mayo 21, 2012

Mensaje del 21 de Mayo del Presidente de Chile, Salvador Allende, ante el Congreso Pleno (1973)

MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
Salvador Guillermo Allende Gossens
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1973

POR LA DEMOCRACIA Y LA REVOLUCIÓN,
CONTRA LA GUERRA CIVIL
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Debemos ser plenamente conscientes de los problemas económicos y políticos que estamos enfrentando, de sus causas, sus proyecciones y de los efectos que pueden tener.
Las relaciones sociales sobre las que reposaba la estructura económica están siendo alteradas en su misma esencia; los antiguos valores dominantes de nuestra colectividad ven puesta a prueba diariamente su vigencia; los mecanismos reguladores de la vida colectiva están sometidos a tensiones crecientes. Es en estas circunstancias que los representantes máximos de la Nación, aquí reunidos, debemos contemplar con franqueza la realidad de la Patria y asumir plenamente nuestras duras responsabilidades.
Como pocas veces ha ocurrido en Chile, hoy esperanzas y temores son compartidos por la razón y las pasiones de nuestros conciudadanos. En nombre del Gobierno, presentaré un balance de la situación nacional, que muestre sus dimensiones negativas y positivas. Aquellas, que nos merecen la más seria preocupación y éstas, que nos hacen reafirmar la confianza en los recursos del pueblo para superar las dificultades del presente y construir su propio futuro.
El Consejo Nacional de la Paz sesionó en Santiago, rindiendo homenaje a Chile. El pueblo ha recibido, por mi intermedio, como reconocimiento a la lucha por la Paz, dos distinciones: la Medalla Jolliot Curie y el Premio Lenin de la Paz.
PRESENCIA INTERNACIONAL DE CHILE
Si en el curso de los dos años y medio transcurridos el Gobierno ha llevado a cabo su anunciada política de transformaciones en la estructura económico-social interna, de modo paralelo se ha modificado sustancialmente la naturaleza de nuestras vinculaciones internacionales. Se ha terminado la subordinación de la política exterior a las grandes líneas de la estrategia mundial del imperialismo norteamericano. Hoy responde exclusivamente a los intereses de nuestro pueblo y de la Patria.
Nuestra política internacional proyecta la naturaleza de la política interna. Si dentro de Chile nos hemos esforzado por hacer compatible el avance del proceso revolucionario con el pluralismo, más allá de nuestras fronteras nos hemos propuesto mantener relaciones con todos los pueblos del mundo, sin exclusivismo ideológico. Ello nos ha llevado a reconocer diplomáticamente la realidad de muchos países, estableciendo relaciones de amistad y cooperación.
Sin embargo, la recuperación de las riquezas básicas nos ha enfrentado a las manifestaciones más desembozadas de la codicia imperialista. Al mismo tiempo, nuestra resuelta identificación con la defensa de los intereses de los pueblos de Latinoamérica ha incentivado la solidaridad de los países hermanos hacia Chile. Las naciones del Tercer Mundo han expresado reiteradamente su respaldo a los esfuerzos que hacemos por obtener la independencia económica y política. Los trabajadores de todos los países han demostrado de variadas maneras su adhesión a la revolución chilena, en particular donde ellos detentan el Gobierno.
Las características de nuestro proceso hacen que continuamente estemos comprobando la amplia repercusión que tiene fuera de las fronteras. Éxitos y dificultades son seguidos atentamente. No hay órganos de información de alguna importancia que no nos consagren espacios destacados, como nunca antes reservaran a este pequeño país de una región apartada del centro de la política mundial. Centenares de libros, en las más diversas lenguas, están cubriendo el interés por lo que aquí ocurre. En muchas Universidades y centros docentes se llevan a cabo estudios de nuestra historia contemporánea y de los acontecimientos que estamos protagonizando.
Hoy podemos comprobar el respeto, amistad y solidaridad de que gozamos en la gran mayoría de las naciones. En un período en que la distensión de las relaciones internacionales, el desarme y la coexistencia pacífica se abren camino entre los estados más poderosos, nuestra política internacional actúa dentro de ese contexto. Buscamos que la paz y la colaboración se extiendan a los pueblos de América Latina, Asia y África. Reclamamos que un nuevo tipo de relaciones económicas se establezca entre las naciones del capitalismo industrial y las no desarrolladas.
Este es el mensaje que, en nombre de Chile y en defensa de sus intereses agredidos por empresas imperialistas norteamericanas, llevé, en diciembre pasado, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Denunciamos los graves perjuicios que provoca el poder de los grandes consorcios multinacionales en los lugares donde operan, menospreciando la soberanía política de los gobiernos y la dignidad de los pueblos. Allí pudimos comprobar el respaldo de la comunidad internacional a nuestra causa, al igual que, de forma directa, se nos manifestó en las gratas visitas que realizáramos a México, Cuba, Venezuela, Argelia, Marruecos y Unión Soviética. Reiteramos, a nombre de Chile, nuestro profundo agradecimiento por la forma cordial y fraterna con que fuimos recibidos.
La Asamblea Sindical Mundial, reunida en Santiago en abril pasado, ratificó el repudio de los trabajadores a la acción de las empresas multinacionales. Las nefastas actuaciones de la ITT en Chile, en colaboración con organismos del Gobierno norteamericano, han resultado tan escandalosas que en los propios Estados Unidos han provocado conmoción. Una Comisión investigadora del Senado de ese país reveló el vasto alcance de las maquinaciones urdidas por el imperialismo en contra de los intereses vitales de nuestra Patria.
En el último año, hemos enfrentado los ataques de otra empresa multinacional, la Kennecott Copper Corporation, que ha tratado de impedir la libre comercialización de nuestro cobre. A pesar de la firme defensa jurídica que hemos entablado antes los tribunales competentes, sus actuaciones han producido trastornos en nuestras ventas.
Nos complace destacar la actitud de los integrantes del Consejo Intergubernamental de Exportadores de Cobre (CIPEC), cuya Conferencia de Ministros, realizada en Santiago entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre pasado, aprobó medidas inmediatas de solidaridad, así como la creación de un mecanismo permanente de protección y ayuda frente a las acciones contrarias a uno de sus miembros.
Reafirmando la preocupación por proteger nuestras riquezas, estamos contribuyendo a elaborar una nueva política sobre el mar. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su último período de sesiones, aceptó la invitación para realizar en Chile, el año próximo, la Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar.
Somos un país pesquero, el segundo de América Latina y el noveno del mundo en volumen de capturas. Nuestra población depende en gran medida, de esta riqueza para alimentarse. En el fondo marino adyacente a la costa existe cobre, manganeso y petróleo. Desde el desierto del Norte hasta los hielos antárticos, en nuestro territorio se dan todas las situaciones que preocuparán a la Conferencia sobre Derecho del Mar.
En el ámbito continental, impugnamos el papel jugado hasta ahora por la OEA, denunciando su crisis como institución. Hemos manifestado la necesidad de reformular las relaciones interamericanas, superando una estructura que influyó en la mantención de las relaciones de dependencia entre Estados Unidos y los pueblos latinoamericanos. En este sentido, el concepto de “solidaridad hemisférica” lo entendemos como ficticio.
Planteamos la necesidad de avanzar en la constitución de un nuevo sistema institucional que sea la contraparte en el diálogo con Estados Unidos e instrumento para que profundicemos las relaciones de amistad y cooperación con otros países y organizaciones del mundo. El progreso en la integración latinoamericana, en especial el Pacto Andino, al que se ha incorporado Venezuela, tiene gran significado y constituye un aporte de importancia a las nuevas tendencias que se consolidan en las relaciones de este Continente.
Por otro lado, son muy graves las dificultades planteadas por el pago de la enorme deuda externa que los Gobiernos precedentes acumularon.
A pesar de que, durante 1972, Chile obtuvo la ampliación del plazo para el pago de sus deudas de uno a ocho años, y de que se han cumplido estrictamente las obligaciones de consumo corriente, el total de vencimientos, para 1973, asciende a 496 millones de dólares. Es decir, este año casi la mitad del ingreso total de divisas corresponde destinarlo a servir la deuda externa.
Esto el país no lo puede soportar. Para paliar situación tan inviable, hemos solicitado a los países acreedores que analicen la perspectiva financiera de Chile para los años 1973 y 1974. En los próximos días se celebrarán en París las conversaciones de renegociación de la deuda para esos dos años. Deseamos que se alcance un acuerdo favorable, única manera de hacer compatible nuestra voluntad de cumplir los compromisos del Estado con las necesidades más vitales de la economía nacional.
El mundo ve en nosotros la realización simultánea de algunas de las más trascendentales aspiraciones que interesan a la civilización actual: la lucha de un pueblo por su dignidad, por liberarse del dominio capitalista extranjero, por acabar con la opresión social de la clase dominante, por avanzar hacia el socialismo con libertades pluralistas y tolerancia de ideas y credos. Es el esfuerzo de un pueblo por dominar, con su conciencia y organización, la violencia interna y las agresiones externas.
Chile está aportando a la solución de los problemas contemporáneos el testimonio práctico del diálogo y del trabajo conjunto de cristianos, marxistas y laicos para edificar un nuevo régimen. Ha contribuido a la historia política con la Instalación, por la vía electoral, de un Gobierno revolucionario de las características del nuestro, que ejerce su poder dentro de los marcos constitucionales. Hemos reforzado las reivindicaciones del Tercer Mundo con la doctrina jurídica que dispone la deducción con efecto retroactivo, de la rentabilidad excesiva obtenida en la explotación de las riquezas básicas nacionales. Aportes que hieren, en lo más sensible, los intereses ideológicos y económicos del imperialismo. De ahí la proyección internacional de nuestro proceso. De ahí la persistencia y dureza con que se nos ataca desde dentro y desde afuera.
En diversos países, no sólo de América Latina, sino también de Europa, estamos presentes en el debate político interno. En ellos, las principales fuerzas en pugna, capitalistas y socialistas, nos toman como un punto de referencia. Los movimientos populares, para defendernos y recoger la experiencia de la clase trabajadora chilena; los capitalistas, para detractarnos y loar su orden social, exagerando las dificultades inherentes a un país subdesarrollado y dependiente que lucha por su liberación.
LA DEMOCRACIA Y LA PAZ CÍVICA ESTÁN AMENAZADAS
Que el Presidente de la República informe, en esta significativa fecha, al Congreso Pleno sobre el estado administrativo, económico y político del país, es parte de nuestra tradición. Sin embargo, en esta oportunidad, ella adquiere un sentido excepcional, en virtud de las circunstancias en que se ha desenvuelto la vida de Chile en el último año.
Este mi tercer Mensaje, tiene el valor de reafirmar la continuidad del régimen democrático dentro del cual fue elegido el actual Gobierno. De manera insistente e infatigable, en los últimos doce meses –a través de las modalidades más diversas– se han manifestado fuerzas sociales animadas por el propósito de socavar la convivencia cívica.
Más que a los problemas económicos coyunturales por los que atravesamos, el Gobierno atribuye mayor trascendencia a la real y seria amenaza que pesa sobre nuestra democracia. Como pueblo y como Nación pocos peligros aparecen más graves, ya que la quiebra de la paz civil supondría el fracaso de nuestra capacidad política colectiva para resolver los problemas de la comunidad por Medios distintos de la violencia física que algunos buscan obsesivamente. Enfrentamiento cuyas trágicas consecuencias acarrearían un profundo drama humano, además de catastróficos efectos económicos.
Régimen democrático y paz civil se implican de manera recíproca y lo que atenta contra uno atenta directamente contra el otro. Sólo en la medida que logremos mantener operantes y activos los mecanismos democráticos, podrá Chile vencer a quienes anhelan la violencia para imponer sus propósitos.
Hoy adquiere mayor realismo lo que anticipara en mi primer Mensaje. “Si la violencia, interna o externa, en cualquiera de sus formas –física, económica, social o política-, llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que, con legítimo orgullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al socialismo”
Aumenta la resistencia, cuando más avanza la realización de las medidas revolucionarias y con mayor claridad aparece, a los que siempre dominaron, que su hegemonía social está amenazada definitivamente, que su modo de vida y escala de valores son desafiados por otra concepción de la sociedad.
El enfrentamiento diario entre conservación y revolución, del que somos protagonistas, ha acumulado una densa carga de violencia social que, hasta el momento, ha sido posible contener dentro de límites razonables o sofocar cuando los ha desbordado. El vigor de los mecanismos democráticos ha contribuido decisivamente a que la energía de las fuerzas antagónicas se manifieste, por lo general, a través de los canales regulares que nuestro sistema político contempla. De ahí el ataque frontal de que es objeto el régimen de democracia por quienes, a través de la desobediencia civil o de la insurrección, desearían imponer su dictadura.
El Gobierno ha cumplido y cumplirá su deber de preservar el orden público, al mismo tiempo que impulsa la transformación de la sociedad. Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, el orden público ha dejado de estar al servicio del sistema capitalista y es hoy un factor coadyuvante del avance del proceso revolucionario. Por esta razón, seremos cada vez más estrictos en aplicar el imperio de la ley a quienes buscan destruir los fundamentos de nuestra convivencia. No son los campesinos, hambrientos de pan y de justicia, que se toman -procedimiento que no compartimos- un pedazo de tierra para trabajarla, quienes amenazan la paz. Para ellos, el desarrollo de la revolución significa liberarse de su explotación secular. Son más bien aquellos que no toman nada; porque lo tienen todo, pero que están obsesionados en crear condiciones de una guerra civil, los verdaderos propulsores de la violencia.
Atacan a las autoridades administrativas porque interpretan ciertas normas legales según criterios distintos a los usados para mantener el sistema capitalista. Pero quitan importancia al hecho de que determinados sectores no se detienen en cuestiones de hermenéutica legal, sino que intentan desvirtuar la Constitución, para convertirla en parlamentarista o, lisa y llanamente, derribar al Gobierno.
Reprochan a las autoridades no poner la fuerza pública al servicio irrestricto de los intereses capitalistas y en contra de los trabajadores; pero, al mismo tiempo, buscan enfrentar a campesinos contra campesinos, obreros con obreros y a todos ellos con los técnicos y profesionales.
Los trabajadores, los sectores democráticos y patriotas, partidarios o no de la Unidad Popular –es decir, la inmensa mayoría de los chilenos– deben estar vigilantes para defender la democracia y la paz interna. Para nadie puede ser un secreto que el problema clave que estamos viviendo es la crisis generalizada del orden tradicional, mientras dificultosamente emerge una nueva estructura de relaciones sociales.
LOS CAMBIOS REVOLUCIONARIOS SE HAN PROFUNDIZADO
El proceso de cambios que caracterizó a 1971, se ha acelerado en los doce últimos meses. La transferencia del poder económico hacia la clase trabajadora continuó realizándose en la forma anunciada en el Programa de Gobierno. Mientras en 1971 se erradicó de nuestra Patria a las empresas imperialistas que controlaban las riquezas básicas, en 1972 se acentuaron los cambios internos. Fue profundizada la Reforma Agraria, se incorporó al Área Social parte de las empresas monopólicas, se completó la nacionalización de los bancos, algunos consorcios de la distribución mayorista fueron puestos bajo control estatal.
El pueblo empezó a organizarse a fin de cooperar a distribuir justa y equitativamente los productos esenciales.
En el curso del último año ha sido expropiada prácticamente la casi totalidad de los fundos de más de 80 hectáreas de riego básico, los que han pasado a manos de los campesinos. La ancestral oligarquía terrateniente ha perdido la base económica de su poder. En ese período, 1.192 predios expropiados se sumaron a los del año anterior, completándose un total de 3.570. Los campesinos han conquistado, de este modo, cinco millones de hectáreas, con lo que, considerando lo hecho antes de mi Gobierno, el 35% de la superficie agrícola total del país está hoy en el sector reformado.
Un proceso de desarrollo de nuevas relaciones sociales ha quedado abierto en el agro. El número de asentamientos duplica al que había en 1970. Se han creado más Centros de Reforma Agraria y de Producción. A fines de 1972, sobre un total de 275 comunas agrarias, se habían constituido 253 Consejos Campesinos. También se establecieron por la base los Consejos Provinciales Campesinos de Ñuble, Colchagua, Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia y Magallanes. Las Cooperativas Campesinas se elevaron a casi trescientas.
Todo ello aparece animado por el creciente vigor del movimiento campesino. Hoy es mucho mayor el número y la capacidad de movilización de las Confederaciones, los Sindicatos de Trabajadores Agrícolas y Consejos Comunales. La cantidad de miembros de las organizaciones sindicales campesinas es del orden de los 278.000, es decir, 33% más que en 1971 y 168% superior al existente en 1969.
El sector minero, básico para el desarrollo económico del país, al fin podemos decirlo, es de los chilenos. No sólo respecto de la Gran Minería es válida esta afirmación. En la Mediana Minería fueron incorporadas al Área Social, a través de ENAMI, las principales minas, como Merceditas, Sauce, Manto Verde, Disputada, La Africana y otras tantas.
Chile ha asumido la responsabilidad de la explotación, procesamiento y comercio de sus recursos mineros. Tarea que constituye un desafío para la capacidad económica existente en el país y que debemos cumplir en forma óptima, superando dificultades objetivas y errores. Durante este Gobierno, a pesar de todo, la producción de cobre de la Gran Minería ha bordeado en 1972 la cifra de 600.000 toneladas, contra 540.000 en 1970. Estamos produciendo 50.000 toneladas más que antes, aumento que dista mucho de dejarnos satisfechos.
En lo que se refiere a las empresas industriales estratégicas, la resistencia de los propietarios privados al avance del programa revolucionario se ha hecho cada vez más ostensible y enconada. Definidos por el Gobierno los límites del Área Social Industrial; determinado el número e identidad de las empresas que deben integrarla, los sectores afectados han recurrido a todos los medios a su alcance para entorpecer su constitución. No obstante, en la industria manufacturera el Estado controlaba en 1970 apenas el 3% de la producción y hoy controla sobre el 30%. Están incorporadas al Área Social más de 200 empresas, incluidas las que eran de propiedad pública antes de 1970.
El ingreso al Área Social de un centro productivo representa un hecho absolutamente distinto a un simple cambio de patrón. Es el comienzo de una transformación radical en las relaciones de trabajo y en el modelo organizativo cuyo desarrollo va a ocupar durante muchos años a los trabajadores. Los mecanismos de participación son el símbolo del desaparecimiento del poder empresarial. Es la dignidad del hombre de trabajo y su labor creadora las que están contenidas en el proceso de socialización de los medios productivos.
Las formas concretas que adopte la participación deben adaptarse a las circunstancias cambiantes. La experiencia adquiridas por los trabajadores y autoridades administrativas en los dos años de práctica del convenio CUT-Gobierno, sugiere la necesidad de corregir numerosos defectos y la instauración de nuevos métodos. Del debate nacional de los trabajadores deben surgir proposiciones concretas para este pilar fundamental de nuestra política.
Otro sector que ha experimentado cambios esenciales es el sistema bancario-financiero. Más del 90% del crédito está bajo el control público, a través del Banco Central y de los Bancos nacionalizados, lo que ha permitido su democratización y el acceso a él de los medianos y pequeños productores.
En el área de la distribución, el Estado controla apenas un tercio del comercio mayorista; pero se ha organizado un conjunto de empresas, como DINAC, llamadas a cooperar decisivamente en la racionalización del consumo. Ya no se atiende sólo a los barrios privilegiados. La distribución es directa en los sectores donde no existe comercio establecido. El desarrollo de las Juntas de Abastecimientos y Precios permite que la población asuma, junto con los comerciantes, la responsabilidad de asignar mejor los artículos fundamentales; la Secretaría Nacional de Distribución realiza una labor que progresivamente hará posible atender en forma racional el abastecimiento. Lo alcanzado con la valiosa cooperación de las Fuerzas Armadas es parte de la gran tarea que tenemos que cumplir.
El papel del Área Social en las importaciones y exportaciones también se ha incrementado, lo que ha permitido disminuir severamente las adquisiciones suntuarias y el desaprovechamiento de divisas.
Ante los países del Tercer Mundo que comparten nuestra situación, demostramos que nuestro pueblo es capaz de asumir la dirección económica de Chile. Los trabajadores están destruyendo en los hechos la imagen distorsionada que habían creado los que siempre mandaron: latifundistas, banqueros, monopolistas y portavoces del imperialismo.
Desplazada la clase dominante de los latifundios, de los bancos, de la industria monopólica, ha desviado parte de su poder económica a la especulación; organiza y fomenta el mercado negro; acapara mercancías; causa escasez artificial; incentiva la psicosis de consumo; provoca la desconfianza y estimula la espiral inflacionista. Son varios miles de millones de escudos lo que tiene consagrados a estas dolosas actividades y no a las productivas propias de las Areas Mixta y Privada.
Pero el hecho más relevante consiste en que las transformaciones estructurales y la transferencia de poder económico hacia las organizaciones populares han abierto el camino de la socialización del poder político. La jerarquía, la autoridad y el orden burgués han perdido su vigencia ante los trabajadores, quienes se esfuerzan por crear, dentro del régimen institucional del Estado y su normativa legal, un orden y una disciplina que repose socialmente en ellos mismos. Comités de Dirección del Área Social, Consejos Comunales Campesinos, Consejos de Salud, Consejos Mineros, Juntas de Abastecimientos y Precios, Cordones Industriales, Comandos Comunales, etc., son otras tantas manifestaciones de esta realidad surgida después de 1970. En pugna con la estructura de la antigua clase dominante, las instituciones de la naciente organización social están buscando, ensayando, criticando y recreando su propio estatuto de trabajo y disciplina.
Estas expresiones de liberación de los trabajadores dificilmente podrían enfrentar con éxito los ataques implacables de que son objeto, si no estuvieran animados por la conciencia que ha ganado nuestro pueblo de que el sistema tradicional será definitivamente superado.
Cambio valorativo e ideológico que tiene el vigor de las ideas que son hechas suyas por las grandes masas. Fuerza de una conciencia contra la que se estrellan la demagogia, el engaño y la sedición. Frente a los propósitos de mantenimiento y restauración de las instituciones básicas del capitalismo, el movimiento popular tiene una posición social intransigente.
El paro de octubre pasado ha sido el intento de mayor envergadura para impedir la consolidación y el avance de los trabajadores en la dirección del país. Sus efectos inmediatos produjeron una pérdida superior a los doscientos millones de dólares. Pero, para el sector más obcecado que lo encabezaba, tuvo un objetivo concreto: derrocar al Gobierno. Intento de quebrantamiento del régimen institucional que puso en peligro la paz interna, lo que fue evitado gracias a la voluntad revolucionaria de los trabajadores, a la conciencia patriótica de millones de ciudadanos de diversas ideologías y al sentido democrático de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Me refiero a los acontecimientos de octubre como ejemplo máximo de la dinámica insurreccional en que se encuentran empeñados los elementos más afectados por el desarrollo revolucionario. No retendré vuestra atención con otras manifestaciones en el mismo sentido y que han convulsionado nuestra vida política.
Quiero ahora señalar la preocupación del Gobierno por encontrar los mecanismos idóneos que impidan la acción de los sectores antidemocráticos y para que no sigan poniendo en peligro la convivencia cívica.
BUSCAN LA CRISIS DEL ESTADO
Muchos son los factores de los cuales dependerá el desarrollo de nuestra vida colectiva. Hay dos, sin embargo, de una importancia esencial: la parálisis del aparato del Estado y la crisis económica.
Hace exactamente un año manifesté, en este mismo recinto, que “me asiste la plena convicción de que si hoy el régimen institucional continúa actuando regularmente es porque las fuerzas populares, dentro de él, lo están sosteniendo. Pero si las instituciones tienen su más sólido respaldo en los trabajadores, es porque no se han mostrado cerradas a su ascenso”. Lo ocurrido en los últimos meses ha confirmado elocuentemente la primera parte de mi afirmación. Sin la conjunción de los trabajadores y de las Fuerzas Armadas y de Orden, el aparato del Estado se hubiera roto, con las graves consecuencias que es dable imaginar.
A lo largo de los últimos dos años el Estado ha venido perdiendo flexibilidad para admitir cambios institucionales. Los mecanismos legislativos, en vez de innovar en la regulación y ordenamiento de la pujante dinámica social, aparecen prácticamente anquilosados.
En mi segundo Mensaje anticipé que “pocos peligros más graves acechan al régimen legal que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos en medio del actual período de transformaciones profundas aceleradas. Por eso, el Gobierno no cejará en impulsar la actividad legislativa de modo correspondiente a las exigencias de la realidad actual”. Sin embargo, las iniciativas de necesidad más apremiantes, tales como el castigo de los delitos económicos, los Ministerios de la Familia y del Mar, la estructuración del Área de Propiedad Social, la participación (le los trabajadores, la que otorga financiamiento a las corporaciones municipales, las empresas bajo régimen de autogestión, y muchas otras de tanta o mayor importancia, no han podido ser convertidas en normas jurídicas.
No me cabe intervenir en el uso que la mayoría del Congreso hace de las facultades que le son privativas. Pero no puedo menos que constatar su acción fiscalizadora sobre la gestión del Ejecutivo, de una intensidad sin precedentes. En 1972, la Cámara de Diputados designó ocho comisiones investigadoras sobre actuaciones de la Administración Pública. Dos intendentes fueron acusados y destituidos por el Senado. Se acusa a Mete Ministros y dos de ellos son destituidos. En cada una de estas oportunidades, el Ejecutivo expresó con claridad su criterio, jurídico-constitucional discrepante.
Corresponde al Presidente de la República la administración y gobierno del país. He ejercido y ejercitaré la plenitud de s prerrogativas. Cuando, en el uso de sus facultades, el Ejecutivo y el Congreso difieren en torno del ámbito de sus atribuciones exclusivas, la Constitución contempla dos instituciones específicamente destinadas a resolver los conflictos por medios jurisdiccionales o políticos, evitando así los peligros del enfrentamiento entre poderes del Estado. En las divergencias surgidas hasta el momento, tanto el Congreso como el Gobierno han requerido, en diversas oportunidades, al Tribunal Constitucional, la instancia más ágil, rápida y expedita de que dispone nuestro régimen político para resolver este tipo de problemas. Siendo dicho organismo independiente y autónomo, no podemos sino condenar duramente las campañas interesadas de los sectores que buscan inhabilitarlo amenazando, de esta forma, el estado de Derecho.
El otro instrumento constitucional establecido para dirimir las diferencias entre los poderes co-legisladores, la consulta plebiscitaria, será invocado por el Gobierno en las circunstancias y materias que estime procedentes y necesarias para el país. Recalco que la convocatoria de un plebiscito es prerrogativa exclusiva del Presidente de la República y que, por encima de toda otra consideración, cumpliré con mi deber de imponer que se ajuste estrictamente a las normas establecidas en nuestra Carta Fundamental.
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Conciudadanos:
Si bien un proceso revolucionario no pude juzgarse por su resultado económico inmediato, asigno especial gravedad a la situación presente. La causa reside sobre todo en el conflicto político-social en curso y no puede abordarse superficialmente con prescindencia de la estructura económica y productiva heredada.
Quiero ser enfático en señalar que uno de los procedimientos principales de la reacción interna y externa para impedir nuestro camino hacia el socialismo, es la búsqueda deliberada de una crisis económica.
Si unos entienden el orden público y la institucionalidad como medios para oponerse a la transformación económico-social y otros consideran que ésta exige, indefectiblemente, su ruptura, el diálogo se hará imposible y se terminará en la violencia. La única manera de mantener las formas democráticas pluralistas y transformar las estructuras es crear un nuevo régimen institucional que encauce las transformaciones y en el que orden no sea opuesto a cambio ni sinónimo de conservación.
La inmensa mayoría de los chilenos está contra el caos político y económico, contra la inseguridad y la violencia, lo que posibilita el camino democrático. Transitarlo supone facilitar la adaptación institucional y otorgar al Ejecutivo las herramientas para evitar una crisis. Supone, a su vez, por parte del Gobierno, la definición precisa de las metas inmediatas perseguidas y el respeto a las reglas de la nueva institucionalidad.
La superación de los obstáculos a una apertura institucional tiene, ciertamente, un costo muy inferior al que provocaría el desborde de la violencia y el enfrentamiento entre chilenos. Por lo tanto, no dejaré de insistir en el diálogo, de llamar a todos a elevar el nivel de discusión política, a hacer del respeto por la verdad y la honra de las personas una regla inquebrantable; a convertir los medios de comunicación opositores y partidarios del Gobierno en vehículos de debate ideológico, y no de odios y alimento de la irracionalidad. La alternativa al diálogo es la violencia que, salvo los obcecados, nadie quiere en Chile.
Además del cambio institucional se requiere superar los problemas económicos que agobian a las grandes masas. Transformar es mucho más que administrar. La eficacia de la administración se mide por sus resultados inmediatos. La transformación, por la cantidad y calidad del cambio y sus resultados tardan el tiempo que exige llegar a administrar con eficacia lo ya transformado. Sobre nosotros recae por la singularidad de la vía escogida, la necesidad de hacer coexistir ambos procesos resolviendo, en lo posible, esta contradicción. Parte significativa de los problemas económicos que sufrimos están generados por desajustes inevitables.
Lo señala la historia de todas las revoluciones, incluida, por cierto, la revolución de la burguesía, que franqueó el camino a la libre empresa y al capitalismo, y en la cual se inspiran muchos de nuestros opositores.
Las dificultades económicas se explican también por la reacción de los intereses nacionales y extranjeros afectados. La lucha por impedir la crisis es la lucha por la preservación del camino democrático.
En las conquistas político-sociales no puede haber retroceso, no sólo por decisión nuestra, sino por decisión del pueblo.
No porque el Gobierno sea minoría en el Parlamento, puede renunciar a formular y aplicar severamente un plan antiinflacionario; de desarrollo, de organización y de dirección económica y de democratización y participación popular. Si así no lo hiciera, no cumpliría con la obligación de dirigir la economía del país y de evitar el caos.
Señores parlamentarios:
No he usado ni usaré esta tribuna para hacer cargos infundados a la oposición. Tampoco estoy aquí para ocultar nuestros desaciertos, deficiencias y errores.
Quiero expresar, claramente, que el país corre el riesgo de muy graves consecuencias económicas si continúan primando las razones subalternas en la consideración de problemas que exigen un alto grado de responsabilidad y patriotismo.
Quiero, además, declarar que la responsabilidad de la situación económica presente es compartida, en un grado u otro, por el Gobierno y por la Oposición.
Tienen responsabilidad los que desfinancian los proyectos del Ejecutivo; los que incitan a paros sediciosos; los que ayer fueron monopolistas, latifundistas o banqueros y hoy, con oportunismo, prohíjan reivindicaciones económicas de los trabajadores; los que desataron y mantienen una campaña destinada a sembrar la desconfianza en nuestra capacidad económica, los que promueven un mercado negro como política de resistencia al Gobierno. Repito: todos ellos tienen responsabilidad.
Se persigue colocar al Gobierno entre el populismo y la violencia. Es parte de una táctica nefasta para la comunidad que denuncio.
Padecemos las limitaciones de la capacidad productiva, lastre del pasado, y el aumento de la demanda derivado de la política redistributiva del presente. Las primeras son consecuencias del pasado que pesan sobre el presente; el segundo es la anticipación de un futuro por conquistar y que choca con la débil capacidad actual de producción. Pasado y presente se contradicen profundamente cuando este último no es una simple prolongación del ayer, sino una revolución.
El proceso revolucionario no puede satisfacerse con lo disponible porque además de insuficiente, fue producido no para las necesidades del pueblo sino para colmar a las minorías. El desabastecimiento de bienes de hoy fue conjurado ayer en el desabastecimiento de ingresos para los trabajadores. Si mañana tuviéramos que racionar algunos productos, será porque antes se prefirió racionar los salarios en vez de aumentar la capacidad de producción para las mayorías. Esto hace que el avance hacia el socialismo no sea un mero reparto, sino principalmente producción y esfuerzo de todos y para todos. Si se impone el populismo fácil, tendremos una inflación en ascenso, porque en el capitalismo dependiente tan agudo como la desigualdad es el subdesarrollo de la producción. Los trabajadores deben estar conscientes de la actitud de quienes, siendo responsables del subdesarrollo, exageran la demanda frente a una capacidad restringida de oferta para que el caos económico frustre nuestra vía de transformación. Los propios trabajadores serían perjudicados.
Por nuestra parte, debemos reconocer que hasta ahora no hemos podido crear una dirección económica adecuada a las nuevas condiciones, que nos ha atrapado la maraña burocrática, que no hemos contado con los instrumentos necesarios para captar excedentes de la burguesía y que la política distributiva ha ido más allá de las posibilidades reales de la economía.
Todo ello ha contribuido, en alguna medida, a acentuar ciertos desajustes y problemas. Más adelante me referiré a las acciones que el Gobierno ha adoptado, en estos días, para resolverlos.
No oculto lo grave de la situación económica. Podremos enfrentarla si prima la responsabilidad y un superior sentido nacional. Preveo horas muy duras para el país y la seguridad de los chilenos. Apelo a la oposición democrática para que no continúe su obstrucción creciente.
Si nosotros hubiéramos sido una simple continuación de la política burguesa, si hubiéramos racionado los salarios, aceptado la desocupación, protegido los monopolios, mantenido los latifundios y estrechado manos con la explotación extranjera, no tendríamos más altos niveles de producción que hoy. No obstante algunos dirían que Chile tiene una economía “sana”. Pero nosotros no queremos una economía pretendidamente sana, con desocupación, explotación, injusticia, sometimiento al extranjero y desigualdad extrema en la distribución del ingreso. No queremos una economía con desnutrición y alta mortalidad infantil, incultura y desprecio por la dignidad del hombre. Para nosotros, semejante economía está irremediablemente enferma. Los pobladores, los desocupados, los desnutridos no entienden cómo puede ser sano un sistema que los excluye y los somete. No viven de índices, conceptos o palabras de banqueros internacionales. Sienten día a día y saben muy bien qué está sano y qué está irremediablemente enfermo.
LAS TAREAS ECONOMICAS
Las tareas planteadas en el terreno económico y las medidas ya tomadas por el Gobierno se orientan a superar la contradicción básica entre la prevalencia de nuevos intereses sociales y una economía en proceso de transformación, aún incipiente.
El cumplimiento del Programa de Gobierno exige el término rápido del proceso de constitución del Área de Propiedad Social de la Economía. La conformación definitiva de ella en los distintos sectores reconoce metas específicas. Por ejemplo, en la agricultura elaborar una nueva ley de Reforma Agraria, que debe ser producto de una amplia discusión de los propios campesinos, que asegure no sólo la inexpropiabilidad de todo predio menor de 40 hectáreas básicas, sino que, sobre todo, garantice condiciones mínimas para la reorganización del sector. En la industria deberán pasar al Área de Propiedad Social las empresas incluidas en el proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento. La consolidación del Área Social y su constitución definitiva es imperiosa en el sector financiero, en los seguros, en la distribución y en el comercio exterior.
El paso a la propiedad social de las unidades productivas es una condición necesaria, pero no suficiente. La meta definitiva es la socialización efectiva de los medios de producción fundamentales y su uso con arreglo a los intereses objetivos de los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo.
Hay una diferencia sustancial entre nacionalizar los medios de producción y su efectiva socialización. Es la que existe entre el control de la propiedad y la capacidad de los trabajadores y de la sociedad de utilizarlos en correspondencia a los intereses de la mayoría. La gran tarea de Chile es alcanzar un cambio cualitativo de la economía, sobre la base de una organización diferente y del establecimiento de nuevas relaciones de producción. En el sector social, nos planteamos superar tanto el contenido como la forma de las relaciones de trabajo.
Este gran esfuerzo para organizar una nueva economía requiere alcanzar tres grandes objetivos. En primer lugar, establecer la dirección única y centralizada, esencialmente democrática, destinada a garantizar la confluencia armónica de todos los aportes sociales hacia las metas planteadas. Si antes la economía era dirigida y orientada por los grandes monopolios y clanes oligárquicos, nacionales y extranjeros, ahora, al romperse su base material de sustentación, también se quebró el antiguo mecanismo de dirección económica del país. La necesidad de reemplazarlo por uno de nuevo tipo es una tarea urgente, pues, de otro modo, no podremos resolver nuestros problemas. Hemos dado comienzo a esta labor con la formación urgente, pues, de otro modo, no podremos resolver nuestros del Comité Económico de Ministros y de los organismos intermedios de dirección.
En segundo lugar, debemos asegurar el funcionamiento planificado de la economía. El Plan debe ser democrático en su gestación, central en su formulación y descentralizado en su ejecución. Ya empezó a elaborarse el plan de la Economía Nacional para 1974, que deberá ser discutido en todos los niveles. Aprobarlo será obligatorio para los sectores social y mixto, y orientador para el privado.
La tercera condición es la más amplia y democrática participación de masas. Hoy día es posible y realista plantearla porque, en dos años y medio de Gobierno Popular, hemos creado las condiciones mínimas para hacerlo.
A partir de lo realizado, estamos resueltos a avanzar en el proceso de transformaciones revolucionarias utilizando todos los mecanismos de que disponemos.
Lo fundamental es nuestro propio esfuerzo interno. La solidaridad y ayuda de los países amigos, y especialmente de los socialistas: tienen una gran importancia. Pero nada puede reemplazar a lo que seamos capaces de hacer nosotros mismos.
Es indispensable el aumento sostenido y creciente de la producción y de la productividad. Si no lo logramos no habrá progresos ni bienestar. El aumento de la producción y productividad debe ir necesariamente acompañado de la disminución de sus gastos materiales y financieros. No es avance una producción creciente a costos crecientes.
Esta orientación tiene validez para los dos sectores más prioritarios: la agricultura y la minería, particularmente la Gran Minería del Cobre. Ambos tienen ese carácter. No sólo en la perspectiva de largo plazo, sino también en la coyuntura actual. Uno y otro determinan la oferta de artículos de consumo esencial de insumos y de equipos de capital. Sea por su efecto directo en el aumento del abastecimiento alimenticio y el ahorro de divisas que significa, sea por la generación de divisas y aumento de la capacidad de importación que supone.
En el agro estamos aprovechando lo avanzado en las modificaciones de la propiedad de la tierra, la substancial ampliación del parque de maquinarias y la experiencia de estos años. Nos proponemos reorganizar tanto la infraestructura de servicios y comercialización determinantes de la producción como el proceso productivo mismo y su base técnico-material.
La producción agropecuaria se desarrolló normalmente, y aun mejoró, en el primer año y medio de Gobierno. A partir de la segunda mitad de 1972, su perspectiva es crítica. Las causas principales son varias.
Durante los meses de la siembra del período 1972-73 se expropiaron cerca de dos mil predios, equivalente al 15% de la tierra agrícola del país. Las tensiones sociales derivadas de la resistencia de los antiguos propietarios repercutieron en la disminución de la superficie agrícola cultivada. Además, el invierno de 1972 se caracterizó por un exceso de lluvias que interfirió las siembras. En la primavera de ese año, cuando había oportunidad para recuperar lo perdido, se provocó el paro de octubre. Este afectó a las plantaciones existentes, en especial viñedos y frutales, que no pudieron, en muchos casos, recibir a tiempo la aplicación de los pesticidas necesarios; perjudicó también el suministro de los productos del campo a la ciudad, destruyendo enormes cantidades de bienes perecibles. Y más grave aún, dificultó la distribución de semillas, fertilizantes, combustibles y demás insumos agrícolas necesarios para las siembras de primavera, lo que repercutirá en la cosecha y en los abastecimientos de este año. Es ahora cuando sufriremos sus más graves efectos.
Señores parlamentarios:
Los problemas que de manera más inmediata afectan al pueblo son la inflación, el bajo nivel de abastecimiento y la movilización colectiva. Ellos son el resultado tanto de la inadecuación de la economía a los requerimientos de los nuevos intereses sociales como de la acción política antipatriótica. Sin embargo, son problemas que estamos abordando con medidas específicas, además de las tareas generales que han sido señaladas.
La política antiinflacionaria se proyecta al conjunto de las acciones económicas y constituye una línea central de orientación del Gobierno.
En relación a la política fiscal, se requiere incrementar los ingresos públicos. La reducción de los gastos excesivos contribuye a aumentar las disponibilidades financieras, pero los egresos no serán disminuidos al punto de comprometer el cumplimiento de los objetivos del Programa de Gobierno.
El Gobierno propondrá una redefinición completa del sistema impositivo y ya inició una severa campaña de control de la evasión tributaria y previsional. Desde luego, en los proyectos de ley enviados al Congreso hemos propuesto gravar, como es justo, a los sectores de más altos ingresos.
El Congreso ha despachado las principales leyes económicas sin el debido financiamiento, situación que ha llegado a adquirir extraordinaria gravedad. Así, la Ley N° 17.654, sobre reajuste de remuneraciones de los sectores público y privado, significó un gasto de 12.125 millones de escudos y obtuvo un financiamiento de apenas 2.700 millones; la Ley N° 17.713, que concedió aguinaldo extraordinario a todos los trabajadores del sector público y privado y reajustó transitoriamente las remuneraciones por el mes de octubre de 1972, tuvo un costo de 378 millones de escudos y un financiamiento de sólo 50 millones; la Ley N° 17.724, que promueve a grados superiores al personal perteneciente a la Subsecretaría y Administración General de Obras Públicas y servicios dependientes, significó un egreso de 110 millones sin ningún financiamiento, toda vez que él debió hacerse con cargo al presupuesto corriente del Ministerio de Obras Públicas; la Ley N° 17.732, que concede bonificación compensatoria por alzas de locomoción y productos alimenticios a trabajadores de los sectores público y privado, importó un costo de 391 millones de escudos y no obtuvo ningún financiamiento del Congreso, el que se limitó a autorizar el gasto con cargo a los mayores rendimientos tributarios de 1972; la Ley N° 17.828, que reajustó a contar del 1° de octubre de 1972 los sueldos y salarios de los trabajadores del sector público y privado, representó un gasto de 43.090 millones de escudos y recibió del Parlamento un financiamiento de sólo 7.329 millones. Para no extenderme en otros ejemplos, baste decir que el Congreso aprobó, el año último, alrededor de veinte proyectos de ley que significaron gastos de casi 60 mil millones de escudos, con un financiamiento de sólo 12 mil millones; es decir, apenas cubrió la quinta parte del costo dispuesto en las leyes respectivas. Lo mismo está ocurriendo ahora con el proyecto de anticipo de reajuste de remuneraciones. Recurriremos al veto para tratar de remediar esta situación.
En materia monetaria, se ha resuelto la aplicación de un plan, a partir de julio, que consulta cifras topes de emisión, subordinadas a los objetivos de la política fiscal y de precios. Estableceremos un mecanismo de manejo más centralizado de las finanzas para restringir la expansión monetaria y aumentaremos la captación de los excedentes mediante el sistema bancario.
En cuanto a los precios, las medidas acordadas buscan de  tener su ritmo de aumento promedio, discriminando entre ellos a fin de asegurar alzas menores de los artículos de uso y consumo habituales. Se ha acordado, por ejemplo, desplazar los subsidios desde los productos intermedios a los finales, establecer sistemas de compensación o descuentos en las transacciones dentro del sector estatal, modernizar las industrias productoras de artículos de primera necesidad. Está programado con detalle el movimiento de precios de los bienes y servicios que representan el mayor gasto de los sectores de bajos ingresos y de los insumos de las industrias correspondientes.
Las relaciones de precios entre grandes ramas económicas serán ajustadas a las nuevas condiciones, cuidando siempre su nivel general promedio. Desde ya, la relación de los precios agrícolas con los del resto de la economía se ha visto favorecida desde el segundo semestre de 1972. Aquéllos se elevaron, respecto de 1970, en más del doble que los correspondientes a los productos industriales y mineros nacionales y también respecto de los productos importados, lo que contribuyó a desplazar excedentes hacia la agricultura, ayudando a su tecnificación. Sin embargo, los movimientos especulativos que distorsionan los márgenes de comercialización y el desarrollo de los dobles mercados constituyen factores que decisivamente contrarrestan el éxito de la política de precios. Otro tanto sucede en las relaciones entre el sector social y el privado de la economía.
Una visión superficial de las actuales condiciones económicas pudiera hacer creer que existen contradicciones antagónicas entre las áreas social y privada, entre el sector agrícola y el resto de la economía o entre productores y consumidores. Pero el más leve análisis muestra que ello está muy lejos de ser así. La contradicción real se plantea entre la gran mayoría del pueblo, productores o consumidores, industriales o agricultores, con los especuladores y agiotistas, forma principal de expresión de los intereses económicos inmediatos de la gran burguesía. De aquí la importancia política y el significado de la lucha contra la especulación y el mercado negro.
En la distribución garantizaremos flujos estables de abastecimientos para los consumidores, según los niveles de disponibilidad y con arreglo a las características del núcleo familiar más que a los ingresos de cada persona. Para ello se ha acordado, además de fortalecer y perfeccionar el trabajo de las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, multiplicar los convenios con el sector privado de abastecimiento de insumos, ligados a la producción y formas de distribución; desarrollar el comercio estatal en aquellos lugares en que el comercio privado no exista o sea claramente insuficiente; aumentar los Comités de Vigilancia de la Producción para controlar mejor los canales de distribución y crear la Unidad de Control del Delito Económico en DIRINCO.
Asignamos gran importancia a completar el área social de la distribución mayorista y a fortalecerla a través de su dirección centralizada en la Secretaría Nacional de Distribución que será dotada de mayores atribuciones. De la misma manera que coordinaremos su actividad con la del sector privado.
La restricción generalizada más seria de la economía radica en la situación de divisas. Con frecuencia se formulan críticas al Gobierno, imputándole mal manejo y dilapidación de las reservas en moneda extranjera. Por ignorancia o mala fe, se desconocen u omiten los factores que determinan la situación actual.
Desde fines de 1970, se ha venido registrando un gradual y progresivo deterioro de la situación de divisas, que tienen su origen en cuatro causas principales.
El bloqueo financiero impuesto por algunas instituciones económicas bajo el control norteamericano, es la primera causa. En los años anteriores a 1970 ingresaban al país, por concepto de capitales, entre cien y trescientos millones de dólares al año. En 1967, fueron 124 millones; 304 en 1968 y 263 en 1969. En 1970, año de las elecciones presidenciales, los ingresos de capital bajaron a 148 millones de dólares. El bloqueo financiero significó que en 1971 haya habido un saldo negativo en el movimiento de capitales. Ese año tuvimos que remitir al exterior por ese concepto 100 millones de dólares, lo que equivale a una pérdida neta de 248 millones, en comparación con 1970.
En base a cifras preliminares, puede estimarse que el movimiento de capitales de 1972 tuvo una evolución parecida. Si entre 1970 y 1972 se hubiera tenido un ingreso similar al de los dos años anteriores, el país habría recibido más de 400 millones de dólares. En los hechos, sin embargo, tuvimos que remitir al exterior alrededor de 200 millones. En otras palabras, si se hubiera mantenido la corriente de capitales de los años anteriores, Chile habría dispuesto de más de 600 millones de dólares adicionales.
La segunda causa de nuestro deterioro de divisas reside en la baja sustancial del precio del cobre. Este promedió 64 centavos de dólar la libra en 1970, bajó a 49 centavos en 1971 y se mantuvo en un nivel semejante en 1972. El menor precio de 15 centavos de dólar la libra, sobre una producción de setecientas mil toneladas, equivale a una pérdida media anual de 230 millones de dólares, esto es, 460 millones en los dos años. La baja de los precios del cobre en 1971 y 1972, comparada con el nivel de 1970, tiene efectos similares a lo que hubiera sido una menor producción física de 420.000 toneladas en el bienio.
Durante el primer trimestre del presente año, el precio del cobre bordea los 70 centavos de dólar la libra, lo que permitiría alentar la esperanza de un mayor ingreso de divisas. Pero no podemos abrigar demasiado optimismo. No sabemos si se trata de un alza transitoria. El Gobierno de los Estados Unidos, por su parte, ha anunciado que procederá a vender cobre y otros metales de sus reservas estratégicas con el propósito de provocar una baja en los mercados.
La tercera causa del deterioro ha sido el aumento significativo de los precios de las importaciones. Los artículos más indispensables adquiridos en el extranjero sufrieron alzas espectaculares en 1971 y 1972. Así, el precio del trigo subió en 51%; la mantequilla en 88%; la carne congelada en 40%; el azúcar en 86% en el mercado de Nueva York. También registraron alzas substanciales las materias primas y los combustibles. En términos aproximados, puede estimarse que el costo adicional que ha significado el mayor precio de las importaciones llegó a unos 75 millones de dólares en 1971, y a alrededor de doscientos millones en 1972, lo que implica un mayor gasto de 275 millones en el bienio.
El aumento de la importación de alimentos, muy considerable en los dos años últimos, constituye el cuarto factor que agravó el deterioro. En comparación con 1970 el equivalente del volumen físico de las importaciones de alimentos subió en 50 millones de dólares durante 1971, y en 120 millones en 1972. Hasta la primera mitad de este último año, el aumento de las importaciones alimenticias correspondía fundamentalmente al mayor poder adquisitivo derivado de la fuerte redistribución del ingreso. Es fácil entender que en un país en que más de las cuatro quintas partes de la población percibía hasta tres sueldos vitales y su dieta apenas sobrepasaba los niveles mínimos de subsistencia, cualquier aumento de los ingresos reales se volcará de preferencia a un mayor consumo de alimentos. A estos efectos, podemos ver el ejemplo del trigo, cuya importación fue del orden de las 300 mil toneladas en 1970, y de más de 500 mil en 1971, año en que la producción interna había subido levemente. La importación de leche semidescremada se elevó, entre esos mismos años, de 3.800 a 38.400 toneladas, a la vez que crecía la producción interna pero de manera muy insuficiente para cubrir las exigencias del Plan del medio litro de leche.
En resumen, los cuatro factores mencionados representaron una pérdida superior a los 1.000 millones de dólares en los dos últimos años.
Usamos las divisas disponibles con austeridad y conforme a las exigencias prioritarias del país. Aseguramos, primero, los alimentos y medicinas, las materias primas y repuestos para nuestras minas e industrias y para el transporte. Revisamos cuidadosamente las importaciones de bienes corrientes y de capital. Vigilamos escrupulosamente las remesas al exterior. Y destacamos el esfuerzo creador de los trabajadores por economizar divisas, innovar en los procesos de producción, idear métodos de fabricación de partes y repuestos que antes debían comprarse en el exterior, por mejorar la «organización del trabajo y el ahorro de materias primas importadas.
El Comité Económico de Ministros aprobó el presupuesto de divisas para 1973, al que se ciñe todo el movimiento del comercio exterior. Se caracteriza por aplicar mayor flexibilidad en el uso de las divisas, de tal manera que un sector económico o una empresa determinada puedan contar con recursos adicionales para importar materias primas o equipos si con ello aseguran un aumento más que proporcional de las exportaciones. De esta manera, se incentiva la exportación, se ayuda al uso pleno de la capacidad instalada y a la contratación de fuerza de trabajo. Quiero llamar la atención acerca de esta posibilidad de aumentar las importaciones, ya que está al alcance de cualquier empresario privado para solucionar problemas de falta de materias primas.
Hemos resuelto, además, crear nuevas empresas de comercio exterior, participar en sociedades internacionales de transporte de productos chilenos, simplifica los trámites para exportar, facilitar el uso de los créditos de pre y post embarque y otras medidas del mismo carácter.
EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN
Se imputa al Gobierno haber provocado una gran disminución del volumen de inversiones. La verdad es, sin embargo, diferente.
En efecto, la inversión anual materializada en 1971 y 1972 supera en moneda contante a la alcanzada entre 1967 y 1969, aunque es algo inferior a la de 1970. La proporción del Producto Nacional que se ha invertido en los dos últimos años fue de un 14%, frente a un 15% en años anteriores. Pero esta sola comparación no es válida si no se señalan los factores que dominaban hasta el pasado reciente. Recordemos el cuantioso endeudamiento externo que sostenía la inversión o el elevado precio del cobre que contribuía decisivamente a financiarla. Si descontamos la incidencia de estas causas, el coeficiente de inversión, en el período 1967-1970, no supera el 13% del Producto. Lo cierto es que la gran burguesía chilena nunca se distinguió por el esfuerzo para autofinanciar sus inversiones. Los grandes monopolios se aprovechaban, con ese objeto, de los recursos públicos y del flujo del capital extranjero. Así lo demuestra el crecimiento permanente de la deuda externa y el hecho que, en 1970, el Estado financiaba ya el 75% de la inversión total, pública y privada. Lo que ha sucedido en estos dos últimos años es que el incremento de la inversión pública ha compensado la disminución de la privada. Además, el proceso inversionista se ha saneado en relación a las fuentes financieras que lo sustentan.
Otro rasgo que distingue la situación actual es que la ampliación de la capacidad productiva está determinada por los intereses de la mayoría de la población. Esto se refleja en los órdenes de prelación, nacionales y regionales, que caracterizan la política de inversiones ya aprobada; prioridad para los proyectos agrícolas y agroindustriales que permitan el aumento de la oferta alimenticia; para los proyectos regionales que descentralizarán efectivamente la economía; para los proyectos que atenderán los problemas de movilización colectiva, como la construcción del Ferrocarril Metropolitano, que el Gobierno redefinió substancialmente. A ello hay que agregar, en el mismo sentido, la asignación de recursos para los grandes proyectos de desarrollo de la industria de base y la energía, destinados a mejorar el fundamento material del proceso productivo.
Hemos terminado o proseguimos el desarrollo de los programas que estaban en ejecución, sin provocar discontinuidades en el proceso inversionista. Menciono algunos ejemplos: ampliación de Huachipato; construcción de la planta de cemento de Antofagasta; de la Central Eléctrica El Toro; gran impulso a las inversiones en Obras Públicas y Vivienda.
Estamos ampliando en medida importante instalaciones productivas que, de otro modo, no podrían adaptarse a la nueva dinámica económica. Ello ocurre, por ejemplo, en el sector textil; en las plantas de cemento Polpaico, Melón y Bío-Bío, que incrementarán su capacidad de producción en aproximadamente 250 mil toneladas-año; en las empresas carboníferas en la zona Concepción-Arauco; en las plantas termoeléctricas. Además, parte considerable del esfuerzo se dirige a recuperar las inversiones de reposición y mantenimiento que fueron, a partir de 1970, deliberadamente detenidas en muchos casos. El Gobierno ha emprendido nuevos proyectos según las prioridades antes señaladas. Entre ellos, me interesa destacar las inversiones agrícolas y pesqueras, energéticas y mineras, así como las que tienden a mejorar la infraestructura portuaria.
En el agro, además de las inversiones dentro de los predios, especialmente los reformados, la construcción de los complejos agroindustriales en curso determinará un nuevo y más moderno perfil del campo chileno. Entre ellos sobresalen los complejos avícolas, que permitirán elevar la producción este año a 60 millones de broilers, y los complejos porcinos, cada uno de los cuales producirá 35 mil unidades. Paralelamente, se desarrollará una serie de proyectos para ampliar la producción de semillas, abonos y fertilizantes.
Se iniciaron y complementaron obras de regadío, entre las cuales revisten gran importancia nacional los embalses Puntilla del Viento, Aromo y el Complejo de Convento Viejo. Tienen significación regional el Canal Santiago-Peñuelas, el embalse de Chonchi y los canales matrices de Paloma, Digua, Choapa, Rengo, Maule Sur y Norte, Coihueco, Cayucupil y Bío-Bío Sur.
En el sector pesquero se están haciendo inversiones de ampliación y mejoramiento de la red de distribución de productos del mar y de la capacidad de frío que se requiere. Pero, sin duda, lo más importante es la construcción del puerto pesquero industrial de Colcura, que incrementará substancialmente la oferta y abrigará grandes posibilidades de exportación. Se han llevado a cabo investigaciones que han descubierto nuevas especies ictiológicas, de- extraordinaria importancia para aumentar los recursos alimenticios y comerciales.
En lo que se refiere a la energía, además del término de la central eléctrica El Toro, se comenzará la construcción de la Central Antuco, con una capacidad de 300 mil kilovatios/hora. Respecto de los combustibles líquidos, este año se continuará la prospección y perforación de pozos petrolíferos, al sur del Estrecho de Magallanes, en las cercanías de Valdivia y frente a las costas de Iquique.
Terminados los análisis y estudios técnicos para la elaboración de gas licuado natural, del cual contamos con enormes reservas, estamos en vías de obtener el financiamiento necesario para iniciarla.
Hay crisis mundial de combustibles líquidos y las reservas conocidas son limitadas. El efecto de ello en nuestro país se ve agravado por la caída de la inversión que se produjo en la década anterior. Ante esta situación, el Gobierno ha planteado una política de desarrollo sustitutivo de las fuentes energéticas. Esto nos obligará a una gran tarea de transformación tecnológica en las industrias y el transporte, lo que es indispensable comenzar ahora. Los proyectos de modernización de la industria carbonífera elevarán su producción a dos millones cuatrocientas mil toneladas para 1976. Los programas de inversión que este año se comienzan a materializar en la zona de Magallanes, aprovecharán las enormes reservas existentes.
En cuanto a la minería, hemos comenzado los trabajos para poner en operación la que será una de las minas subterráneas de hierro más grandes del mundo, Boquerón Chañar, y las instalaciones portuarias, de transporte y otras que la complementan. Destaca también la ampliación programada de la refinería de Ventanas, que elevará la capacidad de fundición, para 1975, de 650 a 2.000 toneladas-día y la refinación electrolítica de 100.000 a 135.000 toneladas-año. Además, se aprovecharán los gases de los convertidores para la producción de ácido sulfúrico y se instalará una planta de superfosfatos. Los trabajos ya se han iniciado y contamos con ayuda técnica y el financiamiento necesario.
Las inversiones que se están haciendo en la Gran Minería del Cobre tienen como objeto superar definitivamente los errores del llamado plan de expansión y eliminar los estrangulamientos que impiden utilizar toda la capacidad instalada. Se construirán las plantas de colada continua, de ácido sulfúrico y de oxígeno para Chuquicamata; la de extracción por solventes para Exótica. Está resuelta la expansión de Andina en un 40% de su capacidad. Para todas estas iniciativas contamos con la ayuda técnica y los créditos necesarios. En la adquisición de palas mecánicas, equipos y camiones se invirtieron 70 millones de dólares y se invertirán otros ochenta este año.
En infraestructura portuaria estamos mejorando la capacidad de descarga mediante la adquisición de nuevos equipos. Sólo en Valparaíso se han instalado 12 nuevas grúas. Debemos mencionar el puerto granelero de San Antonio, por terminarse, vital para el abastecimiento de productos importados, y la continuación de las obras del puerto de San Vicente, que permitirá movilizar 600 mil toneladas anuales.
Para tener una idea más precisa del esfuerzo inversionista, será necesario referirse a los numerosos proyectos industriales, de vialidad y de reconstrucción. la ejecución de plantas de alambrón de cobre, de elaboración de alambre magnético esmaltado, de cables telefónicos, son otros tantos ejemplos que podrían destacarse por lo que representan en el cambio de carácter exportador primario de la economía, por la manufactura interna de nuestros recursos naturales.
También señalaré, por las líneas de desarrollo que nos abre y por su significado humano, que merced a la iniciativa de técnicos chilenos se ha iniciado la producción de equipos médicos y de alimentos sintéticos de alto contenido proteico.
Las transformaciones revolucionarias están provocando rupturas en los mecanismos institucionales que guían y hacen posible el proceso de acumulación de capital. Desde los canales financieros clásicos hasta la organización que decidía las inversiones, se han resquebrajado. Nuestra tarea de ampliar la capacidad productiva se ha desarrollado paralelamente a la creación de una nueva estructura idónea para dirigirla. La Comisión Nacional de Inversiones planificará el proceso inversionista, lo que mejorará su calidad y eficacia.
SIGNIFICADO DE LAS RECIENTES ELECCIONES PARLAMENTARIAS
La elección del 4 de marzo encierra en sí misma un hondo significado que no quiero dejar de señalar. Este Congreso emerge de una consulta electoral ordinaria que ha mostrado en su desarrollo la dinámica, viva y creadora, que anima a nuestra democracia. Que desmiente a quienes anticiparon el término de la participación ciudadana en la gestión de la cosa pública y la supresión de los derechos políticos de la oposición si se instalaban los trabajadores en La Moneda y, también, ridiculiza a los que inventaron imaginarios fraudes electorales para esconder su desahucio histórico. El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó el limpio proceder del Gobierno.
Es motivo de orgullo para mí, y estoy seguro que lo comparte la mayoría de los chilenos, comprobar que desde 1970 una nota dominante destaca en nuestra vida política: el vasto aumento de la participación popular en los asuntos públicos. En menos de tres años nuestros ciudadanos han sido convocados a ejercer el sufragio universal en siete oportunidades. Han tenido lugar dos elecciones nacionales. El número de ciudadanos que ha participado directamente en la designación de sus representantes políticos ha pasado de 2.954.000 en 1970, a 3.660.000 en 1973.
Pero sería insuficiente limitarse a comprobar la vigencia de los derechos cívicos en la masiva amplitud que han alcanzado. En este país, donde hay cada día decenas de elecciones –sindicales, comunitarias, profesionales, estudiantiles, vecinales, etc.– está desarrollándose un fenómeno de trascendencia cualitativa que distinguirá en la historia patria el esfuerzo realizado en los años que estamos viviendo. Por primera vez, amplios sectores populares, hasta ayer negados, pueden ejercer las libertades políticas al tener medios concretos que les permiten el ejercicio del derecho de expresión y de asociación. Por primera vez, la democracia económica empieza a ser una realidad. Sólo ahora las decisiones que más afectan a cada persona, las que inciden en su dimensión creadora, en su trabajo y en su bienestar, han dejado de ser exclusividad de las minorías poderosas o selectas para ser asumidas por la gran masa organizada en sus centros de trabajo o de residencia.
Una nueva etapa recién se ha iniciado para la democracia chilena.
Las elecciones parlamentarias del 4 de marzo han demostrado, igualmente, algo que desespera y obnubila a algunos de nuestros adversarios: el funcionamiento regular de los mecanismos político-institucionales a través de los cuales se expresa la voluntad popular. Contrariando los designios de quienes no han cesado en sus intentos de destruirlos, porque veían en las elecciones “una meta sin destino”, la jornada del 4 de marzo fue una clara manifestación de defensa del régimen democrático.
Por otra parte, la significación del resultado electoral la da el contexto histórico en que ha tenido lugar. La política gubernamental se ha traducido en el apoyo masivo que han recibido los partidos políticos que lo sustentan, el más alto que Gobierno alguno haya alcanzado en los últimos veinte años tras veintisiete meses de gestión. El 4 de marzo ha sido reafirmada la vía chilena al socialismo.
Mientras las capas privilegiadas se exasperan por el deterioro de su status hegemónico y por el decrecimiento relativo de la holgura y bienestar que usufructuaban a costa de la gran masa, esta última percibe el sentido revolucionario de las transformaciones que se realizan.
De ahí que, en la consulta nacional del 4 de marzo, se manifestara no sólo el respaldo al Gobierno, sino la reafirmación de una voluntad revolucionaria. Es algo más que un simple deseo de cambios. En una coyuntura económica tan desfavorable como la que atravesamos, es la decisión popular de avanzar hacia el socialismo.
Al mismo tiempo, en el resultado del 4 de marzo el Gobierno advierte también la necesidad de que se introduzcan algunas modificaciones -en la política actual, que no han encontrado la adhesión de ciertos grupos de trabajadores y capas medias, a pesar de que nuestra acción está orientada en su favor.
EL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DEBE SER ADAPTADO A LA NUEVA REALIDAD
La decisión del Gobierno de lograr que el Estado sirva a los trabajadores y a la gran mayoría del país y cumpla sus funciones se ve poderosamente contrarrestada por la rigidez de nuestra estructura legal y administrativa. Cada día resulta más manifiesta su inadecuación a las necesidades urgentes de la vida económica y política. Así, por ejemplo, cuando la especulación ha adquirido proporciones nunca antes conocidas, el Estado se encuentra prácticamente desprovisto de los instrumentos legales para sancionar el acaparamiento y el mercado negro. Cuando el poder de decisión conquistado por los trabajadores es ya una realidad que promete un firme desarrollo, el aparato del Estado, en cuanto totalidad global, aparece cerrado y refractario a reconocerlo y organizarlo. El dinamismo de un proceso revolucionario libera energías reprimidas, hiere intereses dominantes, genera fenómenos sociales nuevos que pueden ser guiables y que el Gobierno se ha esforzado en controlar. Pero, para que esto culmine satisfactoriamente, se necesita un régimen institucional flexible.
En otras palabras, la nueva situación configurada en los últimos años requiere de medidas legales y administrativas que no admiten demora. Tanto para perfeccionar sus dimensiones positivas como para corregir sus aspectos negativos. El retraso en adoptarlas no puede sino perjudicar. Sólo si el aparato estatal adquiere un carácter popular, podrá evitarse su progresiva inadecuación al Chile real, desajuste que está estimulando muchos de los conflictos políticos y económicos.
Un año después, no cabe sino reiterar con mayor apremio lo que manifestara al iniciarse la anterior legislatura: “Todo un sistema normativo debe ser modificado y un conjunto de medidas administrativas ser puesto en práctica para ordenar las nuevas necesidades. El sistema bancario, el financiero, el régimen laboral, el de seguridad social, la administración regional, provincial, municipal y comercial, los sistemas de salud y educacionales, la legislación agraria e industrial, el sistema de planificación, la misma estructura administrativa del Estado, la propia Constitución Política, no se corresponden ya con las exigencias que los cambios instaurados están planteando. Este programa que interesa y pertenece al pueblo entero, debe ser discutido por él, para luego adquirir validez jurídica”.
Hoy reitero una vez más que no vemos el camino de la revolución chilena en la quiebra violenta del aparato estatal. Pero la legislación vigente constituye un confuso e inorgánico sistema de normas, que carece de las condiciones necesarias para adaptarse a las nuevas circunstancias.
Chile requiere una legislación sencilla, clara, flexible y sistemática. Sólo derogando parte considerable de los actuales preceptos, refundiendo otros y dictando nuevos, podrá lograrse que el sistema legislativo exprese una organización igualitaria, justa y fluida, que procure la resolución de las actuales contradicciones sociales.
Tarea difícil, imposible de abordar de una sola vez o en plazo breve, sino progresivamente y con la decidida voluntad de reemplazar la legislación actual, ajena a la realidad que pretende regir. De este nuevo Congreso dependerá, en gran medida, la forma como se realice. Se requiere que tengamos conciencia de la necesidad de dar al país una nueva Constitución Política y las leyes que se precisan.
El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de Carta Fundamental que será sometido a una amplísima discusión nacional en todos los niveles para recoger las críticas y sugerencias antes de su envío al Congreso. Mencionaré ahora sólo algunos de sus aspectos relevantes.
A. DEMOCRATIZACIÓN DEL APARATO JUDICIAL Y PREVISIONES CONTRA EL BUROCRATISMO
La Administración de Justicia debe ser democratizada en la generación de sus órganos supremos y alcanzar a los problemas de convivencia del pueblo. También requiere ser modernizada. Es necesario crear los Tribunales de lo Contencioso-Administrativos, con la función de juzgar las causas que se produzcan entre las autoridades administrativas y los funcionarios o los particulares. Por otra parte, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento del principio de legalidad aconsejan ampliar las facultades del Tribunal Constitucional, asignándole atribuciones para conocer de las contiendas de competencia entre las autoridades político-administrativas y los Tribunales de Justicia, así como del recurso de inaplicabilidad de la ley por inconstitucionalidad.
El incremento de las funciones que debe asumir el Estado aumenta el peligro de mayor burocratismo y exige instrumentos jurídicos capaces de conjurarlo a tiempo. El riesgo de que el funcionario pueda desvirtuar su tarea al servicio de la comunidad, subordinarla a los intereses de grupos o, lo que es peor, de su propio beneficio, obliga a adoptar un régimen adecuado para fiscalizar la actuación de los servidores públicos, para sancionarlos en caso de transgredir sus deberes y evitar que el desempeño de éstos pueda transformarse, en algún momento, en fuente de enriquecimiento ilícito.
La Procuraduría General de la Nación, desde el más alto rango institucional, velará por el cumplimiento de la legalidad y el correcto desempeño de las funciones públicas, a iniciativa propia o a requerimiento de los interesados.
B. AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES
Los derechos y garantías que la Constitución consagra deben ser ampliados y establecerse otros que reconozcan a todos libertad, propiedad personal y condiciones favorables al desarrollo integral de su personalidad. Debe protegerse más estrictamente la dignidad, reputación y honra de las personas, así como ampararse la privacidad, la vida íntima y el hogar.
Una campo totalmente nuevo para nuestro sistema jurídico debe ser abordado: el de los deberes. Hay que establecer la obligación social de trabajar de acuerdo con la propia capacidad. Nadie puede reclamar los beneficios de la vida social si no rinde según sus posibilidades una labor que signifique un aporte material, científico o cultural a la comunidad. La participación activa en el desarrollo social tiene que ser una obligación de toda persona. Deberá también imponerse el resguardo y protección de la propiedad social y del Estado.
Nuestras normas jurídicas no pueden seguir siendo bastiones que fomenten el individualismo y conduzcan a la exaltación egoísta de lo que al hombre aislado le importe, sino que deben impulsar a los ciudadanos a la solidaridad con los demás y a colaborar en las obras de interés colectivo.
C. DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
La participación directa del pueblo en el poder de decisión debe manifestarse, de modo prevalente, en sus propios lugares de residencia donde la persona desarrolla la mayor parte de sus actividades como ser social miembro de un grupo. La democracia es tanto más auténtica cuanto más inmediato es su directo ejercicio. Por eso se impone una reconsideración profunda del régimen comunal.
Ala institución tradicional del Municipio se deben agregar las organizaciones que mejor puedan contribuir a que el pueblo asuma directamente la gestión de sus asuntos. De ahí que concibamos, junto a las instituciones comunitarias y sindicales actualmente existentes, la creación de un centro de organización, los Consejos Comunales.
Formados por representantes elegidos por las organizaciones comunitarias y de trabajadores, deben ser los exponentes –ante el Municipio de cuyo territorio forman parte–, de sus necesidades y problemas, constituyendo el núcleo de base de la gran pirámide de la planificación, animada por la presencia auténtica y democrática del pueblo. En colaboración con los servicios públicos, los Consejos Comunales deben ser organismos capaces de hacer posible el control popular sobre las instituciones administrativas, contribuyendo a combatir el lastre burocrático.
Los mismos principios organizativos de participación popular tienen que ser puestos en práctica a nivel de la provincia y de la región, de modo que asocien y coordinen la acción de los servicios del Estado, de los Municipios, de las organizaciones populares y de trabajadores. Las iniciativas adoptadas en este sentido por el Gobierno, son el comienzo de un largo camino por recorrer.
La división administrativa territorial, cuyas raíces se encuentran en el siglo pasado, pide una profunda modernización. La región debe ser la unidad económica que posibilite la formulación y aplicación de los planes y programas de desarrollo. Hay que dotarla con los mecanismos adecuados, así como del nexo más eficaz con la Administración del Estado.
D. DEMOCRATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En otro orden de materias, el sistema de seguridad social necesita ser realmente democrático. A iguales condiciones prestará los mismos servicios y establecerá los mismos derechos para todas las personas, independientemente de su empleo o renta.
Nuestro país ha entrado en el ciclo histórico del cambio radical de los valores de la conciencia y percepción que un pueblo tiene de sí mismo. Nuevas pautas de vida, actitud y comportamiento empiezan a configurarse. Así, por ejemplo, el trabajo voluntario ha movilizado a más de dos millones de compatriotas, jóvenes y adultos de todas las ideologías y creencias, autoridades parlamentarias, militares, eclesiásticos, etc. en torno del propósito de contribuir espontáneamente a la gran tarea constructiva nacional.
DESARROLLO CULTURAL Y TECNOLÓGICO
Por otro lado, el progreso de la revolución y el cambio de la estructura económica, exige que reconozcamos a la ciencia y tecnología el superior rol que tiene, en particular para la construcción de una economía socialista, no menor que la conquista del poder de los trabajadores.
Desarrollo científico y técnico que concebimos vinculado al pueblo, y no al margen de él. Por eso, es imperiosa la reforma de la educación, para asegurar el mejoramiento de la capacidad cultural y científica de nuestros compatriotas.
Las autoridades de la enseñanza propusieron un sistema educacional armónico que fue presentado como la Escuela Nacional Unificada. No se trata de un salto en el complejo proceso de desarrollo educacional, sino de un paso adelante, pero resuelto, en su evolución.
Se consideraron para su formulación los antecedentes históricos, con el propósito de dar al cambio un entroncamiento con el desarrollo educacional de Chile. Se persigue una educación integradora, nacional, sin que esa definición represente un aislamiento cultural, sino dar vigor a la personalidad propia de la Nación.
Hay un tercer propósito: el afán de dar educación permanente a los ciudadanos, ya que el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología exigen que ella sea ininterrumpida.
Las propósitos de la Escuela Nacional Unificada fueron distorsionados por algunos y objetados por otros con razones respetables.
Ante estas últimas, el Gobierno adoptó la decisión de postergar su implantación a fin de asegurar el diálogo, al cual siempre está abierto.
Es necesario, también, prestar mayor atención a las condiciones de trabajo de nuestros técnicos y profesionales, para estimularles a aportar sus conocimientos al progreso del país.
Chile necesita la contribución de toda la capacidad creadora de sus hombres y mujeres. Debemos esforzarnos en contrarrestar los efectos negativos que para nosotros tiene, al igual que para el resto del Tercer Mundo, la denominada “fuga de cerebros”, una de las más gravosas cargas que las naciones hegemónicas imponen.
He aquí, sucintamente, expuestos, algunos de los cambios más urgentes del sistema institucional. Como ya dijimos, ellos deben encontrar su culminación en una nueva Constitución, sin que el orden jurídico experimente solución de continuidad. Las bases de la nueva institucionalidad emanarán de la experiencia colectiva y tendrán que ser discutidas directamente por todo el pueblo. La eficacia del aparato estatal, la democratización del poder político y económico, el desarrollo acelerado de nuestro país, dependen en buena medida de su oportuno establecimiento.
Así es como el Gobierno define su posición frente a quienes buscan la quiebra del sistema democrático mediante el bloqueo del Ejecutivo o el aniquilamiento del aparato del Estado.
EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN
En una sociedad moderna, como la concebimos, las Fuerzas Armadas deben estar integradas plenamente. Deseo expresar la satisfacción del país por su desempeño, al igual que el de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus patrióticas tareas.
Las primeras, además de cumplir su rol habitual, integraron junto a los representantes de los partidos populares y la Central Única de Trabajadores el Gabinete que designara para poner término al paro subversivo de octubre.
Un soldado de la República –el Comandante en Jefe del Ejército, General Don Carlos Prats González- en su calidad de Ministro del Interior, asumió cuando me ausenté del país, la Vicepresidencia de la Nación. La ciudadanía ha sabido valorar su correcto y eficaz desempeño frente a tan altas responsabilidades.
Ha sido preocupación permanente del Gobierno impulsar y dar satisfacción a los planes de desarrollo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para afianzar, aún más, el estricto cumplimiento de las tareas específicas que a ellas le encomienda la Defensa Nacional. Es así como, durante el año 1972, se promulgaron leyes destinadas a aumentar las plantas del Ejército y la Fuerza Aérea y se encuentra sometido a la aprobación del Congreso un proyecto que persigue el mismo fin para la Armada Nacional. A lo que debe agregarse el apoyo económico para la renovación del material bélico y logístico.
Todo ello está siendo cumplido pese a las dificultades de diferente orden que han afectado al país durante el año recién pasado, pues el Gobierno tiene clara conciencia de que los Institutos armados, esencialmente profesionales y técnicos, deben contar con los medios adecuados para cumplir con sus responsabilidades en la Defensa Nacional.
Esta política será continuada en respaldo del desarrollo económico, pues la seguridad y el desarrollo exigen una conjugación armónica cuyo desequilibrio sólo puede traer consecuencias negativas para el país. Razón por la cual el Gobierno ha puesto especial énfasis en la participación de las Fuerzas Armadas en los programas socioeconómicos.
Quienes califican a esta participación como acciones políticas partidistas no sólo desconocen la posición institucional de las Fuerzas Armadas, sino que les niegan el derecho a conocer íntegramente el país y sus problemas, imprescindible para la planificación de la Defensa Nacional. El Gobierno continuará impulsando esta participación, que permite a Chile contar con un potencial humano de alta preparación moral e intelectual.
Al Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA), le dotaremos de una estructura más ágil y expedita, que permita una coordinación fácil y permanente de sus actividades al servicio de la Seguridad Nacional.
EL PROYECTO POLÍTICO DEL GOBIERNO
Ciudadanos parlamentarios:
En este momento, más que en otros, es imperioso mostrar claramente ante el país hacia dónde se dirige la acción transformadora del Gobierno Popular. Establecer un orden social que abra rutas al socialismo es la misión que se nos encomendó en 1970, y fue ratificada después. En el actual punto de desarrollo del proceso revolucionario, estamos obligados a precisar, hasta donde los factores existentes lo permiten, algunas manifestaciones del contenido social, económico y político del período de transición por el que avanzamos.
Nuestro objetivo inmediato es organizar los elementos de la realidad presente sobre los cuales deberán apoyarse las etapas posteriores de construcción de una nueva sociedad, en la que los trabajadores asuman la plenitud del poder económico y político. Ello exige ordenar la actividad económica de modo tal que se puedan aprovechar las grandes potencialidades que han creado los cambios estructurales. La eliminación del latifundio, de los monopolios financieros y de gran parte de los industriales, ha franqueado el camino a una mayor racionalización de la economía nacional. Se trata, ahora, de tener la energía y claridad necesarias para establecer la planificación que, encauzando la iniciativa y responsabilidad de los trabajadores, se imponga por sobre las fuerzas capitalistas.
La reacción advierte nítidamente su fracaso político. Busca provocar el desorden económico. Sabe que una crisis económica generaría una crisis política, creando condiciones para que el fascismo adquiera dimensiones de masas. Como Presidente, impondré el orden económico y el orden político. Como revolucionario, combatiré el desarrollo del fascismo en cualquiera de sus formas: económicas, políticas, ideológicas o terroristas.
Nuestro éxito en vencer a los partidarios del caos será el éxito de Chile. La derrota de aquéllos afianza el desarrollo de una democracia activa y pluralista. Soy enfático en subrayar que las libertades políticas de la oposición democrática deben ser efectivas. Así he concebido siempre la evolución hacia el socialismo en nuestro país.
Los chilenos tenemos que estar muy conscientes de que las libertades pluralistas dependen de nuestra capacidad para imponer el caos económico y político.
Como Presidente, llamo a todos los ciudadanos democráticos y patriotas a participar en esta empresa.
Mientras más vigorosa y auténtica sea la democracia, más efectiva y real será la participación masiva de la ciudadanía en la nueva sociedad. La participación no es una dádiva. Es un derecho. Ha sido conquistado tras el esfuerzo y sacrificio de muchas generaciones. La participación, en el proceso de transición al socialismo es una necesidad material. Condenamos con vigor el enorme daño que el sectarismo y la intolerancia están provocando en nuestro proceso revolucionario. Frente al imperialismo y la reacción no caben incomprensiones ni divisiones por móviles partidistas.
El debate ideológico en el seno de los trabajadores es anterior a este Gobierno y perdurará después de él. No puede debilitar la unidad en torno a los superiores intereses de clase. La lucha entre los demócratas partidarios del Gobierno y de la oposición no puede llegar hasta facilitar la tarea de quienes quieren imponer el fascismo.
Para sentar las bases de la nueva estructura económica y del Estado Popular, el Gobierno cuenta con el impulso que le proporciona la fuerza social de los trabajadores. Ellos, dentro o fuera de la Unidad Popular, se esfuerzan y sacrifican por acabar con el sistema capitalista. Corriente profunda que, más allá de las discrepancias ideológicas, hace converger hoy a la mayoría de nuestros compatriotas.
Ante la realidad revolucionaria, el Congreso puede organizar una mayoría que ponga sus competencias al servicio de la reordenación del sistema económico-político. No debe preservar las viejas estructuras. Gobierno y Congreso podrán coincidir en el diálogo crítico acerca de nuestras necesidades más imperiosas. De no ser así, las presentes contradicciones del régimen institucional se harán más agudas.
Contra los designios de provocar el caos político y económico que amenaza vitalmente la seguridad nacional, no se detienen ante nada, ni aun ante el peligro de la guerra civil. Yo cumpliré con mi deber y haré uso de todos los recursos del Estado, pero guerra civil no habrá en Chile.
El Gobierno Popular apela a la conciencia y sentido de clase de todos los trabajadores. Sus logros sociales, sus libertades políticas, sus organizaciones, su poder para desafiar a la fuerza del capitalismo nacional e imperialista, su capacidad para edificar la nueva sociedad, son grandes instrumentos. La reacción nacional e internacional pueden destruirlos. Pretenden arrasar las conquistas de los trabajadores. Ante una amenaza tan real y presente, los trabajadores no permitirán que se les use. Sus reivindicaciones económicas no pueden ser utilizadas por las burguesía contra el Gobierno y el proceso revolucionario. La disciplina social y el esfuerzo consciente deben marcar la ruta del trabajo. Chile exige mayor producción, mayor productividad.
Los anhelos, la capacidad creadora, el talento artístico, la voluntad revolucionaria, la vivencia del propio paisaje, se vierten en el crisol de la Patria.
En ese gran crisol se funden la entrega y el anhelo del joven, la mujer y el hombre. En sus brazos, los brazos del pueblo, está Chile y su futuro.
Venceremos.
SALVADOR GUILLERMO ALLENDE GOSSENS

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