mayo 21, 2012

Mensaje del 21 de Mayo del Presidente de Chile, Patricio Aylwin, ante el Congreso Pleno (1990)

MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
Patrício Aylwin Azócar
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1990

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Cumplo el deber que la Constitución impone al Presidente de la República de dar cuenta al país, al menos una vez al año, “del estado administrativo y político de la nación”.

Aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagraba la Constitución anterior, de rendir esta cuenta ante el Congreso Pleno -el organismo más representativo de la nación toda-, en la ocasión solemne en que inicia su legislatura ordinaria y en esta fecha en que Chile conmemora uno de los ejemplos de patriotismo de más alto significado moral de nuestra historia.
CHILE DE NUEVO EN DEMOCRACIA
Desde hace setenta días, los chilenos vivimos nuevamente bajo un régimen democrático.
El gobierno de la nación por autoridades libremente elegidas por el pueblo, para un plazo preestablecido, bajo un sistema que asegura a todos el pleno respeto de sus derechos y libertades personales y en que la conducta de los gobernados y el poder de los gobernantes han de sujetarse a la norma jurídica, es la forma de convivencia humana más acorde con la razón, con el progreso de la civilización y con nuestra propia idiosincrasia nacional.
La larga vigencia de la democracia entre nosotros, que parecía ser la forma de convivir consubstancial a nuestra patria, fue factor relevante de nuestro prestigio entre las naciones. Su restablecimiento causa alegría y esperanza en la comunidad nacional y nos granjea simpatías en el mundo. Al mismo tiempo, nos impone a todos la responsabilidad de consolidarla y perfeccionarla. Esta responsabilidad, señores Parlamentarios, recae principalmente sobre ustedes y sobre mí, que hemos recibido del pueblo de Chile la confianza y el honor de dirigirlo en esta etapa trascendental de su historia.
Un nuevo espíritu impera en la convivencia nacional. Al clima de confrontación, descalificaciones, odios y violencia que prevaleció por tanto tiempo, ha sucedido un ambiente de paz, respeto a las personas, debate civilizado y búsqueda de acuerdos.
Contrariando al pesimismo de errados agoreros que presagiaron caos, violencia y otros males, los chilenos estamos demostrando que somos capaces de vivir en libertad y que no necesitamos del imperio de la fuerza ni de constantes amenazas para mantener el orden y para trabajar.
Cierto es que siguen produciéndose algunos hechos de violencia que enturbian este ambiente de paz. Pero no es menos cierto que esos hechos, cuya frecuencia disminuye en relación a épocas pasadas y aun recientes, provocan cada día mayor repudio en todos los sectores de la población. Los grupúsculos que los perpetran -cualquiera que sea su signo-van quedando cada vez más aislados; ninguna razón los justifica ante la conciencia pública, en la cual suscitan la repulsa propia de los delincuentes.
Sin disminuir la gravedad de esos hechos, cuya erradicación y castigo requieren no sólo de la acción de los organismos policiales y judiciales del Estado, sino también de la cooperación responsable y pedagógica de todos, nadie puede seriamente negar que Chile está viviendo una etapa promisoria de reencuentro nacional. La lógica de guerra que dividía a los chilenos en amigos y enemigos ha sido superada por la lógica de la paz, en que todos nos reconocemos como compatriotas, cualesquiera que sean nuestras diferencias.
La dura experiencia de tantos años de confrontación y sufrimiento nos ha enseñado a superar caducos prejuicios e intransigencias ideológicas, a respetar explicables discrepancias, a procurar comprendernos mutuamente y a admitir que la natural diversidad no es ni puede ser obstáculo insuperable a nuestra unidad esencial como chilenos.
De este modo, aunque en lo material poco haya cambiado, el chileno común está viviendo en libertad una vida más plena y más segura, sin los miedos del pasado, con alegría y esperanza, porque se sabe respetado y tomado en cuenta en su dignidad de persona y llamado a participar con su propio aporte en la tarea común de construir el futuro de la patria.
CONSENSOS AUSPICIOSOS
Justo es reconocer que esta nueva y promisoria realidad ha sido posible, en gran medida, gracias a la disposición y conducta responsable de quienes aceptamos someternos a reglas del juego que rechazábamos por la forma en que fueron impuestas y por su contenido a nuestro juicio injusto y antidemocrático; y también, gracias a quienes acataron esas reglas cuando su aplicación les resultó adversa y se sometieron al veredicto ciudadano.
La democracia supone, como cimiento indispensable, el consenso general sobre las reglas fundamentales de la convivencia colectiva. Puesto que en ella “la autoridad se funda en la voluntad de aquellos a quienes obliga”, única manera racional de conciliar autoridad con libertad, el régimen democrático será más sólido y estable mientras mayor sea el grado de consentimiento que suscite en la comunidad nacional.
Esto nos exige a los demócratas, en todo tiempo y muy especialmente -como es el caso nuestro- en la etapa de reconstrucción democrática en que estamos, poner el máximo empeño, con generosidad e inteligencia creativa, para alcanzar los mayores y más firmes acuerdos posibles.
Fue un hecho auspicioso en esa dirección el acuerdo logrado el año último, entre los partidos concertados por la democracia y el Gobierno de la época y los partidos que lo apoyaban, acerca de las reformas constitucionales que el pueblo aprobó en el plebiscito de julio pasado. Aunque dichas reformas fueran para muchos insuficientes, representaron un avance que facilitó el proceso de la transición en que nos encontrábamos y dejó la puerta abierta a futuros perfeccionamientos de la Carta Fundamental.
En análogo sentido, es también un hecho auspicioso el que en el curso de la campaña electoral se hayan expresado por los tres candidatos a la Presidencia de la República y por diversos partidos políticos coincidencias importantes sobre la necesidad de algunas reformas constitucionales, como la democratización del régimen municipal y de la administración regional, como también en el diagnóstico de algunos de los más importantes problemas sociales que afectan al país, especialmente en los ámbitos de la salud, la vivienda, la educación y la capacitación laboral, y, asimismo, en cuanto a la conveniencia de seguir promoviendo el crecimiento y modernización de nuestra economía, su impulso exportador y la iniciativa empresarial, sobre la base de reglas claras, estables y equitativas.
Considero también digno de reconocerse como un logro democrático importante el alto grado de acuerdo que se ha ido consolidando entre los partidos concertados por la democracia que dan respaldo a mi Gobierno. Unidos primero en la lucha por la restauración democrática que condujo al triunfo del “No” en el plebiscito de 1988, ahondaron luego su convergencia al convenir las Bases Programáticas que constituyeron la plataforma de mi candidatura presidencial. También los agoreros presagiaron que, por la diversidad de sus inspiraciones doctrinarias, serían incapaces de mantenerse unidos para dar gobierno al país. Felizmente, los hechos están demostrando lo contrario. Con profunda satisfacción, quiero señalar hoy que los partidos de la Concertación Democrática están colaborando con el Presidente de la República con lealtad y espíritu cívico; que han sido fieles a su compromiso de respaldar al Jefe del Estado sin otra exigencia que las Bases Programáticas convenidas, y que mis equipos de gobierno, especialmente a nivel ministerial, están trabajando con extraordinaria homogeneidad, cohesión y entusiasmo.
Cumplo un mandato de conciencia al expresarles, en esta ocasión solemne, mi público reconocimiento por su apoyo a mi elección y a mi Gobierno, como también mi profunda convicción de que la solidez y permanencia de su alianza constituyen una de las bases fundamentales para la estabilidad de nuestra renaciente democracia.
Mi ánimo, que creo también es el del país, es que esta voluntad de entendimiento trascienda a los partidos de Gobierno y abarque a todos los sectores que sean fieles a los principios y conductas democráticas. Por eso, celebro y agradezco los acuerdos producidos en este Congreso Nacional para generar las autoridades de ambas Cámaras y para el despacho de la Reforma Tributaria, como asimismo, en otro plano, el importante Acuerdo Marco suscrito recientemente entre trabajadores y empresarios.
UNIDAD NACIONAL Y LEGÍTIMO DISENSO
He dicho reiteradamente que quiero ser el Presidente de todos los chilenos. Mi mayor anhelo como gobernante es entregar, a quien el pueblo elija para sucederme, una patria unida en democracia.
Para alcanzar esa meta, entiendo que mi misión es promover el reencuentro de Chile con sus tradiciones de tolerancia y libertad, de respeto al Derecho y de rechazo a las arbitrariedades y a la opresión.
Mis compatriotas pueden tener la certeza de que seré fiel a este compromiso. Mi Gobierno respetará escrupulosamente la dignidad humana en todas sus dimensiones; actuará siempre movido por el respeto a todos los chilenos, cualesquiera que sean sus ideas y posiciones políticas; será estricto en el apego a la verdad y en la defensa de la justicia; el mío será un Gobierno de unidad nacional, a través del cual Chile podrá superar definitivamente tanto tiempo de división y de dolor.
Lo anterior no significa que no haya diferencias y que debamos coincidir en todo. Es propio de la democracia que las diferentes opiniones se expresen libremente y que haya debate. Debemos acostumbrarnos a discutir en busca de las soluciones mejores para el país y a entender que al hacerlo no ponemos en peligro a las instituciones, siempre que no caigamos en ofensas, descalificaciones o mezquindades. Discrepar no significa ser enemigos. Mantener con firmeza las propias convicciones es un legítimo derecho. Pero el interés superior del país y nuestra propia calidad de demócratas nos exigen hacerlo con elevación, procurando superar los prejuicios y no ser instrumentos de pasiones. La patria nos demanda desterrar el odio, respetarnos mutuamente y procurar entendernos; no nos exige estar siempre de acuerdo. Reclamar el consenso para todo sería aceptar el veto de las minorías y paralizar el país; bastaría que unos pocos discreparan para impedir las decisiones.
Pueden los señores Parlamentarios y todos mis compatriotas estar seguros de que en el desempeño de mi mandato procuraré siempre, como he venido haciéndolo, escuchar a todos los sectores y buscar el mayor entendimiento; pero cuando no lo logre, no vacilaré en asumir mi responsabilidad -que es también mi deber de gobernante- de adoptar las decisiones que mi conciencia me señale.
Del mismo modo, pienso que, si queremos reforzar la unidad nacional, debemos todos poner los ojos en el futuro común que nos une, más que en el pasado que nos divide. Dejemos a la historia que juzgue lo ocurrido y pongamos nuestro afán en los quehaceres que la patria ahora nos reclama para forjar el porvenir.
Pero este sano propósito no puede ser obstáculo para abordar con coraje los problemas que heredamos del pasado, como son los relativos a derechos humanos y a la llamada “deuda social”. Rehuirlos por temor a revivir añejas querellas sería faltar a nuestro deber. Mal que nos pese, son problemas que están presentes en la vida nacional y que exigen solución. Afrontarlos no es reabrir heridas: es procurar cicatrizarlas.
La historia nos enseña que las naciones se construyen por la acción continuada de sucesivas generaciones. Nadie parte de cero. Los hijos asumen las realidades que les legan sus padres. Cada nuevo Gobierno se hace cargo del país que le entrega el precedente.
La historia también nos enseña que, con mucha frecuencia, los más jóvenes se quejan de los más viejos; los Gobiernos que llegan formulan reparos al que les precedió.
En esta materia, el país es testigo de la altura y generosidad con que mi Gobierno y los partidos de la Concertación estamos procediendo. Pocas veces en la historia, al término de un Régimen de fuerza, ha habido menos recriminaciones que en este proceso original y atípico que en Chile estamos viviendo.
Reiteradamente hemos dicho que queremos conservar lo bueno, corregir lo malo y perfeccionar lo regular. Esto nos exige, obviamente, precisar lo malo que nos proponemos corregir. Ello es indispensable para que el país conozca las razones de nuestro proceder. En una democracia, el pueblo tiene derecho a que sus gobernantes lo informen de los fundamentos de sus decisiones. Tiene también derecho a saber la verdad, y es deber moral de quien gobierna decírsela a su pueblo.
Durante más de dieciséis años, quienes gobernaron el país vivieron descalificando diariamente a sus predecesores y denigrando a sus adversarios. No los seguiremos en ese camino. No enturbiaremos el ambiente de reconciliación que queremos. Pero nadie puede impedirnos decir la verdad cada vez que lo estimemos necesario, con delicadeza y a la vez con firmeza, como lo estamos haciendo. Nadie puede ofenderse porque se diga que en Chile hubo dictadura; es tan sólo llamar las cosas por su nombre.
LAS TAREAS DE MI GOBIERNO
En el curso de mi campaña como candidato a la Presidencia de la República, dije al país que quería hacer un Gobierno de unidad cuyo objetivo fundamental fuera la reconstrucción y consolidación de nuestra democracia. Agregué que para ello deberíamos, conforme a las Bases Programáticas de la Concertación de Partidos Democráticos, acometer las siguientes tareas:
1º Esclarecer la verdad y hacer justicia en materia de derechos humanos, como exigencia moral ineludible para la reconciliación nacional;
2º Democratizar las instituciones;
3º Promover la justicia social, corrigiendo las graves desigualdades e insuficiencias que afligen a grandes sectores de chilenos;
4º Impulsar el crecimiento económico, desarrollo y modernización del país, y
5º Reinsertar a Chile en el lugar que históricamente se había ganado en la comunidad internacional.
Este es mi compromiso con Chile. Estas son las tareas que mi Gobierno está tratando de cumplir y a las cuales sus integrantes estamos entregando todas nuestras fuerzas y capacidades.
En esta mi primera cuenta al país, considero mi deber informar a los señores Parlamentarios y a todos mis compatriotas sobre el sentido y alcance de cada una de esas tareas, la situación de la cual partimos para realizarlas, las metas que nos proponemos y los caminos que pensamos seguir para llegar a ellas.
Lo haré en el orden que considero más adecuado para que el país conozca y comprenda los propósitos y la conducta del Gobierno.
PRIMERA TAREA: RECONCILIACIÓN NACIONAL
Nuestra primera tarea es lograr la reconciliación nacional fundada en la verdad y en la justicia.
Para alcanzar la unidad nacional que anhelamos, es indispensable superar los agravios del pasado, reparar las ofensas, borrar las sospechas, desvanecer las desconfianzas. Sólo así lograremos una verdadera -y no sólo aparente-reconciliación nacional.
Si queremos sinceramente que haya paz sólida y estable entre los chilenos y que desaparezca toda forma de violencia, no podemos limitarnos a esconder la cabeza como el avestruz y hacer como si nada hubiera pasado. Sabemos que han pasado muchas cosas, crueles y dolorosas, dejando una secuela de sufrimientos y a veces también de rabia en muchos compatriotas, de uno y otro lado.
Ignorar esos hechos y procurar olvidarlos o desconocerlos es favorecer que ese sufrimiento y esa rabia larvada germinen y conduzcan a expresiones irracionales de odio y de violencia.
Como cristiano, creo que “sólo la verdad nos hará libres”. Libres, en primer término, de nuestros propios prejuicios y pasiones, que son el mayor obstáculo a la paz.
Como cristiano, pienso que la paz es obra de la justicia y sólo puede edificarse sobre los cimientos de la verdad.
Por estas razones es que, cumpliendo lo que siempre dije al país -y a nadie puede tomar de sorpresa-, he acometido la compleja labor de restañar las heridas que quedaron del pasado. Ello exigía abocarse a tres temas que estamos abordando con sentido de equidad, por las vías de la razón y del derecho: el de los llamados “presos políticos”, el de los exiliados y el de las violaciones a derechos humanos y crímenes políticos.
Respecto a los exiliados, nuestro compromiso es adoptar las medidas pertinentes para promover el retorno a la patria de todos los chilenos que quieran regresar a ella, creando a la vez las condiciones para su plena reincorporación a la comunidad nacional. La tarea no es fácil, pues se deben coordinar muchos esfuerzos y allegar recursos importantes. Por este motivo, he sometido a vuestra consideración un proyecto de ley para crear un servicio público descentralizado de carácter transitorio, con la misión de facilitar la reinserción de aquellos compatriotas que tuvieron que alejarse de Chile en los años recientes.
En cuanto a los presos, tan pronto asumí la Presidencia procedí, en ejercicio de mis atribuciones y conforme a la ley, a indultar a todos aquellos que cumplían condenas por delitos propiamente políticos, como ingreso ilegal al país, asociación ilícita, ofensas a la autoridad y otros análogos, no involucrados en hechos de sangre.
Sin embargo, la mayoría de los presos por delitos con alguna connotación política no están condenados, sino que tienen, muchos de ellos desde hace largos años, la calidad de procesados. El estudio de su situación legal nos llevó a concluir que, más allá de los casos particulares de cada uno, nos encontramos en presencia de una legislación que creemos errada e injusta, sea por la forma vaga o arbitraria en que tipifica los delitos, sea por lo excesivo o draconiano de las penas, sea porque no asegura a los procesados las garantías a que tienen derecho.
Frente a estas circunstancias, y luego de concienzudo estudio, sometimos al Congreso Nacional los proyectos de ley, que penden de vuestra consideración, sobre abolición de la pena de muerte y reformas a la Ley Antiterrorista, a la Ley de Control de Armas, a la Ley de Seguridad del Estado y a los Códigos de Justicia Militar y de Procedimiento Penal.
Se ha acusado al Gobierno de querer, con estos proyectos, solucionar las situaciones particulares de determinados presos a través de normas generales que tendrían graves efectos para el futuro. Rechazo ese cargo como injusto. La verdad es precisamente lo contrario: queremos para el futuro una legislación racional y equitativa, y esperamos que, al dictarse nuevas normas generales y permanentes sobre tan delicadas materias, su aplicación permita resolver con justicia los casos pendientes.
Ruego a los Honorables parlamentarios considerar estos proyectos sin prejuicios ni suposiciones y despacharlos con urgencia. Confío en que, con su aporte y cooperación, podamos perfeccionar efectivamente nuestro ordenamiento jurídico al respecto, a fin de que alcance la equidad y eficacia de que actualmente carece para prevenir y sancionar los delitos a que se refiere.
En cuanto al delicado asunto de las violaciones a los derechos humanos, consecuente con mi reiterada afirmación de que la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia en la medida de lo posible -conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia- y después venga la hora del perdón, he constituido la Comisión de Verdad y Reconciliación para avanzar hacia esas metas en forma seria, pacífica y con las necesarias garantías.
Dios es testigo de que en la decisión sobre su naturaleza, carácter, funciones e integración agoté los esfuerzos para lograr el mayor consenso, consideré las más diversas opiniones, no fui objeto -contrariamente a lo que se ha dicho- de ninguna clase de presiones y decidí lo que en conciencia creo lo mejor para Chile.
Basta leer el decreto y sus fundamentos para descartar las suposiciones de que la Comisión invadiría funciones judiciales o de que pretendería enjuiciar al Régimen pasado o a las Fuerzas Armadas. Expresamente se le prohíbe lo primero, y se establece que, si se impone de hechos que revistan caracteres de delitos, los pondrá de inmediato y reservadamente en conocimiento del tribunal que corresponda. Y claramente se excluye la segunda cuando se establece que esta Comisión no sólo conocerá de las situaciones de detenidos desaparecidos, ajusticiados y torturados con resultado de muerte, sino también de los secuestros y atentados contra la vida de personas con pretextos políticos.
Se ha querido examinar ampliamente, a lado y lado.
El hecho de que se haya referido la tarea de la Comisión al lapso entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo último no significa ninguna especie de prejuzgamiento. No se trata de hacer un análisis histórico sobre la violencia en Chile, sino de esclarecer la verdad sobre violaciones de derechos humanos; y es sólo en este período en que tales violaciones ocurrieron.
Por lo demás, la sola calidad moral y prestigio intelectual, por nadie puesto en duda, de las personalidades que aceptaron la pesada carga de integrar esa Comisión -a quienes reitero mi reconocimiento por su patriotismo y generosidad- es el mejor mentís a las suposiciones y temores que con ligereza se han formulado, y la mejor garantía para todos.
Reitero en esta ocasión mi solemne llamado a todos mis compatriotas a desechar prejuicios y no anticipar suposiciones, sino a esperar con serenidad el trabajo de la Comisión y a cooperar con buena voluntad al éxito de su tarea de Verdad y Reconciliación.
No debo concluir este capítulo sobre la reconciliación sin precisar algunos criterios acerca de la violencia y el terrorismo, males cuya acción nefasta -segando vidas, destruyendo bienes y sembrando inseguridad y temor- enturbia la vida nacional y obstaculiza la anhelada concordia.
Se equivocan y son injustos quienes suponen a mi Gobierno debilidad frente a estos flagelos. Rechazamos por principio toda forma de violencia, venga de quien viniere y cualesquiera que sean sus pretextos. Condenamos con la mayor energía las acciones terroristas, que causan víctimas inocentes, ocasionan daños indiscriminados e infunden pánico a la gente.
Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los chilenos comparte esta repulsa a la violencia y al terrorismo. Pero muchos, cargados por prejuicios, no aplican la misma vara para condenarla siempre. Algunos sólo ven la violencia subversiva, y justifican o nada dicen frente a la violencia represiva. Otros sólo condenan esta última y legitiman la primera.
Hay, en esta materia, una especie de maniqueísmo inmoral y dañino. Para unos, todo crimen es obra de revolucionarios marxistas-leninistas; para otros, quienes los cometen son siempre aparatos represivos al servicio de intereses reaccionarios. La experiencia demuestra lo contrario. ¿Fueron acaso los mismos los asesinos del general Schneider y de Edmundo Pérez? ¿Fueron los mismos los asesinos del general Prats, de Orlando Letelier, del general Urzúa y del coronel Fontaine? ¿Son los mismos que atentaron contra el general Pinochet, los que mataron a Tucapel Jiménez, los que intentaron asesinar a Bernardo Leighton o los que atentaron contra el general Leigh? ¿Son los mismos los que asesinan carabineros y los que degollaron a Parada, Guerrero y Nattino?
La experiencia universal demuestra que el asunto es más complejo. Ciertamente, se requiere de mecanismos policiales eficaces y de una legislación penal adecuada. Pero si queremos evitar que la violencia de un lado provoque las del otro, generando una cadena de venganzas recíprocas, debemos hacer un esfuerzo muy grande y generalizado para descubrir la verdad y hacer justicia, de modo que nadie tenga pretextos para proceder por sí mismo. Sólo así erradicaremos la cultura de la muerte.
Yo hago un llamado al corazón de todos los chilenos, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, para que desterremos toda forma de violencia. Recojo la idea de una gran campaña de formación moral contra la violencia e invito a los señores parlamentarios a que estudiemos juntos la manera más eficaz de poner término a este flagelo.
SEGUNDA TAREA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y PERFECCIONAMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES
 Para construir una democracia sólida y estable necesitamos perfeccionar nuestras instituciones, de manera de asegurar principalmente lo siguiente:
a. La plena vigencia, en el territorio nacional, de los derechos humanos para todas las personas.
b. La participación de todos los sectores en los distintos aspectos de la vida colectiva en que tengan interés;
c. Una administración de justicia eficiente y oportuna;
d. Una adecuada integración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil;
e. Mecanismos eficientes y justos de seguridad del Estado, y
f. Equilibradas relaciones entre los Poderes Públicos para conseguir el perfeccionamiento del Estado.
Para atender estas distintas necesidades nos proponemos llevar a cabo, durante mi Gobierno, las acciones y políticas que paso a reseñar.
a. Vigencia de Derechos Humanos.
La base fundamental de toda democracia es el pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona humana.
En la reforma constitucional aprobada en el plebiscito de julio último se amplió la norma del artículo 5º que pone como límite al poder del Estado el respeto a dichos derechos, haciéndose expresa referencia a los consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile.
Consecuente con este criterio, y a fin de darle plena aplicación, mi Gobierno someterá próximamente a la aprobación del Congreso Nacional la ratificación de los siguientes tratados:
i) Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969;
ii) Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966;
iii) Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y
iv) Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, de 1987.
Asimismo, propondremos retirar las reservas con las que Chile promulgó, en 1988, la Convención Interamericana de 1985 y la adoptada por las Naciones Unidas, en 1984, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Dentro de este mismo propósito de asegurar el pleno respeto a todas las libertades y derechos, el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley para eliminar las restricciones a la libertad de expresión.
Dicho proyecto ha recogido los puntos de vista del Colegio de Periodistas, de la Asociación Nacional de la Prensa y de la Asociación de Radiodifusores de Chile.
Asimismo, el Gobierno aspira a avanzar en la creación de la institución del Defensor del Pueblo, como ente autónomo, sin facultades jurisdiccionales, con capacidad para representar a cualquier ciudadano afectado en sus derechos por algún acto de autoridad y ejercer en su nombre las acciones legales correspondientes.
b. Participación de los distintos sectores en los diversos aspectos de la vida nacional.
No hay democracia sin participación.
Con el fin de hacer efectiva tal participación, el Gobierno ha tomado o se propone adoptar las siguientes iniciativas:
i) En el plano de la administración comunal, democratizar los municipios. Para ello hemos presentado los proyectos de reforma constitucional y de ley necesarios para materializar la aspiración, ampliamente compartida por el país, de que los Alcaldes y los Concejales Comunales sean generados por elección popular. El Alcalde deberá ser el órgano ejecutivo de los Municipios, el Concejo Comunal, integrado por Concejales o Regidores elegidos por sufragio universal y mediante un procedimiento de representación proporcional, tendrá facultades normativas y fiscalizadoras; y los actuales Consejos de Desarrollo Comunal, de representación vecinal y funcional, adecuadamente perfeccionados, serán organismos de participación de la comunidad organizada, de carácter consultivo y asesor;
ii) En el nivel de la vida vecinal, hemos enviado también al Congreso un proyecto de ley para perfeccionar el régimen de las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, a fin de fortalecer la participación de la comunidad tanto territorial como funcional;
iii) En el ámbito de los problemas específicos del mundo femenino, hemos presentado un proyecto de ley en el cual se propone la creación del Servicio Nacional de la Mujer, como un organismo funcionalmente descentralizado, encargado de coordinar, planificar y proponer políticas, planes y programas que garanticen la plena igualdad e incorporación de la mujer en todas las áreas de la vida nacional. Velará, asimismo, por la eliminación de cualquier práctica discriminatoria que obstaculice su plena incorporación al desarrollo social, político, económico y cultural;
iv) Respecto de los jóvenes, hemos propuesto la creación del Instituto Nacional de la Juventud, estructurado como un organismo técnico, destinado a colaborar con el Gobierno en el diseño, planificación y coordinación de las políticas que deben llevarse a cabo en los asuntos juveniles. Se trata, en este caso, de crear las condiciones para que los jóvenes conquisten un espacio importante en el sistema democrático, terminando con su situación de marginalidad y exclusión, e incorporándose de lleno a la vida económica, social, cultural y política del país;
v) Finalmente, para propender a una efectiva democratización de la sociedad, estimo indispensable hacerme cargo de la situación de los pueblos indígenas, abriendo también respecto de ellos canales de participación. Para tal efecto, por decreto supremo se ha creado la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que tiene por objeto asesorar al Gobierno en la determinación de las políticas relacionadas con ellos, en particular en lo concerniente a su pleno desarrollo económico y social.
c. Administración de justicia eficiente y oportuna.
Aunque la palabra “crisis” probablemente disguste, nadie puede seriamente desconocer que la administración de justicia sufre serios problemas, tanto en lo que se refiere a su expedición -lentitud de los procedimientos, alto costo de los mismos, atraso en el funcionamiento de los tribunales- como en lo relativo a su organización e independencia. No parece necesario insistir sobre el fenómeno, porque al respecto hay amplio consenso en el mundo forense, en los distintos sectores sociales y en la opinión pública.
El Gobierno considera necesario abordar este tema, largamente postergado, proponiendo las reformas que parecen indispensables. Para tal efecto, hemos designado una Comisión Asesora del Ministerio de Justicia, integrada por destacados juristas, que se abocará al estudio de una reforma constitucional y legal del Poder Judicial encaminada a su modernización y a constituirlo en un auténtico Poder del Estado. Ello implica dotarlo de autonomía económica y funcional, de manera que pueda cumplir cabalmente con su finalidad de ser garante del Estado de Derecho, pilar básico de un régimen democrático. Espero poder enviar el proyecto respectivo antes de fines del presente año.
En este mismo ámbito de la administración de justicia, el Gobierno está abocado al estudio y búsqueda de solución a las gravísimas insuficiencias y problemas que afectan al sistema penitenciario nacional y al Servicio Nacional de Menores. La solución de esos problemas está condicionada en gran medida por la insuficiencia de recursos. En todo caso, estamos estudiando las medidas que nos permitan, a la mayor brevedad, corregir las más graves carencias que afligen a esos servicios.
d. Adecuada integración entre Fuerzas Armadas y sociedad civil.
Mi Gobierno persigue, simultáneamente, dos objetivos principales en el ámbito de la Defensa Nacional: por una parte, propender al reencuentro entre civiles y militares, y por otra, mantener y fortalecer el nivel de preparación y eficacia profesional y técnica de nuestras Fuerzas Armadas.
En este último aspecto, la decisión del Gobierno es mantener, dentro de las características del país, el más alto pie de eficiencia de nuestras Fuerzas Armadas, dimensionadas de acuerdo a las necesidades y posibilidades reales de la nación. Esa eficiencia ha de traducirse en adecuada dotación y un elevado nivel de entrenamiento y de capacidad defensiva-disuasiva.
Dentro de este rubro, merece el mayor respaldo nacional el esfuerzo que llevan a cabo nuestras Instituciones Armadas para desarrollar, con sus propios medios, tecnologías de importancia vital para el cumplimiento de sus tareas, como en los casos de ASMAR y de ENAFR, entre otros. Allí se presenta un ejemplo de capacidad profesional, modernización y aplicación práctica de talento y de capacidad innovadora. Igualmente, debe destacarse la valiosa cooperación de las instituciones de la Defensa en la política antártica, en la política marítima y en el campo de la energía, como ocurre en la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Por otra parte, pensamos que a las instituciones de la Defensa Nacional les corresponde, dentro de su ámbito profesional, colaborar con el Gobierno en la definición de aspectos importantes de la política internacional del país, como también en las tareas del desarrollo nacional, especialmente en el ámbito de la infraestructura física, el transporte y las comunicaciones.
En lo que respecta a la relación cívico-militar, consecuente con el espíritu de unidad nacional que inspira a mi Gobierno, nos proponemos hacer todo lo que de nosotros dependa para alcanzar, en los próximos cuatro años, una real integración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.
Bien sé que no es tarea fácil, porque la distancia entre el mundo civil y el militar data en Chile desde hace más de medio siglo. Durante decenios, los integrantes de las Fuerzas Armadas tuvieron motivos para sentirse subestimados. Y durante los últimos dieciséis años y medio, buena parte de la población civil ha tenido motivo para sentirse maltratada y humillada.
Las Fuerzas Armadas deben ser, por su naturaleza, esencialmente apolíticas. Pertenecen a toda la nación, de la cual han recibido las armas para defender a la patria; no a un sector ni a determinadas ideologías. Por eso la Constitución dispone que son “esencialmente obedientes y no deliberantes”, “profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.
No obstante estos principios, aceptados por todos, cuando las Fuerzas Armadas asumen el Gobierno tienden naturalmente a identificarse con “su Gobierno”, lo que las lleva, de manera inevitable, a asumir posiciones políticas, tanto más cuanto mayor sea la participación de sus miembros en funciones de Gobierno. Y como estas posiciones chocan con las de quienes discrepan de ese Gobierno, tienden a considerar y tratar como “enemigos” a los opositores. Estos, a su vez, responsabilizan a las Fuerzas Armadas en conjunto de todo lo que el Gobierno hace.
Esto es -como todos sabemos- lo que ha ocurrido en Chile, y ahora, cuando por decisión libre del pueblo y con la cooperación de las propias Fuerzas Armadas, hemos vuelto a la democracia, unos y otros debemos ser capaces de superar los traumas del pasado. En las elecciones del 14 de diciembre no fueron “derrotadas” las Fuerzas Armadas, ni quienes triunfamos somos sus “enemigos”. Fuimos, es cierto, “opositores al Gobierno anterior”, lo que es cosa muy distinta de ser “enemigos de las Fuerzas Armadas”.
Yo invito a todos mis compatriotas, civiles y militares, a meditar lo que dejo dicho. Puesto que somos seres racionales, debemos ser capaces de superar prejuicios y pasiones, disipar errores y reencontrarnos en la verdad. Por mucho que las Fuerzas Armadas hayan sido el principal sustento del Régimen anterior, una cosa fue el Gobierno y otra las Fuerzas Armadas. Consiguientemente, las responsabilidades “de ese Gobierno” no son de “las Fuerzas Armadas”, salvo las personales de quienes hayan participado en los hechos que las motivan.
Hay quienes quieren eludir sus responsabilidades políticas cubriéndose bajo el manto de las Fuerzas Armadas. Criticar cualquier conducta del Gobierno anterior y sus funcionarios sería “ofender” a las Fuerzas Armadas. ¡Eso es falso!
Quien gobierna está naturalmente expuesto a la crítica de sus conciudadanos. Es el riesgo inherente a la función pública. Quien administra la “cosa pública”, que interesa a todos, tiene que admitir el derecho de todos a opinar sobre el particular. A mí ya me están criticando. No me quejo. Tengo la convicción de estar haciendo lo posible por cumplir bien mis deberes de gobernante. Creo que la gran mayoría del país me comprende y me respalda.
Inspirado en estos criterios, mi Gobierno busca y espera lograr la anhelada integración entre las Fuerzas Armadas y la civilidad, sobre la base del respeto mutuo y del estricto cumplimiento de las normas constitucionales que a unos y a otros nos rigen.
La política de Defensa debe ser formulada y realizada con sentido nacional y no partidista. Puede el país estar seguro de que así procederá el Gobierno, y llamo a todos los sectores para que actúen de igual manera.
Del mismo modo, espero que las Instituciones Armadas y sus mandos desempeñarán sus funciones por los cauces estrictamente constitucionales, con absoluta prescindencia de toda consideración de orden político, en su calidad de cuerpos “obedientes y no deliberantes”, subordinados al Presidente de la República, que es su jefe superior, y “dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional”, según reza textualmente el artículo 90 de la Constitución Política.
Actuando unos y otros de este modo, no sólo cumpliremos lo que la nación nos exige, sino que también crearemos el clima indispensable para que el pueblo de Chile y sus Fuerzas Armadas se reencuentren en la senda de patriotismo y lealtad que nos trazaron nuestros héroes, el general O’Higgins y el capitán Prat.
e. Mecanismos eficientes y justos de seguridad del Estado.
Son tarea esencial e ineludible de todo Gobierno la defensa de la seguridad interior y el resguardo del orden público. Mi Gobierno asume plenamente su responsabilidad en la materia, sobre la base de que ésta es una tarea que debe comprometer al conjunto de la sociedad y de las instituciones del Estado, y muy especialmente a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
En esta materia, hemos heredado una situación conflictiva, caracterizada por hechos de violencia y acciones terroristas que desde hace varios años se vienen produciendo con frecuencia.
Aunque, como lo dijimos anteriormente, la enorme mayoría del país repudia esos procedimientos, su origen se encuentra, por una parte, en concepciones ideológicas extremistas, de distintos signos, que preconizan la vía armada como método de acción política -en franco retroceso hoy en Chile y en el mundo-, y por otra parte, en la secuela dejada por anteriores hechos de violencia y actuaciones represivas que se tradujeron en graves violaciones de derechos humanos y que jamás se han esclarecido.
Aunque no se trate de una situación generalizada, como ciertos sectores se empeñan en hacerlo creer, sino más bien de hechos aislados y de grupos muy minoritarios, el Gobierno tiene la firme decisión de emplear todos los medios legítimos a su alcance para combatirlos.
Respetuosos de los derechos de las personas y de las normas de la institucionalidad democrática, creemos que al terrorismo y al violentismo se les combate y derrota en democracia por los métodos legales, tal como lo hacen con éxito casi todos los Estados democráticos del mundo.
Conforme a la Constitución Política, la acción en esta materia para descubrir y castigar a los responsables de esta clase de hechos corresponde principalmente a Carabineros, a Investigaciones y a los Tribunales de Justicia.
El Gobierno no es partidario -como algunos proponen- de recrear para ese fin servicios especiales, que la Constitución no autoriza, cuya acción en el pasado dejó tantas heridas y cuya reciente supresión fue acogida con beneplácito por la mayoría del país.
Quiero ser muy claro a este respecto: rechazamos la existencia de grupos de inteligencia armados o de policías secretas con facultades omnímodas; estos son métodos incompatibles con la democracia.
Pensamos en cambio que, aparte de crear una conciencia nacional en la materia, que lleve a toda la ciudadanía a rechazar el violentismo y a cooperar para su extinción, y de tratar de eliminar algunas causas que suelen originarlo, esclareciendo la verdad y procurando hacer justicia respecto de crímenes impunes, es necesario robustecer la capacidad de acción de los organismos competentes, especialmente de Carabineros y de Investigaciones, coordinando su actuación y dotándolos de medios para que cumplan eficazmente sus funciones.
En este sentido, hemos otorgado recientemente a Carabineros de Chile un complemento presupuestario que le permita completar este año su proyecto de aumento de mil plazas, y seguiremos buscando la manera de dotarlo de los recursos humanos y materiales que necesita.
Por otra parte, hemos adoptado las medidas que permitan a Carabineros e Investigaciones reasumir funciones que naturalmente les corresponden y que en el pasado inmediato fueron ejecutadas por otros organismos.
f. Perfeccionamiento del Estado.
Siempre en el propósito de perfeccionar nuestro sistema democrático, creemos necesario, en sucesivas etapas, abordar ciertas reformas constitucionales o legales que mejoren la representatividad y la eficacia de algunas instituciones del Estado, actuando sobre la base de los consensos ya expresados o de los que en el futuro se vayan produciendo.
Aparte de los proyectos a que ya me he referido, nos parece necesario elevar el nivel de responsabilidad política y administrativa de los servicios preocupados de la actividad global del Gobierno. Es lo que pretenden los proyectos de ley que he sometido a vuestra consideración y que transforman en Ministerio a ODEPLAN y a la Secretaría General de la Presidencia.
La complejidad que adquiere en la actualidad el ejercicio de la función gubernamental exige elevar los niveles de coordinación en el Gobierno para hacer posible la necesaria complementación interministerial en el desarrollo de las políticas públicas. Esta necesidad de coordinación es impuesta tanto por el carácter multidimensional que adquieren las materias de Gobierno como por la necesidad de ahorrar al país el máximo de recursos, tanto humanos como materiales, a través de una gestión estatal ágil y eficiente.
Todas estas reformas de carácter administrativo, incluyendo las que puedan ser indispensables para superar algunas rigideces que obstaculizan la eficacia de la acción gubernativa, se abordarán preferentemente en la primera etapa de mi Gobierno y se harán evitando duplicaciones y gastos superfluos, con pleno respeto a la carrera funcionaria, rechazando cualquier pretensión de reorganizaciones globales de la Administración Pública.
Simultáneamente, el Gobierno estudia la conveniencia y oportunidad de someter al Honorable Congreso Nacional algunos proyectos de reforma constitucional o de leyes que aborden materias sobre las cuales existe, se ha expresado o se llegue a producir un grado importante de consenso ciudadano. Tal es el caso del sistema electoral, la composición del Tribunal Constitucional, el régimen de los partidos políticos, el Consejo Nacional de Televisión, la dependencia de Carabineros e Investigaciones, y otros que responden a aspiraciones expresadas en las Bases Programáticas de la Concertación de Partidos por la Democracia.
En cuanto a los planteamientos que se han formulado respecto de cambios más substanciales en el régimen político, pienso que el asunto es de tanta importancia que exige el logro de un consenso ampliamente mayoritario al respecto. Se trata de un tema que es necesario abordar, desde ahora y con la mayor seriedad, en seminarios de especialistas, en institutos de estudio, por los partidos políticos y por los medios de comunicación. De ese modo la opinión pública se podrá formar conceptos claros y definidos, lo que asegura que las decisiones que en su oportunidad se adopten sobre tan trascendental materia estén debidamente maduradas.
TERCERA TAREA: HACIA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA
En los últimos años, Chile ha experimentado un crecimiento económico y modernizaciones importantes en diversos sectores de la actividad nacional. Sin embargo, esta situación positiva coexiste con la presencia de desigualdades muy profundas. Si ellas persisten sin un pronto y efectivo avance para superarlas, corremos el riesgo de consolidar dos países distintos y antagónicos: uno, el Chile de los que tienen acceso a la modernidad y a los frutos del crecimiento; y otro, el de los marginados, socialmente excluidos de la vida moderna, convertidos en carga para la sociedad.
Es evidente que, para superar esa dualidad, la llamada política del “derrame” no constituye un camino viable ni eficaz. Que el crecimiento por sí mismo mejore la situación de los más destituidos puede tardar varias décadas. Y, como nos dijo Su Santidad Juan Pablo II, “Los pobres no pueden esperar”.
Chile necesita una acción positiva del Estado para progresar hacia la justicia.
Un imperativo moral exige avanzar hacia un Chile donde exista cada vez mayor justicia social. Tenemos un compromiso solemne de hacerlo. Nuestras acciones durante estos meses son testimonio de ese compromiso, y no cejaremos en esta preocupación permanente por nuestros compatriotas socialmente postergados.
Avanzar hacia una mayor equidad es también una condición de la estabilidad política y económica del país. Una sociedad atravesada por desigualdades socioeconómicas inaceptables para el sentimiento moral contemporáneo es el mejor sustrato para la exacerbación del conflicto político y su desenlace: el quiebre institucional y la opresión política consiguiente.
Donde la injusticia social prevalece, no hay paz laboral ni confianza; empresarios y trabajadores se convierten en enemigos, con el consiguiente resultado de inestabilidad y estancamiento económico.
No podemos avanzar en el camino del desarrollo sin avanzar a la vez en el camino de la justicia social. Para crecer, necesitamos trabajo, disciplina, perseverancia, paciencia, voluntad de emprender y unidad, lo que sólo puede conseguirse en un clima de equidad en que todos se sientan partícipes, no sólo en el esfuerzo, sino también en los frutos del crecimiento.
Avanzar en el camino de la equidad significa integrar cada vez a más y más chilenos en el esfuerzo del desarrollo. La pobreza, la escasa educación, la mala salud de tantos chilenos, equivalen a un desperdicio de energías, talentos y capacidades potenciales.
Avanzar hacia una mayor equidad equivale a invertir en las personas, en el capital humano de nuestra patria. La justicia social nos beneficia a todos, no sólo a nuestros compatriotas socialmente destituidos o marginados.
Inspirados en estos principios, y procediendo con criterios realistas, hemos definido los objetivos concretos que nos proponemos cumplir durante los próximos doce meses en los diversos sectores sociales, para avanzar eficazmente hacia la equidad a que aspiramos.
a. Política Laboral.
En el ámbito de las relaciones laborales, nos guía un criterio básico: lograr los mayores acuerdos posibles con el sector sindical y el sector empresarial, a fin de concordar permanentemente las orientaciones fundamentales relativas a cambios en la legislación laboral. Las experiencias pasadas indican que una sociedad y una economía en la que constantemente se están enfrentando grupos antagónicos no es eficiente ni viable. Es necesario aumentar los niveles de cooperación entre los diversos intereses involucrados.
El primer resultado de esta política ha sido el Acuerdo Marco entre la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de la Producción y del Comercio y el Gobierno, suscrito el 27 de abril pasado. Expresamos nuestro público reconocimiento a los dirigentes sindicales y empresariales que participaron en ese Acuerdo, por el sentido de responsabilidad y la vocación patriótica que han mostrado. Saludamos también a las bases de estas organizaciones, que entregamos un generoso respaldo a sus dirigentes.
El Acuerdo Marco refleja concretamente la voluntad que tienen las partes firmantes de transitar por un camino de diálogo y participación antes que por uno de confrontación y enfrentamiento. Lo anterior no significa que unos y otros renuncien a sus legítimas reivindicaciones y puntos de vista, ni tampoco a su autonomía, independencia y funciones propias.
Pero sí establece que, conjuntamente con la defensa de sus aspiraciones específicas, es el interés de Chile, de la nación entera, lo que todos ponen como prioridad fundamental.
Este Acuerdo simboliza el clima de entendimiento que prevalece en el país y permite augurar con optimismo el futuro de las relaciones laborales en nuestra patria. En efecto, trabajadores, empresarios y Gobierno concuerdan en que Chile tiene hoy, como nunca antes, una oportunidad histórica de conjugar democracia política con desarrollo económico y con justicia social. Estos tres elementos, que estuvieron a menudo disociados, ya sea porque se dio más importancia a uno que a los otros, ya sea porque se creyó que era posible progresar en unos sin consideración de los otros, ahora son reconocidos por todos como factores que se necesitan recíprocamente y que deben ser perseguidos en conjunto. Esta comprensión revela que están en retirada los viejos ideologismos que hacían ver como adversarios a los  sectores sociales con intereses específicos, en vez de considerarlos actores con capacidad de lograr acuerdos para progresar en común.
A partir del Acuerdo Marco, se han identificado un conjunto de materias en las que se hace indispensable introducir cambios para perfeccionar la legislación laboral.
Para progresar hacia relaciones laborales modernas y equitativas, se requiere, en primer lugar, de organizaciones sindicales vigorosas. Para ello, entre otras medidas en estudio, creemos justo y realista reconocer la personalidad jurídica de las Centrales Nacionales de Trabajadores, mejorar el financiamiento de los sindicatos y perfeccionar la regulación de fueros y licencias sindicales.
En materia de contratos colectivos, creemos justo ampliar la posibilidad de negociación colectiva al mayor número de trabajadores. Para ello deberá ampliarse la capacidad de negociación a las federaciones y confederaciones, además de los sindicatos de base, según la voluntad de las partes y protegiendo en todo caso la soberanía de la empresa como el lugar donde deben tomarse las decisiones fundamentales.
En materia de contrato individual de trabajo, también es necesario perfeccionar el sistema, especialmente en lo relativo al régimen de terminación del contrato.
Alcanzar una sociedad más equitativa exige una preocupación primordial por la situación laboral de las mujeres. Están en estudio las iniciativas necesarias para mejorarla y para poner término a la prácticas discriminatorias que la mujer suele sufrir en su vida de trabajo.
En un ámbito más específico, es necesario legislar sobre aspectos del trabajo campesino, su régimen sindical y la negociación colectiva. Esta tarea exige conciliar los requerimientos de la justicia social con las exigencias ineludibles de la producción agrícola y los superiores intereses del país. Especial atención deben merecer los regímenes de trabajo de temporada y de contratos a plazo fijo, las normas relativas a la jornada de trabajo, los sistemas de subcontratación y la regulación de otras situaciones sectoriales que pudieran no estar cubiertas por las normas generales.
Del mismo modo, con el propósito de perfeccionar en lo posible las relaciones laborales en el ámbito del sector público, especialmente en lo que respecta a la participación de las agrupaciones de funcionarios, se ha constituido una Comisión Conjunta con representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y de los Ministerios del Trabajo, de Hacienda y de Economía para estudiar estas materias.
En conformidad al referido Acuerdo Marco, se ha elevado el salario mínimo a 26 mil pesos. En materia previsional, se ha decidido incrementar las pensiones mínimas y asistenciales en un 10,6 por ciento adicional, al momento que corresponda el próximo reajuste de pensiones, lo que beneficiará a tres cuartas partes de los pensionados de Chile. Asimismo, propondremos complementar las asignaciones familiares de los trabajadores que ganan menos de 70 mil pesos y elevar el subsidio único familiar a 1.100 pesos. Dichos complementos e incrementos se otorgarán desde el momento en que entre en vigencia la Reforma Tributaria.
Todas estas materias están siendo estudiadas con participación de los sectores involucrados, y sobre ellas el Gobierno ha presentado o presentará próximamente al Honorable Congreso los correspondientes proyectos de ley.
Sin embargo, la mejor legislación laboral es letra muerte o inútil si no se cumple. Conscientes de los serios déficits existentes en esta materia, reforzaremos la función propia del Estado de fiscalizar la legislación laboral en todos sus aspectos, y muy especialmente en lo relativo a la seguridad en el trabajo. Devolveremos a la Dirección del Trabajo el papel que tradicionalmente cumplió. Con ese fin, se ha iniciado una readecuación de ese Servicio que da prioridad a la acción en el terreno y toma medidas tendientes a ampliar la cobertura de la actividad de inspección respecto de los lugares a los que alcanza. Llamamos a empresarios y trabajadores a colaborar en estas actividades fiscalizadoras, pues está en el interés de todos que se cumplan con éxito.
Al mismo tiempo, se ha iniciado el diseño de un sistema de Información y Orientación Ocupacional sobre oferta y demanda de trabajo que sea útil al sistema de Capacitación Profesional y Educación Técnica. También se han evaluado medidas de orden legal para la creación y el fomento de organismos técnicos intermedios que integren a las pequeñas empresas y al sector informal.
En todas estas materias, tanto en el ámbito de las iniciativas legislativas como en los diversos aspectos de la política laboral, queremos conocer la opinión de los sectores directamente interesados, en especial de las organizaciones sindicales, a fin de promover su participación. Queremos radicar la iniciativa de las relaciones laborales donde corresponde, en empresarios y trabajadores, y no en el Gobierno, ni en una sola de las partes, ya sea la empresarial o la laboral. Por ello, las propuestas pretenden que empresarios y trabajadores adquieran cada vez mayor autonomía en sus relaciones y que los mayores progresos en las relaciones laborales sean precisamente fruto de esa bilateralidad. El criterio que inspira los cambios legales no es crear una abigarrada legislación que interfiera en cada uno de los aspectos del vínculo laboral. Al contrario, queremos obtener una legislación del trabajo general, que reconozca capacidades, derechos y resguardos para que trabajadores y empresarios, en condiciones equitativas en cuanto a poder de negociación, concuerden entre ellos los mecanismos apropiados a sus realidades.
b. Política de Salud.
Avanzar hacia una sociedad equitativa exige progresar en hacer efectivo el derecho a la salud de todo chileno. Corresponde al Estado garantizar a todos el acceso a una atención digna, oportuna y eficiente, y cautelar la existencia de condiciones que mejoren la calidad de vida de la población.
El Gobierno se enfrente a una situación profundamente negativa en materia de salud, particularmente en los grupos sociales más desposeídos.
En las comunas pobres, los indicadores de salud como desnutrición, mortalidad infantil y población en riesgo biomédico están muy por debajo de los promedios nacionales.
Por otra parte, el retraso tecnológico, la insuficiencia de recursos humanos y financieros y la falta de renovación de la planta física han afectado muy negativamente la capacidad de respuesta del sector público a las demandas por atención en los niveles secundario y terciario. El nivel primario, traspasado a los municipios, presenta un desfinanciamiento cercano al 50 por ciento; carece de supervisión técnica por parte del Ministerio de Salud, y posee baja capacidad resolutiva. El resultado es una creciente demanda insatisfecha debido a los rechazos y demoras en la atención.
En el caso de los trabajadores, su horario de actividades les limita el acceso a la atención de salud, y no hay programas específicos para la prevención y disminución de los riesgos ocupacionales.
Por último, en el sector de libre elección, el costo para el usuario ha aumentado, en razón del incremento del arancel de las prestaciones, la disminución del monto máximo de los préstamos médicos y el hecho de que más del 60 por ciento de los profesionales atienden en el nivel más caro.
Este grave deterioro es el resultado de una política que, respondiendo a criterios más ideológicos que realistas, ha privilegiado desproporcionadamente el desarrollo del sector privado en desmedro del área pública. Esto se refleja en la disminución, entre 1974 y 1989, del gasto fiscal por habitante en un 43 por ciento; el aporte fiscal a salud disminuyó de un 7,2 por ciento a un 3,5 por ciento del gasto total del Fisco. Por último, la inversión real en salud respecto al gasto público total bajó de un 9,7 por ciento a un 5,7 por ciento.
Resultado de esta política es el gravísimo deterioro existente en el nivel de conserva de edificios, equipos y vehículos en el área de la salud. De las 703 ambulancias existentes en el sector público, un 53 por ciento está en mal estado o fuera de servicio. En los equipos de lavandería de los hospitales, el 90 por ciento de las lavadoras y centrífugas están deterioradas, y en cuanto a las centrales térmicas, el 40 por ciento de las calderas están paralizadas. A ello debe agregarse una política de personal caracterizada por la insuficiencia de las dotaciones, la inexistencia de carrera funcionaria para los profesionales del sector, la falta de oportunidades de perfeccionamiento y, consiguientemente, la fuga de personal calificado del sector público al privado en busca de mejores remuneraciones y condiciones de trabajo.
Para avanzar hacia la equidad, haciendo progresivamente más efectivo el derecho a la salud, nos hemos propuesto varias metas concretas.
Primero, buscamos mejorar el acceso a la salud en el nivel primario de atención. Ello lo haremos eliminando el cobro directo a los beneficiarios, aumentando los recursos humanos y gastos de farmacia en 60 consultorios, creando un tercer turno de personal en 44 consultorios, organizando a los Servicios de Atención Primaria de Urgencia en 12 consultorios, poniendo en funcionamiento 15 unidades móviles y reforzando la atención primaria en 100 comunas rurales seleccionadas. Esto, en el presente año.
En segundo término, queremos superar la crisis hospitalaria que vivimos. En lo inmediato, se va a dotar a los hospitales de recursos adicionales para mejorar la situación en farmacia, ropería, mantención de edificios, equipos y dotación de medios de transporte. A la vez, se han iniciado estudios destinados a concretar el plan de inversiones para el período 1991-1993, a reestructurar la planta de personal del Servicio Nacional de Salud y a que su financiamiento sea considerado en la formulación del presupuesto de 1991.
En tercer lugar, impulsaremos la prevención y la protección de la salud. Con tal fin se fortalecerá el programa de inmunizaciones y se incentivará la capacitación del personal en áreas específicas de prevención y protección. Especial atención merece a este Gobierno la protección de la salud de los trabajadores y de las mujeres, particularmente en lo que atañe a la legislación de medicina preventiva.
Un elemento muy importante en las tareas de prevención es avanzar en la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. Por una parte, en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios. Por otra parte, vamos a impulsar los programas rurales de agua potable y el aumento de nuevas fuentes que proporcionen seguridad en la cobertura actual y futura.
En materia de alcantarillado, estamos evaluando soluciones de saneamiento que sean consistentes con la realidad nacional. Un ejemplo es el programa de saneamiento del Gran Valparaíso, cuyas fases de estudio y programación han terminado. Entre otras cosas, ello significa que en el mediano plazo las playas del litoral central se encontrarán limpias y abiertas para el desarrollo regional.
Es evidente que la negativa situación en el área de la salud requiere de un sector público mucho más robusto del que disponemos. Es necesario fortalecer la capacidad institucional del sector, y para ello se ha iniciado el proceso que llevará a la formulación de un Plan Nacional Estratégico de Salud. Igualmente, estamos estudiando la creación de un Consejo Consultivo Nacional para el sector.
Uno de los problemas más graves que afectan la salud de todos los chilenos es el de la contaminación ambiental. Adicionalmente, es un problema que nos puede traer serias repercusiones económicas, al tener como efecto que productos chilenos no puedan ingresar a mercados extranjeros por estar contaminados. En el caso de Santiago, se ha creado una Comisión Especial Interministerial, que ya ha puesto en práctica un conjunto de medidas inmediatas y estudia un plan de mediano plazo para abordar el problema de manera integral.
c. Política de Vivienda.
Tal como sucede con la salud, en materia de vivienda nos encontramos con una situación altamente negativa, a partir de la cual debemos desarrollar esfuerzos para progresar en el camino de la equidad.
No sólo padecemos un enorme déficit habitacional. A la vez, heredamos para el presente año una situación presupuestaria regresiva respecto de años anteriores. El gasto global neto y los recursos para financiar la inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se consideran en el presupuesto de este año son inferiores en más de un 7 por ciento a los niveles reales observados en promedio durante los dos años anteriores. Adicionalmente, si se quiere mantener el mismo nivel de gasto real de 1989 en el subsidio indirecto que ese Ministerio realiza en la venta de letras hipotecarias, la disponibilidad de recursos implicaría este año un déficit que se estima superior a los 3 mil millones de pesos.
Otra limitación para el desarrollo de programas habitacionales reside en la des capitalización y pérdida de reservas de suelo urbano, como resultado de la enajenación de activos disponibles realizada durante la Administración anterior. En varios casos, dichos recursos fueron aportados a programas habitacionales por valores muy inferiores a su tasación comercial y no se adquirieron los terrenos necesarios para el normal desarrollo de programas futuros.
Además del déficit de viviendas, es necesario subrayar que nuestras ciudades han crecido inorgánicamente. Por esto, hoy se carece de equipamiento comunitario y social en muchas poblaciones, especialmente en las de sectores de menores recursos.
Para avanzar en la solución del problema de vivienda en el mediano plazo, se ha elaborado un Plan Nacional de Vivienda, el cual consulta un aumento importante de las soluciones habitacionales. De este modo se tiene previsto alcanzar un ritmo de absorción del déficit heredado que permita, al cabo de cuatro años, sentar bases sólidas para su progresiva superación.
El plan se propone elevar la inversión pública en vivienda desde el 1,2 por ciento del producto geográfico bruto en 1990, hasta llegar al nivel que existía al comienzo del pasado Gobierno. Lograr esa meta implica aumentar significativamente el número de soluciones habitacionales entre 1990 y 1994, esfuerzo que exige incrementar la capacidad constructora, la inversión en vivienda, la organización social y la creatividad de los beneficiados.
En el presente año, atendidas las restricciones existentes, hemos asignado prioridad a las necesidades de los sectores de menores ingresos y extrema pobreza. Esas necesidades se atenderán mediante el Programa de Emergencia, para cuyo desarrollo será indispensable obtener recursos adicionales.
Las restricciones de recursos y la urgencia que afecta a los sectores de menores ingresos y en extrema pobreza han llevado a privilegiar, dentro de ese Programa de Emergencia, la amplitud de la cobertura por sobre el carácter más definitivo de la solución. En una primera etapa se entregarán soluciones iniciales mínimas, garantizando su urbanización y equipamiento comunitario básico. En el segundo y tercer año, con la participación del beneficiario y la colaboración técnica y financiera del Estado, se progresará hacia soluciones definitivas.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio del Interior, han reactivado el programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios, con el objeto de duplicar las soluciones que estaban previstas para 1990. Ello permitirá entregar 15 mil nuevos lotes, distribuidos en todas las regiones. Esta acción está especialmente dirigida a la atención de allegados, que componen el 20 por ciento de las familias de menores ingresos.
Tiene especial relevancia en la atención de las necesidades de vivienda y urbanismo de los más postergados el conjunto de actividades vinculadas al Ministerio del Interior, que se desarrollan a partir del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En la distribución del Fondo se ha establecido, como un criterio principal para la asignación de prioridades, el nivel de carencias sociales básicas. Igualmente, estamos modificando la capacidad redistributiva del Fondo Común Municipal en beneficio de las comunas cuya población presenta mayores niveles de pobreza.
En materia de subsidio habitacional se estudia la modificación del Reglamento pertinente con el fin de asegurar tres objetivos: primero, que las personas participen organizadamente en el mercado de la vivienda a través de cooperativas y organizaciones vecinales; segundo, obtener una mejor distribución regional de recursos para enfrentar el déficit habitacional; y tercero, que los subsidios lleguen mayoritariamente a las familias más pobres: hasta ahora, en efecto, por la vía de subsidios implícitos u ocultos, se ha estado privilegiando a familias de mayores ingresos.
El Plan Nacional de Vivienda se complementa con el desarrollo de acciones de mejoramiento urbano y de dotación de obras de equipamiento y de servicio. En este esfuerzo, la orientación y acción del Estado deberá complementarse con las iniciativas de las municipalidades y con la participación activa de la comunidad organizada. Se trata de alcanzar una gran movilización de recursos, iniciativas, solidaridad y buena voluntad para dignificar el nivel habitacional y poblacional de los chilenos de escasos recursos.
Junto con eso, el Gobierno se propone mantener y perfeccionar los mecanismos que faciliten la satisfacción de las necesidades habitacionales a los sectores medios y abordar con criterio realista el grave problema del crecimiento desmedido y anárquico de las ciudades, a fin de lograr una utilización más eficiente y económica de las áreas urbanas.
d. Política Educacional.
El proceso de democratización y modernización de la sociedad chilena y el pago de la deuda social contraída con los más pobres hacen de la educación uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno. No habrá una sociedad democrática y moderna en Chile si desde ahora no formamos y preparamos para ello a las nuevas generaciones, y si no damos las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad a todos nuestros niños y jóvenes, los hoy privilegiados y los hoy desposeídos. Ambos compartirán el Chile del siglo XXI y aportarán positivamente al desarrollo del país si reciben una educación que les permita comprender y participar en la sociedad moderna y democrática.
La situación que heredamos en materia educacional presenta problemas en cuanto a la calidad de la enseñanza, la alta desigualdad existente entre los distintos tipos de establecimientos y su fuerte fragmentación. A ello hay que agregar otros tres elementos que agravan su crisis.
En primer lugar, la disminución de recursos estatales. Mientras en 1970 el sector educación gastaba el 4,2 por ciento del producto geográfico bruto, en 1988 había reducido su participación al 2,7 por ciento. La administración municipal de los establecimientos presenta un déficit de arrastre de 7 mil millones de pesos, cifra semejante al déficit en el sector de las universidades, debido este último al problema de cobro del crédito fiscal y a necesidades de desarrollo institucional. La asistencialidad a los estudiantes ha sido dramáticamente reducida. En 1973, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ofreció desayunos u onces a 1.445.600 alumnos y almuerzos a 674.300; en 1990, se programó la entrega de 476.448 desayunos u onces y una cifra análoga de almuerzos.
En segundo lugar, la “municipalización” de escuelas y liceos no ha dado los frutos que se anunciaron en su origen. La calidad de la educación en los establecimientos municipalizados no es superior a la de los establecimientos privados subvencionados. Las comunidades no participaron en la gestión educativa, la cual en muchos casos ha tenido un carácter concentrador y a menudo poco transparente y arbitrario. Los docentes han visto deterioradas sus condiciones de empleo y han estado sujetos a una situación de inestabilidad y subordinación que afecta fuertemente la calidad de su desempeño profesional.
En tercer lugar, las condiciones en que se ejerce la función docente han sufrido un grave deterioro en todos los niveles, incluida la educación superior, lo cual afecta negativamente su desempeño y rendimiento.
Las consecuencias de todo lo anterior se traducen en notorias fallas en los diversos niveles del sistema. En la educación prebásica hay fallas de cobertura, de organización institucional y de funcionamiento. En 1989, por ejemplo, sólo un niño de cada cinco recibió atención preescolar.
En la educación básica hay graves problemas de calidad. Según pruebas que se han estado aplicando, los alumnos de cuarto año de educación básica aprenden algo menos de la mitad de lo que se espera de ellos, y los alumnos inscritos en escuelas gratuitas, provenientes de familias de bajos ingresos, aprenden sensiblemente menos que los inscritos en escuelas pagadas.
En la educación media se presentan los mismos problemas de calidad e inequidad, agravados por la gran desorientación existente en cuanto a los fines que ella debe cumplir. La educación media, hoy por hoy, no prepara adecuadamente para el trabajo ni para la educación superior, y tampoco da al estudiante los instrumentos necesarios para comprender, participar e interpretar la sociedad en que vive.
La educación superior presenta déficit de cobertura y una acentuada descoordinación y fragmentación institucional. Hoy, la cobertura del sistema universitario en relación a la población entre 20 y 24 años es inferior a la de 1973.
Frente a esta situación, buscaremos hacer efectivo el derecho y la oportunidad de los chilenos a una buena educación en todos los niveles, reafirmando los principios de la libertad de enseñanza y de un papel activo y responsable del Estado en las tareas educacionales.
En el nivel de la educación prebásica, esperamos ampliar la cobertura de la educación formal y de la no convencional, estimulando la participación activa de la comunidad. A la vez, procuraremos mejorar la calidad del sector actualmente cubierto a través de programas de perfeccionamiento y capacitación. Ese conjunto de acciones está siendo evaluado y coordinado por una Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional bajo la tuición del Ministerio de Educación.
Para el nivel de educación básica, se ha iniciado un programa de mejoramiento que se extenderá durante todo el período de este Gobierno y que en el presente año beneficiará a los novecientos establecimientos de más bajo rendimiento del país.
En relación a la educación media, se lleva a cabo un proceso de investigación, experimentación, innovación y evaluación que permitirá generar, previa una amplia discusión nacional, el consenso necesario sobre las orientaciones y fines de este nivel, tanto en lo que se refiere a la formación para el trabajo como a la preparación para la educación superior.
Con respecto a la educación para el trabajo, se está diseñando un programa de capacitación y formación profesional en la empresa, que involucra al Ministerio de Educación, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y al futuro Instituto Nacional de la Juventud. Sus destinatarios son jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. En cuatro años, abarcará a 160 mil jóvenes. Este programa es una expresión concreta del compromiso de este Gobierno con la creación de mayores oportunidades para la juventud.
Conscientes del deterioro padecido por la profesión docente, estamos estudiando, con la anuencia del Colegio de Profesores, un Estatuto de la Profesión Docente que regule a nivel nacional la carrera de profesor. Este Estatuto mejorará la calidad de la educación, hará justicia al profesorado y permitirá resolver, sin apasionamientos ni prejuicios, el problema de la administración y gestión del sistema educativo.
En cuanto a la gestión del sistema, se mantendrá el rol central del municipio, pero se rectificará su actual dependencia de la exclusiva voluntad de los alcaldes, asignando al Ministerio de Educación la función de supervisar y apoyar el proceso educativo y, sobre todo, de velar por su equidad. Nuestro objetivo es consolidar una institucionalidad que combine los principios de descentralización, participación de los profesores y de la comunidad, respeto a las diversidades culturales y regionales, y eficiencia administrativa.
En armonía con la meta de lograr una mayor equidad, el Gobierno mantendrá el sistema de subvenciones a la educación gratuita. A la vez, procurará incentivar la participación de la comunidad en este propósito. También estudiará las distorsiones que existen en el uso de los fondos públicos destinados a apoyarla, para adoptar las medidas que las corrijan.
Estamos conscientes de que la educación superior es crucial en el desarrollo del país. Sin embargo, tras las políticas aplicadas durante los últimos años, el sistema de educación superior, particularmente el universitario, padece hoy serios problemas de gobierno, coordinación y financiamiento. Por ello, respetando el principio de autonomía universitaria, el Gobierno ha creado una Comisión de Estudios, de composición pluralista y de alto nivel académico, que dentro de seis meses deberá hacer proposiciones para una legislación general de mediano y largo plazo que regule el sistema de educación superior.
En el plano del desarrollo científico, el actual nivel de las ciencias en Chile es sólo producto del esfuerzo personal aislado de los investigadores de universidades y centros privados. Al país le ha faltado lo que ha sido un factor decisivo en el desarrollo científico en otras naciones: una política nacional y un compromiso gubernativo claro con el avance de las ciencias. Estamos empeñados en la formulación de esa política, de modo de estimular la investigación, revitalizando el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, e implementando gradualmente los recursos para la actividad científica a través del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico y de los presupuestos universitarios. El apoyo a la investigación en universidades y centros privados, el cultivo de las ciencias a lo largo del país y la formación de personal en áreas prioritarias y áreas retrasadas nos pondrán en el camino de un auténtico desarrollo científico.
En el ámbito de la cultura, respetando la autonomía de sus diversas expresiones, creemos necesario incentivar la creatividad en sus múltiples manifestaciones y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios de carácter cultural. Con tales fines, hemos iniciado un esfuerzo de coordinación para generar una política cultural que, junto con fortalecer la comunidad de los creadores artísticos e intelectuales y canalizar sus aspiraciones, favorezca el desarrollo de la cultura popular y el acceso de las grandes mayorías a estos bienes y servicios.
e. Política frente a la pobreza.
Es imposible avanzar hacia una sociedad más equitativa si no se superan en medida importante las situaciones de pobreza que padecen tantos compatriotas. Los últimos dieciséis años han significado un serio retroceso en la situación de los más pobres. En cada recesión, los sectores de menores ingresos sufrieron la desocupación y la caída de sus remuneraciones, como asimismo los efectos de un drástico deterioro en el apoyo estatal a los programas sociales. En la fase de recuperación iniciada en 1984, la mejoría de estas situaciones no fue prioritaria para el anterior Gobierno, expresión de lo cual es el deprimido nivel del gasto social durante ese período. En 1988, el gasto social público por habitante era un 13 por ciento inferior al alcanzado en 1970.
Esta insuficiencia global es lo que ha motivado nuestra crítica. Sin perjuicio de ella, reconocemos los progresos técnicos alcanzados en la operación de programas específicos.
Nuestra política social está orientada por el principio de que superar la pobreza no se reduce a mejorar los ingresos de los más pobres. Es necesario crear las condiciones para que las personas en esa situación puedan superar las causas que la genera, mejorando sus oportunidades y capacidades para participar activamente en el desarrollo nacional.
En armonía con ese principio, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Planificación Nacional le asigna como una de sus funciones básicas la coordinación de las políticas y actividades destinadas a superar la pobreza. Dentro de un marco de severa escasez de recursos, el desempeño de esa función no sólo permitirá aumentar la eficiencia en el gasto social orientado a la superación de la pobreza, sino también traducirlo en acciones coherentes con la idea de hacer que los más pobres se capaciten y así puedan mejorar sus oportunidades de ser actores del desarrollo.
Por otra parte, se ha creado el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, dependiente de ODEPLAN, que financiará proyectos públicos y privados para beneficiar a los más pobres. La acción del Fondo pondrá énfasis particular en el apoyo productivo a los grupos de escasos recursos para que éstos, con el tiempo, logren generar capacidades e ingresos que puedan solucionar sus problemas. Se están definiendo proyectos orientados a estimular el crecimiento de la economía informal urbana y actividades de apoyo productivo a campesinos, pescadores artesanales y pirquineros. El apoyo a la economía informal urbana incluirá líneas de apoyo financiero y asistencia técnica, y contempla el impulso a las iniciativas de capacitación de los trabajadores.
La estructura orgánica de ODEPLAN cuenta con la División Social, cuya función principal es evaluar los efectos en los beneficiarios de los programas del sector público. Para el cumplimiento de esta función se vinculará con las organizaciones sociales de los más postergados, estimulando su participación en la solución de los problemas que los afectan. Nuestra meta es dar a los más pobres los medios necesarios para que puedan salir por sí mismos de la pobreza.
Dentro de los grupos sociales en situación de pobreza, uno de los sectores más postergados del país es el de los pobres rurales. Se está elaborando un amplio Plan de Desarrollo Rural que fortalezca las capacidades productivas de los pobres del sector, junto con darles mayor acceso a los servicios sociales básicos. Este plan se focalizará en las cien comunas rurales más pobres, coordinando acciones públicas y privadas, e incluye objetivos de asistencia técnica y medidas legislativas que regulen las relaciones laborales, particularmente para corregir problemas derivados de la temporalidad e inestabilidad de los empleos agrícolas.
Conviene subrayar que el éxito de las políticas respecto de la pobreza rural constituirá un beneficio para toda la sociedad, pues permitirá retener población en las áreas rurales, evitando los enormes costos sociales que acarrea la migración hacia las ciudades y el despoblamiento de los campos.
CUARTA TAREA: EL CAMINO DEL DESARROLLO
La economía chilena ofrece hoy perspectivas alentadoras. Después de una larga fase de inestabilidad, caracterizada entre otras cosas por profundas recesiones en 1975 y en 1982, acentuadas por políticas no siempre acertadas, el país ha logrado, con el sacrificio de todos, adecuar su economía a los nuevos requerimientos de la economía mundial y obtener un razonable equilibrio macroeconómico. En la segunda mitad de la década pasada, Chile ha financiado sus cuentas fiscales y su balanza de pagos; el producto se ha recuperado de la profunda recesión de 1982-1983 y la inflación se ha mantenido en niveles moderados.
Nuestra tarea es progresar en el camino del crecimiento. Hay varios factores favorables para el éxito de este esfuerzo. Poseemos profesionales de buena formación, una fuerza de trabajo comparativamente educada y capaz, nuevas generaciones de empresarios innovadores, abundancia de recursos naturales, una importante modernización productiva basada en los incentivos de una economía abierta, un dinamismo notable del sector exportador y un aparato estatal con una larga tradición de servicio y probidad administrativa. El crecimiento no sólo es posible. Es una realidad y el objetivo central de nuestra acción como Gobierno.
a. Criterios básicos.
Para perseverar en el camino del desarrollo, los chilenos debemos trabajar, debemos ser emprendedores y disciplinados. Sería lamentable que, so pretexto de que llegó la democracia, el país cayera en una actitud fácil de esperarlo todo del Estado; que sobreviniera un clima de complacencia y de relajamiento.
En el mundo de hoy, Chile necesita ser competitivo. Ello requiere de imaginación y creatividad, pero también de paciencia, austeridad y constancia. Como nación, no podemos permitirnos caer en un estado de ánimo empequeñecido y mediocre, donde predomine la lasitud de los espíritus. La democracia, el desarrollo y la equidad son desafíos constantemente renovados y no dádivas gratuitas.
Necesitamos tanto un Gobierno como un país eficientes y modernos. Lo primero es responsabilidad nuestra. Lo segundo es responsabilidad de la sociedad. Ningún sector social puede soslayar esa tarea amparándose en un Estado benevolente.
Para mi Gobierno, el motor primordial del desarrollo en esta época de la evolución de nuestro país reside en la empresa privada. El rol del Estado ha experimentado una redefinición. Ello no sólo ha sucedido en Chile; es una tendencia mundial, que se manifiesta hoy con gran vigor aun en aquellos países de economías hasta ayer centralmente planificadas.
El Estado estimulará el desarrollo utilizando los recursos públicos con la máxima eficiencia posible. Pero el desarrollo provendrá fundamentalmente de la capacidad, innovación y espíritu de empresa que el sector privado despliegue en sus actividades, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales.
Consecuente con este criterio, el Estado buscará regular la actividad de los mercados mediante normas generales, de aplicación universal, y se abstendrá de intervenciones puntuales, erráticas y frecuentes, cuyo único efecto es desorganizarlos e introducir elementos de ineficiencia que, al acumularse, terminan por detener el crecimiento. Si hay imperfecciones importantes o ineficiencia de los mercados en la asignación de recursos, intervendremos a través de medidas correctivas que, en la medida de lo posible, deberán persistir sólo por el tiempo que sea estrictamente necesario.
No es tarea del Estado asegurar rentabilidad a empresas determinadas o a sectores específicos. Su rol es garantizar un marco económico y político estable, que posibilite un desenvolvimiento normal de las actividades, sin más riesgo e incertidumbre que los propios de cada sector.
En armonía con estos principios, respetaremos los derechos de propiedad, buscando que se consoliden adecuadamente en aquellos casos donde aún existen situaciones de indefinición o controvertidas. Este es un principio que haremos efectivo en general, y específicamente en el caso de actividades como la minería, la agricultura y la pesca.
b. Control de la inflación.
Una de las tareas básicas del Estado es actuar en todo momento buscando mantener una situación macroeconómica equilibrada. En esta materia se experimentó en los años recientes un notable progreso, que se ha visto empañado a partir de 1988 por un retroceso que, al configurar una situación delicada, ha obligado a adoptar un conjunto de medidas correctivas a las que se denomina usualmente “ajuste”.
Desde mediados de 1988, el Gobierno anterior llevó a cabo una política expansiva con finalidades electorales y el gasto excedió a las capacidades productivas reales del país. Como resultado, en 1989 se produjo un recrudecimiento de la inflación, de modo tal que, si se toma la inflación acumulada en el último trimestre del año pasado y se la proyecta hacia fines del presente año, llegaríamos a un nivel de inflación francamente preocupante.
La inflación es el peor enemigo del crecimiento y del progreso social. Con ella se perjudican los que viven de un sueldo, y toda la economía se resiente. Hay ejemplos suficientes en el mundo que atestiguan sobre los terribles efectos de ese flagelo económico. Tales ejemplares deberían hacer meditar a los que adoptan posiciones irresponsables en esta materia y a los que, cegados por consideraciones sectoriales estrechas, sólo perciben las consecuencias negativas, ineluctables pero pasajeras, que originan las medidas destinadas a combatir una posible aceleración inflacionaria.
El control de la inflación es responsabilidad conjunta del Banco Central y del Gobierno. Conscientes de los riesgos que la situación macroeconómica encierra, ambas autoridades estamos llevando a cabo una política de ajuste que disminuya las presiones de demanda, detenga el rebrote inflacionario y permita retornar a una vía de crecimiento estable que armonice los aumentos en el gasto con los incrementos en nuestra capacidad productiva.
Deseo subrayar, sin embargo, que el esfuerzo antiinflacionario no se agota en las medidas de política monetaria y fiscal. Esta lucha es responsabilidad de todos. Se imponen una austeridad generalizada y expectativas salariales prudentes, puesto que disminuir la inflación exige también disminuir las presiones de alza de costos.
Quiero dejar en claro que persistiremos en la política de ajuste hasta lograr reencauzar la economía en una vía de crecimiento equilibrado. No vamos a practicar una política fácil, dejándonos presionar por intereses sectoriales o sacrificando el bien común en pos de una fugaz popularidad.
Sabemos que el ajuste trae consigo un cierto grado de desactivación, que perjudica principalmente a algunos tipos de actividad. Estamos abiertos a escuchar sugerencias del sector privado y a tomar las medidas correctivas idóneas que sean posibles. Pero, a la vez, es necesario tener conciencia de que la estabilidad económica es una condición necesaria para el crecimiento. Si hay estabilidad, llegará al país la inversión extranjera y aumentará la tasa de inversión interna. Así, se elevará nuestra capacidad productiva y obtendremos tasas de crecimiento más altas. Ello compensará con creces los sacrificios de este tiempo.
c. La Reforma Tributaria.
Fieles a este propósito de preservar una economía equilibrada, decidimos financiar el gasto público requerido para atender las carencias sociales más graves mediante una Reforma Tributaria que proporcione más recursos al Estado. Con satisfacción hemos comprobado que esta Reforma ha sido aceptada por la inmensa mayoría del país.
El que se busque obtener mayores recursos para el Estado por la vía de la Reforma Tributaria no significa que se vaya a disminuir la fiscalización al cumplimiento tributario. Por el contrario, el régimen democrático que el país soberanamente ha escogido exige un cumplimiento cabal y no una relajación de la ley. El Gobierno será riguroso y estricto en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, máxime cuando se trate de abusos a incentivos a la producción y exportaciones, según se ha visto recientemente.
Como lo explicó el señor Ministro de Hacienda ante este Honorable Congreso, enfrentamos problemas presupuestarios serios, pese a la mayor recaudación tributaria que obtendremos. El presupuesto heredado del Gobierno anterior es insuficiente en alrededor de 380 millones de dólares. El error de cálculo en que el Gobierno anterior incurrió ha sido confirmado por los resultados de la Operación Renta que acaba de concluir.
El país entero debe saber que para el año en curso nuestras restricciones presupuestarias son serias. Este no será un año de holguras. Por ello, el esfuerzo en gasto social va a ser necesariamente gradual. Realizaremos una política de estricta austeridad en el sector público, a fin de que el ingreso que genere la Reforma Tributaria pueda ir mejorando paulatinamente nuestro nivel de gasto social.
Quienes tengan expectativas de realizaciones extraordinarias y rápidas se equivocan. Vuelvo a repetir: éste es un año de estrechez. Respecto de los años próximos, habrá holguras crecientes, sucesivas y graduales, que si bien no deben alimentar esperanzas desmesuradas, nos permitirán ir progresando sólidamente hacia un mayor bienestar.
d. Deuda externa.
Como es de dominio público, pesa también sobre nosotros la restricción que implican el cuantioso volumen y el servicio de la deuda externa que heredamos.
A fines del año pasado, nuestra deuda externa total ascendía a 16 mil 300 millones de dólares, lo que representa un 64 por ciento del producto geográfico bruto y 1,7 veces nuestras exportaciones de bienes y servicios. El año pasado pagamos intereses que alcanzan a un 7 por ciento de ese producto.
El gravamen para el futuro próximo es aún mayor, por la acumulación de compromisos para los próximos años resultantes de las anteriores renegociaciones de la deuda, y por la reversión de los flujos de financiamiento con la banca multilateral, derivada de la ausencia de nuevos proyectos sociales y productivos.
Nadie puede negar el extraordinario esfuerzo realizado por nuestro país para cumplir con sus compromisos externos y reducir su endeudamiento. Por esta razón, creemos plenamente justificado invitar a los organismos multilaterales, a los Gobiernos de los países amigos y, especialmente, a la banca comercial e instituciones financieras privadas a desarrollar un esfuerzo conjunto y activo que permita a Chile tener acceso a los aportes que el país va a necesitar para crecer con estabilidad. En los primeros meses de gobierno, el equipo económico se ha abocado al diseño de una nueva estrategia de manejo de la deuda externa y a preparar el terreno para las negociaciones que se desarrollarán a partir de los próximos días. Es nuestra firme intención que el resultado de estas negociaciones sea plenamente compatible con nuestros objetivos de crecimiento y estabilidad.
e. Necesidad y perspectivas de inversión.
La recuperación de la economía chilena en los últimos años, junto a la baja inversión, agotó prácticamente la capacidad productiva disponible en 1989. Para mantener una tasa anual de crecimiento del 5 por ciento se requiere de un esfuerzo de inversión del sector privado sostenidamente superior al que se realizó durante el Régimen anterior.
La experiencia reciente de nuestro país indica que la inversión privada requiere de un tratamiento favorable en el sistema tributario y en las regulaciones a la inversión extranjera, normas e incentivos que no modificaremos. La estabilidad económica y política, un clima de cooperación entre el sector privado y el Estado, y un sistema financiero orientado a la intermediación eficiente de los recursos, son elementos indispensables para una sostenida expansión de la inversión.
En estos primeros meses hemos visto con satisfacción cómo el cambio de Gobierno y la llegada de la democracia no han alterado las expectativas de los agentes económicos sobre las perspectivas de nuestro país. No sólo no se ha producido el colapso predicho por algunos agoreros, sino que se ha mantenido la estabilidad de los principales indicadores financieros y se ha afianzado el interés por invertir en Chile.
Sólo en el primer trimestre de este año se autorizaron inversiones extranjeras por un valor de 400 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 77 por ciento respecto del año anterior. Hoy en día existe un stock de 500 proyectos de la inversión con participación extranjera, por un valor de 14 mil millones de dólares.
Es de fundamental importancia para el país que estos proyectos, que generarán empleo y bienestar para los chilenos, se materialicen en los próximos años.
A ese cuadro favorable, hay que agregar que hemos puesto rápidamente en marcha un proceso destinado a movilizar recursos de la banca multilateral hacia proyectos prioritarios de inversión social y productiva. Para ello, luego de identificar las áreas y proyectos prioritarios, se han establecido contactos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, recibiéndose en las últimas semanas varias misiones de estos organismos destinadas a establecer las primeras bases de los nuevos proyectos.
Estos proyectos no sólo ofrecen la ventaja de contar con un aporte externo sustancial, sino que garantizan un grado de coherencia, control y seguimiento que los hace altamente atractivos en cuanto a garantizar la eficiencia en el uso de los recursos. El objetivo del Gobierno es conseguir que un buen número de estos proyectos esté en condiciones de iniciarse a comienzos de 1991.
f. Desarrollo tecnológico.
Para alcanzar un crecimiento sólido y sostenido, es necesario superar nuestras insuficiencias tecnológicas y de capacitación. La experiencia de los países económicamente más exitosos muestra que la estabilidad en el crecimiento requiere que, por sobre la explotación de recursos naturales, el país se inserte en los mercados mundiales por medio de la exportación de productos y servicios que incorporan crecientemente el progreso técnico. Así se alcanzan niveles de competitividad en los mercados y se logra una mayor retribución para los productos nacionales.
Nuestro objetivo es que, mediante un apoyo eficiente del Estado, sobrepasemos la barrera del atraso tecnológico, incorporando cada vez mayor valor agregado a nuestros productos. Este es un camino de grandes esfuerzos, en el cual no es posible quemar etapas y en el que hay que consolidar cada paso.
La filosofía que orienta nuestra acción de apoyo para sobrepasar la barrera del atraso tecnológico es la de hacerlo promoviendo la cooperación y la asociación entre los empresarios y el Estado. No se trata de imponer unilateralmente al sector privado iniciativas o proyectos, o desperdiciar los recursos públicos en acciones aisladas, desvinculadas del mundo real de la economía y sin consecuencias prácticas. Para que el apoyo del Estado sea eficiente y rinda frutos, la cooperación y asociación con la empresa privada son indispensables.
En armonía con estos criterios, se considera la creación de unidades especializadas en el estudio de problemas de productividad y gestión en los diversos sectores económicos. Se tratará de pequeños centros privados, altamente tecnificados, con gran flexibilidad en su accionar. En ellos se asociarán productores y el Estado para buscar soluciones compatibles con los instrumentos de que dispone la política gubernamental y con la capacidad de los empresarios. El carácter asociativo de estas unidades hace de ellas un instrumento adecuado para satisfacer las necesidades de las empresas pequeñas y medianas, que en razón de su tamaño se ven impedidas para enfrentar individualmente los desafíos de avance tecnológico y modernización de la gestión.
Sabemos de la existencia de factores que desincentivan la innovación tecnológica en el seno de las empresas. No obstante, nos interesa que los empresarios incorporen permanentemente nuevas tecnologías en sus actividades. Para ello, se creará un Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico que complemente el actual Fondo de Desarrollo Productivo de CORFO, a fin de fomentar la utilización de nuevas tecnologías en la producción nacional e incentivar la inversión en proyectos innovadores. Dedicaremos a este objetivo recursos que esperamos alcancen los 100 millones de dólares hacia 1994.
En el área del desarrollo tecnológico se aumentarán la calidad e impacto de la investigación llevada a cabo por los institutos especializados de CORFO. Asimismo, las universidades deberán hacer una contribución más importante a la superación de la barrera del atraso tecnológico a través de la investigación que se realiza en ellas, asociándose con el sector privado. En este aspecto, al país le ha faltado una política explícita, capaz de comprometer a la investigación universitaria con nuestro desarrollo económico. Conscientes de esa carencia, estamos diseñando una política que fije áreas prioritarias en el campo tecnológico, a fin de recuperar la investigación universitaria para el crecimiento mediante un sistema de incentivos adecuados.
g. Rol de la Corporación de Fomento.
En el apoyo estatal al crecimiento, la Corporación de Fomento tiene un importante rol que jugar.
El Gobierno recibió esta entidad disminuida respecto a lo que fueron su patrimonio, sus recursos profesionales y su capacidad de acción. Además, en vez de cumplir una función de apoyo al crecimiento, ha estado siendo utilizada como instrumento para el traspaso de bienes al sector privado. Adicionalmente a su déficit presupuestario en 1990, que alcanza a 10 mil millones de pesos, está endeudada en 1.560 millones de dólares, por haber asumido deudas de las empresas privatizadas.
Pese a las condiciones muy negativas en que se encuentra, nuestro propósito es hacer de CORFO un instrumento para apoyar el crecimiento, en la certeza de que cuenta con una capacidad humana y técnica que ofrecer al servicio de ese desafío.
Atribuimos a CORFO una significativa función en el aumento de la inversión productiva para acelerar el crecimiento. Puede lograrlo incrementando los volúmenes de crédito disponibles para las empresas, proporcionando asistencia técnica y capacitación a pequeñas empresas a través de SERCOTEC, y realizando estudios de factibilidad de inversiones e innovación tecnológica. También privilegiará créditos a empresas más intensivas en trabajo para contribuir a generar más y mejores empleos productivos, y fomentará la competitividad y productividad nacionales a través de los estudios aplicados que realizan sus institutos de investigación.
Otra área que nos preocupa es la de la innovación en modalidades de gestión. La experiencia contemporánea muestra que los mecanismos asociativos de gestión pueden ser muy exitosos en la medida en que se desenvuelvan en un clima general de convivencia social pacífica. En el convencimiento de que Chile ha entrado en esa fase de su desarrollo histórico, el Gobierno incentivará la formación de cooperativas como una modalidad de gestión económica innovadora que fomenta, al interior de la comunidad, un estilo de convivencia altamente positivo. El desafío para estas modalidades de gestión es conquistar un espacio en condiciones de competitividad y exigencias de productividad, sin que ello implique subsidios estatales.
h. Comercio internacional.
Nuestra política exterior debe ser un instrumento importante en el fomento de una economía cada vez más competitiva internacionalmente.
Para intensificar las relaciones comerciales, Pro Chile abrirá diversas oficinas comerciales y reforzará otras. Paralelamente, se ha programado el envío de misiones comerciales con determinante participación del sector privado a México, los países escandinavos, la Comunidad Económica Europea, Europa Central y el Medio Oriente. Esto será complementado con un perfeccionamiento de la información comercial y la organización, conjuntamente con los exportadores chilenos, de campañas especiales de difusión para colocar nuestros productos en los difíciles mercados internacionales.
Siempre en el ámbito de la promoción de exportaciones, Pro Chile incrementará su participación en las ferias internacionales durante el presente año, conservando la concurrencia a aquellas en las que la presencia chilena está consolidada.
La Comunidad Económica Europea negocia en estos momentos un Acuerdo Marco de Cooperación Económica con Chile, que esperamos esté suscrito y en vigencia en el segundo semestre de 1990 y al que asignamos especial relevancia. La iniciativa para que Chile tenga acceso al Banco Europeo de Inversiones, de manera que éste pueda operar en América Latina a través de nuestro país, ha obtenido determinantes apoyos en la Comisión del organismo europeo. La materialización de este objetivo constituiría un hecho sin precedentes, toda vez que el Banco no ha extendido sus actividades hacia ningún país de la región hasta la fecha. Ello permitiría canalizar importantes recursos para financiar en Chile proyectos dirigidos al desarrollo de exportaciones a Europa, con transferencia de alta tecnología de este continente hacia nuestro país.
Chile enfrentará en buena posición diplomática y económica los desafíos de la unidad europea. La reinstauración de la democracia en nuestro país nos ha devuelto importantes amigos en una Europa que se ha declarado presta a respaldar el proceso chileno. Nuestros objetivos ante la Comunidad Económica Europea son claros y concretos: intensificar y diversificar el comercio; estimular una mayor fluidez de intercambio mediante la eliminación paulatina de las barreras arancelarias y paraarancelarias; acordar prioridades para una cooperación avanzada en aquellos campos estratégicos para el desarrollo económico y social de Chile; estudiar los mecanismos y vías para incrementar el flujo de inversiones; promover el establecimiento de vínculos de cooperación entre instituciones financieras; generar contactos, y promover la cooperación económica entre entidades del sector privado.
i. Protección del medio ambiente.
Además de los problemas de contaminación ambiental que padecemos, enfrentamos también situaciones de degradación de nuestros recursos naturales, con el riesgo claro de que las futuras generaciones carezcan de un sistema ecológico que sustente adecuadamente el crecimiento.
Hay destrucción de recursos ictiológicos, deterioro continuado de los suelos, una acelerada destrucción del bosque nativo y de la fauna autóctona. Estos son los síntomas más visibles de una situación caracterizada por la ausencia de una política protectora de los recursos y de un sistema de incentivos que fomente su explotación racional.
Hemos tomado algunas medidas inmediatas en esta materia: se ha declarado monumento nacional a la araucaria y la Corporación Nacional Forestal ha establecido mecanismos de control de explotación de bosques nativos.
Pero bien sabemos que se trata de medidas parciales y paliativas. Se necesita de una política de largo plazo que dé sustentabilidad a nuestro crecimiento. Con ese fin, se ha creado la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con carácter interministerial y presidida por el señor Ministro de Bienes Nacionales. Esta Comisión cuenta con un Comité de Ministros, un Comité Operativo y una Secretaría Ejecutiva. Ella dará coherencia a nuestras políticas sobre medio ambiente, donde los Ministerios de Salud, de Economía, de Agricultura, de Minería, de Vivienda y Urbanismo y de Transportes serán los principales organismos operativos.
La necesidad de conciliar el desarrollo de la producción nacional, el estímulo a la actividad privada y, en particular, el aumento de las exportaciones con la adecuada protección de nuestros recursos naturales, se hace presente con fuerza en el ámbito pesquero. Durante el Gobierno anterior se aprobó una Ley de Pesca, cuya entrada en vigencia fue postergada por medio de una ley que tuvo rápida acogida en este Honorable Congreso, para dar tiempo a preparar una legislación más adecuada a los requerimientos del desarrollo nacional y al funcionamiento del sector. Mi Gobierno está completando un proceso de consultas con los diversos sectores involucrados y enviará en breve para la consideración del Honorable Congreso el proyecto de ley respectivo que establezca un sistema permanente que contemple mecanismos de regulación flexibles y eficaces, compatibles con el desarrollo racional de la actividad pesquera.
j. Minería.
Entre nuestros recursos no renovables de mayor importancia están los minerales. En la minería, el Estado no sólo desempeña un papel importante como productor, sino que además debería fomentar una explotación racional de esos recursos.
La minería en general, y el cobre en especial, constituye una de nuestras principales vías para un mejor acceso a la economía mundial. Si no lo logramos en este campo, es difícil que lo hagamos en otros, pues en él es donde tenemos mayores ventajas comparativas, potencial tecnológico, capacidad de negociación y las empresas de mayor presencia internacional.
Hoy nos encontramos con un sector minero en expansión y con interesantes proyectos, que constituyen un activo muy importante. Es deber del Gobierno dar las señales adecuadas para que este flujo continúe y aumente. Esto significa administrar eficientemente sus empresas, establecer regulaciones claras y estables para el conjunto del sector, y estimular aspectos específicos de interés nacional.
Los objetivos de nuestra política minera son varios: asumir un rol de mayor liderazgo en la industria minera, en especial del cobre; incentivar el flujo de inversión en el sector; diversificar la producción minera, reduciendo la alta participación relativa del cobre; aumentar la presencia directa de empresas chilenas en los mercados consumidores a través de la integración con empresas locales; compatibilizar el desarrollo minero con la preservación del medio ambiente; coordinar decisiones de producción e inversión de los productores con el fin de evitar impactos negativos en los mercados, y fomentar la pequeña minería para conformar un estrato eficiente y estable de pequeños productores.
En el sector público productivo, es necesario modernizar las empresas y adecuar los servicios a las nuevas exigencias. La Corporación Nacional del Cobre, la Empresa Nacional de Minería y la Empresa Nacional del Petróleo no pueden dar ventajas a sus competidores, lo que exige criterios de administración profesional y sin cortapisas burocráticas. Los servicios públicos deben justificar su existencia en virtud de los aporte efectivos que realicen al logro de los objetivos recién señalados.
En el caso de CODELCO, es necesario racionalizar sus actividades para contener la tendencia al alza en sus costos. Esa tendencia es grave. Además de las previsiones negativas respecto del precio del cobre en los mercados internacionales, CODELCO enfrenta problemas derivados de las leyes cada vez menores de sus yacimientos, así como de la mayor dureza de sus minerales y de los desafíos tecnológicos que dicen relación con sus operaciones. De hecho, la producción esperada para 1990 es inferior a la obtenida en 1989, según proyecciones de la administración saliente. La nueva administración de CODELCO se ha hecho cargo de este problema.
En el caso de ENAMI y ENAP, hay que realizar inversiones para ampliar sus capacidades de fundición y refinación, respectivamente, las que pronto serán insuficientes para abastecer la demanda nacional.
k. Agricultura.
Otra área donde los recursos naturales juegan un principalísimo papel es la agricultura.
Sin duda, el sector ha experimentado transformaciones notables en los últimos años, al surgir un sector comercial dinámico, no tradicional, altamente competitivo en los mercados mundiales.
Nuestra política mantendrá las condiciones y reglas del juego que permitieron el surgimiento y expansión de ese sector. A la vez, el Estado pondrá a disposición de él los instrumentos propios para acentuar su dinamismo y competitividad, particularmente en lo que se refiere a apoyo tecnológico, apertura de mercados en el exterior, lucha contra el proteccionismo y prácticas discriminatorias de productores y autoridades en esos mercados.
Nuestro Gobierno tiene un compromiso central con el desarrollo campesino, que se traducirá, además de las prioridades ya señaladas en el campo de la legislación laboral y el combate a la pobreza rural, en el fortalecimiento y expansión gradual de créditos y asistencia técnica a los pequeños propietarios a través de la acción del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, con la colaboración de aportes privados.
Un caso importante es el del sector triguero. Este rubro representa el 50 por ciento de la superficie sembrada, con cultivos anuales y con una importancia crucial en la alimentación nacional. Durante los últimos años, este sector fue objeto de una política errática, que culminó en el tratamiento dado a la última cosecha. La tardía fijación del precio de intervención de la Comercializadora de Trigo S.A., COTRISA, y el anuncio de un límite global de compra y de una escala inadecuada que posteriormente se modificó, provocaron la total desorganización del mercado del trigo, con el resultado de que el precio fijado por COTRISA no logró su regulación.
La desorganización del mercado llegó a tal grado, que se nos instó a anunciar nuestra política frente a este cereal, incluso con anterioridad a la asunción del mando. El Gobierno, haciendo un extraordinario esfuerzo, expuso el 1º de abril un completo enunciado acerca de una política para la comercialización del trigo, tanto en lo que restaba de la presente temporada como para las siembras futuras, lográndose por primera vez en muchos años anunciar el precio de intervención de COTRISA con bastante anterioridad a la siembra. De esta manera, los agricultores podrán efectuar sus decisiones de producción con un horizonte cierto de precio de venta a futuro.
Tal como en el caso del trigo, han faltado una conducción y orientación para el sector privado no dinámico. He instruido a las autoridades sectoriales para que se inicie el estudio de las diversas situaciones y se identifiquen los instrumentos adecuados para convertir el conjunto de la agricultura al dinamismo y modernización de sus sectores más avanzados.
Es esencial en este sector progresar en la capacidad contralora requerida para proteger el patrimonio sanitario silvoagropecuario, tan importante para nuestra capacidad exportadora. Por ello, prestaremos especial atención al Servicio Agrícola y Ganadero, velando por que cuente con recursos, personal y capacidad técnica adecuados.
l. Infraestructura y Obras Públicas.
El rol del Estado es insustituible en cuanto a la preservación y desarrollo de las condiciones de infraestructura que el crecimiento va requiriendo.
La inversión estatal en infraestructura durante los últimos años ha sido insuficiente. Ello se constata al comparar los recursos asignados al sector con el crecimiento del país. Organismos especializados en la materia, como el Instituto de Ingenieros de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, han destacado la gravedad de esta situación como limitante del desarrollo nacional. Parte de esta insuficiencia se ha debido a la tendencia a reducir las inversiones públicas en infraestructura cada vez que se efectúan ajustes económicos. Pero gran parte se ha debido también a la desconfianza por todo lo que realiza el Estado, creencia propia de las ideas ultraliberales que han predominado en la conducción económica del país. Fuimos testigos de intensas polémicas ideológicas que en muchos casos llevaron a la completa inactividad en áreas donde las inversiones no sólo eran y siguen siendo urgentes, sino extremadamente rentables para el país, como es el caso de los puertos.
Algunos ejemplos ilustran bien estas deficiencias. Entre 1970 y 1989 la población creció en cerca de 40 por ciento; la producción, en aproximadamente 60 por ciento. En cambio, la inversión total del Ministerio de Obras Públicas disminuyó en 34 por ciento. Por otra parte, entre 1974 y 1989 la red pavimentada creció en 32 por ciento, mientras que la flota de vehículos lo hizo en 150 por ciento. Al ritmo actual de obras, nos tomará unos setenta años completar la pavimentación de nuestra red básica.
Una nueva política para el sector de infraestructura requiere, por lo tanto, un balance equilibrado de lo acontecido durante los últimos años. Es importante reconocer, porque constituye un hecho positivo, que en algunos sectores, como el portuario, el país ha podido mantenerse todo este largo período sin tener que realizar grandes inversiones, e incluso sufriendo pérdidas significativas de capacidad en sus instalaciones. Ello se debe a que se han producido mejoramientos operacionales que han incrementado de un modo notable la productividad y la capacidad tecnológica, como el uso de “containers”, que hace más eficiente la transferencia de la carga general, tradicionalmente la más lenta y complicada de movilizar.
En otros casos, como el del agua potable, ha sido posible incrementar significativamente la cobertura, continuando con la tendencia histórica, mediante el uso de la capacidad existente de fuentes de abastecimiento. Esto ha hecho posible incrementar los servicios con inversiones relativamente pequeñas. En el caso del alcantarillado, la cobertura también ha crecido. Pero, en la misma medida en que lo ha hecho, se han ido complicando los problemas de disposición de las aguas servidas.
En el caso de la vialidad urbana, se han podido paliar los crecientes problemas de congestión recurriendo a mejoramientos operacionales en los sistemas de tráfico y a inversiones relativamente modestas en optimización de intersecciones de calles y avenidas. Sin embargo, en todos estos casos, la capacidad acumulada por las inversiones históricas hechas por el país ya se encuentra virtualmente copada, y son indispensables nuevas inversiones para el futuro. En otros casos, como el de vialidad interurbana, tenemos que incrementar la inversión para recuperar el terreno perdido. Este es un desafío que Chile deberá adoptar con decisión en el futuro próximo y que, obviamente, tiene un costo.
Respecto a vialidad, se contemplan, entre otros, los siguientes proyectos: proyectos de vialidad urbana, de rentabilidad probada, hasta por un monto de 300 millones de dólares; dobles calzadas en la Carretera Panamericana; construcción o pavimentación de tramos en el Camino Longitudinal Costero entre la Quinta y Octava Regiones; nuevas pavimentaciones de la red Básica y mejoramiento de la red Austral.
Además, dado que se están gastando en conservación sobre 120 millones de dólares al año en razón del mal uso de carreteras y las violaciones de peso máximo por eje, la Dirección de Vialidad fortalecerá el programa de control de pesos.
El Gobierno también se encuentra elaborando una política clara y definida sobre aguas, que represente los principios que lo animan y exprese la voluntad del país de aprovechar ese recurso en forma sustentable en el tiempo, y ponga término a la contaminación de sus fuentes. Se trata de llevar los beneficios derivados de su utilización a toda la población, consagrando en forma práctica su verdadera naturaleza de bien nacional de uso público, hoy sólo nominal.
Sobre estas bases, y con la concurrencia de toda la comunidad nacional interesada en el recurso, de los sectores tanto público como privado, incluidos los usuarios organizados y las universidades, se revisarán la legislación y la institucionalidad respectivas, para hacerlas útiles a los fines reseñados. El cambio de legislación que se propiciará propondrá perfeccionar los mecanismos de asignación y establecer las regulaciones necesarias del derecho de aprovechamiento que surgen naturalmente de su escasez creciente, para extender los beneficios del recurso a todo el cuerpo social. En lo inmediato, hemos dispuesto el desarrollo de un plan de saneamiento de títulos y organización de usuarios, como igualmente la ejecución de acciones conducentes a optimizar el uso de fuentes. Las particularidades regionales de las zonas desérticas harán necesaria una normativa especialmente adecuada a ellas, como igualmente su consideración en los planes de acción por desarrollar.
Respecto de las inversiones en riego, en la última década prácticamente no se ha efectuado el tipo de grandes obras que han hecho posible el desarrollo agrícola de tantas regiones de nuestro país. Se han realizado obras menores, motivadas por la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Riego, mecanismo valioso que este Gobierno fortalecerá, buscando llegar también a los pequeños agricultores y campesinos, que no han tenido oportunidad de contar masivamente con este beneficio. En materia de inversiones mayores, el gran desafío consiste en desarrollar sistemas que permitan ejecutar obras recuperando costos de quienes gocen de los beneficios. Resuelto esto en forma ágil y pragmática, es posible desarrollar programas de inversión mayores y medianos en diversas zonas del país, donde ya existen proyectos en distintas etapas de estudio y algunos en construcción.
En lo que se refiere a obras portuarias, recientemente se ha formado una Comisión entre los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes y la Empresa Portuaria de Chile para la ejecución de las obras programadas en los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente. Es una decisión de este Gobierno recuperar los puertos de la Quinta Región e incrementar la capacidad del puerto de San Vicente en un sitio adicional. Además, se fortalecerá el programa de inversión en caletas pesqueras y rampas. Nuestra intención es otorgar claras señales al sector privado para que nuevos proyectos puedan ser ejecutados por empresas, dentro de un marco estable y bien definido en materia de tarifas y programas de inversiones fiscales.
En materia de aeropuertos, el Gobierno está analizando un programa de inversiones que permita mejorar la capacidad de aeropuertos intermedios en lo que se refiere a terminales de pasajeros, carga y pistas de aterrizaje. Con respecto al principal aeropuerto de nuestro país, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, he otorgado prioridad a definir el anteproyecto, a fin de que la construcción del nuevo terminal pueda comenzar el próximo año, resolviéndose una situación postergada por más de una década.
m. Transportes y Telecomunicaciones.
El sector transporte requiere de la utilización y consumo de cuantiosos recursos económicos escasos para el país: la infraestructura de transporte (su construcción y mantención), equipos y material rodante, insumos como el combustible, los que en conjunto suman varios miles de millones de dólares al año, con un alto componente en divisas. La operación de los distintos sistemas de transporte tiene, además, impacto sobre la calidad de vida de la población, tanto en relación con la contaminación del medio ambiente y ocurrencia de accidentes como en cuanto a las posibilidades de accesibilidad e integración social que ofrece a la comunidad nacional.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe, por una parte, administrar en forma eficiente los recursos involucrados en la operación y desarrollo del sistema nacional de transporte; y por otra, instaurar normas, regulaciones y reglamentaciones que permitan el desarrollo de la actividad privada en el sector, de forma que puedan establecerse servicios de transporte seguros y confiables con una tarifa razonable. Para el logro de estos objetivos, el Ministerio debe realizar, entre otras funciones, la planificación y coordinación del sistema nacional de transporte, la regulación de la operación de los medios de transporte y la reglamentación de las empresas de servicios.
Las políticas seguidas en los últimos años, que eliminarán las reglamentaciones básicas para los servicios de transporte público, han conducido a que éstos se caractericen por su inseguridad, sus elevadas tarifas y un exceso de parque vehicular que redunda en congestión del tránsito y contaminación ambiental.
En cuanto a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, el actual Gobierno la ha recibido disminuida y en un estado de lamentable deterioro en su infraestructura y material rodante, con una deuda de arrastre de 88 millones de dólares que la empresa no puede pagar con los ingresos que genera.
En el período 1990-1994 se deberán abordar los problemas prioritarios del sector transporte, para lo cual se requiere desarrollar una legislación de transporte que permita regular la actividad privada en aquellas situaciones en que la libre competencia no conduce a la eficiencia en la operación de los mercados, e intervenir allí donde es preciso evitar o controlar la presencia de monopolios.
En el sector ferroviario, será necesario rehabilitar los ferrocarriles en la perspectiva de establecer una competencia sana en el transporte terrestre; definir y poner en marcha un programa de rehabilitación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que defina su rol de largo plazo en el transporte de carga y pasajeros, y que signifique consolidar un sistema ferroviario eficiente y moderno, adecuado a las necesidades de transporte del país; hacer de ella una empresa con relaciones laborales estables y justas y que dé servicios socialmente rentables.
En transporte urbano, las tareas serán impulsar la modernización del transporte público para mejorar los niveles de servicios y enfrentar la creciente utilización del automóvil; compatibilizar las medidas para reducir la contaminación atmosférica en Santiago con políticas adecuadas para el desarrollo del sistema del transporte de la ciudad; establecer reglamentaciones técnicas respecto de los requisitos que deben cumplir los vehículos que se utilizan en los servicios públicos de transporte urbano, velando por la seguridad de los usuarios de la población en general y la calidad del medio ambiente.
En el sector portuario, debemos asegurar la provisión de infraestructura adecuada en los puertos para el movimiento del transporte internacional; promover el desarrollo de servicios internacionales en cantidad y calidad compatibles con la expansión del comercio exterior, procurando un grado creciente de competencia y transparencia en el mercado de fletes.
Finalmente, en el sector de telecomunicaciones, nuestro objetivo básico es definir una política general en el mediano y largo plazos, la cual debe impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones, coordinando a los sectores público y privado, en armonía con un criterio de beneficio social.
Es necesario orientar el uso de los recursos del sector telecomunicaciones, evitando la duplicación de inversiones y dando prioridad a metas como un acceso adecuado a la información por parte de los sectores de salud y educación a través de bancos de datos, y al desarrollo de la telefonía rural en todo el país. Un aspecto central de la gestión gubernamental en este sector se refiere a la estructura tarifaria, el control y requisitos de concesión de los servicios públicos, como asimismo la normalización de los distintos servicios. En ambas materias se están diseñando medidas para cumplir con esos objetivos.
Mención especial merece la situación de Televisión Nacional. Respecto de esta empresa, se hace necesario garantizar su existencia sobre bases económicas sanas, para lo cual será imprescindible un aporte de capital que permita enfrentar la grave crisis financiera en que la recibió el Gobierno.
Queremos también asegurar la autonomía de la empresa respecto del Gobierno y la creación de mecanismos que impidan la repetición de excesos como los denunciados. Para este efecto, es necesario legislar a fin de asegurar una dirección nacional, colegiada, plural y representativa, capaz de orientar y controlar la marcha del canal de Televisión del Estado.
Esta legislación debe incorporar medidas muy claras que regulen la relación económica entre el Estado y Televisión Nacional de Chile, sobre la base de los principios de autofinanciamiento y la igualdad de condiciones competitivas con los canales universitarios y privados.
QUINTA TAREA: REINSERCIÓN DE CHILE EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
A lo largo de su historia, Chile se ganó un lugar de prestigio y de ascendiente en la comunidad internacional, de extraordinaria relevancia con relación a las dimensiones y ubicación geográfica de nuestro país. Ello fue fruto, principalmente, de la solidez y estabilidad de sus instituciones políticas democráticas, que eran señaladas como ejemplo entre las naciones del mundo en desarrollo y apreciadas con admiración aun en las sociedades de mayor madurez política.
Esta circunstancia explica, en gran medida, la fuerte reacción de rechazo que provocó en el ámbito internacional, especialmente en las naciones de tradición democrática, el quiebre de nuestro sistema institucional. El abuso de la fuerza, la arbitrariedad gubernativa, la violación de derechos humanos, escandalizan más mientras mayor sea el grado de desarrollo institucional, cultura cívica y vigencia del Derecho que el país en que ocurren ha alcanzado.
Por eso, así como el derrumbe de nuestra democracia suscitó el repudio de la comunidad de las naciones, el retorno de Chile a la democracia ha suscitado una ostensible corriente de simpatía y solidaridad hacia nosotros.
Creo mi deber reiterar ante este Honorable Congreso Nacional, representativo de la soberanía del pueblo de Chile, nuestros agradecimientos a todos los pueblos que fueron de múltiples maneras solidarios con la lucha libertaria de los demócratas chilenos, y a las naciones y gobiernos amigos por la favorable disposición con que están cooperando con nosotros en esta primera etapa de nuestra restauración democrática.
El objetivo fundamental de nuestra política internacional es la plena reinserción de Chile en el concierto de las naciones. Nuestro ánimo es cooperar, en todas las instancias de encuentro multinacional y en las relaciones bilaterales con los demás Estados, con nuestro modesto pero decidido aporte al desarrollo de los pueblos, al logro de la justicia y de la paz entre los países, y al pleno imperio de los derechos humanos y del Derecho Internacional en todos los rincones de la Tierra.
Pensamos que nuestra política internacional debe ser el fruto de un gran consenso interno, e inspirarse en los mismos principios que históricamente Chile ha postulado en las relaciones entre los Estados. En pocas materias como en ésta tienen tanta importancia el acuerdo entre todos los sectores, más allá de las diferencias partidistas, y el respeto a las grandes tradiciones nacionales.
Proclamamos la acendrada vocación de paz y cooperación de Chile y su firme adhesión al orden jurídico internacional. Nuestro país promueve un pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos y busca el fortalecimiento de la democracia como forma de gobierno. Poseedor de una economía abierta, Chile defiende la libertad de comercio, la cristalización de un orden económico basado en la justicia social y la cooperación financiera y tecnológica internacional.
Su adhesión al orden jurídico lleva a Chile a sustentar los principios de la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho interno, cuando el país soberanamente así lo decida. Sustenta, por ende, el principio de la intangibilidad de los tratados, el de la igualdad jurídica de los Estados, el de la convivencia pacífica de los mismos, el de la autodeterminación de los pueblos, el de no intervención en los asuntos internos privativos de la soberanía de otros Estados, el de la solución de las controversias internacionales por medios jurídicos y pacíficos, el de la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza de su empleo y el de la cooperación internacional.
Un ámbito fundamental de la reinserción plena de nuestro país en la comunidad internacional es América Latina, a la que Chile pertenece. Sus intereses políticos, económicos y culturales lo ligan a este continente. Su tradicional influencia política, jurídica y cultural tuvo por escenario privilegiado esta región.
Es en América Latina donde, históricamente, Chile ha ejercido su vocación moderadora, su rol como factor de equilibrio, al que está llamado por su personalidad internacional.
Para la región es vital el fortalecimiento de la integración. Ello, en nuestro criterio, implica utilizar plenamente las instituciones y los instrumentos jurídicos vigentes. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, ofrece un marco jurídico flexible para avanzar tanto en el plano bilateral como en el regional. De igual modo, en el ámbito de la cooperación intra y extrarregionales, el Sistema Económico Latinoamericano, SELA, dispone de las modalidades e instrumentos adecuados.
Nuestra genuina vocación integracionista será conjugada con las necesidades del crecimiento económico de Chile, base sustentadora del desarrollo social a que todos aspiramos para nuestro pueblo.
Esperamos que el avance de la economía social de mercado y la apertura de las economías nacionales en la región promuevan fórmulas de integración modernas y eficaces.
Los intereses vecinales de la política exterior de Chile se cuentan entre los más importantes de ésta y, ciertamente, entre los permanentes. No sólo dicen relación con parámetros tan esenciales como la supervivencia de nuestro Estado como sujeto de la comunidad internacional, sino que jalonan los primeros tramos del camino que Chile debe recorrer para insertarse en el resto del mundo.
En relación con los Estados Unidos de América, avanzaremos en la normalización de los vínculos bilaterales. Concordantes con la situación que hoy vive el mundo, trataremos de aprovechar hasta donde sea posible la realidad interdependiente que se impone cada día con más fuerza.
El Gobierno de Chile cooperará en el esclarecimiento del caso Letelier-Moffit, dentro del marco y con plena sujeción al ordenamiento jurídico nacional y al Derecho Internacional. Ello responde a justos requerimientos de política exterior y, fundamentalmente, a una exigencia moral coherente con la política de reconciliación reclamada abrumadoramente por la opinión pública.
Esperamos que nuestros importantes vínculos de intercambio con Estados         Unidos puedan ser regidos efectivamente por los principios del libre comercio, eliminándose “órdenes de mercado” y otras medidas proteccionistas. Asimismo, teniendo en cuenta nuestra nueva realidad laboral, anhelamos que, en el menor plazo posible, restauren hacia nuestro país los beneficios del sistema generalizado de preferencias.
Nos interesa vivamente mantener las mejores relaciones posibles con las naciones integrantes de la Comunidad Europea. Deseamos que el entendimiento sea del mayor beneficio mutuo. Confiamos en que la nueva realidad que Europa comenzará a vivir en 1992 entregue también frutos para los países en desarrollo; en nuestro caso, para Chile. Vemos con optimismo el fortalecimiento de los vínculos con esta importante región del mundo.
Los objetivos ante la Comunidad Económica Europea son claros y concretos: intensificar y diversificar el comercio; estimular una mayor fluidez de dicho intercambio mediante la eliminación de las barreras arancelarias y paraarancelarias; acordar prioridades para una cooperación avanzada en aquellos campos estratégicos para el desarrollo económico y social de Chile; estudiar los mecanismos y vías para incrementar el flujo de inversiones; promover el establecimiento de vínculos de cooperación entre instituciones financieras; generar contactos para la cooperación económica con entidades del sector privado y otras; apoyar la utilización de servicios de consultoría de asistencia técnica, particularmente en las áreas de la promoción comercial y de inversiones.
También nos interesa extraordinariamente con la Vieja Europa acrecentar los vínculos culturales que nos unen a lo largo de la historia.
Las bases de la política internacional de nuestro Gobierno postulan el pluralismo ideológico en las relaciones de Estado y señalan nuestra voluntad de establecer relaciones con todos los países del mundo. En este contexto, desde el mismo día 11 de marzo hemos reanudado las relaciones diplomáticas con Estados de Europa Central y del Este, de América Latina, de África y de Oceanía.
La cuenca del Pacífico se ha erigido como una nueva variable de la política exterior. La proyección chilena hacia el Pacífico es funcional con la estrategia de desarrollo del país, al proporcionar nuevos mercados, fuentes de tecnología, recursos financieros y de inversión. Profundizaremos la participación de nuestro país en los organismos transpacíficos, como la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico y el Consejo Económico de la Cuenca. Haremos de este planteamiento una tarea nacional.
Con el Japón, nuestro segundo socio comercial, procuraremos intensificar la cooperación técnica y la inversión en áreas que representen un efectivo progreso social para nuestro país. Debemos recordar que la privilegiada situación de Chile lo hace elegible para la cooperación financiera japonesa, todo lo cual debe fortalecer una amplia vinculación, en todos los planos, con este país.
En el Medio Oriente, África y Asia, la diplomacia chilena continuará proyectándose en la dimensión económica, comercial y cultural, pero dando nuevo énfasis a una vinculación política determinada por intereses comunes. Nuestro regreso al movimiento de países no alineados, ya formalizado, ampliará el contenido de nuestros antiguos vínculos con importantes Estados de la región.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
He creído necesario hacer esta larga exposición -por su longitud, les doy excusas-, para que el Honorable Congreso Nacional y el país entero se formen un concepto claro de las tareas que, a partir de la realidad que encontramos al asumir nuestras funciones, mi Gobierno se propone realizar en el lapso de los cuatro años de su período. En los informes anexos de cada Ministerio, los señores Parlamentarios encontrarán los antecedentes, cuadros y cifras explicativas de esta cuenta a la Nación.
Como es fácil advertir, en cuanto a la situación en que recibimos la Administración y el Gobierno, me he limitado a exponer en cada rubro los antecedentes fundamentales, evitando detalles o comentarios que habrían extendido aún más esta exposición y pudieran herir susceptibilidades. Como dije al comienzo, me interesa el futuro y no el pasado. Es tanto y tan importante y hermoso el quehacer que tenemos por delante, que sería malgastar nuestro tiempo detenernos a escudriñar el pasado. Esa será tarea de la historia.
Vivimos una etapa trascendental. El pueblo de Chile ha vuelto a la democracia con alegría y esperanza. La gente está contenta de vivir en libertad. Cada cual espera ser respetado en su dignidad de persona, cualesquiera que sean sus creencias, ideas o situación social. La gente quiere vivir libre de temor y de toda forma de opresión, y anhela construir una sociedad más justa. La gente quiere participar en la tarea del desarrollo y modernización del país. La gente quiere paz.
Quienes vaticinaban que el regreso a la democracia podría traer grandes conflictos, revivir los odios y generar violencia, parecen haberse equivocado. Por el contrario, en todos los sectores, con sólo escasas excepciones, prevalece la voluntad de entendimiento.
A lo largo de la historia patria, Chile se distinguió por su capacidad para resolver sus desacuerdos y avanzar en el progreso por los caminos de la razón y del Derecho. Cuando el país se apartó de ese camino, avanzó a costa de muchos sacrificios y sufrimientos que, con mayor dosis de sensatez, podrían haberse evitado.
Ahora tenemos una nueva oportunidad, y la razón nos aconseja sacar lecciones de la experiencia y saber aprovecharlas.
En los albores de la patria, en 1911, un colega vuestro decía estas palabras: “Las naciones tienen recursos en sí mismas; pueden salvarse por la sabiduría y la prudencia”. Camilo Henríquez tenía razón. Quizás sean esas dos virtudes la savia más rica de nuestra tradición histórica.
El Gobierno, el Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia, los partidos         políticos, las organizaciones sociales, tenemos en esta etapa una responsabilidad histórica: estar a la altura de lo que Chile tiene derecho a reclamarnos y nuestro pueblo espera de nosotros. Lo conseguiremos en la medida misma en que la sabiduría y la prudencia -y no las pasiones, ni los egoísmos, ni los impulsos vehementes- presidan nuestra conducta.
De nosotros depende: de todos los chilenos.
¡Que Dios nos ayude!
PATRICIO AYLWIN AZOCAR

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