mayo 21, 2012

Mensaje del 21 de Mayo del Presidente de Chile, Patricio Aylwin, ante el Congreso Pleno (1992)

MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
Patrício Aylwin Azócar
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1992

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Cumpliendo lo que dispone la Constitución Política, doy cuenta al país, ante este Congreso Nacional, “del estado administrativo y político de la Nación”.
Recién enterada la mitad de mi mandato, es satisfactorio para mí -y confío que lo será para todos los chilenos-comprobar que las metas de reconciliación nacional, consolidación democrática, desarrollo económico, justicia social y reinserción internacional que nos propusimos desde el inicio como las tareas fundamentales de mi Gobierno, están siendo cumplidas o lo han sido ampliamente en estos dos años.
Chile es hoy un país reconciliado, en que la fatídica división entre “amigos y enemigos” que imperó por tanto tiempo ha cedido lugar a una convivencia entre compatriotas capaces de respetarnos en nuestras legítimas diferencias y de lograr acuerdos y aunar esfuerzos en la búsqueda del bien común.
Esta convivencia se desenvuelve en paz, por los caminos propios de la democracia. Los Poderes Públicos y demás instituciones del Estado cumplen sus funciones con arreglo al ordenamiento jurídico, que nos esforzamos por perfeccionar para hacerlo cada vez más democrático y eficiente.
El país se desarrolla dentro del marco de una economía abierta y competitiva, regida por reglas claras y estables. El producto nacional crece, la inflación disminuye y aumentan las exportaciones, el ahorro y la inversión.
En el plano social, la desocupación se reduce; mejoran los ingresos de los trabajadores -especialmente las remuneraciones y pensiones mínimas-; los sindicatos y demás organizaciones sociales se vigorizan y aumentan su capacidad de negociación; y el Estado hace esfuerzos preferentes para atender las necesidades primordiales de los más pobres, sobre todo en salud, educación y vivienda.
Todo este proceso, que responde a las necesidades fundamentales del país y a los valores éticos que nos inspiran, es parte de la gran tarea histórica de construir una patria cada vez mejor y más próspera, donde la libertad, la justicia, la solidaridad y la alegría de vivir sean ciertas para todos.
Naturalmente, éste es un proceso gradual que necesita tiempo, trasciende a mi Gobierno, ha de proyectarse con visión de futuro y requiere la colaboración de todos.
Procuramos cumplir esta tarea con profundo sentido nacional, lo que exige equilibrar continuidad y cambio. No hemos hecho tabla rasa del pasado ni impulsado experimentos ideológicos, sino que estamos recogiendo lo mejor de las distintas etapas de la historia patria, de modo de llegar a una síntesis de las grandes tendencias de nuestro tiempo y encarar con vigor y eficacia los desafíos del porvenir.
Estamos realizando este empeño en un contexto internacional que se caracteriza por cambios sorprendentes, en el cual Chile se ha reinsertado plenamente y asume, con la dignidad, mesura y discreción propias de su tradición histórica, la participación que corresponde a su vocación por la paz, la defensa de los intereses nacionales, la vigencia del derecho y el fortalecimiento de la amistad y cooperación entre los pueblos.
I. CHILE EN EL MUNDO.
NUESTRA POLITICA INTERNACIONAL
Dos grandes tendencias parecieren caracterizar la realidad mundial que está surgiendo en nuestros días; por una parte, el vigor con que se manifiesta la aspiración humana a la libertad; por otra, la creciente interdependencia de las naciones.
La vocación de libertad de pueblos y personas se expresa, en lo político, en la búsqueda de democracia como modelo institucional y forma de convivencia colectiva, y en lo económico, en el auge de las economías de mercado y la reducción del rol estatal en este ámbito. Otro signo de libertad es el renacer de los nacionalismos y de los afanes autonómicos que proliferan en diversas latitudes.
La interdependencia de las naciones se manifiesta en los vigorosos procesos de integración y fórmulas de cooperación que surgen en diversos continentes, y en la conciencia que los hombres vamos adquiriendo crecientemente de que pueblos e individuos compartimos un destino común, en cuanto habitantes de un mismo planeta cuyos problemas ecológicos de deterioro ambiental amenazan la vida misma de la humanidad y nos exigen cuidar diligentemente su futuro.
Dentro de este marco, la política internacional de Chile, que mi Gobierno concibe como “política de Estado” - inspirado en criterios nacionales por encima de tendencias partidistas-, persigue como objetivos fundamentales colaborar a la causa de la paz en el mundo sobre la base de los principios del Derecho Internacional y fortalecer la amistad y cooperación entre las naciones.
Pensamos que el compromiso con la paz es también un compromiso con los valores de la democracia y con la defensa de los derechos humanos consustanciales a ella. La experiencia histórica demuestra que los peores enemigos de la paz son las dictaduras y los totalitarismos.
En ese entendido, la suerte que corre la democracia fuera de nuestras fronteras no nos puede ser indiferente. No podemos sino evaluar negativamente toda ruptura o quebrantamiento de la institucionalidad democrática, independientemente de las circunstancias que la rodeen.
Consecuentes con este criterio, en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en nuestra capital, Chile participó activamente en la promoción del “Compromiso de Santiago con la Democracia y con la Renovación del Sistema Americano”. Los principios allí explicitados han sido determinantes en las gestiones de la OEA para procurar la recuperación de la democracia en Haití y en la resolución adoptada a raíz de los acontecimientos que han tenido lugar en la hermana República de Perú.
Consideramos que la defensa de los derechos humanos es un deber ineludible de todo gobierno comprometido con la paz, frente al cual no cabe invocar el principio de no intervención. Designado miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Chile actúa en ella inspirado en esta concepción.
En esta nueva etapa del orden internacional, en que el término de la Guerra Fría ha puesto fin a un período marcado por la bipolaridad, nuestro compromiso con la paz nos ha hecho conceder gran importancia a la acción multilateral, y en particular a las Naciones Unidas, como organismo al que compete un renovado papel en la mantención de la paz y seguridad internacionales. Es así como hemos adoptado un rol más activo en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Actualmente participamos con una Unidad de Helicópteros de la Fuerza Aérea en la frontera entre Kuwait e Irak; con observadores militares en la frontera entre India y Pakistán y en Líbano; con un contingente de la Armada en Camboya, y con otro de Carabineros en El Salvador.
En el ámbito de la seguridad continental, mi Gobierno otorga alta prioridad a los compromiso de no proliferación nuclear y de desarme. Consecuentemente, hemos impulsado con Argentina y Brasil gestiones tendientes a lograr la plena vigencia del Tratado de Tlatelolco, y suscribimos con los mismos países el Compromiso de Mendoza sobre prohibición completa de las armas químicas y biológicas, al que posteriormente han adherido otras naciones latinoamericanas. Del mismo modo, apoyamos decididamente las negociaciones para la Prohibición Total de Armas Químicas en la Conferencia de Desarme de Ginebra.
En el plano de las relaciones bilaterales, atribuyo la mayor trascendencia a los acuerdos con Argentina en materia de límites, los que permitieron solucionar directamente veintitrés problemas de demarcación fronteriza, algunos de los cuales se arrastraban desde comienzos de siglo, incluyendo el Tratado para fijar los límites en la zona de los Campos de Hielo Sur, sujeto a ratificación de los respectivos Parlamentos, y el compromiso para someter a arbitraje la traza limítrofe en Laguna del Desierto, ya en pleno cumplimiento. La forma moderna y directa de abordar estas antiguas diferencias expresa nuestra voluntad de avanzar en una nueva etapa de cooperación, integración y entendimiento con el vecino país. En este sentido, merece también destacarse el acuerdo de complementación económica, de la mayor importancia para el futuro de nuestras dos naciones.
En marzo último reiniciamos negociaciones con Perú para materializar algunas de las cláusulas del Tratado de 1929, negociaciones que esperamos proseguir tan pronto las circunstancias lo permitan. También convinimos con ese país la supresión de visas para el tránsito de turistas.
Con Bolivia hemos adoptado medidas unilaterales que conduzcan gradualmente a una mayor integración, como es, entre otras, la supresión de la exigencia de vías para los ciudadanos bolivianos. Anhelamos progresar en un acuerdo de complementación económica con ese país hermano.
Nuestro objetivo de contribuir al desarrollo de la solidaridad y cooperación internacionales lo hemos perseguido prioritariamente, aunque no de manera excluyente, con América Latina, Norteamérica, Europa y la Cuenca del Pacífico.
La prioridad que mi Gobierno asigna a América Latina se ha expresado no sólo en nuestra activa participación en la OEA, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), como asimismo en el Mecanismo de Consulta y Concertación Política Grupo de Río, concebido para concertar la actuación de los países de la región frente a temas de interés común, sino también en el fortalecimiento de las relaciones y la cooperación con todas las naciones del continente.
Fruto de estos esfuerzos, aparte del Acuerdo de Complementación Económica con Argentina, suscribimos un importante Acuerdo de Libre Comercio con México; creamos Consejos Conjuntos sobre Economía y Comercio con Canadá, Ecuador y Colombia; establecimos un Consejo Bilateral de Integración con Uruguay; se efectuaron Comisiones Mixtas con Costa Rica y Paraguay; se avanza en el estudio de Acuerdos de complementación económica con Venezuela y Bolivia, e incrementamos nuestros vínculos de cooperación con las naciones de Centroamérica y el Caribe.
Con Estados Unidos suscribimos, en el marco de la Iniciativa para las Américas, un Acuerdo sobre Medio Ambiente en virtud del cual los pagos de intereses asociados a una parte de la deuda oficial con ese país serán hechos en moneda local y depositados en un Fondo Ecológico que establecerá nuestro Gobierno.
En el contexto de la especial importancia que asignamos a nuestras relaciones con Estados Unidos, se inserta la visita de Estado que efectué recientemente a ese país, la primera de un gobernante chileno desde la que hizo el Presidente Jorge Alessandri en 1962. En esta ocasión tuvimos oportunidad de profundizar nuestros vínculos políticos y económicos, resaltando nuestra firme vocación democrática y nuestra decisión de promover el comercio bilateral y la inversión norteamericana en Chile.
Los testimonios de aprecio que recibimos de parte del Gobierno, congresales, universidades, organizaciones empresariales y otros importantes sectores de Estados Unidos son motivo de legítima satisfacción para nosotros, pues todos ellos coincidieron en elogiar por igual nuestro actual proceso político democrático; el clima de convivencia; la estabilidad y dinamismo de nuestra economía, y los avances en el campo social. Tales juicios demuestran el excelente pie en que se encuentran las relaciones entre Chile y esa gran nación y revelan las promisorias posibilidades que de ellos podemos esperar si sabemos cultivarlas adecuadamente. Y la decisión anunciada por el Presidente Bush, como resultado de nuestras conversaciones, de iniciar la negociación de un tratado de libre comercio con Chile inmediatamente después del que está en trámite con Canadá y México, constituye para nuestro país un importante avance en ese sentido.
Con la Europa Comunitaria, principal socio comercial de Chile, hemos centrado los esfuerzos en el reforzamiento de nuestros vínculos políticos y culturales; la consecución de nuevos mercados para nuestros productos; la promoción de inversiones europeas en nuestro país; la concreción de programas de cooperación en diversos ámbitos, y la eliminación de las barreras proteccionistas. En diciembre último se realizó la Primera Comisión Mixta Chile-Comunidad Económica Europea. La próxima semana Santiago será sede de la reunión de Cancilleres del Grupo de Río y la Comunidad Europea, mecanismo que ha institucionalizado una vinculación entre nuestra región y la Europa Comunitaria, que esperamos sea progresivamente más fecunda.
Con el resto de Europa, en especial con los países nórdicos, con los cuales nos ligan tantos vínculos de afecto y reconocimiento, también procuramos concertar nuevas formas de entendimiento, intercambio y cooperación.
Siguiendo con la política nacional hacia la Cuenca del Pacífico, Chile logró su incorporación como miembro pleno al Consejo de Cooperación Económica en el Pacífico (PECC), uno de los más importantes organismos de cooperación económica del área. Continuamos incrementando nuestros vínculos con esta región, que cada día adquiere mayor relevancia para el comercio exterior chileno, como lo refleja el hecho de que Japón haya sido en el último año el principal destinatario de nuestras exportaciones a nivel mundial.
Como se desprende de lo expuesto, sin perjuicio de buscar el fortalecimiento de nuestros vínculos políticos con todas las naciones del mundo, hemos dado especial relieve a las relaciones económicas, con el criterio de apoyar y complementar nuestra estrategia de crecimiento, avanzando hacia una nueva etapa del desarrollo exportador, mediante su diversificación y la profundización de nuestra integración a la economía internacional.
Por consiguiente, atribuimos la mayor importancia al éxito de la Ronda Uruguay del GATT, en cuyas negociaciones hemos participado activamente, la que debe garantizar reglas que fortalezcan la liberalización del comercio.
Seguiremos impulsando convenios económicos bilaterales, en la convicción de que tales acuerdos constituirán, en definitiva, la base que permitirá construir en el futuro convenios multilaterales de mayor envergadura. Somos contrarios a la formación de grandes bloques comerciales cerrados. Inversamente, nuestro interés es relacionarnos cada vez más con los centros dinámicos de crecimiento e innovación tecnológica, mantener un flujo importante de inversión extranjera y, a la vez, estimular nuestra inversión en el exterior.
Consecuentes con nuestra convicción de que el mayor desafío de los pueblos del mundo es derrotar a la pobreza, lo que exige de todos un serio esfuerzo de solidaridad y justicia social internacional, Chile sugirió al Consejo Económico Social de las Naciones Unidas la idea de convocar a una Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, iniciativa que está encontrando favorable acogida en la comunidad internacional.

Llevar a feliz término todos estos esfuerzos exige, no sólo la diligente actuación de los agentes diplomáticos y comerciales, de Ministros de Estado y funcionarios, sino también necesarios contactos personales -no meramente de salón, como algunos dicen- entre los Jefes de Gobierno, que crean vínculos de comprensión y de confianza, facilitan los entendimientos y vigorizan la amistad entre las naciones.
Es así como en este período hemos sido honrados con las visitas de los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Hungría, México y Nicaragua; de los Cancilleres de Alemania, Australia, Filipinas y Polonia, y de los Primeros Ministros de Malasia y Rumania. Por mi parte, he efectuado visitas de Estado a Colombia, a los Presidentes centroamericanos en El Salvador, a Argentina, a Uruguay y a los Estados Unidos, además de concurrir a la Cumbre Iberoamericana celebrada en México y a la reunión del Grupo de Río realizada en Colombia. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, don Enrique Silva Cimma, ha efectuado visitas a los Países Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y Suiza; a Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, y, recientemente, a Jamaica y otras naciones del Caribe.
Durante este período, Chile ha sido honrado en el ámbito internacional para formar parte, como país, entre otros organismos, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; del Consejo Ejecutivo de la FAO; de la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI; del Consejo de Administración de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer.
A la vez, personeros chilenos han sido distinguidos mediante designaciones tan honrosas como las del Subsecretario de Relaciones, don Edmundo Vargas, para integrar la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas; del Senador señor Máximo Pacheco como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; del Director Jurídico de nuestra Cancillería, don Eduardo Vío, como miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA; del Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, como Presidente del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, y del Almirante don Juan Carlos Toledo como Primer Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Técnicos de la Organización Marítima Internacional.
No podría terminar esta parte de mi cuenta sin hacer mención a la participación relevante que Chile está teniendo en la Feria Universal de Sevilla. Conjugando esfuerzos del Estado y de empresarios chilenos, y gracias a la colaboración inteligente y abnegada de valiosos compatriotas, se está poniendo en alto la presencia de Chile en el mundo.
II. CONSOLIDACION Y PERFECCIONAMIENTO DE NUESTRA CONVIVENCIA DEMOCRATICA
Las tareas de reconciliación nacional y de democratización de la sociedad y perfeccionamiento de sus instituciones que nos propusimos al iniciar nuestro Gobierno respondían a un mismo y profundo anhelo: alcanzar en nuestro Chile una forma de convivencia nacional verdaderamente libre y humana que, superando las hondas divisiones y heridas del pasado, se fundara en el respeto a la verdad y a las personas, en la plena vigencia de los derechos humanos y en la participación equitativa de todos en las decisiones, en las cargas y en los beneficios que la vida en sociedad entraña.
¿Cuánto hemos avanzado hacia el logro de ese anhelo? ¿Qué nos queda por hacer?
Es lo que paso a analizar, en escueta reseña de lo que hemos hecho y conseguido para consolidar nuestra convivencia democrática y en somera exposición de lo que nos proponemos hacer para perfeccionarla.
1º Consolidación de nuestra convivencia democrática
Nadie que observe objetivamente cómo marcha nuestra existencia colectiva, cómo funcionan las instituciones del Estado, cómo se respetan los derechos humanos, cómo se expresan libremente las distintas opiniones, podrá dejar de reconocer que nuestra convivencia nacional se ajusta a los valores y requisitos esenciales de la democracia.
Aquí el sistema político funciona con arreglo a las normas constitucionales y legales, y, cualquiera que sea el juicio que nos merezcan, a nadie se le ocurre transgredirlas. Aquí impera un Estado de Derecho. Aquí rigen plenamente las libertades civiles y políticas. Hay debate, a veces encendido, entre Gobierno y Oposición. Pero hay también - salvo censurables excepciones- respeto a las opiniones ajenas, disposición al diálogo y búsqueda de acuerdos.
En estos dos años hemos alcanzado en el país un clima de convivencia civilizada, en un ambiente de paz cívica; de respeto a las personas; de ejercicio de derechos y libertades; de tolerancia; de acatamiento a las normas jurídicas, y de capacidad de diálogo y consensos, que debe ser justo motivo de orgullo para todos.
¡Por algo lo admiran los observadores extranjeros!
Esto es lo que me llevó a decir, hace algún tiempo, que considero concluida la etapa de “transición a la democracia”. La frase mereció críticas, especialmente a muchos de mis propios partidarios, y ha dado origen a sesudas disquisiciones. No me arrepiento de haberla dicho, porque es lo que realmente pienso. No es que yo crea que nuestra democracia sea perfecta, ni que me haya olvidado de las reformas que nos comprometimos a hacer para perfeccionarla. Es que jamás dijimos que todo nuestro programa de gobierno fuera cosa de transición.
La transición era el paso del Gobierno autoritario al Régimen democrático, del Estado policial al Estado de Derecho, del abuso de poder a la vigencia de las libertades, del insulto y persecución al disidente al respeto al adversario y a su derecho a hacer oposición, de los medios de comunicación agentes de propaganda oficialista a la libertad de información y de opinión, de la convivencia fundada en la fuerza y el temor a la convivencia pacífica.
Todo esto se ha conseguido y es necesario y bueno que lo reconozcamos y valoremos.
Los pueblos, como las personas, debemos saber apreciar lo que tenemos. No para conformarnos ni renunciar a aspiraciones superiores, sino para vivir con los pies en la tierra y no en función de meros sueños o antojos; para preservar lo bueno que tenemos y no arriesgarnos a perderlo en aras de lo mejor a que aspiramos, sino para avanzar hacia el ideal con que soñamos a partir de la realidad, a fin de corregirla, mejorarla y perfeccionarla.
No pretendo que esta consolidación de nuestra convivencia democrática sea obra exclusiva del Gobierno. Sin duda todos hemos contribuido a ella: Ejecutivo y Legislativo, gobiernistas y opositores, trabajadores y empresarios, civilidad e instituciones armadas.
Quiero hacer expreso reconocimiento a la disposición que generalmente ha demostrado el Honorable Congreso Nacional a buscar en su seno, junto con el Gobierno y los personeros de los distintos sectores de la comunidad, acuerdos razonables que, prevaleciendo en último término sobre la disputa confrontacional y a veces sensacionalista, han permitido avanzar en la aprobación de leyes de bien público.
Pero nadie podría seriamente dejar de reconocer que este clima no habría sido posible si el Gobierno que tengo el honor de presidir y las colectividades de la Concertación de Partidos por la Democracia que lo apoyan no hubiéramos procedido con la responsabilidad, ecuanimidad y generosidad que han caracterizado nuestra gestión.
Pudimos llegar, en son de vencedores, a vengar agravios, a denunciar abusos y privilegios, a escudriñar situaciones sospechosas, a devolver ofensas, a tratar a quienes ayer ejercieron, participaron o se beneficiaron del poder, del mismo modo como ellos nos trataron. Preferimos el camino del entendimiento y la reconciliación. Por imperativo moral, buscamos y conseguimos el esclarecimiento de la verdad acerca de las más graves violaciones a los derechos humanos y procuramos que se haga justicia en la medida de lo posible. Frente a hechos manifiestamente irregulares, nos limitamos a atenernos al dictamen de los tribunales o de los órganos jurídicos del Estado. Todo lo demás lo dejamos entregado al juicio de la historia. Hay quienes -muchos con justos motivos de agravios- no nos comprenden y aun nos critican. Yo los entiendo, pero creo, en conciencia, que hemos hecho lo que ha sido necesario para lograr la paz entre los chilenos.
Es bueno que el país sepa y valorice estas cosas.
Es también bueno y necesario que el país recuerde algunas de las cosas que se han hecho en este tiempo para ayudar a conseguir el clima de paz que impera en la convivencia nacional. Señalo sólo las más relevantes:
a) La constitución, en su momento, de la Comisión de Verdad y Reconciliación y el Informe que ella evacuó sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el Régimen anterior. No obstante las objeciones que en su origen se opusieron a su formación y las explicaciones que posteriormente se dieron con motivo de su informe, hoy el país sabe la verdad, los nombres de las víctimas han sido vindicados, en algunos casos los responsables están siendo procesados y, aunque en la mayoría de los casos esto no se haya conseguido, la conciencia nacional repudia esos crímenes y condena a los culpables.
b) Las diversas leyes de carácter procesal que, casi siempre por iniciativa del Gobierno a través del Ministerio de Justicia, han fortalecido las garantías del proceso, especialmente en relación a los detenidos y procesados, tutelando la integridad física de las personas, regulando la incomunicación y el aislamiento prolongado, restringiendo la aplicación de la pena de muerte y modernizando la tipificación de los delitos terroristas, normas todas que garantizan a la ciudadanía contra posibles abusos de autoridades o agentes del Estado.
c) La creación de la Oficina Nacional de Retorno y la legislación sobre franquicias aduaneras y revalidación de títulos profesionales y técnicos, que facilitan el regreso al país de los exiliados políticos y su reinserción en la vida nacional.
d) La liberación, en conformidad a la legislación dictada en estos años, de la gran mayoría de los presos por delitos de motivación política cometidos bajo el Régimen anterior, sean en virtud de resoluciones judiciales o de indultos dictados por el Jefe del Estado.
e) La promulgación de la ley que dispone reparaciones a los familiares de las víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos y crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
f) La humanización del sistema carcelario y del tratamiento de menores, con la mira de conseguir la rehabilitación del delincuente y mejorar las condiciones de funcionamiento de los presidios y centros de detención, para lo cual se ha aumentado la dotación de Gendarmería, mejorado su situación laboral y se está cumpliendo un programa de reparación de edificios y nuevas construcciones.
g) El restablecimiento de la más plena libertad de información y de opinión, materializado mediante la reforma a la ley de abusos de publicidad y por la forma objetiva y responsable con que el Gobierno ha manejado los medios de comunicación de propiedad estatal. La consagración y consolidación de esta política mediante las recientes leyes sobre Consejo Nacional de Televisión y sobre Televisión Nacional de Chile garantizan la transparencia, pluralismo e imparcialidad, al abrigo de toda presión o interferencia gubernativa, en el sistema de televisión chileno, tanto respecto de los canales privados y universitarios, como del canal nacional, que pertenece a todos los chilenos.
Todos estos hechos han sido factores importantes para configurar el clima de convivencia democrática que hoy vive el país. La preservación de ese clima, tan necesario para la paz social y el desarrollo nacional, es obligación de todos. A todos nos exige conciencia de nuestros deberes cívicos, apego a la verdad, respeto a las personas, sentido de responsabilidad en nuestra conducta. Estos deberes recaen sobre todo en los servidores públicos y, muy especialmente, en quienes hemos recibido de nuestros compatriotas su confianza para conducir al país desde el Gobierno y desde el Congreso Nacional. Ellos reclaman de nosotros no sólo que cumplamos nuestros deberes con lealtad, honradez y austeridad, sino también que procuremos ser ejemplo de corrección moral.
No ayudan a esta tarea quienes, con ligereza, magnifican hechos reprobables y procuran crear imágenes de corrupción generalizada que no corresponden a la verdad.
La experiencia histórica enseña que el prestigio de las instituciones es fundamental para la estabilidad y el éxito de las democracias, y ese prestigio se resguarda mejor velando cada una por el suyo y exigiéndose al máximo a sí misma, que buscando manchas y procurando agrandarlas en los otros.
En cuanto al Presidente que os habla y mi Gobierno, el país puede tener la certeza de que somos y seremos los primeros en exigirnos a nosotros mismos y a nuestros subordinados la honradez y consagración a nuestros deberes que la Patria tiene derecho a exigirnos.
Consideración aparte, por sus particularidades, merecen los temas relativos a las relaciones cívico-militares, a la seguridad pública y a las reformas al régimen municipal y regional, como factores que han estado presentes en la vida nacional durante el tiempo transcurrido de mi mandato y cuya forma de encararlos por el Gobierno también ha contribuido a fortalecer nuestra convivencia democrática.
Paso a referirme a cada uno de ellos.
2º Convivencia democrática y relaciones cívico-militares
Al comenzar nuestro Gobierno, luego de un prolongado Régimen militar, el manejo de las relaciones cívico-militares planteaba interrogantes y era explicable motivo de incertidumbre.
La política observada por mi Gobierno en esta materia se ha ceñido al más riguroso respeto al ordenamiento constitucional y legal de la República y al carácter profesional, jerarquizado, disciplinado, esencialmente obediente y no deliberante que la Carta Fundamental prescribe para las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Como lo dije el año pasado en esta misma Sala, el Gobierno se ha esforzado por superar la errada y nociva tendencia de algunos sectores a identificar a las instituciones armadas con el pasado Régimen y con sus partidarios, y por promover el conocimiento mutuo entre civiles y militares, requerir la participación de éstos en asuntos de interés nacional propios de su especialización y recalcar la importancia de los grandes valores nacionales como elementos fundamentales de la conciencia colectiva y de la unidad de la Patria. Esta política ha ido superando progresivamente los posibles motivos de recelo y desconfianza que, lamentablemente, hay quienes procuran de vez en cuando promover o avivar.
Durante el período de que doy cuenta nuestras Fuerzas Armadas han continuado su trabajo profesional de formación permanente y desarrollo de sus capacidades de acción disuasiva y ofensiva vitales para nuestra seguridad, así como el desempeño de sus roles de paz. El objetivo fundamental de nuestra política militar es mantener un alto nivel de preparación, entrenamiento y motivación profesional de nuestras Fuerzas Armadas. Junto a esto debe asegurarse, como lo estamos haciendo, la mantención de los buenos niveles de eficiencia operativa de nuestras actuales fuerzas convencionales, así como la renovación de unidades, materiales y equipos.
Mi Gobierno ha respaldado sus planes de desarrollo institucional, abriendo nuevas oportunidades para sus miembros a través del incremento de la cooperación internacional, de la participación en misiones de paz y del aumento del número anual de ejercicios combinados entre nuestras Fuerzas Armadas y contingentes armados de países amigos.
Es para mí satisfactorio afirmar que hoy nuestras instituciones castrenses pueden mantener lazos de colaboración militar con todas las potencias militares del mundo. Cada día son más numerosas las misiones de entrenamiento avanzado y la asistencia de nuestros hombres de armas a cursos especializados en el extranjero, así como las visitas a Chile de Ministros de Defensa e ilustres jefes militares de naciones amigas.
Dentro de las limitaciones económicas del país, mediante un esfuerzo constante por optimizar el uso de sus recursos, nuestras Fuerzas Armadas pueden y deben seguir siendo, nacional e internacionalmente, instituciones respetadas y reconocidas por su elevado espíritu, su disciplina ejemplar, su eficiente organización, su adecuado equipamiento y su indiscutida capacidad y eficiencia profesional.
3º Convivencia democrática y seguridad ciudadana
Plenamente consciente de la gravedad que la delincuencia y el terrorismo entrañan para la vida misma de la gente para el desarrollo normal de las actividades nacionales problema que mi Gobierno ha reconocido desde que asumió sus funciones y al cual expresamente me referí en mi primer Mensaje a este Congreso-, ha sido preocupación fundamental de mi Administración encarar estos flagelos con la máxima eficacia y dotar al Estado de los instrumentos idóneos para cumplir esta tarea.
Como el país sabe, los organismos responsables, por mandato constitucional, de la seguridad y el orden interno: Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, no contaban con los medios indispensables para cumplir eficientemente esa tarea. En estos dos años hemos hecho esfuerzos especiales para suplir esa grave deficiencia, disponiendo el aumento de la dotación de Carabineros en 6 mil nuevas plazas, de las cuales más de la mitad ya están en funciones y el resto se incorporarán por etapas en el curso del presente y de los próximos dos años. También se ha aumentado la dotación de la Policía de Investigaciones y se ha provisto a ambas instituciones de vehículos y demás elementos y equipos indispensables para el adecuado cumplimiento de sus cometidos.
Conjuntamente con lo anterior el Gobierno creó, por decreto supremo de abril del año último, el Consejo Coordinador de Seguridad Pública para que se encargara de proponer una planificación estratégica y coordinación de las políticas de seguridad para enfrentar el terrorismo. Posteriormente, extendió la competencia de ese organismo también a la lucha contra la delincuencia común.
Por la naturaleza de sus funciones, Carabineros e Investigaciones cumplen sus tareas vinculados al Ministerio del Interior, que es el encargado por ley del “mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos”. La Constitución, sin embargo, los coloca bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, que no tiene ninguna atribución en materia de seguridad y orden interno. Para corregir esta anomalía, que dificulta la necesaria conducción superior y coordinación de las políticas de seguridad por una autoridad responsable, propuse una reforma constitucional para consagrar en el texto lo que en la práctica ocurre. Rechazada inexplicablemente esa reforma, resolví encomendar al Ministerio del Interior, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33 del Texto Constitucional, la coordinación de los servicios y labores relacionados con la mantención del orden y la seguridad públicos.
Por otra parte, el Gobierno sometió a la consideración del Congreso Nacional varios proyectos de ley a fin de proteger la seguridad de las personas, para modificar las normas sobre libertad provisional y aumentar las penas en ciertos delitos, para obligar a ciertas empresas a mantener sistemas de seguridad -ambos ya aprobados por el Honorable Senado-, para regular los servicios de vigilantes privados y para crear la Subsecretaría de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior, ambos en primer trámite en la Honorable Cámara de Diputados.
Los señores Parlamentarios saben, como también las directivas de los partidos políticos, tanto de Gobierno como de Oposición, que he procurado permanentemente hacer de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia una tarea nacional, por encima de diferencias partidistas, con el fin de aunar criterios y lograr la mayor eficacia. Todavía abrigo la esperanza de que podamos proceder así.
Tengo el convencimiento de que las medidas que hemos adoptado han sido eficaces y que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones han mejorado enormemente su eficiencia en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.
Cada día son más los delitos que se esclarecen y cuyos culpables son procesados. El país es testigo de los éxitos obtenidos por las Fuerzas de Orden y Seguridad en el esclarecimiento de los más graves hechos terroristas, cuyos autores han sido puestos a disposición de la justicia.
Con relación a los episodios que han dado origen a la investigación que realiza una Comisión especial de la Honorable Cámara de Diputados, no quiero interferir con su tarea -que, confío, establezca toda la verdad,          las responsabilidades del caso y las conclusiones que correspondan-, pero considero mi deber reiterar lo siguiente:
1º El Gobierno rechaza categóricamente cualquier procedimiento policial incompatible con los principios democráticos y propio de regímenes autoritarios, que pretenda un control generalizado de la vida social e implique seguimiento a las personas e intromisiones en su vida privada.
Por eso desautorizó y ordenó retirar los instructivos de Investigaciones que se apartaban de esta línea y aceptó de inmediato la renuncia del señor Director del Servicio, no obstante el reconocimiento que merecen su honorabilidad y la abnegada, valiente y eficaz labor que realizó para mejorar la Policía de Investigaciones;
Y 2º El Gobierno sostiene categóricamente que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en cuanto instituciones encargadas constitucionalmente de “garantizar el orden público y la seguridad pública interior”, tienen no sólo la facultad, sino el deber de recoger y procesar las informaciones necesarias para prevenir cualquier hecho que pudiera atentar contra esos valores o poner en peligro la estabilidad del orden constitucional de la República, venga de donde venga.
Considerando que el tráfico de drogas y estupefacientes es uno de los elementos más determinantes y perniciosos en la configuración de la criminalidad contemporánea, con impactos potencialmente dramáticos sobre nuestra juventud, se envió a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre esta materia, elaborado por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes.
Este texto contempla la tipificación del delito de lavado de dinero; castiga el desvío ilegal de precursores químicos cuando están destinados a la producción de drogas y estupefacientes; y permite el empleo de nuevas técnicas de investigación policial, como son la entrega vigilada y la acción de agentes encubiertos.
Este instrumento legal es imprescindible para un combate moderno y eficaz contra el narcotráfico. Considerando la transcendencia de esta materia, no dudo que ambas Cámaras lo considerarán bajo la perspectiva de una cuestión de Estado, procurando que se convierta en ley en el menor tiempo posible.
En este ámbito, hay que destacar que el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, a través de un grupo de trabajo que sesiona periódicamente, efectúa una labor de coordinación de los distintos órganos del Estado encargados del control de este tráfico ilícito, lo cual ha permitido progresos evidentes en esta tarea.
4º Convivencia democrática y administración municipal y regional
Por último, es de justicia señalar la honda significación que tiene para nuestra convivencia democrática la reforma constitucional promulgada en noviembre último sobre régimen municipal y regional, que responde a sentidas aspiraciones ciudadanas.
Si es de la esencia de la democracia que el pueblo participe en la decisión de los asuntos públicos, al menos eligiendo a mandatarios para que los gestionen en su representación, negar al pueblo ese derecho en lo relativo a la gestión de los asuntos comunales, que son los que más directamente le atañen, significa la negación misma de la democracia. De ahí que en las elecciones de diciembre de 1989 todos los candidatos y todos los partidos postularon la generación democrática de los municipios. Resulta una paradoja que hayan sido necesarios casi dos años para concretar ese planteamiento nacional.
Conforme a la nueva ley orgánica municipal, en junio próximo, por primera vez después de más de veinte años, los chilenos concurriremos a las urnas para elegir democráticamente nuestras autoridades municipales.
Estas serán las primeras elecciones que se efectúen bajo mi Gobierno. El país puede tener la certeza de que ellas se realizarán en absoluta libertad y con plena transparencia, para lo cual se han adoptado todas las medidas necesarias a fin de garantizar la pureza del acto electoral y el conocimiento público oportuno de sus resultados.
Este significativo avance democrático se complementará con la Ley sobre Gobierno y Administración Regional, actualmente en trámite parlamentario. Ella significará, por primera vez en nuestra historia, una auténtica descentralización en la gestión de las Regiones.
La institucionalidad que el proyecto propone constituye una respuesta concreta y responsable a las legítimas demandas de las comunidades regionales, que buscan asumir cuotas crecientes de participación en la solución de sus problemas. A partir de esa institucionalidad, las Regiones de Chile pueden mirar con confianza el futuro, desde la perspectiva de una efectiva descentralización, probablemente uno de los mayores desafíos de nuestro país de cara al siglo XXI.
Y digo desafío, porque la democratización, tanto de los gobiernos regionales como de los comunales, a la vez que abre oportunidades de participación desconocidas en Chile, plantea tareas cuyo cumplimiento exitoso demandará el ejercicio de la máxima responsabilidad tanto al Gobierno como a quienes ocupen las diversas posiciones de autoridad en estos nuevos gobiernos que se instalarán en octubre próximo.
Debe ser claro para todos que el proceso de regionalización no puede afectar la naturaleza unitaria del Estado de Chile, y deberá desarrollarse de acuerdo a una necesaria gradualidad en la transferencia de competencias.
Quienes asuman los nuevos gobiernos regionales y comunales deberán ser capaces de compatibilizar la consecuencia democrática con sus comunidades con la responsabilidad de buscar la máxima eficiencia técnica y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para el éxito de su gestión.
Para facilitar el cumplimiento de estos objetivos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior ha puesto en marcha un sistema de capacitación de personal de los gobiernos territoriales, complementario de los cursos que se llevaron a efecto el año último en virtud de un convenio con CEPAL e ILPES.
Dentro de este mismo espíritu, se ha realizado un importante esfuerzo por fortalecer los mecanismos de financiamiento que dependen de las propias Regiones. En 1991, la gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional logró un gasto efectivo superior al 97 por ciento de los fondos asignados, rendimiento que superó al obtenido en los últimos seis años. Ello permitió financiar 2 mil 37 proyectos, que beneficiaron especialmente a compatriotas en condiciones de pobreza, distribuidos de manera de favorecer preferentemente a las regiones más pobres, más rurales y más aisladas, gracias a una metodología elaborada a partir de indicadores regionales y sectoriales.
Para 1992, las Regiones dispondrán de recursos superiores en más de un 23 por ciento a los que tuvieron, en términos reales, el año pasado. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional aumentará en más de 16 por ciento en términos reales, y su monto excede considerablemente a lo prescrito en el Acuerdo Político sobre materias municipales y regionales, en el que se estableció que este instrumento debía incrementarse en una tasa superior al 25 por ciento de la inversión pública nacional. En realidad, lo hará en más de 100 por ciento.
Igualmente, para este año, los programas sociales descentralizados disponen en conjunto de un presupuesto superior en más de 23 por ciento al de 1991. Este presupuesto, además de los recursos asignados al Fondo mencionado, comprende los destinados a los Programas de Pavimentación Urbana del Ministerio de Vivienda, y al de Conservación de Caminos Secundarios del Ministerio de Obras Públicas. En estos dos últimos casos, a contar de 1992, y tal como lo establece el Acuerdo Político sobre la Reforma Regional y Municipal, los programas harán parte de la nueva modalidad de asignación descentralizada de recursos denominada Inversión Sectorial de Asignación Regional.
En materia de finanzas municipales, la recaudación del Fondo Común Municipal, que es el instrumento de redistribución para apoyar a las comunas más pobres, superó en más de 20 mil millones de pesos la estimación inicial que se había hecho para 1991, lo cual es de significativa importancia si se considera que este Fondo es la mayor fuente de ingreso para gran parte de los municipios.
Hay que destacar también que la Corporación de Fomento de la Producción participó activamente durante el año pasado en proyectos de desarrollo en las distintas regiones.
En 1992, CORFO redoblará sus esfuerzos, de modo de transformar la actual desconcentración de sus acciones en una verdadera descentralización de sus actividades, integrando a sus empresas filiales, servicios y organismos dependientes de ella en proyectos definidos en función de las necesidades de las propias comunidades regionales.
Los logros, iniciativas e innovaciones que he descrito expresan con absoluta claridad el compromiso de mi Gobierno con la meta de la descentralización, y nuestra clara voluntad de transitar hacia una democracia cada vez más moderna. Depende de la responsabilidad con que todos los sectores asumamos estas nuevas tareas que tal proceso signifique un gran salto hacia adelante en la calidad de vida de que gocen los habitantes de las diversas regiones del país.
5º Perfeccionamiento democrático: reformas pendientes
Si bien existen motivos de satisfacción por los progresos de nuestra convivencia democrática, tenemos también conciencia de las limitaciones, insuficiencias y defectos que exigen necesarias reformas. El Gobierno las ha estudiado y, en el ánimo de procurar que ellas conciten los acuerdos adecuados para obtener su aprobación, ha explorado opiniones y consultado sus ideas básicas, no sólo con los partidos de la Concertación, sino también con personeros de otros sectores. Convencido de su necesidad para el bien del país y para hacer más democrático y eficiente nuestro sistema institucional, ha presentado ya algunas a la consideración del Congreso Nacional y propondrá otras en los próximos días.
Creo necesario, en esta ocasión, referirme brevemente a las principales.
a) Reforma del sistema judicial
En abril del año pasado, sometí a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional y varios proyectos de ley proponiendo enmiendas substanciales a nuestro sistema judicial, a fin de satisfacer la necesidad, casi unánimemente compartida por los diversos sectores de nuestra sociedad, de modernizarlo, robustecerlo y agilizarlo, innovando el sistema de generación de sus autoridades; su administración; la formación, especialización y perfeccionamiento de los magistrados, y simplificando los procedimientos. Consideramos estas modificaciones indispensables, no sólo para adecuar la administración de justicia a un mundo que cambia aceleradamente, sino también para asegurar la efectiva autonomía del Poder Judicial.
Algunos sectores y, lamentablemente, personeros de la propia Corte Suprema, han visto en estos proyectos una amenaza a la independencia del Poder Judicial y un intento de politizarlo. Nada más ajeno a los propósitos del Gobierno. Ligado durante toda mi vida a los tribunales, por filiación, por vocación y por actividad profesional, una de mis mayores aspiraciones de gobernante es lograr, durante mi mandato, un real mejoramiento de nuestra administración de justicia, cuyo prestigio está tan deteriorado en la opinión nacional.
Durante más de un año, los proyectos han sido estudiados en la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados, sopesándose las opiniones, no sólo de los sectores políticos y de los propios magistrados judiciales, sino también las de organismos y personalidades académicas y profesionales vinculados con el tema. Aunque la Honorable Cámara, al pronunciarse en primer trámite sobre la reforma constitucional, aprobó sólo parcialmente el texto propuesto por la Comisión, confío en que en ambas ramas del Congreso puedan alcanzarse los consensos necesarios para sacar adelante esta iniciativa, a mi juicio indispensable para que el acceso y el derecho a la justicia sea real, expedito y eficaz en nuestro país.
Hay quienes sostienen que éste sería sólo un problema de aumentar los tribunales, dotarlos de medios más modernos y mejorar sus remuneraciones. Mi Gobierno reconoce estas necesidades, y por eso ha puesto en marcha un programa para duplicar los recursos que se asignen al Poder Judicial, mediante el incremento de un 20 por ciento real cada año. Solicitaré al Congreso Nacional que este compromiso se consagre legalmente, a fin de dar continuidad a dicho esfuerzo.
Pero estoy convencido de que el problema no es sólo la pobreza, enfermedad tradicional de la judicatura chilena. Es también, y fundamentalmente, cuestión de espíritu, organización, procedimientos, para hacer más respetada, más independiente y más eficaz nuestra administración de justicia.
b) Reformas para agilizar el sistema legislativo
La experiencia de estos dos años demuestra que, no obstante la buena disposición que generalmente existe, tanto de parte del Gobierno como de los Honorables miembros del Congreso Nacional, la tramitación de los proyectos suele dilatarse exageradamente, en especial la de los de origen parlamentario, y que a menudo se producen atochamientos en el trabajo de las Cámaras.
Con la mira de superar estos problemas, y teniendo en cuenta las dudas que se han suscitado con motivo de la discusión de las iniciativas de la Ley de Presupuestos y de reformas constitucionales, presentaremos próximamente un proyecto de reforma constitucional para suprimir el distingo entre legislatura ordinaria y extraordinaria; para autorizar que en los proyectos que no requieren quórum especial para su aprobación, el debate y la votación particular de los que hayan sido aprobados en la respectiva Cámara, se realicen en la Comisión que corresponde, sin perjuicio de que pueda pedirse por cierto número de Parlamentarios que vuelvan a la Sala, y para extender el sistema de Comisiones Mixtas a toda clase de proyectos de ley, incluso el del presupuesto y los de enmiendas constitucionales.
c) Reformas para restablecer la autoridad presidencial en materias de retiros de oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y de inamovilidad de sus Comandantes en Jefe
Conforme a la Constitución Política, el Presidente de la República “es el Jefe del Estado.”, “Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes,” (artículo 24). Y, entre otras atribuciones especiales, le corresponden las de designar y remover a los jefes superiores de las Instituciones Armadas y de Orden; disponer los nombramientos, ascensos y retiros de sus oficiales, todo ello con arreglo a las leyes, como, asimismo, “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;” y “Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas;” (artículo 32, Nºs. 18º, 19º y 20º).
Estas atribuciones, que el Jefe del Estado ha tenido en Chile desde los albores de la República, le son actualmente limitadas en dos aspectos de gran importancia: primero, por la inamovilidad que para los Comandantes en Jefe del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea y para el General Director de Carabineros establece el artículo 93 de la propia Constitución, que sólo autoriza su remoción con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, del que ellos mismos forman parte. Y, segundo, por la exigencia de “proposición” del respectivo Comandante en Jefe o Director, manifiestamente inconstitucional, que las leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, dictadas en las postrimerías del Régimen anterior, prescribieron para que el Presidente de la República pueda hacer uso de su facultad de llamar a retiro a oficiales de esas instituciones.
Con el objeto de corregir esta última anomalía, he presentado a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley que suprime esa exigencia restrictiva de las atribuciones propias del Jefe del Estado, y que, en el hecho, lo somete a la voluntad de subordinados suyos. No corresponde repetir aquí las sólidas razones que fundamentan este proyecto, desarrolladas en la exposición de motivos del respectivo mensaje. Sólo quiero agregar ahora que considero una ofensa a la dignidad del Jefe del Estado argumentar, como ligeramente se ha hecho por algunos, que esta reforma tendería a politizar a las Instituciones Armadas y de Orden, o a descabezarlas. En más de siglo y medio de historia patria, ningún Presidente de la República ha hecho tal cosa, que lo descalificaría ante la conciencia nacional y ante la historia.
En todo caso, el Gobierno está dispuesto a considerar fórmulas compatibles con la atribución presidencial, para precaver ese supuesto peligro.
En cuanto a la inamovilidad de los Jefes de las Instituciones Armadas, lo que no existe en ningún país democrático del mundo, significa limitar la autoridad propia del Jefe del Estado por un poder fáctico, lo que en determinadas circunstancias podría llevar al predominio de la fuerza sobre el Derecho. Por tal motivo, próximamente propondré al Honorable Congreso un proyecto de reforma constitucional a fin de suprimir esa inamovilidad. Para evitar cualquier interpretación que desnaturalice el sentido de esta reforma, que responde a razones de principio, y no circunstanciales, el proyecto dispondrá que sus normas no serán aplicables a los actuales jefes institucionales, quienes seguirán gozando de la inamovilidad por el tiempo que prescribe la disposición constitucional vigente.
d) Integración del Consejo de Seguridad
A fin de poner en pie de igualdad a ambas Cámaras del Honorable Congreso en la composición del Consejo de Seguridad Nacional, presentaremos un proyecto de reforma constitucional para que ese Consejo sea integrado, además de sus actuales miembros, por el Presidente de la Cámara de Diputados.
e) Supresión de los Senadores institucionales
El Gobierno considera que en un sistema democrático bicameral, en que ambas ramas del Parlamento se complementan en el ejercicio de sus funciones legislativas y políticas, su generación debe fundarse en la voluntad popular. Sólo así serán realmente representativas de la soberanía nacional, cuyo ejercicio corresponde esencialmente al pueblo.
En el sistema imperante entre nosotros, la existencia de Senadores no elegidos por la ciudadanía, sino que designados por otros órganos o autoridades, distorsiona ese principio, pudiendo alterar gravemente la representatividad del Senado y, por consiguiente, de la voluntad popular en el Congreso. Más aún, permite a las autoridades de turno, en el momento en que deban llevarse a cabo las designaciones, ejercer su poder para constituir en el Senado mayorías que no correspondan a los resultados electorales.
Por estas razones, presentaremos próximamente un proyecto de reforma constitucional tendiente a establecer que el Senado se componga solamente de miembros elegidos en votación popular.
Como esta proposición no importa juicio alguno sobre determinadas personas, ni se inspira en razones circunstanciales, sugeriremos también que rija sólo a partir de la renovación de los actuales miembros del Senado, de modo que quienes hoy lo integran en virtud de lo dispuesto en las letras b), c), d) e) y f) del artículo 45 de la Constitución, continúen en sus funciones hasta el término del período para el cual fueron designados.
f) Reforma del sistema electoral
El sistema binominal mayoritario, actualmente establecido para la generación del Parlamento, afecta gravemente la representatividad del Congreso Nacional, y puede generar serias crisis de gobernabilidad.
El parece haber sido instaurado con la intención de forzar al país a implantar un régimen bipartidista, lo que resulta totalmente reñido con la realidad y con la tradición histórica pluripartidista de Chile.
Dentro de esta realidad nacional pluripartidista, el sistema actual conduce a monopolizar la representación parlamentaria en los partidos que obtengan las dos más altas mayorías, privando de toda posibilidad a los demás, a menos que se agrupen en sólo dos coaliciones, en cada una de las cuales los partidos más débiles quedarán a merced de los más fuertes.
Supuesta esta agrupación, que la lógica del sistema impone, la combinación mayoritaria requiere más que duplicar a la otra para lograr mayoría en cada región o distrito. Si una obtiene el 66 por ciento de los votos y la otra, el 34, tendrán igual representación, con un electo cada uno, lo que constituye una injusticia y distorsiona gravemente la representatividad. Si llega a constituirse una combinación mayoritaria que sobreduplique a la siguiente, la minoría quedará excluida de toda participación en la institucionalidad democrática, lo que podrá empujarla a buscar cambios extraparlamentarios perniciosos. Si tal hipótesis no se cumple, tenderá a producirse prácticamente un empate, el que, en períodos de confrontación o disputa, dificultará muy gravemente la gobernabilidad del país.
Todas estas razones conducen al Gobierno y a los partidos de la Concertación democrática que lo apoyan, a plantear la necesidad de restablecer en el país un sistema electoral proporcional que corresponda a la realidad chilena y a nuestra tradición histórica, con las correcciones necesarias para evitar la proliferación de partidos y asegurar el eficiente funcionamiento de nuestra democracia.
Con tal fin, presentaremos en las próximas semanas los correspondientes proyectos de reforma constitucional y legal, respecto de los cuales considero indispensable que se busque entre los distintos sectores, con la serenidad y el patriotismo que tan delicada materia exige, el mayor consenso que sea posible alcanzar.
Personalmente, pienso que, por la trascendencia que tiene el sistema electoral para la estabilidad y eficiencia del régimen democrático, sus criterios fundamentales deben ser consagrados en la propia Constitución y en las leyes orgánicas pertinentes, según sea el caso, de modo que la normativa electoral, tan importante para la autenticidad y fluidez del proceso democrático, quede al abrigo de mayorías ocasionales y consideraciones oportunistas.
g) Reformas al Tribunal Constitucional
Las normas constitucionales que actualmente rigen al Tribunal Constitucional se apartan, tanto en su generación como en su competencia, de los principios que rigen la justicia constitucional en un ordenamiento democrático.
Por una parte, la nominación de sus miembros, por su naturaleza, debe provenir de los Poderes del Estado, y no de un órgano enteramente ajeno a sus funciones jurídico-políticas, como es el Consejo de Seguridad Nacional. Por otra, su jurisdicción ha de respetar las competencias propias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, so riesgo de que, en el hecho, el Tribunal Constitucional pase a sustituir a esos Poderes en sus funciones específicas.
Las normas hoy vigentes en la materia no respetan estos límites y, además, consagran la irresponsabilidad de los miembros de ese Tribunal. Sobre esta materia hubo acuerdo en 1989 entre los partidos de la Concertación y sectores que hoy son Oposición.
Con el fin de corregir estas anomalías, presentaremos un proyecto de reforma constitucional que, fundamentalmente, abarque tres materias:
Primero: la composición del Tribunal por siete miembros: tres elegidos por la Corte Suprema de entre sus Ministros, en una sola votación; dos abogados elegidos por el Congreso Pleno, en una sola votación, y dos designados por el Presidente de la República.
Segundo: la consagración de la responsabilidad de los miembros del Tribunal, mediante acusación constitucional, del mismo modo que los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
Tercero: eliminar la facultad que establece el Nº 12 del artículo 82, en relación a los decretos supremos que dicte el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria, porque ella se contrapone con la competencia que en esta materia corresponde a la Contraloría General de la República.
h) Otras reformas constitucionales y legales
Se contempla, asimismo, una enmienda al Tribunal Calificador de Elecciones encaminada a perfeccionar y facilitar su integración, reduciendo a un año el período, de tres, de desempeño como Presidente de alguna de las Cámaras, requerido como condición de elegibilidad -el Honorable Congreso sabe que actualmente nadie en Chile cumple ese requisito de haber sido por 3 años Presidente de alguna de ellas-, y extendiendo dicha opción a quienes hayan desempeñado una Vicepresidencia de las mismas por igual período.
Del mismo modo, el Gobierno propondrá reducir, de dos tercios a tres quintos, el quórum necesario para la aprobación de proyectos de reforma constitucional, como un modo de conciliar mejor la necesaria estabilidad de las normas constitucionales, con la flexibilidad que requiere el sistema político para perfeccionar de manera permanente sus instituciones, evitando el veto recurrente de minorías insuficientemente representativas.
Por último, propondrá hacer explícito en la Constitución el principio de la igualdad de la mujer, pese a que implícitamente ya está consagrado en ella, como la expresión de una voluntad colectiva de hacerlo efectivo en los diversos planos de la realidad nacional.
Se configura, de este modo, un total de sólo nueve propuestas de modificación a la Carta Fundamental, lo que ciertamente desmiente la supuesta intención de desmantelamiento de la institucionalidad, que suele imputarse al Gobierno.
También con el propósito de mejorar el funcionamiento del aparato estatal, su eficiencia y la necesaria garantía de los derechos de las personas, hemos presentado recientemente a vuestra consideración sendos proyectos sobre Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, modificaciones al Estatuto del Personal de la Administración del Estado, Procedimientos Administrativos y lo Contencioso-Administrativo.
Mediante las reformas que dejo someramente expuestas, y que, confío, sean aprobadas por el Honorable Congreso dentro de lo que resta de mi período, daremos cumplimiento al compromiso que enunciamos al asumir nuestro mandato de perfeccionar y profundizar nuestro sistema democrático.
III. EL CAMINO DEL CRECIMIENTO ECONOMICO
En el plano económico, es satisfactorio comprobar cómo el país crece y progresa. Hemos logrado éxito simultáneo en planos que se estimaron incompatibles y, aun, contradictorios. En efecto, ha descendido significativamente la inflación, han crecido la economía y el empleo, hemos aumentado los salarios y pensiones mínimas, hemos expandido considerablemente el gasto social y, por fin, hemos mantenido un alto nivel de ahorro público.
Dentro del marco de una economía de mercado abierta hacia el exterior, en el que la iniciativa privada y el dinamismo empresarial juegan un rol preponderante, y el Estado cumple principalmente funciones de regulación y fomento sobre la base de reglas claras y estables, política que concita generalizado consenso nacional, el país ha experimentado en el último año importantes avances.
Las cifras hablan por sí solas.
Después de la etapa de ajuste que fue necesario cumplir en 1990, nuestra economía experimentó el año último un crecimiento del 6 por ciento.
En el último trimestre, la desocupación descendió al 5 por ciento, lo que permite proyectar para el presente año la tasa promedio más baja desde 1973.
Las exportaciones de 1991 llegaron a la cifra de 9 mil 48 millones de dólares, la más alta de nuestra historia. Merece destacarse que esta expansión ha ido unida a una notable diversificación y al importante aumento de las empresas exportadoras.
Durante 1991, los rubros principales fueron la minería, con 4 mil 470 millones de dólares; la agroindustria y agricultura, con 1 mil 650 millones de dólares; los productos del mar, con 1 mil 90 millones de dólares. A su vez, el turismo aportó alrededor de 700 millones de dólares a la generación de divisas.
Por otra parte, las exportaciones no tradicionales aumentaron en un 30 por ciento respecto del mismo período del año anterior.
La inversión, que es factor fundamental en el proceso de crecimiento, alcanzó el último año al 18,8 por ciento del producto geográfico bruto, cifra substancialmente mayor que el promedio entre los años 1984-1989, que fue del 15,6 por ciento.
Dentro de ese total, la inversión extranjera, que en 1990 concretó la cifra récord de 1 mil 100 millones de dólares y en 1991 repitió ese nivel de materialización, logró un nuevo récord histórico en cuanto a la nueva inversión autorizada, del orden de los 3 mil 400 millones de dólares.
No sólo el monto ha crecido, sino que también han aumentado el número de países que invierten, el número de proyectos aprobados y la magnitud de la inversión en sectores de mayor valor agregado. Todo esto es una clara evidencia de la confianza que el mundo tiene en las posibilidades de nuestra economía.
Este proceso de crecimiento ha ido acompañado de un claro éxito en el control de la inflación, que, desde el 27,3 por ciento, el año anterior, se redujo al 18,7 por ciento, y sigue mostrando una clara tendencia decreciente. Este contexto permite plantearse con seriedad metas más ambiciosas para los próximos años, con la mira de incorporar a Chile al selecto grupo de países que presentan inflaciones anuales de un dígito.
No necesito resaltar la importancia económica y social que tiene este esfuerzo. Una inflación baja y controlada permite la consolidación de un clima de expectativas estables para los agentes económicos, disminuyendo las incertidumbres y riesgos al decidir sus inversiones y planificar sus actividades.
Por otra parte, es garantía de estabilidad para las familias que viven de un sueldo o un salario, liberándolas del temor de incertidumbre y penuria que significa la pérdida de su poder adquisitivo.
En relación con esta meta, el Gobierno está haciendo su parte. Dentro de la limitación de recursos en que actuamos, hemos realizado un importante esfuerzo de ahorro público, que en 1991 alcanzó una tasa de 6,4 por ciento del Producto Geográfico Bruto. Ello contribuyó de manera importante a que el Ahorro Nacional se empinara al 19 por ciento de ese Producto, el nivel más alto obtenido en muchos años. Quiero reiterar aquí el compromiso de mi Gobierno con una política de austeridad y ahorro público para 1992 y 1993, que espero sea correspondido con un comportamiento similar por parte de los particulares.
El sector exportador ha manifestado preocupación ante la baja del valor del dólar. Frente a estas legítimas inquietudes, reitero el compromiso del Gobierno con la mantención y profundización de la estrategia de crecimiento basada en el aumento sostenido de nuestra capacidad exportadora. La política cambiaria ha sido uno de los pilares de esa estrategia en el pasado y continuará jugando un rol muy importante en el futuro. Pero la capacidad exportadora no puede sustentarse sólo en el valor del dólar. Sería irresponsable de parte del Gobierno fomentar esa capacidad basándola en una ventaja comparativa proveniente de una sobrevaloración artificial de la divisa extranjera, política que se traduciría en pan para hoy y hambre para mañana.
El desafío que enfrentamos es elevar nuestra competitividad internacional a partir de mejoras significativas en la productividad de nuestra gente, en la modernización de nuestras empresas, en nuestra capacidad para identificar y adoptar innovaciones tecnológicas, únicas ventajas en el comercio internacional que la historia de las naciones ha demostrado sólidas.
Como país, debemos esforzarnos por transitar hacia una segunda fase de nuestro desarrollo exportador. Mi Gobierno está activamente empeñado en poner las condiciones para este tránsito. Los empresarios, los trabajadores, las universidades, el país todo, deben coordinar y potenciar acciones y voluntades en pos de esa auténtica modernización de nuestra economía.
Paso en seguida a ocuparme de lo que está ocurriendo en algunos sectores específicos de nuestra economía.
1º Agricultura
En el ámbito agrícola, las exportaciones crecieron en la última temporada en un 18%. Significativa ha sido la recuperación de la actividad vitivinícola, que después de grave crisis de más de diez años, aumentó en más de un 50% sus volúmenes exportados, lo que ha revitalizado el mercado nacional con positivos efectos en los viñedos de secano de las Regiones del Maule y del Bío-Bío.
También el cultivo de remolacha experimentó un importante progreso, incrementando el área sembrada desde 31.700 hectáreas en 1990 a 52.000 hectáreas en 199, lo que augura niveles de producción cercanos al autoabastecimiento.
También aumentó por sexto año consecutivo la producción lechera, a una tasa de 5 por ciento anual, y su consumo subió a los 112 litros por habitante, uno de los más altos en la historia del país. Algo similar sucedió con el consumo de carne, que se elevó al nivel récord de cuarenta kilogramos por habitante, cifras que reflejan el mejoramiento de los niveles de ingreso de la población.
En el caso del trigo, tanto una leve disminución en la superficie sembrada para la temporada 1991-1992, como condiciones climáticas adversas, han exigido aumentar la importación. No obstante, la situación descrita ha mejorado los precios, los que se han situado entre un 10 y un 12 por ciento sobre el nivel de seguridad ofrecido por COTRISA, con claro beneficio para los productores.
Las nuevas plantaciones forestales alcanzaron el año último 107.000 hectáreas, superficie nunca antes lograda.
Especial preocupación ha merecido al Gobierno el fortalecimiento del sector público agrícola, mediante un programa con financiamiento parcial del BID para reforzar principalmente la labor de control y protección sanitaria que realiza el SAG y las investigaciones del INIA y, por otra parte, la intensificación de los programas de apoyo a la pequeña agricultura. INDAP ha incrementado un 65% los niveles de asistencia técnica; los beneficiarios de programas crediticios en este sector han aumentado 75%; se ha puesto en marcha un programa conjunto de INDAP y FOSIS para la ejecución de obras de riego en beneficio de pequeños propietarios, que el año último beneficiaron a 4.000 familias con 13.500 hectáreas, y CONAF impulsó programas de forestación que favorecieron a más de 7.000 familias campesinas con 5.400 hectáreas.
2º Minería
El desempeño de la minería ha sido igualmente positivo. En 1991 la producción minera creció en 10 por ciento respecto del año anterior. En el caso del cobre se alcanzó la cifra récord de un millón ochocientas mil toneladas, registrándose además aumentos en la producción de oro, plata, molibdeno, fierro, zinc y de diversos minerales no metálicos. El valor estimado de las exportaciones totales ascendió a 4.300 millones de dólares.
Las cifras señaladas colocan a Chile como primer productor mundial de cobre y salitre; como segundo productor de carbonato de litio, yodo y molibdeno, y entre los primeros diez productores de oro.
El futuro del sector es promisorio. En 1991 las concesiones de exploración aumentaron en 68 por ciento, y la inversión extranjera materializada llegó a una cifra récord que supera los 600 millones de dólares. También creció la inversión de CODELCO, ENAMI y ENAP, la que superó los 1.100 millones de dólares, magnitud históricamente inédita.
A lo anterior hay que añadir proyectos en marcha para incrementar el valor agregado y los términos de comercialización en el sector, mediante el aumento de la capacidad de fusión del cobre.
Se estudia la ampliación y modernización de las fundiciones de ENAMI; CODELCO y ENAMI han firmado un protocolo para ampliar la minera Andina y la planta Las Ventanas; se está ampliando la fundición de Chagres; se ha iniciado la construcción de la fundición REFIMET, y se ha formado la sociedad “Fundición y Refinería del Pacífico S.A.” para procesar 600 mil toneladas, con una inversión cercana a los 500 millones de dólares.
Especial mención merecen las acciones puestas en práctica por CODELCO -la principal empresa del país- para superar los problemas con que la actual administración la recibió y alcanzar los niveles que el país requiere de ella.
Esta política se concreta, entre otras, en las siguientes iniciativas:
a) Aumento de la inversión, para optimizar sus operaciones y reponer sus recursos mineros, del orden de los 100 millones de dólares anuales;
b) Agresivo plan de exploraciones para la búsqueda de nuevos recursos, incluido el descubrimiento de la llamada Mansa Mina. En 1992 se manifestaron más de 300 mil hectáreas de nuevas pertenencias, y
c) La ley recientemente promulgada que permita a CODELCO asociarse con terceros para trabajar las pertenencias que no están en actividad ni destinadas a reserva y traspasar a ENAMI aquellas que correspondan a la pequeña y mediana minerías.
3º Pesca
La promulgación de la nueva Ley de Pesca determinó un nuevo marco para la administración de este sector y de los recursos hidrobiológicos de la Nación, que entre otras cosas estableció las normas de conservación de las especies y las de acceso a la actividad pesquera, y para el funcionamiento de la pesca artesanal y de la acuicultura, un sistema permanente de financiamiento de la investigación en este campo e instancias de participación de los agentes pesqueros a través de los Consejos de Pesca.
Los avances logrados en el corto período de aplicación de esta ley incitan al optimismo respecto al desarrollo de esta importante actividad, que se refleja en las altas cifras observadas de desembarques y exportaciones, junto al aumento del 8,3% de la producción pesquera durante el año 1991.
4º Infraestructura
La infraestructura de caminos, puertos, aeródromos, obras sanitarias y de regadío, tiene trascendental importancia para el desarrollo del país. Lamentablemente, éste es un sector que fue bastante abandonado durante los últimos años, por lo que mi Gobierno decidió llevar a cabo un programa para el período 1991-1994, con inversiones por un monto de 2.350 millones de dólares, que anuncié al país en septiembre pasado.
Con el fin de incorporar a los particulares en esta tarea indispensable para el progreso de las actividades productivas, pero que tradicionalmente ha sido responsabilidad exclusiva del Estado, patrocinamos oportunamente el proyecto, que el Honorable Congreso aprobó y ya es ley de la República, que autoriza el otorgamiento de concesiones de obras públicas, cuyo reglamento quedó definitivamente despachado a comienzos de este año, lo que nos permitirá licitar próximamente un primer proyecto, el túnel de El Melón, que esperamos sea seguido por otros en diversas regiones del país.
En cumplimiento del programa referido, en 1991 las inversiones en infraestructura crecieron en 22 por ciento respecto de 1990, presupuestándose un aumento adicional de más de 36 por ciento para 1992. Este incremento bianual de 77 por ciento permitirá rehabilitar y expandir la capacidad portuaria; mejorar la provisión de agua potable y alcantarillado; avanzar en la interceptación y tratamiento de las aguas servidas; mejorar la vialidad urbana e interurbana; expandir la capacidad de nuestros aeropuertos, e impulsar el desarrollo de proyectos de regadío.
Las obras que lleva a cabo el Gobierno se encuentran en plena ejecución, como lo puede comprobar la ciudadanía al recorrer las distintas Regiones del país.
En materia de vialidad, se avanza rápidamente en la construcción de la doble calzada entre San Fernando y San Javier, que duplicará la extensión de la doble vía de Santiago al sur. En la Octava Región, están en construcción dobles calzadas entre Concepción y Coronel, y entre Penco y Lirquén, más una circunvalación en Coronel. En la Quinta Región, se continuará con la doble calzada a San Antonio, habiéndose completado el tramo Melipilla-Puangue y estando próximo a contratarse el tramo Puangue-Leyda. En la Tercera Región, se construye la doble vía entre Copiapó y Paipote, mientras que en la Cuarta Región se puso en servicio el proyecto de acceso mejorado a Coquimbo. En la Décima Región, se trabaja en la ampliación del acceso a Puerto Montt.
En la Región Metropolitana están en marcha las obras para mejorar y completar la Circunvalación Américo Vespucio y para habilitar la Avenida General Velásquez desde Ochagavía hacia el norte.
En 1991 se concluyeron contratos de nuevas pavimentaciones por 296 kilómetros, lo que significa un aumento de 25 por ciento respecto de 1990. Durante 1992 se proyecta poner en servicio 350 kilómetros adicionales y dar inicio a la pavimentación de más de 500 kilómetros. Estas obras, que comprenden setenta y cuatro proyectos distribuidos en todas las Regiones del país, son esenciales para mejorar las comunicaciones y atender a las necesidades de transporte de una producción agrícola, forestal, minera e industrial en expansión.
Hay también esfuerzos importantes para mejorar la conservación de la red vial y asignar mayores recursos a la conservación de las redes comunales. Para 1992 se ha establecido un fondo especial de casi 7.000 millones de pesos que está siendo asignado por los gobiernos regionales en actividades de conservación de estas redes.
En materia de regadío, se está avanzando en la construcción del canal Pencahue, en la Séptima Región, que permitirá regar más de 4.000 hectáreas este año y otras siete mil el año próximo. Igualmente, se inició en 1991 la construcción del embalse Santa Juana, proyecto que cambiará radicalmente la agricultura y la economía de Vallenar.
Con cargo a un crédito que se negocia con el Banco Mundial, esperamos iniciar este año la construcción del embalse Convento Viejo y mejorar los sistemas de regadío en distintas zonas del país. Se ha avanzado también en el estudio de grandes proyectos de riego, de trascendental importancia para el desarrollo de las Regiones respectivas, como son el canal Tronco Linares, el canal Victoria Traiguén, el embalse Puclaro y el canal Laja-Diguillín.
Quiero reiterar una vez más que el Estado sólo desarrollará obras de riego en aquellos casos en que sus beneficiarios se comprometan a reembolsar su costo. Para que ello sea posible, se ofrecen condiciones financieras razonables y atractivas, que consideran los importantes beneficios sociales que generan estas obras.
En materia de puertos, en 1991 se concluyó la rehabilitación del muelle Barón en Valparaíso y se avanzó en la construcción del sitio Cero en San Vicente, cuya puesta en servicio se ha retrasado en razón de problemas técnicos que se están corrigiendo. Iniciaremos próximamente la construcción de los sitios Uno Sur, Dos y Tres de San Antonio, cuya ingeniería está concluida. La ingeniería para la reconstrucción de los sitios Uno, Dos y Tres de Valparaíso ya está contratada, lo que debiera permitir iniciar las obras el próximo año.
Adicionalmente, se está ejecutando un programa de construcción de caletas pesqueras que favorece el desarrollo y modernización de la pesca artesanal en ocho lugares del país. A ello se agrega la construcción de rampas para facilitar conexiones insulares en Chiloé y Aisén.
El sector privado ha comenzado a asumir un rol activo en el desarrollo de proyectos portuarios. Es el caso, entre otros, de la puesta en funcionamiento este año de un nuevo sitio en Caldera, del proyecto de ampliación del puerto de Lirquén y de la construcción ya en marcha de un nuevo puerto en Corral. Se está avanzando también en la iniciativa para habilitar una nueva instalación portuaria en Punta Arenas, proyecto en el que se espera una participación importante de inversionistas privados en asociación con la Empresa Portuaria.
En materia de aeropuertos, se ha iniciado la construcción del nuevo terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, que previsiblemente estará en servicio a fines del próximo año. En cuanto al área de carga en este aeropuerto, se han completado estudios que permitirán atender los requerimientos de desarrollo de largo plazo del terminal. Igualmente, se han hecho mejoramientos importantes en los aeropuertos de La Serena, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas y Puerto Natales.
En materia de obras sanitarias, durante 1991 se invirtieron alrededor de 72 millones de dólares, suma superior en 37 por ciento al promedio histórico anual de inversión en el sector en los últimos veintisiete años. Para este año, se proyecta una inversión de 140 millones de dólares de las empresas regionales dependientes de CORFO, incluyendo EMOS y ESVAL, con lo que este Gobierno pasará a ser el que ha destinado anualmente más recursos a la infraestructura sanitaria en los últimos tres decenios, tarea indispensable para solucionar los graves problemas de saneamiento que afligen al país.
5º Transportes
En el área de transporte, es preocupación prioritaria del Gobierno lograr la rehabilitación y modernización de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. El proyecto de ley aprobado por la Honorable Cámara de Diputados y pendiente en el Honorable Senado, contempla, junto con los recursos necesarios para la recuperación de las vías, equipos y señalización, la incorporación de capitales y gestión privada en el transporte de carga, mecanismos de reducción y manejo eficiente del elevado endeudamiento de la Empresa e indemnización compensatoria para los trabajadores que deban abandonarla. Confiamos que antes de fin de año estaremos en condiciones de iniciar la recuperación de este importante medio y que hacia el término de mi Gobierno la Empresa estará entregando un servicio de eficiente calidad tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros.
En el transporte público de pasajeros, hemos introducido profundos cambios legales y reglamentarios. La caótica situación en que el servicio se ha prestado en los últimos años, especialmente en Santiago, con grave perjuicio para los usuarios y serios problemas de congestión vehicular y contaminación, hizo necesaria una decidida acción del Gobierno. El ordenamiento del sector, cuyos efectos benéficos comienzan a verse en todo el país, tendrá un impacto de gran importancia en la zona céntrica de la Capital, donde mediante la licitación del uso de vías se está logrando regular los flujos y calidad de los vehículos, así como disminuir las tarifas.
La transformación de un sector prácticamente informal en uno reglamentario y competitivo, en el que ya se observa una incorporación masiva de empresas legalmente constituidas, permite avizorar con optimismo su modernización y desarrollo futuro.
Especial preocupación ha merecido al Gobierno mejorar las condiciones en que se desenvuelve el transporte marítimo en zonas extremas, donde tanto influye en la calidad de vida de sus habitantes. Al respecto, se diseñó una nueva política para los subsidios que el Estado entrega, orientada a potenciar el servicio al usuario y la competencia entre empresas para proveerlo, que ha empezado a aplicarse este año. Paralelamente, se está trabajando en la simplificación de los trámites en el cabotaje, para hacerlo más expedito y de menor costo.
6º Energía
En el campo de la energía, el Gobierno ha procurado crear condiciones que favorezcan el crecimiento.
La confianza de los inversionistas en la política energética del Gobierno ha quedado demostrada por la puesta en funcionamiento durante 1991 de las centrales hidroeléctricas de Pehuenche y Alfalfal, y en días pasados por el término de la ampliación de la central termoeléctrica de gas natural en Puerto Natales, que abastece a Magallanes. Todas estas iniciativas son privadas. Tales obras se verán complementadas por la construcción de otras cinco centrales, dos termoeléctricas y tres hidroeléctricas, durante los próximos cinco años, y por el suministro de electricidad a Chiloé mediante un cruce aéreo. En el sector eléctrico, la oferta energética está asegurada en la presente década.
Por otra parte, las inversiones destinadas a ampliar y mejorar las refinerías de petróleo de Concón y Concepción, para producir combustibles no contaminantes; los cinco contratos especiales de exploración y explotación petrolera en Chile, con participación de ENAP y firmas internacionales, que ya están en ejecución; los nueve contratos con firmas argentinas o internacionales para explorar y explotar yacimientos en el país hermano, y las negociaciones para construir un oleoducto entre Neuquén y Concepción para traer al país los excedentes de crudo argentino, son medidas que permitirán mejorar aún más el abastecimiento de combustibles derivados del petróleo.
En esta área preocupa especialmente al Gobierno la necesidad de obtener crecientes niveles de racionalización en el uso de la energía y en su efecto sobre el medio ambiente. Para ello se han elaborado normas de emisión de contaminantes y se ha decidido incorporar la variable de impacto ambiental en el estudio de los proyectos energéticos, para lo cual se ha iniciado un programa de análisis de las distintas opciones de desarrollo.
En este sector, un problema grave es el que plantea la crisis del área carbonífera de la Octava Región. Desechando la solución fácil y demagógica consistente en enmascarar el problema y trasladar sus efectos negativos a otros sectores de la economía, el Gobierno lo ha enfrentado globalmente, a partir de un conjunto de medidas para transformar productivamente la zona en el mediano plazo.
Como fases intermedias, se readecuará la industria carbonífera, incentivando la concentración del esfuerzo productivo en minas económicamente viables y, para dotar al proceso de la gradualidad necesaria, se presentó al Parlamento el proyecto de ley de subsidio a la industria carbonífera, ya aprobado. La Agencia para la Reconversión de la Industria del Carbón, creada como Comité CORFO y que ya se está poniendo en marcha, está llamada a ser un instrumento de promoción de inversiones privadas y movilización eficaz de recursos públicos orientada a la creación de empleos estables en nuevas actividades económicas rentables con potencialidad de desarrollo en el largo plazo. En ese mismo contexto, se está poniendo en marcha un programa de reconversión de ENACAR que conciliará las perspectivas futuras reales de la Empresa con una preocupación preferente por los trabajadores, evitando situaciones de crisis aguda e incertidumbre social.
7º Pequeña y Mediana Empresas y Fomento Productivo
Especial importancia tiene en todas las economías modernas el creciente desarrollo y perfeccionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Consciente de esta realidad, el Gobierno puso en marcha en julio último un Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), para dotar a este sector de los instrumentos financieros y de la asistencia técnica que necesita para su pleno desarrollo y modernización.
Entre las diversas iniciativas que se han puesto en marcha con este fin, principalmente a cargo de la Corporación de Fomento de la Producción, merecen destacarse los seguros de riesgos para garantizar los créditos que esas empresas obtengan, la función de intermediación financiera y el Centro de Promoción de Inversiones que estimula Joint Ventures entre empresarios nacionales e inversionistas extranjeros. Por su parte, el Servicio de Cooperación Técnica está desarrollando proyectos que buscan la complementariedad y asociación entre empresarios del mismo sector industrial a fin de mejorar su capacidad productiva y de negociación. Por su parte, el Banco del Estado ha abierto una línea de crédito para el pequeño empresario.
Con estos mismos propósitos, hemos presentado al Honorable Congreso un proyecto de ley por el cual se crea, en conjunto con la Comunidad Europea, la Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile, que pretende ser instrumento eficaz para apoyar la modernización de los sectores productivos nacionales, especialmente de pequeñas y medianas empresas con potencialidad exportadora.
8º Desarrollo científico y tecnológico
Hemos llegado a una etapa en el desarrollo de nuestra economía en que las posibilidades de crecimiento dependen fundamentalmente de la capacidad que logremos para producir mercaderías con mayor valor agregado nacional, aptas para competir ventajosamente en los mercados internacionales.
Ello nos exige, como país, especial esfuerzo por impulsar el desarrollo científico y tecnológico. Con este fin, el Gobierno ha puesto en marcha el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) y el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC), que cuentan con un financiamiento conjunto de millones dólares para los próximos cuatro años y constituyen el mayor esfuerzo realizado por el país en este campo.
Merece también destacarse en este ámbito la política que se lleva a cabo en el sector minero, orientada a mejorar la gestión tecnológica de las empresas públicas del sector y fortalecer la capacidad nacional en investigación y desarrollo tecnológico para la minería.
Un paso importante dentro de esta política es la estructuración del Centro de Investigación Minero-Metalúrgica, que ha establecido convenios con CODELCO por 14,5 millones de dólares para los próximos tres años.
Por su parte, aprovechando la valiosa experiencia acumulada durante su larga historia institucional, CORFO está desarrollando estudios para identificar instrumentos destinados a enfrentar los nuevos requerimientos de productividad, eficiencia y calidad que deberán satisfacer las empresas nacionales.
IV. EL CAMINO DE LA EQUIDAD SOCIAL
Hemos sostenido permanentemente que el crecimiento económico no basta por sí solo para derrotar la pobreza. En la medida en que los frutos de ese crecimiento se distribuyen muy desigualmente y no llegan a los sectores más postergados de la sociedad -lo que ocurre sobre todo en países como el nuestro, en que el ingreso medio por habitante es todavía bastante bajo-, la pobreza y aun miseria de muchos subsiste al lado de la prosperidad y hasta opulencia de otros, lo que constituye ya un grave escándalo que clama contra la justicia y es factor permanente de inestabilidad social.
Por eso nos propusimos, al asumir el Gobierno, hacer todo lo posible por pagar lo que llamamos “la deuda social” acumulada en los años anteriores.
En 1990 había en Chile sobre cinco millones de pobres y, de ellos, más de dos millones en situación de indigencia o extrema pobreza.
Un imperativo moral insoslayable exige consagrar esfuerzos prioritarios por solucionar este problema, mejorando las condiciones de vida y oportunidades para nuestros compatriotas pobres. Es tarea difícil, que requiere de todos comprensión y solidaridad. Exige tiempo, porque no se trata simplemente de aumentar el poder de compra de los postergados sin tener debidamente en cuenta las posibilidades reales de la economía. La experiencia demuestra que las políticas populistas son pan para hoy y hambre para mañana, terminando en dramáticos procesos que aumentan la pobreza.
Convencido de lo dicho y motivado por una exigencia elemental de justicia, mi Gobierno ha asumido como primordial esta tarea, implementando para ello un conjunto de políticas respecto de materia laboral; de atención preferente de las necesidades de salud, educación y vivienda; de integración al desarrollo, y de solidaridad con los grupos más vulnerables de la población.
1º Política laboral
La paz social y la justicia exigen que las relaciones entre trabajadores y empresarios se desarrollen sobre bases de equidad y de cooperación; que las leyes sociales garanticen los derechos esenciales de los trabajadores y esos derechos sean efectivamente respetados, y que las políticas de remuneraciones compatibilicen adecuadamente la debida satisfacción de sus necesidades humanas esenciales con las posibilidades de la economía.
En estos dos años, el llamado al entendimiento entre trabajadores y empresarios, que hice al asumir el Gobierno, ha encontrado una respuesta abierta y colaboradora de ambos sectores, lo que agradezco. Es así como este año, por tercera vez consecutiva, Gobierno, Confederación de la Producción y del Comercio y Central Unitaria de Trabajadores han convenido las bases de la política de remuneraciones para la fijación de los ingresos mínimos. En los dos últimos acuerdos, se ha establecido como criterio para el reajuste de los mismos la estimación de la inflación esperada para el período en que regirá el nuevo salario y el incremento en la productividad del trabajo, criterio concordante con las metas nacionales de impulsar el crecimiento y reducir la inflación.
Simultáneamente, Gobierno y CUT han acordado las bases para el reajuste de las asignaciones familiares y del subsidio único familiar.
Como fruto de esta política, en lo que va corrido de mi Gobierno los salarios mínimos han aumentado un 16,2% sobre el IPC; las remuneraciones reales de los trabajadores han crecido en promedio un 6,8%, y la participación del trabajo en el ingreso total de la economía mejoró en un monto del orden de los 300 millones de dólares.
En cuanto al sector pasivo, como parte de la política seguida, las pensiones mínimas han aumentado en un 12% real, aparte de que al 90% de los pensionados se les ha restablecido el 10,6% de que los privó el Gobierno anterior. El 10% restante, beneficiario de pensiones más altas, lo recibirá en el curso de este año.
En el ámbito legislativo, el Gobierno ha propuesto varios proyectos para reformar la legislación laboral. Ya se han promulgado las leyes sobre terminación de contrato de trabajo, sobre centrales y organizaciones sindicales y sobre negociación colectiva. Se encuentran en trámite los proyectos sobre contrato individual y procedimiento laboral; solución previsional para los funcionarios públicos exonerados; devolución de bienes confiscados a organizaciones sindicales y sociales; jubilación anticipada por trabajos pesados; soluciones al problema de la morosidad previsional; establecimiento del Fondo de Capacitación y Extensión Sindical, y creación de asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, recientemente presentado.
Tenemos clara conciencia de que no basta con dictar leyes, por buenas que sean; hay que asegurar su cumplimiento, porque lamentablemente aún hay sectores que suelen eludirlas. Para eso hemos aumentado la planta de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo en un 20%, y para este año está previsto un incremento adicional de un 12%.
Por su parte, en el campo previsional se ha perfeccionado el sistema de pago preliminar de pensiones por las AFP, lo que permite a los afiliados recibir su primer pago a los quince días de solicitarlo; se ha puesto en operación el mecanismo para la indemnización de trabajadores de casa particular, beneficiándose a más de ciento setenta y cinco mil de ellos; y se ha iniciado un importante proceso de reestructuración del Instituto de Normalización Previsional.
Adicionalmente, están en estudio soluciones para la situación previsional de los trabajadores independientes y de temporada, modificaciones al subsidio maternal y nuevas alternativas de inversión para los Fondos de Pensiones.
En el curso de estos dos años, la sindicalización ha crecido en 35% respecto a marzo de 1990, llegando a cerca de 700.000 los trabajadores organizados. Y las relaciones laborales se han desarrollado positivamente: el año último, menos del 10% de las negociaciones colectivas terminaron en huelga.
Preocupa al Gobierno la situación de ciertos sectores de trabajadores que tienen escasa capacidad de negociación, como, por ejemplo, los del comercio, los de temporada y los forestales.
Pensamos que, sin perjuicio de las normas legales vigentes o que se dicten, es fundamental la búsqueda de entendimiento entre los sectores interesados. El camino del diálogo y el entendimiento es el más adecuado para superar los problemas y lograr soluciones equitativas. En la situación planteada respecto al trabajo en los puertos, pensamos que el camino eficaz para solucionarla es el de la Comisión Tripartita constituida para el efecto.
El Gobierno celebra el reciente acuerdo con la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio para constituir una instancia tripartita, a fin de analizar una importante agenda de materias de interés común y el compromiso de trabajadores y empresarios en cuanto a examinar conjuntamente entre ellos otros temas de análoga importancia.
Por nuestra parte, hemos sometido al Congreso la ratificación del Convenio 144 de la OIT, sobre consultas tripartitas respecto de Convenios Internacionales del Trabajo.
2º Políticas de salud, educación y vivienda
Los sectores de bajos y aun medianos ingresos no tienen capacidad para satisfacer por sus propios medios sus necesidades esenciales de salud, educación y vivienda. De ahí la necesidad de que el Estado asuma el costo indispensable para que puedan satisfacerlas de manera adecuada. Esta es otra forma de luchar contra la pobreza, a la que mi Gobierno atribuye especial trascendencia. Por ello ha dado preferente atención a estos sectores. Fue así como la reforma tributaria aprobada en 1990 permitió aumentar el gasto sin incurrir en desequilibrios macroeconómicos.
a) Salud
En materia de salud pública, estos esfuerzos se han traducido, fundamentalmente, en las siguientes acciones:
-En el ámbito de la atención primaria: gratuidad en todos los servicios; extensión horaria en 57 consultorios; servicios de urgencia las 24 horas en 25 consultorios; laboratorios básicos en 39 consultorios; incorporación de atención dental; aumento del aporte de medicamentos; salas de hospitalización abreviada en 56 consultorios; programa de salud rural con dotación de vehículos, personal y radios en comunas más pobres.
-En el ámbito hospitalario: inversión de 2.500 millones de pesos en reparaciones, especialmente de calderas, baños y lavanderías, y de 4.000 millones de pesos en ropa de cama y pabellones para 200 hospitales y sus 33.000 camas; terminación de los hospitales de Maullín y Rengo (íntegramente construidos en este período) e iniciación de obras en tres hospitales mayores de Regiones: San Felipe, Chillán y Valdivia; instalación de 5.500 equipos de alta tecnología, entre ellos, 8 scanners y 20 equipos de cirugía laparoscópica; incremento del parque de ambulancias con 400 vehículos nuevos; iniciación de un programa de inversión en infraestructura y equipamiento por 75 millones de dólares de fuente bilateral y 150 millones del Banco Mundial, y comienzo -el presente año- de la operación metropolitana para sanear sus deficiencias de infraestructura largamente postergadas.
-En recursos humanos: aumento de personal en 2.000 funcionarios, incluidos 900 médicos; reajuste de remuneraciones del orden del 40% real para el personal afecto a escala única y de un 10% real el año último y otro tanto este año para los médicos; recontratación del 90% de los exonerados que lo solicitaron.
-En alimentación y nutrición: duplicación del volumen de leche entera que se reparte para lactantes de menos de 2 años y madres embarazadas.
-En prevención de epidemias: campaña de control del cólera, que ha logrado un éxito universalmente reconocido; campaña contra el SIDA, y programas contra la drogadicción y el alcoholismo.
Por otra parte, penden de la consideración del Congreso Nacional proyectos de ley del Ejecutivo para restablecer el sistema de concursos destinados a la provisión de cargos médicos; para crear el Estatuto del personal de los servicios municipalizados, y para mejorar y hacer más equitativo el régimen de las ISAPRES.
b) Educación
Es también preocupación preferente del Gobierno hacer accesible a todos los niños de Chile la posibilidad de obtener una educación eficiente que los capacite para la vida.
Aparte de los programas que con ese fin pusimos en práctica tan pronto asumimos el Gobierno, a los que me referí en mi Mensaje del año pasado, y fuera de la promulgación de la ley sobre Estatuto Docente para dignificar y promover su perfeccionamiento, hemos puesto en práctica, a partir de este año, un Programa de Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación (MECE), destinados a corregir las graves falencias y limitaciones de la educación pública preescolar y básica.
En la educación preescolar, se amplió su cobertura para niños entre 2 y 5 años, junto con establecerse programas especiales para menores de dos años. Esperamos que el programa permita capacitar a las familias para la estimulación de sus hijos; habilitar un mayor número de jardines infantiles; dar mayor capacitación al personal profesional de los organismos especializados; dotar de material didáctico a los 200.000 niños que asisten a los jardines y centros, y proporcionar material metodológico para el trabajo con padres a 3.400 establecimientos fiscales, municipales y particulares subvencionados.
Otro tanto se hace en la educación básica, prosiguiendo la tarea que iniciamos en 1990 de corregir las graves deficiencias de que adolecían las escuelas que atienden a los sectores más pobres y apartados. El Programa de Alimentación Escolar ha ampliado sus beneficios hasta 600.000 niños y reforzado la dieta para 100.000 de ellos. En 1992 se están distribuyendo 4.196.000 textos escolares, y 1.297.000 paquetes de material didáctico, y se entregarán más de 11.000 bibliotecas de aula. Además, se están reparando 1.000 escuelas básicas municipalizadas y construyendo 200 aulas en escuelas rurales incompletas, a fin de aumentar su atención hasta octavo básico.
En la educación media, que muestra análogos problemas de calidad y desigualdad y que no cumple su función de preparar a los estudiantes para el trabajo o para la educación superior, hemos iniciado programas de modernización en el ámbito técnico-profesional, de reconversión de colegios científico-humanistas en polivalentes, de capacitación de personal docente y de dotación de herramientas y equipos. Por otra parte, pusimos también en práctica un programa, que este año beneficiará a 100.000 estudiantes en las 13 Regiones del país, para evitar que abandonen los estudios por razones económicas.
En la educación superior, con el propósito de hacerla accesible a los jóvenes de hogares sin recursos que reúnen las condiciones requeridas, se puso en práctica un programa de becas de arancel completo, que el año pasado benefició a 5.000 estudiantes, y este año, a 10 mil. Por otra parte, a fin de resolver los graves problemas de financiamiento que afectan a las universidades, se ha suplementado su presupuesto y está pendiente en el Congreso el proyecto de ley por el cual se modifican los mecanismos de subsidio del Estado a las instituciones de educación superior que tienen aporte fiscal.
Conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, se está trabajando en la elaboración de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la educación básica y media.
Al respecto, quiero reiterar la política del Gobierno de avanzar, a través de éste y otros medios, hacia una adecuada descentralización del sistema educacional, que permita una mayor flexibilidad a los establecimientos en su régimen curricular, a la vez que se preserven la libertad de enseñanza y la diversidad de opciones educacionales. Esta materia, como todas las fundamentales en este ámbito, requiere de amplios consensos y aplicación gradual. Desde ese punto de vista, agradecemos el aporte orientador que, respondiendo a la consulta del Gobierno, ha proporcionado el Consejo Superior de Educación, organismo autónomo del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno estima indispensable una reforma sustantiva de la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que, junto con reconocer sus aciertos, corrija sus vacíos y omisiones.
El proyecto respectivo será enviado al Congreso Nacional dentro del período de legislatura ordinaria que hoy se inaugura. Esperamos que pueda ser debatido acá, recogiendo la expresión de todos los sectores interesados, en la forma elevada y constructiva que requiere una temática que interesa a todo el país y que compromete el futuro de todos nosotros, especialmente de nuestros hijos.
El proyecto ha sido elaborado luego de un cuidadoso y detenido período de estudio, dentro del cual se ha procurado conocer la opinión de personas que provienen de los más variados ámbitos de la vida nacional y dirigentes representativos de los distintos sectores. Especialmente valioso resultó para estos propósitos el informe preparado por la Comisión de Estudios de la Educación Superior en lo que respecta a dicho nivel educacional.
Estamos convencidos de que en una materia de tanta trascendencia, lo que debe quedar expresado es, en último término, un marco de reglas estables que favorezca el aporte creativo de los distintos sectores a las grandes tareas educativas, conjugando armónicamente el ejercicio de las libertades con el resguardo de la fe pública, desde el nivel de enseñanza parvularia hasta el de enseñanza superior.
c) Vivienda
Uno de los problemas más graves que afectan a las familias de escasos recursos es la falta de viviendas. A fin de procurar resolverlo, el Gobierno ha dado también especial atención a este rubro. Fruto de este esfuerzo es el aumento de soluciones habitacionales alcanzadas en este período, que de un promedio de 55.000 viviendas iniciadas por año en la década de los 80, se elevó a un promedio de 85.000 viviendas iniciadas por año en el último bienio, habiendo alcanzado el año 91 el récord histórico de 91.000 viviendas construidas. Para este año se espera financiar la construcción de 95.000 soluciones habitacionales, para lo cual hay asignados recursos por más de 110 mil millones de pesos.
Merece destacarse especialmente la política de permanente contacto y diálogo que el Ministerio de Vivienda ha practicado con los aspirantes a ayuda del Estado para la solución de su problema habitacional. Esto ha permitido ir satisfaciendo esas necesidades de manera ordenada, mediante el acceso de los interesados a los programas de viviendas progresivas básicas o del programa especial de trabajadores o a los subsidios rural o unificado, con la participación generalmente organizada de los propios interesados.
Paralelamente, el Ministerio ha ejecutado obras de pavimentación urbana de aproximadamente 5.000 cuadras a lo largo del país; ha construido 63 obras comunitarias (sedes sociales, multicanchas, etc.) y realizó 9 proyectos de vialidad urbana.
Con fondos asignados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal financió el último año más de 1.240 proyectos en infraestructura y equipamiento, y con cargo al Programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios, se ejecutaron 117 proyectos, equivalentes a más de veinte mil unidades sanitarias con sus respectivas conexiones a los servicios de luz, agua y alcantarillado.
Por otra parte, el Ministerio de Vivienda se ha encargado de la elaboración y coordinación en la ejecución de un programa de intervenciones urbanas destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, empezando por Santiago, que persigue la racionalización del desarrollo urbano, el mejoramiento de los sistemas de transportes y el apoyo a la políticas de descontaminación.
3º Políticas de integración al desarrollo
Las políticas laborales, de salud, de educación y de vivienda reseñadas, no abarcan sino algunos aspectos del esfuerzo para derrotar a la pobreza y lograr equidad en las relaciones sociales.
Estudios serios revelan que las ocupaciones formales representan el 66,8% de los empleos y, por lo tanto, el 33,2% restante son empleos informales. Por otra parte, en el 40% de la fuerza de trabajo, 4 de cada 10 se encuentran en la categoría de trabajadores por cuenta propia o en las empresas que ocupan a menos de cinco trabajadores, situaciones en que generalmente las remuneraciones son bajas, el trabajo es esporádico y no están afectos a ningún sistema previsional.
Frente a esta realidad, hay que buscar manera de integrar a estos sectores al desarrollo y a los beneficios de la modernización.
Un aporte importante para lograrlo es la creación de nuevos empleos, consecuencial al crecimiento. El del año último permitió la creación, en 1991, de 134.000 nuevos puestos de trabajo, lo que implicó que la tasa de desocupación descendiera al 5%.
Otros aportes importantes que el Gobierno está impulsando son los programas de ayuda a la pequeña empresa y a la microempresa, y los esfuerzos de capacitación para el trabajo.
El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, conjuntamente con otras instituciones públicas y privadas y, en ocasiones, con cooperación internacional, está poniendo en marcha diversos programas destinados a fortalecer la organización, proporcionar financiamiento para mejorar la productividad y hacer más rentables a las pequeñas empresas y a los trabajadores por cuenta propia.
En el ámbito de los servicios urbanos, como los de la carpintería, gasfitería, jardinería, electricidad, agricultura campesina, pesca artesanal y pequeña minería, son muchos los que laboran en disponer de los medios esenciales para su desarrollo y necesitan respaldo. Se baten solos, como pueden, con medios y recursos más o menos primitivos. Se trata de impulsar una política de apoyo efectivo a estos pequeños productores, la que, sobre la base de su participación e iniciativa, les permita modernizarse y lograr niveles crecientes de productividad e ingresos.
En poco más de un año de funcionamiento, el FOSIS ha financiado más de 1.800 proyectos de esa especie a lo largo de todo el país, con un monto superior a los 10 millones de pesos.
A partir de una experiencia piloto que benefició a unas 3.000 microempresas, se han celebrado convenios con bancos e instituciones financieras para permitir, por primera vez en Chile, el acceso de los pequeños productores al financiamiento bancario. Este año se espera que unos veinte mil pequeños productores puedan aprovechar estos programas.
De manera análoga, en colaboración con SERCOTEC u otras actividades, se realizan programas de asistencia técnica y capacitación a estas microempresas, y en el ámbito rural, junto a INDAP y a la Comisión Nacional de Riego, se realiza el Programa Nacional de Riego Campesino al que ya nos referimos. También los pueblos indígenas han podido participar en dos concursos de proyectos productivos, que benefician a 5.000 familias de Arauco, Cautín y Osorno.
Otros esfuerzos en este mismo sentido son los Programas de Capacitación y Formación Profesional que se llevan a cabo tanto por organismos del Estado como por organizaciones empresariales. Especial mención merece el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes, que procura ofrecer oportunidades de acceso al mundo del trabajo a gran cantidad de jóvenes que han salido de la escuela y no han encontrado empleo estable. El año pasado se incorporaron a este Programa más de 15.000 jóvenes, pertenecientes a todas las Regiones del país, y más de 1.500 empresas ofrecieron prácticas laborales para ellos. Este año el Programa beneficiará a 28.000 jóvenes.
Igualmente, se está estudiando la creación de un Fondo de Capacitación que permita dar soluciones a los problemas de desempleo y reinserción laboral originados por procesos de transformación económica o tecnológica.
4º Políticas de solidaridad; apoyo a grupos vulnerables
La situación de los grupos vulnerables justifica una atención especial en los programas sociales del Gobierno.
De una encuesta realizada a fines de 1990, se desprende que de los tres millones quinientos mil niños menores de 13 años, alrededor del 50% viven en hogares en condiciones de pobreza; de los dos millones y medio de jóvenes de entre 15 y 24 años, 300.000 están en situación de indigencia; de los seiscientos treinta y nueve mil hogares que tienen como jefe a una mujer, 250.000 se encuentran en situación de pobreza. Respecto de los adultos mayores, que constituyen poco menos del 10% de la población, no ha habido una política coherente que atienda a sus necesidades. Por último, alrededor del 10% de la población tiene algún grado de discapacidad.
Tradicionalmente, la atención que estos sectores necesitan ha estado a cargo de la asistencia y generosidad privadas. Hay muchas instituciones, de inspiración religiosa o de otra naturaleza, que, a lo largo del país, consagran valiosos esfuerzos a cuidar a los ancianos, a los menores en situación irregular, a los minusválidos, a los alcohólicos, a los enfermos y a otros sectores desprotegidos de nuestra sociedad. La mayoría de ellas se financian con donaciones de particulares y aportes o subvenciones del Estado.
Hay otras instituciones, también privadas, pero vinculadas a las estructuras de Gobierno y que tienen financiamiento fiscal, que cumplen análogas tareas a nivel nacional. Tal es el caso de INTEGRA, que atiende a 42.000 niños de hasta 6 años, a los que proporciona alimentación, cuidados, recreación, educación e integración familiar.
Es también el caso de PRODEMU, que en 1991 atendió a 70.000 mujeres, cumpliendo programas de formación, desarrollo personal y capacitación.
El abnegado trabajo que realizan todas esas entidades y quienes colaboran en ellas, merece el reconocimiento del país. Pero es obvio que, por sí solas, no dan abasto atendida la magnitud de los problemas. El Estado, órgano de bien común, debe asumir su parte en esta tarea. Mi Gobierno está procurando hacerlo.
En cuanto a los niños, respecto de quienes asumimos el compromiso de protegerlos, especialmente al suscribir la Declaración Mundial sobre Supervivencia, Protección y Desarrollo del Niño, la Junta Nacional de Jardines Infantiles lleva a cabo importantes programas que benefician a 80.000 de ellos a lo largo del país, especialmente en las localidades más pobres.
En relación con los jóvenes, el Instituto Nacional de la Juventud, con la participación de varios Ministerios, ha puesto en marcha el programa PROJOVEN, para atender la educación, la prevención de riesgos, y la capacitación y promoción del empleo y del uso del tiempo libre entre los jóvenes de menores recursos.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Menores desarrolla varios programas para prevenir la delincuencia y asistir, proteger y rehabilitar a los niños y jóvenes en situación de riesgo social o que se encuentran en conflicto con la justicia. Entre otros, destacan la erradicación de menores en las cárceles, la creación de centros de orientación y diagnóstico, el mejoramiento de la infraestructura en establecimientos para menores en situación irregular y el desplazamiento del énfasis en la atención cerrada por el sistema abierto.
En relación a la mujer, el Servicio Nacional de la Mujer, en colaboración con diversos Ministerios, desarrolla acciones dirigidas hacia las mujeres de escasos recursos, en especial las que son jefas de hogar, para aumentar su capacidad económica, proporcionarles capacitación laboral, mejorar la calidad de vida del hogar, procurar evitar la violencia doméstica y terminar con las discriminaciones que afectan a las mujeres.
Respecto de los mayores, se han puesto en marcha servicios especiales de atención primaria de salud; el SERVIU destinará hasta el 2% de su programa anual de viviendas para postulantes mayores de 70 años, y se han dispuesto descuentos especiales en distintos servicios para las personas mayores.
Por último, el Gobierno ha iniciado un programa que permite la integración progresiva a la sociedad de las personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales.
V. MIRANDO HACIA EL FUTURO:
LA JUVENTUD Y EL MEDIO AMBIENTE
No quiero terminar sin referirme a dos temas a los que anhelo consagrar preocupación preferente en el tiempo que resta de mi mandato: la juventud y el medio ambiente.
Ningún Gobierno agota su quehacer en el lapso de su período, porque las tareas, más que de Gobierno, son de la Nación.
En estos años hemos progresado en nuestra convivencia democrática y en nuestro crecimiento con equidad. Chile está mejor. Confío en que seguiremos progresando en el tiempo que resta de mi Gobierno.
Pero es evidente que quien me suceda deberá proseguir en el esfuerzo de perfeccionar nuestra democracia, de desarrollar nuestra economía y de lograr mayor justicia y solidaridad en nuestra convivencia.
Creo que tenemos motivos para ser optimistas. El pueblo chileno es homogéneo, inteligente, capaz de exigirse y de hacer bien las cosas. Nuestro país es rico en potencialidades: mineras, pesqueras, forestales, frutícolas, industriales, turísticas.
Nuestra gente y nuestra tierra: de ellas depende el futuro de Chile. En consecuencia, tenemos que cuidarlas.
Nuestra gente del futuro son nuestros jóvenes y niños de hoy. ¿Los estamos cuidando como debemos y preparando para su tarea?
Cierto es que nos esmeramos en mejorar su educación. ¿Pero estamos siendo capaces de transmitirles valores profundos y de suscitar en ellos grandes ideales? Los veo desorientados, faltos de fe, con aire de desaliento.
¿Y qué pasa con nuestra tierra? Lo que sea en el futuro dependerá de lo que hagamos hoy de ella.
Cierto es que en estos años hemos tomado conciencia de su valor y de la necesidad de cuidarla. Hemos creado una Comisión Nacional del Medio Ambiente y una Comisión Especial de Descontaminación del Área Metropolitana. Hemos dictado normas sobre calidad del aire en las zonas rurales y sobre protección de nuestros recursos marítimos; estamos ejecutando obras de saneamiento de nuestras aguas servidas; exigimos evaluación del impacto ambiental en proyectos mineros e industriales; acabamos de presentar un proyecto de ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. ¡Nunca se hizo tanto entre nosotros para proteger el medio ambiente!
Pero aún en varias partes nuestro aire nos asfixia, nuestras aguas están infectadas, las cuencas de nuestros ríos y nuestras laderas se erosionan, nuestros bosques suelen ser arrasados.
Con el objeto de dotar de una sólida base legal a las diversas acciones y políticas constitutivas de un proceso de desarrollo sustentable, someteré próximamente a la consideración del Congreso un proyecto de Ley Marco sobre
Medio Ambiente. Esta iniciativa sentará las bases institucionales de la gestión ambiental pública, cuyo principal instrumento ha de ser la Comisión Nacional del Medio Ambiente; consagrará modernos instrumentos para esa
gestión, como la Evaluación del Impacto Ambiental; contemplará normas generales sobre manejo de recursos naturales y contaminación, y establecerá la responsabilidad civil de personas naturales o jurídicas por acciones u omisiones que produzcan daño al medio ambiente, como, asimismo, la responsabilidad del Estado por los daños derivados del incumplimiento de sus obligaciones ambientales por los órganos de la Administración. El proyecto es fruto de un prolongado estudio y de consultas a los principales actores sociales, empresariales y políticos, y no dudo de que será objeto de vuestro análisis profundo y serio para lograr que el país cuente prontamente con este instrumento legal básico para la preservación de nuestro patrimonio nacional.
Suscitar el entusiasmo de nuestros jóvenes para que tomen las banderas de una patria mejor y le consagren sus vidas; reverdecer a Chile de sur a norte, de mar a cordillera, y devolver la transparencia a nuestro cielo y la limpidez a nuestras aguas: éstas son las grandes tareas que nos urgen y que nos trascienden.
¿Seremos capaces de mirar con visión de futuro, de renunciar a la tentación de ganar siempre pequeñas ventajas, de superar las querellas mezquinas?
¡Pensar y actuar en grande! Este es el ejemplo que nos demandan los jóvenes. Es, también, la conducta que nos reclama nuestra tierra.
Pido a Dios que nos ayude a comprenderlo y a ser capaces de entendernos.
¡Por el bien de Chile!
PATRICIO AYLWIN AZOCAR

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