MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE
Salvador Guillermo Allende
Gossens
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1972
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Vuelvo después de un año a este antiguo
recinto de los legisladores de Chile para hablar tanto de las tareas cumplidas
como de aquéllas que el futuro nos exige. Los doce meses que acaban de
transcurrir han sido plenos de acontecimientos y ricos en realizaciones, los
más importantes de los cuales están contenidos de modo detallado y sistemático
en los anexos de este Mensaje.
Muy probablemente, nuestros juicios sobre
las principales manifestaciones del proceso que vivimos no serán unánimes. Sin
embargo, algunos merecerían ser coincidentes, porque sobre ellos hay acuerdo
entre la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
En esta oportunidad, quiero destacar tres
dimensiones fundamentales. En primer lugar, que Chile creció en este año.
Creció aquí adentro, porque recuperamos de las manos ajenas riquezas y bienes
nuestros. Creció hacia afuera, en la imagen que el hombre común de todo el
mundo tiene hoy día de nosotros. Aquí, en nuestro país, están cobrando vida
antiguas aspiraciones para ser realizadas concretamente en el mundo de las
cosas.
¿Sería demasiado sostener que nosotros los
chilenos tenemos en las manos antiguos y nobles anhelos de la humanidad para
encontrar soluciones nunca antes completadas? Creo que no. Es lo menos que se
puede admitir al evaluar nuestro intento, en germen todavía, pero más
promisorio que cualquier otro, de crear una sociedad socialista en democracia, pluralismo
y libertad. Algunos pueden pensar que esto es una falacia porque, a su modo de
ver, lo que atrae la atención hacia Chile es que aquí se expropia el patrimonio
de poderosas corporaciones multinacionales, que aquí se destrona al gran
empresario monopolista del papel de gestor supremo del destino de los pueblos.
Sin duda, tienen motivos para reaccionar así
los pocos que, al perder lo que indebidamente se habían apropiado, temen perder
aún más si el ejemplo de Chile se extiende a otras partes. Lo que cuenta, sin
embargo, no es la opinión de esos sectores sino la del trabajador, del
intelectual, del campesino, del profesional y del estudiante, que miran nuestro
ejemplo con alegría y esperanza. El interés por la tarea colectiva en que Chile
está empeñado estimuló la presencia, en nuestro país de la comunidad
internacional representada en la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo. Hemos escuchado y leído el balance de la situación mundial que
acaba de hacerse en ese foro. Hemos visto cómo la inmensa mayoría de los países
del Tercer Mundo está aprisionada por una estructura interna que concentra cada
vez más los recursos disponibles en una minoría de la población, lastrando
progresivamente su crecimiento socioeconómico potencial. Y se halla aherrojada
en una estructura de relaciones económicas internacionales que discrimina en
favor de los países más ricos, haciendo cada vez más hondo el abismo de
desigualdad entre la mayor parte de la comunidad mundial y el reducido núeleo
de países desarrollados. Ante semejante perspectiva, la humanidad no puede sino
esperar que en los años próximos los países compitan en desórdenes internos y
en conflictos internacionales de gravedad cada vez mayor.
Pero también estamos contemplando cómo, en
el corazón mismo del capitalismo industrial, sus más representativas
autoridades económicas se deelaran abiertamente impotentes para procurar un
crecimiento de su producto interno que satisfaga las exigencias materiales de
su población. Precisamente en estos días, la Comunidad Económica
Europea ha planteado a los Estados miembros que es imperativo reducir las
expectativas de aumento del consumo de bienes materiales, dar prioridad a la
producción alimenticia, prolongar al máximo el aprovechamiento de todos los equipos,
y someter su sistema económico a una planificación rigurosa. En otras palabras,
hoy se reconoce formalmente como imposible la tan celebrada sociedad de
consumo, que no es tal para las grandes masas. Los dirigentes máximos de la
economía de los países más desarrollados están anticipando para su propio
futuro los rasgos de lo que quizás se denominará sociedad de anti-consumo.
Si los países capitalistas poderosos
encuentran semejantes frenos internos a su crecimiento, cuánto más trágica será
la perspectiva para aquéllos que unen al débil desarrollo de su economía la
condición de ser dependientes y, además, explotados por las grandes empresas
extranjeras. El capitalismo, como sistema económico y social, en su impotencia
de atender las necesidades más vitales y de abrir horizontes más optimistas,
autogenera las condiciones para que los estallidos violentos aparezcan como
medio de solución.
Nuestro país está abocado a resolver los
problemas que confronta el Tercer Mundo. Pero con la profundidad que le imprime
el impulso revolucionario, y con la urgencia que exigen nuestros campesinos,
técnicos, pobladores, profesionales, obreros y empleados. Las carencias
materiales de nuestra población requieren acelerar la expansión económica. Sin
embargo, el crecimiento no basta si no está inspirado en atender primero las
necesidades de las grandes mayorías, y no la inagotable voluntad de consumo de
los más acomodados. Todo modelo de crecimiento, como cualquier diseño político
general, contiene un orden de prioridades. Para nosotros, la prioridad la
impone la liberación social y el bienestar de los trabajadores, de los más
necesitados.
El Gobierno popular
y el régimen legal-institucional
La segunda dimensión principal que deseo
destacar es que mi Gobierno no sólo indica claramente las grandes metas que
deseamos alcanzar; muestra con nitidez el camino a recorrer, las etapas
sucesivas y los mecanismos a través de los cuales queremos aproximarnos a los
objetivos programáticos. La función de las instituciones estatales es central
en el combate revolucionario. Ponerlas al servicio de los trabajadores ha sido
el fin principal de la lucha política durante varias generaciones, hasta
conquistar la dirección del Poder Ejecutivo, con la misión de realizar los
cambios estructurales que les permitan acceder a la dirección del Estado.
Por eso es tan importante expresar nuestra
posición ante el régimen institucional. Este ha resultado de la evolución
histórica del ordenamiento social, que le ha dado su contenido de clase pero
que también ahora lo modifica y permite la nueva orientación del Ejecutivo.
Mi Gobierno mantiene que hay otro camino
para el proceso revolucionario que no es la violenta destrucción del actual
régimen institucional y constitucional.
Las entidades de la administración del
Estado actúan hoy, no al servicio de la clase dominante, sino al de los
trabajadores y de la continuidad del proceso revolucionario; por consiguiente,
no se puede pretender destruir lo que ahora es un instrumento para actuar,
cambiar, y crear en beneficio de Chile y sus masas laborales.
El poder de la gran burguesía no se basa en
el régimen institucional, sino en sus recursos económicos y en la compleja
trama de relaciones sociales ligadas al sistema de propiedad capitalista. No
vemos el camino de la revolución chilena en la quiebra violenta del aparato
estatal. Lo que nuestro pueblo ha construido a lo largo de varias generaciones
de lucha, le permite aprovechar las condiciones creadas por nuestra historia
para reemplazar el fundamento capitalista del régimen institucional vigente por
otro que se adecúe a la nueva realidad social.
Los partidos y movimientos políticos
populares han afirmado siempre, y así está contenido en el Programa de
Gobierno, que acabar con el sistema capitalista necesita transformar el contenido
de clase del Estado y de la propia Carta Fundamental. Pero también hemos
afirmado solemnemente nuestra voluntad de lIevarlo a efecto conforme a los
mecanismos que la
Constitución Política tiene expresamente establecidos para
ser modificada.
La gran cuestión que tiene planteada el
proceso revolucionario, y que decidirá la suerte de Chile, es si la
institucionalidad actual puede abrir paso a la de transición al socialismo. La
respuesta depende del grado en que aquélla se mantenga abierta al cambio y de
las fuerzas sociales que le den su contenido. Sólo si el aparato del Estado es
franqueable por las fuerzas sociales populares, la institucionalidad tendrá
suficiente flexibilidad para tolerar e impulsar las transformaciones
estructurales sin desintegrarse.
Tan trascendente problema se planteó
crudamente a partir del 4 de Septiembre de 1970. Las fuerzas sociales
anticapitalistas llegaron al Gobierno a través del regular funcionamiento del
régimen institucional. Si éste hubiera estado cerrado, en ese momento se habría
quebrado la institucionalidad y Chile habría sido víctima de la violencia
desatada.
Las instituciones políticas resistieron
sólidamente la presión extranjera y el ánimo destructor de un sector de la
burguesía, porque las sostuvo el pueblo agrupado tras las candidaturas
presidenciales de la
Democracia Cristiana y la Unidad Popular.
Nuestras Fuerzas Armadas derrotaron la presión ejercida para utilizarlas contra
el libre desarrollo del régimen institucional. Lamentablemente, no podemos
decir que el pueblo llegó al Gobierno sin sangre y sin dolor, porque el General
Schneider centró en su inmolación personal la violencia que se quiso desatar
sobre el país.
Me asiste la plena convicción de que si hoy
el régimen institucional continúa actuando regularmente es porque las fuerzas
populares, dentro de él, lo están sosteniendo. Pero si las instituciones tienen
su más sólido respaldo en los trabajadores, es porque no se han mostrado
cerradas a su ascenso. Ellas no son una abstracción, sino que responden a la
fuerza social que les da vida.
Ayer la CORFO , por ejemplo, trabajaba en provecho del
capitalismo. Hoy está acabando con los monopolios. Para el Gobierno Popular,
las causas fundamentales del subdesarrollo y la dependencia se encuentran en la
estructura económica, que debe ser cambiada cualitativamente. Pero estamos muy
lejos de confundir el resultado del proceso de superación del sistema
capitalista con los medios y mecanismos a través de los cuales se acumulan las
transformaciones. Necesitamos desarrollar los factores sociales y económicos
que niegan el régimen actual. Los factores que generan el proceso
revolucionario no se encuentran en las instituciones, sino en las nuevas
relaciones de producción que se están instaurando, en la conciencia y movilización
de los trabajadores, en las nuevas organizaciones que los cambios
infraestructurales deben producir, y que los Partidos deben estimular y
encauzar.
La transformación del régimen legal e
institucional chileno no puede ser producto de la acción voluntarista de una
minoría osada, sino resultado de la acción consciente y organizada de las
grandes masas, que perciben esta necesidad y crean los mecanismos que la hacen
posible. No concebimos sentar las bases de la futura sociedad socialista
mediante el espontaneísmo inorgánico. Eso sería un salto en el vacío.
Significaría, por supuesto, el derrumbe y
destrucción del actual régimen constitucional. Pero también someter al país, y
principalmente al pueblo, a la pérdida de vidas, así como de fuentes de trabajo
y bienestar que necesita.
No se puede descartar que la escalada contra
el régimen institucionalllegue a provocar las condiciones de la ruptura
violenta. El Gobierno y los trabajadores organizados están conscientes de ello,
dispuestos a asumir el papel que les corresponde. Ni el Programa de la Unidad Popular ni
el Gobierno buscan los riesgos del salto en el vacío.
Esto significa que los cambios cualitativos
exigidos por el desarrollo del país y la consolidación del proceso
revolucionario deben ser realizados planificada y orgánicamente con la mayor
velocidad posible. Pero como nuestro régimen reposa formalmente en el principio
de la legalidad, contemplamos transformar las instituciones a través de
modificar las normas legales. Por eso hoy, beneficiados de la experiencia
acumulada, se impone más que nunca recordar lo que dijera hace doce meses en
este mismo Congreso Pleno en mi Primer Mensaje:
«Nuestro sistema legal debe ser modificado.
De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a
que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo
del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la
legalidad socialista, conforme a las transformaciones socioeconómicas que
estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las
puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente queremos evitar».
La meta que la realidad nacional nos ha
impuesto es de una envergadura que desborda, en sus proyecciones, los límites
de nuestra patria, de América Latina e, ineluso, de los países dependientes. En
todas partes están atentos a si seremos capaces de avanzar en la transformación
revolucionaria del sistema capitalista con un régimen de pluralismo, de
multipartidismo, sin paréntesis del principio de legalidad, sin que el
ejercicio de las libertades públicas ponga en peligro la emancipación social de
los trabajadores.
Las dificultades que estamos encontrando son
serias y de todo orden. Tenemos que vencer la inercia del viejo régimen, además
de sortear los obstáculo levantados por poderes extranjeros. La solidez de las
instituciones civiles y militares lo harán factible. La fuerza social, el apoyo
político, la reserva moral con que cuenta mi Gobierno, son muy considerables.
Suficientes para asegurar bajo cualquier circunstancia que no se interrumpirá
la acción revolucionaria. Pero la capacidad de interferencia que tiene la
oposición, el propósito aventurero de ciertos grupos son, también,
considerables. Suficientes, quizás, para alterar las modalidades específicas
del cambio que anhelamos seguir. Chile necesitará toda la madurez política
acumulada en su historia para enfrentar el reto que tiene planteado. El
Gobierno no descansará en sus esfuerzos para que el peso objetivo de los
intereses de la gran mayoría de nuestros conciudadanos se sobreponga al
designio de violencia de determinados sectores nacionales y extranjeros.
Nuestra obligación básica es asegurar la
continuidad del proceso revolucionario dentro de los cauces que el pueblo ha
trazado.
La demolición de los pilares básicos del
capitalismo chileno.
Una tercera dimensión sobre la que
deberíamos estar de acuerdo, como lo está la mayoría del pueblo, es que estamos
creando las bases económicas de una sociedad más justa, más igualitaria y más
capaz de progreso generalizable a toda la población. Más justa, porque no se
funda en el privatismo, movido por el afán de lucro, basado en la competencia
económica y en la explotación del trabajo ajeno, sino en los principios
opuestos de solidaridad, responsabilidad social y defensa de los supremos
intereses nacionales y populares.
Una estructura económica caracterizada por
la propiedad privada de los medios de producción fundamentales, concentrados en
un grupo reducido de empresas en manos extranjeras, y de un número ínfimo de
capitalistas nacionales, es la negación misma de la democracia. Un régimen
social es auténticamente democrático en la medida que proporciona a todos los
ciudadanos posibilidades equivalentes, lo que es incompatible con la apropiación
por una pequeña minoría de los recursos económicos esenciales del país. Avanzar
por el camino de la democracia exige superar el sistema capitalista,
consubstancial a la desigualdad económica.
Al asumir el Gobierno Popular, el 1 % de los
establecimientos manufactureros poseía el 40% del capital fijo. En el comercio
mayorista, el 0,5 % de las firmas distribuidoras efectuaba el 44 % de las
ventas totales.
Un 2 % de las familias controlaba el 46 %
del ingreso nacional. Mientras tanto, 60 % de las familias tenían un salario
inferior a dos sueldos vitales y percibía el 17 % de los ingresos del país.
Unos pocos son muy ricos, la abismante mayoría es pobre.
Para acabar con esta situación llegamos al
Gobierno. Para terminar de raíz con los privilegios económicos estamos en el
Gobierno. Nuestra misión histórica es demoler construyendo. Demoler los pilares
básicos que sostienen el régimen capitalista. Construir los fundamentos del
régimen socialista.
En estos meses Chile celebra la abolición
del latifundio. Cuatro siglos de explotación a costa de los campesinos han
terminado para siempre. Este proceso no ha sido fácil. No lo fue en ningún país
y no lo ha sido en Chile. Pero al hacer el balance, el costo social y humano de
nuestra reforma agraria no tiene precedentes. Acabar con una elase dominante,
la terrateniente, es una gesta que señalará este año como el término de un
cielo en nuestra historia y el inicio de uno nuevo. El ocaso de los herederos
de la aristocracia agraria y la emergencia del campesino.
Hace año y medio la concentración del
capital era también aplastante. El 78 % de los activos de las sociedades
anónimas estaba en poder del 17 % de ellas. De treinta y cinco mil empresas
fabriles, el1 % entregaba más del 60 % de la producción. El Gobierno Popular ha
actuado contra la apropiación privada de ese uno por ciento y en favor del 99 %
restante.
El capitalismo interno también se apoyaba en
los bancos privados. El control de los bancos comerciales estaba en manos de un
grupo de familias y al servicio de los intereses financieros de una minoría.
Cinco de los veintiséis bancos privados controlaban el 57 % de las colocaciones
totales. De los veintiséis bancos privados existentes al asumir el Gobierno, 18
se encuentran bajo control de la
Nación. En otros dos, el Estado posee el número suficiente de
acciones para dirigir sus Directorios; mientras los seis restantes son pequeños
bancos regionales sin mayor influencia. Los bancos extranjeros fueron
traspasados a Chile mediante acuerdos directos.
El año 1972 marcará el fin de la hegemonía
oligárquica que, a través de la propiedad de los instrumentos esenciales de
dominio social -los latifundios, la banca y los monopolios- mantuvo en la
subordinación económica a nuestro pueblo, se enriqueció cuanto pudo, e hipotecó
el país al extranjero.
La liberación de la
dependencia externa
Señores miembros del Congreso Pleno:
La empresa histórica de acabar con la
supremacía económica de los grandes capitalistas nacionales sólo es realizable
si, al mismo tiempo, liberamos a nuestra patria de la sumisión al imperio
capitalista, a que había sido entregada. Grandes empresas extranjeras, algunas
de ellas con mayor poder económico y político que muchas naciones, habían
ocupado posiciones estratégicas en nuestro organismo económico, mediatizando su
funcionamiento y orientándolo hacia sus propios fines. Con firme resolución
patriótica, con sacrificio, mi Gobierno conquista la independencia económica de
nuestro país, única garantía de independencia política real.
La liberación económica comenzó el mismo día
que asumió el Gobierno Popular. Empezamos con la nacionalización del cobre, con
la del hierro y del acero, con la del salitre y el yodo. Continuamos con la de
los bancos extranjeros, con algunas empresas industriales, con las empresas
distribuidoras y, ahora, estamos nacionalizando la Compañía de Teléfonos,
enelave de la ITT
en nuestra economía. Hemos avanzado considerablemente, pero aún hay grandes
dificultades por resolver. El país sabe que llegamos al Gobierno con un
endeudamiento externo que sumaba alrededor de 4.125 millones de dólares, el más
alto volumen de nuestra historia.
A lo largo de los diecisiete años para los
que se dispone de información, las remesas de utilidades y dividendos de la
inversión extranjera fueron equivalentes a cuatro veces los ingresos netos de
capital, ineluída la reinversión de utilidades obtenidas en el país. La
política de endeudamiento externo y de atracción de capitales se tradujo en un
flujo neto negativo. Embarcado en tal círculo vicioso, a fines de la década de
los sesenta Chile estaba constreñido a endeudarse más sólo para poder pagar las
deudas anteriores, mientras los sectores estratégicos de la economía pasaban
progresivamente a la dominación del capital extranjero.
Contra esta política económica hemos procedido.
Al nacionalizar nuestras riquezas básicas, estamos captando excedentes que
hasta 1970 perdíamos. No obstante, nos encontramos ante una limitación
fundamental: tenemos que distraer una parte de ellos para pagar las deudas
contraídas anteriormente.
Configuración del
Área Social
El Gobierno de los trabajadores está en dura
lucha contra el poderío del capital extranjero y contra los grandes
capitalistas internos que actuaban en simbiosis con aquél. Esta lucha hasta
ahora ha sida incruenta; son sus armas la unidad organizada de los
trabajadores, la conciencia de su papel en la sociedad, y el control de los
recursos económicos fundamentales del país. Por eso, cada empresa monopólica o
estratégica que pasa a manos de la elase trabajadora es una posición ocupada al
capitalismo, un nuevo baluarte de la independencia de Chile y su liberación
social.
Concebimos el área social, en su estructura
y orientación, coma el embrión de la futura economía socialista. El excedente
generado se destina íntegramente a comprar más equipos y ampliar la propia
producción de la empresa o de otras empresas. El crédito que obtienen se dedica
a favorecer el proceso productivo y no a propietarios particulares. Así, por
ejemplo, en la provincia de Concepción, donde el área social alcanza la mayor
densidad al comprender casi toda la actividad industrial de la región, la
producción creció en 21 % en 1971 contra menos del 3 % en el período 1967-1970.
El Area Social reúne hoy las cuarenta y tres
empresas que eran propiedad estatal antes del 4 de Noviembre de 1970, más
cincuenta y cinco que se han incorporado por decisión del Gobierno. Otras
ochenta y tres están bajo control público transitorio como consecuencia de
infracciones legales que motivaron su intervención o requisición.
Para completar y delimitar el Area de
Propiedad Social, hemos dado a conocer la relación nominal de empresas que
deben integrarla. Se han avanzado acuerdos para traspasar catorce de ellas a
propiedad pública, y se está en conversaciones con otras veinte. Asimismo, se
han hecho considerables progresos para acabar con el monopolio del comercia
mayorista.
Papel del Área
Privada de Producción
El mandato que el pueblo ha confiado a mi
Gobierno es muy claro en su contenido: terminar con el poder monopolista
agrario, industrial y financiero -nacional o foráneo-, para iniciar la
construcción del socialismo, lo que hace explícita la voluntad de limitar el
Area Social a la función de sector dominante de nuestra economía en
coexistencia con el área privada y mixta.
Este propósito programático lo hemos
instrumentado de modo cada vez más definido. En primer lugar, mediante medidas
concretas de estímulo y ayuda a las medianas y pequeñas unidades empresariales.
En segundo lugar, mediante la delimitación legal de la extensión del área
social. Así, hemos propuesto a este Congreso normas precisas en un proyecto de
ley y en mis observaciones al proyecto de reforma de la Constitución ,
actualmente en trámite.
Nuestro programa económico contempla
estimular a los empresarios medios y pequeños a seguir produciendo y a que
inviertan más.
Para ello hemos impulsado un plan de
expansión económica acelerada que asegura a los industriales y comerciantes un
mercado interno activo y abre las posibilidades de exportar; para ello hemos
proporcionado créditos que antes no tenían y tasas de interés más bajas. Para
citar sólo un ejemplo, el porcentaje de variación de las colocaciones en moneda
corriente del sistema bancario al sector privado aumentó, durante 1971, en un
31 % en los bancos comerciales, y en un 100% en el Banco del Estado.
Con esto no hacemos ninguna concesión ni
fingimos falsas intenciones. Sólo somos consecuentes con nuestra concepción
teórica. La superación del capitalismo y transición al socialismo, de acuerdo
con nuestro camino, requiere la presencia y el aporte de la capacidad
empresarial de un área activa de medianos y pequeños productores. Lo que el
proceso revolucionario exige es, justamente, acabar con la dictadura del
monopolio privado y liberar así las fuerzas productivas internas.
Expansión de la Economía
El modelo político que mi Gobierno está
siguiendo para encaminarnos al socialismo exige que la revolución
socioeconómica tenga lugar simultáneamente con la expansión económica
ininterrumpida. Esta es una empresa de duras proporciones. Si no somos capaces
de lIevarla a cabo, el proceso revolucionario proseguirá su curso a través de
medios más inciertos y mucho más costosos que los actuales como demuestra
elocuentemente la experiencia histórica de las revoluciones en el resto del mundo.
Mi Gobierno no desea la violencia. El
Gobierno Popular tiene su legitimidad en la voluntad de nuestro pueblo de
acabar con un régimen social que es en sí mismo institucionalmente violento.
Que ha condenado a las grandes mayorías a la miseria física, a la indigencia
cultural y a la explotación de su trabajo.
Para vencer la violencia económica y social
sobre ellos ejercida, los trabajadores se han comprometido con el buen
desarrollo de la política económica de su Gobierno. Por eso la más importante
movilización popular ha sido en torno a la Batalla de la Producción , decisiva
para vencer política y económicamente al capitalismo.
La estamos ganando. Baste contemplar algunos
resultados. Mientras el producto interno aumentó en un 3,7 % de promedio anual
entre 1966 y 1970, en el primer año de nuestro Gobierno creció en 8,5 % . En
los mismos períodos, mientras la producción agropecuaria crecía en 2,5 % anual,
en 1971 aumentó en 5,8 % ; la producción industrial subió del 3,3 % al 12,1 % ;
la construcción, del 1,4 % al 12,2 % . En 1971 el esfuerzo de los trabajadores
del campo, de las minas y dé las ciudades, nos ha situado en el segundo lugar
de crecimiento económico entre los veintitrés países latinoamericanos, de
acuerdo con los estudios de la Comisión Económica para América Latina, de las
Naciones Unidas.
Ya no somos el país estancado. No somos el
país con desocupación sin esperanza y con una distribución del ingreso
implacablemente desigual.
Los resultados alcanzados en 1971 no son un
acontecimiento efímero. Inician un período de expansión que se sigue reflejando
en los indicadores durante los primeros cuatro meses de 1972. Pese a las
dificultades inherentes al proceso revolucionario, crecerán la producción
minera, la industrial, la construcción y los servicios.
En 1971 produjimos cerca de 730 mil
toneladas de cobre entre la grande, mediana y pequeña minería. Nunca antes se
había producido tal volumen. En los primeros meses de 1972 los resultados son
favorables en varias minas y Chile confía que los trabajadores del cobre
cumplirán las metas trazadas para el año. Batimos también un record en la
producción del acero y llegamos a las 640 mil toneladas, un 10 % más que en
1970.
La producción de energía eléctrica creció en
16 % . En su conjunto, la industria nacional ha exhibido la más alta tasa de
crecimiento desde el año 1930.
Esta expansión no fue el fruto del azar. El
mayor control que el pueblo ha logrado sobre los medios de producción, la
vigilancia de los trabajadores para evitar la especulación y el sabotaje y, en
general, el mayor control social de los mecanismos e instrumentos económicos,
del crédito, de las divisas, de la producción, del empleo, de los precios, de
los excedentes, hicieron posible poner en tensión la economía. Aunque con menos
dólares que antes, sin nuevos préstamos privados externos, bajo el
hostigamiento permanente del poder imperialista, estamos dando un ejemplo de
como un pueblo, movilizado y consciente, puede aumentar la producción.
Hay doscientos mil nuevos empleos, se dio
reajustes preferenciales a los trabajadores de bajos ingresos. Así se
incrementó la demanda abriéndose un mercado interno dinámico que ocupó gran
parte de la capacidad productiva ociosa.
Aún quedan recursos productivos sin uso en
varias actividades industriales, y en sectores como el agro y la minería. En
1972 los pondremos en funcionamiento. Reactivaremos algunas líneas
industriales, incorporaremos al cultivo alrededor de trescientas mil hectáreas.
Este también será un año de expansión económica, para decepción de la presión
extranjera y de la resistencia de los grandes capitalistas nacionales.
El descenso en un 7 % de la inversión global
durante 1971 tendrá, afortunadamente, menos efecto del que algunos auguran. El
promedio de la tasa de inversiones entre 1966 y 1970 fue de 15,3%, contra un
14,9 % en 1971. Hemos disminuido sólo cuatro décimos respecto de ese promedio
aunque el precio del cobre ha bajado, aunque se terminaron los llamados planes
de expansión de la gran minería que significaron la inversión de varios centenares
de millones de dólares en tres años, aunque se interrumpieron las inversiones
externas privadas, aunque no se recibieron los cuantiosos préstamos contratados
por la administración anterior.
Del mismo modo, el Gobierno está haciendo
nuevas e importantes inversiones en todos los sectores. Se construyen silos,
bodegas, agroindustrias y se compran máquinas y equipos para la agricultura;
invertimos en la minería, resolviendo limitaciones como la falta de agua y
electricidad, mientras los ingenieros chilenos rectifican los errores técnicos
antes cometidos en los llamados planes de expansión; invertimos en la
industria, en la electricidad, en el cemento, en el carbón, en el petróleo;
está en reconstrucción la zona del sismo del 8 de Julio de 1971; se inician nuevas
viviendas, hospitales, escuelas, canchas deportivas, balnearios populares y
parques de esparcimiento como el Q'Higgins. En resumen, estamos ampliando la
capacidad productiva del país y mejorando las condiciones de vida del pueblo.
Así nos preparamos para próximas etapas que aseguren la expansión de la
economía para el buen desarrollo del proceso revolucionario.
Nueva orientación
social de la capacidad de producción
El nuevo sentido social que inspira este
esfuerzo ha hecho necesario reorientar la producción para atender necesidades
más esenciales y más compartidas por la gran mayoría de nuestros compatriotas.
Trabajar más para que los más vivan mejor es un imperativo de la democracia
económica.
Ya se observa un cambio gradual en los
patrones de consumo y en el aparato productivo. Por ejemplo, estamos
racionalizando la industria automotriz; hemos decidido reducir el número de
modelos de automóviles, limitándolo a los tamaños pequeño y mediano; una planta
destinada a producir autos de lujo fue transformada en fábrica de camiones. La
producción de cocinas a gas, de máquinas lavadoras, de estufas, de artículos
para el hogar, aumentó notablemente.
Las imprentas produjeron cinco millones de
textos, repartidos gratuitamente a los escolares. Ya no sólo se produce literatura
para una minoría, se han impreso varios millones de libros vendidos a precio
popular. En sólo cinco meses Quimantú, editorial del Estado, vendió más de un
millón de libros.
En el sector de la vivienda, el aparato
productivo ha cambiado también su orientación; el cemento, la madera, el vidrio
y los demás materiales de construcción no se destinan a grandes y lujosas
mansiones; a través de planes de vivienda sin precedentes han sido empleados,
hasta agotarlos temporalmente, en producir viviendas sencillas.
La industria de bienes de consumo popular ha
tenido una permanente y activa demanda, crédito más barato y estímulos nuevos,
lo que le ha permitido aumentar y dinamizar su producción. La industria textil
se expande progresivamente.
En cuanto el transporte popular, se avanza
en la construcción de la línea uno del tren metropolitano de Santiago. Hemos
adquirido en el exterior dos mil nuevos buses y mil taxis.
Nuestras plantas están construyendo varios
miles de carros de ferrocarril. El mayor poder de consumo ha conducido a un
incremento vertical en los transportes; la venta de pasajes de locomoción
colectiva ha aumentado en más de 40 % en un año; lo mismo ha ocurrido en los
ferrocarriles y en los pasajes aéreos, sector para el que se está adquiriendo nuevos
aviones. El sistema de transportes se ha hecho insuficiente y los esfuerzos del
Gobierno, que se ven limitados por las dificultades en nuestra balanza de
pagos, tienden a mejorar la movilización popular tanto en la capital como en
las provincias.
En los cultivos agrícolas los recursos han
sido orientados hacia la producción de alimentos para el consumo pasivo. Este
año aumentará notablemente el área cultivada de trigo y otros cereales; para
ello importamos varios miles de tractores.
Una característica del subdesarrollo es la
desnutrición. Para terminar con ella es indispensable enriquecer la dieta de
nuestros compatriotas. Fatalmente, la necesidad de preservar y aumentar la masa
ganadera y de ahorrar las divisas que demanda la importación de carne, nos obligó
a mantener el régimen de veda.
Hemos impulsado el desarrollo de la pesca en
escala muy superior a la mantenida anteriormente. Barcos modernos
especializados en la pesca de alta mar abastecen los mercados de todo el país
de un producto que llega a los hogares a un precio bajísimo.
Por eso puede decirse que la preocupación
del Gobierno por el consumo de los frutos del mar se ha convertido en un
proceso importante de cambio en el régimen alimenticio, ya que ha introducido
nuevos hábitos en los consumidores y ayuda a mejorar la dieta de los hogares,
ha estimulado la capacidad organizativa y creadora de nuestras mujeres, ha
reducido parte del gasto diario y ha contribuido al mantenimiento de la reserva
de divisas.
Señores parlamentarios:
La progresiva democratización de la economía
ha permitido que Chile dé nuevos pasos en la conquista de las libertades
sociales. No es posible instaurar la libertad social sin la previa existencia
de una real democracia económica, y así incrementar la libertad de trabajo, de salud,
de cultura, de techo, de seguridad social, y de esparcimiento recreativo para
millones de compatriotas.
Mayor libertad para
trabajar
Nuestro país terminó 1970 negando el trabajo
a centenares de miles de chilenos con voluntad de vivir de su esfuerzo. Durante
el año transcurrido se han creado más de 200.000 nuevos puestos de trabajo, y
en Diciembre de 1971 el número de cesantes en Santiago había disminuído de 8,3
% a 3,5 % . Se ha reducido en un 55% el número de trabajadores que recurrieron
a la huelga y no porque se haya limitado en lo más mínimo ese derecho, arma
reivindicativa de los asalariados, sino porque la política del Gobierno, al
servicio de sus intereses, significa una mejor satisfacción de sus necesidades.
Mayor libertad para
gozar de salud
Los esfuerzos hechos en 1971 se han dirigido
a consolidar la etapa indispensable que es optimizar los rendimientos de
nuestro actual Servicio Nacional de Salud.
Señalamos como pasos al Servicio Unico de
Salud los significativos aumentos logrados en las consultas externas, pasando
de ocho millones novecientos mil en 1970 a diez millones doscientos mil en 1971, lo
que significa un incremento de 15,3% como promedio general. Debemos destacar
que en el curso del año 1971 observamos un aumento del 32,3 % de las prestaciones
entregadas por los servicios de urgencia. Este enorme aumento de la demanda se
explica porque nuestros trabajadores han adquirido mayor conciencia de su
derecho a la salud, aún cuando pensamos que la desproporción entre las
consultas externas y los servicios de urgencia expresa la insuficiencia de las
acciones de salud programadas en los consultorios externos, los que deberían
canalizar ésta.
De ahí la prioridad especial concedida a las
actividades y el desarrollo de la infraestructura de los consultorios
periféricos. Sin embargo, debemos señalar que es aquí donde más influye nuestro
antiguo déficit de recursos humanos calificados. En 1971 dispusimos de 6 mil
médicos y 2.610 enfermeras, en circunstancias que tan sólo las acciones
programadas requieren 9 mil médicos y 11.000 enfermeras. A pesar de todo, el
Gobierno le concede a esta eelosión de la demanda social la significación de
máximo estímulo para poner las instituciones realmente al servicio de las
demandas populares. La preocupación relevante del Gobierno Popular por la salud
del binomio madre e hijo se expresa en cifras concretas. El programa de
alimentación suplementaria entregó 48.000.000 de kilos de leche a toda la
población infantil y materna beneficiaria, significando un aumento real del
350% en relación a 1970. La disminución de la mortalidad infantil alcanzó a
10,5% como promedio, disminuyendo en todos los rubros que la componen.
Asimismo, el riesgo de la maternidad para la mujer de Chile se atenuó,
reduciéndose su mortalidad en 17,6%.
Por otra parte, ha sido nuestro interés
garantizar el acceso de todos los sectores sociales a la disponibilidad de
medicamentos, impulsando de manera substancial el desarrollo nacional
farmacéutico en los Servicios Públicos, para que contemple todo lo necesario
para asegurar una atención médica suficiente. En 1971, el Laboratorio Chile
aumentó su producción en un promedio de 45 % mientras que en 1970 lo hizo sólo
en un 3 % . Incrementó sus entregas al Servicio Nacional de salud en un 41 % .
En Febrero último se ha constituido el Comité Sectorial de Desarrollo de la Industria Farmacéutica
de la CORFO ,
estructura necesaria para consolidar y proyectar lo logrado en esa materia.
Ante nuestro déficit, en 1971 el Servicio Nacional de Salud ha aumentado sus
médicos en un 6,6 % ,sus odontólogos en un 31,5 % Y sus enfermeras en un 17,6%,
destacándose además la extensión de los beneficios médico-odontológicos del
Servicio Médico Nacional de Empleados a las provincias de Maule, Concepción,
Osorno, O'Higgins, Talca, Ñuble, Cautín, Valdivia, Llanquihue, Magallanes y
Santiago, beneficiando a poblaciones que carecían de ellos.
En este orden de cosas, se formuló en 1971
las disposiciones que rigen el sistema de médicos generales de zona, elevándose
la cifra de ellos de 195 a
674 en 1971-72. Se dictó, además, el reglamento que crea el odontólogo general
de zona, disponiéndose para 1972 de más de doscientas plazas a lo largo del
país.
Ha sido nuestra preocupación permanente
destacar las acciones destinadas a proteger y fomentar la salud de los
chilenos, haciendo realidad los conceptos de una medicina integral
preventivo-curativa. Por eso le hemos concedido especial prioridad a los
programas de higiene ambiental y salud ocupacional, destinados fundamentalmente
a proteger la salud del trabajador en su propio centro de trabajo. Así, se ha
firmado un convenio entre el Servicio Nacional de Salud y la Central Unica de
Trabajadores orientado a preparar la capacitación y participación de estos
últimos en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad Industriales previstos
por la ley, lográndose en el período de referencia complementar la formación de
3.000 trabajadores.
Mayor libertad de
acceso a la cultura
En 1971 se hizo efectiva por vez primera lo
que hasta entonces fue una inspiración: que la matrícula en la enseñanza básica
fuera totalmente gratuita. En la enseñanza media el valor de la matrícula fue
congelado al que tenía en 1970 y se deelararon voluntarias las cuotas en los
centros de padres. Para los párvulos, el esfuerzo realizado determinó un
crecimiento de un 13,7 % en relación a 1970, el más alto de los últimos años.
Las medidas adoptadas permitieron proporcionar educación básica al 97,9 % de la
población escolar entre 6 y 14 años. Del total de la población escolar,
extendida hasta los 19 años, se logró aumentar la matrícula a más del SO por
ciento, lo que representó un incremento de la escolaridad de 9,5 por ciento
respecto a 1970.
En la educación media regular, el número de
postulantes se duplicó entre 1970 y 1971, pasando de 29.000 a 65.000.
La planificación exige ligar el proceso
educacional con el desarrollo. Se estima que para un lapso de diez años será
necesario un ingreso de treinta y cinco a cuarenta mil estudiantes anuales en
las carreras universitarias tradicionales y en otras de la enseñanza superior.
En 1971, la creación de 38.500 nuevas vacantes en la enseñanza superior
representó un 88,1 % de aumento en relación al año pasado y la atención de más
del 70 % de los postulantes.
El total de la matrícula universitaria se elevó
a 100.100 alumnos. El crecimiento de las matrículas -30%- es el más alto que se
ha dado en los últimos cinco años. En la Universidad Técnica
del Estado el número de vacantes en carreras cortas aumentó en más de mil por
ciento.
Esta última Universidad creó 1.140 vacantes
para trabajadores, y 300 la
Universidad de Chile. Además, INACAP y la Universidad Técnica
ampliaron en un 143% la capacidad de los cursos especiales destinados a los
trabajadores interesados en ingresar a la Universidad.
Mayor libertad para
gozar de protección social
Las prestaciones de la seguridad social
constituyen otras formas de redistribución de ingresos hacia los sectores
asalariados y asegurados de la comunidad.
El proceso de nivelación de las asignaciones
familiares, iniciado en 1971,
ha llegado en el año 1972, a comprender
alrededor del 80 % del total de cargas del país y en especial de los obreros,
campesinos, fuerzas armadas, carabineros y empleados públicos.
Para ello fue necesario incrementar la Asignación Familiar
Obrera en un 100%, la de las Fuerzas Armadas y Carabineros en un 112, 5 % , y
la del sector público en un 50 % .
La población protegida por la Seguridad Social ,
que correspondía en 1970 al 72 % de la población total, aumentó al 90 % al
crearse la Caja
de los Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos, Transportistas e
Independientes.
Las 4.253.000 cargas familiares de la
población activa y pasiva, en la mayoría de las instituciones previsionales
están protegidas no sólo en cuanto al pago de esta prestación sino que también
reciben beneficios como atención médica, maternidad, riesgos por viudez y
orfandad.
Persisten injusticias en el sistema chileno
de seguridad social. Los institutos previsionales no otorgan los mismos
beneficios, ni siquiera a beneficiarios de la misma condición. Hemos tomado
medidas inmediatas para corregirlas y otras se encuentran actualmente en el
Parlamento como el Fondo Nacional de Prestaciones familiares, representativo de
un tercio del costo total de la Seguridad Social.
Paulatinamente reemplazaremos la Seguridad Social
vigente para terminar con todo el sistema discriminatorio que hemos heredado.
Actualmente no existe un verdadero seguro de desempleo para todos los sectores.
Entre otros, para los efectos al Servicio de Seguro Social, pese a ser ésta la
categoría de trabajadores más expuesta a la cesantía. Para el sector de los
empleados particulares, rectifica estas deficiencias una ley que sólo espera su
publicación.
El año 1971 significó para los pensionados
una elevación considerable en el monto de las pensiones mínimas,
particularmente en el Servicio de Seguro Social cuyas pensiones de invalidez y
vejez aumentaron a E 510., en el año 1972 a un 100 % del salario mínimo industrial,
es decir E 900. Desde que asumió el Gobierno Popular el crecimiento real de las
pensiones mínimas de vejez e invalidez en el Servicio de Seguro Social es del
orden del 78,5%.
Para los jubilados afectos a un fondo
revalorizador de pensiones, se otorga un reajuste que cubre el deterioro de
todo el año, y no como antes de sólo seis meses, y un reajuste general
adicional del orden del 8%. Esperamos asimismo fijar las pensiones mínimas para
1972 en un monto igual al sueldo vital de los empleados particulares.
Mayor libertad para
disponer de una vivienda
El Plan Habitacional de 1971 dió atención
preferente a las familias sin casa, y se ha tratado de solucionar los graves
problemas de los campamentos, completando la urbanización de alrededor de
30.000 terrenos. Por otra parte, se derogó la reajustabilidad establecida para
los dividendos CORVI, CORHABIT y de las Cajas de Previsión, medida que va en
beneficio directo del presupuesto familiar. En el sector público, el nuevo
enfoque del problema habitacional se tradujo en la iniciación de
aproximadamente 80.000 habitaciones y 7.000 viviendas campesinas adicionales.
Esto representa el esfuerzo habitacional mas grande que el país haya hecho en
un año, y cuadriplica el promedio del período 1967-1970.
La actividad del sector privado disminuyó
apreciablemente; inició 12.000 casas. La labor del sector público debió
orientarse a soluciones de emergencia, especialmente a raíz del sismo y
condiciones climáticas adversas. Se entregaron 42.000 viviendas de emergencia,
31.000 mediaguas, materiales para construcción y casetas sanitarias. Se
urbanizaron 27.780 terrenos y se ejecutaron numerosas obras complementarias de
urbanización y pavimentación urbana.
El papel de los
sectores medios
Nuestro propósito es convocar a los chilenos
a la tarea generosa de crear una sociedad más justa para las grandes mayorías
nacionales, hasta hoy sacrificadas.
Quiero referirme, aquí, a los ciudadanos de
las capas medias. Nadie puede admitir sensatamente que alguien pueda ser
sancionado por haber alcanzado, gracias a sus propios méritos, una posición más
elevada en la estructura social. Mi Gobierno aspira a proporcionar a cada uno
igual posibilidad para forjarse un mejor futuro. Requerimos a quienes detentan
capacidad intelectual, técnica o directriz para que contribuyan de manera
positiva a la concreción más rápida de la gran empresa nacional en que estamos
empeñados.
El Gobierno asegura la estabilidad en el
trabajo de los técnicos, profesionales, empleados y obreros del sector público.
Sus posibilidades de ascenso personal, por sus propios méritos y esfuerzos, sólo
tienden a aumentar en la medida que crezca y se generalice la prosperidad
nacional. Ninguna sociedad moderna puede sobrevivir y desarrollarse si no
cuenta con un dominio completo y progresivo de la tecnología mas avanzadas, y
si no se rige por formas racionales y eficaces de gestión. El dominio de la
técnica y racionalidad administrativa compete a profesionales debidamente
preparados, cuyas condiciones de vida y de trabajo deberán ser progresivamente
mejoradas para que contribuyan al desarrollo, tanto por razones de solidaridad
social como por la del estimulo de mejoramiento en sus posibilidades
profesionales. El socialismo necesita de la ciencia, la técnica y la cultura
más que el capitalismo.
Garantizamos que no pesa ni pesará ninguna
amenaza sobre los comerciantes, artesanos, pequeños industriales y mineros,
pequeños empresarios autónomos. Por considerar la extraordinaria importancia de
millares de empresas familiares de gestión privada como área de producción de
bienes y servicios indispensables, que ocupan a un número mucho mayor de
obreros que las grandes empresas monopolistas. De ahí nuestro estímulo a la
gestión autónoma de sus actividades. Y la ayuda técnica y financiera para
ampliar su capacidad de absorber mano de obra, de elevar el nivel de vida de
los trabajadores, y su capacidad de atender las necesidades de los consumidores
de sus productos.
En orden a materializar estos principios, la
nacionalización del sistema financiero ha permitido democratizar el crédito
haciéndolo más accesible a les medianos y pequeños productores, así como al
conjunto de las actividades del país.
En la agricultura, la tasa de interés del
crédito fue reducida en un 25 % para el sector no reformado. Los créditos del
Banco del Estado a medianos y pequeños agricultores e industriales sumaron
noventa millones de escudos contra veintiuno en 1970. Los créditos del mismo
Banco al sector de la construcción se incrementaron en 62 %.
El Servicio de Asistencia Técnica y
Financiera de la CORFO
a la pequeña industria y artesanado, aumentó sus operaciones de doscientos
ochenta y seis en 1970 a
tres mil seiscientos setenta y tres en 1971.
Los medianos y pequeños empresarios han
empezado a participar en los organismos públicos donde se adoptan decisiones
que les conciernen. Así, los pequeños y medianos mineros están representados,
junto a los trabajadores, en los Consejos Mineros de Desarrollo. Los
representantes de la empresa media y pequeña se han incorporado, por primera
vez, a los Comités Sectoriales de la
CORFO , y será ampliada su participación en el Consejo
Nacional de Desarrollo.
Merece ser destacada la extensión de la
previsión social a 130.000 comerciantes, 30.000 pequeños industriales y
artesanos, 70.000 transportistas, 1.300 químico-farmacéuticos, 200.000
feriantes ambulantes y estacionados, 250.000 agricultores. Estamos construyendo
un número de viviendas sin precedente para los sectores medios.
Es el firme propósito de mi Gobierno
establecer las condiciones que permitan a los sectores medios un futuro mejor
que su presente y su pasad. Esto no es una concesión. Para un revolucionario
hay incompatibilidad entre el interés del gran capitalista y el de los obreros,
porque el primero hace su riqueza en la medida que explota a los segundos. Pero
no hay antagonismos entre los intereses inmediatos de los trabajadores, y los
de empleados, profesionales y técnicos. El desarrollo de la organización
popular, participación y poder de los trabajadores Durante decenios hemos
luchado contra una práctica y entendimiento de la democracia puramente
formales, en que el sufragio, símbolo externo de la manifestación del poder,
ocultaba una realidad enajenante de la voluntad popular. La auténtica
democracia exige la permanente presencia y participación del ciudadano en los
asuntos comunes, la vivencia directa e inmediata de la problemática social de
la que es sujeto, que no puede limitarse a la periódica entrega de un mandato
representativo. La democracia se vive, no se delega. Hacer vivir la democracia
significa imponer las libertades sociales.
Hemos combatido siempre la concepción
individualista de la democracia, vinculada al egoísmo propio de una
organización capitalista, en que la concentración de los recursos económicos
fundamentales en una minoría dominante permitía a ésta usufructuar de los mecanismos
políticos representativos. Los grandes cambios efectuados en los últimos meses
para imponer la democracia económica, nos proporcionan el instrumento
indispensable para alcanzar la democracia social. Esta nunca ha sido concedida
por los capitalistas, sino que ha sido conquistada por el pueblo. La
organización y la conciencia son el resorte principal para que quienes viven de
su propio trabajo se impongan a los que gozan del ajeno. Por eso mi Gobierno ha
emprendido la tarea de robustecer la organización del pueblo.
La actividad humana conforma un todo aunque
aparezcan fragmentadas sus manifestaciones concretas. Nuestros conciudadanos
deben asumir responsabilidades directas en la toma de decisiones tanto en sus
centros de residencia, como en sus centros de trabajo y en la comunidad
nacional.
Por un lado, hemos impulsado la creación de
organizaciones comunitarias. Así, se ha reconocido la personalidad jurídica a
975 Juntas de Vecinos. De 681 Centros de Madres existentes en Noviembre de
1970, hemos llegado a 3.859.
Pero la vida del hombre gira en torno de su
facultad de amar, de crear, de trabajar. En sus relaciones de trabajo reside el
principal condicionante de su libertad. Muchas generaciones de trabajadores se
han sacrificado para hacer posible la conquista del poder económico y nadie
puede esperar que las nuevas estructuras de propiedad social y de relaciones
laborales se instauren acabada mente de un día para otro.
Las decisiones de los trabajadores en las
empresas del área social, en el área reformada del campo y en otros centros, no
se toman de modo anárquico, como desearían quienes buscan el fracaso de la
revolución, sino ordenadamente, de acuerdo con criterios generales sancionados
por la propia clase trabajadora, por sus representantes y por los partidos
populares que integran el Gobierno. En el agro se ha organizado el Consejo
Campesino Nacional y veinte Provinciales. Se han creado también en las Comunas,
cubriendo el 86%0 de ellas en 1971. En los Consejos Comunales, la participación
popular alcanza un nivel democrático nunca antes conocido en el país. Forman
parte todos los campesinos, hombres y mujeres, cualquiera sea su condición.
Están presentes los asalariados, arrendatarios, medieros, pequeños
propietarios, asentados, afuerinos, cesantes, cooperados, miembros de los
Centros de Reforma Agraria. Su competencia abarca la planificación, ejecución y
control de las medidas agrarias, e incluso aquellas materias políticas que de
algún modo les afectan.
En las empresas del área social y mixta han
empezado a funcionar los mecanismos de participación, acordados por el Gobierno
y la Central Unica
de Trabajadores, tras haber sido discutidos durante varios meses en los
organismos sindicales de base. Tienen el pluralismo que les confiere la
elección libre, secreta, uninominal y proporcional de sus miembros
representantes de la
Asamblea General de Trabajadores. Tienen la amplitud de
incorporar conjuntamente a obreros, empleados y técnico-profesionales. Tienen
el contenido de clase que les confiere el que los representantes del Gobierno -
en número no superior a los de la Asamblea General - están comprometidos con la
revolución socialista. Tienen la misión de expresar el poder de los
trabajadores en las empresas. Pluralismo, amplitud, contenido de clase y misión
que hará de nuestro sistema de participación uno de los más auténticos y
representativos del mundo en transición al socialismo en la medida que opere
regularmente.
Una nueva realidad está surgiendo en los
sectores que se incorporan al control directo de los trabajadores. Apenas
empieza, pero ya se puede entrever su fructificación. Comienza en las fábricas
transferidas al Sector Social, donde los contenidos solidarios de la dirección
obrera transfiguran las formas de trabajar y convivir. Mañana, además de centros
de trabajo, las empresas serán centros de cultura y de educación. Los lugares
donde los trabajadores pasan la mayor parte de sus vidas deben desarrollar con
imaginación creadora todas las formas de convivencia estimulante, de
autosuperación educativa, de cultivo artístico y de recreación. Para ello,
deberán establecerse -en colaboración con intelectuales y artistas- centros
deportivos, núcleos de enseñanza y difusión cultural. Deberán, además, asegurar
al joven obrero las necesarias condiciones para completar su escolaridad
general en cursos intensivos, inclusive dentro del horario regular de trabajo.
Y deberá prestarse atención especial a la mujer que trabaja, a sus aspiraciones
y necesidades específicas.
De ese modo la mina, la fábrica, la oficina,
la empresa agrícola comercial, irán perdiendo el aspecto inhumano, orientado
exclusivamente hacia la búsqueda de ganancias que les confirió la sociedad
capitalista, para adquirir la fisonomía de instituciones sociales que anticipen
el carácter socialista de la futura sociedad chilena, al volcar sus
preocupaciones tanto a la producción y a la productividad como a llenar las
necesidades existencia les de belleza y felicidad de los trabajadores. En este
camino, a fines de Abril último, en más de setenta empresas del área social y
mixta 71.000 trabajadores de todas las tendencias políticas habían aprobado sus
Reglamentos de Participación, y habían elegido directamente a sus
representantes en el Consejo de Administración. A mediados de este año,
alrededor de 150.000 trabajadores habrán designado a sus mandatarios.
En las empresas del área privada, los
trabajadores deberán ser informados debidamente, a través de sus sindicatos, de
las decisiones que afectan su condición laboral presente y futura: producción,
empleo, salarios, organización interna del trabajo e inversiones.
Además, se ha empezado a establecer
mecanismos de participación popular en servicios importantes, como el de
atención médica. La democratización y desarrollo de nuestros planes ha llevado
a crear en Septiembre pasado, en todo establecimiento del S.N.S., los Consejos
Locales de Salud, que deberán examinar y contribuir a la mejor solución de los
problemas que les atañen en interés de la comunidad. El mismo espíritu de
organización y participación directa ha llevado a la creación de los Comités
Comunales de Emergencia.
Todo el sistema de decisiones del Gobierno
está cambiando de sentido. Una nueva realidad política está surgiendo dentro
del Estado. Hoy, los representantes directos de los trabajadores están participando
en las decisiones de todos los escalones del Gobierno, desde el Congreso
Nacional de Desarrollo hasta los Comités Sectoriales de la CORFO , así como en los
Consejos Provinciales de Desarrollo. En el futuro inmediato, nuestra tarea es
perfeccionar y aumentar sin pausa el control del Estado por los trabajadores,
por la real fuerza creadora del país.
A las organizaciones del poder capitalista
los trabajadores han opuesto la fortaleza de las suyas. El futuro de nuestro
proceso revolucionario reposa, esencialmente, en el desarrollo del poder
organizado de los trabajadores; de ahí el esfuerzo de mi Gobierno por impulsar
sus instituciones.
En Enero de 1971, la Central Unica de
Trabajadores, principal institución representativa de los asalariados, fue legalmente
reconocida tras años de desprecio y persecución. Hoy agrupa más de un millón de
afiliados. También se ha otorgado personalidad jurídica a organizaciones
gremiales de los empleados, entre otras la agrupación Nacional de Trabajadores
Semifiscales, la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación de
Empleados de Industria y Comercio y la Confederación de Empleados Particulares.
Durante 1971 se otorgó personalidad jurídica
a 599 sindicatos industriales, 85 % más que el año anterior. Agrupan a 35.000
asociados. En el sector rural, la organización campesina ha hecho progresos
considerables. En el año anterior fueron reconocidos 122 sindicatos agrícolas
que agrupan a 127.000 miembros.
El proceso sigue su curso. Muchos obstáculos
han sido superados, pero antiguos problemas subsisten y han surgido muchos
otros nuevos. Así es la dinámica de la historia. Nuestra misión es encauzarla,
no alimentar vana esperanza de frenarla y, para ello nada más realista y
efectivo que estimular nuestra capacidad creadora y organizadora.
Por eso estamos impulsando las Juntas de
Abastecimiento y Precios, para que colaboren con los funcionarios en el control
de los precios oficiales y en asegurar el abastecimiento. Estas surgen como una
necesidad en el seno mismo de las masas para defenderse del agio, de la mala
distribución y del acaparamiento. Es obligación del Gobierno cooperar a su
formación y desarrollo.
La expansión de
nuestras relaciones internacionales
Honorables Senadores y Diputados:
La voluntad de liberar nuestra economía de
la entrega al capital extranjero imponía exigencias especiales a la política
internacional. Encarar frontal mente y con la dignidad de un pueblo libre al,
poder económico establecido en nuestra Patria, entraña riesgos equivalentes a
la magnitud y al poderío de las fuerzas imperialistas.
Las actividades económicas esenciales del
país dependían de grandes empresas norteamericanas con increíble capacidad de
intervención interna. Nuestra permanente preocupación ha sido evitar que logren
aislarnos o bloquearnos, ni económica ni políticamente. Sin embargo, han
conseguido ejercer diversas presiones, en particular interrumpiendo
drásticamente el regular flujo de créditos. Para nuestra lucha por la
independencia económica, debíamos contar con la amistad, ayuda y comprensión de
los pueblos de Latinoamérica. Era nuestra obligación incrementar la intensidad
de nuestros vínculos con los países hermanos, y contribuir resueltamente al
desarrollo del Pacto Andino. Nuestras visitas a Argentina, Perú, Ecuador y
Colombia, resultado de invitaciones que nos honran, permitieron llevar un
mensaje de esperanza a sus pueblos y establecer una relación directa con sus
Gobernantes. A su vez nos han distinguido con su presencia los Presidentes de
Argentina y México. Derribamos de este modo las artificiales fronteras
ideológicas en favor de los comunes intereses. Para los pueblos y gobernantes
con que conversamos; el afecto de Chile y nuestro reconocimiento. En este,
sentido, el reencuentro con Cuba revolucionaria, simbolizado en la presencia de
Fidel Castro entre nosotros, tiene un profundo significado para Latinoamérica.
Chile ha debido diversificar aceleradamente
sus relaciones comerciales con los países industriales capitalistas. Hemos
reforzado nuestros vínculos económicos con Europa Occidental y Japón,
propiciando una política de cooperación sobre bases ventajosas para nuestra
economía. Hemos logrado que se comprenda el esfuerzo interno que estamos
realizando, lo que se ha traducido en apoyo ante nuestra solicitud de renegociar
la deuda externa.
Mi Gobierno ha concertado las relaciones
internacionales más amplias de nuestra historia. Hemos ejercido nuestra
independencia política, que no acepta tutela alguna, reconociendo Estados de
reciente constitución, ya la totalidad de los Gobiernos socialistas
establecidos en el mundo, cuya reciprocidad se ha traducido en una amplia
colaboración de orden técnico, económico y cultural. Elevaremos al rango de
Embajada nuestra representación en Corea del Norte y en NorVietnam.
Por último, la comunidad internacional ha
demostrado su simpatía y amistad por nuestra Patria al aceptar la invitación
formulada por el Gobierno Popular para celebrar en Santiago la III Reunión de la UNCTAD.
De este modo, la política internacional del
Gobierno va convirtiendo en un factor positivo, coadyuvante a nuestra tarea
transformadora, las relaciones con el extranjero que, en un principio,
aparecían como un peligro potencial.
Nuestro Gobierno ha sido consecuente con su
pensamiento al exponer en todos los foros internacionales y, particularmente,
en la III UNCTAD ,
sus posiciones fundamentales. Planteamos la conveniencia de que el nuevo
sistema monetario internacional sea estructurado en consulta democrática con
todos los países del mundo, superando la experiencia de Bretton Woods.
Planteamos, asimismo, la conveniencia de crear un mecanismo automático de
renegociación de la pesada deuda externa que tienen que soportar los países
pobres. Reelamamos la necesidad de que las grandes potencias respeten las
decisiones adoptadas por los países débiles conforme a su propio régimen
jurídico interno y dentro del marco del derecho internacional. y la urgencia de
transformar las economías de guerra en una economía de paz al servicio del
progreso de los pueblos. Necesidades todas ellas de urgencia inaplazable y
sobre cuya solución, desafortunadamente, subsisten motivos de pesimismo.
En concordancia con nuestra posición en
política internacional, votamos a favor del ingreso de la República Popular
China a las Naciones Unidas. Más tarde hemos hecho presente nuestra protesta
por la agresión de que es víctima el pueblo de Vietnam, y en el seno de
organismos continentales hemos repudiado la artera intervención de la International Telegraph
and Telephone en nuestro país. En todas partes hemos mantenido y mantendremos
nuestra irrenunciable posición de defensa de los principios de no intervención
y autodeterminación de los pueblos.
Dificultades
Económicas.
Las transformaciones estructurales que hemos
introducido en la economía del país, junto con reactivarlas, han provocado
algunos desequilibrios que, en parte, son consecuencia del sistema anémico y
deformado que hemos recibido por herencia, y también producto de la intensidad
con que se han desarrollado algunos aspectos de la política económica durante
1971.
La política resdistributiva con reactivación
económica permitió un aumento excepcional de la producción. Sin embargo, el
aumento de los ingresos monetarios de la población fue aún mayor. El exceso de
liquidez no alcanzó a ser absorbido por el ahorro y las mayores necesidades de
dinero que implicaba la circulación de los bienes. Parte del sector privado
aumentó su preferencia por mantener saldos líquidos a fines de consumo o de
inversión especulativa.
En el aumento de la cantidad de dinero
ocurrida en la economía chilena, han incidido varios factores. En 1971, los
salarios monetarios aumentaron en más de 50 % sobre 1970, y en las estimaciones
para 1972 alcanzan una cifra entre 35 y 40%. Ha sido sobrepasado con creces el
objetivo límite del acuerdo CUT-Gobierno para 1972. Esto ha mejorado
considerablemente los ingresos reales de los asalariados, pero sus excesos
cuestionan lo obtenido.
El déficit fiscal que se ha traducido en
expansión monetaria se podría reducir interrumpiendo el gasto o aumentando los
ingresos. Disminuir el gasto habría significado menos escuelas, menos
hospitales, menos viviendas, menos empleos, menos reforma agraria, es decir,
renunciar a importantes necesidades de nuestra población.
En parte por responsabilidades propias, y en
parte por impedimentos ajenos al Ejecutivo, no hemos hecho todo lo que era
posible para que los ingresos recogidos fueran iguales o próximos al gasto
efectuado. No se ha terminado con la evasión tributaria, que por sí misma es
igual o mayor que el déficit. Tampoco se ha sido lo suficientemente estricto en
la recuperación de los créditos otorgados por los Bancos y otros organismos
estatales, ni en la fiscalización de los pagos al Servicio de Seguridad Social.
Otras necesidades fundamentales escapaban a
nuestro poder de decisión. Las iniciativas del Gobierno en materia de tributos
habrían elevado los ingresos fiscales fundamentalmente a costa de las grandes
empresas y del pequeño sector de la población que tiene más alta renta, pero
han sido rechazados o desvirtuados por el Parlamento. Es el caso, por ejemplo
de los impuestos a los bienes raíces de avalúo superior a veinticinco sueldos
vitales anuales, que corresponden al 16% de los bienes raíces; el de los
impuestos a las utilidades extraordinarias, que afectaba a menos del 3 % de las
empresas; el de los impuestos discriminatorios a los cigarrillos, vinos y
licores, a los que la mayoría parlamentaria les quitó su carácter progresivo.
Otro factor ha contribuido en forma
importante a la presión sobre los bienes de consumo y al aumento de la cantidad
de dinero. Los empresarios privados han podido sostener y aumentar su consumo
en 1971, destinando para ello una gran cantidad de recursos financieros
adicionales provenientes de liquidación de stocks, disminución de la inversión,
disminución del mantenimiento, reducción drástica de los créditos comerciales,
aumento de colocaciones y otros. La gran cantidad de recursos líquidos en manos
de los empresarios y sectores de altos ingresos, que compiten con los sectores
más pobres en la obtención de bienes, ha empujado las presiones de demanda y
contribuido al desarrollo de la especulación.
El desequilibrio entre esta gran cantidad de
dinero y los aumentos de producción logrados, da como resultado presiones
inflacionarias manifiestas y tensiones parciales en el abastecimiento de
algunos productos agropecuarios e industriales. Dichas presiones, latentes y
abiertas, aceleran el proceso inflacionario.
Respecto a las tensiones parciales en el
abastecimiento, aparte de las presiones de demanda, está el hecho real de que
la producción e importación de determinados bienes actualmente no bastan para
cubrir todas las necesidades que el poder adquisitivo permitiría satisfacer.
Nos encontramos ante una economía con
ocupación casi plena de su fuerza de trabajo y de la capacidad de producción de
sus instalaciones, pero con síntomas de desabastecimiento parcial que no pueden
ser amortiguadas con importaciones por la situación difícil de nuestro comercio
exterior.
La expansión económica a que nos referimos
presiona, también, sobre nuestra balanza de pagos. Existe un desbalance entre
el ingreso de divisas y la necesidad interna de éstas para continuar con la
política de crecimiento acelerado junto con implementar nuevas relaciones sociales
de producción. En los problemas de comercio exterior inciden factores tanto
coyunturales como estructurales. En lo que se refiere a los factores de
carácter estructural, durante toda la década del 60, con la sola excepción de
1962, el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos fue deficitario. Se
cubrió con la entrada creciente del capital privado extranjero, y el
endeudamiento nacional.
Iniciado el proceso transformador, el
mecanismo anterior no podía continuar, ni por parte del Gobierno Popular ni por
parte del Capital extranjero. Es así como el saldo neto del movimiento de
capitales autónomos pasó de más 150 millones de dólares, en 1970, a menos 100 millones
de dólares en 1971.
Esta no es la única presión estructural
sobre la balanza de pagos. La expansión general de la actividad interna,
especialmente industrial, requiere importaciones adicionales de bienes
intermedios y otros.
Las necesidades por importaciones
adicionales provocadas por la expansión económica se dan con dificultades
coyunturales que es necesario tener en cuenta. El país sabe que el Gobierno
recibió una economía con deudas que fue preciso renegociar, porque sus
servicios comprometían más del 35% de los ingresos de exportaciones anuales El
acuerdo del Club de París significó sólo un alivio relativo de nuestra balanza
de pagos para 1972, ya que Chile debe pagar durante este año no menos de 230
millones de dólares por concepto de servicio de la deuda.
Ha afectado también al problema de divisas
la devaluación del dólar, decisión que ha contribuido a que la misma cantidad
de importaciones haya supuesto 120 millones de dólares más que en 1971. No
menos importante ha sido la disminución de los precios internacionales del
cobre en 1971, que significó una disminución del ingreso en divisas de 110
millones de dólares. Habría que añadir a estos deterioros los 50 millones de
dólares perdidos en 1971 por los errores cometidos en el anterior programa de
inversiones del cobre, y en la explotación irracional de estos minerales en los
últimos meses de gestión de las empresas extranjeras.
Necesitamos cada vez más divisas: debemos
pagar nuestra deuda acumulada e importar cada vez más bienes, cada vez más
caros por la política monetaria internacional. Además, ciertas instituciones
económicas norteamericanas han ejercido represalias contra nuestra política
nacionalista, han sido negados varios créditos regularmente solicitados a
organismos financieros internacionales; la Anaconda y la Braden lograron órdenes de embargo sobre bienes
chilenos en Nueva York, entorpeciendo así el comercio con este país. Los
créditos de los bancos norteamericanos bajaron de 220 millones de dólares, en
Agosto de 1970, a
75 millones de dólares en Noviembre de 1971 y a poco más de 20 millones de
dólares en Enero de 1972.
Del mismo modo que la institucionalidad y
las formas jurídicas del Estado deben necesariamente responder a la nueva
realidad socioeconómica en génesis, la solución de los problemas crónicos de
nuestra economía, como la inflación y los desequilibrios del comercio ex terior,
no puede alcanzarse por el sólo empleo de arbitrios tradicionales. Será el
logro y consolidación de las transformaciones que estamos operando las que -en
definitiva- permitirán superar aquellas dificultades.
Dificultades
Políticas
Conciudadanos del Congreso:
Las experiencias vividas por otros pueblos,
en otras circunstancias históricas, deben ilustrar a los chilenos para evitar
los errores que tuvieron tan alto costo en vidas humanas y en esfuerzos
frustrados.
Entre las fuerzas políticas que sustentan al
Gobierno, subsisten métodos y conductas inadecuadas o -erróneos que gravitan
negativamente en el proceso revolucionario.
Es preciso tener plena conciencia de que el
éxito de la empresa que hemos iniciado depende, en gran medida, de la capacidad
del movimiento popular y de cada uno de sus hombres, no sólo para admitir
honestamente los errores, sino para rectificarlos en el actuar cotidiano.
En primer término, no es dable aceptar que
las apreciaciones, diferentes en lo meramente táctico, de las fuerzas políticas
que nos apoyan, puedan llegar a ser obstáculos en el camino que hemos
emprendido hacia el cumplimiento integral de nuestro Programa.
Tales diferencias, siempre superadas en las
direcciones, afloran a veces en los órganos de la administración, o de la
gestión económica, o en las bases del movimiento sindical y político. Es deber
ineludible de cada uno de los partidos y movimientos que integran el Gobierno
continuar esforzándose -día a día- por eliminar tales divergencias dentro de
los marcos del pluralismo ideológico.
Por otra parte, nuestras estructuras de
dirección en lo político y en lo administrativo han sido capaces de impulsar
con éxito la realización del programa de Gobierno. Sin embargo, mantienen
deficiencias que retardan o entorpecen las decisiones, impidiendo que éstas
sean tan prontas y eficaces como demanda la realidad que vivimos. Es
imperativo, en consecuencia, aplicarnos al mejoramiento de los mecanismos
directivos, en todos los campos de actividad y in todas las jerarquías.
Si diferencias tácticas afloran en
oportunidades dentro de la
Unidad Popular , mayores son las que se manifiestan en otros
grupos revolucionarios que, con sus actuaciones, se sitúan en una posición
potencialmente conflictiva con el Gobierno y los Partidos que lo integran. Lo
que debe llamar a reflexión. Si el adversario no está en la izquierda, jamás
debería estar allí el enemigo. La Administración Pública
debe comprender cabalmente que está al servicio de los administrados. Debe ser
permeable a los impulsos renovadores surgidos de la base misma de la población.
Para lograr estos fines, se requiere que la lucha anti-burocrática sea para los
trabajadores un derecho y una obligación.
Reiteradamente, las fuerzas populares han
condenado el exclusivismo partidista como factor que coarta la labor
gubernativa. La diferenciación partidaria no será nunca causa justa para
amparar la ineficacia ni para tolerar la desaprensión en el manejo de los
asuntos públicos. El pueblo mismo, y especialmente los trabajadores, deben
hacer terminar con tal práctica. Este es uno de los fines principales de la
participación.
También debo referime a tendencias negativas
que surgen en ciertos grupos de trabajadores organizados y que obstaculizan el
desenvolvimiento y consolidación de nuestra tarea revolucionaria. Existen
orientaciones equivocadas en orden a exigir, en algunas empresas del Area
Social, remuneraciones que no son compatibles con la situación real de las
empresas, o que deterioran su situación financiera, comprometiendo las
posibilidades de expandirse y generar excedentes. Tendencia que es
sistemáticamente exacerbada por quienes, en la oposición, cultivan la errónea
esperanza de que provocar la crisis económica general podría preservar la
propiedad privada de los monopolios y permitirles recuperar sus privilegios.
Para contrarrestar tales tendencias, el
Gobierne se propone vigorizar el proceso de integración de los trabajadores a
la dirección de las empresas socializadas, y sustituir el actual sistema de
remuneraciones por uno distinto que discutido por los obreros, empleados y
técnicos de esas empresas, junto con los funcionarios del Estado, se ajustará a
las nuevas características del Area Social. A lo largo de su historia, nuestra
sociedad acumuló contradicciones de tal magnitud que con frecuencia -en el
pasado y en el presente-, las nociones básicas del ordenamiento social y sus
expresiones jurídicas fueron cuestionadas por los grupos sociales emergentes.
La respuesta de los sectores dominantes fue, a menudo, el desencadenamiento del
potencial represivo del Estado. Hoy, en medio de un proceso de cambios tan
radicales, no es extraño que experimentemos los efectos de causas profundas que
se traducen en ocupaciones de predios y establecimientos industriales. Nuestra
respuesta no es ni puede ser la misma. Hemos utilizado la persuasión y el
llamado a la conciencia de los trabajadores, desestimando los expedientes
represivos. Y hemos tenido éxito, en términos generales. Esperamos que los
revolucionarios perciban las nuevas condiciones del país, las contradicciones
que han surgido, las posibilidades que están abiertas, y rechacen en definitiva
las conductas espontaneístas que entorpecen el logro de las grandes metas del
proceso. Es la confianza de un Gobierno que ha sabido y sabrá cristalizar en hechos
los anhelos populares.
Chile está ante otros graves problemas
políticos. Se libra a cada instante una gran batalla a cuyo desenlace están
ligados la paz y el progreso de nuestra patria. Interesa al poder capitalista,
como último recurso, enfrentar a campesinos con campesinos, obreros con
obreros, y a los sectores medios con el conjunto de los trabajadores
organizados. Pero esto perjudica a Chile como nación, como pueblo empeñado en
salir del atraso, en liberarse del dominio económico foráneo y de una estructura
social interna explotadora. Los campesinos militantes de la Democracia Cristiana
podrán discrepar sobre una o cien materias con los de cualquier Partido de la Unidad Popular.
Pero son campesinos. Quienes viven de su profesión no sólo pueden sino que
deben manifestar los problemas que afectan a su ejercicio, pero no tienen nada
en común con quienes buscan provocar el caos interno con la vana ilusión de
preservar odiosas desigualdades.
Mi Gobierno se apoya en la fuerza social
organizada de la Unidad
Popular pero es consciente de que, por encima de
discrepancias ideológicas, representa también los intereses objetivos de
sectores medios y populares que no militan en la Unidad Popular.
Mantendrá con ellos las relaciones propias del debate político democrático. En
la esperanza de que las grandes mayorías sabrán superar sus divergencias
internas para enfrentar unidas a quienes no han vacilado antes, y tampoco
ahora, en provocar las condiciones que pueden sumergir a Chile en la anarquía.
Sin embargo, la mayor gravedad para la
normal evolución de la vida política interna y la convivencia de nuestros
conciudadanos, radica en la voluntad de ciertos sectores de la oposición de
provocar un conflicto institucional. En los últimos meses se han forzado
sucesivos enfrentamientos entre los Poderes del Estado, que han amenazado la
esencia misma de nuestro sistema político y del régimen Presidencial, al
atentar contra la independencia política de los Ministros, las facultades de
co-Iegislador privativas del Ejecutivo y la capacidad económica del Gobierno.
Se ha llegado hasta el extremo de pretender invalidar la competencia y la
independencia del Tribunal Constitucional. Invoco aquí la responsabilidad que
cabe a cada uno de nosotros ante el destino superior de la Patria.
El vigor de la
democracia política
Conciudadanos:
El proceso revolucionario que desde años se
venía gestando en nuestro país ha irrumpido en todas las esferas, ha penetrado
todos los resquicios de la vida nacional. Cada día, a cada minuto, se enfrentan
dos mundos, dos concepciones
de la ordenación social y de la convivencia
humana. Uno de ellos es perfectamente conocido en sus valores y en sus
realizaciones materiales. Es el mundo que ha existido, resquebrajado hoy en sus
cimientos más hondos, y asediado por el ímpetu de un mundo que emerge de las
profundidades donde estaba sumido, cuya realidad material podemos y debemos
construir, porque es el Chile del futuro en que se impondrán los valores de
fraternidad solidaria frente al egoísmo. Ese mundo sumergido hace sentir su
fuerza, así como es palpable la desesperada resistencia de las estructuras,
instituciones, clases y hombres amenazados en la continuidad de sus
privilegios.
Nuestro país se encuentra inmerso en un
cielo de revolución social y económica. Los acontecimientos se aceleran,
produciendo en algunos situaciones de vértigo. Podemos razonablemente esperar
que deparará a nuestra Patria momentos y trances difíciles recorrer tan agitado
camino, en medio del antagonismo de fuerzas sociales enfrentadas en torno a dos
modelos incompatibles, la sociedad capitalista agonizante y la sociedad
socialista.
Ante la convulsión de las estructuras y
normas tradicionales y la irrupción masiva de los desposeídos en la dirección
política y económica, el régimen institucional ha venido experimentando una
gran presión tendiente a hacerlo estallar. Hoy disponemos de pruebas
documentales suficientes para conocer la envergadura de la maquinaria nacional
e internacional puesta a operar contra nuestro sistema democrático.
Como Presidente de la República , éste es uno
de mis principales motivos de preocupación. No me cabe la menor duda que el
proceso revolucionario que estamos llevando adelante es aor demás vigoroso para
vencer cualquier intento irresponsable de contenerlo. Pero es mi vocación
profunda, y mi obligación frente al pueblo entero de mi Patria, agotar mis
esfuerzos para que la revolución avance en forma organizada y racional contra
el capitalismo monopolista y la codicia de las empresas extranjeras. Mi
Gobierno ha asumido la misión de encauzar las transformaciones fundamentales de
modo orgánico y sincronizado, evitando desajustes entre lo necesario, lo
posible y lo imposible que, en esta etapa de desplazamiento social del poder,
podrían entrañar graves riesgos para la paz, el progreso y el bienestar
inmediato del pueblo chileno.
En el vigor de la democracia política
tenemos uno de los más apreciables instrumentos para asegurar el desarrollo
regular del proceso revolucionario. Fortalecerla y ampliar los fundamentos en
que se apoya es una de las más importantes tareas que persigue mi Gobierno.
El combate sostenido para abrir el camino de
la democracia económica y conquistar las libertades sociales, es nuestra
contribución mayor al desarrollo del régimen democrático en esta etapa de
nuestra historia.
Llevarlo a cabo simultáneamente con la
defensa de las libertades públicas e individuales, y el desarrollo del
principio de legalidad, es el desafío histórico que todos los chilenos estamos
enfrentando.
El camino revolucionario que nos trazamos y
hemos venido siguiendo imperturbablemente ha hecho más reales y auténticas las
libertades, al proporcionar más medios materiales para ejercerlas a la inmensa
mayoría de nuestros compatriotas; ha robustecido el régimen democrático, al
poner en ejecución medidas que acabarán con la raíz de las desigualdades. Nadie
que observe nuestra realidad objetivamente puede dudar que el desarrollo del
régimen democrático y de libertades está necesariamente ligado a la evolución
del proceso revolucionario. Durante mi Gobierno se han producido conflictos y
ocupaciones que han afectado a unos 1.700 predios, es decir, el equivalente del
0,5 % del total de propiedades agrícolas. Prácticamente todos han sido
resueltos. Pero si el proceso productivo y la paz se han mantenido en el campo,
es porque en vez de represión mi Gobierno ha hecho revolución. Por cada
hectárea ocupada, se han expropiado decenas de miles.
La democracia, las libertades y la seguridad
colectiva, las afianzaremos en la medida que acabemos con las diferencias
económicas, los privilegios sociales y las injusticias flagrantes. La
movilización de las fuerzas populares proporciona a mi Gobierno su vigor
político. Nuestra resuelta ejecución de medidas revolucionarias incide sobre
las causas de las tensiones sociales y hace posible, por ende, el orden
público. En el Chile de hoy la revolución social es garantía para el
mantenimiento del orden público. Pero, simultáneamente, la demolición de los
privilegios económicos provoca la creciente movilización de los sectores
plutocráticos y conservadores, dispuestos a defender su mundo a cualquier
precio. Los problemas de orden público provocados por los intereses en pugna
van a aumentar considerablemente. Ante esto, la posición del Gobierno Popular
es la que le corresponde: las tensiones sociales derivadas del levantar de los
oprimidos, serán resueltas profundizando la revolución dentro del orden legal y
de acuerdo con nuestro Programa; los atentados a la convivencia cívica
provocados por los sectores privilegiados, o los grupos obcecados, serán
resueltos por el imperio de la ley y por la firmeza de un Gobierno consciente
de su responsabilidad en el desarrollo histórico de nuestra Patria.
Nos hemos propuesto asegurar la continuidad
del proceso de transformaciones respetando el pluralismo político y cultural.
Para lograrlo estamos tomando las medidas profundas de mayor efectividad. Nada
amenaza más seriamente la posibilidad de hacer compatibles la revolución y el
pluralismo que el desencadenamiento de la violencia -de imprevisible
desarrollo. Por esta razón, quienes sin estar entregados a la defensa de
privilegios están honestamente preocupados por el porvenir del pluralismo en
Chile, deben comprender que evitaremos una situación de violencia económica,
social y política contra el pueblo, en la medida que hayan sido sustraídos al
control de la clase dominante y del capital foráneo los instrumentos de poder
capaces de ser utilizados para generar una fuerza agresiva. Una vez más, la
rápida democratización de las bases de la economía, el progreso en las
libertades sociales y la movilización popular, aparecen como necesarias para
asegurar la consolidación de la vía chilena hacia el socialismo.
Con toda su importancia para el
fortalecimiento de nuestra democracia, los fenómenos que acabo de enumerar
deben ser acompañados de otros cambios para garantizar el regular desarrollo de
nuestro régimen institucional. Las profundas transformaciones que Chile está
experimentando han producido un claro distanciamiento entre las nuevas necesidades
de orden legal y una normativa jurídica tradicional. Nuestro sistema jurídico
corresponde a un orden social que está siendo superado. No es realista pensar
que el principio de legalidad y el estado de Derecho pueden dejar de cumplir la
función ordenadora y dinámica que les debe ser propia para convertirse en una
barrera al desarrollo social. Si tal cosa ocurriera, las fuerzas del cambio se
impondrán.
En un sistema institucionalizado como el
nuestro, es potencialmente perturbador mantener prolongadamente la incoherencia
entre normas jurídicas de espíritu tradicional, por un lado, y las realidades
socio-económicas que están naciendo, por otro. Todo un sistema normativo debe
ser modificado y un conjunto de medidas administrativas ser puestas en práctica
para ordenar las nuevas necesidades. El sistema bancario, el financiero, el
régimen laboral, el de seguridad social, la administración regional,
provincial, municipal y comercial, los sistemas de salud y educacionales, la
legislación agraria e industrial, el sistema de planificación, la misma
estructura administrativa del Estado, la propia Constitución Política, no se
corresponden ya con las exigencias que los cambios instaurados están
planteando. Este programa que interesa y pertenece al pueblo entero, debe ser
discutido por él, para luego adquirir validez jurídica.
La regular continuidad del sistema
institucional no depende sólo del Gobierno, mientras no disponga de mayoría en
el Congreso. El ordenamiento legal no puede permanecer bloqueado mientras la
realidad social, económica y política del país está cambiando incesante y
rápidamente.
Mi Gobierno continuará defendiendo el
régimen legal e institucional con la misma convicción revolucionaria y
patriótica que ha demostrado. Pero ningún esfuerzo puede contribuir más a los
requerimientos presentes que anticipar las transformaciones jurídicas que
aseguren su elasticidad para las nuevas necesidades del futuro. Pocos peligros
más graves le acechan que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos en
medio del actual período de transformaciones profundas aceleradas. Por eso el
Gobierno no cejará en impulsar la actividad legislativa de modo correspondiente
a las exigencias de la realidad actual.
Esta es nuestra responsabilidad histórica en
el momento presente y la asumimos plenamente, conscientes de que de su buen
éxito depende la seguridad colectiva de los chilenos. Sobre estas bases
podremos garantizar un porvenir político de libertad, progreso y paz.
La historia de Chile es la respuesta
continua y obstinada a gigantescos desafíos. Desafíos de una naturaleza que es
siempre necesario someter y, muchas veces, resistir, porque no entrega
fácilmente su producto, y porque a menudo golpea al habitante con inclemente
dureza. Desafío de nuestra condición de ínsula, delimitada por el hielo, el
desierto, la montaña y el mar, que hizo más difícil nuestra relación con el
mundo.
Hoy es el tiempo en que el hombre ha cruzado
el umbral del macrocosmos, y empieza a recorrer las magnitudes espaciales en
tanto que penetra la intimidad de la materia. Hoy se nos vuelve a desafiar.
Porque este nuevo cielo que ha comenzado el mundo coexiste con la ignorancia,
el hambre y el dolor que todavía aplastan -intolerablemente- a casi los dos
tercios de la humanidad.
Existe, por tanto, una abisal contradicción
entre lo que el hombre contemporáneo es y lo que potencialmente está a su
alcance.
Y ésta no puede resolverse dialécticamente
sino mediante una nueva configuración de las relaciones entre los hombres,
tanto en lo supranacional como en el seno de cada sociedad. Tal contradicción
será resuelta por el Socialismo.
En este marco se inscribe la tarea ambiciosa
que hemos emprendido: ser dueños de nosotros mismos y de nuestro porvenir.
La nación chilena se abre hacia el Pacífico.
El mar no será límite, sino ruta y fuente de riqueza. La Isla de Pascua es el enclave
que prolonga en su distante meridiano la presencia de Chile. Debe erigirse en
centro importante de investigación científica, pivote de las comunicaciones con
Oceanía y Asia, base de resguardo de nuestra soberanía.
Es deber actual la integración definitiva de
nuestro territorio para que sobre las islas australes, el Aysén y la Antártica , tierras de
potencialidad apenas intuida ejerza real soberanía. A la explotación ganadera y
del petróleo, será menester sumar un conjunto de actividades productivas que
permitan su expansión demográfica y tornen esas regiones en impulsoras
decisivas de nuestro desarrollo.
Las zonas áridas, vieja tierra de vieja
minería, que duerme bajo el signo de la mera extracción, deberán
diversificarse. Rescataremos lo que hoy desperdiciamos de modo irracional.
Aproximaremos el hombre de Chile a sus montañas para recuperar, forestando, el
equilibrio ecológico perdido.
Hay urgencia de que el país conozca todo el
espectro de sus posibilidades económicas: la ejecución integral de los
catastros agrológico, mineral y marino hará posible aumentar, en escala
portentosa, el flujo de los bienes que requiere nuestra expansión económica.
Para vencer el centralismo que ha marcado
nuestra convivencia durante decenios, hemos llevado el Gobierno a otras
provincias para hacer de cada una de ellas la capital de Chile, aspirando a que
mejores formas de organización económica, política, y social pongan al alcance
del más lejano de nuestros compatriotas, la vida ciudadana en plenitud.
El esfuerzo que supone la conquista
inminente de este futuro exige el concurso de todos los hombres y mujeres del
país, de sus obreros manuales, y de su intelectualidad, de sus organizaciones
civiles y de sus Fuerzas Armadas y Carabineros.
Se ha abierto para Chile una etapa superior
de su historia. Más allá de las conmociones del diario acontecer, se vislumbra
nuestra nueva Sociedad. Yo tengo absoluta confianza en la capacidad del pueblo
para construirla.
A pesar de todos los obstáculos, Pueblo y
Gobierno, unidos, venceremos.
SALVADOR GUILLERMO
ALLENDE GOSSENS
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