DISCURSO CON MOTIVO DE LA CREACION DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA VIVIENDA
Juan Domingo Perón
[6 de Junio de 1945]
En mi carácter de secretario de Trabajo y Previsión tengo la grata satisfacción de hacer llegar al pueblo de la República la noticia de una medida de gobierno, acaso la más importante que se haya adoptado hasta aquí, en orden al mejoramiento de las condiciones de vida material, moral y espiritual de la clase trabajadora, por la magnitud de la obra que implica y su proyección en el futuro.
Me refiero al decreto ley que acaba de dictar el Poder Ejecutivo por el cual se crea la Administración Nacional de la Vivienda, organismo que tendrá a su cargo la enorme, pero nobilísima tarea de proporcionar a miles de hogares techo sano, decoroso y agradable y eliminar al propio tiempo el conventillo promiscuo, el rancho primitivo y el tugurio insalubre, focos de innumerables males.
En ocasión de iniciarse los estudios preliminares que condujeron a la estructuración de la Secretaria de Trabajo y Previsión, sostuve que no podía escapar a la órbita de sus atribuciones específicas cuanto atañe al problema de la vivienda que, junto con el del salario, constituyen como gráficamente se ha dicho, los dos polos de la cuestión social. Propugnar una política social nueva, integral y dinámica, dejando de lado una de sus aspectos básicos, como es el que nos ocupa, por temor al esfuerzo, a los intereses creados o a otros pretextos igualmente fútiles, hubiera importado quebrar el sentido orgánico que debe presidir la labor de la Secretaria y claudicar, en mitad del camino, del programa de acción que aspiramos realizar no importa con qué sacrificios y cuya finalidad es, como ya lo he manifestado categórica y explícitamente: hacer efectiva la intercolaboración de todas las fuerzas del país, de todos sus sectores patronales, obreros e inclusive el de las autoridades públicas para que en el ámbito de nuestro vasto y rico territorio imperen los preceptos saludables de la justicia distributiva y se alcance así la más pacifica y feliz de las convivencias.
De acuerdo, pues, con el concepto lógico e incuestionable que debía privar, la Secretaría de Trabajo y Previsión asumió desde un principio la obligación de afrontar el angustioso problema de la vivienda planteado entre nosotros y notoriamente agravado en los últimos tiempos, en virtud no sólo del crecimiento desorganizado y vertiginoso de los centros poblados, sino también de la carencia de una política comprensiva dirigida a su solución.
Si la vivienda pobre, destartalada y miserable pudo servir hasta ahora de argumento para efectivas y truculentas disertaciones, y ser tema que defendió la prensa en enjundiosos editoriales, estudió el sociólogo hasta sus ultimas derivaciones, analizó el estadígrafo a través de números reveladores de increíbles hacinamientos y de progresiva desnatalidad y sí, por lo demás, dio lugar a algunas iniciativas legislativas y a realizaciones prácticas de escaso relieve frente a las ingentes necesidades del pueblo, no constituyó nunca en la alturas del poder una preocupación verdaderamente honda y patriótica que, impulsando la voluntad con decisión incontenida provocase ese empuje realizador que todo gobernante debe desplegar cuando, como en el caso, corren riesgo valores imponderables tales como la supervivencia misma de la estirpe y el acrecentamiento del capital humano cuyo déficit es y ha sido siempre síntoma inequívoco de grandes males sociales.
Cuidando de no caer en el error de diagnosticar la enfermedad sin poner en práctica consecutivamente los procedimientos curativos, traté por todos los medios de llevar al terreno de los hechos los antecedentes meramente informativos que existían sobre la cuestión; ponencias, monografías, cuestionarios, y fue así que, juntamente con la Secretaría de Trabajo y Previsión, formando parte integrante de la misma surgió en las esferas de las actividades públicas la Dirección de la Vivienda, la cual después de auspiciar una exposición que atrajo a más de 700.000 visitantes y de llenar una etapa experimental, dio comienzo en la vecina localidad de General San Martín, a las obras del barrio “Villa Concepción”; ciudadela modelo presupuestada en mas seis millones de pesos que satisfará necesidades materiales y afanes de cultura y cuyas 520 casas, que asoman ya sus perfiles sobrios y simpáticos darán albergue, dentro del presente año a igual número de familias obreras. Asimismo dispuesto que en la intersección de las calles Juan B. Alberdi y Lacarra de la Capital Federal, se echaran los cimientos de otro núcleo de edificación constituido por 174 departamentos y que en Tanta Rosa de Toay se licitase la edificación de 24 casas, De tal suerte que, sin haberse abordado todavía los planes de fondo, estas 718 viviendas mandadas construir en tan breve lapso nos revelan que casi hemos alcanzado el nivel de todo lo que el esfuerzo nacional de otrora pudo lograr.
La mencionada dirección se transformo luego en el Consejo Nacional de la Vivienda, entidad que con la eficaz colaboración de personas de buena voluntad preparó el estatuto legal y financiero de la actual Administración Nacional de la Vivienda por el que se otorga a ésta la calidad de repartición autárquica y se pone a disposición los fondos necesarios para encarar con inquebrantable firmeza una obra en vasta escala que, no trepito en afirmar, colocará a nuestro país a la vanguardia de los más adelantados en punto a proporcionar a las clases necesitadas vivienda higiénica, adecuada y económica.
En este aspecto hago público mi agradecimiento al excelentísimo señor ministro de Hacienda doctor Ceferino Alonso Irigoyen por su valiosa cooperación.
Un problema de tanta magnitud, que ha incidido sobre la raza malogrando sus ricas calidades autóctonas, sobre esta raza criolla y sufrida, sobria y paciente, y por lo mismo, digna de todo estímulo y ayuda; sobre esta raza valiente y heroica con cuya sangre y sudores se conquistaron nuestras glorias más puras; un problema de tanta transcendencia, que atenta contra la estabilidad del hogar a! que le cierra la puerta de su natural desarrollo y fortalecimiento, no podía dejar de ser afrontado en toda .su dolorosa realidad por este gobierno revolucionario que siente en sus entrañas la acuciadora inquietud de asegurar el porvenir, a todas luces grande de la patria, asegurando primeramente a la célula sustancial de la sociedad, la familia, al mayor número de las mismas, la propiedad de la casa que es “manantial de sentimientos puros, afección a las cosas, evocación del recuerdo, sostén del linaje y base de una misión social”.
Y tal es nuestro afán en ese sentido que si los tratadistas de derecho público señalan como elemento integrante de la Nación, primordial y sine qua non al territorio, nosotros sostenernos que no es posible concebir la idea de familia sin que indisolublemente, como la sombra al cuerpo, esté adherida a ella el espacio vital, el techo, elemento material que cobija y aglutina y a cuyo amparo se expande y florece la vida. De ahí nuestro ideal: “Una vivienda para cada familia, cada familia en su vivienda”, y cuya cristalización, tras la cruzada que hemos de emprender al instante, traerá irremisiblemente aparejada una firme y segura armonización social.
Profundos cambios, inquietudes que vienen desde lo más hondo del alma de los pueblos y urgentes reclamos de la hora obligan a afrontamientos decisivos y a enfoques totales, A tales imperativos responde la concepción de la Administración Nacional de la Vivienda, cuyas grandes líneas, el vasto panorama que abarca, los elementos y fuerzas sociales, privadas y publicas, que pone en juego y las soluciones de fondo a que aspira nos permiten entrever, no en la lejanía brumosa de un futuro distante, sino en días cercanos, asentadas en miles y miles de viviendas miles y miles de familias, las familias de los artesanos y de los campesinos que, rebosantes de alegría y su salud rejuvenecida, serán testimonios, el más fehaciente, de que tal era necesario realizar para desterrar la vergüenza de ese clamor de los guarismos que repercute en las páginas del Censo Escolar de 1943 al consignarse en ellas que son más de 300.000 los casos en que conviven en una sola habitación en condiciones las más deplorables cinco y más personas: que conviven noche y día: viejos, jóvenes, hombres, mujeres, enfermos y sanos.
Excedería de mi propósito analizar en estos momentos punto por punto el articulado del decreto ley creador de la Administración Nacional de la Vivienda y su régimen especial y civil, lo cual no es óbice para que haga una rápida incursión por él y advierta, ante todo, que en virtud de la misión respetable asignada a la Administración, nadie debe aspirar a desempeñarse en ella que no tenga verdadera vocación hacia el bien común, y no sea cultor de la más acrisolada honradez, pues que se trata en definitiva de una labor de apostalado social y administrativo, encaminada a brindar viviendas holgadas al menor costo posible a quienes para adquirirlas tienen, con inquietante frecuencia, que ahorrar sobre el hombre y la salud.
Un organismo en extremo ágil, con amplias atribuciones, regido por un Consejo que preside el secretario de Trabajo y Previsión y dotado de un personal, el mínimo necesario, que al ponerse en funciones cree el clima propicio para que se incorpore sincronizadamente a su movimiento -mediante convenios de ayuda financiera y de administración- los gobiernos de provincias, las comunas, las entidades patronales y gremiales, las asociaciones mutualistas, las sociedades cooperativas y demás personas responsables con el fin de construir viviendas económicas, individuales o colectivas, ya se trate de planes de conjunto o de obras aisladas, y de alquilarlas o venderlas; y con facultad de ejercer funciones de contralor y tutela para asegurar que los fondos provistos sean empleados debidamente y que las construcciones, efectuadas con los mismos se utilicen según las respectivas disposiciones, he ahí el objetivo central de la Administración Nacional de la Vivienda.
El sistema de convenios de 'ayuda financiera o de coparticipación que vamos a poner en práctica y que es una de las características de la nueva repartición, permitirá actuar con extrema desenvoltura, abrirá la puerta a la iniciativa privada ofreciéndole amplio campo de acción, alejará la posibilidad de dar pie a engranajes burocráticos de pesado rodaje y será, por tanto, una garantía de que no recaerá sobre la cuota de venta o de alquiler de las viviendas un porcentaje de gastos tal que las torne inasequibles para sus legítimos destinatarios, los hogares de, más exiguos recursos.
La Administración instaura un régimen fiscal y civil para las viviendas puestas bajo sus disposiciones protectoras, las cuales son anotadas en un registro especial y eximidas de sellado, de impuestos que graven directamente su valor; de tasas que se refieran a prestaciones de servicio público a cargo de reparticiones, oficiales --esto último por un plazo de diez años- y de los gravámenes a los contratos, actos, escrituras públicas y actuaciones administrativas que tengan por objeto la adquisición de terrenos con destino a estas viviendas o la construcción y locación de las mismas.
De los planes de construcción del conjunto a que anteriormente nos hemos referido, fluye la posibilidad de que se obtengan diversas ventajas. Por un lado los gastos generales de edificación se reducen, y ello 'hace posible el propósito que tenemos de que el obrero no insuma por concepto de vivienda arriba de la quinta parte de sus ingresos mensuales. Por otro, la agrupación de determinado número de familias facilita la prestación de servicios sociales, cada vez más necesarios. A este respecto no es aventurado pensar que el esfuerzo realizado se malograría si junto a los barrios no se establecen, mediante' el apoyo privado u oficial, aquellas entidades de fomento que velen por la salud física y espiritual de los moradores, promoviendo un conveniente “aprendizaje de la propiedad” e impartiendo la enseñanza, en su más amplio sentido de la “manera de vivir”.
Si bien la Administración tiene como función primordial la de resolver el problema de la vivienda económica para la clase auténticamente trabajadora, se ha tenido en cuenta, asimismo, las exigencias no menos dignas de protección, de otros importantes sectores de la población, el de los empleados y el de la clase media, igualmente descuidados hasta el presente. A tal efecto se dispone la iniciación inmediata de los estudios pertinentes y se prescriben medidas de carácter práctico.
El estatuto legal otorga a la Administración facultades que le permitirán extirpar de una vez por todas esa lacra de nuestra Capital: “el conventillo”; prevé la formación de nuevos centros de población, particularmente industriales, que reúnan los adelantos de la técnica urbanística; dispone se empleen materiales de construcción que ofrezca la naturaleza allí donde se erijan las futuras viviendas y cuida que éstas, en su arquitectura y en su color, no choquen con los contornos del ambiente lugareño. La vivienda económica, dentro de su modestia y sencillez de líneas, debe ofrecer matices agradables que completen si es posible, nunca que malogren, la belleza del paisaje nativo.
Con un exacto conocimiento de nuestra realidad de ayer y de hoy, y, con una clara visión de las necesidades del futuro se ha creado el Fondo Nacional de la Vivienda de cuatro mil millones de pesos destinados exclusivamente a la ejecución de obras, dentro del espíritu que informa el decreto ley. Dicho fondo ha de constituirse e invertir se en un plazo de veinte años y se integrará con el aporte de la Nación para lo cual se autoriza la necesaria emisión de títulos o de bonos de edificación y ahorro. También el producido de las cuotas de venta o locación de las viviendas que se construya será reinvertido con los mismos fines, lográndose de este modo un fondo rotativo que sobre la base del 3 % del interés mínimo fijado para los préstamos y treinta años de amortizaciones, ha de requerir una financiación de aproximadamente dos mil millones de pesos.
El esfuerzo de financiación que la Nación debe realizar se verá disminuido en forma proporcional a la participación, activa de las provincias, municipalidades, entidades públicas, sociedades mixtas y empresas privadas que construyan viviendas económicas conforme a las directivas enunciadas.
Dicha participación se producirá amplia y sobradamente. Me inclina a afirmarlo la intensa expectativa que en estos momentos existe sobre todo cuanto atañe al problema de la vivienda, el unánime deseo de coadyuvar a su solución y el convencimiento general de que para alcanzarla es preciso realizar un esfuerzo como el que intentamos: coordinado, de gran aliento y equitativamente repartido entre múltiples entidades de orden privado y los diversos organismos estatales. Y siendo así ¿quién puede dudar que en oportunidad tan propicia no arrimen su buena voluntad y no aporte su generosa contribución autoridades, patronos de los grandes centros industriales agrícolas y ganaderos, asociaciones gremiales, a fin de adelantar la hora en que veamos vivir a nuestros obreros de la ciudad y a nuestros peones del campo de acuerdo con la dignidad de seres humanos?
No pretendo abusar de vuestra atención examinando otras particularidades del decreto ley a que me estoy refiriendo, de tanta importancia como las expuestas. Con lo dicho, creo haber llevado a vuestro ánimo la persuasión de que las dificultades iniciales han sido superadas y que nos encontramos en condiciones de lanzarnos a una acción pujante y efectiva.
La primera batalla emprendida y ganada por la Secretaria de Trabajo y Previsión fue la batalla contra la apatía; contra el espíritu marcadamente individualista, asocial y egoísta que iba prevaleciendo entre nosotros. No bien comenzaron a notarse las primeras manifestaciones de una conciencia social mas viva y sensible -acercando a las dos fuerzas productoras, la patronal y la obrera, propiciando sus respectivas organizaciones y rompiendo toda una trama de prejuicios que se oponían a la conquista de la justicia distributiva- pudimos con inmenso júbilo, hacer depositar en la mano curtida y noble del trabajador un salario más equitativo y remunerador.
Nos corresponde ahora resolver esta otra ardua cuestión. Para ello quemaremos también las naves y no cejaremos hasta ver convertidas en realizaciones orgánicas el contenido virtual del decreto ley y los proyectos trazados.
En suma de hoy en más, y mirando al porvenir, nos proponemos facilitar el acceso a la pequeña propiedad privada al mayor número de familias, con lo que entendemos contribuir al afianzamiento de una de las bases más sólidas de la seguridad social. No se me oculta que la tarea es ímproba y espinosa, pero también reconformante. Por lo demás, nada me arredra. Todas mis energías y todos mis afanes los he puesto al servicio de los intereses supremos de la patria.
¡Plantemos un nuevo jalón en la realidad del movimiento social argentino y demos comienzo a la labor que ha de salir airosa contando con la ayuda de aquél que dejó caer sobre los corazones la bienaventuranza de la justicia y del amor!
JUAN DOMINGO PERÓN
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