MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE
Eduardo A. J. B. Frei
Ruiz-Tagle
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1996
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Este es mi tercer mensaje presidencial. Es la hora de
reflexionar sobre nuestra marcha como Nación, en esta etapa de la realización
de nuestra oportunidad histórica.
Como Presidente estoy en un lugar privilegiado para mirar
la realidad del país. La diaria marcha de la Administración , mis
continuas visitas a terreno, mi contacto permanente con las localidades y
regiones, me hacen tener una visión de conjunto de nuestra Patria.
La profunda convicción que me he formado es que Chile
progresa y experimenta una transformación de escala mayor y de alcances
históricos. No sólo está cambiando nuestro paisaje económico y físico; también
está cambiando nuestro rostro social y nuestro modo de relacionarnos con la
comunidad mundial. Algunos de estos cambios son notorios, otros ocurren más
silenciosamente, y encuentran mayores o menores resistencias en su camino. Pero
todos ellos muestran e insinúan que desde el corazón de nuestra Nación está
surgiendo un Chile desarrollado, que está más cerca de materializar el sueño
sustentado por generaciones de visionarios y luchadores.
Vengo a dar cuenta de vastas realizaciones y a señalar los
desafíos que ellas imponen a nuestra política y a nuestros comportamientos
públicos.
PERSEVERANDO EN EL CAMINO DEMOCRATICO
Enfrentando nuestros problemas
Nuestro caminar democrático no ha estado exento de
vicisitudes. El año pasado señalé que la forma en que el país asimilara los
resultados del fallo en el Caso Letelier pondría a prueba la madurez de nuestra
Nación, de sus líderes y de sus instituciones. Efectivamente, una vez conocido
el fallo de la Corte
Suprema , se abrió un período de tensión e incertidumbre. El
país volvió a experimentar, no sin cierta amargura y desilusión, que nuestro
pasado se hacía presente con todo su potencial de conflicto y desgarro.
Algunos formularon criticas en cuanto a. que el Gobierno
distraía demasiadas energías en esta situación. Gobernar es enfrentar los
problemas reales del país, sobre todo si ellos alteran la tranquilidad de la
gente y ponen en duda la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones.
Los que hicieron juicios apresurados sobre La marcha de nuestro proceso
institucional, tuvieron que reconocer que finalmente triunfaron la democracia,
la justicia y el camino del apego al derecho.
En ese período se hicieron más visibles que nunca los
problemas pendientes y las limitaciones a nuestro funcionamiento democrático.
En ese marco presenté al país una propuesta que ofrecía instrumentos orientados
a hacer lo posible para esclarecer el destino de los detenidos-desaparecidos,
al mismo tiempo que abordaba los temas centrales del perfeccionamiento
institucional.
No es posible detener el avance de la democracia
Mi propuesta para reformar la Constitución estaba
inspirada en los más altos intereses de la Patria y ha contado con un alto respaldo
ciudadano. Expliqué sus alcances a todos los sectores de la vida nacional.
Convoqué a los partidos de gobierno y de oposición a examinar los proyectos y
accedí a enmendarlos después de recibir valiosas sugerencias y expectativas
favorables para su despacho.
En verdad, hice todo lo que estaba de mi parte para
cumplir con mi compromiso de adecuar la Constitución a los nuevos requerimientos, y, debo
decirlo, no todos estuvieron a la altura que reclamaban los anhelos de la
ciudadanía. Al cabo de ocho meses, algunos senadores de oposición rechazaron la
idea de legislar sobre esta iniciativa, cerrando así la posibilidad de un
debate serio acerca del articulado de la propuesta presentada. Este hecho
impone una severa reflexión al país. Como Presidente de la República , debo decir
claramente que la posición de un grupo minoritario de senadores que se
opusieron al proyecto me causa preocupación y la considero un grave error
político y conceptual.
La considero un error político, ya que sus objeciones al
proyecto han reavivado una querella que el país creía haber dejado atrás
definitivamente. Han reanimado los fantasmas de la “democracia protegida” o del
“retroceso institucional”, creando un espejismo lleno de conflictos que nada
tiene que ver con la realidad de progreso, dinamismo y consensos que el país
vive.
El rechazo de parte del Senado es también un error
conceptual, porque se basa en una confusión acerca de lo que es una
Constitución. Ha prevalecido la idea de una Carta Fundamental pétrea, cuyo
valor residiría en su inmutabilidad y cuya función sería la de un inmenso dique
frente a las corrientes de los tiempos. Por el contrario, nosotros creemos que la Constitución debe su
estabilidad a dos factores esenciales: a la legitimidad que le otorgan las
instituciones representativas del pueblo, y a su capacidad para armonizar las
tradiciones y los cambios de una comunidad política organizada. En verdad, ¿por
qué temer adecuar nuestras instituciones fundamentales a los nuevos tiempos y a
un futuro lleno de oportunidades?
Tengo confianza en que, finalmente, la lucidez de los
senadores y diputados prevalecerá, y valoro especialmente los esfuerzos de los
que buscaron caminos de entendimiento. Tengo la plena convicción de que, más
temprano que tarde, nuestra Carta Fundamental se pondrá a tono con el presente
y el futuro. En ese momento se probará que el camino para perfeccionar nuestra
democracia no es eludir el debate, sino afrontar abiertamente las exigencias
del desarrollo.
Llamo solemnemente a todos los parlamentarios de este
Congreso Nacional a perseverar en nuestra voluntad de reformar y democratizar
nuestro orden constitucional. La democracia no es un capricho de los gobernantes,
ni una obsesión pasajera de algunos políticos. Brota de los anhelos de libertad
de los ciudadanos a lo largo y ancho de todo el país. Como lo señala mi deber y
lo reclama mi conciencia, ofrezco mi disposición permanente a buscar en
conjunto el camino que nos conduzca a hacer de nuestra Patria una nación
profundamente libertaria y plenamente democrática.
Ética pública
Expresé desde el primer día de mi mandato que quería
realizar una administración transparente y honesta. Para ello se debe contar con
los mecanismos institucionales que permitan preservar la honrosa tradición de
probidad de nuestro servicio público.
En el ámbito de las reformas legales, el Congreso conoce
actualmente de un conjunto de iniciativas que forman parte de la voluntad gubernamental
de prevenir y combatir cualquier tipo de corrupción.
Así, hemos enviado un proyecto de ley sobre probidad que
sistematiza las obligaciones de los funcionarios de la Administración Pública
en esta materia. Se encuentra también en la Cámara de Diputados un proyecto que obliga a la
administración a informar periódica y sistemáticamente acerca de materias tales
como organización, funciones y objetivos de cada organismo. Paralelamente, el
proyecto crea y regula el derecho ciudadano a acceder a los documentos de los
órganos administrativos, exceptuando sólo aquéllos que hayan sido calificados
como reservados o secretas de acuerdo a la ley. De este modo, aspiramos a que
la transparencia de información sea la regla general en la Administración Pública.
Por otra parte, con el propósito de fortalecer la
probidad funcionaria en el ámbito local, en el proyecto que reforma la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, los articulados referentes a la gestión
municipal contienen normas que otorgan mayor eficacia a los sistemas de control
interno, potencian las facultades fiscalizadora del concejo municipal y
refuerzan la transparencia en la gestión de los municipios.
Estas iniciativas forman parte de un conjunto de medidas
que mi Gobierno considera esenciales para promover la probidad y transparencia
en el ámbito público. En este marco, hemos suscrito la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
En los próximos días, mi Gobierno solicitará al Honorable
Congreso Nacional la ratificación de este trazado, el cual será una expresión
concreta de la voluntad de unir esfuerzos en defensa de la probidad y dignificación
de las funciones públicas.
Dado que las faltas a la probidad se desarrollan
principalmente en la relación entre el sector público y el privado, mi Gobierno
valora especialmente que este tema esté en un lugar principal de la agenda de
preocupaciones del sector privado.
La comunidad internacional reconoce nuestra madurez
política y crece el prestigio de nuestra democracia. Uno de los signos de este
aprecio ha sido la invitación a Chile a participar como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad, el órgano máximo de Naciones Unidas, durante el
período 1996-97.
Tenemos conciencia de que nuestros avances políticos no
son independientes de la marcha de la democracia en la región. Así, hemos
propuesto que la Sexta
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que
se realizará en Chile, tenga como tema central la gobernabilidad para una
democracia eficiente y participativa. Es la hora de que nuestros pueblos
extiendan su solidaridad al desarrollo y consolidación de sus democracias.
CONSOLIDANDO Y EXPANDENDO NUESTRAS BASES ECONOMICAS
Una economía pujante y sólida
En el ámbito económico, 1995 fue un año de logros
excepcionales. El crecimiento de la economía se elevó al 8.5 por ciento,
superando ampliamente el 6 por ciento que habíamos proyectado para el periodo.
Con este resultado, el promedio de crecimiento del país desde 1990 se ha
elevado hasta cerca del 7 por ciento, estableciendo bases muy sólidas en
nuestra economía. De continuar a este ritmo, a principios del próximo siglo
habremos duplicado el Producto Interno Bruto per cápita del año en que
recuperamos la democracia, doblando la
disponibilidad de bienes y servicios por habitante.
Este es un logro de alcances históricos, que impacta
directamente en la calidad de vida de la gente y que está cambiando
decisivamente las características de nuestra sociedad. Este auspicioso marco
permite llevar a cabo, con mayor profundidad, nuestra tarea de construir una
sociedad más equitativa y derrotar la pobreza.
La inflación de 1995, de un 8.2 por ciento, y las
estimaciones para este año, nos señalan que completaremos el primer trienio en
más de 50 años con alta inflación menor al 8.5 por ciento. La sostenida
tendencia decreciente de este indicador favorece claramente a todo el país. No
se trata sólo de los efectos que genera la mayor estabilidad de precios en
variables tan importantes como el ahorro, la inversión y el crecimiento. La
estabilidad económica representa también beneficios concretos en términos de
mayor poder adquisitivo para quienes dependen de un ingreso fijo, como los
pensionados o los asalariados en general.
El año pasado el ahorro nacional llegó a alrededor del 28
por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que las inversiones en capital
fijo llegaron al 27 por ciento del mismo indicador. Tales porcentajes se
comparan positivamente con las economías más dinámicas del mundo y, como viene
ocurriendo desde hace años, se constituyen nuevamente en un récord en la
historia del país. Y es precisamente esta alta tasa de inversión, que a su vez
se sustenta en un importante esfuerzo de ahorro nacional, lo que nos ha
permitido mantener un nivel alto y estable de crecimiento, en un marco de
utilización más plena tanto de la capacidad instalada como de nuestra fuerza
laboral.
El desarrollo reciente de nuestra economía ha tenido en
el dinamismo exportador uno de sus principales motores. Consideremos que en
1978, el país exportaba 2.500 millones de dólares. Diez años después, esa cifra
había subido a 7 mil millones de dólares; y en 1991, a un año de
recuperada la democracia, exportábamos 9 mil millones de dólares. Hoy, las
exportaciones se elevan por sobre los 16 mil millones de dólares, con una casa
de crecimiento de 38.2 por ciento respecto al año precedente. Este explosivo
aumento no sólo ha sido cuantitativo sino también cualitativo, en el sentido de
una creciente diversificación de nuestra oferta exportable y mercados de
destino. Es ilustrativo señalar que hoy contamos con 2.000 exportadores, que
exportan 2.700 productos diferentes a 170 países.
Un rasgo característico del crecimiento de estos años ha
sido la elevada expansión de la productividad. Es así que el crecimiento no
sólo se ha basado en mayores niveles de ocupación e inversión, sino también en
el uso más eficiente y en actividades de mejor calidad de todos los recursos
humanos y productivos del país.
Esto ha permitido una expansión de las remuneraciones
reales sin precedentes en nuestra historia económica. En efecto, mientras en el
período 1984-89 la productividad laboral creció a una rasa anual de 1.6 por
ciento y las remuneraciones en un 1 por ciento, en el sexenio 1990-95 ambas han
estado creciendo a un ritmo promedio en torno al 4 por ciento anual. Es decir,
en los últimos seis años el poder adquisitivo de las remuneraciones ha
aumentado, en promedio, un 26 por ciento, mucho más de lo obtenido en toda la
década de los ochenta.
El exitoso desempeño macroeconómico de los últimos seis
años ha llevado nuestra economía a una situación en la cual el crecimiento se
hará cada vez más dependiente de la elevación de la calidad y de la
productividad, creando así las bases para un aumento sostenido de los salarios
y para un continuo mejoramiento de la calidad de los puestos de trabajo.
Estamos ante una nueva realidad económica del país, que
nos da la estabilidad necesaria para avanzar, para mirar más lejos.
Concentremos nuestras energías en seguir avanzando. Dejemos atrás las
reacciones nerviosas ante mínimos cambios de los indicadores económicos.
Debemos acostumbrarnos a considerarlos simplemente como ajustes y variaciones
naturales dentro de la marcha de una economía estable y sólida.
Nuestro estado actual impone un amplio marco de tareas
para todos los actores productivos. La defensa de legítimos intereses no debe
dar pie a mentalidades de trinchera, sea de empresarios o sindicatos. Nuestro
éxito depende de que abandonemos las sospechas, dejemos la autocomplacencia y
asumamos colectivamente las tareas del desarrollo, ampliando la confianza y la
cooperación mutuas entre los distintos sectores, colocando el hacer las cosas
bien como la primera condición de nuestro esfuerzo.
Ampliando nuestros espacios económicos
La experiencia de las últimas décadas demuestra que una
participación mayor en la economía mundial aumenta nuestras posibilidades de
atraer inversión extranjera y genera condiciones favorables para la
internacionalización de nuestras propias empresas. En 1978 el intercambio
comercial con el resto del mundo era de 6 mil millones de dólares; hoy es de 30
mil millones. Estas cifras nos muestran una economía cada vez más abierta y
cuya expansión está indisolublemente ligada a su comercio exterior.
Conscientes de que nuestros intereses se juegan
crecientemente en el Asia-Pacífico, en Europa y en América del Norte y del Sur,
mi Gobierno está emprendiendo un proceso de negociaciones de intensidad inédita
en la historia de Chile y que busca ampliar sustantivamente nuestros espacios
económicos.
Hemos dado un especial énfasis a Latinoamérica,
convencidos de que es en nuestra región donde los acuerdos de complementación
económica estimularán nuevos niveles de cooperación política y de integración
cultural, de infraestructura física y energética.
Junto con extender y consolidar la red de acuerdos
bilaterales que nos une con la mayoría de los países de América Latina, estamos
desplegado un gran esfuerzo para asociarnos al Mercosur. Las negociaciones no
son fáciles, y solamente concluiremos este acuerdo cuando tengamos la plena
convicción que su balance final es favorable a los intereses nacionales.
Seguiremos desarrollando una intensa red de intercambios
entre el Pacífico y el Atlántico, que potencie nuestra situación geográfica,
favorezca vastos proyectos de integración física y genere una relación más
significativa con los grandes mercados situados en la ribera atlántica. Nuestra
visita a Brasil y sus resultados muestran esta positiva proyección.
El Gobierno ha continuado su política de inserción en los
restantes mercados globales. Hemos trabajado intensamente para que Chile siga
perfilándose como un actor dinámico y respetado en los países de la comunidad
del Asia-Pacífico. El intercambio comercial con los países de esta región ha
experimentado un gran dinamismo en los últimos años, aumentando en un 160 por
ciento entre 1990 y 1995, mientras que nuestro intercambio global crecía en un 108
por ciento en el mismo periodo.
En el ámbito europeo, han culminado las negociaciones en
torno a un nuevo “Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar, como
objetivo final, una asociación de carácter político y económico entre la Comunidad Europea
y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por
otra”, el cual se firmará en el mes de junio. Junto con avanzar en la
vinculación política con países a los que nos unen antiguos lazos de amistad y
valores comunes, profundizaremos nuestra inserción en uno de los mercados más
grandes del mundo, comprendido por 15 países que suman más de 350 millones de
habitantes.
Hemos seguido dando pasos para que se concrete la
invitación oficial de que fuimos objeto en diciembre de 1994 para integrarnos
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tenemos confianza en que,
cuando se despejen obstáculos ajenos a nuestra voluntad, se podrán iniciar las
negociaciones correspondientes. La visita en 1995 del Primer Ministro de Canadá
creó un ambiente favorable para iniciar una negociación bilateral de comercio
con este país, que se agregará al acuerdo que ya tenemos con México.
La ampliación de nuestros espacios económicos aumenta las
exigencias sobre la calidad y competencia de nuestra economía. En concreto, nos
plantea requerimientos de adaptación a las empresas, que incluyen, en muchos
casos, su reespecialización, la elevación de sus estándares de calidad, el
mejoramiento de su productividad, la adecuación de sus actividades a las normas
medioambientales y una mayor calidad de nuestros empleos y condiciones
laborales, Chile debe ser conocido y respetado por la calidad de sus productos
y servicios, que son el fruto de la calidad integral de sus sistemas
productivos.
Estamos persuadidos de que uno de los elementos de esta política
es generar condiciones de equilibrio entre empleadores y trabajadores. Mi
Gobierno considera esencial crear las condiciones para que el diálogo y la
negociación en la empresa puedan ser realizados por la mayor parte de los
trabajadores chilenos. Hago un llamado a los honorables parlamentarios para que
sobre el proyecto enviado construyan un acuerdo básico que permita la extensión
del derecho constitucional de negociación colectiva y la protección del derecho
a la sindicalización.
Creemos que en el mundo del trabajo quedan pendientes
grandes desafíos que estamos dispuestos a asumir durante este año. Ellos son,
por ejemplo, el envío de los proyectos legislativos sobre trabajo infantil, y
el de protección al trabajador cesante.
Tengo la confianza de que el Gobierno, trabajadores y
empresarios encontraremos nuevos caminos y entendimientos en este objetivo
nacional de mejorar la calidad de los empleos y las relaciones laborales.
MODERNIZANDO AREAS CLAVES PARA NUESTRO DESARROLLO
PRODUCTIVO
Una infraestructura acorde con nuestro desarrollo
En el período recién pasado, hemos dado pasos gigantescos
en el cumplimiento de una de las tareas prioritarias para mi Gobierno: asegurar
que el país cuente con la infraestructura productiva adecuada para responder a
los crecientes requerimientos del crecimiento económico y la inserción
internacional.
Hemos tomado decisiones que, sin duda, transformarán
radicalmente el rostro del país en los próximos años, en áreas vitales para
nuestro desarrollo: puertos, aeropuertos, vialidad urbana e interurbana,
Ferrocarriles y energía.
Desde hace años, sabemos que nuestras carencias de
infraestructura podían verdaderamente estrangular nuestras posibilidades de
desarrollo. Sin embargo, los niveles de inversión requeridos son de tal
envergadura, que distraerían fondos esenciales para las tareas sociales del
Estado. Por esto, mi Gobierno ha promovido la intensa participación del sector
privado en la inversión, la operación y la gestión de obras de infraestructura
pública. Paralelamente, el presupuesto de obras públicas de cargo estatal se ha
más que duplicado, en términos reales, en los últimos cinco años, destinado
principalmente a localizarse en aquellos proyectos fundamentales para la
calidad de vida de las áreas más pobres.
Muchas de las decisiones que hemos adoptado en estos
meses se han concretado en proyectos de ley que establecen las condiciones de
la participación del sector privado, los marcos regulatorios sectoriales y las
políticas de subsidios, cuando corresponde. El proyecto de ley de modernización
de Emporchi, cuya aprobación es un requisito para la presentación y discusión
de la nueva ley general de puertos; el proyecto de ley referido a las empresas
sanitarias, entre otros, son normativas de cuya aprobación depende el que
podamos continuar avanzando a ritmo acelerado en estas áreas.
También está en su etapa final de tramitación legislativa
el proyecto que modifica la Ley
de Concesiones, orientado a aportar mayor seguridad y estabilidad jurídica al
proceso, así como a facilitar el conocimiento de las normas tributarias. Ya fue
promulgada, durante 1995, la Ley
que modifica ampliamente el mercado de capitales, permitiendo un más fácil
acceso de los inversionistas privados a obras públicas.
Los resultados de nuestra política están a la vista. Sólo
en 1995, se han concretado licitaciones por más de 500 millones de dólares.
Entre éstas destacan la adjudicación de los proyectos del
Acceso Norte a Concepción, la Autopista Santiago-San Antonio, el acceso al
Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, el Aeropuerto El Tepual de Puerto
Montt y el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique; la entrega al uso público del
Túnel El Melón, y la selección del consorcio que se hará cargo de la construcción
de la ruta Talca-Chillán. Por otra parte, se terminó la construcción del sitio
3 Sur en San Antonio, al igual que las instalaciones básicas del muelle de
Bahía Catalina en Punta Arenas; y se construyeron el embalse Santa Juana y el
Canal Pencahue. Recientemente comenzó el proceso de licitación de concesiones
tan importantes como la doble calzada entre Santiago y Los Vilos.
En los últimos meses, los problemas de congestión urbana
y de contaminación han concentrado parte de la atención de la opinión pública.
El Gobierno está consciente de los problemas que el crecimiento trae aparejados
para la calidad de vida en nuestras ciudades. Por ello, en el curso de los
próximos meses presentaremos al país una Política de Transporte Urbano. Su
objetivo principal es garantizar la movilidad de las personas a través de un
sistema de transporte urbano de acceso equitativo, que tenga el menor costo
social posible, y que sea sustentable en el tiempo.
Por otra parte, el Gobierno ha formulado las políticas
sectoriales correspondientes al sistema aeroportuario y al transporte de
pasajeros en ferrocarril. En cuanto a los aeropuertos, los objetivos centrales
de la política anunciada en marzo de 1996 son: mejorar la infraestructura y la
administración del sistema; avanzar hacia una mayor racionalidad económica; e incentivar
la participación privada tanto en la inversión como en la gestión de la
infraestructura, equipamiento y servicios aeroportuarios para uso comercial
Hemos detallado, para estos efectos, un completo plan de inversiones en
nuestros terminales aéreos, que incluye tanto el gasto público en el
mantenimiento y modernización de los sistemas de navegación aérea, como los
proyectos específicos que requieren la participación del sector privado a lo
largo de todo el país.
En cuanto al sistema ferroviario de pasajeros, nos hemos
propuesto su recuperación como un actor estratégico del desarrollo nacional y
de su infraestructura, utilizando efectivamente las potencialidades que ofrece
este modo de transporte para la creciente movilidad que requiere el país.
Conforme a las normas generales que anuncié en diciembre de 1995, se han estado
elaborando las bases para la licitación de la infraestructura y el servicio
ferroviario de pasajeros de mediana y larga distancia hacia el sur. En este
marco, la licitación de terrenos de la Empresa de Ferrocarriles en las diferentes
ciudades del país representa una clara oportunidad de renovación urbana, a través
de grandes proyectos inmobiliarios que pueden ser desarrollados por el sector
privado.
Durante el año 1995 hubo importantes avances y
realizaciones en el sector energético chileno. El sector ha sido capaz de
abastecer oportunamente las elevadas tasas de expansión del consumo de las
diversas fuentes de energía, incluyendo la electricidad (9.2 por ciento), los
combustibles líquidas (7.4 por ciento) y el carbón (14.3 por ciento).
Especialmente trascendente ha sido el gran avance
exhibido durante el último año por los proyectos de transporte y distribución
de gas natural proveniente de Argentina. Con miras a este desarrollo, el
Gobierno estableció el marco regulatorio básico para los proyectos de
gasoductos. Asimismo, debe destacarse la materialización de inversiones en
centrales generadoras de electricidad, sistemas de distribución de electricidad
y combustibles, exploración petrolera y ampliación de refinerías. En total, en
1995 se inauguraron proyectos energéticos por un monto cercano a los 500
millones de dólares.
En materia regulatoria, se continuó con la preparación
del Reglamento de la Ley
de Servicios Eléctricos, cuya formulación debe concluir en los próximos meses,
y se encuentra bastante avanzado en su tramitación en el Parlamento el proyecto
de ley sobre energía geotérmica.
La fuerte competencia producida entre las empresas
generadoras en el Sistema Interconectado del Norte Grande por captar clientes
industriales, principalmente mineros, ha provocado un fuerte descenso en los
precios de nudo (generación y transporte), que entre abril de 1991 y abril de
1996 han descendido casi en un 50 por ciento en términos reales. Ello no sólo
ha beneficiado a los clientes industriales, para quienes los precios de
suministro han descendido en un porcentaje similar, sino también a la población
en general, que ha visto descender sus tarifas a nivel residencial en un 20 por
ciento. Considerando los relevantes beneficios que trae la reducción de las
tarifas eléctricas tanto a clientes industriales como residenciales, el Gobierno
está decidido a promover la competencia en el Sistema Interconectado Central, a
través de la formulación del Reglamento de la Ley General de
Servicios Eléctricos y de la incorporación de un socio estratégico a la empresa
Colbún-Machicura.
Nuestro objetivo permanente ha sido buscar las fórmulas
de solución para un conjunto de problemas complejos, que requieren de grandes
volúmenes de inversión y de fórmulas creativas que respondan a las nuevas
realidades que vive el país. Hemos diseñado esas fórmulas, y, si se concretan
los múltiples proyectos que están en estudio o ya en licitación en diversas
áreas, Chile tendrá, como lo señalé anteriormente, un rostro muy diferente a la
entrada del nuevo siglo. Permítanme esbozar ese rostro.
En materia portuaria, tendremos empresas públicas
modernizadas e inversión privada en frentes de atraque nuevos y mejoramiento de
los existentes en los puertos estatales, además de la construcción de nuevos
puertos privados. Una vez que la
Ley de Emporchi sea promulgada, estarán dadas las condiciones
para una activa participación de capitales privados en frentes de atraque en
los puertos estatales de uso público, con lo cual se podrá responder a los
requerimientos del sostenido crecimiento de nuestra economía.
El transporte ferroviario de carga estará funcionando a
lo largo del país, con Ferronor en el norte y Fepasa hacia el sur. Habrá
sistemas de trenes de cercanía, integrados al resto del sistema de transporte
urbano de Las respectivas ciudades, en las regiones de Valparaíso y
Metropolitana.
El ferrocarril habita en un lugar especial de nuestra
alma nacional. Aspiramos a juntar en el presente, con imaginación y afecto, lo
mejor de nuestras tradiciones con las posibilidades que ofrece el mundo
moderno. Así, nos hemos propuesto contar, hacia fines de mi mandato, con un
tren entre Santiago y Puerro Montt, un tren rápido, cómodo, seguro,
ambientalmente limpio; un tren que salga y que llegue a la hora; en suma, un
tren a la altura de la dignidad que todos los chilenos merecen.
En vialidad y transporte terrestre, contaremos con la
doble calzada que se construirá entre La Serena y Puerco Montt y la doble vía en las
carreteras de la
Macrozona Central. Con este avance lograremos reducir considerablemente
los casos de accidentes graves en dichos tramos. Para el año 2000, contaremos
con una red norte-sur alternativa a la
Ruta 5, y estará en operación la vialidad interurbana
productiva que apoyará la actividad forestal y frutera de nuestra economía: el “Camino
de la Madera ”
y el “Camino de la Fruta ”.
El mejoramiento de la vialidad interurbana también considera el desarrollo de
los necesarios pasos fronterizos hacia Argentina y Bolivia, con el objetivo de
consolidar los corredores bioceánicos. La calidad de los caminos secundarios
será sustancialmente mejor.
En materia de vialidad y transporte urbano, tendremos un
transporte público mejorado, con lo cual se evitará un aumento en los niveles
de congestión en las principales ciudades de nuestro país, aportando a la vez
decididamente a la preservación del medio ambiente urbano. Las medidas que se
están comando permitirán avanzar hacia un desarrollo cada vez más armónico de
nuestras ciudades, con una mejor calidad de vida y con un uso más racional de
los recursos viales y urbanos.
Al año 2000, Chile contará con una red aeroportuaria
modernizada en el área de servicios de pasajeros y de carga, así como en materia
de seguridad para la aeronavegación. También tendremos aeropuertos regionales
desarrollados, lo que permitirá una mejor movilidad de pasajeros y carga desde
y hacia las regiones de nuestro país.
En el sector energético, contaremos con un abastecimiento
suficiente para los crecientes requerimientos del país. Ya se están concretando
inversiones que asegurarán el abastecimiento energético para lo que resta de
esta década. Mediante la conexión gasífera con Argentina, el país habrá
incorporado a su matriz energética un combustible moderno, limpio y abundante,
de positivos efectos en la disminución de la contaminación y en la economía del
país.
Con la firma reciente del decreto supremo que establece
el reglamento de evaluación de impacto ambiental, se completaron los
reglamentos básicos necesarios para la implementación de la Ley de Bases del Medio
Ambiente. Con ello se coloca en funcionamiento un sistema que contribuirá en
forma sustantiva a la protección e inteligente utilización de nuestro
patrimonio natural, situándonos a la vanguardia de los países en desarrollo en
esta materia.
De este modo, nuestro país está actualizando su
infraestructura productiva, asegurando bases sólidas para nuestro desarrollo
económico y social.
Transformando nuestra agricultura
La creciente apertura de nuestra economía acentúa la
urgencia de los desafíos de modernización y transformación productiva que
enfrenta la agricultura. Mi gobierno se ha comprometido a apoyar este proceso
modernizador, pues está consciente de la importancia económica, social y
cultural que este sector tiene para el país.
En marzo de 1995, el Gobierno definió su acción a partir
de un conjunto de ejes estratégicos, vinculados al desarrollo de mercados, a la
innovación y la transformación productiva, a la modernización de la agricultura
campesina, a la gestión empresarial y la capacitación laboral, y a la
protección del patrimonio natural y el mejoramiento del hábitat rural.
Estamos avanzando en la conquista de mercados externos,
para lo cual hemos perfeccionado los sistemas de información e iniciado la
creación de una red de agregados agrícolas. Asimismo, establecimos el Fondo de
Promoción de Exportaciones Agropecuarias, al cual este año se le asignaron diez
millones de dólares. Hubo importantes logros en la protección del patrimonio fito
y zoosanitario. Debe destacarse especialmente que Chile, en diciembre de 1995,
fue declarado país libre de la mosca de la fruta, lo que abre amplias
perspectivas a nuestros productores y exportadores, en especial en los países
del Asia Pacífico, lo que ya se refleja en un aumento de 245 por ciento de
nuestros embarques de frutas y hortalizas hacia esa región.
El Gobierno quiere estimular la innovación y
transformación productiva de la agricultura. Para ello se ha aumentado el
presupuesto del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, del Instituto
Forestal y de la Fundación
para la Innovación
Agraria , y se han puesto en marcha exitosos programas de
innovación productiva, con la introducción de nuevas especies y variedades.
Solamente en lo que se refiere a semillas, bulbos de flores y material
reproductivo, estos programas han posibilitado exportaciones por cien millones
de dólares en 1995. Es destacable igualmente el impacto de programas de
transferencia tecnológica, que han permitido a cerca de mil pequeños
productores de trigo de la
Novena Región multiplicar sus rendimientos en más de un 600
por ciento.
La realización de grandes obras de riego, como el Embalse
Santa Juana, ha permitido, desde 1994
a la fecha, aumentar o mejorar la superficie regada en
más de 70.000
hectáreas , con una inversión de 55 millones de dólares.
Por otra parte, los programas de riego campesino han beneficiando a más de
14.000 productores, y se ha estimulado la inversión privada mediante la
operación de la Ley N °
18.450 de fomento al riego, pasando de 5.900 a 8.200 beneficiarios. También se ha
puesto en marcha un exitoso programa destinado a mejorar la productividad de
las praderas, que en la
Undécima Región , por ejemplo, ha permitido aumentar en cuatro
o cinco veces su productividad, y se han fortalecido los programas de salud
animal y mejoramiento genético del ganado.
Se han puesto en operación instrumentos de estímulo al
desarrollo forestal, mejorando y promoviendo la extensión del DL 701 por quince
años a partir de 1995, y estableciendo el Programa Nacional de Diversificación
Forestal. Adicionalmente, las indicaciones al proyecto de ley de bosque nativo,
enviadas al Congreso en 1995, apuntan también a establecer instrumentos para el
desarrollo de este recurso.
En materia de financiamiento, se comenzó a operar a
través de Corfo una bonificación a los créditos para inversión en modernización
productiva; se abrieron líneas de reprogramación con el Banco del Estado; y se
estableció también la alternativa de créditos reajustables en dólares. Durante
1995 se envió al Congreso una iniciativa que modifica las reglas de operación del
Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (Fogape), para mejorar el acceso
de los agricultores a la banca.
A través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap,
se desarrolló un esfuerzo preferente hacia el mundo campesino. El Instituto
contó en 1995 con un presupuesto de 57.450 millones, con un incremento de 11
por ciento respecto de 1994, y que permitió atender a 100.000 familias, Para
este año, hemos aumentado en un 13 por ciento el presupuesto de Indap.
Igualmente, hubo importantes avances en capacitación de recursos humanos,
alcanzando a cerca de 28.000 personas con una inversión de casi tres mil
millones de pesos.
Renovando el compromiso con la modernización agrícola
Tengo plena confianza en la potencialidad del sector
agropecuario y en sus interesantes perspectivas de desarrollo, que le
permitirán al país beneficiarse con la existencia de una agricultura rentable,
competitiva e integrada a los mercados internacionales. Daremos continuidad a
los esfuerzos hasta ahora realizados y apoyaremos la transformación productiva
de la agricultura, dando prioridad a las siguientes orientaciones.
En el marco de nuestra política de infraestructura, se
otorgará especial importancia al mejoramiento de caminos, telefonía y
electrificación rural, que incide tanto en los costos como en la competitividad
sectorial. En riego, se aumentará la inversión en un 30 por ciento respecto de
1995, potenciando la construcción de obras medianas y menores, la operación del
programa de riego campesino de Indap y las transferencias efectuadas a través
de la ley de fomento al riego. Fortaleceremos los mecanismos de estímulo para
el mejoramiento productivo de praderas y bosques.
Nos preocupa mejorar la transparencia de los mercados
internos. Por ello continuaremos apoyando el trabajo de los organismos antimonopólicos.
Igualmente, debemos diversificar la oferta exportable y sus mercados de
destino. Con tal fin, se prorrogará la vigencia, hasta el año 2000, del Fondo
de Promoción de Exportaciones Agropecuarias. En cuanto a los acuerdos
comerciales, mantendremos nuestra política de acelerar la desgravación de los
insumos, maquinarias y bienes de capital para la producción agropecuaria.
Se dará un fuerte impulso a la investigación, innovación
y transferencia tecnológica, como base indispensable para diversificar y modernizar
la agricultura nacional. Para ello se fortalecerá la acción de fundaciones e
institutos del sector público vinculados a este proceso, e igualmente se
promoverán mecanismos que estimulen la inversión y participación privada.
Apoyaremos con decisión la innovación orientada a
desarrollar nuevos productos y sistemas productivos, y ampliaremos los
programas de transferencia tecnológica, fundamentales para ganar productividad
y así enfrentar en mejores condiciones la competencia externa y aprovechar las nuevas
oportunidades de mercado.
Incorporar la agricultura campesina a la dinámica de una
agricultura rentable y competitiva es una prioridad del Gobierno. Reforzaremos
y modernizaremos el accionar del Indap, expandiendo y perfeccionando los
sistemas de financiamiento, de captura y transferencia tecnológica, de gestión de
negocios y acceso a mercados. Este esfuerzo exige un fuerte apoyo a la
organización de los productores, para lo cual se ampliará la operación del
Fondo de Desarrollo Empresarial y se pondrá en marcha convenios y formas
asociativas para la innovación.
Impulsaremos la modernización del Ministerio de
Agricultura, fortaleciendo sus capacidades de coordinación y facilitando la
descentralización y operación regional de sus instrumentos. Mantendremos
nuestra política de diálogo amplio con todos los sectores interesados, y en ese
sentido le atribuimos especial importancia al Consejo Nacional para el
Desarrollo del Agro.
Quiero expresar mi gratitud a la voluntad señalada por el
Congreso de dar prioridad y tratamiento expedito a las materias legislativas
que son Fundamentales para el reforzamiento y modernización del sector
agrícola, como, asimismo, de su institucionalidad pública. En este sentido,
deseo destacar la importancia que le asigno al pronto despacho de los proyectos
que crean la bolsa de productos agrícolas, el de fomento forestal, los que
modifican la Ley N °
18.525 sobre importaciones de mercaderías y permiten el establecimiento de
sobretasas temporales, el de certificación de calidad de frutas y hortalizas de
exportación y el que perfecciona el acceso al Fondo de Garantía para el Pequeño
Empresario.
Erradicando la pobreza rural
La incorporación a los beneficios del progreso supone
generar las oportunidades para que todos los ciudadanos accedan a los servicios
básicos que la modernidad ofrece y la dignidad humana demanda. Ello es
especialmente relevante para el ámbito rural. El aislamiento y la dispersión de
la población en los campos y regiones apartadas hacen más difícil y caro su
acceso a servicios básicos. De ahí que mi Gobierno esté impulsando un conjunto
de programas y medidas dirigidas a superar la pobreza en los campos de Chile.
En 1995, los recursos públicos destinados a las diversas
acciones de impacto en la calidad de vida rural alcanzaron a cerca de 260 mil
millones de pesos, lo que representa un aumento real de 18 por ciento en
relación a 1994. De este total, alrededor de 62 mil millones corresponden al
área productiva, a la que ya me he referido; 107 mil millones, a la infraestructura
social, es decir, redes camineras, agua potable, saneamiento, electrificación,
telefonía, vivienda y saneamiento de títulos; y cerca de 90 mil millones al
área social, en programas de educación, salud, trabajo y capacitación. El
presupuesto de 1996 destina alrededor de 280 mil millones de pesos a lo
continuación y ampliación de los programas en curso.
A continuación detallaré los principales programas con
que estamos mejorando realmente la calidad de vida y brindando mayores
oportunidades a los chilenos y chilenas que viven y trabajan en el sector
rural.
Agua potable y saneamiento
En agua potable, durante 1995 se invirtieron más de 7.500
millones de pesos, beneficiando a casi 11 mil familias. El programa para 1996,
con una inversión estimada de 8.900 millones de pesos, dotará de ese servicio
básico a 12.000 familias de áreas rurales concentradas. Con esto, la cobertura
de agua potable en dichas áreas subirá de un 85 por ciento en 1995 a un 90 por ciento en
1996. Nuestra meta para el 2000 es lograr una cobertura de un ciento por ciento
en áreas rurales concentradas, y ya están en marcha los estudios previos para
diseñar un programa similar dirigido a las localidades rurales dispersas, de
manera que la mayor parte de la población rural cuente con este vital servicio.
En saneamiento, durante este año están en estudio o
ejecución 69 iniciativas de inversión en materia de alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas, en beneficio del grupo de 74 comunas más pobres
del país. En conjunto representan una inversión aproximada de 27.000 millones
de pesos. Complementariamente, a inicios de año se ha suscrito un convenio
entre el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana
de Salud, con el objeto de diseñar sistemas de saneamiento adecuados a las
áreas rurales dispersas, financiables a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.
Electrificación
El desarrollo del Programa de Electrificación Rural de la Comisión Nacional
de Energía tiene el objetivo de resolver las significativas carencias de
suministro eléctrico existentes en el campo, donde 240.000 familias no tienen servicio.
Los logros han sido muy positivos; en 1995, la inversión gubernamental en
proyectos de electrificación rural alcanzó a 9.600 millones de pesos,
triplicando prácticamente los montos históricos sólo en un año del programa.
Ello permitió abastecer de electricidad a 17.000 nuevas familias, 700 de ellas
con tecnologías no convencionales. En 1996, con una inversión estimada de
10.500 millones de pesos, unas 20.000 familias rurales tendrán acceso a energía
eléctrica, con lo que un 62 por ciento de las viviendas de áreas concentradas
dispondrá de este servicio. Nuestra meta para el año 2000 es lograr una
cobertura de 75 por ciento en estas áreas, beneficiando 140 mil familias
campesinas.
Vivienda
Un salto cualitativo de enorme significado para las
familias rurales es solucionar su problema habitacional. Mi Gobierno ha
intensificado las soluciones para este sector, y ha creado el Programa Especial
de Villorrios Rurales, que aumenta el subsidio hasta 200 UF. Durante 1995, el
subsidio cubrió a 8 mil familias y se destinaron fondos para la construcción de
21 villorrios. En 1996 se asignarán 9.000 subsidios rurales, los que
representan un 9.6 por ciento de las soluciones habitacionales focalizadas hacia
los sectores más pobres de la población. A ello hay que sumar los programas de
subsidio habitacional básico y de vivienda progresiva, cuya cantidad depende
del interés de la gente por postular a estos beneficios. En 1995, más de 4 mil
soluciones habitacionales adicionales se concretaron por estas vías.
Al año 2000 esperamos haber construido 300 villorrios
rurales. Este Programa, más el subsidio habitacional rural clásico, permitirá
que 70 mil familias campesinas obtengan soluciones habitacionales a ese año.
Telecomunicaciones
Un millón de personas, habitantes de unas 3.000
localidades pobres, especialmente de áreas rurales y apartadas, se beneficiarán
en 1996 con proyectos de telefonía financiados por el Fondo de Desarrollo de
las Telecomunicaciones. Además, a contar de junio de este año se empezará a
entregar más de mil instalaciones telefónicas aprobadas y financiadas en 1995,
año de inicio de las operaciones de este Fondo, que benefician a alrededor de
380 mil personas. Mediante este programa, para el año 2000, unas 8 mil
localidades rurales podrán conectarse en forma expedita a este servicio.
Educación
En 1995, el presupuesto para programas rurales en
educación básica y media tuvo un fuerte incremento, alcanzando una inversión
total de casi 64 mil millones de pesos. En 1996, todas las escuelas básicas con
uno, dos o tres profesores para todo el ciclo recibirán atención integral a
través del Mece-Rural. Simultáneamente se mantendrá el Programa de las 900
Escuelas, para apoyar a aquéllas con mayores dificultades. Durante este año,
más de tres mil Proyectos de Mejoramiento Educativo estarán en ejecución o
finalizados y se seleccionaría para su inicio mil nuevas proyectos, con lo cual
a fines de año más de un millón 200 mil alumnos y sobre 55 mil docentes habrán
participado en esta nueva forma de gestión de innovaciones educativas.
Con la reforma educacional en marcha y los cambios que
adoptaremos en las escuelas técnico-profesionales agrícolas y forestales en el
curso de este año, nos proponemos enfrentar el próximo milenio con un sistema
educativo que ofrezca reales oportunidades a la población rural para mejorar
sus conocimientos y ser más competitivos en las áreas tecnológica y científica.
Nos proponemos lograr que la totalidad de los estudiantes de Enseñanza Básica complete
dicho ciclo y duplicar el porcentaje de los que continúan la Enseñanza Media.
Salud
Los campesinos y pequeños propietarios rurales acceden
sólo parcialmente a los servicios de salud de las municipalidades y mucho menos
todavía a la previsión. Según datos de la encuesta Casen de 1994, alrededor del
51 por ciento de la población rural no estaba incorporada a ningún sistema de
salud previsional y se atiende en el sistema público como indigente.
Considerando esta situación, la asignación para atención primaria en los
consultorios municipales rurales aumentó en un 20 por ciento en relación a
1994, y el total de recursos del sector asignados a las áreas rurales ascendió
a 20 mil millones de pesos.
Nuestra meta para el año 2000 es completar la red de
Postas Rurales en todo el país, para garantizar la atención de salud primaria
con acceso semanal a personal médico y paramédico, y nos preocuparemos
especialmente de lograr la incorporación de la población rural al sistema
previsional.
Regularización de la propiedad
Durante 1.995 se regularizó la propiedad en la que
habitan o trabajan 19.065 familias, cifra que representa un incremento de un 50
por ciento en relación a 1994. Durante el presente año, unas 23.500 familias de
trabajadores y pequeños productores rurales de bajos ingresos se beneficiarán
con la regularización de títulos de sus dominios, gracias a los programas del
Ministerio de Bienes Nacionales. Y unas 1.150 familias indígenas accederán a
nuevas tierras o derechos de aprovechamiento de aguas, a través del Fondo de
Tierras y Aguas de la
Corporación de Desarrollo Indígena.
Nuestra política agrícola integral tiene tres pilares
entrelazados: las exigencias de modernización productiva; el mejoramiento de
calidad de vida rural, en particular de sus áreas más pobres; y la conservación
de los recursos naturales y la restauración de la naturaleza degradada. En
todas ellos hemos avanzado en forma consistente, y quiero renovar el compromiso
de mi Gobierno por hacer que la vida rural y agraria se incorpore plenamente al
dinamismo de nuestra vida nacional.
De esta manera, con un programa de gran coherencia y
amplitud, estamos dando pasos relevantes en dos áreas cruciales en nuestro
desarrollo y crecimiento -la infraestructura productiva y la agricultura-,
asegurando así las bases para la proyección del país hacia una nueva etapa de
progreso y bienestar para todos los chilenos.
CUIDANDO NUESTRA OPORTUNIDAD
El camino hacia el desarrollo no es lineal y automático.
Requiere cuidar lo que hemos logrado y prevenir en forma positiva situaciones
que pueden impedir el despliegue de nuestras potencialidades.
Paz y cooperación en la región
Para la seguridad nacional y el desarrollo es esencial
despejar los remanentes conflictivos del pasado, respetando siempre el derecho
internacional, y construir profundos vínculos económicos y culturales que
fomenten un ambiente vecinal de confianza mutua y cooperación.
El Tratado de Paz y Amistad con Argentina creó el marco y
las condiciones para que la administración anterior impulsara la resolución de
veinticuatro puntos pendientes en materias limítrofes. En relación a la Laguna del Desierto, ambos
gobiernos adoptaron, en 1991, el compromiso de someterse a un fallo arbitral.
Este proceso culminó en octubre de 1994. Considerando injustos sus resultados,
defendimos con energía y convicción los recursos interpuestos. Nuestra
respuesta ante un fallo negativo fue la de siempre: respetar estrictamente los
tratados internacionales, lo cual significó en esta ocasión aceptar un fallo adverso
para los intereses nacionales. Estoy convencido de que la ciudadanía compartió
nuestro pesar y a la vez entendió plenamente nuestra posición.
En la actualidad, sólo resta la aprobación parlamentaria
del Acuerdo sobre “Campo de Hielo”. Espero sinceramente que los Congresos de
ambos países puedan adoptar pronto los acuerdos que permitan culminar
responsablemente estos esfuerzos por la paz y la cooperación entre nuestros
pueblos.
Nuestras relaciones con Bolivia han continuado
fortaleciéndose. Sentamos las bases para una nueva agenda de integración, que
incluya mayores facilidades de acceso para Bolivia a los mercados del Pacífico.
Nuestro comercio con el Perú y las inversiones de empresas chilenas en ese país
abrieron igualmente amplias perspectivas para nuestras relaciones. También
realizamos esfuerzos para poner fin a los puntos pendientes en el Tratado de
1929 entre Chile y Perú y su protocolo complementario. Chile ya ha cumplido con
la obligación de construir las obras que estipula el tratado y espera reanudar
pronto con nuestro vecino las conversaciones que permitan ponerlas en
funcionamiento.
La defensa nacional
Una manifestación de la madurez de nuestro Estado es la
estabilidad y previsibilidad de nuestra Política de Defensa. Chile avanza en
consolidar una “comunidad de defensa” capaz de hacer explícita una política que
tiene en la transparencia y en la disuasión sus elementos claves. Asimismo, la
creciente inserción internacional de nuestra defensa coopera eficazmente a los
esfuerzos de nuestro desarrollo.
Chile trabaja por la paz en el ámbito diplomático del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, concreta su participación en
operaciones de Mantenimiento de la
Paz y colabora con la estabilidad regional en su condición de
país garante en América del Sur.
Seguridad ciudadana y acceso a la justicia
Una de las careas del Estado es garantizar la seguridad
de las personas. Mi Gobierno está empeñado en una estrategia integral de
prevención que reduzca sistemáticamente los niveles de delincuencia, y que no
actúe por mera reacción a hechos con alta exposición en los medios de
comunicación.
Una estrategia integral de prevención significa una
gestión cada vez más eficiente de nuestros servicios policiales, y dotarlos de
los recursos necesarios para ello. Así hemos aumentado la dotación de personal
en las comunas y en las calles y seguiremos haciendo esfuerzos para lograr una
más eficaz coordinación de ambas policías.
Esta estrategia integral de prevención significa contar
con diversas normas legales orientadas a inhibir la comisión de delitos. Ya
hemos promulgado varias leyes al respecto. Entre otras, destacan la Ley N ° 19.303, promulgada en
abril de 1994, que establece obligaciones para entidades financieras en materia
de seguridad de las personas; la
Ley N ° 19.325, de agosto de 1994, sobre violencia
intrafamiliar; la Ley N °
19.327, del mismo mes, para la prevención y sanción de hechos de violencia en
recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional; la Ley N ° 19.329, de septiembre
de 1994, que establece normas sobre vigilantes privadas; la Ley N ° 19.366, de enero de
1995, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas; la Ley N'
19.413, de septiembre de 1995, que establece modificaciones al Código Penal en
materia del delito de venta de especies robadas; y la Ley N ° 19.449, de marzo de
1996, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de robo y
hurto, aumentando sus penas.
La estrategia de mi Gobierno implica, de modo muy
crucial, una radical modernización del proceso de administración de justicia.
Chile requiere de juicios que no se eternicen en el tiempo, de un procedimiento
de enjuiciamiento criminal eficiente que garantice plenamente los derechos de
las personas. En una sola frase, un procedimiento rápido, oral y público ante
jueces de derecho. Es por ello que he enviado al Congreso Nacional un conjunto
de reformas que modifican en forma significativa nuestro actual Código de
Procedimiento Penal y proponen la creación del Ministerio Público.
Esta reforma al Código de Procedimiento Penal tiene
indudables ventajas, en términos de dar mayores oportunidades de protección a
las personas cuando ellas sienten que sus derechos han sido vulnerados. Con
estos cambios, los ciudadanos podrán encontrar efectiva protección en la
justicia, eficiencia y rapidez en sus procedimientos, garantías de defensa,
imparcialidad en las sentencias. Se trata de un enorme paso en acercar la
justicia a la gente.
Debido a las características de nuestro ordenamiento
jurídico, los procesos son extremadamente largos y engorrosos, y, por tanto, se
produce una distancia muy grande entre la infracción y el castigo, con lo cual
la sanción penal pierde su función simbólica y de protección. En otras
palabras, a los ojos de las víctimas, quienes han cometido delito no reciben
sanción ni castigo.
La reforma penal que hemos propuesto ataca de raíz estos
dos componentes. De una parte, instituye un organismo específico a cargo de
proseguir la acción penal pública; y, por otra parte, en la medida en que
reduce sustancialmente la distancia temporal entre el delito y el castigo,
contribuye a generar la conciencia de que los delincuentes son efectivamente
castigados.
Asimismo, se reforzará el Programa de Acceso a la Justicia , a través del cual
se presta asistencia jurídica gratuita a los sectores más desprotegidos de
comunas pobres y se refuerza las Corporaciones de Asistencia. Para ello, se
aumentará la cobertura del programa desde las 40 comunas pobres beneficiadas en
1995 a
más de 50 en 1996, lográndose durante este año una cobertura regional de la totalidad
de las comunas en la Región
de Antofagasta. Con la aprobación del proyecto de ley, actualmente en trámite
parlamentario, que crea las Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica, los
beneficios de este programa serán asumidos por dichas entidades y podrán
extenderse al resto del país.
Complementariamente, se ampliará el programa de
reinserción social de reos a través de la capacitación laboral, pasando de 2.700
personas beneficiadas en 1995,
a 5.560 en 1996. Para el curso de este año está
presupuestado el término de la construcción y equipamiento de los Centros de
Reinserción Social de Quillota, Temuco, Concepción y Puerto Montt, y el inicio
de las obras del de Copiapó.
En cuanto a centros penales, están próximas a finalizar
las obras del complejo penitenciario de Concepción y de la cárcel de Osorno. La
ex Penitenciaría de Santiago será transformada con la creación de cuatro nuevos
módulos de alta seguridad, que podrán albergar 800 internos de extrema
peligrosidad. Los nuevos recintos penales de Arica y Valparaíso están en la
etapa de diseño, previéndose el inicio de las obras para los últimos meses de
1996.
En la línea de alejar a los niños del mundo de la
delincuencia, tenemos la meta de reducir en un 70 por ciento el número de
menores que ingresan a establecimientos de Gendarmería. Se presentará un
proyecto de ley que reemplaza la actual Ley de Menores, adecuándola a la Convención de los
Derechos del Niño en materia tutelar y de infracciones a la Ley Penal.
Consideramos que nuestros esfuerzos por dar mayores
oportunidades de empleo digno, de capacitación laboral y de esparcimiento sano
a nuestros jóvenes forma parte de esta estrategia integral de prevención. A
esto ayudan iniciativas como las que he enviado al Congreso Nacional, en que he
planteado una moderna proposición respecto a como llevar adelante una política
nacional de fomento y práctica del deporte,
El Gobierno persevera en su propósito de prevenir el
consumo de drogas ilícitas, existiendo un claro aumento en la cantidad
decomisada. Seguirá promoviendo la rehabilitación de quienes han caído en la
adicción, el castigo severo a los narcotraficantes y, con los nuevos
instrumentos legales de que disponemos, el combate del delito de lavado de
dinero.
SUPERANDO LA EXTREMA POBREZA
Avances sustanciales
He señalado, en reiteradas ocasiones, que uno de los
propósitos fundamentales de mi Gobierno es la superación definitiva de las
formas extremas de pobreza en nuestra patria.
Reafirmo solemnemente, ante este Congreso Nacional, la
voluntad de trabajar sin descanso tras este objetivo que dignifica a Chile y
que nos permite situarnos con orgullo y prestancia moral en la comunidad de las
naciones.
Chile no puede aspirar a ser un país moderno y
desarrollado si no utiliza la voluntad y la imaginación necesarias para hacer
compatibles el crecimiento con la equidad, el desarrollo con la solidaridad, el
progreso con la superación de la pobreza.
Si revisamos la situación de los países en desarrollo de
los últimos años, podemos ver que en la gran mayoría de ellos los niveles de
pobreza han aumentado, o que, en el mejor de los casos, se mantienen estables.
En Chile podemos decir con orgullo que el porcentaje de chilenos que viven en
la pobreza ha bajado de 40 por ciento en 1989 a 28 por ciento en 1994, y que quienes
vivían en condiciones de extrema pobreza a ese último año no superaban el 8 por
ciento de nuestros compatriotas. A fines de 1996, habremos logrado reducir la
pobreza a alrededor del 24 por ciento de la población. Y eso se nota al caminar
por nuestra Patria.
El gasto social que realizamos ha tenido un impacto real
en la gente. Uno de sus efectos notorios ha sido disminuir la brecha de consumo
entre los hogares chilenos. Si no existiesen los programas sociales y subsidios
que hemos impulsado, la diferencia entre los quintiles extremos sería de 13
veces. Con nuestra acción, esta diferencia baja a alrededor de 8,6 veces. Si
consideramos los salarios, vemos que el ingreso mínimo ha crecido en un 55 por
ciento real desde 1989 y que el ingreso de la administración pública se ha
incrementado en un 39 por ciento. Sin duda que ello ha tenido un efecto
redistributivo importante, lo cual se traduce en un aumento significativo del
acceso a bienes de consumo de familias modestas, como, por ejemplo, lavadoras,
refrigeradores y líneas telefónicas.
Hemos realizado y estamos realizando enormes esfuerzos en
cantidad y en calidad con el objetivo de superar las formas extremas de
pobreza. El hecho de que destinemos el 70 por ciento del Presupuesto de la Nación al gasto social es
el más claro indicador de la voluntad de mi Gobierno en esta materia.
Mejorando la cobertura y la calidad de la salud
En el ámbito de la salud, desde 1990 hemos venido
haciendo un gran esfuerzo de inversión en infraestructura que permita revertir
casi dos décadas de falta de inversión en el sector. Así, en 1995 completamos
una inversión acumulada del orden de 182 mil millones de pesos para la
reposición, ampliación y equipamiento hospitalario. Sólo considerando las obras
más importantes en los últimos doce meses, en el país se han completado obras
de reposición, normalización y ampliación en seis hospitales, y se está
avanzando en otros siete; en Santiago, hemos puesto en operación tres nuevos
consultorios de atención primaria en áreas sobredemandadas, hemos iniciado las
obras de otros dos y pronto estarán en operación tres nuevos Centros de
Referencia de Salud.
En este año, el Ministerio de Salud destinará 41.500
millones de pesos a inversiones en infraestructura, superando el promedio de
los dos recientes. Por otra parte, con cargo al FNDR, durante 1995 se han
realizado obras en 13 hospitales del país, y ha aumentado significativamente la
construcción de consultorios y postas rurales a lo largo de Chile.
En 1996 se ha ampliado en un 11 por ciento real el
presupuesto de atención primaria y hemos incrementado en un 15 por ciento los
fondos destinados al Plan de Salud Familiar. En la misma dirección, hemos
ampliado en un 22 por ciento los recursos orientados a mejorar la dotación de
profesionales de salud en comunas pobres, reforzando para ello las capacidades
de los municipios.
He señalado en forma reiterada que dar más y mejor
atención de salud no es sólo un asunto de aumentar los recursos financieros;
además, tenemos que mejorar la gestión de nuestros servicios públicos de salud.
El Ministerio de Salud ha avanzado en la puesta en práctica del Plan de Reforma
del Sector Público de Salud, con el propósito de responder mejor a los cambios
epidemiológicos, demográficos y sociales de la población; mejorar la gestión
pública; descentralizar las decisiones, y elevar la calidad de las
prestaciones. En este ámbito es de especial relevancia la pronta tramitación de
la reforma de la Ley N °
15.076, que crea un nuevo estatuto para los profesionales funcionarios del
Sistema Público de Salud.
Los Compromisos de Gestión entre el Ministerio y los
Servicios de Salud y Hospitales ya han generado importantes cambios, tales como
elevar en un 100 por ciento las cardiocirugías realizadas y la reorientación de
cerca de 1.500 millones de pesos para fortalecer la acción en las 74 comunas
más pobres.
También en términos de gestión, es importante señalar que
e] Ministerio de Salud descentralizó y cambió el financiamiento de los
servicios. En el nivel primario se implementó el sistema de pago per cápita, y
en el nivel hospitalario el Pago Asociado a Diagnóstico. Ambas medidas tienden
a superar la inercia presupuestaria del sector y a reforzar una gestión más
eficiente.
La reforma que mejora sustancialmente el Fondo Nacional
de Salud (Fonasa) está en marcha. Se está individualizando a los usuarios del
sistema público para eliminar los subsidios cruzados y mejorar la focalización
de los recursos fiscales. Fonasa busca convertirse en un seguro solidario y una
alternativa eficiente de prestación de servicios de salud.
Entendemos que en una materia tan importante para la vida
cotidiana de las familias como lo es la salud, la participación es un elemento
de especial importancia. Por ello, se ampliarán las instancias de participación
social, fortaleciendo los 46 Consejos de Desarrollo creados en 1995 y
constituyendo 100 nuevos Consejos de Desarrollo en hospitales y
establecimientos del nivel primario de atención.
Mejorando la calidad de nuestro hábitat
Una exitosa área de realizaciones ha sido nuestra
política de promover un hábitat digno para las familias chilenas.
En primer lugar, podemos mostrar con orgullo nuestro
avance sistemático en términos de reducción del déficit habitacional crónico de
nuestro país. Hoy en día Chile ocupa el primer lugar en América Latina en
construcción de viviendas. En 1995 sobrepasamos la meta fijada para el año, que
era de 108.000 viviendas. En 1996 se iniciará la construcción de 130.000 viviendas,
cifra inédita que es el resultado de una acción habitacional compartida entre
el Gobierno, el empresariado, y la organización y el ahorro de la gente. Esto
significa reducir el déficit en 40.000 viviendas por año a contar de 1996,
logro que es reconocido nacional e internacionalmente. En este año, alrededor
de 94.600 soluciones habitacionales se destinarán a familias en situación de
pobreza e indigencia, beneficiando directamente a unas 500.000 personas.
En segundo lugar, hemos realizado avances significativos
en materia de calidad de las viviendas y de su entorno.
Se ha ampliado la superficie construida de las viviendas
básicas y hemos abordado, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción , las
deficiencias en la calidad de las construcciones, diseñando normas técnicas,
mejorando la supervisión y creando un Instituto de la Construcción. Además ,
prontamente se promulgará la Ley
de la Calidad
de la Vivienda ,
que otorgará atribuciones a los directores de obras municipales para la
fiscalización de las construcciones. Finalmente, se creará un sistema de
protección a los compradores ante fallas en la calidad de sus viviendas,
reforzando los Servicios de Información sobre Calidad de la Vivienda.
El Ministerio de la Vivienda también incrementará en un 55 por ciento
su presupuesto para inversiones en saneamiento de poblaciones. A su vez, se
mantendrán los más de 500.000 subsidios al consumo de agua potable y servicio
de alcantarillado destinados a la población urbana y rural en condiciones de
pobreza, con un incremento del monto por subsidio que significa un crecimiento
presupuestario del orden del 27 por ciento respecto de 1995. Además, unas 6.700
familias pobres, especialmente de pobladores y mujeres jefas de hogar del medio
urbano, podrán regularizar sus títulos de dominio a través de los programas del
Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de lo cual podrán acceder a
subsidios como el de vivienda. Para estos efectos, se ha dispuesto un
incremento presupuestario de un 21 por ciento. Por otra parte, se incrementó en
más de 50 por ciento el presupuesto del Ministerio de la Vivienda para adquisición
de terrenos y saneamiento de títulos.
En términos de calidad del entorno y mejoramiento de
calidad de vida, merece un especial reconocimiento el Programa de Pavimentos
Participativos, programa que es un claro indicador de lo que es posible gracias
al esfuerzo conjunto del Estado y la comunidad. En 1996 este programa
compromete obras por 500
kilómetros de calles y pasajes de poblaciones, lo que
equivale aproximadamente a la distancia entre Santiago y Concepción. El
programa cuenta con una gran colaboración municipal y muestra nítidamente el
compromiso efectivo de la población organizada para mejorar su entorno
material. Cuatro mil Comités para Pavimentación han visto cubiertas sus
necesidades, mostrando, una vez más, que la confianza en la participación es un
eficaz camino de solución a las mayores carencias de la población.
Adicionalmente a ello, se ha iniciado el Programa de Mejoramiento Comunitario,
de tipo participativo, al cual se ha destinado 1.200 millones de pesos. Este
programa va dirigido a la construcción de sedes vecinales, centros abiertos,
plazas, juegos infantiles, multicanchas y, en general, obras que la misma
comunidad considere necesarias para su bienestar.
Para superar las deficiencias en la calidad de vida de
los conjuntos habitacionales, el Ministerio incrementó la construcción de áreas
verdes e incorporó el equipamiento comunitario en los programas de vivienda
para sectores pobres. En este sentido, hemos desarrollado una fuerte política
de construcción de parques urbanos. En 1995 se concluyó la construcción de 10
parques; en 1996 se terminarán otros 5 parques, 19 se encuentran en etapa de
ejecución, y 11 se encuentran en su fase de diseño. Si tomamos como referencia
el Parque Forestal de Santiago, la superficie construida en 1995 equivale a 13
parques del mismo tamaño; y la superficie de los proyectos correspondientes a 1996, a 29. Así estamos
mejorando concretamente la calidad de nuestro hábitat.
Mejorando la capacitación laboral
A fin de brindar oportunidades de acceso al mercado del
trabajo y de mejoramiento de la calidad del empleo, mi Gobierno ha asignado un
importante papel a la capacitación laboral. Espero que lo más pronto posible el
Congreso Nacional convierta definitivamente en Ley de la República el proyecto de
ley que perfecciona el sistema de Capacitación para el Empleo, a fin de que sus
beneficios sean aprovechados más integralmente.
En esta materia, los principales avances son los
siguientes:
En primer lugar, las actividades de capacitación de las
empresas tuvieron un incremento aproximado del 10 por ciento respecto a 1994,
lo que significó que más de 430.000 personas se capacitaron laboralmente.
Nuestra meta para 1996 es llegar a 480.000 trabajadores.
En segundo lugar, durante 1995 se inició un programa de
capacitación en gestión para las pequeñas empresas urbanas y rurales, que
capacitó a 3.000 pequeños empresarios de diversos sectores económicos. En este
año hemos aumentado el presupuesto de este programa, buscando atender a 5.500
pequeñas empresas.
En tercer lugar, el Programa de Capacitación Laboral de
Jóvenes benefició a 18.000 jóvenes de escasos recursos, mediante acciones que
combinan aprendizajes técnicos y experiencia laboral en la empresa. La segunda
etapa de este Programa dará oportunidades de formación laboral e integración
social a otros 70.000 jóvenes de escasos recursos en los próximos tres años. En
este esfuerzo esperamos la mayor participación de las empresas, para entregar a
nuestros jóvenes la mejor capacitación posible e incrementar sus oportunidades
de inserción laboral.
Además, para apoyar la modernización de la gestión
pública, en 1996 se inició un Programa de Capacitación para las entidades
públicas, que capacitará a 30.000 funcionarios.
Fortaleciendo las capacidades de los micro-empresarios y
pequeños productores
Tanto el proceso de internacionalización como la propia
dinámica del crecimiento, han impuesto una renovada urgencia a la necesidad de
abordar los desafíos de modernización productiva. Estos desafíos implican
facilitar la incorporación de importantes localidades y sectores atrasados al
dinamismo económico del país, abriéndoles el acceso a los recursos que
requieren para operar, con éxito, en el contexto de mercados cambiantes y
competitivos.
Sin paternalismo, queremos complementar los esfuerzos
modernizadores desplegados por los propios actores, actuando sobre los factores
que limitan sus posibilidades de progreso. En este marco se inscriben nuestros
esfuerzos de apoyo al desarrollo de los campesinos, los pescadores, los mineros
artesanales, la microempresa, localidades atrasadas, y a importantes segmentos
de la pequeña y mediana empresa.
Continuaremos el proceso de ir focalizando recursos de Corfo
en áreas pobres, en función de apoyar la generación de inversiones
económico-productivas y la realización de preinversiones adecuadas a dicho
propósito. Complementariamente, se reforzará la operación de los Programas de
Fomento, orientándolos creciente y preferentemente en favor de las zonas más
deprimidas, y en el apoyo a iniciativas de desarrollo productivo en el medio
rural.
Durante 1996 se incrementará el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal ,
de 78 millones de pesos en 1995
a 203 millones de pesos en 1996, y se financiarán unos
50 proyectos asociativos a través de un programa piloto del Fosis en convenio
con el Banco del Estado y Corfo.
En apoyo a la minería artesanal, se financiarán unos 70
proyectos a través del Programa de Apoyo a la Modernización de la Minería Artesanal ,
para lo cual su presupuesto se incrementará de 450 millones de pesos en 1995, a 1.050 millones de
pesos en 1996.
También se aumentará en casi un 9 por ciento el
presupuesto del Fosis para el financiamiento de servicios a microempresarios en
los ámbitos de la asistencia técnica, financiera y de la capacitación,
ampliando la cobertura de asistencia crediticia tanto a través de organismos
especializados de apoyo, como de instituciones financieras. Y a través del
Sernam, más de 400 mujeres microempresarias recibirán apoyo en materia de
formalización y gestión.
HA CAMBIADO EL ROSTRO SOCIAL DE CHILE: AVANCEMOS EN LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Un renovado impulso a la equidad
El esfuerzo enorme y perseverante que el país ha realizado
los últimos años en sectores fundamentales como educación, salud, vivienda,
infraestructura social, capacitación laboral y de asistencia a la pequeña y
micro empresa, permite sustentar nuestra confianza en que la superación de las
formas extremas de pobreza es una meta posible para nuestra Nación.
Al mismo tiempo, debemos tener presente que Chile ya no
es más el de fines de la década del setenta. Tampoco es el mismo de fines de
los ochenta. Ya dejamos atrás el Chile del PEM y del POJH, de ollas comunes,
poblado de campamentos, con desempleo masivo, con niños que no tienen escuela
donde ir o centros de salud donde ser atendidos. Definitivamente, no estamos
más en un Chile de carencias generalizadas, de una enorme pobreza sin
esperanzas.
En estos años, muchos compatriotas han superando las
condiciones de extrema pobreza. Han dejado atrás tiempos de amargura, se han
levantado, y con dignidad construyen día a día su propio progreso. ¡No nos
quedaremos a la orilla del camino a esperar que los ciegos automatismos del
mercado se traduzcan en beneficios para ellos! Es nuestra obligación política y
moral apoyar a estos miles de chilenos y recompensar su duro esfuerzo.
Lo digo claramente: el país hoy tiene una sólida base
para que, al objetivo de superar las formas extremas de pobreza, podamos
agregar seria y responsablemente el objetivo de construir una sociedad con
igualdad de oportunidades. No podemos quedarnos anclados para siempre en una
política social basada en los subsidios; el desafío presente y futuro de
nuestra política social es convertir la gran oportunidad que tiene Chile, en
oportunidades reales y efectivas para todos las chilenos y chilenas,
Este es el espíritu profundo que anima el nuevo énfasis
que queremos darle a nuestras políticas sociales; éste es el espíritu que
deberá traducir nuestra acción pública y que debe impregnar toda la acción del
Estado.
Quiero señalar al país, con ejemplos de políticas
especificas y con el anuncio de un gran impulso, muy concreto, nuestra voluntad
de ampliar Las oportunidades de los chilenos que han dejado atrás la pobreza.
Acompañando los esfuerzos de progreso de los chilenos
Queremos que nuestros servicios públicos sean accesibles,
oportunos y de calidad, y que brinden a los usuarios un trato digno y
respetuoso, No queremos que las personas que acudan a los servicios p6blicos a
resolver importantes problemas de su vida cotidiana, se sientan ciudadanos de
segunda clase.
Por ello, continuaremos nuestra tarea de modernizar
nuestros servicios públicos. Ya 50 servicios han adoptado el uso de indicadores
de gestión, otros 43 han adoptado compromisos de modernización, se ha
incorporado masivamente sistemas informatizados en todo el proceso tributario,
se está agilizando y simplificando los trámites de certificación y entrega de
pensiones. Estos son ejemplos de acciones que seguiremos ampliando a toda la
administración pública.
En el ámbito de la salud, paralelamente a la
actualización de nuestra infraestructura, queremos dar un énfasis especial a la
calidad de la atención a nuestra gente.
Por ello, a partir de 1996 se enfatizarán los esfuerzos
en programas de dignificación de la atención. En dicho marco, estamos
realizando un esfuerzo especial de reducción de las listas de espera por
atenciones quirúrgicas en los hospitales, con el propósito de que las personas
que requieran ser operadas para mantener su salud, lo puedan hacer no solo con
los más altos niveles de calidad, sino también en el momento y la oportunidad
adecuados.
En una primera etapa se reducirán la listas de espera de la Región Metropolitana ,
Viña del Mar y Quillota, resolviendo la situación de 11 mil pacientes y dando
prioridad a 20 patologías frecuentes -y de atención más inmediata: El programa,
que se inició en el mes de abril, resolvió, en sus primeras semanas de
funcionamiento, la situación de 882 pacientes, niños y adultos en proporción
similar. En una próxima etapa se extenderá al resto del país.
En la misma línea se inscribe la iniciativa de otorgar
horas de atención médica en los consultorios vía telefónica, con el fin de
evitar las colas de madrugada. Las largas esperas para encontrar un número,
para que no se confunda más la atención médica con la humillación de las
personas.
En esta misma dirección de dignidad debe entenderse el
proyecto de ley que he enviado al Congreso Nacional, que permite a las madres o
padres acompañar a sus hijos menores de 18 años que se encuentren en grave
estado de salud o en situaciones terminales, contando para ello con las licencias
laborales correspondientes.
En el campo de la vivienda, queremos ir más allá de la
asignación de viviendas sociales en lugares fijos y con un hábitat muchas veces
de malas condiciones. Queremos que las familias tengan más oportunidades de
elegir dónde vivir y como habitar y que su casa se convierta en un verdadero
capital, disponible para su futuro.
Para ello hemos flexibilizado de manera importante el
sistema de financiamiento de la vivienda y hemos creado el Programa de Vivienda
Básica de Libre Elección, orientado a generar un mercado secundario de vivienda
social que permite La compra-venta de viviendas de subsidio. En efecto, este
programa permite que cada familia seleccione la localización que más la
beneficia, empleando para ello a los agentes habitacionales, cuya función será
facilitar el proceso de cambio y otorgar amplia información a todos los
involucrados en el proceso.
De esta manera lograremos valorizar las viviendas
sociales, transformándolas en efectivas herramientas de promoción social. Así,
las familias chilenas -por modestas que sean- podrán elegir, sobre la base de
su esfuerzo y de su dignidad, su lugar de residencia; y capitalizar el fruto de
sus esfuerzos mediante la adjudicación de propiedades que podrán ingresar
competitivamente al mercado habitacional.
Del mismo modo, nuestra clase media está siendo
beneficiada por la ley del leasing habitacional, por la creación de
Administradoras de Fondos de Vivienda, y por el financiamiento de largo plazo
de accionistas institucionales, principalmente de las AFP.
Respecto de la microempresa, queremos avanzar
decisivamente en el apoyo al esfuerzo y las capacidades de quienes hoy buscan
insertarse activamente en el trabajo y en el mercado. En el presente año, hemos
iniciado la ejecución de un Plan de Desarrollo de la Microempresa , que
busca elevar la productividad, los ingresos y la competitividad del sector, así
como la dignificación del autoempleo. Este programa incorpora políticas de
formalización y seguridad social, de financiamiento y asistencia técnica, de
capacitación y acceso a mercados, y estimamos que llegará a apoyar a más de la
mitad de las microempresas al año 2000. Además, con el propósito de regular el
fomento y desarrollo del sector, someteré a la consideración del Congreso
Nacional un proyecto de ley relativo a la microempresa y el trabajo
independiente.
Los ejemplos que he dado señalan nuestra voluntad de
acoger las transformaciones en el rostro social de Chile e impulsar políticas
sociales acordes con esta nueva realidad. En esta solemne ocasión, quiero
presentar al país un gran esfuerzo en educación que marcará con un sello
distintivo la acción de mi Gobierno durante los próximos años.
La educación, factor clave de la igualdad de
oportunidades
El país está consciente, y mi Gobierno convencido, de que
la educación es la base para conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad
y una mayor movilidad social. Así se rompe el circuito negativo de la pobreza,
se desarrolla la productividad y competitividad de nuestra economía y se
estimula el desarrollo de una cultura democrática y solidaria, imbuida en los
valores de libertad y responsabilidad.
En este marco, en 1994 el Gobierno señaló la educación
como la primera prioridad de su programa económico-social y que era necesario
elevar el gasto nacional en educación desde 4.9 por ciento en 1993 a más del 7 por ciento
del Producto Interno Bruto, en un plazo no superior a ocho años. En este
contexto, hemos avanzado en las reformas sustantivas a nuestro sistema
educativo.
La reforma de la educación avanza
En efecto, después de veinticinco años hemos puesto en
marcha una profunda modificación de lo que se enseña en la educación básica, al
dictar el Decreto que contiene los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
para ese nivel educacional. Hemos mejorado la calidad y equidad de la
educación; hemos ampliado los programas iniciados en 1990 que están destinados
a apoyar las escuelas básicas con menores rendimientos; se han aumentado las
remuneraciones de los profesores en un 70 por ciento entre 1990 y 1996, y se
han hecho esfuerzos especiales para su perfeccionamiento.
Por otra parte, hemos entregado textos y nuevo material
didáctico, y se ha iniciado el equipamiento computacional y la dotación de
bibliotecas de aulas; hemos promovido y Financiado la realización de más de
tres mil proyectos de mejoramiento educativo y se ha ampliado los instrumentos
de apoyo y asistencia a los estudiantes de menores recursos.
Hemos incrementado la cobertura de la educación
preescolar, hemos aumentado el monto de la subvención escolar, hemos
perfeccionado el sistema financiero y pedagógico para evitar la repitencia
escolar de aquellos niños que presentan atraso en su desempeño, y hemos
mejorado sustancialmente el financiamiento y las formas de trabajo educativo en
los establecimientos rurales.
Por otra parte, se han establecido mecanismos que
perfeccionan y hacen más participativa la gestión de los establecimientos
educacionales municipales, como el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal ,
y que dan mayor autonomía a las escuelas a través de la delegación de las
facultades de los alcaldes en los directores de establecimientos.
Los aspectos positivos ya se han notado en algunos logros
del sistema escolar subvencionado, como lo ha mostrado la publicación de los
resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación , Simce.
En el ámbito de la educación superior, en los últimos
años se han incrementado las becas y créditos para los estudiantes, junto con
el impulso de nuevas iniciativas destinadas a elevar la capacidad
científico-tecnológica del país. Los recursos asignados a tales propósitos han
crecido en cerca del 30 por ciento en el último quinquenio.
Todo lo anterior ha sido posible gracias a un aumento
real de la inversión en educación de un 25 por ciento en los últimos dos años.
Hemos obtenido importantes logros, pero es mucho aún lo que nos falta. Porque
no sólo queremos avanzar en este camino, queremos dar un impulso medular a la
reforma en que estamos empeñados.
Un nuevo y decisivo impulso
Examinando los fuertes progresos que ha ido realizando el
país en el campo educativo, constatamos aún deficiencias importantes. Ha
llegado la hora de enfrentarlas con decisión y superar algunos importantes
límites de funcionamiento en las condiciones de tiempo de trabajo de los
alumnos, infraestructura y organización docente actuales.
Las medidas que expondré a continuación son un nuevo gran
paso para profundizar y acelerar la modernización educativa, con directo
impacto sobre el mejoramiento de la calidad, la equidad y la eficiencia del
sistema escolar. Están diseñadas para ser ejecutadas durante un período de seis
años, de aquí al año 2001, y consisten en: extender la jornada educativa; implementar
un programa especial de inversiones en infraestructura escolar; dar un fuerte
impulso a la formación y perfeccionamiento docente; e incentivar la excelencia
dentro del sistema subvencionado.
Permítanme explicar brevemente el contenido de estas medidas.
Extensión de la jornada escolar
Primero que todo, hemos decidido pasar de una jornada
escolar de medio día, a una jornada escolar de día completo.
Si queremos calidad en nuestra educación, necesitamos más
tiempo de nuestros alumnos en clases; más tiempo para que los profesores
trabajen en los aspectos pedagógicos y de reforma curricular; más tiempo para
actividades de apoyo al trabajo y recreación de las alumnos. Esta medida
favorece especialmente a todos aquellos niños y jóvenes que carecen de un espacio
pedagógico en sus hogares.
Esta extensión de la jornada beneficiará a 2 millones 300
mil niños de enseñanza básica y media, y demandará un enorme esfuerzo
financiero por parte del Estado. Involucra un aumento promedio de la subvención
escolar del 17 por ciento para los alumnos de la educación regular entre
tercero básico y cuarto medio, con un mayor gasto anual superior a los 200
millones de dólares.
Inversión en infraestructura escolar
El eje del nuevo esfuerzo en educación en lo que resta de
la década será lograr las condiciones de infraestructura y organizacionales que
permitan ofrecer una jornada completa, mañana y tarde, en todos los establecimientos
educacionales subvencionados del país.
Como es sabido, muchos de nuestros establecimientos funcionan
hoy con un régimen de dos jornadas. Necesitaremos, por lo tanto, ampliar la
dotación física de escuelas y liceos y construir nuevos establecimientos. En
este caso, la magnitud del esfuerzo financiero que deberá realizarse es sólo
comparable a la que el país hizo durante la década de los sesenta, hasta llegar
a más que duplicar el monto destinado a la inversión en infraestructura.
Formación y perfeccionamiento docente
Nos proponemos dar un impulso especial a la formación y
el perfeccionamiento de nuestros docentes. A este efecto vamos a desarrollar
tres iniciativas concretas durante los próximos años.
La primera consiste en apoyar a las facultades de
educación, de modo que puedan renovar y mejorar la formación de maestros, e
incentivar el ingreso de alumnos talentosos a las carreras de pedagogía. Para
acceder a los recursos que el Estado destinará a este fin, las facultades
interesadas deberán diagnosticar su actual eficacia formativa, presentar
programas con metas claras y sujetarlos a evaluación externa, tanto en cuanto
al cumplimiento de las metas convenidas como a los alumnos que participen en
ellos.
La segunda iniciativa consiste en reforzar el
perfeccionamiento de los docentes que trabajan en establecimientos
subvencionados dentro de las disciplinas básicas. En esta iniciativa podrán
participar las universidades del país de mayor calidad en cada una de esas
disciplinas, lo cual permitirá desarrollar un nuevo tipo de relaciones entre
dichas casas de estudio y las escuelas y liceos subvencionados del país. El
programa beneficiará a 25 mil profesores y será complementado con un sistema de
becas para profesores, que les permitirá realizar perfeccionamientos en el
extranjero.
La tercera iniciativa crea los premios nacionales de
excelencia docente, que beneficiarán a los profesores más destacados del país,
por subciclos, asignaturas, regiones y grupos de edad. Estos premios, además de
su importante función de reconocimiento social a los mejores maestros,
importarán un significativo estímulo monetario.
Sólo estas iniciativas significarán en el próximo trienio
una inversión de 45 millones de dólares en la profesionalización de nuestros
docentes.
Un polo dinámico de excelencia en el sistema
subvencionada
En otro ámbito, queremos crear un polo dinámico dentro
del sistema subvencionado, consolidando para ello, a través de diversas medidas
concretas y en un plazo no superior a 6 años, una red de 40 liceos de primer
nivel que acojan a los alumnos más destacados del sistema básico subvencionado.
¡Queremos premiar la excelencia y recuperar la honrosa tradición de liceos de
alta calidad, que fue un orgullo de la educación chilena!
El Estado aportará a este programa recursos para
asistencia técnica, reforzamiento material, equipamiento y perfeccionamiento
docente, además del incremento permanente de la subvención por concepto de la
extensión de la jornada. Estos recursos podrán beneficiar a liceos municipales
o privados subvencionados, a los cuales se les demandará altos niveles de
exigencia académica.
El Estado invertirá en este programa un monto estimado, a
esta fecha, en 3 mil millones de pesos anuales durante cinco años, lo que
permitirá incorporar a este esquema un total de 40 liceos con mil alumnos cada
uno a lo largo de todo el país.
Una reforma histórica requiere de un esfuerzo nacional
Las medidas que hoy anuncio representan uno de esos
tránsitos decisivos para nuestro sistema escolar, como fue la aprobación de la
ley de enseñanza primaria gratuita hace más de 100 años; o la obligatoriedad de
la educación en 1920; o aquel período entre 1950 y 1964 en que se crearon 820
mil nuevas matrículas; o el tiempo entre 1964 y 1970, durante el cual se
extendió la enseñanza a 1 millón 300 mil nuevos niños y jóvenes, se dio un
fuerte impulso a la formación de docentes y se invirtieron cuantiosos recursos
en nuevos establecimientos.
Este esfuerzo no puede ser sólo la tarea del Gobierno.
Tengo la confianza en que nuestros profesores encontrarán un nuevo estímulo
para su trabajo, enfrentarán una mayor demanda de horas docentes y se abrirá un
camino real de fortalecimiento y dignificación de su papel en nuestra sociedad.
Les pido a los estudiantes que asuman con entusiasmo y responsabilidad estas
nuevas oportunidades. Llamo a los padres y madres a comprometerse activamente
en el proceso educativo de sus hijos y a que sean exigentes para que el
proyecto educativo que ofrece el colegio se haga realidad.
A los sostenedores privados y municipales, los llamo a
comprometerse con esta reforma y a usar con la mayor eficacia los recursos que
se ponen a su disposición. A los empresarios, les pido su colaboración,
especialmente en el ámbito técnico y profesional, donde se requiere de una
estrecha relación entre la formación teórica y el trabajo práctico. A las
universidades y sus académicos, les pido no sólo que colaboren con una
formación de calidad para los profesores. Con sus investigaciones y
conocimientos, pueden contribuir a crear un sistema integral y permanente de
formación de los recursos humanos que el país necesita en todos los niveles de
la educación superior y del desarrollo científico y tecnológico.
Este verdadero salto de nuestro sistema escolar requiere
de un enorme esfuerzo Financiero, que estimamos en 1.400 millones de dólares en
el próximo quinquenio.
Esta realidad plantea fuertes exigencias tanto al Estado
como a todos los chilenos. Dado que estas materias son de primera prioridad, mi
Gobierno se compromete a aplicar una estricta economía de recursos en las otras
áreas de la
Administración.
Con el propósito de sumar esfuerzos, mi Gobierno hará una
propuesta responsable y acotada sobre franquicias tributarias que incentiven la
destinación de recursos privados a la tarea educativa, especialmente en los
sectores más vulnerables.
Todos los chilenos debemos cooperar con este esfuerzo. No
propongo aumentar la carga tributaria, pero sí quiero pedir un esfuerzo de
ahorro nacional que respalde la educación de nuestros hijos. Con este fin, en
su debida oportunidad, propondré al Congreso Nacional que se mantenga el IVA en
su actual tasa. Este no es el momento para estimular el consumo; es la hora de
invertir para nuestro futuro y abrir oportunidades para nuestros hijos.
Compatriotas: Sólo los pueblos con una sólida base
educacional pueden aspirar seriamente al desarrollo. Sólo las naciones que
ofrecen a sus hijos una educación de calidad y equitativa, podrán estar a la
altura de las exigencias de un mundo moderno. Sólo los países que invierten más
en enseñar y aprender, y que ponen al día sus estructuras educacionales,
estarán en condiciones de dar oportunidades a sus jóvenes, de fortalecer la
equidad y enriquecer su democracia.
Nosotros queremos, y hoy podernos, estar entre esas
naciones. La Patria
nos convoca en esta hora a cumplir con el deber más alto: el de educar a
nuestros hijos y abrirles las puertas del futuro. Estoy seguro de que sabremos
responder.
Oportunidades sin discriminación
En los últimos años han surgido con fuerza amplios
sectores de nuestro país que buscan ser reconocidos en toda su dignidad y
capacidad de participación en nuestra sociedad.
Reforzando la decidida incorporación de la mujer a
nuestra sociedad
La igualdad de oportunidades no es solamente
económico-social, se extiende también a los hombres y mujeres. Así, hemos
enviado al Congreso un proyecto de reforma constitucional de alto valor
simbólico, que establece expresamente la igualdad jurídica entre mujeres y
hombres. Continuamos aplicando decididamente el Plan de Igualdad de
Oportunidades, y muchas de las medidas contempladas en él han sido incorporadas
en los programas de los ministerios del área social.
Hemos patrocinado diversos proyectos para mejorar la
condición de la mujer y de los hijos. Respecto del patrimonio familiar, ya
contamos con una nueva ley que respeta e incorpora más plenamente el aporte de las
mujeres. Estamos impulsando un proyecto de ley que suprime las diferencias
entre los hijos legítimos y los ilegítimos, superando algunas discriminaciones
que afectan a estos últimos. Hemos propuesto también una mejor y más ágil
reglamentación para la adopción. Está en trámite en el Congreso la aprobación
de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer. Otro proyecto en discusión es el que
sanciona el acoso sexual en el trabajo y regula los derechos de las víctimas.
El debate relacionado con la cumbre de Beijing puso en la
conciencia nacional el tema de la participación de la mujer en nuestra
sociedad. Pese a arraigados temores y resistencias de algunos sectores, veo con
orgullo y satisfacción que, en nuestra sociedad, la presencia de la mujer se
hace cada vez más patente en el trabajo, en los medios de comunicación, en la
acción social, en los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad
civil, en las diversas instituciones del Estado. Cada día se escucha con más
fuerza su voz, una voz necesaria para el desarrollo integral de nuestro país.
Mejorando la calidad de vida de nuestros adultos mayores
Hemos logrado que la opinión pública nacional considere
el tema del adulto mayor como relevante para nuestra convivencia y hemos
aplicado consistentemente una política acorde con esta realidad.
El año pasado propuse al país un gesto solidario para ir
directamente en ayuda de los pensionados. Luego de intensos debates en el Senado,
se impuso finalmente la vocación solidaria de los chilenos, dando paso al
aumento de dos impuestos específicos para destinar esos fondos al reajuste
extraordinario de las pensiones inferiores a cien mil pesos mensuales.
Adicionalmente, tal como lo anuncié el año pasado, mi Gobierno ha comenzado a
entregar un bono de invierno a 590 mil pensionados que reciben pensiones
mínimas o asistenciales, como una manera de ayudar a solventar los mayores
gastos que surgen en esta época del año; y hemos otorgado también un reajuste
especial adicional a todas las pensiones mínimas que reciben los mayores de
setenta años.
He dispuesto que en nuestras políticas sociales haya
siempre una atención especial a nuestros mayores. Algunos ejemplos de esta
voluntad son que el presupuesto para mejorar la atención del adulto mayor en
los hospitales públicos se aumentará en 3.400 millones de pesos; y que en este
año vamos a construir los primeros diez conjuntos habitacionales de Casas de
Acogida para la tercera edad, con el propósito de dotar a nuestras ancianas y
ancianos de escasos recursos de un habitar digno y seguro.
Estos son ejemplos de una política integral destinada a
lograr un cambio cultural que signifique un mejor trato, mejor calidad de vida,
y una digna valoración de los adultos mayores de nuestra sociedad.
Promoviendo mayores oportunidades a lo largo del
territorio
Numero compromiso con la equidad seria incompleto si no
promoviéramos un mayor equilibrio en la igualdad de oportunidades a lo largo de
nuestro territorio. Una de las grandes transformaciones en marcha ha sido
revertir el poderoso centralismo que caracterizaba a nuestro país.
Años atrás, la diferencia de oportunidades entre Santiago
y el resto de las regiones era abrumadora. En muchas partes, salir a no muchos
kilómetros de la carretera principal era encontrarse con lugares empobrecidos y
sin expectativas de progreso. Hoy, en lo sustancial, esa realidad está
cambiando. Nuestro creciente dinamismo exportador ha dado nueva vida a regiones
y localidades que languidecían. Enormes proyectos públicos y privados se
despliegan a lo largo del país, generando nuevos empleos, vitalizando diversas
localidades. En 1989, la Región Metropolitana concentraba el 57 por ciento
de la inversión extranjera; hoy son las regiones a lo largo del país las que reciben
el 80 por ciento de esta inversión. Y eso se nota. Debemos destacar que el 20
por ciento de las inversiones mineras del mundo se realiza en Chile, con un
impacto notable en el desarrollo de la Primera , Segunda, Tercera y Undécima Regiones.
Estamos en un país con mayores equilibrios y un genuino
mejoramiento de oportunidades en toda nuestra geografía. Debemos asegurar esta
importante transformación en los próximos años.
Fortaleciendo la gestión regional
Consistente con la meta de que, a fines de mi Gobierno,
el 42 por ciento de la inversión destinada a regiones sea de decisión regional
-meta en la cual ya hemos avanzado-, y considerando las grandes inversiones
públicas y privadas en regiones, nuestro principal objetivo del próximo tiempo
será el incremento de la capacidad técnica y de gestión de los gobiernos
regionales y locales.
En esta materia, ya se puso en marcha la Ley de Plantas de Funcionarios
del Gobierno Regional, y están aprobadas las leyes de Rentas Municipales y del
Fondo Común Municipal. Junto con iniciarse un programa de fortalecimiento de la
gestión de los gobiernos regionales, este año ya se han modificado varias
instrucciones contenidas en la Ley
de Presupuestos, dando mayor fluidez al funcionamiento del FNDR. A partir de
fines de abril se están realizando balances trimestrales públicos de este
Fondo, y hemos decidido poner en marcha un programa de evaluación permanente
del FNDR, incorporando indicadores de desempeño que se considerarán en la
asignación de nuevos recursos a las regiones. Queremos solucionar problemas en
la ejecución de los presupuestos regionales que se arrastran por décadas y
mejorar claramente los niveles de preinversión, en especial en las etapas de
preparación y evaluación de proyectos, fundamentales para la continuidad anual
y la elevación de la calidad de la inversión pública regional.
La ley municipal
Confiamos en que prontamente sea aprobado el proyecto de
reforma municipal, a fin de que entre en vigencia antes de que asuman las
nuevas autoridades edilicias. Este proyecto ofrece las herramientas para
resolver buena parte de los problemas de gestión que se han presentado en los
últimos años, por cuanto robustece la autonomía de los municipios, aumenta la
capacidad de decisión en materia de inversiones de desarrollo local,
flexibiliza la organización municipal y robustece el papel del alcalde como el
principal conductor de la gestión edilicia, fortaleciendo a la vez las
atribuciones normativas y fiscalizadoras del Concejo.
Con este conjunto de esfuerzos esperarnos que los niveles
regionales y locales puedan potenciar las oportunidades que tienen en sus manos
y contribuir a que los chilenos puedan progresar independientemente del lugar
donde vivan.
UNA ETICA QUE SUSTENTE NUESTRA OPORTUNIDAD
Siempre he afirmado que la realización de nuestra
oportunidad histórica se juega también en el plano de las actitudes y en el
comportamiento de los grupos y personas que integran nuestra comunidad. Esta
convicción crece en mi interior al trazar el conjunto de transformaciones y avances
que experimenta nuestra Patria. Cuando camino a lo largo de Chile y veo el
esfuerzo de nuestra gente por progresar, cuando escucho sus inquietudes y
problemas, una idea viene a mi mente una y otra vez: tenemos grandes
responsabilidades, que recaen especialmente en los líderes y dirigentes de
nuestra Patria.
Hoy nuestra gente tiene más elementos para formarse una
opinión acerca de la marcha del país y a la vez está más consciente de los
esfuerzos que realiza para progresar. Con razón, entonces, nuestros ciudadanos
quieren que sus dirigentes, de los más variados ámbitos, sean verdaderos
servidores públicos; y no que su acceso a un cargo se deba simplemente a una
búsqueda frenética de fama, de recompensas monetarias, o al simple afán de
ostentar poder. El requerimiento es muy simple: que se sirva a la gente y a sus
preocupaciones.
Como Presidente me doy cuenta de lo que hemos logrado
como Nación, de los formidables avances, y también de la magnitud de los
desafíos pendientes. La voz de la prudencia nos aconseja cuidar nuestros
progresos y hacerlos fructificar en todas sus dimensiones.
Nos hemos alzado sobre los hombros de generaciones
enteras. Muchos chilenos desconocidos han preparado esta etapa con trabajo y
esperanza. Cada fuerza política ha aportado a esta tarea común y conoce de
dolores y tragedias. Muchos de nuestros mejores líderes fueron consumidos en
luchas y conflictos. La democracia se recuperó a través de numerosos gestos y
actos de miles de chilenos que durante años mantuvieron viva la esperanza
democrática. Nada de lo logrado ha sido un regalo fácil, todo ha sido
conquistado paso a paso. Debemos ser entonces responsables de lo construido
laboriosamente por años.
Basta mirar otras regiones del mundo para darse cuenta de
que la paz no está asegurada de una vez y para siempre; tampoco la convivencia
pacífica, la limpieza de las ciudades, el caminar tranquilo por las calles, el
avance científico-tecnológico, el producir de las fábricas y de los campos, el
equilibrio de los ecosistemas, el cuidado de los niños. Nada de esto se
mantiene solo y espontáneamente, ni por la mano invisible del mercado ni por
los equilibrios políticos presentes. Se mantiene y se sustenta por una renovada
voluntad diaria de perseverar en las actitudes correctas que exigen las tareas
del momento.
Nuestro país debe avanzar en la construcción de una
verdadera ética de comportamientos públicos. Escasamente colaboran a esta tarea
los que levantan gratuitamente el fantasma de la sospecha sobre personas o
instituciones, y que al final sólo muestran una personal fascinación por el
escándalo. Tampoco lo hacen quienes cultivan miedos y temores en nuestra gente,
creyendo que realizan una tarea de enorme contribución espiritual. Una sociedad
que levanta murallas para detener los fantasmas que ella misma inventa, gasta
en vano sus mejores energías, especialmente la de sus jóvenes.
En verdad, una sociedad libre no vive bajo la censura y
la represión, no teme al juicio maduro de quienes la integran. Pero, como
contrapartida, quienes hablan deben hacerse cargo de su voz. Son responsables
de las consecuencias de sus palabras, tal como lo son de las consecuencias de
sus actos. Es ya el tiempo de que avancemos a una convivencia más libre, que se
basa en asumir la propia responsabilidad y en crear mayores confianzas.
La nueva etapa que vivimos requiere desarrollar mayor
credibilidad en las diferentes actividades de la vida nacional. Toda empresa de
largo plazo lo requiere. Hay que dejar atrás la tentación de la ganancia fácil
y del éxito de corto plazo. Una política de calidad y una economía con
pretensiones mayores se alimenta de múltiples intercambios cotidianos, que
descansan en la presunción de la buena fe, que es posible creer en la palabra
empeñada por otros. Sin ese espíritu, nuestra convivencia cargará con el
inevitable peso de las sospechas y de los controles sin fin.
En el pasado reciente fuimos capaces de pacificar
nuestros espíritus y de deponer rencores profundos. La gran tarea del presente
es ser responsables de lo que hemos logrado y avanzar hacia una ética de
comportamientos públicos que nos permita una convivencia más libre y
transparente.
Conciudadanos del Senado y la Cámara de Diputados:
Luego de un poco más de dos años de Gobierno, puedo
afirmar responsablemente que Chile avanza con paso decidido en la
materialización de su gran oportunidad histórica.
La expansión de nuestras bases económicas, la calidad de
nuestra inserción internacional, las modernizaciones de escala mayar en marcha,
los avances en la superación de la pobreza, nos permiten afirmar que Chile se
encamina irreversiblemente a una nueva etapa de su desarrollo.
Este fruto pertenece a nuestros ciudadanos y dirigentes,
que desde los más variados rincones de nuestra Patria han colaborado con su
constancia, su trabajo y su generosidad.
Nuestra legítima satisfacción no puede confundirse con la
complacencia. Nadie puede colocarse al margen de esta gran corriente de futuro
que atraviesa nuestra Patria. No estarnos atrapados por el conflicto político
ni por el desorden económico. Por el contrario, somos un Chile que se ilumina
con una esperanza cierta.
En una etapa como ésta, nadie puede sumergirse en la
apatía o en la indiferencia. Nuestra Nación requiere reagrupar sus energías más
profundas y prepararse para una nueva jornada de realizaciones.
Necesitamos más disciplina para obtener los frutos de
nuestra laboriosa siembra.
Necesitamos más coraje para profundizar los cambios que
exigen la democracia y la justicia.
Necesitamos más creatividad, que abra cauces nuevos a la
acción solidaria, a la búsqueda de la calidad, al espíritu de cooperación y
entendimiento.
Compatriotas: Si me atrevo a pedir más, es porque estoy
dispuesto, con humildad, a dar también más de mí mismo.
Con plena conciencia de mi deber histórico, me comprometo
a ser el primero en trabajar infatigablemente por esta Patria, que desde su
alma presiente que el tiempo de su dignidad ha llegado.
EDUARDO ALFREDO JUAN BERNARDO FREI RUIZ-TAGLE
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