MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE
Patrício Aylwin Azócar
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1991
Señor Presidente,
conciudadanos del Senado y de la
Cámara de Diputados:
En cumplimiento del mandato
constitucional, doy cuenta al país, ante vosotros, “del estado administrativo y
político de la nación”.
Al cabo de un año y setenta
días de Gobierno puedo decir, con satisfacción, que la convivencia nacional se
desenvuelve por los cauces del Estado de Derecho. Nuestra renaciente democracia
funciona sobre las bases de la plena vigencia de los derechos humanos y las
libertades públicas, y del cabal ejercicio de sus atribuciones por los Poderes
del Estado; un clima de paz y entendimiento prevalece en las relaciones
sociales, especialmente entre trabajadores y empresarios, como también entre
los diversos sectores políticos; la economía nacional funciona de manera sana y
promisoria, demostrando favorables perspectivas de estabilidad y crecimiento;
se progresa -tal vez lenta, pero decididamente- en la solución de los graves problemas
sociales que afligen a vastos sectores de compatriotas, en la clara dirección
de construir una sociedad equitativa, y Chile se ha reinsertado plenamente,
suscitando gran respeto y simpatía, en el ámbito internacional.
Contrasta esta realidad con los
negros presagios de quienes vaticinaban que nuestro gobierno traería al país
caos político, desastre económico y desorden social. Gracias a Dios, a la
madurez del pueblo chileno y a la responsabilidad con que el Gobierno y los
principales actores de la vida nacional estamos procurando cumplir nuestras
funciones, los pronósticos de esos agoreros han sido desmentidos por la
realidad: Chile hoy se destaca entre las naciones del mundo en desarrollo por
su equilibrio político y por sus favorables condiciones económico-sociales.
Naturalmente, no estamos
libres de problemas, como no lo está ningún país, ni aun los más desarrollados.
Aparte de las dificultades derivadas de la pobreza y de las inherentes al
proceso de crecimiento, nos causan especial preocupación el incremento de la
delincuencia y la acción terrorista de pequeños grupos que procuran imponer la
violencia en la vida colectiva. Víctima de tal conducta criminal cayó hace poco
un distinguido miembro de este Congreso Nacional, el Senador Jaime Guzmán. Esta
es ocasión propicia para rendir homenaje en su memoria y para reiterar nuestro
categórico compromiso de emplear todos los medios legítimos a nuestro alcance
para erradicar el terrorismo y la violencia de la vida nacional.
LAS TAREAS DEL GOBIERNO
El año pasado expuse ante este
Honorable Congreso nuestro diagnóstico de la realidad nacional al comenzar esta
nueva etapa en la vida del país, y enuncié las tareas que mi Gobierno se
proponía cumplir durante su período y los criterios fundamentales que inspirarían
nuestra acción.
Esas tareas -conviene
recordarlas- son las siguientes:
I.- Alcanzar la reconciliación
nacional;
II.- Consolidar y perfeccionar
nuestra democracia;
III.- Promover la justicia
social;
IV.- Impulsar el crecimiento,
desarrollo y modernización del país, y
V.- Reinsertar a Chile en su
lugar histórico en la comunidad internacional. ¿Cuánto hemos avanzado, en este
primer año de Gobierno, en el cumplimiento de esas tareas?
Es lo que me propongo
precisar, en sus líneas fundamentales, en la presente exposición, sin perjuicio
del relato detallado de la labor de cada Ministerio, que los Honorables
Parlamentarios encontrarán en los anexos de esta cuenta.
I. RECONCILIACIÓN NACIONAL
Consecuente con mi profunda
convicción de que el reencuentro y unidad de la familia chilena no podrían
alcanzarse sin un serio esfuerzo para superar los agravios del pasado,
consideré un deber insoslayable encarar derechamente los problemas derivados de
las violaciones a los derechos humanos, del exilio y de la situación de los llamados
“presos políticos”.
A fin de avanzar hacia la
solución del primero de esos problemas, constituimos la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación. Al cabo de nueve meses esa Comisión emitió un
informe que di a conocer al país el 4 de marzo último.
La divulgación de ese Informe
conmovió la conciencia nacional. Su seriedad y ponderación fueron valorizadas
en acuerdos unánimes por ambas ramas de este Congreso Nacional, que expresaron
su reconocimiento a los miembros de la Comisión por el aporte que hicieron en pro de la
verdad y del reencuentro nacional.
Considero mi deber
reiterarles, en esta solemne ocasión, los agradecimientos del Gobierno por el
valioso servicio que prestaron a la causa de la verdad y de la reconciliación
entre los chilenos.
Las observaciones y
comentarios que a ese Informe han formulado respetables instituciones y
personas, no desconocen la verdad de los cruentos hechos que en él se
establecen, sino que se refieren a las circunstancias en que ocurrieron y que
podrían explicarlos.
Por mi parte, considero
necesario reiterar aquí lo que dije el 4 de marzo: “El reconocimiento de esa
verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los
acontecimientos políticos de la época o sobre la legitimidad del 11 de
septiembre de 1973. Eso es juzgará la historia, pero ningún criterio sobre el
particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos
humanos que describe el Informe”. La aceptación de esa verdad, compartida por
la comunidad nacional, removerá un motivo de disputa y de división entre los
chilenos.
En cuanto a la justicia, que
exige esclarecer el paradero de muchos desaparecidos y determinar las
responsabilidades que jurídicamente correspondan, es tarea que compete a los
tribunales. Uniéndose a mi ruego, las dos Cámaras de este Congreso expresaron
su confianza en que “los tribunales investigarán a fondo, de acuerdo con la
legislación vigente y con la prontitud necesaria”, los casos sobre violaciones
a los derechos humanos.
La verdad, por sí misma, es
parte de la justicia, al menos en cuanto a la vindicación moral de las
víctimas. También la justicia exige que el Estado, como órgano de la sociedad
toda, asuma la responsabilidad que le corresponde, bien sea por acción o por
omisión, al causar tanto sufrimiento, o al no haber sabido o podido evitarlo.
Para ello es que el Gobierno, acogiendo las sugerencias de la Comisión de Verdad y
Reconciliación, os ha presentado el proyecto de ley sobre reparaciones a las
familias de las víctimas, que confío que este Congreso estudie y despache con
la mejor disposición.
Frente al tema de exilio,
propusimos un proyecto que dio origen a la ley Nº 18.994, que creó la Oficina Nacional
de Retorno, la cual está abocada a la tarea de facilitar la reinserción de los
exiliados políticos, gestionando con organismos nacionales e internacionales
las prestaciones de asistencia social, jurídicas, de salud, laborales y
previsionales necesarias para facilitar el regreso de quienes quieran hacerlo.
Es de suma importancia, para las posibilidades de retorno de muchos
compatriotas, e interesa al país para aprovechar sus capacidades, que los
estudios que hayan realizado en el exilio les sirvan en Chile. Tal es el fin
del proyecto sobre revalidación de títulos y grados actualmente pendiente de la
decisión de este Congreso.
En cuanto al problema de los
presos por delitos de motivación política, el Gobierno ha indultado a todos los
que no han estado comprometidos directamente en hechos de sangre y a medida que
su situación procesal de condenados ha permitido su indulto. Pero la mayoría de
estos presos están sujetos a procesos pendientes, etapa en que el indulto es
improcedente, y muchos lo son por acciones terroristas que excluían la
posibilidad de indulto.
El Gobierno propuso solucionar
estos casos por la vía judicial, mediante normas que permitieran a los
tribunales, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, adoptar las
decisiones más equitativas. Este Honorable Congreso acogió sólo parcialmente
esa iniciativa, en cuanto a traspasar a la competencia de Ministros de Corte
muchos procesos que estaban sujetos a la justicia militar, y aceptó la
proposición de Renovación Nacional, que el Gobierno hizo suya, de autorizar
excepcionalmente el indulto a condenados por delitos terroristas.
En el corto tiempo
transcurrido desde la vigencia de estas normas, los tribunales han puesto en
libertad incondicional a varios procesados, y otros han salido en libertad
provisional. Por mi parte, he remitido o conmutado penas a 99 condenados, y
seguiré ejerciendo la facultad presidencial de indultar conforme a criterios de
justicia y de prudencia.
No comparto la opinión de
quienes alegan que el otorgamiento de indultos a personas condenadas por actos
terroristas sería una señal contradictoria de la voluntad del Gobierno de
combatir el terrorismo, o insinúan que obedecería a simples motivos de
equilibrio político. Mi Gobierno no determina su conducta por criterios
mercantilistas, sino por razones de equidad y bien común. Esas alegaciones
olvidan que las responsabilidades son estrictamente personales, y que equivalen
a sostener que para no dar signos que alienten el pecado, ningún pecador
debiera salvarse. Olvidan, por otra parte, que en la lucha contra el
terrorismo, las experiencias más exitosas han combinado la energía con el
perdón. Si el Congreso Nacional dio al Jefe del Estado esa facultad, fue sin
duda porque entendió que sería un instrumento eficaz para resolver situaciones
de injusticia sin poner en peligro a la sociedad. El país puede estar seguro de
que ejerceré esta atribución con el máximo cuidado, para que realmente sirva a
la reconciliación entre los chilenos y a la paz social. ¡Dios me ayude a no
equivocarme!
II. CONSOLIDACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE NUESTRA DEMOCRACIA
Como dije en mi Mensaje
anterior, para lograr este fin el Gobierno considera necesario:
1.- Asegurar la plena vigencia
de los derechos humanos para todos;
2.- La participación de todos
los sectores en los distintos aspectos de la vida colectiva;
3.- Una administración de
justicia eficiente y oportuna;
4.- Una adecuada integración
entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil;
5.- Mecanismos eficientes y
justos de seguridad, y
6.- Relaciones equilibradas
entre los Poderes Públicos.
A continuación expongo
someramente los pasos que hasta ahora hemos dado hacia el logro de estas metas.
1. Vigencia de derechos humanos
El país es testigo del respeto
que mi Gobierno profesa a las personas y a sus derechos. Es mi especial
preocupación asegurar a todos el pleno ejercicio de sus derechos y libertades,
sin otra limitación que hacerlo en la forma regulada por la ley, única manera
de compatibilizar la libertad con el orden.
Especial importancia tiene,
para que una sociedad sea plenamente democrática, la efectiva vigencia de las
libertades de información y de opinión.
Para asegurar la libertad de
información, el Gobierno ha abierto las fuentes oficiales de noticias a todos
los órganos periodísticos, sin discriminaciones, y ha desarrollado una política
de plena autonomía de los medios de comunicación, incluso en los de propiedad
oficial, como el diario “La
Nación ”, Televisión Nacional y Radio Nacional. Con respecto a
estos dos últimos órganos de expresión, se han sometido al Congreso sendos
proyectos de ley que procuran darles una estructura pluralista.
Inspirado en el mismo
propósito, el Gobierno presentó al Congreso Nacional un proyecto, fruto de
estudios conjuntos con la Asociación Nacional de la Prensa , la Asociación de
Radiodifusores de Chile, el Colegio de Periodistas y las Escuelas de Periodismo
de las Universidades de Chile y Católica, para derogar las disposiciones que
vulneraban más gravemente el ejercicio de esa libertad. Su despacho constituye
un significativo avance en este campo. Con participación de las mismas
entidades, se encuentra en estudio otro proyecto encaminado a actualizar
nuestra ya antigua legislación sobre la materia, con la mira de regular y
proteger la actividad periodística más que de sancionar sus abusos.
A fin de adecuar nuestro
ordenamiento jurídico a las normas internacionales de tutela de los derechos
humanos, nuestro país ha ratificado la Convención Americana
de Derechos Humanos, la
Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y los
Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Además, reconocimos la
competencia del Comité de Derechos Humanos prevista en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y retiramos las reservas con que el anterior
Gobierno había ratificado la
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles.
Restan aún pasos importantes
que dar en esta materia, que esperamos completar durante el presente año.
En otros aspectos se han hecho
también progresos significativos a través de la entrada en vigencia de normas
que garantizan en mejor forma los derechos de las personas. En el ámbito
judicial, la ley Nº 19.047 modificó las normas sobre incomunicación,
aislamiento, confesión, libertad provisional y derecho de defensa, y disminuyó
algunas penalidades exageradas. Mediante la dictación de la ley Nº 19.029, se
restringió la pena de muerte sólo a algunos delitos gravísimos, pasando ella a
ser una sanción excepcional. Es mi esperanza que pronto podamos desterrar
definitivamente la pena de muerte de nuestra legislación. Quiero destacar
también que la ley Nº 19.027,
a la vez que sanciona eficazmente las conductas
terroristas, contempla normas que permiten que ello se haga con pleno respeto a
los derechos de las personas.
Uno de los problemas importantes
que plantea el resguardo efectivo de los derechos humanos frente a los
eventuales abusos del poder estatal, dice relación con la situación de los
sectores más desposeídos. Por lo general, ellos no sólo son incapaces de
defender sus derechos frente a los abusos administrativos, sino, lo que es
peor, desconocen las vías para defenderlos.
Consciente de este problema,
he enviado a la Cámara
de Diputados dos Mensajes, uno de reforma constitucional y otro de ley orgánica
constitucional, destinados a crear la institución del Defensor del Pueblo. De
acuerdo al constitucionalismo moderno y a la experiencia de diversas naciones,
esta institución puede ser un instrumento eficaz para subsanar la grave
deficiencia anotada. Estoy seguro de que el debate legislativo sobre el tema
posibilitará que, en conjunto, forjemos una visión común sobre el problema y
las medidas más idóneas para enfrentarlo.
Reafirmo, una vez más, el
compromiso intransable de mi Gobierno con la plena vigencia y eficaz tutela de
los derechos humanos. Ellos son consustanciales al Estado de Derecho propio de
una democracia. Buscaremos incansablemente nuevos y mejores instrumentos que
los protejan y no admitiremos, bajo ningún pretexto o circunstancia, que la
acción del Estado y sus agentes transgreda los límites que el respeto a ellos
impone.
2. Participación
No hay verdadera democracia
sin participación.
Para alcanzar mejores niveles
de participación en nuestra sociedad, hemos logrado en este año de Gobierno
algunos avances significativos en ámbitos sectoriales, relacionados con la
mujer y con la juventud.
Se creó el Servicio Nacional
de la Mujer ,
organismo encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el estudio y
proposición de planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce de
igualdad de derechos y oportunidades en los procesos de desarrollo político,
social, económico y cultural, respetando la naturaleza y especificidad de la
mujer que emanan de la diversidad natural de los sexos, incluida su adecuada
proyección a las relaciones en el interior de la familia.
En el caso de la juventud, se
creó el Instituto Nacional de la
Juventud , organismo técnico encargado de colaborar con el
Poder Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las políticas
relativas a los asuntos juveniles. El país conoce los problemas de cohesión
social e integración que afectan a los sectores juveniles, particularmente a
los de origen más modesto, y las nefastas consecuencias que ello acarrea. Con
el Instituto hemos dado un primer paso en la búsqueda de respuestas para las
necesidades de participación de los más jóvenes, necesidades que constituyen
una de las preocupaciones más permanentes y prioritarias del Gobierno.
Si bien estos dos organismos
no son propiamente instancias de participación, sino técnicos, obviamente su
funcionamiento se orientará a promover la participación de mujeres y jóvenes.
También, en el ámbito
sectorial, hemos avanzado en el estudio de una legislación sobre pueblos
indígenas, propuesta por la Comisión Especial que creamos el año pasado, en
la que participaron personeros representativos de esos pueblos. Esperaremos
presentar próximamente al Congreso el respectivo proyecto.
Otro campo en el cual la
participación ciudadana es indispensable para asegurar la democracia y
comprometer a la sociedad en su desarrollo, es el ámbito vecinal. Para que la
junta de vecinos cumpla su función natural de ser el lugar de encuentro en que
los habitantes de un mismo sector concurren organizadamente a la solución de
los problemas comunes y aportan su colaboración al progreso del barrio, se hace
necesario reformar la ley que las rige. Eso es lo que persigue el proyecto
presentado por el Gobierno, en actual trámite legislativo.
Dicha iniciativa se inspira en
dos principios fundamentales. Primero, la junta de vecinos es una organización
territorial y no funcional, que debe representar al conjunto de los vecinos.
Segundo, debe constituir un canal de participación no politizado.
No puedo sino lamentar el
reciente fallo del Tribunal Constitucional en relación a este proyecto.
Naturalmente, lo acato y respeto; pero no puedo ocultar que, como hombre de
Derecho, discrepo de su criterio. En mi concepto, esos principios en nada
afectan a la libertad de asociación que la Constitución
garantiza, puesto que no se trata de agrupaciones privadas que dependan de la
mera voluntad de los interesados. Las juntas de vecinos son personas jurídicas
de derecho público, como las municipalidades. Se pertenece a la junta de
vecinos por el hecho de habitar en el barrio, así como se pertenece a la
municipalidad por el hecho de residir en la comuna.
Confío en que ese fallo no
impida al Congreso considerar favorablemente las demás ideas contenidas en el
proyecto.
Pero es en el ámbito de la
administración comunal donde la ausencia de participación ciudadana limita
mayormente el carácter democrático de nuestra sociedad. La necesidad de
democratizar los municipios constituye una aspiración compartida por la inmensa
mayoría de los chilenos; fue expresada formalmente por todos los sectores en la
última campaña electoral, y existe a su respecto un consenso general. Estos
antecedentes, y una convicción profunda sobre la materia, me llevaron en
diciembre último a hacer un llamado a los Honorables Senadores para que, por
encima de circunstanciales diferencias, prestaran su aprobación en general al
proyecto de reforma municipal que había sido despachado por la Cámara de Diputados.
Desgraciadamente, no fui oído. Abrigo la esperanza de que el reciente acuerdo
con la Oposición ,
surgido de las conversaciones entre personeros del Gobierno y Renovación
Nacional -que conviene un procedimiento para tramitar conjuntamente en el
Senado el proyecto de reforma constitucional sobre administración comunal y
regional y luego, separadamente, las leyes orgánicas respectivas, y para
tramitar en forma paralela en la
Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre rentas
municipales-, conduzca al pronto despacho de estas iniciativas. El país no
entendería -y hablaría muy mal de nuestra clase política- si, afirmando todos
la necesidad de democratizar el régimen de la administración comunal y
regional, no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo sobre la manera de
hacerlo.
Debo hacer presente una
observación que mi conciencia de superior responsable del bien común de la
nación me impone. Mi Gobierno favorece el tratamiento conjunto de las reformas
constitucionales sobre el gobierno municipal y el gobierno regional, en el
claro entendido de que el análisis de las leyes orgánicas correspondientes
tiene que sujetarse a ritmos necesariamente distintos.
El municipio es una
institución tradicional de nuestro sistema político, como también lo es su
carácter democrático-representativo. Al deliberar sobre su reforma, contamos
con una larga y rica experiencia, producto de nuestra propia historia. En esta
materia, estamos pisando terreno conocido. Conocemos bien los problemas que
plantean el gobierno y la gestión municipal.
En cambio, la reforma del
gobierno y administración regionales nos lleva a terra ignota. Se trata de
introducir en nuestro sistema político una innovación que no es menor.
Carecemos aquí de una historia y una tradición que nos hayan proporcionado una
experiencia directa y sostenida en el tiempo, útil para identificar los
problemas involucrados y diseñar respuestas confiables a ellos. Haríamos muy
mal en copiar simplemente instituciones existentes en otras realidades, o en
dejarnos llevar por la seducción de principios que, si bien pueden ser válidos
en teoría, plantean cuestiones muy complejas en su aplicación práctica.
Entiéndase bien: soy decidido
partidario de un proceso de descentralización regional, pero pienso que debe
hacerse sobre bases realistas y sin afectar al carácter unitario del Estado
chileno. En naciones más desarrolladas que la nuestra, los procesos de regionalización
han tomado decenios; nosotros no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Si no
queremos exponernos a fracasos que serían lamentables, debemos avanzar por
etapas y construir sobre la base de experiencias.
3. Administración de justicia eficiente y oportuna
No creo necesario extenderme
sobre los problemas que la administración de justicia plantea en el Chile
contemporáneo. Estos son ya suficientemente conocidos y hay un consenso amplio
entre las fuerzas políticas y los sectores sociales sobre la necesidad de
llevar a cabo una reforma judicial que permita avanzar en su solución. Sólo en
la medida en que todos los chilenos, y particularmente los más desposeídos,
tengan la experiencia efectiva de que la democracia significa posibilidades
reales de justicia para todos, pisaremos terreno firme en nuestro esfuerzo por
consolidar la democracia. Este consenso está por encima de todo juicio
histórico contingente sobre el desempeño del Poder Judicial en períodos
recientes de nuestra vida política.
Respondiendo a esa necesidad,
hondamente sentida, he enviado a la
Cámara sendos Mensajes para iniciar una reforma
constitucional y las enmiendas legales pertinentes.
Los principios básicos que
guían este primer conjunto de reformas son los siguientes: compatibilizar la
necesidad de innovar con el respeto a nuestras tradiciones jurídicas; reforzar
el carácter de Poder del Estado que corresponde a la Judicatura ; restituir a
la Corte Suprema
su misión de unificar la interpretación del Derecho y dotarla de condiciones
que favorezcan una mejor eficacia y eficiencia en su desempeño; incorporar la
plena vigencia de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico;
perfeccionar el estatuto del Poder Judicial, robusteciendo la imparcialidad,
responsabilidad, autonomía e independencia de los jueces, y establecer
mecanismos que posibiliten el constante perfeccionamiento profesional de los
magistrados.
Los proyectos enviados se
complementarán con otros referidos a la Judicatura del Trabajo, a los Tribunales de
Menores, a los Tribunales Vecinales y a la Corporación de
Asistencia Jurídica, que se encuentran en estudio y que esperamos someter
próximamente a vuestra consideración, encaminados fundamentalmente a hacer que
la justicia esté al alcance de todos.
Nada sería más dañino para el
interés nacional que hacer de esta reforma un tema de confrontación
político-partidista. Como hombre de Derecho, vinculado, por múltiples
conceptos, a los tribunales de justicia, pienso que el perfeccionamiento y
modernización del sistema judicial chileno constituyen una necesidad
impostergable. La urgencia de esta necesidad es compartida por los propios
magistrados judiciales, según estudios de su Asociación, y por otras entidades
preocupadas de la administración de justicia, más allá de diferencias ideológicas
o partidistas, como lo prueba el trabajo recientemente publicado por el Centro
de Estudios Públicos.
Yo invito a los señores
Parlamentarios y a todos los partidos políticos a estudiar esta materia con
espíritu constructivo y la mejor disposición a buscar acuerdos. Las ideas
contenidas en los proyectos presentados por el Gobierno son sólo una base para
la discusión. Bien sé que algunas suscitan recelos y que hay también otros
proyectos. El Gobierno no pretende imponer ningún pie forzado y espera de todos
igual predicamento. Si procedemos de esta forma, con sabiduría y buena
voluntad, daremos un paso histórico y prestaremos al país un gran servicio.
4. Defensa nacional
La consolidación de nuestra
democracia exige que las Fuerzas Armadas perciban y sientan que el pueblo y sus
autoridades comprenden y respaldan su papel de instituciones nacionales
encargadas de la defensa del país y que, a su vez, el pueblo y las autoridades
del Estado perciban y sientan que las Fuerza Armadas son instituciones que
pertenecen a la nación entera, esencialmente profesionales, jerarquizadas y no
deliberantes.
El cumplimiento de estas
condiciones impone deberes recíprocos.
A la sociedad civil, sus
representantes y autoridades, nos exige respetar a las Fuerzas Armadas en su
honor y en su institucionalidad, dotarlas de los medios necesarios para el
cumplimiento de sus tareas y evitar celosamente cualquier intento de procurar
instrumental izarlas para objetivos sectoriales o partidistas ajenos a sus
fines.
A las Fuerzas Armadas, especialmente
a sus mandos, les exige consagrarse al cumplimiento de sus tareas
profesionales, acatar su subordinación a las autoridades superiores del Estado
y abstenerse escrupulosamente de cualquier conducta de carácter político o que
las vincule especialmente con algún sector partidista.
Esto, que parece tan obvio, no
resulta fácil de cumplir cuando el país viene recién saliendo de un largo
período de Gobierno militar. Por una parte, las críticas que en la sociedad
civil se formulan a ese Régimen, de alguna manera tocan a las instituciones
mismas y a sus miembros. Por otra, éstos tienden a ver como sus “amigos” a
quienes fueron partidarios de ese Gobierno, y a mirar con cierta distancia a
quienes fuimos sus adversarios. Y no faltan quienes, de uno u otro lado, siguen
viviendo fieles a esquemas ideológicos del pasado, que dividen a los chilenos
en buenos y malos.
El interés superior de Chile
nos exige a todos un gran esfuerzo para superar esos obstáculos. Civiles y
uniformados tenemos el deber de procurar ser objetivos, evitar generalizaciones
y distinguir entre el pasado Gobierno y las instituciones armadas. Y en la
medida misma en que nos concentremos en las tareas del presente y del futuro,
dejando atrás el pasado -que la historia juzgará-, ese esfuerzo será más fácil
y fecundo.
Fiel a su misión fundamental
de promover la unidad nacional, mi Gobierno está empeñado en que, cada vez más,
las instituciones armadas y la sociedad civil compartamos los mismos valores,
como son el amor a la patria, el espíritu de trabajar por su bienestar y
grandeza, el respeto a los principios e instituciones democráticas y la
estricta sujeción al Estado de Derecho.
Pienso que la experiencia
vivida en este tiempo es satisfactoria y que el conocimiento mutuo que se va
alcanzando, al que ayudan positivamente las distintas instancias de encuentro
entre civiles y militares, deben conducirnos a crear, en bien de Chile, un
clima de cada vez más respeto, comprensión y confianza mutuos.
Dentro de este marco, nuestra
política de Defensa Nacional busca asegurar la conducción superior y la
continuidad de funcionamiento operativo cada vez más profesional de nuestros
institutos armados, apartados de la contingencia política y dedicados a su
vital misión de seguridad externa y a los múltiples y beneficiosos papeles de
paz que cumplen día a día.
Comprendemos y asumimos la
necesidad de dotarlos, dentro del marco que surge de la multiplicidad de las
demandas sociales y la limitación de los recursos financieros, de los medios
necesarios para asegurar su eficiencia. La democracia ha demostrado ser una
condición favorable para el desarrollo institucional y la modernización de las
Fuerzas Armadas y para la continuidad de sus niveles operativos, como quedó
evidenciado en la aprobación casi unánime por el Congreso Nacional del
presupuesto de Defensa para el presente año.
En el mismo sentido se orienta
el nuevo Programa de Cooperación Internacional para la Defensa puesto en práctica
por el Ministerio del ramo, destinado a abrir nuevas oportunidades de educación
y entrenamiento militar avanzado, de especialidades tecnológicas y de comando y
apoyo para nuestros uniformados, como asimismo a ofrecer oportunidades de
adquisición, en condiciones favorables, de materiales, equipos, piezas y partes
requeridas por nuestras instituciones armadas. El primer ejemplo de esta nueva
acción es el programa conjunto convenido en marzo último entre los Ministerios
de Defensa de Chile y de los Estados Unidos.
Durante este año, se ha
seguido desarrollando en el Ejército de Chile un proceso de estudio de medidas
que posibilitan perfeccionar la administración de los recursos humanos y
materiales y el apoyo logístico para actividades fundamentales, como la
instrucción del personal y el entrenamiento de las unidades. Igualmente, esta
rama ha llevado a cabo inversiones de mantención y construcción de la red vial
de las zonas apartadas.
A su vez, la Fuerza Aérea ha
continuado con su labor de fomento del desarrollo de la industria aeronáutica
nacional y de investigación científica y tecnológica relacionada con esa
industria. Y, recientemente, ha asumido una importante participación en la
misión de observación de las Naciones Unidas entre Irak y Kuwait, enviando un
grupo de 6 helicópteros y 50 oficiales y suboficiales a esa zona
desmilitarizada, misión para la cual fue seleccionada por Naciones Unidas por
su reconocida capacidad profesional.
5. La seguridad ciudadana
Preocupa especialmente al
Gobierno la necesidad de garantizar a todos los ciudadanos las condiciones de
seguridad indispensables para toda convivencia civilizada.
Esta seguridad está siendo
seriamente afectada por dos fenómenos frecuentes en las sociedades
contemporáneas: la delincuencia y el terrorismo, que preocupan justificadamente
a la población.
El Gobierno tiene cabal
conciencia de la gravedad y peligro de estos males, que está encarando con toda
energía dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico y con los medios de
que se dispone.
La investigación y sanción de
los delitos, sean comunes o terroristas, compete exclusivamente a los
tribunales, asistidos por las Fuerzas de Orden y Seguridad, integradas por
Carabineros de Chile e Investigaciones. Ello constituye una base primordial
sobre la que se constituye el Estado de Derecho. Ignorarla o sobrepasarla sería
el principio del fin de nuestra democracia.
Por otra parte, la prevención
y represión de la delincuencia común y el terrorismo han de hacerse siempre
respetando los derechos civiles de las personas. La acción contra la
delincuencia y el terrorismo no puede ni debe ser sinónimo de barbarie, del
empleo de la tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. De no ser
así, la larga y dolorosa lucha sostenida por este pueblo para reconquistar sus
libertades y derechos tradicionales carecería de sentido.
Permítaseme referirme separadamente
a la forma como el Gobierno entiende y encara la lucha contra la delincuencia y
el terrorismo.
La delincuencia
Nuestra política frente a la
delincuencia contempla tres objetivos: su prevención, su represión y la
rehabilitación del delincuente.
Pienso que la delincuencia se
explica, en parte importante, por las condiciones socio-económicas existentes,
particularmente las que afectan a los sectores más desposeídos. La progresiva
superación de lacras, como la extrema pobreza y la cesantía juvenil, traerá
consigo avances importantes en la disminución de la delincuencia. Si bien la
constatación de este hecho poco puede influir en el enfrentamiento del problema
en el corto plazo, llamo al país a tenerlo siempre presente y a aquilatar, por
consiguiente, la relevancia de todos los avances que se puedan hacer hacia una
mayor justicia social.
Las nuevas características que
ha adquirido el fenómeno de la delincuencia están estrechamente relacionadas
con los contenidos de violencia que atraviesan nuestra cultura. Reitero mi
llamado a los responsables de los medios de comunicación, a los educadores, a
las familias, a las Iglesias, a los formadores de opinión y al conjunto de la
ciudadanía para que, abandonando la desidia en que frecuentemente incurrimos,
luchemos por la difusión de una cultura que privilegie la vida, la paz, el
respeto a los otros y el control de sí mismo.
Otro factor determinante de la
delincuencia en las sociedades modernas es la drogadicción y el tráfico de
estupefacientes. Estamos encarando decididamente la amenaza de este flagelo,
con la acción coordinada de los organismos policiales, de salud, de aduana,
como asimismo mediante la cooperación con otros países del continente. Por
decreto supremo hemos creado el Consejo Nacional para el Control de
Estupefacientes, cuya función es coordinar al conjunto de las instituciones y
servicios del Estado en la acción contra la producción, tráfico ilícito y
consumo indebido de drogas.
Hay también una cuota
importante de responsabilidad que incumbe al sector privado, en la prevención
del delito. Esto es manifiesto en el caso de los bancos. Se está estudiando en
el Ministerio del Interior, con la participación de la Asociación de Bancos,
un reglamento de aplicación común a todas las instituciones bancarias para
mejorar los mecanismos de prevención y represión de los asaltos a ellas. Espero
que el sector privado encare, de una vez por todas, la responsabilidad que le
cabe en esta materia. La seguridad es un bien que tiene un precio, y no hay
justificación alguna para que estas instituciones no contribuyan a pagarlo.
Respecto de la represión del
delito, además del complemento presupuestario otorgado a Carabineros de Chile
el año pasado para crear nuevas plazas, mediante una ley de febrero de este año
se aumentó la dotación en 4.400 plazas, que el Gobierno espera proveer durante
este año y el próximo, adelantándose así los plazos primitivamente previstos.
Hoy puedo informar con satisfacción que la próxima semana prestarán juramento y
se incorporarán al Servicio 1.100 nuevos carabineros.
Estamos haciendo todo lo
posible por aumentar sustancialmente los recursos materiales y técnicos de
Carabineros e Investigaciones y por mejorar su capacitación.
La actividad delictual se
alimenta principalmente de la reincidencia del menor en situación irregular. En
términos de una política de mediano plazo, es esta profesionalización del
delincuente la que debemos evitar. Por ello, la rehabilitación y la situación
de los menores merecen especial preocupación.
Para 1991 y los años que
siguen, hemos estimado indispensable atender prioritariamente las necesidades
más urgentes del sistema carcelario, a cargo de Gendarmería de Chile y del
Servicio Nacional de Menores.
El terrorismo
El terrorismo y la violencia
política -males que afectan contemporáneamente a muchos países- no son
fenómenos que hayan surgido durante este Gobierno. Los enfrentó también el
Gobierno militar.
Frente a la lacra del
terrorismo, no faltan los que hacen caudal de la supuesta ineficacia de las
democracias para prevenirlo y reprimirlo, comparativamente con la supuesta
eficacia de los autoritarismos. El argumento es recurrente en quienes añoran el
pasado autoritario. Parecen olvidar muchos hechos de ese pasado, que atestiguan
en sentido contrario. También olvidan que si este fenómeno está reducido a unas
pocas organizaciones, ello se debe en gran parte a que los partidos que son hoy
Gobierno supieron adoptar un comportamiento político que rechazó la lógica de
la guerra y el empleo de la violencia.
Si los partidos de la Concertación no
hubieran sido capaces de crear un gran consenso social en torno a la idea de
que se podía y debía luchar por la libertad a través de medios pacíficos, el
fenómeno terrorista tendría hoy una magnitud que tal vez haría imposible la
consolidación de nuestra democracia.
Reitero, una vez más, mi
convicción de que nuestra democracia puede protegerse eficazmente contra el
terrorismo, tal como lo han hecho con éxito otras democracias, y que puede y
debe hacerlo respetando su propia esencia. Prevendremos la acción terrorista y
la perseguiremos empleando a fondo nuestra voluntad, cada vez con mayor
eficacia, en el marco del Estado de Derecho democrático, respetando las
competencias y atribuciones propias de cada Poder e institución del Estado.
La definición de las políticas
contra el terrorismo es una cuestión de Estado. No puede ser asumida con
criterios partidistas, según lógicas electoralistas o en términos de un campo
de confrontación entre Gobierno y Oposición. Necesitamos en esta materia del más
amplio consenso. Por esa razón, en marzo pasado convoqué a las directivas de
todos los partidos con representación parlamentaria para solicitarles su
colaboración a fin de que el país enfrente unido al terrorismo, única forma de
aislar a sus actores. El Gobierno celebra la constitución de comisiones
parlamentarias que participan en el estudio y definición de las estrategias de
lucha antiterrorista, y confía en que el examen conjunto del tema conduzca a un
consenso en que todos los demócratas nos comprometamos a fondo renunciando a
utilizarlo como factor de eventuales ventajas partidistas.
En el enfrentamiento del
terrorismo cabe distinguir tres tipos de medidas: primero, el desempeño de la
función preventiva de inteligencia; segundo, las medidas políticas y sociales
de prevención, y tercero, la función de investigación y sanción de hechos
terroristas.
Contemporáneamente, en la
prevención del terrorismo y la violencia política ha adquirido suma importancia
la función de inteligencia preventiva, que incluye la planificación estratégica
y coordinada de las actividades de las instituciones y servicios estatales
competentes en esta materia.
Es por ello que el Gobierno ha
considerado necesario dar una institucionalidad mayor a estas actividades,
creando, con el carácter de órgano asesor de la Presidencia de la República , el Consejo
Coordinador de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior. Cabe
destacar que este Consejo contempla, dentro de su estructura orgánica, además
de un Comité de Asesoría Directa, un Comité Consultivo de Inteligencia,
integrado por el Subsecretario del Interior, los Jefes de Inteligencia de cada
una de las tres ramas de la
Defensa Nacional y los Jefes de Inteligencia de las Fuerzas
de Orden y Seguridad. De esta manera, se dispone de un espacio institucional
para la articulación del conjunto de la comunidad nacional de inteligencia, lo
que permitirá aumentar la eficacia en la prevención del terrorismo.
Frente a las críticas de
quienes han estimado insuficiente la creación de este organismo, considero
necesario precisar lo siguiente:
1º.- El Gobierno está abierto
a considerar todas las ideas y espera sugerencias concretas del Senado, al cual
hizo una consulta; de las comisiones parlamentarias y de los partidos
políticos. Su propósito es proponer al Congreso, sobre la base de la
experiencia acumulada y de las propuestas que reciba, un proyecto destinado a
dar estructura legal al organismo que en definitiva se encargue de estas
tareas. Entretanto se estudia, discute y aprueba ese proyecto, está procediendo
por la vía administrativa, en ejercicio de sus facultades, frente a la urgencia
del asunto, y
2º.- Lo que el Gobierno no
aceptará en ningún caso es la creación, para combatir al terrorismo, de
organismos como los que existieron en el Régimen pasado, claramente
incompatibles con las normas constitucionales y con los principios
democráticos.
La prevención del terrorismo
descansa, en gran medida, en su aislamiento político, social y cultural.
Cuando todas las fuerzas
políticas socialmente significativas rechazan públicamente el terrorismo, de
manera incondicional y descalificándolo absolutamente, entonces se ha dado un
gran paso adelante en su prevención. En esta materia no cabe ambigüedades de
ninguna especie. Reitero el emplazamiento y el llamado a quienes persisten en
posturas equívocas sobre tan grave asunto. La democracia chilena no quiere
exclusiones ni excluidos, pero para ser parte de ella se requiere de un
compromiso incondicional de todos con sus reglas.
La prevención y represión eficaces
del terrorismo exigen también un cambio en la mentalidad colectiva de muchos
sectores de la sociedad. Probablemente, hay quienes siguen viendo en la acción
terrorista o violentista la obra de idealistas o héroes románticos, o que la
miran con lenidad en razón de consideraciones sociales o económicas.
Necesitamos de una decidida acción educativa y cultural que persuada a los
chilenos de que el terrorismo es sinónimo de delincuencia, y que contribuir a
prevenirlo o al progreso en la investigación de hechos terroristas no es un
acto censurable, sino una expresión de coraje cívico y de preocupación por el
bien común.
Llamo a todos los chilenos a
cooperar en este esfuerzo por cambiar mentalidades frente al terrorismo,
condición ineludible de su aislamiento.
Otro problema importante que
plantea la prevención de esta lacra reside en lo que podríamos llamar la
rehabilitación del terrorista. Para quienes ingresan a las organizaciones
terroristas es sumamente difícil abandonarlas. La naturaleza de ellas es tal
que lleva a que sus miembros, aun cuando se arrepientan y tengan una firme
voluntad de reintegrarse a la vida social y política democrática, no puedan
escapar del círculo vicioso en que se encuentran.
El Estado debe ayudar a
quienes buscan esa reintegración. Al hacerlo, además de tender una mano a
muchas personas que se encuentran en situaciones desesperadas, debilita el
fenómeno terrorista mismo. Es por ello que he iniciado un proyecto de ley que
facilitar la cooperación con la
Justicia de aquellos miembros de organizaciones terroristas
que quieran reintegrarse a la sociedad.
En cuanto a la investigación y
sanción de los delitos terroristas, es tarea que compete exclusivamente a la Judicatura , asistida
por Carabineros e Investigaciones. En el cumplimiento de esta función, cuentan
con el apoyo irrestricto que al Poder Ejecutivo le cabe otorgar dentro de sus
atribuciones, y confío en que ese mismo apoyo le prestarán todas las
instituciones y sectores de la sociedad.
Igualmente, no me cabe duda de
que, con serenidad y coraje cívico, sin sacrificar las libertades y los
derechos civiles, alcanzaremos niveles de eficacia cada vez mayores al
enfrentar el terrorismo, tutelando con efectividad creciente el valor de la
seguridad ciudadana, consustancial a la convivencia pacífica y a la democracia.
6. Perfeccionamiento del Estado
Con la mira de hacer más
eficaz el funcionamiento del Gobierno, propusimos sendos proyectos para
modificar las leyes que rigen a los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y
Secretaría General de Gobierno, y para transformar la antigua Oficina de
Planificación Nacional en el Ministerio de Planificación y Cooperación. El
despacho de esos proyectos ha significado un importante mejoramiento en nuestra
organización administrativa.
También el Gobierno ha
presentado, o tiene en estudio, otros proyectos encaminados a superar rigideces
y a hacer más expedito el funcionamiento de la Administración del
Estado.
Simultáneamente, se han estado
estudiando proyectos, de mayor alcance, para concretar los criterios sobre
democratización institucional contenidos en las Bases Programáticas que la Concertación de
Partidos por la Democracia
presentó al país en la campaña electoral que condujo a mi elección de
Presidente de la
República. Ellos se refieren, entre otras materias, a la
existencia de Senadores no elegidos en votación directa, a la actual modalidad
de integración del Tribunal Constitucional, al sistema electoral que se emplea
en las elecciones parlamentarias, al estatuto y financiamiento de los partidos
políticos, al sistema de designación y permanencia de los Jefes de
Instituciones Armadas y de Orden, a la dependencia de Carabineros e
Investigaciones, a la extensión del período presidencial, y a vigorizar el
papel del Congreso Nacional en sus relaciones con el Poder Ejecutivo.
Sobre la necesidad de
introducir reformas en algunas de estas materias hubo consenso en los estudios
conjuntos que se realizaron entre la Concertación de Partidos por la Democracia y Renovación
Nacional a comienzos de 1989, y si ellos no se incorporaron a la reforma
constitucional aprobada en el plebiscito de julio de ese año, fue porque el
Gobierno de la época no prestó su consentimiento.
Frente a la mera posibilidad
de que estas reformas se planteen a la consideración legislativa, se han
levantado voces que sostienen que ellas crearían un clima de incertidumbre o
afectarían la estabilidad nacional, y aun acusan al Gobierno de querer
“desmantelar” la
Constitución.
Considero injustificadas
aquellas aprensiones y rechazo categóricamente tan ligera acusación. Desde
luego, dado el mecanismo que la Carta Fundamental establece para su reforma, que
exige quórum calificado, y teniendo en cuenta la correlación de fuerzas en el
Congreso Nacional, no existe la menor posibilidad de que la Constitución sea
“desmantelada”. Mi Gobierno carece de la mayoría parlamentaria requerida para
aprobar, sin la concurrencia de Senadores institucionales o de Oposición,
ninguna reforma constitucional. La viabilidad de futuras reformas está
condicionada, en esta etapa por lo menos, a que se alcance consenso para
llevarlas a cabo.
Como tengo el más profundo
convencimiento de que las normas constitucionales vigentes en esas materias
-que no nacieron de un consenso- son incompatibles con un sistema de gobierno verdaderamente
democrático y pueden perjudicar gravemente el buen funcionamiento del Estado,
abrigo la esperanza de alcanzar, en su oportunidad, los acuerdos necesarios
para modificarlas. Y no veo por qué razón abordar esas reformas, podría afectar
la estabilidad de nuestro régimen político. Por el contrario, lo que pone en
peligro tal estabilidad es el hecho de que algunas instituciones o mecanismos
aparezcan como injustos o arbitrarios para gran parte de la población, que
cuestiona su legitimidad. Respecto de ellas se requiere de un gran acuerdo que,
al promover su reforma a partir de un amplio consenso, elimine esa fuente de
potencial inestabilidad. Alcanzar un entendimiento en esas materias,
significaría dar un gran paso en la consolidación de nuestra democracia.
Como el planteamiento de esas
reformas formó parte del Programa de Gobierno con que fui elegido, considero un
compromiso mío con el pueblo de Chile proponerlas durante mi período. La
oportunidad en que lo haga dependerá de las circunstancias, en especial de los
acuerdos que, a su respecto, puedan irse produciendo. En todo caso, las
reformas que ahora tenemos en tabla son las relativas al régimen municipal y
regional y al sistema judicial. Mientras no avancemos en estás, pienso que
sería prematuro proponer otras.
III. LA JUSTICIA
SOCIAL
Como lo he repetido muchas
veces, para este Gobierno la justicia social es un imperativo moral. Repugna a
la conciencia la visión de una sociedad que es capaz de prosperar mientras
mantiene en su seno desigualdades sociales tan profundas como las existentes en
nuestro país. Ciertamente en los últimos años Chile experimentó un crecimiento
económico importante, pero los frutos de ese crecimiento se concentraron en
unos pocos, sin beneficiar a los trabajadores ni a la multitud de compatriotas
que viven en situación de pobreza.
No hemos llegado al Gobierno
simplemente para administrar ese estado de cosas, sino para procurar cambiarlo.
Por ello, desde el comienzo de nuestra gestión iniciamos un vigoroso esfuerzo
para comenzar a revertirlo. Pese a las limitaciones y trabas con que nos
encontramos, hemos obtenido logros importantes, que constituyen el inicio de un
proceso que integrará crecientemente a los trabajadores y a los pobres a los
frutos del desarrollo.
Durante el año transcurrido
desde que asumí la
Presidencia de la República , no obstante la política de ajuste que
fue necesario aplicar, los salarios reales aumentaron en 7,2 por ciento, lo
cual ha permitido que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo de que
gozaban hace 20 años.
Por otra parte, la entrada en
vigencia de la reforma tributaria, hecha posible por una actitud política
responsable de la mayoría de la
Oposición , cuya aplicación generará mayores recursos
fiscales, cercanos a los 600 millones de dólares, permitió aumentar el gasto
social de manera importante, particularmente con relación a los subsidios
masivos, que debemos mantener durante un largo tiempo para aliviar la situación
de los más pobres.
Más de 90 por ciento de los
recursos adicionales obtenidos financió diversos programas sociales; entre
ellos, el reajuste extraordinario de las pensiones de más de 70 por ciento de
los jubilados de menores ingresos, y el aumento de las asignaciones familiares
y del subsidio único familiar.
Con el mismo espíritu
enfrentamos el grave problema social que significaba la existencia, hacia junio
de 1990, de más de 320 mil deudores habitacionales del SERVIU, de los cuales 70
por ciento eran morosos. Esta situación repercutía negativamente en la
operación del sistema habitacional, en los ingresos fiscales y, lo que es más
importante, en la seguridad de las familias morosas.
Para atender a este grave
problema, se aplicó un programa de repactación global de deudas, que culminó en
enero de este año. Con este programa, 137 mil deudores terminaron de pagar sus
deudas, asegurando la propiedad de sus hogares, y casi 100 mil celebraron
convenios equitativos que le han permitido regularizar su situación.
Con el mismo criterio, se
dispuso lo que se llamó la “renegociación de la deuda vencida de los pobres”,
que permitió a más de 91 mil familias solucionar sus problemas de deudas
morosas de los servicios de la luz y agua potable, muchas veces cortados, y a
más de 300 mil pequeños propietarios regularizar su situación de contribuyentes
de bienes raíces. Y tal acción no constituye un simple “perdonazo”. Se trata de
buscar soluciones de equidad que hagan posible, a los sectores más postergados,
superar situaciones de emergencia y avanzar hacia mejores condiciones de vida.
El Gobierno ha definido su
política hacia la pobreza a través del concepto de integración al desarrollo,
que busca enfrentarla en todas sus dimensiones, lo cual exige una coordinación
de Ministerios, servicios y reparticiones. Nuestro propósito es superar el
asistencialismo estatal, alentando la participación de los afectados en la
búsqueda de soluciones y estimulando el desarrollo de la pequeña y microempresa
como los mejores caminos para reducirla. A la vez, estamos dirigiendo esfuerzos
especiales hacia los grupos más desvalidos: las mujeres pobres jefas de hogar,
los jóvenes y los ancianos.
Una de nuestras preocupaciones
permanentes es que el gasto social efectivamente favorezca a quienes lo
necesitan, y que ese beneficio se otorgue eficaz y eficientemente. Con tal fin,
se realizó en 1990 una encuesta de caracterización socioeconómica que permitirá
evaluar de manera sistemática las políticas sociales e identificar las
correcciones requeridas. Igualmente, se supervisó la encuesta CAS II, que
evalúa el impacto de los diferentes subsidios sociales en el nivel comunal en
todo el país.
Uno de los avances más
significativos en esta materia ha sido la puesta en marcha del Fondo de
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), que apoya el propio esfuerzo de la
gente por superar la pobreza. Ponemos así en práctica uno de los lemas de mi
programa: “Ayúdate, que yo te ayudaré”.
Conjuntamente con INDAP, la Comisión Nacional
de Riego y los campesinos organizados, el FOSIS está financiando pequeñas obras
de riego, principalmente en las zonas más afectadas por la sequía, que
benefician a 10 mil familias.
El Fondo está también
financiando más de doscientos proyectos, referidos a microempresas urbanas y
rurales, pesca artesanal, capacitación comunitaria, cuidado de menores,
nutrición y prevención de salud. Junto con ello se realiza un programa de
desarrollo de la pequeña producción, destinado a aumentar los ingresos y crear
condiciones estables de trabajo para una parte importante de los pequeños
productores.
También se está trabajando en
un programa de apoyo a la alimentación popular en Santiago y en la Quinta Región.
Merece mencionarse, además, un programa conjunto con ENAMI de ayuda técnica y
crediticia a los pirquineros, y otro con la Comisión Especial
de Pueblos Indígenas para auxiliar a ese postergado grupo de chilenos.
En el fundamental ámbito de la
cesantía juvenil, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social se ha
iniciado un Programa de Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica ,
destinado prioritariamente a jóvenes desempleados y que da especial importancia
a los que padecen condiciones de marginalidad social. Se espera capacitar este
año a alrededor de 15 mil jóvenes, utilizando una metodología que considera la
capacitación simultánea en instituciones de enseñanza técnica y en empresas.
En este mismo sentido, frente
a la cesantía juvenil, en diversas regiones del país se desarrolla un programa
piloto de oficinas municipales de colocación y, en forma conjunta, el
Ministerio de Educación y MIDEPLAN estudian modalidades que permitan reorientar
la educación media, dándole una utilidad laboral.
Estos criterios de equidad
inspiran nuestras políticas sociales en los ámbitos laboral, de la salud, de la
educación y de la vivienda, cuyas orientaciones y logros se exponen en la cuenta,
parte que no leeré para no alargar demasiado esta exposición.
IV. CRECIMIENTO, DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN
La gestión económica de mi
Gobierno persigue un crecimiento estable y equilibrado, cuyas características
garanticen una mejoría sostenida en la calidad de vida e integren a todos los
chilenos al desarrollo.
Durante el período de que doy
cuenta, se buscó cumplir tres objetivos básicos: asegurar y consolidar los
equilibrios macroeconómicos; generar recursos para el gasto social a través de
la reforma tributaria y garantizar las condiciones para un desarrollo sostenido
en el largo plazo.
Puedo afirmar con satisfacción
que hemos cumplido con estos objetivos. Creo que 1990 será recordado como un
año en que se invirtió para la gente, para la estabilidad y para el
crecimiento.
En materia de estabilización,
ciertamente un logro ha sido el haber despejado la incertidumbre propia de un
proceso de transición. Los indicadores más sensibles a las expectativas de los
agentes económicos muestran resultados positivos. Baste señalar dos de ellos:
el valor de las acciones aumentó en más de 70 por ciento en los últimos doce
meses y la inversión privada -nacional y extranjera- llegó al más alto nivel de
las últimas décadas.
Por otra parte, las
exportaciones crecieron sustancialmente, en especial las menos tradicionales;
se alcanzó un nivel inédito de inversión extranjera; se acumuló una cantidad
importante de reservas internacionales; se negoció favorablemente la deuda
externa; se firmaron acuerdos que refuerzan y abren nuevas posibilidades en las
relaciones con los principales socios comerciales de Chile; se fortaleció la
relación con los organismos multilaterales, y se creó un clima de confianza
respecto de nuestra economía en la comunidad internacional.
Para los próximos años, en
ausencia de ocurrencia de hechos extraordinarios, podemos prever un crecimiento
estable, que estimamos en torno a 5 por ciento anual. Para ello tienen que
existir mayores niveles de inversión, especialmente privada; debe aumentar la
competitividad de las actividades productivas, y el proceso de modernización
debe acelerarse y profundizarse, extendiéndose a toda la economía.
La etapa de crecimiento basada
en la utilización de capacidad ociosa llegó a su fin en 1989. Por consiguiente,
sólo si se producen inversiones que expandan la capacidad productiva podremos
seguir creciendo. Para cumplir con la meta antes señalada, la inversión total
tiene que alcanzar niveles en torno a 20 por ciento del producto geográfico
bruto.
Por otro lado, el desarrollo de
la economía descansa en una medida importante en las exportaciones,
principalmente privadas. Desde este año en adelante, se estima que las
exportaciones por sí solas van a dar cuenta de más de la mitad del crecimiento
que el país experimente. En consecuencia, el esfuerzo de inversión deberá
concentrarse en especial en la expansión de la base productiva del sector
privado exportador.
Hasta ahora, la nueva
inversión privada se ha canalizado en actividades de exportación en las que el
país posee una posición competitiva, sobre todo en la minería,
hortofruticultura, pesca y harina de pescado, papel y celulosa. Sin duda, estas
actividades deben mantener su contribución al crecimiento. Para ello, hay que
consolidarlas en el marco de una economía internacional crecientemente más
abierta y competitiva. Pero junto a ello, si no queremos declinar y
estancarnos, hay que avanzar hacia la diversificación de nuestros productos de
exportación y de los mercados de destino. Debemos saltar hacia una nueva etapa
del desarrollo exportador, que incorpore productos tecnológicamente más
avanzados e intensivos en mano de obra y en conocimiento. Sólo así podremos
superar los puntos vulnerables de nuestra economía y competir con éxito en
mercados altamente dinámicos.
Lo anterior sólo se logrará en
la medida en que nuestras empresas sean capaces de incorporar en su operación
un conjunto de actividades esenciales para aumentar la competitividad. Ellas
son la investigación y desarrollo para la innovación de productos y procesos;
la capacitación permanente de los trabajadores, y formas de comercialización
orientadas a mercados altamente dinámicos. En otras palabras, para avanzar
hacia una nueva etapa del desarrollo exportador, es necesario modernizarse.
Este esfuerzo por aumentar la
productividad y la competitividad tiene que extenderse al conjunto del sector
productivo, incluidas la pequeña y mediana empresas. Ello nos plantea el
desafío de ajustar los instrumentos de nuestra política a las peculiares
condiciones de este último sector, especialmente su baja escala de producción y
su rezago en la capacidad de gestión. Llevaremos a cabo, este año y los
siguientes, un gran esfuerzo para enfrentar este desafío, no sólo por razones
de equidad, sino también porque nos asiste el convencimiento de que en estas
empresas existe un potencial importantísimo, con altas posibilidades de
crecimiento, además de su capacidad histórica de generar empleo.
La tarea de elevar los niveles
de inversión, modernizarse y pasar a una nueva etapa exportadora, exige la colaboración
entre el sector público y el privado. Las acciones de ambos deben potenciarse
recíprocamente. El sector público debe abrir oportunidades crecientes al sector
privado, y la expansión de éste debe responder a los desafíos de lograr avances
sustantivos en la inversión y modernización productivas. Por su parte,
corresponde al Estado, además de mantener la estabilidad macroeconómica y velar
por el desempeño eficiente y competitivo de los mercados, adecuar la
infraestructura a los requerimientos del desarrollo; efectuar la coordinación
entre Gobiernos para fortalecer el intercambio con nuestros principales socios
comerciales; asumir un papel activo en el fomento de la modernización
productiva, particularmente en relación a la pequeña y mediana empresas, y
crear las condiciones para que el desarrollo sea sustentable en el mediano y
largo plazos.
Con arreglo a estos criterios,
el Gobierno ha orientado sus políticas en los distintos ámbitos del quehacer
económico.
La cuenta expone, a
continuación, lo que se está realizando en los sectores agrícola, pesquero,
minero, infraestructura y obras públicas, transporte, portuario, energía,
fomento, medio ambiente y relaciones económicas internacionales, párrafos que
omito leer en obsequio a la brevedad.
Todo el esfuerzo del Gobierno
sería vano en ausencia de una respuesta empresarial dinámica, que recoja los
desafíos que enfrentamos. Estoy convencido -y creo que así lo prueban las
experiencias exitosas de otros países- de que los incentivos de mercado no
bastan por sí solos para caminar hacia el desarrollo. El dinamismo empresarial
supone también una mentalidad, un sentido de nación, una identificación con
Chile y su gente. Los llamo a adoptar una nueva mentalidad, a creer en los
chilenos y ser solidarios con ellos, a abandonar las actitudes defensivas, a
ser dinámicos e innovadores, a desarrollar una mística que ponga el interés
privado al servicio del desarrollo nacional.
En síntesis, durante mi
Administración la economía chilena va a crecer estable y sostenidamente. Se van
a integrar al proceso de desarrollo millones de chilenos que no habían tenido
oportunidades de empleo duradero ni acceso adecuado a la vivienda, a la
educación, a la salud y a condiciones de vida digna. En estos años vamos a
avanzar significativamente en la internacionalización de la economía chilena,
penetrando nuevos mercados con nuestros productos y aumentando la presencia y
gravitación de Chile en el comercio y las finanzas internacionales.
Lograr estos objetivos no será
fácil. Nuestro país es pequeño. Su economía es vulnerable a cambios en los
precios internacionales de las materias primas, a alzas de tasas de interés
internacionales, a disminuciones en el ritmo de crecimiento de las economías
más desarrolladas y a las tendencias proteccionistas de los países
industrializados. Nuestras propias condiciones internas son difíciles de
prever; factores climáticos como la sequía nos han afectado por tres años.
Nunca nada ha sido fácil para
los chilenos. El progreso se ha logrado sólo a través de un esfuerzo
persistente y sostenido. Las familias chilenas saben esto muy bien,
especialmente en los sectores más modestos de la población. El sacrificio, la
disciplina, al ahorro y la entereza frente a la adversidad son características
de este pueblo que se han ido forjando a lo largo de su historia.
Los avances económicos y en la
justicia social que lograremos en los próximos años deberán ser protegidos
entre todos. El peor enemigo del presupuesto familiar puede llegar a ser la
inflación. La lucha para derrotarla debe darse cada día. Tenemos que mantener
una economía ordenada. No podemos ni debemos gastar más que los recursos de que
se disponga. Así un exceso de gasto del Gobierno llevaría rápidamente a alzas
desmedidas en los precios. Aquellos que hoy, con un dejo de populismo, nos
presionan para gastar más, son los mismos que el día de mañana se van a quejar
de un Gobierno que no reduce la inflación.
Estamos comprometidos con una
mejoría en las condiciones de vida de los asalariados y de la gente modesta de
este país. Pero todo chileno sabe que los aumentos de salarios tienen que
guardar relación con los incrementos de producción y productividad. Si los
sueldos y salarios crecen desmedidamente, las alzas mayores de los precios
terminarán reduciendo su poder de compra. Estos serán nominalmente más altos,
pero en la práctica, por la inflación que desatan, deteriorarán, en vez de
mejorar, las condiciones de vida de los trabajadores.
Para proteger el nivel de vida
de la población hay que reducir la inflación. Quiero afirmarles que el Gobierno
hará su parte en esta tarea. No vacilaremos en controlar el gasto público, y
aun reducirlo -si fuera necesario- para disminuirla. El país tiene que entender
que en 1990 y 1991 hemos hecho un esfuerzo extraordinario para aumentar el
gasto social y la inversión pública en infraestructura. Este ritmo de
crecimiento no puede sostenerse a futuro. Deberá encuadrarse dentro de lo que
el crecimiento de la economía permita. La disciplina fiscal, con la
colaboración activa del Gabinete y los Jefes de Servicios Públicos, será un
objetivo prioritario del Gobierno.
También deberemos tener
especial cuidado en el ritmo de aumento de los salarios. Las organizaciones
sindicales han comprendido que el alza de salarios debe ser necesariamente
gradual para que no aumente la inflación, y la economía pueda competir con
éxito en los mercados internacionales. Esta actitud debe ser mantenida a
futuro.
El crecimiento económico no se
nos dará tampoco como un acto espontáneo y milagroso, como algunos iluminados
quisieran hacernos creer. Para crecer hay que ahorrar e invertir. El país tiene
los proyectos y los financiamientos necesarios a fin de que esa inversión se
concrete. Invitamos a los empresarios nacionales y extranjeros a que participen
activamente en la materialización de estos proyectos, que darán empleo a las
generaciones de chilenos que recién se integran a la fuerza de trabajo.
La apertura de los mercados y
la proyección internacional de Chile tendrán que ser asimismo resultado del
esfuerzo persistente y mancomunado del país en su conjunto. No hay tarea de un
carácter más nacional, y al mismo tiempo más atractivo, que proyectar a nuestra
patria para que tenga una presencia creciente en el mundo globalizado que hoy
emerge.
El avance en todos estos objetivos
será gradual, con progresos y -a veces- retrocesos. Trabajando en conjunto
llegaremos a la meta. Mi Gobierno procurará incansablemente dejar como legado
al país una economía fuerte, estable, integrada al resto del mundo y
equitativa, es decir, solidaria. Trabajaremos por la prosperidad de todos los
chilenos, pero nunca olvidaremos que quienes más necesitan de nuevas
oportunidades son los más pobres de Chile.
V. CHILE Y EL MUNDO
En el ámbito de las relaciones
exteriores, la política del Gobierno se ha encaminado a lograr la plena
reinserción de Chile en la comunidad internacional; a cooperar, en los
organismos multinacionales y en las relaciones bilaterales con los demás
Estados, al logro de la paz entre los países, al efectivo y pleno imperio de
los derechos humanos y del derecho internacional en todo el mundo, y a promover
el desarrollo de los pueblos, la justicia, la cooperación y la solidaridad en
sus relaciones.
Puedo afirmar con satisfacción
que el primero de estos objetivos está ampliamente alcanzado. Ya la mera
instauración del Gobierno democrático significó un avance importante en ese
sentido, como lo demostraron el número y la calidad de las delegaciones que
concurrieron a la toma de posesión del nuevo Presidente. Las visitas oficiales
que en el curso del último año hemos recibido de los Presidentes de Argentina,
Colombia, Uruguay, la
República Popular China y los Estados Unidos de Norteamérica,
y la del Secretario General de Naciones Unidas, como las que yo tuve el honor
de realizar a Brasil, Perú, Ecuador, México, Venezuela, España, el Reino Unido,
los Países Bajos, Italia, el Vaticano y Alemania, no sólo han sido propicias
para intensificar las relaciones de Chile con estos Estados, sino también han
demostrado el respeto y aprecio que nuestro país suscita en el ámbito
internacional. Especial significación en ese sentido tiene, sin duda, la
afectuosa acogida de que el Presidente de Chile fue objeto con motivo de las
intervenciones que tuvo el honor de realizar ante las Naciones Unidas y el Parlamento
Europeo.
A estos contactos del
Presidente de la República
cabe agregar los sostenidos a nivel de Cancilleres y de Ministros de Estado,
Parlamentarios y altos funcionarios del Gobierno.
Estos encuentros no son meras
reuniones sociales y protocolares. Además de posibilitar el conocimiento
personal entre los gobernantes y el intercambio de experiencias sobre problemas
comunes y asuntos de interés recíproco, permiten avanzar en la búsqueda de
entendimientos y en la formalización de acuerdos de conveniencia mutua.
En el plano político, la
incorporación de Chile al Mecanismo Permanente de Consulta y Coordinación
Política del Grupo de Río constituyó un hecho de especial relevancia. Nuestro
ingreso formal se cumplió en la Cumbre Presidencial celebrada en Caracas en
octubre pasado. Posteriormente, participamos en la suscripción del Acta de
Roma, que contiene un conjunto de disposiciones orientadas a dinamizar las
relaciones entre la
Comunidad Europea y el Grupo de Río. Hace tres semanas, en
Luxemburgo, se efectuó un nuevo encuentro entre ambas regiones, inserto en un
marco de iniciativas concretas y de realizaciones en torno a proyectos
específicos.
Al interior de la región,
estamos impulsando, conjuntamente con otros Gobiernos, proyectos concretos de
integración.
Hemos suscrito -o estamos por
suscribir- avanzados convenios de complementación económica con México y
Venezuela, y se han iniciado negociaciones en la misma dirección con otros
países andinos. Con Argentina y Brasil continuamos trabajando por alcanzar las
mejores relaciones económicas y comerciales.
Se ha completado una profusa
red de interrelaciones con Latinoamérica y el Caribe. Prácticamente con todos
los Estados hemos logrado avances de trascendencia. Debo destacar los
importantes pasos que estamos dando con los países centroamericanos, a cuyos
Primeros Mandatarios he extendido invitaciones para que visiten Chile.
Nuestras relaciones con
Estados Unidos entraron en una etapa de franca cooperación. En la visita que
hice a Washington en octubre y en la que el Presidente Bush efectuó a Chile en
diciembre, avanzamos sustancialmente en el mejoramiento de las relaciones
bilaterales entre ambas naciones. Expresión de ello ha sido el reingreso de
Chile al Sistema de Seguros de Inversiones OPIC, el restablecimiento de nuestro
país como nación beneficiara del Sistema Generalizado de Preferencias, el
levantamiento de las sanciones impuestas a través de la Enmienda Kennedy
y la suscripción de un Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión. También merece
destacarse la normalización de las relaciones entre ambos países en el ámbito
de la defensa, expresado en el programa conjunto convenido en el reciente
encuentro en Washington de los Ministros del ramo.
Esperamos que en la próxima
reunión del Consejo del Acuerdo Marco con Estados Unidos avancemos en la
búsqueda de un acuerdo de libre comercio con ese país, dentro del espíritu de la Iniciativa para las
Américas del Presidente Bush.
Los contactos con las naciones
de Asia y el Pacífico se han fortalecido e incrementado. Hemos intensificado
los esfuerzos encaminados a una mayor proyección de Chile hacia el Pacífico,
tanto en lo que se refiere al aumento del intercambio con los países de la Cuenca , como en lo atinente
a profundizar nuestra participación en los organismos de cooperación
transpacíficos. Precisamente en estos días, en Singapur, se está materializando
la plena incorporación de Chile en la Conferencia de Cooperación Económica en el
Pacífico.
Hemos restablecido relaciones
con naciones de Europa Central y del Este, de América Latina, África, Oceanía y
el Caribe, haciendo realidad nuestro postulado de pluralismo en el manejo de
las relaciones internacionales y el anhelo de establecer contactos con todos
los países del mundo.
Las negociaciones con Estados
Unidos, nuestras discusiones en Europa, nuestra incorporación al Pacífico,
nuestro interés en la integración y nuestra apertura a nuevas regiones,
corresponden a la orientación que hemos fijado en materia de relaciones
económicas internacionales. Chile es un país que ha cambiado profundamente en
este sentido: hoy, 38 por ciento de su producto geográfico bruto depende de las
transacciones en el exterior. Asumir ese cambio significa esforzarnos
permanentemente por abrir cada vez nuevos mercados y crear nuevas oportunidades
para nuestros productos, en especial para aquellos que significan agregar valor
a las riquezas naturales, y no seguir exportando sólo o principalmente materias
primas.
Ello hace indispensable
mantener una política abierta frente a la inversión extranjera, que permita
mantener flujos favorables de capitales y tecnología para del desarrollo
productivo del país, así como fortalecer las inversiones en el exterior. Chile
firmó el Convenio Multilateral para el Arreglo de Disputas con nacionales de
otros Estados, y en los próximos meses esperamos avanzar en la negociación de
acuerdos de protección de inversiones y sobre doble tributación, para así
fortalecer nuestro ya ventajoso régimen de inversiones extranjeras.
La cooperación reembolsable y
no reembolsable que hemos recibido de la Comunidad Europea
y de la mayoría de sus países miembros, de las naciones escandinavas, de Japón
y de Canadá, ha sido muy importante para impulsar diversos programas de
desarrollo científico-tecnológico y social. Agradecemos esa cooperación, que
entendemos como un aporte a la consolidación de nuestra democracia, y que se
inserta además en el cuadro más amplio de nuestras relaciones económicas con
estos países.
Paralelamente, es posible
comprobar con satisfacción la forma en que estamos participando en la labor que
se desarrolla en los organismos multilaterales. Hemos desarrollado intensa
actividad en los distintos foros, lo que ha permitido que Chile sea reconocido
nuevamente como actor responsable, efectuando aportes en diversos ámbitos de
las Naciones Unidas, la
Organización de Estados Americanos y otros organismos
internacionales.
Hemos participado activamente
en las negociaciones de la
Ronda Uruguay del GATT, en el interés de hacer avanzar lo más
posible la apertura del comercio internacional, con un criterio realista que
permita armonizar los intereses en juego. Es preferible lograr algunos avances
en el futuro próximo, que llegar a una ruptura como la que tuvo detenidas las
negociaciones durante varios meses el año pasado.
En el ámbito regional, la
realización en Santiago, en pocos días más, de la Asamblea General
de la Organización
de Estados Americanos, junto con constituir un importante desafío para nuestro
Gobierno, representa una expresa y estimulante confirmación de la nueva
posición que Chile desempeña en el concierto internacional.
En el período de posguerra que
ha seguido al conflicto del Golfo Pérsico, nos hemos sumado a los esfuerzos que
desarrolla la comunidad internacional para el mantenimiento de la paz y el
logro de un nuevo orden en la región, integrándonos a la Misión de Observación de
las Naciones Unidas para Irak y Kuwait, establecida por el Consejo de
Seguridad. Como ya dije, la
Fuerza Aérea de Chile envió una unidad de helicópteros, con
su correspondiente tripulación.
En suma, nuestro país ha
vuelto a tener una presencia exterior y una voz escuchada en la comunidad
internacional.
Tenemos la convicción de que
estamos avanzando por la buena senda, sin que nos inspiren afanes protagónicos,
sino tan sólo el anhelo de participar constructivamente en la comunidad
internacional, guiados por el deseo de cooperar en pro del mejor entendimiento
entre todas las naciones. Reitero, nuevamente, que en este ámbito, más que en
ningún otro, el Gobierno aspira -y hace todo lo necesario en tal sentido- a que
nuestra política exterior constituya una “política de Estado”, fruto de un gran
consenso nacional, por encima de las diferencias partidistas. Creemos, de este
modo, servir con la mayor lealtad y eficacia los superiores intereses de Chile.
Honorables Parlamentarios:
Al finalizar esta exposición,
permítanme compartir con ustedes y con todos mis compatriotas tres breves
reflexiones.
La primera se refiere a la
magnitud de la empresa que tenemos que enfrentar. Cuando se comparan los grados
de progreso y el nivel de vida que han alcanzado los países más desarrollados,
con la agobiante pobreza en que vive más de un tercio de nuestra población y la
escasez de recursos de que disponemos para solucionar tantos problemas y salir
adelante, se advierte cuán grande y prolongado es el esfuerzo que tenemos que
hacer. Cierto es que Chile puede mucho, como lo ha probado en ocasiones
cruciales a lo largo de su historia. Pero no es con fáciles consignas ni con
dogmáticas recetas de escritorio como se movilizan las energías de un pueblo
para superar las grandes pruebas. Para lograr de la gente la capacidad de
sacrificio, esfuerzo, disciplina y paciencia, indispensables para avanzar, se
necesitan ideas claras sobre el conjunto de los problemas -políticos,
económicos, sociales y culturales del país-, un profundo sentido de justicia a
fin de que todos se sientan estimulados a colaborar en el empeño, sabiendo que
también participarán de los beneficios y gran autoridad moral de quienes
dirijan o encabecen el proceso. Es deber nuestro, tanto de quienes ejercemos
los Poderes del Estado, como de los partidos políticos, los medios de
comunicación y otras instancias, participando en la conducción del país,
ganarnos con nuestra conducta esa autoridad moral.
No puedo ocultar cuánto me
duele no poder satisfacer con más prontitud los legítimos anhelos de tantos
compatriotas, en particular de los jóvenes, solucionar sus múltiples problemas,
en especial de quienes aspiran a un trabajo estable, una remuneración digna,
una casa decente. A ellos consagramos nuestros principales esfuerzos y, como
esta cuenta lo demuestra, avanzamos seriamente en ese camino.
Mi segunda reflexión es de
reconocimiento para todos los que, de una u otra manera, están cooperando en el
esfuerzo en que nos encontramos empeñados. Agradezco, desde luego, a mis
colaboradores inmediatos, que en el desempeño de sus funciones están poniendo
esfuerzo, capacidad, responsabilidad, patriotismo y disposición para trabajar
en equipo, con modestia y ecuanimidad. Agradezco igualmente a los partidos de la Concertación Democrática ,
que nos respaldan con ejemplar disposición, y a las organizaciones sociales que
han sabido valorizar los desvelos del Gobierno y cooperan con él. Agradezco,
también, a los partidos de la
Oposición , por la voluntad que han demostrado en varios casos
para buscar entendimientos que nos permitan avanzar en la solución de los
problemas.
Pero mi especial
agradecimiento es para el pueblo de Chile, para la multitud de hombres y
mujeres que constituyen nuestra patria, por la madurez y responsabilidad que
han demostrado para comprender el empeño de este Gobierno por solucionar
progresivamente sus problemas.
Finalmente, quiero hacer un
llamado a todos mis compatriotas y, en especial, a los dirigentes políticos y
sociales, y a ustedes, señores Parlamentarios, a que perseveremos en la
disposición al entendimiento que hemos procurado poner en práctica en este
primer año de Gobierno. Chile es uno solo, en su rica diversidad. Porque
creemos en la dignidad de la persona, debemos saber respetarnos en nuestras
diferencias. Es de la esencia de la democracia la libertad de cada cual para
defender sus criterios y postular las soluciones que considere mejores. Pero el
interés superior del país nos exige, para consolidar nuestra renaciente
democracia, que sepamos poner el énfasis más en lo que nos une que en lo que
nos divide. Felizmente, quizá porque la experiencia enseña, hoy existe entre
los chilenos una gran unidad de criterio en lo fundamental. Ella nos
proporciona una base para seguir avanzando por el camino de los acuerdos, que
es el camino de la unidad nacional.
Os invito a hacerlo.
Creo que es lo que nos demanda
el bien común de nuestro Chile.
PATRICIO
AYLWIN AZOCAR
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