MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE CHILE
Patrício Aylwin Azócar
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1990
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Cumplo el deber que la Constitución impone
al Presidente de la República
de dar cuenta al país, al menos una vez al año, “del estado administrativo y
político de la nación”.
Aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagrabala Constitución
anterior, de rendir esta cuenta ante el Congreso Pleno -el organismo más
representativo de la nación toda-, en la ocasión solemne en que inicia su
legislatura ordinaria y en esta fecha en que Chile conmemora uno de los
ejemplos de patriotismo de más alto significado moral de nuestra historia.
Aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagraba
CHILE DE NUEVO EN DEMOCRACIA
Desde hace setenta días, los
chilenos vivimos nuevamente bajo un régimen democrático.
El gobierno de la nación por
autoridades libremente elegidas por el pueblo, para un plazo preestablecido,
bajo un sistema que asegura a todos el pleno respeto de sus derechos y
libertades personales y en que la conducta de los gobernados y el poder de los
gobernantes han de sujetarse a la norma jurídica, es la forma de convivencia
humana más acorde con la razón, con el progreso de la civilización y con
nuestra propia idiosincrasia nacional.
La larga vigencia de la
democracia entre nosotros, que parecía ser la forma de convivir consubstancial
a nuestra patria, fue factor relevante de nuestro prestigio entre las naciones.
Su restablecimiento causa alegría y esperanza en la comunidad nacional y nos
granjea simpatías en el mundo. Al mismo tiempo, nos impone a todos la responsabilidad
de consolidarla y perfeccionarla. Esta responsabilidad, señores Parlamentarios,
recae principalmente sobre ustedes y sobre mí, que hemos recibido del pueblo de
Chile la confianza y el honor de dirigirlo en esta etapa trascendental de su
historia.
Un nuevo espíritu impera en la
convivencia nacional. Al clima de confrontación, descalificaciones, odios y
violencia que prevaleció por tanto tiempo, ha sucedido un ambiente de paz,
respeto a las personas, debate civilizado y búsqueda de acuerdos.
Contrariando al pesimismo de
errados agoreros que presagiaron caos, violencia y otros males, los chilenos
estamos demostrando que somos capaces de vivir en libertad y que no necesitamos
del imperio de la fuerza ni de constantes amenazas para mantener el orden y para
trabajar.
Cierto es que siguen
produciéndose algunos hechos de violencia que enturbian este ambiente de paz.
Pero no es menos cierto que esos hechos, cuya frecuencia disminuye en relación
a épocas pasadas y aun recientes, provocan cada día mayor repudio en todos los
sectores de la población. Los grupúsculos que los perpetran -cualquiera que sea
su signo-van quedando cada vez más aislados; ninguna razón los justifica ante
la conciencia pública, en la cual suscitan la repulsa propia de los
delincuentes.
Sin disminuir la gravedad de
esos hechos, cuya erradicación y castigo requieren no sólo de la acción de los
organismos policiales y judiciales del Estado, sino también de la cooperación
responsable y pedagógica de todos, nadie puede seriamente negar que Chile está
viviendo una etapa promisoria de reencuentro nacional. La lógica de guerra que
dividía a los chilenos en amigos y enemigos ha sido superada por la lógica de
la paz, en que todos nos reconocemos como compatriotas, cualesquiera que sean
nuestras diferencias.
La dura experiencia de tantos
años de confrontación y sufrimiento nos ha enseñado a superar caducos
prejuicios e intransigencias ideológicas, a respetar explicables discrepancias,
a procurar comprendernos mutuamente y a admitir que la natural diversidad no es
ni puede ser obstáculo insuperable a nuestra unidad esencial como chilenos.
De este modo, aunque en lo
material poco haya cambiado, el chileno común está viviendo en libertad una
vida más plena y más segura, sin los miedos del pasado, con alegría y
esperanza, porque se sabe respetado y tomado en cuenta en su dignidad de
persona y llamado a participar con su propio aporte en la tarea común de
construir el futuro de la patria.
CONSENSOS AUSPICIOSOS
Justo es reconocer que esta
nueva y promisoria realidad ha sido posible, en gran medida, gracias a la
disposición y conducta responsable de quienes aceptamos someternos a reglas del
juego que rechazábamos por la forma en que fueron impuestas y por su contenido
a nuestro juicio injusto y antidemocrático; y también, gracias a quienes
acataron esas reglas cuando su aplicación les resultó adversa y se sometieron
al veredicto ciudadano.
La democracia supone, como
cimiento indispensable, el consenso general sobre las reglas fundamentales de
la convivencia colectiva. Puesto que en ella “la autoridad se funda en la
voluntad de aquellos a quienes obliga”, única manera racional de conciliar
autoridad con libertad, el régimen democrático será más sólido y estable
mientras mayor sea el grado de consentimiento que suscite en la comunidad
nacional.
Esto nos exige a los
demócratas, en todo tiempo y muy especialmente -como es el caso nuestro- en la
etapa de reconstrucción democrática en que estamos, poner el máximo empeño, con
generosidad e inteligencia creativa, para alcanzar los mayores y más firmes
acuerdos posibles.
Fue un hecho auspicioso en esa
dirección el acuerdo logrado el año último, entre los partidos concertados por
la democracia y el Gobierno de la época y los partidos que lo apoyaban, acerca
de las reformas constitucionales que el pueblo aprobó en el plebiscito de julio
pasado. Aunque dichas reformas fueran para muchos insuficientes, representaron
un avance que facilitó el proceso de la transición en que nos encontrábamos y
dejó la puerta abierta a futuros perfeccionamientos de la Carta Fundamental.
En análogo sentido, es también
un hecho auspicioso el que en el curso de la campaña electoral se hayan
expresado por los tres candidatos a la Presidencia de la República y por diversos
partidos políticos coincidencias importantes sobre la necesidad de algunas
reformas constitucionales, como la democratización del régimen municipal y de
la administración regional, como también en el diagnóstico de algunos de los
más importantes problemas sociales que afectan al país, especialmente en los
ámbitos de la salud, la vivienda, la educación y la capacitación laboral, y,
asimismo, en cuanto a la conveniencia de seguir promoviendo el crecimiento y
modernización de nuestra economía, su impulso exportador y la iniciativa empresarial,
sobre la base de reglas claras, estables y equitativas.
Considero también digno de
reconocerse como un logro democrático importante el alto grado de acuerdo que
se ha ido consolidando entre los partidos concertados por la democracia que dan
respaldo a mi Gobierno. Unidos primero en la lucha por la restauración
democrática que condujo al triunfo del “No” en el plebiscito de 1988, ahondaron
luego su convergencia al convenir las Bases Programáticas que constituyeron la
plataforma de mi candidatura presidencial. También los agoreros presagiaron
que, por la diversidad de sus inspiraciones doctrinarias, serían incapaces de
mantenerse unidos para dar gobierno al país. Felizmente, los hechos están
demostrando lo contrario. Con profunda satisfacción, quiero señalar hoy que los
partidos de la
Concertación Democrática están colaborando con el Presidente
de la República
con lealtad y espíritu cívico; que han sido fieles a su compromiso de respaldar
al Jefe del Estado sin otra exigencia que las Bases Programáticas convenidas, y
que mis equipos de gobierno, especialmente a nivel ministerial, están
trabajando con extraordinaria homogeneidad, cohesión y entusiasmo.
Cumplo un mandato de
conciencia al expresarles, en esta ocasión solemne, mi público reconocimiento
por su apoyo a mi elección y a mi Gobierno, como también mi profunda convicción
de que la solidez y permanencia de su alianza constituyen una de las bases
fundamentales para la estabilidad de nuestra renaciente democracia.
Mi ánimo, que creo también es
el del país, es que esta voluntad de entendimiento trascienda a los partidos de
Gobierno y abarque a todos los sectores que sean fieles a los principios y
conductas democráticas. Por eso, celebro y agradezco los acuerdos producidos en
este Congreso Nacional para generar las autoridades de ambas Cámaras y para el
despacho de la
Reforma Tributaria , como asimismo, en otro plano, el
importante Acuerdo Marco suscrito recientemente entre trabajadores y
empresarios.
UNIDAD NACIONAL Y LEGÍTIMO DISENSO
He dicho reiteradamente que
quiero ser el Presidente de todos los chilenos. Mi mayor anhelo como gobernante
es entregar, a quien el pueblo elija para sucederme, una patria unida en
democracia.
Para alcanzar esa meta,
entiendo que mi misión es promover el reencuentro de Chile con sus tradiciones
de tolerancia y libertad, de respeto al Derecho y de rechazo a las
arbitrariedades y a la opresión.
Mis compatriotas pueden tener
la certeza de que seré fiel a este compromiso. Mi Gobierno respetará
escrupulosamente la dignidad humana en todas sus dimensiones; actuará siempre
movido por el respeto a todos los chilenos, cualesquiera que sean sus ideas y
posiciones políticas; será estricto en el apego a la verdad y en la defensa de
la justicia; el mío será un Gobierno de unidad nacional, a través del cual
Chile podrá superar definitivamente tanto tiempo de división y de dolor.
Lo anterior no significa que
no haya diferencias y que debamos coincidir en todo. Es propio de la democracia
que las diferentes opiniones se expresen libremente y que haya debate. Debemos
acostumbrarnos a discutir en busca de las soluciones mejores para el país y a
entender que al hacerlo no ponemos en peligro a las instituciones, siempre que
no caigamos en ofensas, descalificaciones o mezquindades. Discrepar no significa
ser enemigos. Mantener con firmeza las propias convicciones es un legítimo
derecho. Pero el interés superior del país y nuestra propia calidad de
demócratas nos exigen hacerlo con elevación, procurando superar los prejuicios
y no ser instrumentos de pasiones. La patria nos demanda desterrar el odio,
respetarnos mutuamente y procurar entendernos; no nos exige estar siempre de
acuerdo. Reclamar el consenso para todo sería aceptar el veto de las minorías y
paralizar el país; bastaría que unos pocos discreparan para impedir las
decisiones.
Pueden los señores
Parlamentarios y todos mis compatriotas estar seguros de que en el desempeño de
mi mandato procuraré siempre, como he venido haciéndolo, escuchar a todos los
sectores y buscar el mayor entendimiento; pero cuando no lo logre, no vacilaré
en asumir mi responsabilidad -que es también mi deber de gobernante- de adoptar
las decisiones que mi conciencia me señale.
Del mismo modo, pienso que, si
queremos reforzar la unidad nacional, debemos todos poner los ojos en el futuro
común que nos une, más que en el pasado que nos divide. Dejemos a la historia
que juzgue lo ocurrido y pongamos nuestro afán en los quehaceres que la patria
ahora nos reclama para forjar el porvenir.
Pero este sano propósito no
puede ser obstáculo para abordar con coraje los problemas que heredamos del
pasado, como son los relativos a derechos humanos y a la llamada “deuda
social”. Rehuirlos por temor a revivir añejas querellas sería faltar a nuestro
deber. Mal que nos pese, son problemas que están presentes en la vida nacional
y que exigen solución. Afrontarlos no es reabrir heridas: es procurar
cicatrizarlas.
La historia nos enseña que las
naciones se construyen por la acción continuada de sucesivas generaciones.
Nadie parte de cero. Los hijos asumen las realidades que les legan sus padres.
Cada nuevo Gobierno se hace cargo del país que le entrega el precedente.
La historia también nos enseña
que, con mucha frecuencia, los más jóvenes se quejan de los más viejos; los
Gobiernos que llegan formulan reparos al que les precedió.
En esta materia, el país es
testigo de la altura y generosidad con que mi Gobierno y los partidos de la Concertación estamos
procediendo. Pocas veces en la historia, al término de un Régimen de fuerza, ha
habido menos recriminaciones que en este proceso original y atípico que en
Chile estamos viviendo.
Reiteradamente hemos dicho que
queremos conservar lo bueno, corregir lo malo y perfeccionar lo regular. Esto
nos exige, obviamente, precisar lo malo que nos proponemos corregir. Ello es
indispensable para que el país conozca las razones de nuestro proceder. En una
democracia, el pueblo tiene derecho a que sus gobernantes lo informen de los
fundamentos de sus decisiones. Tiene también derecho a saber la verdad, y es
deber moral de quien gobierna decírsela a su pueblo.
Durante más de dieciséis años,
quienes gobernaron el país vivieron descalificando diariamente a sus
predecesores y denigrando a sus adversarios. No los seguiremos en ese camino.
No enturbiaremos el ambiente de reconciliación que queremos. Pero nadie puede
impedirnos decir la verdad cada vez que lo estimemos necesario, con delicadeza
y a la vez con firmeza, como lo estamos haciendo. Nadie puede ofenderse porque
se diga que en Chile hubo dictadura; es tan sólo llamar las cosas por su
nombre.
LAS TAREAS DE MI GOBIERNO
En el curso de mi campaña como
candidato a la Presidencia
de la República ,
dije al país que quería hacer un Gobierno de unidad cuyo objetivo fundamental
fuera la reconstrucción y consolidación de nuestra democracia. Agregué que para
ello deberíamos, conforme a las Bases Programáticas de la Concertación de
Partidos Democráticos, acometer las siguientes tareas:
1º Esclarecer la verdad y
hacer justicia en materia de derechos humanos, como exigencia moral ineludible para
la reconciliación nacional;
2º Democratizar las
instituciones;
3º Promover la justicia
social, corrigiendo las graves desigualdades e insuficiencias que afligen a
grandes sectores de chilenos;
4º Impulsar el crecimiento
económico, desarrollo y modernización del país, y
5º Reinsertar a Chile en el
lugar que históricamente se había ganado en la comunidad internacional.
Este es mi compromiso con
Chile. Estas son las tareas que mi Gobierno está tratando de cumplir y a las
cuales sus integrantes estamos entregando todas nuestras fuerzas y capacidades.
En esta mi primera cuenta al
país, considero mi deber informar a los señores Parlamentarios y a todos mis
compatriotas sobre el sentido y alcance de cada una de esas tareas, la
situación de la cual partimos para realizarlas, las metas que nos proponemos y
los caminos que pensamos seguir para llegar a ellas.
Lo haré en el orden que
considero más adecuado para que el país conozca y comprenda los propósitos y la
conducta del Gobierno.
PRIMERA TAREA: RECONCILIACIÓN NACIONAL
Nuestra primera tarea es
lograr la reconciliación nacional fundada en la verdad y en la justicia.
Para alcanzar la unidad
nacional que anhelamos, es indispensable superar los agravios del pasado,
reparar las ofensas, borrar las sospechas, desvanecer las desconfianzas. Sólo
así lograremos una verdadera -y no sólo aparente-reconciliación nacional.
Si queremos sinceramente que
haya paz sólida y estable entre los chilenos y que desaparezca toda forma de
violencia, no podemos limitarnos a esconder la cabeza como el avestruz y hacer
como si nada hubiera pasado. Sabemos que han pasado muchas cosas, crueles y
dolorosas, dejando una secuela de sufrimientos y a veces también de rabia en
muchos compatriotas, de uno y otro lado.
Ignorar esos hechos y procurar
olvidarlos o desconocerlos es favorecer que ese sufrimiento y esa rabia larvada
germinen y conduzcan a expresiones irracionales de odio y de violencia.
Como cristiano, creo que “sólo
la verdad nos hará libres”. Libres, en primer término, de nuestros propios
prejuicios y pasiones, que son el mayor obstáculo a la paz.
Como cristiano, pienso que la
paz es obra de la justicia y sólo puede edificarse sobre los cimientos de la
verdad.
Por estas razones es que,
cumpliendo lo que siempre dije al país -y a nadie puede tomar de sorpresa-, he
acometido la compleja labor de restañar las heridas que quedaron del pasado.
Ello exigía abocarse a tres temas que estamos abordando con sentido de equidad,
por las vías de la razón y del derecho: el de los llamados “presos políticos”,
el de los exiliados y el de las violaciones a derechos humanos y crímenes
políticos.
Respecto a los exiliados,
nuestro compromiso es adoptar las medidas pertinentes para promover el retorno
a la patria de todos los chilenos que quieran regresar a ella, creando a la vez
las condiciones para su plena reincorporación a la comunidad nacional. La tarea
no es fácil, pues se deben coordinar muchos esfuerzos y allegar recursos
importantes. Por este motivo, he sometido a vuestra consideración un proyecto
de ley para crear un servicio público descentralizado de carácter transitorio,
con la misión de facilitar la reinserción de aquellos compatriotas que tuvieron
que alejarse de Chile en los años recientes.
En cuanto a los presos, tan
pronto asumí la
Presidencia procedí, en ejercicio de mis atribuciones y
conforme a la ley, a indultar a todos aquellos que cumplían condenas por
delitos propiamente políticos, como ingreso ilegal al país, asociación ilícita,
ofensas a la autoridad y otros análogos, no involucrados en hechos de sangre.
Sin embargo, la mayoría de los
presos por delitos con alguna connotación política no están condenados, sino
que tienen, muchos de ellos desde hace largos años, la calidad de procesados.
El estudio de su situación legal nos llevó a concluir que, más allá de los
casos particulares de cada uno, nos encontramos en presencia de una legislación
que creemos errada e injusta, sea por la forma vaga o arbitraria en que
tipifica los delitos, sea por lo excesivo o draconiano de las penas, sea porque
no asegura a los procesados las garantías a que tienen derecho.
Frente a estas circunstancias,
y luego de concienzudo estudio, sometimos al Congreso Nacional los proyectos de
ley, que penden de vuestra consideración, sobre abolición de la pena de muerte
y reformas a la Ley
Antiterrorista , a la
Ley de Control de Armas, a la Ley de Seguridad del Estado y a los Códigos de
Justicia Militar y de Procedimiento Penal.
Se ha acusado al Gobierno de
querer, con estos proyectos, solucionar las situaciones particulares de
determinados presos a través de normas generales que tendrían graves efectos
para el futuro. Rechazo ese cargo como injusto. La verdad es precisamente lo
contrario: queremos para el futuro una legislación racional y equitativa, y
esperamos que, al dictarse nuevas normas generales y permanentes sobre tan
delicadas materias, su aplicación permita resolver con justicia los casos
pendientes.
Ruego a los Honorables
parlamentarios considerar estos proyectos sin prejuicios ni suposiciones y
despacharlos con urgencia. Confío en que, con su aporte y cooperación, podamos
perfeccionar efectivamente nuestro ordenamiento jurídico al respecto, a fin de
que alcance la equidad y eficacia de que actualmente carece para prevenir y
sancionar los delitos a que se refiere.
En cuanto al delicado asunto
de las violaciones a los derechos humanos, consecuente con mi reiterada
afirmación de que la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la
verdad, se haga justicia en la medida de lo posible -conciliando la virtud de la
justicia con la virtud de la prudencia- y después venga la hora del perdón, he
constituido la Comisión
de Verdad y Reconciliación para avanzar hacia esas metas en forma seria,
pacífica y con las necesarias garantías.
Dios es testigo de que en la
decisión sobre su naturaleza, carácter, funciones e integración agoté los
esfuerzos para lograr el mayor consenso, consideré las más diversas opiniones,
no fui objeto -contrariamente a lo que se ha dicho- de ninguna clase de
presiones y decidí lo que en conciencia creo lo mejor para Chile.
Basta leer el decreto y sus
fundamentos para descartar las suposiciones de que la Comisión invadiría
funciones judiciales o de que pretendería enjuiciar al Régimen pasado o a las
Fuerzas Armadas. Expresamente se le prohíbe lo primero, y se establece que, si
se impone de hechos que revistan caracteres de delitos, los pondrá de inmediato
y reservadamente en conocimiento del tribunal que corresponda. Y claramente se
excluye la segunda cuando se establece que esta Comisión no sólo conocerá de
las situaciones de detenidos desaparecidos, ajusticiados y torturados con
resultado de muerte, sino también de los secuestros y atentados contra la vida
de personas con pretextos políticos.
Se ha querido examinar
ampliamente, a lado y lado.
El hecho de que se haya
referido la tarea de la
Comisión al lapso entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11
de marzo último no significa ninguna especie de prejuzgamiento. No se trata de
hacer un análisis histórico sobre la violencia en Chile, sino de esclarecer la
verdad sobre violaciones de derechos humanos; y es sólo en este período en que
tales violaciones ocurrieron.
Por lo demás, la sola calidad
moral y prestigio intelectual, por nadie puesto en duda, de las personalidades
que aceptaron la pesada carga de integrar esa Comisión -a quienes reitero mi
reconocimiento por su patriotismo y generosidad- es el mejor mentís a las
suposiciones y temores que con ligereza se han formulado, y la mejor garantía
para todos.
Reitero en esta ocasión mi
solemne llamado a todos mis compatriotas a desechar prejuicios y no anticipar
suposiciones, sino a esperar con serenidad el trabajo de la Comisión y a cooperar con
buena voluntad al éxito de su tarea de Verdad y Reconciliación.
No debo concluir este capítulo
sobre la reconciliación sin precisar algunos criterios acerca de la violencia y
el terrorismo, males cuya acción nefasta -segando vidas, destruyendo bienes y
sembrando inseguridad y temor- enturbia la vida nacional y obstaculiza la
anhelada concordia.
Se equivocan y son injustos
quienes suponen a mi Gobierno debilidad frente a estos flagelos. Rechazamos por
principio toda forma de violencia, venga de quien viniere y cualesquiera que
sean sus pretextos. Condenamos con la mayor energía las acciones terroristas,
que causan víctimas inocentes, ocasionan daños indiscriminados e infunden
pánico a la gente.
Estoy seguro de que la inmensa
mayoría de los chilenos comparte esta repulsa a la violencia y al terrorismo.
Pero muchos, cargados por prejuicios, no aplican la misma vara para condenarla
siempre. Algunos sólo ven la violencia subversiva, y justifican o nada dicen
frente a la violencia represiva. Otros sólo condenan esta última y legitiman la
primera.
Hay, en esta materia, una
especie de maniqueísmo inmoral y dañino. Para unos, todo crimen es obra de revolucionarios
marxistas-leninistas; para otros, quienes los cometen son siempre aparatos
represivos al servicio de intereses reaccionarios. La experiencia demuestra lo
contrario. ¿Fueron acaso los mismos los asesinos del general Schneider y de
Edmundo Pérez? ¿Fueron los mismos los asesinos del general Prats, de Orlando
Letelier, del general Urzúa y del coronel Fontaine? ¿Son los mismos que
atentaron contra el general Pinochet, los que mataron a Tucapel Jiménez, los
que intentaron asesinar a Bernardo Leighton o los que atentaron contra el
general Leigh? ¿Son los mismos los que asesinan carabineros y los que
degollaron a Parada, Guerrero y Nattino?
La experiencia universal
demuestra que el asunto es más complejo. Ciertamente, se requiere de mecanismos
policiales eficaces y de una legislación penal adecuada. Pero si queremos
evitar que la violencia de un lado provoque las del otro, generando una cadena
de venganzas recíprocas, debemos hacer un esfuerzo muy grande y generalizado
para descubrir la verdad y hacer justicia, de modo que nadie tenga pretextos
para proceder por sí mismo. Sólo así erradicaremos la cultura de la muerte.
Yo hago un llamado al corazón
de todos los chilenos, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, para que
desterremos toda forma de violencia. Recojo la idea de una gran campaña de
formación moral contra la violencia e invito a los señores parlamentarios a que
estudiemos juntos la manera más eficaz de poner término a este flagelo.
SEGUNDA TAREA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y PERFECCIONAMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES
Para construir una democracia sólida y estable
necesitamos perfeccionar nuestras instituciones, de manera de asegurar
principalmente lo siguiente:
a. La plena vigencia, en el
territorio nacional, de los derechos humanos para todas las personas.
b. La participación de todos
los sectores en los distintos aspectos de la vida colectiva en que tengan
interés;
c. Una administración de
justicia eficiente y oportuna;
d. Una adecuada integración
entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil;
e. Mecanismos eficientes y
justos de seguridad del Estado, y
f. Equilibradas relaciones
entre los Poderes Públicos para conseguir el perfeccionamiento del Estado.
Para atender estas distintas
necesidades nos proponemos llevar a cabo, durante mi Gobierno, las acciones y
políticas que paso a reseñar.
a. Vigencia de Derechos Humanos.
La base fundamental de toda
democracia es el pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona
humana.
En la reforma constitucional
aprobada en el plebiscito de julio último se amplió la norma del artículo 5º
que pone como límite al poder del Estado el respeto a dichos derechos,
haciéndose expresa referencia a los consagrados en los tratados internacionales
ratificados por Chile.
Consecuente con este criterio,
y a fin de darle plena aplicación, mi Gobierno someterá próximamente a la
aprobación del Congreso Nacional la ratificación de los siguientes tratados:
i) Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de 1969;
ii) Protocolo facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966;
iii) Convención sobre los
Derechos del Niño, de 1989, y
iv) Constitución de la Organización
Internacional para las Migraciones, de 1987.
Asimismo, propondremos retirar
las reservas con las que Chile promulgó, en 1988, la Convención Interamericana
de 1985 y la adoptada por las Naciones Unidas, en 1984, contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Dentro de este mismo propósito
de asegurar el pleno respeto a todas las libertades y derechos, el Gobierno ha
enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley para eliminar las restricciones
a la libertad de expresión.
Dicho proyecto ha recogido los
puntos de vista del Colegio de Periodistas, de la Asociación Nacional
de la Prensa y
de la Asociación
de Radiodifusores de Chile.
Asimismo, el Gobierno aspira a
avanzar en la creación de la institución del Defensor del Pueblo, como ente
autónomo, sin facultades jurisdiccionales, con capacidad para representar a
cualquier ciudadano afectado en sus derechos por algún acto de autoridad y
ejercer en su nombre las acciones legales correspondientes.
b. Participación de los distintos sectores en los diversos aspectos de la
vida nacional.
No hay democracia sin
participación.
Con el fin de hacer efectiva
tal participación, el Gobierno ha tomado o se propone adoptar las siguientes
iniciativas:
i) En el plano de la
administración comunal, democratizar los municipios. Para ello hemos presentado
los proyectos de reforma constitucional y de ley necesarios para materializar
la aspiración, ampliamente compartida por el país, de que los Alcaldes y los
Concejales Comunales sean generados por elección popular. El Alcalde deberá ser
el órgano ejecutivo de los Municipios, el Concejo Comunal, integrado por
Concejales o Regidores elegidos por sufragio universal y mediante un
procedimiento de representación proporcional, tendrá facultades normativas y
fiscalizadoras; y los actuales Consejos de Desarrollo Comunal, de
representación vecinal y funcional, adecuadamente perfeccionados, serán
organismos de participación de la comunidad organizada, de carácter consultivo
y asesor;
ii) En el nivel de la vida
vecinal, hemos enviado también al Congreso un proyecto de ley para perfeccionar
el régimen de las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, a fin de
fortalecer la participación de la comunidad tanto territorial como funcional;
iii) En el ámbito de los
problemas específicos del mundo femenino, hemos presentado un proyecto de ley
en el cual se propone la creación del Servicio Nacional de la Mujer , como un organismo
funcionalmente descentralizado, encargado de coordinar, planificar y proponer
políticas, planes y programas que garanticen la plena igualdad e incorporación
de la mujer en todas las áreas de la vida nacional. Velará, asimismo, por la
eliminación de cualquier práctica discriminatoria que obstaculice su plena
incorporación al desarrollo social, político, económico y cultural;
iv) Respecto de los jóvenes,
hemos propuesto la creación del Instituto Nacional de la Juventud , estructurado
como un organismo técnico, destinado a colaborar con el Gobierno en el diseño,
planificación y coordinación de las políticas que deben llevarse a cabo en los
asuntos juveniles. Se trata, en este caso, de crear las condiciones para que los
jóvenes conquisten un espacio importante en el sistema democrático, terminando
con su situación de marginalidad y exclusión, e incorporándose de lleno a la
vida económica, social, cultural y política del país;
v) Finalmente, para propender
a una efectiva democratización de la sociedad, estimo indispensable hacerme
cargo de la situación de los pueblos indígenas, abriendo también respecto de
ellos canales de participación. Para tal efecto, por decreto supremo se ha
creado la Comisión
Especial de Pueblos Indígenas, que tiene por objeto asesorar
al Gobierno en la determinación de las políticas relacionadas con ellos, en
particular en lo concerniente a su pleno desarrollo económico y social.
c. Administración de justicia eficiente y oportuna.
Aunque la palabra “crisis”
probablemente disguste, nadie puede seriamente desconocer que la administración
de justicia sufre serios problemas, tanto en lo que se refiere a su expedición
-lentitud de los procedimientos, alto costo de los mismos, atraso en el
funcionamiento de los tribunales- como en lo relativo a su organización e
independencia. No parece necesario insistir sobre el fenómeno, porque al
respecto hay amplio consenso en el mundo forense, en los distintos sectores
sociales y en la opinión pública.
El Gobierno considera
necesario abordar este tema, largamente postergado, proponiendo las reformas
que parecen indispensables. Para tal efecto, hemos designado una Comisión
Asesora del Ministerio de Justicia, integrada por destacados juristas, que se
abocará al estudio de una reforma constitucional y legal del Poder Judicial
encaminada a su modernización y a constituirlo en un auténtico Poder del
Estado. Ello implica dotarlo de autonomía económica y funcional, de manera que
pueda cumplir cabalmente con su finalidad de ser garante del Estado de Derecho,
pilar básico de un régimen democrático. Espero poder enviar el proyecto
respectivo antes de fines del presente año.
En este mismo ámbito de la
administración de justicia, el Gobierno está abocado al estudio y búsqueda de
solución a las gravísimas insuficiencias y problemas que afectan al sistema
penitenciario nacional y al Servicio Nacional de Menores. La solución de esos
problemas está condicionada en gran medida por la insuficiencia de recursos. En
todo caso, estamos estudiando las medidas que nos permitan, a la mayor
brevedad, corregir las más graves carencias que afligen a esos servicios.
d. Adecuada integración entre Fuerzas Armadas y sociedad civil.
Mi Gobierno persigue,
simultáneamente, dos objetivos principales en el ámbito de la Defensa Nacional :
por una parte, propender al reencuentro entre civiles y militares, y por otra,
mantener y fortalecer el nivel de preparación y eficacia profesional y técnica
de nuestras Fuerzas Armadas.
En este último aspecto, la
decisión del Gobierno es mantener, dentro de las características del país, el
más alto pie de eficiencia de nuestras Fuerzas Armadas, dimensionadas de
acuerdo a las necesidades y posibilidades reales de la nación. Esa eficiencia
ha de traducirse en adecuada dotación y un elevado nivel de entrenamiento y de
capacidad defensiva-disuasiva.
Dentro de este rubro, merece
el mayor respaldo nacional el esfuerzo que llevan a cabo nuestras Instituciones
Armadas para desarrollar, con sus propios medios, tecnologías de importancia
vital para el cumplimiento de sus tareas, como en los casos de ASMAR y de
ENAFR, entre otros. Allí se presenta un ejemplo de capacidad profesional,
modernización y aplicación práctica de talento y de capacidad innovadora.
Igualmente, debe destacarse la valiosa cooperación de las instituciones de la Defensa en la política
antártica, en la política marítima y en el campo de la energía, como ocurre en la Comisión Chilena
de Energía Nuclear.
Por otra parte, pensamos que a
las instituciones de la
Defensa Nacional les corresponde, dentro de su ámbito
profesional, colaborar con el Gobierno en la definición de aspectos importantes
de la política internacional del país, como también en las tareas del
desarrollo nacional, especialmente en el ámbito de la infraestructura física,
el transporte y las comunicaciones.
En lo que respecta a la
relación cívico-militar, consecuente con el espíritu de unidad nacional que
inspira a mi Gobierno, nos proponemos hacer todo lo que de nosotros dependa
para alcanzar, en los próximos cuatro años, una real integración entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad civil.
Bien sé que no es tarea fácil,
porque la distancia entre el mundo civil y el militar data en Chile desde hace
más de medio siglo. Durante decenios, los integrantes de las Fuerzas Armadas
tuvieron motivos para sentirse subestimados. Y durante los últimos dieciséis
años y medio, buena parte de la población civil ha tenido motivo para sentirse
maltratada y humillada.
Las Fuerzas Armadas deben ser,
por su naturaleza, esencialmente apolíticas. Pertenecen a toda la nación, de la
cual han recibido las armas para defender a la patria; no a un sector ni a
determinadas ideologías. Por eso la Constitución dispone que son “esencialmente
obedientes y no deliberantes”, “profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.
No obstante estos principios,
aceptados por todos, cuando las Fuerzas Armadas asumen el Gobierno tienden
naturalmente a identificarse con “su Gobierno”, lo que las lleva, de manera
inevitable, a asumir posiciones políticas, tanto más cuanto mayor sea la
participación de sus miembros en funciones de Gobierno. Y como estas posiciones
chocan con las de quienes discrepan de ese Gobierno, tienden a considerar y
tratar como “enemigos” a los opositores. Estos, a su vez, responsabilizan a las
Fuerzas Armadas en conjunto de todo lo que el Gobierno hace.
Esto es -como todos sabemos-
lo que ha ocurrido en Chile, y ahora, cuando por decisión libre del pueblo y
con la cooperación de las propias Fuerzas Armadas, hemos vuelto a la
democracia, unos y otros debemos ser capaces de superar los traumas del pasado.
En las elecciones del 14 de diciembre no fueron “derrotadas” las Fuerzas
Armadas, ni quienes triunfamos somos sus “enemigos”. Fuimos, es cierto,
“opositores al Gobierno anterior”, lo que es cosa muy distinta de ser “enemigos
de las Fuerzas Armadas”.
Yo invito a todos mis
compatriotas, civiles y militares, a meditar lo que dejo dicho. Puesto que
somos seres racionales, debemos ser capaces de superar prejuicios y pasiones,
disipar errores y reencontrarnos en la verdad. Por mucho que las Fuerzas
Armadas hayan sido el principal sustento del Régimen anterior, una cosa fue el
Gobierno y otra las Fuerzas Armadas. Consiguientemente, las responsabilidades
“de ese Gobierno” no son de “las Fuerzas Armadas”, salvo las personales de
quienes hayan participado en los hechos que las motivan.
Hay quienes quieren eludir sus
responsabilidades políticas cubriéndose bajo el manto de las Fuerzas Armadas.
Criticar cualquier conducta del Gobierno anterior y sus funcionarios sería
“ofender” a las Fuerzas Armadas. ¡Eso es falso!
Quien gobierna está
naturalmente expuesto a la crítica de sus conciudadanos. Es el riesgo inherente
a la función pública. Quien administra la “cosa pública”, que interesa a todos,
tiene que admitir el derecho de todos a opinar sobre el particular. A mí ya me
están criticando. No me quejo. Tengo la convicción de estar haciendo lo posible
por cumplir bien mis deberes de gobernante. Creo que la gran mayoría del país
me comprende y me respalda.
Inspirado en estos criterios,
mi Gobierno busca y espera lograr la anhelada integración entre las Fuerzas
Armadas y la civilidad, sobre la base del respeto mutuo y del estricto
cumplimiento de las normas constitucionales que a unos y a otros nos rigen.
La política de Defensa debe
ser formulada y realizada con sentido nacional y no partidista. Puede el país
estar seguro de que así procederá el Gobierno, y llamo a todos los sectores
para que actúen de igual manera.
Del mismo modo, espero que las
Instituciones Armadas y sus mandos desempeñarán sus funciones por los cauces
estrictamente constitucionales, con absoluta prescindencia de toda
consideración de orden político, en su calidad de cuerpos “obedientes y no
deliberantes”, subordinados al Presidente de la República , que es su
jefe superior, y “dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional ”,
según reza textualmente el artículo 90 de la Constitución Política.
Actuando unos y otros de este
modo, no sólo cumpliremos lo que la nación nos exige, sino que también
crearemos el clima indispensable para que el pueblo de Chile y sus Fuerzas
Armadas se reencuentren en la senda de patriotismo y lealtad que nos trazaron
nuestros héroes, el general O’Higgins y el capitán Prat.
e. Mecanismos eficientes y justos de seguridad del Estado.
Son tarea esencial e
ineludible de todo Gobierno la defensa de la seguridad interior y el resguardo
del orden público. Mi Gobierno asume plenamente su responsabilidad en la
materia, sobre la base de que ésta es una tarea que debe comprometer al
conjunto de la sociedad y de las instituciones del Estado, y muy especialmente
a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
En esta materia, hemos
heredado una situación conflictiva, caracterizada por hechos de violencia y
acciones terroristas que desde hace varios años se vienen produciendo con
frecuencia.
Aunque, como lo dijimos
anteriormente, la enorme mayoría del país repudia esos procedimientos, su
origen se encuentra, por una parte, en concepciones ideológicas extremistas, de
distintos signos, que preconizan la vía armada como método de acción política
-en franco retroceso hoy en Chile y en el mundo-, y por otra parte, en la
secuela dejada por anteriores hechos de violencia y actuaciones represivas que
se tradujeron en graves violaciones de derechos humanos y que jamás se han
esclarecido.
Aunque no se trate de una
situación generalizada, como ciertos sectores se empeñan en hacerlo creer, sino
más bien de hechos aislados y de grupos muy minoritarios, el Gobierno tiene la
firme decisión de emplear todos los medios legítimos a su alcance para
combatirlos.
Respetuosos de los derechos de
las personas y de las normas de la institucionalidad democrática, creemos que
al terrorismo y al violentismo se les combate y derrota en democracia por los
métodos legales, tal como lo hacen con éxito casi todos los Estados
democráticos del mundo.
Conforme a la Constitución Política ,
la acción en esta materia para descubrir y castigar a los responsables de esta
clase de hechos corresponde principalmente a Carabineros, a Investigaciones y a
los Tribunales de Justicia.
El Gobierno no es partidario
-como algunos proponen- de recrear para ese fin servicios especiales, que la Constitución no
autoriza, cuya acción en el pasado dejó tantas heridas y cuya reciente
supresión fue acogida con beneplácito por la mayoría del país.
Quiero ser muy claro a este
respecto: rechazamos la existencia de grupos de inteligencia armados o de
policías secretas con facultades omnímodas; estos son métodos incompatibles con
la democracia.
Pensamos en cambio que, aparte
de crear una conciencia nacional en la materia, que lleve a toda la ciudadanía
a rechazar el violentismo y a cooperar para su extinción, y de tratar de
eliminar algunas causas que suelen originarlo, esclareciendo la verdad y
procurando hacer justicia respecto de crímenes impunes, es necesario robustecer
la capacidad de acción de los organismos competentes, especialmente de
Carabineros y de Investigaciones, coordinando su actuación y dotándolos de
medios para que cumplan eficazmente sus funciones.
En este sentido, hemos
otorgado recientemente a Carabineros de Chile un complemento presupuestario que
le permita completar este año su proyecto de aumento de mil plazas, y
seguiremos buscando la manera de dotarlo de los recursos humanos y materiales
que necesita.
Por otra parte, hemos adoptado
las medidas que permitan a Carabineros e Investigaciones reasumir funciones que
naturalmente les corresponden y que en el pasado inmediato fueron ejecutadas
por otros organismos.
f. Perfeccionamiento del Estado.
Siempre en el propósito de
perfeccionar nuestro sistema democrático, creemos necesario, en sucesivas
etapas, abordar ciertas reformas constitucionales o legales que mejoren la
representatividad y la eficacia de algunas instituciones del Estado, actuando
sobre la base de los consensos ya expresados o de los que en el futuro se vayan
produciendo.
Aparte de los proyectos a que
ya me he referido, nos parece necesario elevar el nivel de responsabilidad
política y administrativa de los servicios preocupados de la actividad global
del Gobierno. Es lo que pretenden los proyectos de ley que he sometido a
vuestra consideración y que transforman en Ministerio a ODEPLAN y a la Secretaría General
de la Presidencia.
La complejidad que adquiere en
la actualidad el ejercicio de la función gubernamental exige elevar los niveles
de coordinación en el Gobierno para hacer posible la necesaria complementación
interministerial en el desarrollo de las políticas públicas. Esta necesidad de
coordinación es impuesta tanto por el carácter multidimensional que adquieren
las materias de Gobierno como por la necesidad de ahorrar al país el máximo de
recursos, tanto humanos como materiales, a través de una gestión estatal ágil y
eficiente.
Todas estas reformas de
carácter administrativo, incluyendo las que puedan ser indispensables para
superar algunas rigideces que obstaculizan la eficacia de la acción
gubernativa, se abordarán preferentemente en la primera etapa de mi Gobierno y
se harán evitando duplicaciones y gastos superfluos, con pleno respeto a la
carrera funcionaria, rechazando cualquier pretensión de reorganizaciones
globales de la
Administración Pública.
Simultáneamente, el Gobierno
estudia la conveniencia y oportunidad de someter al Honorable Congreso Nacional
algunos proyectos de reforma constitucional o de leyes que aborden materias
sobre las cuales existe, se ha expresado o se llegue a producir un grado
importante de consenso ciudadano. Tal es el caso del sistema electoral, la
composición del Tribunal Constitucional, el régimen de los partidos políticos,
el Consejo Nacional de Televisión, la dependencia de Carabineros e
Investigaciones, y otros que responden a aspiraciones expresadas en las Bases
Programáticas de la
Concertación de Partidos por la Democracia.
En cuanto a los planteamientos
que se han formulado respecto de cambios más substanciales en el régimen
político, pienso que el asunto es de tanta importancia que exige el logro de un
consenso ampliamente mayoritario al respecto. Se trata de un tema que es
necesario abordar, desde ahora y con la mayor seriedad, en seminarios de
especialistas, en institutos de estudio, por los partidos políticos y por los
medios de comunicación. De ese modo la opinión pública se podrá formar
conceptos claros y definidos, lo que asegura que las decisiones que en su
oportunidad se adopten sobre tan trascendental materia estén debidamente
maduradas.
TERCERA TAREA: HACIA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA
En los últimos años, Chile ha
experimentado un crecimiento económico y modernizaciones importantes en diversos
sectores de la actividad nacional. Sin embargo, esta situación positiva
coexiste con la presencia de desigualdades muy profundas. Si ellas persisten
sin un pronto y efectivo avance para superarlas, corremos el riesgo de
consolidar dos países distintos y antagónicos: uno, el Chile de los que tienen
acceso a la modernidad y a los frutos del crecimiento; y otro, el de los
marginados, socialmente excluidos de la vida moderna, convertidos en carga para
la sociedad.
Es evidente que, para superar
esa dualidad, la llamada política del “derrame” no constituye un camino viable
ni eficaz. Que el crecimiento por sí mismo mejore la situación de los más
destituidos puede tardar varias décadas. Y, como nos dijo Su Santidad Juan
Pablo II, “Los pobres no pueden esperar”.
Chile necesita una acción
positiva del Estado para progresar hacia la justicia.
Un imperativo moral exige
avanzar hacia un Chile donde exista cada vez mayor justicia social. Tenemos un
compromiso solemne de hacerlo. Nuestras acciones durante estos meses son
testimonio de ese compromiso, y no cejaremos en esta preocupación permanente
por nuestros compatriotas socialmente postergados.
Avanzar hacia una mayor
equidad es también una condición de la estabilidad política y económica del
país. Una sociedad atravesada por desigualdades socioeconómicas inaceptables
para el sentimiento moral contemporáneo es el mejor sustrato para la
exacerbación del conflicto político y su desenlace: el quiebre institucional y
la opresión política consiguiente.
Donde la injusticia social
prevalece, no hay paz laboral ni confianza; empresarios y trabajadores se
convierten en enemigos, con el consiguiente resultado de inestabilidad y
estancamiento económico.
No podemos avanzar en el
camino del desarrollo sin avanzar a la vez en el camino de la justicia social.
Para crecer, necesitamos trabajo, disciplina, perseverancia, paciencia,
voluntad de emprender y unidad, lo que sólo puede conseguirse en un clima de
equidad en que todos se sientan partícipes, no sólo en el esfuerzo, sino también
en los frutos del crecimiento.
Avanzar en el camino de la
equidad significa integrar cada vez a más y más chilenos en el esfuerzo del
desarrollo. La pobreza, la escasa educación, la mala salud de tantos chilenos,
equivalen a un desperdicio de energías, talentos y capacidades potenciales.
Avanzar hacia una mayor
equidad equivale a invertir en las personas, en el capital humano de nuestra
patria. La justicia social nos beneficia a todos, no sólo a nuestros
compatriotas socialmente destituidos o marginados.
Inspirados en estos
principios, y procediendo con criterios realistas, hemos definido los objetivos
concretos que nos proponemos cumplir durante los próximos doce meses en los
diversos sectores sociales, para avanzar eficazmente hacia la equidad a que aspiramos.
a. Política Laboral.
En el ámbito de las relaciones
laborales, nos guía un criterio básico: lograr los mayores acuerdos posibles
con el sector sindical y el sector empresarial, a fin de concordar
permanentemente las orientaciones fundamentales relativas a cambios en la
legislación laboral. Las experiencias pasadas indican que una sociedad y una
economía en la que constantemente se están enfrentando grupos antagónicos no es
eficiente ni viable. Es necesario aumentar los niveles de cooperación entre los
diversos intereses involucrados.
El primer resultado de esta
política ha sido el Acuerdo Marco entre la Central Unitaria
de Trabajadores, la
Confederación de la Producción y del Comercio y el Gobierno, suscrito
el 27 de abril pasado. Expresamos nuestro público reconocimiento a los
dirigentes sindicales y empresariales que participaron en ese Acuerdo, por el
sentido de responsabilidad y la vocación patriótica que han mostrado. Saludamos
también a las bases de estas organizaciones, que entregamos un generoso
respaldo a sus dirigentes.
El Acuerdo Marco refleja
concretamente la voluntad que tienen las partes firmantes de transitar por un
camino de diálogo y participación antes que por uno de confrontación y enfrentamiento.
Lo anterior no significa que unos y otros renuncien a sus legítimas
reivindicaciones y puntos de vista, ni tampoco a su autonomía, independencia y
funciones propias.
Pero sí establece que,
conjuntamente con la defensa de sus aspiraciones específicas, es el interés de
Chile, de la nación entera, lo que todos ponen como prioridad fundamental.
Este Acuerdo simboliza el
clima de entendimiento que prevalece en el país y permite augurar con optimismo
el futuro de las relaciones laborales en nuestra patria. En efecto,
trabajadores, empresarios y Gobierno concuerdan en que Chile tiene hoy, como
nunca antes, una oportunidad histórica de conjugar democracia política con
desarrollo económico y con justicia social. Estos tres elementos, que estuvieron
a menudo disociados, ya sea porque se dio más importancia a uno que a los
otros, ya sea porque se creyó que era posible progresar en unos sin
consideración de los otros, ahora son reconocidos por todos como factores que
se necesitan recíprocamente y que deben ser perseguidos en conjunto. Esta
comprensión revela que están en retirada los viejos ideologismos que hacían ver
como adversarios a los sectores sociales
con intereses específicos, en vez de considerarlos actores con capacidad de
lograr acuerdos para progresar en común.
A partir del Acuerdo Marco, se
han identificado un conjunto de materias en las que se hace indispensable
introducir cambios para perfeccionar la legislación laboral.
Para progresar hacia
relaciones laborales modernas y equitativas, se requiere, en primer lugar, de
organizaciones sindicales vigorosas. Para ello, entre otras medidas en estudio,
creemos justo y realista reconocer la personalidad jurídica de las Centrales
Nacionales de Trabajadores, mejorar el financiamiento de los sindicatos y
perfeccionar la regulación de fueros y licencias sindicales.
En materia de contratos
colectivos, creemos justo ampliar la posibilidad de negociación colectiva al
mayor número de trabajadores. Para ello deberá ampliarse la capacidad de
negociación a las federaciones y confederaciones, además de los sindicatos de
base, según la voluntad de las partes y protegiendo en todo caso la soberanía
de la empresa como el lugar donde deben tomarse las decisiones fundamentales.
En materia de contrato
individual de trabajo, también es necesario perfeccionar el sistema, especialmente
en lo relativo al régimen de terminación del contrato.
Alcanzar una sociedad más
equitativa exige una preocupación primordial por la situación laboral de las
mujeres. Están en estudio las iniciativas necesarias para mejorarla y para
poner término a la prácticas discriminatorias que la mujer suele sufrir en su
vida de trabajo.
En un ámbito más específico,
es necesario legislar sobre aspectos del trabajo campesino, su régimen sindical
y la negociación colectiva. Esta tarea exige conciliar los requerimientos de la
justicia social con las exigencias ineludibles de la producción agrícola y los
superiores intereses del país. Especial atención deben merecer los regímenes de
trabajo de temporada y de contratos a plazo fijo, las normas relativas a la jornada
de trabajo, los sistemas de subcontratación y la regulación de otras
situaciones sectoriales que pudieran no estar cubiertas por las normas
generales.
Del mismo modo, con el
propósito de perfeccionar en lo posible las relaciones laborales en el ámbito
del sector público, especialmente en lo que respecta a la participación de las
agrupaciones de funcionarios, se ha constituido una Comisión Conjunta con
representantes de la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y de los
Ministerios del Trabajo, de Hacienda y de Economía para estudiar estas
materias.
En conformidad al referido
Acuerdo Marco, se ha elevado el salario mínimo a 26 mil pesos. En materia
previsional, se ha decidido incrementar las pensiones mínimas y asistenciales
en un 10,6 por ciento adicional, al momento que corresponda el próximo reajuste
de pensiones, lo que beneficiará a tres cuartas partes de los pensionados de
Chile. Asimismo, propondremos complementar las asignaciones familiares de los
trabajadores que ganan menos de 70 mil pesos y elevar el subsidio único
familiar a 1.100 pesos. Dichos complementos e incrementos se otorgarán desde el
momento en que entre en vigencia la Reforma Tributaria.
Todas estas materias están
siendo estudiadas con participación de los sectores involucrados, y sobre ellas
el Gobierno ha presentado o presentará próximamente al Honorable Congreso los
correspondientes proyectos de ley.
Sin embargo, la mejor
legislación laboral es letra muerte o inútil si no se cumple. Conscientes de
los serios déficits existentes en esta materia, reforzaremos la función propia
del Estado de fiscalizar la legislación laboral en todos sus aspectos, y muy
especialmente en lo relativo a la seguridad en el trabajo. Devolveremos a la Dirección del Trabajo el
papel que tradicionalmente cumplió. Con ese fin, se ha iniciado una
readecuación de ese Servicio que da prioridad a la acción en el terreno y toma
medidas tendientes a ampliar la cobertura de la actividad de inspección
respecto de los lugares a los que alcanza. Llamamos a empresarios y
trabajadores a colaborar en estas actividades fiscalizadoras, pues está en el
interés de todos que se cumplan con éxito.
Al mismo tiempo, se ha
iniciado el diseño de un sistema de Información y Orientación Ocupacional sobre
oferta y demanda de trabajo que sea útil al sistema de Capacitación Profesional
y Educación Técnica. También se han evaluado medidas de orden legal para la
creación y el fomento de organismos técnicos intermedios que integren a las
pequeñas empresas y al sector informal.
En todas estas materias, tanto
en el ámbito de las iniciativas legislativas como en los diversos aspectos de
la política laboral, queremos conocer la opinión de los sectores directamente
interesados, en especial de las organizaciones sindicales, a fin de promover su
participación. Queremos radicar la iniciativa de las relaciones laborales donde
corresponde, en empresarios y trabajadores, y no en el Gobierno, ni en una sola
de las partes, ya sea la empresarial o la laboral. Por ello, las propuestas
pretenden que empresarios y trabajadores adquieran cada vez mayor autonomía en
sus relaciones y que los mayores progresos en las relaciones laborales sean
precisamente fruto de esa bilateralidad. El criterio que inspira los cambios
legales no es crear una abigarrada legislación que interfiera en cada uno de
los aspectos del vínculo laboral. Al contrario, queremos obtener una
legislación del trabajo general, que reconozca capacidades, derechos y
resguardos para que trabajadores y empresarios, en condiciones equitativas en
cuanto a poder de negociación, concuerden entre ellos los mecanismos apropiados
a sus realidades.
b. Política de Salud.
Avanzar hacia una sociedad
equitativa exige progresar en hacer efectivo el derecho a la salud de todo
chileno. Corresponde al Estado garantizar a todos el acceso a una atención
digna, oportuna y eficiente, y cautelar la existencia de condiciones que
mejoren la calidad de vida de la población.
El Gobierno se enfrente a una
situación profundamente negativa en materia de salud, particularmente en los
grupos sociales más desposeídos.
En las comunas pobres, los
indicadores de salud como desnutrición, mortalidad infantil y población en
riesgo biomédico están muy por debajo de los promedios nacionales.
Por otra parte, el retraso
tecnológico, la insuficiencia de recursos humanos y financieros y la falta de
renovación de la planta física han afectado muy negativamente la capacidad de
respuesta del sector público a las demandas por atención en los niveles
secundario y terciario. El nivel primario, traspasado a los municipios,
presenta un desfinanciamiento cercano al 50 por ciento; carece de supervisión
técnica por parte del Ministerio de Salud, y posee baja capacidad resolutiva.
El resultado es una creciente demanda insatisfecha debido a los rechazos y demoras
en la atención.
En el caso de los
trabajadores, su horario de actividades les limita el acceso a la atención de
salud, y no hay programas específicos para la prevención y disminución de los
riesgos ocupacionales.
Por último, en el sector de
libre elección, el costo para el usuario ha aumentado, en razón del incremento
del arancel de las prestaciones, la disminución del monto máximo de los
préstamos médicos y el hecho de que más del 60 por ciento de los profesionales
atienden en el nivel más caro.
Este grave deterioro es el
resultado de una política que, respondiendo a criterios más ideológicos que
realistas, ha privilegiado desproporcionadamente el desarrollo del sector
privado en desmedro del área pública. Esto se refleja en la disminución, entre
1974 y 1989, del gasto fiscal por habitante en un 43 por ciento; el aporte
fiscal a salud disminuyó de un 7,2 por ciento a un 3,5 por ciento del gasto
total del Fisco. Por último, la inversión real en salud respecto al gasto
público total bajó de un 9,7 por ciento a un 5,7 por ciento.
Resultado de esta política es
el gravísimo deterioro existente en el nivel de conserva de edificios, equipos
y vehículos en el área de la salud. De las 703 ambulancias existentes en el
sector público, un 53 por ciento está en mal estado o fuera de servicio. En los
equipos de lavandería de los hospitales, el 90 por ciento de las lavadoras y
centrífugas están deterioradas, y en cuanto a las centrales térmicas, el 40 por
ciento de las calderas están paralizadas. A ello debe agregarse una política de
personal caracterizada por la insuficiencia de las dotaciones, la inexistencia
de carrera funcionaria para los profesionales del sector, la falta de
oportunidades de perfeccionamiento y, consiguientemente, la fuga de personal
calificado del sector público al privado en busca de mejores remuneraciones y
condiciones de trabajo.
Para avanzar hacia la equidad,
haciendo progresivamente más efectivo el derecho a la salud, nos hemos
propuesto varias metas concretas.
Primero, buscamos mejorar el
acceso a la salud en el nivel primario de atención. Ello lo haremos eliminando
el cobro directo a los beneficiarios, aumentando los recursos humanos y gastos
de farmacia en 60 consultorios, creando un tercer turno de personal en 44
consultorios, organizando a los Servicios de Atención Primaria de Urgencia en
12 consultorios, poniendo en funcionamiento 15 unidades móviles y reforzando la
atención primaria en 100 comunas rurales seleccionadas. Esto, en el presente
año.
En segundo término, queremos
superar la crisis hospitalaria que vivimos. En lo inmediato, se va a dotar a
los hospitales de recursos adicionales para mejorar la situación en farmacia,
ropería, mantención de edificios, equipos y dotación de medios de transporte. A
la vez, se han iniciado estudios destinados a concretar el plan de inversiones
para el período 1991-1993, a
reestructurar la planta de personal del Servicio Nacional de Salud y a que su
financiamiento sea considerado en la formulación del presupuesto de 1991.
En tercer lugar, impulsaremos la
prevención y la protección de la salud. Con tal fin se fortalecerá el programa
de inmunizaciones y se incentivará la capacitación del personal en áreas
específicas de prevención y protección. Especial atención merece a este
Gobierno la protección de la salud de los trabajadores y de las mujeres,
particularmente en lo que atañe a la legislación de medicina preventiva.
Un elemento muy importante en
las tareas de prevención es avanzar en la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado. Por una parte, en el sector de obras públicas se
estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios,
permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de
subsidios. Por otra parte, vamos a impulsar los programas rurales de agua
potable y el aumento de nuevas fuentes que proporcionen seguridad en la
cobertura actual y futura.
En materia de alcantarillado,
estamos evaluando soluciones de saneamiento que sean consistentes con la
realidad nacional. Un ejemplo es el programa de saneamiento del Gran
Valparaíso, cuyas fases de estudio y programación han terminado. Entre otras
cosas, ello significa que en el mediano plazo las playas del litoral central se
encontrarán limpias y abiertas para el desarrollo regional.
Es evidente que la negativa
situación en el área de la salud requiere de un sector público mucho más
robusto del que disponemos. Es necesario fortalecer la capacidad institucional
del sector, y para ello se ha iniciado el proceso que llevará a la formulación
de un Plan Nacional Estratégico de Salud. Igualmente, estamos estudiando la
creación de un Consejo Consultivo Nacional para el sector.
Uno de los problemas más
graves que afectan la salud de todos los chilenos es el de la contaminación
ambiental. Adicionalmente, es un problema que nos puede traer serias
repercusiones económicas, al tener como efecto que productos chilenos no puedan
ingresar a mercados extranjeros por estar contaminados. En el caso de Santiago,
se ha creado una Comisión Especial Interministerial, que ya ha puesto en
práctica un conjunto de medidas inmediatas y estudia un plan de mediano plazo
para abordar el problema de manera integral.
c. Política de Vivienda.
Tal como sucede con la salud,
en materia de vivienda nos encontramos con una situación altamente negativa, a
partir de la cual debemos desarrollar esfuerzos para progresar en el camino de
la equidad.
No sólo padecemos un enorme
déficit habitacional. A la vez, heredamos para el presente año una situación
presupuestaria regresiva respecto de años anteriores. El gasto global neto y
los recursos para financiar la inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
que se consideran en el presupuesto de este año son inferiores en más de un 7
por ciento a los niveles reales observados en promedio durante los dos años
anteriores. Adicionalmente, si se quiere mantener el mismo nivel de gasto real
de 1989 en el subsidio indirecto que ese Ministerio realiza en la venta de
letras hipotecarias, la disponibilidad de recursos implicaría este año un déficit
que se estima superior a los 3 mil millones de pesos.
Otra limitación para el
desarrollo de programas habitacionales reside en la des capitalización y
pérdida de reservas de suelo urbano, como resultado de la enajenación de
activos disponibles realizada durante la Administración
anterior. En varios casos, dichos recursos fueron aportados a programas
habitacionales por valores muy inferiores a su tasación comercial y no se
adquirieron los terrenos necesarios para el normal desarrollo de programas
futuros.
Además del déficit de
viviendas, es necesario subrayar que nuestras ciudades han crecido
inorgánicamente. Por esto, hoy se carece de equipamiento comunitario y social
en muchas poblaciones, especialmente en las de sectores de menores recursos.
Para avanzar en la solución
del problema de vivienda en el mediano plazo, se ha elaborado un Plan Nacional
de Vivienda, el cual consulta un aumento importante de las soluciones
habitacionales. De este modo se tiene previsto alcanzar un ritmo de absorción
del déficit heredado que permita, al cabo de cuatro años, sentar bases sólidas
para su progresiva superación.
El plan se propone elevar la
inversión pública en vivienda desde el 1,2 por ciento del producto geográfico
bruto en 1990, hasta llegar al nivel que existía al comienzo del pasado
Gobierno. Lograr esa meta implica aumentar significativamente el número de
soluciones habitacionales entre 1990 y 1994, esfuerzo que exige incrementar la
capacidad constructora, la inversión en vivienda, la organización social y la
creatividad de los beneficiados.
En el presente año, atendidas
las restricciones existentes, hemos asignado prioridad a las necesidades de los
sectores de menores ingresos y extrema pobreza. Esas necesidades se atenderán
mediante el Programa de Emergencia, para cuyo desarrollo será indispensable
obtener recursos adicionales.
Las restricciones de recursos
y la urgencia que afecta a los sectores de menores ingresos y en extrema
pobreza han llevado a privilegiar, dentro de ese Programa de Emergencia, la
amplitud de la cobertura por sobre el carácter más definitivo de la solución.
En una primera etapa se entregarán soluciones iniciales mínimas, garantizando
su urbanización y equipamiento comunitario básico. En el segundo y tercer año,
con la participación del beneficiario y la colaboración técnica y financiera
del Estado, se progresará hacia soluciones definitivas.
El Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, en conjunto con el Ministerio del Interior, han reactivado el
programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios, con el objeto de
duplicar las soluciones que estaban previstas para 1990. Ello permitirá
entregar 15 mil nuevos lotes, distribuidos en todas las regiones. Esta acción
está especialmente dirigida a la atención de allegados, que componen el 20 por
ciento de las familias de menores ingresos.
Tiene especial relevancia en
la atención de las necesidades de vivienda y urbanismo de los más postergados
el conjunto de actividades vinculadas al Ministerio del Interior, que se
desarrollan a partir del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En la
distribución del Fondo se ha establecido, como un criterio principal para la
asignación de prioridades, el nivel de carencias sociales básicas. Igualmente,
estamos modificando la capacidad redistributiva del Fondo Común Municipal en
beneficio de las comunas cuya población presenta mayores niveles de pobreza.
En materia de subsidio
habitacional se estudia la modificación del Reglamento pertinente con el fin de
asegurar tres objetivos: primero, que las personas participen organizadamente
en el mercado de la vivienda a través de cooperativas y organizaciones
vecinales; segundo, obtener una mejor distribución regional de recursos para
enfrentar el déficit habitacional; y tercero, que los subsidios lleguen
mayoritariamente a las familias más pobres: hasta ahora, en efecto, por la vía
de subsidios implícitos u ocultos, se ha estado privilegiando a familias de
mayores ingresos.
El Plan Nacional de Vivienda
se complementa con el desarrollo de acciones de mejoramiento urbano y de dotación
de obras de equipamiento y de servicio. En este esfuerzo, la orientación y
acción del Estado deberá complementarse con las iniciativas de las
municipalidades y con la participación activa de la comunidad organizada. Se
trata de alcanzar una gran movilización de recursos, iniciativas, solidaridad y
buena voluntad para dignificar el nivel habitacional y poblacional de los
chilenos de escasos recursos.
Junto con eso, el Gobierno se
propone mantener y perfeccionar los mecanismos que faciliten la satisfacción de
las necesidades habitacionales a los sectores medios y abordar con criterio
realista el grave problema del crecimiento desmedido y anárquico de las
ciudades, a fin de lograr una utilización más eficiente y económica de las
áreas urbanas.
d. Política Educacional.
El proceso de democratización
y modernización de la sociedad chilena y el pago de la deuda social contraída
con los más pobres hacen de la educación uno de los objetivos prioritarios de
este Gobierno. No habrá una sociedad democrática y moderna en Chile si desde
ahora no formamos y preparamos para ello a las nuevas generaciones, y si no
damos las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad a todos
nuestros niños y jóvenes, los hoy privilegiados y los hoy desposeídos. Ambos
compartirán el Chile del siglo XXI y aportarán positivamente al desarrollo del
país si reciben una educación que les permita comprender y participar en la
sociedad moderna y democrática.
La situación que heredamos en
materia educacional presenta problemas en cuanto a la calidad de la enseñanza,
la alta desigualdad existente entre los distintos tipos de establecimientos y
su fuerte fragmentación. A ello hay que agregar otros tres elementos que
agravan su crisis.
En primer lugar, la
disminución de recursos estatales. Mientras en 1970 el sector educación gastaba
el 4,2 por ciento del producto geográfico bruto, en 1988 había reducido su
participación al 2,7 por ciento. La administración municipal de los
establecimientos presenta un déficit de arrastre de 7 mil millones de pesos,
cifra semejante al déficit en el sector de las universidades, debido este
último al problema de cobro del crédito fiscal y a necesidades de desarrollo
institucional. La asistencialidad a los estudiantes ha sido dramáticamente
reducida. En 1973, la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ofreció desayunos u
onces a 1.445.600 alumnos y almuerzos a 674.300; en 1990, se programó la
entrega de 476.448 desayunos u onces y una cifra análoga de almuerzos.
En segundo lugar, la
“municipalización” de escuelas y liceos no ha dado los frutos que se anunciaron
en su origen. La calidad de la educación en los establecimientos
municipalizados no es superior a la de los establecimientos privados
subvencionados. Las comunidades no participaron en la gestión educativa, la
cual en muchos casos ha tenido un carácter concentrador y a menudo poco
transparente y arbitrario. Los docentes han visto deterioradas sus condiciones
de empleo y han estado sujetos a una situación de inestabilidad y subordinación
que afecta fuertemente la calidad de su desempeño profesional.
En tercer lugar, las
condiciones en que se ejerce la función docente han sufrido un grave deterioro
en todos los niveles, incluida la educación superior, lo cual afecta
negativamente su desempeño y rendimiento.
Las consecuencias de todo lo
anterior se traducen en notorias fallas en los diversos niveles del sistema. En
la educación prebásica hay fallas de cobertura, de organización institucional y
de funcionamiento. En 1989, por ejemplo, sólo un niño de cada cinco recibió
atención preescolar.
En la educación básica hay
graves problemas de calidad. Según pruebas que se han estado aplicando, los
alumnos de cuarto año de educación básica aprenden algo menos de la mitad de lo
que se espera de ellos, y los alumnos inscritos en escuelas gratuitas,
provenientes de familias de bajos ingresos, aprenden sensiblemente menos que
los inscritos en escuelas pagadas.
En la educación media se
presentan los mismos problemas de calidad e inequidad, agravados por la gran
desorientación existente en cuanto a los fines que ella debe cumplir. La
educación media, hoy por hoy, no prepara adecuadamente para el trabajo ni para
la educación superior, y tampoco da al estudiante los instrumentos necesarios
para comprender, participar e interpretar la sociedad en que vive.
La educación superior presenta
déficit de cobertura y una acentuada descoordinación y fragmentación
institucional. Hoy, la cobertura del sistema universitario en relación a la
población entre 20 y 24 años es inferior a la de 1973.
Frente a esta situación,
buscaremos hacer efectivo el derecho y la oportunidad de los chilenos a una
buena educación en todos los niveles, reafirmando los principios de la libertad
de enseñanza y de un papel activo y responsable del Estado en las tareas educacionales.
En el nivel de la educación
prebásica, esperamos ampliar la cobertura de la educación formal y de la no
convencional, estimulando la participación activa de la comunidad. A la vez,
procuraremos mejorar la calidad del sector actualmente cubierto a través de
programas de perfeccionamiento y capacitación. Ese conjunto de acciones está
siendo evaluado y coordinado por una Comisión Interdisciplinaria e
Interinstitucional bajo la tuición del Ministerio de Educación.
Para el nivel de educación
básica, se ha iniciado un programa de mejoramiento que se extenderá durante
todo el período de este Gobierno y que en el presente año beneficiará a los
novecientos establecimientos de más bajo rendimiento del país.
En relación a la educación
media, se lleva a cabo un proceso de investigación, experimentación, innovación
y evaluación que permitirá generar, previa una amplia discusión nacional, el
consenso necesario sobre las orientaciones y fines de este nivel, tanto en lo
que se refiere a la formación para el trabajo como a la preparación para la
educación superior.
Con respecto a la educación
para el trabajo, se está diseñando un programa de capacitación y formación
profesional en la empresa, que involucra al Ministerio de Educación, al
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y al futuro Instituto Nacional de la Juventud. Sus
destinatarios son jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. En
cuatro años, abarcará a 160 mil jóvenes. Este programa es una expresión
concreta del compromiso de este Gobierno con la creación de mayores
oportunidades para la juventud.
Conscientes del deterioro
padecido por la profesión docente, estamos estudiando, con la anuencia del
Colegio de Profesores, un Estatuto de la Profesión Docente
que regule a nivel nacional la carrera de profesor. Este Estatuto mejorará la
calidad de la educación, hará justicia al profesorado y permitirá resolver, sin
apasionamientos ni prejuicios, el problema de la administración y gestión del
sistema educativo.
En cuanto a la gestión del
sistema, se mantendrá el rol central del municipio, pero se rectificará su
actual dependencia de la exclusiva voluntad de los alcaldes, asignando al
Ministerio de Educación la función de supervisar y apoyar el proceso educativo
y, sobre todo, de velar por su equidad. Nuestro objetivo es consolidar una
institucionalidad que combine los principios de descentralización,
participación de los profesores y de la comunidad, respeto a las diversidades
culturales y regionales, y eficiencia administrativa.
En armonía con la meta de
lograr una mayor equidad, el Gobierno mantendrá el sistema de subvenciones a la
educación gratuita. A la vez, procurará incentivar la participación de la
comunidad en este propósito. También estudiará las distorsiones que existen en
el uso de los fondos públicos destinados a apoyarla, para adoptar las medidas
que las corrijan.
Estamos conscientes de que la
educación superior es crucial en el desarrollo del país. Sin embargo, tras las
políticas aplicadas durante los últimos años, el sistema de educación superior,
particularmente el universitario, padece hoy serios problemas de gobierno,
coordinación y financiamiento. Por ello, respetando el principio de autonomía
universitaria, el Gobierno ha creado una Comisión de Estudios, de composición
pluralista y de alto nivel académico, que dentro de seis meses deberá hacer
proposiciones para una legislación general de mediano y largo plazo que regule
el sistema de educación superior.
En el plano del desarrollo
científico, el actual nivel de las ciencias en Chile es sólo producto del
esfuerzo personal aislado de los investigadores de universidades y centros
privados. Al país le ha faltado lo que ha sido un factor decisivo en el
desarrollo científico en otras naciones: una política nacional y un compromiso
gubernativo claro con el avance de las ciencias. Estamos empeñados en la
formulación de esa política, de modo de estimular la investigación,
revitalizando el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, e
implementando gradualmente los recursos para la actividad científica a través
del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico y de los presupuestos
universitarios. El apoyo a la investigación en universidades y centros
privados, el cultivo de las ciencias a lo largo del país y la formación de personal
en áreas prioritarias y áreas retrasadas nos pondrán en el camino de un
auténtico desarrollo científico.
En el ámbito de la cultura,
respetando la autonomía de sus diversas expresiones, creemos necesario
incentivar la creatividad en sus múltiples manifestaciones y promover la
igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios de carácter
cultural. Con tales fines, hemos iniciado un esfuerzo de coordinación para
generar una política cultural que, junto con fortalecer la comunidad de los
creadores artísticos e intelectuales y canalizar sus aspiraciones, favorezca el
desarrollo de la cultura popular y el acceso de las grandes mayorías a estos
bienes y servicios.
e. Política frente a la pobreza.
Es imposible avanzar hacia una
sociedad más equitativa si no se superan en medida importante las situaciones
de pobreza que padecen tantos compatriotas. Los últimos dieciséis años han
significado un serio retroceso en la situación de los más pobres. En cada
recesión, los sectores de menores ingresos sufrieron la desocupación y la caída
de sus remuneraciones, como asimismo los efectos de un drástico deterioro en el
apoyo estatal a los programas sociales. En la fase de recuperación iniciada en
1984, la mejoría de estas situaciones no fue prioritaria para el anterior
Gobierno, expresión de lo cual es el deprimido nivel del gasto social durante
ese período. En 1988, el gasto social público por habitante era un 13 por
ciento inferior al alcanzado en 1970.
Esta insuficiencia global es
lo que ha motivado nuestra crítica. Sin perjuicio de ella, reconocemos los
progresos técnicos alcanzados en la operación de programas específicos.
Nuestra política social está
orientada por el principio de que superar la pobreza no se reduce a mejorar los
ingresos de los más pobres. Es necesario crear las condiciones para que las
personas en esa situación puedan superar las causas que la genera, mejorando
sus oportunidades y capacidades para participar activamente en el desarrollo
nacional.
En armonía con ese principio,
el proyecto de ley que crea el Ministerio de Planificación Nacional le asigna
como una de sus funciones básicas la coordinación de las políticas y
actividades destinadas a superar la pobreza. Dentro de un marco de severa
escasez de recursos, el desempeño de esa función no sólo permitirá aumentar la
eficiencia en el gasto social orientado a la superación de la pobreza, sino
también traducirlo en acciones coherentes con la idea de hacer que los más
pobres se capaciten y así puedan mejorar sus oportunidades de ser actores del
desarrollo.
Por otra parte, se ha creado
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, dependiente de ODEPLAN, que
financiará proyectos públicos y privados para beneficiar a los más pobres. La
acción del Fondo pondrá énfasis particular en el apoyo productivo a los grupos
de escasos recursos para que éstos, con el tiempo, logren generar capacidades e
ingresos que puedan solucionar sus problemas. Se están definiendo proyectos
orientados a estimular el crecimiento de la economía informal urbana y actividades
de apoyo productivo a campesinos, pescadores artesanales y pirquineros. El
apoyo a la economía informal urbana incluirá líneas de apoyo financiero y
asistencia técnica, y contempla el impulso a las iniciativas de capacitación de
los trabajadores.
La estructura orgánica de
ODEPLAN cuenta con la
División Social , cuya función principal es evaluar los
efectos en los beneficiarios de los programas del sector público. Para el
cumplimiento de esta función se vinculará con las organizaciones sociales de
los más postergados, estimulando su participación en la solución de los
problemas que los afectan. Nuestra meta es dar a los más pobres los medios
necesarios para que puedan salir por sí mismos de la pobreza.
Dentro de los grupos sociales
en situación de pobreza, uno de los sectores más postergados del país es el de
los pobres rurales. Se está elaborando un amplio Plan de Desarrollo Rural que
fortalezca las capacidades productivas de los pobres del sector, junto con
darles mayor acceso a los servicios sociales básicos. Este plan se focalizará
en las cien comunas rurales más pobres, coordinando acciones públicas y
privadas, e incluye objetivos de asistencia técnica y medidas legislativas que
regulen las relaciones laborales, particularmente para corregir problemas derivados
de la temporalidad e inestabilidad de los empleos agrícolas.
Conviene subrayar que el éxito
de las políticas respecto de la pobreza rural constituirá un beneficio para
toda la sociedad, pues permitirá retener población en las áreas rurales, evitando
los enormes costos sociales que acarrea la migración hacia las ciudades y el
despoblamiento de los campos.
CUARTA TAREA: EL CAMINO DEL DESARROLLO
La economía chilena ofrece hoy
perspectivas alentadoras. Después de una larga fase de inestabilidad, caracterizada
entre otras cosas por profundas recesiones en 1975 y en 1982, acentuadas por
políticas no siempre acertadas, el país ha logrado, con el sacrificio de todos,
adecuar su economía a los nuevos requerimientos de la economía mundial y
obtener un razonable equilibrio macroeconómico. En la segunda mitad de la
década pasada, Chile ha financiado sus cuentas fiscales y su balanza de pagos;
el producto se ha recuperado de la profunda recesión de 1982-1983 y la
inflación se ha mantenido en niveles moderados.
Nuestra tarea es progresar en
el camino del crecimiento. Hay varios factores favorables para el éxito de este
esfuerzo. Poseemos profesionales de buena formación, una fuerza de trabajo
comparativamente educada y capaz, nuevas generaciones de empresarios innovadores,
abundancia de recursos naturales, una importante modernización productiva
basada en los incentivos de una economía abierta, un dinamismo notable del
sector exportador y un aparato estatal con una larga tradición de servicio y
probidad administrativa. El crecimiento no sólo es posible. Es una realidad y
el objetivo central de nuestra acción como Gobierno.
a. Criterios básicos.
Para perseverar en el camino
del desarrollo, los chilenos debemos trabajar, debemos ser emprendedores y
disciplinados. Sería lamentable que, so pretexto de que llegó la democracia, el
país cayera en una actitud fácil de esperarlo todo del Estado; que sobreviniera
un clima de complacencia y de relajamiento.
En el mundo de hoy, Chile
necesita ser competitivo. Ello requiere de imaginación y creatividad, pero
también de paciencia, austeridad y constancia. Como nación, no podemos
permitirnos caer en un estado de ánimo empequeñecido y mediocre, donde
predomine la lasitud de los espíritus. La democracia, el desarrollo y la
equidad son desafíos constantemente renovados y no dádivas gratuitas.
Necesitamos tanto un Gobierno
como un país eficientes y modernos. Lo primero es responsabilidad nuestra. Lo
segundo es responsabilidad de la sociedad. Ningún sector social puede soslayar
esa tarea amparándose en un Estado benevolente.
Para mi Gobierno, el motor
primordial del desarrollo en esta época de la evolución de nuestro país reside
en la empresa privada. El rol del Estado ha experimentado una redefinición.
Ello no sólo ha sucedido en Chile; es una tendencia mundial, que se manifiesta
hoy con gran vigor aun en aquellos países de economías hasta ayer centralmente
planificadas.
El Estado estimulará el
desarrollo utilizando los recursos públicos con la máxima eficiencia posible.
Pero el desarrollo provendrá fundamentalmente de la capacidad, innovación y
espíritu de empresa que el sector privado despliegue en sus actividades, tanto
en el mercado interno como en los mercados internacionales.
Consecuente con este criterio,
el Estado buscará regular la actividad de los mercados mediante normas
generales, de aplicación universal, y se abstendrá de intervenciones puntuales,
erráticas y frecuentes, cuyo único efecto es desorganizarlos e introducir
elementos de ineficiencia que, al acumularse, terminan por detener el
crecimiento. Si hay imperfecciones importantes o ineficiencia de los mercados
en la asignación de recursos, intervendremos a través de medidas correctivas
que, en la medida de lo posible, deberán persistir sólo por el tiempo que sea
estrictamente necesario.
No es tarea del Estado
asegurar rentabilidad a empresas determinadas o a sectores específicos. Su rol
es garantizar un marco económico y político estable, que posibilite un
desenvolvimiento normal de las actividades, sin más riesgo e incertidumbre que
los propios de cada sector.
En armonía con estos
principios, respetaremos los derechos de propiedad, buscando que se consoliden
adecuadamente en aquellos casos donde aún existen situaciones de indefinición o
controvertidas. Este es un principio que haremos efectivo en general, y
específicamente en el caso de actividades como la minería, la agricultura y la
pesca.
b. Control de la inflación.
Una de las tareas básicas del
Estado es actuar en todo momento buscando mantener una situación macroeconómica
equilibrada. En esta materia se experimentó en los años recientes un notable
progreso, que se ha visto empañado a partir de 1988 por un retroceso que, al
configurar una situación delicada, ha obligado a adoptar un conjunto de medidas
correctivas a las que se denomina usualmente “ajuste”.
Desde mediados de 1988, el
Gobierno anterior llevó a cabo una política expansiva con finalidades
electorales y el gasto excedió a las capacidades productivas reales del país.
Como resultado, en 1989 se produjo un recrudecimiento de la inflación, de modo
tal que, si se toma la inflación acumulada en el último trimestre del año
pasado y se la proyecta hacia fines del presente año, llegaríamos a un nivel de
inflación francamente preocupante.
La inflación es el peor
enemigo del crecimiento y del progreso social. Con ella se perjudican los que
viven de un sueldo, y toda la economía se resiente. Hay ejemplos suficientes en
el mundo que atestiguan sobre los terribles efectos de ese flagelo económico.
Tales ejemplares deberían hacer meditar a los que adoptan posiciones
irresponsables en esta materia y a los que, cegados por consideraciones
sectoriales estrechas, sólo perciben las consecuencias negativas, ineluctables
pero pasajeras, que originan las medidas destinadas a combatir una posible
aceleración inflacionaria.
El control de la inflación es
responsabilidad conjunta del Banco Central y del Gobierno. Conscientes de los
riesgos que la situación macroeconómica encierra, ambas autoridades estamos
llevando a cabo una política de ajuste que disminuya las presiones de demanda,
detenga el rebrote inflacionario y permita retornar a una vía de crecimiento
estable que armonice los aumentos en el gasto con los incrementos en nuestra
capacidad productiva.
Deseo subrayar, sin embargo,
que el esfuerzo antiinflacionario no se agota en las medidas de política
monetaria y fiscal. Esta lucha es responsabilidad de todos. Se imponen una
austeridad generalizada y expectativas salariales prudentes, puesto que
disminuir la inflación exige también disminuir las presiones de alza de costos.
Quiero dejar en claro que
persistiremos en la política de ajuste hasta lograr reencauzar la economía en
una vía de crecimiento equilibrado. No vamos a practicar una política fácil,
dejándonos presionar por intereses sectoriales o sacrificando el bien común en
pos de una fugaz popularidad.
Sabemos que el ajuste trae
consigo un cierto grado de desactivación, que perjudica principalmente a
algunos tipos de actividad. Estamos abiertos a escuchar sugerencias del sector
privado y a tomar las medidas correctivas idóneas que sean posibles. Pero, a la
vez, es necesario tener conciencia de que la estabilidad económica es una
condición necesaria para el crecimiento. Si hay estabilidad, llegará al país la
inversión extranjera y aumentará la tasa de inversión interna. Así, se elevará
nuestra capacidad productiva y obtendremos tasas de crecimiento más altas. Ello
compensará con creces los sacrificios de este tiempo.
c. La Reforma
Tributaria.
Fieles a este propósito de
preservar una economía equilibrada, decidimos financiar el gasto público
requerido para atender las carencias sociales más graves mediante una Reforma
Tributaria que proporcione más recursos al Estado. Con satisfacción hemos
comprobado que esta Reforma ha sido aceptada por la inmensa mayoría del país.
El que se busque obtener
mayores recursos para el Estado por la vía de la Reforma Tributaria
no significa que se vaya a disminuir la fiscalización al cumplimiento
tributario. Por el contrario, el régimen democrático que el país soberanamente
ha escogido exige un cumplimiento cabal y no una relajación de la ley. El
Gobierno será riguroso y estricto en la fiscalización del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, máxime cuando se trate de abusos a incentivos a la
producción y exportaciones, según se ha visto recientemente.
Como lo explicó el señor
Ministro de Hacienda ante este Honorable Congreso, enfrentamos problemas
presupuestarios serios, pese a la mayor recaudación tributaria que obtendremos.
El presupuesto heredado del Gobierno anterior es insuficiente en alrededor de
380 millones de dólares. El error de cálculo en que el Gobierno anterior
incurrió ha sido confirmado por los resultados de la Operación Renta
que acaba de concluir.
El país entero debe saber que
para el año en curso nuestras restricciones presupuestarias son serias. Este no
será un año de holguras. Por ello, el esfuerzo en gasto social va a ser
necesariamente gradual. Realizaremos una política de estricta austeridad en el
sector público, a fin de que el ingreso que genere la Reforma Tributaria
pueda ir mejorando paulatinamente nuestro nivel de gasto social.
Quienes tengan expectativas de
realizaciones extraordinarias y rápidas se equivocan. Vuelvo a repetir: éste es
un año de estrechez. Respecto de los años próximos, habrá holguras crecientes,
sucesivas y graduales, que si bien no deben alimentar esperanzas desmesuradas,
nos permitirán ir progresando sólidamente hacia un mayor bienestar.
d. Deuda externa.
Como es de dominio público,
pesa también sobre nosotros la restricción que implican el cuantioso volumen y
el servicio de la deuda externa que heredamos.
A fines del año pasado,
nuestra deuda externa total ascendía a 16 mil 300 millones de dólares, lo que
representa un 64 por ciento del producto geográfico bruto y 1,7 veces nuestras
exportaciones de bienes y servicios. El año pasado pagamos intereses que
alcanzan a un 7 por ciento de ese producto.
El gravamen para el futuro
próximo es aún mayor, por la acumulación de compromisos para los próximos años
resultantes de las anteriores renegociaciones de la deuda, y por la reversión
de los flujos de financiamiento con la banca multilateral, derivada de la
ausencia de nuevos proyectos sociales y productivos.
Nadie puede negar el
extraordinario esfuerzo realizado por nuestro país para cumplir con sus
compromisos externos y reducir su endeudamiento. Por esta razón, creemos
plenamente justificado invitar a los organismos multilaterales, a los Gobiernos
de los países amigos y, especialmente, a la banca comercial e instituciones
financieras privadas a desarrollar un esfuerzo conjunto y activo que permita a
Chile tener acceso a los aportes que el país va a necesitar para crecer con
estabilidad. En los primeros meses de gobierno, el equipo económico se ha
abocado al diseño de una nueva estrategia de manejo de la deuda externa y a
preparar el terreno para las negociaciones que se desarrollarán a partir de los
próximos días. Es nuestra firme intención que el resultado de estas
negociaciones sea plenamente compatible con nuestros objetivos de crecimiento y
estabilidad.
e. Necesidad y perspectivas de inversión.
La recuperación de la economía
chilena en los últimos años, junto a la baja inversión, agotó prácticamente la
capacidad productiva disponible en 1989. Para mantener una tasa anual de
crecimiento del 5 por ciento se requiere de un esfuerzo de inversión del sector
privado sostenidamente superior al que se realizó durante el Régimen anterior.
La experiencia reciente de
nuestro país indica que la inversión privada requiere de un tratamiento
favorable en el sistema tributario y en las regulaciones a la inversión
extranjera, normas e incentivos que no modificaremos. La estabilidad económica
y política, un clima de cooperación entre el sector privado y el Estado, y un
sistema financiero orientado a la intermediación eficiente de los recursos, son
elementos indispensables para una sostenida expansión de la inversión.
En estos primeros meses hemos
visto con satisfacción cómo el cambio de Gobierno y la llegada de la democracia
no han alterado las expectativas de los agentes económicos sobre las
perspectivas de nuestro país. No sólo no se ha producido el colapso predicho
por algunos agoreros, sino que se ha mantenido la estabilidad de los
principales indicadores financieros y se ha afianzado el interés por invertir
en Chile.
Sólo en el primer trimestre de
este año se autorizaron inversiones extranjeras por un valor de 400 millones de
dólares, cifra que representa un aumento de 77 por ciento respecto del año
anterior. Hoy en día existe un stock de 500 proyectos de la inversión con
participación extranjera, por un valor de 14 mil millones de dólares.
Es de fundamental importancia
para el país que estos proyectos, que generarán empleo y bienestar para los
chilenos, se materialicen en los próximos años.
A ese cuadro favorable, hay
que agregar que hemos puesto rápidamente en marcha un proceso destinado a
movilizar recursos de la banca multilateral hacia proyectos prioritarios de
inversión social y productiva. Para ello, luego de identificar las áreas y
proyectos prioritarios, se han establecido contactos con el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo, recibiéndose en las últimas semanas varias
misiones de estos organismos destinadas a establecer las primeras bases de los
nuevos proyectos.
Estos proyectos no sólo
ofrecen la ventaja de contar con un aporte externo sustancial, sino que
garantizan un grado de coherencia, control y seguimiento que los hace altamente
atractivos en cuanto a garantizar la eficiencia en el uso de los recursos. El objetivo
del Gobierno es conseguir que un buen número de estos proyectos esté en
condiciones de iniciarse a comienzos de 1991.
f. Desarrollo tecnológico.
Para alcanzar un crecimiento
sólido y sostenido, es necesario superar nuestras insuficiencias tecnológicas y
de capacitación. La experiencia de los países económicamente más exitosos
muestra que la estabilidad en el crecimiento requiere que, por sobre la
explotación de recursos naturales, el país se inserte en los mercados mundiales
por medio de la exportación de productos y servicios que incorporan
crecientemente el progreso técnico. Así se alcanzan niveles de competitividad
en los mercados y se logra una mayor retribución para los productos nacionales.
Nuestro objetivo es que,
mediante un apoyo eficiente del Estado, sobrepasemos la barrera del atraso
tecnológico, incorporando cada vez mayor valor agregado a nuestros productos.
Este es un camino de grandes esfuerzos, en el cual no es posible quemar etapas
y en el que hay que consolidar cada paso.
La filosofía que orienta
nuestra acción de apoyo para sobrepasar la barrera del atraso tecnológico es la
de hacerlo promoviendo la cooperación y la asociación entre los empresarios y
el Estado. No se trata de imponer unilateralmente al sector privado iniciativas
o proyectos, o desperdiciar los recursos públicos en acciones aisladas,
desvinculadas del mundo real de la economía y sin consecuencias prácticas. Para
que el apoyo del Estado sea eficiente y rinda frutos, la cooperación y
asociación con la empresa privada son indispensables.
En armonía con estos
criterios, se considera la creación de unidades especializadas en el estudio de
problemas de productividad y gestión en los diversos sectores económicos. Se
tratará de pequeños centros privados, altamente tecnificados, con gran
flexibilidad en su accionar. En ellos se asociarán productores y el Estado para
buscar soluciones compatibles con los instrumentos de que dispone la política
gubernamental y con la capacidad de los empresarios. El carácter asociativo de
estas unidades hace de ellas un instrumento adecuado para satisfacer las
necesidades de las empresas pequeñas y medianas, que en razón de su tamaño se
ven impedidas para enfrentar individualmente los desafíos de avance tecnológico
y modernización de la gestión.
Sabemos de la existencia de
factores que desincentivan la innovación tecnológica en el seno de las
empresas. No obstante, nos interesa que los empresarios incorporen
permanentemente nuevas tecnologías en sus actividades. Para ello, se creará un
Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico que complemente el actual Fondo de
Desarrollo Productivo de CORFO, a fin de fomentar la utilización de nuevas
tecnologías en la producción nacional e incentivar la inversión en proyectos
innovadores. Dedicaremos a este objetivo recursos que esperamos alcancen los
100 millones de dólares hacia 1994.
En el área del desarrollo
tecnológico se aumentarán la calidad e impacto de la investigación llevada a
cabo por los institutos especializados de CORFO. Asimismo, las universidades
deberán hacer una contribución más importante a la superación de la barrera del
atraso tecnológico a través de la investigación que se realiza en ellas,
asociándose con el sector privado. En este aspecto, al país le ha faltado una
política explícita, capaz de comprometer a la investigación universitaria con
nuestro desarrollo económico. Conscientes de esa carencia, estamos diseñando
una política que fije áreas prioritarias en el campo tecnológico, a fin de
recuperar la investigación universitaria para el crecimiento mediante un
sistema de incentivos adecuados.
g. Rol de la
Corporación de Fomento.
En el apoyo estatal al
crecimiento, la
Corporación de Fomento tiene un importante rol que jugar.
El Gobierno recibió esta
entidad disminuida respecto a lo que fueron su patrimonio, sus recursos
profesionales y su capacidad de acción. Además, en vez de cumplir una función
de apoyo al crecimiento, ha estado siendo utilizada como instrumento para el
traspaso de bienes al sector privado. Adicionalmente a su déficit presupuestario
en 1990, que alcanza a 10 mil millones de pesos, está endeudada en 1.560
millones de dólares, por haber asumido deudas de las empresas privatizadas.
Pese a las condiciones muy
negativas en que se encuentra, nuestro propósito es hacer de CORFO un instrumento
para apoyar el crecimiento, en la certeza de que cuenta con una capacidad
humana y técnica que ofrecer al servicio de ese desafío.
Atribuimos a CORFO una
significativa función en el aumento de la inversión productiva para acelerar el
crecimiento. Puede lograrlo incrementando los volúmenes de crédito disponibles
para las empresas, proporcionando asistencia técnica y capacitación a pequeñas
empresas a través de SERCOTEC, y realizando estudios de factibilidad de
inversiones e innovación tecnológica. También privilegiará créditos a empresas
más intensivas en trabajo para contribuir a generar más y mejores empleos
productivos, y fomentará la competitividad y productividad nacionales a través
de los estudios aplicados que realizan sus institutos de investigación.
Otra área que nos preocupa es
la de la innovación en modalidades de gestión. La experiencia contemporánea
muestra que los mecanismos asociativos de gestión pueden ser muy exitosos en la
medida en que se desenvuelvan en un clima general de convivencia social
pacífica. En el convencimiento de que Chile ha entrado en esa fase de su
desarrollo histórico, el Gobierno incentivará la formación de cooperativas como
una modalidad de gestión económica innovadora que fomenta, al interior de la
comunidad, un estilo de convivencia altamente positivo. El desafío para estas
modalidades de gestión es conquistar un espacio en condiciones de
competitividad y exigencias de productividad, sin que ello implique subsidios
estatales.
h. Comercio internacional.
Nuestra política exterior debe
ser un instrumento importante en el fomento de una economía cada vez más
competitiva internacionalmente.
Para intensificar las
relaciones comerciales, Pro Chile abrirá diversas oficinas comerciales y
reforzará otras. Paralelamente, se ha programado el envío de misiones
comerciales con determinante participación del sector privado a México, los
países escandinavos, la
Comunidad Económica Europea, Europa Central y el Medio
Oriente. Esto será complementado con un perfeccionamiento de la información
comercial y la organización, conjuntamente con los exportadores chilenos, de
campañas especiales de difusión para colocar nuestros productos en los
difíciles mercados internacionales.
Siempre en el ámbito de la
promoción de exportaciones, Pro Chile incrementará su participación en las
ferias internacionales durante el presente año, conservando la concurrencia a
aquellas en las que la presencia chilena está consolidada.
Chile enfrentará en buena
posición diplomática y económica los desafíos de la unidad europea. La
reinstauración de la democracia en nuestro país nos ha devuelto importantes
amigos en una Europa que se ha declarado presta a respaldar el proceso chileno.
Nuestros objetivos ante la Comunidad Económica Europea son claros y
concretos: intensificar y diversificar el comercio; estimular una mayor fluidez
de intercambio mediante la eliminación paulatina de las barreras arancelarias y
paraarancelarias; acordar prioridades para una cooperación avanzada en aquellos
campos estratégicos para el desarrollo económico y social de Chile; estudiar
los mecanismos y vías para incrementar el flujo de inversiones; promover el
establecimiento de vínculos de cooperación entre instituciones financieras;
generar contactos, y promover la cooperación económica entre entidades del
sector privado.
i. Protección del medio ambiente.
Además de los problemas de
contaminación ambiental que padecemos, enfrentamos también situaciones de
degradación de nuestros recursos naturales, con el riesgo claro de que las
futuras generaciones carezcan de un sistema ecológico que sustente
adecuadamente el crecimiento.
Hay destrucción de recursos
ictiológicos, deterioro continuado de los suelos, una acelerada destrucción del
bosque nativo y de la fauna autóctona. Estos son los síntomas más visibles de
una situación caracterizada por la ausencia de una política protectora de los
recursos y de un sistema de incentivos que fomente su explotación racional.
Hemos tomado algunas medidas inmediatas
en esta materia: se ha declarado monumento nacional a la araucaria y la Corporación Nacional
Forestal ha establecido mecanismos de control de explotación de bosques
nativos.
Pero bien sabemos que se trata
de medidas parciales y paliativas. Se necesita de una política de largo plazo
que dé sustentabilidad a nuestro crecimiento. Con ese fin, se ha creado la Comisión Nacional
del Medio Ambiente, con carácter interministerial y presidida por el señor
Ministro de Bienes Nacionales. Esta Comisión cuenta con un Comité de Ministros,
un Comité Operativo y una Secretaría Ejecutiva. Ella dará coherencia a nuestras
políticas sobre medio ambiente, donde los Ministerios de Salud, de Economía, de
Agricultura, de Minería, de Vivienda y Urbanismo y de Transportes serán los
principales organismos operativos.
La necesidad de conciliar el
desarrollo de la producción nacional, el estímulo a la actividad privada y, en
particular, el aumento de las exportaciones con la adecuada protección de
nuestros recursos naturales, se hace presente con fuerza en el ámbito pesquero.
Durante el Gobierno anterior se aprobó una Ley de Pesca, cuya entrada en
vigencia fue postergada por medio de una ley que tuvo rápida acogida en este
Honorable Congreso, para dar tiempo a preparar una legislación más adecuada a
los requerimientos del desarrollo nacional y al funcionamiento del sector. Mi
Gobierno está completando un proceso de consultas con los diversos sectores
involucrados y enviará en breve para la consideración del Honorable Congreso el
proyecto de ley respectivo que establezca un sistema permanente que contemple
mecanismos de regulación flexibles y eficaces, compatibles con el desarrollo
racional de la actividad pesquera.
j. Minería.
Entre nuestros recursos no
renovables de mayor importancia están los minerales. En la minería, el Estado
no sólo desempeña un papel importante como productor, sino que además debería
fomentar una explotación racional de esos recursos.
La minería en general, y el
cobre en especial, constituye una de nuestras principales vías para un mejor
acceso a la economía mundial. Si no lo logramos en este campo, es difícil que
lo hagamos en otros, pues en él es donde tenemos mayores ventajas comparativas,
potencial tecnológico, capacidad de negociación y las empresas de mayor
presencia internacional.
Hoy nos encontramos con un
sector minero en expansión y con interesantes proyectos, que constituyen un
activo muy importante. Es deber del Gobierno dar las señales adecuadas para que
este flujo continúe y aumente. Esto significa administrar eficientemente sus
empresas, establecer regulaciones claras y estables para el conjunto del
sector, y estimular aspectos específicos de interés nacional.
Los objetivos de nuestra
política minera son varios: asumir un rol de mayor liderazgo en la industria
minera, en especial del cobre; incentivar el flujo de inversión en el sector;
diversificar la producción minera, reduciendo la alta participación relativa
del cobre; aumentar la presencia directa de empresas chilenas en los mercados
consumidores a través de la integración con empresas locales; compatibilizar el
desarrollo minero con la preservación del medio ambiente; coordinar decisiones
de producción e inversión de los productores con el fin de evitar impactos
negativos en los mercados, y fomentar la pequeña minería para conformar un
estrato eficiente y estable de pequeños productores.
En el sector público
productivo, es necesario modernizar las empresas y adecuar los servicios a las
nuevas exigencias. La
Corporación Nacional del Cobre, la Empresa Nacional
de Minería y la
Empresa Nacional del Petróleo no pueden dar ventajas a sus
competidores, lo que exige criterios de administración profesional y sin
cortapisas burocráticas. Los servicios públicos deben justificar su existencia
en virtud de los aporte efectivos que realicen al logro de los objetivos recién
señalados.
En el caso de CODELCO, es
necesario racionalizar sus actividades para contener la tendencia al alza en
sus costos. Esa tendencia es grave. Además de las previsiones negativas respecto
del precio del cobre en los mercados internacionales, CODELCO enfrenta
problemas derivados de las leyes cada vez menores de sus yacimientos, así como
de la mayor dureza de sus minerales y de los desafíos tecnológicos que dicen
relación con sus operaciones. De hecho, la producción esperada para 1990 es
inferior a la obtenida en 1989, según proyecciones de la administración
saliente. La nueva administración de CODELCO se ha hecho cargo de este
problema.
En el caso de ENAMI y ENAP,
hay que realizar inversiones para ampliar sus capacidades de fundición y
refinación, respectivamente, las que pronto serán insuficientes para abastecer
la demanda nacional.
k. Agricultura.
Otra área donde los recursos
naturales juegan un principalísimo papel es la agricultura.
Sin duda, el sector ha
experimentado transformaciones notables en los últimos años, al surgir un
sector comercial dinámico, no tradicional, altamente competitivo en los
mercados mundiales.
Nuestra política mantendrá las
condiciones y reglas del juego que permitieron el surgimiento y expansión de
ese sector. A la vez, el Estado pondrá a disposición de él los instrumentos
propios para acentuar su dinamismo y competitividad, particularmente en lo que
se refiere a apoyo tecnológico, apertura de mercados en el exterior, lucha
contra el proteccionismo y prácticas discriminatorias de productores y
autoridades en esos mercados.
Nuestro Gobierno tiene un
compromiso central con el desarrollo campesino, que se traducirá, además de las
prioridades ya señaladas en el campo de la legislación laboral y el combate a
la pobreza rural, en el fortalecimiento y expansión gradual de créditos y
asistencia técnica a los pequeños propietarios a través de la acción del
Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, con la colaboración de aportes
privados.
Un caso importante es el del
sector triguero. Este rubro representa el 50 por ciento de la superficie
sembrada, con cultivos anuales y con una importancia crucial en la alimentación
nacional. Durante los últimos años, este sector fue objeto de una política
errática, que culminó en el tratamiento dado a la última cosecha. La tardía
fijación del precio de intervención de la Comercializadora
de Trigo S.A., COTRISA, y el anuncio de un límite global de compra y de una
escala inadecuada que posteriormente se modificó, provocaron la total
desorganización del mercado del trigo, con el resultado de que el precio fijado
por COTRISA no logró su regulación.
La desorganización del mercado
llegó a tal grado, que se nos instó a anunciar nuestra política frente a este
cereal, incluso con anterioridad a la asunción del mando. El Gobierno, haciendo
un extraordinario esfuerzo, expuso el 1º de abril un completo enunciado acerca
de una política para la comercialización del trigo, tanto en lo que restaba de la
presente temporada como para las siembras futuras, lográndose por primera vez
en muchos años anunciar el precio de intervención de COTRISA con bastante
anterioridad a la siembra. De esta manera, los agricultores podrán efectuar sus
decisiones de producción con un horizonte cierto de precio de venta a futuro.
Tal como en el caso del trigo,
han faltado una conducción y orientación para el sector privado no dinámico. He
instruido a las autoridades sectoriales para que se inicie el estudio de las
diversas situaciones y se identifiquen los instrumentos adecuados para
convertir el conjunto de la agricultura al dinamismo y modernización de sus
sectores más avanzados.
Es esencial en este sector
progresar en la capacidad contralora requerida para proteger el patrimonio
sanitario silvoagropecuario, tan importante para nuestra capacidad exportadora.
Por ello, prestaremos especial atención al Servicio Agrícola y Ganadero,
velando por que cuente con recursos, personal y capacidad técnica adecuados.
l. Infraestructura y Obras Públicas.
El rol del Estado es
insustituible en cuanto a la preservación y desarrollo de las condiciones de
infraestructura que el crecimiento va requiriendo.
La inversión estatal en
infraestructura durante los últimos años ha sido insuficiente. Ello se constata
al comparar los recursos asignados al sector con el crecimiento del país.
Organismos especializados en la materia, como el Instituto de Ingenieros de
Chile y la Cámara
Chilena de la
Construcción , han destacado la gravedad de esta situación como
limitante del desarrollo nacional. Parte de esta insuficiencia se ha debido a
la tendencia a reducir las inversiones públicas en infraestructura cada vez que
se efectúan ajustes económicos. Pero gran parte se ha debido también a la
desconfianza por todo lo que realiza el Estado, creencia propia de las ideas
ultraliberales que han predominado en la conducción económica del país. Fuimos
testigos de intensas polémicas ideológicas que en muchos casos llevaron a la
completa inactividad en áreas donde las inversiones no sólo eran y siguen
siendo urgentes, sino extremadamente rentables para el país, como es el caso de
los puertos.
Algunos ejemplos ilustran bien
estas deficiencias. Entre 1970 y 1989 la población creció en cerca de 40 por
ciento; la producción, en aproximadamente 60 por ciento. En cambio, la
inversión total del Ministerio de Obras Públicas disminuyó en 34 por ciento.
Por otra parte, entre 1974 y 1989 la red pavimentada creció en 32 por ciento,
mientras que la flota de vehículos lo hizo en 150 por ciento. Al ritmo actual
de obras, nos tomará unos setenta años completar la pavimentación de nuestra
red básica.
Una nueva política para el
sector de infraestructura requiere, por lo tanto, un balance equilibrado de lo
acontecido durante los últimos años. Es importante reconocer, porque constituye
un hecho positivo, que en algunos sectores, como el portuario, el país ha
podido mantenerse todo este largo período sin tener que realizar grandes
inversiones, e incluso sufriendo pérdidas significativas de capacidad en sus
instalaciones. Ello se debe a que se han producido mejoramientos operacionales
que han incrementado de un modo notable la productividad y la capacidad
tecnológica, como el uso de “containers”, que hace más eficiente la
transferencia de la carga general, tradicionalmente la más lenta y complicada
de movilizar.
En otros casos, como el del
agua potable, ha sido posible incrementar significativamente la cobertura,
continuando con la tendencia histórica, mediante el uso de la capacidad
existente de fuentes de abastecimiento. Esto ha hecho posible incrementar los
servicios con inversiones relativamente pequeñas. En el caso del
alcantarillado, la cobertura también ha crecido. Pero, en la misma medida en
que lo ha hecho, se han ido complicando los problemas de disposición de las
aguas servidas.
En el caso de la vialidad
urbana, se han podido paliar los crecientes problemas de congestión recurriendo
a mejoramientos operacionales en los sistemas de tráfico y a inversiones
relativamente modestas en optimización de intersecciones de calles y avenidas.
Sin embargo, en todos estos casos, la capacidad acumulada por las inversiones
históricas hechas por el país ya se encuentra virtualmente copada, y son
indispensables nuevas inversiones para el futuro. En otros casos, como el de
vialidad interurbana, tenemos que incrementar la inversión para recuperar el
terreno perdido. Este es un desafío que Chile deberá adoptar con decisión en el
futuro próximo y que, obviamente, tiene un costo.
Respecto a vialidad, se
contemplan, entre otros, los siguientes proyectos: proyectos de vialidad
urbana, de rentabilidad probada, hasta por un monto de 300 millones de dólares;
dobles calzadas en la
Carretera Panamericana ; construcción o pavimentación de
tramos en el Camino Longitudinal Costero entre la Quinta y Octava Regiones;
nuevas pavimentaciones de la red Básica y mejoramiento de la red Austral.
Además, dado que se están
gastando en conservación sobre 120 millones de dólares al año en razón del mal
uso de carreteras y las violaciones de peso máximo por eje, la Dirección de Vialidad
fortalecerá el programa de control de pesos.
El Gobierno también se
encuentra elaborando una política clara y definida sobre aguas, que represente
los principios que lo animan y exprese la voluntad del país de aprovechar ese
recurso en forma sustentable en el tiempo, y ponga término a la contaminación
de sus fuentes. Se trata de llevar los beneficios derivados de su utilización a
toda la población, consagrando en forma práctica su verdadera naturaleza de bien
nacional de uso público, hoy sólo nominal.
Sobre estas bases, y con la
concurrencia de toda la comunidad nacional interesada en el recurso, de los
sectores tanto público como privado, incluidos los usuarios organizados y las
universidades, se revisarán la legislación y la institucionalidad respectivas,
para hacerlas útiles a los fines reseñados. El cambio de legislación que se propiciará
propondrá perfeccionar los mecanismos de asignación y establecer las
regulaciones necesarias del derecho de aprovechamiento que surgen naturalmente
de su escasez creciente, para extender los beneficios del recurso a todo el
cuerpo social. En lo inmediato, hemos dispuesto el desarrollo de un plan de
saneamiento de títulos y organización de usuarios, como igualmente la ejecución
de acciones conducentes a optimizar el uso de fuentes. Las particularidades
regionales de las zonas desérticas harán necesaria una normativa especialmente
adecuada a ellas, como igualmente su consideración en los planes de acción por
desarrollar.
Respecto de las inversiones en
riego, en la última década prácticamente no se ha efectuado el tipo de grandes obras
que han hecho posible el desarrollo agrícola de tantas regiones de nuestro
país. Se han realizado obras menores, motivadas por la Ley de Fomento a la Inversión Privada
en Riego, mecanismo valioso que este Gobierno fortalecerá, buscando llegar
también a los pequeños agricultores y campesinos, que no han tenido oportunidad
de contar masivamente con este beneficio. En materia de inversiones mayores, el
gran desafío consiste en desarrollar sistemas que permitan ejecutar obras
recuperando costos de quienes gocen de los beneficios. Resuelto esto en forma
ágil y pragmática, es posible desarrollar programas de inversión mayores y
medianos en diversas zonas del país, donde ya existen proyectos en distintas
etapas de estudio y algunos en construcción.
En lo que se refiere a obras
portuarias, recientemente se ha formado una Comisión entre los Ministerios de
Obras Públicas y de Transportes y la Empresa Portuaria
de Chile para la ejecución de las obras programadas en los puertos de
Valparaíso, San Antonio y San Vicente. Es una decisión de este Gobierno
recuperar los puertos de la
Quinta Región e incrementar la capacidad del puerto de San
Vicente en un sitio adicional. Además, se fortalecerá el programa de inversión
en caletas pesqueras y rampas. Nuestra intención es otorgar claras señales al
sector privado para que nuevos proyectos puedan ser ejecutados por empresas,
dentro de un marco estable y bien definido en materia de tarifas y programas de
inversiones fiscales.
En materia de aeropuertos, el
Gobierno está analizando un programa de inversiones que permita mejorar la
capacidad de aeropuertos intermedios en lo que se refiere a terminales de
pasajeros, carga y pistas de aterrizaje. Con respecto al principal aeropuerto
de nuestro país, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, he otorgado prioridad a
definir el anteproyecto, a fin de que la construcción del nuevo terminal pueda
comenzar el próximo año, resolviéndose una situación postergada por más de una
década.
m. Transportes y Telecomunicaciones.
El sector transporte requiere
de la utilización y consumo de cuantiosos recursos económicos escasos para el
país: la infraestructura de transporte (su construcción y mantención), equipos
y material rodante, insumos como el combustible, los que en conjunto suman
varios miles de millones de dólares al año, con un alto componente en divisas.
La operación de los distintos sistemas de transporte tiene, además, impacto
sobre la calidad de vida de la población, tanto en relación con la
contaminación del medio ambiente y ocurrencia de accidentes como en cuanto a
las posibilidades de accesibilidad e integración social que ofrece a la
comunidad nacional.
El Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones debe, por una parte, administrar en forma eficiente los
recursos involucrados en la operación y desarrollo del sistema nacional de
transporte; y por otra, instaurar normas, regulaciones y reglamentaciones que
permitan el desarrollo de la actividad privada en el sector, de forma que
puedan establecerse servicios de transporte seguros y confiables con una tarifa
razonable. Para el logro de estos objetivos, el Ministerio debe realizar, entre
otras funciones, la planificación y coordinación del sistema nacional de
transporte, la regulación de la operación de los medios de transporte y la
reglamentación de las empresas de servicios.
Las políticas seguidas en los
últimos años, que eliminarán las reglamentaciones básicas para los servicios de
transporte público, han conducido a que éstos se caractericen por su
inseguridad, sus elevadas tarifas y un exceso de parque vehicular que redunda
en congestión del tránsito y contaminación ambiental.
En cuanto a la Empresa de Ferrocarriles
del Estado, el actual Gobierno la ha recibido disminuida y en un estado de
lamentable deterioro en su infraestructura y material rodante, con una deuda de
arrastre de 88 millones de dólares que la empresa no puede pagar con los
ingresos que genera.
En el período 1990-1994 se deberán
abordar los problemas prioritarios del sector transporte, para lo cual se
requiere desarrollar una legislación de transporte que permita regular la
actividad privada en aquellas situaciones en que la libre competencia no
conduce a la eficiencia en la operación de los mercados, e intervenir allí
donde es preciso evitar o controlar la presencia de monopolios.
En el sector ferroviario, será
necesario rehabilitar los ferrocarriles en la perspectiva de establecer una
competencia sana en el transporte terrestre; definir y poner en marcha un
programa de rehabilitación de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado, que defina su rol de
largo plazo en el transporte de carga y pasajeros, y que signifique consolidar
un sistema ferroviario eficiente y moderno, adecuado a las necesidades de
transporte del país; hacer de ella una empresa con relaciones laborales
estables y justas y que dé servicios socialmente rentables.
En transporte urbano, las
tareas serán impulsar la modernización del transporte público para mejorar los
niveles de servicios y enfrentar la creciente utilización del automóvil;
compatibilizar las medidas para reducir la contaminación atmosférica en
Santiago con políticas adecuadas para el desarrollo del sistema del transporte
de la ciudad; establecer reglamentaciones técnicas respecto de los requisitos
que deben cumplir los vehículos que se utilizan en los servicios públicos de
transporte urbano, velando por la seguridad de los usuarios de la población en
general y la calidad del medio ambiente.
En el sector portuario,
debemos asegurar la provisión de infraestructura adecuada en los puertos para
el movimiento del transporte internacional; promover el desarrollo de servicios
internacionales en cantidad y calidad compatibles con la expansión del comercio
exterior, procurando un grado creciente de competencia y transparencia en el
mercado de fletes.
Finalmente, en el sector de
telecomunicaciones, nuestro objetivo básico es definir una política general en
el mediano y largo plazos, la cual debe impulsar el desarrollo de las
telecomunicaciones, coordinando a los sectores público y privado, en armonía
con un criterio de beneficio social.
Es necesario orientar el uso
de los recursos del sector telecomunicaciones, evitando la duplicación de
inversiones y dando prioridad a metas como un acceso adecuado a la información
por parte de los sectores de salud y educación a través de bancos de datos, y
al desarrollo de la telefonía rural en todo el país. Un aspecto central de la
gestión gubernamental en este sector se refiere a la estructura tarifaria, el
control y requisitos de concesión de los servicios públicos, como asimismo la
normalización de los distintos servicios. En ambas materias se están diseñando
medidas para cumplir con esos objetivos.
Mención especial merece la situación
de Televisión Nacional. Respecto de esta empresa, se hace necesario garantizar
su existencia sobre bases económicas sanas, para lo cual será imprescindible un
aporte de capital que permita enfrentar la grave crisis financiera en que la
recibió el Gobierno.
Queremos también asegurar la
autonomía de la empresa respecto del Gobierno y la creación de mecanismos que
impidan la repetición de excesos como los denunciados. Para este efecto, es
necesario legislar a fin de asegurar una dirección nacional, colegiada, plural
y representativa, capaz de orientar y controlar la marcha del canal de
Televisión del Estado.
Esta legislación debe
incorporar medidas muy claras que regulen la relación económica entre el Estado
y Televisión Nacional de Chile, sobre la base de los principios de
autofinanciamiento y la igualdad de condiciones competitivas con los canales
universitarios y privados.
QUINTA TAREA: REINSERCIÓN DE CHILE EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
A lo largo de su historia,
Chile se ganó un lugar de prestigio y de ascendiente en la comunidad
internacional, de extraordinaria relevancia con relación a las dimensiones y
ubicación geográfica de nuestro país. Ello fue fruto, principalmente, de la
solidez y estabilidad de sus instituciones políticas democráticas, que eran
señaladas como ejemplo entre las naciones del mundo en desarrollo y apreciadas
con admiración aun en las sociedades de mayor madurez política.
Esta circunstancia explica, en
gran medida, la fuerte reacción de rechazo que provocó en el ámbito internacional,
especialmente en las naciones de tradición democrática, el quiebre de nuestro
sistema institucional. El abuso de la fuerza, la arbitrariedad gubernativa, la
violación de derechos humanos, escandalizan más mientras mayor sea el grado de
desarrollo institucional, cultura cívica y vigencia del Derecho que el país en
que ocurren ha alcanzado.
Por eso, así como el derrumbe
de nuestra democracia suscitó el repudio de la comunidad de las naciones, el
retorno de Chile a la democracia ha suscitado una ostensible corriente de
simpatía y solidaridad hacia nosotros.
Creo mi deber reiterar ante
este Honorable Congreso Nacional, representativo de la soberanía del pueblo de
Chile, nuestros agradecimientos a todos los pueblos que fueron de múltiples
maneras solidarios con la lucha libertaria de los demócratas chilenos, y a las
naciones y gobiernos amigos por la favorable disposición con que están
cooperando con nosotros en esta primera etapa de nuestra restauración
democrática.
El objetivo fundamental de
nuestra política internacional es la plena reinserción de Chile en el concierto
de las naciones. Nuestro ánimo es cooperar, en todas las instancias de
encuentro multinacional y en las relaciones bilaterales con los demás Estados,
con nuestro modesto pero decidido aporte al desarrollo de los pueblos, al logro
de la justicia y de la paz entre los países, y al pleno imperio de los derechos
humanos y del Derecho Internacional en todos los rincones de la Tierra.
Pensamos que nuestra política
internacional debe ser el fruto de un gran consenso interno, e inspirarse en
los mismos principios que históricamente Chile ha postulado en las relaciones
entre los Estados. En pocas materias como en ésta tienen tanta importancia el
acuerdo entre todos los sectores, más allá de las diferencias partidistas, y el
respeto a las grandes tradiciones nacionales.
Proclamamos la acendrada
vocación de paz y cooperación de Chile y su firme adhesión al orden jurídico
internacional. Nuestro país promueve un pleno e irrestricto respeto a los
derechos humanos y busca el fortalecimiento de la democracia como forma de
gobierno. Poseedor de una economía abierta, Chile defiende la libertad de
comercio, la cristalización de un orden económico basado en la justicia social
y la cooperación financiera y tecnológica internacional.
Su adhesión al orden jurídico
lleva a Chile a sustentar los principios de la primacía del Derecho
Internacional sobre el Derecho interno, cuando el país soberanamente así lo
decida. Sustenta, por ende, el principio de la intangibilidad de los tratados,
el de la igualdad jurídica de los Estados, el de la convivencia pacífica de los
mismos, el de la autodeterminación de los pueblos, el de no intervención en los
asuntos internos privativos de la soberanía de otros Estados, el de la solución
de las controversias internacionales por medios jurídicos y pacíficos, el de la
prohibición del uso de la fuerza o la amenaza de su empleo y el de la
cooperación internacional.
Un ámbito fundamental de la
reinserción plena de nuestro país en la comunidad internacional es América
Latina, a la que Chile pertenece. Sus intereses políticos, económicos y
culturales lo ligan a este continente. Su tradicional influencia política,
jurídica y cultural tuvo por escenario privilegiado esta región.
Es en América Latina donde,
históricamente, Chile ha ejercido su vocación moderadora, su rol como factor de
equilibrio, al que está llamado por su personalidad internacional.
Para la región es vital el
fortalecimiento de la integración. Ello, en nuestro criterio, implica utilizar
plenamente las instituciones y los instrumentos jurídicos vigentes. La Asociación
Latinoamericana de Integración, ALADI, ofrece un marco
jurídico flexible para avanzar tanto en el plano bilateral como en el regional.
De igual modo, en el ámbito de la cooperación intra y extrarregionales, el Sistema
Económico Latinoamericano, SELA, dispone de las modalidades e instrumentos
adecuados.
Nuestra genuina vocación
integracionista será conjugada con las necesidades del crecimiento económico de
Chile, base sustentadora del desarrollo social a que todos aspiramos para
nuestro pueblo.
Esperamos que el avance de la
economía social de mercado y la apertura de las economías nacionales en la
región promuevan fórmulas de integración modernas y eficaces.
Los intereses vecinales de la
política exterior de Chile se cuentan entre los más importantes de ésta y,
ciertamente, entre los permanentes. No sólo dicen relación con parámetros tan
esenciales como la supervivencia de nuestro Estado como sujeto de la comunidad
internacional, sino que jalonan los primeros tramos del camino que Chile debe
recorrer para insertarse en el resto del mundo.
En relación con los Estados
Unidos de América, avanzaremos en la normalización de los vínculos bilaterales.
Concordantes con la situación que hoy vive el mundo, trataremos de aprovechar
hasta donde sea posible la realidad interdependiente que se impone cada día con
más fuerza.
El Gobierno de Chile cooperará
en el esclarecimiento del caso Letelier-Moffit, dentro del marco y con plena
sujeción al ordenamiento jurídico nacional y al Derecho Internacional. Ello
responde a justos requerimientos de política exterior y, fundamentalmente, a
una exigencia moral coherente con la política de reconciliación reclamada
abrumadoramente por la opinión pública.
Esperamos que nuestros importantes
vínculos de intercambio con Estados Unidos
puedan ser regidos efectivamente por los principios del libre comercio, eliminándose
“órdenes de mercado” y otras medidas proteccionistas. Asimismo, teniendo en
cuenta nuestra nueva realidad laboral, anhelamos que, en el menor plazo
posible, restauren hacia nuestro país los beneficios del sistema generalizado
de preferencias.
Nos interesa vivamente
mantener las mejores relaciones posibles con las naciones integrantes de la Comunidad Europea.
Deseamos que el entendimiento sea del mayor beneficio mutuo. Confiamos en que
la nueva realidad que Europa comenzará a vivir en 1992 entregue también frutos
para los países en desarrollo; en nuestro caso, para Chile. Vemos con optimismo
el fortalecimiento de los vínculos con esta importante región del mundo.
Los objetivos ante la Comunidad Económica
Europea son claros y concretos: intensificar y diversificar el comercio;
estimular una mayor fluidez de dicho intercambio mediante la eliminación de las
barreras arancelarias y paraarancelarias; acordar prioridades para una
cooperación avanzada en aquellos campos estratégicos para el desarrollo
económico y social de Chile; estudiar los mecanismos y vías para incrementar el
flujo de inversiones; promover el establecimiento de vínculos de cooperación
entre instituciones financieras; generar contactos para la cooperación
económica con entidades del sector privado y otras; apoyar la utilización de
servicios de consultoría de asistencia técnica, particularmente en las áreas de
la promoción comercial y de inversiones.
También nos interesa
extraordinariamente con la
Vieja Europa acrecentar los vínculos culturales que nos unen
a lo largo de la historia.
Las bases de la política
internacional de nuestro Gobierno postulan el pluralismo ideológico en las
relaciones de Estado y señalan nuestra voluntad de establecer relaciones con
todos los países del mundo. En este contexto, desde el mismo día 11 de marzo
hemos reanudado las relaciones diplomáticas con Estados de Europa Central y del
Este, de América Latina, de África y de Oceanía.
La cuenca del Pacífico se ha
erigido como una nueva variable de la política exterior. La proyección chilena
hacia el Pacífico es funcional con la estrategia de desarrollo del país, al proporcionar
nuevos mercados, fuentes de tecnología, recursos financieros y de inversión.
Profundizaremos la participación de nuestro país en los organismos
transpacíficos, como la
Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico y el
Consejo Económico de la
Cuenca. Haremos de este planteamiento una tarea nacional.
Con el Japón, nuestro segundo
socio comercial, procuraremos intensificar la cooperación técnica y la
inversión en áreas que representen un efectivo progreso social para nuestro
país. Debemos recordar que la privilegiada situación de Chile lo hace elegible
para la cooperación financiera japonesa, todo lo cual debe fortalecer una
amplia vinculación, en todos los planos, con este país.
En el Medio Oriente, África y
Asia, la diplomacia chilena continuará proyectándose en la dimensión económica,
comercial y cultural, pero dando nuevo énfasis a una vinculación política
determinada por intereses comunes. Nuestro regreso al movimiento de países no
alineados, ya formalizado, ampliará el contenido de nuestros antiguos vínculos
con importantes Estados de la región.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
He creído necesario hacer esta
larga exposición -por su longitud, les doy excusas-, para que el Honorable
Congreso Nacional y el país entero se formen un concepto claro de las tareas
que, a partir de la realidad que encontramos al asumir nuestras funciones, mi
Gobierno se propone realizar en el lapso de los cuatro años de su período. En
los informes anexos de cada Ministerio, los señores Parlamentarios encontrarán
los antecedentes, cuadros y cifras explicativas de esta cuenta a la Nación.
Como es fácil advertir, en
cuanto a la situación en que recibimos la Administración y el
Gobierno, me he limitado a exponer en cada rubro los antecedentes fundamentales,
evitando detalles o comentarios que habrían extendido aún más esta exposición y
pudieran herir susceptibilidades. Como dije al comienzo, me interesa el futuro
y no el pasado. Es tanto y tan importante y hermoso el quehacer que tenemos por
delante, que sería malgastar nuestro tiempo detenernos a escudriñar el pasado.
Esa será tarea de la historia.
Vivimos una etapa
trascendental. El pueblo de Chile ha vuelto a la democracia con alegría y
esperanza. La gente está contenta de vivir en libertad. Cada cual espera ser
respetado en su dignidad de persona, cualesquiera que sean sus creencias, ideas
o situación social. La gente quiere vivir libre de temor y de toda forma de
opresión, y anhela construir una sociedad más justa. La gente quiere participar
en la tarea del desarrollo y modernización del país. La gente quiere paz.
Quienes vaticinaban que el
regreso a la democracia podría traer grandes conflictos, revivir los odios y
generar violencia, parecen haberse equivocado. Por el contrario, en todos los
sectores, con sólo escasas excepciones, prevalece la voluntad de entendimiento.
A lo largo de la historia
patria, Chile se distinguió por su capacidad para resolver sus desacuerdos y
avanzar en el progreso por los caminos de la razón y del Derecho. Cuando el país
se apartó de ese camino, avanzó a costa de muchos sacrificios y sufrimientos
que, con mayor dosis de sensatez, podrían haberse evitado.
Ahora tenemos una nueva
oportunidad, y la razón nos aconseja sacar lecciones de la experiencia y saber
aprovecharlas.
En los albores de la patria,
en 1911, un colega vuestro decía estas palabras: “Las naciones tienen recursos
en sí mismas; pueden salvarse por la sabiduría y la prudencia”. Camilo
Henríquez tenía razón. Quizás sean esas dos virtudes la savia más rica de nuestra
tradición histórica.
El Gobierno, el Congreso
Nacional, los Tribunales de Justicia, los partidos políticos, las organizaciones sociales, tenemos en esta
etapa una responsabilidad histórica: estar a la altura de lo que Chile tiene
derecho a reclamarnos y nuestro pueblo espera de nosotros. Lo conseguiremos en
la medida misma en que la sabiduría y la prudencia -y no las pasiones, ni los
egoísmos, ni los impulsos vehementes- presidan nuestra conducta.
De nosotros depende: de todos
los chilenos.
¡Que Dios nos ayude!
PATRICIO
AYLWIN AZOCAR
No hay comentarios:
Publicar un comentario