mayo 21, 2012

Mensaje del 21 de Mayo del Presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ante el Congreso Pleno (1994)

MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
Eduardo A. J. B. Frei Ruiz-Tagle
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1994

Señor Gabriel Valdés, Presidente del Senado; señor Marcos Aburto, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; señor Jorge Schaulsohn, Presidente de la Cámara de Diputados; Honorables Senadores; señores Diputados; señores miembros del Cuerpo Diplomático; señores Ministros de Estado; señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas; autoridades civiles, militares y eclesiásticas; señoras y señores:
Cumplo con el mandato que la Constitución señala al Presidente de la República de dar cuenta al país acerca del estado administrativo y político de la Nación.
Rindo cuenta ante el Congreso Pleno, siguiendo una de las más destacadas tradiciones de nuestra vida democrática.
Vengo con respeto y solemnidad a este Parlamento, donde desde el siglo pasado nos llegan aún los ecos de Andrés Bello, Manuel Montt y Benjamín Vicuña Mackenna; y las voces más cercanas de Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende, Patricio Aylwin y tantos ilustres Parlamentarios de la historia republicana de Chile. Desde diciembre de 1810, en esta Institución se han forjado nuestras leyes, se han debatido con pasión nuestras ideas, se ha afirmado el pluralismo de nuestra sociedad y se ha construido nuestra vida democrática.
Vengo a este Parlamento con un espíritu abierto y confiado. No soy ajeno a él; provengo de sus filas; conozco sus virtudes y sus limitaciones.
El régimen presidencial de gobierno supone que el Congreso es un lugar de verdadero encuentro y colaboración. Los grandes Parlamentarios de Chile hicieron su aporte bajo ese sistema político. No soy de aquellos que son “parlamentaristas” en el Ejecutivo. En distintas ocasiones he afirmado el mismo criterio para ambas Instituciones. Por eso los considero a ustedes una de las principales fuerzas para construir juntos el futuro. Cuento con vuestro apoyo, cuenten con mi respaldo.
En esta misma tribuna, antes que yo, un puñado de hombres -no más de treinta- ha dado cuenta de su gestión como ciudadanos Presidentes de la República. Como es sabido, los mensajes presidenciales registran los avatares de la nación chilena. En estos días, leyendo a unos y releyendo a otros, he admirado una vez más a nuestros estadistas, que han forjado el país en medio del rigor de la naturaleza, han tomado decisiones en el fragor de guerras, han llevado adelante hondas transformaciones políticas y económicas, haciendo recuento de tragedias y esperanzas. Detrás de los grandes personajes vemos a nuestro pueblo, que, en medio de sus confusiones, alegrías y dolores, se abre nuevos espacios y va encontrando cauces para una honda voluntad de participación. El fruto de múltiples gobiernos y de profundas experiencias sociales conforma una herencia única que hoy la historia pone en nuestras manos. El trabajo, la alegría y el dolor que hay en ella merecen nuestra gratitud y reconocimiento, sin sectarismos ni fronteras.
No ha sido un recurso retórico si desde el primer día de mi mandato he evocado a los grandes fundadores y a los grandes chilenos de todos los ámbitos del quehacer nacional. Ha sido por una afirmación política: que el futuro y el presente nos pertenecen a todos. Ha sido para señalar que la legitimidad democrática de hoy surge de la legitimidad de una historia común. Somos herederos de todos, incluso de aquellos que en su hora se combatieron. Sé muy bien que desde el primer día de nuestra independencia, hasta hoy, hubo conflictos y tensiones entre personas y grupos. Más aún, hubo querellas, enemistades y guerras civiles. Pues bien, vengo a decir aquí con fuerza: respetemos las memorias, unamos los recuerdos, abrámonos generosamente a todas las inspiraciones históricas para hacer bien la tarea del presente.
Gracias a esta herencia común, ustedes no están hoy ante un Presidente que afirma que con él comienza todo de nuevo en Chile. Es gracias a esta herencia común que puedo decir, con satisfacción, que no recibo un país en ruinas, marcado por el estancamiento económico, el dogmatismo político o el desorden social. Es gracias a esta herencia que esta comunidad se puede proyectar vigorosamente hacia un destino compartido.
Este mensaje es un testimonio de que se abre un nuevo ciclo histórico. Aquí se habla de paz, con un lenguaje reconciliado, sin alusiones dolorosas para nadie. Este mensaje es la voz de otra generación y de las nuevas circunstancias de la nación y del mundo. Es también la voz de un ciudadano sin rencores, que con modestia habla en el estilo de su profesión. Es una voz que nace de mi experiencia de haber recorrido varias veces el país, de conocer los dramas y esperanzas de cada región y de sus recónditos lugares. Es lo que he aprendido mirando a Chile desde adentro y desde afuera. Desde adentro, al interior de mi hogar y también en el diálogo con algunos grandes personajes de la segunda mitad de este siglo. Es lo que aprendí de empresarios y trabajadores, y en múltiples conversaciones con dirigentes sociales y políticos. Es la voz de mi experiencia parlamentaria y de dirigente político. Es también la visión de Chile mirado desde afuera, ya que, como millones de compatriotas, lo he visto desde la lejanía, lejanía que templa los afectos y facilita ubicar a la nación en su sitial adecuado, sin mesianismos ni empequeñecimientos. El Presidente tiene la obligación de explicitar su visión de Chile y del mundo: estamos ante una nueva oportunidad histórica.
CHILE TIENE UNA NUEVA OPORTUNIDAD HISTORICA
Somos una pequeña comunidad en un extremo de la Tierra. En Chile, que es un país para siempre, sólo desde hace pocos años los chilenos con vida son más que los chilenos muertos. Las cenizas de alrededor de 13 millones de compatriotas son el suelo firme para las esperanzas de 14 millones de chilenos que miran hacia el futuro. Hemos sido una inagotable voluntad de ser que con vitalidad ha buscado plasmarse. Sin embargo, hay dos lecciones que se desprenden de nuestra historia, territorio y población: Chile debe perseverar en esa voluntad de ser y, al mismo tiempo, vigilar que nuestros proyectos y expectativas estén de acuerdo a las posibilidades. Debemos adoptar decisiones a partir de ideas sabias y prudentes, con una rigurosa contención de las pasiones y una generosa reglamentación de los intereses corporativos. Necesitamos compatibilizar la voluntad de ser, vivir y tener con un ejercicio disciplinado y coherente del quehacer político.
¿Cuál es la idea fundamental que este Presidente viene a expresar frente a esta asamblea soberana del pueblo en los inicios de su mandato?
Vengo a afirmar que Chile tiene una gran oportunidad histórica. Vengo a invitar al país a asumirla. Vengo a dar cuenta de qué manera el Gobierno espera concretarla en lo inmediato y en el futuro próximo. Asumir una oportunidad supone reconocerla. Nuestros grandes ensayistas e historiadores nos enseñan que Chile tuvo en el pasado otras similares. Una de ellas es muy conocida, y al no prosperar significó una larga historia de frustraciones nacionales. ES una gran amargura para un pueblo perder su oportunidad y esperar largos períodos para encontrar una nueva. Una oportunidad no es un milagro en razón de cierto esquema teórico o de la magia o la fuerza de algún caudillo. Es el fruto de la tarea de todo un pueblo, que a veces no cristaliza por las querellas de sus dirigentes o porque la envergadura de los propósitos no está a la altura de las circunstancias. Entonces, los sacrificios y penurias del soldado y del ciudadano desconocidos se vuelven inútiles y quedan en el olvido.
Mi convicción más profunda es que una poderosa constelación de factores nacionales e internacionales abre ante nosotros una gran oportunidad.
Chile ha crecido en los últimos diez años a una tasa promedio superior al 6 por ciento anual, fenómeno inusual en su historia. En este mismo período, nuestras exportaciones aumentaron a un ritmo superior al 9 por ciento. La inflación disminuyó desde niveles que excedían el 20 por ciento promedio anual, en la segunda mitad de los años 80, a niveles del orden de 13 por ciento en 1992 y 1993.
Tales logros se han obtenido conjuntamente con una histórica disminución de la tasa de desempleo, la que ha descendido, de un nivel superior al 17 por ciento en promedio en la década anterior, a un nivel cercano al 5 por ciento en los últimos años. Sin embargo, lo que sustenta nuestras expectativas más profundas sobre el tiempo que viene es el aumento del ahorro y de la inversión. En efecto, en las décadas anteriores, la tasa de ahorro nunca sobrepasó el 18 por ciento del producto; en cambio, en los últimos años nos hemos acercado al 22 por ciento. Asimismo, la tasa de inversión, que difícilmente en nuestra historia llegó al 20 por ciento, en los últimos dos años ha alcanzado tasas de 25 y 27 por ciento, respectivamente. Este nivel de inversión sucesivo es inédito en los últimos cincuenta años de la historia económica de Chile.
Este crecimiento se ha acompañado de una mayor eficacia social, con disminución de la pobreza y aumento de la productividad. Ha sido el inicio de una etapa de crecimiento con equidad. Y si somos capaces de mantener estas tendencias en los próximos diez años, ciertamente el país del próximo siglo habrá alcanzado el umbral donde concluye el subdesarrollo.
Las transformaciones mundiales han abierto un nuevo horizonte para nuestras expectativas de crecimiento y una nueva agenda para la política, la cultura y la sociedad.
La internacionalización de la economía es hoy una realidad. Enfrentamos el desafío de exportar todos los bienes y servicios en que tengamos ventajas comparativas, a todos los países de la Tierra. Probablemente, en el futuro próximo contaremos con un período en que nuestra economía pueda continuar su crecimiento de tipo tradicional, dándonos un espacio para perfeccionar las ventajas comparativas actuales y alcanzar los adecuados márgenes de competitividad en nuevos bienes y servicios.
La nueva agenda del mundo de la posguerra fría es ambivalente. Por una parte, ha concluido de un modo rotundo el conflicto típico de la segunda mitad de este siglo, que en sus momentos de máxima tensión política convertía en internacionales las querellas más locales, como bien lo sabemos los chilenos; y por otra, se abren simultáneamente nuevas expectativas de humanidad y nuevas amenazas de barbarie.
El fin de la bipolaridad termina con las rigideces dogmáticas del pasado reciente y permite una discusión más amplia, diversificada y enriquecida de las opciones en todos los planos de la vida social. Sin embargo, la globalización de las comunicaciones y la aceleración de los intercambios nos interpelan en nuestra propia identidad. Necesitamos asimilar críticamente la cultura globalizada del entorno, y la clave de discernimiento es nuestro propio desarrollo. Si nuestra convivencia social, política y económica se hace cosmopolita, sin una jerarquización adecuada, nuestra República corre el riesgo de convertirse en una torre de Babel.
Asumir esta oportunidad histórica implica jerarquizar temas, objetivos y desafíos, y consecuentemente, agrupar la energía de la nación tras el orden del día de esta agenda.
I
GRANDES TAREAS NACIONALES
La oportunidad que se despliega ante nosotros debe concretarse en áreas que más significativamente inciden en la calidad de vida de la gente. Hemos definido seis grandes tareas que debemos asumir con sentido de nación, pues, más que obligaciones específicas de un gobierno de turno, constituyen tareas nacionales en las que se juega el futuro de todos los chilenos.
Ellas son la consolidación de nuestro desarrollo económico; la erradicación de la extrema pobreza; el establecimiento de un régimen moderno de relaciones laborales; la construcción de sistemas de salud y de educación eficientes, de amplia cobertura y preparados para las exigencias de una sociedad en rápido crecimiento; y por último, la inserción internacional del país.
A.
PODEMOS CONSOLIDAR NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO
Nuestro país ha conquistado en los últimos años una posición de privilegio en el marco de las economías en desarrollo. Ello constituye una base sólida para dar paso al Chile de oportunidades que todos aspiramos construir.
Nos proponemos continuar y profundizar esta senda de desarrollo con equidad, en un marco estable. Los éxitos alcanzados en el pasado reciente nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos en el futuro inmediato.
Durante este año pasamos por un proceso de ajuste económico que nos llevará a un crecimiento del orden de 4 por ciento y a una inflación estimada de alrededor de 11 por ciento. Sin embargo, los sacrificios de hoy constituyen una inversión para mañana. Seremos inflexibles en nuestra lucha contra la inflación, puesto que ella es el peor impuesto que se cierne sobre nuestros compatriotas que viven de un sueldo o de un salario.
Esta tarea es de alta prioridad para mi Gobierno. En estos dos meses ya hemos tomado medidas para atenuar el crecimiento del gasto. No apelaremos al camino fácil de bajar la inflación por la vía de reducir el tipo de cambio, porque ello amenaza nuestro esfuerzo exportador.
No habrá crecimiento económico sin una cuota de esfuerzo y sacrificio. Un mayor crecimiento sólo será posible en tanto seamos capaces de lograr sustanciales incrementos en el ahorro y la inversión del país. Esto nos obliga a realizar un esfuerzo de austeridad -tanto público como privado-, postergando gastos corrientes muchas veces justificables, para destinarlos al ahorro y así financiar la inversión.
La mantención de un crecimiento alto y sostenido requiere esfuerzos permanentes para fortalecer el proceso ahorro-inversión, cuya eficiencia está fuertemente ligada al desarrollo y a la profundización del mercado financiero. En este sentido, estamos comprometidos con la pronta puesta en marcha de la nueva Ley de Mercado de Capitales; asimismo, esperamos una solución razonable y oportuna al problema de la deuda subordinada que mantiene la banca privada, a través de medidas responsables que no lesionen el patrimonio del Banco Central.
En esta tarea, en la que el Gobierno será perseverante, la política fiscal, de ahorro e inversión, la política comercial, los estímulos a la productividad, serán instrumentos conducentes a los siguientes logros:
Primero, obtener un perfil de inflación decreciente que nos conduzca en el período de mi mandato, no sólo a una tasa inflacionaria de un dígito, sino también a una cifra comparable a la de economías similares y exitosas en esta materia.
Segundo, alcanzar una tasa de crecimiento real de a lo menos 5,5 por ciento en el período, que asegure al país sobrepasar el nivel actual de ingreso real por habitante, de US$ 3.160, a unos US$ 4.400, en 1999; ello significaría 38 por ciento de incremento en moneda de hoy.
Tercero, dinamizar el mercado del trabajo con el objeto de acomodar un crecimiento tanto del empleo como de la fuerza de trabajo del orden de 2,5 por ciento al año.
Cuarto, lograr nuevamente un crecimiento medio anual de la productividad laboral de alrededor de 3 por ciento. Esta meta es exigente, pero representa un sustento básico para crecer con mayor equidad.
Quinto, conseguir un incremento gradual pero sistemático en los niveles de salarios reales, de modo tal de subir significativamente el ingreso real por trabajador durante el período.
Sexto, acrecentar en forma significativa los niveles de consumo de las familias de menores ingresos del país, acorde con el nuevo patrón de oportunidades sustentables para las mismas.
Y séptimo, continuar nuestro proceso de profundización de la apertura comercial, acelerando las tareas de internacionalización en el campo financiero y de inversión, de manera tal de acrecentar sustantivamente nuestros niveles de competitividad.
En el ámbito del funcionamiento de los mercados, fortaleceremos la capacidad técnica y de gestión para promover su carácter competitivo. Allí donde no existan mercados competitivos, ejerceremos plenamente las atribuciones reguladoras del Estado.
De esta manera, las regulaciones sobre estructura de mercado que se expresan en una legislación especial para sectores como el eléctrico, telecomunicaciones y gas, tienen como objetivo mejorar las condiciones de competencia dentro de cada uno de ellos. Del mismo modo, los procesos de tarificación de servicios de utilidad pública apuntan en el sentido de conciliar los intereses de los consumidores con el necesario dinamismo de las empresas y las nuevas inversiones.
La estrategia para fortalecer la inserción económica de nuestro país en el mundo difícilmente se podrá continuar sobre la base sólo del aprovechamiento de ventajas naturales, de mano de obra barata o de un crecimiento meramente extensivo. En el nuevo escenario internacional, dicha estrategia deberá orientarse al aumento permanente de la competitividad de nuestra economía, donde la productividad, la calidad, la flexibilidad y la preservación del medio ambiente serán los factores determinantes.
En este sentido, no obstante la evolución que ha experimentado la estructura de nuestras exportaciones, donde han emergido con fuerza sectores no tradicionales, como el forestal, el frutícola y el pesquero, las exportaciones de la minería representaban todavía en 1993 un 42 por ciento del total exportado, aproximadamente US$ 4.000 millones. Estas cifras nos recuerdan que la minería chilena ha sido y seguirá siendo uno de los sectores productivos más influyentes en el desarrollo económico del país y en la materialización de inversión tanto nacional como extranjera. Pero, además, la paulatina modernización de sus procesos y la incorporación de innovaciones tecnológicas que ha comenzado a darse en su interior, hace hoy a este sector más competitivo, y sus condiciones de operación ya no pueden considerarse sólo como un simple crecimiento extensivo o el mero aprovechamiento de ventajas naturales. Los proyectos en desarrollo, que en el país alcanzan a US$ 17.000 millones, sólo en minería se acercan a los US$ 4.700 millones.
No cabe duda de que, en la actualidad, un gran número de empresas de la ciudad y del campo, especialmente pequeñas y medianas, enfrentan dificultades significativas para incorporarse al proceso de modernización, por insuficiencias en los mercados de asistencia técnica, desarrollo tecnológico y capacitación.
Emprenderemos tareas específicas en el ámbito del fomento productivo, las cuales se enmarcarán en las áreas tecnológica y de apoyo a las PYME. Como ejemplo de este empeño, durante 1994 la CORFO intermediará recursos por alrededor de US$ 170 millones, la mayor parte de los cuales irá destinada al sector de medianas y pequeñas empresas y al financiamiento de exportaciones.
B.
DEBEMOS SUPERAR LAS FORMAS EXTREMAS DE POBREZA
En los cuatro primeros años de la presente década, más de un millón 200 mil de nuestros compatriotas dejaron de ser pobres de la manera más digna conocida: trabajando y ganándose su propio sustento.
Como país, hemos construido un camino que nos llevará al progreso económico y a la plena armonía social, siempre y cuando seamos capaces de ofrecer reales oportunidades de futuro a las chilenas y a los chilenos más carentes.
Para enfrentar este problema, mi Gobierno desarrollará un Programa de Superación de la Pobreza, guiado por las siguientes orientaciones y criterios centrales.
Mantendremos nuestros mayores esfuerzos en el perfeccionamiento y mantención de una política económica que asegure un sostenido crecimiento, que busque nuevos mercados para vender lo que los chilenos somos capaces de producir y que nos lleve a estabilizar definitivamente los precios. De esta manera podremos terminar para siempre con este mal que es la inflación, que tanto daño nos hace en los presupuestos familiares y en la economía misma.
Privilegiaremos los programas públicos y apoyaremos los esfuerzos privados que busquen mejorar la capacidad de los pobres para ganarse la vida por sí mismos. Son los niños, jóvenes y trabajadores con voluntad de perfeccionarse los mejores candidatos para recibir un apoyo de calidad en materia educacional y de capacitación laboral que los habilite para romper las ataduras de la pobreza. En el mismo espíritu están diseñados los programas de apoyo productivo para mujeres pobres jefas de hogar y microempresarios urbanos y rurales. Las actividades que desarrollan INTEGRA y PRODEMU focalizando acciones educativas y de promoción en los niños y en las mujeres en situación de extrema pobreza, no sólo dignifican a la mujer y contribuyen a mejorar la calidad de la educación preescolar de los niños; ayudan también, de manera importante, a hacer de los beneficiarios los protagonistas de su propio desarrollo, a través de su incorporación activa a los programas.
Convocaré a un grupo de líderes representativos de la sociedad, del mundo de la empresa, del ámbito sindical, de las iglesias, de las instituciones de tipo solidario, para que, junto con autoridades de Gobierno, puedan concentrar y coordinar inteligencia, recursos, organización y voluntades en torno del rescate de nuestros hermanos que viven y sufren la pobreza.
Será vano este enorme esfuerzo si no somos capaces de integrar a esta tarea a los gobiernos regionales y municipales. Estos gobiernos, que dentro del espíritu descentralizador están tomando crecientemente sus propias decisiones de inversión, debieran sumarse también -como estoy seguro que lo harán- a este compromiso masivo de inversión en los más pobres.
Tenemos que lograr, además, una expresión residencial, vecinal, de esta tarea, que es de todos. Realizaremos una focalización integral de recursos, en que canalizaremos hacia el mismo objetivo -un medio centenar de localidades más pobres- un conjunto de iniciativas públicas y privadas que deberán irradiarse hacia el resto del país a la velocidad y ritmo que seamos capaces de lograr. La eficiencia y la eficacia de esta modalidad para combatir la pobreza serán claves para su propagación a todas las regiones.
Quiero asegurar en forma categórica que este esfuerzo tendrá que basarse fundamentalmente en el mejor uso de los recursos que hoy maneja el sector público.
La primera prioridad dentro del programa deberán tenerla los niños y los jóvenes.
Hay otros chilenos que también requieren de nuestra especial atención bajo el Programa de Superación de la Pobreza: las personas de la tercera edad que carecen de recursos y de posibilidades de ganarse la vida en forma productiva; los que sufren segregación por padecer de alguna discapacidad y que tienen todo el derecho de integrarse plenamente a nuestra vida social y hacer su aporte productivo, intelectual o artístico; los pueblos indígenas, cuyas culturas tenemos la obligación de preservar como testimonio de nuestras raíces comunes como nación, y que deben incorporarse al proceso de crecimiento económico. También nos convocan aquellos chilenos con espíritu empresarial que, por ser demasiado pequeños, no tienen acceso a los mercados formales de comercio y financieros, que requieren el apoyo público y de sus pares del mundo privado para superarse a través de esta dimensión tan creativa y transformadora que es la empresa.
El surgimiento de nuevas actividades y la declinación de otras, consustancial a una economía como la nuestra, que está plenamente integrada a los mercados mundiales, nos han llevado y nos llevarán en el futuro a situaciones indeseadas de súbito empobrecimiento de áreas geográficas, cuando estas localidades son demasiado dependientes de un solo producto o actividad que sufre una declinación. La atención a áreas deprimidas, mediante programas de reconversión productiva, tiene que ser preferente, decidida y útil para las familias que están padeciendo una situación imprevista de pobreza. Hay que perseverar en las oportunidades de reentrenamiento vinculadas a actividades económicas en expansión; de apoyo al desarrollo tecnológico vinculado a las demandas del sector productivo; de fomento a la actividad empresarial independiente; de apoyo directo a las familias afectadas, para así atenuar el costo de la caída de actividad y lograr su despegue.
Si no actuamos con decisión en estos planos, seremos responsables de estar perpetuando la existencia de dos países: un Chile moderno, rico y próspero, y otro añejo, atrasado y pobre. Superar la pobreza es algo más que proporcionar un poco de bienestar a las personas. Es una obligación solidaria de todos los chilenos que hemos podido crecer y desarrollarnos para con aquellos compatriotas que no han tenido oportunidades o que no han sido capaces de aprovecharlas. Nuestra generación de políticos será la responsable de responder ante la historia por lo que seamos capaces de hacer para que Chile sea una sola patria.
C.
NECESITAMOS MODERNIZAR LAS RELACIONES LABORALES
Una economía moderna requiere elevar la calidad de los empleos, perfeccionar sus instrumentos de capacitación y promover sistemas de relaciones laborales equitativos, adecuados a las necesidades de flexibilidad de los mercados de trabajo. Asimismo, requerimos perfeccionar nuestra capacidad fiscalizadora, mejorar las protecciones de seguridad social, tanto para los trabajadores activos como para los pasivos, y avanzar en mecanismos diversos e innovadores de participación a todos los niveles.
La política laboral de mi Gobierno se orientará conforme a tres conceptos fundamentales: equidad social -esto es, mejores oportunidades de acceso de todos los chilenos a los beneficios del desarrollo, con particular énfasis en los sectores que aún permanecen en condiciones más desfavorecidas-; modernización y, finalmente, concertación social, cuyo propósito es alcanzar el reconocimiento mutuo entre las partes relevantes de las relaciones laborales.
Mi Gobierno ya ha iniciado y continuará desarrollando un conjunto de políticas precisas.
Primero, reformaremos el actual Estatuto de Capacitación y Empleo que rige al Servicio de Capacitación y Empleo, SENCE. En el plazo de sesenta días enviaremos al Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley sobre esta materia. Dicho proyecto está actualmente en etapa de consulta y análisis conjunto con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores. Esperamos lograr un alto grado de consenso sobre este importante asunto. La reforma contempla dotar al SENCE de las atribuciones adecuadas para jugar un papel eficaz como orientador y promotor de las políticas de capacitación y formación profesional, coordinando los sectores público y privado.
Segundo, modernizaremos y tecnificaremos las Oficinas Municipales de Colocación, OMC, en las 58 comunas en donde existen, a fin de establecer un eficiente sistema de información y orientación laboral sobre las oportunidades de empleo y de capacitación, coordinando los sectores público y privado. Este sistema se extenderá en el futuro cercano a 120 comunas.
Tercero, el Gobierno está abocado al análisis de un sistema de protección de los trabajadores que les permita cubrir razonablemente los períodos de cesantía resultantes de adecuaciones económicas y técnicas de los mercados de trabajo.
Cuarto, estamos llevando adelante un riguroso programa de fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales y previsionales. Este programa contempla el establecimiento de la fiscalización itinerante, que nos permitirá llegar oportunamente a todo el país, especialmente allí donde se produzcan las situaciones más graves de incumplimiento de la ley.
Quinto, hemos iniciado un riguroso y objetivo examen para evaluar la actual legislación laboral en ocho aspectos fundamentales, centrados en el derecho a sindicalización y en la negociación colectiva. Después de esta evaluación el Gobierno generará las acciones concretas que estime procedentes, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empresarios.
Sexto, en materia de previsión social, daremos a conocer en el transcurso del segundo semestre de este año propuestas para lograr el acceso a los sistemas previsionales de los trabajadores eventuales y de temporada. Asimismo, impulsaremos en el Parlamento la extensión del sistema de jubilación anticipada por trabajos pesados del antiguo seguro social a todos los afiliados al Instituto de Normalización Previsional. Para ello daremos prioridad a la parte del proyecto en discusión en el Parlamento que trata sobre esta materia. De esta manera, muchos trabajadores cercanos a la tercera edad que permanecen en el antiguo sistema previsional se verán beneficiados prontamente. En este mismo campo, estamos estudiando ampliar el papel y la función de las cajas de compensación y de las mutuales de seguridad en el sistema de seguridad social del país. Con el objeto de mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión del régimen de pensiones, el Gobierno presentará un proyecto de ley tendiente a disminuir los actuales costos de administración del sistema, a fin de incentivar la reducción de las comisiones que actualmente se cobran a los trabajadores afiliados, lo que irá en beneficio de las futuras pensiones.
Séptimo, en el campo de las tareas referidas a la mujer en el área laboral, un grupo de trabajo interinstitucional ha preparado un conjunto de medidas inmediatas que den cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, elaborado por el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, con una cincuentena de iniciativas concretas.
D.
DEBEMOS CONSTRUIR UN SISTEMA EDUCACIONAL MODERNO
La educación constituye para nosotros una de las tareas decisivas que debemos afrontar como nación.
Mejorar su calidad es un imperativo moral, democrático y económico. Si aspiramos a ser una nación desarrollada, no podemos continuar con un sistema educacional que discrimina las oportunidades del futuro, relegando a los niños de las familias pobres a un destino sin oportunidades reales de progreso.
Los niños que durante este año han ingresado a la escuela complementarán su formación básica el año 2001 y egresarán de la enseñanza media el 2005. En el mundo de hoy, y más aún en el de mañana, la capacidad competitiva de nuestros productos en los mercados internacionales depende cada vez más de la capacidad creadora y de los niveles de capacitación de quienes concurren a la producción de los bienes que se exportan.
Lo anterior implica desarrollar, en el ámbito de la educación básica, una política orientada por los siguientes objetivos: mejorar la calidad de la educación que se imparte; focalizar los esfuerzos y recursos en los segmentos más pobres de la población; modernizar los sistemas de enseñanza-aprendizaje con el propósito de generar mayores niveles de conocimiento y creatividad en nuestros niños y jóvenes; y modernizar los sistemas de gestión, de tal manera que nuestro sistema educacional deje de verse permanentemente amenazado por un eventual colapso financiero en su funcionamiento.
En la perspectiva de los principios enunciados, hemos enviado al Congreso Nacional un proyecto que modifica la actual Ley de Subvenciones y el Estatuto Docente, que avanza decididamente en la dirección señalada.
En efecto, la iniciativa contempla un aumento real de 3 por ciento de la subvención escolar, lo cual significa que el sistema educacional recibirá recursos adicionales por 7 mil millones de pesos anuales. Del mismo modo, ese proyecto contempla un incremento relevante de la subvención de ruralidad. Se incrementan de un mil 400 a 3 mil 800 los establecimientos que califican para recibir dicha subvención, a la vez que se eleva el piso de recursos de 20 a 36 unidades de subvención educacional (USE).
Por otra parte, el proyecto propende a un mayor tiempo de atención escolar para los niños de las escuelas pobres. Es universalmente conocido el hecho de que, a mayor tiempo de atención escolar, más aprenden los niños.
Cabe señalar que en los países con los cuales debemos competir internacionalmente los niños tienen en promedio un mil 200 horas de atención escolar. En Chile, dicho promedio es de sólo 800 horas anuales. Si de verdad aspiramos a situarnos en el concierto de las naciones que transitan por los caminos del progreso y del desarrollo, debemos avanzar en el objetivo de que nuestros niños tengan un promedio más elevado de atención escolar.
Ese proyecto de ley también contempla el aumento de la subvención otorgada para la modalidad de educación de adultos, mejorando la subvención de educación básica de adultos en 42 por ciento, y en la modalidad de educación media, en 86 por ciento. Y cuando hablamos de educación de adultos, nos referimos básicamente a jóvenes de entre 17 y 24 años que por diversas razones, asociadas a la pobreza o a la marginalidad, han hecho abandono del sistema escolar sin haber terminado sus estudios.
El proyecto de ley también flexibiliza la gestión educativa municipal en el sentido de terminar con ciertas rigideces relativas a la dotación de maestros en los establecimientos escolares. De no superarse esta situación, ella conducirá, con toda certeza, a una crisis financiera del sistema educacional chileno.
Sin embargo, las exigencias que el mundo moderno pone al sistema educacional no se agotan en nuestra educación básica. A comienzos de la década del 60, sólo 15 por ciento de los jóvenes llegaba a la educación media; hoy, cerca de 80 por ciento.
Pero en el escenario cada vez más exigente de un mundo sometido a radicales transformaciones en todos los ámbitos, la educación media del país, su organización institucional, su currículum y sus métodos han permanecido prácticamente inalterados en los últimos 40 años. Cambió el país, y no han cambiado ni las formas ni los contenidos con que formamos a nuestros jóvenes.
Chile necesita no sólo de mejoramientos, sino, además, de una profunda reforma en su educación media.
Tres son los principios que orientan nuestro plan de reforma.
En primer lugar, Chile necesita prolongar el ciclo de educación común, actualmente de ocho años, a diez años. Este currículum general de diez años debe proveer a los alumnos de competencia y habilidades de alta calidad en el dominio de los lenguajes generativos, de los principios científicos generales que son clave para la comprensión del mundo y las organizaciones, y de las estrategias de conocimiento y de solución de problemas.
En segundo término, es necesaria una redefinición curricular y de orientación del ciclo superior de la educación media, correspondiente a los años undécimo y duodécimo del ciclo escolar.
Se debe dejar de pensar la modalidad científico-humanista como exclusivamente preparatoria para la universidad, y abrir paso a una oferta curricular más variada y relevante para la diversidad de alumnos que asisten a esta modalidad.
La técnico-profesional debe dejar de ser concebida como una modalidad de carácter terminal y altamente especializada. Las nuevas formas de producción y las nuevas tecnologías cambian a velocidades sin precedentes y en direcciones que no son siempre predecibles, y, por tanto, demandan una calificación del trabajo de nuevo tipo, fundada en la resolución de problemas y comprensión de las bases científicas y técnicas de los procesos productivos.
En tercer lugar, es necesario redefinir las conexiones institucionales entre ambas modalidades de educación media, pasando desde una concepción de “túnel” hacia una concepción de “redes”, a fin de hacer más flexibles sus límites y permitir “segundas opciones” a los jóvenes que lo deseen.
Con la educación de Chile no se puede improvisar. Así como en las medidas tendientes a mejorar la calidad de la educación básica no nos dejaremos presionar por intereses corporativos, en la reforma de la educación media avanzaremos con paso decidido, aunque sin apresuramientos.
De esta manera, empezaremos a aplicar, a partir del año próximo, un Programa Piloto de Modernización en dos grupos de establecimientos: el primero, en 120 establecimientos para superar sus severas deficiencias; y el segundo, en 35, para estimular su potencial de desarrollo.
Al mismo tiempo, trabajaremos tras el objetivo de lograr un amplio consenso social, político y técnico para que, en un plazo razonable, podamos iniciar a escala ampliada esta urgente y necesaria modernización de nuestra educación.
Adicionalmente, podemos decir que, conforme a la evaluación del año pasado, en el 50 por ciento del sector más pobre de nuestra población, los niños de cuarto año básico no son capaces de aprender a leer y escribir. Esa es la realidad. Por lo tanto, o enfrentamos el tema de la educación como un desafío nacional, o, de lo contrario, seguiremos para siempre siendo un país subdesarrollado.
E.
HACIA UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE Y EQUITATIVO
El país sabe que nuestro sistema de salud arrastra problemas crónicos de desigualdad y discriminación en las prestaciones que ofrece; graves deficiencias en la calidad de la atención del sistema público; fallas en su sistema de financiamiento, y enormes carencias en sus modalidades de gestión.
Sobre la base de ese diagnóstico, orientaremos nuestra acción de acuerdo a cuatro objetivos fundamentales: dar prioridad a los más pobres (vale decir, focalizar los programas y recursos tanto en los grupos más susceptibles de enfermar como en aquellos que presentan niveles superiores de pobreza); promover el logro de una mayor equidad, pues el sector salud presenta situaciones de gran desigualdad en la prestación de sus servicios, en lo que se refiere tanto a la situación entre regiones como a la que existe entre el sector público y el sector privado; lograr una mejoría significativa en la gestión; y avanzar en la descentralización, de manera de acercar cada vez más las decisiones a la gente.
En consecuencia, vamos a impulsar las siguientes políticas.
Primero, en diciembre de este año presentaremos al país un Nuevo Modelo de Atención, adaptado a la actual realidad nacional y de las regiones, y en cuya definición habrá participación activa de expertos y de organizaciones sociales que representen tanto a los proveedores como a los usuarios del sistema.
Segundo, a partir de julio del presente año pondremos en marcha nuevos mecanismos de asignación de recursos. En el caso de la atención primaria, se asignará en función del pago per cápita, transfiriendo recursos de acuerdo a las condiciones de pobreza, ruralidad y población beneficiaria de los establecimientos. En cuanto a los niveles secundario y terciario de atención, implementaremos el pago por resultados. Y a partir de diciembre del presente año se pagará por el sistema de Pago Asociado a Diagnóstico a doce servicios de salud.
Tercero, desarrollaremos mecanismos orientados a eliminar los subsidios cruzados que hoy día existen desde el sistema público hacia el privado (más de 15 mil millones de pesos anuales). Ello supone mejorar el sistema de recaudación de cotizaciones de FONASA e impulsar el desarrollo de sistemas de cobro de las atenciones realizadas a beneficiarios de las ISAPRES y que se atienden en el sistema público de salud.
Cuarto, aumentaremos la cobertura de varios programas, como los de salud bucal, de salud mental y de neonatología, orientados por el principio de hacer efectivo el derecho de todos los chilenos a una atención que no discrimine entre regiones o condición socioeconómica.
Quinto, serán descentralizadas las decisiones de compra que actualmente asume la Central de Abastecimiento, por la vía de establecer una Bolsa Electrónica que permita la intermediación en el proceso de adquisiciones. Mediante un proceso adecuado de capacitación, será posible redistribuir los recursos humanos de esta Central a partir de 1995.
Sexto, apoyaremos la gestión de los servicios de salud, y a partir del Presupuesto de 1995 generaremos mecanismos de inversión mediante fondos concursables.
Séptimo, el Gobierno persistirá en modificar la ley de ISAPRES. Para ello distinguiremos dos tipos de materias: unas en que hay acuerdo, tales como el tratamiento de los excedentes, las regulaciones de exclusiones y carencias, las regulaciones de los convenios colectivos y los aumentos de capital y garantía que las ISAPRES deben mantener, materias que resuelven problemas básicos del sistema privado de salud; y otras en las que se mantiene la discusión, como las enfermedades catastróficas y el tratamiento de la tercera edad.
Lo anterior implica que el Ejecutivo enviará un nuevo proyecto a tramitación parlamentaria que contenga, como modificación a la ley vigente, las materias en que existe consenso. Ello tiene por objeto que los puntos discordantes no detengan el pronto despacho de la iniciativa y que los usuarios del sistema puedan beneficiarse con la nueva normativa. En las materias en que persista la discrepancia, continuaremos trabajando y escuchando a todos los sectores involucrados, para arribar a propuestas que den base a un futuro proyecto de ley.
Y, por último, en otro campo, pero profundamente ligado a la salud y a la vida humana, impulsaremos las investigaciones que sean necesarias acerca de los temas de la bioética, para culminar luego en la reglamentación que esta importante materia exige.
F.
DEBEMOS PROFUNDIZAR NUESTRA INSERCION INTERNACIONAL
Los grandes principios de la política exterior chilena a lo largo de la historia han sido y son el respeto intransable al Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional, la promoción de la democracia y de las relaciones amistosas entre los pueblos del mundo. En el actual contexto internacional, estos principios adquieren una especial concreción en el apoyo activo y dinámico a la internacionalización de la economía chilena mediante lo que llamamos “una diplomacia para el desarrollo”.
De acuerdo a este criterio orientador, hemos definido tres grandes objetivos para la política exterior.
Primero, profundizar la internacionalización de la economía chilena, concretando alianzas y acuerdos que aseguren una adecuada inserción en un mundo cada vez más interconectado.
Segundo, potenciar las relaciones con nuestros principales socios en el mundo, desarrollando a la vez un clima externo propicio para alcanzar la estabilidad democrática, especialmente en la región latinoamericana.
Tercero, participar de manera selectiva en iniciativas tendientes a lograr la paz, la extensión de la democracia y del respeto a los derechos humanos, y el desarrollo y la equidad social en el sistema internacional.
Nuestra acción estará orientada por los siguientes criterios y políticas.
Nuestro país adhiere plenamente al principio del regionalismo abierto, que concibe los acuerdos regionales como mecanismos para la expansión del comercio y las inversiones, pero sostiene la necesidad de que estos acuerdos fortalezcan un comercio mundial cada vez más libre. Es esta fórmula la que permite hacer compatible la apertura unilateral de nuestra economía con la suscripción de acuerdos bilaterales y una activa participación en las negociaciones multilaterales.
Los vínculos con América Latina ocuparán un lugar prioritario en nuestra política exterior. América Latina ha vuelto a convertirse en una de las áreas de mayor dinamismo económico en el mundo. Se hacen, entonces, más necesarios que nunca la complementación y la integración económicas. Asimismo, queremos realizar nuestra contribución a la consolidación de un clima de paz, diálogo, solidaridad y confianza mutua con los países de la región, por lo que mantendremos hacia nuestros vecinos una política de acercamiento constructivo e integración física y económica. Esperamos para este año el fallo del Tribunal Arbitral que pondrá fin al litigio de Laguna del Desierto, reduciendo así al mínimo los problemas fronterizos pendientes.
Tenemos una evaluación muy positiva de los resultados de los acuerdos bilaterales suscritos por el país hasta la fecha con México, Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. El dinamismo que hoy muestran nuestras relaciones comerciales con América Latina no es ajeno a estos acuerdos, complementados por políticas internas de mayor apertura. Seguiremos adelante en las negociaciones con Ecuador, y esperamos alcanzar con Brasil y Perú mayores avances de los logrados hasta la fecha.
Especial interés tienen para nosotros las relaciones con el MERCOSUR, que incluye a los dos primeros socios comerciales de Chile en América Latina. En los próximos meses, Chile propondrá al MERCOSUR un esquema de asociación que, sin significar nuestra incorporación a ese proyecto de Mercado Común, permita avanzar hacia una zona de libre comercio en el área vecinal.
No se nos escapa que, a mediano plazo, es necesario encontrar un marco regional a través del cual consolidar los muchos acuerdos parciales que se van alcanzando entre países. La ALADI debe proporcionar el marco jurídico básico de la política de integración y constituirse en el principal centro de la acción multilateral, convirtiéndose en un auténtico Foro Latinoamericano de Comercio.
Chile apoyará los esfuerzos por constituir al Grupo de Río en una instancia común de participación en los debates globales. El Grupo debe ampliar su acción en materias económicas, especialmente para unir fuerzas y enfrentar acciones proteccionistas que amenazan nuestro desarrollo. A ello hay que unir la necesidad de que el Grupo de Río retome su énfasis inicial en la concertación política, para abordar los problemas pendientes de la paz, la seguridad y la convivencia en América Latina.
Nuestra política hacia América Latina debe ser plenamente compatible con una inserción más profunda en los mercados mundiales. La negociación de acuerdos que nos permitan alcanzar este fin, sea en un marco bilateral o en un marco más amplio, constituye una tarea prioritaria para el Gobierno que presido.
En este marco, nos interesa ampliar nuestra agenda bilateral con los países de América del Norte.
Recientemente hemos alcanzado un acuerdo político con el Gobierno de los Estados Unidos para iniciar en breve las negociaciones sobre un Acuerdo de Libre Comercio, a través de una modalidad bilateral o de nuestra incorporación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La negociación de un acuerdo de este tipo constituye una tarea prioritaria para mi Gobierno.
Desde luego, ello no significa que cualquier acuerdo sea atractivo para nosotros. De allí la importancia de una negociación coordinada, que considere el distinto peso de los elementos de apertura de mercados de bienes y servicios, normas comerciales, solución de controversias, propiedad intelectual, inversiones, medio ambiente, asuntos laborales y otros que un tratado de esta naturaleza impone. Sólo este esfuerzo conjunto de todo el país podrá llevarnos a una negociación claramente beneficiosa para Chile, y que también abra un camino para otros países de América Latina.
Europa constituye otra área relevante de nuestra política exterior. La Unión Europea representa el mayor mercado integrado del mundo y se mantiene como uno de los socios más importantes para Chile. Además, nuestro país mantiene excelentes relaciones políticas con las naciones europeas, basadas en valores muy profundos, que se han manifestado en importantes flujos de cooperación e inversión. Existe un activo común que pretendemos aprovechar para establecer un vínculo comercial más estrecho con la Unión Europea y sus países miembros, y atenuar el impacto de las tendencias proteccionistas que afectan a nuestro país. Por nuestra parte, seguimos abiertos a negociar bilateralmente, o en conjunto con los países del Grupo de Río, un esquema de asociación con Europa que dé estabilidad a nuestros flujos comerciales y financieros.
La acentuación de la apertura hacia el Asia-Pacífico configura uno de los ejes centrales de la política exterior de Chile. La Cuenca del Pacífico es, sin duda, uno de los principales escenarios internacionales del mundo que viene. Nuestra incorporación, en octubre próximo, a la Cooperación Económica del Asia Pacífico, APEC, culmina un esfuerzo de aproximación a esta región. No obstante, nuestra presencia real en el Asia-Pacífico es aún insuficiente y el Gobierno sólo puede crear las condiciones y tender los puentes. El sector privado debe estar dispuesto a usarlos, con audacia y creatividad, si hemos de convertir efectivamente a Chile en la “puerta hacia el Pacífico” en América del Sur.
Los cambios que se registran en el mundo están llevando a un nuevo protagonismo de las organizaciones internacionales. Diversos asuntos que preocupan a nuestro país necesitan de tratamiento multilateral, tanto más en una etapa en que se modifican los regímenes internacionales en áreas tan cruciales como la seguridad, los derechos humanos, el comercio, la protección del medio ambiente, la explotación de recursos naturales y la cooperación internacional.
La convocatoria a la Cumbre para el Desarrollo Social, por celebrarse en Copenhague en marzo de 1995, representa el fruto de una importante iniciativa de la política exterior chilena, que impone grandes desafíos para nuestro país.
Por último, el fortalecimiento de nuestros vínculos externos requiere de una acción sostenida y permanente, que incluye la realización de contactos entre los gobernantes. Después de una selección cuidadosa de los múltiples compromisos internacionales que tiene Chile, me propongo participar, en el curso de 1994, en la Reunión Cumbre Iberoamericana de Cartagena, en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobiernos del Grupo de Río y en la Cumbre de Mandatarios de América y del Caribe convocada por el Presidente de los Estados Unidos para diciembre de este año. Chile debe participar constructivamente en la comunidad internacional, y por eso asistiremos a la ONU en septiembre.
II
CONDICIONES Y EXIGENCIAS
Esta oportunidad, expresada en las seis áreas que señalé, precisa del cumplimiento de un conjunto de condiciones y exigencias para hacerse realidad.
Los avances económicos y sociales que debemos concretar para poner a Chile en el umbral del desarrollo requieren que progresemos armónicamente en las áreas que sustentan estos progresos. Fuerte inversión en infraestructura; calidad de vida en las ciudades y en el campo; justicia ágil y eficiente; protección del medio ambiente; defensa nacional asumida por todos; modernización del Estado; profundización de la descentralización y de la regionalización, son las condiciones más relevantes para alcanzar el éxito en las tareas que nos hemos propuesto.
Al mismo tiempo, enfrentamos exigencias de orden moral y político que no podemos soslayar si queremos realmente la construcción de una patria en que todos los chilenos puedan participar, crecer y hacer oír su voz. Me refiero a consolidar nuestro sistema democrático, a fortalecer el espíritu de consenso y a difundir entre nosotros una verdadera cultura de la responsabilidad.
A.
ASEGURAR ENERGIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL PAIS
Nuestro país, si quiere aprovechar la gran oportunidad que tiene por delante, debe resolver los graves déficit que hoy presenta en materia de mantenimiento y disponibilidad de su infraestructura. De no ser superada esta carencia, constituirá una traba importante en el desarrollo económico futuro.
La otra dimensión crucial para sostener nuestro crecimiento económico futuro es un adecuado abastecimiento energético. En este contexto, mantendremos reglas claras y estables, a la vez que propondremos la modernización de la ley de servicios de gas, que data de 1931, y el perfeccionamiento de la ley sobre servicios eléctricos. En el caso de la legislación sobre el gas, las modificaciones se hacen urgentísimas, dada la posibilidad de contar con gas natural proveniente de países vecinos, en particular de Argentina, proyecto en el que existe gran interés del sector privado. El perfeccionamiento de la ley sobre electricidad se hace también necesario para facilitar la incorporación de nuevos actores privados, tanto nacionales como extranjeros, en particular a la actividad de generación eléctrica. De esta manera podremos tener el día de mañana una oferta energética suficiente que acompañe el ritmo de crecimiento que deseamos.
En el ámbito de la infraestructura, y en particular en obras públicas, tres son los grandes objetivos que se propone enfrentar mi Gobierno: primero, el imperativo de dotar de una estructura de carácter social o básico a los sectores más desposeídos; segundo, la necesidad de que la infraestructura que construyamos esté en condiciones de satisfacer los requerimientos de una economía en crecimiento; y tercero, atender las demandas de un país que requiere insertarse con decisión en la competencia de los mercados internacionales.
Para alcanzar estos objetivos, vamos a impulsar las siguientes políticas.
Primero, con respecto a la mantención de la infraestructura existente, tenemos contemplado destinar a ella alrededor de 42 por ciento del presupuesto de inversión sectorial, lo que permitirá evitar el deterioro de este capital físico constituido por el esfuerzo de varias generaciones de chilenos.
Segundo, en materia de vialidad urbana, hemos iniciado la construcción de diversas obras contempladas en el Tercer Programa de Inversiones de Vialidad Urbana, que comprende acciones en ciudades de todas las regiones del país por un monto que estimamos llegará a unos 370 millones de dólares en los próximos cuatro años.
Tercero, siempre en el plano del mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades, mi Gobierno dará prioridad a soluciones de tipo ambiental y sanitario. Para ello se avanzará resueltamente en la construcción de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas en todo el país, estimándose una inversión en este rubro del orden de 100 millones de dólares anuales, que deberá ser efectuada principalmente por el sector privado.
Cuarto, en el ámbito de los servicios sanitarios y tratamiento de aguas servidas, nuestro objetivo es lograr un ciento por ciento de cobertura en agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas; mejorar la dotación de agua potable rural en las zonas donde aún es muy baja; y, por cierto, ampliar el tratamiento de las aguas servidas.
Quinto, en materia de inversiones viales interurbanas, nuestra aspiración es llegar a tener una red de autopistas y carreteras principales que permitan a Chile tener, en un plazo breve, aproximadamente 2 mil kilómetros de ruta que requieren un alto estándar de autopistas de doble calzada. Estas carreteras serán desarrolladas fundamentalmente por el sector privado mediante la ley de concesiones. Durante el año en curso se invertirá un total de 10 mil 600 millones de pesos en 105 puentes, lo cual incluye conservación, reposición y construcción.
Sexto, los puertos, sus accesos y su conexión expedita con los centros productores y los países limítrofes serán otro elemento de especial atención por parte del Gobierno, ya que constituyen un mecanismo principal de transferencia de la carga de comercio exterior, del cual depende cada vez más nuestro desarrollo económico. Para este solo año, en los puertos de Valparaíso y San Antonio se contemplan inversiones por más de 10 mil millones de pesos.
Esta tarea no sólo comprende la construcción de nuevos puertos y la ampliación de los ya existentes, sino, también, la habilitación de accesos expeditos para transportar la carga a través de las ciudades y el mejoramiento de la vialidad interurbana que conecta los puertos con los principales centros de producción.
Séptimo, el propósito del Gobierno es hacer de Chile la puerta de entrada de los países del Pacífico hacia América Latina, y la principal puerta de salida de Sudamérica hacia el Pacífico. Para ello, se dará la preferencia, en el próximo sexenio, a la construcción de una red vial que nos una con Argentina y Bolivia. La última propuesta para el inicio de los estudios acerca del túnel en baja altura para unir al país con Argentina, es una muestra de la voluntad de nuestro Gobierno.
Octavo, en cuanto a la red aeroportuaria del país, se han realizado los análisis tendientes a identificar las necesidades de inversión más urgentes y se avanza en la determinación de los mecanismos de financiamiento apropiados a cada caso. En esto también precisamos de la inversión privada.
Noveno, en lo que respecta a obras de regadío, nuestra meta es que, al término del sexenio de mi Gobierno, la capacidad de superficie total regada del país se haya incrementado en más de 15 por ciento. Lo anterior supone la construcción de grandes obras de riego, entre las que sobresale el embalse Santa Juana, en ejecución, y el inicio de la del canal Laja-Diguillín. En los próximos meses señalaremos las prioridades de las cuatro o cinco obras fundamentales que vamos a impulsar.
Décimo, lo ambicioso de las metas propuestas en materia de infraestructura, obliga a movilizar grandes cantidades de recursos y significa elevar sustancialmente los actuales niveles de inversión. Ello se logrará mediante una política audaz, que combine los esfuerzos de los ámbitos público y privado. Es así como estamos extendiendo las redes de aeropuertos a partir del financiamiento proveniente de las tasas aeronáuticas; los puertos, a partir de la contribución hecha por el sector privado, para lo que se ha diseñado una política de concesiones innovativas. Los recursos para las grandes obras de regadío se obtendrán de la recuperación de costos que se logra con las cartas de compromiso suscritas por los beneficiados, de acuerdo a la ley, sin perjuicio de que opere el subsidio para los agricultores de menores recursos. Finalmente, respecto de la estructura vial, estableceremos una modalidad en materia de peaje, según la cual efectivamente el usuario pague una cantidad justa y adecuada.
Undécimo, el Gobierno está comprometido con la aplicación de la denominada Ley de Concesiones, sin perjuicio de avanzar hacia nuevos perfeccionamientos de esa normativa. En 1993 se licitó una concesión por US$ 25 millones. Este año se licitarán otras por US$ 110 millones, y a partir de 1995 nos proponemos licitar concesiones por un total de entre 200 y 300 millones de dólares anuales. Esta es la mejor demostración de la forma en que el Gobierno entiende la contribución del sector privado en este rubro, y la única solución de futuro para este importante aspecto.
Duodécimo, esta política, que combina recursos públicos y privados, hace posible que el área de infraestructura sea un aporte efectivo a la solución de los problemas de pobreza. Los recursos que se obtienen del ámbito privado y que van a aquellas áreas en donde el carácter altamente rentable de la inversión hace posible las concesiones, permiten liberar recursos para infraestructura básica. En otras palabras, la política de mi Gobierno será que se pague por el uso de la infraestructura cuando ésta tiende al desarrollo productivo, y los recursos así liberados nos permitan dar prioridad a la infraestructura básica o de carácter social, como alcantarillado en las poblaciones, agua potable rural, construcción de caminos secundarios, obras todas que tienden a favorecer a los sectores más necesitados de nuestra patria.
B.
MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA
1.
Medio ambiente
La protección y mejoramiento del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales constituyen áreas prioritarias para la gestión de mi Gobierno.
Asumiremos las tareas ambientales, no sólo en el cumplimiento del mandato que la Constitución y la Ley de Bases del Medio Ambiente establecen, sino que, también, en el transcurso del próximo tiempo aplicaremos las siguientes medidas:
Dotaremos al Estado de instrumentos jurídicos, económicos y administrativos eficaces para incorporar la dimensión ambiental en las políticas sectoriales. Con este objetivo, el Gobierno fortalecerá la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, y las respectivas Comisiones Regionales.
Desarrollaremos y pondremos en marcha, en el curso del presente año, el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental dispuesto en la Ley de Bases del Medio Ambiente, junto con el reglamento que posibilitará la dictación de normas de calidad ambiental.
Fortaleceremos la educación ambiental a través de mecanismos formales y no formales, para crear hábitos y conductas de acuerdo a una cultura ambiental en toda la población. En los próximos tres años, más de 1.200 monitores en todo el país van a ser capacitados con ese propósito.
Promoveremos desde el Gobierno mecanismos para el desarrollo tecnológico ambientalmente sustentable. Así, por ejemplo, estamos implementando un programa de subsidios de renovación tecnológica, a fin de lograr una reducción de entre el 60 y 70 por ciento del consumo de insumos industriales que afectan el ozono para el año 1996.
Desarrollaremos mecanismos de consulta y participación de sectores productivos y ciudadanos en la elaboración de las políticas e instrumentos ambientales. Hoy, el Gobierno está consultando a dichos sectores en cumplimiento de esta tarea. Ella se verá reforzada por la creación, en los próximos meses, de un centro de comunicaciones, al amparo de la CONAMA, y la adecuación e implementación de la Agenda 21, de Río, en nuestro país, por la vía de vincular a los agentes sociales con los temas ambientales contenidos en esa Agenda.
Llevaremos a cabo un activo trabajo con el sector público que tiene competencias ambientales, cuyo objeto sea solucionar los problemas de diseño administrativo, de capacitación y de disposición de recursos materiales. Para ello se cuenta con el inestimable apoyo de un Programa del Banco Mundial, ya en operación.
Implementaremos un programa de control de la contaminación del agua y del aire. Para este efecto, se trabajará en la dictación de las normas y los estándares correspondientes. Por otra parte, el Gobierno alentará al sector financiero a que se haga eco de las preocupaciones ambientales cuando los proyectos lo ameriten. Para ello, facilitará la reconversión tecnológica y el cumplimiento de las normativas por parte de las empresas, por la vía de líneas de crédito que permitan dichas inversiones.
Apoyaremos la gestión ambiental del municipio. Junto a esto, he dado instrucciones para el desarrollo de los instrumentos que sean necesarios para lograr una eficiente gestión y manejo de residuos urbanos, industriales y peligrosos.
Usaremos de manera eficaz la energía. En este marco de planificación energética y en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, en el curso de un año se preparará un inventario de gases relacionados con el efecto invernadero.
Por último, mejoraremos y fortaleceremos el sistema nacional de áreas silvestres protegidas, y el ordenamiento de zonas costeras y de definición de parques marinos.
2.
Calidad de vida
Hoy en día, el 83 por ciento de la población de nuestro país se concentra en cinco grandes zonas urbanas. La vida en esas extensas ciudades encierra crecientes problemas, que afectan la calidad de vida de todos sus habitantes, pero que golpean con mayor dureza a las familias de menores ingresos.
Todos sabemos que, por décadas, el crecimiento demográfico y territorial urbano ha venido superando la capacidad de inversión del país. Ello ha generado un déficit habitacional y de infraestructura, tanto social como de servicios, que se extiende a todas las ciudades.
a. Vivienda
En términos habitacionales, se estima que la falta de vivienda afecta a más de 500 mil familias que viven como allegadas, y a otras 150 mil que habitan en casas que deben ser urgentemente reemplazadas, ya que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad. Anualmente se incorporan a la demanda 85 mil nuevas familias, como consecuencia del crecimiento demográfico y de la obsolescencia habitacional.
Enfrentaremos la magnitud de los problemas pendientes en este ámbito, de acuerdo a los objetivos que paso a enumerar.
Primero, perfeccionar la calidad, la eficacia y la agilidad de la aplicación de los actuales sistemas de acceso a la vivienda, focalizándolos hacia la atención de las necesidades de los sectores de más bajos ingresos.
Segundo, mejorar la calidad de los conjuntos de viviendas sociales, tanto en el diseño y tecnología de construcción como en su entorno: equipamiento, áreas verdes e infraestructura social.
Tercero, fortalecer las capacidades privadas para resolver sus problemas habitacionales y los de sus barrios, con la participación de todos los miembros de la comunidad de alguna forma insertos en la actividad de la construcción. Se favorecerá la posibilidad de movilidad de las familias, conforme a la evolución de su situación económica, tamaño y condiciones laborales y sociales.
Para el logro de estos objetivos, mi Gobierno ha iniciado la puesta en marcha de las iniciativas que indico a continuación.
Primero, aumentaremos las metas físicas y financieras de inversión en viviendas en un 6 por ciento, así como las obras de pavimentación, parques urbanos e infraestructura social para las familias más pobres de las zonas urbanas y rurales.
Segundo, aplicaremos mejores estándares de edificación, equipamiento e infraestructura, apoyando procesos de diseño y control en la ejecución de los conjuntos que se construyen para los sectores de menores ingresos, aumentando los controles de laboratorios de materiales y modificando las bases de licitación y el manual de inspección técnica de los SERVIU, a partir del segundo semestre de cada año.
En esta área, debemos destacar la tramitación en el Congreso del proyecto de ley que permitirá la creación del Instituto Nacional de la Construcción, y del que prolonga la responsabilidad de las empresas constructoras más allá del término de las obras.
Tercero, estamos incentivando la edificación de conjuntos habitacionales de mayor densidad y altura en las metrópolis y grandes ciudades, mediante el otorgamiento de subsidios diferenciados a los sectores medios, lo que permitirá un mayor uso de la infraestructura urbana instalada.
Cuarto, tenderemos a lograr un equilibrio urbano en el desarrollo de los programas habitacionales que se formulan y de los subsidios que se conceden, considerando los costos e impactos de las decisiones de su localización en el progreso de las ciudades.
Quinto, hemos decidido iniciar una nueva modalidad de acceso a la vivienda básica, otorgando un certificado de subsidio habitacional que permita a los beneficiarios elegir libremente la ubicación, diseño y calidad de sus viviendas. En el transcurso del presente año entregaremos los primeros mil subsidios con esta modalidad, lo que significa una inversión de 230 mil UF. El año próximo entregaremos otros 5 mil, con una inversión cercana a 1.200.000 UF. Esta nueva modalidad reconoce la plena capacidad de los sectores modestos de nuestro país a elegir y definir sus inversiones en vivienda, con lo cual estamos dando respuesta a la sentida aspiración de los chilenos de no verse obligados a aceptar una casa en un lugar determinado por el Gobierno.
Sin embargo, el problema habitacional no es el único que existe en la vida cotidiana de nuestras ciudades. El aumento y la diversificación de las exportaciones con modernos sistemas de manejo de carga, como asimismo la posibilidad de ofrecer a países vecinos nuestras facilidades portuarias, presentan problemas de convivencia entre las ciudades y sus puertos.
Hemos creado una Comisión de Ciudades Puertos, radicada en Valparaíso, para que en el plazo de seis meses proponga una adecuada solución al problema de la convivencia entre este puerto y la ciudad, lo cual también hemos previsto para otras ciudades a lo largo de todo Chile.
b. Servicios básicos
Nuestras ciudades han crecido segregadas, concentrando la infraestructura social y de servicios en algunos lugares, dejando vastos sectores de la población urbana al margen de tales bienes.
Dentro de los próximos noventa días daremos a conocer un nuevo plan nacional de pavimentos urbanos que, mediante un mecanismo de cofinanciamiento, reconozca los aportes de las familias al financiamiento de las obras de mejoramiento de pavimentos e infraestructura, y el mayor esfuerzo de los vecinos para la selección de los proyectos que se realicen con aporte fiscal en cada región. Ello permitirá aumentar en un 30 por ciento los recursos destinados a mejorar las condiciones de aquellas calles que son barro en el invierno y polvo en el verano, y que conforman el entorno de vida de muchos miles de nuestros compatriotas.
El mejoramiento de los sistemas de transporte público y el adecuado sistema de tarificación por el uso de las vías urbanas, constituyen las principales herramientas para enfrentar problemas como la congestión y la contaminación.
En esta perspectiva, seguiremos aplicando, en forma decidida, el proceso de licitación de vías y de ordenamiento general del transporte público de pasajeros.
Para abordar los problemas de congestión urbana, están en proceso de elaboración los Planes Directores de Transporte. En ellos se consideran inversiones en infraestructura, como las extensiones ya en marcha de la red del Metro, en Santiago; inversiones en gestión de tránsito; mecanismos y sistemas de tarificación vial, y políticas de estacionamientos y terminales de intercambio. Todo lo anterior, en el marco de un financiamiento de las inversiones que descanse cada vez más en el aporte de los usuarios de los diversos medios de transporte.
c. Deporte
Dentro de la calidad de vida de las personas, reconocemos la importancia de la práctica y difusión del deporte. La legislación actual en Chile está dispersa en más de treinta cuerpos legales. Además, constatamos gran número de deficiencias y carencias de todo tipo, que afectan las posibilidades de la gente de hacer vida deportiva y de gozar de la difusión ligada al deporte competitivo. Por ello, he convocado a una Comisión Asesora de Deportes y Recreación, de alto nivel, con el objeto de que personas vinculadas al deporte propongan, en el plazo de seis meses, una política nacional deportiva que signifique, realmente, sentar las bases para un desarrollo coherente de esta actividad tan importante para la gente.
d. Familia
Otro aspecto fundamental para la calidad de vida de las personas es la acción que ejecuta el Estado, a través de la Fundación de la Familia, del SERNAM y de otras agencias estatales, en pro de la familia.
Queremos resolver prontamente la situación de desmedro que afecta a los hijos ilegítimos y naturales, igualando sus derechos con los de los hijos legítimos. ¡Todos los hijos de Chile deben ser iguales ante la ley!
Chile participa activamente en la iniciativa de las Naciones Unidas de proclamar 1994 como el Año de la Familia. Consecuentemente, hemos elaborado el programa “Tiempo en Familia”, destinado a fortalecer esta institución tan relevante para la sociedad: queremos familias fuertes, sólidas, que sustenten en su armonía la proyección del país hacia una sociedad más solidaria y fraterna. En mi discurso de inauguración del Año Internacional de la Familia, establecí las líneas de trabajo que desarrollaremos en este ámbito.
C.
TRANSFORMAR LA AGRICULTURA
El Gobierno que presido está consciente de que la vida de los campesinos, y la vida rural en su conjunto, dependen de una sustancial mejora y transformación de nuestra agricultura. Para ello, impulsaremos una política nacional con los siguientes objetivos:
Estimular el pleno desarrollo de su potencial productivo, mediante la profundización de nuestra inserción en los mercados internacionales.
Estimular la diversificación y la competitividad de nuestros productos.
Estimular la mejor integración de los pequeños y medianos productores a este proceso, a través de programas de infraestructura, de asesoría, de reconversión productiva y de ayuda directa, que incidan puntualmente en la calidad de la vida rural.
Preservar nuestros recursos naturales y recuperar sustancialmente los terrenos degradados.
La posibilidad de tener éxito en el cumplimiento de estas metas radica decisivamente en la capacidad de innovación del sistema agrícola y en la búsqueda de rentabilidad para los distintos actores productivos.
Las tareas señaladas serán encaradas, desde el inicio de mi gestión, a través de un conjunto de iniciativas que paso a detallar.
Respecto de nuestra inserción en los mercados internacionales designaremos en el exterior los primeros agregados agrícolas en algunas embajadas de primera importancia; reforzaremos, con la colaboración de la FAO, nuestro sistema de prospección de los mercados externos y de seguimiento de la producción competitiva a nuestras agroexportaciones; continuaremos la suscripción de acuerdos fito y zoosanitarios, como el que se acaba de firmar con la República de China, y, en especial, definiremos, antes de la próxima temporada exportadora, conjuntamente con el sector privado, un sistema para garantizar la calidad de los productos del agro, que nos permita competir exitosamente en mercados de alta exigencia. Con relación a nuestros principales productos básicos, recientemente hemos establecido las correspondientes bandas de precios para ellos, ya que estimamos adecuado este mecanismo para darles estabilidad, considerando el importante nivel de subsidios que impera en este campo en el mercado internacional, provenientes de todos los países, especialmente de los desarrollados.
Hemos iniciado en estos días el Programa de Diversificación de la Silvicultura Nacional, que ampliará la oferta de especies forestales existentes, a la vez que empezará el cultivo de nuevas especies que ofrecen amplias perspectivas de crecimiento.
Además, comenzaremos un programa de desarrollo hortícola, con productos rentables e intensivo uso de mano de obra, que contribuya a la transformación económica de la agricultura campesina.
En el área vitivinícola, llevaremos a cabo un programa de reconversión productiva, orientado hacia quince mil pequeños agricultores.
En el ámbito frutícola, impulsaremos un programa nacional de producción de frutas secas, artículo de alta demanda en los mercados internacionales, y pondremos en marcha un programa de diversificación de productos lácteos.
En cuanto a la infraestructura agraria, fortaleceremos sustantivamente el Programa Nacional de Desarrollo de Regadío, a fin de tecnificar el uso del agua.
Sólo en este año se invertirán US$ 35 millones en obras de riego, y en el curso de mi Gobierno esperamos alcanzar una cifra de inversión de US$ 52 millones anuales.
En directo beneficio de la calidad de vida en el campo, durante el segundo semestre se creará un Sistema Nacional de Capacitación, para la modernización productiva del agro, y se concertará entre el Gobierno central, los gobiernos regionales, las municipalidades y el sector privado, la tarea de revertir el fuerte deterioro de la red secundaria de caminos. Se otorgará, también, una cobertura creciente a los programas de vivienda y electrificación rural, a la vez que propondremos, en la próxima Ley de Presupuestos de la Nación, el establecimiento de un Fondo que disponga recursos para reaccionar con rapidez y oportunidad ante las emergencias naturales que afecten gravemente a la actividad agrícola.
Frente al desafío de conservar nuestros recursos naturales y recuperar el medio ambiente degradado, incorporaremos 17 ecosistemas, de distintas regiones, al sistema de Parques Nacionales antes del año 2000; y para restaurar 2 millones de hectáreas erosionadas, iniciaremos este año un plan piloto de apoyo técnico a agricultores del secano costero de varias zonas. A la vez, mi Gobierno pedirá al Congreso Nacional la prórroga de las disposiciones del DL Nº 701, con el objeto de aplicar los estímulos a las plantaciones forestales, especialmente, en las áreas más degradadas.
D.
OPTIMIZAR LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
Una sociedad que promueve el respeto a los derechos de las personas, que elimina áreas de injusticia, que permite el progreso a sus ciudadanos, que crea un ambiente positivo para el desarrollo de la familia, constituye la mejor promoción de una convivencia pacífica y segura.
Considerando las características de nuestro sistema jurídico, de nuestros tribunales y de nuestras deterioradas cárceles, quien delinque tiene escasas si no nulas posibilidades de abandonar el camino del delito. Existe, por tanto, una fuerte relación entre nuestra preocupación por la seguridad ciudadana y los temas de la justicia.
Por esa razón, mi Gobierno impulsará profundas reformas al sistema de administración de justicia, entre otras las siguientes:
Primero, en materia de procedimientos, es necesario realizar una profunda transformación de nuestros engorrosos sistemas procesales. Especialmente en materia penal, se trata de facilitar la concurrencia al tribunal de la víctima de un delito.
Debemos reformar profundamente el procedimiento penal, de modo tal que agilice la resolución de los conflictos y permita el contacto directo entre el juez y las partes que solicitan justicia. También se requiere separar la función investigadora -que deberá confiarse al Ministerio Público- de la sentenciadora, que en esencia corresponde al juez. Ello, a fin de cautelar debidamente las garantías procesales propias de un Estado democrático, lograr la sanción de los delincuentes y el amparo de las víctimas, y otorgar seguridad a la ciudadanía.
Segundo, debemos realizar una revisión integral del Código Penal, la cual culmine en un cuerpo legal que se haga cargo de las nuevas realidades en materia de delitos. Asimismo, debemos perfeccionar el sistema de penas sustitutivas, de manera que cumpla efectivamente los fines que persigue y no constituya una simple escapatoria a la realidad de la cárcel, sin satisfacer sus objetivos rehabilitadores. Junto a esto, deberemos readecuar la regulación de la prisión preventiva.
Tercero, se requiere la creación de más tribunales en territorios accesibles a la ciudadanía en general y, en especial, a los más pobres; y de tribunales que atiendan áreas especializadas, como la vecinal y la familiar, dando solución expedita a aquellos conflictos de más común ocurrencia en la vida cotidiana de las personas. Ello se traduce en la agilización de la tramitación de los proyectos de ley relativos a tribunales vecinales y a lo contencioso-administrativo, actualmente en el Congreso, y en el estudio encaminado a la constitución de tribunales de familia.
Cuarto, todo el sistema judicial debe ser accesible a la población, incluyendo a quienes carecen de medios para contratar abogados. La asistencia no ha de ser sólo judicial, sino también jurídica o legal, y ha de poseer un carácter informativo y, por lo mismo, preventivo. La educación y la capacitación jurídica contribuyen a disminuir los conflictos y, de esa manera, la presión por el acceso a la justicia.
Quinto, deben mejorarse los sistemas penitenciarios, posibilitando que los internos lleven una vida adecuada y en condiciones básicas de seguridad. Así, una de las prioridades será continuar desarrollando una política de construcción de recintos carcelarios dignos. Se procurará, asimismo, reforzar y establecer centros de trabajo y de capacitación laboral para los reclusos, para respetar de este modo los derechos esenciales de quienes se encuentren privados de libertad y lograr que las cárceles sean centros de readaptación social y no escuelas del delito. Esperamos contar para ello con un aumento de la colaboración del sector privado, que hasta ahora ha dado excelentes resultados.
Una política carcelaria de esta naturaleza permitirá alcanzar niveles más bajos de reincidencia, lo que redunda en beneficio para la seguridad ciudadana.
Sexto, estudiar la reforma de la legislación de menores, a fin de adecuarla, tanto en materia penal como de familia, a los principios constitucionales y tratados internacionales ratificados por Chile, a cuyo respeto el país se ha comprometido.
Séptimo, está concluyendo la tramitación en el Congreso Nacional de los proyectos de ley que inciden en la modernización del Poder Judicial. Ellos tienden a instituir una carrera judicial basada en el mérito; a profesionalizar la formación de jueces a través de la creación de la Academia Judicial; a acentuar el carácter de tribunal de casación de nuestra Corte Suprema, para reforzar tanto la existencia de criterios jurisprudenciales uniformes que otorguen certeza jurídica, como la descentralización de los sistemas de asistencia judicial y la difusión del conocimiento jurídico, iniciativas en las cuales estamos trabajando en unión con la Excelentísima Corte y los tribunales.
El incremento en los niveles de eficiencia y eficacia de las instituciones policiales, la reforma a la administración de la justicia y la prevención de la delincuencia deben ser asumidas por todos como una política nacional. Velaremos, entonces, por la integridad de Carabineros de Chile, tanto en lo referido a sus planos administrativos y operativos como, en especial, en cuanto tenga que ver con las personas que pertenecen a esa Institución. Haremos extensiva esta misma preocupación a la Policía de Investigaciones de Chile.
El país conoce bien la labor de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y sus múltiples testimonios de servicio y de colaboración con la justicia, así como su vital aporte en las tareas de dar eficacia al Derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior.
E.
HACER DE LA DEFENSA NACIONAL UNA TAREA DE TODOS
Nuestro futuro se resguarda con una política de defensa nacional. Esto es: una política de Estado, suprapartidista, coherente, consensual y gestada en el seno de las instituciones democráticas. Ningún problema puntual nos apartará de este norte permanente.
En la defensa nacional, el Gobierno asumirá el rol de conductor político-estratégico que le corresponde. Para ello, potenciará y pondrá al día la institucionalidad de la Defensa actualmente existente; promoverá el rango adecuado de modernización de nuestras Fuerzas Armadas, dándoles estabilidad presupuestaria según criterios estratégicos y asumiendo los desafíos de readecuación que exige el nuevo escenario político mundial y regional.
Queremos que la conciencia de los beneficios y deberes de la tarea de defensa, se expanda y ahonde en todos los ciudadanos. Se involucrará activamente al mundo civil, a académicos y técnicos, promoviendo su desarrollo y participación en estas materias. El Gobierno contribuirá a la formación de esta conciencia nacional a través de la edición de un informe de defensa dentro del plazo de un año, el cual será accesible a todos los ciudadanos y explicará en detalle los objetivos e instrumentos de nuestra Defensa Nacional.
Mi Gobierno está decidido a hacer plena ocupación de la tierra, mar y aire de nuestra patria. Consolidaremos e integraremos las fronteras interiores y haremos una ocupación efectiva de nuestras tierras. En tal sentido, estudiaremos la iniciativa que el Ejército de Chile ha impulsado en la materia, en el amplio contexto de la regionalización y el desarrollo nacional.
Por otra parte, al inaugurar el Mes del Mar, propuse una serie de iniciativas para la implementación de una política oceánica. La Armada, asimismo, ha hecho importantes contribuciones a este nuevo espacio privilegiado de oportunidades de desarrollo que es el mar. Necesitamos una instancia que impulse esas iniciativas y coordine a los principales organismos vinculados a la actividad marítima. En esta perspectiva, el Gobierno creará, dentro del plazo de seis meses, una Comisión Nacional Oceánica que vele por la ocupación efectiva del mar, el resguardo de nuestros derechos y el equilibrado uso de sus recursos.
El Gobierno está atento a la amplia proyección de los usos pacíficos del espacio (comunicación, meteorología, medio ambiente), y, en ese sentido, estudiará la propuesta formulada por la Fuerza Aérea de Chile en orden a crear una institución nacional sobre materias espaciales.
Conocimiento para el compromiso ciudadano y política de defensa para un futuro resguardado, serán dos pilares de nuestro desafío en el campo de la defensa nacional.
F.
LA URGENCIA DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO
En nuestro país, la sociedad y la economía se han ido modernizando a un ritmo mucho más rápido que las modalidades de funcionamiento de la estructura del Estado, lo cual exige su urgente puesta al día.
En esta materia, no comparto la visión simplista según la cual modernizar el Estado supone despojarlo de todo poder y autoridad, reduciéndolo prácticamente a la nada.
Queremos un Estado moderno, pero también fuerte, democrático y eficiente en su gestión; que pueda relacionarse fluidamente con el sector privado, pero a partir de reglas claras sobre las incompatibilidades entre el servicio público y el mundo de los negocios privados; que pueda aspirar a tener los mejores profesionales y técnicos del país, y que en el ejercicio de la función pública sus talentos y capacidad creadora estén al servicio real de la gente.
Un aspecto fundamental en materia de modernización del Estado será alcanzar una administración eficiente en las empresas que son propiedad pública. Constituyen éstas una realidad variada, que no permite generalizaciones. En algunos casos, su dueño: el Estado, no se ha hallado en condiciones de evaluar y controlar en forma adecuada su operación. Hay que agregar, además, que estas empresas están sujetas a leyes y reglamentaciones que rigidizan sus programas de desarrollo y les generan obstáculos para concretar sus decisiones de inversión.
Al respecto, sobre la base de un análisis caso por caso, mi Gobierno está dispuesto a abrir oportunidades para que el sector privado participe en la propiedad de esas empresas. Ello ocurrirá en aquellas que enfrenten altos requerimientos de inversión; allí donde, dada la existencia de un mercado competitivo, el sector privado pueda ofrecer una gestión más eficiente; o donde, a pesar de no existir un mercado perfecto, se disponga de una adecuada capacidad para regular y supervisar dicha actividad.
En el breve plazo transcurrido desde su instalación, mi Gobierno está enfrentando la privatización del resto del porcentaje de LAN y de EDELNOR, y la participación de particulares en EMPREMAR y Transcontainer más allá del 35 por ciento a que los limita la actual ley, y para eso hay en trámite un proyecto en el Parlamento.
En las empresas respecto de las cuales se decida que permanezcan en la esfera pública, el objetivo central que guiará las acciones del Gobierno será el mejoramiento de la gestión y el aumento de su eficiencia. Para ello se tenderá a una mayor tecnificación; a definir con mayor precisión la responsabilidad de los directorios y administradores, y a establecer contratos de desempeño.
Entre las modernizaciones de empresas públicas, preocupación especial merece CODELCO. No podemos dejar de mirar con perspectiva el gran potencial de desarrollo de CODELCO y el extraordinario aporte que ha realizado a la nación, más allá de cualquier contingencia o irresponsabilidad que haya enfrentado en el pasado reciente. Esto no puede servir como pretexto para reformas apresuradas, o como instrumento para quienes buscan la privatización de la empresa.
CODELCO ha sido un gran negocio para Chile, y nuestro compromiso es que lo sea aún mejor en el futuro. En los diez años anteriores ha efectuado aportes netos al Estado, en valor actual, por más de US$ 15 mil millones. Es efectivo que en los últimos años ha perdido posición competitiva y que sus costos han aumentado, en circunstancias de que los de sus competidores en todo el mundo han disminuido significativamente.
El principal compromiso que hoy tenemos respecto a CODELCO, es volver a posicionar la empresa entre los productores de cobre de más bajos costos del mundo. El país necesita que sea un muy buen negocio para Chile y que esté al servicio de todos los chilenos.
En los últimos cuatro años se logró detener la tendencia al alza de los costos, reducir dotaciones, poner en marcha un importante esfuerzo de inversión en exploración geológica e investigación y desarrollo, y abrir canales para la exploración y explotación conjunta con el sector privado de los yacimientos que no son necesarios para garantizar la viabilidad futura de las actuales divisiones mineras.
Si CODELCO quiere retomar su posición de liderazgo en la industria mundial del cobre y aportar con sus excedentes al progreso de todos los chilenos, necesita de una reforma modernizadora de su gestión. Para ello, debe cambiar sustancialmente su esquema institucional. En este sentido, he enviado al Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a la modernización de esa empresa, que cambia radicalmente la naturaleza y composición del Directorio; al mismo tiempo, pretende transformarla en un conglomerado descentralizado, flexible y transparente, capaz de potenciar, simultáneamente, el desarrollo propio de las actuales divisiones mineras, que constituyen su giro principal, y las asociaciones con terceros para la explotación de sus otros yacimientos. En esta materia vamos a implantar una decidida política de modernización en esa entidad. De lo contrario se va a transformar, como ya ha ocurrido en la historia de Chile, en un lastre.
G.
AVANZAR EN LA REGIONALIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL PAIS
Queremos dar pasos decisivos, durante este sexenio de Gobierno, para acelerar y consolidar la regionalización y descentralización del país. Primero, mi Gobierno está decidido a aumentar significativamente el porcentaje de la inversión pública convenida con instancias regionales. Sólo a partir de 1991, parte de las inversiones de los Ministerios de Vivienda, Obras Públicas, Interior y otros comenzó a ser decidida por instancias regionales, hasta llegar a que un 21 por ciento de la inversión pública del Gobierno central se decide en regiones, para financiar proyectos identificados y preparados por municipios e instituciones regionales.
Asumo, desde esta tribuna, el compromiso de duplicar ese porcentaje, vale decir, llevarlo hasta un 42 por ciento antes del término de mi mandato. -(Aplausos).
Lo haremos a través de su mayor financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; de la identificación de nuevas áreas susceptibles de constituirse en Inversiones Sectoriales de Asignación Regional; de Convenios de Programación de Inversiones entre las regiones y los Ministerios, y de otros instrumentos especiales.
Segundo, es preciso, también, perfeccionar y fortalecer la institucionalidad de los gobiernos regionales, provinciales y comunales. Para ello requieren con urgencia disponer de los recursos humanos y financieros de que se les proveerá a través de la Ley de Plantas Regionales, actualmente en trámite.
Los municipios deben transformarse en eficientes servicios de la comunidad. Esto no es sólo un problema de recursos, que sí necesitan y debemos proporcionarles mediante el apoyo al proyecto de Ley de Rentas Municipales, presentado al Congreso por el Gobierno anterior y que se encuentra en trámite en el Senado.
Mejorar la gestión municipal es un objetivo que beneficiará a todos los vecinos. A partir de junio, llevaremos a cabo un programa piloto de apoyo a la administración municipal en 25 comunas del país. De esta experiencia obtendremos lecciones útiles para aplicarlas al resto de los municipios. Simultáneamente, con el respaldo del Banco Mundial, estamos preparando un programa de apoyo en áreas específicas de gestión, que a partir de septiembre de este año permitirá ofrecer cooperación técnica a los municipios de las comunas más necesitadas de Chile.
H.
CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA
No habrá progreso sostenido para nuestra patria si no somos capaces de darnos instituciones políticas bien diseñadas, que funcionen con eficacia y que sean reconocidas por todos como justas y legítimas.
Hay naciones que, teniendo economías exitosas, se han visto arruinadas por fallas de su sistema político. Y ha habido naciones, también, que teniendo un sistema político nacido con la más plena legitimidad, han visto frustrado su desarrollo por la explosión de conflictos sociales largamente acumulados, o por la incapacidad de generar una política de defensa y seguridad coherente.
Mi Gobierno ha propuesto discutir el tema de las reformas constitucionales en el marco más amplio de la reforma del Estado y su modernización, para adaptarse a los cambios globales que han tenido lugar en la economía, en las relaciones internacionales y en la propia política. Este no es un asunto de mayorías o de minorías; de la imposición de la voluntad de unos sobre otros: éste es, por definición y por esencia, un asunto de consensos.
Sobre esta materia quiero ser muy claro y formular a ustedes un planteamiento tan franco como abierto y constructivo.
Creo que debemos reconocer que el actual orden constitucional, en un número demasiado grande de materias, no goza del grado de acuerdo a que acabo de aludir. Sea que uno se encuentre en el lado de los defensores del orden constitucional vigente, o en el de sus críticos, es necesario aceptar que ese orden no es el punto de encuentro que debiera ser y que necesita ser.
En nuestro país se escuchan muchas críticas -aunque de signos opuestos- sobre el sistema electoral, el orden municipal, la forma de elección de los alcaldes, los límites y procedimientos de la fiscalización parlamentaria, la forma de integración del Senado; y circula una variedad de propuestas e iniciativas sobre inhabilidades e incompatibilidades y sobre mejoras de los Consejos Regionales.
No parece posible ni sano para el país que estas inquietudes se agoten en querellas políticas rígidas y no den paso a esas reformas.
A partir de esa constatación, quiero invitarlos a asumir una actitud de futuro, de encuentro a través del diálogo y de búsqueda de soluciones constructivas en el Congreso y en el debate entre los partidos.
Superemos el inmovilismo, que sólo contribuye a agravar el problema. No usemos este asunto para perfilar diferencias entre los partidos de Gobierno y de Oposición. No estrechemos nuestras perspectivas, planteando exclusivamente reformas que son funcionales a estrategias de poder, sean ellas de Oposición o de Gobierno. No discutamos de una manera ideológica o buscando protagonismos personales. Si evitamos estas tentaciones, podremos tener un debate que, en vez de ahondar las diferencias, sería constructivo para la nación.
Concretamente, más que discutir sobre “enclaves autoritarios” o sobre “protecciones” a la democracia, queremos enfrentar la tarea de definir qué Parlamento necesitamos para Chile; cuál es el orden municipal acorde con la realidad de un país que quiere democracia en los municipios, descentralización, eficiencia en la administración y probidad. En este contexto, mi Gobierno está trabajando en dos proyectos de reformas constitucionales, que enviaremos al Congreso a la brevedad. Uno de ellos está inspirado en la idea de alcanzar un Parlamento ágil y moderno en su funcionamiento, a la vez que profundamente democrático en la generación de sus miembros. Es por ello que vamos a proponer enmiendas como las siguientes:
La reforma del sistema electoral, a fin de alcanzar uno que garantice resultados razonables en la consecución del principio de igualdad ciudadana ante el voto; que logre la representatividad de las principales corrientes de opinión, y que contribuya a la estabilidad política y gobernabilidad en el largo plazo.
Estamos abiertos también a reformas que incrementen la eficiencia del trabajo legislativo; a acortar los tiempos de tramitación y a desburocratizar los procedimientos en el proceso de formación de la ley; a terminar con la distinción entre legislaturas ordinaria y extraordinaria, a proponer reformas tendientes a hacer más eficiente la instancia de las Comisiones Mixtas y los trámites en la promulgación de la ley.
Estamos dispuestos a introducir a la Carta Fundamental reformas que aumenten la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Un Parlamento moderno debe dar garantías a la minoría para que pueda desarrollar en forma eficiente y responsable su tarea de fiscalización. Ello supone, bajo condiciones que habría que precisar, rebajar los quórum necesarios para la constitución de Comisiones Investigadoras, pero, a la vez, garantizar el ejercicio responsable en la actividad fiscalizadora, de tal manera que nadie -amparado en la inviolabilidad parlamentaria- pueda impunemente dañar la honra y la dignidad de las personas.
Obviamente, una reforma como a la que aspiramos para el Parlamento, no puede hacerse sin discutir la institución de los Senadores designados. Proponer esta enmienda no implica un juicio adverso respecto de las personas que hoy ejercen dicha función. La convicción de mi Gobierno es que la composición del Senado debe originarse enteramente sobre la base del ejercicio de la soberanía popular.
El segundo proyecto de reforma constitucional a cuyo estudio estamos abocados, es el del orden municipal. El Gobierno está disponible para la discusión de una enmienda que permita la elección directa de los alcaldes. La aprobación de esta reforma obliga a una amplia discusión acerca de la modernización global del sistema de gestión municipal, lo que significa abordar un conjunto de materias interrelacionadas.
Realicemos esta consolidación institucional con verdadera perspectiva nacional. Se requiere coherencia y globalidad en el funcionamiento democrático de regiones y comunas. Recordemos que están en juego las competencias y los recursos indispensables para la equidad entre las regiones y comunas del país.
I.
PROMOVER LA ETICA PÚBLICA Y LA PROBIDAD
Hay otra materia sobre la que me interesa llamar la atención y que ahora afecta a la calidad de la política, a la gestión del Estado y a la vida entera de nuestra sociedad. Me refiero a la ética y la probidad públicas.
Chile es una nación que tiene una tradición muy honorable de servicio público, y ese patrimonio moral debemos cuidarlo y protegerlo. Las denuncias que se publican sobre irregularidades y transgresiones, con ser graves, no son evidencias que permitan sostener, en modo alguno, que estemos ante una situación generalizada o sistémica de corrupción. Sin embargo, debemos ser prudentes y cuidar nuestra patria con sentido de futuro. No olvidemos que sobre ella rondan el peligro del narcotráfico y de otros negocios ilícitos.
Por eso, mi Gobierno está empeñado en un esfuerzo por elevar la calidad de la vida ciudadana, reafirmando entre nosotros valores morales fundamentales para la vida pública; mejorando el control social sobre los gobernantes; incrementando la transparencia en el ejercicio del poder político y en las relaciones entre el poder político y el poder económico; aumentando la eficacia con que se manejan los bienes y las instituciones que son de patrimonio público.
Las faltas a la ética pública surgen en el ejercicio del poder sin control y con responsabilidades ambiguas. Por ello, es preciso un acuerdo acerca de la asignación de responsabilidades y sobre la delimitación, en el ámbito público, de lo lícito e ilícito. Este es un consenso por alcanzar, cuyo objetivo final debe ser establecer un nuevo código de ética pública para la nación.
Promover la probidad supone buscar acuerdos nacionales, ya que la ética pública involucra tanto a los particulares como a la administración pública. Por ello, hemos impulsado y creado la Comisión Nacional de Ética Pública, en donde participan todos los Poderes del Estado y representantes de la sociedad civil. Su propósito es acordar un conjunto amplio de criterios que, traducidos a medidas legislativas y administrativas, operen, en forma clara, como reglas de prevención y de sanción de comportamientos reñidos con la ética y la probidad. En poco tiempo más tendremos resultados concretos de esta labor.
Vamos a seguir trabajando, sin delirios ni desgarros, sobria y serenamente, pero con la perseverancia con que hemos hecho la historia del país. Mi Gobierno cumplirá con su deber.
III
LA NUEVA OPORTUNIDAD REQUIERE LUCIDEZ HISTORICA
Al final del milenio, ¿podremos o no aprovechar cabalmente esta oportunidad histórica que hemos recibido de la voluntad de la nación en las inéditas circunstancias del mundo actual?
Uno de los más socorridos recursos para disminuir el empuje y dinamismo del proyecto nacional, es refugiarse en intereses corporativos. La situación de postergación relativa de un determinado grupo en el contexto de los diversos sectores de la producción y los servicios, sólo se corregirá con una política perseverante, veraz y coherente. No existe otro modo de revertir el proceso histórico que condujo a su debilitamiento.
Cada chileno debe saber en qué consiste esta nueva oportunidad. Es el modo de frenar a los oportunistas, a los del populismo prematuro, a los nostálgicos de la polarización y de la violencia. Todos los chilenos deben saber que la estabilidad política es una indispensable condición para el crecimiento económico. Todos, especialmente los más pobres, deben saber de qué manera el desarrollo social depende del crecimiento económico. La gente más humilde y sencilla debe distinguir a los que están al lado del progreso, de aquellos que tan sólo provocan falsas querellas.
El fin del predominio de los ideologismos no puede generar un vacío donde florezca la anomia y predomine la ausencia de ideas. Urge construir, con las fuerzas espirituales de la nación, un fundamento democrático común. Este fundamento ético y jurídico debe consagrar una cultura de la responsabilidad, enseñada en la escuela, transmitida en las familias y en los medios de comunicación, profundizada en las iglesias y otros centros espirituales de la nación, y convertida en exigencia legal para todos.
El país debe mantener su voluntad de ser, con la fuerza de sus antiguos pioneros. Chile necesita nuevos esfuerzos, nuevas tareas, sin las cuales el proyecto nacional perderá vitalidad. La amistad cívica y el espíritu de consenso son fuerzas centrales para esta nueva y gran oportunidad.
El espíritu de búsqueda de acuerdos ha sido uno de los grandes logros de nuestra convivencia en los últimos años. Por ello, no puede ser concebido como una mera tregua o como un recurso para paralizar la acción opositora.
Buscar el consenso es privilegiar el entendimiento por sobre la confrontación; es entender que el desarrollo supone la estabilidad; es darse cuenta de que la política se construye sobre confianzas, de las cuales nacen los comportamientos constructivos; es comprender que el entendimiento no limita a quienes lo promueven, sino que, por el contrario, legitimiza y da grandeza a quienes lo sustentan.
-(Aplausos).
Con este espíritu, invito a buscar, sin descanso, las coincidencias fundamentales sobre las reglas del juego, políticas y económicas, y amplias formas de cooperación entre los Poderes Públicos.
Tengamos conciencia de esta oportunidad. Podemos darle un rostro humano a la política. Cuidemos entre todos que nuestras legítimas discrepancias democráticas se mantengan en un cauce y con un estilo adecuados. Hemos logrado mucho. No fallemos en el momento decisivo para nuestra expansión económica y consolidación política.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
He hablado con realismo y sentido práctico, y si mi tono a veces ha sido severo y exigente, es porque veo ante nosotros una posibilidad que no podemos malgastar.
Tengo el convencimiento de que esta generación y las que vienen, pueden vivir con más dignidad y ser más libres y prósperas. El secreto para no perder esta oportunidad es que ella esté depositada en la gente común. Todos y cada uno de los chilenos deben saber en qué consiste esta oportunidad y como pueden beneficiarse de ella en el presente y en el futuro.
Una oportunidad puede ser real cuando está en manos de sus legítimos actores. La gente debe aprender a disciplinarse, a impulsar ciertos proyectos, a privilegiar ciertas acciones. Un pueblo informado es un pueblo lúcido que trabajará por sus propios objetivos. La gente intuye la actual oportunidad como una ocasión única. Cada vez que recorro el país, compruebo que la gente trabaja con optimismo y espera, con prudente sabiduría, que sepamos estar a la altura de las circunstancias.
Me dirijo a mis compatriotas para pedirles que sigan perseverando en el trabajo cotidiano. Que dicho quehacer se haga cada vez mejor. El país debe mostrar un optimismo sereno y alegre para seguir caminando por el sendero de esta oportunidad histórica.
Al final de la próxima década, nuestra voluntad y la de todos los chilenos habrá convertido a esta pequeña comunidad en una gran nación. Y, como en el Salmo, entonces podremos decir:
Pasamos por el fuego y por el agua
y nos sacaste a la abundancia”.
Hace 70 días juré aquí, solemnemente, respetar la Constitución y la ley y trabajar por la grandeza de la nación. Hoy, por voluntad de nuestro pueblo, sin soberbia; con humildad pero con gran alegría y, al mismo tiempo, con decisión, con coraje y con mucha fuerza, voy a conducir a mi patria, en los próximos seis años, por los caminos de esta gran oportunidad.
Que Dios me ilumine en esta gran tarea.
¡Viva Chile!
EDUARDO ALFREDO JUAN BERNARDO FREI RUIZ-TAGLE

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