impacto ambiental para su plena entrada en vigencia, Así ha quedado completa la gama de instrumentos que rigen el tema ambiental en el país: normas claras, estables y precisas, que obligan a todos y que buscan, en definitiva, armonizar el crecimiento con la preservación de nuestras riquezas naturales. 

Para una economía abierta como la chilena y basada, en et corto y mediano plazo, en la exploración de sus recursos naturales, la preocupación por el tema ambiental es un elemento decisivo para mantener la competitividad internacional, además de permitir la continuidad en el uso de dichos recursos en el largo plazo. Quiero insistir en que hoy contamos con las herramientas para hacerlo. La gente puede hacer oír su voz, hay leyes y reglamentos operando, hay organismos encargados de evaluar las inversiones desde el punto de vista ambiental. ¡Nadie puede acusarnos de dilapidar el futuro de Chile! ¡Queremos un medio ambiente limpio para las próximas generaciones! 

Dentro de este esfuerzo normativo, quiero mencionar el Programa de Dictación de normas primarias y secundarias de calidad ambiental y normas que regulan la emisión de sustancias contaminantes. Hemos iniciado también el Plan de Recuperación Ambiental de Talcahuano, el de Descontaminación de la Fundición Caletones de la División El Teniente de Codelco y el Descontaminación de la Región Metropolitana. En el caso de esta última región, este año entraron en operación nuevas equipos para ampliar la red de cobertura de monitoreo automático de contaminantes, lo que nos ha permitido ser más oportunos en la toma de medidas preventivas y correctoras. 

Expandir la capacidad competitiva a todos los sectores 

El punto de partida de la capacidad competitiva nunca es el mismo para los distintos sectores productivos, regiones, grupos sociales y personas que componen una sociedad. Esta situación se ve exacerbada por los repentinos cambios que ocurren en una sociedad abierta y competitiva. En efecto, determinados sectores pueden sufrir agudas dinámicas de declinación, debido a la pérdida de mercados en razón de obsolescencia tecnológica o de la emergencia de nuevas condiciones competitivas. En ocasiones, estos procesos arrastran a toda un área territorial, zona, región o ciudad, al estar ésta directamente ligada a una actividad productiva específica. 

Ante esta situación, algunas creen que el Estado nada debería hacer. Esta posición no reconoce que el Estado, en el ejercicio de sus funciones, debe atender y asumir las consecuencias sociales de los cambios productivos, cuando éstos afecten las oportunidades de inserción laboral de trabajadores que se encuentran en, o cercanos a, la situación de pobreza. No somos neutros al respecto. Buscamos desarrollar las capacidades de quienes están en las posiciones más desmedradas y atenuar los efectos sociales negativos de las políticas de reconversión productiva. En estos casos, el desarrollo económico no es sólo un factor dependiente de la iniciativa privada. En momentos de crisis productiva, al Estado le compete arbitrar medidas que dinamicen la inversión privada en sectores rezagados en zonas económicamente deprimidas. Esta es una forma concreta de armonizar el crecimiento económico con la equidad social. No es una postura asistencialista, ni se trata tampoco de destinar fondos, propiedad de todos los chilenos, para el apoyo de quienes tienen medios para progresar por sí mismas. Al contrario, se trata de generar políticas que efectivamente cooperen a que la gente más pobre, las zonas más deprimidas, tengan más y mejores herramientas para su progreso. 

Permítanme ilustrar este énfasis de mi gobierno con los casos de los planes de desarrollo regional, con las políticas de desarrollo sectorial, los programas de desarrollo tecnológico-productivos y los mecanismos de apoyo al trabajador. 

Un desarrollo regional que considere la reconversión productiva 

Mi gobierno ha buscado diseñar planes especiales para zonas geográficas caracterizadas por particulares condiciones de aislamiento, buscando revertir o atenuar las consecuencias de la declinación de actividades económico-productivas tradicionales. En cada uno de estos planes se efectuó un diagnóstico que permitió determinar cuáles eran los impedimentos específicos de estas zonas para incrementar su productividad, así como las ventajas comparativas que poseían. Estos planes de desarrollo corresponden a Arica y Parinacota; a la zona del carbón; y a Aysén, Magallanes y Palena. En 1995 el Congreso aprobó la Ley N° 19.420, que establece incentivos especiales para Arica y Parinacota, y en 1996 dio curso a la entrega de recursos adicionales para la zona del carbón. 

Arica y Parinacota 

En el caso de las provincias de Arica y Parinacota, se detectó como ventaja comparativa de la zona su viabilidad como corredor de transporte desde Chile hacia el Asia Pacífico, así como la posibilidad de desarrollo de la industria turística. Con el fin de aprovechar estas potencialidades específicas, hemos desarrollado distintas acciones en las áreas de infraestructura básica, creación de centros turísticos internacionales y apoyo al esfuerzo privado para inversiones, mediante incentivos crediticios. 

En materia de fomento productivo, en los últimos dos años se han otorgado 42 subsidios a través del programa de Fomento Empresarial de Corfo. De prosperar estos proyectos de inversión, que actualmente se encuentran en diferentes fases de implementación, podrían llegar a crearse más de 3.200 puestos de trabajo en estas provincias. Los proyectos de fomento asignados por la Corfo en Arica se han traducido en apoyo a proyectos asociativos para un total de 239 empresas. Mediante el Fontec se ha financiado otros ocho proyectos innovativos en el mismo período. La tasa de cesantía ha disminuido de un 8 por ciento en 1994 a 6,4 por ciento en 1996. 

Para difundir los beneficios del Plan Arica, en el bienio 1995-1996, se realizaron once misiones de promoción de inversiones. Se participó en cinco ferias internacionales, seis ruedas de negocios, y se convocó a nueve seminarios de promoción de inversiones. 

En materia turística, el Sematur ha declarado como área de interés turístico todo el borde costero de Arica. Cinco proyectos inmobiliarios de tipo habitacional y turístico se han acogido a los beneficios de la Ley N 19.420, que les permite obtener un crédito fiscal equivalente al 20 por ciento de la inversión realizada en activos. En 1996, el flujo turístico a la zona se incrementó en 135 por ciento respecto a 1995. 

Por otra parte, gracias a la rápida habilitación de sondajes de agua y a la culminación del proceso de licitación para una planta desalinizadora, el problema del agua potable de Arica será resuelto definitivamente para 1998. 

En mi última visita a la zona anuncié, entre otras medidas, que se prolongará hasta el año 2000 el beneficio de créditos tributarios de hasta 20 por ciento de la inversión productiva, y la licitación de nuevos puestos fronterizos en Chacalluta y Chungará. Confiamos en que el conjunto de estas iniciativas permita la recuperación del crecimiento de sus provincias, objetivo no sólo importante para sus habitantes sino, considerando sus características fronterizas, estratégico para todo el país. 

Plan Austral 

El Plan Austral es el último que ha entrado en operación. El diagnóstico efectuado para la zona determinó que sus fortalezas son la diversidad de los recursos naturales y la posición estratégica, dado su acceso bioceánico. También se determinó que las debilidades zonales eran aislamiento por falta de infraestructura, bajo densidad poblacional y adversas condiciones climáticas. 

Una contribución importante en el acercamiento de esta zona al resto del país fue la entrada en operaciones del terminal aéreo de Balmaceda en 1996. Adicionalmente, se terminó el diseño para la construcción de dos muelles de atraque y se construyen actualmente tres nuevos caminos, que están avanzados en más de un 30 por ciento. En materia de integración, se permitió que nuestros vecinos argentinos invirtieran en la zona, al mismo tiempo que se estableció un convenio entre los Bancos del Estado de Chile y de la Nación Argentina para homologar tarifas por operaciones de depósitos. La acción del gobierno ha permitido que actualmente operen en la zona distintos incentivos para la inversión privada, como el cofinanciamiento del Estado para estudios de factibilidad, seguros de crédito y subsidios a la compra de terrenos industriales. Actualmente, se discute en el Congreso el proyecto de ley que establece incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aysén, Magallanes y Palena. 

Esperamos seguir contando con el apoyo parlamentario para estas medidas, que abren nuevos instrumentos para el desarrollo y permiten aprovechar eficientemente los recursos de todo el país. La aprobación de esta ley permitirá, entre otros temas, licitar 23 circuitos turísticas, abriendo así nuevos rubros para la inversión austral, y establecer un crédito tributario destinado a las empresas que allí se instalen. 

Un acuerdo de futuro para Lota 

Lota es un claro caso que muestra las dramáticas consecuencias de la declinación de actividades económico-productivas tradicionales en zonas de pobreza. Por eso, la decisión de dar término a las faenas extractivas del yacimiento de Enacar-Lota, la principal mina de carbón existente en el país, no fue fácil para el Presidente que les habla. 

En los últimos tres años, desplegaos los máximos esfuerzos tras el objetivo de dar continuidad productiva a Lota. Los estudios nos mostraban que había una posibilidad, aunque pequeña, de que este mineral fuera económicamente viable. Decidimos apostar a esa pequeña posibilidad; por ello invertimos en tecnología, en equipamiento, en capacitación, en desarrollo. Sólo la convicción de haber realizado todos los esfuerzos nos dio la tranquilidad de conciencia para tomar la decisión del cierre con plena responsabilidad ante el país, ante los mineros y sus familias, ante 150 de historia. 

La capacidad productiva del yacimiento estaba agotada. Una compleja constelación de costos de producción, de precios internacionales, de condiciones de seguridad al interior de la mina, de fallas geológicas que impedían llegar con facilidad a los mantos, hicieron imposible alcanzar las metas propuestas y comprometidas con el Congreso Nacional. Por ello, al final, la opción sobre el establecimiento minero de Lota no estaba ya planteada en términos de cerrar o no cerrar. La verdadera opción era, más bien, cómo cerrar. 

Mi responsabilidad como gobernante me obligaba a tomar la decisión de cerrar. Pero no estaba dispuesto, no lo estoy ahora ni lo estaré mañana, a hacerlo como en otros lugares, con criterios neoliberales que consideran sólo factores operacionales, productivos y económicos, ignorando toda dimensión histórica, biográfica, social y humana. 

Hemos adoptado las medidas hablando con franqueza, dialogando con los dirigentes gremiales, buscando fórmulas y mecanismos para construir una esperanza cierta en días mejores, sin que ello signifique ceder a demandas desmedidas que atentarían contra el bien común. 

Hace once días hemos firmado un acuerdo con los trabajadores de Enacar-Lota orientado a proteger socialmente a quienes han perdido sus fuentes de trabajo. Lo hicimos con plena conciencia del significado histórico y social de quienes han dedicado una vida a la minería del carbón. Para los trabajadores más jóvenes, hemos hecho un esfuerzo muy especial de puentes de trabajo y de capacitación efectiva para la reinserción laboral. Pero sobre todo hemos centrado la mirada en las familias de los mineros, particularmente en los niños y jóvenes. Ellos tienen derecho a un futuro mejor, tienen derecho a que el Estado invierta en un camino de esperanza para ellos. Por ello liemos hecho un esfuerzo inédito en materia de beneficios educacionales, habitacionales y de salud. 

También hemos apostado con fuerza al desarrollo integral de la comuna de Lota mediante el fomento de la inversión pública y privada, la reutilización de los activos de Enacar y el desarrollo y la modernización de la microempresa, por un monto superior a los 18 mil millones de pesos durante los próximos dos años, cifra a la cual debería sumarse la inversión privada esperada. Con ello se habrán fundado las bases para el desarrollo futuro de comuna que compense los efectos del cierre del mineral y que en el mediano plazo permita a esta sufrida zona superar su secular situación de pobreza. 

Hay quienes señalan que ésta fue una decisión correcta,, pero tardía. Lo dicen con liviandad aquellos que tuvieron todo el poder en sus manos y jamás tuvieron el coraje de tomar la decisión. 

Quienes conocen la historia, saben lo traumático que ha sido el cierre de las minas de carbón en distintos países. Sabemos de los conflictos violentos, prolongados, que han causado muertes y miseria. Nuestro caso es diferente: hemos encontrado soluciones reales y pacíficas. Esto ha sido posible gracias a la responsabilidad de los dirigentes sindicales, por su disposición al diálogo y por su voluntad de construir un acuerdo razonable para todos. Vaya mi sincero homenaje y reconocimiento a todos los trabajadores de Lota y sus familias. 

En esta situación, hemos demostrado que se puede y se debe ser responsable sin ser autoritario; que se puede y se debe cautelar los intereses del país y tener sensibilidad social; se puede y se debe aspirar a modernización y al desarrollo, sin pisotear la dignidad ni la esperanza de los trabajadores. ¡Esta es la voluntad política de m gobierno y expresa nuestro profundas convicciones! 

Atender las necesidades de los pequeños productores campesinos 

En el Mensaje al país el año pasado, di una detallada cuenta de las acciones de agua potable y saneamiento, electrificación, vivienda, telecomunicaciones, educación, regularización de la propiedad y salud, dirigidas a combatir la pobreza rural. Hoy me referiré a las acciones con que apoyamos el desarrollo de los productores campesinos. 

El proceso de modernización del sector silvoagropecuario no es homogéneo. Aún existen importantes grupos del mundo rural que quieren y merecen transitar hacia una mejor calidad de vida, a fin de participar integralmente de los beneficios del crecimiento. Frente a esta realidad, mi gobierno no vacilará en discriminar positivamente, destinando más u mejores esfuerzos para apoyar al mundo campesino. Nuestro compromiso con este sector se orienta a dos tipos de acciones: por una parte, a aumentar las capacidades de aquellos más rezagados; y por otra, a mejorar los activos que poseen para asumir el camino de su propio desarrollo. 

De esta manera, el gobierno, teniendo en cuenta la diferencia entre la política sectorial -cuyo énfasis es el fomento productivo y la modernización de los agentes económicos- y las políticas sociales que, implementadas en el ámbito rural, tienen como misión la superación de la pobreza, avanza sin descuidar ninguna de estas dimensiones y sin desconocer tampoco la sinergia que una acción integrada puede generar. 

En materia de mejoramiento de las capacidades de los pequeños agricultores campesinos, destinamos en 1996 más de 27 mil millones de pesos a apoyar la transformación tecnológica de la pequeña agricultura. En 1997, esta cifra se ha incrementado en más de un 14 por ciento, llegando con servicios y asistencia a más de 100 mil productores. 

Por otra parte, programas como el subsidio a la recuperación de la fertilidad de los suelos y el desarrollo de plantaciones forestales, entre otros, son expresión concreta de apoyo a la pequeña empresa del sector silvoagropecuario. En 1996 destinamos más de 2.500 millones de pesos a mejorar la fertilidad de los suelos, cifra que se ha incrementado en un 124 por ciento en 1997 y que significará posibilidades de progreso para más de 5.700 productores. Por otra pare, para este año se encuentran provisionados casi 5 mil millones de pesos en la Ley de Presupuestos, en espera de la aprobación del proyecto de ley que modifica la ley de Fomento Forestal actualmente en trámite en el Senado. 

Con el objeto específico de paliar los efectos del déficit de lluvia de los últimos cuatro años entre las Regiones III y VII, el gobierno ha dispuesto entre 1994 y 1996 más de 22.800 millones de pesos, y durante el primer semestre de este año se invertirán cerca de 4.100 millones de pesos en las regiones afectadas. Para estos efectos, la Comisión Nacional de la Sequía ha consolidado los esfuerzos de Indap, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Banco del Estado. Los mecanismos utilizados han sido, entre otros, el establecimiento de líneas especiales de crédito bonificadas, el saneamiento de las deudas de los pequeños productores agrícolas afectados, la bonificación de un porcentaje de los créditos otorgados en las regiones en zonas de catástrofe o de emergencia agrícola, y el otorgamiento de créditos con tasas de interés destinados a financiar obras de riego, drenaje e infraestructura productiva. 

El Estado ha venido realizando un esfuerzo sin precedentes en materia de riego. Con ello queremos no sólo paliar los efectos de la sequía de los últimos años, sino que, con una perspectiva de largo plazo, buscamos ampliar la superficie de regadío del país. En obras mayores, al Canal Pencahue y al Embalse Santa Juana, ya terminados, hay que agregar el Canal Laja Diguillín, cuyos trabajos comenzaron el año pasado, y la construcción del Embalse Puclato. Asimismo, iniciaremos pronto la construcción del Embalse Corrales en el Valle del Choapa. Al finalizar estas obras, al termino de mi gobierno, 212 mil hectáreas habrán mejorado su seguridad de riego y se habrán incorporado al riego 146 mil hectáreas. Por su parte, 23 mil predios, que equivalen a una superficie de 300 mil hectáreas, asegurarán y mejorarán su producción con obras de riego de tamaño mediano. 

Para la pequeña agricultura, el Programa de Obras Menores de Riego opera sobre la normativa contemplada en la Ley N° 18.450. Desde 1994, se han seleccionado para su ejecución más de mil proyectos de regadío, que han significado incorporar 114 mil nuevas hectáreas de riego, con beneficios para 22.800 pequeños agricultores. 

El gobierno cree firmemente en el futuro de la agricultura y renueva su compromiso con este mundo tan valioso y vigente, en el que confiamos que aportando económica, social y culturalmente al engrandecimiento de nuestro país. 

Modernización y desarrollo de empresas públicas 

En estos años hemos hecho un gran esfuerzo para abordar, con responsabilidad y coraje, el futuro de las empresas públicas. En aquellos casos en que se ha demostrado que la empresa no es viable, hemos procedido a su privatización o cierre. Ferrocarriles y Enacar-Lota dan testimonio de este comportamiento. En el resto, hemos creado o estamos creando las condiciones para que puedan desplegar todo su potencial y maximizar su contribución al desarrollo del país. La exitosa experiencia de Codelco así lo avala. 

¿Cuáles son los criterios que han animado la acción del gobierno en esta materia? 

La primera exigencia para nuestras empresas públicas es que sean eficientes y competitivas. Ello implica una gestión profesional y transparente, y el cumplimiento de metas exigentes. Significa también privilegiar una nueva forma de relaciones laborales que busque aunar los esfuerzos de trabajadores y ejecutivos tras el proyecto común. 

Nuestra principal prioridad es terminar con la indigencia y disminuir drásticamente la pobreza. Las empresas públicas deben contribuir a este desafío, maximizando su capacidad de generación de excedentes operacionales y transfiriéndolos íntegramente al fisco. Por la misma razón, no estamos autorizando aportes presupuestarios para financiar sus requerimientos de inversión. En consecuencia, sólo pueden financiarlos reinvirtiendo las depreciaciones, vendiendo activos prescindibles, endeudándose en montos razonables y sin aval del Estado, asociándose con terceros, o aprovechando las distintas opciones de capitalización que el mercado de capitales ofrece para estos efectos. 

En una economía competitiva, abierta al mundo y en franco crecimiento como la nuestra, todas las empresas enfrentan los retos permanentes del aumento de la productividad y del crecimiento. Ello las obliga a un esfuerzo continuo de inversión en gestión, tecnología y desarrollo. Si no son capaces de asumirlo, el resultado es la decadencia y el cierre, con la consiguiente pérdida de la fuente de trabajo para la mayoría o todos los trabajadores. 

Nuestra responsabilidad es proteger y acrecentar el patrimonio y las fuentes de trabajo que representan estas empresas, de propiedad de todos los chilenos. Por lo mismo, al abrir camino a la inversión de capitales privados en estas empresas –de preferencia de las AFP y de sociedades de inversión formadas por los propios trabajadores-, hemos velado, y lo seguiremos haciendo, por garantizar la trasparencia del proceso, fomentar la competencia, impedir la concentración de poder económico, y proteger los derechos de los trabajadores. 

Los criterios que aquí he esbozado han orientado nuestro quehacer en relación a las empresas públicas. Ustedes, señores parlamentarios, han tenido la oportunidad de debatir largamente las propuestas contenidas en los proyectos de ley sobre Emporchi y la empresas sanitarias. De su aprobación depende que podamos facilitar la incorporación, por diversas vías, de capital privado al desarrollo de tan importantes sectores de nuestra economía, en un marco que garantice adecuadamente los derechos del Estado, inversionistas, trabajadores y usuarios. Ambos proyectos se encuentran en su fase final de tramitación y confío en que podrán ser ley de la República a la brevedad. En el intertanto, ya estamos preparándonos para acelerar al máximo su implementación. 

Por otra parte, también hemos analizado la situación y perspectivas de varias otras de nuestras empresas, entre ellas, Enap y Enami. Ambas, desempeñan un papel importante en sus respectivos sectores y si no abordan con responsabilidad y decisión el desafío de su modernización y crecimiento se enfrentarán a la amenaza de la decadencia y el fracaso. 

En lo que se refiere a Enap, estamos trabajando en la definición de un plan estratégico de mediano plazo. El mismo contempla diversas alternativas de inversión, cuyo financiamiento podría requerir incorporar capitales de terceros a la empresa, si sus fondos de libre disposición -depreciación y enajenación de activos prescindibles-, mas un monto de endeudamiento razonable, no fueren suficiente para cubrir estas necesidades. 

De hecho, Enap y sus filiales ya han incursionado con éxito en asociaciones con privados, tanto en Chile como en el exterior. Basta con citar que la refinería Petrox ha negociado tres asociaciones de esta naturaleza, que representan alrededor de 420 millones de dólares de inversión. 

Enami nació en 1960 con la misión de fomentar el desarrollo de la mediana y pequeña minería. En su momento se estimó que para ello era imprescindible contar con plantas de tratamiento de de minerales y capacidad propia de fundición y refinación. Con el tiempo, la industria del cobre en Chile y el mundo ha experimentado cambios de consideración que obligan a redefinir el papel de Enami. Un ejemplo de ello es que hoy la Fundición de Ventanas no procesa ni siquiera una tonelada de concentrados de cobre producida por la mediana o la pequeña minería. A mayor abundamiento, Planta Matta, la principal planta de procesamiento de minerales de minerales de Enami, destina mas del 90 por ciento de su capacidad a tratar minerales provenientes de Punta del Cobre, empresa privada de la mediana minería. 

En mi opinión, Enami tiene que concentrar su acción en el fomento de la pequeña minería, garantizándole asistencia crediticia, tecnológica y de gestión, y abriendo los poderes de compra que sean necesarios. 

Hoy estamos invirtiendo en la modernización de Ventanas y Paipote, con especial énfasis en proyectos que permitan reducir el impacto ambiental de estas operaciones. Pero sabemos que este esfuerzo no será suficiente. Tenemos que estudiar la forma de incorporar capitales de terceros a estas instalaciones como única forma de garantizar su competitividad a mediano y largo plazo. 

Enap y Enami son empresas con futuro. Llamamos a sus ejecutivos y trabajadores a construir un proyecto común que consolide ese futuro. Esta es una condición indispensable para garantizar la eficiencia y competitividad de las empresas públicas. Estamos convencidos de que la participación responsable de los trabajadores en las decisiones estratégicas de sus empresas es una fortaleza del estilo de gestión pública que mi gobierno está impulsando. 

Tecnología e innovación en la pequeña y mediana industria 

La generación de oportunidades de desarrollo también debe extenderse al sector productivo de la pequeña y mediana empresa. Es allí donde se concentra la fuerza laboral y donde existen los mayores rezagos en la utilización de capital y tecnología. 

Un primer diagnóstico sobre la incorporación de tecnología en la industria, a través de la primera encuesta sobre Innovación Tecnológica en la Industria Manufacturera, muestra que el núcleo de las empresas innovadoras chilenas se concentra en sólo 100 empresas, que en un 50 por ciento son de tamaño mediano. Incluso más, un 40 por ciento de las empresas consultadas señaló que su ritmo de innovación era muy reducido o nulo y que, en los casos en que ello ocurría, la principal fuente de innovación tecnológica era la importación de bienes de capital. 

Por ello, es necesario desarrollar un conjunto de instituciones y capacidades profesionales que vinculen el desarrollo científico y tecnológico a la demanda del sector privado. Todos estos factores demuestran que uno de los desafíos pendientes es avanzar en la coordinación y modernización de los organismos existentes y aumentar su vinculación con el sector privado, incentivando a estos últimos a invertir en el desarrollo científico-tecnológico y en la capacitación de los recursos humanos. 

Desde 1995 está en marcha la modernización institucional de los institutos públicos dedicados a la investigación científica y tecnológica, que busca una mejor aproximación a la empresa privada. Se ha impulsado la venta de servicios, el mejoramiento de infraestructura tecnológica, la investigación precompetitiva y la captura de nuevas tecnologías en el extranjero. 

Para promover el intercambio tecnológico, el gobierno creó las misiones tecnológicas asociativas, de las cuales se realizaron 45 en 1996, y el capital de riesgo para empresas de base tecnológica. También durante el año pasado se lanzó el Premio Nacional de la Calidad, cuyo objetivo es otorgar un reconocimiento público a quienes efectúan mejoras en los distintos productos. En este mismo año se efectuó por primera vez la licitación de Proyectos de Investigación Tecnológica Precompetitiva y de Interés Público. Esta última medida implicó recursos superiores a los 2.100 millones de pesos. 

Actualmente, existen más de 20 programas orientados a las distintas necesidades de la pequeña y mediana empresa. Algunos buscan facilitar el acceso al crédito bancario, unos se orientan específicamente hacia los pequeños productores rurales y pesqueros. 

El reconocimiento a la importancia de la capacitación de este sector de la economía nacional implica que actualmente el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tenga programas especiales de formación gerencial para propietarios de empresas pequeñas y pequeños productores agrícolas. Asimismo, hemos buscado fortalecer la transferencia tecnológica hacia estos sectores mediante los Fondos de Asistencia Técnica y los Proyectos de Fomento, los cuales son financiados hasta en un 30 por ciento por los propios beneficiarios. Sólo en estos dos últimos programas, los recursos invertidos en 1996 crecieron en 123 por ciento respecto de 1995 y totalizaron más de 6 mil millones de pesos. En 1997 destinamos más de 350 millones de pesos a la entrada en operaciones del nuevo Programa de Apoyo a la Gestión de Empresas Exportadoras. Por su parte, el Servicio de Cooperación Técnica atendió en 996 a más de 7.700 empresarios, cifra muy superior a los cerca de 5 mil atendidos en 1994. 

En 1994 el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley con el objeto de mejorar la calidad y eficacia de la acción del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y aumentar la cantidad de recursos que el país destina a capacitación. Este proyecto impulsa la participación de la pequeña y mediana empresa en esta materia, y establece un mecanismo de asignación directa de fondos para capacitación en el caso de las empresas cuya facturación anual sea inferior a 13 mil Unidades Tributarias Mensuales, con un tope de 26 UTM por empresa beneficiaria. Esta iniciativa, vital por su contribución al desarrollo del país, está aún en discusión. Su aprobación tendría un gran significado para incrementar el aporte privado a la inversión en recursos humanos que Chile necesita para su desarrollo. 

Por otra parte, el sector microempresarial constituye un segmento de gran importancia en nuestro país. Corresponde a más de 600 mil unidades de negocios, y comprende aproximadamente el 35 por ciento de la masa laboral. Tiene, por tanto, la fuerza para constituirse en uno de los pilares de nuestro desarrollo. 

Con el apoyo a la microempresa a través de la filial del banco del Estado recientemente creada, Banestado Microempresas, queremos dar un fuerte impulso al sector, mediante un servicio ágil y personalizado, ajeno a cualquier tipo de paternalismo. Se trata de reforzar la igualdad de oportunidades, otorgando servicio bancario a un enorme sector que ha carecido de él. En la medida en que este sector pueda acceder a este financiamiento, estaremos mejorando sus condiciones de trabajo actuales y futuras. Si un microempresario cuenta con el respaldo y los servicios de una entidad financiera, podrá realizar sus inversiones y programar su crecimiento a mediano y largo plazo. 

Protección a la movilidad del trabajo 

Los procesos de desarrollo económico generan, como hemos señalado, dinámicas de modernización productiva que pueden afectar la estabilidad laboral de los trabajadores. Mi gobierno esta consciente de esta amenaza y ha decidido crear un mecanismo de protección de los salarios en momentos de cesantía laboral, Por ello, durante el año recién pasado iniciamos las discusiones con los sectores involucrados (trabajadores y gremios empresariales) respecto al Sistema de Protección al Trabajador Cesante (Protrac). Mediante este instrumento, el trabajador que sea despedido por una empresa recibirá una indemnización, cualquiera sea la causal involucrada, mientras que igual cosa ocurrirá si renuncia voluntariamente. Esto es muy diferente a lo que hoy ocurre, en que el trabajador recibe una indemnización por años de servicio sólo cuando es despedido invocando la causal de necesidades de la empresa. Por otra parte, el Protrac permitirá a las empresas fortalecer su capacidad de adaptación a las cambiantes dinámicas generadas por los mercados. Finalmente, un esquema como éste contribuirá a mejorar significativamente las relaciones laborales. 

Por estas razones, el gobierno ha decidido enviar al Congreso un proyecto de ley para crear el Sistema de Protección al Trabajador Cesante, que consistirá en el establecimiento de una cuenta individual por trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo, en la que éste aportará mensualmente un 0,8 por ciento de su remuneración imponible, mientras el empleador aportará mensualmente un 3,6 por ciento. Con ello se establecerá un fondo que, gestionado por instituciones como las administradoras de fondos de pensiones o las cajas de compensación, permitirá la protección del trabajador garantizando un razonable nivel de ingresos en momentos de cesantía, dándole preferencia, además, en el acceso a la capacitación laboral e incentivándolo a la búsqueda de empleo. 

Tanto las AFP como las cajas de compensación serán perfeccionadas para asumir esta importante tarea. En el caso ale las AFP, propondré modificar el D5 N° 3.500, a fin de establecer libertad de negociación de comisiones, para personas o grupos, adoptando las medidas adecuadas de protección a los afiliados de menores ingresos. En cuanto a las cajasde compensación, para todo lo relacionado con el Protrac deberán estar bajo las normas y la supervisión de la Superintendencia de AFP. 

Estoy seguro que el Congreso acogerá favorablemente este proyecto que, de ser aprobado, permitiría dar un paso adelante en las relaciones laborales de nuestro país. 

He realizado una síntesis de los avances en crear más oportunidades para el progreso de los chilenos. Educación, salud, vivienda, justicia, constituyen la base para que las personas puedan alcanzar dignidad y seguridad en sus vidas. Mi gobierno quiere entregar herramientas efectivas de desarrollo y seguirá trabajando con perseverancia e imaginación para cumplir plenamente este propósito. 

MAS OPORTUNIDADES PARA QUE LA GENTE DECIDA 

A lo largo de su historia, Chile ha querido ser una tierra de libertades. Ha buscado que todos los hombres y mujeres que habitan su territorio sean, iguales en derechos, participen de la vida nacional, ejerzan sus derechos ciudadanos y no sufran discriminación por su origen social, etnia, edad, género, localización geográfica, creencias o ideología. 

Nuestro propósito permanente ha sido también que todo ciudadano de esta Nación tenga más oportunidades para ejercitar su libertad y fortalecer sus esferas de decisión. 

Perfeccionar la institucionalidad política y social 

Eliminar las limitaciones a la soberanía popular 

Nuestra historia reciente ha terminado de convencernos de que la libertad no es un regalo, sino un logro difícilmente conquistado; es un resultado, más que un punto de partida. Y ello nos lleva a hacernos cargo de que algunas de las instituciones políticas aún traslucen el temor a la soberanía popular de quienes las originaron, de que nuestra democracia es incompleta y que, por tanto, requiere de profundizaciones y perfeccionamientos. 

Mi gobierno ha sido perseverante en la voluntad de consolidar una democracia plena, a través del envío de reformas constitucionales que den un sello definitivamente democrático a nuestras instituciones. Para su plena solidez, toda Constitución debe tener cimientos fuertemente asentados en la sociedad, lo que resulta de su legitimidad en la práctica y en la cultura política de la gente. Es esencial que la estructura política básica de la Nación no sea percibida como un cerco al desarrollo y la evolución social; por el contrario, debe servir como un factor de adaptación y de regulación de dichos procesos. 

Fundados en esa convicción y en el Programa de Gobierno que ofrecimos al país, hemos presentado a trámite parlamentario, en tres oportunidades, un conjunto de reformas constitucionales. Su rechazo por parte de un sector de la oposición las dos primeras veces contrasta con nuestra voluntad política de buscar el necesario consenso. 

La tercera propuesta, actualmente en trámite en el Congreso, circunscrita a la eliminación de los senadores designados, recibió un amplio apoyo en la Cámara de Diputados, incluido el principal partido opositor. Resulta sorprendente entonces que, después de esta vocación afirmativa, algunos miembros de ese mismo partido hayan anunciado que votaran en contra de la reforma en la Sala del Senado. Esta flagrante contradicción no pasará inadvertida, porque el país espera una conducta consecuente de los partidos en estas materias. Sería incomprensible que esta iniciativa volviera a frustrarse por el empecinamiento de quienes levantan una suerte de barrera frente a un cambio que de todos modos tendrá que ocurrir. 

¡El país tiene derecho a saber quienes están por el perfeccionamiento de la democracia y quiénes quieren impedir el avance hacia un tiempo nuevo! 

Por nuestra parte, insistiremos todas las veces que sea necesario para cumplir cabalmente con el mandato que hemos recibido del pueblo de Chile. ¡No descansaremos hasta que nuestra democracia esté libre de enclaves autoritarios que limitan la representación y soberanía popular! Queremos para Chile una democracia normal, sin apellidos ni cortapisas. ¡Eso y nada más! 

Mi gobierno enviará próximamente un proyecto de ley sobre financiamiento de las campañas electorales cuya aprobación permitirá generar más transparencia en estas materias, sobre todo respecto de los aportes privados. Asimismo, busca asegurar una mayor igualdad de oportunidades para optar a los cargos de elección popular entre personas pertenecientes a todos los sectores socioeconómicos de la población. 

La actividad política debe asumir en forma abierta y explícita la diversidad y complejidad de nuestra sociedad, abriendo canales de representación y participación para los diferentes grupos que la componen. Próximamente enviaremos al Congreso un proyecto de ley que modifique el sistema electoral, a fin de darle mayor capacidad de representar las diversas opciones que pueda tener la ciudadanía. 

Consolidar las libertades individuales 

Una democracia fuerte debe expresar la pluralidad de puntos de vista y garantizar respeto a la diversidad, sin discriminaciones de ninguna especie. 

La democracia descansa en la participación ciudadana y en el ejercicio responsable de la libertad. Al Estado le corresponde respetar las decisiones que las personas adoptan en la intimidad de la conciencia sobre su vida privada y familiar, y desarrollar las normas y acciones subsidiarias que les permitan resolver con autonomía sus problemas. 

Dentro de estas orientaciones, el gobierno ha enviado diversos proyectos de ley que consolidan su compromiso con una sociedad más abierta, pluralista y tolerante. De este modo, esperamos la aprobación del proyecto de ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. A mediados del mes de abril pasado presentamos al Congreso una reforma constitucional sobre eliminación de la censura previa en la exhibición de películas, que deberá acompañarse por el establecimiento de un sistema de calificación de las obras cinematográficas que asegure la necesaria información del público y la orientación de los padres de familia. Asimismo, hemos llamado a consagrar en nuestra Carta Fundamental la libre creación y difusión de las artes, que son la voz con que hablan los pueblos que aprecian su propia libertad. 

Quiero reiterar en esta ocasión que valoramos ante todo la libertad para actuar de acuerdo a la propia conciencia, para expresar las propias opiniones y asumir con generosidad las responsabilidades del bien común. ¡Que nadie hable aquí de totalitarismo cuando reclamamos solidaridad, o de amenazas a la libertad cuando buscamos poner a disposición de todos la información para que cada cual elija y decida conforme a los dictados de sus valores y creencias! Respetamos sin ninguna ambigüedad el pluralismo que enriquece nuestra convivencia y nos permite ser más porque somos diferentes, y no menos como seríamos si pensáramos según un mismo patrón. 

Descentralizar las decisiones hacía los ciudadanos 

Mi gobierno ha continuado dando un importante impulso a la descentralización del Estado y de su administración pública. Lo hacemos convencido. Así acercamos las decisiones a los ciudadanos, creamos espacios institucionales para su participación, hacemos más eficaces las políticas públicas y más certera la focalización de las políticas sociales. 

Buscamos también promover un desarrollo armónico, equilibrado e integral de todas las regiones, incentivando al sector privado a hacer su contribución a lo largo del territorio. Tal como valoramos la unidad de propósitos y de dirección propia del Estado unitario, también necesitamos la descentralización, pues ésta nos da la flexibilidad necesaria para ir a la par de las transformaciones del mundo moderno globalizado. 

Un proceso ya en marcha 

Hoy podemos señalar con satisfacción que están en funcionamiento todas las nuevas instituciones descentralizadas: operan a plenitud los gobiernos y los consejos regionales, se han instalado las plantas de personal de los gobiernos regionales, funcionan y se expresan en la Ley de Presupuestos de la Nación las Inversiones Sectoriales de Asignación Regional y los Convenios de Programación, y se han creado nuevos instrumentos de descentralización fiscal. Este enorme cambio institucional se ha hecho sin traumatismo, gracias al espíritu gradual y progresivo que ha animado su implementación. 

En materia de recursos de inversión, en términos absolutos y en moneda de hoy, las regiones han pasado a decidir de aproximadamente 50 mil millones de pesos en 1990 a 277 mil millones de pesos en 1997. Es decir, hoy las regiones deciden sobre 450 por ciento más que lo que decidían siete años atrás. 

Entre 1990 y 1997, el crecimiento medio real anual de la inversión que se decide en regiones aumentó en 21,4 por ciento, lo que se compara favorablemente con el crecimiento de 12 por ciento de la inversión pública total. Durante este año, las regiones decidirán sobre proyectos de inversión del gobierno equivalentes a 600 millones de dólares. Además, hoy disponen de mejores instrumentos y programas para hacer frente a sus necesidades. 

Un nuevo impulso 

Sin duda hemos avanzado en nuestro propósito descentralizador y nos proponemos en los próximos años llevar adelante nuevas medidas que lo profundicen y perfeccionen. Perseveraremos en nuestra meta de que la inversión de decisión regional alcance el 42 por ciento del total de la inversión pública. Para ello usaremos instrumentos como los Convenios de Programación, las Inversiones Sectoriales de Asignación Regional, las Inversiones Regionales de Asignación Local y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

En el ámbito político institucional, en el próximo semestre ingresaré a trámite legislativo una reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que transforma al intendente en el principal agente articulador del desarrollo en la región. El proyecto propone traspasar a los gobernadores la tarea del servicio de gobierno interior, aunque manteniendo la Intendencia la prerrogativa de disposición de la fuerza pública. Con ello, los intendentes podrán centrar su atención y actividad en mejorar los servicios de la administración pública y su coordinación, y en perfeccionar la relación entre el sector público y el privado, especialmente en materias de inversión para el desarrollo. 

Por otra parte, esta reforma propondrá la elección directa de los consejeros regionales, fortaleciendo su legitimidad e identificación con la ciudadanía. Además, postulará la creación de una vicepresidencia del Consejo Regional, cuyo titular será elegido entre sus miembros por la mayoría absoluta de los consejeros. También propondrá fortalecer las facultades de coordinación y de supervisión de los secretarios regionales ministeriales respecto de los servicios públicos relacionados con su ministerio. Así se perfeccionará la articulación de los servicios y de las políticas públicas en el territorio. 

En cuanto a la desconcentración de ministerios y servicios públicos, en los próximos días enviare un instructivo presidencial en que se demanda a cada institución una definición de las acciones ya ejecutadas para transferir mayores facultades, funciones, recursos y personal a las oficinas regionales respectivas, de las que realizará en el futuro y de los plazos pertinentes. 

Este instructivo también impulsará una nueva modalidad en la formulación y en la discusión del presupuesto, de modo que sean mejor y más ricamente recogidos los planteamientos de los gobiernos regionales, de los intendentes y de los secretarios regionales ministeriales. Ello hará necesario que el Ministerio de Hacienda adopte las medidas administrativas tendientes a una discusión presupuestaria más regionalizada. 

En similar dirección instruiré al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario y a la Corporación Nacional Forestal con el fin de que en un plazo de seis meses propongan medidas y acciones conducentes a fortalecer sustantivamente las funciones, competencias y facultades de sus direcciones regionales, cambios todos que deberán efectuarse en los años 1997 y 1998. 

Igualmente, el Ministerio de Obras Públicas ya se encuentra definiendo las medidas orientadas a la desconcentración de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En la Política Nacional de Turismo actualmente en elaboración, propondremos una reorganización del Sernatur y de las Direcciones Regionales de Turismo, que considere su desconcentración y regionalización. 

Desarrollo regional 

Dinamizar las economías regionales requiere de un conjunto de acciones del Estado, pero también, en alto grado, de la participación del sector privado y de la iniciativa y entusiasmo de la gente que vive en regiones. 

En mi recorrido por el país me doy cuenta del impacto positivo que produce la presencia de profesionales en una zona. Por ello hemos decidido estimularlos para que se perfeccionen y se radiquen en regiones, potenciando así los recursos humanos calificados en ellas y su capacidad de gestión. En nuestro sistema de becas daremos especial prioridad a los profesionales que se localicen en territorios apartados y consideraremos un menor pago de la deuda por concepto de crédito fiscal universitario para quienes se desempeñen en el sector público de algunas regiones. Asimismo, fortaleceremos la calidad y cantidad de profesionales en las oficinas públicas regionales. La mayor parte de los cupos que se generen con las jubilaciones en este estamento serán concursados a nivel regional; definiremos un programa para familias adquirentes via leasing habitacional de propiedades en las regiones; instauraremos la “Cátedra Presidente de la República” en algunas universidades regionales a objeto de contribuir a aumentar su excelencia académica. 

Para apoyar el desarrollo productivo regional, crearemos una partida de Fomento Productivo en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, manejada y decidida por las regiones. Este año destinaremos más de 20 mil millones de pesos a labores de fomento productivo. Para este efecto, en la reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional incluiré una modificación legislativa que permita la creación de corporaciones de fomento productivo con participación de los gobiernos regionales. Por su parte, la Corfo está adoptando medidas para fortalecer el proceso de desconcentración de sus direcciones regionales y así ser más eficaz en sus careas de fomento productivo. 

Dada la importancia del borde costero, mi gobierno impulsará decididamente la creación de comisiones regionales que favorezcan un uso adecuado de este espacio, integrando a los diferentes sectores que allí convergen: pesca, turismo, puertos y defensa. 

Hemos hecho mucho por nuestras regiones y lo seguiremos haciendo. Pero nada podrá fructificar sin que las mismas regiones asuman el liderazgo de su desarrollo. Yo invito a los dirigentes regionales a crear el futuro, a mantener la sana ambición de realizarlo y la fuerza anímica y espiritual para asumir un proyecto propio. ¡Sólo con regiones que se levantan con su propio esfuerzo esta Nación se hará grande! 

Fortalecimiento de los municipios 

Mi gobierno ha robustecido, en forma incuestionable, la institucionalidad y la gestión municipal, con el propósito de profundizar y perfeccionar el régimen democrático chileno. 

La reformas legales aprobadas por el Congreso Nacional han permitido que los ingresos propios municipales, que en 1994 eran 368 mil millones de pesos, ascendieran dos años más tarde a más de 500 mil millones de pesos, ambas cantidades expresadas en moneda de diciembre de 1996. Es decir, hubo un crecimiento real del 22 por ciento, porcentaje superior a la expansión de la economía del país en igual período. 

Ello ha sido complementado con el crecimiento real de las transferencias fiscales por subvenciones educacionales y financiamiento de la salud municipal. En el área de la educación, las transferencias han pasado de 258 mil millones de pesos en 1994 a 354 mil millones de pesos en 1996, en moneda de este ultimo año; en tanto que en la atención primaria de salud los aportes anuales se incrementaron desde 43 mil millones de pesos en 1994 a 63 mil millones de pesos en 1996. 

Una sola cifra grafica la enorme transferencia de recursos, a las municipalidades: hoy perciben 1.022 billones de pesos, el doble de lo que recibían en 1990. 

En segundo lugar, hemos dotado a los municipios de más y mejores recursos humanos. En efecto, a través de la aplicación de la Ley N° 19.280, de Plantas Municipales, se establecieron nuevas plantas de personal en todas las municipalidades del país, con sustantivo aumento de cargos con estudios profesionales y técnicos. 

En la misma dirección apuntan las iniciativas que han perfeccionado la Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, especialmente en la mayor flexibilidad local para la determinación de sus dotaciones y el incremento de las remuneraciones. Igualmente, la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que entró en vigencia en abril de 1995, reguló, entre otras cosas, la relación laboral, la carrera funcionaria y los derechos y deberes del personal que ejecuta acciones de atención primaria de salud. Destacable es el grado de autonomía que se entrega a la administración municipal en la determinación de las carreras funcionarias y, por tanto, en las remuneraciones y fijación de dotaciones anuales. 

En tercer lugar, hemos fortalecido el sistema democrático y de participación, mediante la dictación de las Leyes N° 19.448 y N° 19.452, referidas a elecciones municipales, y las Leyes N° 19.418 y N° 19.483, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Las primeras determinaron las fechas de las elecciones municipales y modificaron el sistema electoral municipal, respectivamente, estableciendo la elección directa del alcalde exclusivamente por la ciudadanía de cada comuna, proceso que se verificó ejemplarmente en todo el país el pasado 27 de octubre. En cuanto a las leyes que proporcionan un nuevo marco jurídico para las organizaciones de participación ciudadana, ellas han rendido claramente a su fortalecimiento. Asimismo, se ha legislado en la creación e instalación de las comunas y municipios de Padre Hurtado, Padre Las Casas, Concón, Chillán Viejo, San Rafael, San Pedro de La Paz y Chiguayante. 

Como culminación de este amplio y vigoroso proceso de perfeccionamiento de la institucionalidad municipal, mi gobierno enviará en los próximos días al Congreso Nacional el proyecto de ley que establece la elección separada de alcalde y concejales. Así les chilenos podrán expresar sus preferencias acerca del liderazgo político comunal en forma más precisa y definida. 

La responsabilidad del gobierno es proveer las condiciones que permitan un mejor desempeño local, pero nada puede reemplazar la existencia de gestiones municipales ordenadas, eficientes y modernas. Hoy los municipios cuentan con importantes recursos y amplias atribuciones, y pueden, utilizarlos de manera óptima o de manera deficiente. Pueden actuar con madurez o, como sucede en algunos casos, querer ayudas extraordinarias sin hacerse cargo de resolver severos problemas de gestión. 

Mi gobierno, consciente de que la calidad de la gestión es clave para el éxito municipal, acelerará la marcha de los proyectos de ley de Reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica de Municipalidades, actualmente en tramitación en el Congreso. Estas reformas se orientan a establecer mejores condiciones institucionales para perfeccionar la gestión municipal, haciéndola más flexible y ajustada a la diversidad de realidades locales; más transparente, a través de la elección directa y separada de alcaldes y concejales; y de mejor calidad, a través del mejoramiento de las capacidades de fiscalización del municipio. 

En estas careas vamos a trabajar estrechamente con la Asociación Chilena de Municipalidades. Ya hemos acogido la propuesta de su tercer congreso nacional, constituyendo una mesa integrada de trabajo. Juncos enfrentaremos los amplios desafíos del fortalecimiento de la institucionalidad municipal y la modernización de su gestión. 

DESAFIOS PENDIENTES 

Señores Senadores y Diputados: 

A medida que caminamos con paso cierro al desarrollo, algunos remas cobran más relevancia y urgen de todos los sectores de la sociedad una acción más decidida. 

Actualizar las políticas referidas al género y la familia 

Uno de los cambios sociales más significativos de nuestra época corresponde al papel de la mujer. Las mujeres se incorporan activamente en todos los ámbitos, como corresponde a sus derechos; se modifica la distribución de los papeles familiares, e incluso se amplia el concepto mismo de familia. No obstante estos cambios, continúan las resistencias, las inequidades y las injusticias hacia las mujeres. 

La mujer se ha incorporado crecientemente al mundo laboral, pero persisten problemas de acceso, ascenso y discriminación salarial. En este campo, mi gobierno ha patrocinado proyectos que prohíben la solicitud de exámenes de embarazo para contratar mujeres, y tipifican el acoso sexual. 

El reconocimiento de la diversidad de situaciones familiares se conjuga con la búsqueda de soluciones para mejorar la situación de mujeres y niños que sufren rupturas matrimoniales. Con tal fin, el gobierno apoya el proyecto de distintos parlamentarios para modificar el pago de las pensiones alimenticias, y valora la discusión que actualmente existe en torno al proyecto de ley de divorcio. Por otra parte, el impulso al proyecto sobre filiación y la reforma constitucional para consagrar la igualdad jurídica de hombres y mujeres son iniciativas que contribuyen a avanzar hacia una sociedad más moderna y justa. 

También ha sido motivo de preocupación gubernamental generar programas para terminar con la violencia intrafamiliar. Hemos aprobado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, se han realizado cursos de capacitación en estas materias a funcionados policiales, municipales y del Poder Judicial, y Sernam promociona y apoya la formación de centros y programas de atención en violencia intrafamiliar en los municipios. 

Nuestras políticas públicas han buscado apoyar la incorporación de la mujer al desarrollo con igualdad de oportunidades. Un paso decisivo en esta tarea es ampliar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas. Como dije en el Día Internacional de la Mujer, una sociedad desperdicia una gran capacidad de talento y energía cuando no estimula la participación de las mujeres en todos los ámbitos y niveles sociales. Prescindir de la experiencia vital de las mujeres, de su capacidad intelectual y creativa, de su habilidad interpersonal y social, excluyéndolas del nivel directivo de la sociedad significa hacer a la democracia menos plural y representativa. 

¡No nos quedemos atrás! ¡Abramos paso a la mujer en todos los espacios de nuestra sociedad! 

Potenciar la creatividad artística y cultural 

Para lograr un desarrollo integral de Chile, debemos atender debidamente nuestras expresiones culturales y la expansión de nuestras libertades en ámbitos distintos al político. Nuestro desarrollo seria incompleto si tuviéramos más y fuéramos menos. Yo sé que no es ésa la voluntad de Chile, porque el sentido de comunidad está vivo entre nosotros y la creatividad de nuestro pueblo florece en cuanto tiene oportunidades para expresarse. 

Durante mi gobierno hemos apoyado la creación mediante el Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural, Fondart, que en 1996 financió 333 proyectos por un monto de 1.600 millones de pesos; y destinamos 931 millones de pesos al Fondo Nacional de Fomento al Libro y la Lectura. Hemos estimulado la participación de las regiones a través de mecanismos especiales, como el Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Regionales y un componente creado para ese efecto dentro del Fondart. Además, hemos alentado la creación teatral a través de las Muestras Anuales de Dramaturgia Nacional y diversas otras actividades de expresión artística a lo largo del país. A través del Centro Balmaceda 1215 y de otras iniciativas, hemos fomentado la creatividad juvenil en las áreas de pinturas, teatro, danza, música y literatura. 

En la tarea de desarrollar y actualizar nuestro patrimonio artístico-cultural, es indispensable la participación del sector privado y de la sociedad civil en su conjunto. Con el objetivo de abrir mayores espacios y promover la colaboración público-privada, impulsaremos el perfeccionamiento de la Ley de Donaciones Culturales, de manera que adquiera mayor eficacia en su función de fomento. 

El país tiene una deuda con sus creadores y artistas, y nos hemos comprometido con ellos a formular una política más amplia y coherente mirando hacia el futuro. Con el fin de avanzar en esa dirección, conformé una Comisión de la Cultura con participación de artistas, productores culturales, representantes del empresariado, el Congreso y el gobierno. Ella debe abocarse a estudiar la forma de ampliar y perfeccionar los mecanismos concursables para el apoyo de las artes y la cultura, los mecanismos para establecer becas para creadores jóvenes que trabajan en regiones, la formulación de programas a nivel local en coordinación con los municipios, y propuestas que apoyen las nuevas actividades requeridas por la extensión de la jornada escolar. Ayudando a la cultura nos ayudamos a nosotros mismos. Hacemos posible que nuestro camino hacia el desarrolla tenga lenguaje, belleza y alma. 

Educación superior e investigación científica 

Respaldar el desarrollo Universitario 

Otro de los desafíos que demos enfrentar es el fortalecimiento del sistema de educación superior. Chile necesita más y mejores profesionales, técnicos, científicos y personal calificado para trabajar en las múltiples tareas del desarrollo nacional. El conocimiento es hoy uno de los más valiosos instrumentos al servicio de la comunidad, para descubrir nuevas fronteras, aumentar la productividad y competitividad de nuestra economía y lograr el bienestar de la población. 

Durante los gobiernos de la Concertación, el aporte fiscal a este sector ha pasado de 108 mil millones de pesos en 1990 a 158 mil millones de pesos durante el presente año, en moneda de igual valor. 

En relación al apoyo económico que el Estado presta a los estudiantes universitarios, el año pasado se mejoró la focalización del sistema de fondos solidarios de crédito a través de un proceso nacional de acreditación socioeconómica para la selección de los beneficiarios. Adicionalmente, se ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de apoyo, destinado a alumnos de sectores medios, por la vía de préstamos otorgados a través de los bancos, con una línea de crédito y subsidio Corfo. Finalmente, se creará un nuevo sistema de libretas de ahorro para la educación superior. 

Mediante el conjunto de aportes estatales para ampliar el acceso a las oportunidades de formación superior, en 1996 se benefició a 88.200 estudiantes universitarios, esto es, 54 por ciento de los alumnos de las 25 universidades del Consejo de Rectores. 

De aquí en adelante, y como ha venido ocurriendo durante los últimos años, la educación superior chilena necesita avanzar en un proceso de renovación y modernización. Las condiciones internas y externas en que se desenvuelve dicho sistema han cambiado el dramáticamente. Existe una gran variedad de instituciones de muy diverso tipo y naturaleza, al mismo tiempo que el mundo experimenta una verdadera revolución del conocimiento y la información. El país necesita sus universidades y entidades de enseñanza superior para seguir creciendo y estar en condiciones de incorporarse a ese nuevo mundo de saberes y tecnologías, de descubrimientos e innovaciones. 

Es necesario, para ella, crear nuevos vínculos entre la sociedad la educación superior, entre el Estado y las instituciones y entre universidades y empresas, tanto a nivel nacional como regional y local. Tenemos que encontrar modos más efectivos de articular nuestro sistema institucional de conocimientos con el desarrollo del país; y crear un marco para su funcionamiento y financiamiento que, aprovechando lo que hoy tenemos y hemos aprendido, sirva para estimular su crecimiento, su calidad y su apertura hacia todos los jóvenes de talento, independientemente de su origen social. 

Con este propósito, el Ministerio de Educación esta llevando a cabo un proceso de diálogo con los rectores de las universidades y demás sectores vinculados a la educación superior, de manera de poder contar con propuestas específicas en materias tales como el perfeccionamiento de la regulación legal del sistema, la evaluación de programas e instituciones, la gestión y el financiamiento de sus diferentes funciones, y la vinculación de éstas con los demás agentes del desarrollo nacional. Esperarnos que próximamente se logre establecer los necesarios acuerdos para llevar adelante la tramitación del proyecto de ley marco de las universidades estatales. 

Desarrollo de la investigación científica y tecnológica 

En los últimos años, el país ha aumentado de manera sostenida su inversión en la investigación científica y en la formación de investigadores altamente calificados. Entre 1989 y 1996 los fondos destinados a estas actividades se han incrementado, pasando de un 0.48 por ciento del producto interno bruto en 1989 a aun 0.66 por ciento en 1996. Aunque esta última cifra es significativa dentro del marco comparativo latinoamericano, es baja aún en relación, por ejemplo, con el promedio de 2.4 por ciento de Europa, 2.2 de Corea o 1.9 por ciento de Taiwán. Si queremos llegar a los niveles requeridos, se necesitará un esfuerzo todavía mayor, especialmente de las empresas que compiten con sus productos y servicios en el mercado internacional. 

El incremento logrado se refleja también en el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecy, que ha aumentado de 8.300 millones de pesos en 1989 a 15.500 millones en 1997, es decir, un 87 por ciento. Además, se creó el Programa de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias, destinado a conjugar los esfuerzos científicos en aquellas áreas temáticas de especial importancia para el país y donde la ciencia nacional ha alcanzado un mejor nivel de desarrollo. Durante 1996 se llevaron a cabo dos de esos programas, el de Biología Marina y el de Matemática Aplicada. 

Finalmente, en la formación de recursos humanos científicos calificados, el Estado entrega 390 becas de posgrado durante 1996, cifra que se compara favorablemente con los 173 becados en 1989. Por su parte, las Cátedras Presidenciales en Ciencias han permitido a 25 destacados científicos desarrollar investigación de frontera en matemáticas, física, química y biología. 

Pese al esfuerzo realizado, es largo todavía el camino que debemos recorrer para consolidar nuestra comunidad científica y otorgarle una proyección internacional. Para ello se vuelve necesario fortalecer la base institucional de dicha comunidad; impulsar la formación avanzada y la renovación generacional de sus integrantes; crear equipos estables con oportunidades de desarrollo en las áreas científicas relevantes; perfeccionar los mecanismos de apoyo existentes y los criterios para la distribución de recursos; vincular más estrechamente la formación de posgrado a las áreas prioritarias para el desarrollo del país; y particularmente, expandir nuestras capacidades dedicadas a las ciencias y a las actividades de investigación y desarrollo. 

Es imperioso abordar estos desafíos oportunamente pues, de lo contrario, no podríamos encontrar mañana con rezagos insuperables o con brechas todavía más difíciles de acortar. 

Mejorar las relaciones de trabajo en la empresa 

Junto con el avance científico y tecnológico, el desarrollo requiere mejorar las relaciones de trabajo en la empresa, lugar donde millones de chilenos desarrollan la mayor parrte de su jornada diario y que, por lo mismo, determina en medida significativa la calidad de vida de las personas. Es en la empresa donde se logra o fracasa en la incorporación de los factores dinámicos del desarrollo: capital humano, tecnología, gestión: competitividad en suma. La empresa puede constituir una fuente de desarrollo y gratificación, o meramente un lugar donde se obtiene un salario para vivir. 

Cabe insistir aquí en la necesidad de que las leyes laborales sean respetadas por empresarios y trabajadores. Por desconocimiento, desinformación o mal entendida búsqueda de rentabilidad, es aún muy significativa la proporción de transgresión a las normas laborales. Basta con señalar que en las acciones de fiscalización en esta materia se detecta un 40 por ciento de irregularidades. Este porcentaje dice mucho del camino que aún nos queda por recorrer para constituir una sociedad respetuosa de los derechos de los trabajadores. 

Durante los dos primeros años de este gobierno, enviamos al Congreso el proyecto de ley que perfecciona y agiliza el procedimiento de las causas laborales en los tribunales especializados, y el proyecto de ley que amplia y perfecciona las facultades de la Dirección del Trabajo en materias de prácticas antisindicales y reincidencia de empleadores en infracciones a las normas laborales. Ambos proyectos se transformaron en leyes de la República durante 1996. El año pasado, el Congreso aprobó también la ley que amplía el derecho a descanso dominical. 

Mi gobierno reitera su decisión de impulsar las reformas al Código del Trabajo que mejoren la protección al derecho a sindicalizarse y que extiendan el derecho a negociar colectivamente a muchos más trabajadores, proyecto que enviamos a este Congreso en 1995. 

Tenemos la voluntad de discutir perfeccionamientos a la fórmula propuesta por nosotros, que ya fue aprobada en primer trámite constitucional. El sentido común señala que no es posible extender y mejorar el ejercicio de estos derechos, si hay sectores que de antemano no reconocen su vigencia. Por ello requerimos, de quienes se han opuesto a esas reformas, un claro y simple pronunciamiento; reconocer que sindicalizarse y negociar colectivamente son derechos constitucional e internacionalmente reconocidos. 

Si concordamos en la validez de estos derechos, podremos también acercar posiciones para lograr fórmulas de consenso. Si esa voluntad no existiera, hecho que lamentaría, pondré la urgencia necesaria a este proyecto a fin de que cada parlamentario, en el momento de la votación, asuma su responsabilidad frente a los trabajadores y frente al país. 

Espero que en la Comisión de Trabajo del Senado, que comenzará muy pronto el examen del proyecto aprobado por la Cámara, se llegue a un acuerdo que permita a más trabajadores negociar sus salarios y condiciones de trabajo, y, si así lo desean, sindicalizarse sin ser objeto de persecuciones o trabas. 

Al mirar en conjunto la realidad laboral chilena, surgen fuertes contrastes. Sin embargo, tengo confianza en que los que han sido capaces de emprender, de ampliar su actividad a toda latinoamérica, que han enfrentado innumerables riesgos, serán capaces de crear climas laborales modernos y respetuosos de los trabajadores al interior de la empresa. Y aunque existen pequeños núcleos ideologizados, se que la gran mayoría de los empresarios quiere dedicarse a lo que saben hacer bien: invertir, producir, generar empleos y así colaborar positivamente al desarrollo del país. 

UNA ETICA RESPETUOSA E INTEGRADORA 

He insistido en que nuestra democracia busca el desarrollo integral de la Nación, en todos los planos. Este gran objetivo requiere el soporte de una visión ética que ordene y oriente nuestras acciones, prioridades y programas. 

Esta visión ética debe ser compartida. Necesitamos una gran coincidencia que haga posible la búsqueda de un desarrollo que ilumine todas las esferas de la convivencia nacional. La justicia, la libertad, la equidad, deben plasmarse en gestos concretos en todos los ámbitos de la vida. 

Esta visión ética debe ser coherente. Si promovemos libertad en el ámbito de la economía y el mercado, también debemos hacerlo en la política y la cultura. Los conceptos no tienen significados distintos según sea el ámbito al que se aplican. Si queremos un país maduro e integrado, respetuoso de la diversidad, no podemos permitir la existencia de un doble estándar moral: una ética para los negocios, otra para la vida privada; libertad para los intercambios comerciales y censura para las creaciones culturales. 

Quiero recordar, en este momento, que fui elegido para gobernar un país pluralista. Tengo mis propias convicciones. Soy católico, y mantengo un diálogo muy profundo con todas las iglesias inspiradas en la tradición judeo-cristiana. Sin embargo, no puedo pretender que todos compartan mi punto de vista. Todos los chilenos tienen el inalienable derecho a afirmar su propia visión de las cosas, y mi deber, como Presidente de la República, es velar porque ese derecho no sea conculcado. 

Enfrentar nuestros problemas 

Debemos hacernos cargo de los problemas y desafíos que enfrentan los jóvenes en nuestra sociedad; de sus oportunidades formativas y laborales, de su educación sexual, del temprano embarazo de miles de alumnas, de la prevención del sida. 

Nuestra posición es que debemos enfrentar y mirar cara a cara este tipo de dilemas y situaciones. Mi gobierno ha abierto un debate cuyo mayor mérito ha sido colocar estos temas en la preocupación de los agentes formativos de nuestra sociedad, para que actúen dentro de sus propios marcos de referencia. 

Tengo la profunda convicción de que nuestra comunidad nacional quiere vivir en un mundo con valores, pero no cree que el mero invocar la superioridad moral de algunas normas solucione los complejos dilemas y experiencias humanas. Nuestra gente tampoco cree que toda liberalización sea de por sí buena y positiva, pero al mismo tiempo se aleja de aquellos a quienes pareciera importarles más su propia ley que la vida humana. Nosotros creemos que la mayoría de los chilenos quiere vivir y poder expresarle en un clima de libertad, de respeto por diferentes opciones, colocando por sobre todo un criterio de humanidad en el modo de enfrentar nuestros problemas sociales. 

 En este sentido común compartido por la gran mayoría de los chilenos, cada uno debe asumir sus responsabilidades. Al gobierno le corresponde llevar adelante la formulación e implementación de políticas públicas, y a la familia y la comunidad escolar, la formación en los valores humanos y religiosos. Y siempre podremos encontrar más oportunidad de diálogo y más campos de acción conjunta. 

¡Mi gobierno jamás abandonará a los jóvenes ni nos dejaremos distraer por polémicas estridentes que en nada contribuyen a que la sociedad chilena madure en solidaridad, en compasión y en fraternidad! ¡Nadie nos apartará de este camino! 

Nuevas desafíos para la ética pública 

En otro campo distinto, un desafío de los próximos tiempos es la construcción de una ética pública actualizada a la nueva situación del país. 

En lo que corresponde al sector público, a comienzos de mi gobierno ordené abstenerse de intervenir cuando hay intereses personales involucrados, dar a conocer con prontitud los delitos que se conozcan y ejercer un férreo control sobre el uso de los recursos fiscales. En todo ello hemos actuado consecuentemente, tomando las medidas correspondientes o entregando los antecedentes a la Contraloría o a los tribunales. 

Conscientes de que se debe promover una actitud preventiva en la administración, el gobierno ha fortalecido a los auditores ministeriales, proceso que ha culminado este año en la creación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Ya se han realizado evaluaciones de los procesos y procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios. Corresponde, durante 1997, auditar las consultoras externas que utiliza el sector público, con el fin de garantizar su transparencia y eficacia. 

Al realizar todos estos esfuerzos, nos damos cuenta crecientemente de que la ética pública es más que la probidad de los funcionarios. En una fase de expansión económica, con un mayor crecimiento y protagonismo de los intercambios comerciales, en la que existe fuerte competencia entre empresas, este tema involucra a más sectores de la sociedad. Necesitamos ciudadanos honrados en todas las esferas de la vida nacional. Hoy nuestra tradición de probidad depende de que existan funcionarios, políticos, trabajadores, técnicos, profesionales, empresarios, que trabajan y se desarrollan con métodos y prácticas honestas. 

Esta es una amplia tarea nacional donde las energías espirituales de la Nación deben movilizarse, donde nuestra capacidad formativa debe revitalizarse, donde amplios acuerdos deben surgir en cada organización empresarial, en cada centro laboral, sobre que es correcto y que es incorrecto. Sólo con esta fuerza moral nuestra capacidad de emprender, de innovar, de adaptarse a los cambios, no se verá abogada por elencos de controles y normas. 

¡Queremos seguir viviendo en un país donde los trámites administrativos que debe cumplir el ciudadano no se vean entorpecidos por sobornos y prebendas! ¡Queremos vivir en un país en que el trabajo honrado, la excelencia profesional, la sana competencia empresarial sea lo que vale, y no el poder corruptor del dinero! ¡Merecemos seguir viviendo en un país decente! 

Una ciudadanía informada 

Las sociedades democráticas dependen de la información con que cuentan las personas. La libre circulación de ideas, conocimientos e información es un requisito para que las personas puedan elegir y decidir. 

La cultura cívica de un pueblo descansa sobre un fundamento. La ignorancia y el silencio, en cambio, son aliados de los regimenes no democráticos. Grave es, por lo mismo, la responsabilidad que cabe a los medios de comunicación social. Ellos son los portadores de la información, y de su acción resulta, en gran medida, la calidad de la cultura cívica de la Nación. Su libertad para informar, principio esencial de toda auténtica democracia, implica a la vez el deber de hacerlo con respeto por las personas y por los hechos, especialmente frente a los cuales existen legítimas discrepancias. 

El derecho de las personas a ser y estar informadas con prontitud y fidelidad, considerando los distintos puntos de vista, es un bien superior al que aspira toda democracia, pues en él se funda la participación de la gente y la virtud de la política. 

La información es vital, además, en muchos otros ámbitos de convivencia. Los mercados de bienes y servicios, por ejemplo, suponen, para su buen funcionamiento, un alto grado de información de parte de las personas y un nivel de transparencia sin el cual la competencia se entraba o desaparece. Los jóvenes necesitan conocer las características de las instituciones de educación superior antes de optar por una de ellas, e informarse también de las oportunidades que ofrecen las distintas profesiones y empleos, de modo de definir su vocación y elegir una carrera. Lo mismo vale para quienes eligen sus programas de salud, optan por un fondo de pensiones o desean postular a subsidios y apoyos sociales. 

Dada su enorme importancia para lo vida contemporánea y para el ejercicio de los derechos individuales, constato con preocupación que a veces se tiende a negar el valor de la información ciudadana, o a tratarla sólo como otra mercancía, o a desligarla de cualquier sentido ético de compromiso con el bien común. 

Mi gobierno está comprometido a fondo con la libertad de información. Pero queremos que ella sea usada responsablemente, sin sectarismos, y sin coartar el derecho de las personas a contar con la información que requieren para actuar, a su vez, como hombres y mujeres libres. 

Nuestros ciudadanos deben desarrollar una capacidad crítica frente a los medios de comunicación. Cada familia, de acuerdo a sus propios valores, debe educar acerca de los contenidos de los medios, fundamentalmente los provenientes de la televisión. Nada ni nadie puede reemplazar la responsabilidad que los propios ciudadanos tienen en este ámbito. 

Mayor respeto y amistad cívica 

A medida que nuestra sociedad marcha hacia el desarrollo, surgen algunas preguntas inevitables. ¿Queremos una convivencia marcada por el respeto o por la prepotencia? ¿Queremos un estilo de vida sobrio o vivir aparentando más de lo que realmente se tiene? 

En mi permanente contacto con mis compatriotas, constato un malestar en estas materias. Muchos trabajadores y muchos profesionales resienten estilos prepotentes y soberbios de parte de quienes los dirigen, del ejercicio arrogante del poder económico. Otros sienten que sus dirigentes poco saben de sus inquietudes reales y los ven enfrascados más en luchas de poder y de vanidad que en servir y representar a su gente. 

Estamos frente a una señal de alerta para quienes tienen más poder en las diversas esferas de la vida nacional. Tradicionalmente, nuestra elite nunca ha sido vista al servicio de sí misma, simplemente orientada a usufructuar y ostentar el poder que detenta. Requerimos entonces revisar nuestras prácticas y estilos dirigenciales, revisar como podemos usar el poder económico, político, cultural, con responsabilidad, con un serio afán de servicio, con mesura, con sencillez.

También me doy cuenta de que debido al impulso de prosperidad al que muchos compatriotas no estaban acostumbrados, comienza a verse entre nosotros un estilo de vida que no se compadece con la sobriedad a que estábamos acostumbrados. En algunos casos se aprecia un consumo ostentoso; en otros, un uso poco prudente del crédito; en general, un gasto apresurado y carente de discernimiento respecto de la calidad y real importancia de los bienes que se adquieren. A menudo se trata de aspiraciones postergadas por demasiado tiempo. Mayor razón, entonces, para recuperar el sentido de las proporciones, demostrar madurez en nuestras decisiones y buscar las formas en que podemos regular sanamente estos comportamientos. 

Nosotros creemos en la libertad que hace más plenos a los hombres y mujeres, y no en aquélla que se usa para destruir los lazos sociales. Creemos en la libertad que busca al otro para colaborar y no sólo para competir; para ayudar y no sólo para vencer; y que sirve para cuidar los valores de nuestra comunidad y no para destruirlos en un juego de egoísmos o de pura permisividad. 

Si llamo la atención sobre estas materias es porque nuestro camino al desarrollo sería inútil si nuestra convivencia pierde cualidades humanas. Como chilenos, como seres que compartimos una dignidad fundamental e irreductible, nos debemos respeto mutuo y amistad cívica. No sólo queremos tener más, queremos ser más, en nuestra forma de vivir, en nuestro desarrollo moral y espiritual. 

LA OPORTUNIDAD DE AVANZAR DEPENDE DE TODOS 

Cuando un país avanza, es fruto del trabajo y del esfuerzo de todos sus ciudadanos. En estos años, hemos demostrado con claridad que es posible dar pasos sustantivos para que nuestra nación combine la profundización de la democracia, el crecimiento económico y la mayor justicia social. 

A fines del siglo pasado, los chilenos tuvieron la oportunidad de convivir en paz y de lograr un enorme progreso, pero sus anhelos se vieron frustrados. Aprendamos de las duras lecciones de la historia. No caigamos en la tentación de inventarnos fantasmas, de levantar falsos ideologismos que no corresponden a lo que vive, siente y quiere la gente. Actuemos con sentido común y con espíritu constructivo. Ya no estamos en una sociedad polarizada y dividida. Compartimos –con matices, por cierto- una visión en torno a la política, a la economía, al desarrollo. ¿Qué podría dividirnos y arrastrarnos al estancamiento y la decadencia? Solo gestos autodestructivos y voluntaristas, sólo un exceso de ambiciones de personas o de grupos, sólo empecinamientos ideológicos que no entienden de tolerancia, de respeto a la diversidad de pluralismo. Nuestro sentido común nos indica: debemos cuidar nuestro futuro. 

Debemos cuidar el empuje y el trabajo de millones de chilenos, puesto que son ellos los que hacen posible la concreción de nuestra oportunidad histórica. Si persistimos en esta tarea, con responsabilidad, al final de este período de gobierno, todos los chilenos, y no sólo quienes hemos recibido la responsabilidad de la conducción política, podremos apreciar un panorama totalmente distinto al del año en que asumí el mando de la Nación. 

Habremos reducido la pobreza a menos de la mitad del porcentaje que existía a principios de los noventa; habremos realizado una reforma educativa de envergadura histórica, entregando a nuestra gente la más poderosa herramienta para su desarrollo personal y social; habremos transformado desde sus bases mismas el sistema judicial, haciéndolo más eficiente y de mucho mas fácil acceso para todos los ciudadanos; dispondremos de una infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria inmensamente renovada y a la altura de los desafíos del sistema productivo; habremos crecido económicamente de una manera inédita en el país, doblando prácticamente el ingreso per capita en el curso de una década; y estaremos plenamente integrados al mundo, con presencia política ante los principales organismos internacionales y con una amplia y variada red de acuerdos comerciales dirigidos a todas las regiones del planeta. Habremos avanzado a una sociedad plenamente integrada, libre, próspera y tolerante, respetuosa de los derechos de todos, abierta y flexible a la diversidad; pero, sobre todo, habremos dado claros pasos hacia una sociedad que cada chileno viva con dignidad. 

Estamos a mitad de camino. Corresponde entonces a los funcionarios de confianza perseverar en las tareas pendientes. Más que nunca se requiere constancia en la acción, amor por el detalle. A la Concertación, le recuerdo que todos son partidos de gobierno, que nuestra suerte está indisolublemente ligada. 

Mientras más conozco a Chile, mas crece mi convicción de que el país necesita de la Concertación para ahondar su camino de libertad, progreso e igualdad. Hemos logrado importantes realizaciones y emprendemos transformaciones de gran escala. Tenemos también la humildad de reconocer nuestras falencias y corregir rumbos cuando es necesario. Par raudo esto tenemos confianza en d respaldo de nuestros compatriotas. 

En estos años he dialogado con muchos chilenos. Los he encontrado luchando por su progreso y por el de su comunidad, mirando con esperanza el futuro. Los he encontrado con la voluntad de querer salir adelante. Les he dicho entonces y lo digo ahora: cuenten siempre con su Presidente. 

Al iniciar mi mandato, en la Plaza de la Constitución dije que estaba consciente de que iba a enfrentar muchos momentos de decepción, el peso abrumador de grandes decisiones y también la angustia de no poder hacer más. Hoy, en la mitad de mi período, puedo afirmar que no me equivocaba. Siempre es posible hacer más, esa es la exigencia que recae sobre mis hombros. 

Esa noche también pedí a mis compatriotas que no me dejaran solo en la dura tarea de gobernar. 

Hoy, en la mitad de mi mandato, puedo decir con certeza que he recibido el aprecio, la comprensión y el apoyo de ustedes, especialmente en las horas difíciles. 

Lo dije entonces y lo repito ahora; gobernaré hasta el último día por encima de intereses de grupo y como Presidente de todos los chilenos. 

Ante ustedes renuevo, con humildad, mi compromiso de servir a la Nación. 

EDUARDO ALFREDO JUAN BERNARDO FREI RUIZ-TAGLE