DISCURSO EN EL ACTO
DE FIRMA DEL DECRETO QUE CAMBIA LA
FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS JUECES
Nestor Kirchner
[19 de Junio de
2003]
Señor Vicepresidente de la Nación ; señor presidente de
la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación ;
señor gobernador de la provincia de Buenos Aires; señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional; señores
secretarios y subsecretarios; señores legisladores; señores juristas y
representantes del Colegio y entidades académicas, ONG; señoras y señores;
ciudadanos y ciudadanas: hemos sostenido desde el momento inicial de nuestro
mandato que resulta necesario en nuestra Patria reconciliar a la política, a
las instituciones y al gobierno con la sociedad.
Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan avanzar hacia una sociedad mas equilibrada, mas madura, mas justa.
Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan avanzar hacia una sociedad mas equilibrada, mas madura, mas justa.
Hemos asumido un fuerte compromiso personal
para lograr el incremento de la calidad institucional y así forjar una
reconciliación entre las instituciones y la sociedad. La calidad institucional
empieza por el apego de cada uno a las normas y el cumplimiento de sus roles
por las instituciones.
Queremos cambios profundos. Queremos poner
fin a un modo de gestionar el Estado y a una manera de hacer política. Queremos
el cambio, que el cambio no se reduzca a lo funcional. Buscamos un cambio
profundo y conceptual.
El artículo 99 inciso 4° de la Constitución de la Nación Argentina
confiere al Presidente de la
Nación la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ,
con acuerdo del Senado por dos tercios de los votos de sus miembros presentes.
Al igual que la Constitución
de otros estados, el sistema de nuestra Constitución ha seguido la opción de
investir al Presidente de tan importantes poderes políticos librando su
ejercicio a su exclusivo arbitrio, responsabilizándolo desde el punto de vista
político sólo ante su pueblo y desde el punto de vista ético, ante su propia
conciencia.
Se trata de un importante poder político que
el origen popular de su elección confiere al Presidente. Es a la vez una gran
responsabilidad.
Desde que el entonces presidente, general
don Bartolomé Mitre, en 1863, dejó instalada la primer Corte Suprema de
Justicia de la Nación ,
la totalidad de los Presidentes ejercieron esa facultad de modo personal. Con
razón se ha dicho que ninguno de ellos se sustrajo a la necesidad de colocar en
ella a jueces identificados con su credo político.
A mediados de la centuria pasada se agregó
la circunstancia de que cada cambio institucional de facto y los consiguientes
gobiernos de derecho que les sustituyeron, modelaron a su manera sus Cortes
Supremas de Justicia, sumando a aquellas facultades constitucionales la
circunstancia de producir la renovación íntegra de sus miembros.
Es verificable que en cualquier punto de
nuestra historia la Corte
ha servido de elemento de apoyo político para el presidente de turno, de modo
que se ha sostenido que en la mayoría de los casos, aquí y en otras latitudes,
los jueces de la Corte
se han mantenido leales a quien los designó.
Seguramente la suma de esas prácticas y
aquellas interrupciones constantes de la vida institucional tienen mucho que
ver con el estado de la percepción ciudadana respecto de la Corte.
Hemos dicho que tenemos como ideal la
prestación desde el Estado de un servicio de justicia próximo al ciudadano, con
estándares de rendimiento, de eficiencia y de equidad que garanticen una real
seguridad jurídica para la totalidad de los habitantes de nuestra Patria,
cualquiera sea su condición económica y social.
Por su rol como poder del Estado, por su
carácter de rectora de la
Justicia Federal , por su función como rama judicial del
gobierno, por ser la intérprete final de la Constitución , por su
importante papel como tribunal de garantías constitucionales, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación
necesita ganarse la confianza de la sociedad, para solidez de sus decisiones.
No hay país serio en el que las decisiones
judiciales no deban respetarse por imperio de las magistraturas de los jueces.
No se nos escapa que elegir a quien deba
ocupar un lugar vacante en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación , en un momento
histórico como el actual donde cambiar es imprescindible, significa algo más
que intentar fijar un rumbo para esa institución de la Nación.
En circunstancias como las actuales
implicará una señal llamada a recorrer hasta los pliegues más recónditos de la República que
impactará en múltiples aspectos de la vida institucional y social.
En el incremento de la calidad institucional
que buscamos tendrá un importante papel la modalidad que elijamos para
seleccionar los nuevos miembros del máximo Tribunal.
Por eso no nos sirven las viejas prácticas.
Por eso es necesario no tener en cuenta en este punto los acostumbrados
precedentes. Es necesario abrir un nuevo camino que arrime luz a la vida
republicana y despeje de desconfianzas las relaciones de las instituciones con
la sociedad.
Hemos dicho y repetimos que no nos interesa
conformar una Corte Suprema adicta. Queremos agregar que el único compromiso
que requeriremos será para con el país. Compromiso para con el Estado.
Compromiso para con la Democracia. Compromiso para con la defensa de los
derechos humanos. Compromiso para con la República. Compromiso
para con la
Constitución.
Y la manera de ser fiel a esas palabras es
autolimitar la propia facultad constitucional, siempre dentro de los parámetros
mismos de la Constitución
y de una manera que no resulte contraria a lo que ella establece.
No se trata de eludir la responsabilidad de
proponer un nombramiento al Senado de la Nación. No se trata de diluir esa responsabilidad
en una responsabilidad colectiva.
Se trata de tener presente a la hora del
ejercicio de esa facultad constitucional no sólo a las circunstancias atinentes
a la composición del actual Cuerpo en cuanto a diversidades de género,
especialidades profesionales y sentido regional y federal, sino también y, de
modo central, los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad
técnica así como el compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Queremos adoptar un mecanismo de selección
que en su ejercicio, por su transparencia y la participación del ciudadano, de
la sociedad, produzca un crecimiento cierto de la calidad institucional para
impactar positivamente en la credibilidad de la institución a la que el
magistrado deberá incorporarse.
Queremos que en la misma medida en que
disminuya el arbitrio presidencial crezcan los derechos de los ciudadanos. Es
que queremos motorizar la ayuda de la sociedad para mejorar, para no errar,
para dar ejemplo de cómo se puede cambiar el futuro con el compromiso de todos.
Nos autolimitamos en nuestro arbitrio para
terminar con la práctica extendida de gobiernos que para obtener gobernabilidad
necesitan forjar tribunales adictos o caer en crípticas negociaciones. Queremos
mejorar el sistema de selección con la participación de los ciudadanos para
tratar de mejorar a la
Corte Suprema como institución.
Descontamos que con este primer paso dado en
el sentido de mejorar la calidad institucional otros darán otros tantos pasos
que terminen por poner a quienes tenemos responsabilidades institucionales en
ocasión de ofrecer a la sociedad que representamos un futuro mejor.
El más largo camino comienza por un primer
paso. Damos hoy este importante paso sabedores de que iniciamos un largo camino
irreversible en la medida que sea comprendido por la sociedad y el resto de
quienes puedan ayudar a transitarlo con los menores traumas posibles.
La transparencia del método que ofrecemos,
el control social que queremos que se ejerza respecto del ejercicio de esta
función que la
Constitución nos encomienda, tiene que culminar en la
preselección de quien mejor exprese estos anhelos para que una vez en la
función y desde su lugar de actuación pueda ayudar a la obtención de un
resultado que se acerque al país serio que la gran mayoría de la sociedad
espera.
La repetición de este proceso tantas veces
como vacantes se produzcan en la Corte Suprema tiene que tener el efecto que la
sociedad reclama: instituciones con el grado de credibilidad necesaria como
para cubrir con solvencia el rol que la Constitución de la Nación Argentina
les tiene reservados.
Así queremos que sea entendido este gesto,
el que está ausente cualquier tipo de grandilocuencia así como de importante y
simple es el aporte que pretendemos. Tenemos plena conciencia de que no se
trata de poca cosa. Sabemos que en este punto no se agotan los cambios que
deben concretarse. Se trata de un buen comienzo.
En el marco de la preservación del buen
nombre y honor de los propuestos buscamos instrumentar un mecanismo que nos
permita realizar una valoración prudente de sus aptitudes morales, su idoneidad
técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los
derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan
importante función.
Con esa finalidad y en un plazo máximo de
treinta días de producida una vacante, se publicará en el Boletín Oficial y en
dos diarios de circulación nacional durante tres días y en forma simultánea en
la página de internet del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se decida
poner a consideración para la cobertura del cargo.
Los propuestos deberán cumplimentar la
declaración que exige la Ley
de Etica de la Función
Pública y otra en la que tendrán el deber de expresar datos
que permitan evaluar cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la
imparcialidad de su criterio, así como la probable existencia de
incompatibilidades y conflictos de intereses.
En un plazo posterior de quince días, los
ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y
las asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos,
podrán por escrito y de modo fundado y documentado presentar sus posturas,
observaciones o datos que consideren de interés.
Por supuesto, sólo las objeciones
imprudentes o irrelevantes para la finalidad perseguida, así como las que
impliquen una discriminación de cualquier tipo, no serán tenidas en cuenta.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen espontáneamente, el Ministerio podrá requerir opinión a aquellas
organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico,
social, político y de derechos humanos para enriquecer la evaluación.
Adicionalmente se requerirá a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, observando las formalidades y la reserva que por ley
correspondan, sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los
postulados.
Luego de un plazo que no podrá superar otros
quince días, y haciendo mérito de las razones que abonen la decisión tomada, si
esta es positiva, se elevará con los actuados, el nombramiento respectivo al
Honorable Senado de la Nación.
Esta es la manera simple y práctica en que
queremos poner en vigencia los principios en los que creemos. Es por este
camino que requerimos la ayuda y el compromiso de todos los ciudadanos de la República Argentina.
Este es el modo en que buscamos motorizar la
participación ciudadana para construir la nueva calidad institucional sobre la
que queremos cimentar nuestro futuro.
Sabemos que es la apertura al cambio moral profundo, que va mucho más allá de un simple cambio instrumental. Sabemos que en su simpleza nos pone ante el desafío de variar estructuras profundas de nuestro comportamiento colectivo.
Sabemos que es la apertura al cambio moral profundo, que va mucho más allá de un simple cambio instrumental. Sabemos que en su simpleza nos pone ante el desafío de variar estructuras profundas de nuestro comportamiento colectivo.
Confiamos en la capacidad de los distintos
actores sociales para actuar responsablemente cuando el mecanismo que se ponga
en marcha, ayudando todos a la finalidad común de actuar dentro del marco de
nuestras competencias para lograr un servicio de justicia como el que
necesitamos.
Les agradezco a ustedes que hoy aceptaron
nuestra invitación, como estamos agradecidos a quienes comprendan el sentido
profundo del cambio que queremos generar y a la sociedad que en su gran mayoría
sabemos entenderá y acompañará este cambio.
Este es uno de los sueños que queremos
proponerles. El sueño de una Argentina distinta. El sueño de una Argentina
normal. Un país serio nos espera al final del camino que iniciamos con este
paso que anunciamos hoy. Dios nos ayudará a concretarlo.
Muchas gracias.
NESTOR KIRCHNER
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