abril 15, 2014

Mensaje de la Gobernador de Tierra del Fuego, María Fabiana Rios, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2012)

MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
María Fabiana Ríos 
EN LA APERTURA DEL XXIX PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 1° DE MARZO DE 2012

Señor vicegobernador, señores legisladores, señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia, señores jueces miembros del Superior Tribunal, autoridades de la Cámara Legislativa, señor intendente, señor senador, representantes del municipio de Río Grande, señores concejales de la ciudades de Río Grande y de Ushuaia y de la comuna de Tolhuin, representantes comunales de Tolhuin, autoridades de las Fuerzas Armadas y de seguridad, autoridades consulares, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial, pueblo de Tierra del Fuego:
Por quinto año consecutivo me toca la enorme responsabilidad de la apertura de las sesiones ordinarias. Como aquí fue dicho, el artículo 135, en su inciso 7, de la Constitución Provincial así lo prevé y ordena que el único ciudadano que puede hacer uso de la palabra en este día, dando cuenta del estado general de la administración, es quien ejerce la primera magistratura; y por quinto año consecutivo me toca hacerlo.
No en cualquier año esta vigésimo novena apertura de sesiones ordinarias tiene una significación especial, porque es la vigésima apertura de la Legislatura provincial. Estos 20 años de provincia que conmemoramos a lo largo de todo el año tiene ese reflejo en esta Legislatura que, si bien durante 29 años ha sesionado, lo ha hecho en su carácter de
Legislatura provincial en 20 oportunidades, en 20 años parlamentarios.
No haré aquí un balance de la gestión; sí tendrán en sus carpetas un punteo de las principales acciones evaluadas por cada uno de los ministros y ministerios.
Sí voy a hablarle, aquí a mi pueblo, de lo hecho y de lo por hacer. ¿Y por qué no voy hacer un balance de la gestión? Porque el año pasado en ocasión de la apertura del año parlamentario lo abríamos en un año electoral y el balance de la gestión se hizo en ese año electoral, con los resultados que obtuvimos todos y cada uno de los ciudadanos que hoy estamos aquí representando institucionalmente a nuestra gente. Una Legislatura plural, concejos deliberantes plurales, intendentes de distintos signos políticos que el partido que ejerce la gobernación de la provincia.
Luego, queda claro que independientemente de las palabras que podamos poner en el balance subjetivo y parcial, que cada uno de nosotros haga de nuestra gestión; el balance que ha hecho nuestra comunidad, con los resultados que se han dado y con las representaciones que a partir de esto nos han otorgado.
Igualmente, la apertura del año parlamentario se prepara, se analiza, se discute, se puntea, se trabaja.
Pero como cada una de las provincias forma parte de un país inserto en el mundo, entre la preparación, la reflexión y la redacción suceden cosas, que hacen a la coyuntura que atraviesa y nos atraviesa a todos quienes formamos parte de esta comunidad; coyuntura que debe ser analizada conjuntamente y debe ser expresada en palabras. Una coyuntura que va desde lo local a lo internacional y que determina acciones posibles y acciones imposibles pero sí determina una realidad que modifica un escenario pensado.
Me voy a referir, en principio, a una noticia del día de hoy que creo que tiene que poder ser la posibilidad de analizar profundamente los roles del Estado, los roles que cada uno de nosotros cumple dentro de ese Estado que constituimos.
Una noticia del día de hoy hablaba del sobreseimiento definitivo de un ministro, en razón de una denuncia penal, por la adquisición demorada de unas Traffic para personas con discapacidad. Independientemente del hecho judicial, de los nombres, de las circunstancias y de las palabras, lo cierto es que la crítica a la burocracia que, en este caso tiene un destinatario -y es el Ejecutivo y los sectores administrativos de la Administración Pública provincial- creo que sí resulta una advertencia clara de cuál es la función que nos compete a cada uno de quienes integramos el Estado, cuando pasa por nuestras manos la responsabilidad de resolver rápida y eficazmente, en un sentido o en otro, las demandas de la comunidad a la que representamos.
Qué quiero decir con esto, en este balance hecho por la comunidad. Que cuando en el año 2008 presentamos la ley de educación, lo hicimos con el objetivo claro de un debate para que ese debate sea profundamente de un sistema educativo del que casi siempre nos quejamos y del que casi nunca ordenamos con el consenso necesario, con las prácticas analizadas, con la participación necesaria. Año 2008. Estamos en el año 2012. Ese proyecto que ha sido debatido no ha sido analizado aún por la Legislatura provincial. Esto también habla de una mora en las responsabilidades que se nos han otorgado.
En ese mismo año 2008, no sé si por décima vez, presentábamos la ley de aguas, que volvimos a presentar y volveremos a presentar porque en 20 años de sesiones legislativas tampoco la provincia de Tierra del Fuego tiene ley de aguas.
Hay causas relacionadas, desde el año 2001, con el Fondo Residual de la provincia, por algunas compras realizadas por sociedades constituidas al solo efecto de hacer compras perdidosas para el Estado provincial, pero que sin dudas habían sido las normas legales las que habían habilitado a que fuese más conveniente comprar con bonos defaulteados que en efectivo porque esos bonos tenían un mejor valor -aunque en dinero significara menos- para la adquisición de bienes que formaban parte -y lo recuerdo- de las garantías ofrecidas por el Banco Tierra del Fuego, de los fondos previsionales de los trabajadores que formaban parte de los depósitos que iban a garantizar la vida previsional, que hace 10 años que están a la espera de un esclarecimiento, de un saber si fue o no delito, si se constituyó o no de manera irregular esa sociedad.
La ley de aguas sigue sin salir. En el día de hoy, señor vicegobernador, vamos a presentar por tercera vez, creo, la ley de bosques. En los últimos tres meses varios incendios forestales de magnitud han estado en la prioridad de nuestra preocupación. Esa ley de bosques que necesitamos y que no ha sido votada no va a ser presentada por los incendios. No hacemos “política de tapas de diarios”. Lo que pasa es que, a veces, hasta que los temas no están en las tapas de los diarios -y esto lo digo para todos los poderes, incluyendo el Ejecutivo- parece que los temas no se trataran con la seriedad y profundidad que merecen. (Aplausos).
Muchas veces parece que esperamos las tragedias para fijar la efemérides de tratamiento de los temas. Y cuando los temas pasan por nuestros escritorios, sean estos de la gobernadora, de los legisladores, de los intendentes, de los concejales, de los jueces, de los organismos de control, de los ministros, de los empleados administrativos, de los directores generales, no tienen el tratamiento de un tema que atraviesa nuestra comunidad en un sentido o en otro.
Tres leyes importantes: la de bosques, la de aguas, la de puertos, se encuentran en la Legislatura provincial.
Necesitamos, en los próximos meses, que todos los temas relacionados con la puesta en funcionamiento del puerto de la ciudad de Río Grande sean evaluados por el Parlamento en los plazos que ustedes consideren, pero con la profundidad que el asunto merece. Una vez suscritos los últimos documentos, en relación al puerto de la ciudad de Río Grande, aparecieron denuncias respecto de la posibilidad o imposibilidad financiera de algunos de los oferentes, en relación a la reactivación del puerto.
Le pido al Poder Legislativo, que es el que tiene la mayor responsabilidad y el que tiene la exclusiva responsabilidad de la aprobación o el desistimiento de los preacuerdos establecidos por el Ejecutivo provincial, que analice estos temas y que pueda en el sentido que considere, dar la respuesta que la comunidad necesita; pero que sí la necesita.
No esperemos a que hechos consumados hagan que colapse, nuevamente, la infraestructura logística de una industria creciente que verán aquí, que advertirán en los informes, cómo podemos estar orgullosos de la calidad de vida de nuestro pueblo. Somos la provincia con el mayor índice de desarrollo humano; somos la provincia con los menores niveles de empleo en negro; somos la provincia con los menores niveles de desocupación; somos la provincia que, en términos de distribución del Programa Conectar Igualdad, ha superado las metas nacionales, en el año 2010, entregando el 98% de lo que estaba dispuesto y el 100% a lo largo del año 2011. (Aplausos).
Por cierto, lo que tenemos no puede no permitirnos ver lo que nos falta; porque lo que nos falta depende en gran sentido de nosotros.
Y volviendo al tema de la burocracia y los resultados de las demoras interminables, leyendo los informes y el balance de gestión de años anteriores, el 1 de marzo de 2010 anunciábamos que en poquitos días más se firmaba el Fideicomiso Austral que había estado durante muchos años discutiéndose y dejándose de discutir. Un Fideicomiso Austral absolutamente necesario para esas obras de infraestructura que nos faltan y que también hacen a un piso de desarrollo diferente. Ese fideicomiso transitó nueve meses por esta Legislatura provincial y, un año, en el proceso de cierre de toda la documentación requerida, de un fideicomiso único en el país que por no tener antecedentes debía pagar las consecuencias de ello. Esto significaba cómo se conformaba la comisión, cómo se establecían los reglamentos, cómo se fijaban las prioridades.
Para quienes no lo saben, las prioridades de obras fueron fijadas por ese Consejo Económico y Social, constituido a lo largo del año 2008, que determinó desde todos los sectores de la comunidad (público y privado, municipales y provinciales) esas obras prioritarias que hacen al desarrollo. Esas son las obras que se van a financiar.
Una de las cuestiones fundamentales que fueron resueltas apenas unos pocos días y que tiene que ver con el principio de una de estas obras largamente demoradas y finalmente empezada a concretar tiene que ver con el financiamiento del proyecto ejecutivo del muelle antártico, financiado por el Ministerio de Defensa de la Nación, en una primera etapa. ¿Por qué digo esto? Para quienes no han seguido el tema de cerca, desde el año 74 al año 2004, hubo solo una oración que hablaba de prioridades y era una prioridad que tenía la comunidad de Ushuaia: el traslado de la base que había quedado en el medio de la ciudad y debía correrse de ese lugar y permitir que esas tierras enclavadas allí pudieran tener el aprovechamiento urbanístico y el desarrollo que la ciudad de Ushuaia necesitaba.
Del año 74 al año 2004 no hubo ninguna discusión sobre ese renglón, el traslado de la base. Sucedieron muchas cosas en el país. Pero desde el año 2004 en adelante, de manera sistemática, desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Infraestructura, desde la Armada Argentina, desde el municipio de Ushuaia, legisladores nacionales y legisladores provinciales empezamos a trabajar, concretamente y de manera sistemática, en cómo ese traslado de la base se encuadraba y se enmarcaba en el desarrollo de ese polo logístico antártico, tan necesario para nuestro país, para nuestra provincia y tan necesario para las actividades de logística y científicas que se llevan adelante en el continente antártico. Forma parte de una decisión estratégica. Hace 15 días se firmó lo referente al muelle. Ya está el fideicomiso. Pero hace dos años, desde el anuncio de la firma a hoy, sólo podemos decir que finalmente se ha autorizado el desembolso de la primera obra que es la repotenciación de la turbina de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Río Grande. Todas las obras que están priorizadas son obras de infraestructura básica, que tienen que ver con electricidad, con saneamiento, con desarrollo de polo logístico, con mejoramiento del sistema de infraestructura en salud, cloacas, gas, agua y electricidad, pilares para el desarrollo de nuestra provincia.
Pero si volvemos también a la cuestión de la burocracia, hay una deuda pendiente con la ciudad de Río Grande y es la resolución de las mensuras de la expropiación de Margen Sur que, después de mucho tiempo de discusión fue tratada finalmente por esta Legislatura, fue analizada y fueron dispuestos los fondos, dispuesto el ámbito administrativo; pero sigue sin poder concluirse la entrega de eso tan elemental que es tener la certeza de en qué lugar uno puede hacer su casa donde depositar sus sueños, su expectativa y su deseo de futuro. Esta también es una deuda pendiente que el Estado tiene para con su gente. (Aplausos).
Da mucha satisfacción ver los indicadores pero da mucha frustración ver que esos indicadores podrían ser aún mejores si, de una vez, decidiéramos abordar esos temas que durante tantos años no se trataron. Y si, de una vez, decidiéramos abordar temas nuevos que no se trataron durante años porque no existían como temas de agenda, pero, que ahora sí pueden ser puestos en tal carácter.
Una cuestión que no voy a dejar de abordar y que ha desencadenado una cantidad de opiniones, en los últimos días, en los medios de comunicación, tiene que ver con haber participado -y haber participado todos- en el hecho histórico que significó el sábado 25 de febrero de la sesión de ambas cámaras legislativas nacionales, donde las comisiones de Relaciones Exteriores se hicieron presentes en la capital de nuestras Islas Malvinas para suscribir y detallar en 10 puntos la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución que establece la política de Malvinas como cuestión de Estado y la reivindicación de su soberanía como una causa permanente de reclamo del pueblo argentino. (Aplausos).
Mientras esto sucedía, escuchábamos voces de intelectuales, de constitucionalistas, de filósofos, de gente muy entendida en todos los temas del pensamiento que parecían no haber dado lectura a esa Cláusula Transitoria Primera. Y uno, cuando escucha algunas opiniones se pregunta ¿cómo hemos normalizado la falta de legitimidad de las instituciones que hasta pretendemos discutir cláusulas constitucionales? Discutir la Cláusula Transitoria Primera es como discutir el sistema representativo, republicano y federal. Es como si dijeran, en vez de Cámara de Diputados tenemos otra cosa. Esa misma lógica es la que puso en discusión, dos días después, en esta provincia, la existencia de la Ley Gaucho Rivero.
Verdad es que lejos de pretender un escándalo, una tapa de diario, lo único que pretendimos con el vicegobernador y los miembros de gabinete y responsables de puerto, a la hora de tomar la decisión, fue en principio la salvaguarda de la paz social; pero sobre todas las cosas la interpretación que, obligatoriamente, debíamos hacer para dar cumplimiento a una ley sancionada por unanimidad por la Legislatura provincial y que, sin duda, siempre el dictado de una norma afecta intereses. No queremos ni perjudicar a nadie ni ofender a nadie.
Si las normas que han sido dictadas en tal sentido... por qué hice un raconto de ellas.
En esta Legislatura se sancionó la Ley del Fondo Residual. En esta Legislatura se sancionó la ley que cambió el esquema de negocios del Banco Tierra del Fuego. En esta Legislatura se sancionó la ley que creaba y unificaba la seguridad social. En esta Legislatura se creó la ley de la bandera, la del gaucho Rivero y cada una de las leyes que rige nuestra vida en comunidad. Y no tiene que ver con que nos guste o no nos guste. Las leyes "son, existen". Y son solo 15 ciudadanos que ejercen la representación total del pueblo de la provincia, bajo del sistema D’Hont, de manera proporcional respecto de la voluntad del electorado, quienes deciden cuál es la normativa que se dicta.
No es el Ejecutivo quien dicta la norma. Solo debemos cumplirla. Y no judicializamos la política cuando, ante una disyuntiva, un conflicto o una interpretación diversa, vamos al Poder Judicial a preguntarle si es correcta o incorrecta esa interpretación.
Vivir en comunidad supone reconocer autoridad, legitimidad y derecho a obrar. Ese es el derecho de los legisladores y el del Ejecutivo es interpretar la ley. (Aplausos).
A veces, me da vergüenza explicar esto. La verdad, a veces me da vergüenza porque fácilmente cuando a quien tenemos enfrente no opina como opina uno, pretendemos darle a su opinión el cariz de ridículo, el cariz de irracional, el cariz de absurdo, el cariz de trasnochado o alcoholizado, como tuvimos que soportar se dijera respecto de quienes tomamos la decisión que tomamos. Sería mucho más sencillo si pudiéramos entender sólo con el límite de la mentira. Quiero dejarlo claro porque, a veces, además de usar los apelativos se miente; eso ya no tiene ideología política, la mentira es mentira. Si las computadoras se entregaron y dicen que no las entregamos, es mentira; si las casas se entregaron y dicen que no hacemos obras públicas, es mentira; si las escuelas se hicieron y dicen que no, es mentira. Si las clases iniciaron y dicen que no, es mentira. (Aplausos). Ese es el límite. Si no, no hay marco para la discusión, sí respeto, no mentira. ¡Sí respeto, no mentira!
Respeto supone reconocer los errores. Cada año la verdad que... Hoy no voy a hablar de mis errores porque me la pasé hablando todos los años, reconozco mis errores. Digo, qué trauma el de los errores. Todos cometemos errores; yo también, por supuesto, mucho más que todos.
En pocos minutos más, la presidenta de la Nación dará su discurso al país y estamos todos muy expectantes de saber qué es lo que va a pasar.
Hay dos temas que no quiero dejar de abordar por la trascendencia -pido disculpas por todos lo que no he abordado-, dos o tres que quiero plantear.
Primero, el tema de los hidrocarburos. Los cuatro años de mi primera gestión estuvieron atravesados por la cuestión de los hidrocarburos, por la búsqueda de agregado de valor, por la búsqueda de financiamiento a interés cero -en su momento- a partir de recursos genuinos, por las discusiones en la Ofephi (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos), por los reclamos a las petroleras, respecto de las deudas por regalías mal liquidadas, por la renegociación de los contratos, por la licitación de áreas revertidas por la inversión china.
Debo decir aquí que el proceso de renegociación se halla muy avanzado; que han estado trabajando de manera conjunta la Secretaría de Hidrocarburos con el Ministerio de Economía, enviando las propuestas de renegociación en los próximos días a la Legislatura, previo a esto se hará una convocatoria pública para que se vean, para que se pueda explicitar desde la Secretaría de Hidrocarburos y sus especialistas y los integrantes de la comisión de renegociación los términos de renegociación que se han obtenido con cada una de las empresas que han sido llamadas a negociar. Y, a partir de allí, sea la Legislatura la que apruebe o no estas condiciones de renegociación. Estas mismas condiciones han tenido encuadrado, dentro de ellas, el pago de las deudas que han sido reclamadas en su totalidad a las petroleras; y, en el marco de los plazos administrativos para la respuesta, esto será considerado en el entorno de esa renegociación.
También, dentro de las exigencias a las petroleras se encuentra contemplado el acuerdo realizado entre el gobierno nacional y las provincias de la Ofephi, respecto del aumento de las inversiones que se exige a las empresas petroleras; porque esto (lo sucedido con la matriz energética en la República Argentina) además tiene una historia, tiene normas, tiene decretos, tiene concesiones otorgadas.
Y cuando los gobernadores hablamos de la reversión de áreas -lo decía el otro día en un medio- no estamos apretando a nadie. No somos apretadores, somos responsables del cumplimiento de las leyes, de los decretos y de la Constitución.
Y, luego, si un contrato tiene la exigencia del cumplimiento de una inversión y dentro de ese mismo contrato una cláusula decide y prescribe que quien no cumpla con los aspectos contratados debe devolver la concesión, esto es así de claro; lo dice la norma: no está sujeta a la voluntad de quien tiene la responsabilidad de hacerlo sino que es el contrato al que las partes se han sujetado de manera voluntaria quien establece que esto puede ser así. ¿Puede ser así? Sí, claro que puede ser así. No apretamos a nadie. Pero sí, como a nosotros nos exigen cumplimiento y nos denuncian si no cumplimos, también exigimos cumplimiento y denunciamos los contratos si no cumplen y las áreas que no cumplan las inversiones serán revertidas al Estado cuya propiedad pertenecen. (Aplausos)
La segunda cuestión que quiero plantear por la magnitud que ha tomado en los medios y -me parece que en realidad debe tener más que ver con el tiempo en que se está discutiendo que con la magnitud de lo que se está discutiendo-...
En este reconocimiento de roles no intercambiables que cada uno de los poderes y de las jurisdicciones posee, como máxima responsable del gobierno provincial, quiero tener una palabra para los municipios y comuna de nuestra provincia.
No existe en nosotros y no hay en las cuentas públicas ningún riesgo de vuelco sin tomar recursos que no sean nuestros; no está en el ánimo del gobierno tomar recursos que no le correspondan para evitar consecuencias de una administración fallida.
No nos mueve en la discusión con los municipios -y creo que hemos dado acabada muestra de esto- ninguna intención que no sea el cumplimiento de las normas y la buena relación institucional, aunque esta signifique opiniones diferentes porque entendemos que si pertenecemos a partidos políticos diferentes es completamente natural que la opinión, la mirada y las prioridades puedan ser diferentes.
Cuando en el mes de agosto presentábamos el proyecto de presupuesto, donde detraíamos de los fondos coparticipables a los municipios porcentajes que no habían sido contemplados en la ley nacional -porque creo que por primera vez en la historia le pasaba al gobierno nacional lo que a nosotros nos había venido pasando bastante seguido y que era no contar con la ley de presupuesto y tenía en el marco de esa ley de presupuesto, una ley de vencimiento temporal como era la ley de financiamiento educativo- el Ministerio de Educación pretendió salvar esto con las firmas de convenios con las provincias, diciendo que los montos afectados a financiamiento venían aunque no discriminados porque por la inexistencia de la ley esto no era posible.
Nosotros lo firmamos en marzo y la Legislatura lo aprobó en agosto. Es decir, marzo, abril, mayo, junio y agosto. No hubo esa detracción porque en agosto del año pasado, esto estaba firmado.
También significaba, a mitad de año, introducir una modificación en los recursos que esperaban los municipios y si de algo somos conscientes -y lo fuimos a lo largo de cuatro años- fue de que no podíamos trasladar a los municipios los costos de una crisis que asumía un gobierno, a fines del año 2007, asumiendo anticipadamente la administración, en ese momento, y transferirla a los municipios.
De hecho, haciendo esfuerzos enormes en medio de la crisis financiera más grande de la que se tenga memoria, pudimos suscribir acuerdos que terminaran con esa deuda histórica. Cuando firmamos el último acuerdo, el 96% de las deudas a las que suscribíamos pagar con obras públicas del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. Eran de gestiones que no eran las nuestras, el 96%. Sin embargo lo hicimos y lo cancelamos.
Hoy le quiero decir a los municipios... (aplausos) que junto al vicegobernador hemos tomado la decisión de aumentar, ya, a la comuna de Tolhuin en un 10% los fondos de la soja, para que disponga de mayor cantidad de fondos para infraestructura y que ese mismo 40% (aplausos) va a ser aumentado el piso de disposición de fondos para obras para el municipio de Río Grande y para el municipio de Ushuaia, y será en concepto de cancelación de las pocas deudas que quedan de nuestra gestión respecto de los municipios.
En relación a los gastos de administración por distribución de coparticipación, fue dicho, reiterado, publicado y sostenido que el gobierno nacional no cobra gastos administrativos por distribución de coparticipación. Esto no es así. No es momento ni lugar para discutirlo.
Sí, con el vicegobernador, hemos tomado la decisión de restringir los gastos administrativos de la provincia hacia los municipios en relación a la distribución de "copa" , a los porcentajes al máximo, que es el porcentaje que cobra la Nación determinado por decreto reglamentario de la ley de coparticipación, en un porcentaje fijo, como para que en su presupuesto mensual no tengan la duda de cuánto, si no es un porcentaje del total del monto coparticipado a cada uno de los municipios.
Creo que el mayor reclamo tenía que ver con que los municipios no se pueden hacer cargo de los gastos del aumento dados al personal o de la mayor cantidad de gente que incorporen. No, claro que no. Entendemos que es así. Pero sí hay un gasto en el que incurre la administración derivado de la administración de esa coparticipación en porcentajes similares o idénticos, como tope, a los que hace el gobierno nacional respecto de las provincias. Es decir, una detracción porcentual que nunca puede ser más de un dos por ciento de los montos totales coparticipables.
Del mismo modo, cuando fuimos por una acción declarativa de certeza al Poder Judicial, lejos de pretender judicializar la política, nuestro único ánimo fue tomar una decisión con la absoluta certeza de que la interpretación que hacíamos de la norma era la correcta. Porque, la verdad, es que la Ley 648, estaba en vigencia cuando asumimos el gobierno y, a pesar de ello, había un modo de distribuir la coparticipación que no entendíamos por qué era ese.
No era sencillo analizar esto en una coyuntura de la complejidad que todos conocemos que teníamos en 2007, 2008, 2009... De ese análisis iba surgiendo, cada vez con mayor claridad, que la interpretación con la que se hacía la liquidación era incorrecta. En esa certeza pudimos haber decidido que esto era incorrecto y que fueran los demás a la justicia a reclamarnos este cambio de opinión en la administración. Pero la verdad es que decidimos continuar con la liquidación y expresar a la justicia, con los fundamentos esgrimidos por el fiscal de Estado por directivas mías, que fueron informadas en el mes de octubre, en una conferencia de prensa donde todos nos decíamos de todo: los municipios al gobierno, el gobierno a los municipios, donde la ley se había presentado. Y en una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, dije: "Voy a instruir al fiscal de Estado, a que en una acción declarativa de certeza solicite al Poder Judicial si los fondos de coparticipación que incluyen el financiamiento educativo provincial, fijado por la Ley 648, son antes o después de la coparticipación".
No había nada que descubrir o revelar. En el mes de octubre lo dije en una conferencia de prensa. A esa espera estamos.
No somos nosotros quienes judicializaremos pero tampoco creemos que es con apelativos como se resuelve una disputa institucional de magnitud que tiene consecuencias económicas para el Estado provincial, para los estados municipales.
Y están siempre abiertas las puertas para que fijando fecha, hora y lugar, podamos ponernos de acuerdo en el marco de la ley respecto de los roles que solo se llevan adelante con recursos. (Aplausos).
Y una última cuestión -que no por última es la menos importante sino que creo que es la más importante- es que se ha constituido un gabinete social, que si se quiere es fundamentalmente de las prestaciones que el Estado debe dar a su gente. Por un lado, tiene que ver lo operativo: Registro Civil, Policía, Sistema Penitenciario, Inspección General de Justicia.
Por otro lado, hemos circunscrito lo que tiene que ver con tarea social, Educación, Desarrollo, Salud, y todo lo que hace a esa demanda que creo que fue, sin dudas, la demanda que se expresó en la elección de junio, julio, del año pasado, y que son prestaciones más cercanas.
Lo que quiero decirle a mi pueblo, a la comunidad de Tierra del Fuego, es que sé de las necesidades, sé de las frustraciones, sé de la angustia que causa el no poder acceder en los tiempos en que se necesitan a las prestaciones, sean estas educativas, por discapacidad, por salud, por seguridad social.
Hay dos o tres cuestiones que les pido, encarecidamente a los señores legisladores, sean abordadas en esta Legislatura, para poder salir del discurso -qué palabra puedo usar para nos ser desagradable-, del discurso fácil que dice: “¡Qué barbaridad, no tenemos turnos!, ¡imposible, no alcanzan los bancos!, ¡insostenible!, no llegan las combis; ¡qué barbaridad, en las mensuras no están!, ¡increíble, la planta de CM todavía no ha construido las escuelas que por iniciativa privada ha firmado el gobierno!
Necesito encarecidamente, señores legisladores, que la ley de educación tenga contemplado, en un aspecto, la participación de la comunidad en lo que se refiere al control del funcionamiento de nuestras escuelas. (Aplausos).
Necesito encarecidamente que cuando tratemos el tema de salud en la participación comunitaria, pilar de la atención primaria de la salud, esté la comunidad viendo cómo en nuestros hospitales y centros de salud, independientemente del equipamiento, independientemente de la calefacción y de la cantidad de profesionales, cuánta gente se atiende por día y en qué condiciones de respeto a sus derechos se atiende diariamente. Necesitamos encarecidamente que la discusión de la seguridad social no siga siendo dilatada por toda esta historia de moras que he relatado y que tiene como consecuencia tremendas injusticias en la vida del ciudadano que nos ha dado, a todos y a cada uno desde el lugar de oficialismo, oposición, la responsabilidad de la administración de los bienes que son de todos; entre ellos, las prestaciones de servicios que garantizan sus vidas y sus bienes.
Quiero, de esta manera, dar formal apertura a este vigésimo noveno período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, convocando a todos y cada uno, legisladores, intendentes, concejales, ministros, secretarios, jueces, organismos de control, a hacernos profundamente responsables de este honor que significa estar aquí.
Hoy, yo en uso de la palabra pretendo hablar por todos ustedes. Y quiero ratificarle a mi pueblo y a mi gente que ejerceremos esa responsabilidad trabajando duro, por mejorar la calidad de vida de nuestra gente, para que esos indicadores sean la prueba de que los derechos humanos se cuidan y se respetan todos los días y a cada momento. 
Muchas gracias.
MARIA FABIANA RIOS

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