INTERVENCIÓN EN EL SENADO DE LA NACION EN EL DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE UNIFICACION DE LA DEUDA DE LA NACION
Carlos Pellegrini
[Diciembre de 1895]
Se ha formado, señor Presidente, en torno de estos proyectos, un gran movimiento de opinión, que la Comisión se explica, por el alto propósito que ellos encierran y porque afectan los intereses más trascendentales de la Nación.
A esta causa, y sólo a esta causa, atribuyo la importancia y la atención que merecen, porque la Comisión no acepta para sí ni para ningún miembro del Congreso Nacional, la sospecha de que un sentimiento pequeño pueda intervenir en su juicio, para influir en favor a en contra de un proyecto que afecta los intereses generales de la Nación.
No comprendo tampoco cómo es posible que la oposición que se hace al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo pueda interpretarse como acto de hostilidad, ni contra el Poder Ejecutivo en general, ni contra el señor ministro de Hacienda en particular.
Este proyecto, señor Presidente, no puede afectar al Poder Ejecutivo, porque le consta a la Comisión, que el Gabinete en general no ha tenido participación alguna en su formación; algo más, cree que hay opiniones que, en ciertos detalles, son contrarias a la de los que sostienen este proyecto; y no cree siquiera que puede estar afectado el amor propio del señor Ministro, porque entiende que este proyecto tiene un origen muy anterior a su entrada al Ministerio. ¿De dónde proviene entonces este interés, este gran movimiento de opinión que ha alcanzado a nuestros acreedores dentro y fuera del país, y que los pone en tanto movimiento?
La Comisión necesita hacer un estudio retrospectivo, para determinar hechos anteriores que son la explicación del origen y del alcance de este proyecto.
En el manejo de los intereses públicos, hay ciertas cuestiones en que la opinión y las acciones de los poderes públicos puede variar, puede llegar a ser contradictoria; sobre todo, en lo que es el movimiento interno y político de un país, que puede estar sujeto a criterios distintos; pero hay ciertos asuntos que exigen unidad y persistencia de propósitos, sean cuales fueren las personas que formen parte del Gabinete Nacional, porque esa unidad de propósitos es necesaria para no malograr esfuerzos a sacrificios anteriores a no contradecir nuestras propias declaraciones. En este orden de cosas está todo lo que se refiere a nuestras relaciones exteriores y todo lo que se refiere al manejo de la hacienda pública, en cuanto se relacione con nuestra deuda exterior.
La exposición que voy a hacer demostrará, que, desgraciadamente, no ha habido esa unidad de propósitos; que, lejos de eso, cada Ministro que ha entrado a reemplazar a otro Ministro dimitente, se ha apresurado a condenar a rechazar la acción de la administración anterior para modificarla, creyendo algunas veces mejorarla y consiguiendo muchas veces empeorarla. El resultado de todo esto es que nadie conoce hoy cuál es la verdadera política económica de la Nación Argentina, y que en materia tan trascendental, como es el manejo de la deuda exterior, en tres años se han presentado tres proyectos completamente distintos, con la particularidad que dos de ellos, llevan la firma del mismo señor Ministro.
Y voy a demostrar también, señor Presidente, como lo prometí, cuál es ese origen y cuál es el verdadero propósito de este proyecto, que se ha llamado de unificación de la deuda.
Me excusará la Cámara si al ocuparme de épocas anteriores, me veo forzosamente obligado a referirme a aquella en que estuve al frente de la administración nacional, y le ruego no quiera interpretar en algunas de mis palabras un elogio que, seguramente, no soy quien debo hacerlo en este caso: será, a lo más, un recuerdo de justicia que debo a mis ilustrados colaboradores.
Al principio del año 1891, señor Presidente, la situación económica de la República era la siguiente: la base rentística única de la Nación, eran los impuestos de aduana –los demás impuestos, sólo servían para cubrir servicios especiales.
Debido a las crisis y a los trastornos que sufrió entonces el país, el comercio exterior había disminuido en casi un 50 %, y los derechos de aduana se cobraban a papel depreciado en un 200 %. Resultado definitivo: que la renta nacional había descendido rápidamente a un 30 % de su cifra en años anteriores.
Este solo hecho prueba que era materialmente imposible, en ese momento, atender a todos los compromisos nacionales, sobre todo, al servicio de la deuda externa pagadera en oro, a los gastos de la administración local y a ciertos gastos extra-ordinarios, que había necesidad de hacer en previsión de peligros futuros.
Lo primero que preocupó a la administración entonces, fue el servicio de la deuda nacional. Creyó que, ante todo, era necesario salvar el crédito y el honor nacional, y que, cualquier sacrificio que ellos exigieran, la Nación estaría siempre dispuesta a hacerlo; y queriendo proceder en esta cuestión con plena y perfecta buena fe, envió un comisionado a Europa, con el estudio detallado de la situación, con los propósitos del Gobierno, con sus miras respecto al porvenir, para que discutiera esta cuestión con los acreedores de la Nación que eran parte interesada en su solución.
En aquella época se había formado en Londres un comité encargado de proceder a la liquidaci6n de la casa Baring. Ese comité era presidido por el Barón de Rotschild, que jamás había tenido participación alguna en los negocios de la República Argentina, y que no tenía comprometidos intereses en los documentos a créditos de la Nación. Sin embargo, como la mayor parte del activo de la liquidación Baring, eran títulos argentinos, ese comité se convirtió en comité de la deuda argentina, y con él trató nuestro comisionado. Estudiada detalladamente la cuestión, vistos los recursos actuales y posibles de la República los acreedores, representados por el comité, arribaron a esta conclusión: los males que afligen a la República Argentina son pasajeros; su perturbación financiera es fácilmente remediable, y, poniendo en juego los grandes recursos que ese país posee, en muy pocos años podrá ponerse en condiciones de atender honorablemente al cumplimiento de toda su deuda. Lo único que se necesita es, por el momento, que se dé un plazo para poder reorganizar su hacienda pública.
Aceptado este principio, la consecuencia era lógica. Se le propuso a la República Argentina: que pagara durante tres años los intereses de la deuda con títulos de crédito, y a estos títulos, que se recibirían por moneda, se les daría a sus cupones poder cancelatorio de impuestos.
Vencidos los tres años, la República debía estar en condiciones de hacer honor a sus compromisos y de reasumir el servicio de su deuda.
El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación aceptaron esta propuesta que era perfectamente equitativa; pero, aceptada esa proposición y salvado el inconveniente del servicio de la deuda externa pagadera en oro, quedaba mucho por hacer; había que modificar por completo todo nuestro sistema rentístico, facilitar el desarrollo de las industria y comercio, crear nuevas instituciones de crédito; en una palabra, poner a la Nación en condiciones, al fin de los tres años de moratoria, cumplir con todos sus compromisos.
La administración emprendió la tarea con toda resolución y energía, a pesar de los numerosos conflictos y dificultades que es esos momentos la agobiaban. Triplicó las rentas de aduana, ordenando que se pagaran en oro en vez de papel; creó el sistema de impuestos internos que debían ir progresando año por año; ordenó la liquidación de los establecimientos nacionales, para facilitar en tiempo más cercano la realización de las grandes sumas que tenía comprometida la Nación. Creó nuevas instituciones para favorece el comercio y la industria, sostuvo el Banco Hipotecario con una pequeña emisión de cinco millones, que evitaron que cien millones de títulos más, depreciados, vinieran a pesar sobre la inmensa mole que oprimía entonces a la Nación; y formó con todo esto un plan general de reorganización administrativa, calculando que, restablecidos el orden y la tranquilidad, vuelta la Nación a dedicarse exclusivamente a las tareas de la paz y el trabajo, dentro de tres años iba a poder terminar su moratoria y reasumir el pago de sus deudas.
En octubre de 1892, cuando este plan económico recién empezaba a desenvolverse, la administración cambió.
El señor Ministro que actualmente desempeña la cartera de Hacienda, entró a formar parte del Gabinete, y su primer acto fue dirigir al señor Ministro argentino en Londres, una nota, en que condenaba, en términos bastante duros, toda la política económica de la administración anterior; declaraba que esa política nos llevaba directamente a la bancarrota; decía que este sistema de pagar deudas con deudas, era un contrasentido económico, y declaraba que estaba resuelto a poner término a todo eso.
Todo el argumento que daba para condenar eso, era esta frase que ha inventado y que se ha repetido muchas veces: “pagar deudas con deudas es un contrasentido económico”; y yo puedo decir, señor Presidente, que todo el movimiento industrial y económico de un país, está basado en pagar deudas con deudas.
Cuando la Nación argentina ha consolidado su deuda flotante, ¿qué ha hecho? Ha pagado deuda con deuda; ha pagado deuda flotante exigible, con títulos a plazo.
Cuando el señor Ministro de Hacienda, solicita créditos a los banqueros, como lo hace actualmente, para pagar a los fabricantes de armas a de barcos, ¿qué hace? Paga deudas con deudas, paga la deuda al fabricante con la deuda del banquero. Y este proyecto que ha presentado, ¿qué es lo que propone? Pagar deudas con deudas, pagar con 230.000.000 de títulos 4% 200 y tantos millones de títulos de 6 %.
De manera que, si pagar deudas con deudas es un contrasentido económico, este proyecto, todas las operaciones que el señor Ministro está haciendo, todos los actos de consolidación que ha hecho el Congreso hasta ahora, son contrasentidos económicos, Pero no hay tal cosa.
Las deudas no se pueden pagar sino de dos maneras: a con dinero al contado a con un documento a plazo; no se ha inventado todavía otra forma, porque creo que no es forma una tercera a que parecen algunos inclinarse, que es no pagar.
Cuando el año de 1891, esta Nación estaba en la imposibilidad material de pagar sus deudas con dinero de contado, ¿qué le restaba hacer? Una de dos cosas: a pagarlas a plazo, es decir, con otra deuda (sistema condenado por el mismo señor Ministro), a no pagar.
El señor Ministro, en la necesidad de presentar algún plan de hacienda, en sustitución de éste de la moratoria que condenaba tan enérgica y terminantemente, ideó lo que se ha llamado el arreglo Romero-Rotschild. Dijo entonces: “que la Nación va a pagar en dinero sus deudas; pero la Nación Argentina no tiene más que 1.500.000 libras que dedicar al pago de su deuda externa, y dentro de esa suma deben los acreedores tomar la parte que pueda corresponderles.” ¿Por qué dijo el señor ministro de Hacienda 1.500.000 libras? ¿Por qué no dijo 2.000.000 a 1.000.000?
Nunca se ha explicado una cifra redonda que probablemente parecería al señor Ministro bastante.
Reunidos los banqueros, algunos de ellos rechazaron terminantemente la propuesta, y la rechazaron porque entendían que la Nación Argentina tiene con qué pagar sus deudas, y que esta cifra que daba el señor ministro de Hacienda, no era exacta.
Esta fue la primera dificultad que encontró el arreglo.
El señor ministro de Hacienda se encerró en su cifra, se negó a aumentarla, y, después de muchas negociaciones, su sucesor accedió a un aumento de 64.000 libras más.
Esta cantidad no fue distribuída por el Gobierno de la Nación entre los acreedores, sino que fue entregada al comité Rotschild de Londres, para que hiciera la distribución el modo y forma que lo considerara conveniente.
En ese comité Rotschild, estaba la casa de Morgan, hoy día la más importante que existe en Londres, después de la disminución de la casa Baring, y que tiene los dos empréstitos de moratorias y de obras públicas. Está también el señor barón de Rotschild, cuyo único interés en nuestras cuestiones, es el interés en 1a liquidación del empréstito de obras de salubridad, que forma una parte del activo de Baring.
Estos señores, cuya influencia y autoridad fácilmente se comprende, fueron los encargados de hacer la repartición del 1.565.000 libras que la República había declarado Ser lo único que podía dar a sus acreedores; y la repartición se hizo, en este caso, como en el caso de la fábula: estos señores, quia nominor leo, tomaron la mejor parte y la distribución se hizo en esta forma: Morgan tenía los empréstitos de moratorias y obras públicas, y exigió que se le pagara íntegramente, alegando como razón para esto, el privilegio que le daban sus contratos; convino, por último, en que se le pagaran 83 % al contado y 17 % en un certificado a cinco años, y el empréstito de 1885 del 5 %, 80 % al contado y 20 % en certificado pagadero en cuatro años. De manera que, según el arreglo que se llama Romero-Rotschild, estos dos empréstitos gozan actualmente del 8º y 83 % al contado, más un 17 y 20 % pagaderos a los cinco años por un certificado.
El empréstito de obras de salubridad, no podía alegar privilegios pero era el protegido del señor Rotschild, y a ese empréstito se le dio el 80 % de renta. Vinieron en seguida los otros empréstitos del Banco Nacional, ferrocarriles y puerto. Estos empréstitos no tenían quien los protegiera: eran del 5 % y tuvieron que contentarse con el 60 %.
De manera que los empréstitos de 5 % tenían. 3 %, y los de 4 1/2 2, 70 %. Esta distribución importaba el acto más arbitrario, y más injusto de la Nación Argentina para sus acreedores, y sólo tenía su explicación, diciendo que se había abierto en forma el concurso de la República Argentina, se había nombrado síndico al señor Rostchild, depositario de su activo al Banco de Londres, y se había distribuido ese activo con arreglo a la graduación de créditos, y sólo esa graduación de créditos y esos privilegios explican que a unos empréstitos se pague el todo de la renta, y a otros no se les pague sino el 60 %.
Pero hay algo más grave, señor Presidente. Se dijo que este arreglo duraría cinco años, y que al cabo de éstos, se pagaría el servicio íntegro de su deuda; eso es lo que estaba estipulado. De manera que en 1898, la Nación tiene que pagar, con arreglo a ese contrato, el servicio íntegro de su deuda. Pero, los acreedores no van a recibir el servicio íntegro. ¿Por qué no lo van a recibir? Porque el comité estipuló, con Morgan, que, del producido de la renta, de 1898, se dedujera primeramente lo que fuera necesario para el pago de los certificados dados a Morgan, y, segundo, que el saldo se distribuyera hasta donde alcanzara a los demás acreedores. Se comprenderá fácilmente, señor Presidente, que los banqueros y acreedores que se vieron obligados a aceptar ese arreglo, a quienes se les hizo esta extorsión injustificable, se resintieran contra esta forma de pago. Y un señor inglés, que ha residido mucho tiempo en la República Argentina, y que ha demostrado más de una vez el gran afecto que conserva por este país, declaró en la reunión de acreedores que tenía el dolor de confesar que habían sufrido una extorsión injustificable y arbitraria por parte del Gobierno.
Este estado de cosas tenía que aguzar el ingenio de los banqueros, y buscaron la reparación de este agravio, y no sólo la reparación de este agravio, sino el medio de evitar que, en adelante, se repitiese.
Y aquí tiene el Senado el origen de lo que se llama el proyecto de unificación. Ellos se dijeron: si hacemos que la Nación convierta todas sus deudas por una sola deuda de tipo igual y de igual privilegio, habremos destruido el proyecto Romero, que desaparece con el proyecto que hoy se presenta; que los que hoy reciben 2,70 % recibirán cuatro; los que reciben más, tendrán una prima; y, sobre todo, la deuda argentina tendrá el mismo privilegio del cupón moneda, y mañana no podrá decírsenos, cuando venga otra concordato, que hay deudas privilegiadas y otras que no lo son. Este es el origen del proyecto de unificación, éste es el origen de la cláusula del privilegio de aduana; y por eso se dice que, si se suprimiese esa cláusula, se destruye el proyecto. Indudablemente, se destruye el objeto principal del proyecto. Por eso, señor Presidente, que, casi conjuntamente con el arreglo romero, nació el proyecto de unificación que el año pasado fue presentado nuevamente al señor ministro de Hacienda que entonces se desempeñaba el Ministerio, el cual fue rechazado: que este año se vio publicado en los diarios extranjeros que tienen relaciones y vinculaciones directas con los banqueros, y se explica cómo se ha querido extender este proyecto de unificación, a la solución de todas las cuestiones pendientes actualmente, como son las garantías de los ferrocarriles y el pago de las deudas provinciales.
Y si la Cámara apela a la memoria, recordará también que hubo un momento en que se dijo que este proyecto de unificación, iban a estar comprendidas hasta las cédulas de la provincia de Buenos Aires, que hoy día pesan dolorosamente en Alemania y Bélgica, con especialidad. Por eso, en aquella época, hace algunos meses, se hablaba de un empréstito de unificación de cuatrocientos cincuenta a quinientos millones.
Se comprendió más tarde, que habría una gran resistencia en esto de nacionalizar la deuda del Banco Hipotecario de la Provincia, que se comprometía el éxito del proyecto mismo con exagerar estas cantidades, y entonces se retiró esa parte de las cédulas provinciales, y se redujo el proyecto a la unificación de la deuda nacional, al pago de deudas provinciales y a las garantías de ferrocarriles.
Estos son los antecedentes y los propósitos del proyecto; y con ellos entró la Comisión de Hacienda a estudiarlo. Comprendió que se había involucrado en un mismo proyecto, tres cosas completamente distintas por su naturaleza y con su relación con el erario nacional, cual era, en primer término, la deuda pública de la Nación, regida por contratos terminantes sobre los cuales no podía haber discusión, las garantías de ferrocarriles en los cuales hay reclamaciones recíprocas, entre las empresas y el Gobierno, que necesitan un estudio detenido, y, por último, las deudas provinciales, a las que es completamente ajena la Nación, y de las cuales sólo se puede ocupar por razones de equidad y de convivencia, que son cuestiones puramente de régimen interno. Creyó necesario separar estas tres cuestiones para dedicar a cada una de ellas un estudio que relacione su importancia con los intereses nacionales. Se preguntó entonces, señor Presidente, ¿qué objeto se propone el señor ministro de Hacienda, al pedir autorización para convertir los títulos actuales de deuda nacional por otros títulos de otro interés? ¿Es su propósito hacer la conversión de manera que ni ganen ni pierdan los acreedores, ni gane ni pierda la Nación? Si este es su propósito ¿qué objeto hay de hacer este movimiento, esta gran manipulación de papeles, retirar unos para reemplazarlos por otros, y con ese solo objeto producir este manoseo del crédito nacional, esta alteración en los contratos existentes? Absolutamente ninguno.
El único resultado que eso puede traer, es perjudicar la seriedad del manejo de la renta pública, y ocasionar a la Nación un gasto inútil, pues un gasto inútil y grande tiene que ocasionar una nueva emisión de títulos.
Pero, si no es ni puede ser éste el propósito del señor Ministro, ¿cuál es? Debe ser, sin duda, conseguir alguna economía al erario nacional, a costa de un sacrificio por parte de nuestros acreedores, y este móvil lo rechaza terminantemente la Comisión.
Puedo afirmar aquí, que si hubiera por parte de la Comisión el propósito de entorpecer la acción de señor Ministro y colocarlo en una situación difícil, su consejo habría sido que se aprobase íntegramente el proyecto de la Cámara de Diputados, porque tiene la Comisión la firme convicción de que es un proyecto perfectamente impracticable.
¿Por qué el señor Ministro dijo, en el ano 92, que la Nación sólo tenía un millón quinientas mil libras para atender sus servicios? ¿No creyó, acaso, que nuestro deber era cumplir con sus acreedores y pagar las deudas, haciendo cualquier sacrificio para llegar a ese resultado
¿No temió que el desenvolvimiento mismo de la Nación, viniera a demostrar el error de sus cálculos y colocar a la Nación en la falsa posición de un fallido que hace ocultación de bienes?
Y ese fue el resultado. En el mes de noviembre de 1892, el señor Ministro declaraba, a nombre del Gobierno argentino, que no tenía más que 1.500.000 libras para atender la deuda externa, y que no podía hacer honor a su firma íntegramente. Seis meses después, el Presidente de la República, al abrir las sesiones del Congreso, declaraba en su mensaje que las rentas de la Nación habían dejado veinticuatro millones de pesos, que estaban depositados en el Banco Nacional.
Acaso no tuvo derecho entonces cualquier acreedor, de decir: “La República Argentina nos dijo en noviembre que no tenía con qué pagarnos sus deudas y nos impuso el arreglo Romero; seis meses después, viene a decirnos que le sobran veinticuatro millones de pesos; parte de esto que le sobra es lo que nos ha quitado.” Y hubiera dicho la verdad. ¿Cómo puede sostenerse hoy, señor Presidente, que la Nación Argentina no tenga cómo cumplir con compromisos, y que tenga necesidad de apelar a todos estos artificios, a todas estas combinaciones, a estas manipulaciones de papeles, para economizar un millón de pesos, más o menos, de su presupuesto anual ? No, señor Presidente; es que el señor Ministro no tiene fe en la fuerza productiva y poder de expansión de la República. En otros momentos muy difíciles y muy críticos, los hombres que estuvieron al frente de la administración no dudaron un instante de que todos los males que la afligían eran pasajeros, y que había de llegar un día en que pudiera hacer honor a todos sus compromisos, y el señor Ministro, hoy, en plena tranquilidad, amarrado dentro del puerto, en plena paz y abundancia., está pidiendo auxilio, está desconfiando del porvenir de la República y está creyendo que debe negociar con el crédito nacional, para ahorrar al tesoro un millón de pesos durante algunos años.
Esto es, señor Presidente, olvidar los precedentes de todos los grandes pueblos y olvidar los mismos honrosos precedentes de la República Argentina. Me voy a permitir recordar a la honorable Cámara lo que otros pueblos han hecho en circunstancias mucho más difíciles, y lo que hicimos nosotros mismos en un momento crítico de nuestra historia.
Señor Presidente: me detendré poco en el ejemplo de la Francia; todo el mundo lo conoce. Después de una guerra desastrosa, por la que tuvo que pagar, no sólo los ingentes gastos que ella ocasionó, sino la enorme indemnización de mil millones de pesos oro, la Francia se encontró, al día siguiente de la derrota, con una deuda enormemente acrecida y con que tenía necesidad de reorganizar todo su poder militar. Era necesario pedirle al pueblo francés el esfuerzo más grande que haya hecho ninguna Nación en el mundo, y el Gobierno y el pueblo se pusieron decididamente a la obra patriótica; los impuestos se elevaron en poco tiempo en novecientos millones de francos; y gracias a ese sacrificio que el pueblo se impuso, la Francia atendió a todos sus compromisos, rehizo su poder militar y hoy se presenta imponiendo respeto a sus vencedores y al mundo entero.
En este momento no hubo una sola voz, ni en los poderes públicos, ni del pueblo francés que lanzara la idea a indicara el propósito de tocar a un solo centavo de la deuda nacional. Se dirá acaso, que en esos pueblos de civilización tan avanzada, no brotan estas ideas que abundan en otros pueblos; como no crecen en terrenos muy cultivados ciertas hierbas dañinas que son propias de los terrenos incultos. La observación sería dolorosa para nosotros. Pero quiero pasar al ejemplo de los Estados Unidos, que nos toca más de cerca. El año 1861, la deuda pública de los Estados Unidos era de 90.500.000 dólares; el año 1866, cinco años después, la deuda pública de los Estados Unidos, había subido a dólares 2.774.000.000. Ese pueblo acababa de hacer un esfuerzo colosal: había puesto en pie de guerra tres millones de hombres; había dejado quinientos mil en los campos de batalla; había visto paralizada su industria, arrasados sus campos, bloqueados sus puertos, y, al día siguiente., se encontró con todas esas ruinas que reparar y una inmensa deuda que pagar. Se presentaron entonces muchos de estos proyectos; hubo quien dijo que era conveniente suspender el servicio de la deuda; otros, que debía pagarse en papel, en vez de oro; y el presidente Johnson, entre los muchos errores que cometió, en un mensaje al Congreso Nacional, insinuó la posibilidad de suspender el pago de los intereses por algunos años y dedicar esas sumas a amortizar el capital. A esa proposición contestó el Congreso con la siguiente declaración: “Que toda propuesta a idea de repudiar todo o parte de la deuda nacional, era totalmente rechazada por el Congreso de la Nación:” y este proyecto de declaración fue sancionado en el Senado por 43 votos contra 6, y en la Cámara de Diputados por 155 votos contra 5.
Más tarde, se presentó otra moción en la Cámara para que se declarase que toda forma de repudiación era odiosa al pueblo americano, y fue sancionada sin divisiones, es decir, por unanimidad.
En la plataforma del partido republicano, en la lucha presidencial de 1869, cuando el partido vencedor era dueño absoluto de los destinos de la Nación y no tenía que temer la oposición de otro partido, ni que halagar el sentimiento nacional, hacía, sin embargo, esta declaración: que cualquier forma o arreglo que importase disminuir las obligaciones contraídas con los acreedores de la Nación, era un crimen nacional, y que la deuda pública debía ser pagada con entera buena fe y con sujeción a los contratos y leyes nacionales; y con esta plataforma fue a la lucha y venció, obteniendo la inmensa mayoría del voto popular.
El presidente Grant, elegido entonces, en su mensaje inaugural, decía lo siguiente:
“Cuando sea conciencia universal que ningún individuo capaz de repudiar un solo centavo de nuestra deuda ha de merecer jamás los sufragios populares para puesto alguno, ese día nuestro crédito será lo que debe ser: el primero del mundo.”
La primera firma de ese Presidente fue al pie de la ley de 8 de marzo de 1869, que se intituló:
“Ley para resguardar el crédito público”, y que manda que toda deuda pública sea pagada en su totalidad, en oro, a como hubiera sido estipulado en su primitivo contrato. Esto fue lo que hizo ese Presidente y la política económica que siguió ese gran pueblo. El resultado de esa declaración se hizo sentir inmediatamente. Los títulos de 6 % de los Estados Unidos, habían bajado a 65%, y en pocos años, algunos de esos títulos, que no podían ser redimidos porque su contrato lo impedía, llegaron a 130, y todos los demás fueron convertidos por la Nación; la deuda quedó reducida al tipo de interés que hoy tiene, y el crédito de los Estados Unidos es hoy, si no el primero, como quería Grant, a la par del primero del mundo. Así proceden los pueblos honrados, señor Presidente; no miden el sacrificio, no tratan de economizar dinero a costa de sus acreedores, y asé proceden los hombres que tienen la responsabilidad del honor y del crédito nacional.
Pero, felizmente para nosotros, señor Presidente, hay en la historia argentina, ejemplos y antecedentes que pueden colocarse al lado de éstos; y si ellos han sido un instante olvidados, tiempo tiene aún el Congreso Argentino para volver por la honra y el crédito nacional. El año 1876, el 1 de octubre, vencía el cupón de la deuda extranjera en Londres. Las grandes dificultades que pesaban entonces sobre el Gobierno, habían hecho difícil procurarse las cien mil libras que necesitaba la Nación. Había habido necesidad de obtener dos leyes del Congreso y dos leyes de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para poder realizar el empréstito a préstamo de esas cien mil libreas que aún no habían sido enviadas a fines de septiembre.
En medio de esas dificultades, un diputado presentó a la Cámara., a que tenía el honor de pertenecer, un proyecto en que se declaraba sencillamente que quedaba suspendido el servicio de la deuda externa por un pequeño período. Ese proyecto fue leído y fue fundado, y el Presidente preguntó si había algún diputado que lo apoyase para pasarlo a la Comisión. Ni siquiera por espíritu de compañerismo, ni siquiera por cortesía hacia el diputado que había presentado el proyecto, hubo un voto que lo apoyara, y el proyecto tuvo que ser retirado.
A esa proposición, contestó entonces el Presidente de la República, con aquella frase célebre, viril y valiente que revelaba todo un propósito y un plan económico. Y esa declaración del Presidente, y esa votación del Congreso, fue transmitida a Europa, y el 1° de octubre, sin que llegaran los fondos, porque no hubo tiempo, la casa Baring, dijo: Un país rico como la República Argentina, que tiene estos propósitos de honradez, tendrá siempre con qué pagar; y pagó el servicio de la deuda, y nuestros títulos, que habían llegado a 50 % y que se anunciaba que dentro de pocos días llegarían a 22, subieron inmediatamente; y pocos años después, cuando llegó al ministerio el señor Ministro que tiene la fortuna de llegar siempre cuando sale el sol después de la tormenta y cuando renace la paz y la abundancia, el señor Ministro se encontró con una Nación llena de crédito y riqueza.
Estas son las tradiciones argentinas; y me es muy doloroso decir que estas tradiciones se están olvidando; aquí tenernos al Congreso reunido para discutir si ahorra un millón de pesos en el servicio de la deuda.
La Comisión de Hacienda cree que lo único que corresponde, tratándose del pago de la deuda nacional, es cumplir religiosamente con sus contratos, haciendo caso omiso de todo cálculo que nos empequeñece: la dignidad nacional nos ordena que paguemos lo que debemos, tal como lo hemos contratado, pues no tenemos el derecho de arrebatar, a quien nos entrego el producto de sus economías, ni un centavo de lo que nos hemos comprometido a devolverle. Pero si, desgraciadamente, hubiera alguien para quien esta razón de dignidad no fuera bastante, para ese, y para ese únicamente la Comisión tiene otro argumento; a él le podía decir: no solamente es más digno, sino que es más conveniente.
Siente la Comisión tener que descender a la cuestión de números y empequeñecer este debate; pero como el argumento se ha hecho, quiero probar que no sólo es más digno y honroso, sino que es más económico.
Dije, incidentalmente, que si hubiera mala voluntad en la Comisión para con el señor ministro de Hacienda, y el deseo de colocarlo en una situación difícil, el consejo sería que se aprobara el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, pues creo que ese proyecto es impracticable, como voy a tratar de demostrarlo.
El señor ministro de Hacienda nos ha pedido 380.000.000 de pesos de 4 % para realizar varias operaciones que están detalladas y separadas en su proyecto. Una de esas operaciones es el pago de las garantías de ferrocarriles, para la cual asigna la suma de 35.000.000. La Comisión no necesita detenerse en esta parte del proyecto, porque a esta suma ha contestado con cifras detalladas el señor ministro del Interior, y en un trabajo muy meritorio, después de una discusión prolongada con los acreedores por garantías, ha presentado el resultado de sus esfuerzos, y de él se desprende que, con 35.000.000, no se pueden arreglar las garantías nacionales; se necesitan, por lo menos, 43.000.000, deduciendo de los 50 millones de su proyecto, la suma que se pide pare prolongaciones y demás que no estén comprendidas en éste. De manera que, si el Senado votara el proyecto del señor ministro de Hacienda, la obra del señor ministro del Interior quedaba destruida, porque nunca podría cumplir los compromisos que ha contraído ad referendum con algunas compañías y lo que necesita para arreglar con los demás, con la suma que el señor Ministro de Hacienda ha establecido. Cuando la Comisión entró a calcular este proyecto, en el que el señor ministro de Hacienda ofrecía convertir pesos 222.000.000 de 6, 5 y 4 y medio % , con 230.000.000 de 4%, se encontró con que, por sus cálculos los resultados eran completamente distintos, y, temiendo sufrir algún error, la Comisión solicitó del señor ministro de Hacienda tuviera la bondad de facilitarle los que él debía haber hecho para fijar esa suma.
Debo declarar que, con gran sorpresa, el señor ministro de Hacienda contestó que no había hecho cálculo alguno, que no tenía contrato ni compromiso con los banqueros; y que esa suma de 230.000.000, la había calculado aproximativamente.
La Comisión pidió entonces a la Contaduría General, que calculara, cuánto importaba el servicio definitivo y total de los empréstitos actuales, y cuánto importaba el servicio definitivo y total de los 230.000.000 que propone el señor ministro de Hacienda, y la Contaduría informó, concluyendo, en los siguientes términos:
“Para terminar con lo referente a la primera pregunta, se hace la siguiente operación: costo del empréstito de 230.000.000 millones, según pormenores dados en el párrafo anterior, 511.019.750 pesos. Costo de los catorce empréstitos, según los contratos actuales, 495.219.000 pesos; diferencia en contra del empréstito de unificación, 15.800.000.” Es decir, que, en definitiva, la Nación pierde, con los 230.000.000 del empréstito del señor Ministro, 15.800.000. Pero, como he dicho, esa cifra de 230.000.000 está equivocada, tendrá que ser mucho mayor; pues jamás podrá el señor Ministro convertir los empréstitos actuales con 230.000.000 de 4%.
A la Contaduría no podía escapársele esto, y agrega este párrafo: “Esta diferencia está explicada., si se tiene en cuenta que la postergación del plazo obliga a un mayor desembolso de intereses sobre la misma, y ella aumentaría mucho más, si no fuera que la compensación de los títulos actuales de 222.000.000, con sólo 230.000.000 que propone el señor Ministro, es apenas la cuarta parte de lo que proporcionalmente corresponde.”
Y tenía razón la Contaduría.
Pero la Comisión ha tornado en cuenta otro elemento de cálculo, y es que el señor Ministro propone títulos de mayor garantía., y por consiguiente, al proponer un título de mayor garantía, debe disminuirse la prima. Y, entonces, en vez de 32.000.000 que es el cálculo de la Contaduría, la Comisión ha reducido a 21 millones 900.000 pesos, que, sumados a los 222.600.000 de la deuda actual, hacen la cifra de 244.500.000, que será lo menos que necesite el señor Ministro para convertir su deuda; y entonces, la diferencia entre la deuda y una nueva deuda de 244.500.000 de 4%, con arreglo a los cálculos de la Contaduría, es de 54.000.000 de pesos contra el erario, en los cuarenta años.
De manera que, considerada económicamente la propuesta del señor Ministro, el resultado definitivo es: que por economizar un millón en los próximos años, grava a la Nación, en definitiva, con 54.000.000.
Excusado es decir que no vale la pena de perder el crédito de la Nación para 1legar a este resultado.
Teniendo en consideración todo lo que dejo expuesto, la Comisión no podía trepidar; tenía que aconsejar al honorable Senado que rechazara el proyecto del señor Ministro y procediera inmediatamente al pago de la deuda pública, tal cual ha sido pactada, tal como corresponde, haciendo honor a la firma de la Nación, puesta al pie de los contratos respectivos. Debo agregar que no es sólo mas económico, por las cifras que acabo de enunciar, sino que será también económico en otro sentido. No se pueden hacer estas grandes operaciones de empréstitos sin ciertos gastos; los banqueros no van a emitir 240.000.000 en títulos, ni a recogerlos del público y cambiarlos por nuevos, sin cobrar alguna comisión. Estos nuevos títulos impondrán nuevos gastos, nuevos derechos de timbre; en fin, será necesario invertir una suma que no sé si calcular en 1 a 2 por ciento, porque no tengo base para hacerlo. Economizar, señor Presidente, no quiere decir no gastar, sino no malgastar. Estos tres, cuatro a cinco millones de pesos oro, que la Nación va a tener que gastar en pago de comisiones y gastos del nuevo empréstito, se pueden ahorrar, y ya tendría el señor Ministro, con esta suma, cómo atender el mayor servicio durante varios anos.
Pero, yo le diría al señor Ministro que esa plata le servirá para otra cosa, otra deuda que él ha olvidado. En este proyecto de conversión que discutimos, no se dice una palabra de esas 500.000 libras de certificados de 1% que existen en la Bolsa de Londres, y que han sido dados en pago del saldo del servicio de dos empréstitos. Hoy existen cuatrocientas y tantas mil libras en certificados de 1%. Esos certificados, como lo dije antes, deben pagarse con la diferencia que hay entre el servicio actual y el de la deuda que hará la Nación el año 98, según el arreglo Romero. Como con este proyecto todo desaparece, yo le pregunto al señor Ministro con qué va a pagar los dos millones de pesos de certificados del año 98, si se realizó esta conversión el año próximo. En ninguna parte del proyecto existe, y debo creer que el señor Ministro lo ha olvidado. Por eso la Comisión cree que esos cuatro millones que iba a malgastar en comisiones y gastos de un nuevo empréstito, le servirán para pagar los certificados que están en la Bolsa de Londres. Creo, señor Presidente, con lo expuesto, haber demostrado que el servicio de la renta que se debe, sin combinaciones y sin arreglo, sin manipulaciones de papel, es lo que corresponde a la dignidad nacional; y creo haber demostrado que es también lo que conviene en definitiva al Tesoro de la Nación. Y después de estos argumentos, con que he fundado el proyecto de la Comisión y he rebatido el del Poder Ejecutivo, en lo que se refiere al pago de la deuda, pasaré a la parte referente a los ferrocarriles; no me voy a detener mucho.
El ministro del Interior, a nombre del Poder Ejecutivo, ha elevado un proyecto, que está a estudio de las comisiones del Senado; es un proyecto perfectamente detallado, por el que el Congreso Nacional podrá darse cuenta de lo que el Poder Ejecutivo pretende con la autorización que solicita. Tiene la inmensa ventaja, sobre el del señor ministro de Hacienda, de que no solicita autorización sin límite para hacer y deshacer en esa materia lo que crea conveniente, para arreglar en cualquier forma que parezca equitativa al Poder Ejecutivo, sino que propone hacer arreglos en forma clara y precisa, y somete todos sus detalles al juicio del Congreso Nacional. Es evidente que no podemos ocuparnos de discutir garantías de ferrocarriles en este proyecto, que no trae base ni detalle de ninguna clase, cuando tenemos para mañana la discusión de ese otro; y es evidente que no podemos votar los 35.000.000 que nos pide el ministro de Hacienda, porque, votarlos, sería rechazar de antemano el proyecto del ministro del Interior, que no tenemos derecho de rechazar sin estudiarlo, porque allí se nos pide 50 millones como necesarios para su realización. De manera que, consultando las dos opiniones del mismo Poder Ejecutivo, creo que en esta parte no puede el Congreso votar este proyecto, ni puede el ministro de Hacienda sostenerlo.
En cuanto a las deudas provinciales, hay aquí, señor Presidente, dos cuestiones.
Una de precedentes y otra de equidad y conveniencia.
Como precedentes, es indispensable que quede establecido que la Nación no es, en manera alguna, responsable de las deudas que pueden contraer las provincias, en ejercicio de derechos propios y ajenos a la autoridad nacional, y que aquellos que contratan con las provincial, lo hacen bajo la responsabilidad exclusiva de cada una de ellas.
Si la Nación fuera hoy a llamar a los acreedores de las provincias, a abrogarse el conocimiento de las cuestiones que ellas tienen con sus acreedores y tratar directamente con estos, dejaría establecido que la Nación es parte en las cuestiones entre los acreedores provinciales y Gobiernos de provincia.
Pero una vez salvado este principio y este precedente, queda una cuestión de equidad.
La mayor parte del producido de los empréstitos contraídos por las provincias, ha sido entregada a la Nación, en cambio de papeles que se han despreciado, y no es justo que las provincias soporten solas esta sobrecarga; el hecho es cierto, es una razón muy atendible. Y hay otra razón de conveniencia nacional. La falta de pago de esas deudas está pesando sobre el crédito nacional, porque no es posible exigir que los tenedores de títulos de deuda provincial externa conozcan tan bien nuestro mecanismo institucional para que puedan deslindar la responsabilidad provincial y la nacional.
Por equidad y conveniencia propia, la Nación debe, pues, auxiliar a las provincias con lo necesario para salvar sus compromisos.
El error fundamental del procedimiento que se ha seguido, es el haber el ministro de Hacienda entrado en relación directa con los acreedores de las provincias.
La Comisión cree que cada provincia, debe arreglar sus intereses con los acreedores, y que estos arreglos se aprobarán por el Poder Ejecutivo, porque desde que la Nación va a contribuir con su dinero, es natural que los encuentre conformes y justos, y una vez que los haya aprobado, entregar a las provincial, en títulos, las sumas necesarias para cumplirlos.
La Comisión cree que esta forma es la que consulta mejor el interés del momento, que arreglar esta deuda y los intereses permanentes; no dejar un precedente que pueda invocarse mañana contra la Nación, con motivo deudas provinciales.
Ahora se dirá que hay dos leyes que ordenan esto, más a menos. Es cierto. Pero esas dos leyes no han sido bastante detalladas, han sido simplemente autoritativas, y ha bastado la mala voluntad de alguna de las partes que intervienen para que no se ejecuten.
La Comisión cree que ha llegado el momento de establecer claramente la forma en que estos arreglos deben hacerse, y establecer para todas las provincias la misma base, de manera que no pueda decirse que unas son más favorecidas que otras.
La Comisión cree que lo que necesitan las provincias es que la Nación les anticipe los fondos necesarios para salir de sus compromisos; fondos que podrán devolver en más o menos tiempo. Esta es la razón por la cual la Comisión ha separado esta partida de las deudas provinciales, haciendo un nuevo proyecto.
El tercer proyecto es una consecuencia de los anteriores.
El señor ministro del Interior declara que necesita cincuenta millones para arreglar las garantías de los ferrocarriles, y el señor ministro de Hacienda, que se necesitan ochenta y cinco millones pare arreglar las deudas provinciales. Aunque esta suma no ha podido ser confrontada por la Comisión de Hacienda, porque le faltan los datos, el Congreso debe dictar la ley poniendo esta cantidad a la disposición del Poder Ejecutivo, y por este proyecto se le autoriza para emitir los 135.000.000 que necesita para los objetos designados.
Con esto habría terminado, por mi parte, la exposición sobre los proyectos de la Comisión, las razones en que se funda y las observaciones que tiene que hacer al proyecto del señor Ministro; pero creo, sin embargo, que no debe terminar aquí, y me permitirá el honorable Senado que salga, tal vez, del círculo de las atribuciones de la Comisión de Hacienda e invada cuestiones reservadas a otras comisiones.
Sucede hoy un hecho completamente anormal, sumamente perjudicial y que habla muy poco en favor del orden con que se manejan nuestras finanzas.
Estamos discutiendo aquí un proyecto que afecta la renta y la deuda nacional; es decir, según el cual se va a determinar el monto de los servicios de nuestra deuda; la Comisión de presupuesto del honorable Senado, tiene, a su estudio las leyes de impuestos internos; en la Cámara de Diputados se está discutiendo, por la Comisión, el presupuesto general, y otra Comisión tiene las leyes de aduana.
De manera, que se está discutiendo la renta en una parte, la deuda en otra y los gastos en otra, como si todo esto no tuviera vinculaciones y relaciones íntimas, no tuviera necesidad de estar perfectamente coordinado y combinado para formar el plan general de finanzas nacionales. La situación actual es un inmenso desorden que tiene que traer gran confusión. Cuando la Comisión sostiene que debe pagarse el total de los servicios de la deuda nacional, se le puede preguntar: ¿se ha dado cuenta de la influencia que eso puede ejercer sobre la economía general del presupuesto y de los recursos de la Nación? Y la pregunta sería perfectamente acertada. La Comisión ha querido darse cuenta de esa situación general, y debe mostrar someramente a la Cámara -porque no puede ni debe entrar en detalles-, cómo ella entiende que dentro de los recursos disponibles de la Nación, hay cómo atender con holgura a todo el servicio de nuestra deuda, a todos nuestros egresos ordinarios y a todos los gastos extraordinarios decretados. El señor Ministro elevó a la honorable Cámara el presupuesto de los gastos generales de la Nación, y en él vienen incluidos los gastos extraordinarios que está haciendo en estos momentos, en cumplimiento de leyes del Congreso. La Comisión de Hacienda reputa que hay en esto un error fundamental, no se puede incluir en el presupuesto ordinario de la Nación los gastos extraordinarios que hoy día se hacen, que son forzosamente pasajeros, ni se puede pretender que con las rentas ordinarias se paguen esos gastos extraordinarios. En todas partes del mundo, cuando se ordena un gasto extraordinario, fuera de toda previsión y de carácter pasajero, se provee, al mismo tiempo, los recursos necesarios para atenderlo, so pena de producir un desequilibrio completo en todo el plan económico, que tiene que traer consecuencias funestas.
La Comisión de presupuesto de la honorable Cámara de Diputados, tengo entendido, ha comprendido inmediatamente este error y ha formulado un proyecto de presupuesto ordinario y otro extraordinario, incluyendo en el primero todos los gastos ordinarios de la Nación, y en el segundo, cinco millones de pesos oro y tres millones de pesos papel, en que el señor Ministro estimaba los gastos extraordinarios.
Según la Comisión de Hacienda lo entiende, todas las rentas ordinarias de la Nación, deben destinarse a cubrir los gastos ordinarios de la misma, y para los gastos extraordinarios, debe arbitrarse un recurso extraordinario; lo tiene el señor Ministro sobre la mesa de trabajo, y no sé si lo ha visto a no ha querido verlo.
Con estos antecedentes, señor Presidente, la Comisión se hace este cálculo: los recursos ordinarios de la Nación, según el presupuesto que está ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, son los siguientes: Impuestos: $ 40.000.000 papel, más 31.450.000 pesos oro, que, a 330, son 143.765.000 pesos: -y gastos ordinarios 80.000.000 de pesos papel, más 15.500.000 de oro, que, a 330, importan 54.250.000 moneda nacional, resultando un sobrante de 11.135.000. De manera, señor Presidente, que, aplicando todas las rentas de la Nación al pago de los gastos ordinarios de la misma, le queda un sobrante de 11.135.000 pesos. Excuso decir que éstas son cifras aproximativas, grosso modo, porque la Comisión de Hacienda no tiene los antecedentes ni la misión de estudiarlas detenidamente: hay otros señores diputados y senadores muy competentes, que presentarán en oportunidad y detenidamente estos cálculos. Pues bien, con estos 11.000.000 de sobrante, encontrará el señor Ministro, aun suponiendo que en los años venideros no se aumenten los impuestos en un solo centavo, ni aumente su producido por el progreso natural del país, tendrá sobradamente con qué atender al mayor gasto inmediato por servicio de la deuda y podrá también destinar una suma importante al fondo de reserva, que le servirá para muchas cosas: para amortizar su deuda, para poder fijar algún día el valor del papel, y, sobre todo, para tener una cantidad en depósito, de reserva, que una Nación necesita siempre tener, como un barco necesita tener lastre, porque le da más estabilidad y mejor gobierno.
Se preguntará ahora, ¿con qué se pagan los gastos extraordinarios?
He manifestado que estos recursos los tiene el señor Ministro sobre su mesa, y voy a decir cuáles son.
El señor Ministro ha recibido en estos días el informe del Banco Nacional en liquidación, y, resumiendo las cifras de este informe, resulta lo siguiente: que en el próximo semestre se amortizarán todos los títulos dados por pagos de deudas personales, y entonces, el Banco Nacional tendrá 43.000.000 de letras, cuyo servicio se hace regularmente: 25.000.000 de pesos en propiedades, algunas de las cuales está vendiendo con utilidad, y sesenta y tantos millones de letras protestadas, de las cuales espera sacar el 30 %, por lo menos. Es decir, que en un tiempo más a menos corto podrá tener a disposición del señor Ministro muchos millones de pesos. De manera, señor Presidente, que, una vez amortizados los títulos particulares, amortización que se puede anticipar con una pequeña operación comercial, el señor Ministro puede pedirle al Banco Nacional, a cuenta de los grandes depósitos de la Tesorería, 35.000.000 de títulos, que, colocados a dados en garantía al tipo de 90%, producirían 31.500.000 pesos, suma que es mucho mayor que la que ha pedido en el presupuesto extraordinario para el año próximo, y que le servirá para pagar, no sólo los gastos que haga ese año por las leyes del Congreso, sino las deudas que está contrayendo con todos los banqueros dentro y fuera del país. Con estas explicaciones la Comisión ha terminado su cometido, y, resumiendo, podré decir: que la Nación tiene recursos sobrados para cumplir leal y honradamente sus compromisos; que tiene recursos para atender a todos los gastos extraordinarios que el pueblo ha exigido; pero que aun suponiendo el caso en que esos recursos faltaran, debe tenerse presente que, cuando el pueblo argentino ha venido a este Congreso y le ha impuesto la obligación de hacer gastos enormes para prepararlo a cualquiera eventualidad, no ha pretendido jamás decir: que lo pagará con el dinero de nuestros acreedores, sino con su dinero propio, a costa de cualquier sacrificio que está dispuesto a aceptar para dejar ileso el honor nacional.
Por consiguiente, si faltara un peso mañana para atender al cumplimiento de esas leyes a al servicio de la deuda externa, ahí está el pueblo argentino para pagarlo por medio del impuesto que sea necesario.
Lo único que falta es tener un poco más de confianza, un poco más de fe en el porvenir de este país; y creo que un pueblo joven como la República Argentina, tiene fuerza y potencia bastantes para salvarse de cualquiera dificultad, y que, en años muy breves, llegará un momento en que no se comprenderá cómo es que el Congreso Argentino se detuvo a discutir, durante largos días, si tendría, en tiempo más o menos próximo, un millón de pesos para atender a su deuda externa. Hará entonces el mismo efecto que nos hace hoy cuando vemos que en el año 76, fue necesario ocurrir a leyes del Congreso, a los Bancos de la Provincia y a la legislatura provincial, para obtener 100.000 libras esterlinas que el señor Ministro puede obtener mañana ocurriendo a cualquier Banco.
No, señor Presidente; en muy pocos años, si sigue la época de paz, de prosperidad que hoy día nos sonríe, la República Argentina tendrá, no sólo cómo hacer el servicio de la deuda, sino cómo amortizarla rápidamente, y podremos decir entonces, como el presidente Grant: “El crédito de la República Argentina debe estar, si no el primero, a la par del primero en América, y este porvenir sólo se consigue cumpliendo leal y honradamente con las leyes y contratos que hemos firmado”
He dicho.
CARLOS PELLEGRINI
Fuente: www.fundacionpellegrini.org.ar
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