Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República de Chile don Carlos Ibáñez del Campo, 1956[1]
Con fecha 27 de noviembre de 1956 se presentó una acusación constitucional contra el Presidente de la República señor Carlos Ibáñez del Campo[2].
Texto de la Acusación (Extractos)
Honorable Cámara:
Guiados por un imperativo de bien público, y asistidos por el derecho que tenemos para fiscalizar los actos del Gobierno, venimos en acusar al Presidente de la República, Excmo. Señor Carlos Ibáñez del Campo, por cuanto en el ejercicio de su alto cargo ha comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, y ha infringido abiertamente la Constitución y las leyes, requisitos éstos que, en el orden jurídico, nos autorizan para deducir acusación en su contra de acuerdo con la letra a) del N° 1 del artículo 39 de nuestra Carta Fundamental.
El señor Carlos Ibáñez del Campo, desde el momento mismo en que asumió la Presidencia de la República, empezó una tenaz campaña, digna de mejores causas, en contra del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República, como, también, en contra de nuestras organizaciones políticas y de quienes las dirigen. Esta acción negativa no ha tenido otro objeto que causar un grave daño a nuestro régimen republicano y democrático, lesionar gravemente nuestras limpias tradiciones cívicas y colocar a nuestro país, y a su ciudadanía, en un estado de desprestigio que no es posible permitir, so pena de caer en una tolerancia culpable, que no se compadece con la virilidad de nuestros conciudadanos, ni con el mandato que ejercemos en nombre del pueblo.
Con la complacencia del señor Ibáñez y, quizás, hasta con su aceptación el diario oficial de Gobierno “La Nación”, ha estado permanentemente injuriando y calumniando a parlamentarios de reconocido prestigio y a personeros destacados de los partidos políticos, con lo cual el Presidente de la República se ha colocado en calidad de coautor y cómplice de quienes cometen estos desmanes, de quienes no desean en nuestro régimen democrático una convivencia tranquila, que permita buscar las soluciones requeridas por nuestros múltiples y graves problemas económicos, sociales y políticos.
Estas actitudes de don Carlos Ibáñez del Campo, más todas las que señalaremos en este libelo acusatorio, nos indican que frente al cargo de Primer Magistrado de la Nación se encuentra un ciudadano desprovisto de ponderación para dirigir nuestro país; carente de todo principio jurídico, más que eso, la ley le molesta y le estorba; que no comparte ni siente los principios de una democracia bien constituida como la nuestra; que cree que el Poder se ejercita bajo el signo de su sola determinación, y no por el libre juego de los Poderes e Instituciones que dan base a la Nación. En fin, que ha llevado a nuestro país a un estado de desconcierto, de desesperanza y de inquietud, del que será difícil recuperarse.
Estas razones, si bien no son del orden constitucional, en el sentido acusatorio constituyen una base moral de sustantiva importancia, y que habrá de ser seriamente considerada por quienes están llamados a conocer y resolver nuestra acusación.
Comprendemos la grave responsabilidad que asumimos al hacer uso de este recuro so constitucional. Quisiéramos que la persona del Presidente de la República, mientras ejerce su mandato, no fuera objeto de estos procedimientos correctivos, en homenaje a la salud interna y externa de nuestra patria; conocemos la tradición austera, inteligente y esforzada de todos nuestros Presidentes de la República, cuyo comportamiento determinó hacia ellos un elevado, cariñoso y sentido respeto. Empero, actitudes como las que ha temo do el actual Jefe de Estado hacen que, muy a nuestro pesar, lo acusemos ante esta Honorable Cámara para que responda del desacierto inexcusable de sus actos como Gobernante, y reciba la sanción que merecen sus reiteradas transgresiones constitucionales.
En la primera parte de la acusación se señala “Ha comprometido gravemente el honor y la Seguridad del Estado. Intervención foránea en Chile”. Esta parte de la acusación se fundamenta en las relaciones de Carlos Ibáñez con el Teniente Coronel Juan D. Perón, quien en 1943 era Secretario General del Grupo de Oficiales Unidos del Ejército Argentino (GOU). Como prueba se cita una circular con las ideas de GOU en el plano internacional.
Texto de la Acusación (Extractos)
Honorable Cámara:
Guiados por un imperativo de bien público, y asistidos por el derecho que tenemos para fiscalizar los actos del Gobierno, venimos en acusar al Presidente de la República, Excmo. Señor Carlos Ibáñez del Campo, por cuanto en el ejercicio de su alto cargo ha comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, y ha infringido abiertamente la Constitución y las leyes, requisitos éstos que, en el orden jurídico, nos autorizan para deducir acusación en su contra de acuerdo con la letra a) del N° 1 del artículo 39 de nuestra Carta Fundamental.
El señor Carlos Ibáñez del Campo, desde el momento mismo en que asumió la Presidencia de la República, empezó una tenaz campaña, digna de mejores causas, en contra del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República, como, también, en contra de nuestras organizaciones políticas y de quienes las dirigen. Esta acción negativa no ha tenido otro objeto que causar un grave daño a nuestro régimen republicano y democrático, lesionar gravemente nuestras limpias tradiciones cívicas y colocar a nuestro país, y a su ciudadanía, en un estado de desprestigio que no es posible permitir, so pena de caer en una tolerancia culpable, que no se compadece con la virilidad de nuestros conciudadanos, ni con el mandato que ejercemos en nombre del pueblo.
Con la complacencia del señor Ibáñez y, quizás, hasta con su aceptación el diario oficial de Gobierno “La Nación”, ha estado permanentemente injuriando y calumniando a parlamentarios de reconocido prestigio y a personeros destacados de los partidos políticos, con lo cual el Presidente de la República se ha colocado en calidad de coautor y cómplice de quienes cometen estos desmanes, de quienes no desean en nuestro régimen democrático una convivencia tranquila, que permita buscar las soluciones requeridas por nuestros múltiples y graves problemas económicos, sociales y políticos.
Estas actitudes de don Carlos Ibáñez del Campo, más todas las que señalaremos en este libelo acusatorio, nos indican que frente al cargo de Primer Magistrado de la Nación se encuentra un ciudadano desprovisto de ponderación para dirigir nuestro país; carente de todo principio jurídico, más que eso, la ley le molesta y le estorba; que no comparte ni siente los principios de una democracia bien constituida como la nuestra; que cree que el Poder se ejercita bajo el signo de su sola determinación, y no por el libre juego de los Poderes e Instituciones que dan base a la Nación. En fin, que ha llevado a nuestro país a un estado de desconcierto, de desesperanza y de inquietud, del que será difícil recuperarse.
Estas razones, si bien no son del orden constitucional, en el sentido acusatorio constituyen una base moral de sustantiva importancia, y que habrá de ser seriamente considerada por quienes están llamados a conocer y resolver nuestra acusación.
Comprendemos la grave responsabilidad que asumimos al hacer uso de este recuro so constitucional. Quisiéramos que la persona del Presidente de la República, mientras ejerce su mandato, no fuera objeto de estos procedimientos correctivos, en homenaje a la salud interna y externa de nuestra patria; conocemos la tradición austera, inteligente y esforzada de todos nuestros Presidentes de la República, cuyo comportamiento determinó hacia ellos un elevado, cariñoso y sentido respeto. Empero, actitudes como las que ha temo do el actual Jefe de Estado hacen que, muy a nuestro pesar, lo acusemos ante esta Honorable Cámara para que responda del desacierto inexcusable de sus actos como Gobernante, y reciba la sanción que merecen sus reiteradas transgresiones constitucionales.
En la primera parte de la acusación se señala “Ha comprometido gravemente el honor y la Seguridad del Estado. Intervención foránea en Chile”. Esta parte de la acusación se fundamenta en las relaciones de Carlos Ibáñez con el Teniente Coronel Juan D. Perón, quien en 1943 era Secretario General del Grupo de Oficiales Unidos del Ejército Argentino (GOU). Como prueba se cita una circular con las ideas de GOU en el plano internacional.
“Camaradas -decía la circular-: la guerra ha demostrado palmariamente que las naciones no pueden defenderse por sí solas, de lo cual, surge el juego de las alianzas, que mitiga, pero no corrige, el grave mal. La era de la Nación va siendo sustituida paulatinamente por la era del Continente. Ayer los feudos se unieron para formar la Nación, y hoy las naciones se unen para integrar continentes. Esta es la finalidad de la guerra. Alemania realiza un esfuerzo titánico para unificar el continente europeo. La nación mayor y mejor equipada deberá regir los destinos del continente en nueva formación. En América del Norte, la nación monitora por un tiempo será Estados Unidos. Pero, en el Sur no hay nación lo suficientemente fuerte para que, sin discusión, se admita su tutoría. Sólo hay dos que podrían tomarla: Argentina y Brasil. Vuestra misión es hacer posible e indiscutible nuestra tutoría.
( ... ) Jamás un civil comprenderá la grandeza de nuestro ideal, por lo cual, habrá que eliminarlos del gobierno, y darles la única misión que les corresponde: Trabajo y Obediencia.
Conquistando todo el poder, nuestra misión consistirá en ser fuertes, más fuertes que todos los otros países unidos. Habrá que armarse venciendo todas las dificultades, luchando contra las circunstancias interiores y exteriores. La lucha de Hitler en la paz y en la guerra nos servirá de guía. Las alianzas serán el primer paso; tenemos ya al Paraguay, tendremos a Bolivia y Chile. Las cuatro naciones podrán ejercer presión sobre el Uruguay y, luego, será fácil atraerse a Brasil, debido a su forma de gobierno y a los grandes núcleos alemanes que hay en el país. Y con Brasil, el Continente será nuestro. Nuestra tutoría será un hecho grandioso, sin precedentes, realizado por el genio político y el heroísmo del Ejército argentino.
El Coronel Perón aseguraba en esa declaración que el dominio de los Estados Unidos del Sur seria ejercido por la Argentina y decía, textualmente: Nuestra conquista será generosa, pero la dirección ha de ser Argentina, por los derechos inalienables que nos da nuestra raza libre de mestizajes degradantes.
( ... ) El Plan Doctrinal definitivo es: materializar con conciencia doctrinaria el Eje integral: Lima, La Paz, Asunción, Buenos Aires, a fin de parar en el Este al Brasil, equilibrándolo con criterio defensivo. Aplicar hacia el Oeste (Chile) una tenaza conjunta, permanente, integral, ofensiva, hacia el límite en que Chile colabore y no beligere, ceda el litoral a Bolivia, el Estrecho de Magallanes a la Argentina y se incorpore en los Estados Unidos Andino Platenses. La tenaza político-doctrinaria permanente ajustando o aflojando, según la conducta chilena; la defensa de Bolivia es defensa de la Argentina; por lo tanto, el futuro argentino debe garantizarse mediante una Bolivia fuerte. Demostración amplia, Sudamericana Continental y Mundial. ( ... )”
( ... ) Jamás un civil comprenderá la grandeza de nuestro ideal, por lo cual, habrá que eliminarlos del gobierno, y darles la única misión que les corresponde: Trabajo y Obediencia.
Conquistando todo el poder, nuestra misión consistirá en ser fuertes, más fuertes que todos los otros países unidos. Habrá que armarse venciendo todas las dificultades, luchando contra las circunstancias interiores y exteriores. La lucha de Hitler en la paz y en la guerra nos servirá de guía. Las alianzas serán el primer paso; tenemos ya al Paraguay, tendremos a Bolivia y Chile. Las cuatro naciones podrán ejercer presión sobre el Uruguay y, luego, será fácil atraerse a Brasil, debido a su forma de gobierno y a los grandes núcleos alemanes que hay en el país. Y con Brasil, el Continente será nuestro. Nuestra tutoría será un hecho grandioso, sin precedentes, realizado por el genio político y el heroísmo del Ejército argentino.
El Coronel Perón aseguraba en esa declaración que el dominio de los Estados Unidos del Sur seria ejercido por la Argentina y decía, textualmente: Nuestra conquista será generosa, pero la dirección ha de ser Argentina, por los derechos inalienables que nos da nuestra raza libre de mestizajes degradantes.
( ... ) El Plan Doctrinal definitivo es: materializar con conciencia doctrinaria el Eje integral: Lima, La Paz, Asunción, Buenos Aires, a fin de parar en el Este al Brasil, equilibrándolo con criterio defensivo. Aplicar hacia el Oeste (Chile) una tenaza conjunta, permanente, integral, ofensiva, hacia el límite en que Chile colabore y no beligere, ceda el litoral a Bolivia, el Estrecho de Magallanes a la Argentina y se incorpore en los Estados Unidos Andino Platenses. La tenaza político-doctrinaria permanente ajustando o aflojando, según la conducta chilena; la defensa de Bolivia es defensa de la Argentina; por lo tanto, el futuro argentino debe garantizarse mediante una Bolivia fuerte. Demostración amplia, Sudamericana Continental y Mundial. ( ... )”
A la luz de estos antecedentes se desprende la evidencia de que el Movimiento Militar encabezado por el Coronel Perón y el Gobierno que él ejerciera, constituía un peligro de incalculables proyecciones para la soberanía de Chile, para su integridad territorial y para el mantenimiento de nuestras instituciones republicanas y democráticas.
No obstante la publicidad que todos estos antecedentes tuvieron, numerosos chilenos alimentaron un estrecho contacto con la dictadura argentina y se confabularon con ella en los afanes de producir el derrocamiento del régimen institucional chileno. Se confirma esta aseveración con las pruebas que existen en el proceso incoado a raíz de un abortado complot revolucionario ocurrido en Chile el 31 de octubre de 1948. Consta en el sumario instruido por la Justicia Militar, que algunos de los gastos de los implicados fueron pagados con cheques girados por el actual Subsecretario del Ministerio del Interior, señor Carlos Ferrer Fariñol, a la orden de otro de los Secretarios particulares del ciudadano señor Carlos Ibáñez del Campo, el ex Presidente del Consejo Directivo del Diario “La Nación”, don Rogelio Cuéllar Valenzuela.
El sumario establece, además, que el General de Carabineros, don Manuel Alvear, fue requerido por el Cónsul Argentino, Luis Zervino, quien le solicitó su participación en un movimiento que sería la salvación de Chile y en el que participaría el General en Retiro Carlos Ibáñez del Campo. El Auditor del Juzgado Militar de Santiago, expresa: que en todas las reuniones y conciliábulos, así como en la campaña para conseguir adeptos se dijo que el movimiento tenía por objeto llevar a la Jefatura del Gobierno al General Ibáñez.
A fs. 584 del proceso, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile sostiene que los antecedentes subjetivos y los hechos materiales demuestran la participación en estos actos delictuosos de elementos ajenos a la nacionalidad chilena. Por su parte, los inculpados declaran que se reunieron con el ciudadano Carlos Ibáñez del Campo en casa de la madre política del actual Presidente de la República.
Tres años más tarde, en agosto de 1951, se llevó a cabo un nuevo acto delictuoso que atentaba flagrantemente contra las instituciones fundamentales de la República. El llamado Complot de Colliguay, en el que, una vez más, aparecen comprometidos ciudadanos de filiación ibañista, en estrecho contacto con el Gobierno del General Perón. De las Pruebas acumuladas en dicho proceso, se desprende que tuvo por objeto, este acto, producir la caída violenta del Gobierno constitucional de la época y su reemplazo por un Gobierno “de facto” presidido por el General en Retiro don Carlos Ibáñez del Campo.
La concomitancia que los confabulados chilenos mantuvieron en aquella ocasión con el Gobierno Argentino del General Perón ha sido recientemente ratificada en la Honorable Cámara por la declaración que al Presidente de la Comisión Especial Investigadora, Diputado Florencio Galleguillos, le formulara el Asesor Financiero de Juan Duarte, señor Rafael Andreotti, quien llevaba en la Argentina el control de los grandes negocios del régimen peronista y estaba en conocimiento, en consecuencia, de todas sus operaciones de financiamiento político. Dijo el señor Andreotti: que el dinero para financiar el Complot de Colliguay provino de una negociación de acero efectuada por el Gobierno Argentino a favor de quienes en Chile estaban fraguando el golpe, y que esa operación se llevó a cabo sobre la Plaza de Montevideo, para hacer más difícil su descubrimiento. Las personas que aparecen comprometidas en este Proceso de Colliguay han tenido, con posterioridad, destacada actuación en el Gobierno del Excmo. señor Ibáñez del Campo.
En efecto, la nutrida correspondencia del principal implicado, el ciudadano y Senador de la República don Guillermo Izquierdo Araya, que rola adjunta al proceso, está dirigida a los señores Nilo Rosemberg, actual Director del Departamento del Cobre; a don Víctor Vergara, actual Encargado de Negocios de Chile en Dinamarca; a don Eugenio Orrego Vicuña, Embajador del Gobierno del Excmo. señor Ibáñez en Paraguay; y a don Miguel Serrano, actual Encargado de Negocios de Chile en la India. Felizmente, la acción oportuna de nuestra Justicia pudo desbaratar este complot y convirtió a la mayoría de los implicados en delincuentes confesos y sancionados.
( ... ) Durante este proceso electoral, nuevamente es posible comprobar la concomitancia del gobierno totalitario e imperialista del General Perón y la postulación presidencial del General Ibáñez del Campo.
El 21 de mayo de 1951 fue creada en Buenos Aires una organización de propaganda ibañista denominada Acción Social Chilena. Al acto de inauguración de esta entidad concurrió el entonces secretario particular del señor Ibáñez del Campo, y actual Subsecretario del Ministerio del Interior, don Carlos Ferrer Fariñol.
( ... ) Poco más tarde, y faltando sólo cuarenta días para la elección presidencial en Chile, las autoridades aduaneras en nuestro país sorprendieron un profuso cargamento de material de propaganda ibañista, impreso en la República Argentina, enviado por la Secretaría General de Informaciones de la Presidencia de ese país en paquetes que portaban sus timbres oficiales y los del Ministerio de Relaciones y Culto del Gobierno del General Perón.
( ... ) Con posterioridad, la Honorable Cámara y el país entero han podido conocer los documentos proporcionados por la investigación que desarrollara una Comisión Especial de esta rama del Congreso Nacional, que concurren a comprobar que diversos partidos de filiación ibañista recibieron dinero de la Embajada de Perón en Santiago para financiar diversos gastos de la campaña presidencial del ciudadano don Carlos Ibáñez del Campo. Estos documentos llevan las firmas del embajador del señor Perón en Santiago y de los funcionarios de esa Misión Diplomática, señores Lima Quintana y Gastambide.
Resulta, de todos estos hechos, que, no obstante los claros y públicos propósitos de expansión imperialista que animaban al Gobierno del General Perón, y que significaban para nuestro país un peligro respecto de su integridad territorial y para su condición legal de estado democrático, el General señor Ibáñez del Campo y sus partidarios buscaron y recibieron la ayuda que ese Gobierno podía prestarles en todas las actividades que pudieran conducirlos al Mando Supremo de la Nación.
Producida la elección del Presidente Ibáñez, uno de los primeros actos de su Gobierno fue el de formular una invitación oficial al Presidente Perón para que visitara nuestro país. ( ... ) Con ocasión de esa visita, el Presidente Perón distribuyó pródigamente dinero en ayuda y en beneficio de grupos políticos que se identificaban con el ibañismo. Consta en las declaraciones formuladas ante la Comisión Especial Investigadora de la Honorable Cámara que en la propia sede de la Embajada Argentina en Santiago, el General Perón hizo entrega de gruesas sumas de monedas a las dirigentes del movimiento femenino ibañista, instándolas a que formaran su unidad “en torno a Ibáñez”.
La Comisión Investigadora de esta Honorable Cámara ha verificado, también, y con plenitud, las características de sumisión que adquirió para el movimiento obrero chileno la acción que en ese terreno, desarrollara la Confederación de Trabajadores Argentinos. ( ... ) Fue, asimismo, el Presidente de la República, señor Ibáñez del Campo, remiso a las obligaciones que había contraído con la Nación, cuando consintió que con dinero del Gobierno argentino se negociara en nuestro país una importante estación radioemisora, con el propósito de difundir en nuestro medio la propaganda y doctrina del peronismo imperialista.
Con la anuencia del Presidente Ibáñez, un gobierno extranjero ha intervenido decisivamente en resoluciones privativas de todo Estado soberano e independiente. En la propia correspondencia cambiada por los Presidentes Ibáñez y Perón aparece la evidencia que comprueba esta afirmación. En respuesta a una carta que le dirigiera el Presidente Perón y en la que este plantea la necesidad de aplastar a la oposición chilena, el Presidente Ibáñez le dice, con fecha 23 de marzo de 1953, que “salvo algunos aspectos de procedimiento, está en el fondo en perfecto acuerdo con el magistral planteamiento táctico de su carta” -y que- “si su propósito se estrellara con la oposición irreductible y obstinada no vacilará en aplacarla donde quiera que ella pretenda enervar su obra, y que se jugará la batalla hasta sus últimas consecuencias” [3]
Denuncian además un “intento de disolver violentamente el Congreso Nacional está ratificado por los hechos que ocurrieron en nuestro país en diciembre de 1954” y “el desplazamiento del Ministro de Hacienda señor Cuevas Mackenna, por haber éste declarada que era inoperante el Convenio Económico con Argentina”.
El país sabe también que durante la actual Administración del Presidente Ibáñez se ha gestado secretamente y a espaldas del Congreso Nacional, un Pacto Militar con el Gobierno de Perón. Este hecho, de inusitada gravedad, ha sido negado por el Gobierno del Presidente Ibáñez, más, la Comisión Investigadora de esta Honorable Cámara ha dado a conocer un Memorándum Secreto para conocimiento de S.E. el Ministro de Defensa de la Nación Argentina, elaborado por el asesor jurídico del Ministerio de Defensa del vecino país y que dice relación con un pacto militar secreto en Chile. Por su parte, el ex adicto militar del Gobierno del señor Ibáñez en la República Argentina, coronel en retiro señor Iván Berger, proporcionó a la aludida Comisión Investigadora numerosos antecedentes que comprueban que los Gobiernos de los Generales Ibáñez y Perón propiciaban la eliminación de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina en las tareas funcionales que les estaban encomendadas, y que todas esas concepciones se consultaban en un voluminoso plan que guardaban celosamente los Ministros de Defensa Nacional de ambos países.
Estas han sido algunas de las muchas manifestaciones en que por acción u omisión el Excmo. señor Ibáñez del Campo comprometió gravemente el honor y la seguridad del Estado, durante el período en que coincidiera su mandato presidencial con el Presidente de la Nación Argentina, General Juan Domingo Perón.
Producida la caída del Gobierno antidemocrático e imperialista del General Perón, el Gobierno del señor Ibáñez ha sido acusado por los actuales gobernantes argentinos de permitir la permanencia en Chile de elementos peronistas que pretenden alterar la tranquilidad de la vecina República.
Ya la Honorable Cámara, por la abrumadora mayoría de 61 votos contra 20, acordó “declarar que, de los antecedentes proporcionados por el informe de la Comisión Investigadora de la Actividades Peronistas, se desprende la responsabilidad de S.E. el Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, por este tipo de actividades, al no tomar oportunamente las medidas que pusieran término a estas actitudes que menoscabaron los intereses y la dignidad nacional”.
El Jefe de Estado ha comprometido gravemente el honor y la seguridad de la República, porque en pleno conocimiento del carácter totalitario y de las ambiciones imperialistas que albergaba un Gobierno extranjero, buscó y obtuvo, primeramente, su apoyo para suplantar en Chile un Gobierno constitucional; porque buscó y obtuvo, más tarde, el respaldo de la influencia económica que ese mismo régimen totalitario e imperialista podía otorgarle para postular su candidatura presidencial en los comicios electorales de 1952; porque buscó y obtuvo, también, ese respaldo, no obstante las obligaciones que contraía, subordinando la autoridad moral del Primer Mandatario de Chile a los favores que le había dispensado un dictador foráneo. El Presidente de la República ha comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, porque aceptó la intromisión de un gobierno extranjero en asuntos políticos que son de la exclusiva y soberana incumbencia de Chile y de los chilenos, como aquellos que dicen relación con la unidad con ciertas agrupaciones femeninas ibañistas y la remoción o permanencia en sus cargos de los Ministros de Estado del Gobierno de Chile.
Finalmente, el Presidente de la República compromete, aún hoy, gravemente el honor y la seguridad del Estado, porque mantiene en cargos de alta responsabilidad política y administrativa a quienes recibieron abiertamente la dádiva que el régimen peronista distribuía en Chile a sus adeptos, lo que, además, está produciendo un lamentable alejamiento entre los gobiernos argentino y chileno que debieran estar permanentemente unidos en un común denominador de comprensión y cooperación.
No obstante la publicidad que todos estos antecedentes tuvieron, numerosos chilenos alimentaron un estrecho contacto con la dictadura argentina y se confabularon con ella en los afanes de producir el derrocamiento del régimen institucional chileno. Se confirma esta aseveración con las pruebas que existen en el proceso incoado a raíz de un abortado complot revolucionario ocurrido en Chile el 31 de octubre de 1948. Consta en el sumario instruido por la Justicia Militar, que algunos de los gastos de los implicados fueron pagados con cheques girados por el actual Subsecretario del Ministerio del Interior, señor Carlos Ferrer Fariñol, a la orden de otro de los Secretarios particulares del ciudadano señor Carlos Ibáñez del Campo, el ex Presidente del Consejo Directivo del Diario “La Nación”, don Rogelio Cuéllar Valenzuela.
El sumario establece, además, que el General de Carabineros, don Manuel Alvear, fue requerido por el Cónsul Argentino, Luis Zervino, quien le solicitó su participación en un movimiento que sería la salvación de Chile y en el que participaría el General en Retiro Carlos Ibáñez del Campo. El Auditor del Juzgado Militar de Santiago, expresa: que en todas las reuniones y conciliábulos, así como en la campaña para conseguir adeptos se dijo que el movimiento tenía por objeto llevar a la Jefatura del Gobierno al General Ibáñez.
A fs. 584 del proceso, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile sostiene que los antecedentes subjetivos y los hechos materiales demuestran la participación en estos actos delictuosos de elementos ajenos a la nacionalidad chilena. Por su parte, los inculpados declaran que se reunieron con el ciudadano Carlos Ibáñez del Campo en casa de la madre política del actual Presidente de la República.
Tres años más tarde, en agosto de 1951, se llevó a cabo un nuevo acto delictuoso que atentaba flagrantemente contra las instituciones fundamentales de la República. El llamado Complot de Colliguay, en el que, una vez más, aparecen comprometidos ciudadanos de filiación ibañista, en estrecho contacto con el Gobierno del General Perón. De las Pruebas acumuladas en dicho proceso, se desprende que tuvo por objeto, este acto, producir la caída violenta del Gobierno constitucional de la época y su reemplazo por un Gobierno “de facto” presidido por el General en Retiro don Carlos Ibáñez del Campo.
La concomitancia que los confabulados chilenos mantuvieron en aquella ocasión con el Gobierno Argentino del General Perón ha sido recientemente ratificada en la Honorable Cámara por la declaración que al Presidente de la Comisión Especial Investigadora, Diputado Florencio Galleguillos, le formulara el Asesor Financiero de Juan Duarte, señor Rafael Andreotti, quien llevaba en la Argentina el control de los grandes negocios del régimen peronista y estaba en conocimiento, en consecuencia, de todas sus operaciones de financiamiento político. Dijo el señor Andreotti: que el dinero para financiar el Complot de Colliguay provino de una negociación de acero efectuada por el Gobierno Argentino a favor de quienes en Chile estaban fraguando el golpe, y que esa operación se llevó a cabo sobre la Plaza de Montevideo, para hacer más difícil su descubrimiento. Las personas que aparecen comprometidas en este Proceso de Colliguay han tenido, con posterioridad, destacada actuación en el Gobierno del Excmo. señor Ibáñez del Campo.
En efecto, la nutrida correspondencia del principal implicado, el ciudadano y Senador de la República don Guillermo Izquierdo Araya, que rola adjunta al proceso, está dirigida a los señores Nilo Rosemberg, actual Director del Departamento del Cobre; a don Víctor Vergara, actual Encargado de Negocios de Chile en Dinamarca; a don Eugenio Orrego Vicuña, Embajador del Gobierno del Excmo. señor Ibáñez en Paraguay; y a don Miguel Serrano, actual Encargado de Negocios de Chile en la India. Felizmente, la acción oportuna de nuestra Justicia pudo desbaratar este complot y convirtió a la mayoría de los implicados en delincuentes confesos y sancionados.
( ... ) Durante este proceso electoral, nuevamente es posible comprobar la concomitancia del gobierno totalitario e imperialista del General Perón y la postulación presidencial del General Ibáñez del Campo.
El 21 de mayo de 1951 fue creada en Buenos Aires una organización de propaganda ibañista denominada Acción Social Chilena. Al acto de inauguración de esta entidad concurrió el entonces secretario particular del señor Ibáñez del Campo, y actual Subsecretario del Ministerio del Interior, don Carlos Ferrer Fariñol.
( ... ) Poco más tarde, y faltando sólo cuarenta días para la elección presidencial en Chile, las autoridades aduaneras en nuestro país sorprendieron un profuso cargamento de material de propaganda ibañista, impreso en la República Argentina, enviado por la Secretaría General de Informaciones de la Presidencia de ese país en paquetes que portaban sus timbres oficiales y los del Ministerio de Relaciones y Culto del Gobierno del General Perón.
( ... ) Con posterioridad, la Honorable Cámara y el país entero han podido conocer los documentos proporcionados por la investigación que desarrollara una Comisión Especial de esta rama del Congreso Nacional, que concurren a comprobar que diversos partidos de filiación ibañista recibieron dinero de la Embajada de Perón en Santiago para financiar diversos gastos de la campaña presidencial del ciudadano don Carlos Ibáñez del Campo. Estos documentos llevan las firmas del embajador del señor Perón en Santiago y de los funcionarios de esa Misión Diplomática, señores Lima Quintana y Gastambide.
Resulta, de todos estos hechos, que, no obstante los claros y públicos propósitos de expansión imperialista que animaban al Gobierno del General Perón, y que significaban para nuestro país un peligro respecto de su integridad territorial y para su condición legal de estado democrático, el General señor Ibáñez del Campo y sus partidarios buscaron y recibieron la ayuda que ese Gobierno podía prestarles en todas las actividades que pudieran conducirlos al Mando Supremo de la Nación.
Producida la elección del Presidente Ibáñez, uno de los primeros actos de su Gobierno fue el de formular una invitación oficial al Presidente Perón para que visitara nuestro país. ( ... ) Con ocasión de esa visita, el Presidente Perón distribuyó pródigamente dinero en ayuda y en beneficio de grupos políticos que se identificaban con el ibañismo. Consta en las declaraciones formuladas ante la Comisión Especial Investigadora de la Honorable Cámara que en la propia sede de la Embajada Argentina en Santiago, el General Perón hizo entrega de gruesas sumas de monedas a las dirigentes del movimiento femenino ibañista, instándolas a que formaran su unidad “en torno a Ibáñez”.
La Comisión Investigadora de esta Honorable Cámara ha verificado, también, y con plenitud, las características de sumisión que adquirió para el movimiento obrero chileno la acción que en ese terreno, desarrollara la Confederación de Trabajadores Argentinos. ( ... ) Fue, asimismo, el Presidente de la República, señor Ibáñez del Campo, remiso a las obligaciones que había contraído con la Nación, cuando consintió que con dinero del Gobierno argentino se negociara en nuestro país una importante estación radioemisora, con el propósito de difundir en nuestro medio la propaganda y doctrina del peronismo imperialista.
Con la anuencia del Presidente Ibáñez, un gobierno extranjero ha intervenido decisivamente en resoluciones privativas de todo Estado soberano e independiente. En la propia correspondencia cambiada por los Presidentes Ibáñez y Perón aparece la evidencia que comprueba esta afirmación. En respuesta a una carta que le dirigiera el Presidente Perón y en la que este plantea la necesidad de aplastar a la oposición chilena, el Presidente Ibáñez le dice, con fecha 23 de marzo de 1953, que “salvo algunos aspectos de procedimiento, está en el fondo en perfecto acuerdo con el magistral planteamiento táctico de su carta” -y que- “si su propósito se estrellara con la oposición irreductible y obstinada no vacilará en aplacarla donde quiera que ella pretenda enervar su obra, y que se jugará la batalla hasta sus últimas consecuencias” [3]
Denuncian además un “intento de disolver violentamente el Congreso Nacional está ratificado por los hechos que ocurrieron en nuestro país en diciembre de 1954” y “el desplazamiento del Ministro de Hacienda señor Cuevas Mackenna, por haber éste declarada que era inoperante el Convenio Económico con Argentina”.
El país sabe también que durante la actual Administración del Presidente Ibáñez se ha gestado secretamente y a espaldas del Congreso Nacional, un Pacto Militar con el Gobierno de Perón. Este hecho, de inusitada gravedad, ha sido negado por el Gobierno del Presidente Ibáñez, más, la Comisión Investigadora de esta Honorable Cámara ha dado a conocer un Memorándum Secreto para conocimiento de S.E. el Ministro de Defensa de la Nación Argentina, elaborado por el asesor jurídico del Ministerio de Defensa del vecino país y que dice relación con un pacto militar secreto en Chile. Por su parte, el ex adicto militar del Gobierno del señor Ibáñez en la República Argentina, coronel en retiro señor Iván Berger, proporcionó a la aludida Comisión Investigadora numerosos antecedentes que comprueban que los Gobiernos de los Generales Ibáñez y Perón propiciaban la eliminación de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina en las tareas funcionales que les estaban encomendadas, y que todas esas concepciones se consultaban en un voluminoso plan que guardaban celosamente los Ministros de Defensa Nacional de ambos países.
Estas han sido algunas de las muchas manifestaciones en que por acción u omisión el Excmo. señor Ibáñez del Campo comprometió gravemente el honor y la seguridad del Estado, durante el período en que coincidiera su mandato presidencial con el Presidente de la Nación Argentina, General Juan Domingo Perón.
Producida la caída del Gobierno antidemocrático e imperialista del General Perón, el Gobierno del señor Ibáñez ha sido acusado por los actuales gobernantes argentinos de permitir la permanencia en Chile de elementos peronistas que pretenden alterar la tranquilidad de la vecina República.
Ya la Honorable Cámara, por la abrumadora mayoría de 61 votos contra 20, acordó “declarar que, de los antecedentes proporcionados por el informe de la Comisión Investigadora de la Actividades Peronistas, se desprende la responsabilidad de S.E. el Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, por este tipo de actividades, al no tomar oportunamente las medidas que pusieran término a estas actitudes que menoscabaron los intereses y la dignidad nacional”.
El Jefe de Estado ha comprometido gravemente el honor y la seguridad de la República, porque en pleno conocimiento del carácter totalitario y de las ambiciones imperialistas que albergaba un Gobierno extranjero, buscó y obtuvo, primeramente, su apoyo para suplantar en Chile un Gobierno constitucional; porque buscó y obtuvo, más tarde, el respaldo de la influencia económica que ese mismo régimen totalitario e imperialista podía otorgarle para postular su candidatura presidencial en los comicios electorales de 1952; porque buscó y obtuvo, también, ese respaldo, no obstante las obligaciones que contraía, subordinando la autoridad moral del Primer Mandatario de Chile a los favores que le había dispensado un dictador foráneo. El Presidente de la República ha comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, porque aceptó la intromisión de un gobierno extranjero en asuntos políticos que son de la exclusiva y soberana incumbencia de Chile y de los chilenos, como aquellos que dicen relación con la unidad con ciertas agrupaciones femeninas ibañistas y la remoción o permanencia en sus cargos de los Ministros de Estado del Gobierno de Chile.
Finalmente, el Presidente de la República compromete, aún hoy, gravemente el honor y la seguridad del Estado, porque mantiene en cargos de alta responsabilidad política y administrativa a quienes recibieron abiertamente la dádiva que el régimen peronista distribuía en Chile a sus adeptos, lo que, además, está produciendo un lamentable alejamiento entre los gobiernos argentino y chileno que debieran estar permanentemente unidos en un común denominador de comprensión y cooperación.
Cuestión de límites en la zona fronteriza de California y Río Encuentro (Alto Palena)
El viernes 16 de marzo del año en curso, la opinión pública tomó conocimiento del amplio y minucioso informe que la Comisión Bicameral del Congreso Nacional evacuó sobre la cuestión de límites en la zona fronteriza de California y Río Encuentro, llamada Alto Palena. Se constituyó esta Comisión, compuesta de Senadores y Diputados, a instancias del Honorable Senador Raúl Marín Balmaceda, quien adoptó este procedimiento a raíz de las reiteradas denuncias formuladas por su colega don Exequiel González Madariaga, en el sentido de denunciar el grave atentado cometido contra el territorio nacional por la Comisión Chilena de Límites, al despojar en forma negligente e inexcusable, a nuestro país, de una valiosa zona territorial, como era la de Alto Palena, permitiendo que el día 4 de agosto de 1955, gendarmes argentinos entraran sin autorización de ninguna especie a la zona de California, ubicada en Chiloé continental, para notificar a los pobladores chilenos que, a contar desde esa fecha, quedaban obligados a adoptar la nacionalidad argentina; que aprovecharon esa incursión para levantar un censo de la población y enseres de los colonos radicados en la zona. Tal actitud, como lo expresa la Comisión Bicameral, produjo inquietud en la prensa nacional y se recordaron otras actitudes amenazantes y atropellos de gendarmes argentinos, ocurridos en el año 1952, precisamente el 25 de julio, cuando el Jefe accidental del grupo policial aludido, con sede en Carrenleufú, auxiliar Domingo Ciani Del Río, se constituyó sorpresivamente en los sectores de Río Encuentro y California y, luego de recorrer las casas de los pobladores, les retiró sus documentos personales, tales como recibo de pago de contribuciones, actas de radicación extendidas por las autoridades chilenas competentes, etc., y los notificó de presentarse al día siguiente en la casa del poblador argentino Bautista Sáez.
La Comisión Bicameral, en su largo informe, hace un extenso, minucioso e inteligente estudio de los antecedentes jurídicos relacionados con nuestra cuestión de límites con la República Argentina, como también de la forma en que se ha llevado a la práctica el Tratado de Límites suscrito el 23 de julio de 1881 entre Chile y Argentina, y del fallo arbitral a que dicho Tratado dio origen, dictado por S.M. Británica el Rey Eduardo VIT. Creemos innecesario, con motivo de esta acusación repetir los conceptos jurídicos y de hecho que consigna la Comisión Bicameral, por cuanto ellos son conocidos por esta Honorable Cámara y por la opinión pública, y respecto de los cuales pedimos que se tengan como parte integrante de este libelo acusatorio. Sin embargo, no podemos dejar de transcribir algunos pasajes de las conclusiones de dicho informe, toda vez que ellos demuestran en forma clara la negligencia culpable del Presidente de la República y de sus más inmediatos colaboradores en este grave atentado que se quiso perpetrar en contra de la integridad de nuestro territorio. La Comisión, refiriéndose a la política de la Cancillería, y de la cual el Presidente de la República es el único responsable, de acuerdo con la Constitución Política, dice que ella ha demostrado permanentemente una debilidad en el tratamiento de los asuntos limítrofes que han afectado al patrimonio nacional. Ha faltado entereza y energía para defender nuestra integridad territorial frente a las pretensiones foráneas, y en este afán de ceder siempre, hemos perdido inmensos territorios que, por sí solos, hoy en día, bastarían para resolver muchos de nuestros urgentes problemas económicos.[4]
El Presidente de la República, en la gestación de este asunto limítrofe, violó el artículo 44 N° 10 de nuestra Constitución Política que dice: sólo en virtud de una ley se puede permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República, con fijación de tiempo de permanencia en él. Consta en el informe de la Comisión Bicameral, como ya lo hemos expresado, que el Presidente señor Ibáñez del Campo no dio cumplimiento a este precepto constitucional, al permitir la introducción en Chile de las Fuerzas Armadas Argentinas, las que impulsadas con ánimo invasor compelieron a los chilenos del valle de California a someterse a la legislación y medidas policiales argentinas. El sentimiento de chilenidad de cada uno de los abnegados colonos, si bien no provocó el retiro del patrullaje argentino, inspiró en los invasores una actitud de respeto hacia quienes demostraban amor a la libertad y su suelo patrio. Por otra parte, dice la Comisión Bicameral: “Consta en este informe que el Presidente de la República estudió personalmente la proposición conjunta y dio instrucciones por intermedio de la Cancillería al Embajador de Chile en Buenos Aires para que pusiera en ejecución la nueva traza mediante el “modus vivendi”, en circunstancia que ni siquiera se había redactado un proyecto de convenio o protocolo especial que aprobara la traza indicada en la proposición conjunta, instrumento internacional que necesariamente debía ser sometido a la consideración del Congreso Nacional, antes de su ratificación”, Este solo antecedente de la Comisión basta, a nuestro entender, para admitir, y así deberá hacer la Honorable Cámara, que el Presidente de la República, junto con faltar gravemente a sus deberes para con la seguridad del Estado, ha infringido abiertamente el artículo 43 de la Constitución Política, que, en forma precisa, en su N° S, nos dice: Son atribuciones exclusivas del Congreso: ( ... ). 5) Aprobar o desechar los Tratados que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.
Continúa el informe de la Comisión, diciendo: en relación al proceso previo desarrollado por la XV Reunión Plenaria, debemos dejar constancia de que los hechos relatados por vuestra Comisión en el presente informe, demuestran que el General Urra llevó a Buenos Aires una proposición que interpretaba fielmente la línea arbitral, y que, sin embargo, regresó recomendando una proposición distinta. El cambio de frente en que incurrió el Presidente de la Comisión de Chile, o ha sido autorizado por el Presidente de la República o fue de iniciativa personal del General Urra, quien después de tan grave proceder ha seguido contando con la confianza del Presidente de la República.
Estimamos que tales conclusiones de una Comisión Parlamentaria minuciosa e imparcial, compuesta de representantes de todos los Partidos Políticos ante el Congreso Nacional, muchos de los cuales se distinguen por su amistad para con la persona del Presidente de la República, y a quien, por lo demás, le deben atenciones y deferencias especiales, son suficientes para considerar que el Presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo, en el ejercicio de su mandato ha comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, visto que por una negligencia inexcusable permitió que se lesionara la integridad territorial, con lo cual ha faltado, además, al juramento que prestara en el momento de asumir su alto cargo, de conservar la integridad e independencia de la Nación, según lo dispone el artículo 70 de la Constitución Política.
La Comisión Bicameral, en su largo informe, hace un extenso, minucioso e inteligente estudio de los antecedentes jurídicos relacionados con nuestra cuestión de límites con la República Argentina, como también de la forma en que se ha llevado a la práctica el Tratado de Límites suscrito el 23 de julio de 1881 entre Chile y Argentina, y del fallo arbitral a que dicho Tratado dio origen, dictado por S.M. Británica el Rey Eduardo VIT. Creemos innecesario, con motivo de esta acusación repetir los conceptos jurídicos y de hecho que consigna la Comisión Bicameral, por cuanto ellos son conocidos por esta Honorable Cámara y por la opinión pública, y respecto de los cuales pedimos que se tengan como parte integrante de este libelo acusatorio. Sin embargo, no podemos dejar de transcribir algunos pasajes de las conclusiones de dicho informe, toda vez que ellos demuestran en forma clara la negligencia culpable del Presidente de la República y de sus más inmediatos colaboradores en este grave atentado que se quiso perpetrar en contra de la integridad de nuestro territorio. La Comisión, refiriéndose a la política de la Cancillería, y de la cual el Presidente de la República es el único responsable, de acuerdo con la Constitución Política, dice que ella ha demostrado permanentemente una debilidad en el tratamiento de los asuntos limítrofes que han afectado al patrimonio nacional. Ha faltado entereza y energía para defender nuestra integridad territorial frente a las pretensiones foráneas, y en este afán de ceder siempre, hemos perdido inmensos territorios que, por sí solos, hoy en día, bastarían para resolver muchos de nuestros urgentes problemas económicos.[4]
El Presidente de la República, en la gestación de este asunto limítrofe, violó el artículo 44 N° 10 de nuestra Constitución Política que dice: sólo en virtud de una ley se puede permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República, con fijación de tiempo de permanencia en él. Consta en el informe de la Comisión Bicameral, como ya lo hemos expresado, que el Presidente señor Ibáñez del Campo no dio cumplimiento a este precepto constitucional, al permitir la introducción en Chile de las Fuerzas Armadas Argentinas, las que impulsadas con ánimo invasor compelieron a los chilenos del valle de California a someterse a la legislación y medidas policiales argentinas. El sentimiento de chilenidad de cada uno de los abnegados colonos, si bien no provocó el retiro del patrullaje argentino, inspiró en los invasores una actitud de respeto hacia quienes demostraban amor a la libertad y su suelo patrio. Por otra parte, dice la Comisión Bicameral: “Consta en este informe que el Presidente de la República estudió personalmente la proposición conjunta y dio instrucciones por intermedio de la Cancillería al Embajador de Chile en Buenos Aires para que pusiera en ejecución la nueva traza mediante el “modus vivendi”, en circunstancia que ni siquiera se había redactado un proyecto de convenio o protocolo especial que aprobara la traza indicada en la proposición conjunta, instrumento internacional que necesariamente debía ser sometido a la consideración del Congreso Nacional, antes de su ratificación”, Este solo antecedente de la Comisión basta, a nuestro entender, para admitir, y así deberá hacer la Honorable Cámara, que el Presidente de la República, junto con faltar gravemente a sus deberes para con la seguridad del Estado, ha infringido abiertamente el artículo 43 de la Constitución Política, que, en forma precisa, en su N° S, nos dice: Son atribuciones exclusivas del Congreso: ( ... ). 5) Aprobar o desechar los Tratados que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.
Continúa el informe de la Comisión, diciendo: en relación al proceso previo desarrollado por la XV Reunión Plenaria, debemos dejar constancia de que los hechos relatados por vuestra Comisión en el presente informe, demuestran que el General Urra llevó a Buenos Aires una proposición que interpretaba fielmente la línea arbitral, y que, sin embargo, regresó recomendando una proposición distinta. El cambio de frente en que incurrió el Presidente de la Comisión de Chile, o ha sido autorizado por el Presidente de la República o fue de iniciativa personal del General Urra, quien después de tan grave proceder ha seguido contando con la confianza del Presidente de la República.
Estimamos que tales conclusiones de una Comisión Parlamentaria minuciosa e imparcial, compuesta de representantes de todos los Partidos Políticos ante el Congreso Nacional, muchos de los cuales se distinguen por su amistad para con la persona del Presidente de la República, y a quien, por lo demás, le deben atenciones y deferencias especiales, son suficientes para considerar que el Presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo, en el ejercicio de su mandato ha comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, visto que por una negligencia inexcusable permitió que se lesionara la integridad territorial, con lo cual ha faltado, además, al juramento que prestara en el momento de asumir su alto cargo, de conservar la integridad e independencia de la Nación, según lo dispone el artículo 70 de la Constitución Política.
Otros actos que atentan contra el honor del Estado
El Excmo. Señor Ibáñez, no sólo en una oportunidad sino en muchas que constituyen un conjunto de actos capaces de caracterizar una actitud permanente, ha quebrantado la tradicional mesura, dignidad y decoro con que nuestros Presidentes de la República se comportaron siempre. Acreditaremos la verdad de esta afirmación.
Nepotismo
Signo muy característico del Gobierno del señor Ibáñez ha sido la situación y preferencia que ha dispensado a sus numerosos parientes por consanguinidad y afinidad, en forma tal que nuestro pueblo ha señalado a cierta familia como una casta privilegiada.
Esta actitud presidencial ha estado situando a nuestra República en el mismo concepto de otras naciones, especialmente americanas, que se han singularizado -merced al poder omnipotente que ejercen sus gobernantes- por la preferencia que dan a sus parientes para ocupar los cargos más distinguidos de la Administración Pública, del Parlamento o del Poder Judicial, y que, hasta llegan, en algunos casos, a formar verdaderas dinastías hereditarias.
El propio Presidente de la República, en su último viaje a Arica, expresó sin reserva: entre los políticos y mis amigos, estoy con los amigos; entre los amigos y mis parientes, estoy con los parientes. La caridad empieza por casa. -Si sobra algo, el resto será para Chile, como lo dijo en el Senado el Honorable Senador Ulises Correa-o Esa actitud y este concepto afectan a nuestro entender el honor del Estado, y lesionan gravemente, como hemos dicho, la austera tradición de nuestros Presidentes de la República que se han caracterizado por su modestia mientras ejercían su alto cargo, como, asimismo, y hasta por su pobreza, cuando regresaban al estado llano de nuestra democracia. Jamás los parientes de esos Presidentes anegaron la Administración Pública, fiscal o semi fiscal.
Larga, y quizás imposible de dar en forma completa, sería una nómina de las personas que atestiguan el nepotismo presidencial.
Sigue una lista de parientes en cargos de gobierno, dentro y fuera del país.
Esta actitud presidencial ha estado situando a nuestra República en el mismo concepto de otras naciones, especialmente americanas, que se han singularizado -merced al poder omnipotente que ejercen sus gobernantes- por la preferencia que dan a sus parientes para ocupar los cargos más distinguidos de la Administración Pública, del Parlamento o del Poder Judicial, y que, hasta llegan, en algunos casos, a formar verdaderas dinastías hereditarias.
El propio Presidente de la República, en su último viaje a Arica, expresó sin reserva: entre los políticos y mis amigos, estoy con los amigos; entre los amigos y mis parientes, estoy con los parientes. La caridad empieza por casa. -Si sobra algo, el resto será para Chile, como lo dijo en el Senado el Honorable Senador Ulises Correa-o Esa actitud y este concepto afectan a nuestro entender el honor del Estado, y lesionan gravemente, como hemos dicho, la austera tradición de nuestros Presidentes de la República que se han caracterizado por su modestia mientras ejercían su alto cargo, como, asimismo, y hasta por su pobreza, cuando regresaban al estado llano de nuestra democracia. Jamás los parientes de esos Presidentes anegaron la Administración Pública, fiscal o semi fiscal.
Larga, y quizás imposible de dar en forma completa, sería una nómina de las personas que atestiguan el nepotismo presidencial.
Sigue una lista de parientes en cargos de gobierno, dentro y fuera del país.
Rotativas Ministeriales. Desorganización de la Administración Pública
Características muy singulares del Gobierno que preside el señor Ibáñez ha sido la inestabilidad de sus diferentes ministerios, las rotativas ministeriales, lo que ha originado la ausencia de toda acción o empresa seria a las que haya sido posible darle término, con los consiguientes perjuicios y descréditos para nuestra organización institucional.
Hace pocos días no más, la Misión Klein-Saks hizo presente ante la Comisión Mixta de Presupuestos, que ninguna medida ha podido adoptarse en forma decidida y continuada, a causa de los permanentes cambios operados en los equipos financieros del Gabinete.
Las rotativas ministeriales y la desorganización de la Administración Pública a que nos referimos más adelante, ponen, por ello también, en peligro la seguridad del Estado y, por ende, el Presidente de la República, causante directo y promotor de ambos fenómenos se hace acreedor a la sanción constitucional que hoy día solicitamos. En el plano exterior, esta misma inquietud presidencial, esta misma falta de conceptos definidos del Excmo. señor Ibáñez del Campo, han permitido que en casi todas nuestras misiones en el extranjero haya habido, durante los cuatro años de su Gobierno, no menos de dos cambios en los Jefes de Misión en casi todas las representaciones diplomáticas de Chile.
Y lo que ocurre en la representación exterior, es posible advertirlo en toda la Administración Pública fiscal o semifiscal. No se divisa ni a un solo servicio que no haya tenido, durante los cuatro años de Gobierno del Excmo. señor Ibáñez, dos, tres o cuatro Jefes con las consiguientes zozobras de sus funcionarios y discontinuidad de la labor o acción a realizarse; con el ajetreo de las pasiones tras la obtención de nuevas o mejores ventajas del Jefe que llega.
Todo este desolador cuadro que exhibe el Poder Ejecutivo y la Administración Pública, nos hace considerar que el Presidente de la República, Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo, ha faltado a sus deberes y ha comprometido el honor del Estado.
Hace pocos días no más, la Misión Klein-Saks hizo presente ante la Comisión Mixta de Presupuestos, que ninguna medida ha podido adoptarse en forma decidida y continuada, a causa de los permanentes cambios operados en los equipos financieros del Gabinete.
Las rotativas ministeriales y la desorganización de la Administración Pública a que nos referimos más adelante, ponen, por ello también, en peligro la seguridad del Estado y, por ende, el Presidente de la República, causante directo y promotor de ambos fenómenos se hace acreedor a la sanción constitucional que hoy día solicitamos. En el plano exterior, esta misma inquietud presidencial, esta misma falta de conceptos definidos del Excmo. señor Ibáñez del Campo, han permitido que en casi todas nuestras misiones en el extranjero haya habido, durante los cuatro años de su Gobierno, no menos de dos cambios en los Jefes de Misión en casi todas las representaciones diplomáticas de Chile.
Y lo que ocurre en la representación exterior, es posible advertirlo en toda la Administración Pública fiscal o semifiscal. No se divisa ni a un solo servicio que no haya tenido, durante los cuatro años de Gobierno del Excmo. señor Ibáñez, dos, tres o cuatro Jefes con las consiguientes zozobras de sus funcionarios y discontinuidad de la labor o acción a realizarse; con el ajetreo de las pasiones tras la obtención de nuevas o mejores ventajas del Jefe que llega.
Todo este desolador cuadro que exhibe el Poder Ejecutivo y la Administración Pública, nos hace considerar que el Presidente de la República, Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo, ha faltado a sus deberes y ha comprometido el honor del Estado.
Extraño giro para gasto de Representación
En sesión del Honorable Senado, de fecha 30 de octubre recién pasado, el señor Ulises Correa hizo presente un extraño y singular caso de traspaso de fondos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En efecto, por decreto N° 546, del año 1954, del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el objeto de suplementar el “ítem” Gastos de Representación, que se había agotado, se dispuso del traspaso de fondos del “Ítem” Gastos de Viajes de Empleados del Ministerio y del “Ítem” Gastos para Expensas de Establecimiento. Con estos traspasos los gastos de representación quedaron en situación ventajosa y podía girarse sobre ellos, lo que se hizo.
A continuación exponen una situación específica y termina este acápite diciendo: “La Comisión que designe esta Honorable Cámara para conocer de la presente acusación tendrá oportunidad de esclarecer este asunto y comprobar los hechos expuestos.”
A continuación exponen una situación específica y termina este acápite diciendo: “La Comisión que designe esta Honorable Cámara para conocer de la presente acusación tendrá oportunidad de esclarecer este asunto y comprobar los hechos expuestos.”
Contrato simulado
La opinión pública ha tomado conocimiento de una nueva cuanto extraña negociación sobre permuta de un automóvil entre don Carlos Ibáñez del Campo y el señor Mario Jiménez Paul. Es así como con fecha 17 de julio de 1956 se protocolizó en la Notaría de don Eliseo Peña un documento privado, en virtud del cual el señor Ibáñez del Campo viene en permutar su automóvil Mercedes Benz, modelo 300-S, del año 1953, tipo coupé, motor N° 188.920·00015062, color café, con patente de la comuna de Pelarco N° JD 144, por 1.700 acciones de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y 1.100 acciones de la Compañía Sudamericana de Vapores, de propiedad del señor Mario Jiménez. Se estima el automóvil en la suma de 4.500.000 pesos y las acciones, en la suma de 2 millones 867.000 pesos y el saldo de 1.633.000 pesos, deberá pagarlo el señor Jiménez el 8 de agosto de 1956 sin intereses.
El automóvil Mercedes Benz que permutó el señor Ibáñez del Campo fue el que le donó el ex Presidente argentino, Juan Domingo Perón. En virtud de este simulado contrato de permuta, los contratantes, señores Ibáñez del Campo y Mario Jiménez, evitaron cancelar el impuesto de transferencia que debió pagarse en una compraventa de especies muebles.
Ha habido, sin duda un habilidoso procedimiento transaccional y, también un contrato que se simuló en perjuicio de los intereses fiscales, situación que nuestro Código Penal considera delictuosa y que no se compadece con las expresiones presidenciales que llaman al pueblo a afrontar sacrificios compartidos en estas ingratas y angustiosas horas que vive nuestro país y el Presupuesto nacional.
El automóvil Mercedes Benz que permutó el señor Ibáñez del Campo fue el que le donó el ex Presidente argentino, Juan Domingo Perón. En virtud de este simulado contrato de permuta, los contratantes, señores Ibáñez del Campo y Mario Jiménez, evitaron cancelar el impuesto de transferencia que debió pagarse en una compraventa de especies muebles.
Ha habido, sin duda un habilidoso procedimiento transaccional y, también un contrato que se simuló en perjuicio de los intereses fiscales, situación que nuestro Código Penal considera delictuosa y que no se compadece con las expresiones presidenciales que llaman al pueblo a afrontar sacrificios compartidos en estas ingratas y angustiosas horas que vive nuestro país y el Presupuesto nacional.
Viaje a Arica
El país entero tomó conocimiento de la faraónica expedición del Presidente de la República a inaugurar el aeródromo de “Chacalluta”, en el departamento de Arica. En esa oportunidad, el Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo se hizo acompañar por más de un centenar de personas que, por cierto, no todas, o quizás no más de cinco, estaban interesadas en la inauguración objeto del viaje.
De regreso, la prensa nacional informó al país, por medio de información escrita y gráfica, del fabuloso equipaje con que volvió la numerosa comitiva presidencial, y que no sufragó los derechos de aduana correspondientes a la internación de las mercaderías que portaba. Más que eso, el propio Presidente de la República internó al país una radioelectrola, que le fue obsequiada sin pagar derechos de aduana y sin obtener el permiso de importación necesario y que, en todo caso, le habría sido negado, puesto que, en virtud de disposiciones dictadas por él mismo, ese tipo de radioelectrola está prohibido de importarse.
Se usó en este viaje de los mejores recursos de la Línea Nacional, la que hubo de sustraer de sus habituales recorridos dos de sus máquinas más calificadas, con el consiguiente perjuicio económico para esa Empresa chilena, además de la natural contrariedad provocada a quienes deben ser atendidos oportuna y regularmente por esta Empresa de transportes. Se utilizaron, también, algunos aviones de la Fuerza Aérea, los que volvieron a Santiago trayendo especialmente la abundante carga de mercaderías adquiridas por los miembros de la comitiva presidencial en el Puerto Libre de Arica.
De regreso, la prensa nacional informó al país, por medio de información escrita y gráfica, del fabuloso equipaje con que volvió la numerosa comitiva presidencial, y que no sufragó los derechos de aduana correspondientes a la internación de las mercaderías que portaba. Más que eso, el propio Presidente de la República internó al país una radioelectrola, que le fue obsequiada sin pagar derechos de aduana y sin obtener el permiso de importación necesario y que, en todo caso, le habría sido negado, puesto que, en virtud de disposiciones dictadas por él mismo, ese tipo de radioelectrola está prohibido de importarse.
Se usó en este viaje de los mejores recursos de la Línea Nacional, la que hubo de sustraer de sus habituales recorridos dos de sus máquinas más calificadas, con el consiguiente perjuicio económico para esa Empresa chilena, además de la natural contrariedad provocada a quienes deben ser atendidos oportuna y regularmente por esta Empresa de transportes. Se utilizaron, también, algunos aviones de la Fuerza Aérea, los que volvieron a Santiago trayendo especialmente la abundante carga de mercaderías adquiridas por los miembros de la comitiva presidencial en el Puerto Libre de Arica.
Derogación del Reglamento de Indultos
Desde hace muchos años existía un Reglamento para conceder los indultos, reglamento éste que establecía los requisitos que debían cumplir quienes aspiraban a obtener esta gracia. Comportamiento carcelario, años de cumplimiento de la pena, actitudes psíquicas e informes psiquiátricos, etc., eran algunas de las exigencias que ese Reglamento disponía para aspirar a la libertad a través del indulto. El señor Ibáñez del Campo derogó ese decreto reglamentario porque no le permitía ejercer libremente el derecho que le concede nuestra Carta Fundamental. ¿Qué se obtuvo con esta derogación? Los Presidentes anteriores al señor Ibáñez del Campo concedían, anualmente, alrededor de unos 400 indultos, o sea que, en los cuatro años de este Gobierno, habrían debido otorgarse -considerada esta proporción-, más o menos, uno 1.600 indultos. En cambio, el actual Jefe del Estado ha dispensado hasta hoy la gracia de más de 5.000 indultos, con lo que, evidentemente, se ha burlado de la Justicia, se ha desvirtuado la pena y se ha hecho de ella algo irrisorio puesto que su aplicación tiene por objeto corregir al hombre en sus defectos y devolverlo a la sociedad rectificado y dispuesto a superarse, a enmendarse, a hacerse digno del perdón de esa sociedad.
Desquiciamiento en las Fuerzas Armadas
El país ha tenido conocimiento de la conducta del Presidente de la República en lo que se ha dado en llamar la Línea Recta.
El artículo 22 de nuestra Constitución Política, dice: la fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar.
No obstante, el Presidente de la República, hace cerca de dos años, con olvido de las obligaciones que le impone su alto cargo, invitó a deliberar, en su propio domicilio particular, a 66 oficiales de las tres armas, sobre asuntos institucionales y acerca de la mejor conducción de los negocios públicos y políticos. La invitación la hizo el Jefe de la nación a espaldas del Alto Mando del Ejército, de la Marina y de la Aviación. La verdad es que no podría haber sido de otra manera, puesto que en la reunión se iba a atacar, a desprestigiar, a los altos jefes de los tres institutos armados. Y así se hizo, sin que el Presidente de la República lo evitara; por el contrario, prestó atento oído a esta transgresión inexcusable a la disciplina de los cuerpos armados.
Cuando el General Franco, Comandante en Jefe del Ejército de esa época, le presentó estos hechos al Presidente de la República, el Excmo. señor Ibáñez del Campo negó su acuerdo para cualquiera sanción a los asistentes a la cita de la calle Dublé Almeyda. Bien vale consignar en este párrafo, las frases del Honorable Senador Ulises Correa, quien, conjuntamente con su colega don Exequiel González Madariaga, señalaron con claridad y valentía esas transgresiones. Dijo el Senador Correa: sabemos que las instituciones armadas han constituido siempre las fuerzas conservadoras de la República, la última trinchera en la cual, en horas aciagas, nos podríamos recoger los que anhelamos que la República viva y que sus instituciones jurídicas sean mantenidas. Bien sabemos que mientras más lejos esté la política de los cuarteles, más firme será la disciplina. Bien sabemos que mientras más respetado sea el Alto Mando de las Instituciones armadas, mayor será el prestigio de sus resoluciones y más firme el imperio para aplicarlas. Bien sabemos que la dedicación de ella a sus tareas profesionales significa una existencia sin angustias para nuestra democracia. Y todo este bien que Chile había conquistado en veinte años, ha sido destruido en pocas horas de loca irreflexión.
Ese mismo grupo de Oficiales que asistieron a Dublé Almeyda, se juramentó para cooperar sin discriminaciones a la persona de don Carlos Ibáñez del Campo; en cumplimiento de este propósito trataron de atraer a su grupo a los otros oficiales que no habían sido distinguidos por la invitación presidencial. Llegaron hasta sus cuarteles premunidos de convincentes argumentos, tentando las ambiciones de muchos, empleando el buen juicio de otros. Llegaron hasta nuestra Escuela Militar; pero allí se encontraron con soldados que sabían comprender y aquilatar la alta responsabilidad que la sociedad chilena les había encomendado y denunciaron la actitud de quienes venían a instarles al incumplimiento de sus deberes. Producto de esta denuncia es el proceso que se tramitó ante la justicia militar, cuyo fallo ya conoce la opinión pública y que afecta a altos jefes de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo en ese instante el Presidente de la República? Nada; por el contrario, dejó solos a sus amigos, a sus preferidos, a quienes habían atendido a su invitación a Dublé Almeyda.
Comprenderá la Honorable Cámara que resulta inoficioso seguir exponiendo estos hechos, conocidos de todos, debatidos y considerados, tanto por el Congreso Nacional, cuanto por los órganos de expresión más representativos de la opinión pública. Si a todo lo anterior, sumáramos el triste espectáculo que nos ha dado el señor Ibáñez del Campo en su conducción a las Fuerzas Armadas, veremos, Honorable Cámara, cuán cierta y fundada es la acusación que hoy dejamos planteada.
De conformidad con la ley que rige los ascensos en las Fuerzas Armadas, por otra parte, deben retirarse anualmente, por sí o por el recurso de la Junta Calificadora, 4 Generales en la rama del Ejército, 2 Almirantes en la Armada Nacional y 2 Generales del Aire en los servicios de la Aviación. Trataremos de demostrar los procedimientos del Jefe del Estado, en este caso. Sólo en lo que respecta al Ejército, tanto por la longitud que un análisis de esta índole importa, cuanto porque es la rama de nuestras Fuerzas Armadas que más ha sufrido con los caprichos del Excmo. señor Ibáñez del Campo.
Durante los seis años de Gobierno del señor Gabriel González Videla, por citar un ejemplo, se retiraron 24 Generales, o sea, exactamente los 4 Generales por año que se han señalado. Durante los 4 años de Gobierno del Excmo. señor Ibáñez del Campo se ha retirado 52 Generales y ha habido 5 Comandantes en Jefe del Ejército. Para comprobar la exactitud de nuestro aserto, estimamos indispensable dar la lista de estos oficiales Mayores: Santiago Danús, Carlos Mezzano, Enrique Franco, Raúl Araya, Rafael Fernández, Teófilo Gómez, Silvestre Urízar, Antonio Tovarías, Arístides Vásquez, Milciades Contreras, Alberto Carrasco, Enrique Calvo, Guillermo Toro, Alberto Briceño, León Guillard, Carlos Casanovas, Vicente Martínez, José Gálvez, Rafael Vigas, Manuel Délano, Ernesto Medina, Emilio Alvarez, Guillermo López, Elías Ducaud, René Alvarez, Pedro Calderón, Adolfo Bonzi, Abdón Parra, Alfonso ORyan, Carlos Guiraldes, Osear Herrera, Marcos López, Héctor Sagüés, Alfredo Ríos, Jorge García, Carlos Valenzuela, Rodolfo Concha, Luis Jerez, Julio Urquíeta, Humberto Labarca, Jorge Cañas, Daniel García, Eduardo Yáñez, Carlos Valdés, Francisco Javier Díaz, René Echeverría, Eduardo Veas, Ramón Salinas, Alfredo Larenas, Manuel Feliú, Enrique Valdés y Daniel Urra.
La rotativa en el alto Mando en el Ejército ha significado, indudablemente, un atentado contra la seguridad nacional, porque todos los trabajos de orden técnico-militar, como planes de movilización, de organización, etc., han tenido que sufrir las consecuencias de estos cambios constantes de directivas.
Se ha debilitado así la defensa del país. Además, con esta movilidad injusta (...) se han hecho gravitar fuertes gastos sobre nuestro presupuesto nacional y sobre las cargas previsionales que, respecto de esos Generales, deben sobrellevar las Cajas respectivas.
Igual procedimiento que al habido en el Ejército ha sido empleado en las otras dos ramas armadas con las mismas gravosas consecuencias. Ha habido movimientos en las Fuerzas Armadas para satisfacer ambiciones de quienes estaban privados de llegar a ciertos cargos y que sólo podían hacerlo merced al atropello en la carrera de sus compañeros de armas; ha habido otros que se han justificado sólo porque el General o el Jefe armado -decían- no era persona grata para el Presidente de la República. Se ha hecho caudal del chisme y de las bajas pasiones.
Desquiciar las Fuerzas Armadas, a nuestro entender, representa un grave atentado contra el honor y la seguridad del Estado, máxime cuando es indispensable para Chile mantener un servicio armado eficiente y disciplinado que le permita defender su integridad territorial, haciendo cumplido honor a sus respetables tradiciones.
El artículo 22 de nuestra Constitución Política, dice: la fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar.
No obstante, el Presidente de la República, hace cerca de dos años, con olvido de las obligaciones que le impone su alto cargo, invitó a deliberar, en su propio domicilio particular, a 66 oficiales de las tres armas, sobre asuntos institucionales y acerca de la mejor conducción de los negocios públicos y políticos. La invitación la hizo el Jefe de la nación a espaldas del Alto Mando del Ejército, de la Marina y de la Aviación. La verdad es que no podría haber sido de otra manera, puesto que en la reunión se iba a atacar, a desprestigiar, a los altos jefes de los tres institutos armados. Y así se hizo, sin que el Presidente de la República lo evitara; por el contrario, prestó atento oído a esta transgresión inexcusable a la disciplina de los cuerpos armados.
Cuando el General Franco, Comandante en Jefe del Ejército de esa época, le presentó estos hechos al Presidente de la República, el Excmo. señor Ibáñez del Campo negó su acuerdo para cualquiera sanción a los asistentes a la cita de la calle Dublé Almeyda. Bien vale consignar en este párrafo, las frases del Honorable Senador Ulises Correa, quien, conjuntamente con su colega don Exequiel González Madariaga, señalaron con claridad y valentía esas transgresiones. Dijo el Senador Correa: sabemos que las instituciones armadas han constituido siempre las fuerzas conservadoras de la República, la última trinchera en la cual, en horas aciagas, nos podríamos recoger los que anhelamos que la República viva y que sus instituciones jurídicas sean mantenidas. Bien sabemos que mientras más lejos esté la política de los cuarteles, más firme será la disciplina. Bien sabemos que mientras más respetado sea el Alto Mando de las Instituciones armadas, mayor será el prestigio de sus resoluciones y más firme el imperio para aplicarlas. Bien sabemos que la dedicación de ella a sus tareas profesionales significa una existencia sin angustias para nuestra democracia. Y todo este bien que Chile había conquistado en veinte años, ha sido destruido en pocas horas de loca irreflexión.
Ese mismo grupo de Oficiales que asistieron a Dublé Almeyda, se juramentó para cooperar sin discriminaciones a la persona de don Carlos Ibáñez del Campo; en cumplimiento de este propósito trataron de atraer a su grupo a los otros oficiales que no habían sido distinguidos por la invitación presidencial. Llegaron hasta sus cuarteles premunidos de convincentes argumentos, tentando las ambiciones de muchos, empleando el buen juicio de otros. Llegaron hasta nuestra Escuela Militar; pero allí se encontraron con soldados que sabían comprender y aquilatar la alta responsabilidad que la sociedad chilena les había encomendado y denunciaron la actitud de quienes venían a instarles al incumplimiento de sus deberes. Producto de esta denuncia es el proceso que se tramitó ante la justicia militar, cuyo fallo ya conoce la opinión pública y que afecta a altos jefes de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo en ese instante el Presidente de la República? Nada; por el contrario, dejó solos a sus amigos, a sus preferidos, a quienes habían atendido a su invitación a Dublé Almeyda.
Comprenderá la Honorable Cámara que resulta inoficioso seguir exponiendo estos hechos, conocidos de todos, debatidos y considerados, tanto por el Congreso Nacional, cuanto por los órganos de expresión más representativos de la opinión pública. Si a todo lo anterior, sumáramos el triste espectáculo que nos ha dado el señor Ibáñez del Campo en su conducción a las Fuerzas Armadas, veremos, Honorable Cámara, cuán cierta y fundada es la acusación que hoy dejamos planteada.
De conformidad con la ley que rige los ascensos en las Fuerzas Armadas, por otra parte, deben retirarse anualmente, por sí o por el recurso de la Junta Calificadora, 4 Generales en la rama del Ejército, 2 Almirantes en la Armada Nacional y 2 Generales del Aire en los servicios de la Aviación. Trataremos de demostrar los procedimientos del Jefe del Estado, en este caso. Sólo en lo que respecta al Ejército, tanto por la longitud que un análisis de esta índole importa, cuanto porque es la rama de nuestras Fuerzas Armadas que más ha sufrido con los caprichos del Excmo. señor Ibáñez del Campo.
Durante los seis años de Gobierno del señor Gabriel González Videla, por citar un ejemplo, se retiraron 24 Generales, o sea, exactamente los 4 Generales por año que se han señalado. Durante los 4 años de Gobierno del Excmo. señor Ibáñez del Campo se ha retirado 52 Generales y ha habido 5 Comandantes en Jefe del Ejército. Para comprobar la exactitud de nuestro aserto, estimamos indispensable dar la lista de estos oficiales Mayores: Santiago Danús, Carlos Mezzano, Enrique Franco, Raúl Araya, Rafael Fernández, Teófilo Gómez, Silvestre Urízar, Antonio Tovarías, Arístides Vásquez, Milciades Contreras, Alberto Carrasco, Enrique Calvo, Guillermo Toro, Alberto Briceño, León Guillard, Carlos Casanovas, Vicente Martínez, José Gálvez, Rafael Vigas, Manuel Délano, Ernesto Medina, Emilio Alvarez, Guillermo López, Elías Ducaud, René Alvarez, Pedro Calderón, Adolfo Bonzi, Abdón Parra, Alfonso ORyan, Carlos Guiraldes, Osear Herrera, Marcos López, Héctor Sagüés, Alfredo Ríos, Jorge García, Carlos Valenzuela, Rodolfo Concha, Luis Jerez, Julio Urquíeta, Humberto Labarca, Jorge Cañas, Daniel García, Eduardo Yáñez, Carlos Valdés, Francisco Javier Díaz, René Echeverría, Eduardo Veas, Ramón Salinas, Alfredo Larenas, Manuel Feliú, Enrique Valdés y Daniel Urra.
La rotativa en el alto Mando en el Ejército ha significado, indudablemente, un atentado contra la seguridad nacional, porque todos los trabajos de orden técnico-militar, como planes de movilización, de organización, etc., han tenido que sufrir las consecuencias de estos cambios constantes de directivas.
Se ha debilitado así la defensa del país. Además, con esta movilidad injusta (...) se han hecho gravitar fuertes gastos sobre nuestro presupuesto nacional y sobre las cargas previsionales que, respecto de esos Generales, deben sobrellevar las Cajas respectivas.
Igual procedimiento que al habido en el Ejército ha sido empleado en las otras dos ramas armadas con las mismas gravosas consecuencias. Ha habido movimientos en las Fuerzas Armadas para satisfacer ambiciones de quienes estaban privados de llegar a ciertos cargos y que sólo podían hacerlo merced al atropello en la carrera de sus compañeros de armas; ha habido otros que se han justificado sólo porque el General o el Jefe armado -decían- no era persona grata para el Presidente de la República. Se ha hecho caudal del chisme y de las bajas pasiones.
Desquiciar las Fuerzas Armadas, a nuestro entender, representa un grave atentado contra el honor y la seguridad del Estado, máxime cuando es indispensable para Chile mantener un servicio armado eficiente y disciplinado que le permita defender su integridad territorial, haciendo cumplido honor a sus respetables tradiciones.
Segunda parte: Abiertas infracciones a la Constitución y la leyes[5]
A través de la gestión administrativa del Presidente de la República, Excelentísimo señor Carlos Ibáñez del Campo, es posible encontrar numerosísimas infracciones a la Constitución y las leyes, lo que le hace acreedor a la sanción que buscamos por medio de esta acusación.
(...) En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Contralor ha enviado a esta Honorable Cámara los antecedentes de diversos Decretos de Insistencia dictados por el actual Presidente de la República, a quien ahora acusamos. Estos decretos, que llevan la firma de todos los Ministros de Estado han sido un recurso continuamente empleado durante el régimen del señor Ibáñez del Campo y, al efecto, podemos citar que, desde noviembre de 1952, fecha en que tomó posesión de su cargo, el señor Ibáñez, hasta el mes de junio del presente año, se dictaron 290 decretos que fueron representados como ilegales por nuestro organismo contralor y de los cuales, se ordenó tomar razón mediante 65 decretos de insistencia.
(...) Mediante esta increíble cantidad de decretos de insistencia desconocida en nuestros hábitos democráticos y constitucionales, el Gobierno del señor Ibáñez, ha perpetrado toda clase de abusos y arbitrariedades; ha desquiciado la Administración Pública; ha hecho nombramientos en altos cargos de personas ajenas al respectivo servicio y que no llenaban ningún requisito, violando todo escalafón, ha postergado a quienes tenían derecho de ascender; ha designado en cargos que requieren títulos profesionales a postulantes que no lo tenían; ha autorizado adquisiciones dispendiosas, dada la situación financiera del país, y ha eximido del pago de impuesto a determinados artículos y entidades.
Todas las infracciones de ley que anotaremos, son especialmente graves por la forma habitual en que se les ha practicado, por el grave daño moral causado a la Administración Pública y por el no menos grave perjuicio material producido a numerosísimos funcionarios de carrera.
Empezamos, pues, nuestra larga enumeración de infracciones de ley. Por decreto W 738, del año 1952, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ordenó a la Contraloría General cursar y tomar razón de los decretos números 542, 543, 544, 562, 563, 571, 575, 577, 592, 625, 635, 645, 646, y 669, del mismo año y del mismo Ministerio, por los cuales se nombran diversos funcionarios en el Servicio Exterior, que no reunían los requisitos exigidos por la ley para esta clase de designaciones.
Por decreto Nº 2.122, del año 1923, del Ministerio del Interior, se ordenó cursar y tomar razón de los decretos N° 967, 968, 997, 1.007, 1.018, 1.036, 1.037, 1.049, 1.100, 1.106, 1.107, 1.118, 1.120, 1.152, 1.154, 1.156, 1.159 Y 1.695, de igual año y del mismo Ministerio, relativos al nombramiento de numerosos funcionarios del Servicio de Gobierno Interior, que fueron reparados por la Contraloría porque se violaba el escalafón y se trataba de postulantes que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley. La enumeración de las personas designadas es tan larga que no es posible presentarla en este capítulo; pero la Comisión de la Honorable Cámara podrá revisarla y observar las flagrantes violaciones legales cometidas por el Presidente de la República.
Por decreto N° 1.153, del año 1953, del Ministerio del Interior, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón del decreto NU 1.455, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se traspasaron fondos a la Dirección General del Aprovisionamiento, a fin de que procediera a adquirir 25 automóviles para los Intendentes y Gobernadores, 30 station-wagons y 15 automóviles para la Dirección General de Investigaciones. La sola enunciación de este decreto de insistencia basta para apreciar la flagrante transgresión a la ley que él significa.
Por decreto número 2.835, del año 1953, del Ministerio del Interior, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón de los decretos números 957, 1.117, 1.151, 1.155, 1.230, 1.718, 1.820, 1.972, 2.030, 2.031, 2.110, 2.111, 2.124, 2.167, 2.171, 2.196, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.223, 2.224, 2.225, 2.261, 2.262, 2.305, 2.306, 2.311, 2.358, 2.379, 2.409 y 2.835 del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se designaba a numerosísimos funcionarios en la Dirección General de Investigaciones, violando el escalafón de dicho Servicio, sin cumplir en las designaciones y promociones con los requisitos que nuestra legislación establece y, aun, nombrando nuevos empleados en cargos que no estaban vacantes.
Por decreto N° 3.421, del año 1953, del Ministerio de Interior, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón de los decretos N° 1.153, 2.135, 2.195, 2.197, 2.328, 2.332, 2.387, 2.460, 2.474, 2.537, 2.550, 2.560, 2.580, 2.582, 2.583, 2.584, 2.585, 2.586, 2.602, 2.613, 2.682, 2.877, 2.700 y 3.178, del mismo año y del mismo Ministerio relativos a la entrega de fondos al Director General de Investigaciones, para gastos reservados y sin obligación de rendir cuentas, y se decretan nombramientos y ascensos de numerosos empleados de la Dirección de Investigaciones, con violación del escalafón del Servicio, y sin tener los requisitos que la legislación vigente establece. Tales decretos transgreden la ley de Presupuesto, el Estatuto Administrativo y la ley N° 8.282.
Por decreto N° 308, del año 1953, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ordenó a la Contraloría de dar curso y tomar razón del decreto N° 265, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se nombra a don René Concha en el cargo de Cónsul General de 2” clase, sin que el nombrado poseyera ninguno de los requisitos que exige la legislación vigente en cuanto a estas designaciones en el Servicio Exterior. Como ya dijéramos en una parte anterior de esta acusación, el señor René Concha es pariente del Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo.
Por decreto número 1.569 del año 1953, del Ministerio de Tierras y Colonización, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón de los decretos números 1.929, 1.293, 1.294, 1.295,1.296, 1.297, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.312, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, y 1.318, del mismo año y del mismo Ministerio, por los cuales se nombró a una numerosa cantidad de empleados en la Caja de Colonización Agrícola que, además, de que eran extraños al Servicio, no cumplían con los requisitos exigidos por la legislación vigente.
Por decreto N° 577, del año 1953, del Ministerio de Obras Públicas, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto N° 301, por el cual se contrataron los servicios como Ingeniero, de una persona que no tenía el título de tal, en flagrante violación a la ley N° 8.282.
Por decreto N° 953, del año 1953, del Ministerio de Salud, se ordenó a la Contraloria cursar y tomar razón de los decretos N°s. 541 y 619, por los cuales se contrataron como médicos del Servicio de Salud a diversos médicos extranjeros que no tienen el titulo de tales o no han obtenido su revalidación en Chile, violando con ello la ley N° 10.223. A este respecto cabe dejar constancia de que la Contraloría objetó el decreto haciendo presente que no pueden ejercer la profesión de médico en Chile, las personas que no tienen el título o no lo han revalidado, de acuerdo con las normas legales que rigen esta materia. Sin embargo, aún permanecen en el Servicio Nacional de Salud, no obstante haberse violado además, el Estatuto Administrativo, en lo que se refiere a la designación de extranjeros.
Por decreto número 1.945, del año 1953, del Ministerio de Tierras y Colonización, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón de los decretos números 1.586, 1.587, 1.622, 1.625, 1.626, 1.633, 1.636, 1.637, 1.649, 1.650, 1.651, 1.652, 1.658, 1.660, 1.661, 1.677, 1.678, 1.679, 1.680, 1.681, 1.718, 1.582, 1.583, 1.584, 1.593, 1.596, 1.578, 1.621,1 .624, 1.627, 1.653, y 1.719, del mismo año y del mismo Ministerio, mediante los cuales se nombraron numerosos funcionarios en la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales y en la Dirección de Bosques, con violación del D. F. L. N° 256, dictado poco antes y que contiene normas en virtud de las cuales deben hacerse los nombramientos y ascensos en dichos servicios.
Por decreto N° 1.115, del año 1955, del Ministerio de Salud Pública se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón del decreto N° 668, del mismo año y del mismo Ministerio por el cual se designa Capellán del Hospital San Borja a un sacerdote extranjero pretendiendo que el cargo era técnico. Se viola nuevamente el Estatuto Administrativo y las disposiciones legales que rigen esa clase de designaciones.
Por decreto N° 1.946, del año 1953, del Ministerio del Tierras y Colonización, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón de los decretos N° 1.331, 1.524, 1.594 y 1.291, relativos a la designación de numerosos nuevos funcionarios en la Caja de Colonización Agrícola, ajenos al Servicio y designados con violación a la ley N° 8.282.
Por decreto N° 4.893, del año 1953, del Ministerio de Justicia, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto N° 3.870, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se nombra a numeroso personal en la Dirección General de Prisiones, ajena al Servicio y que no reunía los requisitos exigidos por la ley, y en violación del D. F. L. N° 256, recién dictado.
Por decreto N° 207, del año 1955, del Ministerio del Interior, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto N° 4.161, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se faculta a los Gobernadores para pronunciarse sobre inhabilidades de los candidatos a directores de sindicatos. Este decreto de insistencia se dictó ante las observaciones de la Contraloría que indicaban que no podía cursar el decreto referido en razón de que se otorgaba facultades a los Gobernadores que son privativas de los Juzgados del Trabajo, violando de ese modo, la Constitución Política y el Código del Trabajo.
Por decreto N° 5.836, del año 1953, del Ministerio del Interior, se ordenó a la Contraloría, dar curso y tomar razón de los decretos N° 2.388, 2.581, 2.683,2.934, 4.128, 4.129, 4.130,4.132, y 4.680, del mismo año y del mismo Ministerio, por los cuales se nombra a numerosas personas en diversas Intendencias y en el Servicio Nacional de Bienestar y Auxilio Social, sin que los interesados cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Por decreto N° 1.090, del año 1955, del Ministerio de Salud Pública, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto N° 913, del mismo año y del mismo Ministerio que designa como médicos del Servicio Nacional de Salud a extranjeros que carecen de título otorgado o revalidado en el país. Esta misma situación se volvió a producir en el presente año cuando se dictó el decreto N° 295, que ordenó cursar y tomar razón de los decretos N° 88 y 179.
Por decreto N° 1.402, del año 1954, del Ministerio de Salud Pública, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto W 1.274, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se exime de pago de todo derecho, tasa, impuesto, contribución u otro rubro de pago que se perciba por las Aduanas a la leche en conserva o evaporada que se importe por el Servicio Nacional de Salud; violando de este modo la Constitución Política.
Por decreto N° 2.522, del año 1955, del Ministerio de Hacienda, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón del decreto N° 2.149, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se libera de todo derecho de importación y de todo impuesto aduanero que afecta al petróleo crudo que se importe por la Empresa Nacional de Petróleo, infringiéndose, una vez más, la Constitución Política.
Presumimos que, en virtud de los dos decretos que anteceden, se ha querido salvar situaciones de emergencia presentadas en los Hospitales o en la Empresa Nacional de Petróleo, pero nos inclinaremos a creer que estos problemas debieron haber sido superados por el Jefe del Estado, sin rebasar los límites constitucionales, acudiendo al recurso de dictación de una ley para remediar los males o necesidades que se advertían, sin incurrir en otra abierta infracción a nuestra Carta Fundamental.
Por decreto N° 402, del año 1955, del Ministerio de Economía, se ordena a la Contraloría dar curso y tomar razón de un decreto por el cual se fija el tipo de cambio de 110 pesos para la carne de cerdo congelada y de ganado vacuno, que se importe por INACO.
Por decreto N° 4.265, del año 1954, del Ministerio de Interior, se ordena a la Contraloría dar curso y tomar razón de un decreto que modifica el escalafón de Mayores de Carabineros, con lo cual se realizaron promociones al margen de la legislación vigente.
Las colectividades políticas de nuestra democracia, representadas en esta Honorable Cámara, deberán meditar serenamente su decisión frente a este recurso constitucional que hoy ejercitamos. Si la decisión de ellas es favorable al Presidente de la República Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo, habrán hecho lícitas todas las transgresiones a la Constitución y a la ley, de que hemos dado cuenta, y autorizarán, en consecuencia, las violaciones que en el futuro sobrevengan.
En fin, Honorable Cámara, hemos llegado a un punto ingrato y que no hubiéramos deseado abordar, en resguardo -como ya dijimos- de la dignidad presidencial. Si lo hemos hecho es porque el propio Jefe del Estado nos ha compelido con su indiferencia para considerar nuestros argumentos y observaciones opositores; porque no ha respetado la dignidad del Congreso Nacional ni de los parlamentarios; porque no ha respetado a los organismos llamados a controlar la legalidad de los actos administrativos; porque con su palabra se ha encendido en todas partes la división entre los grupos políticos; porque la injuria. La calumnia y la mentira parecen ser los signos de batalla de quienes lo rodean; porque, por último, en el Excmo. señor Ibáñez nadie que ame la libertad, en sus expresiones más sustantivas, encuentra la debida comprensión y estímulo para sus inquietudes.
Al poner término a nuestra acusación, solicitamos a la Honorable Cámara que nos comprenda en nuestro propósito, en la certidumbre de que no nos impulsa ninguna intención o ánimo reñido con el ejercicio más austero de los recursos que dispensa una democracia bien entendida; no albergamos sentimientos de venganza hacia quien no ha tenido limitaciones en el empleo de la calumnia y del denuesto; no buscamos por este medio conquistar la simpatía de la opinión pública, que la sabemos fatigada de tanto presenciar y soportar desaciertos e inconsecuencias. Nos anima sólo el sano propósito de rectificar demasías de poder que, en tan extensa medida, dañan nuestra convivencia y que desprestigian a nuestra nacionalidad.
En consecuencia, a la Honorable Cámara pedimos, en mérito de estos antecedentes, declarar que ha lugar a la presente acusación y, por consiguiente, elevarla a la consideración del Honorable Senado para que le dé el trámite constitucional correspondiente.
(...) En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Contralor ha enviado a esta Honorable Cámara los antecedentes de diversos Decretos de Insistencia dictados por el actual Presidente de la República, a quien ahora acusamos. Estos decretos, que llevan la firma de todos los Ministros de Estado han sido un recurso continuamente empleado durante el régimen del señor Ibáñez del Campo y, al efecto, podemos citar que, desde noviembre de 1952, fecha en que tomó posesión de su cargo, el señor Ibáñez, hasta el mes de junio del presente año, se dictaron 290 decretos que fueron representados como ilegales por nuestro organismo contralor y de los cuales, se ordenó tomar razón mediante 65 decretos de insistencia.
(...) Mediante esta increíble cantidad de decretos de insistencia desconocida en nuestros hábitos democráticos y constitucionales, el Gobierno del señor Ibáñez, ha perpetrado toda clase de abusos y arbitrariedades; ha desquiciado la Administración Pública; ha hecho nombramientos en altos cargos de personas ajenas al respectivo servicio y que no llenaban ningún requisito, violando todo escalafón, ha postergado a quienes tenían derecho de ascender; ha designado en cargos que requieren títulos profesionales a postulantes que no lo tenían; ha autorizado adquisiciones dispendiosas, dada la situación financiera del país, y ha eximido del pago de impuesto a determinados artículos y entidades.
Todas las infracciones de ley que anotaremos, son especialmente graves por la forma habitual en que se les ha practicado, por el grave daño moral causado a la Administración Pública y por el no menos grave perjuicio material producido a numerosísimos funcionarios de carrera.
Empezamos, pues, nuestra larga enumeración de infracciones de ley. Por decreto W 738, del año 1952, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ordenó a la Contraloría General cursar y tomar razón de los decretos números 542, 543, 544, 562, 563, 571, 575, 577, 592, 625, 635, 645, 646, y 669, del mismo año y del mismo Ministerio, por los cuales se nombran diversos funcionarios en el Servicio Exterior, que no reunían los requisitos exigidos por la ley para esta clase de designaciones.
Por decreto Nº 2.122, del año 1923, del Ministerio del Interior, se ordenó cursar y tomar razón de los decretos N° 967, 968, 997, 1.007, 1.018, 1.036, 1.037, 1.049, 1.100, 1.106, 1.107, 1.118, 1.120, 1.152, 1.154, 1.156, 1.159 Y 1.695, de igual año y del mismo Ministerio, relativos al nombramiento de numerosos funcionarios del Servicio de Gobierno Interior, que fueron reparados por la Contraloría porque se violaba el escalafón y se trataba de postulantes que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley. La enumeración de las personas designadas es tan larga que no es posible presentarla en este capítulo; pero la Comisión de la Honorable Cámara podrá revisarla y observar las flagrantes violaciones legales cometidas por el Presidente de la República.
Por decreto N° 1.153, del año 1953, del Ministerio del Interior, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón del decreto NU 1.455, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se traspasaron fondos a la Dirección General del Aprovisionamiento, a fin de que procediera a adquirir 25 automóviles para los Intendentes y Gobernadores, 30 station-wagons y 15 automóviles para la Dirección General de Investigaciones. La sola enunciación de este decreto de insistencia basta para apreciar la flagrante transgresión a la ley que él significa.
Por decreto número 2.835, del año 1953, del Ministerio del Interior, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón de los decretos números 957, 1.117, 1.151, 1.155, 1.230, 1.718, 1.820, 1.972, 2.030, 2.031, 2.110, 2.111, 2.124, 2.167, 2.171, 2.196, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.223, 2.224, 2.225, 2.261, 2.262, 2.305, 2.306, 2.311, 2.358, 2.379, 2.409 y 2.835 del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se designaba a numerosísimos funcionarios en la Dirección General de Investigaciones, violando el escalafón de dicho Servicio, sin cumplir en las designaciones y promociones con los requisitos que nuestra legislación establece y, aun, nombrando nuevos empleados en cargos que no estaban vacantes.
Por decreto N° 3.421, del año 1953, del Ministerio de Interior, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón de los decretos N° 1.153, 2.135, 2.195, 2.197, 2.328, 2.332, 2.387, 2.460, 2.474, 2.537, 2.550, 2.560, 2.580, 2.582, 2.583, 2.584, 2.585, 2.586, 2.602, 2.613, 2.682, 2.877, 2.700 y 3.178, del mismo año y del mismo Ministerio relativos a la entrega de fondos al Director General de Investigaciones, para gastos reservados y sin obligación de rendir cuentas, y se decretan nombramientos y ascensos de numerosos empleados de la Dirección de Investigaciones, con violación del escalafón del Servicio, y sin tener los requisitos que la legislación vigente establece. Tales decretos transgreden la ley de Presupuesto, el Estatuto Administrativo y la ley N° 8.282.
Por decreto N° 308, del año 1953, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ordenó a la Contraloría de dar curso y tomar razón del decreto N° 265, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se nombra a don René Concha en el cargo de Cónsul General de 2” clase, sin que el nombrado poseyera ninguno de los requisitos que exige la legislación vigente en cuanto a estas designaciones en el Servicio Exterior. Como ya dijéramos en una parte anterior de esta acusación, el señor René Concha es pariente del Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo.
Por decreto número 1.569 del año 1953, del Ministerio de Tierras y Colonización, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón de los decretos números 1.929, 1.293, 1.294, 1.295,1.296, 1.297, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.312, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, y 1.318, del mismo año y del mismo Ministerio, por los cuales se nombró a una numerosa cantidad de empleados en la Caja de Colonización Agrícola que, además, de que eran extraños al Servicio, no cumplían con los requisitos exigidos por la legislación vigente.
Por decreto N° 577, del año 1953, del Ministerio de Obras Públicas, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto N° 301, por el cual se contrataron los servicios como Ingeniero, de una persona que no tenía el título de tal, en flagrante violación a la ley N° 8.282.
Por decreto N° 953, del año 1953, del Ministerio de Salud, se ordenó a la Contraloria cursar y tomar razón de los decretos N°s. 541 y 619, por los cuales se contrataron como médicos del Servicio de Salud a diversos médicos extranjeros que no tienen el titulo de tales o no han obtenido su revalidación en Chile, violando con ello la ley N° 10.223. A este respecto cabe dejar constancia de que la Contraloría objetó el decreto haciendo presente que no pueden ejercer la profesión de médico en Chile, las personas que no tienen el título o no lo han revalidado, de acuerdo con las normas legales que rigen esta materia. Sin embargo, aún permanecen en el Servicio Nacional de Salud, no obstante haberse violado además, el Estatuto Administrativo, en lo que se refiere a la designación de extranjeros.
Por decreto número 1.945, del año 1953, del Ministerio de Tierras y Colonización, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón de los decretos números 1.586, 1.587, 1.622, 1.625, 1.626, 1.633, 1.636, 1.637, 1.649, 1.650, 1.651, 1.652, 1.658, 1.660, 1.661, 1.677, 1.678, 1.679, 1.680, 1.681, 1.718, 1.582, 1.583, 1.584, 1.593, 1.596, 1.578, 1.621,1 .624, 1.627, 1.653, y 1.719, del mismo año y del mismo Ministerio, mediante los cuales se nombraron numerosos funcionarios en la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales y en la Dirección de Bosques, con violación del D. F. L. N° 256, dictado poco antes y que contiene normas en virtud de las cuales deben hacerse los nombramientos y ascensos en dichos servicios.
Por decreto N° 1.115, del año 1955, del Ministerio de Salud Pública se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón del decreto N° 668, del mismo año y del mismo Ministerio por el cual se designa Capellán del Hospital San Borja a un sacerdote extranjero pretendiendo que el cargo era técnico. Se viola nuevamente el Estatuto Administrativo y las disposiciones legales que rigen esa clase de designaciones.
Por decreto N° 1.946, del año 1953, del Ministerio del Tierras y Colonización, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón de los decretos N° 1.331, 1.524, 1.594 y 1.291, relativos a la designación de numerosos nuevos funcionarios en la Caja de Colonización Agrícola, ajenos al Servicio y designados con violación a la ley N° 8.282.
Por decreto N° 4.893, del año 1953, del Ministerio de Justicia, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto N° 3.870, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se nombra a numeroso personal en la Dirección General de Prisiones, ajena al Servicio y que no reunía los requisitos exigidos por la ley, y en violación del D. F. L. N° 256, recién dictado.
Por decreto N° 207, del año 1955, del Ministerio del Interior, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto N° 4.161, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se faculta a los Gobernadores para pronunciarse sobre inhabilidades de los candidatos a directores de sindicatos. Este decreto de insistencia se dictó ante las observaciones de la Contraloría que indicaban que no podía cursar el decreto referido en razón de que se otorgaba facultades a los Gobernadores que son privativas de los Juzgados del Trabajo, violando de ese modo, la Constitución Política y el Código del Trabajo.
Por decreto N° 5.836, del año 1953, del Ministerio del Interior, se ordenó a la Contraloría, dar curso y tomar razón de los decretos N° 2.388, 2.581, 2.683,2.934, 4.128, 4.129, 4.130,4.132, y 4.680, del mismo año y del mismo Ministerio, por los cuales se nombra a numerosas personas en diversas Intendencias y en el Servicio Nacional de Bienestar y Auxilio Social, sin que los interesados cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Por decreto N° 1.090, del año 1955, del Ministerio de Salud Pública, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto N° 913, del mismo año y del mismo Ministerio que designa como médicos del Servicio Nacional de Salud a extranjeros que carecen de título otorgado o revalidado en el país. Esta misma situación se volvió a producir en el presente año cuando se dictó el decreto N° 295, que ordenó cursar y tomar razón de los decretos N° 88 y 179.
Por decreto N° 1.402, del año 1954, del Ministerio de Salud Pública, se ordenó a la Contraloría dar curso y tomar razón del decreto W 1.274, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se exime de pago de todo derecho, tasa, impuesto, contribución u otro rubro de pago que se perciba por las Aduanas a la leche en conserva o evaporada que se importe por el Servicio Nacional de Salud; violando de este modo la Constitución Política.
Por decreto N° 2.522, del año 1955, del Ministerio de Hacienda, se ordenó a la Contraloría cursar y tomar razón del decreto N° 2.149, del mismo año y del mismo Ministerio, por el cual se libera de todo derecho de importación y de todo impuesto aduanero que afecta al petróleo crudo que se importe por la Empresa Nacional de Petróleo, infringiéndose, una vez más, la Constitución Política.
Presumimos que, en virtud de los dos decretos que anteceden, se ha querido salvar situaciones de emergencia presentadas en los Hospitales o en la Empresa Nacional de Petróleo, pero nos inclinaremos a creer que estos problemas debieron haber sido superados por el Jefe del Estado, sin rebasar los límites constitucionales, acudiendo al recurso de dictación de una ley para remediar los males o necesidades que se advertían, sin incurrir en otra abierta infracción a nuestra Carta Fundamental.
Por decreto N° 402, del año 1955, del Ministerio de Economía, se ordena a la Contraloría dar curso y tomar razón de un decreto por el cual se fija el tipo de cambio de 110 pesos para la carne de cerdo congelada y de ganado vacuno, que se importe por INACO.
Por decreto N° 4.265, del año 1954, del Ministerio de Interior, se ordena a la Contraloría dar curso y tomar razón de un decreto que modifica el escalafón de Mayores de Carabineros, con lo cual se realizaron promociones al margen de la legislación vigente.
Las colectividades políticas de nuestra democracia, representadas en esta Honorable Cámara, deberán meditar serenamente su decisión frente a este recurso constitucional que hoy ejercitamos. Si la decisión de ellas es favorable al Presidente de la República Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo, habrán hecho lícitas todas las transgresiones a la Constitución y a la ley, de que hemos dado cuenta, y autorizarán, en consecuencia, las violaciones que en el futuro sobrevengan.
En fin, Honorable Cámara, hemos llegado a un punto ingrato y que no hubiéramos deseado abordar, en resguardo -como ya dijimos- de la dignidad presidencial. Si lo hemos hecho es porque el propio Jefe del Estado nos ha compelido con su indiferencia para considerar nuestros argumentos y observaciones opositores; porque no ha respetado la dignidad del Congreso Nacional ni de los parlamentarios; porque no ha respetado a los organismos llamados a controlar la legalidad de los actos administrativos; porque con su palabra se ha encendido en todas partes la división entre los grupos políticos; porque la injuria. La calumnia y la mentira parecen ser los signos de batalla de quienes lo rodean; porque, por último, en el Excmo. señor Ibáñez nadie que ame la libertad, en sus expresiones más sustantivas, encuentra la debida comprensión y estímulo para sus inquietudes.
Al poner término a nuestra acusación, solicitamos a la Honorable Cámara que nos comprenda en nuestro propósito, en la certidumbre de que no nos impulsa ninguna intención o ánimo reñido con el ejercicio más austero de los recursos que dispensa una democracia bien entendida; no albergamos sentimientos de venganza hacia quien no ha tenido limitaciones en el empleo de la calumnia y del denuesto; no buscamos por este medio conquistar la simpatía de la opinión pública, que la sabemos fatigada de tanto presenciar y soportar desaciertos e inconsecuencias. Nos anima sólo el sano propósito de rectificar demasías de poder que, en tan extensa medida, dañan nuestra convivencia y que desprestigian a nuestra nacionalidad.
En consecuencia, a la Honorable Cámara pedimos, en mérito de estos antecedentes, declarar que ha lugar a la presente acusación y, por consiguiente, elevarla a la consideración del Honorable Senado para que le dé el trámite constitucional correspondiente.
(Fdos.): Juan Luis Maurás Novella” Hemán Brucher Encina. Manuel Magalhaes Meddling.- Juan Martínez Camps.- Manuel Rioseco Vásquez.- Hermes Ahumada Pacheco.- Juan Checura Jeria.- Rolando Rivas Femández.- Carlos Muñoz Horz.- Nabor Cofré Palma.
Designación de la Comisión
Se produjo la designación por sorteo en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 176 del Reglamento de los cinco diputados para constituir la Comisión que debía informar esta acusación: señores Abelardo Pizarro, Roberto Flores, Jacobo Schaulsohn, Pedro González y Armando Mallet. Sus miembros designaron el día 28 de Noviembre de 1956 a Jacobo Schaulsohn N., presidente de ella.
REPLICA DE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO A LA ACUSACION[6].
(Extractos)
Santiago, 4 de diciembre de 1956.
Acuso recibo del oficio N° 1871, de fecha 17 de noviembre ppdo., de V. E., por medio del cual se me comunica que diez miembros de esa H. Cámara han presentado, en uso del derecho consagrado por el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, la acusación cuyo texto me ha sido entregado junto con el referido oficio.
El libelo acusatorio, tan extenso como falto de la más elemental seriedad y sindéresis, desciende a un terreno al cual el Presidente de la República, por respeto a la dignidad de la Primera Magistratura de la Nación y al de esa rama del Parlamento, no puede dejarse arrastrar. Por esta razón, me dirijo a V. E. en esta ocasión, formulando observaciones generales en torno de la acusación; y al hacerlo, dejo expresa constancia que lo hago, única y exclusivamente, porque, respetuoso como soy de las instituciones democráticas, no deseo que el silencio que yo debería guardar frente a una acusación que la opinión pública ya tiene juzgada, se interpretara como un menosprecio y desdén merecidos por aquéllos que,( ... ) han inspirado y presentado este libelo, que no es sino la expresión concreta de enconadas( ... ) pasiones políticas y personales.
( ... ) De este modo, de acuerdo con lo expuesto, la acusación contra el Presidente de la República tiene actualmente las mismas limitaciones establecidas por la Carta de 1833, en cuanto a los motivos que pueden dar lugar a ella. O sea, para que una acusación de este tipo pueda ser admisible, es menester que se funde en actos ejecutados por el Presidente de la República, en ejercicio de su cargo, que comprometan gravemente el honor y la seguridad del Estado, es decir, en forma que tales actos importen una enormidad, un exceso de mucha entidad. Y la infracción a la Constitución o las leyes deber ser cometida abiertamente, esto es, la infracción debe ser tan grave y sin reserva alguna y que no admita excusa por ningún motivo.
( ... ) Pero también esas limitaciones obedecen al profundo conocimiento de los Constituyentes sobre la idiosincrasia nacional, tan propensa al apasionamiento y al desborde en el campo político. Quisieron precaver el peligro de que la irresponsabilidad y la pequeñez humana, exacerbadas por la pasión y el odio, pudieran atentar por cualquier motivo contra la dignidad de la Primera Magistratura de la Nación.
Para que esa H. Cámara declare inadmisible la acusación presentada, que constituye un manifiesto abuso del derecho consagrado por el artículo 39 de la Constitución, no necesito, en manera alguna, invocar las limitaciones a que he hecho referencia anteriormente, y si me fuere posible renunciar a ellos, lo haría de inmediato y sin vacilación alguna. Si las he recordado, ha sido solamente para poner más en evidencia el carácter de reprobable aventura política que en rigor corresponde asignar a la acusación suscrita por diez Diputados en obedecimiento a una orden expedida por un grupo minoritario, pero dirigente, del Partido Radical.
La acusación sostiene la más grave imputación que se puede hacer a un hombre nacido en esta tierra, caracterizada por el patriotismo general de sus hijos, merced a la cual surgió la República a la vida independiente y ha podido, venciendo dificultades de todo orden, organizarse y constituirse en un país respetable y respetado en el concierto internacional. En efecto, se me acusa de haber comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado. La natural y comprensible indignación que surge de mi alma frente a tan irritante e injusta imputación, me mueve a calificarla como fruto En uno y otro caso, los Diputados que la suscriben carecerían de las condiciones más elementales para pertenecer a la H. Cámara, y, consecuentemente, para ser legisladores y delegatarios de la Soberanía.
Mi vocación militar, nacida de un auténtico amor a la Patria y de un noble sentimiento de abnegación al servicio de ella, me llevó muy joven a las filas del Ejército, y me entregué por entero a una institución que, como las demás ramas de las Fuerzas Armadas, tienen por divisa fundamental la de asegurar la integridad nacional, tanto en la materia como en el patrimonio moral y espiritual de la República. ( ... )
Tal es lo que ocurre en las Fuerzas Armadas de Chile, ningún militar olvida ni deja de servir a la Patria, callada y sencillamente las más de las veces. ¿He sido yo, acaso, una excepción deplorable en el Ejército de Chile? No daré yo la respuesta. Ella la encontrará la H. Cámara en el examen de mi vida militar y civil.
Acontecimientos que no provoqué, y que fueron las consecuencia inevitable de la descomposición política en que se debatía el país, me llevaron a actuar en la vida pública, llegando a alcanzar, sin pretenderlo ni desearlo, la Primera Magistratura de la Nación. Me correspondió aplicar un nuevo régimen político, en un período de difícil transición, en que los hábitos proscritos pretendían imponerse de todas maneras sobre las nuevas instituciones. En buenas cuentas, había una revolución que no estaba terminada y que yo, en cumplimiento de la responsabilidad que el país me había entregado, debía concluir para lograr el asentamiento definitivo del régimen que la ciudadanía había aceptado en substitución del antiguo. Todos mis actos de Gobernante se ajustaron entonces, y como siempre, al noble sentimiento de amor a la Patria y es así que las realizaciones de aquella mi primera administración, como los actos discrecionales que me vi obligado a ejecutar, se inspiraron sólo en ese superior sentimiento y en el deseo concreto de levantar el nivel de la vida nacional en todos sus aspectos. Decantadas las pasiones por el transcurso del tiempo, las serenidad para juzgar mi primer Gobierno, volvió a la generalidad de los ciudadanos, incluso a muchos de aquellos que más ácidamente me habían juzgado y combatido.
( ... ) Los dirigentes y los numerosos caudillos de asambleas, confundiendo el interés personal y el de sus grupos, con el interés público, no entendían que en ello había el más violento antagonismo, en la generalidad de las veces. De esa confusión nació el más grave, el más intenso y el más intransigente de los nepotismos, si esta expresión, por necesidad del lenguaje y por extensión, podemos aplicarla a la acción de un partido político. En obediencia a un plan de crecimiento, en que la selección tuvo un papel secundario o sin importancia, la Administración del Estado se fue llenando de correligionarios y las asambleas radicales se vaciaron en todas las reparticiones. El aumento inconsiderado de las plantas de empleados de la burocracia fiscal y semi fiscal, tiene allí su origen y su explicación real. Pero eso no bastaba. Frente a la posibilidad de un desplazamiento que la autoridad correctora de la ciudadanía podía esperar, era indispensable, desde el punto de vista radical, asegurar por medios legales la estabilidad de este predominio en la Administración del Estado. Para precaver esa posibilidad, vinieron las leyes correspondientes, y con ellas la estabilidad requerida que asegura la permanencia del buen empleado como la del malo o del simplemente deficiente. Basta recordar esas leyes para comprometer el fenómeno de la tramitación que se observa en las reparticiones del Estado y que, repercutiendo directamente en la eficiencia del Gobierno, resienten la resolución de los asuntos de interés general. Además, colocando a numerosos funcionarios en la situación de autónomos y de intocables, con competencia propia, se ha barrenado gravemente la autoridad constitucional del Presidente de la República, manteniendo, no obstante, íntegra su responsabilidad. La llamada omnipotencia presidencial, no es, pues, sino una mera ilusión de quienes desconocen las realidades o un engaño que esgrimen los que propician un mayor y más disolvente cercenamiento de la autoridad del Gobierno.
(...) Por fin, H. Cámara, el más completo y definitivo veredicto sobre mi actuación en la vida nacional y sobre mi persona, lo dio el país en 1952, al exaltarme a la suprema jerarquía cívica que hoy invisto. Pero ese veredicto fue, al mismo tiempo, un repudio del pueblo a los Gobiernos radicales, sobre todo, al último que nada resolvió a favor de las necesidades de las clases asalariadas. Así, por un destino histórico, mi nombre y mi actuación pública sirvieron de una manera decisiva para llevar al radicalismo al Poder en 1938 y para arrojarlo de él después de 14 años, en que los intereses generales del país y los problemas nacionales, fueron resueltos la mayoría de las veces con un criterio estrecho, partidista, sectario ... que desataron en el país la más completa anarquía financiera y económica que registra nuestra historia. Contra ese gran fraude, reaccionó nuestro pueblo y puedo avanzar una profecía: ese tipo de radicalismo que está integrado como capacidad directiva y control de orientación por los mismos que hoy me acusan, jamás recuperará el Poder.
Las circunstancias políticas y sociales de esos momentos, y el reclamo que la nación hacía de un Gobierno fuerte, pudieron haber determinado en un espíritu que no tuviera las convicciones republicanas y democráticas que yo sustento, resoluciones no ajustadas al régimen constitucional. Sin embargo, contrariando propósitos que se iban generalizando, supe ceñir mi actuación de Gobernante dentro del marco estricto de la Constitución y las leyes, porque de ese modo creí servir mis convicciones y el interés superior de la Patria, más allá de los requerimientos del día, es decir, en su trascendencia para el futuro.
Confronte la H. Cámara el cargo de haber comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, que, como afloramiento de una venganza aplazada, hoy se me formula, con la conducta que tuve en Buenos Aires, La Paz y Panamá, con ocasión de las visitas que hube de realizar a esas capitales invistiendo directamente la más alta representación de la República. Tengo la conciencia de haber obrado en todas ellas resguardando, tanto en el conjunto como en el detalle, el honor, el prestigio y los superiores intereses del país, con sencillez y dignidad.
Estoy en situación de poder afirmar, afortunadamente, que toda mi vida de militar, de simple ciudadano y de gobernante, se ha orientado en todo momento y bajo todas las circunstancias, por este santo egoísmo que es el amor a la Patria. Nadie lo ha puesto en duda. Hoy toca a un pequeño grupo político, en un afán morboso e inútil de hacerse una plataforma electoral, por la vía desusada y peligrosa de la acusación constitucional, negarme ese atributo inseparable de mi persona, al pretender que se declare por la H. Cámara que he comprometido el honor y la seguridad del Estado.
Como he dicho, no rebajaré la dignidad de mi cargo, ni la respetabilidad de la H. Cámara, entrando al análisis de las imputaciones en que se pretende fundar tan insólita acusación, llamada, más que nada a socavar el prestigio exterior del país. Podrá hacer ese examen la H. Cámara, si a ello está obligada, aunque se trate, en algunos casos, de actos que se me suponen y que habrían sido ejecutados antes de mi ascensión a la Presidencia de la República o que habrían sido realizados no en el desempeño de mi cargo. Me limito a esperar como sanción inmediata para los detractores, la declaración de inadmisibilidad de la acusación, o su rechazo. Quedarán, con la resolución de la H. Cámara, expuestos a un adverso juicio público, y lejos de conseguir sus propósitos de notoriedad con fines de captación electoral, verán condenada su actitud. El espíritu de discernimiento de la Honorable Cámara será el primer obstáculo que no podrán superar; y después lo será el mismo espíritu, tan agudizado en la opinión pública chilena, para la cual será siempre inaceptable la osadía de pretender desfigurar mi fisonomía moral, acusándome por haber comprometido el honor y la seguridad del Estado.
También se me acusa por haber infringido abiertamente la Constitución y las Leyes. Y los fundamentos de tal capítulo de acusación, se concretan en haber dictado veinte Decretos de insistencia que se mencionan en el líbelo acusatorio. Citando la opinión de un Profesor de Derecho Constitucional, prematuramente elevado por los acusadores a la categoría de tratadista, la acusación expresa que el régimen de Decretos de insistencia está claramente establecido en la Constitución Política, artículo 72, N° 10, después de la reforma de la ley N° 7.727, y en la Ley Orgánica de la Contraloría. Se agrega textualmente: Para evitar abusos de épocas pasadas, aquella reforma suprimió los decretos de insistencia.
No repararon los acusadores, ni sus inspiradores, que el disparo lanzado en mi contra, hiere de rechazo al Partido Radical, porque ¿cuáles son esas épocas pasadas en que se cometieron abusos dictando decretos de insistencia? Pida la H. Cámara la nómina o detalle de los decretos de insistencia dictados en las administraciones de los Presidentes radicales y estoy cierto de que les será fácil determinar cuáles son esas “épocas pasadas” en que se cometieron tantos abusos en la materia, que fue necesario dictar normas especiales para evitarlos.
El decreto de insistencia no es una institución extraña a nuestro Derecho Público, pues, reconocida su existencia por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ha quedado incorporado al Derecho Positivo, sancionando una práctica que, de acuerdo con la Ciencia Política, es también una de las fuentes del Derecho Constitucional. Es temerario que diputados del Partido Radical, renegando de una práctica que fue usual y corriente cuando este Partido estuvo en el Poder, representen el decreto de insistencia como una infracción abierta a la Constitución y a las leyes, revistiéndose ahora de un sospechoso dogmatismo jurídico, sin pararse a considerar que todo eso es Derecho vivo, que las circunstancias y las realidades imponen y que sigue existiendo y produciendo efecto en el mundo del Derecho, a pesar de las nulidades de los teóricos y teorizantes.
Ninguno de los decretos de insistencia que se citan en apoyo de la acusación, ha sido dictado infringiendo el N° 10 del artículo 72 de la Constitución, que, contrariamente a lo que se sostiene, no se refiere a decretos de insistencia, sino que delega en el Presidente de la República, actuando con el acuerdo y la firma de todos los Ministros de Estado, la facultad de decretar pagos no autorizados por la Ley, en los casos y hasta la cuantía que el precepto señala. La contravención a esa disposición constitucional, por otra parte, no afecta al Presidente de la República, sino que a los Ministros por expresa prescripción de dicho N° 10 del artículo 72. El precepto del artículo citado es una verdadera institución de lo que los tratadistas de Derecho Público denominan leyes delegadas, institución que el Congreso Nacional ha puesto en práctica en numerosas ocasiones bajo la vigencia de la Constitución de 1925 (Leyes 4.113, 4.156, 4.659, 4.795, 4.945, 7.200, 7.747, etc.),
El decreto de insistencia se asemeja a las leyes delegadas, porque, como ellas, permite, en determinados casos, suplir vacíos legales o atender necesidades que no pueden satisfacerse de otro modo en términos breves. Los requerimientos de las realidades de la Administración del Estado suelen determinar esas resoluciones de los Gobiernos; y ellas son oportunamente comunicadas a las H. Cámara de Diputados por el Contralor General de la República, para que, si se estima, como dice el propio libelo acusatorio, que dan mérito suficiente, se entable la correspondiente acusación. Todos los decretos de insistencia señalados en la acusación fueron puestos en conocimiento de V. E. oportunamente; y, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha entablado acusación alguna con motiva de su dictación, lo que significa, de acuerdo con el razonamiento del libelo acusatorio, que no se encontró mérito para acusar a los Ministros que los suscribieron. Y no podía encontrarse mérito, porque todos los decretos extemporáneamente impugnados, se refieren a materias de reducida significación, y fueron dictados usando de un medio expresamente reconocido, como he dicho, por el Derecho Público chileno.
( ... ) En el Congreso Pleno el21 de mayo de 1955, cuidé, frente a imputaciones que se me hacían sobre propósitos atentatorios contra la estabilidad constitucional del país, de fijar claramente mis puntos de vista en relación con el sistema de Gobierno, declarándome, en obedecimiento a una convicción profunda, abiertamente partidario del sistema democrático representativo. ( ... )
Y, además, en ese mismo Mensaje, formulé la siguiente exhortación, que me veo precisado a reproducir: Nuestra vitalidad económica permite mirar con optimismo el porvenir de la Patria, a condición de que todos los sectores sepan sobreponer el interés colectivo al interés individual o de grupos, establecidos el imperio de la cooperación, con el mismo patriotismo que nos ha unido, frente a amenazas de la seguridad exterior de la República.
( ... ) El libelo, así como los constantes discursos y publicaciones que se pronuncian y se hacen desde ese bando, en contra de mi persona, tienden a ... .la lucha política. Estoy cierto de que el debate a que dará lugar la acusación acentuará las demasías, en desmedro de la dignidad del Parlamento y del propio Partido a que los acusadores pertenecen. Deberé solamente lamentar que éstos, por estar protegidos por el talismán de la inmunidad parlamentaria, hayan podido suscribir impunemente el libelo acusatorio, pero debo recordar lo que decía Mac-Iver: El arma vedada emponzoña la mano que la esgrime y se mella ante el escudo de quien lealmente combate por el bien público. Hay leyes de honor y de convivencia que vosotros conocéis en esta guerra de inteligencias y voluntades que constituye la vida militante de los Partidos. Esas enseñanzas del patriarca radical y esas leyes de honor y de convivencia por él invocadas, no son conocidas y mucho menos practicadas por estos radicales de hoy que detentan la Directiva Superior.
El avance de la cultura determinará algún día, el abandono de esa generalizada condición que ha caracterizado a nuestra raza y que todos reconocemos como un mal que hay conveniencia en extirpar: la malevolencia para juzgar los actos ajenos, especialmente si se trata de quienes desempeñan elevadas funciones públicas. Por cierto, el libelo acusatorio, empeñado en encontrar algún acto reprobable de mi actuación de Mandatario, se ha inspirado en ese deplorable atributo que hizo decir a don Justo Arteaga Alemparte: si las manchas del sol no hubieran sido conocidas, un chileno las habría, seguramente, descubierto.
Naturalmente, repitiendo algo que he dicho, la fría malevolencia usada en mi contra en este caso, no encontrará eco en el seno de la H. Cámara, porque su juzgamiento se ajustará, indudablemente, a la rectitud y a la seriedad que son propias de hombres de bien.
( ... ) H. Cámara: la acusación presentada por sobre el aspecto personal que ella reviste, puede calificarse con toda propiedad como ataque a la Primera Magistratura de la Nación, tendiente a rebajar el nivel de la función para hacer posible que en el futuro puedan tener acceso a ella, so pretexto de democracia, caudillos de asambleas y políticos subalternos de reducidas dimensiones intelectuales y morales.
Corresponderá a la H. Cámara poner atajo a todos estos excesos demagógicos convertidos en vesania. De ello estoy seguro. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Carlos Ibáñez del C.
Los espacios marcados con puntos suspensivos corresponden a expresiones antiparlamentarias, tarjadas de acuerdo con el Art. 12 del Reglamento.
Discusión de la acusación[7]
Sesión 27° miércoles 5 de diciembre de 1956.
El señor MAURAS (Don Juan Luis).- Honorable Cámara, los ciudadanos que, al trasponer por primera vez las puertas de esta Corporación, tienen el honor de entrar en este recinto, juran o prometen guardar la Constitución del Estado y desempeñar fiel y legalmente el cargo que les ha confiado la Nación.
¿Cuál es, pues, nuestra primerísima obligación? Guardar la Constitución con fidelidad. (...)
Por eso es que un grupo de Diputados, al acusar al Presidente de la República acusación que puede merecer como es lógico, comentarios favorables y desfavorables de la prensa-, no lo hace por llevar a cabo un mero acto de política contingente, sino porque cree estar cumpliendo un acto político trascendental y de perspectiva histórica. ( ... )
Por eso es que acusamos al Presidente de la República durante el ejercicio pleno de su mandato. Lo hicimos diez Diputados en representación del radicalismo chileno por acuerdo unánime y reiterado de su directiva nacional. No sólo fueron diez Diputados por no haber más los que la presentaron, como ha dicho cierta prensa palaciega, sino porque los demás parlamentarios debían participar en el sorteo de la acusación. ( ... )
Señor Presidente, planteamos la acusación constitucional en contra de Su Excelencia el Presidente de la República, a pesar de comprender que en Chile esto es una empresa arriesgada; porque aquí todos sabemos que el poder del Jefe del Estado es vasto y alcanza a todas las esferas de la actividad nacional. En el caso presente, se trata de un Presidente que cuenta con el apoyo de las grandes empresas que difunden noticias en el país. (...)
(...) Acusamos al Presidente de la República, quien administra el Estado y es el Jefe Supremo de la Nación, de haber infringido abiertamente la Constitución Política y las leyes y de haber comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado. (...) Estas infracciones las encontrarán Sus Señorías claramente establecidas en el estudio de numerosos decretos de insistencia que, en número de más de veinte, están contenidos en el libelo acusatorio.
¿Puede acusarse al Presidente de la República por la dictación de decretos de insistencia? Sí. ¿Hay alguien que estime improcedente la acusación por este capítulo? ¿Hay alguien que estime que sólo puede establecerse en contra del Presidente de la República y de los Ministros que los dictaron? Nadie. La acusación es factible, jurídicamente, por esta vía, porque de lo contrario, no se comprendería el objeto que tiene el que la Contraloría General de la República, una vez que toma razón del decreto insistido y del de insistencia, de acuerdo con el artículo 13 de la ley N° 10.336, orgánica de la Contraloría General de la República, los tenga que enviar en copia a la Cámara de Diputados y publicarlos en su Memoria anual. Es decir, la Contraloría General de la República le da el pase a la ilegalidad, pero advierte a la Cámara a fin de que, si lo estima conveniente, persiga las responsabilidades consecuenciales. (…)
Creemos que el actual Presidente de la República ha comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, por algunos hechos que se señalan en el libelo acusatorio, como en el caso de la infracción a los deberes militares, llamado el proceso de la Línea Recta; en el de las rotativas ministeriales que se desencadenaron, especialmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que indudable influencia han tenido en el problema de Alto Palena; en el desquiciamiento de las Fuerzas Armadas con motivo de la intervención foránea en Chile, lo que dio lugar al estudio de la penetración justicialista en nuestro país; y, por último, en la cuestión de límites en la zona fronteriza de California y Río Encuentro, llamada Alto Palena.
Saben Sus Señorías que el problema de la Línea Recta motivó una denuncia oficial formulada por los Oficiales de la Escuela Militar. A consecuencia de esta denuncia se incoó un proceso que se llamó de transgresión a los deberes militares. Se trataba, como es público y notorio, de un grupo de oficiales que se reunía con fines políticos y que tenía por objeto, según declaraciones hechas en este mismo proceso, clausurar el Congreso y permitir a S.E. el Presidente de la República desarrollar su programa político.
¿De dónde sacaron estas ideas los Oficiales de Ejército? ¿De dónde les provino esta inquietud? Nació Honorable Cámara, de la prédica permanente que S.E. el Presidente de la República desarrolló en esa época contra el Congreso, contra las Instituciones, contra la Contraloría General de la República y contra los políticos.
(...) Es público y notorio que el Comandante en Jefe del Ejército conoció esta circunstancia por hechos fortuitos, y pidió a Su Excelencia una audiencia para conversar con él sobre este problema ese mismo día. El Presidente de la República se la negó; lo recibió al día siguiente y lo calmó, diciéndole que en la reunión de Dublé Almeyda se había conversado sólo de la manera de mejorar el armamento del Ejército.
Y cuando se supo la verdad, y el Comandante en Jefe del Ejército requirió su consentimiento para castigar a los culpables de transgresión a los deberes militares, el Presidente de la República se lo negó. (...). Y, señores Diputados, los complotados de Dublé Almeyda fueron castigados por la Justicia Militar, no por las autoridades militares. Una clara demostración que el Presidente de la República ha querido paliar los efectos de las sanciones aplicadas por la Justicia Militar a los oficiales que no cumplieron con sus deberes, lo constituye el hecho de que a uno de los afectados, al mayor Ibáñez, expulsado de las filas del Ejército por esta razón, se le ha otorgado una concesión de tierras magallánicas.
Estas reuniones de la Línea Recta están ligadas a las actividades de algunos políticos, denunciadas al país en carta del ex-Embajador de Chile en Argentina, señor Conrado Ríos Gallardo, dirigida al entonces Ministro del Interior, señor Arturo Olavarría. De tal manera que son hechos de pública notoriedad, que constan en instrumentos públicos; en los debates de esta Honorable Corporación. Y nosotros creemos que cuando el Presidente de la República, que además, es General de la República, interviene en estos actos conspirativos, está atentando contra el honor de la nación. ( ... )
Otro capítulo del libelo acusatorio se refiere al nepotismo. Lo hemos señalado por cuanto, en nuestro concepto, ésta es una actitud que, por primera vez, hiere el sentido de prudencia con que se había gobernado al país. ( ... )
Señor Presidente, paso, ahora, a analizar un hecho conocido por la Corporación y que tuvo al país en suspenso por muchos días, por los graves acontecimientos que se fueron conociendo: es el caso de la intervención foránea en Chile, o sea, de la penetración justicialista. (...) no obstante la publicidad que tuvieron todos los antecedentes de infiltración, numerosos chilenos alimentaron un estrecho contacto con la dictadura argentina y se confabularon con ella en los afanes de producir el derrocamiento del régimen institucional chileno.
Se confirma esta aseveración con las pruebas que existen en el proceso incoado a raíz de un abortado complot revolucionario ocurrido en Chile el 31 de octubre de 1948. Consta en el sumario instruido por la Justicia Militar, que algunos de los gastos de los implicados fueron pagados con cheques girados por el actual Subsecretario del Ministerio del Interior, señor Carlos Ferrer Fariñol, a la orden de otro de los Secretarios particulares del ciudadano señor Carlos Ibáñez del Campo, el ex Presidente del Consejo Directivo del Diario La Nación, don Rogelio Cuéllar Valenzuela.
(...) Por su parte, el ciudadano Carlos Ibáñez del Campo efectuó varios viajes a la República Argentina y la prensa peronista en sus ediciones de noviembre de 1950 y marzo de 1951, reproduce las encendidas declaraciones que el actual Jefe del Estado formulara en elogio de la obra justicialista y en encomio de la obra de Perón.
El señor MORALES ADRIASOLA (Don Carlos).- Señor Presidente, deseo profundizar algunos conceptos (...) sobre el problema limítrofe del Valle de California y de Alto Palena. (...) Los miembros de la Comisión estuvieron contestes de los hechos denunciados y en la responsabilidad que cabía a determinados funcionarios. Así se responsabilizó a funcionarios civiles y militares. (Se dan los nombres)
(...) El señor MAURAS: -voy a dar lectura al Informe de la Comisión Mixta Especial de Senadores y Diputados que estudió la cuestión de límites entre Chile y Argentina en la región de California-Río Encuentro (...)
Dice el informe:
La Comisión Bicameral lamenta tener que referirse a la persona del Presidente de la República a quien, constitucionalmente le está confiada la seguridad exterior de la República y a quien le corresponde la dirección de las relaciones internacionales, así como concluir y firmar todos los Tratados con otros países antes que de ellos tome conocimiento el Congreso Nacional. En el proceso relativo a la cuestión limítrofe de California-Río Encuentro, el Gobierno aceptó un modus vivendi con la República Argentina, mediante el cual dispuso el retiro de las fuerzas de Carabineros que patrullaban la región y se admitió el avance de fuerzas armadas extranjeras al territorio nacional, sin ley que lo autorizara, territorio del que Chile estaba en posesión a virtud del Laudo Arbitral, desde 1903, posesión reconocida por la propia República Argentina al aceptar el status chileno sobre la zona, en 1952. (...) La forma elevada en que hemos planteado este debate ha hecho que Su Excelencia el Presidente de la República se haya equivocado cuando decía en su defensa que él iba a dar origen a demasías en su contra. Por eso, tal vez, ordenó redactar su declaración, que la Honorable Cámara ha escuchado, en términos desusados e impropios.
Pero, ¿es ésta una auténtica defensa del Jefe del Estado? ¿Qué contesta a sus concomitancias probadas con la Línea Recta? ¿Qué a la responsabilidad que le atribuye el Parlamento en la infiltración extranjera en el país? ¿Qué dice de su aprobación a la proposición conjunta de Chile y Argentina, que significa pérdida de una parte considerable del territorio nacional? ¡Nada! ¡Olímpicamente, nada! Sólo ataca al Partido Radical, cuya colaboración buscó afanosamente en los dos primeros años de su administración, pues incluso llegó a ofrecer formar Gobierno a un destacado hombre de mi partido, quien lo rechazó.
Por otra parte, no creo que el Presidente de la República sea absolutamente sincero cuando, en su respuesta, lanza toda clase de dicterios en contra de sus acusadores de hoy, porque, en el fondo, sabe que nosotros ejercitamos con prudencia una herramienta que compete a los legisladores. (...) Termino expresando, Honorable Cámara, que ojala esta acusación sirva para que en los dos años que restan del gobierno del Excelentísimo señor Ibáñez: Se restituya al patrimonio nacional el territorio perdido; Se mantenga a las Fuerzas Armadas alejadas de las contingencias políticas; Se restituya al pueblo trabajador su poder de consumo cercenado y, en consecuencia, sus posibilidades de una vida digna, y para que contribuya el Gobierno a un ambiente de pacificación nacional, de estilo nuevo, que permita el imperio de todas las libertades.
y porque así sea, los diez acusadores de esta tarde, invocando al Todopoderoso, expresamos con vehemencia republicana que ojala nunca más nadie tenga que traer como acusado a esta Honorable Cámara al ciudadano que debe ser, en el ejercicio de su cargo, Presidente de todos los chilenos.
El señor SEPÚLVEDA RONDANELLI (Don Julio). (...) En nuestro país, señor Presidente, se ha estimado siempre, por los sectores que representan los partidos históricos, que estos problemas de las Fuerzas Armadas, que son de suyo delicados, muchas veces no conviene esclarecerlos a través de la tribuna pública. (...) [pero] es obligatorio detenerse a analizar, aunque no sea con profundidad, los hechos que aquí se intitulan como “desquiciamiento de las Fuerzas Armadas”.
El Diputado Sepúlveda Rondenelli cita la obra de Próspero “Visión espectral de Chile”, cuyo autor era director de la Tercera de la Hora, ex coronel, oficial de Estado Mayor y profesor de la Academia de Guerra. Escribe Próspero “Un grupo de oficiales en servicio activo tanto del Ejército, Armada (especialmente de la Artillería de Costa) y Fuerza Aérea, tentado por mediocres oficiales en retiro, se reunían en diferentes lugares para ponerse de acuerdo y deliberar. Sé los nombres de unos y otros, pero no puedo indio visualizarlos públicamente, porque no existe forma de probarlo. No se levantaron ni confeccionaron documentos”.
Y agrega el Diputado citando el texto mencionado: “Este grupo se autodenominó PUMAS (sic). No hay duda alguna que existieron, que conspiraron y que cobraron. Pero, dejemos el nombre, para insistir en el significado y la trascendencia mortal que estas actitudes tienen para el país. Después de veinte años de ímprobos esfuerzos por mantener una línea de dignidad y de bien entendida democracia, las Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército, volvía a deliberar, a pasar desaprensivamente por encima del mandato constitucional. Ese es el hecho concreto y desolador: DELIBERACIÓN. Se negó y se volverá a negar, pero esa es la verdad”. (...)
Continúa el Diputado señor SEPÚLVEDA RONDANELLI: -(...) Con anterioridad a esta obra, el país tuvo también ocasión de conocer otra, la escrita por el Coronel Raúl Silva Maturana, intitulada Camino al abismo. Aquí, señor Presidente, hay datos sobre la denominada Línea Recta. Y aparecen también señalados por sus nombres dos actuales Ministros de Estado. Como hecho curioso dice que antes de la elección presidencial se creó una entidad formada por los adeptos incondicionales al señor Ibáñez, conocida con
el nombre de pumas y donde eran cabezas visibles el Coronel Parra, el Yáñez Zavala que llegara a ser Ministro de Estado; el Comandante Viela Vergara, don Benjamín, más tarde Subsecretario y, también por el mismo arte ya señalado, Ministro de Obras Públicas y más tarde de Defensa Nacional”. (...) El Coronel señor Silva Maturana, cuya carrera se tronchó prematuramente por el actual Gobierno, dice: Y así vamos viendo estupefactos, cómo miembros activos del Ejército y de las otras instituciones Armadas son sacados de su actividad profesional y llevados a puestos políticos o administrativos, donde casi sin excepción, sus desempeños y actuaciones son torpes, porque no conocen esos problemas y la preparación recibida no se compadece con tales actividades. Pero hay algo más grave: el predestinado se siente capaz, y, poco a poco va perdiendo esa sobriedad y prestancia, que siempre ha caracterizado al militar: busca prebendas y favores políticos, pues la ambición ha prendido en su alma y olvidado todas las virtudes que otrora fueran el pan de cada día en el viejo cuartel de lejana ciudad.
(...) El desgobierno y el desorden; la politiquería y la inmoralidad; el caos financiero y la burla sangrienta; la arbitrariedad y el nepotismo, todo se une y amalgama. Se proclama la libertad a toda voz y se recurre a medidas represivas; se habla de democracia y las prebendas se multiplican; se cantan loas a la honestidad y se prostituye a las Instituciones fundamentales. Se asegura que hay disciplina y jerarquía en las Fuerzas Armadas, mientras que personeros de reconocida incapacidad ocupan puestos públicos de vital importancia en el país y en el extranjero.
Es talla deformación psicológica que crea la inmiscuencia desmedida del personal militar mediocre en actividades políticas, que muchos de estos personajes lucen ya arrestos de gobernantes. Parra, Yáñez y aun Videla, actúan en función de futuros dirigentes: se han autosugestionado... La carrera militar parece no llegar hasta General, sino a Ministro, Embajador o Presidente. Es una deformación monstruosa, que amenaza no sólo arrasar con todas las viejas tradiciones y virtudes del ejército, sino con todo el edificio democrático del país.
Por último, para que no se atribuya a la pasión que los radicales ponemos en esta campaña de bien público, en la que queremos que quede firmemente impreso el sello de la verdad, quiero terminar, señor Presidente, leyendo también las palabras con que se prologa la obra. Lo que supo un Auditor de Guerra, escrita por el General y Abogado don Leonidas Bravo, en que se analiza, entre otros, el proceso del Seguro Obrero, el movimiento revolucionario del General Ariosto Herrera y el complot de “las patitas de chancho”; tres procesos en los cuales aparece clara la intervención del señor Ibáñez en estas actividades ilegales y extraconstitucionales.
(...) Dice el Presidente de la República, en su respuesta al libelo acusatorio: Tal es lo que ocurre en las Fuerzas Armadas de Chile: ningún militar olvida, ni deja de servir a la Patria, callada y sencillamente la más de las veces. Y se pregunta: I ¿He sido yo, acaso, una excepción deplorable en el Ejército de Chile? No daré yo la respuesta. Ella la encontrará la Honorable Cámara en el examen de mi vida militar y civil. (...)
El señor LEA PLAZA (Don Alfredo). Señor Presidente, tengo el honor de asumir la defensa de S.E. el Presidente de la República en la acusación entablada en su contra por diez señores Diputados, en conformidad con lo dispuesto en la letra a), número 1°, del artículo 39 de la Constitución Política[8].
Entre las causales de la acusación se cuentan la de haber cometido durante su administración actos que, a juicio de los acusadores, habrían “comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado” y la de haber “infringido abiertamente la Constitución y las leyes”. Entre los hechos que habrían comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, se ha hecho caudal-en especial al término del discurso del Honorable señor Maurás y en la intervención posterior del Honorable señor Morales Adriazola- de la actuación de nuestro Gobierno en el asunto del Valle de California, en Alto Palena.
El señor VON MÜHLENBROCK (Don Julio).·Señor Presidente, de las palabras que pronunció el Honorable señor Maurás, en la cita que hizo de mi discurso en el debate del caso de Alto Palena, a primera vista podría desprenderse que incurrí en una contradicción. (...) Mi voto en la Comisión Investigadora fue francamente disidente a la opinión de algunos de mis Honorables colegas, que estimaron que la responsabilidad de lo acaecido en el Valle de California podía alcanzar al Jefe Supremo de la Nación.
Tengo la convicción, señor Presidente, de que el Presidente Ibáñez es el más brillante defensor que han tenido las fronteras de nuestra patria, desde su actuación en el diferendo con la República del Perú, cuando resolvió el problema de nuestra frontera norte. Así lo prueba también su preocupación constante y permanente por los territorios australes, ya que fue él quien, en 1929, creo la provincia de Aisén, con lo cual se puso dique, por vez primera, al avance de la expansión argentina hacia las costas del Océano Pacífico.
Señor Presidente, es necesario analizar con calma el problema de Palena.
( ... ) La propia Comisión Investigadora en su informe, como recordarán mis Honorables colegas, se encarga de probar cómo S.E. el Presidente de la República -esto hay que reconocerlo- ha defendido nuestras fronteras y se ha preocupado de resolver los problemas que afectan a los territorios australes. Esto le consta al actual Congreso que ha sido el único que ha dictado leyes para resguardar los doscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados que estaban abandonados.
(...) Se puede suponer, también, leyendo esta acusación, que podría culparse a Su Excelencia el Presidente de la República de actuar con apresuramiento a favor de la República Argentina, por la amistad personal que unía al Jefe del Estado con el ex Presidente de esa nación, señor Perón. Mas este cargo se esfuma y no echa sobre él, ni siquiera, la más mínima sombra, si se considera que en el mes de septiembre del mismo año, el señor Perón fue barrido por la revolución democrática que se produjo en ese país. Y cuando se efectuó la Conferencia de Buenos Aires era Presidente de Argentina el sucesor del señor Perón, el General Leonardi.
(...) Repito que si hay responsables, no hay traidores a los intereses de Chile. Lo que existe es desidia, irresponsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores; y es de desear que, alguna vez, el Congreso Nacional se preocupe de la aprobación de un proyecto que permita reorganizar totalmente esa Secretaría de Estado, adecuándola a su alta responsabilidad.
(…) Yo amo la democracia; admiro la función fiscalizadora de esta Corporación y, por consiguiente, respeto el derecho de mis Honorables colegas a plantear una acusación en contra del Presidente de la República. En nuestro régimen democrático, es necesario respetar los derechos, por cuanto de ellos depende la suerte de nación y la estabilidad de sus instituciones.
Sin embargo, frente al problema de límites de la zona austral, tengo que declarar, como parlamentario del sur, que este acá pite de la acusación sólo destaca la personalidad del Excelentísimo señor Ibáñez, realza su mayor mérito y pone de relieve sus obras. Cuando transcurran los años, se disipen las pasiones políticas, los hechos adquieran sus verdaderas dimensiones y los hombres sean juzgados por sus actitudes positivas -no como acontece hoy que únicamente se miran las actitudes negativas-, la figura del Excelentísimo señor Ibáñez se alzará en la Historia de Chile como la del gran defensor de las fronteras de la patria, y su nombre se destacará como el del gobernante que incorporó las regiones australes al territorio nacional y supo mantener con honor la seguridad de la nación.
El señor LEA-PLAZA. Decía, señor Presidente, que asumía la defensa del Presidente de la República, Excelentísimo señor Carlos Ibáñez, frente a la acusación constitucional que se le ha entablado en la Honorable Cámara y que se funda en la letra a) del número 10 del artículo 39 de la Carta Fundamental.
Esto significa, en derecho, que se imputa al Jefe del Estado la comisión de actos de administración que han comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado e infringido abiertamente la Constitución y las leyes. (...) Señor Presidente, el primer capítulo de la acusación se refiere a la penetración foránea. Ese asunto fue materia de una amplia investigación de parte de la Honorable Cámara; tengo en mi poder un informe de más de doscientas páginas en el que se resumen los resultados que obtuvo, con una paciencia extraordinaria, una comisión de parlamentarios que, incluso, viajó hasta la República Argentina e indagó las actividades que se decía ejercía el Gobierno de esa nación en Chile. (...) Estimo, señor Presidente, que en este orden de materias S.E. el Presidente de la República no ha hecho otra cosa que seguir una línea ya definida de nuestro país; la tradicional amistad con la República Argentina, que hace muchos años y por razones de orden histórico y de toda índole nuestro país tiene como un objetivo, como una meta fundamental de su Cancillería. En consecuencia, frente al primer capítulo de la acusación, sólo cabe concluir que el Presidente de la República, Excelentísimo señor Ibáñez, en sus relaciones con el Gobierno de la República Argentina, no tuvo otra actitud que la tradicional de nuestro país, tradición que ojala se mantenga por siempre; y que supo comportarse como lo han hecho los gobernantes de Chile frente a los gobiernos extranjeros, con la dignidad que corresponde a su alto cargo. (…) no tiene nada que ver el honor particular de un gobernante con el del Estado. Y aun puede ocurrir que un Estado sin honor tenga un gobernante profundamente honorable, como también puede producirse la situación inversa.
Otro de los capítulos del libelo acusatorio se titula: “Rotativas ministeriales. Desorganización de la Administración Pública”. En concepto de los que firmaron la acusación, sería acto atentatorio contra el honor y la seguridad del Estado, la rotativa ministerial que ha existido durante el gobierno del Excelentísimo señor Ibáñez.
(...) Debo declarar con entera franqueza, que no estimo acertados los excesivos cambios ministeriales habidos durante esta Administración, cambios muy propios, por lo demás, de Gobiernos que se inician con miras y orientaciones totalmente distintas de las de los anteriores.
(...) Pasamos ahora al párrafo titulado “Viaje a Arica”. Tenía que salir, por cierto, el famoso “viaje a Arica” y el famoso “avión nylon” (...) ¿Creen algunos señores Diputados que el Presidente de la República estaba obligado a revisar el equipaje de cada una de las personas que viajaron en ese avión, de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y otros que acompañaron a Su Excelencia? ¿Cuál es el delito cometido por el Excmo. señor Ibáñez? ¿En qué forma ha comprometido el honor de la nación? ¿Por el hecho de viajar en compañía de algunas personas probablemente que hicieron lo que hacen cientos de miles de chilenos todos los días; que van a Arica a comprar algunas cosas que se venden allí, a precios mucho más bajos que en Santiago? (...)
Deseo referirme al cargo titulado “Derogación del Reglamento de Indultos”. Su Excelencia el Presidente de la República, en uno de los primeros actos de su Gobierno, derogó el Reglamento de Indultos. ¿Por qué lo hizo? Por muchas razones. En primer lugar, porque la facultad de otorgar indultos corresponde exclusivamente al Presidente de la República, y si un Presidente anterior lo había reglamentado, otro, el Excelentísimo señor Ibáñez podía, de una plumada, sin vulnerar un solo artículo de la Constitución Política del Estado, reivindicar esta atribución de ser él quien califique los indultos que se someten a su consideración. (...)
Enseguida, el libelo contiene el cargo titulado: “Desquiciamiento en las Fuerzas Armadas”.
En esta acusación, señor Presidente, se da por sentado que las Fuerzas Armadas de Chile están desquiciadas. Pero yo no creo que lo estén. Me parece que las Fuerzas Armadas de la República conservan, hoy como ayer, íntegra su capacidad para cumplir con las funciones que le encomiendan la Constitución y las leyes. Sin embargo, aquí se da por establecido lo contrario. (…)
El señor PIZARRO (Don Abelardo). -Señor Presidente, entro a este debate para dar a conocer la posición de los Diputados liberales frente a la acusación de que está conociendo la Honorable Cámara. Desde luego, y a fin de evitar que de mis palabras pudiera deducirse que nuestra posición es otra, declaro, de inmediato, que nos abstendremos de votar la acusación constitucional, salvo que antecedentes posteriores nos muevan a modificar nuestro criterio. Las razones que a continuación expondré justificarán esta actitud.
En primer término señor Presidente, consideramos que la acusación carece de base jurídica. Los hechos denunciados constituyen sólo materia para un debate político en el cual se señalen los errores de la actual administración. ( ... ) Indiscutiblemente, el Gobierno de la República es acreedor a una crítica severa por su condescendencia, por las facilidades que dio a quienes tenían interés en esta penetración, por la negligencia con que actuó y por la complacencia que a veces mostró para con algunos de estos elementos.
(...) Señor Presidente, indiscutiblemente que sobre estos puntos caben censuras y críticas al Gobierno. Desde luego, se observa falta de la austeridad prometida por el actual Presidente de la República, al solicitar los votos de la ciudadanía para alcanzar tan alto cargo. Es sensible que muchos actos no hayan estado revestidos de la respetabilidad con que debe actuar un gobernante, porque ellos afectan a la consideración que se le debe a quien desempeña el cargo de Presidente de la República.
A continuación, la acusación se refiere al desquiciamiento en las Fuerzas Armadas. Acerca de este punto, quiero manifestar que si bien es este otro antecedente que merece crítica y censura, el proceso existió y se aplicaron sanciones y es necesario referirse a esa situación, para dejar bien establecido que en ello no participaron las Fuerzas Armadas propiamente tales, sino algunos elementos aislados, porque no es posible que al hablar de indisciplina, de actos atentatorios contra la seguridad nacional o de incumplimiento de deberes militares, se involucre a las Fuerzas Armadas en esos hechos.
Pero, finalmente, ¿qué ha pasado? Que la República mantiene intactas sus instituciones. Y yo manifiesto mi desacuerdo con las palabras de los Honorables señores Maurás y Sepúlveda Rondanelli, que hablan de la conveniencia de que las Fuerzas Armadas recuperen su eficiencia y que termine el desquiciamiento, porque la realidad de las cosas es que los hechos denunciados demostraron justamente lo contrario, esto es, su correcto proceder al no aceptar la invitación que se les hizo. Con ello se mantuvo intacta la respetabilidad del Ejército, Marina y Aviación, que continúan gozando de la admiración y consideración de la ciudadanía entera.
Estimamos que no existe base jurídica para presentar la acusación.Creemos -y no sé si esté bien empleada la frase- que esta acusación significa un abuso de una atribución que se ha ejercido al formularla. Pero no votamos en contra, porque no queremos con ello que la opinión pública se equivoque: podría pensar que nuestros votos de rechazo significan la aprobación tácita de la gestión gubernativa de su Excelencia el Presidente de la República. ¡Yen verdad, estamos muy lejos de eso! ¡Mantenemos nuestra actitud de oposición, sostenida enérgicamente desde el primer día en que el Excelentísimo señor Ibáñez asumió la Primera Magistratura de la Nación! (...) No votaremos desfavorablemente la acusación constitucional, para evitar así que la opinión pública interprete tal actitud como una demostración de solidaridad con un Gobierno combatido y al cual nada nos liga.
El señor PALMA VICUÑA (Don Ignacio). -Señor Presidente, la acusación constitucional deducida en contra de Su Excelencia el Presidente de la República y presentada por diez señores parlamentarios, plantea, una vez más, un juicio político que los miembros de la Honorable Cámara deben emitir sobre el actual Gobierno de la República.
En realidad, los parlamentarios, que representamos a la opinión pública, sabemos perfectamente bien cuál es el pensamiento de ésta respecto del actual Gobierno, y sabemos perfectamente bien que lo sindica como uno de los períodos más tristes de los últimos años de la historia de Chile. (...)
(...) En realidad, por cada acto de la vida cotidiana, es por los problemas de cada minuto que el país está juzgando al actual Gobierno. Se tiene la convicción de que un profundo aflojamiento moral, que ha alcanzado límites insospechados, es la resultante de la gestión pública del Gobierno del señor Ibáñez. Todo este ambiente de falta de sobriedad, de falta de seriedad y las historias jocosas que sobre la parentela cuenta la opinión pública, no son, señor Presidente, sino la expresión de este ambiente de aflojamiento moral, que es una de las características más dolorosas del actual cuadro político del país. Este ambiente, de manera inevitable, ha conducido a una descomposición política estimulada directamente desde el Poder y desde la prensa ligada a él: campañas demagógicas en contra de las ideas, de las corrientes políticas y de los dirigentes de la opinión pública, cada uno a su turno, han estado, señor Presidente, a punto de destruir nuestro régimen institucional.
Con frecuencia, parece que Su Excelencia el Presidente de la República, añorando acontecimientos pasados que él mismo destaca en su respuesta a la acusación habría creído necesario ejecutar algunos actos discrecionales realizados en su gobierno anterior y a los que él hace referencia en su respuesta.
Este ambiente de destrucción espiritual y desorganización del Estado que, realmente, pocas veces el país había tenido oportunidad de conocer, se retrata en todos los aspectos de la vida ciudadana. Tal es el caso de nuestra administración pública, destruida por la inestabilidad y por haberse llevado a menudo al poder o a los cargos públicos a gente que, calificada con la mejor de las palabras, podríamos llamar inexperta.
Cuando uno de los Honorables Diputados, defensores del presidente de la República, trataba de señalar en esta Sala la no culpabilidad de Su Excelencia en el caso de Palena, es evidente que, reducido este problema a los hechos concretos del caso mismo, el Primer Mandatario, puede aparecer como no culpable. Pero ¿en qué aspecto y en qué forma y en qué caso preciso el Presidente de la República resulta extraordinariamente culpable? Precisamente, porque ha mantenido en los cargos directivos ligados a este asunto de Palena, en las directivas de la Comisión que discutió este asunto en la República Argentina, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a personas que, además de no tener experiencia, ni ninguna tradición política en este orden de cosas, tenían una inestabilidad extraordinaria. Y precisamente porque el Presidente de la República no respaldó a nadie en estas gestiones, resulta, en definitiva, como el único culpable de las malas actuaciones de las numerosas personas que lo representaron.
En realidad, al emitir un juicio sobre la manera como se han llevado los procesos públicos en este país, parece que la llamada “revolución pacífica” de hace algunos años se ha transformado en una “revoltura” extraordinariamente costosa para el país.
(...) Pero si todo esto es cierto, es necesario preguntarse si, basados en estos hechos y a esta altura del período presidencial, conviene transformar los acontecimientos que estamos juzgando en los elementos necesarios para una acusación constitucional. ¿Creería alguien que, de ser aceptada la acusación constitucional en esta Honorable Cámara y, posteriormente, en el Senado, el país podría seguir viviendo dentro de una relativa normalidad? No, señor Presidente. Nosotros sabemos bien que cada uno de estos acontecimientos políticos trae trastornos incontables y a veces innecesarios que, sumados a la actual situación general en que vive el país, serían en verdad, como una especie de chispa que fácilmente podría encender la hoguera. Nadie podría aceptar, con facilidad, que, después de aprobada una acusación constitucional de esta naturaleza, habría una solución tranquila y pacífica para el problema político que la misma acusación crearía.
Por este motivo, señor Presidente, resulta extraordinariamente difícil para las personas de la orientación política del partido en que yo milito, no dejar de considerar, en el momento actual y frente al hecho de la actual acusación constitucional, los dos elementos que todo ciudadano del país debe tener en vista: por un lado, la realidad de los cargos que se hacen a Su Excelencia el Presidente de la República, y por otro, la perspectiva que habría por delante para una solución política, razonable en la eventualidad de que esta acusación fuese aprobada.
(...) Por esas consideraciones, aun cuando participamos de la opinión general que se tiene de este Gobierno, y aun cuando en estos años hemos sido los más tenaces opositores de su gestión pública y de su actitud espiritual, pensamos que, en los actuales momentos, aprobar una acusación constitucional es someter al país a riesgos innecesarios.( ... ) Señor Presidente por las razones expuestas, los Diputados de la Federación Socialcristiana nos abstendremos de votar esta acusación: no queremos amparar la gestión política de este Gobierno y, por lo tanto, no podemos rechazarla; pero, al mismo tiempo, no deseamos crear las condiciones políticas a las cuales ya me he referido, y por ello no la apoyaremos. Este es el motivo de nuestra abstención.
El señor CUETO (Don José). -Señor Presidente, el Frente de Acción Popular ha expresado ante la ciudadanía su oposición frente a la acusación constitucional que hoy discute la Honorable Cámara. Por otra parte, mi partido ha examinado detenidamente el libelo acusatorio, y ha apoyado, en todas sus partes, los planteamientos hechos por los dirigentes del Frente de Acción Popular.
Señor Presidente, a nosotros no nos interesa el libelo acusatorio en su aspecto jurídico, sino en los alcances profundos que para el pueblo de Chile ha tenido la gestión presidencial del Excelentísimo señor Ibáñez. Desde este punto de vista, no podemos compartir totalmente el contenido del libelo, por cuanto él no toca integralmente los problemas creados por la actual Administración.
(...) Señor Presidente, creemos que los trabajadores chilenos ya tienen formado su juicio sobre el Gobierno del Excelentísimo señor Ibáñez, y nos asiste la plena convicción de que si en este momento fuera auscultada la opinión pública en un plebiscito nacional, seguramente más de un noventa por ciento se pronunciaría a favor de la idea de que el señor Ibáñez dejara el Mando, por no ser digno de mantenerse en él. (...) Los trabajadores han tenido que sufrir más que nunca los efectos de la mal llamada “Ley de Defensa Permanente de la Democracia”. (...) Han tenido que conocer las cárceles y los campos de concentración, por el solo delito de haber defendido el pan de sus hijos.(...) La política económica seguida por este Gobierno, que ha dicho a todos los vientos que será de austeridad, de sacrificios compartidos, está demostrando que los únicos que han soportado sacrificios son los trabajadores, y que las grandes sociedades anónimas del país han obtenido utilidades que llegan a un doscientos por ciento. (...) Se ha mantenido una legislación represiva. Los Diputados acusadores no tienen autoridad para protestar porque haya una Circular Yáñez Koch. ¡Si ésta no es más que la repetición de la Circular Holger-Letelier!¡ pero, nosotros tenemos autoridad moral para hacerlo porque hemos combatido contra ambas.
Esta circular ha permitido que día a día y constantemente se esté eliminando de las directivas sindicales a aquellos luchadores más capaces, más abnegados en la defensa de los intereses de los trabajadores. Esto atenta contra la clase obrera y su tradición de lucha. (...) por eso nosotros, al votar favorablemente la acusación constitucional contra el Presidente de la República, lo hacemos en nombre de los trabajadores chilenos, lo hacemos en nombre de un pueblo desengañado, lo hacemos en nombre de un pueblo que ni siquiera ha tenido como último consuelo el ver que ese Gobierno haya tenido, por lo menos, honestidad. No es este el momento de hacer un análisis de la falta de honestidad, que ha demostrado este Gobierno. El pueblo ya lo ha juzgado y lo ha condenado. (...) Por estas causas, y en nombre del pueblo de Chile, votaremos favorablemente esta acusación.
El señor ESPINOZA (Don Ramón). Señor Presidente, ayer nuestros Honorables colegas señores Alfredo Lea-Plaza y Julio Von Mühlenbrock expresaron el pensamiento de nuestro partido acerca de los aspectos que constituyen esta acusación. Al hacerlo en forma lata y detallada, junto con plantear nuestra posición, levantaron los cargos que afectan al Primer Mandatario de la Nación. En estos momentos, el Partido Agrario Laborista se encuentra abocado a tener que pronunciarse derechamente sobre la acusación constitucional deducida en contra del Jefe del Estado, y con los antecedentes expuestos por nuestros Honorables colegas de partido, actuaremos como jurado, interpretando así el espíritu que inspira el artículo 39 de nuestra Carta Fundamental.
Cuando pase el tiempo y se escriba la historia sobre los acontecimientos nacionales de los últimos años, la figura del Presidente Ibáñez y su gestión gubernativa serán apreciadas, sin duda, en su justa medida. Y los odios y ataques indiscriminados que hoy se le hacen, inspirados en un afán mezquino y publicitario, también tendrán el juicio lapidario que les corresponde. El tiempo es el mejor juez. Por eso creemos que la posteridad colocará al Presidente Ibáñez en el sitial que legítimamente le pertenece por su calidad de gobernante de los chilenos en una época tan difícil y azarosa como ésta en que le ha tocado gobernar.
Los parlamentarios agrario laboristas rechazaremos la acusación constitucional en debate. Y lo haremos profundamente convencidos de que con nuestra actitud favoreceremos los destinos de Chile y propenderemos al bienestar de nuestro pueblo. (...)
El señor BART (Don Manuel).- (…) Como en todos los gobiernos, es indudable que durante la gestión gubernativa del Presidente Ibáñez ha habido anomalías, hechos insignificantes: infracciones legales o reglamentarias, abusos, negligencia funcionaria, es decir, irregularidades de poca monta que son inherentes a todo Gobierno.
(...) He asistido a las largas y tediosas sesiones de esta Cámara, convocada especialmente para tratar lo que mi Honorable colega señor Lea-Plaza llamó acertadamente el parto de los montes. Porque, en realidad, hemos tenido la paciencia de oír los fundamentos de la acusación e interpretaciones muchas veces traídas de los cabellos, o bizantinas que revelan la vaciedad de ella. Esta no es una simple afirmación mía.
El señor GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Don Pedro).· Señor Presidente, como miembro de la Comisión Especial designada por la Honorable Cámara para conocer la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra de Su Excelencia el Presidente de la República, tuve oportunidad de conocer y estudiar los diversos antecedentes que se acompañaron para justificar los cargos formulados en el libelo acusatorio.
(...) Aun cuando el Partido Conservador no comparte responsabilidad alguna de Gobierno y ha combatido con energía y entereza muchas de sus actuaciones, como lo prueban los numerosos discursos de fiscalización pronunciados en esta misma Cámara por diversos Honorables Diputados de estas bancas, no puede, por un elemental sentido de patriotismo, prestarse a contribuir a que se desprestigien las herramientas que la Constitución pone en nuestras manos para usarlas sólo en casos de excepcional gravedad. (...)
Si bien es lamentable la concomitancia que elementos peronistas mantuvieron con personas allegadas a las esferas de Gobierno, y la debilidad que en algunas oportunidades demostró Su Excelencia el Presidente de la República para poner atajo a actitudes inconvenientes o peticiones exageradas de parte de personeros o representantes del Gobierno argentino, no es menos cierto que del examen sereno y desapasionado de los diversos antecedentes reunidos en el curso de la investigación se llega a la conclusión de que esta debilidad presidencial a que se ha hecho referencia, no llegó a comprometer ni el honor ni la seguridad de la nación. Prueba de ello es que ni en las conclusiones a que arribó dicha Comisión, ni en las que en su oportunidad aprobó la Honorable Cámara, se solicitaron ni se insinuaron sanciones de ninguna especie en contra de Su Excelencia el Presidente de la República.
(...) Si la actitud asumida por Su Excelencia el Presidente de la República en el asunto de que nos ocupamos se estimó lesiva para el interés nacional, debió deducirse de inmediato la correspondiente acusación, y no buscar, mucho tiempo después, una oportunidad política para hacerlo. Se trata, pues, de un asunto que ya ha perdido actualidad, y que no reúne las causales que la Constitución exige para que pueda enjuiciar al Primer Mandatario.
Con respecto al asunto limítrofe suscitado con la República Argentina en la región comprendida entre el valle de California y el río Encuentro, la Comisión no se abocó a su estudio, ni emitió en consecuencia juicio, en consideración a que no ha habido aún pronunciamiento del Congreso Nacional acerca del informe evacuado por la Comisión Bicameral que estudió esta materia.
Cumplo con el deber de expresar, en nombre de mi Partido, su más enérgica protesta por la circunstancia de haberse esgrimido como fundamento de una de las causales de acusación, una materia sobre la cual no hay aún pronunciamiento del Congreso, y porque se haya tomado como base de ella un informe que nos merece la más absoluta reserva, desde que, en nuestro sentir, Chile no ha entregado en forma alguna al extranjero la más mínima parte de su territorio y sus títulos son incuestionables, de acuerdo con la tesis tradicionalmente sostenida por nuestra Cancillería. (...) De los diversos antecedentes que rolan en este proceso, no quedan comprobados hechos suficientes que permitan justificar la causal por la cual se acusa a Su Excelencia el Presidente de la República, circunstancia ésta que queda debidamente establecida en las sentencias de primera y segunda instancia.
(…) Plenamente consciente que en este caso no se ha configurado un hecho de esta naturaleza y sin que nuestra actitud involucre un pronunciamiento acerca de la gestión del Gobierno, que no puede estar en juego en esta oportunidad, votaremos en contra de la acusación, formulando un fervoroso llamado a todos los sectores de esta Honorable Cámara para que en esta hora, cargada de incertidumbre, olviden rencores y agravios y aúnen sus esfuerzos valiosos para dar una pronta y efectiva solución a los problemas que afligen al país.
El señor MARTONES (Don Humberto).·(...) La Directiva máxima del Partido Democrático (...) después de largos debates y de realizar un estudio serio y responsable de la materia, nuestra colectividad política acordó que sus parlamentarios se abstuvieran en la votación del libelo acusatorio.(...)
Nos abstenemos de votar esta acusación constitucional por razones que explicaré serenamente a lo largo de mi intervención. A nuestro juicio, la acusación presentada por el Partido Radical es incompleta, y no está destinada, en definitiva, a procurar el alejamiento de Su Excelencia el Presidente de la República del alto cargo que hoy ocupa. (...) También faltó en el libelo acusatorio que el Gobierno del Excelentísimo señor Ibáñez, se ha caracterizado en este último tiempo por una odiosa persecución hacia la prensa opositora, deteniéndose a un sinnúmero de distinguidos periodistas que no han hecho otra cosa que reproducir discursos o declaraciones de personeros de diferentes partidos opositores. (...)
Con la mantención de leyes represivas, que constituyen una legislación inconstitucional, como el caso de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y el Decreto Koch Yáñez, el Jefe del Estado ha infringido la Constitución y las leyes. Con el mantenimiento de una política económica que significa hambre y miseria para el pueblo de Chile y más riquezas para las grandes empresas capitalistas, sean éstas nacionales o extranjeras, ha llevado a la desesperación a los obreros y empleados del país, promoviendo con ella una verdadera conmoción que también lo hace acreedor a una acusación constitucional. (...)
Se ha acentuado, señor Presidente, la dependencia de nuestras Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norte América, sobre todo al insistir el Gobierno en mantener el Pacto Militar que el señor Ibáñez, siendo candidato, prometió que sería derogado durante su mandato.
(...) Puedo decir, en nombre de mi Partido, que este libelo acusatorio, encierra, también, algunas injusticias que es necesario dejar en claro. Se refiere, desde luego, a hechos ocurridos durante todo el período presidencial del señor Ibáñez. Nosotros tenemos que decir en esta Honorable Cámara, al fundamentar nuestra posición, que, en este aspecto, la acusación es injusta, porque en los primeros años del Gobierno del señor Ibáñez, se procuró cimentar el bienestar del pueblo por los partidos populares que lo acompañaron entonces en su gestión. Se logró, además, que el Primer Mandatario se encuadrara dentro de la Constitución y la ley, con el objeto de llevar la tranquilidad y la prosperidad al pueblo de Chile.
A continuación, contempla este libelo acusatorio algunos aspectos que para nosotros no tienen mayor importancia y que podríamos llamar, dentro de un lenguaje un tanto vulgar, raterías, cometidas por algunos partidarios de este Gobierno. Se acusa asimismo al Gobierno de nepotismo. Pero, ¿qué importancia tiene que algunos partidarios o parientes del Primer Mandatario o de su señora esposa ocupen cargos en la Administración Pública? (...)
Sin embargo, comprendiendo que la presente acusación es incompleta, lo que nos mueve a votarla desfavorablemente, decimos a la Honorable Cámara que nosotros estamos dispuestos a seguir el camino que creemos más de acuerdo con la realidad presente, para sancionar al señor Ibáñez. (...)
De manera que estamos de acuerdo en sancionar moralmente al Presidente de la República, porque en ningún caso compartimos su actuación gubernativa. También, tenemos que decir que el libelo acusatorio se conforma a las causales establecidas en la disposición contenida en el N° 1 del Art. 39 de la Carta Fundamental. [9]
El señor BRÜCHER (Don Hernán).- Entro en participar en este debate con el mismo tono de mesura y altura de miras que los Honorables colegas de mi partido han manifestado en el día de ayer, para defender la acusación constitucional que hemos presentado diez Diputados. (...)
El Honorable señor Pizarro, (...) manifestó que sobre los decretos de insistencia ya habría cosa juzgada, (...) La verdad es diferente, señor Presidente. El plazo está vigente, no ha prescrito, y, en cualquier oportunidad, los miembros del Parlamento pueden hacer uso de los derechos que les otorga la Constitución. (...)
El señor FUENTEALBA (Don Juan).- Señor Presidente, la materia que ocupa la atención de la Honorable Cámara en estos instantes debe tener, indudablemente, más repercusión fuera de los ámbitos del Parlamento que dentro de él, por cuanto la consecuencia lógica de este tipo de acusación debería ser la dejación que, de su cargo, hiciera el Jefe del Estado y, por ende, un cambio presidencial. Por esta razón, el Partido Radical Doctrinario ha estado pesando, con serenidad, la trascendencia de esta acusación constitucional.
El documento enjuicia la actuación del Primer Mandatario y, en su texto, se señalan los diversos hechos que, en concepto del Partido Radical, son graves y lesivos para los intereses del país e, incluso, comprometen la soberanía de la Nación. Para nosotros, algunos de los sucesos señalados en la acusación no alcanzan a tener la gravedad absoluta que el Partido Radical les ha atribuido. Uno de ellos es el problema de límites suscitado en la región de Alto Palena. A este respecto, nuestro Presidente Nacional, don Arturo Olavarría Bravo, ex Ministro de este Gobierno, en su carácter de hombre versado en la política y, sobre todo, conocedor de algunos antecedentes desconocidos por gran parte de la ciudadanía, nos ha expresado, en el seno de nuestra Asamblea, que no es el Presidente de la República, exclusiva o taxativamente, el responsable de las dificultades o peligros que se encierran para la zona austral de nuestro país, en cuanto a que Argentina se apodere o llegue a dominar, como posesión territorial, parte de nuestro territorio.
De ahí que nosotros desechemos esta parte del libelo acusatorio, porque no encontramos fundamento absoluto para considerar la causal de acusación al Presidente de la República. En efecto, los radicales doctrinarios estimamos, en torno a esta materia, en el enjuiciamiento del Gobierno de S.E. el Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo que un gobierno no es una cosa aislada de una nación, (...) me atrevo a pensar que mis observaciones tienen, en estos instantes, el carácter de una prolongación del juicio político del pueblo de Chile, frente a esta acusación constitucional.
Debo hacer presente que los Diputados radicales doctrinarios no justificamos la acción del Gobierno del Excelentísimo señor Ibáñez. Estamos, sencillamente pesando los pro y los contra, los antecedentes y los consecuentes de esta acusación. Estimamos que los antecedentes señalados en el libelo acusatorio no constituyen causales suficientes para fundarla. Pero, al tomar en cuenta los consecuentes, para decidir en esta materia, debemos preguntarnos, qué resultados tendrá la resolución que adopte la Cámara.
Si la acusación constitucional fuere aceptada, significará que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, el Presidente de la República debería hacer dejación de su cargo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿está la Nación, los partidos políticos y las fuerzas de diverso orden, en situación para afrontar esa circunstancia y llevar al sillón de los Presidentes de la República, no a un señor Ibáñez, sino a un ciudadano que le supere y que haga caminar al país por mejores senderos? Estimamos que ello es una presunción temeraria. Más bien creemos, que el estado por el que atraviesa nuestro país, no es el más adecuado para producir un cambio tan especialísimo e importante, como sería el hecho que el Presidente de la República tuviera que hacer dejación de su alto cargo, a consecuencia de serle adverso el veredicto de la Honorable Cámara. Estimamos que, en tal evento, pueden ocurrir hechos mucho más graves para el país. Sabemos que el ambiente, en la nación entera, está sumamente politizado, pero no por los mejores caminos como sería de desear. No están los hombres más preparados actuando como dirigentes de los partidos políticos, ni tal frente de los organismos que tienen injerencia en la vida política nacional.
Debo manifestar al respecto aunque no he sido testigo de las deliberaciones de los personeros del Partido Radical, pero la prensa ha informado, sin ser desmentido el hecho, que la CUT ha planteado a los partidos políticos la necesidad de que ellos tomen decisiones específicas que en el fondo, significarían poco menos que ir abiertamente a la revolución en Chile.
Señor Presidente, también los parlamentarios del Partido Radical Doctrinario votamos favorablemente el informe de la Comisión que investigó la infiltración peronista en Chile. Y lo hicimos porque estimamos que eran justos y verídicos los cargos que se hacían y que Su Excelencia el Presidente de la República era el responsable,
De ahí que estemos en condiciones de haber pesado el alcance, seriedad y proyecciones de esta acusación y estimemos que ella no sólo es improcedente, sino altamente inconveniente para la salud política y social del país. Pero, al mismo tiempo, ello no quiere decir que estemos obligados de ningún modo a justificar plenamente todas las acciones del Gobierno.
(...) Señor Presidente, termino manifestando que votaremos en contra la acusación constitucional, no por consideraciones especiales. No nos abstendremos, como para ocultar la mano y dejar conclusiones veladas, sino que, por el interés de la Nación, por el interés del futuro del país, expresamos que esta acusación, en estos instantes, no tiene el valor que debía tener.
El señor SALINAS (Don Sergio).- (...) En verdad, durante este debate hemos aquilatado diferentes planteamientos en el orden jurídico y desde el punto de vista político. A través de él también hemos revisado un poco el pasado de estos cuatro años de agitada inquietud democrática y social que ha vivido la República. En algunas intervenciones hemos observado un hálito de arrepentimiento, en otras una especie de vuelta a los principios que ayer fueron despreciados. Hemos observado cómo un sector del Parlamento que ayer repudiaba la sola enunciación de la candidatura del actual mandatario, hoy día rebusca expresiones y conceptos para justificar las actuaciones que se señalan en el libelo acusatorio yen los hechos que han sido mencionados por señores parlamentarios de otros sectores.
Nosotros, los socialistas, entramos a este debate con las manos libres y la conciencia tranquila. No estuvimos con el señor Ibáñez; por el contrario, señalamos, en su oportunidad, todo lo que, por desgracia, ha venido sucediendo durante la administración del actual Presidente. (...) Por eso, al anunciar aquí el voto favorable a la acusación constitucional deducida en contra del Excmo. señor Ibáñez, declaramos que queremos inhabilitar a quien es el responsable de la más grande estafa política que se le haya hecho al pueblo de Chile. Lo decimos con un poco de calor y pasión, pero virilmente; porque durante este proceso político la historia ha tenido que reflejar hechos reiterados que han rebajado la moral del país y de cada ciudadano en particular.
No hay nada que puede ocurrir ya en este país que tenga la virtud de sorprender al más modesto de los ciudadanos. No hay ningún acontecimiento político, social y económico que pueda causar sorpresa en el pueblo. Ha ocurrido ya todo cuanto podía acontecer: la infamia, la felonía, la calumnia, la traición, la mentira y el engaño; todo ha sucedido ya en este país en este rincón de América. El pueblo ha presenciado el acontecer permanente de esta clase de actuaciones.
(...) Nosotros no concordamos, en su integridad, ni con el libelo acusatorio ni con los objetivos que pueda perseguir el Partido Radical con esta acusación constitucional. (...) La acusación deducida carece de los fundamentos que a juicio del pueblo chileno debiera contener. Nuestro pueblo acusa al Excmo. señor Ibáñez, en las esquinas, plazas, calles, barrios y conventillos, por la cesantía y el hambre que está sufriendo, en virtud de la “Ley de congelación” dictada durante su administración. El pueblo de Chile acusa al Excmo. señor Ibáñez, en esos mismos lugares que he señalado y donde vive, por haber menoscabado la soberanía nacional al entregar nuestras riquezas fundamentales a la voracidad del capitalismo extranjero y, fundamentalmente, del imperialismo yanqui.
Señor Presidente, en relación con la defensa de nuestra soberanía y la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas, estimamos que la ampliación del Pacto Militar con Estados Unidos, realizada por este Gobierno, convenio que realmente subyuga nuestra soberanía y limita las posibilidades de nuestras Fuerzas Armadas, constituye un cargo mucho más grave que el contenido en la acusación, máxime si se considera que el actual Jefe del Estado prometió durante su campaña derogar dicho Pacto. (...)
Queremos acusar al Excmo. señor Ibáñez, e inhabilitarlo, porque reabrió el campo de concentración de Pisagua y relegó al sur y al norte de la patria, a dirigentes obreros. Pensamos que el Jefe del Estado no tiene la moral digna de un Mandatario, por cuanto ha atropellado el derecho que tienen los trabajadores para elegir libremente a sus dirigentes sindicales. Deseamos inhabilitar al Presidente de la República porque presenciamos el caos económico y social a que ha llevado al país.
(…) En virtud de estos hechos, actuando consecuentemente con esta política y, como debemos expresar un pensamiento, nosotros reafirmamos, en este instante, nuestro espíritu de oposición a este Gobierno y le negamos el derecho a seguir dirigiendo los destinos de nuestra Patria.
El señor OYARCE (Don José).- Señor Presidente, nos encontramos en presencia de una acusación constitucional contra Su Excelencia el Presidente de la República. Por primera vez se hace uso de este derecho contra un ciudadano que se encuentra en el ejercicio de la Primera Magistratura de la Nación. (...)
Se habla de que S.E. el Presidente de la República no ha sabido cautelar los intereses de nuestro país en el caso del Alto Palena. Aun cuando la Honorable Cámara no se ha pronunciado todavía sobre este punto, es muy posible que así haya sido. Señor Presidente, hace algún tiempo, ocurrieron cosas parecidas en nuestro país. Se pretendió entregar a un país extranjero, parte de nuestro territorio: ...
El señor SALUM (Don Marco Antonio). ¿Cuándo ocurrió eso? El señor OYARCE.-... el llamado Corredor Boliviano.
Y fue el pueblo de Chile, a través de sus organizaciones más responsables, quien salió a la calle para defender su soberanía. Fueron los trabajadores, los sindicalistas, los partidos de extracción popular, quienes opusieron resistencia a esa tentativa.
En el libelo acusatorio se mencionan otras causales y fundamentos de la acusación que no merecen un mayor análisis. Pero en otro de los capítulos se acusa al Primer Mandatario de haber infringido la Constitución y las leyes al haber obligado a la Contraloría General de la República a tomar razón de un decreto que entregó al control policial la elección de dirigentes sindicales, lo que atenta contra el espíritu libertario de nuestro pueblo y contra el derecho que tiene a elegir libremente a aquellos dirigentes que, a su juicio, mejor interpreten sus anhelos y defiendan sus intereses. Nadie puede negar la inconstitucionalidad de ese decreto de insistencia; sin embargo, más de un mil quinientos candidatos a dirigentes sindicales han sido inhabilitados por la autoridad policial. Se entregó a los Intendentes, a los Gobernadores y a la policía política la facultad de elegir las personas que pueden postular a los cargos directivos sindicales.
Todos estos hechos justifican, a nuestro juicio, los votos favorables de los parlamentarios de estas bancas a la acusación constitucional en debate. Por eso, señor Presidente, nosotros creemos que la acusación no debe estar basada sólo en razones de carácter estrictamente jurídico; deben incorporarse a ella juicios que comprendan las acciones de carácter político del Primer Mandatario, que no ha sido capaz de cumplir los compromisos que contrajo con el pueblo durante su campaña presidencial.
(...) Por todas estas razones, señor Presidente, votaremos favorablemente esta acusación constitucional.
El señor GALLEGUILLOS VERA (Don Florencio).- (…) Debo decir, en primer término, al referirme a uno de los acápites de la acusación constitucional contra el Presidente de la República, que tengo la autoridad necesaria para opinar sobre la materia que voy a tocar (...) Como Presidente de la Comisión Investigadora de Actividades Foráneas en Chile, labor que se centralizó en torno a la penetración peronista, me correspondió indagar, hondamente, en este orden de cosas. (...) Por esto, señor Presidente, digo que la acusación constitucional que en este instante se considera en contra de Su Excelencia el Presidente de la República, por haber comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado, tiene suficiente fundamento, y es doloroso dejar constancia de la gravedad de estos hechos, porque éste es un suceso sin precedentes en nuestra vida institucional.
El artículo 2° de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que el Excelentísimo señor Ibáñez considera debe ser mantenida, dice: “cometen delitos contra la seguridad interior del Estado y serán castigados con las penas de presidio, reclusión, relegación o extrañamiento menores en su grado máximo y multas de cinco mil a cincuenta mil pesos, aquéllos que: 2°) inciten, provoquen o fomenten la rebelión contra las instituciones nacionales o contra la forma de Gobierno de la República, o el atropello, por medios violentos, de los derechos que establece la Constitución Política; 10) Celebren, concierten o faciliten reuniones que tengan por objeto derribar al Gobierno legítimamente constituido, conspirar o atentar en cualquiera forma contra el régimen legal o constitucional y la paz interior del Estado, o planear el sabotaje, la destrucción, la paralización, el trabajo lento o cualquier otro acto que tenga por objeto alterar dolorosamente el normal desarrollo de las actividades productoras del país, con el objeto de perjudicar a la economía nacional o de perturbar un servicio de utilidad pública.
Y agregué: Estos antecedentes prueban que el Presidente de la República ha concertado reuniones y facilitado la realización de las mismas, en el ánimo de derribar el régimen democrático y disolver el Congreso Nacional. Estos antecedentes prueban que Su Excelencia el Presidente de la República ha incitado a las Fuerzas Armadas a levantarse en contra del Parlamento, destruyendo, así, el orden democrático. En consecuencia, a mi modo de ver, como hombre de derecho, serenamente afirmo que Su Excelencia el Presidente de la República se halla en el caso de una acusación constitucional, en conformidad al artículo 39, atribución 1°, letra a) de la Constitución Política del Estado. Y todo esto como fruto exacto de los antecedentes fidedignos que he entregado a la Mesa de la Honorable Cámara, y que prueban lo que la Corporación sabía desde antiguo, pero que no había podido justificar.
¿Y por qué, señor Presidente, no se llevó a efecto este golpe de Estado? Tengo que decirlo en esta oportunidad, ya que se trata de un hecho que ha sido un secreto histórico y que, indudablemente, el país debe conocer en alguna de sus fases. Los partidos democráticos se congregaron en una reunión, a la cual asistimos representantes de todos los sectores, y enviaron un mensaje de advertencia al Gobierno, a través de sus elementos adictos. Se hizo saber también al país y al propio Gobierno por medio de la radio, que cualquier intento de subversión significaría el levantamiento inmediato de todos los sectores democráticos y el país quedaría en estado de guerra. Además, elementos de las Fuerzas Armadas adictos al orden democrático dieron a conocer su pensamiento. De modo que este freno al intento de subversión y de disolución del Congreso Nacional, no fue motivado por una actitud de comprensión de S.E. el Presidente de la República; no se debió a que serenamente recapacitara y entendiera que estaba en un error, sino que fue fruto de la reacción de este país que, en cierto modo, es advertida por el señor Ríos Gallardo en los términos que él usa en su carta y que nosotros, los miembros de los partidos democráticos de Chile, le hicimos saber después de dramáticas reuniones, en las cuales se llegaron a considerar varios puntos de vista para la defensa del orden legal. (...)
Y, en este caso, invito a mis Honorables colegas a que asumamos nuestra responsabilidad con la debida entereza, sin temor a represalias, riesgos, vicisitudes o quebrantos, porque por encima de todas las conveniencias y ventajas de orden material, está siempre el interés de la Patria. Creo que frente a estas contingencias y ante tan grave responsabilidad comprobada, no cabe otra cosa que señalar la culpabilidad de Su Excelencia, el Presidente de la República, en hechos dañosos para la dignidad de Chile, que han comprometido su honor, y ratificar con hombría, virilidad y decisión esa responsabilidad, asignándole al Jefe del Estado el sitio que corresponde a los culpables por infracción a sus altos deberes, olvidando el compromiso de honor que había contraído con la República.
El señor CORBALAN (Don Salomón).- Señor Presidente, nos vemos en la obligación de participar en este debate.
Antes de determinar la actitud que asumiríamos frente a la acusación constitucional deducida en contra del Primer Mandatario, se produjo una interesante discusión dentro del organismo máximo de nuestro partido y también dentro del Frente de Acción Popular. (...) El debate en que se ha encontrado ocupada la Honorable Cámara todos los días de esta semana, nos presenta de nuevo la oportunidad de hacer un enjuiciamiento de la política sustentada por el actual Gobierno y también, lo que es fundamental, de la estructura del actual sistema, y de la convivencia democrática en el país. Señor Presidente, ¡qué fácil sería para nuestro partido apoyar la acusación constitucional deducida en contra del Presidente de la República! Cómo no iba a ser fácil si estaríamos interpretando, con el solo deseo de acusar, a la gran mayoría, por no decir a la totalidad del pueblo trabajador de Chile.
Si en este mismo momento, en todos los sindicatos, en todas las organizaciones de la clase trabajadora, corre de boca en boca hacia el Primer Mandatario, que pasará a la historia de la República, como .
a la voluntad soberana del pueblo, expresada libre y democráticamente en la elección que lo llevó al Poder en el año 1952 ...
El señor CARMONA (Don Juan de Dios) (Vicepresidente).· Ruego a Su Señoría se sirva retirar las expresiones antirreglamentarias.
El señor CORBALAN.·Señor Presidente, hemos creído que ésta es la oportunidad para enjuiciar, con los términos duros y reales con que el pueblo está juzgando en estos momentos la labor que ha desarrollado el Primer Mandatario de la Nación, y, sobre todo, su actitud con respecto a las promesas que hizo al pueblo en aquella campaña presidencial que lo llevó al Poder ...
El señor CARMONA (Vicepresidente).- ¿Me permite, Su Señoría?
La Mesa se verá en la obligación de borrar de la versión las expresiones antirreglamentarias usadas por Su Señoría.
El señor CORBALAN. ¡Que proceda la Mesa de acuerdo con el Reglamento, señor Presidente!
El señor CORBALAN.- Señor Presidente, esta acusación, que prende en el alma misma del pueblo de Chile y que se extiende a todos los sectores de la República, es una acusación por haberse cometido, como dije, ( ) Señor Presidente, ¡cómo no ha de sentir el pueblo de Chile por un Mandatario cuando está sufriendo a diario el latigazo de la miseria y del hambre!
¿Acaso no es efectivo, acaso no es cierto que todas las medidas económicas que ha adoptado el Gobierno y que han contado, por supuesto, con el apoyo incondicional de los Partidos de Derecha, están significando el hambre y la cesantía para grandes sectores de la clase trabajadora chilena? Ya hay pueblos de nuestra República en donde se ha instalado la “olla del pobre”. (...) ¡El pueblo de Chile quiere acusar al señor Ibáñez por entregar nuestras riquezas naturales al imperialismo extranjero, por sembrar el hambre y la miseria en el país, por llenar de patriotas las cárceles, los puntos de relegación y los campos de concentración que otro la historia de Chile creó en un gobierno pasado, de dirigentes sindicales. Eso es lo que el pueblo de Chile hoy quiere condenar.
(...) Señor Presidente, todos estos hechos que señalo esta tarde son los que, a nuestro juicio, constituyen un delito grave: el de alta traición a nuestro pueblo. ¡Yo acuso, pues, de alta traición al pueblo de Chile! (...) ¡Sí, señor Presidente! Estamos viviendo la farsa más grande de la Historia. En cada sesión de esta Corporación existe un motivo o razón para que algún Honorable colega hable de la necesidad de defender nuestro régimen democrático, el régimen constituido, y de respaldar la Constitución y la Ley. Asistimos a la más vivimos una permanente frustración. Señor Presidente, este Congreso no representa a las mayorías del país.
La mayoría de este Congreso representa a la oligarquía, y esa oligarquía ha ganado su representación en esta Corporación mediante el cohecho.
Ahora nos encontramos concretamente enfrentados a tener que pronunciarnos sobre una acusación constitucional a Su Excelencia el Presidente de la República en la que, desgraciadamente, no se contemplan los aspectos que he señalado. (...) desgraciadamente, el libelo acusatorio no tiene ni una sola frase para condenar a la Derecha económica ni el imperialismo; no se refiere ni a la intromisión extranjera en nuestras Fuerzas Armadas, ni a la forma en que el Gobierno está aplicando las disposiciones de la Ley de Defensa de la Democracia, ni a los crímenes cometidos en la oficina Pedro de Valdivia; tampoco se refiere a la entrega que el Gobierno ha hecho del control de nuestra economía nacional, con la anuencia de los partidos de Derecha y de su prensa, a la Comisión Klein-Saks, En el libelo acusatorio no se trata ninguno de estos hechos; en cambio, se estudian otros asuntos, que no tienen relación con las razones por las cuales el pueblo de Chile desea que, efectivamente, el Excelentísimo señor Ibáñez abandone el Poder.
En cuanto a la infiltración del peronismo en Chile, podemos decir, con orgullo y satisfacción, que fuimos los primeros en denunciar tales hechos al país. Ahora, en lo que se refiere a los decretos de insistencia, agradezco a los Honorables colegas Maurás y Brücher el que hayan tenido palabras de justificación para los primeros decretos de insistencia que se dictaron.
Hay un decreto extraordinariamente grave, el que lleva el N° 207, por el cual se complementan las disposiciones de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Por medio de él, se faculta a los Intendentes y Gobernadores para intervenir en las elecciones de directivas sindicales y para descalificar a su voluntad a los dirigentes que no les merezcan confianza. Basta con que un “tira” cualquiera tenga una pelea privada con un dirigente sindical por una moza, para que éste vaya con el cuento donde el Gobernador, quien, de inmediato, de acuerdo con el decreto que comento, sancione al dirigente, eliminándolo como tal. (...)
Las expresiones con puntos suspensivos corresponden a expresiones antiparlamentarias borradas de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento.
El señor CARMONA.- El turno siguiente corresponde al Comité Independiente. El señor ECHAVARRI (Don Julián).- Señor Presidente, en presencia de esta acusación, hay que decir que ni los acusadores ni el acusado cuentan con el respaldo de la opinión del país. Esta acusación ha nacido muerta, primero porque ella está al margen de lo que hoy interesa a Chile y, enseguida, porque se fundamenta en un artículo de la Constitución, cuya letra y cuyo espíritu no le prestan respaldo. En estos momentos, el país se encuentra agobiado por problemas que no están traducidos en esta acusación. (...)
Nosotros vamos a rechazar la acusación, porque en ella se encuentra involucrada, como alta cuestión, un principio que queremos resguardar: el señor Ibáñez pese a todos los inmensos vacíos, a todas las fallas, a todas las incongruencias, a todos los errores que haya cometido o se le quieran suponer, no cae, por sus actuaciones como Mandatario, dentro de las causales que configura la atribución 1” del artículo 39 de la Constitución Política del Estado.
Si el Excmo. Señor Ibáñez hubiera cometido actos de tiranía, o hubiera comprometido gravemente la seguridad del país, no a juicio de los acusadores, sino que a juicio de la opinión de los chilenos, esta acusación tendría un respaldo que la haría perentoria e irresistible, porque la grandeza de nuestro país, su máximo atributo, estriba en que tiene una opinión pública consciente, que sabe lo que quiere y que, por supuesto, también sabe adónde va. (...) Para terminar repito que la colectividad en cuyo nombre hablo, el Partido Nacional, prescinde de los acusadores y del acusado y con máxima reverencia a la letra y al espíritu de libertad, que es la inspiración eje que anima nuestra Carta Fundamental y que el Excmo. Señor Ibáñez ha sabido guardar terminantemente, vota que no. Señor Presidente, el resto de nuestro tiempo lo hemos cedido al Honorable señor Rosende.
El señor ROSENDE (Don Hugo).- Señor Presidente, durante el curso de este debate, mi Honorable colega de bancas, señor Pedro González, precisó la posición del Partido Conservador Unido frente a la acusación formulada en contra de S.E. el Presidente de la República.
Señor Presidente, es extraño advertir que en esta Corporación, en los diferentes discursos pronunciados por mis Honorables colegas, se han proferido expresiones un tanto despectivas hacia las argumentaciones jurídicas, señalándolas, en cierta manera, como disquisiciones especiosas, que no tendrían importancia para fundamentar o para oponerse a una acusación constitucional. Me parece muy grave este criterio despectivo para las argumentaciones jurídicas, especialmente porque aquí estamos en el templo de la ley, y la medida de la justicia no es otra que la que, precisamente, formula la Constitución Política y la que señala la ley.
No puede el Presidente de la República ser acusado por lo que no hizo, por lo que pudo haber hecho; sólo puede serlo por actos positivos. Aquello que no pudo hacer, aquello que pudo haber hecho y que no hizo, queda entregado a la función fiscalizadora de la Cámara política. Solamente los actos positivos son los que quedan comprendidos dentro de la competencia de la Cámara de Diputados, en su función acusatoria.
Pero no basta que se trate de actos positivos; es necesario que estos actos no sean personales. La tradición doctrinaria acerca de este punto se remonta al propio y gran estadista don Jorge Hunneus, que dice que deben ser eliminados todos los actos personales del Jefe del Estado en lo que se refiere a la competencia de la Cámara en materia acusatoria y, además, estos actos de administración han de producir uno de dos efectos, o los dos conjuntamente: han de comprometer gravemente el honor nacional o la seguridad del Estado, o bien, deben haberse infringido con ellos abiertamente la Constitución o la ley. (...) el libelo acusatorio, en relación con lo que constituye la tradición política, en cuanto a la interpretación del texto constitucional, me induce a pensar que, sencillamente, han estado ofuscados los acusadores. Porque no creo que en el país se haya quebrado el régimen jurídico, ni tampoco considero, y en esto quizá me acompaña la inmensa mayoría de los chilenos, que se haya entregado pedazo alguno del territorio patrio. Tampoco, y esto es justo decirlo, creo que el Presidente de la República sea un traidor a la patria. (...)
Votación
Practicada la votación en forma nominal dio el siguiente resultado: Por la afirmativa 30 votos, por la negativa, 48 votos. Hubo 37 abstenciones. Los señores Diputados emitieron sus votos en la siguiente forma:
Por la afirmativa: Los señores Ahumada, Barra, Brücher, Bucher, Checura, Cofré, Cueto, Durán, Enríquez, Galleguillos Clett, Galleguillos Vera, González Espinoza, Magalhaes, Mallet, Martínez Camps, Martínez Saravia, Maurás, Miranda Ramírez, Montané, Morales Adriasola, Muñoz, Oyarce, Poblete, Rioseco, Rivas, Salinas, Sandoval, Santandreu, Schaulsohn y Sepúlveda Rondanelli.
Por la negativa: Los señores Bart, Barrueto, Benavides, Bolados, Bustamente, Cayupi, Correa Larraín, David, De la Fuente, De la Presa, Del Río Pinochet, Echavarri, Egaña, Errázuriz Eyzaguirre, Espinosa, Fuentealba, González Fernández, Guzmán, Hurtado Echenique, Hurtado Oryan, Ibáñez, Izquierdo, Justiniano, Larraín Vial, Láscar, Lea-Plaza, Loyola, Martín, Meléndez, Miranda, don Carlos, Ojeda, Olavarría, Palma Sanguinetti, Pinto Díaz, Pumarino, Ríos, Rivera González, Rodríguez Lazo, Romaní, Romero, Rosende, Salum, Urcelay, Valdés Larraín, Valdés Riesco, Valdés Solar, Von Mühlenbrock y Zúñiga.
Se abstuvieron de votar los señores Acevedo, Alegre, Arellano, Carmona, Cisternas, Corbalán, Cuadra, Elgueta, Espina, Flores, Gumucio, Hernández, Huerta, manes, Lobo Barrientos, Martínez Martínez, Martínez Urrutia, Martones, Musalem, Naranjo, Osorio, Oyarzún, Palestro, Palma Vicuña, Parada, Peñafiel, Pizarro Herrera, Pizarro Sobrano, Puentes García, Puentes Gómez, Quintana, Rodríguez Ballesteros, Sepúlveda Garcés, Undurraga, Urrutia, Videla y Zepeda.[10]
Por la afirmativa: Los señores Ahumada, Barra, Brücher, Bucher, Checura, Cofré, Cueto, Durán, Enríquez, Galleguillos Clett, Galleguillos Vera, González Espinoza, Magalhaes, Mallet, Martínez Camps, Martínez Saravia, Maurás, Miranda Ramírez, Montané, Morales Adriasola, Muñoz, Oyarce, Poblete, Rioseco, Rivas, Salinas, Sandoval, Santandreu, Schaulsohn y Sepúlveda Rondanelli.
Por la negativa: Los señores Bart, Barrueto, Benavides, Bolados, Bustamente, Cayupi, Correa Larraín, David, De la Fuente, De la Presa, Del Río Pinochet, Echavarri, Egaña, Errázuriz Eyzaguirre, Espinosa, Fuentealba, González Fernández, Guzmán, Hurtado Echenique, Hurtado Oryan, Ibáñez, Izquierdo, Justiniano, Larraín Vial, Láscar, Lea-Plaza, Loyola, Martín, Meléndez, Miranda, don Carlos, Ojeda, Olavarría, Palma Sanguinetti, Pinto Díaz, Pumarino, Ríos, Rivera González, Rodríguez Lazo, Romaní, Romero, Rosende, Salum, Urcelay, Valdés Larraín, Valdés Riesco, Valdés Solar, Von Mühlenbrock y Zúñiga.
Se abstuvieron de votar los señores Acevedo, Alegre, Arellano, Carmona, Cisternas, Corbalán, Cuadra, Elgueta, Espina, Flores, Gumucio, Hernández, Huerta, manes, Lobo Barrientos, Martínez Martínez, Martínez Urrutia, Martones, Musalem, Naranjo, Osorio, Oyarzún, Palestro, Palma Vicuña, Parada, Peñafiel, Pizarro Herrera, Pizarro Sobrano, Puentes García, Puentes Gómez, Quintana, Rodríguez Ballesteros, Sepúlveda Garcés, Undurraga, Urrutia, Videla y Zepeda.[10]
[1] Ibáñez, como Getulio Vargas en Brasil y Perón en Argentina, tuvieron vínculos y admiración con Mussolini y/o el nazismo. Los hechos de esta acusación, por lo tanto, no son causales; el primero, además, fue candidato a presidente en el 38 del Movimiento Nacional Socialista de Chile. Ibañez y Perón se conocían desde la época –por lo menos- en que este último fue agregado militar, dando lugar al incidente diplomático con Chile, por espionaje, del que fuera sorprendido y culpado el recién llegado en su reemplazo, Lonardi. Desde 1930, por su parte, los líderes de los movimientos nacionalsocialistas, radicados en el extranjero, se habían dado cita en la ciudad de Berlín con objetivo de discutir acerca del mecanismo que se utilizaría para difundir las ideologías y doctrinas nazis en distintas naciones del mundo. Karl Hübner y Willy Köhn, los representantes de Chile en la conferencia, a su regreso tenían la orden expresa de fundar la filial del NSDAP a la brevedad posible. El 26 de Julio de 1931, se constituyó la “Unión Cívica de Ñuñoa”, dirigida por Policarpo Solís y Jorge González Von Marées. Más tarde, en poco menos de un año, el 5 de Abril de 1932, se fundó el Movimiento Nacional Socialista de Chile formado por González Von Marées y un grupo de descendientes alemanes. En 1938, Ibáñez del Campo –como lo dijimos- se presenta como candidato para las elecciones presidenciales, debido a las bajas probabilidades que tenía de triunfar, jóvenes simpatizantes a sus ideologías, se realiza un intento de golpe de estado en el cual murieron cerca de 60 jóvenes militantes del partido y al final termina dándole su apoyo al Frente Popular de la izquierda. A partir de entonces, el partido perderá su prestigio y jamás se recuperará, posteriormente, intentará recuperarlo cambiándose al nombre a Vanguardia Popular Socialista. En 1942, no obstante, fue candidato también de la derecha, principalmente conservadores. En 1952 finalmente Ibañez es electo con el apoyo del Partido Agrario-Laborista (una especie de P. Justicialista a la chilena) y del Partido Socialista. Después de la muerte de Ibañez el nacionalismo político desapareció como corriente y la aparición de partidos nazis germanófilos prácticamente borró de la historia al nacionalsocialismo criollo de la primera mitad del siglo XX.
[2] Cámara de Diputados, 22ª sesión, 27 de noviembre, 1956: 1393-1414.
[3] Cámara de Diputados, 22º sesión, 27 de noviembre, 1956:1399.
[4] Cámara de Diputados, 22º sesión, 27 de noviembre. 1956: 1402.
[5] Cámara de Diputados, 22º sesión, 27 de noviembre,1956:1409.
[6] Cámara de Diputados 27º sesión, 5 de diciembre, 1956: 1645·1654.
[7] Cámara de Diputados, 27º sesión, 5 de diciembre, 1956: 1655 y siguientes.
[8] Cámara de Diputados, 28º sesión, 5 de diciembre, 1956: 1703.
[9] Cámara de Diputados, 29º sesión. 6 de diciembre, 1956: 1755.
[10] Cámara de Diputados, sesión 30º 6 de diciembre, 1956: 1755.
[2] Cámara de Diputados, 22ª sesión, 27 de noviembre, 1956: 1393-1414.
[3] Cámara de Diputados, 22º sesión, 27 de noviembre, 1956:1399.
[4] Cámara de Diputados, 22º sesión, 27 de noviembre. 1956: 1402.
[5] Cámara de Diputados, 22º sesión, 27 de noviembre,1956:1409.
[6] Cámara de Diputados 27º sesión, 5 de diciembre, 1956: 1645·1654.
[7] Cámara de Diputados, 27º sesión, 5 de diciembre, 1956: 1655 y siguientes.
[8] Cámara de Diputados, 28º sesión, 5 de diciembre, 1956: 1703.
[9] Cámara de Diputados, 29º sesión. 6 de diciembre, 1956: 1755.
[10] Cámara de Diputados, sesión 30º 6 de diciembre, 1956: 1755.
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