MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE
Eduardo A. J. B. Frei
Ruiz-Tagle
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1995
Señor Presidente del Senado, don Gabriel Valdés; señor
Presidente de la Cámara
de Diputados, don Jaime Estévez; señor Presidente subrogante de la Excelentísima Corte
Suprema, señor Servando Jordán López; señores Ministros de Estado, señores
Embajadores; autoridades civiles, militares y eclesiásticas, conciudadanos de la Cámara de Diputados y del
Senado, chilenas y chilenos:
Vengo a esta solemne sesión del Congreso Pleno cumpliendo
con nuestras leyes y siguiendo las tradiciones de Chile.
En mi primer Mensaje recordé a quienes habían forjado
nuestra historia desde el Congreso en el siglo pasado y evoqué la presencia de
quienes me habían precedido en esta tribuna como Presidente de la República.
Este año quiero recordar a parlamentarios ilustres, que
en las últimas décadas prestigiaron a sus partidos, defendieron con altura sus
ideas y dignificaron la política. Fueron verdaderos servidores públicos y
contribuyeron a que nuestra Nación fuese un ejemplo de madurez y tolerancia.
Quisiera encarnar esa grandeza de la política
parlamentaria y partidista en las figuras de Pedro Enrique Alfonso, Juan
Antonio Coloma, Eugenio González y Bernardo Leighton. Ellos casi no figuran en
los textos de historia del país. Sus nombres rara vez están en plazas y calles.
Pero su inmensa tarea política está consignada en imborrables actas y persiste
en la memoria de quienes los siguieron.
En este particular Mensaje, acojo también la necesaria
actualización de estilos que nos impone el tiempo presente.
Mi cuenta gubernamental y administrativa será una
síntesis ordenada de la acción del Gobierno. Formularé además algunas preguntas
e invitaciones que considero fundamentales para nuestra convivencia nacional.
Desde el principio de mi Gobierno, he reiterado que Chile
tiene una nueva oportunidad en su desarrollo. La he llamado así para señalar un
conjunto de factores internacionales, económicos y políticos que posibilitan un
nuevo avance.
En verdad, hemos sido capaces de llevar a cabo una
transición ejemplar, sobre la base de un espíritu de acuerdo y respeto al
adversario. Hemos logrado mantener un ritmo alto y sostenido de crecimiento, en
el marco de una economía sana y de la búsqueda de una creciente equidad. Las
industrias, las empresas, el comercio, desarrollan normalmente sus actividades,
en un clima de disciplina laboral y paz social. Las Fuerzas Armadas y de Orden
desarrollan sus actividades con alto profesionalismo y en un marco de respeto a
la Constitución.
Nuestro país es respetado y querido en la comunidad
internacional, prestigio que avala nuestra vigorosa participación en los
mercados de todas las regiones del mundo.
La oportunidad que se nos ofrece tiene sus más sólidos
cimientos en el esfuerzo del pueblo de Chile. Muchos dirigentes y autoridades
del pasado contribuyeron a abrir esta senda. Hoy estamos cada vez más cercanos
a reconocer los aportes de todos y podemos entender que alcanzar un determinado
estadio de desarrollo supone siempre etapas previas de trabajos y sacrificios.
Asumir esta oportunidad implica también jerarquizar temas
y desafíos, y agrupar la energía de la Nación tras el orden del día de esta agenda. Como
es natural, todos viven sus problemas como únicos y de máxima urgencia. Quienes
no enfrentan problemas inmediatos piden crecer más apresuradamente, sin mayor
preocupación por la retaguardia social, donde miles de nuestros compatriotas
todavía viven en la miseria.
Mi papel como Presidente de la República es conducir a la Nación hacia el logro de
las metas propuestas. Esta responsabilidad me impone a veces ser enérgico para
mantener en su cauce demandas y reivindicaciones, muchas veces legítimas.
Ningún Gobierno puede hacer todo a la vez: hay prioridades y encadenamientos de
prioridades.
Como Presidente, debo cuidar esta oportunidad. Es una
responsabilidad con la Nación
toda, pero muy especialmente con los más pobres. Ellos han visto muchas veces
defraudadas sus esperanzas y personalmente debo velar para que ésta sea su
verdadera oportunidad, sin populismos ni falsas promesas.
Quiero plantear esta cuenta como un ejercicio histórico
de reflexión colectiva. Como tal, debe ser franca y realista.
I.
CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO A LA OPORTUNIDAD HISTORICA
En mi Mensaje del año pasado, establecí para el sexenio
las prioridades y condiciones necesarias para concretar la gran oportunidad que
tiene Chile. Hemos cumplido cabalmente la agenda de trabajo que allí me
comprometí a realizar. El país avanza y las regiones progresan día a día. Lo
demostraré con hechos, cifras y ejemplos concretos.
Esta vez, no daré la tradicional cuenta ministerio por
ministerio. Señalaré el alcance y las concreciones de las políticas de mi
Gobierno en cinco áreas clave: crecimiento y estabilidad económica; inserción
internacional; modernización de los servicios públicos; políticas sociales
focalizadas; lucha contra la delincuencia, el terrorismo y la droga.
1.
Asegurando el crecimiento y la estabilidad económica
Quiero comenzar señalando como el Gobierno ha asegurado
el crecimiento y la estabilidad económica. El crecimiento, en términos muy
concretos, es un indicador de la capacidad del país para generar más trabajo,
mejores salarios y mayor riqueza. Por eso es que el Gobierno está empeñado en
que la economía crezca, porque ello tiene directas consecuencias en la calidad
de vida de la gente. Así, podemos proyectar la creación anual de más de cien
mil empleos en los próximos años, lo cual favorecerá especialmente a los
jóvenes y a las mujeres. La estabilidad económica y los altos niveles de
inversión alcanzados nos permiten proyectar una productividad creciente, que
permitirá mejorar la calidad de los empleos, las condiciones de trabajo y las
remuneraciones.
El país en los últimos años ha crecido a un promedio de
un 6 por ciento anual. En 1994, aún en el contexto de un ajuste de la economía,
el país creció un 4,2 por ciento, y proyectamos para el presente año un
crecimiento del 6 por ciento. Es verdad que podríamos fijar metas más altas
para nuestro crecimiento. Pero ello significaría poner en riesgo otro valor que
hemos conquistado con mucho sacrificio: el de la estabilidad. Por pretender
marcar un récord, podríamos amenazar un proyecto de desarrollo que es tan
necesario para la gente de este país. Al mismo tiempo, hemos optado por
distribuir e invertir según la misma medida de ese crecimiento. Sabemos que hay
muchas demandas justas que están pendientes. Pero, ¿qué pasa cuando un
Gobierno, por afanes populistas, distribuye sin crecimiento? Produce un efecto
de bienestar en el corto plazo, pero precipita la llegada de males mucho peores
en el mediano plazo, como la inflación y la recesión. Sólo un crecimiento
estable nos abre reales oportunidades. Es por eso que hemos sido y seguiremos
siendo tenaces e inflexibles en la mantención de los equilibrios económicos.
Analicemos brevemente algunas de las principales
variables económicas del año pasado. En primer lugar, el nivel de inflación
logrado en 1994, un 8,9 por ciento, es el más bajo de las últimas tres décadas.
Las cifras de este año confirman que la tendencia inflacionaria sigue
descendiendo sistemáticamente.
Este logro, con todo lo positivo que tiene para el país,
no es suficiente. Nuestro objetivo es continuar reduciendo la inflación hasta
llegar a niveles comparables a los de los países más desarrollados. ¿Por qué
este empecinamiento? Porque es un deber de justicia. La inflación es un
impuesto tremendamente regresivo, que castiga especialmente a quienes dependen
de un sueldo o salario. Cuando bajamos la inflación, estamos haciendo política
social, al beneficiar directamente a los sectores que tienen menores ingresos.
Por ejemplo, para un trabajador que recibe un sueldo de 100 mil pesos al mes,
reajustable sólo una vez al año, la reducción de la inflación lograda entre
marzo de 1994 y marzo de 1995 es equivalente a haber recibido un bono de 33.000
pesos al principio de ese período.
Si revisamos el nivel de ahorro interno, éste fue en 1994
de un 25,4 por ciento del Producto Interno Bruto, y tal vez el más alto de la
historia de Chile. Esto es semejante a que cada hogar de Chile tuviera la
capacidad de destinar la cuarta parte de sus ingresos al ahorro, con las
naturales consecuencias de tranquilidad y seguridad respecto del futuro para
esa familia. Lo mismo vale para el conjunto del país. Ese elevado nivel de
ahorro interno garantiza que nuestro crecimiento se verifica sobre bases
sólidas y nos da más seguridad para enfrentar los naturales vaivenes de la
economía nacional e internacional.
El ahorro interno también hace posible la inversión en
proyectos largamente anhelados. La inversión en 1994 llegó a un 26,8 por ciento
del Producto Interno Bruto, dos tercios de la cual corresponden a inversión
nacional y un tercio a inversión extranjera, siendo la minería uno de los
sectores más dinámicos. Para dar una idea del impacto que causa en el país el
aumento de la inversión, digamos que un solo punto del Producto Interno Bruto
equivale a aproximadamente 500 millones de dólares. Con esta cantidad se puede
pavimentar 833
kilómetros de carretera de doble calzada, es decir,
desde Santiago hasta Valdivia; o edificar 70 mil viviendas básicas; o construir
250 consultorios de atención primaria; o veinte túneles como el que se
inaugurará pronto en la cuesta de El Melón.
Esto nos muestra que estamos en condiciones de financiar,
con gran cantidad de recursos propios, los proyectos, las nuevas fábricas y la
infraestructura del futuro. Y, a mayor actividad económica, mayor bienestar
para la población y mayores recursos para el Fisco, para invertir más en mejor
educación, en vivienda, en salud, en programas sociales. Es este horizonte de
estabilidad, alto ahorro y mayor inversión lo que hace viable y creíble nuestra
aspiración de terminar con la extrema pobreza en el país.
2.
Profundizando nuestra inserción internacional
En el plano internacional, ¿por qué hemos obtenido
destacados logros? Simplemente, porque se valora la dirección correcta de
nuestros esfuerzos: porque avanzamos hacia una mejor democracia con pleno
respeto a los derechos humanos; porque nuestra economía busca hacerse más
competitiva; y porque nuestros estándares de calidad en diversas áreas se van
acercando a los de una nación propiamente desarrollada. Esencialmente, se
valora este norte y nuestros esfuerzos por alcanzarlo. Esta es la conclusión a
que he llegado luego de los múltiples encuentros que he sostenido con Jefes de
Estado y de Gobierno, con empresarios y con dirigentes sindicales de Europa,
América del Norte y del Sur, Asia y Oceanía. Esta es la razón por la cual se
abren múltiples puertas a esta comunidad que está en el sur del mundo y cuya
economía es comparativamente pequeña.
Nuestra mayor estatura internacional nos demanda un nivel
de participación cualitativamente distinto. Estamos activamente insertos en las
grandes corrientes internacionales, colaborando en la medida de nuestras
fuerzas a la construcción de la agenda mundial de fin de milenio. Nuestro
esfuerzo en la Cumbre
Social , nuestra incorporación a Tlatelolco y al Tratado de No
Proliferación Nuclear, nuestra participación como garantes en la solución del
conflicto entre Perú y Ecuador, nuestros esfuerzos por cumplir plenamente con
los acuerdos de la Cumbre
de Río en materia de medio ambiente, nuestra disposición a participar en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son muestras de la conducta propia de
un país responsable que está dispuesto a cooperar en la solución de problemas
regionales y globales.
Nuestra activa participación internacional nos ha llevado
a tomar más conciencia de nuestros lazos con América Latina. Ciertamente,
nuestra presencia política y económica en el área se ha incrementado.
Participamos activamente en todos los foros de la Región y nuestras
relaciones bilaterales son cada vez mejores. Hemos solucionado gran parte de
los problemas pendientes con nuestros vecinos. Sin embargo, lamentamos que el
fallo de Laguna del Desierto haya sido adverso a los intereses de Chile y
esperamos que los legítimos recursos que hemos presentado obtengan resultados
positivos.
Nuestra política exterior ha respaldado plenamente
nuestra economía, caracterizada por un fuerte impulso exportador. Entre 1986 y
1994, las exportaciones se han más que duplicado y hoy representan más de un 37
por ciento de la producción nacional. Podríamos decir que uno de cada tres
chilenos vive, trabaja y percibe sus remuneraciones sobre la base de lo que hoy
día exportamos al mundo. Ello nos obliga a una participación muy activa en
todos los mercados globales y a promover un regionalismo abierto que estimule
el libre comercio internacional.
Esta exigencia del presente, combinada con el equilibrio
que ha caracterizado nuestra inserción internacional, nos ha llevado a impulsar
negociaciones en las más diversas regiones: Apec, Mercosur, Nafta, Unión
Europea. En ellas seguiremos el sano criterio de que cada una progrese a su
propio ritmo, sin imponerles un avance uniforme.
La suscripción de acuerdos de libre comercio nos asegura
la entrada a mercados que tienden a constituirse en verdaderos bloques
comerciales. Al mismo tiempo, nos plantea rigurosas exigencias que fortalecerán
nuestra competitividad como nación. Estoy seguro de que asumiremos este
desafío, el cual dará nuevos estímulos a nuestro desarrollo.
3.
Dando pasos concretos en la modernización del país
La oportunidad que está ante nosotros exige la
modernización de sectores claves de la actividad nacional, tanto en el ámbito
público como en el privado.
Modernizar el Estado no es privatizar todas sus empresas
o reducir el tamaño de la Administración Pública. Es, fundamentalmente,
colocar el Estado al servicio de la gente. Modernizar el Estado significa
prestar más y mejores servicios a todos los chilenos, asegurando la igualdad de
oportunidades. Así, mi Gobierno ha dado pasos significativos en la puesta al
día de los servicios públicos, consciente de que los sectores más modestos son
los principales beneficiados por este proceso.
Educación
El primer sector que Chile está actualizando para
responder adecuadamente a las necesidades de la gente es la educación. En el
mundo contemporáneo, en el cual el conocimiento adquiere un lugar cada vez más
importante para tener acceso a oportunidades de trabajo dignas, la educación es
una herramienta fundamental para el progreso. Sin embargo, durante muchos años
la inversión del Estado en educación fue casi nula. Ello se tradujo en un
progresivo deterioro de la calidad de la educación, y, como consecuencia,
creció la inequidad del sistema educacional. Porque, ¿cuánto gasta mensualmente
una familia de clase media acomodada en la educación de cada uno de sus hijos?
Setenta mil pesos, en promedio. ¿Y cuánto gasta mensualmente el Estado en cada
alumno del sistema público? Once mil pesos. Esa es la brecha que debemos
disminuir, si queremos que realmente la educación ofrezca igualdad de
oportunidades a todos los jóvenes de Chile.
En 1994 anunciamos el compromiso de elevar el gasto en
Educación del 4 por ciento actual al 7 por ciento del Producto Internacional
Bruto en los próximos años. Como es fácil percibir, este aumento implica un
enorme esfuerzo, que debe ser asumido por el Estado -que para este año aumentó
en un 10,4 por ciento real el presupuesto de Educación-, por el sector privado
y por las mismas familias de los estudiantes.
Pero el problema de la educación no es sólo de recursos,
sino también de calidad de la enseñanza. Y es en este aspecto donde se centra
una parte sustantiva del esfuerzo del Gobierno por mejorar la educación.
En la educación básica, los programas actualmente en
ejecución contemplan la dotación de libros de texto al conjunto de la matrícula
subvencionada de primero a octavo año, lo que significa distribuir anualmente
seis millones de textos, triplicando la inversión de mediados de los años
ochenta en este rubro; y dotar de bibliotecas de aula y material didáctico a la
matrícula subvencionada de primero a cuarto básico.
En el marco de lograr una mayor equidad del sistema
escolar, hemos introducido programas específicos para el mejoramiento de la
calidad de las escuelas rurales, atendidas por uno, dos o tres docentes, los
cuales cubren el 62 por ciento de ese universo.
En este ámbito, quiero destacar especialmente la Red Informática
Escolar, establecida en escuelas básicas de las Regiones Metropolitana y
Novena, que en el curso de este año se ampliará tanto a otras regiones como al
nivel de la enseñanza media, con más de dos mil computadores que serán
incorporados al sistema educacional. El objetivo final es dotar, de aquí a 1999,
de laboratorios de informática a los 1.300 liceos subvencionados del país, con
un número variable entre 9 y 15 computadores, de acuerdo a la matrícula.
En la educación media, se considera una inversión de 206
millones de dólares entre 1995 y el año 2000. Ya pusimos en marcha en 1994 un
programa de mejoramiento en 124 liceos que atienden a población de bajos
recursos y que presentan un nivel deficiente de rendimiento. Este año
agregaremos a este programa 201 liceos, y nuestro objetivo es cubrir gradualmente
todos los establecimientos subvencionados, de aquí al año 2000.
El programa global de reforma de la enseñanza media se
orienta hacia tres ámbitos de acción. El primero, la actualización de sus
contenidos mínimos y de sus objetivos fundamentales, es un proceso en marcha
que complementará lo alcanzado ya en la educación básica. A partir de estos
contenidos mínimos y objetivos fundamentales, cada escuela o liceo que lo
considere necesario podrá elaborar sus propios planes y programas, en lo que
constituye un importante e innovador paso hacia la descentralización y
autonomía de los establecimientos.
En segundo lugar, se contempla un programa de
mejoramiento con inversiones en cinco áreas claves: infraestructura de
edificios, textos, bibliotecas, material didáctico e informática educativa.
Esto implica una inversión de 140 millones de dólares, es decir, un 68 por
ciento del programa.
El tercer aspecto es la gestión de la unidad educativa.
El programa incentiva y estimula a los establecimientos a organizarse para
generar proyectos y ejecutarlos eficientemente, a través del financiamiento
concursable de Proyectos de Mejoramiento Educativo originados en la misma
comunidad educacional. Adicionalmente, los liceos dispondrán de recursos que
posibiliten la contratación de asistencia técnica permanente para su proyecto
educativo o para la resolución de problemas específicos. Todo ello sin contar
los servicios permanentes de perfeccionamiento del magisterio que están a
disposición de los educadores.
La reforma integral del sistema público de educación
requiere aún de la concreción de varias iniciativas legales que están
pendientes para el curso de este año. Entre ellas, el proyecto de ley que
modifica el Estatuto Docente y la ley de subvenciones permitirá avanzar en el
mejoramiento de la gestión y un mejor uso de los recursos, flexibilizando y
haciendo más eficiente la gestión del personal. Asimismo, aumentará los
recursos de la educación municipalizada, lo que contribuirá a mejorar las
remuneraciones de los profesores.
En el ámbito de la capacitación de trabajadores, hemos
hecho también un serio esfuerzo por estimular este proceso a través del Servio
Nacional de Capacitación y Empleo. En 1994, el Estado aportó recursos por la
vía de franquicias tributarias que se tradujeron en que más de 400 mil
trabajadores se capacitaron, o sea, más del doble de los que lo hicieron en 1990. A la vez, estamos
avanzando en la capacitación de los jóvenes que se incorporan al mercado
laboral. Es el sector que sufre con más fuerza el desempleo y que, a causa de
las deficiencias del sistema educativo, postula a los trabajos peor
remunerados. Durante 1995, más de 15 mil jóvenes recibirán el beneficio de
estos programas dirigidos a desarrollar sus potencialidades en términos de
productividad y eficiencia.
Justicia
El sistema de administración de justicia es una de las
instituciones con mayor tradición de nuestra República. Sin embargo, en la
actualidad es cada vez más visible su sobrecarga y la necesidad de adaptarlo a
las nuevas realidades.
En mis visitas a terreno constato frecuentemente que la
gente necesita una justicia más expedita, más accesible, más eficiente y que no
discrimine entre quienes pueden pagar abogado y quienes no pueden hacerlo.
¿Cuándo un Estado tiene verdadero título moral para exigir esfuerzo y
disciplina a la gente? Cuando es capaz de ofrecer un marco de instituciones que
garantiza la imparcialidad y protege los derechos de todos. Por estas razones,
existe un acuerdo generalizado en cuanto a la necesidad de una puesta al día de
nuestro sistema de justicia.
La creación de la Academia Judicial
y de la carrera funcionaria, la especialización en salas de la Corte Suprema y la
modificación de los recursos de queja y de casación son las primeras etapas de
esta actualización. Ahora es el momento de darle un definitivo y sistemático
impulso.
Con tal propósito, hemos definido una serie de
iniciativas para avanzar en el corto plazo en estos temas. En el curso del
presente año, continuaremos la tramitación de proyectos de ley e iniciativas
destinadas a promover formas alternativas de resolución de los conflictos. Un
sistema de administración de justicia eficiente es aquel que posee varias
formas de protección, una de las cuales es la judicial. En este marco, ya ha
sido aprobado el proyecto de ley que introdujo la conciliación obligatoria; nos
encontramos promoviendo ante el Congreso un nuevo estatuto para el arbitraje, y
presentaremos una propuesta que fomenta el uso de la mediación. Esperamos, de
esta manera, que a los tribunales lleguen solamente las causas que requieren la
indispensable intervención de los jueces.
Mi Gobierno tiene una especial preocupación porque las
familias y los niños de nuestro país cuenten con instrumentos eficientes y
socialmente adecuados para el tratamiento de sus problemas. Así, hemos logrado
que hoy existan leyes en el ámbito de la violencia intrafamiliar, el maltrato
infantil, la erradicación de menores de las cárceles, el régimen patrimonial
del matrimonio y el patrimonio familiar. En el segundo semestre continuaremos
con la tramitación de la ley de adopción y presentaremos además un proyecto de
ley que, junto con modificar la legislación de menores, cree los Tribunales de
Familia.
En relación al proceso penal, asumiremos una iniciativa
de carácter histórico, respecto de la cual existe un amplio consenso en los
sectores políticos y sociales. Hoy nadie objeta que el actual proceso penal es
una institución que no se condice con un Estado moderno y democrático. Con tal
fin, presentaremos al Congreso un conjunto de proyectos de ley destinados a su
completa reforma.
Los proyectos que pondremos a consideración del Congreso
están inspirados en las siguientes directrices fundamentales. En primer lugar,
diferencian las funciones de investigar y acusar de la de juzgar. Mientras las
primeras han de corresponder a un Ministerio Público dotado de la suficiente
autonomía, la segunda ha de recaer sobre el juez. Así los procesos serán
expeditos, más imparciales y concentrarán a los jueces en las materias
propiamente jurisdiccionales. En segundo lugar, es imprescindible garantizar
una adecuada defensa a quienes sean inculpados de delito. Para ello es preciso
fortalecer la ley que crea las Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica,
que actualmente se tramita en el Congreso. En tercer lugar, es necesario
garantizar el derecho de cada persona a ser juzgada por un juez. Al juicio
criminal concurrirán las partes involucradas y los jueces, en un proceso oral e
inmediato.
Tengo la certeza de que con este programa de reformas el
sistema democrático ganará legitimidad, el Estado de Chile protegerá mejor el
respeto cotidiano de los derechos humanos y nuestras instituciones judiciales
ofrecerán la seguridad, la protección y la justicia que de ellas espera la
ciudadanía.
Sector salud
Parte importante del progreso del país se relaciona con
la puesta al día del sistema de salud pública, que permita garantizar una
atención expedita y de calidad a la gente.
Para ello, hemos puesto en práctica dos principios:
aumentar significativamente los recursos que asigna el Estado a este sector y
mejorar su gestión.
Luego de casi dos décadas en que la inversión en el
sector fue insignificante, entre 1990 y 1995 los recursos han sido aumentados
en un 83 por ciento, en términos reales. En 1995, el incremento respecto del
año anterior asciende al 7,9 por ciento real. Estos recursos se han traducido
en aumentos salariales, en considerables mejorías en la infraestructura y en el
inicio de un programa de mejoramiento de la gestión.
Por ejemplo, en materia de infraestructura, el
presupuesto de inversión de salud en 1994 se elevó a casi 40 mil millones de
pesos, destinados, entre otros, a obras como los Centros de Referencia de Salud
El Pino, Pudahuel, Peñalolén, Sótero del Río y La Florida ; el equipamiento
de los hospitales de Antofagasta y Calama; el inicio de las obras de los
hospitales de Puerto Montt y Castro; la segunda etapa del Hospital de Iquique;
la normalización de la primera etapa del Hospital de Chillán; los pabellones
quirúrgicos del Hospital de Temuco; el consultorio de especialidades del
Hospital de Los Andes, y otras inversiones en consultorios a lo largo del país,
habiendo sido usados para estos efectos, también, los Fondos de Desarrollo
Regional.
Pero las deficiencias del sistema de salud no sólo se
relacionan con los recursos, sino también con la gestión del sector. Por ello
estamos llevando a cabo el Programa de Modernización para las Personas, que
busca avanzar en la construcción de un sistema de salud realmente acorde con
nuestras necesidades actuales. No olvidemos que ha cambiado decisivamente el
perfil demográfico, etario, cultural y epidemiológico de la población chilena,
sin que la salud pública incorporara aquellos cambios a su esquema de servicio.
Así, por primera vez en tres décadas, hemos impulsado un
cambio importante en los programas básicos de salud, incorporando separadamente
los Programas de la Mujer
y del Adolescente. Igualmente, hemos buscado dar a todos los programas básicos
una perspectiva global de atención, con énfasis en la promoción y la educación,
e incorporándoles además los programas odontológicos, de salud mental y de
rehabilitación. Con ello hemos buscado optimizar los recursos y brindar un
servicio integral a cada grupo.
Queremos acercar las decisiones a la gente. Por ello estamos
impulsando un vasto plan de descentralización, que fue estudiado durante 1994 y
ha comenzado a aplicarse durante el presente año. El plan funciona sobre la
base de los compromisos de gestión celebrados entre el Ministerio y los
Servicios de Salud. En virtud de ellos, el Ministerio aporta los recursos y la
asesoría necesarios para desarrollar diversos programas; y los servicios se
comprometen al cumplimiento de metas establecidas de común acuerdo, que
consideran tanto resultados en los indicadores de salud como en materia de
gestión operativa y financiera. Sobre esta base, hemos establecido un decidido
y detallado cronograma de descentralización, traspasando crecientemente
capacidad de decisión y recursos a los servicios y hospitales durante este año.
Las tareas de reforma del sector requieren el apoyo de
todos los profesionales y trabajadores de la salud. Tengo plena confianza en
que el camino de colaboración que hemos establecido traerá positivas
consecuencias para el sistema de salud pública y, sobre todo, para los usuarios
de este servicio, la gente más necesitada de nuestro país.
Infraestructura productiva
Una infraestructura productiva deficitaria como la que
posee Chile afecta el potencial de desarrollo del país. Las principales
carreteras soportan un nivel de tránsito muy superior a su real capacidad, con
las consecuencias de deterioro y de severos accidentes que todos conocemos. Hay
áreas de redes camineras que están rezagadas y que necesitan una urgente puesta
al día. Por otra parte, en nuestra franja costera, las instalaciones portuarias
son insuficientes para atender las exigencias de un Chile que exporta cada vez
más y que aspira a convertirse en una plataforma de servicios para países
vecinos. Hemos invertido en aeropuertos, pero su capacidad de servicio es
prontamente superada por la creciente demanda.
Mi Gobierno ha enfrentado estas insuficiencias mediante
una política activa, que combina el aumento de la inversión del Estado con la
participación de los privados. Esta última ha asumido diversas modalidades,
tales como las concesiones y los contratos de operación. El sistema de
concesiones está mostrando su efectividad, ya que en 1994 y 1995 se han
adjudicado proyectos por 192 millones de dólares que contemplan, por ejemplo,
las entradas sur y norte de Concepción. Y están en proceso de adjudicación
nuevos proyectos de carreteras y aeropuertos a lo largo del país, por un valor
de 235 millones de dólares. Esto nos permite ponernos al día con nuestras metas
y, al mismo tiempo, facilita la reasignación de recursos del Estado a áreas de
infraestructura que tienen un impacto y significación social más inmediatos.
Consecuente con estos lineamientos, el presupuesto de
Obras Públicas prácticamente se ha duplicado en términos reales en los últimos
años, elevándose para este año a 253 mil millones de pesos. El porcentaje
mayoritario de esa cifra se destina a la construcción, el mejoramiento y la
mantención de la red vial del país.
El moderno sistema de autopistas centrales así logrado
será la red esencial sobre la cual concluirá una red básica de 22.000 kilómetros
de caminos, de los cuales sólo la mitad está pavimentada. Nuestro objetivo es,
de aquí al año 2000, aumentar a 16.000 los kilómetros pavimentados. Para lograr
esta meta, el Gobierno se ha propuesto elevar de 500 a 600 los kilómetros que
anualmente se pavimentan en el país.
En el marco de esta política, el Estado puede destinar
importantes recursos a la tarea de mantener y mejorar los caminos de la red
básica y comunal. Así beneficiamos directamente a las comunidades esparcidas a
lo largo de todo Chile, rescatándolas del aislamiento y permitiendo un flujo
mucho más expedito de su producción hacia las ciudades y puertos.
En materia de infraestructura portuaria, se está
realizando la ampliación de los puertos de Valparaíso y San Antonio, además de
la construcción del puerto de Bahía Catalina, en Punta Arenas. También se ha
iniciado en esta área la participación del sector privado, licitándose diversos
contratos de operación a lo largo del país.
Debe recordarse que Chile posee en la actualidad un
sistema portuario mixto, con 10 puertos estatales y 22 puertos privados. Si
bien estos últimos transfieren el 60 por ciento de la carga total, los puertos
estatales tienen una situación geográfica más ventajosa y transfieren
predominantemente la carga general de mayor valor. En este contexto, es
necesario definir con claridad una política de desarrollo portuario, lo que
implica modificar la actual ley de Emporchi. Con este fin, el Gobierno está
elaborando un proyecto de nueva legislación que cubre dos aspectos centrales:
abrir espacio para las concesiones a privados y descentralizar la gestión de
los puertos estatales. Junto con definir este cuerpo legal, propondremos al
país una ley general de puertos, un marco regulatorio para planificar y
desarrollar adecuadamente nuestro sector portuario.
En el ámbito ferroviario, la opción del Gobierno es
recuperar la valiosa infraestructura ferroviaria que posee el país, e invitará
al sector privado a participar en esta vasta tarea. La recuperación de esta
infraestructura posibilitará en el mediano plazo el desarrollo de un servicio
de pasajeros adecuado a las exigencias de calidad actuales.
El papel regulador del Estado
El Estado tiene la tarea irrenunciable de asegurar
servicios básicos para la población. En varias áreas, el Estado realiza por sí
mismo esta labor; y en otras estamos llamando a participar al sector privado
bajo diferentes modalidades. El Gobierno tendrá la mayor flexibilidad para
combinar la acción del Estado con la de los privados, sin ideologismo alguno.
Consideramos que éste es un tema eminentemente práctico, en donde lo que
importa no es quién realiza la inversión, sino de qué manera resolvemos los
problemas concretos y cotidianos de la gente, cuidando siempre los intereses de
los usuarios y concretamente de los más pobres. El sector de Telecomunicaciones
es una muestra.
Bajo esta orientación, constituye un deber del Estado
reforzar su papel regulador. Esto significa velar por el funcionamiento equitativo
de los mercados. Nuestra acción en este sentido se ha orientado en dos
direcciones: buscar una mejor estructura de los mercados y evitar que el
comportamiento de los agentes económicos atente contra la competencia.
Concretamente, hemos buscado fomentar la competencia en aquellas áreas en donde
ésta es limitada, mejorando al mismo tiempo la acción de los organismos
antimonopolios.
En esta tarea reguladora, cumplen una labor relevante las
siete superintendencias existentes, con sus funciones normativa, fiscalizadora,
sancionadora y, en algunos casos, de resolución de conflictos.
Los avances de este año se reflejan, entre otras
iniciativas, en el mejoramiento del trabajo de la Fiscalía Nacional
Económica, tanto en Santiago como en regiones; en la tramitación, todavía en
curso, de la Ley
de Derecho del Consumidor; en la dictación de los reglamentos que regulan las
concesiones para el transporte y la distribución de gas natural, y en el
proyecto de ley que modifica el marco regulatorio para las empresas de
servicios sanitarios, que recientemente enviamos al Congreso. En los próximos
días presentaremos el proyecto de la nueva Ley de Gas -están ya aprobados los
reglamentos- con lo que se completaría el marco regulatorio para ese sector. En
el curso del presente año, presentaremos las modificaciones a la legislación y
reglamentación del sector eléctrico.
El país requiere un orden público económico que sea cada
vez más transparente y competitivo. Ello redundará en una mejor calidad de
servicios para nuestra gente y nos convertirá en un centro cada vez más
atractivo para las finanzas y el comercio.
4.
Desarrollando políticas sociales dirigidas hacia los
grupos y zonas más vulnerables
Mi Gobierno está empeñado en redoblar los esfuerzos para
que los más pobres se beneficien en forma privilegiada del crecimiento
económico. No queremos crecer simplemente para mejorar nuestras estadísticas y
ser mejor considerados internacionalmente. Queremos crecer para generar más y
mejores empleos. Queremos elevar la calidad de los empleos existentes, mejorar
las condiciones de los trabajadores y que los más pobres puedan tener acceso a
mejor educación y capacitación.
El esfuerzo social del Gobierno se expresa en que el 70
por ciento del presupuesto de 1995, equivalente al 13 por ciento del Producto
Interno Bruto, está dedicado al gasto social. Este es un esfuerzo de magnitud.
Y cuando nos preocupamos de poner al día nuestros servicios públicos, nuestros
sistemas de educación, salud, justicia y otros, es precisamente para que estos
recursos permitan realmente que la gente más modesta reciba una atención digna
y de calidad.
A continuación quiero señalar algunas acciones que
desarrolla el Estado, orientadas específicamente a los grupos sociales más
vulnerables y a las zonas más retrasadas.
Estamos desarrollando una amplia labor en el ámbito
rural, donde se ubican 84 de las 100 comunas más pobres del país. En 1994, 160
comunidades fueron beneficiadas con programas de agua potable. Durante este año
hemos puesto en marcha un programa de telefonía rural, con un fondo inicial de
1.800 millones de pesos, que se ampliará según las necesidades. Igualmente
aumentaremos la inversión en vivienda en el campo en un 17 por ciento,
otorgando más de 8 mil subsidios. En este año destinaremos 8 mil millones de
pesos a programas de electrificación rural, triplicando el promedio anual
invertido en los últimos años. Durante 1994, las obras de riego emprendidas
beneficiaron a más de 15 mil hectáreas con una inversión superior a los 17 mil
millones de pesos, cifra que se mantendrá durante 1995. Quiero mencionar
también el programa contra la sequía, el que benefició un total cercano a las 5
mil hectáreas entre la Tercera
y la Quinta Región.
Asimismo, la construcción de caletas pesqueras ha estimulado el desarrollo de
pequeñas localidades costeras. Solamente el aumento de la infraestructura en el
sector rural, este año, significa más de 100 mil millones de pesos.
En materia de vivienda, un dato ilustrativo de nuestra
realidad es que Chile es el único país latinoamericano que está reduciendo su
déficit histórico de vivienda. En 1994 alcanzamos un récord absoluto en materia
de soluciones habitacionales, llegando a las 118 mil. Y lo más importante de
estas cifras es que el 75 por ciento de estas soluciones habitacionales fue
destinado a los sectores de más bajos recursos, porcentaje que en este año se
elevará a un 78 por ciento. El programa de mejoramiento urbano, por otra parte,
financia proyectos de infraestructura y equipamiento en asentamientos urbanos precarios,
tales como centros comunitarios, plazas y otras obras de adelanto de la
comunidad. Este programa cuenta para 1995 con un presupuesto de 7 mil millones
de pesos, en lo que representa un crecimiento del 16 por ciento respecto de
1994. La reciente puesta en marcha del programa de pavimentos participativos en
2.500 comunidades es una importante innovación, que permitirá un notable
incremento en los volúmenes de pavimentación con la participación del Gobierno,
de las municipalidades y de los propios vecinos. De acuerdo a las cifras que
hoy tenemos, más de mil de estos proyectos son para pavimento de calles y 1.500
para pasajes. De continuar el esfuerzo del Gobierno y la activa participación
de los vecinos de los municipios, esperamos terminar en el año 2000 con
prácticamente el 80 por ciento de todas nuestras poblaciones en Chile
pavimentadas, terminando así con la lacra del polvo y el barro en que viven
tantos de nuestros compatriotas.
A través del FOSIS, que para 1995 aumentó en un 6 por ciento
su presupuesto, estamos apoyando a más de 20 mil microempresarios a lo largo de
todo el país, proporcionándoles capacitación, asesoría y financiamiento para
sus proyectos. Respecto de los microempresarios y campesinos independientes que
reciben financiamiento estatal, los programas de crédito se expandirán en un 30
por ciento.
A través del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza pretendemos lograr
una acción integral del sector público; incorporar a esta tarea al sector
privado; focalizar las acciones tanto hacia las zonas más atrasadas como hacia
los grupos sociales más necesitados, y asegurar la participación efectiva de
los afectados.
Hemos diseñado un programa de acción territorial que se
ha iniciado en las 71 comunas más pobres del país, y hemos definido los cinco
grupos sociales más desprotegidos: los niños, las mujeres jefas de hogar, los
adultos mayores, los discapacitados y los pueblos indígenas. Hemos buscado que
hacia estos lugares y personas converja el máximo de iniciativas, tanto
públicas como privadas, que van desde la ejecución prioritaria de obras de
mejoramiento urbano o rural hasta programas de apoyo a la microempresa.
En salud, junto con los avances y reformas detallados
anteriormente, nos hemos preocupado de aspectos muy concretos para elevar la
calidad de la atención a la gente. Estamos poniendo paulatinamente en marcha
diversos sistemas que evitan las largas esperas para sólo conseguir una hora de
atención médica.
En el ámbito de las políticas dirigidas a los grupos más postergados,
quiero destacar la puesta en marcha del Programa del Adulto Mayor beneficiario
de FONASA, que se dirige a satisfacer sus demandas en salud y facilitarle el
acceso a tratamientos y servicios que requiere con urgencia. El 1º de Mayo
pasado anuncié (proyecto que ya llegó al Parlamento) un aumento extraordinario
de las pensiones de viudez, de un 20 ó 30 por ciento, según el caso,
beneficiando con ello a más de 155 mil mujeres.
El Gobierno quiere poner el máximo de rapidez y celeridad
en nuestra acción en dos áreas principales: apoyar la educación de niños y
jóvenes de escasos recursos y ayudar a que nuestros jubilados tengan mejores
condiciones de vida. Esa ha sido la permanente petición de los jubilados.
Para ello, el Gobierno pondrá en ejecución los siguientes
programas e iniciativas, sobre todo lo que está en el Presupuesto de la Nación y los programas
vigentes:
Ampliaremos significativamente la cobertura de la
educación prebásica, aumentando en 40 mil las matrículas de niños de hogares
pobres. Este objetivo se logrará progresivamente a partir de 1996 y durante
tres años. Así, muchos más niños de condición modesta podrán tener acceso a
este nivel educativo que les facilitará un mejor rendimiento en la enseñanza
básica. Al mismo tiempo, sus madres tendrán más facilidades para trabajar fuera
de su hogar y así incrementar el ingreso familiar.
Enviaré un proyecto de ley que extiende el Subsidio Único
Familiar a todos los jóvenes de 15
a 18 años que estén estudiando. Ello permitirá extender
este beneficio a unos 140 mil jóvenes de familias de escasos recursos.
En el presupuesto de 1996, incrementaremos el número de
becas y el financiamiento para internados y hogares estudiantiles. En las
escuelas más pobres y de menores rendimientos se pagará una subvención extra
para que extiendan el horario de clases. Y además se dará a los colegios una
subvención extra que les permita reforzar a los alumnos con riesgo de
repetición de curso.
Estas iniciativas en el campo de la educación ayudarán a
disminuir sustantivamente la deserción escolar.
En materia de capacitación, a partir de 1996 pondremos en
marcha un nuevo programa dirigido a jóvenes, especialmente a aquéllos que están
en mayor riesgo de marginalidad social y drogadicción. En los próximos tres
años, nuestra meta es que 70 mil jóvenes enfrenten con mejores posibilidades el
mercado laboral.
A partir de 1996 entregaremos un bono de invierno a 590
mil pensionados que reciben pensiones mínimas o asistenciales. Esta asignación
ayudará a solventar los mayores gastos que surgen en esta época del año.
Y para mejorar las pensiones de quienes están afiliados
al nuevo sistema previsional, además de proponer una nueva iniciativa legal que
modifica el sistema de rentas vitalicias, enviaré un proyecto al Parlamento
orientado a reducir el costo y las comisiones que cobran las administradoras de
fondos de pensiones.
Este conjunto de medidas aumenta significativamente el
esfuerzo de redistribución del ingreso que realiza el Gobierno, complementando
y mejorando los programas actualmente en ejecución. Los recursos destinados a
ellas son compatibles con las proyecciones fiscales y económicas para el
próximo año y demandan un fuerte compromiso de austeridad fiscal que asumimos
plenamente.
Pero los jubilados y nuestros niños y jóvenes merecen un
mayor esfuerzo de nuestra parte. Los logros del presente son fruto del trabajo
y del sacrificio de los chilenos que hoy están en el sector pasivo. Ellos no
reciben los beneficios del crecimiento ni de los programas de educación y
capacitación. Nos han entregado una gran herencia y no podemos desatenderlos.
Nuestros niños y jóvenes también merecen más. Merecen una educación de calidad
que recompense el sacrificio de sus familias y nos asegure más y mejor
desarrollo.
Este doble esfuerzo, que demanda un enorme
financiamiento, queremos hacerlo de manera responsable, sin sacrificar el nivel
de ahorro e inversión que el país necesita para seguir creciendo en los
próximos años. El único modo de mejorar la situación de nuestros jubilados y la
equidad de la educación es contando con un sacrificio en el consumo de una
parte de los chilenos.
De este modo, propongo al país un reajuste general de un
10 por ciento para un millón de pensiones inferiores a 100 mil pesos mensuales,
y un aumento adicional promedio del 5 por ciento a toda la educación
subvencionada, tanto municipal como particular.
Para ello enviaré al Congreso una iniciativa legal que
grava el gasto en consumo, especialmente el de los sectores de mayores
ingresos.
Por una parte, propondré fiscalizar el consumo que
algunas personas simulan como inversiones o gastos de sus empresas con el fin
de eludir impuestos.
Por otra parte, pediré una contribución moderada a los
usuarios de automóviles y a los consumidores de cigarrillos.
Se trata de iniciativas que no distorsionan la asignación
de recursos, que gravan consumos que tienen efectos colaterales negativos y que
representan una contribución mayor de los sectores de más altos ingresos.
Con menos de un 10 por ciento de alza del precio final a
público de la gasolina de automóviles y de los cigarrillos, más la corrección
de algunos vacíos legales ligados al consumo, el país puede financiar el
reajuste general del 10 por ciento a un millón de pensiones inferiores a cien
mil pesos mensuales y el aumento promedio del cinco por ciento a toda la
educación subvencionada.
Los jubilados esperan más de nosotros; nuestros niños y
jóvenes, también. Personalmente, invito a practicar una solidaridad real y
concreta. Un país deja de ser un territorio y se convierte en una Patria cuando
sus habitantes comparten sus logros y minimizan sus carencias. Un millón de
jubilados no quiere ser defraudado con discusiones estériles y sin sentido.
Tenemos la oportunidad de darles una mano y realizar un gesto fraternal que les
recuerde que esta generación agradece su trabajo y sacrificio. Como Presidente
de Chile, llamo al Congreso Nacional a aprobar esta medida sin vacilaciones de
ninguna especie y confiando en que por sobre todo primará la generosidad.
Se trata de un gesto solidario. Recorremos el país;
hablamos con la gente; nos quejamos de que hay que dar más educación y de que
es necesario dar más recursos a los jubilados, donde están los más pobres de
los pobres de este país.
¡Hagamos un gesto solidario claro y real de una vez por
todas: ahora!
5.
El resguardo de nuestra oportunidad
La gran posibilidad de desarrollo que está ante nosotros
requiere de los resguardos necesarios para que el país pueda desplegar toda su
potencialidad. En este ámbito quiero referirme a las tareas de la defensa
nacional y de la seguridad ciudadana.
Defensa nacional
En el sector de la defensa nacional, nuestro país también
ha avanzado en la senda de la modernización.
Las tres ramas de nuestras instituciones armadas han
trabajado a fondo para afrontar los enormes desafíos que presenta un nuevo
cuadro estratégico internacional y el acelerado cambio tecnológico que acompaña
a los instrumentos y modalidades de la defensa y de la seguridad.
En este marco, el Ministerio de Defensa y las
instituciones armadas se encuentran abocadas a optimizar la asignación de los
recursos, ampliar y profundizar la formación profesional, adecuar la estructura
de la carrera y adaptar nuestra modalidad de servicio militar a los
requerimientos de nuestra época y a las necesidades educativas y de
perfeccionamiento de nuestros jóvenes.
Cada una de las ramas de la defensa ha llevado adelante
iniciativas que le permiten al país desarrollarse en las tres dimensiones
físicas que les competen. Las fronteras interiores, nuestro mar territorial y
presencial y nuestro espacio aéreo han sido este año objeto de un enorme
esfuerzo conceptual y programático que constituye una gran contribución al
país.
Nuestras Fuerzas Armadas se encuentran dedicadas
enteramente a sus funciones profesionales y han cumplido ejemplarmente con las
tareas que el Estado y el Gobierno les han demandado. Con ello se consolida la
convicción nacional de que la defensa es un sector que a todos nos compete, y
que la labor específica de sus profesionales se une al trabajo de todos los
chilenos por engrandecer nuestra Patria.
Seguridad ciudadana
La delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico
representan una amenaza para la convivencia nacional que el Gobierno ha
enfrentado y continuará enfrentando con decisión, energía y responsabilidad.
Quiero destacar que el conjunto de acciones que el Estado
emprende para la erradicación de la pobreza, para la construcción de una
sociedad más equitativa y para promover la integración social, ejercen un
poderoso efecto preventivo frente a estos males.
Concebimos la seguridad como un derecho colectivo y
solidario, que requiere de la acción conjunta del Gobierno, de los agentes del
orden público y de toda la sociedad civil. No se puede reducir la lucha contra
la delincuencia y la droga a la sola represión del delito. Esta es una visión
reduccionista que no considera la realidad social oculta tras estos problemas y
que tampoco asume su propia responsabilidad en esta lucha.
El Gobierno, sí, asume su responsabilidad en este ámbito,
y, por lo tanto, continuará con una política sistemática dirigida a mejorar los
niveles de la seguridad ciudadana. Desde enero de este año, el país cuenta con
una moderna legislación que aborda integralmente el tráfico ilícito de drogas y
los delitos relacionados con él, como el lavado de dinero y otros. Esta
legislación ha permitido aumentar sustantivamente la captura de delincuentes y
la cantidad de droga decomisada. Cuando promulgamos la ley, hice un especial
llamado a todo el país, a los Poderes del Estado, a las iglesias, a los
educadores, a los padres, a las organizaciones de la sociedad civil, a
comprometer todos sus esfuerzos en la contención de este mal. Lo reitero en
esta ocasión, porque estoy consciente de que sólo obtendremos éxito en esta
tarea en la medida en que todos nos comprometamos con ella.
Respecto del terrorismo, durante el último año se ha
mantenido la baja en la actividad de los grupos violentistas en nuestro país.
Para estas tareas, el Gobierno ha comprometido y
mantendrá una asignación de recursos financieros que permita desarrollar en
condiciones óptimas las labores preventivas, de control e investigadoras de
nuestros cuerpos policiales.
Felicito a Carabineros e Investigaciones por la eficiente
labor que han realizado en este período.
En este campo, los éxitos más notables los hemos tenido
cuando ha habido una colaboración estrecha entre el Gobierno, Carabineros,
Investigaciones y la sociedad civil organizada. Donde existe escasa
participación de esta última, no hay avance.
Mi Gobierno está vigilante ante el incremento de los
accidentes de tránsito, que golpean duramente a nuestras familias. Estamos
desarrollando con fuerza una política de seguridad del tránsito que nos permita
reducir la elevada tasa de accidentes que aún mantenemos.
Además de dañar a nuestras familias -la vida es
invaluable-, estos accidentes constituyen una herida para nuestra economía. Por
un lado, hacemos grandes esfuerzos para invertir en infraestructura; y por
otro, gastamos anualmente más de 310 millones de dólares en reparación de daños
y en gastos hospitalarios. Para detener esto, necesitamos un cambio de actitud
de la gente, una política de seguridad del tránsito como la que estamos
impulsando y un mejoramiento sostenido de nuestras carreteras.
Conciudadanos de la Cámara de Diputados y del Senado:
Esta revisión que he realizado de las políticas
emprendidas en cinco áreas claves de la gestión de mi Gobierno, muestra
claramente que podemos ofrecer hechos al país. Que hemos establecido
prioridades para la acción y avanzamos responsablemente en su cumplimiento. Que
somos un Gobierno que representa los propósitos centrales que inspiran a la Concertación de
Partidos por la
Democracia.
Ciertamente, los logros alcanzados pertenecen a todos los
chilenos; pero quiero agradecer especialmente a mis colaboradores más directos,
a los funcionarios de la Administración Pública y a todos los
Parlamentarios que han cooperado con las iniciativas del Gobierno.
Hoy quiero hacerles una petición especial. En este
Congreso se está tramitando una vasta, nutrida y rica agenda legislativa.
Personalmente, como ex Parlamentario, conozco las dificultades y complejidades
de esta tarea. Sin embargo, les pido la máxima diligencia en tramitar proyectos
de ley que inciden directamente en las condiciones de vida de los chilenos en
áreas claves como la salud, la educación, las relaciones laborales, la
administración de justicia, la capacitación. Además, el proyecto de reforma
municipal, uno de los más importantes que tramitará el Parlamento, significará
un avance trascendental respecto de un sector al cual, con la última ley promulgada
sobre la materia, se le entregarán más de 60 mil millones de pesos. Con estas
nuevas ideas y con la herramienta permanente de lucha contra la pobreza,
debemos tener una gestión eficiente en los municipios, porque es clave para la
descentralización del país. De ahí la importancia que damos a la iniciativa
mencionada.
Les pido también, y muy especialmente, que consideren con
flexibilidad y apertura las reformas laborales. El espíritu que anima estos
proyectos de ley es la búsqueda de la equidad en las relaciones laborales, en
el entendido de que si el país avanza, los trabajadores también tienen derecho
a mejorar sus condiciones laborales y articular adecuadamente la protección de
sus derechos.
En concreto, más del 80 por ciento de los trabajadores
del país, cifra que incluye a los trabajadores de la pequeña y mediana empresas
y a quienes ocupan puestos eventuales y transitorios, hoy no pueden ejercer,
por falta de legislación adecuada, los derechos a sindicalizarse y a negociar
colectivamente que consagran la
Constitución y la ley. Es una situación que debemos corregir.
Busquemos, con paciencia y eficacia, las fórmulas para
asimilar estas realidades, de modo que el progreso de los trabajadores sea
concordante con el progreso general de la Nación entera.
Confío en que en estas materias, así como en muchas otras
que están pendientes, ustedes pongan un sincero esfuerzo en la búsqueda de los
acuerdos que permitan despachar esos proyectos de ley, y dar respuestas reales
y concretas a los problemas cotidianos de la gente. La manera más eficaz de
elevar el nivel de la política es siempre colocar en su centro las
preocupaciones de la ciudadanía, de la gente.
II.
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA MARCHA DEL PAÍS
En esta ocasión quiero ir más allá de la cuenta
administrativa y gubernamental. Quiero expresar una amplia reflexión política
sobre la marcha del país.
Al recorrer Chile, al oír a mis compatriotas de las más
diversas condiciones, recibo reiteradas preguntas e inquietudes acerca de
nuestra convivencia. Muchas veces las impresiones que escucho son
contrastantes. Algunos son eufóricos acerca del éxito del país, mientras otros
transmiten un franco y abierto malestar.
¿Cuál es la verdad? ¿El país que maravilla por sus
éxitos, o el país lleno de espejismos? Yo quiero contribuir a responder esta
inquietud con una interpretación de lo que acontece, que se funda en el
contacto con miles de chilenos y en el ejercicio del poder, tanto dentro del
país como representando a la
República ante otras naciones.
Obviamente, mi interpretación no es una verdad ni
pretende ser una verdad oficial, sino que constituye un aporte para un amplio
debate nacional que actualice una necesaria idea de Chile, de su entorno y de
sus circunstancias. Como Presidente de todos los chilenos y como conductor
político, mi comprensión debe ser necesariamente realista y ponderada.
Mi reflexión es que el país experimenta un conjunto de
transformaciones que hacen más compleja nuestra vida política, social,
económica y cultural.
Quiero señalar algunas de ellas. La más visible es que
Chile está mostrando un gran empuje económico y que, a diferencia de la mayoría
de los ciclos anteriores de este siglo, ha superado la recurrente secuencia de
rápidos éxitos y estrepitosos hundimientos.
Hemos vuelto a experimentar la paz política y social
propias de la vida democrática, pero, al mismo tiempo, la política ha perdido
su carácter protagónico y heroico. La sociedad política ha estado exigida por
las tareas de la transición y simultáneamente enfrenta una tarea compartida por
la mayoría de las naciones de Occidente: refundar el quehacer político y la
legitimidad y representatividad de las instituciones. Asimismo, las profundas
transformaciones del Estado han modificado su tamaño y el ámbito de su acción,
surgiendo al mismo tiempo una sociedad que tiene mucha mayor fuerza y gran
diversidad.
Por otra parte, la globalización de la economía y de las
comunicaciones está poniendo fin a nuestra mentalidad de isla y de finis
terrae, influyendo sustantivamente en nuestros marcos de referencia y acción.
En suma, estamos viviendo una experiencia inédita y
estimulante. Y como en todo proceso de transformación y adaptación, hay empuje
e inercias; hay potencialidades y obstáculos; hay nuevas expectativas y afloran
muchas nostalgias. Entonces, se puede describir nuestra convivencia nacional
como un juego de luces y sombras de todas las tonalidades, de las cuales quiero
destacar algunas.
Vivir en democracia nos trae alegría y alivio. El país y
su gente valoran enormemente la tranquilidad política y la paz social que hemos
alcanzado. Los ciudadanos pueden dedicar plenamente sus energías a su trabajo,
a su familia y a sus intereses, sin que su vida cotidiana sea alterada por
dramáticos conflictos de escala nacional. En este contexto, la preocupación de
la gente tiende a pasar de los temas nacionales a los más locales y más
relacionados con su vida cotidiana. Así, la demanda y las expectativas de los
ciudadanos sobre su dirigencia política cambian notablemente. Reclaman una agenda
de trabajo y un estilo adecuado a estas nuevas circunstancias. Esta es una de
las realidades que con más fuerza constato día a día en mis visitas a terreno.
Ciertamente, me doy cuenta de que las elites políticas,
que recién están completando la tarea de la transición, se ven exigidas a
desarrollar simultáneamente un fuerte proceso de adaptación a estas nuevas
realidades. Esta adaptación en desarrollo, con sus vaivenes y avatares, junto a
la visibilidad propia de la comunidad política, la ha hecho blanco de agudas
críticas. Personalmente, no pierdo las proporciones. Nuestra elite política en
su conjunto tiene una alta honestidad, quiere servir al país y cuenta con una
tradición que la nutre de ejemplos cívicos. Por eso, comparto la esperanza de
millones de chilenos en que es posible contar con una política honesta y
creíble y con dirigentes a la altura de las nuevas exigencias.
Pero, para decir la verdad completa, los chilenos esperan
más de todos sus dirigentes, no sólo de los políticos. Lo exigen en el ámbito
empresarial, sindical, judicial, de las iglesias, de los colegios
profesionales; en la cultura y en el deporte. Los hombres y mujeres de trabajo,
que son nuestra columna vertebral, están haciendo su parte silenciosamente, y
esperan que los dirigentes den muestras de menos aspavientos y de mayor
eficacia en su acción.
Si volvemos la mirada al funcionamiento de nuestra
democracia, es evidente que todos los chilenos celebramos vivir en un Estado de
Derecho en forma, y tener una convivencia civilizada donde se respetan los
derechos de las personas. Pero, al mismo tiempo, el país se da cuenta de la
contradicción de vivir en un ambiente de normalidad democrática, y experimentar
a la vez una obstrucción proveniente de instituciones de origen autoritario y
sin raíces en nuestra tradición republicana. La gente espera que se acaben los
temores a la democracia y se dé plena expresión a la soberanía del pueblo.
En otro ámbito, las regiones afrontan cada vez más sus
propios desafíos y los municipios asumen un protagonismo mayor en la solución
de los problemas de la gente. Obviamente, la gestión descentralizada de nuevas
áreas y temas, en los cuales tenemos poca experiencia como nación, hace que
ciertas inercias del centralismo sobrevivan. A veces retorna la mentalidad
antigua de colocar todas las demandas sobre la administración central, y
constato también un cierto temor de las autoridades centrales a transferir
responsabilidades, competencias y recursos. Pero, sin lugar a dudas, la
descentralización avanza en todos los rincones del país con un éxito
inesperado.
En mi caminar por Chile, me doy cuenta de que algunas
personas siguen imaginando un Estado que ya no existe más: creen todavía en un
Estado inmenso y todopoderoso, que actúa en todas las esferas de la vida
nacional, al cual se le puede pedir la solución de todos los problemas
existentes. Al mismo tiempo, me encuentro con muchos otros compatriotas que han
asumido su tarea de desarrollo y que basan sus expectativas de progreso en su
propio trabajo. Me encuentro, asimismo, con antiguas organizaciones sociales
que se revitalizan y otras nuevas que florecen, donde es la comunidad la que
decide abordar sus particulares problemas, con ánimo y fuerza, sin esperar
paternalismos de ninguna especie.
Ha sido admirable el comportamiento de las organizaciones
sociales en los últimos años, porque han comprendido que los equilibrios
económicos y el crecimiento son la condición necesaria para mitigar la pobreza
y suprimir las inequidades. Algunos grupos, sin embargo, intentan volver a
antiguas prácticas, exigiendo que sus legítimas demandas sean resueltas de una
vez y para siempre, sin considerar la existencia de grupos aún más vulnerables
y desprotegidos.
Valoramos positivamente que en la producción y en las
finanzas surjan líderes que asumen coherentemente la lógica del mercado, que
están dispuestos a enfrentar los riesgos inherentes a la actividad empresarial
y que desarrollan nuevas iniciativas, incluso más allá de nuestras fronteras.
Pero causa cierta indignación que algunos grupos sigan insistiendo en
privatizar las ganancias y en enfatizar las deudas. ¡El país se cansa de
quienes en la mañana exigen reducir el Estado y en la tarde ya están pidiendo
que los protejan de los vaivenes del mercado!
Reconocemos, con alegría, el dinamismo y la creatividad
de nuestra comunidad económica. Miles de nuestros ciudadanos producen con
eficiencia y eficacia bienes y servicios en la sociedad civil. Grupos
importantes de ellos compiten con éxito en todas las regiones de la economía
internacional. Sin embargo, los humos no deben subírsenos a la cabeza. Todavía,
en muchas áreas de la actividad privada y en algunas empresas y servicios
públicos, se resisten las exigencias de la técnica y del sano ordenamiento de
los recursos. Igualmente, la calidad de los servicios y productos y la atención
a la gente es todavía desigual y los consumidores aún experimentan
arbitrariedades y abusos. Estos hechos y actitudes no se condicen con el
progreso del país.
Nos alegramos, también, de que los chilenos tengan acceso
a consumir más y mejores bienes, y que bienes que antes eran privativos de un
sector social muy reducido hoy estén al alcance de muchos más. Sin embargo, el
enriquecimiento súbito trae consigo confusiones éticas y estéticas. Preocupa
observar, a veces, un consumo desenfrenado, cuya ostentación hiere y siembra
semillas de resentimiento. Esta actitud es contraria a una tradición sobria y austera,
y nos distrae de la contundente realidad de que aún tenemos mucho trecho por
recorrer para salir del subdesarrollo.
Aunque hemos crecido en forma sólida y sostenida y el
país siente el progreso en todas sus regiones, es evidente, para todos, que
subsisten notorias desigualdades sociales. Esto me preocupa y me duele. Más
aún, a menudo siento que algunas personas creen que su poder económico les
permite imponer criterios a toda la sociedad y mantener desequilibrios por
siempre. Algunos hacen del crecimiento la nueva receta mágica, queriendo que el
Estado inhiba su tarea social y que no exista otra acción que la motivada por
el lucro, relegando la solidaridad a una virtud del pasado. Otros me dicen: “No
diga estas cosas, señor Presidente”. ¡Las diré siempre! ¡Las diré cada vez que
sea necesario, porque la verdadera tarea política se dirige a la inteligencia y
no a los instintos de los hombres; a la verdad completa y no a semiverdades ni
a falsas prudencias!
Si hago este juego de luces y de sombras no es por un
afán de analista. Lo hago por un problema de conducción política. Mi principal
deber es cuidar esta oportunidad histórica. El país no puede entrar en
confusiones que lo paralicen o en comportamientos y estados de ánimo que
debiliten nuestra oportunidad. Mi intención es afirmar la corriente positiva
establecida por los logros y los consensos que hemos alcanzado, y señalar,
inequívocamente, aquello que pertenece al ámbito de las sombras, de los
impulsos regresivos que obstaculizan nuestro desarrollo.
Sólo este mero bosquejo ya señala tareas para todos los
actores sociales. Aquí hay desafíos para políticos, para líderes religiosos,
para empresarios, para hombres de la cultura. Hay que comprender estas nuevas
realidades y asumir sus exigencias.
Hago esta reflexión, finalmente, para discernir las
preguntas fundamentales que debemos respondernos y para invitar, en lo
inmediato, a todos los chilenos a crear un espíritu acorde con las nuevas
circunstancias.
Del conjunto de mis reflexiones sobre las perplejidades y
tensiones soterradas que existen en nuestra realidad, se hace evidente que el
país requiere de un ajuste de sus instituciones políticas y en variados órdenes
del quehacer nacional, que den cuenta de las realidades que se han ido
manifestando a lo largo de los años de consolidación democrática.
Quiero plantear tres preguntas fundamentales respecto del
futuro de nuestra convivencia: ¿Cuáles serán las instituciones definitivas de
la democracia chilena? ¿Cómo podemos superar las fuertes desigualdades y
desequilibrios económico-sociales existentes en el país? ¿Cómo hacer que
nuestra economía sea altamente competitiva, transparente y con empleos de
calidad?
Todas estas materias requieren de maduración y diálogo, y
una reflexión con fundamento y mucha altura. Son preguntas que deben unirnos y
no separarnos. Estoy hablando de temas nacionales y cruciales para un
desarrollo armónico de nuestra oportunidad histórica. Este diálogo no es para
respuestas rápidas, ni para protagonismos excesivos, ni para impaciencias o
meras maniobras.
Invito a no poner más el nombre de “consenso” a reivindicaciones
particulares. El consenso verdadero es un acuerdo fundamental sobre un conjunto
de instituciones y comportamientos mutuamente entrelazados. Sobre estas
materias necesitamos convicciones, orientaciones y acciones compartidas,
proceso que confío en que se lleve a cabo en los próximos años.
III.
INVITACIÓN A DESARROLLAR UN NUEVO ESPIRITU EN EL PAIS
Simultáneamente con esta reflexión, que requiere de
tiempo y de maduración, quiero formular, como Jefe de Estado, un conjunto de
invitaciones para la vida inmediata del país. Estoy convencido de que la
cristalización de nuestra oportunidad se juega también en el plano de las
actitudes y en el comportamiento de cada uno de los grupos y personas que
componen nuestra comunidad. Por esto, son ideas que contienen un estímulo a la
imaginación colectiva y una ferviente convocatoria a la acción.
Si este mensaje es breve en su expresión leída, es porque
el Presidente quiere ser escuchado por los pescadores, en los mares agitados;
por los mineros del norte y del carbón; por los hombres de armas, que velan por
la seguridad de nuestras fronteras; por los campesinos, que ya hace bastante
tiempo levantaron la cabeza. Les pido, especialmente a las mujeres y a los
jóvenes, que escuchen estos recados. Me dirijo a la comunidad católica y
evangélica; a judíos, masones y no creyentes; a los dirigentes empresariales y
sindicales; a las familias de mucha riqueza y a las que carecen completamente
de ella. Quiero que todos los chilenos escuchen esta invitación y la mediten
con su corazón y en su inteligencia.
1.
La búsqueda de calidad y excelencia en nuestro trabajo,
en nuestras decisiones, en nuestros productos y servicios
La primera invitación que deseo hacerles es un llamado a
la excelencia o, si se prefiere, al trabajo bien hecho, con amor, perseverancia
y rigor; al quehacer realizado con profesionalismo y prolijidad; a cambiar la
cultura de la dejación y la mediocridad por la cultura de la responsabilidad.
La globalización del mundo nos obliga a sobrevivir como
una comunidad de afectos y memorias comunes y, al mismo tiempo, a competir, a
innovar y a avanzar en todas las disciplinas científicas y tecnológicas.
Es cierto que se nos reconoce una cierta ventaja
comparativa en nuestra región y que recibimos algunos elogios, los cuales no
deben cegarnos. La verdad es que estamos recién empezando nuestra tarea. Y la
historia del desarrollo nos enseña que, en un mundo real, los verdaderos
titulares de las tareas colectivas son los hombres y mujeres de trabajo, de
disciplina y de rigor. Hace ya más de un siglo, otros chilenos y chilenas
creyeron que el progreso alcanzado ya era suficiente, y florecieron el
diletantismo y la frivolidad. Ese fue el término de esa gran oportunidad. Por
eso, en estos días he criticado los falsos exitismos. Por eso he denunciado el
flagelo del hedonismo a través de la droga o el exceso de consumo, porque nos
distrae del trabajo realizado con puntualidad, excelencia e innovación.
Entiéndaseme bien: no estoy incentivando una especie de
productivismo sobrehumano que ponga la actividad constante por sobre la
dignidad del hombre y conlleve un régimen de colosal inhumanidad. El reto para
nosotros es más simple: construir un país a escala humana para catorce millones
de chilenos, en que todas las dimensiones que unan el ser con el tener sean de
calidad. Que simplemente se nos conozca como el país que hace las cosas bien.
2.
Un espíritu de cooperación y búsqueda de acuerdo en
nuestras relaciones sociales
Mi segunda invitación es a mantener el diálogo en todas
las esferas de la vida nacional. El resumen de nuestra historia es que nuestro
éxito es el fruto de la concordia y que todos nuestros desastres son hijos de
la desunión. Yo estoy dispuesto a aprender esta lección, y estoy seguro de que
el país también. Por eso, invito a mis ex colegas del Parlamento a fortalecer
los lazos de amistad en la institución del diálogo por excelencia. Ustedes, yo
y el país completo, tenemos mucho que ganar si nuestro antiguo Congreso
Nacional es el símbolo de la cooperación patria.
Invito cordialmente al diálogo entre trabajadores y
empresarios, que probablemente deberá ser recomenzado muchas veces.
Personalmente, me asiste la confianza de que al final triunfarán los dirigentes
responsables y prudentes, y de que los duros y los intransigentes, los que
siempre usan el lenguaje de la descalificación personal, se irán quedando a la
vera del camino.
Pero el diálogo abarca todas las instancias y esferas de
la vida nacional. Es un diálogo de las autoridades comunales y regionales con
los ciudadanos, para tratar múltiples asuntos de su incumbencia. Es un diálogo
al interior de universidades y empresas, para integrarse y producir más y
mejor. Reconozcamos que la última novedad científica es la fuerza de la
cooperación. Tanto los mecanismos de reinvención del Gobierno como las grandes
fórmulas de manejo empresarial en el mundo, son esencialmente estrategias para
convocar e integrar las voluntades humanas.
Si insisto en esta materia es porque hemos transitado del
conflicto al diálogo en muy poco tiempo. Y pareciera que todavía no está
asentada la conciencia de que la cooperación, en esta etapa del desarrollo,
sólo puede traernos más beneficios. Es cierto que hemos aprendido lo básico y
esencial; pero debemos avanzar hacia un diálogo cada vez más maduro, más
paciente y que resuelva con creatividad e imaginación nuestros problemas.
Ciertamente, se requiere imaginación para enfrentar dilemas que siempre se dan
en un marco de escasos recursos. La tendencia menos imaginativa se repliega a
la confrontación y a la ofuscación. Pero, si a los chilenos nos gusta pensar
que somos muy astutos, es la hora de que también apliquemos el ingenio para
resolver nuestras diferencias.
3.
Respeto y libertad en nuestra vida cotidiana
Mi tercera invitación es a desarrollar la raíz de Chile,
su voluntad de ser. Hoy día, y después de cincuenta años, a esto se le llama la
vigencia y desarrollo de los derechos humanos. La Providencia nos ha
otorgado un don excepcional: nuestro humanismo se corresponde con nuestras
necesidades.
Hacia el interior de nuestra Nación, es la lógica
cualitativa de alcanzar más y más respeto por la condición humana. En la esfera
internacional, en un contexto de globalización económica, los derechos humanos
son nuestra carta de presentación. Un país que respeta los derechos humanos y
no tiene nada que ocultar puede relacionarse con todos los hombres,
cualesquiera que sean su estirpe, clase o condición.
En nuestra vida interna, los derechos humanos son el
aliento vivificante de la democracia, de una democracia siempre en constante
perfeccionamiento. Ello implica simplemente partir de lo principal, los
derechos humanos primarios: el respeto a la vida, el rechazo a la tortura;
continuar con los derechos cívicos y políticos; seguir avanzando con los
derechos sociales y económicos, y estar alerta especialmente a los derechos de
la nueva generación, como los derechos de la infancia.
La cabal comprensión de los derechos humanos obliga a
hablar también de los deberes humanos: el respeto por las jerarquías del
talento, por el mérito y por el heroísmo; la cultura de la responsabilidad, que
nos vincula como obligatorio lo que nos incumbe, sea en el barrio, en la
comuna, en la región, en la familia o en el taller.
Precisamente, porque la entidad de Chile se confunde con
las raíces de su democracia, con su manera de ser, de sentir y de vivir, los
derechos humanos son también una vertiente para conquistar nuestra verdadera
identidad. La identidad, como la democracia, es siempre inacabada, y debe estar
en permanente construcción.
4.
Una fuerte acción voluntaria que exprese la solidaridad
de nuestro pueblo
La última invitación que deseo formularles es la relativa
a la acción solidaria.
La existencia de nuestra Nación y la fuerza de nuestro
desarrollo descansan en un continuo reconocimiento y afirmación de que quienes
habitamos esta República tenemos un destino común, y de que nada de lo que les
suceda a nuestros compatriotas puede sernos ajeno.
Mi invitación recoge experiencias ya realizadas e intenta
convertirlas, en un nuevo contexto, en comportamientos de raigambre nacional.
Hay tres esferas que claramente necesitan el apoyo de los grupos de la sociedad
civil: el desarrollo social, la cultura y el deporte y la recreación.
Ya hay miles de chilenos que cumplen tareas voluntarias
en estas tres esferas de la sociedad. Ahora lo que necesitamos es una oleada
poderosa de incorporación de nuevos partícipes, y pasar de la acción como un
pasatiempo a una devoción profesional.
Siempre he pensado que en la familia es donde se forma el
alma cívica del país. En rigor, cada familia debe asumir una responsabilidad,
además de sus quehaceres habituales. La escala de las acciones depende de la
intensidad de las motivaciones. Los jóvenes, como los he visto hace poco en el
programa Servicio País, crecerán asumiendo nuevas tareas de sacrificio y de
riesgo. Cada cual examinará sus propias condiciones y se consagrará a su
misión: cuidar ancianos y niños enfermos, luchar contra la drogadicción y
apoyar a los enfermos de SIDA, fomentar el deporte, atender bibliotecas
populares, desarrollar actividades culturales en regiones y provincias,
etcétera. Aquí hay un vasto espacio a la imaginación nacional, donde pueden
expresarse todas las vocaciones para llenar una necesidad, cubrir una brecha y
suplir una carencia; que quien cae, sienta que siempre hay una mano que lo
levanta para seguir caminando.
Las reglas de esta acción son muy precisas. Haga lo que
quiera, y en el nombre de la fe que quiera. Pero, hágalo con dedicación, con
constancia y también con discreción. Si actuamos así, con este nuevo “ethos”
colectivo, estoy seguro de que se elevará el nivel de nuestra convivencia
cotidiana.
Yo tengo una secreta esperanza: que este llamado dé
frutos. La raíz de nuestra escuela de sacrificio es muy antigua: desde hace
varios siglos, los que tímidamente se llamaban chilenos, se auxiliaban en las
desgracias humanas y de la naturaleza. Ahora debemos actualizar nuestra
solidaridad. Con ella queremos vivir en paz interna y en concordia, y
conquistar una mejor calidad de vida para todos los chilenos.
Nos acercamos paso a paso al final del siglo, que no es
una fecha mágica, pero sí una buena oportunidad para revisar la vida
comunitaria. Hace cincuenta años concluyó la mayor demostración de inhumanidad
de los hombres, la
Segunda Guerra Mundial. De las cenizas de sus muertos surgió
un segundo intento de comunidad internacional: la Organización de las
Naciones Unidas. Como una estrella para nuestra comunidad, ese mismo año se
otorgó el Premio Nobel a quien cantaba canciones a los niños pobres del valle
del Elqui, en un coro para todos los niños del mundo que habían sobrevivido al
genocidio internacional. Hace cincuenta años, la Mistral nos recordó la
dignidad de Chile y la raíz de nuestro ser. Ella dijo muy simplemente, al
comenzar su discurso cuando recibió el Premio Nobel: “Soy hija de la democracia
chilena...”.
Conciudadanos de la Cámara de Diputados y del Senado:
Hace catorce meses, asumí la Presidencia de la República. Desde
el primer día señalé la conciencia histórica con la que asumo esa
responsabilidad. Mi acción se funda de manera sólida en la entrega y en el
trabajo de nuestros antepasados, cuya herencia es también nuestro futuro.
Cuando enfrento las dificultades propias de la misión de gobernar, me vuelvo
hacia mi pueblo, y veo la energía con que construye la Patria. Entonces ,
recuerdo que mi tarea no es la de un hombre solo, sino de toda la comunidad.
Hoy, con renovada fe en esta Nación y con indomable optimismo acerca de nuestro
propio destino, les digo a todos los chilenos: cuenten con mi infatigable
dedicación al servicio de Chile.
Agradezco la comprensión que recibí en estos meses. Y
pido a Dios que prepare nuestro espíritu para una nueva jornada de trabajo y de
esperanza.
¡Viva Chile!
EDUARDO ALFREDO JUAN BERNARDO
FREI RUIZ-TAGLE
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