mayo 21, 2012

Mensaje del 21 de Mayo del Presidente de Chile, Patricio Aylwin, ante el Congreso Pleno (1993)

 MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
Patricio Aylwin Azócar
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1993

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados.
A poco de cumplir tres años de Gobierno y recién iniciado el último de mi mandato, cumplo el deber constitucional de dar cuenta al país “del estado administrativo y político de la Nación”.
Debe ser motivo de legítima satisfacción para los chilenos, especialmente para quienes tenemos responsabilidades en la conducción de nuestra patria, la forma como ha transcurrido la vida política, económica y social del país en este período.
El tránsito del largo lapso de régimen autoritario al funcionamiento normal de nuestra convivencia democrática ha tenido lugar sin traumas ni quebrantos. Chile vive en paz. La gente goza de libertad. El país progresa. Nuestra estabilidad política, nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo social suscitan elogios en el exterior.
Como ocurre en todas las naciones, especialmente en las que, como la nuestra, forman parte del mundo en desarrollo, tenemos problemas y dificultades. El mayor de todos: la pobreza, a veces extrema, que aflige a muchos compatriotas. Superar esos obstáculos, con coraje, justicia y eficiencia, es el gran desafío que, con sentido de nación, debemos enfrentar.
Desde que asumí el Gobierno he sostenido que, para encarar con éxito ese desafío, debíamos cumplir varias tareas simultáneas: construir la unidad nacional, consolidar y perfeccionar nuestra democracia, desarrollar y modernizar nuestra economía, promover la justicia social e integrar a Chile como actor respetado en la comunidad internacional.
Si bien se piensa, son quehaceres que se complementan entre sí. La vigencia de la libertad, la equitativa participación democrática, la superación de la extrema pobreza, la eliminación de las injusticias sociales y el prestigio de la nación son requisitos indispensables para lograr una verdadera y sólida unidad nacional.
Pienso que todas éstas son tareas nacionales, de proyección histórica, que trascienden un Gobierno y que, a medida que se las va cumpliendo, adquieren nuevas modalidades. A tratar de avanzar en ellas lo más posible hemos dedicado y seguiremos consagrando los mejores esfuerzos de nuestro Gobierno.
¿Qué hemos hecho en el año último y qué estamos y seguiremos haciendo hasta el término de mi período para cumplir estas tareas? Es lo que me propongo resumir, en sus líneas fundamentales, en la presente exposición. Los Honorables señores Parlamentarios encontrarán el detalle circunstanciado de esta labor en los anexos explicativos de cada Ministerio.
I. LA CONVIVENCIA NACIONAL
Para apreciar en su justa medida cuánto hemos avanzado en la tarea de la unidad nacional, es necesario recordar que al asumir este Gobierno -hace apenas tres años y setenta días- el país venía saliendo de un largo período de profundas divisiones, en el que, por variados motivos, prevaleció en nuestra convivencia una lógica de guerra que separaba a los chilenos en “amigos” y “enemigos”.
Ese clima de permanente y agudo conflicto interno se caracterizaba, entre otros rasgos, por los siguientes:
1º Las libertades públicas -especialmente las de información y opinión, asociación y reunión- y los derechos ciudadanos estaban suspendidos o, cuando menos, severamente restringidos;
2º Numerosas acusaciones de gravísimas violaciones a derechos humanos esenciales, cometidas por organizaciones o personas vinculadas al Régimen - aunque negadas por las autoridades-, habían motivado reiteradas condenas internacionales contra el Gobierno de la época;
3º Frecuentes hechos delictuosos -homicidios, secuestros, robos, atentados con explosivos- generaban un clima de inseguridad que generalmente se atribuía a la acción de grupos terroristas;
4º Un ambiente de desconocimiento mutuo, recelo y desconfianza recíproca separaba a la inmensa mayoría de los civiles de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad;
5º La administración del Estado y de los negocios públicos era asunto reservado a unas pocas autoridades, y respecto de ella no existían o estaban de hecho restringidos los controles oficiales y la opinión pública carecía de informaciones fidedignas, y
6º Mientras los éxitos logrados en algunos aspectos económicos y la privatización de ciertas empresas del Estado generaron una imagen de prosperidad y riqueza en ciertos grupos, no alcanzaron a beneficiar a las grandes mayorías populares, que, por el contrario, sufrieron desocupación y mayor empobrecimiento e inseguridad.
A partir de esa realidad hemos impulsado nuestra política de convivencia nacional pacífica y unitaria, que el país está viviendo.
Aparte de la plena vigencia de las libertades públicas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la búsqueda de consensos o acuerdos entre los actores políticos, económicos y sociales, a partir del reconocimiento de las legítimas diferencias -rasgos que han caracterizado toda nuestra gestión gubernativa y que confío que sean generalmente apreciados por mis compatriotas-, creo necesario detenerme, en esta oportunidad, en lo que hemos avanzado el último año en las siguientes materias: 1) reconciliación nacional, en relación con las pasadas violaciones a derechos humanos; 2) seguridad ciudadana; 3) relaciones cívico-militares; 4) transparencia de la gestión gubernativa y 5) pago de la deuda social. A este último tema me referiré al tratar de las políticas sociales; entro de inmediato al análisis de los demás.
1º.- Reconciliación Nacional
Siempre sostuve que, para lograr la reconciliación entre los chilenos, era indispensable esclarecer la verdad y hacer justicia, en la medida de lo posible, respecto de las más graves violaciones a los derechos humanos, y resolver los problemas de los llamados “presos políticos”, de los exiliados y de los exonerados.
a) Violaciones a derechos humanos
Evacuado en marzo de 1991 el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que estableció la trágica verdad de lo ocurrido -cualesquiera que sean las versiones que se den para explicarla- y que reivindicó el buen nombre de las víctimas, venía la tarea de hacer justicia.
Para ello, el Gobierno impulsó dos caminos: por una parte, la dictación de la ley 19.123, de 8 de febrero del año pasado, que dispuso reparaciones a los familiares de las víctimas y creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y por otra, pasar los antecedentes a los Tribunales de Justicia, para que determinen las responsabilidades que correspondan.
Dando cumplimiento a esa ley, 4.093 beneficiarios -cónyuge, madres, padres e hijos de las víctimas- están recibiendo pensiones mensuales del Instituto de Normalización Previsional; 821 perciben subsidios o becas educacionales y 63 han recibido la asignación de una vivienda.
En conformidad a la misma ley, a mediados del año último se constituyó el Consejo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, para resolver los 766 casos declarados sin convicción por la Comisión de Verdad y Reconciliación -de los cuales se han calificado positivamente 256-, y los casos nuevos que se le han presentado y que puedan presentársele hasta el 18 de junio próximo en virtud del plazo concedido por ley de 19 de abril pasado. Al mismo tiempo, esta Corporación está abocada, con la asesoría de la Policía de Investigaciones, a un acucioso y exhaustivo trabajo para investigar el paradero y destino de personas cuyo desaparecimiento se ha establecido y que no han sido ubicadas.
Por su parte, los Tribunales de Justicia, luego de acoger la tesis -que personalmente hice presente a la Excelentísima Corte Suprema- de que la ley de amnistía no impide la investigación de los hechos, están abocados, como es de público conocimiento, al juzgamiento de numerosos procesos destinados a establecer las responsabilidades que corresponda por los delitos que ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos.
b) Presos por delitos de motivación política
Al asumir la Presidencia, 384 personas se encontraban privadas de libertad y en condición de procesadas o condenadas por delitos de motivación política. Muchas otras estaban procesadas en libertad provisional.
Aparte de la dictación de las leyes que el Gobierno propuso para traspasar algunos de esos procesos de la justicia militar a la ordinaria y para acelerar su tramitación, lo que ha conducido a que actualmente sólo queden nueve procesos pendientes, he hecho uso de la facultad de indultar que me dio la ley 19.055, de 1º de abril de 1991, en favor de 141 condenados, remitiéndoles o conmutándoles la pena pendiente. Otros 224 han salido en libertad porque fueron absueltos, o porque cumplieron, a veces en exceso, la pena a que los tribunales los condenaron. Actualmente sólo quedan 19 presos por esta clase de delitos, de los cuales 6 están condenados y han presentado solicitud de indulto.
El ejercicio de la facultad que la ley me concedió -por iniciativa de Parlamentarios de la Oposición que rechazaron las fórmulas que el Gobierno había propuesto para que estos casos se resolvieran judicialmente- ha motivado acerbas y reiteradas críticas al Presidente de la República. Se me acusa de crear un clima de impunidad que favorecería la perpetración de nuevos delitos. Considero muy injustas esas críticas. Como he dicho en varias ocasiones, y ahora reitero, he tomado estas decisiones luego de analizar en conciencia los antecedentes y circunstancias de cada caso, especialmente la voluntad y probabilidad de reinserción del afectado a la vida pacífica. Ningún indulto ha significado impunidad -¡ninguno!-, sino sólo una reducción o cambio de la parte aún no cumplida de la pena, en términos que he creído justos. Y tengo la satisfacción de que ninguna de las personas favorecidas por estos indultos haya vuelto a delinquir. Conforme a estos mismos criterios resolveré, en su oportunidad, los casos aún pendientes o que se me presenten.
c) Retorno de exiliados
Hasta abril último habían retornado al país algo más de 40.000 personas, de las alrededor de 250.000 a que se estima que llegó el exilio originado por las causas políticas. Del total de retornados, la Oficina Nacional de Retorno, creada por la ley 18.994, de 20 de agosto de 1990, ha participado en la reintegración de 33.000 personas (10.674 familias), tarea en la que ha contado con la valiosa cooperación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Testimonio del espíritu de reconciliación nacional que inspira esta tarea es la reciente colaboración de la Fuerza Aérea de Chile en la repatriación de un importante grupo de compatriotas que residían en la antigua Unión Soviética.
Dado que un 58% de los jefes de familia retornados son profesionales titulados en el exterior, ha sido de gran trascendencia la aplicación de la ley 19.074, de 28 de agosto de 1991, que permite habilitarlos para el ejercicio de su profesión en Chile. De los 1.050 casos que ya han sido informados favorablemente, 415 han sido definitivamente habilitados, entre ellos 100 médicos, 40 arquitectos, 52 ingenieros y 24 dentistas.
Los compatriotas que retornan del exilio, aparte de los beneficios aduaneros que les otorga la ley 19.128, de 7 de febrero de 1992, tienen aseguradas para sus hijos la continuidad de sus estudios básicos y medios y el acceso al primer año universitario, y acceden gratuitamente a todos los niveles de atención de salud. Más de 15.000 personas han hecho uso de este beneficio.
Por otra parte, 9.087 personas retornadas de escasos recursos han obtenido ayuda de la Oficina para su subsistencia y reinserción, y 6.486 han obtenido acceso a una solución laboral con apoyo directo del Gobierno. Dentro de estos programas tiene especial relevancia la creación de 513 pequeñas y medianas empresas de retornados, que significan también fuente de trabajo para otros chilenos.
Está pendiente del estudio del Congreso Nacional el proyecto gubernativo - aprobado en general por la Honorable Cámara de Diputados- que prorroga hasta septiembre del próximo año el funcionamiento de la Oficina Nacional de Retorno.
Especial importancia tiene, para los exiliados que aspiran a volver, la posibilidad de obtener la continuidad de su previsión. Consciente de la importancia de esta justa aspiración, el Gobierno está estudiando, con las naciones amigas que recibieron a numerosos exiliados chilenos, la suscripción de convenios bilaterales sobre seguridad social. Se encuentran avanzadas las negociaciones, y esperamos suscribir, en un futuro próximo, el primero de esos convenios, con la República Federal Alemana.
d) Previsión a Exonerados
En cuanto a los trabajadores despedidos de la Administración Pública o de empresas privadas intervenidas, por razones de índole política, está pendiente del conocimiento del Honorable Senado, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que, sobre la base de un acuerdo entre el Gobierno y el Comando de Exonerados de Chile, dicta normas para resolver su dramática situación previsional. Confío en que sea pronto aprobado, como creo de elemental justicia.
2º.- Seguridad Ciudadana
Reiteradas encuestas de opinión pública coinciden en que la seguridad ciudadana es, después de la pobreza, el problema que más preocupa a los chilenos.
Consciente de la importancia de este tema, en mis dos Mensajes anteriores expuse los criterios fundamentales que inspiran la acción del Gobierno para combatir la delincuencia y el terrorismo, di cuenta de las medidas que se han ido adoptando e insté a aunar voluntades para abordar esta tarea como “política de Estado”.
Más allá de visiones simplistas que reducen el problema a la drasticidad de las penas a los delincuentes, la experiencia universal demuestra que el riesgo de acciones antisociales contra la seguridad ciudadana depende de múltiples factores. La extrema pobreza de vastos sectores de la población, en contraste con el bienestar de otros, la falta de oportunidades y de capacitación para el trabajo de los jóvenes, la degradación de valores inherentes a una cultura consumista y violentista, el alcoholismo y la drogadicción, la ineficiencia o incapacidad de los servicios policiales, la lentitud o ineficacia de los procedimientos judiciales, la debilidad de las penas, la ineptitud del régimen penitenciario para cumplir su función rehabilitadora, son, entre otros, factores que favorecen el incremento de la delincuencia. Para combatirla con éxito es necesario, por lo tanto, encarar todos estos factores. Es lo que hemos estado haciendo en estos años.
Al tratar de las políticas sociales me referiré a las acciones contra la extrema pobreza, a los programas de capacitación de jóvenes para el trabajo y a las orientaciones de carácter cultural en que estamos empeñados. Aquí me limitaré a reseñar la acción específica y directa contra la delincuencia, en los ámbitos policial, judicial y penitenciario.
Estas acciones, como es obvio en una democracia, se realizan dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico, lo que garantiza la seguridad de las personas frente a posibles abusos de autoridad. A diferencia de otros tiempos, hoy los chilenos no deben temer del Estado y sus agentes, porque el Gobierno y todos los órganos públicos estamos empeñados en que impere el derecho y se evite toda arbitrariedad.
a) Ámbito policial
El país no ignora lo mucho que hemos hecho en estos años para dotar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, que por mandato constitucional son los órganos encargados de la seguridad y el orden interno, de los medios humanos y materiales indispensables para cumplir esa función.
Como dijo textualmente el señor General Director de Carabineros con motivo del reciente aniversario de la institución, “después de tres años del actual Gobierno, el número de carabineros ha aumentado en más de cinco mil, con lo cual se pudo completar las dotaciones de los 1.076 cuarteles que ocupa la Institución, y planificar las dotaciones para 12 edificios que están próximos a ser inaugurados, para dar mayor protección a la ciudadanía. El presupuesto de la Institución en moneda nacional ha sido duplicado para el año 1993. También ha sido aumentado el presupuesto en moneda extranjera, con lo cual la Institución ha podido satisfacer, en gran parte, las necesidades tecnológicas y la reposición parcial de la flota vehicular de que dispone”.
Por su parte, los recursos otorgados a Investigaciones le han permitido contratar 640 nuevos funcionarios, adquirir importante equipamiento científico-técnico y de apoyo policial, como asimismo un avión Cessna y 74 vehículos, e iniciar un plan de reparaciones y construcción de cuarteles policiales. Aparte de lo dicho, Investigaciones recibió 200 automóviles, 20 motos y los equipos de comunicaciones correspondientes, donados por el Gobierno de Italia a nuestro país.
Estas acciones se han traducido ya en una mejor eficiencia de ambos servicios, expresada tanto en el mayor número de delitos esclarecidos y de delincuentes procesados por los tribunales, cuanto en el menor número de delitos cometidos. Según estadística oficial de Carabineros, las denuncias por delitos de robo, hurto y homicidio a nivel nacional, entre los años 90, 91 y 92, han evolucionado como indica el siguiente cuadro:

DELITOS
1990
1991
1992
Robo
76.709
81.604
74.182
Hurto
19.118
18.205
15.457
Homicidio
385
335
284

Del mismo modo, en los dos últimos años los robos a bancos disminuyeron de 91, en 1991, a 41 en 1992, y los robos a servicentros, de 427 el año antepasado a 320 el último.
A su vez, el trabajo de ambas instituciones para combatir el terrorismo ha permitido aclarar muchos crímenes, detener numerosos e importantes miembros de grupos terroristas y requisar importante cantidad de armas. Como resultado de esas pesquisas, los Tribunales ventilan, por iniciativa del Gobierno, 35 juicios (19 por conductas terroristas, 7 por delitos contra la seguridad del Estado y 9 por infracción a la ley de control de armas), en los cuales hay 179 individuos procesados.
Para el éxito de esta labor, que recién comienza a producir sus frutos, es fundamental la eficiente coordinación entre los servicios de orden y seguridad, como asimismo la labor de inteligencia y adecuado procesamiento de antecedentes que permitan orientar con eficacia las investigaciones. Para cumplir esta tarea creamos, por decreto de abril de 1991, dentro del Ministerio del Interior -al que la ley encarga el “mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos”, un Consejo Coordinador de Seguridad Pública, en cuyo funcionamiento han colaborado, aparte de autoridades y asesores de dicho Ministerio, personeros de Carabineros, Investigaciones y de los Servicios de Inteligencia de las tres ramas de la Defensa Nacional, cuyo trabajo fue importante aporte en el combate al terrorismo y, en el último tiempo, a la delincuencia en general.
La reciente promulgación de la ley 19.212, que creó la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, como servicio público técnico y especializado dependiente del Ministro del Interior, y que confió a este último la función de “coordinar las actividades de los organismos de seguridad pública interior”, junto con llenar el gran vacío que al respecto existía en nuestro ordenamiento jurídico, permitirá reunir y proporcionar a los servicios correspondientes la información, estudio y análisis de inteligencia que se requieren para la adopción de medidas y la formulación de políticas en materia de seguridad pública. La valiosa experiencia del Consejo Coordinador de Seguridad Pública ha de servirle de importante y útil antecedente para cumplir con eficacia su labor, que confío que signifique un importante aporte para el éxito de la acción del Estado contra el terrorismo y la delincuencia.
b) Ámbito judicial
A fin de hacer más eficaz la acción de los Tribunales de Justicia, y dentro del contexto del programa de mejoramiento del sistema judicial que mi Gobierno está impulsando, en el último año se crearon 22 nuevos juzgados de letras. Y en los próximos días presentaremos un proyecto de ley para crear este año 20 juzgados más y 4 nuevas salas en Cortes de Apelaciones.
Estoy cierto de que también significará un importante apoyo a la acción de la justicia la aplicación de la ley 19.164, que modificó y modernizó la institución de la legítima defensa, y de las leyes 19.172 y 19.183, que incorporaron la figura denominada “arrepentimiento eficaz” en el juzgamiento de las conductas terroristas.
Al mismo propósito de hacer más eficaz la acción judicial en materia de seguridad ciudadana tienden algunas iniciativas de ley presentada, por el Gobierno y pendientes de la aprobación del Congreso Nacional: la que crea los tribunales vecinales, la que instituye el Ministerio Público en primera instancia, la que legisla sobre responsabilidad de los menores y agrava las penas en delitos contra carabineros en servicio, y la que establece normas sobre seguridad en las empresas. Confío en que estos proyectos, que responden a necesidades evidentes, merezcan vuestra aprobación.
c) Ámbito penitenciario
Finalmente, para que la lucha contra la delincuencia tenga éxito, es indispensable mejorar substancialmente nuestro sistema penitenciario. Si no tenemos establecimientos adecuados y capacidad rehabilitadora, nuestros lugares de reclusión de procesados y de cumplimiento de condena serán, cada vez más, escuela de delincuencia.
Consciente de esta realidad, el Gobierno está llevando a cabo un programa de modernización y mejoramiento, materializado, entre otras, en las siguientes medidas:
1º La dictación de un nuevo Reglamento Carcelario, acorde con la moderna doctrina de seguridad y rehabilitación;
2º La puesta en práctica de un tratamiento de readaptación y reintegración social de los reclusos;
3º La descongestión de recintos penales mediante un programa de reparaciones, equipamientos y nuevas construcciones, entre otros el nuevo establecimiento de Colina y la Unidad Especial para Reos de Alta Peligrosidad y Terroristas, y
4º El aumento de la planta de Gendarmería en más de 20%, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y remuneración y su plena incorporación al sistema previsional de la DIPRECA.
Al mismo fin tiende la política de protección y rehabilitación de menores que lleva a cabo el Servicio Nacional del ramo, mediante el aumento de su cobertura a casi 55.000 menores el año último; la creación de 15 centros de observación, tránsito y distribución ambulatorio; la erradicación de los menores de las cárceles; el aumento de inversión en infraestructura, y numerosas otras acciones, aparte el estudio de los proyectos que esperamos presentar próximamente para reformar la ley orgánica del servicio, la de adopción, la de subvenciones y la de maltrato infantil y de menores.
d) Drogadicción y accidentes del tránsito
Pero no debe creerse que la seguridad ciudadana se consigue sólo combatiendo la delincuencia y el terrorismo. También la afectan otros factores que adquieren cada vez mayor peligrosidad, como la drogadicción y los accidentes del tránsito.
El comercio ilícito de drogas y el consumo de las mismas constituyen una amenaza preocupante, especialmente en los medios juveniles y en la zona norte del país.
El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes lleva a cabo diversas acciones respecto a la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo ilícito de drogas y procura impulsar la acción coordinada del Estado, organizaciones no gubernamentales y opinión pública en una campaña nacional sobre la materia.
Carabineros e Investigaciones, por su parte, con la colaboración de Aduanas y Fuerzas Armadas, realizan una intensa actividad para detectar el tráfico ilícito de drogas, de cuyos resultados en el año último dan testimonio los comisos de más de 1.100 kilos de cocaína y de sobre 1.000 toneladas de marihuana practicados por Carabineros e Investigaciones, instituciones que a su vez detuvieron arriba de 24.000 individuos en relación con pesquisas sobre esta materia.
Especial importancia atribuye el Gobierno, para el éxito de esta lucha, al despacho del proyecto de ley que presentó el año pasado, cuyo examen está pendiente en la Cámara de Diputados, para sustituir la ley Nº 18.403, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, y que, entre otras materias, penaliza el lavado de dinero.
En cuanto a los accidentes del tránsito, Chile ostenta el triste récord de ser, entre todos los países de América y de Europa, el que sufre más muertes de personas por esa causa, con relación al número de vehículos. En los últimos tres años, 4.880 personas han fallecido por accidentes de tal índole, número casi cinco veces superior al de las víctima de homicidios. Urge que la opinión pública tome cabal conciencia de la gravedad de esta amenaza y extreme los controles para evitar las imprudencias en la conducción de vehículos y en el uso de las vías, y que se apliquen con estrictez las normas legales y reglamentarias sobre la materia, en lo que no debieran aceptarse excepciones de ninguna clase.
e) La seguridad, tarea de todos
No puede esperarse que la sociedad alcance altos niveles de seguridad ciudadana como fruto exclusivo de la acción del Estado y de los servicios policiales. Conseguirlo es tarea de todos. Plausibles son, en este sentido, las iniciativas tomadas sobre la materia por algunas municipalidades. El Gobierno, por su parte, ha impulsado para este año un Programa de Seguridad Vecinal, con financiamiento a cargo del Fondo de Mejoramiento Urbano, radicado en la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, que busca que la propia comunidad local, a través de sus actividades y organizaciones vecinales, detecte sus necesidades específicas en el ámbito de su seguridad, proponga fórmulas concretas de solución y colabore para su cumplimiento.
3º.- Relaciones cívico-militares y política de Defensa
En el año de que doy cuenta ha podido apreciarse un claro progreso en las relaciones cívico-militares y en la política de Defensa que impulsa el Gobierno.
Es notorio que el país percibe hoy el funcionamiento de nuestras Instituciones Armadas concentrado en su quehacer y perfeccionamiento profesional para cumplir su función específica de asegurar nuestra soberanía.
Esta percepción se basa en hechos objetivos. El país goza de información pública oportuna sobre las actividades del sector, como la realización de ejercicios combinados o conjuntos; la creación de nuevas unidades, como los Grupos de Aviación Nºs. 3 y 9; el refuerzo de nuestro potencial de patrullaje y vigilancia marítima y aeromarítima; nuestra participación militar en misiones de paz de las Naciones Unidas y de la OEA; el activo intercambio de visitas de altas autoridades de Defensa y jefes institucionales, y los acuerdos militares bilaterales suscritos con diferentes países de nuestro hemisferio, así como de Europa y Asia. Todo ello evidencia una intensa actividad profesional, concentrada en su misión específica y preocupada de su renovación institucional.
A la percepción ciudadana y al activo trabajo institucional hay que sumar el positivo resultado que, por tercer año consecutivo, tuvo el proceso de formación y aprobación del Presupuesto de Defensa. Este proceso permitió un análisis riguroso del gasto militar por el Congreso Nacional, que culminó con su aprobación en ambas Cámaras.
Los tres rasgos señalados muestran una tendencia nítida hacia la armonía, la debida subordinación y la confianza en las relaciones entre la sociedad, el Gobierno y las Fuerzas Armadas, lo que constituye un claro logro del proceso de normalización de nuestro funcionamiento democrático.
En el contexto de la activa política de Defensa seguida por mi Gobierno, hemos continuado avanzando en diversos cambios y ajustes exigidos por los tiempos, tales como el reemplazo gradual de la cantidad por la calidad; la racionalización en el empleo de recursos humanos; la multiplicación de las actividades de entrenamiento; la intensificación de los ejercicios combinados, y las acciones conjuntas y la creciente participación en las acciones de paz de las Naciones Unidas.
Estos procesos de internalización y renovación se harán manteniendo nuestro alto nivel de desempeño profesional y la capacidad requerida de disuasión y defensa, lo cual implica como tareas futuras elevar aún más la eficiencia, incorporando el cambio tecnológico acorde con nuestros recursos, aumentando nuestra presencia y contacto con la nueva realidad internacional, y adaptándonos a las impresionantes variaciones de la perspectiva estratégica, que sin duda repercutirán en el futuro en nuestro país.
Dentro de este ámbito de la Defensa Nacional, creo oportuno formular ciertas precisiones respecto al servicio militar obligatorio, a la industria militar y al proyecto pendiente de modificación de las Leyes Orgánicas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
En cuanto al servicio militar obligatorio, valoramos las proposiciones de creación de un servicio civil juvenil regido por otros cánones y fines que los del servicio militar. El Ministerio de Defensa ha recolectado y analizado la información sobre las principales experiencias conocidas en esta materia, y ha examinado la posibilidad de introducir modificaciones a las actuales modalidades y contenidos del período de conscripción.
No obstante, es mi deber reiterar mi convicción de que la estructura básica de funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas exige la existencia de un servicio militar obligatorio, sin perjuicio de los cambios que convenga introducirle en cuanto a modalidades de su cumplimiento, refuerzo de la capacitación laboral del contingente y posible reducción de ciertos períodos de instrucción. A este respecto, he aprobado, con carácter experimental, una reducción del actual período de conscripción, que, para los dos tercios del contingente del Ejército, será de 12 meses, mientras el tercio restante de conscriptos de esa Institución tendrá, por razones de servicio, un período de 14 meses.
En esta materia debe tenerse en cuenta que sólo uno de cada cuatro jóvenes chilenos cumple efectivamente con este deber ciudadano, lo que deja margen más que suficiente para iniciativas futura de servicios juveniles voluntarios a la comunidad, no competitivos con el servicio militar.
Respecto de nuestra industria militar, quiero destacar el buen nivel de desarrollo tecnológico y productivo alcanzado por algunas industrias de tal índole y el apoyo que damos a su crecimiento gradual, siempre que sea adecuado a demandas reales, tanto internas como externas. No obstante, ello no excluye la obligación de todas nuestras instalaciones militares industriales de realizar sus operaciones bajo criterios de alto control de gestión y de resultados, suprimiendo, si es necesario, aquellos proyectos o actividades que no demuestren conveniencia ni rentabilidad.
En lo que respecta al proyecto que modifica las Leyes Orgánicas Constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, los señores Parlamentarios conocen el oficio que he enviado hace poco a la Honorable Cámara de Diputados, en el que se demuestra, de modo irrefutable, a la luz de los textos constitucionales y legales y de la historia de su establecimiento, que en nuestro régimen jurídico las Instituciones Armadas y de Orden, que forman parte de la Administración del Estado, dependen jerárquicamente del Presidente de la República, que es el “Jefe del Estado”, quien tiene atribuciones especiales para “disponer” de ellas y para “disponer” los nombramientos, ascensos y retiros de sus oficiales, y a quien la propia ley asigna el título de “Generalísimo”. La restricción impuesta por las referidas Leyes Orgánicas, dictadas pocos días antes de que asumiera el Gobierno democrático, contradice esos claros textos y la propia aplicación que de ellos hizo el Régimen anterior desde su dictación, al privar al Jefe del Estado de su facultad de “disponer”, condicionándola a la proposición del respectivo jefe institucional. Esto significa -como ha ocurrido en la práctica-, que, tratándose de retiros, en caso de desacuerdo entre el Presidente de la República y el jefe institucional, prima la voluntad de éste sobre la de aquél; esto es, la del subordinado sobre la del jefe superior.
Con el fin de dejar absolutamente en claro el respeto del Gobierno por la “carrera profesional” del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en la indicación que he formulado al proyecto se mantiene la exigencia de “proposición” del jefe institucional para los nombramientos y ascensos, y se limita la reforma al solo caso de los retiros, autorizándose al Presidente para disponerlos sin que medie proposición sólo “en caso calificado” y mediante decreto “fundado”, previa audiencia del jefe institucional respectivo.
La argumentación de que esta reforma permitiría “politizar” a las instituciones castrenses y policiales, o “descabezarlas”, aparte de importar una injuria con la propia investidura del Presidente de la República (no contra mi persona: contra quienquiera que desempeñe el cargo de Jefe de Estado), atribuyéndole intenciones incompatibles con la dignidad de su cargo -ningún Presidente lo ha hecho en la historia de Chile-, queda desvirtuada con la exigencia de fundamentación de la medida y con la responsabilidad constitucional que, al adoptarla, asumen tanto el Presidente como el Ministro respectivo. Por el contrario, bien podría argumentarse que quienes se oponen a esta reforma se empeñan en conferir a los jefes institucionales de las Fuerzas Armadas y de Orden un poder político que significaría apartarlas claramente de su carácter profesional, obediente y no deliberante.
4º.- Transparencia de la función gubernativa
Durante este período, como en todo mi Gobierno, las autoridades, funcionarios y organismos del Estado han desempeñado sus funciones a la vista del país. En las reparticiones públicas hay libros de reclamos para que los interesados formulen las quejas que crean procedentes. La Contraloría General de la República y los demás organismos fiscalizadores cumplen activamente sus funciones. Los medios de comunicación informan de lo que se hace y no se hace. La Honorable Cámara de Diputados ejerce activamente su función fiscalizadora. Y cuando se produce alguna irregularidad, el propio Gobierno o la autoridad respectiva dispone su investigación, para que se esclarezca y sancione como corresponda.
Juzgo necesario precisar lo anterior, que es público y notorio, frente al escándalo que se ha intentado crear con motivo de algunas denuncias sujetas a investigación.
Tengo la convicción de que la Administración Pública chilena es honesta y proba. Podrá tildársela de lenta, de engorrosa, de tramitadora a veces, y aún, en muchos casos, de ineficiente; pero no de falta de honradez. Sus funcionarios, generalmente mal remunerados, que a menudo deben intervenir en asuntos en que hay comprometidos cuantiosos intereses, observan una honorabilidad, con frecuencia reconocida en el exterior, que debe ser justo motivo de satisfacción nacional.
Es propio de la condición humana cometer errores e incurrir en faltas. La eficiencia y el prestigio de la Administración del Estado exigen especial celo para esclarecer y sancionar las imputaciones a sus funcionarios. Nuestro ordenamiento jurídico contempla diversos mecanismos para ello. Se ejerce un legítimo derecho al exigir el funcionamiento de esos mecanismos para esclarecer la verdad y sancionar a quienes resulten responsables; pero se lesiona el honor de las personas y se perjudica el necesario prestigio de la Administración cuando, con caracteres de escándalo, se anticipan juicios condenatorios y se generalizan situaciones excepcionales.
Están pendientes de la consideración del Congreso Nacional los proyectos sobre modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y al Estatuto del Personal de la Administración del Estado, sobre Procedimientos Administrativos y sobre lo Contencioso-Administrativo -a ellos me referí en mi cuenta del año pasado-, que demuestran el interés de mi Gobierno por asegurar la corrección y eficiencia del aparato administrativo del Estado.
Dentro de ese mismo espíritu, el Ejecutivo promovió la dictación de la ley Nº 19.202, de febrero último, que consagró la autonomía y robusteció las atribuciones del Consejo de Defensa del Estado, que no es un organismo dependiente del Presidente de la República, sino que se maneja con plena independencia en el ejercicio de sus delicadas funciones.
Del mismo modo, el Gobierno ha otorgado su patrocinio y formulado indicaciones a las iniciativas parlamentarias presentadas últimamente sobre probidad administrativa. Haríamos un buen servicio al país si nos abocáramos seriamente al estudio de todas estas materias, para perfeccionar los mecanismos que las rigen y asegurar, del mejor modo, la transparencia y eficacia en la Administración del Estado, objetivos en torno de los cuales no creo que haya discrepancias substanciales entre los chilenos.
Es indudable que el aparato administrativo de nuestro Estado requiere una modernización, para ponerlo más a tono con las necesidades y urgencias del mundo contemporáneo y hacerlo más ágil, capaz, responsable y eficiente. No es ésta tarea fácil, ni se cumpliría anunciando “reformas” más o menos espectaculares. Desburocratizar no es sólo disminuir funcionarios, que en muchos casos son menos de los que se requieren. Es necesario, sobre todo, agilizar la función pública, dignificar, estimular el mérito y la iniciativa, agilizar los procedimientos y establecer parámetros estrictos de responsabilidad. Mi Gobierno está trabajando en los estudios pertinentes y espera lograr conclusiones realistas y positivas que puedan legar al futuro Régimen un aporte útil en esta importante y delicada materia.
II. PERFECCIONAMIENTO DEMOCRATICO
Al asumir mi mandato presidencial, abrigaba el propósito -acorde con nuestro compromiso programático- de perfeccionar sustancialmente durante este período nuestra institucionalidad democrática, para hacerla más representativa, más participativa y más eficiente.
Para cumplir este propósito, el Gobierno ha impulsado varias reformas: al régimen de administración comunal y al de los gobiernos regionales; al sistema electoral; a la composición y generación de algunos organismos del Estado; al sistema judicial, y, últimamente, al período presidencial.
Como el país sabe, la suerte de estas iniciativas ha sido diversa: el despacho de las reformas municipal y regional constituye un importante avance en la democratización de nuestro régimen de gobierno interior; las reformas relativas al sistema electoral y a la integración de algunos órganos del poder central no lograron la aprobación del Congreso; las reformas al sistema judicial y respecto al período presidencial están pendientes de su estudio.
Permítanseme algunas consideraciones respecto a estas materias, que, aunque a muchos no parezcan de interés inmediato, son, a mi juicio, de fundamental importancia para el futuro institucional de nuestra patria.
1º. - Descentralización Comunal y Regional
No sin dificultades, a fines de 1991 logró aprobarse la reforma constitucional sobre Régimen Municipal y Regional, promulgada por la ley Nº 19.097, de 12 de noviembre de ese año. Conforme a ella, se hicieron las reformas a la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, mediante la ley Nº 19.130, de 19 de marzo de 1992, y, posteriormente, la aprobación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, promulgada el 11 de noviembre último.
Se ha concretado así, en nuestro régimen institucional, el profundo anhelo descentralizador arraigado desde antiguo en el espíritu de nuestros compatriotas, que desde el siglo pasado ejercieron el derecho a administrar sus propias comunas -suspendido desde septiembre de 1973 y desconocido en la Constitución de 1980- y que durante años aspiramos a participar en la administración de sus regiones.
Conforme a esas reformas, el 28 de junio último la ciudadanía eligió democráticamente a sus concejales y el 26 de septiembre se constituyeron los concejos municipales. Por su parte, el 3 de abril pasado fueron electos los consejeros regionales y el 23 del mismo mes quedaron instalados en todo el país los gobiernos regionales.
Esos pasos constituyen, sin duda, un importante avance en el proceso histórico de democratización del país e importan, a su vez, un gran desafío cívico para los habitantes de nuestras comunas y regiones, y muy en especial para quienes han sido elegidos democráticamente para participar en su administración.
La nueva arquitectura institucional es, por supuesto, perfectible. La experiencia irá enseñando la forma de hacerla cada vez mejor. Por mi parte, hubiera preferido que, como inicialmente lo planteamos, los alcaldes fueran siempre elegidos directamente por el pueblo y que el número de concejales fuera impar.
Para realizar eficazmente sus fines, los nuevos órganos de gobierno y administración territorial necesitan adoptar sus estructuras y disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus tareas. De ahí la importancia y urgencia que el Gobierno asigna al despacho de las leyes sobre plantas de personal y a las reformas pendientes a la ley sobre rentas municipales e impuesto territorial.
La transferencia de servicios públicos desde el ámbito central al regional y municipal significa comprometer a las comunidades directamente interesadas en la satisfacción de sus necesidades públicas. Implica al mismo tiempo, como lo demuestra la experiencia de los servicios de salud y educación, la necesidad de dotar a los órganos regionales y comunales de los recursos indispensables y que ellos, por su parte, asuman con eficiencia la responsabilidad de su gestión.
Creo mi deber decirlo con la mayor franqueza: sería fatal que esta experiencia democrática se tradujera en un desborde de reivindicaciones regionales y locales frente al Estado nacional; su éxito depende fundamentalmente de la madurez, eficiencia y sentido de la realidad con que cumplan sus funciones las autoridades regionales y locales, que, como todos los órganos y magistraturas públicas, no tendrán otras atribuciones que las que expresamente les confieren la Constitución y las leyes.
2º.- Reformas constitucionales al sistema electoral y a la generación de algunos órganos del Poder Central
El proyecto del Gobierno para sustituir el sistema electoral binominal mayoritario que estableció la Constitución de 1980 por otro que consagre cierta proporcionalidad en la representación, aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de octubre del año último, fue rechazado en general por el Senado al comenzar este año.
A su vez, el proyecto que presentamos para eliminar los llamados “enclaves autoritarios” en nuestra institucionalidad, votado en marzo último en la Cámara de Diputados, no obtuvo, en lo sustancial, los votos necesarios para ser aprobado.
No es éste el instante de repetir los argumentos -los expresé hace un año en este mismo lugar y se desarrollaron en los mensajes respectivos- que, en mi concepto, hacían conveniente para Chile la aprobación de esas reformas. Pero creo mi deber deslindar responsabilidades ante la historia.
El país es testigo del espíritu de reconciliación y búsqueda de consenso que ha inspirado mi gestión de gobernante; pero también sabe que soy firme en la defensa de mis convicciones.
La mantención del actual sistema electoral, aparte del riesgo de conducir a un empate que podría hacer al país ingobernable, distorsiona gravemente nuestra realidad pluripartidista, privando a la ciudadanía de opciones entre las cuales elegir y forzando a las dirigencias partidarias a negociar acuerdos cupulares que la opinión pública no entiende y que desprestigian a la democracia.
La institución de los Senadores designados altera a favor de quien los nombra la representatividad del cuerpo legislativo. La inamovilidad de los jefes institucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y la intervención del Consejo de Seguridad en la generación del Tribunal Constitucional confieren a esos jefes un rol político ajeno a sus funciones.
Digámoslo con franqueza: todos estos son rasgos de lo que los teóricos del autoritarismo llaman democracia “protegida” o “tutelada”. Le tienen miedo a la democracia y se valen de estos mecanismos para frenar el cumplimiento de la voluntad del pueblo.
Dicen defender a las Fuerzas Armadas de supuestas amenazas de politización; pero en el hecho pretenden usarlas como su escudo o brazo armado. Olvidan o ignoran las lecciones de la historia.
Precisamente porque soy respetuoso de las Fuerzas Armadas y de Orden como instituciones nacionales, pertenecientes a la Patria toda, que no deben ser politizadas, soy contrario a que se atribuya a sus jefes ninguna clase de función política. Desde el momento en que esto se hace y se pone a esos jefes en la necesidad de “tomar partido” en decisiones políticas, se abre la puerta a la deliberación y politización de las instituciones.
-(Aplausos).
Porque temo ese riesgo y quiero evitarlo; porque creo en la capacidad del pueblo para gobernarse, sin “tutores”, dentro del marco de las reglas básicas institucionales, lamento que no se hayan aprobado esas reformas durante mi Gobierno. Espero que el tiempo desvanezca los “recelos” de quienes se oponen a ellas y confío en que mis conciudadanos tengan presente este asunto de tanta importancia al elegir a sus próximos representantes.
3º.- Reformas al sistema judicial
Desde el comienzo de mi mandato, puse de manifiesto que una de mis mayores aspiraciones de gobernante es lograr un real mejoramiento de nuestra administración de justicia.
En esta materia, hemos debido armonizar las metas que nos propusimos con la voluntad de concitar los acuerdos requeridos, no sólo para dar viabilidad a los cambios que es necesario introducir, sino también para preservar el clima de consensos que el país requiere en una materia tan delicada como el Poder Judicial, que por su propia naturaleza necesita un gran respaldo de confianza ciudadana, del que es notorio que hoy día carece.
Aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional que presentamos, en los términos que allí se convino, su estudio se radicó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. En conocimiento del espíritu expresado por sus miembros de realizar un estudio integral de las reformas que la experiencia aconseja introducir a nuestro sistema judicial para adecuarlo a las necesidades actuales del país, radiqué en el Senado todos los proyectos de ley pendientes sobre materias vinculadas a la reforma judicial, a saber: Tribunales Vecinales, Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, Ministerio Público, jurisdicción y procedimientos arbitrales, Escuela Judicial, carrera judicial y calificación de los magistrados organización y atribuciones de la Corte Suprema. Desde hace varios meses la Comisión referida, con mucha acuciosidad, está dedicando una sesión a la semana a estudiar estos proyectos, varios de los cuales ya cuentan con su informe favorable. Considero mi deber expresar aquí mi reconocimiento por la seriedad y eficiencia con que está trabajando en esta delicada materia.
En este estudio, en que se ha oído a personeros de la Corte Suprema, de la Asociación Nacional de Magistrados, a catedráticos especialistas y a prestigiosos abogados, ha quedado en evidencia que no se trata -como algunos temieron- de politizar al Poder Judicial, sino, por el contrario, de buscar -en lo posible de común acuerdo- la mejor manera de habilitarlo para que cumpla eficazmente su trascendental misión.
Es uno de mis mayores anhelos que estos proyectos se conviertan en leyes durante mi Gobierno, convencido de que con ello prestaremos un importante servicio a la justicia en nuestra patria.
Consecuente con este espíritu, durante el último año ha seguido cumpliéndose el plan quinquenal de mejoramiento de recursos para el Poder Judicial, lo que ha permitido, aparte de la creación de nuevos tribunales, mejorar las remuneraciones de sus miembros -entre un 9% y un 18% de su renta bruta, según los casos- y efectuar importantes inversiones en infraestructura y en sistemas informáticos. Este año seguiremos adelante en este programa de mejoramiento.
4º.- Reducción del período presidencial
El 24 de marzo último presenté a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional para reducir la duración del mandato presidencial a cuatro años, sin reelección inmediata.
Aunque en el mensaje respectivo se exponen las razones que fundamentan esta iniciativa, considero procedente formular en esta oportunidad algunas consideraciones adicionales.
Hay consenso entre los chilenos en que el período de ocho años que contempla la Constitución es demasiado largo para un régimen presidencial como el nuestro. Si ese consenso coincide en la necesidad de una reforma, lo mejor es hacerla ahora, al término de un mandato que no será afectado por ella, en vez de esperar la iniciación de uno nuevo cuya duración sería eventualmente reducida durante su transcurso.
En cuanto a las alternativas posibles, de fijar el plazo en cuatro, cinco o seis años, la circunstancia de que cada cuatrienio haya elecciones generales para renovar la Cámara de Diputados y una parte del Senado, aconseja la fórmula que hemos propuesto, que permite que las elecciones presidenciales sigan coincidiendo con las parlamentarias. Aparte de evitar la proliferación de comicios que crean inestabilidad política, la simultaneidad en la generación del Ejecutivo y el Legislativo facilita la constitución de mayorías para gobernar.
Finalmente, la experiencia del actual Gobierno prueba que, contrariamente a lo que temíamos al comienzo, el plazo de cuatro años permite una efectiva acción realizadora hasta el final del período, sin generar excesivo desgaste.
Confío en que esta iniciativa sea estudiada con buena disposición por los distintos sectores políticos y conduzca a los acuerdos necesarios para que se adopte una decisión positiva.
III. DESARROLLO ECONOMICO Y MODERNIZA CION – CRECIMIENTO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE
1 . - Crecimiento, Inflación y Balanza de Pagos
En 1992 se comenzaron a ver los frutos de la política económica emprendida desde sus inicios por este Gobierno, que hemos denominado de “crecimiento con equidad”. Después de un severo ajuste en 1990 y de la aprobación de importantes reformas legales por el Parlamento en el área tributaria y de legislación laboral, el país ha entrado en una senda de crecimiento alto y sostenido, que se está traduciendo en una mejoría permanente en las condiciones de vida de la población, sobre todo de los más pobres, y en el surgimiento de nuevas oportunidades de progreso.
El año último el Producto Geográfico Bruto creció 10,4%, y las exportaciones, 12,3% real.
Este crecimiento se logró sin afectar a la estabilidad del sistema económico, sino acompañado de importantes progresos en la lucha contra la inflación. La meta inicial de 15% fue rebajada a mediados de año a 13% y, en definitiva, la inflación fue de 12,7%.
En el plano externo, el país volvió a presentar un elevado superávit en Balanza de Pagos, que alcanzó a 2.500 millones de dólares, a pesar de la revaluación del peso que tuvo lugar en enero del año pasado. Este superávit mantuvo la presión por revaluaciones adicionales del peso, que fue resistido con éxito por el Banco Central con apoyo del Gobierno.
2.- Inversión y productividad. El ahorro nacional
Estos resultados han sido posibles gracias, entre otros factores, al crecimiento de la inversión y de la productividad.
Entre 1985 y 1989, el crecimiento de la producción se realizó con baja inversión y abundancia de mano de obra barata, en razón de la capacidad instalada ociosa y de la alta desocupación. Esos factores se habían agotado al asumir nuestro Gobierno, de modo que durante el trienio transcurrido desde 1990 hasta ahora ha sido necesario elevar considerablemente el ahorro y la inversión y, al mismo tiempo, empeñarse en un serio esfuerzo para mejorar la productividad del trabajo.
El año último, con aportes del sector privado -nacional y extranjero- y también del Estado, la inversión en capital fijo creció un 20,2% real, llegando a constituir el 19,8% del PGB, el más alto de nuestro país en muchos años. De este total, el 5% corresponde a inversión pública y 14,8% a inversión privada.
En los últimos años, han surgido más empresas que declaran iniciación de actividades que en cualquier otro período, signo revelador del interés y expectativas positivas del sector privado.
El Gobierno, por su parte, ha contribuido con importantes aportes, tanto al financiamiento del desarrollo como a la lucha contra la inflación. En 1992 se obtuvo un superávit fiscal global equivalente al 2,5% del PGB y la contribución del Gobierno al ahorro nacional alcanzó al 5,9% del PGB, a pesar de los menores ingresos del cobre.
También las empresas y sus trabajadores han hecho su aporte, expresado en un significativo incremento de la productividad, equivalente a 6% en 1992.
Pienso que en las circunstancias que enfrenta nuestro desarrollo económico, estos dos factores -inversión y productividad- adquieren cada día mayor importancia. Sólo en la medida en que seamos capaces de incrementar substancialmente el ahorro y la inversión nacionales, tanto en el sector privado como en el público, y de mejorar de manera importante nuestra productividad, seremos capaces de superar los desafíos ineludibles para alcanzar el desarrollo.
El Gobierno lo ha entendido así, las cifras de ahorro recién mencionadas demuestran el gran esfuerzo fiscal llevado a cabo el año último. Cabe destacar que durante 1992 el gasto privado aumentó 15,1%, cifra que supera con creces el aumento del gasto real del Gobierno del 9,5%. Es por ello que llamo al sector privado a que intensifique sus esfuerzos para fortalecer su contribución al ahorro nacional.
En el pasado, los bajos niveles de ahorro han sido un serio obstáculo para asegurar un desarrollo dinámico y persistente y han originado abruptas fluctuaciones debidas a la acumulación de niveles demasiado altos de endeudamiento externo, cuyo ritmo de aumento era insostenible.
En la década de los 80 la tasa de ahorro nacional fue sólo de un 9,5% de la producción del país. En cambio, durante mi Gobierno hemos alcanzado un promedio de 18,7%, el más alto en cualquier trienio desde 1960. Necesitamos redoblar este esfuerzo para hacer posible un crecimiento más rápido.
El sector público ha mostrado una propensión a ahorrar más alta que la del sector privado, lo cual le permite financiar sus programas de inversión y acomodar, macroeconómicamente, el exceso de gasto privado que se ha venido registrando.
Los países que han logrado un crecimiento más rápido tienen en común el logro de altas tasas de ahorro público y privado, empresarial y familiar, con el cual financiaron los masivos programas de inversión en que fundaron sus éxitos económicos.
Hago un llamado a la conciencia de todos los chilenos para que pongamos freno a ciertas prácticas que promueven el consumismo descontrolado. No podemos permitir que nuestra nación se acostumbre al derroche, que ofende a los más pobres y dilapida recursos que podrían destinarse al ahorro que tanto necesitamos.
No es sano ni es sostenible que las familias se endeuden exageradamente para financiar niveles de consumo, muchas veces suntuario, que no pueden cubrir con sus ingresos corrientes.
No es justo que se pida ahorro al Gobierno fundamentalmente en el gasto social, mientras el sector privado no hace otro tanto. Nuestros esfuerzos deben concentrarse en el diseño de mecanismos administrativos y tributarios que faciliten, promuevan y premien los esfuerzos de ahorro voluntario de las personas y familias, que es donde hemos logrado menos avances.
3.- Apoyo del Estado al proceso de modernización económica
Dentro de este contexto, mi Gobierno se ha esforzado en impulsar el proceso de modernización de nuestra economía, a través de acciones y programas en cuyas directrices y contenidos fundamentales hay en el país un alto grado de consenso: apertura al mundo, aplicación de mecanismos de mercado para orientar las decisiones económicas, rol protagónico de las iniciativas empresariales en el ámbito productivo y necesidad de contar con un sector laboral capacitado e integrado a las tareas del desarrollo. Mediante un permanente diálogo con trabajadores y empresarios, el Gobierno ha tenido en cuenta las visiones de los diversos actores sociales al ponderar las alternativas de política económica.
En este marco, las políticas de desarrollo en que nos hemos empeñado han tenido por objeto crear las condiciones para modernización de la estructura productiva del país y darle apoyo; mejorar decididamente la calidad de la educación y las oportunidades de capacitación profesional; profundizar la inserción de la economía chilena en los mercados internacionales, y estimular la iniciativa privada y la acción de los mercados, respaldándolas con la actividad reguladora del Estado.
Una economía abierta y con transparencia en el funcionamiento de sus mercados es el marco adecuado para el despliegue de la creatividad de las empresas privadas, principal motor del crecimiento económico. Sin embargo, le corresponde al Estado asumir un rol activo en el fomento de la modernización productiva.
Esta labor de fomento incluye, principalmente, facilitar el acceso a la asistencia técnica y a los mercados financieros por parte de la pequeña y mediana empresa, promoción del desarrollo tecnológico, capacitación empresarial y de la mano de obra, apoyo a la penetración de los mercados internacionales y asegurar la transparencia de los mercados y sistemas financieros.
Estamos ejecutando programas en cada uno de estos aspectos:
a) Pequeña y Mediana Empresa
La modernización de las pequeñas y medianas empresas es un elemento central del desarrollo productivo con equidad social. De allí el énfasis puesto en desarrollar un amplio programa de trabajo en este campo.
Se ha trabajado en reducir los obstáculos que tienen estas empresas para acceder a los recursos que dispone el sistema financiero.
La asistencia técnica ha sido otra línea prioritaria de acción para lograr la modernización de las pequeñas y medianas empresas.
Se ha ampliado y mejorado el acceso de los usuarios a los servicios orientados a modernizar la pequeña y mediana empresa.
b) Ciencia y Tecnología
El programa de Ciencia y Tecnología está posibilitando la generación de nuevos conocimientos tecnológicos en el ámbito productivo y, a la vez, está logrando un cambio en la forma en que las universidades y los centros de investigación se vinculan con los empresarios.
En el marco de este Programa, operan el Fondo de Desarrollo Tecnológico (FONTEC) y el Fondo de Fomento Científico y Tecnológico (FONDEF), que ya han aprobado 146 proyectos para ser ejecutados por empresas y centros de investigación que comprometen aportes por 43 millones de dólares.
El Programa Nacional de Calidad es otro instrumento de modernización de nuestras actividades económicas.
c) Inserción internacional
Hemos optado por hacer de nuestra apertura económica al mundo una herramienta de progreso y desarrollo para nuestro país.
La rebaja arancelaria de junio de 1991 y las medidas de apertura de la cuenta de capitales han profundizado nuestra inserción en la economía internacional. Los acuerdos bilaterales firmados con México, Argentina, Bolivia y Venezuela, los que esperamos firmar con Brasil y Colombia y el que Chile empezará a negociar con los Estados Unidos, reforzarán los importantes avances logrados en estos mercados de especial interés. La actividad promotora de vínculos económicos internacionales ha puesto énfasis, también, en las oportunidades que nos ofrecen los grandes mercados de Europa Occidental y del Asia, en especial de Japón.
d) Transparencia de mercados y sistemas financieros
El funcionamiento eficiente de una economía de mercado requiere del permanente perfeccionamiento de la competencia entre los agentes económicos. Para garantizarla se han reforzado los mecanismos de regulación antimonopólica y se están perfeccionando aquellos que protegen a la producción interna de las prácticas desleales en el comercio exterior.
En el importante campo de las tarifas de servicios públicos, hemos buscado garantizar un adecuado equilibrio entre las necesidades de inversión de las empresas y el interés de los usuarios.
La defensa de los derechos del consumidor se ha convertido en un área sobre la cual el país ha ido tomando conciencia creciente. Hemos impulsado la protección del consumidor como necesidad de una economía que desarrolla sus mercados en forma cada vez más competitiva, y no como una fuente de acciones contrarias al desempeño de comerciantes y productores.
A fines de 1992 se completaron los estudios para las reformas legales destinadas a modernizar el mercado de capitales. Ellas se tradujeron en un proyecto de ley enviado al Congreso en enero y que actualmente se encuentra en discusión en el Parlamento. Este proyecto, una vez aprobado, debería permitir mejorar la seguridad de las inversiones de los Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros, junto con abrirles nuevas oportunidades de inversión. De esta manera se espera contribuir a mejorar la utilización del ahorro nacional y su intermediación a través del mercado de capitales.
El Gobierno considera también necesaria una mayor apertura y flexibilización de las disposiciones legales que rigen a las instituciones bancarias, orientada a la ampliación de su ámbito de actividades.
Por otra parte, para consolidar equitativamente el proceso de modernización de los bancos, es preciso no sólo superar las distorsiones que existan respecto del resto de los concurrentes al mercado de capitales, sino también aquellas propias del funcionamiento del sistema bancario, entre las que resalta el problema aún pendiente de la deuda subordinada.
Para abordar, en el contexto de soluciones de mercado, el conjunto de estos problemas, el Gobierno enviará la iniciativa legal pertinente una vez que se haya producido un avance suficiente en el trámite del proyecto de ley que actualmente conoce el Parlamento sobre profundización del mercado de capitales.
4.- El Desafío de la infraestructura: Obras Públicas
El país toma conciencia, cada vez más, del grave déficit de que padece en materia de infraestructura. Nuestros caminos, ferrocarriles, puertos, aeródromos, obras sanitarias y de regadío, están muy lejos de satisfacer las necesidades de la población y su insuficiencia o mal estado se halla en vías de transformarse en un cuello de botella insuperable para nuestro desarrollo.
Consciente de la gravedad de este problema, mi Gobierno ha dado especial importancia a los programas de construcción de obras.
Respecto de 1990, las inversiones en infraestructura crecieron 22% en 1991 y 50% en 1992, año en que fueron 130% superiores a lo que se hizo como promedio anual en la década de los 80. Para este año, contemplamos un aumento adicional de 25%, lo que significará que el Programa Nacional de Infraestructura de 4 años que anuncié en septiembre de 1991 estará avanzado en un 82% al terminar el presente año. Es decir, se concluirá en poco más de tres años.
El país es testigo de los trabajos que se realizan a lo largo de su territorio.
No me voy a detener a leer, en obsequio del tiempo, todo lo que se está haciendo en vialidad, en materia de riego, en obras portuarias, en aeropuertos, en obras sanitarias y en edificios públicos.
Pese a los significativos esfuerzos de inversión que todos estos trabajos representan, aún queda mucho por hacer. El déficit de infraestructura acumulado, así como el crecimiento de la actividad económica esperado para los próximos años -a lo que se agregan los imprevistos derivados de catástrofes como la de Antofagasta el año último y la que acaba de afectar a las Regiones Quinta, Sexta, Metropolitana y Novena-, constituyen desafíos que exigen diseñar estrategias de financiamiento, planificación de actividades y readecuaciones institucionales para impedir el estrangulamiento de nuestro desarrollo. El Plan de Infraestructura en marcha ha sentado las bases para la respuesta a esos desafíos, que deberá complementarse mediante nuevas propuestas que permitan resolver los principales problemas en el mediano plazo.
5.- Transportes y Telecomunicaciones
Mi Gobierno ha continuado aplicando una política de transportes cuyo objetivo es superar los graves problemas y distorsiones que vienen afectando al sector desde la década pasada, que además del exceso de vehículos, la congestión y la contaminación, incluyen el endeudamiento, el bajo nivel de organización empresarial y el deterioro de los ferrocarriles, entre otros.
En el transporte urbano de carga, se terminó con la política tradicional de otorgar créditos blandos, avalados por el Estado, lo que, sumado a la solución ya acordada con los transportistas en relación con su endeudamiento con la CORFO, ha significado para el país un importante ahorro durante los últimos tres años. Por otra parte, también ha contribuido al proceso de modernización del sector la eliminación del armado de vehículos con partes y piezas usadas.
En lo referente al transporte ferroviario, la promulgación en octubre último de la ley que modificó el Estatuto Orgánico de la Empresa de Ferrocarriles, permitió dar inicio al proceso de rehabilitación y modernización. Los aportes del fisco a la empresa fueron traspasados en su totalidad antes del fin del año pasado, destinándose principalmente al saneamiento de la deuda de corto plazo y al financiamiento del Plan de Emergencia, que contempla los mejoramientos más urgentes de infraestructura y equipos, con un presupuesto de 2.280 millones de pesos.
Durante este año, debe comenzar la transformación de la empresa en una organización descentralizada y de administración corporativa, mediante la licitación de paquetes accionarios de las filiales que se crean en virtud de las nuevas disposiciones legales, de modo de lograr la participación privada en el sector, particularmente en el área de carga. Igualmente, está en marcha el Plan de Rehabilitación para mejorar la infraestructura y remozar los equipos de pasajeros, y se está en el proceso de acordar con el Estado un primer Plan Trienal de Desarrollo.
En contraste con el dinámico crecimiento del transporte marítimo internacional, el cabotaje muestra estancamiento desde hace largos años, fundamentalmente en razón de problemas de trato no equitativo frente a los otros medios de transporte. Para paliar esta situación, se han hecho esfuerzos por desburocratizar el cabotaje mediante la eliminación de trámites innecesarios y otras rigideces, lo que ha permitido agilizar la recepción y el despacho de naves.
En el transporte aéreo, las nuevas tendencias surgidas en la década de los 80 y acentuadas en los últimos años hacen aconsejable introducir ajustes al marco legal vigente para preservar un régimen competitivo y promover la igualdad de oportunidades para las aerolíneas chilenas. Ello llevó a la elaboración de un nuevo proyecto de ley de aviación comercial, ya enviado al Congreso Nacional, que incorpora un robustecimiento de la Junta de Aeronáutica Civil.
Por su parte, ese organismo llevó a cabo en 1992 un activo programa de negociaciones para impulsar el desarrollo de los servicios, especialmente en América Latina y países del Asia Pacífico y brindar nuevas oportunidades comerciales a las líneas aéreas chilenas, corrigiendo desbalances existentes.
Todo ello ha permitido un fuerte crecimiento del tráfico aéreo. En 1992 el tráfico internacional de nuestras empresas, tanto de pasajeros como de carga, aumentó en más de 20%, y el tráfico doméstico de pasajeros, en casi 30%.
Por otra parte, en estos días la autoridad aeronáutica nacional ha estado abocada al difícil problema planteado a nuestras líneas aéreas por la agresiva política de penetración de mercados de algunas de las grandes empresas internacionales. La preservación de condiciones de competencia leal entre empresas de muy distinta dimensión y capacidad económica requiere de formas de regulación pactada compatibles con la política general de cielos abiertos a que el país se ha comprometido y con el adecuado desarrollo de nuestros servicios aéreos internos de pasajeros y carga.
En materia de telecomunicaciones, está pendiente del estudio del Congreso el proyecto de nueva ley sobre la materia. Confío en que las gestiones que se han estado efectuando en la Comisión pertinente de la Cámara de Diputados permitan acelerar, por la vía del desglose en proyecto aparte, el despacho de las materias más esenciales que contempla la iniciativa, como son el multicarrier discado, la inteconexión obligatoria entre redes de concesiones de servicios públicos y de servicios intermedios, la creación de un Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la creación de la Superintendencia del ramo y el tema de la regulación de las relaciones entre servicio doméstico y de larga distancia.
Especial preocupación ha merecido al Gobierno la necesidad de mejorar las redes de comunicaciones en los sectores apartados, especialmente en la Undécima Región, donde un subsidio estatal para la Red Digital de Telecomunicaciones Rurales ha permitido la integración de pueblos y localidades lejanas en la extensa cuenca del lago General Carrera.
En cuanto a las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, se realizó un diagnóstico integral del sistema tarifario vigente, que servirá como base para establecer las tarifas del próximo quinquenio, de modo que éstas sean más justas y reflejen efectivos beneficios para todos los usuarios.
La Empresa de Correos de Chile, por otra parte, se encuentra desarrollando un intenso programa de modernización.
6.- Energía
El sector energético nacional enfrenta el desafío de responder eficientemente a las grandes demandas que imponen los niveles de crecimiento de nuestra economía.
Ello requiere cuantiosas inversiones en las que el sector privado juega un papel fundamental. El reciente inicio de importantes proyectos de generación eléctrica, tales como las centrales hidroeléctricas Curillinque, Aconcagua y Pangue, y las térmicas Guacolda, Tocopilla y Mejillones, aseguran el normal abastecimiento eléctrico de los próximos años.
La materialización de estos proyectos plantea la necesidad de conciliar las impostergables necesidades del crecimiento económico con la también necesaria preservación del medio ambiente.
En este marco, por primera vez en el país, durante mi Gobierno se ha puesto en marcha un programa nacional de uso eficiente de la energía.
Con la mira de diversificar la base energética nacional, se han realizado importantes avances en la integración energética con los países vecinos. En este marco se inició el proyecto de construcción de un oleoducto entre Argentina y Chile, que asegurará el 60% del abastecimiento del petróleo requerido por el país. En este mismo ámbito, se han dado pasos importantes en la materialización del proyecto de construcción de un gasoducto entre Neuquén (Argentina) y la zona central de Chile, habiéndose suscrito recientemente los contratos de suministro de gas entre los productores argentinos y empresas chilenas.
Durante 1992 debió enfrentarse una materia tan difícil y compleja como la fijación de tarifas eléctricas, lográndose conciliar el traspaso a los consumidores de los menores costos obtenidos por aumentos de eficiencia de las empresas y la adecuada rentabilidad de estas últimas.
Consideración especial merece la situación por que atraviesa la industria carbonífera de la Octava Región. El país está informado de su crisis, que se arrastra desde hace más de veinte años y que se vio profundizada por la variación del mercado internacional de carbón a raíz del descubrimiento de importantes reservas en diversos países, que producen a costos considerablemente menores.
Esta situación, cada vez más evidente, ha motivado la decisión del Gobierno de encarar el problema en sus orígenes, es decir, asumiendo que se trata no sólo de un problema de productividad, de falta de mercado, de deficiencias tecnológicas, sino de alto costo productivo, agotamiento y gran dificultad en la explotación de las minas.
El criterio del Gobierno ha sido que la crisis de la industria carbonífera de la Octava Región debe tratarse fundamentalmente como un problema social que involucra en forma directa a más de 14.000 trabajadores y sus familias.
Para enfrentarlo, se sometió a consideración del Parlamento un proyecto destinado a paliar los efectos sociales de la crisis -aprobado unánimemente y convertido en ley- que, entre otras disposiciones, reconoció el derecho a jubilar a 2.300 mineros con 18 años de trabajos pesados en el carbón.
Simultáneamente, se abordó una tarea inédita en el país, cual es iniciar un profundo proceso de reconversión productiva y laboral en la zona, proceso puesto en marcha como la única alternativa de solución real a esa crisis. La reconversión es una tarea nacional en la que el sector privado juega un papel importante. Por su parte, el Estado ha hecho un significativo esfuerzo en materia de inversión en infraestructura en la zona del carbón, el que alcanzó a $ 8.024 millones durante 1992, casi cuadruplicando de este modo la correspondiente a 1990.
7.- Minería
La evolución del sector minero el año último fue sin duda exitosa, tanto por los aumentos de producción y exportaciones, cuanto porque el incremento de los niveles de inversión y la mayor intensidad de las exploraciones aseguran un claro horizonte de desarrollo a nuestra minería.
En efecto, durante 1992, la producción física creció en un 7% respecto del año anterior. El cobre superó ampliamente el récord de 1991 con una producción de un millón novecientos setenta y seis mil toneladas, y se registraron aumentos de producción en oro, plata, molibdeno y manganeso, así como en diversos minerales no metálicos.
Pese a la menor demanda y precios más bajos en la mayoría de los productos básicos, las exportaciones mineras superaron los 4.700 millones de dólares, lo que significó un incremento de 8,5% respecto de 1991.
El crecimiento futuro del sector está garantizado por su dinamismo en materia de inversión, que el año último llegó a 1.111 millones de dólares, de los cuales prácticamente la mitad proviene de CODELCO, ENAP y ENAMI. En cuanto a la inversión extranjera, se materializaron, entre otros proyectos, la ampliación de la mina Los Bronces, de Disputada de Las Condes, por un costo superior a los 400 millones de dólares, y el comienzo de la construcción de los proyectos cupríferos de Cerro Colorado y Quebrada Blanca, ambos en la Primera Región, con un costo de 640 millones de dólares. Adicionalmente, se aprobaron proyectos como Candelaria, Collahuasi y la ampliación de Escondida, los cuales significarán una inversión probable de 1.700 millones de dólares.
A su vez, tanto las empresas privadas como las públicas están destinando elevados presupuestos a la exploración minera, que es un buen indicador del desarrollo futuro del sector. Las concesiones de exploración amparadas por patentes aumentaron en un 38% respecto de 1991, y el gasto anual en sondajes de exploración supera los 40 millones de dólares.
Otro importante avance en 1992 lo constituye la creciente apertura del mercado financiero nacional hacia el sector minero.
Este exitoso desempeño ha ido acompañado de políticas orientadas a elevar la eficiencia en la gestión empresarial pública.
En el caso de CODELCO, se ha avanzado en la identificación de un concepto de desarrollo integral de mediano y largo plazo, que supera la visión cortoplacista del pasado. En primer lugar, ese concepto asigna la máxima importancia a la renovación del recurso minero, materia en la que se destacan los exitosos resultados de la exploración geológica en la División El Salvador, que permitió ampliar su vida útil en más de quince años, y la reinterpretación geomecánica del yacimiento El Teniente, que ha hecho posible abrir nuevas alternativas de explotación en esa División, amenazada por los problemas de explosión de roca. Por otra parte, CODELCO ha seguido avanzando en los pasos previos necesarios para dar inicio al proyecto de la Mina Radomiro Tomic, que constituye el primer yacimiento a ser desarrollado por esa Corporación después de la nacionalización de la Gran Minería. Dada su magnitud, se están estudiando diversas opciones de financiamiento y calendario de inversiones que consideren tanto la disponibilidad de recursos públicos como la prioridad relativa y secuencia de los diversos proyectos actualmente en cartera.
Se han logrado, también, notorios avances en cuanto a productividad, la que aumentó en 6,1 por ciento, quebrándose así su tendencia decreciente. Finalmente, la aprobación a comienzos de año de la ley Nº 19.137 ha permitido el traspaso de pertenencias mineras a ENAMI, siendo el caso más importante el del yacimiento Altamira, como también el inicio de tratos para establecer asociaciones con terceros a fin de explotar o explorar pertenencias de CODELCO, destacando entre ellas el proyecto El Abra.
Para 1993 se contempla, entre otros objetivos, continuar desarrollando proyectos de alta rentabilidad; profundizar la exploración geológica; consolidar relaciones laborales de cooperación, con especial énfasis en el logro de un mayor compromiso por parte del estamento de supervisores; obtener un balance equilibrado entre la producción de cobre refinado y la de concentrados; concluir las negociaciones para asociarse con terceros en el proyecto El Abra; continuar la optimización de procesos productivos claves, y consolidar un modelo de organización y gestión de mayor descentralización y autonomía para las divisiones operativas.
ENAMI, por su parte, obtuvo resultados económico-financieros que representan una evolución positiva respecto de la meta de modernización. Entre sus principales logros destaca la consolidación de un nuevo modelo de gestión que le permitirá, por primera vez, llevar a efecto su labor de fomento con un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, modelo que ya incorporó, durante 1992, un nuevo enfoque y una estructura regionalizada para el fomento y desarrollo de la minería extractiva de pequeña escala.
Además de consolidar durante este año los cambios en cuanto a gestión, independizando contable y administrativamente la gestión de fomento minero de la industrial, para lo cual se cuenta por primera vez con un presupuesto separado para cada área, ENAMI fortalecerá su regionalización mediante sistemas de información apropiados para las gerencias regionales; modernizará plantas; ejecutará su nueva política en materia de créditos de largo plazo, orientada a intensificar su rol de nexo entre el sector minero y el sistema financiero, y avanzará en la búsqueda de nuevos negocios mineros.
En cuanto a ENAP, la empresa desarrolló durante 1992 un conjunto de acciones para enfrentar la declinación natural de los yacimientos de Magallanes: creó la filial SIPETROL para optimizar la gestión de la compra del crudo; participó en nueve contratos de exploración y cuatro de explotación en el extranjero, todos en asociación con terceros; continuó con su plan de inversiones para la década, que incluye las innovaciones tecnológicas para mejorar el impacto ambiental de los combustibles, como es el caso de la bencina sin plomo y la disminución del azufre en el diesel y, adicionalmente al inicio de la construcción del oleoducto entre Neuquén y Concepción, sus dos refinerías están negociando proyectos petroquímicos en asociación con terceros.
Los avances en el sector público minero también han incluido una política denominada Chile Exporta Minería, que promueve la incorporación de mayor valor a nuestros productos mediante el desarrollo de una industria de alta competitividad en la producción de equipos, materiales, servicios e ingeniería para la minería; y el Premio Raúl Sáez, para el fomento de la utilización y desarrollo de la ingeniería nacional.
Dentro del mismo espíritu, está en ejecución una política de promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico donde, entre otras actividades, cabe destacar el inicio de procesos de transferencia de tecnología minera chilena a Argentina, Perú, Bolivia y México, y esfuerzos pioneros de transferencia tecnológica con India y China.
En cuanto a la dimensión social de las actividades del sector público minero, merece destacarse la creación del Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal (PAMMA), que, con un aporte inicial de un millón de dólares, benefició a mil doscientos pirquineros entre la Segunda y la Quinta Región.
8. - Agricultura
Aunque con menor fuerza que el resto de la economía, la agricultura también creció el año último, un 3,1%. Este crecimiento deriva principalmente de la actividad vitivinícola; de frutales y hortalizas; de la ganadería de carne (cerdo y aves) y leche; de algunos cultivos anuales tales como remolacha, avena y tabaco, así como de la actividad forestal.
Las exportaciones originadas en el sector alcanzaron a US$ 2.807 millones, cifra que representa un aumento de 12% en relación a 1991. Los incrementos de exportaciones más significativos se registraron en vinos y alcoholes (27,8%), agroindustria hortofrutícola (25,3%) y celulosa y papel (54,2%). El resultado de la balanza comercial de productos del sector arrojó un saldo positivo de US$ 2.168 millones, 8% superior al año anterior.
El empleo sectorial representó un 18,6% de la fuerza de trabajo nacional, y la tasa de desocupación se situó en 2,9%.
No obstante estas cifras, el Gobierno reconoce que el sector agrícola enfrenta problemas delicados que exigen especial preocupación, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia de esta actividad, que provee al país de su principal base alimenticia y de la cual vive un alto porcentaje de la población nacional.
En una economía abierta como la nuestra, las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales, los subsidios a exportaciones o restricciones a importaciones que se apliquen en otras naciones, la evolución del tipo de cambio, son factores que tienen alta incidencia en la rentabilidad agrícola y que, por lo mismo, suelen crear climas de incertidumbre e inquietud. Este es un rubro en el cual la libertad de comercio sufre limitaciones importantes en casi todas las naciones, sea porque restringen las importaciones para defender su producción interna, sea porque subsidian a sus productores para favorecer sus exportaciones. Por otra parte, el aumento de la productividad agrícola y el mejoramiento de las técnicas de guarda de productos de un año para otro significan, para quienes los logran, ventajas comparativas frente a sus competidores.
De aquí la importancia que, para asegurar bases equitativas al comercio agrícola internacional, tienen las negociaciones de la Ronda de Uruguay, del GATT, en las que Chile participa con especial interés, asociado a los países del llamado Grupo Cairns.
Sin perjuicio de esas negociaciones -cuyo resultado es hasta ahora incierto, para afrontar los problemas históricos de la actividad agropecuaria se requiere la colaboración activa y, en lo posible concertada, de los propios interesados y del Estado.
Es mucho lo que los agricultores pueden hacer en esta materia, especialmente en aspectos tales como mejorar su productividad, asegurar la calidad de sus productos y perfeccionar los cauces de su comercialización.
El Estado, por su parte, dentro del marco de la economía de mercado imperante en el país, puede y debe, en mi concepto, adoptar las decisiones y ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico le permite para estimular, mejorar y, en caso necesario, proteger frente a competencia desleal, la actividad agropecuaria.
Dentro de este marco se insertan las políticas que mi Gobierno lleva a cabo, a través de los servicios del sector público agrícola, para asegurar la protección zoo y fitosanitaria; buscar acuerdos internacionales para abrir nuevos mercados a nuestros productos; regular la comercialización de algunos -por ejemplo, bandas de precio del trigo, el aceite y el azúcar; poder comprador de COTRISA-; proporcionar información a los productores; impulsar programas de riego mediante obras medianas y menores (INDAP-FOSIS), y de forestación en pequeñas propiedades (CONAF-FOSIS); realizar investigaciones y programas de transferencia tecnológica, y otorgar créditos y asistencia técnica -a través del INDAP y del INIA- a pequeños y medianos agricultores.
En el curso del año último se promulgaron dos leyes cuya aplicación debiera significar importantes ventajas para el sector: la Nº 19.162, sobre tipificación de carnes, y la Nº 19.220, sobre Bolsas de Productos Agropecuarios.
También ha tenido importancia para asegurar la corrección en el mercado, el reglamento que se dictó a comienzos de año sobre rotulación para vinos de uvas de exportación.
Recientemente el establecimiento de poder comprador para el arroz y el maíz bastó para regularizar de inmediato los precios de esos productos, que estaban distorsionados por el carácter oligopsónico de la demanda nacional.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra agricultura es el que deriva de la baja rentabilidad de algunos cultivos tradicionales, especialmente en sectores de precordillera o del secano costero. Ello provoca el empobrecimiento de muchos agricultores, generalmente medianos o pequeños, algunos de los cuales optan por vender sus tierras para forestación. Este fenómeno está generando un problema económico y social de cierta magnitud, especialmente en las Regiones Séptima y Octava.
Este es un tema que debemos encarar con sentido nacional, mediante esfuerzos de modernización del sector y, en algunos casos, de reconversión productiva. A ello apunta la política agraria que estamos realizando, que tiende fundamentalmente a proporcionar a los propios productores las herramientas y oportunidades para asumir el proceso, mediante acciones gubernativas tendientes a abrir y ampliar los mercados externos, expandir las posibilidades de riego y fortalecer y ampliar los programas de investigación agropecuaria y transferencia tecnológica, especialmente orientados hacia la pequeña y mediana agricultura. Tengo la convicción de que por este camino -y no por la salida fácil de protección generalizada, que ampara ineficiencias, genera altos costos y encarece la alimentación del pueblo- solucionaremos los problemas que afectan a los sectores deprimidos de la agricultura nacional. Es un esfuerzo que requiere tiempo, y en el cual corresponde una actuación decisiva y principal a los propios agricultores y a sus organizaciones.
9.- Pesca
En el período de que damos cuenta, la producción del sector pesquero nacional creció en 5% respecto al año anterior, y las exportaciones superaron los 1.200 millones de dólares, 16% más que las de 1991.
Este fue el primer año de vigencia de la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, para cuyo cumplimiento se han dictado los reglamentos y disposiciones necesarios.
En cumplimiento de esa ley se implementó el Registro Nacional de Pescadores Artesanales, habiéndose inscrito alrededor de 30.000, con 11.500 embarcaciones. Asimismo, se constituyeron las instancias de participación que la ley contempla: el Consejo Nacional, los 12 Consejos Regionales y los 5 Consejos Zonales, organismos que han comenzado a funcionar regularmente.
En el ámbito internacional, se estableció un mecanismo de intercambio con Perú respecto de los recursos hidrológicos compartidos, se materializó la próxima reunión de Ministros y sobre actividades de pesca de países americanos y se intensificaron las relaciones bilaterales en asuntos pesqueros con México, Portugal, España, Rusia, Noruega y Japón, país este último con el cual se continuó avanzando, dentro del marco del Programa de Cooperación Financiera, en las gestiones para materializar el proyecto de Terminal Pesquero de la Región Metropolitana.
En julio próximo se realizará en Nueva York la Conferencia Mundial sobre Pesca de Alta Mar, de gran importancia para nuestro país. Chile ha sido nominado para una de las Vicepresidencias de ese evento.
10.- Protección del Medio Ambiente
Mi Gobierno entiende que el desarrollo económico ha de ser sustentable. Ello exige la adecuada protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales renovables. No se trata sólo de crecer. Así como pensamos que el crecimiento debe realizarse sobre bases de justicia social, de manera que sus beneficios lleguen a la sociedad entera y especialmente a los sectores más postergados, del mismo modo sostenemos que el verdadero desarrollo supone la conservación de la naturaleza y de la calidad de la vida humana, por lo que el crecimiento debe realizarse también en forma que no dañe al medio ambiente.
El desarrollo de la sociedad industrial se ha traducido en graves deterioros de la naturaleza y del medio ambiente humano. La ecología ha puesto de relieve la magnitud y trascendencia de este problema, que con justicia preocupa cada vez más a la Humanidad, y especialmente a los jóvenes.
En junio último se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a la que tuve el honor de concurrir en representación de Chile, de la que surgió -entre otros acuerdos- la llamada Agenda 21, como programa de acción para que los Gobiernos enfrenten los desafíos ambientales y de desarrollo en las próximas décadas.
Consecuente con ese programa y con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito relacionados con la protección del medio ambiente, mi Gobierno se ha esforzado en llevar a efecto una política seria, realista y responsable en la materia. Esa política descansa en tres principios fundamentales: estabilidad, buscando no desalentar el desarrollo, mediante señales claras, coherentes y sostenidas, y estableciendo criterios y orientaciones que conciten el más amplio consenso; gradualidad, incorporando la dimensión ambiental en plazos razonables, justos y posibles, y realismo, al considerar tanto la magnitud de los problemas ambientales, como la forma y la oportunidad en que ellos se abordan y los recursos e instrumentos con que se cuenta para enfrentarlos.
Sobre la base de estos criterios creamos la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que, empezando por recopilar todas las disposiciones sobre la materia dispersas en nuestras leyes y reglamentos y por hacer un inventario de los problemas ecológicos que afectan al país, elaboró un proyecto de ley de bases sobre el medio ambiente, el que fue presentado el año último al Honorable Senado, donde, luego de acucioso estudio, que me es grato destacar, fue aprobado en general. Confío en que en el curso del presente año se convierta en ley de la República.
Inspirado en el mismo espíritu, presentamos también el proyecto sobre Fomento Forestal y Protección del Bosque Nativo, cuyo estudio se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados. Aunque no ignoro las controversias que su texto suscita, confío en que, sobre bases que compatibilicen la conservación de nuestra riqueza forestal natural con su adecuada explotación económica -lo que considero perfectamente posible-, pueda también esta iniciativa ser despachada durante mi mandato.
Además de estos proyectos, el Gobierno se ha empeñado en llevar adelante programas de saneamiento ambiental en diversos aspectos. Merece especialmente destacarse el importante trabajo realizado por la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, gracias a cuyo esfuerzo inteligente y tesonero, con participación de los Ministerios respectivos, se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes acciones: se oficializó la nueva norma de emisión para fuentes fijas y se creó el equipo técnico y humano a cargo de su fiscalización; entró en vigor la norma de emisión para vehículos livianos y se inició la producción y distribución nacional de gasolina sin plomo; se pavimentaron 187 kilómetros de calles y se mejoraron 41 kilómetros de red vial primaria; se construyeron cinco parques urbanos de áreas verdes en la Región Metropolitana; inició su operación el sistema de licitación de recorridos; se amplió la red de monitoreo del aire con dos estaciones móviles; se constituyó el programa de control de emisiones vehiculares en la vía pública; avanzó en un 80% la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Maipú y del colector interceptor del Zanjón de la Aguada; se entregaron equipos medidores de ruido a municipalidades y se capacitó a personal en tareas de control. Por otra parte, en este período se dictó un decreto que estableció normas para las empresas que emitan gases sulfurosos, arsénico y partículas en todo el territorio nacional, y se creó la Comisión Interministerial de calidad del aire. Conforme a sus disposiciones, diversas empresas, entre otras CODELCO y ENAMI, en el sector público, y Disputada de Las Condes, Molymet, Refimet, Compañía Minera del Pacífico y El Indio, en el privado, han iniciado acciones de control de impacto ambiental y puesto en práctica proyectos para disminuirlo.
Especial atención ha merecido al Gobierno la necesidad de abordar programas de descontaminación de aguas en nuestras ciudades y balnearios. En Valparaíso se ejecutan importantes obras que solucionarán definitivamente ese grave problema; en Valdivia, Llanquihue, Villarrica y otras ciudades se estudian proyectos para el mismo fin, que espero que puedan concretarse a la mayor brevedad.
IV. LA TAREA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y LA INTEGRACION NACIONAL
1.- Crecimiento, pobreza, equidad, gasto social y financiamiento
El crecimiento económico y progreso que acabamos de reseñar, tan evidente en el país, no sería eficaz para derrotar a la pobreza si no fuera acompañado de políticas eficaces para hacer justicia social.
En los años que precedieron al actual Gobierno se vivió un severo desequilibrio entre los chilenos. Unos lograron los beneficios del progreso hacia la modernidad, mientras otros permanecieron en situaciones de pobreza indigna.
Pensamos que en la justicia e integración social reside la fuerza que el país requiere para progresar en forma estable. La democracia y la libertad adquieren pleno significado sólo cuando las personas cuentan con los elementos necesarios para participar creativamente en la sociedad. Tener una buena educación y seguridad de acceso a la salud, contar con un empleo estable y productivo y con habitación digna, son condiciones indispensables para la participación creativa de los ciudadanos y para el ejercicio efectivo de sus libertades.
La superación de la pobreza es, por consiguiente, objetivo primordial de mi Gobierno, hacia cuya consecución avanzamos decididamente.
Las cifras son elocuentes al respecto.
En el último año se crearon alrededor de 200.000 nuevos empleos y en los tres años de mi Gobierno, más de 350.000. Esto, que significa seguridad del pan de cada día para otras tantas familias, ha permitido bajar la desocupación a menos del 5% de la fuerza de trabajo, la tasa más baja de los últimos veinte años.
En 1992, las remuneraciones registraron un aumento real de 4,5%. Si consideramos los tres años de Gobierno, crecieron casi un 12%. Y el salario mínimo se incrementó, en el mismo período, en términos reales, un 27,8%.
En lo que va corrido de este Gobierno, la asignación familiar de los trabajadores que perciben rentas inferiores a $ 100.000 subió aproximadamente un 60% real.
A diciembre último, la totalidad de los pensionados, 1.253.267 personas, habían recibido el 10,6% de reajuste que se les dejó de otorgar en el Gobierno anterior.
Si a lo dicho agregamos el progreso que significan, para la calidad de vida de la gente, los mejores índices de salud, educación y vivienda y los programas de capacitación, podemos afirmar que en estos años se ha reducido la pobreza en 700.000 personas, y que a fines del presente año esa cifra se elevará a un millón.
Si bien tengo clara conciencia de que recién estamos empezando y es mucho más lo que queda por hacer, puedo afirmar, con profunda convicción, que hemos iniciado una batalla frontal contra la pobreza en nuestra Patria, y que estamos ganando esa batalla.
Los resultados descritos han sido posibles porque hemos implantado, con firmeza y perseverancia, políticas sociales inspiradas en los valores de la justicia y la solidaridad.
Estas políticas, además de buscar la equidad en las relaciones laborales y de mejorar las posibilidades de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda para nuestros compatriotas, procuran, asimismo, atender las necesidades básicas de los sectores más modestos, que viven en indigencia o extrema pobreza.
A estos últimos grupos van dirigidos los programas asistenciales, que corresponden a subsidios en dinero, y subvenciones -subsidio único familiar, pensiones asistenciales de vejez e invalidez y subsidios de consumo de agua potable-, que beneficiaron el último año a 1.641.021 personas.
Naturalmente, esto tiene un costo. El gasto en estos programas asistenciales se ha incrementado, desde 1990 hasta ahora, en un 28% real. El año último hicimos un esfuerzo por concentrar mejor estos programas en quienes más los necesitan, para lo cual se eliminó la asignación familiar a los trabajadores de ingresos superiores a $ 250.000, lo que permitió otorgar 100.000 subsidios únicos adicionales a familias en extrema pobreza.
Desde 1989 a 1992, el gasto social del Gobierno Central -en salud, vivienda, previsión, educación, capacitación para el trabajo, Servicio Nacional de Menores, Fondo de Solidaridad Social, Instituto de Desarrollo Agropecuario y subsidios familiares- aumentó en 333 mil millones de pesos de 1992, es decir, en 920 millones de dólares.
Esta cifra representa bastante más de lo que se obtuvo anualmente gracias a la reforma tributaria, por lo que puedo afirmar, categóricamente, que se ha cumplido con creces la voluntad de destinar el aporte de esa reforma a financiar un mayor gasto social.
De estos antecedentes resulta indiscutible la necesidad de mantener, en lo fundamental, la actual estructura tributaria más allá del 31 de diciembre próximo, lo que junto con dar una señal clara de estabilidad a los inversionistas, sería expresión de que el país mantiene su compromiso colectivo con la equidad. Sería muy mal signo que por la vía de reducir impuestos que hoy día están absorbidos por la economía, la población entendiera que ese compromiso se debilita y que el país afloja su batalla contra la pobreza.
Junto con prorrogar en el tiempo la vigencia de la actual legislación tributaria, el Gobierno estima oportuno proponer su perfeccionamiento. Quisiéramos introducir estímulos tributarios al ahorro de las personas. El ahorro es la base del crecimiento y el desarrollo. El país ha progresado notablemente en estos años, alcanzando niveles récords de ahorro; pero éste aún es insuficiente para un crecimiento sostenido como el que necesitamos. Junto con incentivar el ahorro, queremos aliviar la carga tributaria a las personas, particularmente a los grupos medios y a los profesionales.
No nos parece, en cambio, que tenga ninguna justificación revisar el impuesto a las empresas. La tributación que actualmente pagan es baja si se la compara con la de países industrializados. Tampoco las condiciones de las finanzas públicas recomiendan bajar el IVA en las actuales circunstancias.
La prudencia y responsabilidad con que se han manejado nuestras finanzas públicas no sólo ha visto sus frutos en la reducción de la inflación, sino también en la razonable tranquilidad con que podemos enfrentar la actual recesión internacional y la caída del precio del cobre y de otros productos de exportación. Estamos convencidos de que es indispensable mantener esta política en el futuro.
2.- Política del Trabajo
Consecuentes con el espíritu que nos anima desde que comenzáramos nuestro Gobierno, en el último año nos empeñamos en seguir manteniendo una relación de permanente diálogo con los trabajadores -a través de sus organizaciones- y procurando entendimientos entre ellos y el sector empresarial.
Fruto de esta política, a la que los trabajadores han respondido con madurez y responsabilidad, son, por una parte, el clima de paz social y baja conflictividad que ha vivido el país durante estos años y, por otra, los avances logrados en la búsqueda de acuerdos en materia laboral.
Por cuarto año consecutivo, a comienzos del presente mes, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de la Producción y del Comercio y el Gobierno lograron consenso para definir la política de reajuste de los ingresos mínimos y de las asignaciones familiares. Con el auspicio de todos ellos se realizó, a través de los medios de comunicación, una campaña de Promoción Masiva del Cumplimiento de las Normas Laborales y se inició el funcionamiento de una Instancia Tripartita Permanente para analizar una agenda de materias de interés común.
Ese mismo espíritu inspiró el acuerdo entre el Gobierno, la ANEF, la FENATS, la ASEMUCH, el Colegio de Profesores y la CUT, que sirvió de base al Proyecto de Ley sobre Asociaciones de Funcionarios del Sector Público, pendiente en la Honorable Cámara de Diputados, como también el acuerdo con los representantes de los trabajadores del sector público, sobre reajuste de remuneraciones, a fines del año pasado.
Análoga disposición permitió, en septiembre último, la ratificación del Convenio Nº 144 de la O.I.T., que establece procedimientos de consulta entre los representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Gobierno, sobre los convenios internacionales relativos a materias laborales.
En el orden legislativo, merecen destacarse, entre otras, las siguientes leyes promulgadas el último año en materia laboral:
a) La 19.129 y sus modificaciones, sobre subsidio al carbón, que establece la indemnización compensatoria y las bases para los programas de reconversión laboral;
b) La 19.117, que estableció normas para recuperar subsidios por incapacidad laboral por las Municipalidades;
c) La 19.177, sobre exigibilidad del bono de reconocimiento, considerando la realización de trabajos pesados, y
d) La 19.214, sobre Fondo para la Capacitación y Fomento Sindical.
Están pendientes, para despacho del Honorable Congreso, entre otros proyectos de leyes en materia laboral, el que regula el contrato individual de trabajo y la judicatura laboral; uno sobre asociaciones de funcionarios del sector público; el que dispone la restitución de bienes a organizaciones sindicales, y el que mejora la cobertura del subsidio de maternidad.
En otro orden de cosas, el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes adjudicó cursos para más de 30 mil jóvenes. Con esto, más de 50.000 de ellos, en todo el país, desocupados y de escasos recursos, de 15 a 24 años, han tenido la oportunidad de recibir formación laboral en el primer año y medio de operación del programa. Para alcanzar estos resultados, ha sido esencial el interés demostrado por las instituciones de capacitación y el gran número de empresas -cercanas a 5.000- que han ofrecido puestos de práctica laboral.
Está en estudio un proyecto de reforma del Estatuto de Capacitación y Empleo, a fin de crear un Fondo Nacional de Capacitación que contemple, entre otros objetivos, mecanismos para enfrentar las necesidades de reconversión laboral y un mejor acceso de la pequeña y mediana empresa a los instrumentos de capacitación.
Ha sido especial preocupación del Gobierno ejercer una efectiva fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales y previsionales, con el objeto de asegurar su real vigencia. Con este fin, la Dirección del Trabajo ha desarrollado programas especiales, dirigidos, sobre todo, a ciertos sectores en que se observa mayor inobservancia; y aumentó, considerablemente, en el último año, el número de empleadores fiscalizados. Está pendiente el despacho del proyecto de ley que reestructura la planta de esos servicios para mejorar su eficacia y el presente año consolidaremos el proceso de su descentralización, creando las Direcciones Regionales.
3.- Política de Previsión Social
En materia de previsión social, la Superintendencia de AFP, con el fin de dar mayor transparencia al sistema y entregar a los trabajadores los antecedentes necesarios para que puedan tomar sus decisiones en relación con sus ahorros, puso en marcha un sistema mediante el cual las administradoras proporcionan a sus afiliados información pormenorizada sobre la rentabilidad de los fondos y las comisiones que se cobran.
Para los afiliados al antiguo sistema previsional, el Instituto de Normalización Previsional inició un proceso de modernización en el pago de sus beneficios, para hacerlo más eficiente y expedito.
En enero último se promulgó la ley Nº 19.200, que dispone para los funcionarios del sector público afiliados al antiguo sistema que se acojan a jubilación, que la pensión se calcule sobre la totalidad de su remuneración imponible, lo que les significará elevar el monto de sus pensiones entre 50 y 130%.
Durante el último año se enviaron al Congreso proyectos de leyes sobre jubilación anticipada por trabajos pesados, para disminuir la morosidad previsional y para modificar el D.L. 3.500, a fin de autorizar la inversión de fondos de pensiones en nuevos instrumentos financieros y en títulos accionarios.
Están en estudio, entre otras materias, un proyecto para mejorar la cobertura previsional de trabajadores independientes y temporeros, y las bases para establecer un sistema que asegure a los trabajadores frente al riesgo de desempleo.
4.- Política de Salud
Mi Gobierno ha dado especial prioridad al mejoramiento de los servicios públicos que constituyen el Sistema Nacional de Salud, que atienden a la mayor parte de la población del país, especialmente a la de menores recursos.
En estos años se ha producido un aumento importante en el número de las prestaciones de salud y, especialmente, un claro mejoramiento de su calidad, tanto en la atención primaria, por el funcionamiento de servicios de urgencia y laboratorios básicos y el mayor aporte de medicamentos, cuanto en los hospitales por el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento: en más de treinta hospitales se han reparado sus sistemas de calderas y calefacción; en ninguno faltan sábanas u otros elementos, como antes solía ocurrir; se han instalado más de cinco mil equipos entre escáneres, aparatos de radiología, laboratorios, pabellones de cirugía, unidades de neonatología y otros; en 38 establecimientos hospitalarios, tanto en Santiago como en provincias, se han hecho o se están haciendo importantes reparaciones para mejorar su funcionamiento, y se ha renovado el 50% del parque de ambulancias del país, mejorando significativamente la capacidad de traslados de pacientes. Esto explica que el gasto del sector público por persona, que en 1989 equivalía al 30% de lo que gastaba el sector privado por afiliado, se haya elevado en 1992 al 43% por beneficiario de lo que gastó el sector privado por afiliado.
El Gobierno está plenamente consciente de la enorme tarea que queda por hacer, en la que ponemos nuestro mejor empeño. Expresión de ello es el Programa de Mejoramiento de los Servicios de Urgencia, en el cual se invirtieron el año último -en obras civiles, equipamiento y personal- mil quinientos millones de pesos y se invertirán este año cuatro mil millones más. Se encuentran pendientes del estudio del Honorable Congreso los proyectos de leyes sobre médicos de urgencia y sobre personal no médico de esos servicios, que confiamos puedan aprobarse a la mayor brevedad.
Por otra parte, estamos empeñados en un programa de renovación de nuestros servicios hospitalarios a lo largo del país. Ya se han inaugurado nuevos hospitales en Calama, Rengo y Maullín; se encuentran en plena construcción los de San Felipe, Iquique, Chillán y Valdivia, y en el curso de este año esperamos iniciar, en la Región Metropolitana, un programa que contempla la reconstrucción del Hospital El Pino, el Hospital Santiago Oriente -que constituye la primera etapa del Hospital El Salvador-, el Hospital San José, el Hospital San Ramón y las primeras etapas del Hospital Barros Luco-Trudeau.
Paralelamente a estos esfuerzos, se está poniendo en marcha un plan de modernización de largo plazo que persigue dos grandes objetivos: por una parte, aumentar la cantidad y elevar la calidad de las atenciones mediante un fuerte impulso a la atención ambulatoria que proporciona a los pacientes un servicio más rápido, oportuno y cercano a su familia; y, por otra, reformar los procedimientos y sistemas del sector público de salud, para aumentar su productividad, descentralizar su gestión y mejorar su eficiencia.
Uno de los instrumentos de esta política de modernización es la creación de dos nuevos tipos de establecimientos de tratamiento ambulatorio: los Centros de Referencia de Salud y los Centros de Diagnóstico Terapéutico. Ellos permitirán atender a la gente cerca de su lugar de residencia. Durante este año se contempla la construcción de cinco Centros de Referencia de Salud y seis Centros de Diagnóstico Terapéutico.
Por otra parte, está en marcha una reforma de los sistemas y procedimientos del sector público de salud, que entre otros aspectos comprenderá la transformación de la Central de Abastecimientos en empresa autónoma estatal organizada como un mercado electrónico de compras, lo que permitirá reducir al mínimo sus stocks; la reforma del Instituto de Salud Pública para separar sus funciones productiva y supervisora; el cambio del sistema de financiamiento al interior del sector, sobre la base de pago por egreso y pago por acciones a los hospitales; el incremento de la compra y venta de servicios con el sector privado, así como la recuperación de éstos en las prestaciones a los no beneficiarios; la puesta en marcha de un Programa de Apoyo a la Gestión y la iniciación, en septiembre pasado, de la Red de Informática con sistemas en todos los servicios de salud.
Especial importancia tiene, en toda esta tarea, la colaboración del personal de médicos, paramédicos y funcionarios de los servicios de salud. A la ampliación de las plantas, los mejoramientos de remuneraciones, el encasillamiento del personal del sector y el restablecimiento del sistema de concursos para proveer los cargos médicos, ha de sumarse la reforma al Estatuto del Personal de los Servicios Municipalizados, proyecto que se encuentra en segundo trámite en el Senado.
También está pendiente de la aprobación del Congreso el proyecto de ley que modifica el régimen de las ISAPRES.
Finalmente, merece destacarse el éxito de las acciones preventivas de salud pública emprendidas por el sector: se ha logrado controlar el brote de cólera en el país; la tasa de la fiebre tifoidea ha caído en dos tercios entre 1989 y 1992 y la hepatitis ha disminuido a la mitad en el mismo período.
5.- Política de Educación y Cultura
Cada día es más evidente la importancia primordial que en la vida contemporánea tienen, para el desarrollo de las naciones, la educación y capacitación de las personas.
Nuestro sistema educacional público, que durante más de medio siglo ganó merecido prestigio por su calidad y por su decisiva influencia en la formación de valiosas generaciones de servidores públicos, profesionales y empresarios, no está respondiendo suficientemente, en los últimos años, a los requerimientos de la sociedad chilena. Sus rendimientos son, salvo excepciones, objetivamente bajos, y por regla general bastante inferiores a los de la educación particular pagada. Y la orientación de su formación no responde generalmente a las actuales necesidades del país.
Consciente de la gravedad de esta situación, mi Gobierno asumió, desde sus inicios, la difícil tarea de poner a la educación pública -municipal y particular subvencionada- en condiciones de responder a los requerimientos de la Nación. Para ello había que empezar por dignificar la función de los maestros, mejorar sus bajas remuneraciones, facilitar su perfeccionamiento e incentivar su carrera profesional. Era también necesario dotar de mayores medios a las escuelas, especialmente a las más modestas, para que puedan cumplir adecuadamente sus tareas. Y había que abocarse a estudiar y redefinir las orientaciones y contenidos de la enseñanza. Todo esto, naturalmente, exigía un incremento importante del gasto en educación, considerablemente deteriorado en el decenio anterior.
Al logro de estos objetivos, que por su naturaleza no pueden alcanzarse en corto plazo, se ha dirigido la acción de mi Gobierno.
Lo primero fue mejorar sustancialmente la situación económica y profesional de los profesores. Es lo que buscó el Estatuto Docente, que si bien no satisfizo todas las legítimas aspiraciones del sector, estableció un sistema que ha permitido un progresivo aumento de los ingresos del Magisterio, estimula su perfeccionamiento, facilita su carrera y garantiza su dignidad.
Durante 1992 aproximadamente 70.000 docentes utilizaron el bono de perfeccionamiento otorgado por el Estado, la mayor parte de los cuales fueron atendidos por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, al cual estamos dando un nuevo impulso en su desarrollo, con una presencia efectiva en las diferentes regiones del país. Una ley reciente ha permitido la utilización de dicho bono en el sector municipal durante 1993 y se ha introducido una propuesta legislativa para hacer lo propio en el sector particular subvencionado.
Durante el presente año se comenzará a pagar la asignación de perfeccionamiento que contempla el Estatuto Docente al sector municipalizado, a la vez que se proporcionarán los recursos correspondientes al sector particular subvencionado con la misma finalidad.
Otra tarea era mejorar la atención de los establecimientos escolares en todos los niveles, ampliar su cobertura cuando fuera necesario y proveerlos de los elementos adecuados para el cumplimiento de sus fines.
En materia de Educación preescolar o parvularia, nuestra realidad muestra un gran déficit, que se hace más notorio a medida que la mujer se incorpora al trabajo fuera del hogar. Esto es grave, porque la experiencia prueba que los niños que no han pasado por parvularios o jardines infantiles, llegan a la enseñanza básica en condiciones de inferioridad y tienen menor rendimiento.
En este aspecto, la Junta Nacional de Jardines Infantiles elevó su cobertura, el año último, a 82.534 párvulos, extendió el horario de atención en todas sus salas cuna hasta las 18:30 horas y contó con importante refuerzo en material didáctico.
Por su parte la Fundación INTEGRA atendió a 41.000 niños en 526 Centros Abiertos, en los que también se realizan programas de capacitación de los padres y se generan espacios de participación de la comunidad.
En materia de Educación básica, el programa denominado de las 900 escuelas, que tuvo por objeto reforzar la enseñanza en los establecimientos municipales de más bajos rendimientos, elevó su cobertura el año último a 1.147 escuelas. Como resultado de la última prueba SIMCE, en que varias de ellas mejoraron substancialmente sus rendimientos, este año está atendiendo a 1.100 escuelas.
Paralelamente, se ha puesto en marcha el Programa de Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación, que proporciona asistencia pedagógica, material didáctico y mejoramiento de infraestructura a las escuelas que presentan los mejores proyectos. El año último el programa financió 475 proyectos de mejoramiento educativo en la Educación Básica y proporcionó, además, apoyo didáctico y perfeccionamiento docente a 631 escuelas rurales atendidas por uno a tres profesores.
En marzo último, con la distribución de 6.126.360 textos -la cifra más alta de nuestra historia-, se ha cumplido la meta de otorgar apoyo didáctico fundamental al 100 por ciento de los alumnos de las escuelas básicas municipales o particulares subvencionadas. Este año se entregaron, además, 26.017 bibliotecas de aula para todos los cursos entre 1º y 3º básicos de esas escuelas.
En materia de Educación media, los principales desafíos son orientarla de manera que cumpla su función de preparar no sólo para un eventual ingreso a la universidad, sino, fundamentalmente, para la vida, y mejorar su calidad. Hay una suerte de consenso nacional que rechaza la orientación más bien teórica y muy poco práctica de este nivel de enseñanza. Es sintomático comprobar que, en la medida en que se abren posibilidades, aumentan las matrículas de establecimientos técnico-profesionales, y disminuyen las de los establecimientos humanista-científicos.
Consecuente con esta realidad, el Gobierno está empeñado en dos programas: uno de habilitación de liceos humanista-científicos para enseñar carreras técnico-profesionales, y otro, de modernización de establecimientos de enseñanza técnico-profesional. En el primer programa, el año último se seleccionaron 52 liceos, que desde marzo de este año están impartiendo también enseñanza en algunas especialidades técnico-profesionales; este año se seleccionaron otros 36, que iniciarán sus nuevos cursos en marzo próximo. Para hacer posible esta transformación, aparte de las inversiones en infraestructura y talleres, 542 profesores cumplieron cursos de habilitación en especialidades, tarea que se proseguirá este año.
Por otra parte, en los últimos tres años, 80 establecimientos de Educación Media técnico-profesional han sido modernizados, mejorando su equipamiento.
Otro tema al que el Gobierno ha dado especial relevancia es a los Programas de Asistencia Escolar, como instrumento directo de mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y jóvenes de sectores de menores recursos. En 1992 la JUNAEB distribuyó 680.000 raciones de desayunos y almuerzos escolares diarios a estudiantes de educación básica, a la vez que inició un vasto programa de atención preventiva en salud, que benefició a 225.000 menores. Para el presente año, se alcanzará la meta de 800.000 raciones alimenticias para escolares de Educación Básica, con lo que se satisfará la demanda de los sectores con mayor nivel de pobreza.
En Educación Media, en 1992 se inició un programa de ayuda que permitió la entrega de raciones de meriendas y sets de útiles escolares a 100.000 estudiantes, a lo que se agrega un programa de pago de arancel de la Prueba de Aptitud Académica que favoreció a 14.000 jóvenes.
En materia universitaria, aparte de continuar el programa de becas, que el año último favorecieron a 14.000 estudiantes, y de continuar el financiamiento de proyectos de desarrollo institucional, se presentó al Congreso el proyecto de ley sobre Fondos Solidarios para la Educación Superior, para reemplazar el actual sistema de crédito universitario, pendiente en la Cámara de Diputados.
Hace algunos meses el Gobierno envió también a la Cámara un proyecto amplio de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, como una manera de perfeccionar el marco de regulaciones públicas en educación, en todos sus niveles e incluyendo la educación parvularia. El conjunto de las materias involucradas deben ser, por su trascendencia y complejidad, detenidamente estudiadas en el Congreso, siendo indispensable alcanzar un amplio consenso en una materia de vital importancia para el futuro del país. Por otra parte, existen algunas materias, referidas a la educación superior, cuya resolución es necesario alcanzar a corto plazo.
Por tal motivo, el Ejecutivo acordó no renovar, por ahora, la urgencia al proyecto que modifica la LOCE y enviará próximamente al Congreso un nuevo proyecto de ley referido exclusivamente a la educación superior, con el objeto de que pueda ser despachado en un plazo menor.
Dicho proyecto contemplará la incorporación de mecanismos encargados de contribuir a la calidad y transparencia en el funcionamiento de la educación superior, en particular de las universidades.
Se contemplarán, asimismo, medidas que permitan la agilización del proceso de toma de decisiones en dichas universidades, reforzando mecanismos de auto-regulación, a la vez que se consideran fórmulas que permitan hacer efectiva una adecuada responsabilidad en la gestión.
En materia de cultura, merece recordarse que en el año último se promulgaron la nueva Ley sobre Propiedad Intelectual, que confió la administración de sus derechos a los propietarios de la propiedad intelectual, y la Ley sobre Premios Nacionales. Acaba de aprobarse el proyecto de Ley de Fomento del Libro y la Lectura, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro.
El año último comenzó a operar el Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, con un monto de 700 millones de pesos, al que fueron seleccionados en concurso público 321 proyectos de las 13 Regiones del país. Para el presente año ya se convocó al concurso, al cual han sido asignados 1.000 millones de pesos.
Aparte de importantes mejoras en el equipamiento de la Biblioteca Nacional, que en 1992 se incrementó con 137.971 libros, merecen destacarse especialmente, entre otras actividades vinculadas a la cultura realizadas en el año último, la remodelación del Teatro Municipal de Iquique, la consolidación del Museo de Arte Moderno de Chiloé, la celebración del Congreso Internacional de Escritores, la del Primer Congreso Nacional de Artistas Plásticos y la realización del Festival Mundial de Teatro de las Naciones, que significó la declaración de Santiago como capital cultural.
6.- Política de Vivienda y Urbanismo
1992 fue el gran año de la vivienda en Chile. De esto hay consenso en todo el país, al comprobar que se iniciaron 105.646 viviendas, cifra que constituye un récord histórico nunca alcanzado en nuestra patria.
El promedio del trienio 90-92, de más de 90.000 viviendas anuales, supera al doble del de cualquier otro período similar.
En cinco años la cantidad de metros cuadrados edificados en nuestro país subió de 3.500.000 anuales, hace apenas seis años, a 10.500.000 el año último.
Los esfuerzos del Estado otorgando subsidios habitacionales y el impulso e iniciativa del sector privado, todo ello en el marco de una política habitacional coherente, equitativa y eficaz, produjeron este gran logro del que podemos sentirnos orgullosos.
La creciente confianza en esta política se refleja en el espectacular aumento del ahorro para la vivienda. En dos años las libretas abiertas en los bancos aumentaron de 548.000 a 777.000; y los montos ahorrados, de 9.400 millones de UF a 13.600 millones de UF.
Estas mismas cifras sirven para tener claro que, a pesar de las importantes realizaciones, aún continúa siendo alto el número de personas que carecen de vivienda y por ello se requiere de un esfuerzo permanente por lo menos durante toda la década.
Al mismo tiempo, asistimos al creciente desafío del desarrollo urbano, lo cual cobra tanta urgencia como el desafío de la carencia de vivienda. Mi Gobierno ha identificado esta acción como el “Hacer Ciudad”. Hacer ciudad significa perfeccionar los instrumentos de su planificación y abordar la inversión necesaria para mejorar la calidad de vida.
La inversión urbana se elevó en 1992 al doble de la que existía al comienzo de nuestro Gobierno. Esto se ha traducido el año último en casi 600 kilómetros de pavimentación; más de 500 kilómetros de calles, de los cuales 187 corresponden a la Región Metropolitana; y más de 70 kilómetros de vialidad urbana.
Pusimos también en marcha el Programa de Ejecución de Parques, para mejorar la calidad de vida de los sectores poblacionales y reducir la contaminación ambiental en sectores populares.
Dentro de esta misma concepción el año último se dictó la nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que busca mejorar la calidad urbana de nuestras ciudades y la de los conjuntos y viviendas que se construyan.
Estoy consciente de que éste es el comienzo de la tarea para mejorar el hábitat; mitigar la segregación; bajar la congestión y la contaminación, y hacer ciudades más confortables, seguras y humanas.
Los gravísimos daños causados en las comunas de La Florida, Peñalolén y La Reina por el reciente aluvión de las Quebradas de Macul y Las Perdices ponen de relieve una vez más la necesidad de planificar el desarrollo urbano, de modo que el crecimiento de las ciudades responda a las exigencias de seguridad, abastecimiento, transporte y demás requerimientos básicos de la población.
El Instituto Chileno de la Vivienda, fruto de las propuestas de la Comisión de la Calidad que convocamos el año último, permitirá avances sustantivos en la normativa, fiscalización, información e innovación tecnológica del sector construcción en Chile.
En resumen, tengo la convicción de que los progresos que hemos llevado a cabo y proseguiremos este año en materia de vivienda y urbanismo constituyen el mayor esfuerzo que se ha realizado en el país para avanzar en la solución del grave déficit habitacional que aflige a tantos compatriotas y mejorar la calidad de nuestras ciudades.
7.- Política de la mujer y de la familia
Las circunstancias características de nuestro tiempo han cambiado muy profundamente la condición de la mujer en la sociedad y afectan de manera importante a la vida de las familias. Estos cambios, que tienen múltiples expresiones en la realidad cuotidiana, no han sido en muchos aspectos reconocidos por la legislación, que suele no corresponder a las necesidades de la gente.
Cada día son más las mujeres que trabajan fuera de su hogar. Es bastante frecuente encontrar mujeres que, por ser madres solteras, por ruptura de sus matrimonios o por otras causas, son “jefes de familia”. No es cosa insólita oír que mujeres son víctimas de hechos de violencia y de acoso sexual.
Frente a estas realidades, la sociedad no puede limitarse a mantener invariables las instituciones tradicionales, ignorando lo que ocurre. Precisamente para defender a la familia, al matrimonio, a la dignidad de la mujer, es necesario modernizar la legislación a fin de que otorgue soluciones razonables y equitativas a los problemas que genera la nueva situación.
Consciente de esta necesidad, mi Gobierno ha creído conveniente abordar derechamente estos temas. De su consideración han surgido diversas iniciativas.
Una de ellas tuvo por objeto consagrar constitucionalmente, conforme lo establecen textos internacionales de que Chile es parte, la igualdad jurídica de la mujer y el hombre. Desgraciadamente, dicha iniciativa no contó en la Cámara de Diputados con los votos requeridos para su aprobación.
Otros dos proyectos han tenido mejor suerte en dicha Cámara y penden ahora del conocimiento del Senado: el que regula el régimen patrimonial del matrimonio y el que legisla sobre la violencia intrafamiliar.
También el proyecto de ley sobre contrato de trabajo, aprobado en ambas Cámaras, contiene normas especiales para el trabajo de la mujer.
Se encuentran, asimismo, en trámite el proyecto de ley que modifica la tipificación del delito de adulterio y el que regula la base de cálculo del subsidio maternal.
Porque creo en la institución de la familia como una de las bases fundamentales de toda convivencia social verdaderamente humana y porque asigno trascendental importancia a los valores efectivos propios de la vida familiar y a la estabilidad del matrimonio, pienso que, frente a realidades de la existencia cuotidiana que menoscaban o desconocen esos valores, es indispensable abocarse seriamente, con criterio abierto y realista, a buscar las fórmulas más eficaces para proteger y vigorizar a la familia, en vez de empeñarse en creer que ello se consigue por la sola vigencia de normas legales que en la práctica no alcanzan ese objetivo o se burlan con frecuencia.
Esta convicción me llevó a constituir el año último la Comisión Nacional de la Familia, integrada por un grupo calificado y pluralista de personas, a quienes preocupa en especial el tema, que está trabajando seriamente en el estudio de un diagnóstico compartido de la realidad familiar de nuestra patria y en la búsqueda de bases de consenso para definir una política nacional sobre la materia. Es esta oportunidad propicia para agradecer a los integrantes de esa Comisión, quienes trabajan ad honorem, la generosidad, dedicación y espíritu constructivo con que han asumido esa tarea, y confío en que el informe que están elaborando -espero que el país pueda conocerlo en los próximos meses- constituya un aporte útil para que, con espíritu constructivo, los chilenos encontremos caminos eficaces para robustecer nuestras familias, en vez de convertir este tema en objeto de disputas ideologizadas que generan divisiones.
Sin perjuicio de lo expuesto, el Gobierno lleva a cabo, a través del Servicio Nacional de la Mujer, acciones específicas en distintos planos para atender necesidades del sector femenino en diversos ámbitos. Tales son, entre otros, el Centro de Información de los Derechos de la Mujer; el Plan Nacional de Apoyo a las Mujeres de Escasos Recursos; el Programa Nacional de Apoyo a Mujeres Jefes de Hogar; el Programa de Capacitación para el Trabajo; el Programa de Centros de Atención de Hijos de Temporeras, y el Programa Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Merece también destacarse la labor que en este ámbito realizan las entidades vinculadas a la señora del Presidente de la República: la Fundación PRODEMU (Promoción y Desarrollo de la Mujer), que durante el último año atendió con información, capacitación y asesorías diversas a 200.000 mujeres a lo largo de todo el país, y la Fundación de la Familia, que desde 1991 viene realizando un proyecto piloto de Centros Familiares con el propósito de satisfacer necesidades de formación, recreación, cultura y capacitación básica de familias de sectores populares y ha llegado a más de 62.000 pobladores.
8.- Política de la Juventud
Preocupa especialmente a mi Gobierno la situación de la juventud, sobre todo en los sectores de escasos recursos. Muchos son los jóvenes que de alguna manera se sienten carentes de oportunidades, objeto de sospechas y marginados de la comunidad nacional. La falta de una motivación integradora con el destino del país los lleva a “estar en otra”, como suelen decir. El espectáculo de una sociedad consumista, a la que generalmente no tienen acceso, debilita en ellos el noble idealismo propio de la juventud. Están desorientados, y las generaciones adultas no sabemos darles el ejemplo que necesitan, ni proporcionarles el afecto que les hace falta.
Frente a esta realidad, el Gobierno puso en marcha, a fines del año antepasado, el Programa de Oportunidades para los Jóvenes, coordinado por el Instituto Nacional de la Juventud, en el que participan cuatro ministerios y siete servicios.
PROJOVEN se orienta hacia dos objetivos primordiales: la integración social de la juventud a la vida nacional -particularmente la que forma parte de los sectores más pobres- y la participación juvenil activa y organizada, sobre todo en las propias iniciativas que la benefician.
El Programa comprende siete áreas: trabajo, educación, salud, protección y rehabilitación de menores y jóvenes, participación y derechos juveniles, recreación y vivienda.
En el área laboral, se desarrolló durante 1992 un proyecto de microempresas de jóvenes rurales, que proporcionó apoyo crediticio y asistencia técnica a los beneficiarios.
En educación, se lleva a cabo el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes a que nos referimos al tratar de la Política del Trabajo, y en el año último se otorgaron 43.950 becas de estudio.
En las áreas de salud y protección de menores y jóvenes se realizan múltiples acciones. Entre otras, un programa especial de atención primaria de jóvenes, a través de equipos profesionales que incluyen sicólogos, asistentes sociales y matronas; el programa “Quiero mi vida sin drogas”, orientado a preadolescentes de entre 10 y 14 años, que en 1992 benefició a más de 20.000 niños; un programa de centros comunitarios de salud mental, que comprende 28 Centros, y el programa de prevención de la drogadicción y el alcoholismo, “JUEGATELA POR LA VIDA”, que formó a algo más de 3.000 monitores en 1992, con la meta de llegar a 5.000 en 1993.
En las áreas de recreación y uso del tiempo libre se destacan el Fondo de Iniciativas Juveniles, que apoya actividades artísticas, ecológicas y de solidaridad; la “Tarjeta Joven”, que benefició a más de 150.000 jóvenes en 1992; las Escuelas Abiertas de Verano, y el Programa de Formación Física de la Juventud, que tuvo más de un millón ciento treinta y seis mil usuarios.
En expresión cultural está el programa “Tu vida cuenta, cuenta tu vida”, que promueve la creación artística en variadas disciplinas y en el que participaron 10.000 jóvenes, incluyendo menores del Servicio Nacional del ramo. También, el Fondo de Iniciativas Culturales, que apoya la expresión artística juvenil, como asimismo la celebración del Tercer Encuentro Nacional de Teatro de Jóvenes de la Enseñanza Media y la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.
En el ámbito de la participación, se ha desarrollado un programa de formación de monitores para potenciar las organizaciones de jóvenes y el desarrollo comunitario, y un ciclo de formación de líderes en 40 establecimientos metropolitanos, con la colaboración de PARTICIPA, para estudiantes de Enseñanza Media.
Especial mención merece la iniciación del programa “Red Verde de Establecimientos Secundarios por el Medio Ambiente”, que cuenta con la afiliación de 50 establecimientos de las Regiones Quinta, Sexta y Metropolitana.
Todas éstas son acciones que procuran interesar y motivar a los jóvenes; estimular y orientar en sentido positivo su iniciativa y creatividad, e incorporarlos a su participación activa en la vida nacional. Coincidente con este último propósito, el Gobierno sometió en marzo último a la consideración del Congreso un proyecto de ley sobre Asociaciones Juveniles.
Finalmente, en el ámbito de las políticas juveniles, necesario es señalar la reciente promulgación de la ley, de iniciativa parlamentaria, que rebaja la mayoría de edad a los 18 años.
9.- Política de los pueblos indígenas
En relación a la realidad, problemas y aspiraciones de los pueblos indígenas que forman parte de la nación chilena, el país conoce la voluntad de mi Gobierno de considerarlos constructivamente, sobre la base del reconocimiento de su situación particular, de la interlocución franca con sus organizaciones más representativas y del claro espíritu de buscar soluciones que concilien sus particulares intereses y aspiraciones con el bien común nacional.
Dentro de este propósito, durante el último año se tramitó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Indígena. Después de un largo debate acerca de si era necesaria o no una reforma constitucional, la ley de “Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas” fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja y pasó al Senado, donde se está estudiando con urgencia.
El Gobierno ha asegurado un financiamiento adecuado a esa ley para 1993, a fin de que puedan operar la Corporación de Desarrollo Indígena, el Fondo de Desarrollo y, muy especialmente, el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas que el proyecto crea.
Mientras entra a regir la nueva ley, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, en coordinación con algunos Ministerios, está llevando a cabo diversos programas de desarrollo indígena, entre los que merecen destacarse los siguientes:
a) El programa de becas indígenas, que el año pasado favoreció a 4.500 jóvenes y este año contempla 5.000 becas, entre ellas 900 destinadas a universitarios indígenas;
b) El programa de proyectos de desarrollo de las comunidades indígenas, que se realizan sobre la base de proyectos presentados por ellas y autogestionados. El año último se seleccionaron -y se realizan en la actualidad- proyectos de esta clase en 470 comunidades;
c) El programa especial de viviendas, conforme a la reforma legal que permitió a los indígenas acceder a los subsidios rurales, que ha posibilitado aprobar cerca de dos mil soluciones habitacionales; y
d) La atención jurídica gratuita a los indígenas.
También merece destacarse la solución, el último año, del antiguo litigio de Quinquén. En mérito de las circunstancias particulares del caso, el Gobierno consideró de justicia comprar esos terrenos, para asegurar que las comunidades y familias pehuenches que estaban amenazadas de desalojo puedan seguir viviendo allí. Están en marcha programas de capacitación y desarrollo en el área, con la mira de que tales comunidades puedan progresar, trabajar adecuadamente esas tierras y preservar la naturaleza, en especial los bosques de araucaria.
V. CHILE EN EL MUNDO
Durante el período de que doy cuenta, Chile ha proseguido la política de activa participación en la realidad internacional de que he informado en mis Mensajes anteriores.
Concebimos nuestra acción internacional como una política de Estado, que procura representar el interés superior de Chile, con participación de todos los sectores, y por encima de intereses partidistas. Naturalmente, la conducción superior de esa política la decide el Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones especiales que la Constitución Política le otorga.
La defensa del interés nacional en el ámbito de las relaciones exteriores la entendemos ligada a cuatro objetivos fundamentales: la paz y seguridad entre las naciones; el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos; el progreso de las relaciones económicas, y la cooperación internacional. Entendemos que estos objetivos están ligados entre sí, y a su logro orientamos nuestra acción tanto en las relaciones bilaterales con los demás Estados cuanto en la acción multilateral en los organismos internacionales.
Es para mí muy grato señalar el excelente nivel en que se encuentran las relaciones de Chile con nuestros vecinos.
En cumplimiento de los acuerdos a que llegamos con Argentina en agosto de 1991, se constituyó el arbitraje sobre Laguna del Desierto; las Comisiones respectivas han avanzado en la tarea de emplazamiento en el terreno de los límites acordados; y, en el plano de la integración física, está en plena construcción el oleoducto entre Neuquén y San Vicente y el proyecto del gasoducto está formalizado. El comercio entre ambos países ha aumentado sustancialmente y las inversiones chilenas en Argentina han crecido de manera notable.
Con Bolivia hemos llevado a cabo una política encaminada a lograr la mayor comprensión y entendimiento mutuos; incentivar las relaciones económicas y comerciales, y procurar el acercamiento entre ambos pueblos. De común acuerdo con las autoridades bolivianas, se solucionaron 11 problemas que habían surgido en la frontera común. Hemos asegurado el más amplio libre tránsito a Bolivia; terminaremos este año la pavimentación del camino de Arica a Tambo Quemado; se ha suprimido la exigencia de visas a los bolivianos; está pendiente en el Congreso el proyecto que facilita la adquisición de propiedades en zonas fronterizas; se han incrementado las relaciones entre empresarios bolivianos y chilenos, y acabamos de convenir un Acuerdo de Complementación Económica llamado a intensificar las relaciones entre ambos países.
Con Perú, la semana pasada se han suscrito en Lima los documentos que ponen término a las cuestiones pendientes sobre cumplimiento de las obligaciones que Chile contrajo en el Tratado de Paz de 1929.
Como es sabido, dichos compromisos consistían en la construcción en Arica, por nuestro país, para el servicio del Perú, de un malecón de atraque, un almacén aduanero y la nueva estación de Ferrocarril de Arica a Tacna, establecimientos y zonas donde el comercio de tránsito del Perú gozaría de la independencia propia del más amplio puerto libre. Además, se instalaría en el Morro un Monumento al Cristo de la Paz.
Aunque las obras están materialmente construidas desde hace algunos años, no se había logrado acuerdo sobre las modalidades de su uso.
Fruto del trabajo responsable y silencioso de las Comisiones Bilaterales, perfeccionado por ambos Cancilleres, los acuerdos a que se ha llegado establecen que, al poner las obras referidas del modo que se conviene al servicio del Perú, se dan por cumplidas y ejecutadas todas las obligaciones que Chile contrajo en el Tratado de 1929. Por documentos separados se regula el ejercicio del libre tránsito con Perú, se establece la forma de emplazamiento del Cristo de la Paz y se resuelven las cuestiones relativas al terreno llamado “Chinchorro”, ubicado en pleno centro de Arica y de propiedad del Perú, donde se construirá el Parque de la Concordia.
La suscripción de esos acuerdos, que confío que merezcan pronta aprobación de los Parlamentos de ambos países para su ratificación, constituye un hecho histórico de gran trascendencia para fortalecer la amistad entre Perú y Chile, y espero que abra paso a nuevas formas de colaboración entre las dos naciones.
Especial atención merece a mi Gobierno la relación de Chile con las naciones hermanas de Latinoamérica. Por razones geográficas, históricas, culturales y socioeconómicas, nuestros países tienen intereses comunes que los identifican ante el resto del mundo y que les exigen el mayor entendimiento entre ellos, tanto en el plano político como en el económico. Cuando en otros continentes las naciones son capaces de unirse en grandes asociaciones o comunidades, el sueño de Bolívar sigue siendo para nosotros un imperativo histórico.
En el plano político, participamos activamente en el Grupo de Río, instancia fundamental de concertación regional para la defensa de la democracia, la promoción de la integración y la realización de diálogos con otras regiones y potencias del mundo. En una etapa en que la escena internacional se modifica aceleradamente y en que se configuran nuevos espacios de asociación y cooperación, la presencia de una América Latina concertada es un imperativo histórico. Chile, que este año ha tenido el honor de asumir la Secretaría Pro Tempore del Grupo, está contribuyendo activamente en este esfuerzo del que dará testimonio la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Santiago en octubre próximo.
También la Cumbre Iberoamericana, iniciada en Guadalajara en 1991, reunida en Madrid en 1992 y que este año nos congregará en Salvador de Brasil, en que España y Portugal participan con nosotros, es una instancia importante de cooperación internacional, especialmente en las relaciones de América Latina con Europa.
En el plano económico, pienso que la integración de nuestras economías es vital para el desarrollo de nuestras naciones. La circunstancia de que Chile partiera varios años antes en el proceso de apertura y liberalización de su comercio exterior nos pone en situación en cierto modo especial, pero no justifica la errónea sospecha de que queremos sustraernos al proceso global de integración, ni es obstáculo para que vayamos avanzando efectivamente en él. Prueba de esto último son los Convenios de Libre Comercio que hemos suscrito con México hace un año -ellos han robustecido sustancialmente el intercambio entre esa nación y Chile-, y recientemente con Venezuela, y los acuerdos de Complementación Económica convenidos con Argentina en 1991 y con Bolivia el mes pasado. Tras el mismo anhelo, seguimos trabajando en búsqueda de entendimientos eficaces con Colombia y Ecuador. Singular importancia tiene para nosotros el logro de entendimientos con Brasil. Y especial significación atribuimos a nuestros programas de cooperación económica con Centroamérica. Pienso que el proceso de integración es una tarea en marcha, en el cual debemos y podemos avanzar, con realismo, tanto por la vía de los pactos subregionales como por la de los acuerdos bilaterales. Y, en este esfuerzo, ALADI ha cumplido y seguirá significando una contribución práctica, indispensable y fecunda.
Las relaciones con Estados Unidos, plenamente normalizadas en el primer año de mi Gobierno, han continuado desarrollándose en un excelente nivel, orientándose especialmente hacia su intensificación en el plano comercial, en el marco de las expectativas que generó la iniciativa para las Américas, del Presidente Bush. Los primeros contactos establecidos entre nuestro Gobierno y las autoridades de la nueva Administración demócrata son auspiciosos, las visitas a Washington, de los Ministros de Hacienda, del Trabajo, de Economía y Secretario General de la Presidencia, pero sobre todo las cartas que he intercambiado con el Presidente Clinton, demuestran el alto grado de consenso alcanzado para emprender un proceso de negociación que culmine con la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio.
El compromiso personal que hemos obtenido del Presidente Clinton en esta materia, reiterado por distintos personeros de su Administración, se refiere concretamente a que, una vez aprobado el tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) por el Congreso de Estados Unidos, se inicien inmediatamente las negociaciones con Chile, como un primer paso hacia la ampliación del comercio regional y para una futura Comunidad Hemisférica de Democracias. Puedo, por tanto, afirmar con satisfacción que en mi período se habrán dado todos los pasos necesarios que permitirán al próximo Gobierno convenir un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Entretanto, hemos convocado conjuntamente para el próximo mes una nueva reunión del Consejo Bilateral Chile-Estados Unidos sobre Comercio e Inversiones, a fin de avanzar lo más posible en diversas materias de interés común. Esperamos también, en el curso del presente año, ampliar la cooperación con los Estados Unidos en el combate del narcotráfico. Del mismo modo, dado que se estimó que se habían agotado los mecanismos judiciales para hacer valer los derechos del país frente al llamado “caso de las uvas”, en marzo pasado instruí para buscar una salida a través de la aplicación de las normas del Tratado Bryan-Suárez Mujica.
Con Europa, que en conjunto constituye nuestro primer socio comercial, hemos procurado continuar reforzando nuestros tradicionales lazos de amistad y cooperación. En la visita que hice en julio último a Francia, España, Bélgica y la sede de las Comunidades Europeas, se firmaron varios convenios sobre protección de inversiones y de cooperación económica. Las nuevas circunstancias que vive el viejo continente a raíz de los cambios ocurridos en las naciones de la antigua Unión Soviética y en Europa Oriental exigen la atención preferente de los países europeos y podrían resentir su interés por América Latina. Mi referida visita, así como las que nos hicieron el último año el Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, señor Delors; el Primer Ministro de Suecia, y el Ministro de Relaciones del Reino Unido, nos dieron oportunidad para comprobar que en Europa se aprecia a Chile y que esas preocupaciones no debieran llevarla a debilitar sus vínculos con nuestro continente. Es obvio, sin embargo, que el porvenir de éstos estará condicionado, en gran medida, por el grado en que prevalezcan las tendencias proteccionistas que se manifiestan en la Comunidad Europea, que son un serio obstáculo al desarrollo normal de nuestras relaciones.
Confío en que el viaje que emprenderé mañana a Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Rusia sirva también para fortalecer la amistad entre Chile y esas naciones y abra nuevas posibilidades al intercambio comercial y a la cooperación entre ellas y nosotros.
Junto con cultivar nuestros lazos tradicionales, hemos fortalecido nuestra presencia en nuevas áreas. Chile ve en la Cuenca del Pacífico un mundo lleno de dinamismo y potencial. Si en el pasado el inmenso océano fue un obstáculo para el encuentro entre los pueblos de una y otra ribera, los avances científicos y tecnológicos y el dinamismo empresarial han logrado acortar la distancia, configurando el embrión de una futura comunidad del Pacífico. Chile no puede quedar al margen de ese proceso.
En este contexto se inserta la visita que tuve el honor de hacer en noviembre pasado a Malasia, China y Japón -la primera de un Presidente chileno al Asia-, como también la que hizo el Ministro Secretario General de la Presidencia a Australia y Nueva Zelanda. El mayor conocimiento mutuo, los acuerdos suscritos y los lazos creados en estas ocasiones abren grandes perspectivas para robustecer la posición de Chile en el Pacífico e intensificar nuestras relaciones políticas, económicas y culturales con las naciones de la Cuenca.
En el ámbito de las relaciones multilaterales, Chile continúa colaborando activamente en los organismos a que naturalmente pertenece: la OEA y las Naciones Unidas, sin perjuicio de su participación en otras instancias, como el grupo llamado “De los 1 5”, un conjunto de naciones de mediano desarrollo, de distintos continentes, que procura representar sus intereses comunes específicos en la escena internacional, al que Chile se incorporó en el presente año.
En la OEA, además de participar activamente en el proceso de modernización de la Carta, hemos apoyado, con firmeza y ponderación, las medidas y resoluciones para proteger los derechos humanos y preservar los regímenes democráticos en la región.
En las Naciones Unidas y sus organismos, Chile procura colaborar activamente al logro de la paz, la justicia internacional y el desarrollo de los pueblos. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, hemos dado cabal cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad respecto de conflictos suscitados en distintos lugares del mundo, participando, con efectivos de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros, en operaciones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y, en otras materias, convencidos de que para asegurar la paz entre los pueblos es indispensable derrotar a la pobreza extrema que aflige a grandes sectores de la Humanidad, hemos sido de los más activos promotores de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que la Asamblea de Naciones Unidas decidió celebrar en 1995 en Copenhague. Es para Chile muy honroso que se haya encargado a su Embajador ante la ONU la tarea de dirigir el Comité Organizador de ese encuentro mundial.
Para el Presidente de la República es motivo de honda satisfacción el prestigio de que Chile goza en el concierto internacional. Creo que debe serlo para todos los chilenos. Lo hemos ganado naturalmente, sin protagonismos de ninguna clase, procurando ser consecuentes con los ideales que profesamos, y trabajando, modesta pero incansablemente, por consolidar nuestra democracia, impulsar nuestro crecimiento con equidad y colaborar con las demás naciones en la búsqueda de la paz, de la justicia y del desarrollo de los pueblos.
Honorables Senadores y Diputados, al término de esta cuenta, por cuya longitud doy excusas -la última cuenta de mi mandato-, permítanme algunas reflexiones que las circunstancias me sugieren.
No creo faltar a la modestia al dar gracias a Dios porque el balance de estos años de gobierno democrático, contrariando muchos negros presagios, es altamente positivo. Confío en que siga siéndolo en marzo próximo, para lo cual el país puede estar seguro de que seguiremos trabajando con el mismo empeño y entusiasmo con que hasta ahora hemos actuado.
No pretendo haber hecho todo bien. Sin duda, hemos cometido errores, como es propio de la condición humana. Pero nadie puede seriamente negar lo mucho que hemos hecho, ni lo mucho que Chile ha ganado en esta etapa. No sólo hemos gozado de libertad y se han restablecido la unidad nacional y la convivencia democrática; no sólo ha imperado la paz y hemos sido capaces de buscar y lograr entendimientos. Además, el país ha progresado en lo económico y social: hay más prosperidad, menos pobreza, mayor justicia. Y gozamos en el mundo de un prestigio altamente halagador.
Bien sé que es mucho más lo que nos queda por hacer. Aunque suele hablarse de modernidad, estamos aún muy lejos de alcanzar el desarrollo de una sociedad moderna. En Chile hay todavía excesiva pobreza, mucha injusticia social, bastante lenidad y demasiada ineficiencia.
La empresa de hacer de Chile la patria libre, próspera, justa y buena, que soñamos, no sólo nos exige proseguir en el empeño, permanecer unidos, multiplicar el esfuerzo en trabajo y creatividad. Nos reclama también perseverancia; no desfallecer ante los obstáculos.
Porque Chile es un país difícil. Nuestra loca geografía nos depara frecuentes obstáculos no previstos: en los últimos tres años, entre otros, el desborde del río Las Minas, en Magallanes; la erupción del volcán Hudson, en Aisén; el aluvión en Antofagasta y los recientemente ocurridos en la zona alta de Santiago y en la Quinta, Sexta y Novena Regiones. Cada catástrofe no sólo deja un doloroso saldo de muertos, heridos y damnificados, sino también un reguero de destrucción que hay que reconstruir o reparar.
Somos también un país difícil por la fragilidad de nuestra economía, exportadora de materias primas cuyos precios dependen de la situación de los mercados de las naciones desarrolladas y fluctúan al margen de nuestra voluntad. En estos días estamos sufriendo la caída de los precios del cobre, la fruta, la celulosa y la harina de pescado.
Frente a estas circunstancias aleatorias suele variar nuestro ánimo del optimismo a la depresión; de la soberbia triunfalista al derrotismo alarmista.
Debemos acostumbrarnos a contar con estos altibajos y no desfallecer en el empeño. La experiencia nos exige ser previsores y nos demuestra que el pueblo de Chile tiene coraje para afrontar los desastres y salir airoso de la adversidad. Nuestra principal fortaleza es la calidad de nuestra gente.
Dirigir el país en esta etapa ha sido un gran honor, una enorme responsabilidad y una honrosa oportunidad para servir a Chile. Quiero en esta ocasión dar gracias a mis compatriotas, especialmente a los que me otorgaron su confianza, a los que me ayudan en la tarea y a los que siguen respaldándome.
A todos los invito a continuar esta tarea, a proseguir con entusiasmo en el camino por el que vamos. Es un buen camino. El interés superior de Chile nos lo pide.
¡Dios nos ayude!
PATRICIO AYLWIN AZOCAR

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