mayo 21, 2012

Mensaje del 21 de Mayo del Presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ante el Congreso Pleno (1996)

MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
Eduardo A. J. B. Frei Ruiz-Tagle
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1996

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Este es mi tercer mensaje presidencial. Es la hora de reflexionar sobre nuestra marcha como Nación, en esta etapa de la realización de nuestra oportunidad histórica.
Como Presidente estoy en un lugar privilegiado para mirar la realidad del país. La diaria marcha de la Administración, mis continuas visitas a terreno, mi contacto permanente con las localidades y regiones, me hacen tener una visión de conjunto de nuestra Patria.
La profunda convicción que me he formado es que Chile progresa y experimenta una transformación de escala mayor y de alcances históricos. No sólo está cambiando nuestro paisaje económico y físico; también está cambiando nuestro rostro social y nuestro modo de relacionarnos con la comunidad mundial. Algunos de estos cambios son notorios, otros ocurren más silenciosamente, y encuentran mayores o menores resistencias en su camino. Pero todos ellos muestran e insinúan que desde el corazón de nuestra Nación está surgiendo un Chile desarrollado, que está más cerca de materializar el sueño sustentado por generaciones de visionarios y luchadores.
Vengo a dar cuenta de vastas realizaciones y a señalar los desafíos que ellas imponen a nuestra política y a nuestros comportamientos públicos.
PERSEVERANDO EN EL CAMINO DEMOCRATICO
Enfrentando nuestros problemas
Nuestro caminar democrático no ha estado exento de vicisitudes. El año pasado señalé que la forma en que el país asimilara los resultados del fallo en el Caso Letelier pondría a prueba la madurez de nuestra Nación, de sus líderes y de sus instituciones. Efectivamente, una vez conocido el fallo de la Corte Suprema, se abrió un período de tensión e incertidumbre. El país volvió a experimentar, no sin cierta amargura y desilusión, que nuestro pasado se hacía presente con todo su potencial de conflicto y desgarro.
Algunos formularon criticas en cuanto a. que el Gobierno distraía demasiadas energías en esta situación. Gobernar es enfrentar los problemas reales del país, sobre todo si ellos alteran la tranquilidad de la gente y ponen en duda la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones. Los que hicieron juicios apresurados sobre La marcha de nuestro proceso institucional, tuvieron que reconocer que finalmente triunfaron la democracia, la justicia y el camino del apego al derecho.
En ese período se hicieron más visibles que nunca los problemas pendientes y las limitaciones a nuestro funcionamiento democrático. En ese marco presenté al país una propuesta que ofrecía instrumentos orientados a hacer lo posible para esclarecer el destino de los detenidos-desaparecidos, al mismo tiempo que abordaba los temas centrales del perfeccionamiento institucional.
No es posible detener el avance de la democracia
Mi propuesta para reformar la Constitución estaba inspirada en los más altos intereses de la Patria y ha contado con un alto respaldo ciudadano. Expliqué sus alcances a todos los sectores de la vida nacional. Convoqué a los partidos de gobierno y de oposición a examinar los proyectos y accedí a enmendarlos después de recibir valiosas sugerencias y expectativas favorables para su despacho.
En verdad, hice todo lo que estaba de mi parte para cumplir con mi compromiso de adecuar la Constitución a los nuevos requerimientos, y, debo decirlo, no todos estuvieron a la altura que reclamaban los anhelos de la ciudadanía. Al cabo de ocho meses, algunos senadores de oposición rechazaron la idea de legislar sobre esta iniciativa, cerrando así la posibilidad de un debate serio acerca del articulado de la propuesta presentada. Este hecho impone una severa reflexión al país. Como Presidente de la República, debo decir claramente que la posición de un grupo minoritario de senadores que se opusieron al proyecto me causa preocupación y la considero un grave error político y conceptual.
La considero un error político, ya que sus objeciones al proyecto han reavivado una querella que el país creía haber dejado atrás definitivamente. Han reanimado los fantasmas de la “democracia protegida” o del “retroceso institucional”, creando un espejismo lleno de conflictos que nada tiene que ver con la realidad de progreso, dinamismo y consensos que el país vive.
El rechazo de parte del Senado es también un error conceptual, porque se basa en una confusión acerca de lo que es una Constitución. Ha prevalecido la idea de una Carta Fundamental pétrea, cuyo valor residiría en su inmutabilidad y cuya función sería la de un inmenso dique frente a las corrientes de los tiempos. Por el contrario, nosotros creemos que la Constitución debe su estabilidad a dos factores esenciales: a la legitimidad que le otorgan las instituciones representativas del pueblo, y a su capacidad para armonizar las tradiciones y los cambios de una comunidad política organizada. En verdad, ¿por qué temer adecuar nuestras instituciones fundamentales a los nuevos tiempos y a un futuro lleno de oportunidades?
Tengo confianza en que, finalmente, la lucidez de los senadores y diputados prevalecerá, y valoro especialmente los esfuerzos de los que buscaron caminos de entendimiento. Tengo la plena convicción de que, más temprano que tarde, nuestra Carta Fundamental se pondrá a tono con el presente y el futuro. En ese momento se probará que el camino para perfeccionar nuestra democracia no es eludir el debate, sino afrontar abiertamente las exigencias del desarrollo.
Llamo solemnemente a todos los parlamentarios de este Congreso Nacional a perseverar en nuestra voluntad de reformar y democratizar nuestro orden constitucional. La democracia no es un capricho de los gobernantes, ni una obsesión pasajera de algunos políticos. Brota de los anhelos de libertad de los ciudadanos a lo largo y ancho de todo el país. Como lo señala mi deber y lo reclama mi conciencia, ofrezco mi disposición permanente a buscar en conjunto el camino que nos conduzca a hacer de nuestra Patria una nación profundamente libertaria y plenamente democrática.
Ética pública
Expresé desde el primer día de mi mandato que quería realizar una administración transparente y honesta. Para ello se debe contar con los mecanismos institucionales que permitan preservar la honrosa tradición de probidad de nuestro servicio público.
En el ámbito de las reformas legales, el Congreso conoce actualmente de un conjunto de iniciativas que forman parte de la voluntad gubernamental de prevenir y combatir cualquier tipo de corrupción.
Así, hemos enviado un proyecto de ley sobre probidad que sistematiza las obligaciones de los funcionarios de la Administración Pública en esta materia. Se encuentra también en la Cámara de Diputados un proyecto que obliga a la administración a informar periódica y sistemáticamente acerca de materias tales como organización, funciones y objetivos de cada organismo. Paralelamente, el proyecto crea y regula el derecho ciudadano a acceder a los documentos de los órganos administrativos, exceptuando sólo aquéllos que hayan sido calificados como reservados o secretas de acuerdo a la ley. De este modo, aspiramos a que la transparencia de información sea la regla general en la Administración Pública.
Por otra parte, con el propósito de fortalecer la probidad funcionaria en el ámbito local, en el proyecto que reforma la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los articulados referentes a la gestión municipal contienen normas que otorgan mayor eficacia a los sistemas de control interno, potencian las facultades fiscalizadora del concejo municipal y refuerzan la transparencia en la gestión de los municipios.
Estas iniciativas forman parte de un conjunto de medidas que mi Gobierno considera esenciales para promover la probidad y transparencia en el ámbito público. En este marco, hemos suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción. En los próximos días, mi Gobierno solicitará al Honorable Congreso Nacional la ratificación de este trazado, el cual será una expresión concreta de la voluntad de unir esfuerzos en defensa de la probidad y dignificación de las funciones públicas.
Dado que las faltas a la probidad se desarrollan principalmente en la relación entre el sector público y el privado, mi Gobierno valora especialmente que este tema esté en un lugar principal de la agenda de preocupaciones del sector privado.
La comunidad internacional reconoce nuestra madurez política y crece el prestigio de nuestra democracia. Uno de los signos de este aprecio ha sido la invitación a Chile a participar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, el órgano máximo de Naciones Unidas, durante el período 1996-97.
Tenemos conciencia de que nuestros avances políticos no son independientes de la marcha de la democracia en la región. Así, hemos propuesto que la Sexta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Chile, tenga como tema central la gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa. Es la hora de que nuestros pueblos extiendan su solidaridad al desarrollo y consolidación de sus democracias.

CONSOLIDANDO Y EXPANDENDO NUESTRAS BASES ECONOMICAS
Una economía pujante y sólida
En el ámbito económico, 1995 fue un año de logros excepcionales. El crecimiento de la economía se elevó al 8.5 por ciento, superando ampliamente el 6 por ciento que habíamos proyectado para el periodo. Con este resultado, el promedio de crecimiento del país desde 1990 se ha elevado hasta cerca del 7 por ciento, estableciendo bases muy sólidas en nuestra economía. De continuar a este ritmo, a principios del próximo siglo habremos duplicado el Producto Interno Bruto per cápita del año en que recuperamos  la democracia, doblando la disponibilidad de bienes y servicios por habitante.
Este es un logro de alcances históricos, que impacta directamente en la calidad de vida de la gente y que está cambiando decisivamente las características de nuestra sociedad. Este auspicioso marco permite llevar a cabo, con mayor profundidad, nuestra tarea de construir una sociedad más equitativa y derrotar la pobreza.
La inflación de 1995, de un 8.2 por ciento, y las estimaciones para este año, nos señalan que completaremos el primer trienio en más de 50 años con alta inflación menor al 8.5 por ciento. La sostenida tendencia decreciente de este indicador favorece claramente a todo el país. No se trata sólo de los efectos que genera la mayor estabilidad de precios en variables tan importantes como el ahorro, la inversión y el crecimiento. La estabilidad económica representa también beneficios concretos en términos de mayor poder adquisitivo para quienes dependen de un ingreso fijo, como los pensionados o los asalariados en general.
El año pasado el ahorro nacional llegó a alrededor del 28 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que las inversiones en capital fijo llegaron al 27 por ciento del mismo indicador. Tales porcentajes se comparan positivamente con las economías más dinámicas del mundo y, como viene ocurriendo desde hace años, se constituyen nuevamente en un récord en la historia del país. Y es precisamente esta alta tasa de inversión, que a su vez se sustenta en un importante esfuerzo de ahorro nacional, lo que nos ha permitido mantener un nivel alto y estable de crecimiento, en un marco de utilización más plena tanto de la capacidad instalada como de nuestra fuerza laboral.
El desarrollo reciente de nuestra economía ha tenido en el dinamismo exportador uno de sus principales motores. Consideremos que en 1978, el país exportaba 2.500 millones de dólares. Diez años después, esa cifra había subido a 7 mil millones de dólares; y en 1991, a un año de recuperada la democracia, exportábamos 9 mil millones de dólares. Hoy, las exportaciones se elevan por sobre los 16 mil millones de dólares, con una casa de crecimiento de 38.2 por ciento respecto al año precedente. Este explosivo aumento no sólo ha sido cuantitativo sino también cualitativo, en el sentido de una creciente diversificación de nuestra oferta exportable y mercados de destino. Es ilustrativo señalar que hoy contamos con 2.000 exportadores, que exportan 2.700 productos diferentes a 170 países.
Un rasgo característico del crecimiento de estos años ha sido la elevada expansión de la productividad. Es así que el crecimiento no sólo se ha basado en mayores niveles de ocupación e inversión, sino también en el uso más eficiente y en actividades de mejor calidad de todos los recursos humanos y productivos del país.
Esto ha permitido una expansión de las remuneraciones reales sin precedentes en nuestra historia económica. En efecto, mientras en el período 1984-89 la productividad laboral creció a una rasa anual de 1.6 por ciento y las remuneraciones en un 1 por ciento, en el sexenio 1990-95 ambas han estado creciendo a un ritmo promedio en torno al 4 por ciento anual. Es decir, en los últimos seis años el poder adquisitivo de las remuneraciones ha aumentado, en promedio, un 26 por ciento, mucho más de lo obtenido en toda la década de los ochenta.
El exitoso desempeño macroeconómico de los últimos seis años ha llevado nuestra economía a una situación en la cual el crecimiento se hará cada vez más dependiente de la elevación de la calidad y de la productividad, creando así las bases para un aumento sostenido de los salarios y para un continuo mejoramiento de la calidad de los puestos de trabajo.
Estamos ante una nueva realidad económica del país, que nos da la estabilidad necesaria para avanzar, para mirar más lejos. Concentremos nuestras energías en seguir avanzando. Dejemos atrás las reacciones nerviosas ante mínimos cambios de los indicadores económicos. Debemos acostumbrarnos a considerarlos simplemente como ajustes y variaciones naturales dentro de la marcha de una economía estable y sólida.
Nuestro estado actual impone un amplio marco de tareas para todos los actores productivos. La defensa de legítimos intereses no debe dar pie a mentalidades de trinchera, sea de empresarios o sindicatos. Nuestro éxito depende de que abandonemos las sospechas, dejemos la autocomplacencia y asumamos colectivamente las tareas del desarrollo, ampliando la confianza y la cooperación mutuas entre los distintos sectores, colocando el hacer las cosas bien como la primera condición de nuestro esfuerzo.
Ampliando nuestros espacios económicos
La experiencia de las últimas décadas demuestra que una participación mayor en la economía mundial aumenta nuestras posibilidades de atraer inversión extranjera y genera condiciones favorables para la internacionalización de nuestras propias empresas. En 1978 el intercambio comercial con el resto del mundo era de 6 mil millones de dólares; hoy es de 30 mil millones. Estas cifras nos muestran una economía cada vez más abierta y cuya expansión está indisolublemente ligada a su comercio exterior.
Conscientes de que nuestros intereses se juegan crecientemente en el Asia-Pacífico, en Europa y en América del Norte y del Sur, mi Gobierno está emprendiendo un proceso de negociaciones de intensidad inédita en la historia de Chile y que busca ampliar sustantivamente nuestros espacios económicos.
Hemos dado un especial énfasis a Latinoamérica, convencidos de que es en nuestra región donde los acuerdos de complementación económica estimularán nuevos niveles de cooperación política y de integración cultural, de infraestructura física y energética.
Junto con extender y consolidar la red de acuerdos bilaterales que nos une con la mayoría de los países de América Latina, estamos desplegado un gran esfuerzo para asociarnos al Mercosur. Las negociaciones no son fáciles, y solamente concluiremos este acuerdo cuando tengamos la plena convicción que su balance final es favorable a los intereses nacionales.
Seguiremos desarrollando una intensa red de intercambios entre el Pacífico y el Atlántico, que potencie nuestra situación geográfica, favorezca vastos proyectos de integración física y genere una relación más significativa con los grandes mercados situados en la ribera atlántica. Nuestra visita a Brasil y sus resultados muestran esta positiva proyección.
El Gobierno ha continuado su política de inserción en los restantes mercados globales. Hemos trabajado intensamente para que Chile siga perfilándose como un actor dinámico y respetado en los países de la comunidad del Asia-Pacífico. El intercambio comercial con los países de esta región ha experimentado un gran dinamismo en los últimos años, aumentando en un 160 por ciento entre 1990 y 1995, mientras que nuestro intercambio global crecía en un 108 por ciento en el mismo periodo.
En el ámbito europeo, han culminado las negociaciones en torno a un nuevo “Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar, como objetivo final, una asociación de carácter político y económico entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra”, el cual se firmará en el mes de junio. Junto con avanzar en la vinculación política con países a los que nos unen antiguos lazos de amistad y valores comunes, profundizaremos nuestra inserción en uno de los mercados más grandes del mundo, comprendido por 15 países que suman más de 350 millones de habitantes.
Hemos seguido dando pasos para que se concrete la invitación oficial de que fuimos objeto en diciembre de 1994 para integrarnos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tenemos confianza en que, cuando se despejen obstáculos ajenos a nuestra voluntad, se podrán iniciar las negociaciones correspondientes. La visita en 1995 del Primer Ministro de Canadá creó un ambiente favorable para iniciar una negociación bilateral de comercio con este país, que se agregará al acuerdo que ya tenemos con México.
La ampliación de nuestros espacios económicos aumenta las exigencias sobre la calidad y competencia de nuestra economía. En concreto, nos plantea requerimientos de adaptación a las empresas, que incluyen, en muchos casos, su reespecialización, la elevación de sus estándares de calidad, el mejoramiento de su productividad, la adecuación de sus actividades a las normas medioambientales y una mayor calidad de nuestros empleos y condiciones laborales, Chile debe ser conocido y respetado por la calidad de sus productos y servicios, que son el fruto de la calidad integral de sus sistemas productivos.
Estamos persuadidos de que uno de los elementos de esta política es generar condiciones de equilibrio entre empleadores y trabajadores. Mi Gobierno considera esencial crear las condiciones para que el diálogo y la negociación en la empresa puedan ser realizados por la mayor parte de los trabajadores chilenos. Hago un llamado a los honorables parlamentarios para que sobre el proyecto enviado construyan un acuerdo básico que permita la extensión del derecho constitucional de negociación colectiva y la protección del derecho a la sindicalización.
Creemos que en el mundo del trabajo quedan pendientes grandes desafíos que estamos dispuestos a asumir durante este año. Ellos son, por ejemplo, el envío de los proyectos legislativos sobre trabajo infantil, y el de protección al trabajador cesante.
Tengo la confianza de que el Gobierno, trabajadores y empresarios encontraremos nuevos caminos y entendimientos en este objetivo nacional de mejorar la calidad de los empleos y las relaciones laborales.
MODERNIZANDO AREAS CLAVES PARA NUESTRO DESARROLLO PRODUCTIVO
Una infraestructura acorde con nuestro desarrollo
En el período recién pasado, hemos dado pasos gigantescos en el cumplimiento de una de las tareas prioritarias para mi Gobierno: asegurar que el país cuente con la infraestructura productiva adecuada para responder a los crecientes requerimientos del crecimiento económico y la inserción internacional.
Hemos tomado decisiones que, sin duda, transformarán radicalmente el rostro del país en los próximos años, en áreas vitales para nuestro desarrollo: puertos, aeropuertos, vialidad urbana e interurbana, Ferrocarriles y energía.
Desde hace años, sabemos que nuestras carencias de infraestructura podían verdaderamente estrangular nuestras posibilidades de desarrollo. Sin embargo, los niveles de inversión requeridos son de tal envergadura, que distraerían fondos esenciales para las tareas sociales del Estado. Por esto, mi Gobierno ha promovido la intensa participación del sector privado en la inversión, la operación y la gestión de obras de infraestructura pública. Paralelamente, el presupuesto de obras públicas de cargo estatal se ha más que duplicado, en términos reales, en los últimos cinco años, destinado principalmente a localizarse en aquellos proyectos fundamentales para la calidad de vida de las áreas más pobres.
Muchas de las decisiones que hemos adoptado en estos meses se han concretado en proyectos de ley que establecen las condiciones de la participación del sector privado, los marcos regulatorios sectoriales y las políticas de subsidios, cuando corresponde. El proyecto de ley de modernización de Emporchi, cuya aprobación es un requisito para la presentación y discusión de la nueva ley general de puertos; el proyecto de ley referido a las empresas sanitarias, entre otros, son normativas de cuya aprobación depende el que podamos continuar avanzando a ritmo acelerado en estas áreas.
También está en su etapa final de tramitación legislativa el proyecto que modifica la Ley de Concesiones, orientado a aportar mayor seguridad y estabilidad jurídica al proceso, así como a facilitar el conocimiento de las normas tributarias. Ya fue promulgada, durante 1995, la Ley que modifica ampliamente el mercado de capitales, permitiendo un más fácil acceso de los inversionistas privados a obras públicas.
Los resultados de nuestra política están a la vista. Sólo en 1995, se han concretado licitaciones por más de 500 millones de dólares.
Entre éstas destacan la adjudicación de los proyectos del Acceso Norte a Concepción, la Autopista Santiago-San Antonio, el acceso al Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, el Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt y el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique; la entrega al uso público del Túnel El Melón, y la selección del consorcio que se hará cargo de la construcción de la ruta Talca-Chillán. Por otra parte, se terminó la construcción del sitio 3 Sur en San Antonio, al igual que las instalaciones básicas del muelle de Bahía Catalina en Punta Arenas; y se construyeron el embalse Santa Juana y el Canal Pencahue. Recientemente comenzó el proceso de licitación de concesiones tan importantes como la doble calzada entre Santiago y Los Vilos.
En los últimos meses, los problemas de congestión urbana y de contaminación han concentrado parte de la atención de la opinión pública. El Gobierno está consciente de los problemas que el crecimiento trae aparejados para la calidad de vida en nuestras ciudades. Por ello, en el curso de los próximos meses presentaremos al país una Política de Transporte Urbano. Su objetivo principal es garantizar la movilidad de las personas a través de un sistema de transporte urbano de acceso equitativo, que tenga el menor costo social posible, y que sea sustentable en el tiempo.
Por otra parte, el Gobierno ha formulado las políticas sectoriales correspondientes al sistema aeroportuario y al transporte de pasajeros en ferrocarril. En cuanto a los aeropuertos, los objetivos centrales de la política anunciada en marzo de 1996 son: mejorar la infraestructura y la administración del sistema; avanzar hacia una mayor racionalidad económica; e incentivar la participación privada tanto en la inversión como en la gestión de la infraestructura, equipamiento y servicios aeroportuarios para uso comercial Hemos detallado, para estos efectos, un completo plan de inversiones en nuestros terminales aéreos, que incluye tanto el gasto público en el mantenimiento y modernización de los sistemas de navegación aérea, como los proyectos específicos que requieren la participación del sector privado a lo largo de todo el país.
En cuanto al sistema ferroviario de pasajeros, nos hemos propuesto su recuperación como un actor estratégico del desarrollo nacional y de su infraestructura, utilizando efectivamente las potencialidades que ofrece este modo de transporte para la creciente movilidad que requiere el país. Conforme a las normas generales que anuncié en diciembre de 1995, se han estado elaborando las bases para la licitación de la infraestructura y el servicio ferroviario de pasajeros de mediana y larga distancia hacia el sur. En este marco, la licitación de terrenos de la Empresa de Ferrocarriles en las diferentes ciudades del país representa una clara oportunidad de renovación urbana, a través de grandes proyectos inmobiliarios que pueden ser desarrollados por el sector privado.
Durante el año 1995 hubo importantes avances y realizaciones en el sector energético chileno. El sector ha sido capaz de abastecer oportunamente las elevadas tasas de expansión del consumo de las diversas fuentes de energía, incluyendo la electricidad (9.2 por ciento), los combustibles líquidas (7.4 por ciento) y el carbón (14.3 por ciento).
Especialmente trascendente ha sido el gran avance exhibido durante el último año por los proyectos de transporte y distribución de gas natural proveniente de Argentina. Con miras a este desarrollo, el Gobierno estableció el marco regulatorio básico para los proyectos de gasoductos. Asimismo, debe destacarse la materialización de inversiones en centrales generadoras de electricidad, sistemas de distribución de electricidad y combustibles, exploración petrolera y ampliación de refinerías. En total, en 1995 se inauguraron proyectos energéticos por un monto cercano a los 500 millones de dólares.
En materia regulatoria, se continuó con la preparación del Reglamento de la Ley de Servicios Eléctricos, cuya formulación debe concluir en los próximos meses, y se encuentra bastante avanzado en su tramitación en el Parlamento el proyecto de ley sobre energía geotérmica.
La fuerte competencia producida entre las empresas generadoras en el Sistema Interconectado del Norte Grande por captar clientes industriales, principalmente mineros, ha provocado un fuerte descenso en los precios de nudo (generación y transporte), que entre abril de 1991 y abril de 1996 han descendido casi en un 50 por ciento en términos reales. Ello no sólo ha beneficiado a los clientes industriales, para quienes los precios de suministro han descendido en un porcentaje similar, sino también a la población en general, que ha visto descender sus tarifas a nivel residencial en un 20 por ciento. Considerando los relevantes beneficios que trae la reducción de las tarifas eléctricas tanto a clientes industriales como residenciales, el Gobierno está decidido a promover la competencia en el Sistema Interconectado Central, a través de la formulación del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y de la incorporación de un socio estratégico a la empresa Colbún-Machicura.
Nuestro objetivo permanente ha sido buscar las fórmulas de solución para un conjunto de problemas complejos, que requieren de grandes volúmenes de inversión y de fórmulas creativas que respondan a las nuevas realidades que vive el país. Hemos diseñado esas fórmulas, y, si se concretan los múltiples proyectos que están en estudio o ya en licitación en diversas áreas, Chile tendrá, como lo señalé anteriormente, un rostro muy diferente a la entrada del nuevo siglo. Permítanme esbozar ese rostro.
En materia portuaria, tendremos empresas públicas modernizadas e inversión privada en frentes de atraque nuevos y mejoramiento de los existentes en los puertos estatales, además de la construcción de nuevos puertos privados. Una vez que la Ley de Emporchi sea promulgada, estarán dadas las condiciones para una activa participación de capitales privados en frentes de atraque en los puertos estatales de uso público, con lo cual se podrá responder a los requerimientos del sostenido crecimiento de nuestra economía.
El transporte ferroviario de carga estará funcionando a lo largo del país, con Ferronor en el norte y Fepasa hacia el sur. Habrá sistemas de trenes de cercanía, integrados al resto del sistema de transporte urbano de Las respectivas ciudades, en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
El ferrocarril habita en un lugar especial de nuestra alma nacional. Aspiramos a juntar en el presente, con imaginación y afecto, lo mejor de nuestras tradiciones con las posibilidades que ofrece el mundo moderno. Así, nos hemos propuesto contar, hacia fines de mi mandato, con un tren entre Santiago y Puerro Montt, un tren rápido, cómodo, seguro, ambientalmente limpio; un tren que salga y que llegue a la hora; en suma, un tren a la altura de la dignidad que todos los chilenos merecen.
En vialidad y transporte terrestre, contaremos con la doble calzada que se construirá entre La Serena y Puerco Montt y la doble vía en las carreteras de la Macrozona Central. Con este avance lograremos reducir considerablemente los casos de accidentes graves en dichos tramos. Para el año 2000, contaremos con una red norte-sur alternativa a la Ruta 5, y estará en operación la vialidad interurbana productiva que apoyará la actividad forestal y frutera de nuestra economía: el “Camino de la Madera” y el “Camino de la Fruta”. El mejoramiento de la vialidad interurbana también considera el desarrollo de los necesarios pasos fronterizos hacia Argentina y Bolivia, con el objetivo de consolidar los corredores bioceánicos. La calidad de los caminos secundarios será sustancialmente mejor.
En materia de vialidad y transporte urbano, tendremos un transporte público mejorado, con lo cual se evitará un aumento en los niveles de congestión en las principales ciudades de nuestro país, aportando a la vez decididamente a la preservación del medio ambiente urbano. Las medidas que se están comando permitirán avanzar hacia un desarrollo cada vez más armónico de nuestras ciudades, con una mejor calidad de vida y con un uso más racional de los recursos viales y urbanos.
Al año 2000, Chile contará con una red aeroportuaria modernizada en el área de servicios de pasajeros y de carga, así como en materia de seguridad para la aeronavegación. También tendremos aeropuertos regionales desarrollados, lo que permitirá una mejor movilidad de pasajeros y carga desde y hacia las regiones de nuestro país.
En el sector energético, contaremos con un abastecimiento suficiente para los crecientes requerimientos del país. Ya se están concretando inversiones que asegurarán el abastecimiento energético para lo que resta de esta década. Mediante la conexión gasífera con Argentina, el país habrá incorporado a su matriz energética un combustible moderno, limpio y abundante, de positivos efectos en la disminución de la contaminación y en la economía del país.
Con la firma reciente del decreto supremo que establece el reglamento de evaluación de impacto ambiental, se completaron los reglamentos básicos necesarios para la implementación de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Con ello se coloca en funcionamiento un sistema que contribuirá en forma sustantiva a la protección e inteligente utilización de nuestro patrimonio natural, situándonos a la vanguardia de los países en desarrollo en esta materia.
De este modo, nuestro país está actualizando su infraestructura productiva, asegurando bases sólidas para nuestro desarrollo económico y social.
Transformando nuestra agricultura
La creciente apertura de nuestra economía acentúa la urgencia de los desafíos de modernización y transformación productiva que enfrenta la agricultura. Mi gobierno se ha comprometido a apoyar este proceso modernizador, pues está consciente de la importancia económica, social y cultural que este sector tiene para el país.
En marzo de 1995, el Gobierno definió su acción a partir de un conjunto de ejes estratégicos, vinculados al desarrollo de mercados, a la innovación y la transformación productiva, a la modernización de la agricultura campesina, a la gestión empresarial y la capacitación laboral, y a la protección del patrimonio natural y el mejoramiento del hábitat rural.
Estamos avanzando en la conquista de mercados externos, para lo cual hemos perfeccionado los sistemas de información e iniciado la creación de una red de agregados agrícolas. Asimismo, establecimos el Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias, al cual este año se le asignaron diez millones de dólares. Hubo importantes logros en la protección del patrimonio fito y zoosanitario. Debe destacarse especialmente que Chile, en diciembre de 1995, fue declarado país libre de la mosca de la fruta, lo que abre amplias perspectivas a nuestros productores y exportadores, en especial en los países del Asia Pacífico, lo que ya se refleja en un aumento de 245 por ciento de nuestros embarques de frutas y hortalizas hacia esa región.
El Gobierno quiere estimular la innovación y transformación productiva de la agricultura. Para ello se ha aumentado el presupuesto del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, del Instituto Forestal y de la Fundación para la Innovación Agraria, y se han puesto en marcha exitosos programas de innovación productiva, con la introducción de nuevas especies y variedades. Solamente en lo que se refiere a semillas, bulbos de flores y material reproductivo, estos programas han posibilitado exportaciones por cien millones de dólares en 1995. Es destacable igualmente el impacto de programas de transferencia tecnológica, que han permitido a cerca de mil pequeños productores de trigo de la Novena Región multiplicar sus rendimientos en más de un 600 por ciento.
La realización de grandes obras de riego, como el Embalse Santa Juana, ha permitido, desde 1994 a la fecha, aumentar o mejorar la superficie regada en más de 70.000 hectáreas, con una inversión de 55 millones de dólares. Por otra parte, los programas de riego campesino han beneficiando a más de 14.000 productores, y se ha estimulado la inversión privada mediante la operación de la Ley N° 18.450 de fomento al riego, pasando de 5.900 a 8.200 beneficiarios. También se ha puesto en marcha un exitoso programa destinado a mejorar la productividad de las praderas, que en la Undécima Región, por ejemplo, ha permitido aumentar en cuatro o cinco veces su productividad, y se han fortalecido los programas de salud animal y mejoramiento genético del ganado.
Se han puesto en operación instrumentos de estímulo al desarrollo forestal, mejorando y promoviendo la extensión del DL 701 por quince años a partir de 1995, y estableciendo el Programa Nacional de Diversificación Forestal. Adicionalmente, las indicaciones al proyecto de ley de bosque nativo, enviadas al Congreso en 1995, apuntan también a establecer instrumentos para el desarrollo de este recurso.
En materia de financiamiento, se comenzó a operar a través de Corfo una bonificación a los créditos para inversión en modernización productiva; se abrieron líneas de reprogramación con el Banco del Estado; y se estableció también la alternativa de créditos reajustables en dólares. Durante 1995 se envió al Congreso una iniciativa que modifica las reglas de operación del Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (Fogape), para mejorar el acceso de los agricultores a la banca.
A través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, se desarrolló un esfuerzo preferente hacia el mundo campesino. El Instituto contó en 1995 con un presupuesto de 57.450 millones, con un incremento de 11 por ciento respecto de 1994, y que permitió atender a 100.000 familias, Para este año, hemos aumentado en un 13 por ciento el presupuesto de Indap. Igualmente, hubo importantes avances en capacitación de recursos humanos, alcanzando a cerca de 28.000 personas con una inversión de casi tres mil millones de pesos.
Renovando el compromiso con la modernización agrícola
Tengo plena confianza en la potencialidad del sector agropecuario y en sus interesantes perspectivas de desarrollo, que le permitirán al país beneficiarse con la existencia de una agricultura rentable, competitiva e integrada a los mercados internacionales. Daremos continuidad a los esfuerzos hasta ahora realizados y apoyaremos la transformación productiva de la agricultura, dando prioridad a las siguientes orientaciones.
En el marco de nuestra política de infraestructura, se otorgará especial importancia al mejoramiento de caminos, telefonía y electrificación rural, que incide tanto en los costos como en la competitividad sectorial. En riego, se aumentará la inversión en un 30 por ciento respecto de 1995, potenciando la construcción de obras medianas y menores, la operación del programa de riego campesino de Indap y las transferencias efectuadas a través de la ley de fomento al riego. Fortaleceremos los mecanismos de estímulo para el mejoramiento productivo de praderas y bosques.
Nos preocupa mejorar la transparencia de los mercados internos. Por ello continuaremos apoyando el trabajo de los organismos antimonopólicos. Igualmente, debemos diversificar la oferta exportable y sus mercados de destino. Con tal fin, se prorrogará la vigencia, hasta el año 2000, del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias. En cuanto a los acuerdos comerciales, mantendremos nuestra política de acelerar la desgravación de los insumos, maquinarias y bienes de capital para la producción agropecuaria.
Se dará un fuerte impulso a la investigación, innovación y transferencia tecnológica, como base indispensable para diversificar y modernizar la agricultura nacional. Para ello se fortalecerá la acción de fundaciones e institutos del sector público vinculados a este proceso, e igualmente se promoverán mecanismos que estimulen la inversión y participación privada.
Apoyaremos con decisión la innovación orientada a desarrollar nuevos productos y sistemas productivos, y ampliaremos los programas de transferencia tecnológica, fundamentales para ganar productividad y así enfrentar en mejores condiciones la competencia externa y aprovechar las nuevas oportunidades de mercado.
Incorporar la agricultura campesina a la dinámica de una agricultura rentable y competitiva es una prioridad del Gobierno. Reforzaremos y modernizaremos el accionar del Indap, expandiendo y perfeccionando los sistemas de financiamiento, de captura y transferencia tecnológica, de gestión de negocios y acceso a mercados. Este esfuerzo exige un fuerte apoyo a la organización de los productores, para lo cual se ampliará la operación del Fondo de Desarrollo Empresarial y se pondrá en marcha convenios y formas asociativas para la innovación.
Impulsaremos la modernización del Ministerio de Agricultura, fortaleciendo sus capacidades de coordinación y facilitando la descentralización y operación regional de sus instrumentos. Mantendremos nuestra política de diálogo amplio con todos los sectores interesados, y en ese sentido le atribuimos especial importancia al Consejo Nacional para el Desarrollo del Agro.
Quiero expresar mi gratitud a la voluntad señalada por el Congreso de dar prioridad y tratamiento expedito a las materias legislativas que son Fundamentales para el reforzamiento y modernización del sector agrícola, como, asimismo, de su institucionalidad pública. En este sentido, deseo destacar la importancia que le asigno al pronto despacho de los proyectos que crean la bolsa de productos agrícolas, el de fomento forestal, los que modifican la Ley N° 18.525 sobre importaciones de mercaderías y permiten el establecimiento de sobretasas temporales, el de certificación de calidad de frutas y hortalizas de exportación y el que perfecciona el acceso al Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario.
Erradicando la pobreza rural
La incorporación a los beneficios del progreso supone generar las oportunidades para que todos los ciudadanos accedan a los servicios básicos que la modernidad ofrece y la dignidad humana demanda. Ello es especialmente relevante para el ámbito rural. El aislamiento y la dispersión de la población en los campos y regiones apartadas hacen más difícil y caro su acceso a servicios básicos. De ahí que mi Gobierno esté impulsando un conjunto de programas y medidas dirigidas a superar la pobreza en los campos de Chile.
En 1995, los recursos públicos destinados a las diversas acciones de impacto en la calidad de vida rural alcanzaron a cerca de 260 mil millones de pesos, lo que representa un aumento real de 18 por ciento en relación a 1994. De este total, alrededor de 62 mil millones corresponden al área productiva, a la que ya me he referido; 107 mil millones, a la infraestructura social, es decir, redes camineras, agua potable, saneamiento, electrificación, telefonía, vivienda y saneamiento de títulos; y cerca de 90 mil millones al área social, en programas de educación, salud, trabajo y capacitación. El presupuesto de 1996 destina alrededor de 280 mil millones de pesos a lo continuación y ampliación de los programas en curso.
A continuación detallaré los principales programas con que estamos mejorando realmente la calidad de vida y brindando mayores oportunidades a los chilenos y chilenas que viven y trabajan en el sector rural.
Agua potable y saneamiento
En agua potable, durante 1995 se invirtieron más de 7.500 millones de pesos, beneficiando a casi 11 mil familias. El programa para 1996, con una inversión estimada de 8.900 millones de pesos, dotará de ese servicio básico a 12.000 familias de áreas rurales concentradas. Con esto, la cobertura de agua potable en dichas áreas subirá de un 85 por ciento en 1995 a un 90 por ciento en 1996. Nuestra meta para el 2000 es lograr una cobertura de un ciento por ciento en áreas rurales concentradas, y ya están en marcha los estudios previos para diseñar un programa similar dirigido a las localidades rurales dispersas, de manera que la mayor parte de la población rural cuente con este vital servicio.
En saneamiento, durante este año están en estudio o ejecución 69 iniciativas de inversión en materia de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, en beneficio del grupo de 74 comunas más pobres del país. En conjunto representan una inversión aproximada de 27.000 millones de pesos. Complementariamente, a inicios de año se ha suscrito un convenio entre el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud, con el objeto de diseñar sistemas de saneamiento adecuados a las áreas rurales dispersas, financiables a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Electrificación
El desarrollo del Programa de Electrificación Rural de la Comisión Nacional de Energía tiene el objetivo de resolver las significativas carencias de suministro eléctrico existentes en el campo, donde 240.000 familias no tienen servicio. Los logros han sido muy positivos; en 1995, la inversión gubernamental en proyectos de electrificación rural alcanzó a 9.600 millones de pesos, triplicando prácticamente los montos históricos sólo en un año del programa. Ello permitió abastecer de electricidad a 17.000 nuevas familias, 700 de ellas con tecnologías no convencionales. En 1996, con una inversión estimada de 10.500 millones de pesos, unas 20.000 familias rurales tendrán acceso a energía eléctrica, con lo que un 62 por ciento de las viviendas de áreas concentradas dispondrá de este servicio. Nuestra meta para el año 2000 es lograr una cobertura de 75 por ciento en estas áreas, beneficiando 140 mil familias campesinas.
Vivienda
Un salto cualitativo de enorme significado para las familias rurales es solucionar su problema habitacional. Mi Gobierno ha intensificado las soluciones para este sector, y ha creado el Programa Especial de Villorrios Rurales, que aumenta el subsidio hasta 200 UF. Durante 1995, el subsidio cubrió a 8 mil familias y se destinaron fondos para la construcción de 21 villorrios. En 1996 se asignarán 9.000 subsidios rurales, los que representan un 9.6 por ciento de las soluciones habitacionales focalizadas hacia los sectores más pobres de la población. A ello hay que sumar los programas de subsidio habitacional básico y de vivienda progresiva, cuya cantidad depende del interés de la gente por postular a estos beneficios. En 1995, más de 4 mil soluciones habitacionales adicionales se concretaron por estas vías.
Al año 2000 esperamos haber construido 300 villorrios rurales. Este Programa, más el subsidio habitacional rural clásico, permitirá que 70 mil familias campesinas obtengan soluciones habitacionales a ese año.
Telecomunicaciones
Un millón de personas, habitantes de unas 3.000 localidades pobres, especialmente de áreas rurales y apartadas, se beneficiarán en 1996 con proyectos de telefonía financiados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Además, a contar de junio de este año se empezará a entregar más de mil instalaciones telefónicas aprobadas y financiadas en 1995, año de inicio de las operaciones de este Fondo, que benefician a alrededor de 380 mil personas. Mediante este programa, para el año 2000, unas 8 mil localidades rurales podrán conectarse en forma expedita a este servicio.
Educación
En 1995, el presupuesto para programas rurales en educación básica y media tuvo un fuerte incremento, alcanzando una inversión total de casi 64 mil millones de pesos. En 1996, todas las escuelas básicas con uno, dos o tres profesores para todo el ciclo recibirán atención integral a través del Mece-Rural. Simultáneamente se mantendrá el Programa de las 900 Escuelas, para apoyar a aquéllas con mayores dificultades. Durante este año, más de tres mil Proyectos de Mejoramiento Educativo estarán en ejecución o finalizados y se seleccionaría para su inicio mil nuevas proyectos, con lo cual a fines de año más de un millón 200 mil alumnos y sobre 55 mil docentes habrán participado en esta nueva forma de gestión de innovaciones educativas.
Con la reforma educacional en marcha y los cambios que adoptaremos en las escuelas técnico-profesionales agrícolas y forestales en el curso de este año, nos proponemos enfrentar el próximo milenio con un sistema educativo que ofrezca reales oportunidades a la población rural para mejorar sus conocimientos y ser más competitivos en las áreas tecnológica y científica. Nos proponemos lograr que la totalidad de los estudiantes de Enseñanza Básica complete dicho ciclo y duplicar el porcentaje de los que continúan la Enseñanza Media.
Salud
Los campesinos y pequeños propietarios rurales acceden sólo parcialmente a los servicios de salud de las municipalidades y mucho menos todavía a la previsión. Según datos de la encuesta Casen de 1994, alrededor del 51 por ciento de la población rural no estaba incorporada a ningún sistema de salud previsional y se atiende en el sistema público como indigente. Considerando esta situación, la asignación para atención primaria en los consultorios municipales rurales aumentó en un 20 por ciento en relación a 1994, y el total de recursos del sector asignados a las áreas rurales ascendió a 20 mil millones de pesos.
Nuestra meta para el año 2000 es completar la red de Postas Rurales en todo el país, para garantizar la atención de salud primaria con acceso semanal a personal médico y paramédico, y nos preocuparemos especialmente de lograr la incorporación de la población rural al sistema previsional.
Regularización de la propiedad
Durante 1.995 se regularizó la propiedad en la que habitan o trabajan 19.065 familias, cifra que representa un incremento de un 50 por ciento en relación a 1994. Durante el presente año, unas 23.500 familias de trabajadores y pequeños productores rurales de bajos ingresos se beneficiarán con la regularización de títulos de sus dominios, gracias a los programas del Ministerio de Bienes Nacionales. Y unas 1.150 familias indígenas accederán a nuevas tierras o derechos de aprovechamiento de aguas, a través del Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación de Desarrollo Indígena.
Nuestra política agrícola integral tiene tres pilares entrelazados: las exigencias de modernización productiva; el mejoramiento de calidad de vida rural, en particular de sus áreas más pobres; y la conservación de los recursos naturales y la restauración de la naturaleza degradada. En todas ellos hemos avanzado en forma consistente, y quiero renovar el compromiso de mi Gobierno por hacer que la vida rural y agraria se incorpore plenamente al dinamismo de nuestra vida nacional.
De esta manera, con un programa de gran coherencia y amplitud, estamos dando pasos relevantes en dos áreas cruciales en nuestro desarrollo y crecimiento -la infraestructura productiva y la agricultura-, asegurando así las bases para la proyección del país hacia una nueva etapa de progreso y bienestar para todos los chilenos.
CUIDANDO NUESTRA OPORTUNIDAD
El camino hacia el desarrollo no es lineal y automático. Requiere cuidar lo que hemos logrado y prevenir en forma positiva situaciones que pueden impedir el despliegue de nuestras potencialidades.
Paz y cooperación en la región
Para la seguridad nacional y el desarrollo es esencial despejar los remanentes conflictivos del pasado, respetando siempre el derecho internacional, y construir profundos vínculos económicos y culturales que fomenten un ambiente vecinal de confianza mutua y cooperación.
El Tratado de Paz y Amistad con Argentina creó el marco y las condiciones para que la administración anterior impulsara la resolución de veinticuatro puntos pendientes en materias limítrofes. En relación a la Laguna del Desierto, ambos gobiernos adoptaron, en 1991, el compromiso de someterse a un fallo arbitral. Este proceso culminó en octubre de 1994. Considerando injustos sus resultados, defendimos con energía y convicción los recursos interpuestos. Nuestra respuesta ante un fallo negativo fue la de siempre: respetar estrictamente los tratados internacionales, lo cual significó en esta ocasión aceptar un fallo adverso para los intereses nacionales. Estoy convencido de que la ciudadanía compartió nuestro pesar y a la vez entendió plenamente nuestra posición.
En la actualidad, sólo resta la aprobación parlamentaria del Acuerdo sobre “Campo de Hielo”. Espero sinceramente que los Congresos de ambos países puedan adoptar pronto los acuerdos que permitan culminar responsablemente estos esfuerzos por la paz y la cooperación entre nuestros pueblos.
Nuestras relaciones con Bolivia han continuado fortaleciéndose. Sentamos las bases para una nueva agenda de integración, que incluya mayores facilidades de acceso para Bolivia a los mercados del Pacífico. Nuestro comercio con el Perú y las inversiones de empresas chilenas en ese país abrieron igualmente amplias perspectivas para nuestras relaciones. También realizamos esfuerzos para poner fin a los puntos pendientes en el Tratado de 1929 entre Chile y Perú y su protocolo complementario. Chile ya ha cumplido con la obligación de construir las obras que estipula el tratado y espera reanudar pronto con nuestro vecino las conversaciones que permitan ponerlas en funcionamiento.
La defensa nacional
Una manifestación de la madurez de nuestro Estado es la estabilidad y previsibilidad de nuestra Política de Defensa. Chile avanza en consolidar una “comunidad de defensa” capaz de hacer explícita una política que tiene en la transparencia y en la disuasión sus elementos claves. Asimismo, la creciente inserción internacional de nuestra defensa coopera eficazmente a los esfuerzos de nuestro desarrollo.
Chile trabaja por la paz en el ámbito diplomático del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, concreta su participación en operaciones de Mantenimiento de la Paz y colabora con la estabilidad regional en su condición de país garante en América del Sur.
Seguridad ciudadana y acceso a la justicia
Una de las careas del Estado es garantizar la seguridad de las personas. Mi Gobierno está empeñado en una estrategia integral de prevención que reduzca sistemáticamente los niveles de delincuencia, y que no actúe por mera reacción a hechos con alta exposición en los medios de comunicación.
Una estrategia integral de prevención significa una gestión cada vez más eficiente de nuestros servicios policiales, y dotarlos de los recursos necesarios para ello. Así hemos aumentado la dotación de personal en las comunas y en las calles y seguiremos haciendo esfuerzos para lograr una más eficaz coordinación de ambas policías.
Esta estrategia integral de prevención significa contar con diversas normas legales orientadas a inhibir la comisión de delitos. Ya hemos promulgado varias leyes al respecto. Entre otras, destacan la Ley N° 19.303, promulgada en abril de 1994, que establece obligaciones para entidades financieras en materia de seguridad de las personas; la Ley N° 19.325, de agosto de 1994, sobre violencia intrafamiliar; la Ley N° 19.327, del mismo mes, para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional; la Ley N° 19.329, de septiembre de 1994, que establece normas sobre vigilantes privadas; la Ley N° 19.366, de enero de 1995, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la Ley N' 19.413, de septiembre de 1995, que establece modificaciones al Código Penal en materia del delito de venta de especies robadas; y la Ley N° 19.449, de marzo de 1996, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de robo y hurto, aumentando sus penas.
La estrategia de mi Gobierno implica, de modo muy crucial, una radical modernización del proceso de administración de justicia. Chile requiere de juicios que no se eternicen en el tiempo, de un procedimiento de enjuiciamiento criminal eficiente que garantice plenamente los derechos de las personas. En una sola frase, un procedimiento rápido, oral y público ante jueces de derecho. Es por ello que he enviado al Congreso Nacional un conjunto de reformas que modifican en forma significativa nuestro actual Código de Procedimiento Penal y proponen la creación del Ministerio Público.
Esta reforma al Código de Procedimiento Penal tiene indudables ventajas, en términos de dar mayores oportunidades de protección a las personas cuando ellas sienten que sus derechos han sido vulnerados. Con estos cambios, los ciudadanos podrán encontrar efectiva protección en la justicia, eficiencia y rapidez en sus procedimientos, garantías de defensa, imparcialidad en las sentencias. Se trata de un enorme paso en acercar la justicia a la gente.
Debido a las características de nuestro ordenamiento jurídico, los procesos son extremadamente largos y engorrosos, y, por tanto, se produce una distancia muy grande entre la infracción y el castigo, con lo cual la sanción penal pierde su función simbólica y de protección. En otras palabras, a los ojos de las víctimas, quienes han cometido delito no reciben sanción ni castigo.
La reforma penal que hemos propuesto ataca de raíz estos dos componentes. De una parte, instituye un organismo específico a cargo de proseguir la acción penal pública; y, por otra parte, en la medida en que reduce sustancialmente la distancia temporal entre el delito y el castigo, contribuye a generar la conciencia de que los delincuentes son efectivamente castigados.
Asimismo, se reforzará el Programa de Acceso a la Justicia, a través del cual se presta asistencia jurídica gratuita a los sectores más desprotegidos de comunas pobres y se refuerza las Corporaciones de Asistencia. Para ello, se aumentará la cobertura del programa desde las 40 comunas pobres beneficiadas en 1995 a más de 50 en 1996, lográndose durante este año una cobertura regional de la totalidad de las comunas en la Región de Antofagasta. Con la aprobación del proyecto de ley, actualmente en trámite parlamentario, que crea las Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica, los beneficios de este programa serán asumidos por dichas entidades y podrán extenderse al resto del país.
Complementariamente, se ampliará el programa de reinserción social de reos a través de la capacitación laboral, pasando de 2.700 personas beneficiadas en 1995, a 5.560 en 1996. Para el curso de este año está presupuestado el término de la construcción y equipamiento de los Centros de Reinserción Social de Quillota, Temuco, Concepción y Puerto Montt, y el inicio de las obras del de Copiapó.
En cuanto a centros penales, están próximas a finalizar las obras del complejo penitenciario de Concepción y de la cárcel de Osorno. La ex Penitenciaría de Santiago será transformada con la creación de cuatro nuevos módulos de alta seguridad, que podrán albergar 800 internos de extrema peligrosidad. Los nuevos recintos penales de Arica y Valparaíso están en la etapa de diseño, previéndose el inicio de las obras para los últimos meses de 1996.
En la línea de alejar a los niños del mundo de la delincuencia, tenemos la meta de reducir en un 70 por ciento el número de menores que ingresan a establecimientos de Gendarmería. Se presentará un proyecto de ley que reemplaza la actual Ley de Menores, adecuándola a la Convención de los Derechos del Niño en materia tutelar y de infracciones a la Ley Penal.
Consideramos que nuestros esfuerzos por dar mayores oportunidades de empleo digno, de capacitación laboral y de esparcimiento sano a nuestros jóvenes forma parte de esta estrategia integral de prevención. A esto ayudan iniciativas como las que he enviado al Congreso Nacional, en que he planteado una moderna proposición respecto a como llevar adelante una política nacional de fomento y práctica del deporte,
El Gobierno persevera en su propósito de prevenir el consumo de drogas ilícitas, existiendo un claro aumento en la cantidad decomisada. Seguirá promoviendo la rehabilitación de quienes han caído en la adicción, el castigo severo a los narcotraficantes y, con los nuevos instrumentos legales de que disponemos, el combate del delito de lavado de dinero.
SUPERANDO LA EXTREMA POBREZA
Avances sustanciales
He señalado, en reiteradas ocasiones, que uno de los propósitos fundamentales de mi Gobierno es la superación definitiva de las formas extremas de pobreza en nuestra patria.
Reafirmo solemnemente, ante este Congreso Nacional, la voluntad de trabajar sin descanso tras este objetivo que dignifica a Chile y que nos permite situarnos con orgullo y prestancia moral en la comunidad de las naciones.
Chile no puede aspirar a ser un país moderno y desarrollado si no utiliza la voluntad y la imaginación necesarias para hacer compatibles el crecimiento con la equidad, el desarrollo con la solidaridad, el progreso con la superación de la pobreza.
Si revisamos la situación de los países en desarrollo de los últimos años, podemos ver que en la gran mayoría de ellos los niveles de pobreza han aumentado, o que, en el mejor de los casos, se mantienen estables. En Chile podemos decir con orgullo que el porcentaje de chilenos que viven en la pobreza ha bajado de 40 por ciento en 1989 a 28 por ciento en 1994, y que quienes vivían en condiciones de extrema pobreza a ese último año no superaban el 8 por ciento de nuestros compatriotas. A fines de 1996, habremos logrado reducir la pobreza a alrededor del 24 por ciento de la población. Y eso se nota al caminar por nuestra Patria.
El gasto social que realizamos ha tenido un impacto real en la gente. Uno de sus efectos notorios ha sido disminuir la brecha de consumo entre los hogares chilenos. Si no existiesen los programas sociales y subsidios que hemos impulsado, la diferencia entre los quintiles extremos sería de 13 veces. Con nuestra acción, esta diferencia baja a alrededor de 8,6 veces. Si consideramos los salarios, vemos que el ingreso mínimo ha crecido en un 55 por ciento real desde 1989 y que el ingreso de la administración pública se ha incrementado en un 39 por ciento. Sin duda que ello ha tenido un efecto redistributivo importante, lo cual se traduce en un aumento significativo del acceso a bienes de consumo de familias modestas, como, por ejemplo, lavadoras, refrigeradores y líneas telefónicas.
Hemos realizado y estamos realizando enormes esfuerzos en cantidad y en calidad con el objetivo de superar las formas extremas de pobreza. El hecho de que destinemos el 70 por ciento del Presupuesto de la Nación al gasto social es el más claro indicador de la voluntad de mi Gobierno en esta materia.
Mejorando la cobertura y la calidad de la salud
En el ámbito de la salud, desde 1990 hemos venido haciendo un gran esfuerzo de inversión en infraestructura que permita revertir casi dos décadas de falta de inversión en el sector. Así, en 1995 completamos una inversión acumulada del orden de 182 mil millones de pesos para la reposición, ampliación y equipamiento hospitalario. Sólo considerando las obras más importantes en los últimos doce meses, en el país se han completado obras de reposición, normalización y ampliación en seis hospitales, y se está avanzando en otros siete; en Santiago, hemos puesto en operación tres nuevos consultorios de atención primaria en áreas sobredemandadas, hemos iniciado las obras de otros dos y pronto estarán en operación tres nuevos Centros de Referencia de Salud.
En este año, el Ministerio de Salud destinará 41.500 millones de pesos a inversiones en infraestructura, superando el promedio de los dos recientes. Por otra parte, con cargo al FNDR, durante 1995 se han realizado obras en 13 hospitales del país, y ha aumentado significativamente la construcción de consultorios y postas rurales a lo largo de Chile.
En 1996 se ha ampliado en un 11 por ciento real el presupuesto de atención primaria y hemos incrementado en un 15 por ciento los fondos destinados al Plan de Salud Familiar. En la misma dirección, hemos ampliado en un 22 por ciento los recursos orientados a mejorar la dotación de profesionales de salud en comunas pobres, reforzando para ello las capacidades de los municipios.
He señalado en forma reiterada que dar más y mejor atención de salud no es sólo un asunto de aumentar los recursos financieros; además, tenemos que mejorar la gestión de nuestros servicios públicos de salud. El Ministerio de Salud ha avanzado en la puesta en práctica del Plan de Reforma del Sector Público de Salud, con el propósito de responder mejor a los cambios epidemiológicos, demográficos y sociales de la población; mejorar la gestión pública; descentralizar las decisiones, y elevar la calidad de las prestaciones. En este ámbito es de especial relevancia la pronta tramitación de la reforma de la Ley N° 15.076, que crea un nuevo estatuto para los profesionales funcionarios del Sistema Público de Salud.
Los Compromisos de Gestión entre el Ministerio y los Servicios de Salud y Hospitales ya han generado importantes cambios, tales como elevar en un 100 por ciento las cardiocirugías realizadas y la reorientación de cerca de 1.500 millones de pesos para fortalecer la acción en las 74 comunas más pobres.
También en términos de gestión, es importante señalar que e] Ministerio de Salud descentralizó y cambió el financiamiento de los servicios. En el nivel primario se implementó el sistema de pago per cápita, y en el nivel hospitalario el Pago Asociado a Diagnóstico. Ambas medidas tienden a superar la inercia presupuestaria del sector y a reforzar una gestión más eficiente.
La reforma que mejora sustancialmente el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) está en marcha. Se está individualizando a los usuarios del sistema público para eliminar los subsidios cruzados y mejorar la focalización de los recursos fiscales. Fonasa busca convertirse en un seguro solidario y una alternativa eficiente de prestación de servicios de salud.
Entendemos que en una materia tan importante para la vida cotidiana de las familias como lo es la salud, la participación es un elemento de especial importancia. Por ello, se ampliarán las instancias de participación social, fortaleciendo los 46 Consejos de Desarrollo creados en 1995 y constituyendo 100 nuevos Consejos de Desarrollo en hospitales y establecimientos del nivel primario de atención.
Mejorando la calidad de nuestro hábitat
Una exitosa área de realizaciones ha sido nuestra política de promover un hábitat digno para las familias chilenas.
En primer lugar, podemos mostrar con orgullo nuestro avance sistemático en términos de reducción del déficit habitacional crónico de nuestro país. Hoy en día Chile ocupa el primer lugar en América Latina en construcción de viviendas. En 1995 sobrepasamos la meta fijada para el año, que era de 108.000 viviendas. En 1996 se iniciará la construcción de 130.000 viviendas, cifra inédita que es el resultado de una acción habitacional compartida entre el Gobierno, el empresariado, y la organización y el ahorro de la gente. Esto significa reducir el déficit en 40.000 viviendas por año a contar de 1996, logro que es reconocido nacional e internacionalmente. En este año, alrededor de 94.600 soluciones habitacionales se destinarán a familias en situación de pobreza e indigencia, beneficiando directamente a unas 500.000 personas.
En segundo lugar, hemos realizado avances significativos en materia de calidad de las viviendas y de su entorno.
Se ha ampliado la superficie construida de las viviendas básicas y hemos abordado, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, las deficiencias en la calidad de las construcciones, diseñando normas técnicas, mejorando la supervisión y creando un Instituto de la Construcción. Además, prontamente se promulgará la Ley de la Calidad de la Vivienda, que otorgará atribuciones a los directores de obras municipales para la fiscalización de las construcciones. Finalmente, se creará un sistema de protección a los compradores ante fallas en la calidad de sus viviendas, reforzando los Servicios de Información sobre Calidad de la Vivienda.
El Ministerio de la Vivienda también incrementará en un 55 por ciento su presupuesto para inversiones en saneamiento de poblaciones. A su vez, se mantendrán los más de 500.000 subsidios al consumo de agua potable y servicio de alcantarillado destinados a la población urbana y rural en condiciones de pobreza, con un incremento del monto por subsidio que significa un crecimiento presupuestario del orden del 27 por ciento respecto de 1995. Además, unas 6.700 familias pobres, especialmente de pobladores y mujeres jefas de hogar del medio urbano, podrán regularizar sus títulos de dominio a través de los programas del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de lo cual podrán acceder a subsidios como el de vivienda. Para estos efectos, se ha dispuesto un incremento presupuestario de un 21 por ciento. Por otra parte, se incrementó en más de 50 por ciento el presupuesto del Ministerio de la Vivienda para adquisición de terrenos y saneamiento de títulos.
En términos de calidad del entorno y mejoramiento de calidad de vida, merece un especial reconocimiento el Programa de Pavimentos Participativos, programa que es un claro indicador de lo que es posible gracias al esfuerzo conjunto del Estado y la comunidad. En 1996 este programa compromete obras por 500 kilómetros de calles y pasajes de poblaciones, lo que equivale aproximadamente a la distancia entre Santiago y Concepción. El programa cuenta con una gran colaboración municipal y muestra nítidamente el compromiso efectivo de la población organizada para mejorar su entorno material. Cuatro mil Comités para Pavimentación han visto cubiertas sus necesidades, mostrando, una vez más, que la confianza en la participación es un eficaz camino de solución a las mayores carencias de la población. Adicionalmente a ello, se ha iniciado el Programa de Mejoramiento Comunitario, de tipo participativo, al cual se ha destinado 1.200 millones de pesos. Este programa va dirigido a la construcción de sedes vecinales, centros abiertos, plazas, juegos infantiles, multicanchas y, en general, obras que la misma comunidad considere necesarias para su bienestar.
Para superar las deficiencias en la calidad de vida de los conjuntos habitacionales, el Ministerio incrementó la construcción de áreas verdes e incorporó el equipamiento comunitario en los programas de vivienda para sectores pobres. En este sentido, hemos desarrollado una fuerte política de construcción de parques urbanos. En 1995 se concluyó la construcción de 10 parques; en 1996 se terminarán otros 5 parques, 19 se encuentran en etapa de ejecución, y 11 se encuentran en su fase de diseño. Si tomamos como referencia el Parque Forestal de Santiago, la superficie construida en 1995 equivale a 13 parques del mismo tamaño; y la superficie de los proyectos correspondientes a 1996, a 29. Así estamos mejorando concretamente la calidad de nuestro hábitat.
Mejorando la capacitación laboral
A fin de brindar oportunidades de acceso al mercado del trabajo y de mejoramiento de la calidad del empleo, mi Gobierno ha asignado un importante papel a la capacitación laboral. Espero que lo más pronto posible el Congreso Nacional convierta definitivamente en Ley de la República el proyecto de ley que perfecciona el sistema de Capacitación para el Empleo, a fin de que sus beneficios sean aprovechados más integralmente.
En esta materia, los principales avances son los siguientes:
En primer lugar, las actividades de capacitación de las empresas tuvieron un incremento aproximado del 10 por ciento respecto a 1994, lo que significó que más de 430.000 personas se capacitaron laboralmente. Nuestra meta para 1996 es llegar a 480.000 trabajadores.
En segundo lugar, durante 1995 se inició un programa de capacitación en gestión para las pequeñas empresas urbanas y rurales, que capacitó a 3.000 pequeños empresarios de diversos sectores económicos. En este año hemos aumentado el presupuesto de este programa, buscando atender a 5.500 pequeñas empresas.
En tercer lugar, el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes benefició a 18.000 jóvenes de escasos recursos, mediante acciones que combinan aprendizajes técnicos y experiencia laboral en la empresa. La segunda etapa de este Programa dará oportunidades de formación laboral e integración social a otros 70.000 jóvenes de escasos recursos en los próximos tres años. En este esfuerzo esperamos la mayor participación de las empresas, para entregar a nuestros jóvenes la mejor capacitación posible e incrementar sus oportunidades de inserción laboral.
Además, para apoyar la modernización de la gestión pública, en 1996 se inició un Programa de Capacitación para las entidades públicas, que capacitará a 30.000 funcionarios.
Fortaleciendo las capacidades de los micro-empresarios y pequeños productores
Tanto el proceso de internacionalización como la propia dinámica del crecimiento, han impuesto una renovada urgencia a la necesidad de abordar los desafíos de modernización productiva. Estos desafíos implican facilitar la incorporación de importantes localidades y sectores atrasados al dinamismo económico del país, abriéndoles el acceso a los recursos que requieren para operar, con éxito, en el contexto de mercados cambiantes y competitivos.
Sin paternalismo, queremos complementar los esfuerzos modernizadores desplegados por los propios actores, actuando sobre los factores que limitan sus posibilidades de progreso. En este marco se inscriben nuestros esfuerzos de apoyo al desarrollo de los campesinos, los pescadores, los mineros artesanales, la microempresa, localidades atrasadas, y a importantes segmentos de la pequeña y mediana empresa.
Continuaremos el proceso de ir focalizando recursos de Corfo en áreas pobres, en función de apoyar la generación de inversiones económico-productivas y la realización de preinversiones adecuadas a dicho propósito. Complementariamente, se reforzará la operación de los Programas de Fomento, orientándolos creciente y preferentemente en favor de las zonas más deprimidas, y en el apoyo a iniciativas de desarrollo productivo en el medio rural.
Durante 1996 se incrementará el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, de 78 millones de pesos en 1995 a 203 millones de pesos en 1996, y se financiarán unos 50 proyectos asociativos a través de un programa piloto del Fosis en convenio con el Banco del Estado y Corfo.
En apoyo a la minería artesanal, se financiarán unos 70 proyectos a través del Programa de Apoyo a la Modernización de la Minería Artesanal, para lo cual su presupuesto se incrementará de 450 millones de pesos en 1995, a 1.050 millones de pesos en 1996.
También se aumentará en casi un 9 por ciento el presupuesto del Fosis para el financiamiento de servicios a microempresarios en los ámbitos de la asistencia técnica, financiera y de la capacitación, ampliando la cobertura de asistencia crediticia tanto a través de organismos especializados de apoyo, como de instituciones financieras. Y a través del Sernam, más de 400 mujeres microempresarias recibirán apoyo en materia de formalización y gestión.
HA CAMBIADO EL ROSTRO SOCIAL DE CHILE: AVANCEMOS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Un renovado impulso a la equidad
El esfuerzo enorme y perseverante que el país ha realizado los últimos años en sectores fundamentales como educación, salud, vivienda, infraestructura social, capacitación laboral y de asistencia a la pequeña y micro empresa, permite sustentar nuestra confianza en que la superación de las formas extremas de pobreza es una meta posible para nuestra Nación.
Al mismo tiempo, debemos tener presente que Chile ya no es más el de fines de la década del setenta. Tampoco es el mismo de fines de los ochenta. Ya dejamos atrás el Chile del PEM y del POJH, de ollas comunes, poblado de campamentos, con desempleo masivo, con niños que no tienen escuela donde ir o centros de salud donde ser atendidos. Definitivamente, no estamos más en un Chile de carencias generalizadas, de una enorme pobreza sin esperanzas.
En estos años, muchos compatriotas han superando las condiciones de extrema pobreza. Han dejado atrás tiempos de amargura, se han levantado, y con dignidad construyen día a día su propio progreso. ¡No nos quedaremos a la orilla del camino a esperar que los ciegos automatismos del mercado se traduzcan en beneficios para ellos! Es nuestra obligación política y moral apoyar a estos miles de chilenos y recompensar su duro esfuerzo.
Lo digo claramente: el país hoy tiene una sólida base para que, al objetivo de superar las formas extremas de pobreza, podamos agregar seria y responsablemente el objetivo de construir una sociedad con igualdad de oportunidades. No podemos quedarnos anclados para siempre en una política social basada en los subsidios; el desafío presente y futuro de nuestra política social es convertir la gran oportunidad que tiene Chile, en oportunidades reales y efectivas para todos las chilenos y chilenas,
Este es el espíritu profundo que anima el nuevo énfasis que queremos darle a nuestras políticas sociales; éste es el espíritu que deberá traducir nuestra acción pública y que debe impregnar toda la acción del Estado.
Quiero señalar al país, con ejemplos de políticas especificas y con el anuncio de un gran impulso, muy concreto, nuestra voluntad de ampliar Las oportunidades de los chilenos que han dejado atrás la pobreza.
Acompañando los esfuerzos de progreso de los chilenos
Queremos que nuestros servicios públicos sean accesibles, oportunos y de calidad, y que brinden a los usuarios un trato digno y respetuoso, No queremos que las personas que acudan a los servicios p6blicos a resolver importantes problemas de su vida cotidiana, se sientan ciudadanos de segunda clase.
Por ello, continuaremos nuestra tarea de modernizar nuestros servicios públicos. Ya 50 servicios han adoptado el uso de indicadores de gestión, otros 43 han adoptado compromisos de modernización, se ha incorporado masivamente sistemas informatizados en todo el proceso tributario, se está agilizando y simplificando los trámites de certificación y entrega de pensiones. Estos son ejemplos de acciones que seguiremos ampliando a toda la administración pública.
En el ámbito de la salud, paralelamente a la actualización de nuestra infraestructura, queremos dar un énfasis especial a la calidad de la atención a nuestra gente.
Por ello, a partir de 1996 se enfatizarán los esfuerzos en programas de dignificación de la atención. En dicho marco, estamos realizando un esfuerzo especial de reducción de las listas de espera por atenciones quirúrgicas en los hospitales, con el propósito de que las personas que requieran ser operadas para mantener su salud, lo puedan hacer no solo con los más altos niveles de calidad, sino también en el momento y la oportunidad adecuados.
En una primera etapa se reducirán la listas de espera de la Región Metropolitana, Viña del Mar y Quillota, resolviendo la situación de 11 mil pacientes y dando prioridad a 20 patologías frecuentes -y de atención más inmediata: El programa, que se inició en el mes de abril, resolvió, en sus primeras semanas de funcionamiento, la situación de 882 pacientes, niños y adultos en proporción similar. En una próxima etapa se extenderá al resto del país.
En la misma línea se inscribe la iniciativa de otorgar horas de atención médica en los consultorios vía telefónica, con el fin de evitar las colas de madrugada. Las largas esperas para encontrar un número, para que no se confunda más la atención médica con la humillación de las personas.
En esta misma dirección de dignidad debe entenderse el proyecto de ley que he enviado al Congreso Nacional, que permite a las madres o padres acompañar a sus hijos menores de 18 años que se encuentren en grave estado de salud o en situaciones terminales, contando para ello con las licencias laborales correspondientes.
En el campo de la vivienda, queremos ir más allá de la asignación de viviendas sociales en lugares fijos y con un hábitat muchas veces de malas condiciones. Queremos que las familias tengan más oportunidades de elegir dónde vivir y como habitar y que su casa se convierta en un verdadero capital, disponible para su futuro.
Para ello hemos flexibilizado de manera importante el sistema de financiamiento de la vivienda y hemos creado el Programa de Vivienda Básica de Libre Elección, orientado a generar un mercado secundario de vivienda social que permite La compra-venta de viviendas de subsidio. En efecto, este programa permite que cada familia seleccione la localización que más la beneficia, empleando para ello a los agentes habitacionales, cuya función será facilitar el proceso de cambio y otorgar amplia información a todos los involucrados en el proceso.
De esta manera lograremos valorizar las viviendas sociales, transformándolas en efectivas herramientas de promoción social. Así, las familias chilenas -por modestas que sean- podrán elegir, sobre la base de su esfuerzo y de su dignidad, su lugar de residencia; y capitalizar el fruto de sus esfuerzos mediante la adjudicación de propiedades que podrán ingresar competitivamente al mercado habitacional.
Del mismo modo, nuestra clase media está siendo beneficiada por la ley del leasing habitacional, por la creación de Administradoras de Fondos de Vivienda, y por el financiamiento de largo plazo de accionistas institucionales, principalmente de las AFP.
Respecto de la microempresa, queremos avanzar decisivamente en el apoyo al esfuerzo y las capacidades de quienes hoy buscan insertarse activamente en el trabajo y en el mercado. En el presente año, hemos iniciado la ejecución de un Plan de Desarrollo de la Microempresa, que busca elevar la productividad, los ingresos y la competitividad del sector, así como la dignificación del autoempleo. Este programa incorpora políticas de formalización y seguridad social, de financiamiento y asistencia técnica, de capacitación y acceso a mercados, y estimamos que llegará a apoyar a más de la mitad de las microempresas al año 2000. Además, con el propósito de regular el fomento y desarrollo del sector, someteré a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley relativo a la microempresa y el trabajo independiente.
Los ejemplos que he dado señalan nuestra voluntad de acoger las transformaciones en el rostro social de Chile e impulsar políticas sociales acordes con esta nueva realidad. En esta solemne ocasión, quiero presentar al país un gran esfuerzo en educación que marcará con un sello distintivo la acción de mi Gobierno durante los próximos años.
La educación, factor clave de la igualdad de oportunidades
El país está consciente, y mi Gobierno convencido, de que la educación es la base para conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y una mayor movilidad social. Así se rompe el circuito negativo de la pobreza, se desarrolla la productividad y competitividad de nuestra economía y se estimula el desarrollo de una cultura democrática y solidaria, imbuida en los valores de libertad y responsabilidad.
En este marco, en 1994 el Gobierno señaló la educación como la primera prioridad de su programa económico-social y que era necesario elevar el gasto nacional en educación desde 4.9 por ciento en 1993 a más del 7 por ciento del Producto Interno Bruto, en un plazo no superior a ocho años. En este contexto, hemos avanzado en las reformas sustantivas a nuestro sistema educativo.
La reforma de la educación avanza
En efecto, después de veinticinco años hemos puesto en marcha una profunda modificación de lo que se enseña en la educación básica, al dictar el Decreto que contiene los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos para ese nivel educacional. Hemos mejorado la calidad y equidad de la educación; hemos ampliado los programas iniciados en 1990 que están destinados a apoyar las escuelas básicas con menores rendimientos; se han aumentado las remuneraciones de los profesores en un 70 por ciento entre 1990 y 1996, y se han hecho esfuerzos especiales para su perfeccionamiento.
Por otra parte, hemos entregado textos y nuevo material didáctico, y se ha iniciado el equipamiento computacional y la dotación de bibliotecas de aulas; hemos promovido y Financiado la realización de más de tres mil proyectos de mejoramiento educativo y se ha ampliado los instrumentos de apoyo y asistencia a los estudiantes de menores recursos.
Hemos incrementado la cobertura de la educación preescolar, hemos aumentado el monto de la subvención escolar, hemos perfeccionado el sistema financiero y pedagógico para evitar la repitencia escolar de aquellos niños que presentan atraso en su desempeño, y hemos mejorado sustancialmente el financiamiento y las formas de trabajo educativo en los establecimientos rurales.
Por otra parte, se han establecido mecanismos que perfeccionan y hacen más participativa la gestión de los establecimientos educacionales municipales, como el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, y que dan mayor autonomía a las escuelas a través de la delegación de las facultades de los alcaldes en los directores de establecimientos.
Los aspectos positivos ya se han notado en algunos logros del sistema escolar subvencionado, como lo ha mostrado la publicación de los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, Simce.
En el ámbito de la educación superior, en los últimos años se han incrementado las becas y créditos para los estudiantes, junto con el impulso de nuevas iniciativas destinadas a elevar la capacidad científico-tecnológica del país. Los recursos asignados a tales propósitos han crecido en cerca del 30 por ciento en el último quinquenio.
Todo lo anterior ha sido posible gracias a un aumento real de la inversión en educación de un 25 por ciento en los últimos dos años. Hemos obtenido importantes logros, pero es mucho aún lo que nos falta. Porque no sólo queremos avanzar en este camino, queremos dar un impulso medular a la reforma en que estamos empeñados.
Un nuevo y decisivo impulso
Examinando los fuertes progresos que ha ido realizando el país en el campo educativo, constatamos aún deficiencias importantes. Ha llegado la hora de enfrentarlas con decisión y superar algunos importantes límites de funcionamiento en las condiciones de tiempo de trabajo de los alumnos, infraestructura y organización docente actuales.
Las medidas que expondré a continuación son un nuevo gran paso para profundizar y acelerar la modernización educativa, con directo impacto sobre el mejoramiento de la calidad, la equidad y la eficiencia del sistema escolar. Están diseñadas para ser ejecutadas durante un período de seis años, de aquí al año 2001, y consisten en: extender la jornada educativa; implementar un programa especial de inversiones en infraestructura escolar; dar un fuerte impulso a la formación y perfeccionamiento docente; e incentivar la excelencia dentro del sistema subvencionado.
Permítanme explicar brevemente el contenido de estas medidas.
Extensión de la jornada escolar
Primero que todo, hemos decidido pasar de una jornada escolar de medio día, a una jornada escolar de día completo.
Si queremos calidad en nuestra educación, necesitamos más tiempo de nuestros alumnos en clases; más tiempo para que los profesores trabajen en los aspectos pedagógicos y de reforma curricular; más tiempo para actividades de apoyo al trabajo y recreación de las alumnos. Esta medida favorece especialmente a todos aquellos niños y jóvenes que carecen de un espacio pedagógico en sus hogares.
Esta extensión de la jornada beneficiará a 2 millones 300 mil niños de enseñanza básica y media, y demandará un enorme esfuerzo financiero por parte del Estado. Involucra un aumento promedio de la subvención escolar del 17 por ciento para los alumnos de la educación regular entre tercero básico y cuarto medio, con un mayor gasto anual superior a los 200 millones de dólares.
Inversión en infraestructura escolar
El eje del nuevo esfuerzo en educación en lo que resta de la década será lograr las condiciones de infraestructura y organizacionales que permitan ofrecer una jornada completa, mañana y tarde, en todos los establecimientos educacionales subvencionados del país.
Como es sabido, muchos de nuestros establecimientos funcionan hoy con un régimen de dos jornadas. Necesitaremos, por lo tanto, ampliar la dotación física de escuelas y liceos y construir nuevos establecimientos. En este caso, la magnitud del esfuerzo financiero que deberá realizarse es sólo comparable a la que el país hizo durante la década de los sesenta, hasta llegar a más que duplicar el monto destinado a la inversión en infraestructura.
Formación y perfeccionamiento docente
Nos proponemos dar un impulso especial a la formación y el perfeccionamiento de nuestros docentes. A este efecto vamos a desarrollar tres iniciativas concretas durante los próximos años.
La primera consiste en apoyar a las facultades de educación, de modo que puedan renovar y mejorar la formación de maestros, e incentivar el ingreso de alumnos talentosos a las carreras de pedagogía. Para acceder a los recursos que el Estado destinará a este fin, las facultades interesadas deberán diagnosticar su actual eficacia formativa, presentar programas con metas claras y sujetarlos a evaluación externa, tanto en cuanto al cumplimiento de las metas convenidas como a los alumnos que participen en ellos.
La segunda iniciativa consiste en reforzar el perfeccionamiento de los docentes que trabajan en establecimientos subvencionados dentro de las disciplinas básicas. En esta iniciativa podrán participar las universidades del país de mayor calidad en cada una de esas disciplinas, lo cual permitirá desarrollar un nuevo tipo de relaciones entre dichas casas de estudio y las escuelas y liceos subvencionados del país. El programa beneficiará a 25 mil profesores y será complementado con un sistema de becas para profesores, que les permitirá realizar perfeccionamientos en el extranjero.
La tercera iniciativa crea los premios nacionales de excelencia docente, que beneficiarán a los profesores más destacados del país, por subciclos, asignaturas, regiones y grupos de edad. Estos premios, además de su importante función de reconocimiento social a los mejores maestros, importarán un significativo estímulo monetario.
Sólo estas iniciativas significarán en el próximo trienio una inversión de 45 millones de dólares en la profesionalización de nuestros docentes.
Un polo dinámico de excelencia en el sistema subvencionada
En otro ámbito, queremos crear un polo dinámico dentro del sistema subvencionado, consolidando para ello, a través de diversas medidas concretas y en un plazo no superior a 6 años, una red de 40 liceos de primer nivel que acojan a los alumnos más destacados del sistema básico subvencionado. ¡Queremos premiar la excelencia y recuperar la honrosa tradición de liceos de alta calidad, que fue un orgullo de la educación chilena!
El Estado aportará a este programa recursos para asistencia técnica, reforzamiento material, equipamiento y perfeccionamiento docente, además del incremento permanente de la subvención por concepto de la extensión de la jornada. Estos recursos podrán beneficiar a liceos municipales o privados subvencionados, a los cuales se les demandará altos niveles de exigencia académica.
El Estado invertirá en este programa un monto estimado, a esta fecha, en 3 mil millones de pesos anuales durante cinco años, lo que permitirá incorporar a este esquema un total de 40 liceos con mil alumnos cada uno a lo largo de todo el país.
Una reforma histórica requiere de un esfuerzo nacional
Las medidas que hoy anuncio representan uno de esos tránsitos decisivos para nuestro sistema escolar, como fue la aprobación de la ley de enseñanza primaria gratuita hace más de 100 años; o la obligatoriedad de la educación en 1920; o aquel período entre 1950 y 1964 en que se crearon 820 mil nuevas matrículas; o el tiempo entre 1964 y 1970, durante el cual se extendió la enseñanza a 1 millón 300 mil nuevos niños y jóvenes, se dio un fuerte impulso a la formación de docentes y se invirtieron cuantiosos recursos en nuevos establecimientos.
Este esfuerzo no puede ser sólo la tarea del Gobierno. Tengo la confianza en que nuestros profesores encontrarán un nuevo estímulo para su trabajo, enfrentarán una mayor demanda de horas docentes y se abrirá un camino real de fortalecimiento y dignificación de su papel en nuestra sociedad. Les pido a los estudiantes que asuman con entusiasmo y responsabilidad estas nuevas oportunidades. Llamo a los padres y madres a comprometerse activamente en el proceso educativo de sus hijos y a que sean exigentes para que el proyecto educativo que ofrece el colegio se haga realidad.
A los sostenedores privados y municipales, los llamo a comprometerse con esta reforma y a usar con la mayor eficacia los recursos que se ponen a su disposición. A los empresarios, les pido su colaboración, especialmente en el ámbito técnico y profesional, donde se requiere de una estrecha relación entre la formación teórica y el trabajo práctico. A las universidades y sus académicos, les pido no sólo que colaboren con una formación de calidad para los profesores. Con sus investigaciones y conocimientos, pueden contribuir a crear un sistema integral y permanente de formación de los recursos humanos que el país necesita en todos los niveles de la educación superior y del desarrollo científico y tecnológico.
Este verdadero salto de nuestro sistema escolar requiere de un enorme esfuerzo Financiero, que estimamos en 1.400 millones de dólares en el próximo quinquenio.
Esta realidad plantea fuertes exigencias tanto al Estado como a todos los chilenos. Dado que estas materias son de primera prioridad, mi Gobierno se compromete a aplicar una estricta economía de recursos en las otras áreas de la Administración.
Con el propósito de sumar esfuerzos, mi Gobierno hará una propuesta responsable y acotada sobre franquicias tributarias que incentiven la destinación de recursos privados a la tarea educativa, especialmente en los sectores más vulnerables.
Todos los chilenos debemos cooperar con este esfuerzo. No propongo aumentar la carga tributaria, pero sí quiero pedir un esfuerzo de ahorro nacional que respalde la educación de nuestros hijos. Con este fin, en su debida oportunidad, propondré al Congreso Nacional que se mantenga el IVA en su actual tasa. Este no es el momento para estimular el consumo; es la hora de invertir para nuestro futuro y abrir oportunidades para nuestros hijos.
Compatriotas: Sólo los pueblos con una sólida base educacional pueden aspirar seriamente al desarrollo. Sólo las naciones que ofrecen a sus hijos una educación de calidad y equitativa, podrán estar a la altura de las exigencias de un mundo moderno. Sólo los países que invierten más en enseñar y aprender, y que ponen al día sus estructuras educacionales, estarán en condiciones de dar oportunidades a sus jóvenes, de fortalecer la equidad y enriquecer su democracia.
Nosotros queremos, y hoy podernos, estar entre esas naciones. La Patria nos convoca en esta hora a cumplir con el deber más alto: el de educar a nuestros hijos y abrirles las puertas del futuro. Estoy seguro de que sabremos responder.
Oportunidades sin discriminación
En los últimos años han surgido con fuerza amplios sectores de nuestro país que buscan ser reconocidos en toda su dignidad y capacidad de participación en nuestra sociedad.
Reforzando la decidida incorporación de la mujer a nuestra sociedad
La igualdad de oportunidades no es solamente económico-social, se extiende también a los hombres y mujeres. Así, hemos enviado al Congreso un proyecto de reforma constitucional de alto valor simbólico, que establece expresamente la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Continuamos aplicando decididamente el Plan de Igualdad de Oportunidades, y muchas de las medidas contempladas en él han sido incorporadas en los programas de los ministerios del área social.
Hemos patrocinado diversos proyectos para mejorar la condición de la mujer y de los hijos. Respecto del patrimonio familiar, ya contamos con una nueva ley que respeta e incorpora más plenamente el aporte de las mujeres. Estamos impulsando un proyecto de ley que suprime las diferencias entre los hijos legítimos y los ilegítimos, superando algunas discriminaciones que afectan a estos últimos. Hemos propuesto también una mejor y más ágil reglamentación para la adopción. Está en trámite en el Congreso la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Otro proyecto en discusión es el que sanciona el acoso sexual en el trabajo y regula los derechos de las víctimas.
El debate relacionado con la cumbre de Beijing puso en la conciencia nacional el tema de la participación de la mujer en nuestra sociedad. Pese a arraigados temores y resistencias de algunos sectores, veo con orgullo y satisfacción que, en nuestra sociedad, la presencia de la mujer se hace cada vez más patente en el trabajo, en los medios de comunicación, en la acción social, en los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad civil, en las diversas instituciones del Estado. Cada día se escucha con más fuerza su voz, una voz necesaria para el desarrollo integral de nuestro país.
Mejorando la calidad de vida de nuestros adultos mayores
Hemos logrado que la opinión pública nacional considere el tema del adulto mayor como relevante para nuestra convivencia y hemos aplicado consistentemente una política acorde con esta realidad.
El año pasado propuse al país un gesto solidario para ir directamente en ayuda de los pensionados. Luego de intensos debates en el Senado, se impuso finalmente la vocación solidaria de los chilenos, dando paso al aumento de dos impuestos específicos para destinar esos fondos al reajuste extraordinario de las pensiones inferiores a cien mil pesos mensuales. Adicionalmente, tal como lo anuncié el año pasado, mi Gobierno ha comenzado a entregar un bono de invierno a 590 mil pensionados que reciben pensiones mínimas o asistenciales, como una manera de ayudar a solventar los mayores gastos que surgen en esta época del año; y hemos otorgado también un reajuste especial adicional a todas las pensiones mínimas que reciben los mayores de setenta años.
He dispuesto que en nuestras políticas sociales haya siempre una atención especial a nuestros mayores. Algunos ejemplos de esta voluntad son que el presupuesto para mejorar la atención del adulto mayor en los hospitales públicos se aumentará en 3.400 millones de pesos; y que en este año vamos a construir los primeros diez conjuntos habitacionales de Casas de Acogida para la tercera edad, con el propósito de dotar a nuestras ancianas y ancianos de escasos recursos de un habitar digno y seguro.
Estos son ejemplos de una política integral destinada a lograr un cambio cultural que signifique un mejor trato, mejor calidad de vida, y una digna valoración de los adultos mayores de nuestra sociedad.
Promoviendo mayores oportunidades a lo largo del territorio
Numero compromiso con la equidad seria incompleto si no promoviéramos un mayor equilibrio en la igualdad de oportunidades a lo largo de nuestro territorio. Una de las grandes transformaciones en marcha ha sido revertir el poderoso centralismo que caracterizaba a nuestro país.
Años atrás, la diferencia de oportunidades entre Santiago y el resto de las regiones era abrumadora. En muchas partes, salir a no muchos kilómetros de la carretera principal era encontrarse con lugares empobrecidos y sin expectativas de progreso. Hoy, en lo sustancial, esa realidad está cambiando. Nuestro creciente dinamismo exportador ha dado nueva vida a regiones y localidades que languidecían. Enormes proyectos públicos y privados se despliegan a lo largo del país, generando nuevos empleos, vitalizando diversas localidades. En 1989, la Región Metropolitana concentraba el 57 por ciento de la inversión extranjera; hoy son las regiones a lo largo del país las que reciben el 80 por ciento de esta inversión. Y eso se nota. Debemos destacar que el 20 por ciento de las inversiones mineras del mundo se realiza en Chile, con un impacto notable en el desarrollo de la Primera, Segunda, Tercera y Undécima Regiones.
Estamos en un país con mayores equilibrios y un genuino mejoramiento de oportunidades en toda nuestra geografía. Debemos asegurar esta importante transformación en los próximos años.
Fortaleciendo la gestión regional
Consistente con la meta de que, a fines de mi Gobierno, el 42 por ciento de la inversión destinada a regiones sea de decisión regional -meta en la cual ya hemos avanzado-, y considerando las grandes inversiones públicas y privadas en regiones, nuestro principal objetivo del próximo tiempo será el incremento de la capacidad técnica y de gestión de los gobiernos regionales y locales.
En esta materia, ya se puso en marcha la Ley de Plantas de Funcionarios del Gobierno Regional, y están aprobadas las leyes de Rentas Municipales y del Fondo Común Municipal. Junto con iniciarse un programa de fortalecimiento de la gestión de los gobiernos regionales, este año ya se han modificado varias instrucciones contenidas en la Ley de Presupuestos, dando mayor fluidez al funcionamiento del FNDR. A partir de fines de abril se están realizando balances trimestrales públicos de este Fondo, y hemos decidido poner en marcha un programa de evaluación permanente del FNDR, incorporando indicadores de desempeño que se considerarán en la asignación de nuevos recursos a las regiones. Queremos solucionar problemas en la ejecución de los presupuestos regionales que se arrastran por décadas y mejorar claramente los niveles de preinversión, en especial en las etapas de preparación y evaluación de proyectos, fundamentales para la continuidad anual y la elevación de la calidad de la inversión pública regional.
La ley municipal
Confiamos en que prontamente sea aprobado el proyecto de reforma municipal, a fin de que entre en vigencia antes de que asuman las nuevas autoridades edilicias. Este proyecto ofrece las herramientas para resolver buena parte de los problemas de gestión que se han presentado en los últimos años, por cuanto robustece la autonomía de los municipios, aumenta la capacidad de decisión en materia de inversiones de desarrollo local, flexibiliza la organización municipal y robustece el papel del alcalde como el principal conductor de la gestión edilicia, fortaleciendo a la vez las atribuciones normativas y fiscalizadoras del Concejo.
Con este conjunto de esfuerzos esperarnos que los niveles regionales y locales puedan potenciar las oportunidades que tienen en sus manos y contribuir a que los chilenos puedan progresar independientemente del lugar donde vivan.
UNA ETICA QUE SUSTENTE NUESTRA OPORTUNIDAD
Siempre he afirmado que la realización de nuestra oportunidad histórica se juega también en el plano de las actitudes y en el comportamiento de los grupos y personas que integran nuestra comunidad. Esta convicción crece en mi interior al trazar el conjunto de transformaciones y avances que experimenta nuestra Patria. Cuando camino a lo largo de Chile y veo el esfuerzo de nuestra gente por progresar, cuando escucho sus inquietudes y problemas, una idea viene a mi mente una y otra vez: tenemos grandes responsabilidades, que recaen especialmente en los líderes y dirigentes de nuestra Patria.
Hoy nuestra gente tiene más elementos para formarse una opinión acerca de la marcha del país y a la vez está más consciente de los esfuerzos que realiza para progresar. Con razón, entonces, nuestros ciudadanos quieren que sus dirigentes, de los más variados ámbitos, sean verdaderos servidores públicos; y no que su acceso a un cargo se deba simplemente a una búsqueda frenética de fama, de recompensas monetarias, o al simple afán de ostentar poder. El requerimiento es muy simple: que se sirva a la gente y a sus preocupaciones.
Como Presidente me doy cuenta de lo que hemos logrado como Nación, de los formidables avances, y también de la magnitud de los desafíos pendientes. La voz de la prudencia nos aconseja cuidar nuestros progresos y hacerlos fructificar en todas sus dimensiones.
Nos hemos alzado sobre los hombros de generaciones enteras. Muchos chilenos desconocidos han preparado esta etapa con trabajo y esperanza. Cada fuerza política ha aportado a esta tarea común y conoce de dolores y tragedias. Muchos de nuestros mejores líderes fueron consumidos en luchas y conflictos. La democracia se recuperó a través de numerosos gestos y actos de miles de chilenos que durante años mantuvieron viva la esperanza democrática. Nada de lo logrado ha sido un regalo fácil, todo ha sido conquistado paso a paso. Debemos ser entonces responsables de lo construido laboriosamente por años.
Basta mirar otras regiones del mundo para darse cuenta de que la paz no está asegurada de una vez y para siempre; tampoco la convivencia pacífica, la limpieza de las ciudades, el caminar tranquilo por las calles, el avance científico-tecnológico, el producir de las fábricas y de los campos, el equilibrio de los ecosistemas, el cuidado de los niños. Nada de esto se mantiene solo y espontáneamente, ni por la mano invisible del mercado ni por los equilibrios políticos presentes. Se mantiene y se sustenta por una renovada voluntad diaria de perseverar en las actitudes correctas que exigen las tareas del momento.
Nuestro país debe avanzar en la construcción de una verdadera ética de comportamientos públicos. Escasamente colaboran a esta tarea los que levantan gratuitamente el fantasma de la sospecha sobre personas o instituciones, y que al final sólo muestran una personal fascinación por el escándalo. Tampoco lo hacen quienes cultivan miedos y temores en nuestra gente, creyendo que realizan una tarea de enorme contribución espiritual. Una sociedad que levanta murallas para detener los fantasmas que ella misma inventa, gasta en vano sus mejores energías, especialmente la de sus jóvenes.
En verdad, una sociedad libre no vive bajo la censura y la represión, no teme al juicio maduro de quienes la integran. Pero, como contrapartida, quienes hablan deben hacerse cargo de su voz. Son responsables de las consecuencias de sus palabras, tal como lo son de las consecuencias de sus actos. Es ya el tiempo de que avancemos a una convivencia más libre, que se basa en asumir la propia responsabilidad y en crear mayores confianzas.
La nueva etapa que vivimos requiere desarrollar mayor credibilidad en las diferentes actividades de la vida nacional. Toda empresa de largo plazo lo requiere. Hay que dejar atrás la tentación de la ganancia fácil y del éxito de corto plazo. Una política de calidad y una economía con pretensiones mayores se alimenta de múltiples intercambios cotidianos, que descansan en la presunción de la buena fe, que es posible creer en la palabra empeñada por otros. Sin ese espíritu, nuestra convivencia cargará con el inevitable peso de las sospechas y de los controles sin fin.
En el pasado reciente fuimos capaces de pacificar nuestros espíritus y de deponer rencores profundos. La gran tarea del presente es ser responsables de lo que hemos logrado y avanzar hacia una ética de comportamientos públicos que nos permita una convivencia más libre y transparente.
Conciudadanos del Senado y la Cámara de Diputados:
Luego de un poco más de dos años de Gobierno, puedo afirmar responsablemente que Chile avanza con paso decidido en la materialización de su gran oportunidad histórica.
La expansión de nuestras bases económicas, la calidad de nuestra inserción internacional, las modernizaciones de escala mayar en marcha, los avances en la superación de la pobreza, nos permiten afirmar que Chile se encamina irreversiblemente a una nueva etapa de su desarrollo.
Este fruto pertenece a nuestros ciudadanos y dirigentes, que desde los más variados rincones de nuestra Patria han colaborado con su constancia, su trabajo y su generosidad.
Nuestra legítima satisfacción no puede confundirse con la complacencia. Nadie puede colocarse al margen de esta gran corriente de futuro que atraviesa nuestra Patria. No estarnos atrapados por el conflicto político ni por el desorden económico. Por el contrario, somos un Chile que se ilumina con una esperanza cierta.
En una etapa como ésta, nadie puede sumergirse en la apatía o en la indiferencia. Nuestra Nación requiere reagrupar sus energías más profundas y prepararse para una nueva jornada de realizaciones.
Necesitamos más disciplina para obtener los frutos de nuestra laboriosa siembra.
Necesitamos más coraje para profundizar los cambios que exigen la democracia y la justicia.
Necesitamos más creatividad, que abra cauces nuevos a la acción solidaria, a la búsqueda de la calidad, al espíritu de cooperación y entendimiento.
Compatriotas: Si me atrevo a pedir más, es porque estoy dispuesto, con humildad, a dar también más de mí mismo.
Con plena conciencia de mi deber histórico, me comprometo a ser el primero en trabajar infatigablemente por esta Patria, que desde su alma presiente que el tiempo de su dignidad ha llegado.
EDUARDO ALFREDO JUAN BERNARDO FREI RUIZ-TAGLE

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