abril 15, 2014

Mensaje de la Gobernador de Tierra del Fuego, María Fabiana Rios, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2013)

MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
María Fabiana Ríos 
EN LA APERTURA DEL XXX PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 1° DE MARZO DE 2013

Señor vicegobernador de la provincia y presidente de esta Cámara legislativa; señor presidente del Superior Tribunal de Justicia; señores legisladores; autoridades de esta Cámara; señores ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial; señor intendente de la ciudad de Ushuaia; representantes de los municipios de Río Grande y de Tolhuin; señor rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego; autoridades de las Fuerzas Armadas y de seguridad; dirigentes sindicales; invitados especiales; pueblo de Tierra del Fuego:
Nos damos hoy cita, tal cual la manda constitucional exige, para dar inicio a este trigésimo período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
Y lo hacemos en un aniversario, el número 30, de la recuperación de la democracia en la Argentina. Por lo tanto, esta apertura tiene características particulares que, de algún modo, también nos ayudan a todos nosotros a hacer una apelación a la memoria.
Lo hacemos en un mes en el que, además, vamos a conmemorar el Día de la Mujer y el Día de la Memoria. Cada uno de estos hechos, asociado a lo que fue la recuperación de esa democracia, hace 30 años.
Muchos de quienes estamos aquí no tenemos ni podemos arrogarnos ninguna acción en la lucha por la búsqueda de esa democracia pero sí tenemos la obligación de reconocer, en estos 30 años de democracia, la lucha que esas mujeres, las Madres de Plaza de Mayo, llevaron adelante para que hoy podamos estar gozando de 30 años de democracia.
A veces, el no haber pasado por esos procesos que suponen la entrega de la propia vida para beneficio de toda una comunidad hace que esos procesos no sean entendidos en su totalidad, en su complejidad, en su profundidad. Debemos a ellos, entonces, un agradecimiento, un reconocimiento, hacia esos 30.000 compañeros desaparecidos; hacia esas mujeres que, cuando todos callaban (aplausos), eran el aguijón de la memoria que nadie quería escuchar; en la locura del silencio mantenían la cordura de la palabra.
Estas expresiones que hoy podemos tener: cada uno de ustedes en sus bancas con un mandato popular, con una representación pública, con una representación colectiva que significa la voluntad de la mayoría del pueblo de la provincia.
Es en este recinto, y en ningún otro lugar, donde se expresa proporcionalmente la diversidad de opiniones. Y es este Cuerpo el que dicta las normas que rigen la vida en comunidad.
Nos encontramos hoy, como siempre, con distintas expresiones de reclamos públicos que exigen una escucha atenta por parte de todos nosotros. Pero también, en esos reclamos, hay reclamos que no son contradictorios sino que son completamente diferentes, completamente incompatibles. Y, frente a esto, las decisiones que deben tomarse no son sin costo, no son sin consecuencias, por que no es posible satisfacer a unos sin que esto sea en desmedro de otros.
Entiendo que será en este Cuerpo donde se tomarán las decisiones que deberán ser en beneficio de los sectores que más necesitan de sus representantes. Entiendo que será en este recinto donde se tomen las decisiones que pongan en valor a esos sectores de la comunidad que requieren de esa mirada atenta que uno necesita.
Esta apertura de las sesiones ordinarias nos obliga también a hacer un ejercicio de memoria en relación a lo que se llevó adelante durante el anterior año parlamentario; dar cuenta del estado de la provincia pero también necesitamos una proyección de futuro para nuestra comunidad y para nuestra gente. Vaya, entonces, una palabra en relación a esto.
Cuando hacía la apertura del año parlamentario 2012, hablaba ante una Legislatura que recién iniciaba sus funciones. Y los comentarios que se suscitaron después fueron que la gobernadora le había pedido a la Legislatura “trabajo”; un trabajo parlamentario de abordaje de temas cruciales para la vida de nuestra provincia que requerían de la labor legislativa.
A veces, uno tiene la sensación de que, en estos 30 años de democracia, hay una sobrevaloración de algunos poderes del Estado, una subvaloración de otros, pero lo que, en síntesis, podría decir que se supone una simplificación de las decisiones que son siempre decisiones complejas las tienen que ver con la administración del Estado.
En esa apertura de sesiones ordinarias hablaba también de los roles y de las funciones que les correspondían a los órganos extrapoder: Fiscalía de Estado, tribunales de Cuentas y también al Poder Judicial, con esta característica particular de resguardo de república y no de resguardo de democracia, por ser el único poder no democrático, no sometido a la voluntad popular; y ser el poder que, de algún modo, debe equilibrar cuando entre los poderes o entre los ciudadanos hay una disputa, hay un modo de entender distinto en cuanto a la interpretación de los diferentes hechos.
Debo, entonces, poner una palabra, aquí, en relación al trabajo parlamentario que se ha llevado adelante a lo largo de todo el año 2012, abordando la mayoría de los temas que fueron planteados como prioritarios.
Fue la segunda vez, en cinco años, que la provincia contó con un presupuesto provincial.
Fue la segunda vez, en cinco años, que la provincia tuvo una ley tarifaria.
Fue la primera vez -la primera vez-, en cinco años, que la Legislatura abordó de manera sistemática, el estudio de la cuestión del IPAUSS: Un tema que es crucial, no solo en las finanzas de la provincia sino en la sustentabilidad de un régimen que requiere del mayor ejercicio de responsabilidad, del mayor ejercicio de representatividad y, sobre todas las cosas, de seriedad. De un régimen que fue advertido, hace más de 20 años, de que si no se tomaban las medidas en relación a las correcciones, esto iba a suceder.
Nadie puede negar que la situación de la caja de jubilaciones era una situación no solo previsible sino sobre la que se debían tomar medidas y, sin embargo, las medidas que se tomaron fueron en desmedro de esa situación.
Nos encontramos este año, además y en relación al IPAUSS, con la elección de las autoridades que van a componer ese directorio. Un nuevo directorio que deberá ser legitimado en las urnas después de una larga lucha de muchos compañeros que, durante mucho tiempo, pelearon en contra las intervenciones que venían a vaciar a las instituciones. Mientras algunos estaban estudiando, otros éramos víctimas de la discriminación llevada adelante; discriminación ideológica en defensa de una institución que nos atraviesa a todos, a lo largo de la vida.
Mucha gente, en los primeros años de vida laboral, ni siquiera piensa en lo que sucederá cuando se jubile. Muchas personas, porque tienen la fortuna de tener una buena salud, ni siquiera piensan en lo que sucede cuando uno padece una enfermedad personal o familiar y que, a veces -muchas veces- los aportes de toda una vida no alcanzan para sostener 30 días de un tratamiento. Y es allí donde el sistema solidario y de reparto es el que viene a poner en igualdad de condiciones a todas las personas.
Cada vez que se planteó la discusión sobre el IPAUSS se habló sobre los derechos, se habló sobre la deuda, se habló sobre la necesidad de mantener la regularidad en el envío de fondos, como si la situación del IPAUSS solo tuviese que ver con la remisión de fondos.
Hay algunos estudios interesantes realizados por economistas, en relación a lo que sucedió en el año 2000 cuando se determinó que la cartera de incobrables del Banco de Tierra del Fuego -no era este el gobierno que estaba en ese momento a cargo del Ejecutivo, eran otros gobiernos que decidían en esos años-, que estaba muy bien que los fondos de reserva previsional vinieran a garantizar a los incobrables del banco que habían recibido, sin las garantías suficientes, créditos que seguramente no iban a pagar.
Se imaginó allí la conformación de un fondo residual; se imaginó allí que luego de 10 años nos iban a decir, a los trabajadores, cómo nos devolvían ese dinero de las reservas que se habían llevado para que “grandes señores” de esta provincia, que se habían hecho “grandes” con dinero de todos, pudieran seguir gozando de ser tratados como “señores”, cuando trabajadores del Estado provincial éramos despojados de nuestros recursos.
Pero como la memoria es frágil, muy frágil..., extremadamente frágil (aplausos), se fueron decidiendo otras cuestiones, a fuerza de presiones, de gritos, de imposiciones.
Se fueron dictando normas que lejos de resolver la situación, en la búsqueda quizá demagógica de respuestas inmediatas, respuestas electorales inmediatas, cada vez iban deteriorando más ese sistema previsional y ese sistema de seguridad social relacionado con la salud de todos y cada uno de nosotros, y de nuestras familias.
Yo creo que a mí me pueden contar muchas cosas de muchos lugares pero de lo que no me lo van a poder contar -y les aseguro que no me lo van a poder contar- es de la vida institucional del Instituto de Servicios Sociales de la Provincia, del Instituto Territorial de Previsión Social transformado luego en instituto provincial de seguridad social, luego fusionado para garantizar una mayoría en el directorio, que no tuviese que ver con los “laburantes”. Previo a esto, intervenido, vaciado: vaciado de contenido, vaciado de democracia y vaciado de decisiones. Con años que iban pasando, con leyes previsionales que iban garantizando privilegios; donde de las 30 últimas jubilaciones, solo dos fueron jubilaciones de personas de más de 48 años; “solo dos” fueron jubilaciones de personas “de más de 48 años”.
La verdad es que luego en un intento de recuperación de esos recursos que habían sido tomados para garantizar esos incobrables del banco, se dicta una ley (la Ley 676) sobre la cual, y a partir de su sanción, se establecieron las más diversas interpretaciones de los cálculos de esos módulos previsionales que venían a compensar esa pérdida que claramente habíamos tenido los trabajadores a partir de esa toma de recursos.
En esas interpretaciones variadas teníamos reclamos de los más diversos. Había interpretaciones que decían que esos módulos previsionales debían calcularse, al momento del dictado de la ley, porque luego se dictaron leyes que fueron fijando jubilaciones diferenciales sin la evaluación del impacto que estas jubilaciones diferenciales tenían sobre esos módulos previsionasles establecidos con anterioridad.
A partir de allí, la discusión sobre la interpretación de la norma fue generando una deuda con niveles de incobrabilidad extraordinarios, pero sobre todas las cosas con niveles de una incobrabilidad de una volatilidad que tiene que ver con la definición misma de esos módulos previsionales.
Cuando la Legislatura, el año pasado, decidió tomar en sus manos el análisis de la situación de la institución de la seguridad social de la provincia, no atravesó un camino sencillo. La recopilación de la información no fue fácil y los últimos plazos que se dictaron tuvieron que ver con el envío de una información sustancial derivada del Tribunal de Cuentas de la provincia. Un expediente de más de 2.000 fojas, que pone sobre la mesa, de algún modo, las razones de esa discusión que tenían que ver con la irracionalidad de un cálculo.
El informe de los economistas -seré muy breve pero quiero leerlo- tiene que ver con el cálculo de un elemento objetivo que es el cálculo del producto bruto geográfico. Y calcula la deuda en términos de porcentajes del producto bruto de la provincia.
En ese cálculo, los economistas evalúan algunas perversiones interesantes que
tiene la ley -y que no quiero dejar de decirlo hoy, porque hay toda una comunidad escuchando y no siempre es posible hablar con todos, con los empleados públicos del Estado provincial, con los empleados públicos del Estado nacional, que viven al lado de nuestra casa.
“El producto bruto geográfico de Tierra del Fuego estaba estimado, en el año 2007, en 2.565 millones de pesos.
Entre los años 2006 y 2007, a través del indicador del índice sintético de actividad provincial, se deduce que el producto bruto geográfico había crecido, en esos años ,en el 4,4%. Una estimación provisoria, a junio del año 2012, estaría indicando que la deuda exigible, certificada por el Tribunal de Cuentas de la provincia, era equivalente a 340 millones de dólares, el 63,6% más que en su origen incluido, los intereses devengados.
Respecto del producto bruto geográfico estimado para esa misma fecha, 1.410 millones de dólares, el peso de la misma significaba el 24,1% del producto bruto geográfico. Si a ello se le adicionaban los 4.000 millones, calculados por el Tribunal como deuda prospectiva hasta su vencimiento, equivalentes a 889 millones de dólares al tipo de cambio en el mes de junio de 2012, la carga de dicho endeudamiento representaba el 87% del producto bruto geográfico a mediados del año anterior”.
Un nivel claramente insostenible para las finanzas de cualquier Estado.
También resulta apropiado comparar la importancia relativa de la carga de deuda respecto de los recursos totales de los que disponía la provincia hacia el año 2006. En tal sentido, de acuerdo a los registros de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, en el año 2006, los ingresos totales de la provincia ascendieron a 1.226 millones, o su equivalente en dólares de 398,8 millones. Esto es, que la deuda asumida por la provincia significaba el 52,2% de los ingresos totales de Tierra del Fuego. Va de suyo entonces que, desde su origen, lo que se planteó fue el reconocimiento de una deuda que, por los niveles de indexación múltiple que tiene, era absolutamente incobrable. Pero esto debe tener una solución. Necesita ser revisado y solucionado.
Hay algunas cuestiones que son completamente delirantes, ¡completamente delirantes! Y tiene que ver con la valuación de la deuda de la Ley 676. En una valuación de 1.050 millones de pesos, no pagando ningún CPPM (Compromiso de Pago Previsional Mensual) se alcanzaba esa deuda, en enero del año 2006. En una deuda de 1.500 millones de pesos, no pagando ningún CPPM se alcanzaba, en mayo de 2007, y pagando un CPPM por mes, la misma deuda se alcanzaba en setiembre de 2007. Junio, julio agosto y septiembre: con diferencia de cuatro meses, aún pagando, la deuda se alcanzaba de la misma manera porque los niveles de crecimiento tienen variables diferentes.
Tomando, por ejemplo, valores internacionales de cálculos de deudas, en enero de 2006, cuando arrancó la Ley provincial 676, el valor de un CPPM era de 6,98 millones, equivalente a 2,29 millones de dólares. Con ello, se podía comprar en ese momento 4.017 onzas de oro, el valor oro.
En junio de 2012, el valor de los CPPM ascendía a 53,33 millones de pesos equivalentes a 11,86 millones de dólares. Con ello, se podía adquirir 7.396 onzas de oro; esto es un 84,1% más que seis años y medio antes.
Ello es así porque mientras el valor de un CPPM expresado en dólares aumentó entre ambas fechas un 41 7,4%, el valor del oro lo hizo en el 181%. Un ejercicio similar con el valor de la soja arroja resultados similares.
En enero del año 2006, con el equivalente en dólares de un CPPM, se podían comprar 10.495 toneladas de soja; y en junio del año anterior, 21.331 toneladas, es decir un 103% más. Nuevamente, mientras el valor de un CPPM expresado en dólares se incrementó, entre esas fechas, un 417,4%, la variación del precio de la tonelada de soja lo hizo en un 155%.
En otras palabras, el mecanismo de ajuste del valor nominal en pesos, de un CPPM se tradujo en un aumento de su equivalente en dólares, que superó largamente el crecimiento de dos de los activos más importantes que se transan en el mercado internacional.
¿Qué digo con esto? Que lo que pretendió, y justamente, ser una reparación histórica para el sistema de la seguridad social no contó en ese momento, porque no podía hacer previsión de lo que después iba a suceder, con el dictado de normas que la sucedieron y que vinieron a deformar esa intención inicial de un recupero razonable. Porque lo que se fue modificando fue cada uno de los valores, por ingreso masivo, por jubilación masiva, con una acumulación determinada, en determinados años de gestiones.
El problema de la caja de jubilaciones y del sistema de obras sociales es un problema de Estado. Es hoy el mayor acreedor del Estado provincial de la totalidad de sus poderes, jurisdicciones y órganos extrapoder.
Es el Ejecutivo, como cabeza del Estado provincial, quien tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a las normas. Y es el Poder Legislativo, como máximo poder provincial en el dictado de la normativa que rige la vida en sociedad, quien debe dictar la normativa que corrija estos desvíos pero que, fundamentalmente, garantice la sustentabilidad de un régimen que no recorte derechos pero que tampoco venga a justificar privilegios que resultan verdaderamente insostenibles. (Aplausos).
El IPAUSS tiene directores electos por los sectores activos y pasivos, no va a ser este gobierno el que intervenga al organismo de la seguridad social.
Desde el Poder Ejecutivo provincial se ha elevado a la Comisión Evaluadora de la Legislatura y al directorio, un proyecto de reforma de sistema que fue rechazado in límine, sin siquiera haberlo leído y -tomando palabras de los directores- fue rechazado por haber sido enviado por la patronal.
Es justo, es justo, pueden hacerlo. La responsabilidad la tiene hoy el directorio del IPAUSS, de hacerse cargo de la responsabilidad que le ha sido dada por sus afiliados y poder dar cumplimiento a ese mandato esencial, que le han dado activos y pasivos, que tiene que ver con la sustentabilidad de un régimen.
Desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo debemos dar las herramientas para que esto sea cumplido. Lo que no podemos es mirar para el costado; lo que no podemos es pretender encontrar decretos de “felicidad eterna”, de “privilegios eternos”, cuando la situación es verdaderamente insostenible. Y no de hoy, desde hace muchos años que se sabe que esto es así. (Aplausos).
No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad -y esto fue el compromiso de los legisladores-; no hay ninguna posibilidad de que esta Legislatura dicte alguna norma que tenga que ver con la armonización de los sistemas jubilatorios, no hay ninguna posibilidad porque así lo han dicho los legisladores (aplausos). No hay ninguna posibilidad de que esta Legislatura dicte una ley que no sea consensuada con los sectores. Cada uno de los bloques así se ha comprometido con los sectores activos y pasivos. Entonces, que no se haga terrorismo con los sectores activos y pasivos.
Lo que no puede suceder es que esa armonización, más tarde o temprano, se haga por haber evadido responsabilidades que tienen que ver con la corrección del régimen.
El aumento de los recursos destinados al mantenimiento del régimen previsional se ha ido dando en los últimos años, donde la totalidad de aportes y contribuciones previsionales se han pagado desde este gobierno de la provincia. Desde hace dos años por iniciativa del gobierno, y no por petición del directorio, los fondos del desendeudamiento -y por decisión de la Legislatura que avaló la ley que así lo establecía- fueron destinados al pago de deudas, sí de aportes y contribuciones de otros gobiernos.
El gobierno de la provincia adeuda hoy 59 millones de pesos, que si se pagaran en un solo mes de aportes y contribuciones previsionales, no alcanzan para pagar el total de las jubilaciones que este mes va a tener el IPAUSS. Hace dos años que este gobierno paga la totalidad de aportes y contribuciones previsionales. A veces, parece que no se escucha.
La deuda de 59 millones se está pagando desde a 12 millones de pesos, aproximadamente, mes a mes, para garantizar el cobro de las jubilaciones en toda la provincia de los empleados estatales ya jubilados. Qué quiero decir con esto, quiero decir que por ejemplo si asignáramos más fondos a los pagos de las deudas asistenciales, cuyo convenio está a punto de firmarse, tampoco alcanzarían los próximos años. Los siguientes gobiernos tendrán un grave problema para el pago de las jubilaciones si no asumimos la responsabilidad (activos, pasivos, directores, Ejecutivo y Legislativo) en un profundo saneamiento de nuestro régimen que empiece a poner claridad en lo que son derechos y en lo que son distorsiones.
Me parece que, quizá, no sea esta la tarea para un solo año, pero creo que la señal que ha dado la Legislatura el año anterior con la conformación de esta comisión da cuenta de una responsabilidad asumida, que valoro profundamente y que agradezco, además. Hubo legislaturas que decidieron otras cosas: que decidieron unificación de institutos, que decidieron intervenciones, que decidieron dilapidación de fondos, que decidieron jubilaciones anticipadas, que vinieron de algún modo, a modificar todo un esquema que tiene que ver con la enorme responsabilidad que tenemos quienes conducimos las instituciones, de pensar no solo en la próxima elección sino, sobre todas las cosas, en las próximas generaciones. (Aplausos).
Agradeciendo el tiempo dispensado, que fue mucho, dedicado solamente al tema de la seguridad social, el tema de la institución de la seguridad social ha llevado mucho tiempo por la importancia que tiene, por la cantidad de iniciativas que se plantearon, por la cantidad de iniciativas que se rechazaron, y que requieren, evidentemente, de acuerdos. Pero es mucho lo que se hizo en el año 2012.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la sustentabilidad de nuestros recursos naturales, esta Legislatura dio tratamiento a la Ley de Bosques, una herramienta fundamental para la disponibilidad de recursos que nos permitan mantener una utilización sustentable de nuestro recurso boscoso.
Respecto a los temas relacionados con el de desarrollo sustentable y ambiente, también desde esta Legislatura se dio tratamiento a la Ley de Glaciares, donde se declaró en esta provincia la prohibición de minería a cielo abierto, preservando el agua como recurso estratégico. Y este sí es un tema pendiente para abordar este año.
La ley de aguas hace más de 20 años que tiene tratamientos que sistemáticamente se van archivando en la Legislatura. Necesitamos contar con el ámbito suficiente, con el ámbito que permita la discusión de todos como para acordar esa ley de aguas que requiere de nuestra provincia y que da cuenta de la organización, la utilización y la sustentabilidad, tu recurso estratégico como lo es el agua.
Habilitar las discusiones en relación a este tema. Sé que hay iniciativas de los legisladores provinciales y también del Ejecutivo en relación a esto y pretendemos que sea tratado.
Una cuestión que me parece clave y que debe ser dicha en este ámbito fue la recuperación de 16.000 hectáreas para el Estado provincial, de tierras, a partir del cierre de una discusión judicial, en relación a una de las estancias de la provincia. Recuperar 16.000 hectáreas de territorio para algunos quizá sea nada, pero uno de los límites de los estados, el límite que no puede estirarse en los estados, es la tierra. Y el uso estratégico de la tierra, necesita de una fuerte decisión estatal que ponga a la tierra en valor de las personas, en valor de su sociedad. Es así que rescato esta tarea que da cierre a más de dos décadas de discusión sobre la propiedad de esta tierra, permitiendo consolidar áreas protegidas y recursos que son, no de particulares, sino de toda la población de la Tierra del Fuego.
Y tomando a la tierra, urbana y rural, como recurso estratégico, limitado y definido, quiero apelar a esta Legislatura provincial, en relación a las leyes de expropiación de la ciudad de Río Grande en las áreas de la Margen Sur.
Muchas fueron las críticas y denuncias recibidas en relación a las decisiones de expropiación. Debo decirles que finalmente se están confeccionando, después de más 30 años, las escrituras del querido y viejo barrio Austral, en la Margen Sur de Río Grande. En una ley de expropiación dictada en el año 2003 y que recién pudo concluirse con la entrega de escrituras que viene a darle tranquilidad a muchas familias que veían que los años pasaban. Algunos que reclamaban el cumplimiento de esa ley, ya no están con nosotros. Hoy, son sus hijos que continuaron con el reclamo y que van a ver, en poco tiempo, sus escrituras que están siendo tramitadas en la Escribanía General de Gobierno.
Pero sí la Legislatura pasada dictó las leyes 847 y 848, en relación a la regularización de más de 2.500 ocupaciones en la ciudad de Río Grande. Y esas leyes tomaron macizos con parcelas, con lotes numerados y se hizo la expropiación.
Quizá, no mucha gente sabe la complejidad que supone el proceso expropiatorio donde si el titular de la tierra no se aviene a la aceptación de la tasación realizada por el Tribunal de Tasación de la Nación, lo que se inicia ahí -a partir de la ley declaración de interés público que se dicta en la Legislatura- es un proceso expropiatorio que tiene plazos. Esos plazos solo pueden ser extendidos por la Legislatura provincial y, en relación a esos macizos expropiados por las leyes 847 y 848, debo decirles que hay situaciones diferentes.
Al haberse expropiado por macizos, hay parcelas que tienen distintos propietarios. Hay propietarios que se han avenido, hay otros que no; hay partes que se han pagado, hay otras que no se pagaron; hay una decisión de consigna judicial pero estos expedientes están pasando por la Fiscalía de Estado, por el IPV, y algunos ya tienen las autorizaciones de instalación de servicios. Hay situaciones diferentes y complejas (hay más de 30 expedientes, ministro, verdad?). Existen más de 30 expedientes donde se fueron separando las parcelas y los macizos que abordan esta situación con distintos caminos transitados en relación a cada uno de los propietarios.
Es necesario que podamos, desde la Legislatura y de parte de cada uno de los actores involucrados, darle un tratamiento rápido y acorde a la necesidad que tienen estos sectores de la comunidad de ir regularizando, en la medida de lo posible, en lo que a cada una de las partes les compete, esta situación que hace a este enorme crecimiento poblacional que tiene Tierra del Fuego.
En lo que tiene que ver con este enorme crecimiento que ha tenido nuestra provincia debo decirles -y en relación a la necesidad de resolver los problemas de las ocupaciones, de la planificación urbana, del desarrollo de viviendas- que se están previendo entregar, en este año 2013, 404 viviendas más que se suman a las 600 entregadas el año pasado, y a las más de 2.100 entregadas a lo largo del anterior mandato (Aplausos)... con fondos de recupero propio del Instituto Provincial de la Vivienda, destinados a créditos de la autoconstrucción, de 350.000 pesos; que se suman a las viviendas que se han sorteado a partir del programa PRO.CRE.AR (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) que ha llevado adelante el Estado nacional, junto a la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), al Banco Hipotecario Nacional.
Y en ese sentido, debo decirles a los legisladores que hay una solicitud formal y un pedido, presentado ya ante ustedes, que tiene que ver con la exención de impuestos para los lotes de viviendas sociales (de los impuestos que tienen que ver con la provincia, los relacionados con la provincia). Entiendo que un trámite similar se está haciendo en los municipios, exceptuando de impuestos el proceso de construcción de estas viviendas sociales para que, a partir de allí, desde el Banco Hipotecario puedan realizar estas obras. Necesitamos que la Legislatura defina esta autorización. Y así ha sido presentado durante el mes de enero.
Por esto, es que la radicación de personas no tienen que ver con un único poder ni con una única jurisdicción, sino que requiere de los esfuerzos conjuntos de las jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales. Y creo que cuando esos esfuerzos pueden conjugarse, los resultados están a la vista, donde la masividad de la construcción de viviendas no solo genera mano de obra sino, sobre todo, arraigo, pertenencia y compromiso.
En el último año, hubo en la provincia de Tierra del Fuego 17.000 -casi 18.000-cambios de domicilio, de enero a diciembre del año 2012. Pero de esos 17.000 y tantos cambios de domicilio, 10.000 son cambios en la provincia, es decir de gente que vivía en un lugar y se trasladó a otro lugar; 7.500 son aproximadamente cambios de domicilio de nuevas radicaciones en la provincia, de los cuales aproximadamente 400 son en el municipio de Tolhuin, aproximadamente 2.500 en la ciudad de Ushuaia y más de 5.000 en Río Grande. O sea, más del doble tiene que ver con la ciudad de Río Grande.
Esto me parece que pone de relieve un refuerzo que hay que hacer en relación a los parques industriales. Un esfuerzo que hay que hacer en cada una de las ciudades pero particularmente en lo que tiene que ver con la gente que viene en búsqueda de trabajo y que una generación de infraestructura adecuada en los parques industriales, cuyas presentaciones se han hecho ya en los registros de parques industriales nacionales, junto a la Secretaría de Producción del Ministerio de Industria de la provincia, junto al Ministerio de Industria de la Nación y la Secretaría de la Producción del municipio de Río Grande, propiciando, después de 40 años de la Ley 19640 y por primera vez, la inscripción en el registro de parques industriales, nos permitirá contar con financiamiento que venga, también, a poner en valor la situación de los parques.
Quiero informarles que en el día de ayer, entiendo que ya ha sido presentada, en la Legislatura provincial, la ley que establece la formación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria en relación a la participación del Estado provincial y otras jurisdicciones en lo que es la administración de la red de fibra óptica en la provincia. (Aplausos). Recuperar el valor estratégico de una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria.
Me parece que a lo largo del año 2012, hemos tenido la experiencia de lo que significó, entre otros, para una provincia como la nuestra, la recuperación de YPF con la posibilidad estratégica de decidir los recursos energéticos en la República Argentina y del que Tierra del Fuego es parte, hoy, en su directorio, a a través de un director, de esa toma de decisiones estratégicas.
En esa toma de decisiones estratégicas está la producción sustentable de los pozos vigentes pero, fundamentalmente, la tarea exploratoria en relación a nuevos pozos y a nuevas técnicas de explotación de pozos gasíferos y petroleros. (Aplausos).
Tierra del Fuego tiene pozos off shore y pozos en tierra, la mayoría de ellos en estado de madurez.
Quienes entienden y estudian la cuestión petrolera -y sé que ustedes la han estudiado y mucho- saben que un pozo en etapa de madurez, y una empresa que tiene la concesión de un pozo maduro, decae en sus inversiones. Y este decaimiento en sus inversiones, en los pozos, significa caída de inversiones y caída de puestos de trabajo. Es así que la Ley 27319 de Hidrocarburos establece que, por única vez y previo al vencimiento de los contratos, pueden anticiparse las negociaciones.
Desde esta provincia decidimos la conformación de una comisión de profesionales de la planta permanente con la participación, además, de funcionarios -pero mayoritariamente profesionales de planta permanente- para evaluación de la situación de las concesiones. Vamos a usar las palabras correctas “las concesiones”.
No sé si todos se acuerdan que, en la década de los 90, en la época que nos llevaban todos los recursos en este país, donde la privatización de los recursos estratégicos... Fue el único país donde las empresas se quedaron con ellos, sin guerra, sino con aplausos, vítores y comunicadores sociales que decían que habíamos entrado en el primer mundo; y que por eso teníamos que estar contentos con los españoles que, no teniendo petróleo en su territorio, eran los principales dueños del petróleo de América Latina. Argentina aportó mucho a eso.
Y hubo un silencio enorme. Y hubo una irregularidad enorme en la extensión de esas concesiones que, hoy, hay que salvar como se puede; con la documentación que se salvó de la depredación pero cuyas concesiones están vigentes y por lo tanto pueden ser negociadas y renegociadas en las mejores condiciones.
La verdad es que hemos recibido, de quienes han leído las condiciones de renegociación de los contratos, las mejores de las opiniones; entre ellos, de miembros de la Comisión de Planificación Estratégica Energética del Estado Nacional Argentino y que, por cierto, integran el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Y, además -por si alguien no lo sabe- YPF tiene participación en el consorcio que maneja Apache y que por esto dio el acuerdo, con la firma de uno de los responsables de la comisión nacional, a las renegociaciones brindadas. En pocos años más, esos contratos caen. Podría decidirse el llamado a licitación, pero está en esta Legislatura la renegociación de contratos, están las observaciones que ha hecho llegar el fiscal de Estado. Debo decirles que esas observaciones han sido giradas a la comisión de evaluación para que dé respuestas, y esas respuestas serán elevadas a la Legislatura provincial para que pueda dar tratamiento al tema, subsanando todas las dudas que se hubiesen planteado, pero sí con la celeridad que el asunto requiere, no solo por los recursos sino fundamentalmente por la preservación y el crecimiento de los puestos de trabajo que, en relación a este recurso, significa para Tierra del Fuego la renegociación de los contratos petroleros. (Aplausos).
No queremos que haya dudas; no vamos a apurar -porque nunca lo hemos hecho-ninguna discusión. Esta comisión debe dar respuesta a todas las dudas planteadas, y con esas respuestas la Legislatura deberá dar tratamiento por sí o por no, por el que considere, pero sí el compromiso del Ejecutivo y de la comisión de subsanar todas las dudas planteadas. Cada una de estas cosas debe ser hecha en los tiempos en que es necesario.
Discúlpenme, porque fui muy breve cuando hablé de la sociedad, y de ahí me fui para YPF y la recuperación y demás-. La sociedad mixta en relación a la cuestión tecnológica y a la fibra óptica. Desde el Estado nacional argentino se ha hecho el cruce de fibra óptica por el estrecho de Magallanes. La verdad es que para los que no somos entendidos en el tema, es un universo. Es un universo de aprendizaje lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología y comunicación. Pero es la diferencia entre manejar poder, comunicación, educación, cultura, integración, conectividad.
Y esto así se ha entendido estratégicamente en la República Argentina y en todo el continente latinoamericano. El desarrollo de esta sociedad anónima de participación estatal mayoritaria está abierto a capitales privados, pero con la decisión estratégica en manos del Estado, que permita que no haya una sola escuela, una sola universidad, una sola institución de los estados provincial y municipal sin la conectividad que ofrezca mejores condiciones de transparencia, de educación y de conocimiento. (Aplausos).
Por eso, es absolutamente imprescindible que se dé tratamiento a esta norma con la participación de todos los sectores, como la de una norma fundamental que es la Ley de Educación.
La Ley de Educación fue presentada hace demasiados años. Entiendo que, a lo largo de estos últimos años, se han dado las discusiones que han tratado de subsanar esas discusiones que han llevado demasiados años, y que tiene que ver con la adecuación de una norma provincial a una realidad de educación que no tiene nada que ver con la vieja ley federal que precarizó la educación técnica, la educación artística; que vació a las universidades y cuyas consecuencias seguramente seguiremos pagando, porque en educación y en salud las consecuencias se ven en el largo plazo, no en el corto plazo. Son decisiones que a veces se toman rápidamente, pero decisiones cuyas consecuencia se paga a lo largo de los años.
La recuperación del sentido de la educación, desde lo inicial hasta lo universitario; la educación para el trabajo, la educación para el futuro, la educación para el mundo, requiere no solo de edificios, sino de docentes comprometidos, capacitados; de alumnos motivados, de padres que acompañen y de instituciones que sostengan. Poder contar con todos estos elementos que, enlazados y solamente enlazados, pueden venir a garantizar lo que todos podemos venir a reclamar en una consigna.
Todos -todos- somos en la vida siempre maestros y alumnos a la vez. Y creo que es importante que, en el momento en el que estamos, miremos qué estamos enseñando, pero por sobre todas las cosas qué estamos dispuestos a aprender, en ese proceso de ser siempre ambas cosas.
Estamos aprendiendo, y estamos enseñando con la palabra, con el grito, con el silencio, con el improperio, con el insulto, con el ponernos por delante de los demás, con olvidarnos en la palabra “educación” de los que más necesitan.
Y, por esto, es indispensable que aseguremos los recursos necesarios, no solo para los salarios docentes sino también para el desarrollo de la infraestructura educativa. Esa infraestructura educativa que debe crecer al ritmo del crecimiento de nuestra población; y que no siempre puede hacerlo, porque a veces -y en esto de que las migraciones no las podemos controlar, solo la derecha quiere controlar a los migrantes: le molesta los morochos que andan buscando vida y destino, por ahí- la gente va y viene buscando un destino, como vinimos nosotros en algún momento. (Aplausos).
Yo no sé cuantos van a venir a Tierra del Fuego, no lo sabe nadie; porque mal que nos pese Tierra del Fuego sigue siendo una parte del territorio esperanzador, una parte del territorio que sigue dando la posibilidad de seguir creciendo, creando y viviendo. (Aplausos).
Entonces, la gente se ilusiona, y hay gente que viene y trae a sus hijos; y vienen, por ahí, muy pobres; con patologías asociadas a la pobreza que, lamentablemente, en muchos lugares del país la pobreza sigue siendo un enorme flagelo.
Porque, mal que nos pese, esta provincia tiene el menor índice de desocupación, 4,9 según los últimos informes. (Aplausos).
Esta provincia sigue teniendo los mejores niveles en calidad de vida de sus ciudadanos, con mayores coberturas en servicios esenciales, con menores índices en mortalidad infantil. Pero nada de esto quiere decir que está todo hecho, en absoluto. Esto debe comprometernos aún más porque falta mucho para hacer.
Si bien a través del Fideicomiso Austral estamos contando con el financiamiento para obras esenciales de infraestructura, para que esto se pueda desarrollar, en tiempo y forma para garantizar, la desinversión que durante 20 años tuvimos en saneamiento, agua y cloaca, sobre todas las cosas en la ciudad de Ushuaia.
Porque independientemente de que tengamos los mejores niveles de calidad de vida y los menores índices de mortalidad infantil, pocas veces los índices tienen que ver con la satisfacción de los usuarios en relación a los servicios que perciben.
El año pasado, esta Legislatura votó una ley de arancelamiento hospitalario, cuando desde el gobierno se había dictado el decreto de desarancelamiento hospitalario. Y en esa búsqueda de desarancelamiento, entiendo que desde la Legislatura buscó contar con recursos para que el Estado provincial tuviese para poner en mejores condiciones los hospitales en una demanda que con el sector salud llevó prácticamente la mitad del año pasado con niveles de reclamos intensos.
No obstante esto, en el mes de septiembre, el Ejecutivo provincial presentó una ley de financiamiento en salud, que lamentablemente no fue tratado junto a la Ley de Arancelamiento Hospitalario.
En esa ley de financiamiento en salud lo que se pretende es explicitar que el desarancelamiento hospitalario, en modo alguno, significa ni significó jamás la imposibilidad de cobro a terceros pagadores, que es lo que los legisladores también querían sostener, la imposibilidad, o sea, no “cobro directo” sino “terceros pagadores”.
Pero fundamentalmente la ley de financiamiento establecía la necesidad, desde el Estado provincial con la participación de los hospitales, de la conformación de un nomenclador de prestaciones que debe ser actualizado, fundamentalmente porque el mayor problema hoy tiene que ver con una falta de actualización de los nomencladores en el cobro a obras sociales de las prestaciones que se realizan en los hospitales públicos.
Pero junto a esa ley de financiamiento que fue presentada, y frente al veto que se hizo de la Ley de Arancelamiento Hospitalario, estamos presentando en los próximos días la ley de salud de la provincia. A lo largo de 20 años, desde la provincia se fueron dictando normas que tenían que ver con un abordaje de problemas de salud, en particular de situaciones de salud; así está la ley de SIDA, la ley de diabetes, la de celiaquía, la de enfermedades raras, la de artritis reumatoidea; y me olvido seguramente de un montón. Pero lo que ninguna de esas leyes nos decía era en el marco de qué sistema de salud se daban estas prestaciones y con qué grado de responsabilidades. Es así que estamos presentando este proyecto para que se habilite y se abra una amplia discusión comunitaria, en relación a esos preceptos básicos que debe mantener el sistema de salud, sea cual sea el gobierno que venga; sea cual sea el lineamiento político que conduzca a las organizaciones del Estado.
Y debo decirles que con la ley tarifaria y la fijación de los fondos sociales específicos, cuyo aporte devino de este 25% que se detrajo de los fondos municipales para la conformación de ese fondo, se constituye un fondo que tiene destino salud y educación, fundamentalmente. Y sobre esos porcentajes habrá que trabajar en cuanto a que estos son, y en relación a las proyecciones que respecto a la tarifaria existe, para determinar cuánto se invertirá en nueva infraestructura sanitaria. Allí, verán en los informes que ustedes tienen, la planificación de infraestructura sanitaria que hay para el año 2013, donde se estima un crecimiento de más de 3.100 metros cuadrados, donde también sumamos los talleres protegidos de la escuela especial de Río Grande, cuya licitación ya fue realizada, cuya obra ha sido financiada por el Fondo Federal de Infraestructura Regional, y creo que se están iniciando las tareas para que, también, en esos talleres protegidos darles protección y salida a los sectores más vulnerables de la comunidad, que constituye la población con capacidades especiales.
En relación a las personas con capacidades especiales, debo decirles que durante este año pusimos en vigencia el decreto que establece la obligatoriedad del 4% de ocupación de las plantas del Estado con personas con capacidades diferentes, basados fundamentalmente en la aptitud laboral. Cada 20 vacantes se ha asignado una para personas con capacidades especiales. Y así, en cada una de las localidades y en el Estado provincial, se le ha dado cumplimiento a esa manda legal del 4%, a partir de la asignación de vacantes específicamente en cada liberación de vacantes, cada 20 se asigna una para personas con capacidades especiales.
Un tema fundamental que sucedió, y cuyos actores fundamentales fue esta Legislatura provincial, fue la municipalización de la comuna de Tolhuin. El hecho institucional que significó dar cumplimiento a la manda constitucional de designar municipio a una comuna y a su gente, que había crecido, que había apostado a una comunidad en crecimiento, mejorando de esta manera no solo sus recursos económicos sino los recursos institucionales para crecer, realmente, por lo menos a mí, me llena de orgullo porque tiene que ver con haber reconocido, en términos legales, un derecho que estaba siendo negado y que correspondía fuese otorgado al municipio de Tolhuin. Me parece que es un hecho a destacar donde la unanimidad dio cuenta de la interpretación de esta necesidad. (Aplausos).
Una de las cuestiones que quiero rescatar y de la que el año pasado no hablé pero me había agendado ponerla aquí, que requiere de la atención, el cuidado y la participación de distintos sectores de la comunidad, tiene que ver con el impulso al proyecto del polo logístico antártico.
Necesitamos en el impulso de este proyecto -y no es caprichoso sino que es estratégico- el compromiso de nuestra Legislatura, de nuestros diputados, de nuestros senadores, de nuestros intendentes y de la Armada Nacional Argentina para poder ir concretando este proyecto y este anhelo que, sin duda, será una bisagra en la vida, en la economía y en el desarrollo de la zona sur.
El polo logístico antártico requiere de la articulación de demasiados actores, de muchos actores: del Estado nacional, de las universidades, de la Legislatura, de las Fuerzas Armadas.
Pero realmente es un despropósito que, teniendo la posición geográfica más cercana a la Antártida, no seamos el lugar desde donde la logística antártica pueda llevarse a nivel internacional, generando no solo la posibilidad de un posicionamiento distinto de la República Argentina que ocupa la Antártida, de manera continua y pacíficamente desde hace 109 años, para transformarse en el país que siendo el que lo ocupó antes que cualquiera, sea el país que influya decididamente en lo que es el desarrollo de otras actividades en relación a la Antártida.
Vamos a requerir también, en este punto, una amplia participación de la Legislatura provincial.
Quiero destacar, además, la unanimidad llevada adelante por esta Cámara y el rápido trámite legislativo que se le dio a la ley de licencias compartidas.
Francamente, la ley de licencias compartidas significó un avance en términos de derecho de niños, que está siendo observado por todo el país y por toda América. Somos la primera provincia de la Argentina que reconoce el derecho de la licencia por nacimiento a la familia (aplausos) de la manera que esta se encuentre constituida, que es capaz de mirar que si la mamá trabaja en el sector privado y tiene un régimen de licencia que garantiza menos tiempo cerca del niño, pueda el papá, si trabaja en el sector público, hacerse cargo de esos meses -es más- que significa la licencia en el sector privado.
Y creemos, sinceramente, que de esta manera no solo rompemos estereotipos que de algún modo hacen a la discriminación laboral de las mujeres, donde pareciera que el dar vida es un impedimento para trabajar o una condición que empeora la posibilidad de obtener empleo.
Y también rompemos estereotipos familiares que tienen que ver: “la mamá con el niño y el papá trabajando”. Y que no construyen igualdad de género, que no construyen paridad en las relaciones, porque ese niño es de ambos, padre y madre, padre y padre, madre y madre, madre sola, padre solo, abuelos o aquellos que por gracia del destino tuvieron el honor, el placer, de hacerse cargo de una vida que no tenía quien se hiciera cargo.
Así que quiero felicitar a la Legislatura por el tratamiento, por el enriquecimiento, por el debate y por el aporte a la conquista de derecho que se ha hecho desde el parlamento de Tierra del Fuego. (Aplausos).
En lo que tiene que ver con la educación, me quedaron varias cuestiones colgadas. El tema educación es completamente inabordable; tiene tantas especificidades que a veces, o siempre, quedan sectores insatisfechos en relación a lo que se plantea para atrás y en relación a lo que se plantea para adelante. Pero siempre en los discursos de apertura pretendo tener un discurso esperanzador, un discurso que comprometa al trabajo, y no un discurso de queja o un discurso de reclamo; sino un discurso que tenga que ver con empezar el año poniendo ganas, poniendo compromiso, poniendo responsabilidad.
En relación a la educación, hay un hecho -que me parece no lo estamos visualizando-que es absolutamente relevante.
En las metas de desarrollo humano del milenio, disminuir al 50% el analfabetismo es una de las metas a las que se ha comprometido la Argentina para el año 2015. Tierra del Fuego a través del programa Yo Sí Puedo, a través de FinEs, a través de voluntarios, a través de alfabetizadores, está logrando para el año que viene la reducción del 50% del analfabetismo en adultos. Con el compromiso de todos ellos.
Vamos a ser la primera provincia de la Argentina que logre los Objetivos del Milenio, que debían lograrse en el año 2015, en el año 2013 con la reducción del 50% de analfabetismo en adultos. (Aplausos).
Algunas cosas muy importantes en relación a la producción sucedieron a lo largo del año 2012, y van a suceder, y deben suceder en el año 2013.
Desde hace 40 años, en la provincia de Tierra del Fuego, la Ley de Promoción Industrial es una marca social, cultural y vital de nuestra provincia.
En lo que tiene que ver con la responsabilidad política que me cupo desde el año 2007 para adelante, intentamos que la Ley de Promoción Industrial fuese visibilizada como esto, como una herramienta legislativa que marcó un antes y un después en el modo de vivir, en la forma de crecer y en la forma de desarrollarse la Tierra del Fuego. Es así que se incorporaron concursos escolares en relación a la ley, visitas de niños a las fábricas, charlas, debates, foros; compromisos de las empresas con las becas específicas que de algún modo tuviesen que ver con la producción.
Sin duda, el impulso que dio la Ley nacional de Impuestos Internos en 2009 y en el que acompañaron todos los sectores políticos, sociales y sindicales de la comunidad de Tierra del Fuego, pero que fue iniciativa de la presidenta de la Nación, hicieron que esa realidad de una industria que venía cayendo, y que tenía, en el año 2009, 5.000 puestos de trabajo -ahí están los valores, dados por Estadística y Censos-. Un constante de 5.000, un piso de 7.000, tuviese tres años después un piso de 13.000 y un pico de 15.000 llegando al año 2012 con el máximo pico de ocupación industrial, modificando el esquema que teníamos en 2008 de dos puestos públicos por cada puesto industrial, donde hoy tenemos uno a uno. Se duplicó el empleo laboral industrial, pero esto que nos tiene que satisfacer también nos tiene que comprometer, sobre todas las cosas, a la sustentabilidad de este proceso.
Porque también debemos aprender de la experiencia que fueron los booms industriales que, cuando no se podían sostener en el tiempo, dejaban el tendal de trabajadores en la calle, de situaciones de vulnerabilidad social, de situaciones de inseguridad devenidas de la falta de empleo, que hacían que las estructuras del Estado fueran absolutamente insuficientes para dar respuesta a esas situaciones que se generaban.
Corresponde, por lo tanto, en esa mirada estratégica de la sustentabilidad del régimen industrial, avanzar en acuerdos que tengan que ver con el desarrollo propio de ideas innovadoras, de innovación en nanotecnología. Y por esto se están desarrollando y firmando, en las próximas semanas, los acuerdos, a través de Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y Tecnópolis del Sur (TDS), para la formación y capacitación de profesionales de la provincia en desarrollo de nanotecnología, con la universidad para que podamos en esta primera etapa ir estableciendo esta “incubadora” de científicos relacionados con el empleo industrial, vinculado a la Ley 19640. (Aplausos).
Del mismo modo, creemos que es absolutamente necesario darle dinamismo a la comisión de sustentabilidad del régimen de la Ley 19640. El decreto está dictado. Cuando el decreto fue dictado, de alguna manera, lo que impidió el tratamiento del tema fueron algunos conflictos laborales que se cruzaron e imposibilitaron la discusión de lo estratégico.
Pero creo que son momentos donde esa convocatoria puede hacerse, donde se va a requerir de la representación de cada uno de los bloques, en esta significancia de la representación plural que, como Cuerpo ustedes constituyen, para que en ese comité de sustentabilidad esté la palabra de los trabajadores, de los empresarios, de la dirigencia política, de los sindicatos organizados, del Estado provincial, de los municipios y de todos aquellos que tenemos que ver con el futuro y la generación de puestos de trabajo para nuestros pibes.
Una cuestión que cruzó, el año 2012, tiene que ver con las relaciones entre las instituciones y las jurisdicciones. Es imposible terminar esta apertura sin abordar dos temas que dejé para el final. Uno tiene que ver con las relaciones entre las instituciones y otro tiene que ver con las relaciones con los sindicatos del sector público.
Todo el 2012 fue un año de enorme conflictibilidad, donde se puso en tensión, en una enorme tensión, en una innecesaria -a mi juicio- tensión las relaciones de las instituciones. Muchas cosas se vieron con desazón por parte de la comunidad.
Quisiera, desearía y anhelaría que la foto del 17 de diciembre no se vea más, no sea más. Necesitamos poder vivir en paz y para esto la responsabilidad de los dirigentes es fundamental.
Muchas veces nos van a tocar situaciones de tensión, pero esas situaciones de tensión deben ser resueltas con palabras, deben ser resueltas con acciones que no tensionen más las relaciones entre las instituciones.
Respectos de los sindicatos estatales, quiero decirles a todos y a cada uno de ellos que necesitamos establecer canales de diálogo que nos permitan llegar a acuerdos razonables.
Entendemos que la situación salarial es compleja, pero la situación económica no debe ser agravada, y tampoco esto puede generar niveles de conflictibilidad que no garanticen los servicios a nuestra gente. No podemos complicarle la vida a la gente. Debe la comunidad encontrar, en lo público, los servicios que garanticen su vida, sus bienes, su seguridad, sus personas.
Quiero decirles a todos los trabajadores estatales que, en la discusión paritaria que llevaremos adelante, a lo largo del año, ofrecimientos salariales que tienen que ver con la disponibilidad de recursos y que necesitamos de todos y de cada uno, para que si esos recursos crecen puedan volcarse, además, a esa mejora de servicios de esa comunidad que requiere de nosotros.
En fin, nos espera un año 2013 que va a estar atravesado por una elección legislativa, por una elección del IPAUSS, pero esas elecciones no pueden -a mi juicio, en modo alguno-opacar la responsabilidad que nos compete en términos de trabajo. Hay mucho para hacer, hay mucho para proponer, hay mucho para discutir y creo que la diferencia la hacemos cada uno de los responsables de las instituciones para que en esa discusión, gane nuestra comunidad y pierdan quienes especulan en lo político y en lo electoral.
Quiero, de esta manera, dar por formalmente inaugurado el XXX período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Tierra del Fuego. 
Muchas gracias.
MARIA FABIANA RIOS.

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