MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE
Patricio Aylwin Azócar
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1993
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados.
A poco de cumplir tres años de
Gobierno y recién iniciado el último de mi mandato, cumplo el deber
constitucional de dar cuenta al país “del estado administrativo y político de la Nación ”.
Debe ser motivo de legítima
satisfacción para los chilenos, especialmente para quienes tenemos
responsabilidades en la conducción de nuestra patria, la forma como ha
transcurrido la vida política, económica y social del país en este período.
El tránsito del largo lapso de
régimen autoritario al funcionamiento normal de nuestra convivencia democrática
ha tenido lugar sin traumas ni quebrantos. Chile vive en paz. La gente goza de
libertad. El país progresa. Nuestra estabilidad política, nuestro crecimiento
económico y nuestro desarrollo social suscitan elogios en el exterior.
Como ocurre en todas las
naciones, especialmente en las que, como la nuestra, forman parte del mundo en
desarrollo, tenemos problemas y dificultades. El mayor de todos: la pobreza, a
veces extrema, que aflige a muchos compatriotas. Superar esos obstáculos, con
coraje, justicia y eficiencia, es el gran desafío que, con sentido de nación,
debemos enfrentar.
Desde que asumí el Gobierno he
sostenido que, para encarar con éxito ese desafío, debíamos cumplir varias
tareas simultáneas: construir la unidad nacional, consolidar y perfeccionar
nuestra democracia, desarrollar y modernizar nuestra economía, promover la
justicia social e integrar a Chile como actor respetado en la comunidad
internacional.
Si bien se piensa, son
quehaceres que se complementan entre sí. La vigencia de la libertad, la
equitativa participación democrática, la superación de la extrema pobreza, la
eliminación de las injusticias sociales y el prestigio de la nación son
requisitos indispensables para lograr una verdadera y sólida unidad nacional.
Pienso que todas éstas son
tareas nacionales, de proyección histórica, que trascienden un Gobierno y que,
a medida que se las va cumpliendo, adquieren nuevas modalidades. A tratar de
avanzar en ellas lo más posible hemos dedicado y seguiremos consagrando los
mejores esfuerzos de nuestro Gobierno.
¿Qué hemos hecho en el año
último y qué estamos y seguiremos haciendo hasta el término de mi período para
cumplir estas tareas? Es lo que me propongo resumir, en sus líneas
fundamentales, en la presente exposición. Los Honorables señores Parlamentarios
encontrarán el detalle circunstanciado de esta labor en los anexos explicativos
de cada Ministerio.
I. LA
CONVIVENCIA NACIONAL
Para apreciar en su justa medida
cuánto hemos avanzado en la tarea de la unidad nacional, es necesario recordar
que al asumir este Gobierno -hace apenas tres años y setenta días- el país
venía saliendo de un largo período de profundas divisiones, en el que, por
variados motivos, prevaleció en nuestra convivencia una lógica de guerra que
separaba a los chilenos en “amigos” y “enemigos”.
Ese clima de permanente y
agudo conflicto interno se caracterizaba, entre otros rasgos, por los
siguientes:
1º Las libertades públicas
-especialmente las de información y opinión, asociación y reunión- y los
derechos ciudadanos estaban suspendidos o, cuando menos, severamente
restringidos;
2º Numerosas acusaciones de
gravísimas violaciones a derechos humanos esenciales, cometidas por
organizaciones o personas vinculadas al Régimen - aunque negadas por las
autoridades-, habían motivado reiteradas condenas internacionales contra el
Gobierno de la época;
3º Frecuentes hechos
delictuosos -homicidios, secuestros, robos, atentados con explosivos- generaban
un clima de inseguridad que generalmente se atribuía a la acción de grupos
terroristas;
4º Un ambiente de
desconocimiento mutuo, recelo y desconfianza recíproca separaba a la inmensa
mayoría de los civiles de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad;
5º La administración del
Estado y de los negocios públicos era asunto reservado a unas pocas
autoridades, y respecto de ella no existían o estaban de hecho restringidos los
controles oficiales y la opinión pública carecía de informaciones fidedignas, y
6º Mientras los éxitos
logrados en algunos aspectos económicos y la privatización de ciertas empresas
del Estado generaron una imagen de prosperidad y riqueza en ciertos grupos, no
alcanzaron a beneficiar a las grandes mayorías populares, que, por el contrario,
sufrieron desocupación y mayor empobrecimiento e inseguridad.
A partir de esa realidad hemos
impulsado nuestra política de convivencia nacional pacífica y unitaria, que el
país está viviendo.
Aparte de la plena vigencia de
las libertades públicas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la
búsqueda de consensos o acuerdos entre los actores políticos, económicos y
sociales, a partir del reconocimiento de las legítimas diferencias -rasgos que
han caracterizado toda nuestra gestión gubernativa y que confío que sean
generalmente apreciados por mis compatriotas-, creo necesario detenerme, en
esta oportunidad, en lo que hemos avanzado el último año en las siguientes
materias: 1) reconciliación nacional, en relación con las pasadas violaciones a
derechos humanos; 2) seguridad ciudadana; 3) relaciones cívico-militares; 4)
transparencia de la gestión gubernativa y 5) pago de la deuda social. A este
último tema me referiré al tratar de las políticas sociales; entro de inmediato
al análisis de los demás.
1º.- Reconciliación Nacional
Siempre sostuve que, para
lograr la reconciliación entre los chilenos, era indispensable esclarecer la
verdad y hacer justicia, en la medida de lo posible, respecto de las más graves
violaciones a los derechos humanos, y resolver los problemas de los llamados
“presos políticos”, de los exiliados y de los exonerados.
a) Violaciones a derechos humanos
Evacuado en marzo de 1991 el
Informe de la Comisión
de Verdad y Reconciliación, que estableció la trágica verdad de lo ocurrido -cualesquiera
que sean las versiones que se den para explicarla- y que reivindicó el buen
nombre de las víctimas, venía la tarea de hacer justicia.
Para ello, el Gobierno impulsó
dos caminos: por una parte, la dictación de la ley 19.123, de 8 de febrero del
año pasado, que dispuso reparaciones a los familiares de las víctimas y creó la Corporación Nacional
de Reparación y Reconciliación, y por otra, pasar los antecedentes a los
Tribunales de Justicia, para que determinen las responsabilidades que
correspondan.
Dando cumplimiento a esa ley,
4.093 beneficiarios -cónyuge, madres, padres e hijos de las víctimas- están
recibiendo pensiones mensuales del Instituto de Normalización Previsional; 821
perciben subsidios o becas educacionales y 63 han recibido la asignación de una
vivienda.
En conformidad a la misma ley,
a mediados del año último se constituyó el Consejo de la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, para resolver los 766 casos declarados sin
convicción por la Comisión
de Verdad y Reconciliación -de los cuales se han calificado positivamente 256-,
y los casos nuevos que se le han presentado y que puedan presentársele hasta el
18 de junio próximo en virtud del plazo concedido por ley de 19 de abril
pasado. Al mismo tiempo, esta Corporación está abocada, con la asesoría de la Policía de
Investigaciones, a un acucioso y exhaustivo trabajo para investigar el paradero
y destino de personas cuyo desaparecimiento se ha establecido y que no han sido
ubicadas.
Por su parte, los Tribunales
de Justicia, luego de acoger la tesis -que personalmente hice presente a la Excelentísima Corte
Suprema- de que la ley de amnistía no impide la investigación de los hechos,
están abocados, como es de público conocimiento, al juzgamiento de numerosos
procesos destinados a establecer las responsabilidades que corresponda por los
delitos que ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos.
b) Presos por delitos de motivación política
Al asumir la Presidencia , 384
personas se encontraban privadas de libertad y en condición de procesadas o
condenadas por delitos de motivación política. Muchas otras estaban procesadas
en libertad provisional.
Aparte de la dictación de las
leyes que el Gobierno propuso para traspasar algunos de esos procesos de la
justicia militar a la ordinaria y para acelerar su tramitación, lo que ha
conducido a que actualmente sólo queden nueve procesos pendientes, he hecho uso
de la facultad de indultar que me dio la ley 19.055, de 1º de abril de 1991, en
favor de 141 condenados, remitiéndoles o conmutándoles la pena pendiente. Otros
224 han salido en libertad porque fueron absueltos, o porque cumplieron, a
veces en exceso, la pena a que los tribunales los condenaron. Actualmente sólo
quedan 19 presos por esta clase de delitos, de los cuales 6 están condenados y
han presentado solicitud de indulto.
El ejercicio de la facultad
que la ley me concedió -por iniciativa de Parlamentarios de la Oposición que rechazaron
las fórmulas que el Gobierno había propuesto para que estos casos se
resolvieran judicialmente- ha motivado acerbas y reiteradas críticas al
Presidente de la República.
Se me acusa de crear un clima de impunidad que favorecería la
perpetración de nuevos delitos. Considero muy injustas esas críticas. Como he
dicho en varias ocasiones, y ahora reitero, he tomado estas decisiones luego de
analizar en conciencia los antecedentes y circunstancias de cada caso,
especialmente la voluntad y probabilidad de reinserción del afectado a la vida
pacífica. Ningún indulto ha significado impunidad -¡ninguno!-, sino sólo una
reducción o cambio de la parte aún no cumplida de la pena, en términos que he
creído justos. Y tengo la satisfacción de que ninguna de las personas
favorecidas por estos indultos haya vuelto a delinquir. Conforme a estos mismos
criterios resolveré, en su oportunidad, los casos aún pendientes o que se me
presenten.
c) Retorno de exiliados
Hasta abril último habían
retornado al país algo más de 40.000 personas, de las alrededor de 250.000
a la Oficina Nacional
de Retorno, creada por la ley 18.994, de 20 de agosto de 1990, ha participado en la
reintegración de 33.000 personas (10.674 familias), tarea en la que ha contado
con la valiosa cooperación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Testimonio del
espíritu de reconciliación nacional que inspira esta tarea es la reciente
colaboración de la Fuerza
Aérea de Chile en la repatriación de un importante grupo de
compatriotas que residían en la antigua Unión Soviética.
Dado que un 58% de los jefes
de familia retornados son profesionales titulados en el exterior, ha sido de
gran trascendencia la aplicación de la ley 19.074, de 28 de agosto de 1991, que
permite habilitarlos para el ejercicio de su profesión en Chile. De los 1.050
casos que ya han sido informados favorablemente, 415 han sido definitivamente
habilitados, entre ellos 100 médicos, 40 arquitectos, 52 ingenieros y 24
dentistas.
Los compatriotas que retornan
del exilio, aparte de los beneficios aduaneros que les otorga la ley 19.128, de
7 de febrero de 1992, tienen aseguradas para sus hijos la continuidad de sus
estudios básicos y medios y el acceso al primer año universitario, y acceden
gratuitamente a todos los niveles de atención de salud. Más de 15.000 personas
han hecho uso de este beneficio.
Por otra parte, 9.087 personas
retornadas de escasos recursos han obtenido ayuda de la Oficina para su
subsistencia y reinserción, y 6.486 han obtenido acceso a una solución laboral
con apoyo directo del Gobierno. Dentro de estos programas tiene especial
relevancia la creación de 513 pequeñas y medianas empresas de retornados, que
significan también fuente de trabajo para otros chilenos.
Está pendiente del estudio del
Congreso Nacional el proyecto gubernativo - aprobado en general por la Honorable Cámara de
Diputados- que prorroga hasta septiembre del próximo año el funcionamiento de la Oficina Nacional de
Retorno.
Especial importancia tiene,
para los exiliados que aspiran a volver, la posibilidad de obtener la
continuidad de su previsión. Consciente de la importancia de esta justa
aspiración, el Gobierno está estudiando, con las naciones amigas que recibieron
a numerosos exiliados chilenos, la suscripción de convenios bilaterales sobre
seguridad social. Se encuentran avanzadas las negociaciones, y esperamos
suscribir, en un futuro próximo, el primero de esos convenios, con la República Federal
Alemana.
d) Previsión a Exonerados
En cuanto a los trabajadores
despedidos de la
Administración Pública o de empresas privadas intervenidas,
por razones de índole política, está pendiente del conocimiento del Honorable
Senado, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que, sobre la
base de un acuerdo entre el Gobierno y el Comando de Exonerados de Chile, dicta
normas para resolver su dramática situación previsional. Confío en que sea
pronto aprobado, como creo de elemental justicia.
2º.- Seguridad Ciudadana
Reiteradas encuestas de
opinión pública coinciden en que la seguridad ciudadana es, después de la
pobreza, el problema que más preocupa a los chilenos.
Consciente de la importancia
de este tema, en mis dos Mensajes anteriores expuse los criterios fundamentales
que inspiran la acción del Gobierno para combatir la delincuencia y el
terrorismo, di cuenta de las medidas que se han ido adoptando e insté a aunar
voluntades para abordar esta tarea como “política de Estado”.
Más allá de visiones
simplistas que reducen el problema a la drasticidad de las penas a los
delincuentes, la experiencia universal demuestra que el riesgo de acciones
antisociales contra la seguridad ciudadana depende de múltiples factores. La
extrema pobreza de vastos sectores de la población, en contraste con el
bienestar de otros, la falta de oportunidades y de capacitación para el trabajo
de los jóvenes, la degradación de valores inherentes a una cultura consumista y
violentista, el alcoholismo y la drogadicción, la ineficiencia o incapacidad de
los servicios policiales, la lentitud o ineficacia de los procedimientos
judiciales, la debilidad de las penas, la ineptitud del régimen penitenciario
para cumplir su función rehabilitadora, son, entre otros, factores que
favorecen el incremento de la delincuencia. Para combatirla con éxito es
necesario, por lo tanto, encarar todos estos factores. Es lo que hemos estado
haciendo en estos años.
Al tratar de las políticas
sociales me referiré a las acciones contra la extrema pobreza, a los programas
de capacitación de jóvenes para el trabajo y a las orientaciones de carácter
cultural en que estamos empeñados. Aquí me limitaré a reseñar la acción
específica y directa contra la delincuencia, en los ámbitos policial, judicial
y penitenciario.
Estas acciones, como es obvio
en una democracia, se realizan dentro del marco de nuestro ordenamiento
jurídico, lo que garantiza la seguridad de las personas frente a posibles
abusos de autoridad. A diferencia de otros tiempos, hoy los chilenos no deben
temer del Estado y sus agentes, porque el Gobierno y todos los órganos públicos
estamos empeñados en que impere el derecho y se evite toda arbitrariedad.
a) Ámbito policial
El país no ignora lo mucho que
hemos hecho en estos años para dotar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones,
que por mandato constitucional son los órganos encargados de la seguridad y el
orden interno, de los medios humanos y materiales indispensables para cumplir
esa función.
Como dijo textualmente el
señor General Director de Carabineros con motivo del reciente aniversario de la
institución, “después de tres años del actual Gobierno, el número de
carabineros ha aumentado en más de cinco mil, con lo cual se pudo completar las
dotaciones de los 1.076 cuarteles que ocupa la Institución , y
planificar las dotaciones para 12 edificios que están próximos a ser
inaugurados, para dar mayor protección a la ciudadanía. El presupuesto de la Institución en moneda
nacional ha sido duplicado para el año 1993. También ha sido aumentado el
presupuesto en moneda extranjera, con lo cual la Institución ha podido
satisfacer, en gran parte, las necesidades tecnológicas y la reposición parcial
de la flota vehicular de que dispone”.
Por su parte, los recursos
otorgados a Investigaciones le han permitido contratar 640 nuevos funcionarios,
adquirir importante equipamiento científico-técnico y de apoyo policial, como
asimismo un avión Cessna y 74 vehículos, e iniciar un plan de reparaciones y
construcción de cuarteles policiales. Aparte de lo dicho, Investigaciones
recibió 200 automóviles, 20 motos y los equipos de comunicaciones
correspondientes, donados por el Gobierno de Italia a nuestro país.
Estas acciones se han
traducido ya en una mejor eficiencia de ambos servicios, expresada tanto en el
mayor número de delitos esclarecidos y de delincuentes procesados por los
tribunales, cuanto en el menor número de delitos cometidos. Según estadística
oficial de Carabineros, las denuncias por delitos de robo, hurto y homicidio a
nivel nacional, entre los años 90, 91 y 92, han evolucionado como indica el
siguiente cuadro:
DELITOS
|
1990
|
1991
|
1992
|
Robo
|
76.709
|
81.604
|
74.182
|
Hurto
|
19.118
|
18.205
|
15.457
|
Homicidio
|
385
|
335
|
284
|
Del mismo modo, en los dos
últimos años los robos a bancos disminuyeron de 91, en 1991,
a
A su vez, el trabajo de ambas
instituciones para combatir el terrorismo ha permitido aclarar muchos crímenes,
detener numerosos e importantes miembros de grupos terroristas y requisar
importante cantidad de armas. Como resultado de esas pesquisas, los Tribunales
ventilan, por iniciativa del Gobierno, 35 juicios (19 por conductas
terroristas, 7 por delitos contra la seguridad del Estado y 9 por infracción a
la ley de control de armas), en los cuales hay 179 individuos procesados.
Para el éxito de esta labor,
que recién comienza a producir sus frutos, es fundamental la eficiente
coordinación entre los servicios de orden y seguridad, como asimismo la labor
de inteligencia y adecuado procesamiento de antecedentes que permitan orientar
con eficacia las investigaciones. Para cumplir esta tarea creamos, por decreto
de abril de 1991, dentro del Ministerio del Interior -al que la ley encarga el
“mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos”, un Consejo Coordinador
de Seguridad Pública, en cuyo funcionamiento han colaborado, aparte de
autoridades y asesores de dicho Ministerio, personeros de Carabineros,
Investigaciones y de los Servicios de Inteligencia de las tres ramas de la Defensa Nacional , cuyo
trabajo fue importante aporte en el combate al terrorismo y, en el último
tiempo, a la delincuencia en general.
La reciente promulgación de la
ley 19.212, que creó la
Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, como servicio
público técnico y especializado dependiente del Ministro del Interior, y que
confió a este último la función de “coordinar las actividades de los organismos
de seguridad pública interior”, junto con llenar el gran vacío que al respecto
existía en nuestro ordenamiento jurídico, permitirá reunir y proporcionar a los
servicios correspondientes la información, estudio y análisis de inteligencia
que se requieren para la adopción de medidas y la formulación de políticas en
materia de seguridad pública. La valiosa experiencia del Consejo Coordinador de
Seguridad Pública ha de servirle de importante y útil antecedente para cumplir
con eficacia su labor, que confío que signifique un importante aporte para el
éxito de la acción del Estado contra el terrorismo y la delincuencia.
b) Ámbito judicial
A fin de hacer más eficaz la
acción de los Tribunales de Justicia, y dentro del contexto del programa de
mejoramiento del sistema judicial que mi Gobierno está impulsando, en el último
año se crearon 22 nuevos juzgados de letras. Y en los próximos días presentaremos
un proyecto de ley para crear este año 20 juzgados más y 4 nuevas salas en
Cortes de Apelaciones.
Estoy cierto de que también
significará un importante apoyo a la acción de la justicia la aplicación de la
ley 19.164, que modificó y modernizó la institución de la legítima defensa, y
de las leyes 19.172 y 19.183, que incorporaron la figura denominada
“arrepentimiento eficaz” en el juzgamiento de las conductas terroristas.
Al mismo propósito de hacer
más eficaz la acción judicial en materia de seguridad ciudadana tienden algunas
iniciativas de ley presentada, por el Gobierno y pendientes de la aprobación
del Congreso Nacional: la que crea los tribunales vecinales, la que instituye
el Ministerio Público en primera instancia, la que legisla sobre responsabilidad
de los menores y agrava las penas en delitos contra carabineros en servicio, y
la que establece normas sobre seguridad en las empresas. Confío en que estos
proyectos, que responden a necesidades evidentes, merezcan vuestra aprobación.
c) Ámbito penitenciario
Finalmente, para que la lucha
contra la delincuencia tenga éxito, es indispensable mejorar substancialmente
nuestro sistema penitenciario. Si no tenemos establecimientos adecuados y
capacidad rehabilitadora, nuestros lugares de reclusión de procesados y de
cumplimiento de condena serán, cada vez más, escuela de delincuencia.
Consciente de esta realidad,
el Gobierno está llevando a cabo un programa de modernización y mejoramiento,
materializado, entre otras, en las siguientes medidas:
1º La dictación de un nuevo
Reglamento Carcelario, acorde con la moderna doctrina de seguridad y
rehabilitación;
2º La puesta en práctica de un
tratamiento de readaptación y reintegración social de los reclusos;
3º La descongestión de
recintos penales mediante un programa de reparaciones, equipamientos y nuevas
construcciones, entre otros el nuevo establecimiento de Colina y la Unidad Especial para
Reos de Alta Peligrosidad y Terroristas, y
4º El aumento de la planta de
Gendarmería en más de 20%, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y
remuneración y su plena incorporación al sistema previsional de la DIPRECA.
Al mismo fin tiende la
política de protección y rehabilitación de menores que lleva a cabo el Servicio
Nacional del ramo, mediante el aumento de su cobertura a casi 55.000 menores el
año último; la creación de 15 centros de observación, tránsito y distribución
ambulatorio; la erradicación de los menores de las cárceles; el aumento de
inversión en infraestructura, y numerosas otras acciones, aparte el estudio de
los proyectos que esperamos presentar próximamente para reformar la ley
orgánica del servicio, la de adopción, la de subvenciones y la de maltrato
infantil y de menores.
d) Drogadicción y accidentes del tránsito
Pero no debe creerse que la
seguridad ciudadana se consigue sólo combatiendo la delincuencia y el
terrorismo. También la afectan otros factores que adquieren cada vez mayor
peligrosidad, como la drogadicción y los accidentes del tránsito.
El comercio ilícito de drogas
y el consumo de las mismas constituyen una amenaza preocupante, especialmente
en los medios juveniles y en la zona norte del país.
El Consejo Nacional para el
Control de Estupefacientes lleva a cabo diversas acciones respecto a la
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo ilícito de drogas y
procura impulsar la acción coordinada del Estado, organizaciones no
gubernamentales y opinión pública en una campaña nacional sobre la materia.
Carabineros e Investigaciones,
por su parte, con la colaboración de Aduanas y Fuerzas Armadas, realizan una
intensa actividad para detectar el tráfico ilícito de drogas, de cuyos
resultados en el año último dan testimonio los comisos de más de 1.100 kilos de
cocaína y de sobre 1.000 toneladas de marihuana practicados por Carabineros e
Investigaciones, instituciones que a su vez detuvieron arriba de 24.000
individuos en relación con pesquisas sobre esta materia.
Especial importancia atribuye
el Gobierno, para el éxito de esta lucha, al despacho del proyecto de ley que
presentó el año pasado, cuyo examen está pendiente en la Cámara de Diputados, para
sustituir la ley Nº 18.403, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, y que,
entre otras materias, penaliza el lavado de dinero.
En cuanto a los accidentes del
tránsito, Chile ostenta el triste récord de ser, entre todos los países de
América y de Europa, el que sufre más muertes de personas por esa causa, con
relación al número de vehículos. En los últimos tres años, 4.880 personas han
fallecido por accidentes de tal índole, número casi cinco veces superior al de
las víctima de homicidios. Urge que la opinión pública tome cabal conciencia de
la gravedad de esta amenaza y extreme los controles para evitar las
imprudencias en la conducción de vehículos y en el uso de las vías, y que se
apliquen con estrictez las normas legales y reglamentarias sobre la materia, en
lo que no debieran aceptarse excepciones de ninguna clase.
e) La seguridad, tarea de todos
No puede esperarse que la
sociedad alcance altos niveles de seguridad ciudadana como fruto exclusivo de
la acción del Estado y de los servicios policiales. Conseguirlo es tarea de
todos. Plausibles son, en este sentido, las iniciativas tomadas sobre la
materia por algunas municipalidades. El Gobierno, por su parte, ha impulsado
para este año un Programa de Seguridad Vecinal, con financiamiento a cargo del
Fondo de Mejoramiento Urbano, radicado en la Subsecretaría de
Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, que busca que la propia
comunidad local, a través de sus actividades y organizaciones vecinales,
detecte sus necesidades específicas en el ámbito de su seguridad, proponga
fórmulas concretas de solución y colabore para su cumplimiento.
3º.- Relaciones cívico-militares y política de Defensa
En el año de que doy cuenta ha
podido apreciarse un claro progreso en las relaciones cívico-militares y en la
política de Defensa que impulsa el Gobierno.
Es notorio que el país percibe
hoy el funcionamiento de nuestras Instituciones Armadas concentrado en su
quehacer y perfeccionamiento profesional para cumplir su función específica de
asegurar nuestra soberanía.
Esta percepción se basa en
hechos objetivos. El país goza de información pública oportuna sobre las
actividades del sector, como la realización de ejercicios combinados o
conjuntos; la creación de nuevas unidades, como los Grupos de Aviación Nºs. 3 y
9; el refuerzo de nuestro potencial de patrullaje y vigilancia marítima y
aeromarítima; nuestra participación militar en misiones de paz de las Naciones
Unidas y de la OEA ;
el activo intercambio de visitas de altas autoridades de Defensa y jefes
institucionales, y los acuerdos militares bilaterales suscritos con diferentes
países de nuestro hemisferio, así como de Europa y Asia. Todo ello evidencia
una intensa actividad profesional, concentrada en su misión específica y
preocupada de su renovación institucional.
A la percepción ciudadana y al
activo trabajo institucional hay que sumar el positivo resultado que, por
tercer año consecutivo, tuvo el proceso de formación y aprobación del
Presupuesto de Defensa. Este proceso permitió un análisis riguroso del gasto
militar por el Congreso Nacional, que culminó con su aprobación en ambas
Cámaras.
Los tres rasgos señalados
muestran una tendencia nítida hacia la armonía, la debida subordinación y la
confianza en las relaciones entre la sociedad, el Gobierno y las Fuerzas
Armadas, lo que constituye un claro logro del proceso de normalización de
nuestro funcionamiento democrático.
En el contexto de la activa
política de Defensa seguida por mi Gobierno, hemos continuado avanzando en
diversos cambios y ajustes exigidos por los tiempos, tales como el reemplazo
gradual de la cantidad por la calidad; la racionalización en el empleo de
recursos humanos; la multiplicación de las actividades de entrenamiento; la
intensificación de los ejercicios combinados, y las acciones conjuntas y la
creciente participación en las acciones de paz de las Naciones Unidas.
Estos procesos de
internalización y renovación se harán manteniendo nuestro alto nivel de
desempeño profesional y la capacidad requerida de disuasión y defensa, lo cual
implica como tareas futuras elevar aún más la eficiencia, incorporando el
cambio tecnológico acorde con nuestros recursos, aumentando nuestra presencia y
contacto con la nueva realidad internacional, y adaptándonos a las
impresionantes variaciones de la perspectiva estratégica, que sin duda
repercutirán en el futuro en nuestro país.
Dentro de este ámbito de la Defensa Nacional ,
creo oportuno formular ciertas precisiones respecto al servicio militar
obligatorio, a la industria militar y al proyecto pendiente de modificación de
las Leyes Orgánicas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
En cuanto al servicio militar
obligatorio, valoramos las proposiciones de creación de un servicio civil
juvenil regido por otros cánones y fines que los del servicio militar. El
Ministerio de Defensa ha recolectado y analizado la información sobre las
principales experiencias conocidas en esta materia, y ha examinado la
posibilidad de introducir modificaciones a las actuales modalidades y
contenidos del período de conscripción.
No obstante, es mi deber
reiterar mi convicción de que la estructura básica de funcionamiento de
nuestras Fuerzas Armadas exige la existencia de un servicio militar
obligatorio, sin perjuicio de los cambios que convenga introducirle en cuanto a
modalidades de su cumplimiento, refuerzo de la capacitación laboral del
contingente y posible reducción de ciertos períodos de instrucción. A este
respecto, he aprobado, con carácter experimental, una reducción del actual
período de conscripción, que, para los dos tercios del contingente del
Ejército, será de 12 meses, mientras el tercio restante de conscriptos de esa
Institución tendrá, por razones de servicio, un período de 14 meses.
En esta materia debe tenerse
en cuenta que sólo uno de cada cuatro jóvenes chilenos cumple efectivamente con
este deber ciudadano, lo que deja margen más que suficiente para iniciativas
futura de servicios juveniles voluntarios a la comunidad, no competitivos con
el servicio militar.
Respecto de nuestra industria
militar, quiero destacar el buen nivel de desarrollo tecnológico y productivo
alcanzado por algunas industrias de tal índole y el apoyo que damos a su
crecimiento gradual, siempre que sea adecuado a demandas reales, tanto internas
como externas. No obstante, ello no excluye la obligación de todas nuestras
instalaciones militares industriales de realizar sus operaciones bajo criterios
de alto control de gestión y de resultados, suprimiendo, si es necesario,
aquellos proyectos o actividades que no demuestren conveniencia ni
rentabilidad.
En lo que respecta al proyecto
que modifica las Leyes Orgánicas Constitucionales de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros, los señores Parlamentarios conocen el oficio que he enviado hace
poco a la Honorable Cámara
de Diputados, en el que se demuestra, de modo irrefutable, a la luz de los
textos constitucionales y legales y de la historia de su establecimiento, que
en nuestro régimen jurídico las Instituciones Armadas y de Orden, que forman
parte de la Administración
del Estado, dependen jerárquicamente del Presidente de la República , que es el
“Jefe del Estado”, quien tiene atribuciones especiales para “disponer” de ellas
y para “disponer” los nombramientos, ascensos y retiros de sus oficiales, y a
quien la propia ley asigna el título de “Generalísimo”. La restricción impuesta
por las referidas Leyes Orgánicas, dictadas pocos días antes de que asumiera el
Gobierno democrático, contradice esos claros textos y la propia aplicación que
de ellos hizo el Régimen anterior desde su dictación, al privar al Jefe del
Estado de su facultad de “disponer”, condicionándola a la proposición del
respectivo jefe institucional. Esto significa -como ha ocurrido en la
práctica-, que, tratándose de retiros, en caso de desacuerdo entre el
Presidente de la República
y el jefe institucional, prima la voluntad de éste sobre la de aquél; esto es,
la del subordinado sobre la del jefe superior.
Con el fin de dejar
absolutamente en claro el respeto del Gobierno por la “carrera profesional” del
personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en la indicación que he
formulado al proyecto se mantiene la exigencia de “proposición” del jefe
institucional para los nombramientos y ascensos, y se limita la reforma al solo
caso de los retiros, autorizándose al Presidente para disponerlos sin que medie
proposición sólo “en caso calificado” y mediante decreto “fundado”, previa
audiencia del jefe institucional respectivo.
La argumentación de que esta
reforma permitiría “politizar” a las instituciones castrenses y policiales, o
“descabezarlas”, aparte de importar una injuria con la propia investidura del
Presidente de la República
(no contra mi persona: contra quienquiera que desempeñe el cargo de Jefe de
Estado), atribuyéndole intenciones incompatibles con la dignidad de su cargo
-ningún Presidente lo ha hecho en la historia de Chile-, queda desvirtuada con
la exigencia de fundamentación de la medida y con la responsabilidad
constitucional que, al adoptarla, asumen tanto el Presidente como el Ministro
respectivo. Por el contrario, bien podría argumentarse que quienes se oponen a
esta reforma se empeñan en conferir a los jefes institucionales de las Fuerzas
Armadas y de Orden un poder político que significaría apartarlas claramente de
su carácter profesional, obediente y no deliberante.
4º.- Transparencia de la función gubernativa
Durante este período, como en
todo mi Gobierno, las autoridades, funcionarios y organismos del Estado han
desempeñado sus funciones a la vista del país. En las reparticiones públicas
hay libros de reclamos para que los interesados formulen las quejas que crean
procedentes. La Contraloría
General de la
República y los demás organismos fiscalizadores cumplen
activamente sus funciones. Los medios de comunicación informan de lo que se
hace y no se hace. La
Honorable Cámara de Diputados ejerce activamente su función
fiscalizadora. Y cuando se produce alguna irregularidad, el propio Gobierno o
la autoridad respectiva dispone su investigación, para que se esclarezca y
sancione como corresponda.
Juzgo necesario precisar lo
anterior, que es público y notorio, frente al escándalo que se ha intentado
crear con motivo de algunas denuncias sujetas a investigación.
Tengo la convicción de que la Administración Pública
chilena es honesta y proba. Podrá tildársela de lenta, de engorrosa, de
tramitadora a veces, y aún, en muchos casos, de ineficiente; pero no de falta
de honradez. Sus funcionarios, generalmente mal remunerados, que a menudo deben
intervenir en asuntos en que hay comprometidos cuantiosos intereses, observan
una honorabilidad, con frecuencia reconocida en el exterior, que debe ser justo
motivo de satisfacción nacional.
Es propio de la condición
humana cometer errores e incurrir en faltas. La eficiencia y el prestigio de la Administración del
Estado exigen especial celo para esclarecer y sancionar las imputaciones a sus
funcionarios. Nuestro ordenamiento jurídico contempla diversos mecanismos para
ello. Se ejerce un legítimo derecho al exigir el funcionamiento de esos
mecanismos para esclarecer la verdad y sancionar a quienes resulten
responsables; pero se lesiona el honor de las personas y se perjudica el
necesario prestigio de la
Administración cuando, con caracteres de escándalo, se
anticipan juicios condenatorios y se generalizan situaciones excepcionales.
Están pendientes de la
consideración del Congreso Nacional los proyectos sobre modificaciones a la Ley Orgánica
Constitucional de la
Contraloría General de la República y al Estatuto
del Personal de la
Administración del Estado, sobre Procedimientos
Administrativos y sobre lo Contencioso-Administrativo -a ellos me referí en mi
cuenta del año pasado-, que demuestran el interés de mi Gobierno por asegurar
la corrección y eficiencia del aparato administrativo del Estado.
Dentro de ese mismo espíritu,
el Ejecutivo promovió la dictación de la ley Nº 19.202, de febrero último, que
consagró la autonomía y robusteció las atribuciones del Consejo de Defensa del
Estado, que no es un organismo dependiente del Presidente de la República , sino que se
maneja con plena independencia en el ejercicio de sus delicadas funciones.
Del mismo modo, el Gobierno ha
otorgado su patrocinio y formulado indicaciones a las iniciativas
parlamentarias presentadas últimamente sobre probidad administrativa. Haríamos
un buen servicio al país si nos abocáramos seriamente al estudio de todas estas
materias, para perfeccionar los mecanismos que las rigen y asegurar, del mejor
modo, la transparencia y eficacia en la Administración del Estado, objetivos en torno de
los cuales no creo que haya discrepancias substanciales entre los chilenos.
Es indudable que el aparato
administrativo de nuestro Estado requiere una modernización, para ponerlo más a
tono con las necesidades y urgencias del mundo contemporáneo y hacerlo más
ágil, capaz, responsable y eficiente. No es ésta tarea fácil, ni se cumpliría
anunciando “reformas” más o menos espectaculares. Desburocratizar no es sólo
disminuir funcionarios, que en muchos casos son menos de los que se requieren.
Es necesario, sobre todo, agilizar la función pública, dignificar, estimular el
mérito y la iniciativa, agilizar los procedimientos y establecer parámetros
estrictos de responsabilidad. Mi Gobierno está trabajando en los estudios
pertinentes y espera lograr conclusiones realistas y positivas que puedan legar
al futuro Régimen un aporte útil en esta importante y delicada materia.
II. PERFECCIONAMIENTO DEMOCRATICO
Al asumir mi mandato
presidencial, abrigaba el propósito -acorde con nuestro compromiso
programático- de perfeccionar sustancialmente durante este período nuestra
institucionalidad democrática, para hacerla más representativa, más
participativa y más eficiente.
Para cumplir este propósito,
el Gobierno ha impulsado varias reformas: al régimen de administración comunal
y al de los gobiernos regionales; al sistema electoral; a la composición y
generación de algunos organismos del Estado; al sistema judicial, y,
últimamente, al período presidencial.
Como el país sabe, la suerte
de estas iniciativas ha sido diversa: el despacho de las reformas municipal y
regional constituye un importante avance en la democratización de nuestro
régimen de gobierno interior; las reformas relativas al sistema electoral y a
la integración de algunos órganos del poder central no lograron la aprobación
del Congreso; las reformas al sistema judicial y respecto al período
presidencial están pendientes de su estudio.
Permítanseme algunas
consideraciones respecto a estas materias, que, aunque a muchos no parezcan de
interés inmediato, son, a mi juicio, de fundamental importancia para el futuro
institucional de nuestra patria.
1º. - Descentralización Comunal y Regional
No sin dificultades, a fines
de 1991 logró aprobarse la reforma constitucional sobre Régimen Municipal y
Regional, promulgada por la ley Nº 19.097, de 12 de noviembre de ese año.
Conforme a ella, se hicieron las reformas a la Ley Orgánica
Constitucional sobre Municipalidades, mediante la ley Nº 19.130, de 19 de marzo
de 1992, y, posteriormente, la aprobación de la Ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, promulgada el 11 de
noviembre último.
Se ha concretado así, en
nuestro régimen institucional, el profundo anhelo descentralizador arraigado
desde antiguo en el espíritu de nuestros compatriotas, que desde el siglo
pasado ejercieron el derecho a administrar sus propias comunas -suspendido
desde septiembre de 1973 y desconocido en la Constitución de 1980- y
que durante años aspiramos a participar en la administración de sus regiones.
Conforme a esas reformas, el
28 de junio último la ciudadanía eligió democráticamente a sus concejales y el
26 de septiembre se constituyeron los concejos municipales. Por su parte, el 3
de abril pasado fueron electos los consejeros regionales y el 23 del mismo mes
quedaron instalados en todo el país los gobiernos regionales.
Esos pasos constituyen, sin
duda, un importante avance en el proceso histórico de democratización del país
e importan, a su vez, un gran desafío cívico para los habitantes de nuestras
comunas y regiones, y muy en especial para quienes han sido elegidos
democráticamente para participar en su administración.
La nueva arquitectura
institucional es, por supuesto, perfectible. La experiencia irá enseñando la
forma de hacerla cada vez mejor. Por mi parte, hubiera preferido que, como inicialmente
lo planteamos, los alcaldes fueran siempre elegidos directamente por el pueblo
y que el número de concejales fuera impar.
Para realizar eficazmente sus
fines, los nuevos órganos de gobierno y administración territorial necesitan
adoptar sus estructuras y disponer de los recursos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de sus tareas. De ahí la importancia y urgencia
que el Gobierno asigna al despacho de las leyes sobre plantas de personal y a
las reformas pendientes a la ley sobre rentas municipales e impuesto
territorial.
La transferencia de servicios
públicos desde el ámbito central al regional y municipal significa comprometer
a las comunidades directamente interesadas en la satisfacción de sus
necesidades públicas. Implica al mismo tiempo, como lo demuestra la experiencia
de los servicios de salud y educación, la necesidad de dotar a los órganos
regionales y comunales de los recursos indispensables y que ellos, por su
parte, asuman con eficiencia la responsabilidad de su gestión.
Creo mi deber decirlo con la
mayor franqueza: sería fatal que esta experiencia democrática se tradujera en
un desborde de reivindicaciones regionales y locales frente al Estado nacional;
su éxito depende fundamentalmente de la madurez, eficiencia y sentido de la
realidad con que cumplan sus funciones las autoridades regionales y locales,
que, como todos los órganos y magistraturas públicas, no tendrán otras
atribuciones que las que expresamente les confieren la Constitución y las
leyes.
2º.- Reformas constitucionales al sistema electoral y a la generación de
algunos órganos del Poder Central
El proyecto del Gobierno para
sustituir el sistema electoral binominal mayoritario que estableció la Constitución de 1980 por
otro que consagre cierta proporcionalidad en la representación, aprobado por la Cámara de Diputados el
20 de octubre del año último, fue rechazado en general por el Senado al
comenzar este año.
A su vez, el proyecto que
presentamos para eliminar los llamados “enclaves autoritarios” en nuestra institucionalidad,
votado en marzo último en la
Cámara de Diputados, no obtuvo, en lo sustancial, los votos
necesarios para ser aprobado.
No es éste el instante de
repetir los argumentos -los expresé hace un año en este mismo lugar y se
desarrollaron en los mensajes respectivos- que, en mi concepto, hacían
conveniente para Chile la aprobación de esas reformas. Pero creo mi deber
deslindar responsabilidades ante la historia.
El país es testigo del
espíritu de reconciliación y búsqueda de consenso que ha inspirado mi gestión
de gobernante; pero también sabe que soy firme en la defensa de mis
convicciones.
La mantención del actual
sistema electoral, aparte del riesgo de conducir a un empate que podría hacer
al país ingobernable, distorsiona gravemente nuestra realidad pluripartidista,
privando a la ciudadanía de opciones entre las cuales elegir y forzando a las
dirigencias partidarias a negociar acuerdos cupulares que la opinión pública no
entiende y que desprestigian a la democracia.
La institución de los
Senadores designados altera a favor de quien los nombra la representatividad
del cuerpo legislativo. La inamovilidad de los jefes institucionales de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros y la intervención del Consejo de Seguridad en
la generación del Tribunal Constitucional confieren a esos jefes un rol
político ajeno a sus funciones.
Digámoslo con franqueza: todos
estos son rasgos de lo que los teóricos del autoritarismo llaman democracia
“protegida” o “tutelada”. Le tienen miedo a la democracia y se valen de estos mecanismos
para frenar el cumplimiento de la voluntad del pueblo.
Dicen defender a las Fuerzas
Armadas de supuestas amenazas de politización; pero en el hecho pretenden
usarlas como su escudo o brazo armado. Olvidan o ignoran las lecciones de la
historia.
Precisamente porque soy
respetuoso de las Fuerzas Armadas y de Orden como instituciones nacionales,
pertenecientes a la Patria
toda, que no deben ser politizadas, soy contrario a que se atribuya a sus jefes
ninguna clase de función política. Desde el momento en que esto se hace y se
pone a esos jefes en la necesidad de “tomar partido” en decisiones políticas,
se abre la puerta a la deliberación y politización de las instituciones.
-(Aplausos).
Porque temo ese riesgo y
quiero evitarlo; porque creo en la capacidad del pueblo para gobernarse, sin
“tutores”, dentro del marco de las reglas básicas institucionales, lamento que
no se hayan aprobado esas reformas durante mi Gobierno. Espero que el tiempo
desvanezca los “recelos” de quienes se oponen a ellas y confío en que mis
conciudadanos tengan presente este asunto de tanta importancia al elegir a sus
próximos representantes.
3º.- Reformas al sistema judicial
Desde el comienzo de mi
mandato, puse de manifiesto que una de mis mayores aspiraciones de gobernante
es lograr un real mejoramiento de nuestra administración de justicia.
En esta materia, hemos debido
armonizar las metas que nos propusimos con la voluntad de concitar los acuerdos
requeridos, no sólo para dar viabilidad a los cambios que es necesario
introducir, sino también para preservar el clima de consensos que el país
requiere en una materia tan delicada como el Poder Judicial, que por su propia
naturaleza necesita un gran respaldo de confianza ciudadana, del que es notorio
que hoy día carece.
Aprobado por la Cámara de Diputados el
proyecto de reforma constitucional que presentamos, en los términos que allí se
convino, su estudio se radicó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado. En conocimiento del espíritu expresado por sus miembros
de realizar un estudio integral de las reformas que la experiencia aconseja
introducir a nuestro sistema judicial para adecuarlo a las necesidades actuales
del país, radiqué en el Senado todos los proyectos de ley pendientes sobre
materias vinculadas a la reforma judicial, a saber: Tribunales Vecinales,
Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, Ministerio Público, jurisdicción y
procedimientos arbitrales, Escuela Judicial, carrera judicial y calificación de
los magistrados organización y atribuciones de la Corte Suprema. Desde
hace varios meses la
Comisión referida, con mucha acuciosidad, está dedicando una
sesión a la semana a estudiar estos proyectos, varios de los cuales ya cuentan
con su informe favorable. Considero mi deber expresar aquí mi reconocimiento
por la seriedad y eficiencia con que está trabajando en esta delicada materia.
En este estudio, en que se ha
oído a personeros de la
Corte Suprema , de la Asociación Nacional
de Magistrados, a catedráticos especialistas y a prestigiosos abogados, ha
quedado en evidencia que no se trata -como algunos temieron- de politizar al
Poder Judicial, sino, por el contrario, de buscar -en lo posible de común
acuerdo- la mejor manera de habilitarlo para que cumpla eficazmente su
trascendental misión.
Es uno de mis mayores anhelos
que estos proyectos se conviertan en leyes durante mi Gobierno, convencido de
que con ello prestaremos un importante servicio a la justicia en nuestra
patria.
Consecuente con este espíritu,
durante el último año ha seguido cumpliéndose el plan quinquenal de
mejoramiento de recursos para el Poder Judicial, lo que ha permitido, aparte de
la creación de nuevos tribunales, mejorar las remuneraciones de sus miembros
-entre un 9% y un 18% de su renta bruta, según los casos- y efectuar
importantes inversiones en infraestructura y en sistemas informáticos. Este año
seguiremos adelante en este programa de mejoramiento.
4º.- Reducción del período presidencial
El 24 de marzo último presenté
a la Honorable Cámara
de Diputados un proyecto de reforma constitucional para reducir la duración del
mandato presidencial a cuatro años, sin reelección inmediata.
Aunque en el mensaje
respectivo se exponen las razones que fundamentan esta iniciativa, considero
procedente formular en esta oportunidad algunas consideraciones adicionales.
Hay consenso entre los
chilenos en que el período de ocho años que contempla la Constitución es
demasiado largo para un régimen presidencial como el nuestro. Si ese consenso
coincide en la necesidad de una reforma, lo mejor es hacerla ahora, al término
de un mandato que no será afectado por ella, en vez de esperar la iniciación de
uno nuevo cuya duración sería eventualmente reducida durante su transcurso.
En cuanto a las alternativas
posibles, de fijar el plazo en cuatro, cinco o seis años, la circunstancia de
que cada cuatrienio haya elecciones generales para renovar la Cámara de Diputados y una
parte del Senado, aconseja la fórmula que hemos propuesto, que permite que las
elecciones presidenciales sigan coincidiendo con las parlamentarias. Aparte de
evitar la proliferación de comicios que crean inestabilidad política, la
simultaneidad en la generación del Ejecutivo y el Legislativo facilita la
constitución de mayorías para gobernar.
Finalmente, la experiencia del
actual Gobierno prueba que, contrariamente a lo que temíamos al comienzo, el
plazo de cuatro años permite una efectiva acción realizadora hasta el final del
período, sin generar excesivo desgaste.
Confío en que esta iniciativa
sea estudiada con buena disposición por los distintos sectores políticos y
conduzca a los acuerdos necesarios para que se adopte una decisión positiva.
III. DESARROLLO ECONOMICO Y MODERNIZA CION – CRECIMIENTO EQUITATIVO Y
SUSTENTABLE
1 . - Crecimiento, Inflación y Balanza de Pagos
En 1992 se comenzaron a ver
los frutos de la política económica emprendida desde sus inicios por este
Gobierno, que hemos denominado de “crecimiento con equidad”. Después de un
severo ajuste en 1990 y de la aprobación de importantes reformas legales por el
Parlamento en el área tributaria y de legislación laboral, el país ha entrado
en una senda de crecimiento alto y sostenido, que se está traduciendo en una
mejoría permanente en las condiciones de vida de la población, sobre todo de
los más pobres, y en el surgimiento de nuevas oportunidades de progreso.
El año último el Producto
Geográfico Bruto creció 10,4%, y las exportaciones, 12,3% real.
Este crecimiento se logró sin
afectar a la estabilidad del sistema económico, sino acompañado de importantes
progresos en la lucha contra la inflación. La meta inicial de 15% fue rebajada
a mediados de año a 13% y, en definitiva, la inflación fue de 12,7%.
En el plano externo, el país
volvió a presentar un elevado superávit en Balanza de Pagos, que alcanzó a
2.500 millones de dólares, a pesar de la revaluación del peso que tuvo lugar en
enero del año pasado. Este superávit mantuvo la presión por revaluaciones
adicionales del peso, que fue resistido con éxito por el Banco Central con
apoyo del Gobierno.
2.- Inversión y productividad. El ahorro nacional
Estos resultados han sido
posibles gracias, entre otros factores, al crecimiento de la inversión y de la
productividad.
Entre 1985 y 1989, el
crecimiento de la producción se realizó con baja inversión y abundancia de mano
de obra barata, en razón de la capacidad instalada ociosa y de la alta
desocupación. Esos factores se habían agotado al asumir nuestro Gobierno, de
modo que durante el trienio transcurrido desde 1990 hasta ahora ha sido
necesario elevar considerablemente el ahorro y la inversión y, al mismo tiempo,
empeñarse en un serio esfuerzo para mejorar la productividad del trabajo.
El año último, con aportes del
sector privado -nacional y extranjero- y también del Estado, la inversión en
capital fijo creció un 20,2% real, llegando a constituir el 19,8% del PGB, el
más alto de nuestro país en muchos años. De este total, el 5% corresponde a
inversión pública y 14,8% a inversión privada.
En los últimos años, han
surgido más empresas que declaran iniciación de actividades que en cualquier
otro período, signo revelador del interés y expectativas positivas del sector
privado.
El Gobierno, por su parte, ha
contribuido con importantes aportes, tanto al financiamiento del desarrollo
como a la lucha contra la inflación. En 1992 se obtuvo un superávit fiscal
global equivalente al 2,5% del PGB y la contribución del Gobierno al ahorro
nacional alcanzó al 5,9% del PGB, a pesar de los menores ingresos del cobre.
También las empresas y sus
trabajadores han hecho su aporte, expresado en un significativo incremento de
la productividad, equivalente a 6% en 1992.
Pienso que en las
circunstancias que enfrenta nuestro desarrollo económico, estos dos factores
-inversión y productividad- adquieren cada día mayor importancia. Sólo en la
medida en que seamos capaces de incrementar substancialmente el ahorro y la
inversión nacionales, tanto en el sector privado como en el público, y de
mejorar de manera importante nuestra productividad, seremos capaces de superar
los desafíos ineludibles para alcanzar el desarrollo.
El Gobierno lo ha entendido
así, las cifras de ahorro recién mencionadas demuestran el gran esfuerzo fiscal
llevado a cabo el año último. Cabe destacar que durante 1992 el gasto privado
aumentó 15,1%, cifra que supera con creces el aumento del gasto real del
Gobierno del 9,5%. Es por ello que llamo al sector privado a que intensifique
sus esfuerzos para fortalecer su contribución al ahorro nacional.
En el pasado, los bajos
niveles de ahorro han sido un serio obstáculo para asegurar un desarrollo
dinámico y persistente y han originado abruptas fluctuaciones debidas a la
acumulación de niveles demasiado altos de endeudamiento externo, cuyo ritmo de
aumento era insostenible.
En la década de los 80 la tasa
de ahorro nacional fue sólo de un 9,5% de la producción del país. En cambio,
durante mi Gobierno hemos alcanzado un promedio de 18,7%, el más alto en
cualquier trienio desde 1960. Necesitamos redoblar este esfuerzo para hacer
posible un crecimiento más rápido.
El sector público ha mostrado
una propensión a ahorrar más alta que la del sector privado, lo cual le permite
financiar sus programas de inversión y acomodar, macroeconómicamente, el exceso
de gasto privado que se ha venido registrando.
Los países que han logrado un
crecimiento más rápido tienen en común el logro de altas tasas de ahorro
público y privado, empresarial y familiar, con el cual financiaron los masivos
programas de inversión en que fundaron sus éxitos económicos.
Hago un llamado a la
conciencia de todos los chilenos para que pongamos freno a ciertas prácticas
que promueven el consumismo descontrolado. No podemos permitir que nuestra
nación se acostumbre al derroche, que ofende a los más pobres y dilapida
recursos que podrían destinarse al ahorro que tanto necesitamos.
No es sano ni es sostenible
que las familias se endeuden exageradamente para financiar niveles de consumo,
muchas veces suntuario, que no pueden cubrir con sus ingresos corrientes.
No es justo que se pida ahorro
al Gobierno fundamentalmente en el gasto social, mientras el sector privado no
hace otro tanto. Nuestros esfuerzos deben concentrarse en el diseño de
mecanismos administrativos y tributarios que faciliten, promuevan y premien los
esfuerzos de ahorro voluntario de las personas y familias, que es donde hemos
logrado menos avances.
3.- Apoyo del Estado al proceso de modernización económica
Dentro de este contexto, mi
Gobierno se ha esforzado en impulsar el proceso de modernización de nuestra
economía, a través de acciones y programas en cuyas directrices y contenidos
fundamentales hay en el país un alto grado de consenso: apertura al mundo,
aplicación de mecanismos de mercado para orientar las decisiones económicas,
rol protagónico de las iniciativas empresariales en el ámbito productivo y
necesidad de contar con un sector laboral capacitado e integrado a las tareas
del desarrollo. Mediante un permanente diálogo con trabajadores y empresarios,
el Gobierno ha tenido en cuenta las visiones de los diversos actores sociales
al ponderar las alternativas de política económica.
En este marco, las políticas
de desarrollo en que nos hemos empeñado han tenido por objeto crear las
condiciones para modernización de la estructura productiva del país y darle
apoyo; mejorar decididamente la calidad de la educación y las oportunidades de
capacitación profesional; profundizar la inserción de la economía chilena en
los mercados internacionales, y estimular la iniciativa privada y la acción de
los mercados, respaldándolas con la actividad reguladora del Estado.
Una economía abierta y con
transparencia en el funcionamiento de sus mercados es el marco adecuado para el
despliegue de la creatividad de las empresas privadas, principal motor del
crecimiento económico. Sin embargo, le corresponde al Estado asumir un rol
activo en el fomento de la modernización productiva.
Esta labor de fomento incluye,
principalmente, facilitar el acceso a la asistencia técnica y a los mercados
financieros por parte de la pequeña y mediana empresa, promoción del desarrollo
tecnológico, capacitación empresarial y de la mano de obra, apoyo a la
penetración de los mercados internacionales y asegurar la transparencia de los
mercados y sistemas financieros.
Estamos ejecutando programas
en cada uno de estos aspectos:
a) Pequeña y Mediana Empresa
La modernización de las
pequeñas y medianas empresas es un elemento central del desarrollo productivo
con equidad social. De allí el énfasis puesto en desarrollar un amplio programa
de trabajo en este campo.
Se ha trabajado en reducir los
obstáculos que tienen estas empresas para acceder a los recursos que dispone el
sistema financiero.
La asistencia técnica ha sido
otra línea prioritaria de acción para lograr la modernización de las pequeñas y
medianas empresas.
Se ha ampliado y mejorado el
acceso de los usuarios a los servicios orientados a modernizar la pequeña y
mediana empresa.
b) Ciencia y Tecnología
El programa de Ciencia y
Tecnología está posibilitando la generación de nuevos conocimientos
tecnológicos en el ámbito productivo y, a la vez, está logrando un cambio en la
forma en que las universidades y los centros de investigación se vinculan con
los empresarios.
En el marco de este Programa,
operan el Fondo de Desarrollo Tecnológico (FONTEC) y el Fondo de Fomento
Científico y Tecnológico (FONDEF), que ya han aprobado 146 proyectos para ser
ejecutados por empresas y centros de investigación que comprometen aportes por
43 millones de dólares.
El Programa Nacional de
Calidad es otro instrumento de modernización de nuestras actividades
económicas.
c) Inserción internacional
Hemos optado por hacer de
nuestra apertura económica al mundo una herramienta de progreso y desarrollo
para nuestro país.
La rebaja arancelaria de junio
de 1991 y las medidas de apertura de la cuenta de capitales han profundizado
nuestra inserción en la economía internacional. Los acuerdos bilaterales
firmados con México, Argentina, Bolivia y Venezuela, los que esperamos firmar
con Brasil y Colombia y el que Chile empezará a negociar con los Estados
Unidos, reforzarán los importantes avances logrados en estos mercados de especial
interés. La actividad promotora de vínculos económicos internacionales ha
puesto énfasis, también, en las oportunidades que nos ofrecen los grandes
mercados de Europa Occidental y del Asia, en especial de Japón.
d) Transparencia de mercados y sistemas financieros
El funcionamiento eficiente de
una economía de mercado requiere del permanente perfeccionamiento de la
competencia entre los agentes económicos. Para garantizarla se han reforzado
los mecanismos de regulación antimonopólica y se están perfeccionando aquellos
que protegen a la producción interna de las prácticas desleales en el comercio
exterior.
En el importante campo de las
tarifas de servicios públicos, hemos buscado garantizar un adecuado equilibrio
entre las necesidades de inversión de las empresas y el interés de los
usuarios.
La defensa de los derechos del
consumidor se ha convertido en un área sobre la cual el país ha ido tomando
conciencia creciente. Hemos impulsado la protección del consumidor como
necesidad de una economía que desarrolla sus mercados en forma cada vez más
competitiva, y no como una fuente de acciones contrarias al desempeño de
comerciantes y productores.
A fines de 1992 se completaron
los estudios para las reformas legales destinadas a modernizar el mercado de
capitales. Ellas se tradujeron en un proyecto de ley enviado al Congreso en
enero y que actualmente se encuentra en discusión en el Parlamento. Este
proyecto, una vez aprobado, debería permitir mejorar la seguridad de las
inversiones de los Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros, junto con
abrirles nuevas oportunidades de inversión. De esta manera se espera contribuir
a mejorar la utilización del ahorro nacional y su intermediación a través del
mercado de capitales.
El Gobierno considera también
necesaria una mayor apertura y flexibilización de las disposiciones legales que
rigen a las instituciones bancarias, orientada a la ampliación de su ámbito de
actividades.
Por otra parte, para
consolidar equitativamente el proceso de modernización de los bancos, es preciso
no sólo superar las distorsiones que existan respecto del resto de los
concurrentes al mercado de capitales, sino también aquellas propias del
funcionamiento del sistema bancario, entre las que resalta el problema aún
pendiente de la deuda subordinada.
Para abordar, en el contexto
de soluciones de mercado, el conjunto de estos problemas, el Gobierno enviará
la iniciativa legal pertinente una vez que se haya producido un avance
suficiente en el trámite del proyecto de ley que actualmente conoce el Parlamento
sobre profundización del mercado de capitales.
4.- El Desafío de la infraestructura: Obras Públicas
El país toma conciencia, cada
vez más, del grave déficit de que padece en materia de infraestructura.
Nuestros caminos, ferrocarriles, puertos, aeródromos, obras sanitarias y de
regadío, están muy lejos de satisfacer las necesidades de la población y su
insuficiencia o mal estado se halla en vías de transformarse en un cuello de
botella insuperable para nuestro desarrollo.
Consciente de la gravedad de
este problema, mi Gobierno ha dado especial importancia a los programas de
construcción de obras.
Respecto de 1990, las
inversiones en infraestructura crecieron 22% en 1991 y 50% en 1992, año en que
fueron 130% superiores a lo que se hizo como promedio anual en la década de los
80. Para este año, contemplamos un aumento adicional de 25%, lo que significará
que el Programa Nacional de Infraestructura de 4 años que anuncié en septiembre
de 1991 estará avanzado en un 82% al terminar el presente año. Es decir, se concluirá
en poco más de tres años.
El país es testigo de los
trabajos que se realizan a lo largo de su territorio.
No me voy a detener a leer, en
obsequio del tiempo, todo lo que se está haciendo en vialidad, en materia de
riego, en obras portuarias, en aeropuertos, en obras sanitarias y en edificios
públicos.
Pese a los significativos
esfuerzos de inversión que todos estos trabajos representan, aún queda mucho
por hacer. El déficit de infraestructura acumulado, así como el crecimiento de
la actividad económica esperado para los próximos años -a lo que se agregan los
imprevistos derivados de catástrofes como la de Antofagasta el año último y la
que acaba de afectar a las Regiones Quinta, Sexta, Metropolitana y Novena-,
constituyen desafíos que exigen diseñar estrategias de financiamiento,
planificación de actividades y readecuaciones institucionales para impedir el
estrangulamiento de nuestro desarrollo. El Plan de Infraestructura en marcha ha
sentado las bases para la respuesta a esos desafíos, que deberá complementarse
mediante nuevas propuestas que permitan resolver los principales problemas en
el mediano plazo.
5.- Transportes y Telecomunicaciones
Mi Gobierno ha continuado
aplicando una política de transportes cuyo objetivo es superar los graves
problemas y distorsiones que vienen afectando al sector desde la década pasada,
que además del exceso de vehículos, la congestión y la contaminación, incluyen
el endeudamiento, el bajo nivel de organización empresarial y el deterioro de
los ferrocarriles, entre otros.
En el transporte urbano de
carga, se terminó con la política tradicional de otorgar créditos blandos,
avalados por el Estado, lo que, sumado a la solución ya acordada con los
transportistas en relación con su endeudamiento con la CORFO , ha significado para
el país un importante ahorro durante los últimos tres años. Por otra parte,
también ha contribuido al proceso de modernización del sector la eliminación
del armado de vehículos con partes y piezas usadas.
En lo referente al transporte
ferroviario, la promulgación en octubre último de la ley que modificó el
Estatuto Orgánico de la
Empresa de Ferrocarriles, permitió dar inicio al proceso de
rehabilitación y modernización. Los aportes del fisco a la empresa fueron
traspasados en su totalidad antes del fin del año pasado, destinándose
principalmente al saneamiento de la deuda de corto plazo y al financiamiento
del Plan de Emergencia, que contempla los mejoramientos más urgentes de
infraestructura y equipos, con un presupuesto de 2.280 millones de pesos.
Durante este año, debe
comenzar la transformación de la empresa en una organización descentralizada y
de administración corporativa, mediante la licitación de paquetes accionarios
de las filiales que se crean en virtud de las nuevas disposiciones legales, de
modo de lograr la participación privada en el sector, particularmente en el
área de carga. Igualmente, está en marcha el Plan de Rehabilitación para
mejorar la infraestructura y remozar los equipos de pasajeros, y se está en el
proceso de acordar con el Estado un primer Plan Trienal de Desarrollo.
En contraste con el dinámico
crecimiento del transporte marítimo internacional, el cabotaje muestra
estancamiento desde hace largos años, fundamentalmente en razón de problemas de
trato no equitativo frente a los otros medios de transporte. Para paliar esta
situación, se han hecho esfuerzos por desburocratizar el cabotaje mediante la
eliminación de trámites innecesarios y otras rigideces, lo que ha permitido
agilizar la recepción y el despacho de naves.
En el transporte aéreo, las
nuevas tendencias surgidas en la década de los 80 y acentuadas en los últimos
años hacen aconsejable introducir ajustes al marco legal vigente para preservar
un régimen competitivo y promover la igualdad de oportunidades para las
aerolíneas chilenas. Ello llevó a la elaboración de un nuevo proyecto de ley de
aviación comercial, ya enviado al Congreso Nacional, que incorpora un
robustecimiento de la Junta
de Aeronáutica Civil.
Por su parte, ese organismo
llevó a cabo en 1992 un activo programa de negociaciones para impulsar el
desarrollo de los servicios, especialmente en América Latina y países del Asia
Pacífico y brindar nuevas oportunidades comerciales a las líneas aéreas
chilenas, corrigiendo desbalances existentes.
Todo ello ha permitido un
fuerte crecimiento del tráfico aéreo. En 1992 el tráfico internacional de
nuestras empresas, tanto de pasajeros como de carga, aumentó en más de 20%, y
el tráfico doméstico de pasajeros, en casi 30%.
Por otra parte, en estos días
la autoridad aeronáutica nacional ha estado abocada al difícil problema
planteado a nuestras líneas aéreas por la agresiva política de penetración de
mercados de algunas de las grandes empresas internacionales. La preservación de
condiciones de competencia leal entre empresas de muy distinta dimensión y
capacidad económica requiere de formas de regulación pactada compatibles con la
política general de cielos abiertos a que el país se ha comprometido y con el
adecuado desarrollo de nuestros servicios aéreos internos de pasajeros y carga.
En materia de
telecomunicaciones, está pendiente del estudio del Congreso el proyecto de
nueva ley sobre la materia. Confío en que las gestiones que se han estado
efectuando en la Comisión
pertinente de la Cámara
de Diputados permitan acelerar, por la vía del desglose en proyecto aparte, el
despacho de las materias más esenciales que contempla la iniciativa, como son
el multicarrier discado, la inteconexión obligatoria entre redes de concesiones
de servicios públicos y de servicios intermedios, la creación de un Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones, la creación de la Superintendencia del
ramo y el tema de la regulación de las relaciones entre servicio doméstico y de
larga distancia.
Especial preocupación ha
merecido al Gobierno la necesidad de mejorar las redes de comunicaciones en los
sectores apartados, especialmente en la Undécima Región ,
donde un subsidio estatal para la Red Digital de Telecomunicaciones Rurales ha
permitido la integración de pueblos y localidades lejanas en la extensa cuenca
del lago General Carrera.
En cuanto a las tarifas de los
servicios públicos de telecomunicaciones, se realizó un diagnóstico integral
del sistema tarifario vigente, que servirá como base para establecer las
tarifas del próximo quinquenio, de modo que éstas sean más justas y reflejen
efectivos beneficios para todos los usuarios.
6.- Energía
El sector energético nacional
enfrenta el desafío de responder eficientemente a las grandes demandas que
imponen los niveles de crecimiento de nuestra economía.
Ello requiere cuantiosas
inversiones en las que el sector privado juega un papel fundamental. El
reciente inicio de importantes proyectos de generación eléctrica, tales como
las centrales hidroeléctricas Curillinque, Aconcagua y Pangue, y las térmicas
Guacolda, Tocopilla y Mejillones, aseguran el normal abastecimiento eléctrico
de los próximos años.
La materialización de estos
proyectos plantea la necesidad de conciliar las impostergables necesidades del
crecimiento económico con la también necesaria preservación del medio ambiente.
En este marco, por primera vez
en el país, durante mi Gobierno se ha puesto en marcha un programa nacional de
uso eficiente de la energía.
Con la mira de diversificar la
base energética nacional, se han realizado importantes avances en la
integración energética con los países vecinos. En este marco se inició el
proyecto de construcción de un oleoducto entre Argentina y Chile, que asegurará
el 60% del abastecimiento del petróleo requerido por el país. En este mismo
ámbito, se han dado pasos importantes en la materialización del proyecto de
construcción de un gasoducto entre Neuquén (Argentina) y la zona central de
Chile, habiéndose suscrito recientemente los contratos de suministro de gas
entre los productores argentinos y empresas chilenas.
Durante 1992 debió enfrentarse
una materia tan difícil y compleja como la fijación de tarifas eléctricas,
lográndose conciliar el traspaso a los consumidores de los menores costos
obtenidos por aumentos de eficiencia de las empresas y la adecuada rentabilidad
de estas últimas.
Consideración especial merece
la situación por que atraviesa la industria carbonífera de la Octava Región. El país está
informado de su crisis, que se arrastra desde hace más de veinte años y que se
vio profundizada por la variación del mercado internacional de carbón a raíz
del descubrimiento de importantes reservas en diversos países, que producen a
costos considerablemente menores.
Esta situación, cada vez más
evidente, ha motivado la decisión del Gobierno de encarar el problema en sus
orígenes, es decir, asumiendo que se trata no sólo de un problema de
productividad, de falta de mercado, de deficiencias tecnológicas, sino de alto
costo productivo, agotamiento y gran dificultad en la explotación de las minas.
El criterio del Gobierno ha
sido que la crisis de la industria carbonífera de la Octava Región debe
tratarse fundamentalmente como un problema social que involucra en forma
directa a más de 14.000 trabajadores y sus familias.
Para enfrentarlo, se sometió a
consideración del Parlamento un proyecto destinado a paliar los efectos
sociales de la crisis -aprobado unánimemente y convertido en ley- que, entre
otras disposiciones, reconoció el derecho a jubilar a 2.300 mineros con 18 años
de trabajos pesados en el carbón.
Simultáneamente, se abordó una
tarea inédita en el país, cual es iniciar un profundo proceso de reconversión
productiva y laboral en la zona, proceso puesto en marcha como la única
alternativa de solución real a esa crisis. La reconversión es una tarea
nacional en la que el sector privado juega un papel importante. Por su parte,
el Estado ha hecho un significativo esfuerzo en materia de inversión en infraestructura
en la zona del carbón, el que alcanzó a $ 8.024 millones durante 1992, casi
cuadruplicando de este modo la correspondiente a 1990.
7.- Minería
La evolución del sector minero
el año último fue sin duda exitosa, tanto por los aumentos de producción y
exportaciones, cuanto porque el incremento de los niveles de inversión y la
mayor intensidad de las exploraciones aseguran un claro horizonte de desarrollo
a nuestra minería.
En efecto, durante 1992, la
producción física creció en un 7% respecto del año anterior. El cobre superó
ampliamente el récord de 1991 con una producción de un millón novecientos
setenta y seis mil toneladas, y se registraron aumentos de producción en oro,
plata, molibdeno y manganeso, así como en diversos minerales no metálicos.
Pese a la menor demanda y
precios más bajos en la mayoría de los productos básicos, las exportaciones
mineras superaron los 4.700 millones de dólares, lo que significó un incremento
de 8,5% respecto de 1991.
El crecimiento futuro del
sector está garantizado por su dinamismo en materia de inversión, que el año
último llegó a 1.111 millones de dólares, de los cuales prácticamente la mitad
proviene de CODELCO, ENAP y ENAMI. En cuanto a la inversión extranjera, se
materializaron, entre otros proyectos, la ampliación de la mina Los Bronces, de
Disputada de Las Condes, por un costo superior a los 400 millones de dólares, y
el comienzo de la construcción de los proyectos cupríferos de Cerro Colorado y
Quebrada Blanca, ambos en la
Primera Región , con un costo de 640 millones de dólares.
Adicionalmente, se aprobaron proyectos como Candelaria, Collahuasi y la
ampliación de Escondida, los cuales significarán una inversión probable de
1.700 millones de dólares.
A su vez, tanto las empresas
privadas como las públicas están destinando elevados presupuestos a la
exploración minera, que es un buen indicador del desarrollo futuro del sector.
Las concesiones de exploración amparadas por patentes aumentaron en un 38%
respecto de 1991, y el gasto anual en sondajes de exploración supera los 40
millones de dólares.
Otro importante avance en 1992
lo constituye la creciente apertura del mercado financiero nacional hacia el
sector minero.
Este exitoso desempeño ha ido
acompañado de políticas orientadas a elevar la eficiencia en la gestión
empresarial pública.
En el caso de CODELCO, se ha
avanzado en la identificación de un concepto de desarrollo integral de mediano
y largo plazo, que supera la visión cortoplacista del pasado. En primer lugar,
ese concepto asigna la máxima importancia a la renovación del recurso minero,
materia en la que se destacan los exitosos resultados de la exploración
geológica en la División El
Salvador, que permitió ampliar su vida útil en más de quince años, y la
reinterpretación geomecánica del yacimiento El Teniente, que ha hecho posible
abrir nuevas alternativas de explotación en esa División, amenazada por los
problemas de explosión de roca. Por otra parte, CODELCO ha seguido avanzando en
los pasos previos necesarios para dar inicio al proyecto de la Mina Radomiro Tomic, que
constituye el primer yacimiento a ser desarrollado por esa Corporación después
de la nacionalización de la
Gran Minería. Dada su magnitud, se están estudiando diversas
opciones de financiamiento y calendario de inversiones que consideren tanto la
disponibilidad de recursos públicos como la prioridad relativa y secuencia de
los diversos proyectos actualmente en cartera.
Se han logrado, también,
notorios avances en cuanto a productividad, la que aumentó en 6,1 por ciento,
quebrándose así su tendencia decreciente. Finalmente, la aprobación a comienzos
de año de la ley Nº 19.137
ha permitido el traspaso de pertenencias mineras a
ENAMI, siendo el caso más importante el del yacimiento Altamira, como también
el inicio de tratos para establecer asociaciones con terceros a fin de explotar
o explorar pertenencias de CODELCO, destacando entre ellas el proyecto El Abra.
Para 1993 se contempla, entre
otros objetivos, continuar desarrollando proyectos de alta rentabilidad;
profundizar la exploración geológica; consolidar relaciones laborales de
cooperación, con especial énfasis en el logro de un mayor compromiso por parte
del estamento de supervisores; obtener un balance equilibrado entre la
producción de cobre refinado y la de concentrados; concluir las negociaciones
para asociarse con terceros en el proyecto El Abra; continuar la optimización
de procesos productivos claves, y consolidar un modelo de organización y
gestión de mayor descentralización y autonomía para las divisiones operativas.
ENAMI, por su parte, obtuvo
resultados económico-financieros que representan una evolución positiva
respecto de la meta de modernización. Entre sus principales logros destaca la
consolidación de un nuevo modelo de gestión que le permitirá, por primera vez,
llevar a efecto su labor de fomento con un presupuesto aprobado por el Congreso
Nacional, modelo que ya incorporó, durante 1992, un nuevo enfoque y una
estructura regionalizada para el fomento y desarrollo de la minería extractiva
de pequeña escala.
Además de consolidar durante
este año los cambios en cuanto a gestión, independizando contable y
administrativamente la gestión de fomento minero de la industrial, para lo cual
se cuenta por primera vez con un presupuesto separado para cada área, ENAMI
fortalecerá su regionalización mediante sistemas de información apropiados para
las gerencias regionales; modernizará plantas; ejecutará su nueva política en
materia de créditos de largo plazo, orientada a intensificar su rol de nexo
entre el sector minero y el sistema financiero, y avanzará en la búsqueda de
nuevos negocios mineros.
En cuanto a ENAP, la empresa
desarrolló durante 1992 un conjunto de acciones para enfrentar la declinación
natural de los yacimientos de Magallanes: creó la filial SIPETROL para
optimizar la gestión de la compra del crudo; participó en nueve contratos de
exploración y cuatro de explotación en el extranjero, todos en asociación con
terceros; continuó con su plan de inversiones para la década, que incluye las
innovaciones tecnológicas para mejorar el impacto ambiental de los
combustibles, como es el caso de la bencina sin plomo y la disminución del
azufre en el diesel y, adicionalmente al inicio de la construcción del
oleoducto entre Neuquén y Concepción, sus dos refinerías están negociando
proyectos petroquímicos en asociación con terceros.
Los avances en el sector
público minero también han incluido una política denominada Chile Exporta
Minería, que promueve la incorporación de mayor valor a nuestros productos
mediante el desarrollo de una industria de alta competitividad en la producción
de equipos, materiales, servicios e ingeniería para la minería; y el Premio
Raúl Sáez, para el fomento de la utilización y desarrollo de la ingeniería
nacional.
Dentro del mismo espíritu,
está en ejecución una política de promoción de la investigación y el desarrollo
tecnológico donde, entre otras actividades, cabe destacar el inicio de procesos
de transferencia de tecnología minera chilena a Argentina, Perú, Bolivia y
México, y esfuerzos pioneros de transferencia tecnológica con India y China.
En cuanto a la dimensión
social de las actividades del sector público minero, merece destacarse la
creación del Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal
(PAMMA), que, con un aporte inicial de un millón de dólares, benefició a mil
doscientos pirquineros entre la
Segunda y la
Quinta Región.
8. - Agricultura
Aunque con menor fuerza que el
resto de la economía, la agricultura también creció el año último, un 3,1%.
Este crecimiento deriva principalmente de la actividad vitivinícola; de
frutales y hortalizas; de la ganadería de carne (cerdo y aves) y leche; de
algunos cultivos anuales tales como remolacha, avena y tabaco, así como de la
actividad forestal.
Las exportaciones originadas
en el sector alcanzaron a US$ 2.807 millones, cifra que representa un aumento
de 12% en relación a 1991. Los incrementos de exportaciones más significativos
se registraron en vinos y alcoholes (27,8%), agroindustria hortofrutícola
(25,3%) y celulosa y papel (54,2%). El resultado de la balanza comercial de
productos del sector arrojó un saldo positivo de US$ 2.168 millones, 8%
superior al año anterior.
El empleo sectorial representó
un 18,6% de la fuerza de trabajo nacional, y la tasa de desocupación se situó
en 2,9%.
No obstante estas cifras, el
Gobierno reconoce que el sector agrícola enfrenta problemas delicados que
exigen especial preocupación, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia
de esta actividad, que provee al país de su principal base alimenticia y de la
cual vive un alto porcentaje de la población nacional.
En una economía abierta como
la nuestra, las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales,
los subsidios a exportaciones o restricciones a importaciones que se apliquen
en otras naciones, la evolución del tipo de cambio, son factores que tienen
alta incidencia en la rentabilidad agrícola y que, por lo mismo, suelen crear
climas de incertidumbre e inquietud. Este es un rubro en el cual la libertad de
comercio sufre limitaciones importantes en casi todas las naciones, sea porque
restringen las importaciones para defender su producción interna, sea porque
subsidian a sus productores para favorecer sus exportaciones. Por otra parte,
el aumento de la productividad agrícola y el mejoramiento de las técnicas de guarda
de productos de un año para otro significan, para quienes los logran, ventajas
comparativas frente a sus competidores.
De aquí la importancia que,
para asegurar bases equitativas al comercio agrícola internacional, tienen las
negociaciones de la Ronda
de Uruguay, del GATT, en las que Chile participa con especial interés, asociado
a los países del llamado Grupo Cairns.
Sin perjuicio de esas
negociaciones -cuyo resultado es hasta ahora incierto, para afrontar los
problemas históricos de la actividad agropecuaria se requiere la colaboración
activa y, en lo posible concertada, de los propios interesados y del Estado.
Es mucho lo que los
agricultores pueden hacer en esta materia, especialmente en aspectos tales como
mejorar su productividad, asegurar la calidad de sus productos y perfeccionar
los cauces de su comercialización.
El Estado, por su parte,
dentro del marco de la economía de mercado imperante en el país, puede y debe,
en mi concepto, adoptar las decisiones y ejercer las acciones que el
ordenamiento jurídico le permite para estimular, mejorar y, en caso necesario,
proteger frente a competencia desleal, la actividad agropecuaria.
Dentro de este marco se
insertan las políticas que mi Gobierno lleva a cabo, a través de los servicios
del sector público agrícola, para asegurar la protección zoo y fitosanitaria;
buscar acuerdos internacionales para abrir nuevos mercados a nuestros
productos; regular la comercialización de algunos -por ejemplo, bandas de
precio del trigo, el aceite y el azúcar; poder comprador de COTRISA-;
proporcionar información a los productores; impulsar programas de riego
mediante obras medianas y menores (INDAP-FOSIS), y de forestación en pequeñas
propiedades (CONAF-FOSIS); realizar investigaciones y programas de
transferencia tecnológica, y otorgar créditos y asistencia técnica -a través
del INDAP y del INIA- a pequeños y medianos agricultores.
En el curso del año último se
promulgaron dos leyes cuya aplicación debiera significar importantes ventajas
para el sector: la N º
19.162, sobre tipificación de carnes, y la N º 19.220, sobre Bolsas de Productos
Agropecuarios.
También ha tenido importancia
para asegurar la corrección en el mercado, el reglamento que se dictó a
comienzos de año sobre rotulación para vinos de uvas de exportación.
Recientemente el
establecimiento de poder comprador para el arroz y el maíz bastó para
regularizar de inmediato los precios de esos productos, que estaban
distorsionados por el carácter oligopsónico de la demanda nacional.
Uno de los mayores desafíos
que enfrenta nuestra agricultura es el que deriva de la baja rentabilidad de
algunos cultivos tradicionales, especialmente en sectores de precordillera o
del secano costero. Ello provoca el empobrecimiento de muchos agricultores,
generalmente medianos o pequeños, algunos de los cuales optan por vender sus
tierras para forestación. Este fenómeno está generando un problema económico y
social de cierta magnitud, especialmente en las Regiones Séptima y Octava.
Este es un tema que debemos
encarar con sentido nacional, mediante esfuerzos de modernización del sector y,
en algunos casos, de reconversión productiva. A ello apunta la política agraria
que estamos realizando, que tiende fundamentalmente a proporcionar a los
propios productores las herramientas y oportunidades para asumir el proceso,
mediante acciones gubernativas tendientes a abrir y ampliar los mercados
externos, expandir las posibilidades de riego y fortalecer y ampliar los
programas de investigación agropecuaria y transferencia tecnológica,
especialmente orientados hacia la pequeña y mediana agricultura. Tengo la
convicción de que por este camino -y no por la salida fácil de protección
generalizada, que ampara ineficiencias, genera altos costos y encarece la
alimentación del pueblo- solucionaremos los problemas que afectan a los
sectores deprimidos de la agricultura nacional. Es un esfuerzo que requiere
tiempo, y en el cual corresponde una actuación decisiva y principal a los
propios agricultores y a sus organizaciones.
9.- Pesca
En el período de que damos
cuenta, la producción del sector pesquero nacional creció en 5% respecto al año
anterior, y las exportaciones superaron los 1.200 millones de dólares, 16% más
que las de 1991.
Este fue el primer año de
vigencia de la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, para cuyo cumplimiento
se han dictado los reglamentos y disposiciones necesarios.
En cumplimiento de esa ley se
implementó el Registro Nacional de Pescadores Artesanales, habiéndose inscrito
alrededor de 30.000, con 11.500 embarcaciones. Asimismo, se constituyeron las
instancias de participación que la ley contempla: el Consejo Nacional, los 12
Consejos Regionales y los 5 Consejos Zonales, organismos que han comenzado a
funcionar regularmente.
En el ámbito internacional, se
estableció un mecanismo de intercambio con Perú respecto de los recursos
hidrológicos compartidos, se materializó la próxima reunión de Ministros y
sobre actividades de pesca de países americanos y se intensificaron las
relaciones bilaterales en asuntos pesqueros con México, Portugal, España,
Rusia, Noruega y Japón, país este último con el cual se continuó avanzando,
dentro del marco del Programa de Cooperación Financiera, en las gestiones para
materializar el proyecto de Terminal Pesquero de la Región Metropolitana.
En julio próximo se realizará
en Nueva York la Conferencia
Mundial sobre Pesca de Alta Mar, de gran importancia para
nuestro país. Chile ha sido nominado para una de las Vicepresidencias de ese
evento.
10.- Protección del Medio Ambiente
Mi Gobierno entiende que el
desarrollo económico ha de ser sustentable. Ello exige la adecuada protección
del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales renovables. No
se trata sólo de crecer. Así como pensamos que el crecimiento debe realizarse
sobre bases de justicia social, de manera que sus beneficios lleguen a la
sociedad entera y especialmente a los sectores más postergados, del mismo modo
sostenemos que el verdadero desarrollo supone la conservación de la naturaleza
y de la calidad de la vida humana, por lo que el crecimiento debe realizarse
también en forma que no dañe al medio ambiente.
El desarrollo de la sociedad
industrial se ha traducido en graves deterioros de la naturaleza y del medio
ambiente humano. La ecología ha puesto de relieve la magnitud y trascendencia
de este problema, que con justicia preocupa cada vez más a la Humanidad , y
especialmente a los jóvenes.
En junio último se celebró en
Río de Janeiro la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, a la que tuve el honor de concurrir en representación de Chile, de
la que surgió -entre otros acuerdos- la llamada Agenda 21, como programa de
acción para que los Gobiernos enfrenten los desafíos ambientales y de
desarrollo en las próximas décadas.
Consecuente con ese programa y
con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito relacionados con la
protección del medio ambiente, mi Gobierno se ha esforzado en llevar a efecto
una política seria, realista y responsable en la materia. Esa política descansa
en tres principios fundamentales: estabilidad, buscando no desalentar el
desarrollo, mediante señales claras, coherentes y sostenidas, y estableciendo
criterios y orientaciones que conciten el más amplio consenso; gradualidad,
incorporando la dimensión ambiental en plazos razonables, justos y posibles, y
realismo, al considerar tanto la magnitud de los problemas ambientales, como la
forma y la oportunidad en que ellos se abordan y los recursos e instrumentos
con que se cuenta para enfrentarlos.
Sobre la base de estos
criterios creamos la
Comisión Nacional del Medio Ambiente, que, empezando por
recopilar todas las disposiciones sobre la materia dispersas en nuestras leyes
y reglamentos y por hacer un inventario de los problemas ecológicos que afectan
al país, elaboró un proyecto de ley de bases sobre el medio ambiente, el que
fue presentado el año último al Honorable Senado, donde, luego de acucioso
estudio, que me es grato destacar, fue aprobado en general. Confío en que en el
curso del presente año se convierta en ley de la República.
Inspirado en el mismo
espíritu, presentamos también el proyecto sobre Fomento Forestal y Protección
del Bosque Nativo, cuyo estudio se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.
Aunque no ignoro las controversias que su texto suscita, confío en que, sobre
bases que compatibilicen la conservación de nuestra riqueza forestal natural
con su adecuada explotación económica -lo que considero perfectamente posible-,
pueda también esta iniciativa ser despachada durante mi mandato.
Además de estos proyectos, el
Gobierno se ha empeñado en llevar adelante programas de saneamiento ambiental
en diversos aspectos. Merece especialmente destacarse el importante trabajo
realizado por la Comisión
Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana ,
gracias a cuyo esfuerzo inteligente y tesonero, con participación de los
Ministerios respectivos, se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes
acciones: se oficializó la nueva norma de emisión para fuentes fijas y se creó
el equipo técnico y humano a cargo de su fiscalización; entró en vigor la norma
de emisión para vehículos livianos y se inició la producción y distribución
nacional de gasolina sin plomo; se pavimentaron 187 kilómetros 41 kilómetros la Región Metropolitana ;
inició su operación el sistema de licitación de recorridos; se amplió la red de
monitoreo del aire con dos estaciones móviles; se constituyó el programa de
control de emisiones vehiculares en la vía pública; avanzó en un 80% la
construcción de la Planta
de Tratamiento de Aguas Servidas de Maipú y del colector interceptor del Zanjón
de la Aguada ;
se entregaron equipos medidores de ruido a municipalidades y se capacitó a
personal en tareas de control. Por otra parte, en este período se dictó un
decreto que estableció normas para las empresas que emitan gases sulfurosos,
arsénico y partículas en todo el territorio nacional, y se creó la Comisión Interministerial
de calidad del aire. Conforme a sus disposiciones, diversas empresas, entre
otras CODELCO y ENAMI, en el sector público, y Disputada de Las Condes,
Molymet, Refimet, Compañía Minera del Pacífico y El Indio, en el privado, han
iniciado acciones de control de impacto ambiental y puesto en práctica
proyectos para disminuirlo.
Especial atención ha merecido
al Gobierno la necesidad de abordar programas de descontaminación de aguas en
nuestras ciudades y balnearios. En Valparaíso se ejecutan importantes obras que
solucionarán definitivamente ese grave problema; en Valdivia, Llanquihue,
Villarrica y otras ciudades se estudian proyectos para el mismo fin, que espero
que puedan concretarse a la mayor brevedad.
IV. LA TAREA DE
LA JUSTICIA SOCIAL
Y LA INTEGRACION
NACIONAL
1.- Crecimiento, pobreza, equidad, gasto social y financiamiento
El crecimiento económico y
progreso que acabamos de reseñar, tan evidente en el país, no sería eficaz para
derrotar a la pobreza si no fuera acompañado de políticas eficaces para hacer
justicia social.
En los años que precedieron al
actual Gobierno se vivió un severo desequilibrio entre los chilenos. Unos
lograron los beneficios del progreso hacia la modernidad, mientras otros
permanecieron en situaciones de pobreza indigna.
Pensamos que en la justicia e
integración social reside la fuerza que el país requiere para progresar en
forma estable. La democracia y la libertad adquieren pleno significado sólo
cuando las personas cuentan con los elementos necesarios para participar
creativamente en la sociedad. Tener una buena educación y seguridad de acceso a
la salud, contar con un empleo estable y productivo y con habitación digna, son
condiciones indispensables para la participación creativa de los ciudadanos y
para el ejercicio efectivo de sus libertades.
La superación de la pobreza
es, por consiguiente, objetivo primordial de mi Gobierno, hacia cuya
consecución avanzamos decididamente.
Las cifras son elocuentes al
respecto.
En el último año se crearon
alrededor de 200.000 nuevos empleos y en los tres años de mi Gobierno, más de
350.000. Esto, que significa seguridad del pan de cada día para otras tantas
familias, ha permitido bajar la desocupación a menos del 5% de la fuerza de
trabajo, la tasa más baja de los últimos veinte años.
En 1992, las remuneraciones
registraron un aumento real de 4,5%. Si consideramos los tres años de Gobierno,
crecieron casi un 12%. Y el salario mínimo se incrementó, en el mismo período,
en términos reales, un 27,8%.
En lo que va corrido de este
Gobierno, la asignación familiar de los trabajadores que perciben rentas inferiores
a $ 100.000 subió aproximadamente un 60% real.
A diciembre último, la
totalidad de los pensionados, 1.253.267 personas, habían recibido el 10,6% de
reajuste que se les dejó de otorgar en el Gobierno anterior.
Si a lo dicho agregamos el
progreso que significan, para la calidad de vida de la gente, los mejores
índices de salud, educación y vivienda y los programas de capacitación, podemos
afirmar que en estos años se ha reducido la pobreza en 700.000 personas, y que
a fines del presente año esa cifra se elevará a un millón.
Si bien tengo clara conciencia
de que recién estamos empezando y es mucho más lo que queda por hacer, puedo
afirmar, con profunda convicción, que hemos iniciado una batalla frontal contra
la pobreza en nuestra Patria, y que estamos ganando esa batalla.
Los resultados descritos han
sido posibles porque hemos implantado, con firmeza y perseverancia, políticas
sociales inspiradas en los valores de la justicia y la solidaridad.
Estas políticas, además de
buscar la equidad en las relaciones laborales y de mejorar las posibilidades de
acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda para nuestros
compatriotas, procuran, asimismo, atender las necesidades básicas de los
sectores más modestos, que viven en indigencia o extrema pobreza.
A estos últimos grupos van
dirigidos los programas asistenciales, que corresponden a subsidios en dinero,
y subvenciones -subsidio único familiar, pensiones asistenciales de vejez e
invalidez y subsidios de consumo de agua potable-, que beneficiaron el último
año a 1.641.021 personas.
Naturalmente, esto tiene un
costo. El gasto en estos programas asistenciales se ha incrementado, desde 1990
hasta ahora, en un 28% real. El año último hicimos un esfuerzo por concentrar
mejor estos programas en quienes más los necesitan, para lo cual se eliminó la
asignación familiar a los trabajadores de ingresos superiores a $ 250.000, lo
que permitió otorgar 100.000 subsidios únicos adicionales a familias en extrema
pobreza.
Desde 1989
a
Esta cifra representa bastante
más de lo que se obtuvo anualmente gracias a la reforma tributaria, por lo que
puedo afirmar, categóricamente, que se ha cumplido con creces la voluntad de
destinar el aporte de esa reforma a financiar un mayor gasto social.
De estos antecedentes resulta
indiscutible la necesidad de mantener, en lo fundamental, la actual estructura
tributaria más allá del 31 de diciembre próximo, lo que junto con dar una señal
clara de estabilidad a los inversionistas, sería expresión de que el país
mantiene su compromiso colectivo con la equidad. Sería muy mal signo que por la
vía de reducir impuestos que hoy día están absorbidos por la economía, la
población entendiera que ese compromiso se debilita y que el país afloja su
batalla contra la pobreza.
Junto con prorrogar en el
tiempo la vigencia de la actual legislación tributaria, el Gobierno estima
oportuno proponer su perfeccionamiento. Quisiéramos introducir estímulos
tributarios al ahorro de las personas. El ahorro es la base del crecimiento y
el desarrollo. El país ha progresado notablemente en estos años, alcanzando
niveles récords de ahorro; pero éste aún es insuficiente para un crecimiento
sostenido como el que necesitamos. Junto con incentivar el ahorro, queremos
aliviar la carga tributaria a las personas, particularmente a los grupos medios
y a los profesionales.
No nos parece, en cambio, que
tenga ninguna justificación revisar el impuesto a las empresas. La tributación
que actualmente pagan es baja si se la compara con la de países
industrializados. Tampoco las condiciones de las finanzas públicas recomiendan
bajar el IVA en las actuales circunstancias.
La prudencia y responsabilidad
con que se han manejado nuestras finanzas públicas no sólo ha visto sus frutos
en la reducción de la inflación, sino también en la razonable tranquilidad con
que podemos enfrentar la actual recesión internacional y la caída del precio
del cobre y de otros productos de exportación. Estamos convencidos de que es
indispensable mantener esta política en el futuro.
2.- Política del Trabajo
Consecuentes con el espíritu
que nos anima desde que comenzáramos nuestro Gobierno, en el último año nos
empeñamos en seguir manteniendo una relación de permanente diálogo con los
trabajadores -a través de sus organizaciones- y procurando entendimientos entre
ellos y el sector empresarial.
Fruto de esta política, a la
que los trabajadores han respondido con madurez y responsabilidad, son, por una
parte, el clima de paz social y baja conflictividad que ha vivido el país
durante estos años y, por otra, los avances logrados en la búsqueda de acuerdos
en materia laboral.
Por cuarto año consecutivo, a
comienzos del presente mes, la
Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de la Producción y del
Comercio y el Gobierno lograron consenso para definir la política de reajuste
de los ingresos mínimos y de las asignaciones familiares. Con el auspicio de
todos ellos se realizó, a través de los medios de comunicación, una campaña de
Promoción Masiva del Cumplimiento de las Normas Laborales y se inició el
funcionamiento de una Instancia Tripartita Permanente para analizar una agenda
de materias de interés común.
Ese mismo espíritu inspiró el
acuerdo entre el Gobierno, la
ANEF , la
FENATS , la
ASEMUCH , el Colegio de Profesores y la CUT , que sirvió de base
al Proyecto de Ley sobre Asociaciones de Funcionarios del Sector Público,
pendiente en la Honorable
Cámara de Diputados, como también el acuerdo con los
representantes de los trabajadores del sector público, sobre reajuste de
remuneraciones, a fines del año pasado.
Análoga disposición permitió,
en septiembre último, la ratificación del Convenio Nº 144 de la O.I .T., que establece
procedimientos de consulta entre los representantes de los trabajadores, de los
empresarios y del Gobierno, sobre los convenios internacionales relativos a
materias laborales.
En el orden legislativo,
merecen destacarse, entre otras, las siguientes leyes promulgadas el último año
en materia laboral:
a) La 19.129 y sus
modificaciones, sobre subsidio al carbón, que establece la indemnización
compensatoria y las bases para los programas de reconversión laboral;
b) La 19.117, que estableció
normas para recuperar subsidios por incapacidad laboral por las
Municipalidades;
c) La 19.177, sobre exigibilidad
del bono de reconocimiento, considerando la realización de trabajos pesados, y
d) La 19.214, sobre Fondo para
la Capacitación
y Fomento Sindical.
Están pendientes, para
despacho del Honorable Congreso, entre otros proyectos de leyes en materia
laboral, el que regula el contrato individual de trabajo y la judicatura
laboral; uno sobre asociaciones de funcionarios del sector público; el que
dispone la restitución de bienes a organizaciones sindicales, y el que mejora
la cobertura del subsidio de maternidad.
En otro orden de cosas, el
Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes adjudicó cursos para más de 30 mil
jóvenes. Con esto, más de 50.000 de ellos, en todo el país, desocupados y de
escasos recursos, de 15 a
Está en estudio un proyecto de
reforma del Estatuto de Capacitación y Empleo, a fin de crear un Fondo Nacional
de Capacitación que contemple, entre otros objetivos, mecanismos para enfrentar
las necesidades de reconversión laboral y un mejor acceso de la pequeña y
mediana empresa a los instrumentos de capacitación.
Ha sido especial preocupación
del Gobierno ejercer una efectiva fiscalización del cumplimiento de las leyes
laborales y previsionales, con el objeto de asegurar su real vigencia. Con este
fin, la Dirección
del Trabajo ha desarrollado programas especiales, dirigidos, sobre todo, a
ciertos sectores en que se observa mayor inobservancia; y aumentó,
considerablemente, en el último año, el número de empleadores fiscalizados.
Está pendiente el despacho del proyecto de ley que reestructura la planta de
esos servicios para mejorar su eficacia y el presente año consolidaremos el
proceso de su descentralización, creando las Direcciones Regionales.
3.- Política de Previsión Social
En materia de previsión
social, la Superintendencia
de AFP, con el fin de dar mayor transparencia al sistema y entregar a los
trabajadores los antecedentes necesarios para que puedan tomar sus decisiones
en relación con sus ahorros, puso en marcha un sistema mediante el cual las
administradoras proporcionan a sus afiliados información pormenorizada sobre la
rentabilidad de los fondos y las comisiones que se cobran.
Para los afiliados al antiguo
sistema previsional, el Instituto de Normalización Previsional inició un
proceso de modernización en el pago de sus beneficios, para hacerlo más
eficiente y expedito.
En enero último se promulgó la
ley Nº 19.200, que dispone para los funcionarios del sector público afiliados
al antiguo sistema que se acojan a jubilación, que la pensión se calcule sobre
la totalidad de su remuneración imponible, lo que les significará elevar el
monto de sus pensiones entre 50 y 130%.
Durante el último año se
enviaron al Congreso proyectos de leyes sobre jubilación anticipada por trabajos
pesados, para disminuir la morosidad previsional y para modificar el D.L. 3.500,
a
Están en estudio, entre otras
materias, un proyecto para mejorar la cobertura previsional de trabajadores
independientes y temporeros, y las bases para establecer un sistema que asegure
a los trabajadores frente al riesgo de desempleo.
4.- Política de Salud
Mi Gobierno ha dado especial
prioridad al mejoramiento de los servicios públicos que constituyen el Sistema
Nacional de Salud, que atienden a la mayor parte de la población del país,
especialmente a la de menores recursos.
En estos años se ha producido
un aumento importante en el número de las prestaciones de salud y,
especialmente, un claro mejoramiento de su calidad, tanto en la atención
primaria, por el funcionamiento de servicios de urgencia y laboratorios básicos
y el mayor aporte de medicamentos, cuanto en los hospitales por el mejoramiento
de su infraestructura y equipamiento: en más de treinta hospitales se han
reparado sus sistemas de calderas y calefacción; en ninguno faltan sábanas u
otros elementos, como antes solía ocurrir; se han instalado más de cinco mil
equipos entre escáneres, aparatos de radiología, laboratorios, pabellones de
cirugía, unidades de neonatología y otros; en 38 establecimientos
hospitalarios, tanto en Santiago como en provincias, se han hecho o se están
haciendo importantes reparaciones para mejorar su funcionamiento, y se ha renovado
el 50% del parque de ambulancias del país, mejorando significativamente la
capacidad de traslados de pacientes. Esto explica que el gasto del sector
público por persona, que en 1989 equivalía al 30% de lo que gastaba el sector
privado por afiliado, se haya elevado en 1992 al 43% por beneficiario de lo que
gastó el sector privado por afiliado.
El Gobierno está plenamente
consciente de la enorme tarea que queda por hacer, en la que ponemos nuestro
mejor empeño. Expresión de ello es el Programa de Mejoramiento de los Servicios
de Urgencia, en el cual se invirtieron el año último -en obras civiles,
equipamiento y personal- mil quinientos millones de pesos y se invertirán este
año cuatro mil millones más. Se encuentran pendientes del estudio del Honorable
Congreso los proyectos de leyes sobre médicos de urgencia y sobre personal no
médico de esos servicios, que confiamos puedan aprobarse a la mayor brevedad.
Por otra parte, estamos
empeñados en un programa de renovación de nuestros servicios hospitalarios a lo
largo del país. Ya se han inaugurado nuevos hospitales en Calama, Rengo y
Maullín; se encuentran en plena construcción los de San Felipe, Iquique,
Chillán y Valdivia, y en el curso de este año esperamos iniciar, en la Región Metropolitana , un
programa que contempla la reconstrucción del Hospital El Pino, el Hospital
Santiago Oriente -que constituye la primera etapa del Hospital El Salvador-, el
Hospital San José, el Hospital San Ramón y las primeras etapas del Hospital
Barros Luco-Trudeau.
Paralelamente a estos
esfuerzos, se está poniendo en marcha un plan de modernización de largo plazo
que persigue dos grandes objetivos: por una parte, aumentar la cantidad y
elevar la calidad de las atenciones mediante un fuerte impulso a la atención
ambulatoria que proporciona a los pacientes un servicio más rápido, oportuno y
cercano a su familia; y, por otra, reformar los procedimientos y sistemas del
sector público de salud, para aumentar su productividad, descentralizar su
gestión y mejorar su eficiencia.
Uno de los instrumentos de
esta política de modernización es la creación de dos nuevos tipos de
establecimientos de tratamiento ambulatorio: los Centros de Referencia de Salud
y los Centros de Diagnóstico Terapéutico. Ellos permitirán atender a la gente
cerca de su lugar de residencia. Durante este año se contempla la construcción
de cinco Centros de Referencia de Salud y seis Centros de Diagnóstico
Terapéutico.
Por otra parte, está en marcha
una reforma de los sistemas y procedimientos del sector público de salud, que
entre otros aspectos comprenderá la transformación de la Central de Abastecimientos
en empresa autónoma estatal organizada como un mercado electrónico de compras,
lo que permitirá reducir al mínimo sus stocks; la reforma del Instituto de
Salud Pública para separar sus funciones productiva y supervisora; el cambio
del sistema de financiamiento al interior del sector, sobre la base de pago por
egreso y pago por acciones a los hospitales; el incremento de la compra y venta
de servicios con el sector privado, así como la recuperación de éstos en las
prestaciones a los no beneficiarios; la puesta en marcha de un Programa de
Apoyo a la Gestión
y la iniciación, en septiembre pasado, de la Red de Informática con sistemas en todos los
servicios de salud.
Especial importancia tiene, en
toda esta tarea, la colaboración del personal de médicos, paramédicos y
funcionarios de los servicios de salud. A la ampliación de las plantas, los
mejoramientos de remuneraciones, el encasillamiento del personal del sector y
el restablecimiento del sistema de concursos para proveer los cargos médicos,
ha de sumarse la reforma al Estatuto del Personal de los Servicios
Municipalizados, proyecto que se encuentra en segundo trámite en el Senado.
También está pendiente de la
aprobación del Congreso el proyecto de ley que modifica el régimen de las
ISAPRES.
Finalmente, merece destacarse
el éxito de las acciones preventivas de salud pública emprendidas por el
sector: se ha logrado controlar el brote de cólera en el país; la tasa de la
fiebre tifoidea ha caído en dos tercios entre 1989 y 1992 y la hepatitis ha
disminuido a la mitad en el mismo período.
5.- Política de Educación y Cultura
Cada día es más evidente la
importancia primordial que en la vida contemporánea tienen, para el desarrollo
de las naciones, la educación y capacitación de las personas.
Nuestro sistema educacional
público, que durante más de medio siglo ganó merecido prestigio por su calidad
y por su decisiva influencia en la formación de valiosas generaciones de
servidores públicos, profesionales y empresarios, no está respondiendo
suficientemente, en los últimos años, a los requerimientos de la sociedad
chilena. Sus rendimientos son, salvo excepciones, objetivamente bajos, y por
regla general bastante inferiores a los de la educación particular pagada. Y la
orientación de su formación no responde generalmente a las actuales necesidades
del país.
Consciente de la gravedad de
esta situación, mi Gobierno asumió, desde sus inicios, la difícil tarea de
poner a la educación pública -municipal y particular subvencionada- en
condiciones de responder a los requerimientos de la Nación. Para ello había
que empezar por dignificar la función de los maestros, mejorar sus bajas
remuneraciones, facilitar su perfeccionamiento e incentivar su carrera
profesional. Era también necesario dotar de mayores medios a las escuelas,
especialmente a las más modestas, para que puedan cumplir adecuadamente sus
tareas. Y había que abocarse a estudiar y redefinir las orientaciones y
contenidos de la enseñanza. Todo esto, naturalmente, exigía un incremento
importante del gasto en educación, considerablemente deteriorado en el decenio
anterior.
Al logro de estos objetivos,
que por su naturaleza no pueden alcanzarse en corto plazo, se ha dirigido la
acción de mi Gobierno.
Lo primero fue mejorar
sustancialmente la situación económica y profesional de los profesores. Es lo
que buscó el Estatuto Docente, que si bien no satisfizo todas las legítimas
aspiraciones del sector, estableció un sistema que ha permitido un progresivo
aumento de los ingresos del Magisterio, estimula su perfeccionamiento, facilita
su carrera y garantiza su dignidad.
Durante 1992 aproximadamente
70.000 docentes utilizaron el bono de perfeccionamiento otorgado por el Estado,
la mayor parte de los cuales fueron atendidos por el Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, al cual
estamos dando un nuevo impulso en su desarrollo, con una presencia efectiva en
las diferentes regiones del país. Una ley reciente ha permitido la utilización
de dicho bono en el sector municipal durante 1993 y se ha introducido una
propuesta legislativa para hacer lo propio en el sector particular
subvencionado.
Durante el presente año se
comenzará a pagar la asignación de perfeccionamiento que contempla el Estatuto
Docente al sector municipalizado, a la vez que se proporcionarán los recursos
correspondientes al sector particular subvencionado con la misma finalidad.
Otra tarea era mejorar la
atención de los establecimientos escolares en todos los niveles, ampliar su
cobertura cuando fuera necesario y proveerlos de los elementos adecuados para
el cumplimiento de sus fines.
En materia de Educación
preescolar o parvularia, nuestra realidad muestra un gran déficit, que se hace
más notorio a medida que la mujer se incorpora al trabajo fuera del hogar. Esto
es grave, porque la experiencia prueba que los niños que no han pasado por
parvularios o jardines infantiles, llegan a la enseñanza básica en condiciones
de inferioridad y tienen menor rendimiento.
En este aspecto, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles elevó su cobertura, el año último, a 82.534 párvulos,
extendió el horario de atención en todas sus salas cuna hasta las 18:30 horas y
contó con importante refuerzo en material didáctico.
Por su parte la Fundación INTEGRA
atendió a 41.000 niños en 526 Centros Abiertos, en los que también se realizan
programas de capacitación de los padres y se generan espacios de participación
de la comunidad.
En materia de Educación
básica, el programa denominado de las 900 escuelas, que tuvo por objeto
reforzar la enseñanza en los establecimientos municipales de más bajos
rendimientos, elevó su cobertura el año último a 1.147 escuelas. Como resultado
de la última prueba SIMCE, en que varias de ellas mejoraron substancialmente
sus rendimientos, este año está atendiendo a 1.100 escuelas.
Paralelamente, se ha puesto en
marcha el Programa de Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación , que
proporciona asistencia pedagógica, material didáctico y mejoramiento de
infraestructura a las escuelas que presentan los mejores proyectos. El año
último el programa financió 475 proyectos de mejoramiento educativo en la Educación Básica
y proporcionó, además, apoyo didáctico y perfeccionamiento docente a 631
escuelas rurales atendidas por uno a tres profesores.
En marzo último, con la
distribución de 6.126.360 textos -la cifra más alta de nuestra historia-, se ha
cumplido la meta de otorgar apoyo didáctico fundamental al 100 por ciento de
los alumnos de las escuelas básicas municipales o particulares subvencionadas.
Este año se entregaron, además, 26.017 bibliotecas de aula para todos los
cursos entre 1º y 3º básicos de esas escuelas.
En materia de Educación media,
los principales desafíos son orientarla de manera que cumpla su función de
preparar no sólo para un eventual ingreso a la universidad, sino,
fundamentalmente, para la vida, y mejorar su calidad. Hay una suerte de
consenso nacional que rechaza la orientación más bien teórica y muy poco
práctica de este nivel de enseñanza. Es sintomático comprobar que, en la medida
en que se abren posibilidades, aumentan las matrículas de establecimientos
técnico-profesionales, y disminuyen las de los establecimientos
humanista-científicos.
Consecuente con esta realidad,
el Gobierno está empeñado en dos programas: uno de habilitación de liceos
humanista-científicos para enseñar carreras técnico-profesionales, y otro, de
modernización de establecimientos de enseñanza técnico-profesional. En el
primer programa, el año último se seleccionaron 52 liceos, que desde marzo de
este año están impartiendo también enseñanza en algunas especialidades
técnico-profesionales; este año se seleccionaron otros 36, que iniciarán sus
nuevos cursos en marzo próximo. Para hacer posible esta transformación, aparte
de las inversiones en infraestructura y talleres, 542 profesores cumplieron
cursos de habilitación en especialidades, tarea que se proseguirá este año.
Por otra parte, en los últimos
tres años, 80 establecimientos de Educación Media técnico-profesional han sido modernizados,
mejorando su equipamiento.
Otro tema al que el Gobierno
ha dado especial relevancia es a los Programas de Asistencia Escolar, como
instrumento directo de mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y
jóvenes de sectores de menores recursos. En 1992 la JUNAEB distribuyó
680.000 raciones de desayunos y almuerzos escolares diarios a estudiantes de
educación básica, a la vez que inició un vasto programa de atención preventiva
en salud, que benefició a 225.000 menores. Para el presente año, se alcanzará
la meta de 800.000 raciones alimenticias para escolares de Educación Básica,
con lo que se satisfará la demanda de los sectores con mayor nivel de pobreza.
En Educación Media, en 1992 se
inició un programa de ayuda que permitió la entrega de raciones de meriendas y
sets de útiles escolares a 100.000 estudiantes, a lo que se agrega un programa
de pago de arancel de la
Prueba de Aptitud Académica que favoreció a 14.000 jóvenes.
En materia universitaria,
aparte de continuar el programa de becas, que el año último favorecieron a
14.000 estudiantes, y de continuar el financiamiento de proyectos de desarrollo
institucional, se presentó al Congreso el proyecto de ley sobre Fondos
Solidarios para la Educación
Superior , para reemplazar el actual sistema de crédito
universitario, pendiente en la
Cámara de Diputados.
Hace algunos meses el Gobierno
envió también a la Cámara
un proyecto amplio de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, como
una manera de perfeccionar el marco de regulaciones públicas en educación, en
todos sus niveles e incluyendo la educación parvularia. El conjunto de las
materias involucradas deben ser, por su trascendencia y complejidad,
detenidamente estudiadas en el Congreso, siendo indispensable alcanzar un amplio
consenso en una materia de vital importancia para el futuro del país. Por otra
parte, existen algunas materias, referidas a la educación superior, cuya
resolución es necesario alcanzar a corto plazo.
Por tal motivo, el Ejecutivo
acordó no renovar, por ahora, la urgencia al proyecto que modifica la LOCE y enviará
próximamente al Congreso un nuevo proyecto de ley referido exclusivamente a la
educación superior, con el objeto de que pueda ser despachado en un plazo
menor.
Dicho proyecto contemplará la
incorporación de mecanismos encargados de contribuir a la calidad y
transparencia en el funcionamiento de la educación superior, en particular de
las universidades.
Se contemplarán, asimismo,
medidas que permitan la agilización del proceso de toma de decisiones en dichas
universidades, reforzando mecanismos de auto-regulación, a la vez que se
consideran fórmulas que permitan hacer efectiva una adecuada responsabilidad en
la gestión.
En materia de cultura, merece
recordarse que en el año último se promulgaron la nueva Ley sobre Propiedad
Intelectual, que confió la administración de sus derechos a los propietarios de
la propiedad intelectual, y la
Ley sobre Premios Nacionales. Acaba de aprobarse el proyecto
de Ley de Fomento del Libro y la
Lectura , que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro.
El año último comenzó a operar
el Fondo de Desarrollo de la
Cultura y las Artes, con un monto de 700 millones de pesos,
al que fueron seleccionados en concurso público 321 proyectos de las 13
Regiones del país. Para el presente año ya se convocó al concurso, al cual han
sido asignados 1.000 millones de pesos.
Aparte de importantes mejoras
en el equipamiento de la
Biblioteca Nacional , que en 1992 se incrementó con 137.971
libros, merecen destacarse especialmente, entre otras actividades vinculadas a
la cultura realizadas en el año último, la remodelación del Teatro Municipal de
Iquique, la consolidación del Museo de Arte Moderno de Chiloé, la celebración
del Congreso Internacional de Escritores, la del Primer Congreso Nacional de
Artistas Plásticos y la realización del Festival Mundial de Teatro de las
Naciones, que significó la declaración de Santiago como capital cultural.
6.- Política de Vivienda y Urbanismo
1992 fue el gran año de la
vivienda en Chile. De esto hay consenso en todo el país, al comprobar que se
iniciaron 105.646 viviendas, cifra que constituye un récord histórico nunca
alcanzado en nuestra patria.
El promedio del trienio 90-92,
de más de 90.000 viviendas anuales, supera al doble del de cualquier otro
período similar.
En cinco años la cantidad de
metros cuadrados edificados en nuestro país subió de 3.500.000 anuales, hace
apenas seis años, a 10.500.000 el año último.
Los esfuerzos del Estado
otorgando subsidios habitacionales y el impulso e iniciativa del sector privado,
todo ello en el marco de una política habitacional coherente, equitativa y
eficaz, produjeron este gran logro del que podemos sentirnos orgullosos.
La creciente confianza en esta
política se refleja en el espectacular aumento del ahorro para la vivienda. En
dos años las libretas abiertas en los bancos aumentaron de 548.000
a
Estas mismas cifras sirven
para tener claro que, a pesar de las importantes realizaciones, aún continúa
siendo alto el número de personas que carecen de vivienda y por ello se
requiere de un esfuerzo permanente por lo menos durante toda la década.
Al mismo tiempo, asistimos al
creciente desafío del desarrollo urbano, lo cual cobra tanta urgencia como el
desafío de la carencia de vivienda. Mi Gobierno ha identificado esta acción
como el “Hacer Ciudad”. Hacer ciudad significa perfeccionar los instrumentos de
su planificación y abordar la inversión necesaria para mejorar la calidad de
vida.
La inversión urbana se elevó
en 1992 al doble de la que existía al comienzo de nuestro Gobierno. Esto se ha
traducido el año último en casi 600 kilómetros 500 kilómetros la Región Metropolitana ; y
más de 70 kilómetros
Pusimos también en marcha el
Programa de Ejecución de Parques, para mejorar la calidad de vida de los
sectores poblacionales y reducir la contaminación ambiental en sectores
populares.
Dentro de esta misma
concepción el año último se dictó la nueva Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, que busca mejorar la calidad urbana de nuestras ciudades y la
de los conjuntos y viviendas que se construyan.
Estoy consciente de que éste
es el comienzo de la tarea para mejorar el hábitat; mitigar la segregación;
bajar la congestión y la contaminación, y hacer ciudades más confortables,
seguras y humanas.
Los gravísimos daños causados
en las comunas de La Florida ,
Peñalolén y La Reina
por el reciente aluvión de las Quebradas de Macul y Las Perdices ponen de
relieve una vez más la necesidad de planificar el desarrollo urbano, de modo
que el crecimiento de las ciudades responda a las exigencias de seguridad,
abastecimiento, transporte y demás requerimientos básicos de la población.
El Instituto Chileno de la Vivienda , fruto de las
propuestas de la Comisión
de la Calidad
que convocamos el año último, permitirá avances sustantivos en la normativa,
fiscalización, información e innovación tecnológica del sector construcción en
Chile.
En resumen, tengo la
convicción de que los progresos que hemos llevado a cabo y proseguiremos este
año en materia de vivienda y urbanismo constituyen el mayor esfuerzo que se ha
realizado en el país para avanzar en la solución del grave déficit habitacional
que aflige a tantos compatriotas y mejorar la calidad de nuestras ciudades.
7.- Política de la mujer y de la familia
Las circunstancias
características de nuestro tiempo han cambiado muy profundamente la condición
de la mujer en la sociedad y afectan de manera importante a la vida de las
familias. Estos cambios, que tienen múltiples expresiones en la realidad
cuotidiana, no han sido en muchos aspectos reconocidos por la legislación, que
suele no corresponder a las necesidades de la gente.
Cada día son más las mujeres
que trabajan fuera de su hogar. Es bastante frecuente encontrar mujeres que,
por ser madres solteras, por ruptura de sus matrimonios o por otras causas, son
“jefes de familia”. No es cosa insólita oír que mujeres son víctimas de hechos
de violencia y de acoso sexual.
Frente a estas realidades, la
sociedad no puede limitarse a mantener invariables las instituciones
tradicionales, ignorando lo que ocurre. Precisamente para defender a la
familia, al matrimonio, a la dignidad de la mujer, es necesario modernizar la
legislación a fin de que otorgue soluciones razonables y equitativas a los
problemas que genera la nueva situación.
Consciente de esta necesidad,
mi Gobierno ha creído conveniente abordar derechamente estos temas. De su
consideración han surgido diversas iniciativas.
Una de ellas tuvo por objeto
consagrar constitucionalmente, conforme lo establecen textos internacionales de
que Chile es parte, la igualdad jurídica de la mujer y el hombre.
Desgraciadamente, dicha iniciativa no contó en la Cámara de Diputados con
los votos requeridos para su aprobación.
Otros dos proyectos han tenido
mejor suerte en dicha Cámara y penden ahora del conocimiento del Senado: el que
regula el régimen patrimonial del matrimonio y el que legisla sobre la violencia
intrafamiliar.
También el proyecto de ley
sobre contrato de trabajo, aprobado en ambas Cámaras, contiene normas
especiales para el trabajo de la mujer.
Se encuentran, asimismo, en
trámite el proyecto de ley que modifica la tipificación del delito de adulterio
y el que regula la base de cálculo del subsidio maternal.
Porque creo en la institución
de la familia como una de las bases fundamentales de toda convivencia social
verdaderamente humana y porque asigno trascendental importancia a los valores
efectivos propios de la vida familiar y a la estabilidad del matrimonio, pienso
que, frente a realidades de la existencia cuotidiana que menoscaban o
desconocen esos valores, es indispensable abocarse seriamente, con criterio
abierto y realista, a buscar las fórmulas más eficaces para proteger y
vigorizar a la familia, en vez de empeñarse en creer que ello se consigue por
la sola vigencia de normas legales que en la práctica no alcanzan ese objetivo
o se burlan con frecuencia.
Esta convicción me llevó a
constituir el año último la
Comisión Nacional de la Familia , integrada por un grupo calificado y
pluralista de personas, a quienes preocupa en especial el tema, que está
trabajando seriamente en el estudio de un diagnóstico compartido de la realidad
familiar de nuestra patria y en la búsqueda de bases de consenso para definir
una política nacional sobre la materia. Es esta oportunidad propicia para
agradecer a los integrantes de esa Comisión, quienes trabajan ad honorem, la
generosidad, dedicación y espíritu constructivo con que han asumido esa tarea,
y confío en que el informe que están elaborando -espero que el país pueda
conocerlo en los próximos meses- constituya un aporte útil para que, con
espíritu constructivo, los chilenos encontremos caminos eficaces para robustecer
nuestras familias, en vez de convertir este tema en objeto de disputas
ideologizadas que generan divisiones.
Sin perjuicio de lo expuesto,
el Gobierno lleva a cabo, a través del Servicio Nacional de la Mujer , acciones
específicas en distintos planos para atender necesidades del sector femenino en
diversos ámbitos. Tales son, entre otros, el Centro de Información de los
Derechos de la Mujer ;
el Plan Nacional de Apoyo a las Mujeres de Escasos Recursos; el Programa
Nacional de Apoyo a Mujeres Jefes de Hogar; el Programa de Capacitación para el
Trabajo; el Programa de Centros de Atención de Hijos de Temporeras, y el
Programa Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Merece también destacarse la
labor que en este ámbito realizan las entidades vinculadas a la señora del
Presidente de la República :
la Fundación PRODEMU
(Promoción y Desarrollo de la
Mujer ), que durante el último año atendió con información,
capacitación y asesorías diversas a 200.000 mujeres a lo largo de todo el país,
y la Fundación
de la Familia ,
que desde 1991 viene realizando un proyecto piloto de Centros Familiares con el
propósito de satisfacer necesidades de formación, recreación, cultura y
capacitación básica de familias de sectores populares y ha llegado a más de
62.000 pobladores.
8.- Política de la
Juventud
Preocupa especialmente a mi
Gobierno la situación de la juventud, sobre todo en los sectores de escasos
recursos. Muchos son los jóvenes que de alguna manera se sienten carentes de
oportunidades, objeto de sospechas y marginados de la comunidad nacional. La
falta de una motivación integradora con el destino del país los lleva a “estar
en otra”, como suelen decir. El espectáculo de una sociedad consumista, a la
que generalmente no tienen acceso, debilita en ellos el noble idealismo propio
de la juventud. Están desorientados, y las generaciones adultas no sabemos
darles el ejemplo que necesitan, ni proporcionarles el afecto que les hace
falta.
Frente a esta realidad, el
Gobierno puso en marcha, a fines del año antepasado, el Programa de
Oportunidades para los Jóvenes, coordinado por el Instituto Nacional de la Juventud , en el que
participan cuatro ministerios y siete servicios.
PROJOVEN se orienta hacia dos
objetivos primordiales: la integración social de la juventud a la vida nacional
-particularmente la que forma parte de los sectores más pobres- y la
participación juvenil activa y organizada, sobre todo en las propias
iniciativas que la benefician.
El Programa comprende siete
áreas: trabajo, educación, salud, protección y rehabilitación de menores y
jóvenes, participación y derechos juveniles, recreación y vivienda.
En el área laboral, se
desarrolló durante 1992 un proyecto de microempresas de jóvenes rurales, que
proporcionó apoyo crediticio y asistencia técnica a los beneficiarios.
En educación, se lleva a cabo
el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes a que nos referimos al tratar de
la Política
del Trabajo, y en el año último se otorgaron 43.950 becas de estudio.
En las áreas de salud y
protección de menores y jóvenes se realizan múltiples acciones. Entre otras, un
programa especial de atención primaria de jóvenes, a través de equipos
profesionales que incluyen sicólogos, asistentes sociales y matronas; el
programa “Quiero mi vida sin drogas”, orientado a preadolescentes de entre 10 y
14 años, que en 1992 benefició a más de 20.000 niños; un programa de centros
comunitarios de salud mental, que comprende 28 Centros, y el programa de
prevención de la drogadicción y el alcoholismo, “JUEGATELA POR LA VIDA ”, que formó a algo
más de 3.000 monitores en 1992, con la meta de llegar a 5.000 en 1993.
En las áreas de recreación y
uso del tiempo libre se destacan el Fondo de Iniciativas Juveniles, que apoya
actividades artísticas, ecológicas y de solidaridad; la “Tarjeta Joven”, que
benefició a más de 150.000 jóvenes en 1992; las Escuelas Abiertas de Verano, y
el Programa de Formación Física de la Juventud , que tuvo más de un millón ciento
treinta y seis mil usuarios.
En expresión cultural está el
programa “Tu vida cuenta, cuenta tu vida”, que promueve la creación artística
en variadas disciplinas y en el que participaron 10.000 jóvenes, incluyendo
menores del Servicio Nacional del ramo. También, el Fondo de Iniciativas
Culturales, que apoya la expresión artística juvenil, como asimismo la
celebración del Tercer Encuentro Nacional de Teatro de Jóvenes de la Enseñanza Media y la
fundación de la Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil.
En el ámbito de la
participación, se ha desarrollado un programa de formación de monitores para
potenciar las organizaciones de jóvenes y el desarrollo comunitario, y un ciclo
de formación de líderes en 40 establecimientos metropolitanos, con la
colaboración de PARTICIPA, para estudiantes de Enseñanza Media.
Especial mención merece la
iniciación del programa “Red Verde de Establecimientos Secundarios por el Medio
Ambiente”, que cuenta con la afiliación de 50 establecimientos de las Regiones
Quinta, Sexta y Metropolitana.
Todas éstas son acciones que
procuran interesar y motivar a los jóvenes; estimular y orientar en sentido
positivo su iniciativa y creatividad, e incorporarlos a su participación activa
en la vida nacional. Coincidente con este último propósito, el Gobierno sometió
en marzo último a la consideración del Congreso un proyecto de ley sobre Asociaciones
Juveniles.
Finalmente, en el ámbito de
las políticas juveniles, necesario es señalar la reciente promulgación de la
ley, de iniciativa parlamentaria, que rebaja la mayoría de edad a los 18 años.
9.- Política de los pueblos
indígenas
En relación a la realidad,
problemas y aspiraciones de los pueblos indígenas que forman parte de la nación
chilena, el país conoce la voluntad de mi Gobierno de considerarlos
constructivamente, sobre la base del reconocimiento de su situación particular,
de la interlocución franca con sus organizaciones más representativas y del
claro espíritu de buscar soluciones que concilien sus particulares intereses y
aspiraciones con el bien común nacional.
Dentro de este propósito,
durante el último año se tramitó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Indígena.
Después de un largo debate acerca de si era necesaria o no una reforma
constitucional, la ley de “Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos
Indígenas” fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja y pasó al
Senado, donde se está estudiando con urgencia.
El Gobierno ha asegurado un
financiamiento adecuado a esa ley para 1993, a la
Corporación de Desarrollo Indígena, el Fondo de Desarrollo y,
muy especialmente, el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas que el proyecto crea.
Mientras entra a regir la
nueva ley, la Comisión
Especial de Pueblos Indígenas, en coordinación con algunos
Ministerios, está llevando a cabo diversos programas de desarrollo indígena,
entre los que merecen destacarse los siguientes:
a) El programa de becas
indígenas, que el año pasado favoreció a 4.500 jóvenes y este año contempla
5.000 becas, entre ellas 900 destinadas a universitarios indígenas;
b) El programa de proyectos de
desarrollo de las comunidades indígenas, que se realizan sobre la base de
proyectos presentados por ellas y autogestionados. El año último se
seleccionaron -y se realizan en la actualidad- proyectos de esta clase en 470
comunidades;
c) El programa especial de
viviendas, conforme a la reforma legal que permitió a los indígenas acceder a
los subsidios rurales, que ha posibilitado aprobar cerca de dos mil soluciones
habitacionales; y
d) La atención jurídica
gratuita a los indígenas.
También merece destacarse la
solución, el último año, del antiguo litigio de Quinquén. En mérito de las
circunstancias particulares del caso, el Gobierno consideró de justicia comprar
esos terrenos, para asegurar que las comunidades y familias pehuenches que
estaban amenazadas de desalojo puedan seguir viviendo allí. Están en marcha programas
de capacitación y desarrollo en el área, con la mira de que tales comunidades
puedan progresar, trabajar adecuadamente esas tierras y preservar la
naturaleza, en especial los bosques de araucaria.
V. CHILE EN EL MUNDO
Durante el período de que doy
cuenta, Chile ha proseguido la política de activa participación en la realidad
internacional de que he informado en mis Mensajes anteriores.
Concebimos nuestra acción
internacional como una política de Estado, que procura representar el interés
superior de Chile, con participación de todos los sectores, y por encima de
intereses partidistas. Naturalmente, la conducción superior de esa política la
decide el Presidente de la
República , en ejercicio de las atribuciones especiales que la Constitución Política le
otorga.
La defensa del interés
nacional en el ámbito de las relaciones exteriores la entendemos ligada a
cuatro objetivos fundamentales: la paz y seguridad entre las naciones; el
respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos; el progreso de las
relaciones económicas, y la cooperación internacional. Entendemos que estos
objetivos están ligados entre sí, y a su logro orientamos nuestra acción tanto
en las relaciones bilaterales con los demás Estados cuanto en la acción
multilateral en los organismos internacionales.
Es para mí muy grato señalar
el excelente nivel en que se encuentran las relaciones de Chile con nuestros
vecinos.
En cumplimiento de los
acuerdos a que llegamos con Argentina en agosto de 1991, se constituyó el
arbitraje sobre Laguna del Desierto; las Comisiones respectivas han avanzado en
la tarea de emplazamiento en el terreno de los límites acordados; y, en el
plano de la integración física, está en plena construcción el oleoducto entre
Neuquén y San Vicente y el proyecto del gasoducto está formalizado. El comercio
entre ambos países ha aumentado sustancialmente y las inversiones chilenas en
Argentina han crecido de manera notable.
Con Bolivia hemos llevado a
cabo una política encaminada a lograr la mayor comprensión y entendimiento
mutuos; incentivar las relaciones económicas y comerciales, y procurar el
acercamiento entre ambos pueblos. De común acuerdo con las autoridades
bolivianas, se solucionaron 11 problemas que habían surgido en la frontera
común. Hemos asegurado el más amplio libre tránsito a Bolivia; terminaremos
este año la pavimentación del camino de Arica a Tambo Quemado; se ha suprimido
la exigencia de visas a los bolivianos; está pendiente en el Congreso el
proyecto que facilita la adquisición de propiedades en zonas fronterizas; se
han incrementado las relaciones entre empresarios bolivianos y chilenos, y
acabamos de convenir un Acuerdo de Complementación Económica llamado a
intensificar las relaciones entre ambos países.
Con Perú, la semana pasada se
han suscrito en Lima los documentos que ponen término a las cuestiones
pendientes sobre cumplimiento de las obligaciones que Chile contrajo en el
Tratado de Paz de 1929.
Como es sabido, dichos
compromisos consistían en la construcción en Arica, por nuestro país, para el
servicio del Perú, de un malecón de atraque, un almacén aduanero y la nueva
estación de Ferrocarril de Arica a Tacna, establecimientos y zonas donde el
comercio de tránsito del Perú gozaría de la independencia propia del más amplio
puerto libre. Además, se instalaría en el Morro un Monumento al Cristo de la Paz.
Aunque las obras están
materialmente construidas desde hace algunos años, no se había logrado acuerdo
sobre las modalidades de su uso.
Fruto del trabajo responsable
y silencioso de las Comisiones Bilaterales, perfeccionado por ambos
Cancilleres, los acuerdos a que se ha llegado establecen que, al poner las
obras referidas del modo que se conviene al servicio del Perú, se dan por
cumplidas y ejecutadas todas las obligaciones que Chile contrajo en el Tratado
de 1929. Por documentos separados se regula el ejercicio del libre tránsito con
Perú, se establece la forma de emplazamiento del Cristo de la Paz y se resuelven las
cuestiones relativas al terreno llamado “Chinchorro”, ubicado en pleno centro
de Arica y de propiedad del Perú, donde se construirá el Parque de la Concordia.
La suscripción de esos
acuerdos, que confío que merezcan pronta aprobación de los Parlamentos de ambos
países para su ratificación, constituye un hecho histórico de gran trascendencia
para fortalecer la amistad entre Perú y Chile, y espero que abra paso a nuevas
formas de colaboración entre las dos naciones.
Especial atención merece a mi
Gobierno la relación de Chile con las naciones hermanas de Latinoamérica. Por
razones geográficas, históricas, culturales y socioeconómicas, nuestros países
tienen intereses comunes que los identifican ante el resto del mundo y que les
exigen el mayor entendimiento entre ellos, tanto en el plano político como en
el económico. Cuando en otros continentes las naciones son capaces de unirse en
grandes asociaciones o comunidades, el sueño de Bolívar sigue siendo para
nosotros un imperativo histórico.
En el plano político,
participamos activamente en el Grupo de Río, instancia fundamental de
concertación regional para la defensa de la democracia, la promoción de la
integración y la realización de diálogos con otras regiones y potencias del
mundo. En una etapa en que la escena internacional se modifica aceleradamente y
en que se configuran nuevos espacios de asociación y cooperación, la presencia
de una América Latina concertada es un imperativo histórico. Chile, que este
año ha tenido el honor de asumir la Secretaría Pro Tempore del Grupo, está
contribuyendo activamente en este esfuerzo del que dará testimonio la reunión
de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Santiago en octubre
próximo.
También la Cumbre Iberoamericana ,
iniciada en Guadalajara en 1991, reunida en Madrid en 1992 y que este año nos
congregará en Salvador de Brasil, en que España y Portugal participan con
nosotros, es una instancia importante de cooperación internacional,
especialmente en las relaciones de América Latina con Europa.
En el plano económico, pienso
que la integración de nuestras economías es vital para el desarrollo de
nuestras naciones. La circunstancia de que Chile partiera varios años antes en
el proceso de apertura y liberalización de su comercio exterior nos pone en
situación en cierto modo especial, pero no justifica la errónea sospecha de que
queremos sustraernos al proceso global de integración, ni es obstáculo para que
vayamos avanzando efectivamente en él. Prueba de esto último son los Convenios
de Libre Comercio que hemos suscrito con México hace un año -ellos han
robustecido sustancialmente el intercambio entre esa nación y Chile-, y
recientemente con Venezuela, y los acuerdos de Complementación Económica
convenidos con Argentina en 1991 y con Bolivia el mes pasado. Tras el mismo
anhelo, seguimos trabajando en búsqueda de entendimientos eficaces con Colombia
y Ecuador. Singular importancia tiene para nosotros el logro de entendimientos
con Brasil. Y especial significación atribuimos a nuestros programas de
cooperación económica con Centroamérica. Pienso que el proceso de integración
es una tarea en marcha, en el cual debemos y podemos avanzar, con realismo,
tanto por la vía de los pactos subregionales como por la de los acuerdos
bilaterales. Y, en este esfuerzo, ALADI ha cumplido y seguirá significando una
contribución práctica, indispensable y fecunda.
Las relaciones con Estados
Unidos, plenamente normalizadas en el primer año de mi Gobierno, han continuado
desarrollándose en un excelente nivel, orientándose especialmente hacia su
intensificación en el plano comercial, en el marco de las expectativas que generó
la iniciativa para las Américas, del Presidente Bush. Los primeros contactos
establecidos entre nuestro Gobierno y las autoridades de la nueva
Administración demócrata son auspiciosos, las visitas a Washington, de los
Ministros de Hacienda, del Trabajo, de Economía y Secretario General de la Presidencia , pero sobre
todo las cartas que he intercambiado con el Presidente Clinton, demuestran el
alto grado de consenso alcanzado para emprender un proceso de negociación que
culmine con la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio.
El compromiso personal que
hemos obtenido del Presidente Clinton en esta materia, reiterado por distintos
personeros de su Administración, se refiere concretamente a que, una vez
aprobado el tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) por el
Congreso de Estados Unidos, se inicien inmediatamente las negociaciones con
Chile, como un primer paso hacia la ampliación del comercio regional y para una
futura Comunidad Hemisférica de Democracias. Puedo, por tanto, afirmar con satisfacción
que en mi período se habrán dado todos los pasos necesarios que permitirán al
próximo Gobierno convenir un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Entretanto, hemos convocado
conjuntamente para el próximo mes una nueva reunión del Consejo Bilateral
Chile-Estados Unidos sobre Comercio e Inversiones, a fin de avanzar lo más
posible en diversas materias de interés común. Esperamos también, en el curso
del presente año, ampliar la cooperación con los Estados Unidos en el combate
del narcotráfico. Del mismo modo, dado que se estimó que se habían agotado los
mecanismos judiciales para hacer valer los derechos del país frente al llamado
“caso de las uvas”, en marzo pasado instruí para buscar una salida a través de
la aplicación de las normas del Tratado Bryan-Suárez Mujica.
Con Europa, que en conjunto
constituye nuestro primer socio comercial, hemos procurado continuar reforzando
nuestros tradicionales lazos de amistad y cooperación. En la visita que hice en
julio último a Francia, España, Bélgica y la sede de las Comunidades Europeas,
se firmaron varios convenios sobre protección de inversiones y de cooperación
económica. Las nuevas circunstancias que vive el viejo continente a raíz de los
cambios ocurridos en las naciones de la antigua Unión Soviética y en Europa
Oriental exigen la atención preferente de los países europeos y podrían
resentir su interés por América Latina. Mi referida visita, así como las que
nos hicieron el último año el Presidente de la Comisión de las
Comunidades Europeas, señor Delors; el Primer Ministro de Suecia, y el Ministro
de Relaciones del Reino Unido, nos dieron oportunidad para comprobar que en
Europa se aprecia a Chile y que esas preocupaciones no debieran llevarla a
debilitar sus vínculos con nuestro continente. Es obvio, sin embargo, que el
porvenir de éstos estará condicionado, en gran medida, por el grado en que
prevalezcan las tendencias proteccionistas que se manifiestan en la Comunidad Europea , que
son un serio obstáculo al desarrollo normal de nuestras relaciones.
Confío en que el viaje que
emprenderé mañana a Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Rusia sirva también
para fortalecer la amistad entre Chile y esas naciones y abra nuevas
posibilidades al intercambio comercial y a la cooperación entre ellas y
nosotros.
Junto con cultivar nuestros
lazos tradicionales, hemos fortalecido nuestra presencia en nuevas áreas. Chile
ve en la Cuenca
del Pacífico un mundo lleno de dinamismo y potencial. Si en el pasado el
inmenso océano fue un obstáculo para el encuentro entre los pueblos de una y
otra ribera, los avances científicos y tecnológicos y el dinamismo empresarial
han logrado acortar la distancia, configurando el embrión de una futura
comunidad del Pacífico. Chile no puede quedar al margen de ese proceso.
En este contexto se inserta la
visita que tuve el honor de hacer en noviembre pasado a Malasia, China y Japón
-la primera de un Presidente chileno al Asia-, como también la que hizo el
Ministro Secretario General de la
Presidencia a Australia y Nueva Zelanda. El mayor conocimiento
mutuo, los acuerdos suscritos y los lazos creados en estas ocasiones abren
grandes perspectivas para robustecer la posición de Chile en el Pacífico e
intensificar nuestras relaciones políticas, económicas y culturales con las
naciones de la Cuenca.
En el ámbito de las relaciones
multilaterales, Chile continúa colaborando activamente en los organismos a que
naturalmente pertenece: la OEA
y las Naciones Unidas, sin perjuicio de su participación en otras instancias,
como el grupo llamado “De los 1 5” ,
un conjunto de naciones de mediano desarrollo, de distintos continentes, que
procura representar sus intereses comunes específicos en la escena
internacional, al que Chile se incorporó en el presente año.
En la OEA , además de
participar activamente en el proceso de modernización de la Carta , hemos apoyado,
con firmeza y ponderación, las medidas y resoluciones para proteger los
derechos humanos y preservar los regímenes democráticos en la región.
En las Naciones Unidas y sus
organismos, Chile procura colaborar activamente al logro de la paz, la justicia
internacional y el desarrollo de los pueblos. De acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, hemos dado cabal cumplimiento a las resoluciones del
Consejo de Seguridad respecto de conflictos suscitados en distintos lugares del
mundo, participando, con efectivos de nuestras Fuerzas Armadas y de
Carabineros, en operaciones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Y, en otras materias, convencidos de que para asegurar la paz entre los pueblos
es indispensable derrotar a la pobreza extrema que aflige a grandes sectores de
la Humanidad ,
hemos sido de los más activos promotores de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, que la
Asamblea de Naciones Unidas decidió celebrar en 1995 en
Copenhague. Es para Chile muy honroso que se haya encargado a su Embajador ante
la ONU la
tarea de dirigir el Comité Organizador de ese encuentro mundial.
Para el Presidente de la República es motivo de
honda satisfacción el prestigio de que Chile goza en el concierto internacional.
Creo que debe serlo para todos los chilenos. Lo hemos ganado naturalmente, sin
protagonismos de ninguna clase, procurando ser consecuentes con los ideales que
profesamos, y trabajando, modesta pero incansablemente, por consolidar nuestra
democracia, impulsar nuestro crecimiento con equidad y colaborar con las demás
naciones en la búsqueda de la paz, de la justicia y del desarrollo de los
pueblos.
Honorables Senadores y
Diputados, al término de esta cuenta, por cuya longitud doy excusas -la última
cuenta de mi mandato-, permítanme algunas reflexiones que las circunstancias me
sugieren.
No creo faltar a la modestia
al dar gracias a Dios porque el balance de estos años de gobierno democrático,
contrariando muchos negros presagios, es altamente positivo. Confío en que siga
siéndolo en marzo próximo, para lo cual el país puede estar seguro de que
seguiremos trabajando con el mismo empeño y entusiasmo con que hasta ahora
hemos actuado.
No pretendo haber hecho todo
bien. Sin duda, hemos cometido errores, como es propio de la condición humana.
Pero nadie puede seriamente negar lo mucho que hemos hecho, ni lo mucho que
Chile ha ganado en esta etapa. No sólo hemos gozado de libertad y se han
restablecido la unidad nacional y la convivencia democrática; no sólo ha
imperado la paz y hemos sido capaces de buscar y lograr entendimientos. Además,
el país ha progresado en lo económico y social: hay más prosperidad, menos
pobreza, mayor justicia. Y gozamos en el mundo de un prestigio altamente
halagador.
Bien sé que es mucho más lo
que nos queda por hacer. Aunque suele hablarse de modernidad, estamos aún muy
lejos de alcanzar el desarrollo de una sociedad moderna. En Chile hay todavía
excesiva pobreza, mucha injusticia social, bastante lenidad y demasiada
ineficiencia.
La empresa de hacer de Chile
la patria libre, próspera, justa y buena, que soñamos, no sólo nos exige
proseguir en el empeño, permanecer unidos, multiplicar el esfuerzo en trabajo y
creatividad. Nos reclama también perseverancia; no desfallecer ante los obstáculos.
Porque Chile es un país
difícil. Nuestra loca geografía nos depara frecuentes obstáculos no previstos:
en los últimos tres años, entre otros, el desborde del río Las Minas, en
Magallanes; la erupción del volcán Hudson, en Aisén; el aluvión en Antofagasta
y los recientemente ocurridos en la zona alta de Santiago y en la Quinta , Sexta y Novena
Regiones. Cada catástrofe no sólo deja un doloroso saldo de muertos, heridos y
damnificados, sino también un reguero de destrucción que hay que reconstruir o
reparar.
Somos también un país difícil
por la fragilidad de nuestra economía, exportadora de materias primas cuyos
precios dependen de la situación de los mercados de las naciones desarrolladas
y fluctúan al margen de nuestra voluntad. En estos días estamos sufriendo la
caída de los precios del cobre, la fruta, la celulosa y la harina de pescado.
Frente a estas circunstancias
aleatorias suele variar nuestro ánimo del optimismo a la depresión; de la
soberbia triunfalista al derrotismo alarmista.
Debemos acostumbrarnos a
contar con estos altibajos y no desfallecer en el empeño. La experiencia nos
exige ser previsores y nos demuestra que el pueblo de Chile tiene coraje para
afrontar los desastres y salir airoso de la adversidad. Nuestra principal
fortaleza es la calidad de nuestra gente.
Dirigir el país en esta etapa
ha sido un gran honor, una enorme responsabilidad y una honrosa oportunidad
para servir a Chile. Quiero en esta ocasión dar gracias a mis compatriotas,
especialmente a los que me otorgaron su confianza, a los que me ayudan en la
tarea y a los que siguen respaldándome.
A todos los invito a continuar
esta tarea, a proseguir con entusiasmo en el camino por el que vamos. Es un
buen camino. El interés superior de Chile nos lo pide.
¡Dios nos ayude!
PATRICIO
AYLWIN AZOCAR
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