Walter Bagehot
(1867)
[2° Parte]
ÍNDICE 2° PARTE
CAPÍTULO SEXTO
La Cámara de los Comunes
CAPÍTULO SÉPTIMO
Los cambios de ministerio
CAPÍTULO OCTAVO
Frenos y contrapesos de la Constitución inglesa
CAPÍTULO NOVENO
Historia de la Constitución inglesa. (Conclusión)
CAPÍTULO SEXTO
LA CÁMARA DE LOS COMUNES
La Cámara de los Comunes es más prácticamente útil que exteriormente brillante. Tiene, sin duda, un carácter imponente, porque en un país donde las partes del gobierno que están más en evidencia toman su valor del brillo que lanzan, todo lo que debe atraer la atención no logra alcanzar la estimación popular sino por medio de alguna pompa exterior.
La imaginación del hombre exige la armonía en el arte de gobernar como en cualquier otro arte, no se deja influir por las instituciones que desentonen con las que en él influyan principalmente. Así, pues, la Cámara de los Comunes necesita ser imponente, y lo es; pero la utilidad de esta Cámara en el sistema constitucional se debe, no a lo que parece que es, sino a lo que es en realidad. No tienen por fin conseguir autoridad por la impresión que producen en los espíritus; su misión consiste en servirse del poder adquirido para gobernar al pueblo.
La imaginación del hombre exige la armonía en el arte de gobernar como en cualquier otro arte, no se deja influir por las instituciones que desentonen con las que en él influyan principalmente. Así, pues, la Cámara de los Comunes necesita ser imponente, y lo es; pero la utilidad de esta Cámara en el sistema constitucional se debe, no a lo que parece que es, sino a lo que es en realidad. No tienen por fin conseguir autoridad por la impresión que producen en los espíritus; su misión consiste en servirse del poder adquirido para gobernar al pueblo.
Entre las funciones de esta Cámara, la principal, cuya existencia es bien conocida, aunque en el lenguaje constitucional de ella no se trate, es la de ser una especie de cuerpo o colegio electoral: la Cámara de los Comunes es la asamblea que elige nuestro presidente. Washington y sus colaboradores políticos habían inventado un colegio electoral que, según su idea, debía comprender como la expresión de la nación. A ese colegio confiaban ellos el cuidado de elegir como presidente, después de maduras deliberaciones, el hombre de Estado más capaz. Pero en América se ha desnaturalizado ese cuerpo electoral arrebatándole toda independencia y toda vitalidad. Nadie conoce ni se cuida de conocer los nombres de los miembros que lo componen; jamás discuten, jamás deliberan. Se les confían una delegación con un mandato de votar para elevar a la presidencia a Lincoln o a Breckenvidge, votan según el sentido que se les prescribe y se vuelven luego a su casa.
Por lo que se refiere a nuestra Cámara de los Comunes, elige realmente los ministros, y como los elige según le place, los derriba cuando bien le parece. No importa que haya sido elegido para apoyar a lord Aberdeen o a lord Palmerston. Al cabo de algún tiempo, en un momento dado despide al hombre de Estado que antes tenía en confianza, y le da por sucesor a uno de sus adversarios que antes rechazara. Sin duda en semejante caso se obedece a una especie de orden tácita que parece darle la opinión pública; pero no es menos cierto que la Cámara de los Comunes tiene completa libertad para determinar como juzgue conveniente. Esta Cámara no camina sino por los senderos por donde espera que el pueblo ha de seguirle, pero es esto un albur que corre, toma la iniciativa y obra según su libre voluntad o su capricho.
Una vez que el pueblo americano ha elegido su presidente, ya no puede hacer más: lo mismo ocurre con el colegio electoral al que le ha servido de intermediario. Ahora, como la Cámara de los Comunes puede derribar al propio tiempo que elegir el primer ministro, mantiene con éste continuas relaciones. La guía, y el ministro, por su parte, le dirige a su vez. Este ministro es para la Cámara lo que la Cámara es para la nación. No camina sino por las vías por donde, según cree, la Cámara le seguirá, pero necesita ponerse al frente, elegir la dirección y comenzar el viaje. No se trata de vacilar: un buen caballo gusta de sentir el freno y una asamblea deliberante gusta advertir que sea su jefe digno de conducirla. Un ministro que se hace débil ante la Cámara, que no teme cederla en todo, que no intente disciplinarla, que no revela con firmeza los errores que cometa, ese ministro rara vez saldrá triunfante. Los grandes jefes del Parlamento han variado mucho de ideas, pero todos han tenido cierta firmeza. Se llega a perder una gran asamblea como a un niño por un exceso de indulgencia. La política inglesa no es más que una serie de acciones y de reacciones entre el ministro y el Parlamento. Los ministros nombrados se esfuerzan por guiar a la Cámara, y los miembros de la Cámara se encabritan bajo quienes la pisan.
La función electoral es la que ahora tiene más importancia de cuantas funciones ejerce la Cámara de los Comunes. Conviene insistir en esto hasta la saciedad, precisamente porque se juzga ignorarlo con la tradición política. Hacia la mitad de la legislatura de los Parlamentos, si se leen los periódicos o se consulta a las personas que, habiendo seguido de cerca los negocios, deben conocerlos, se verá que se oye decir: El Parlamento no ha hecho nada durante esta legislatura. El discurso de la reina encerraba algunas promesas, y aunque se tratase en definitiva de cosas menudas, la mayoría de las leyes prometidas no se han votado. Lord Lyndhurst, durante varios años, se entretenía recapitulando los actos legislativos aprobados al fin, para criticar luego su insignificancia. Sin embargo, entonces estaban en el poder los ministerios whigs, y esos ministerios tenían más que hacer y han hecho más que cualquier otra administración. La mejor respuesta que un ministro ha podido dar a las indicaciones de lord Lyndhurst, era poner en juego su propia persona, contestándole con firmeza: El Parlamento me ha mantenido en el poder, y eso es lo mejor que ha podido hacer; el Parlamento ha impulsado lo que en el lenguaje respetuoso tradicional entre nosotros, llamamos el gobierno de Su Majestad: ha conservado lo que, bien o mal, mira como el mejor poder ejecutivo que puede tener Inglaterra.
La segunda función de la Cámara de los Comunes es la de servir de intérprete al país. Expresa la Cámara las ideas del pueblo inglés en todas las cuestiones que ante su vista se formulan. Pronto tendremos ocasión de estudiar si desempeña bien su función.
La tercer función es la que designaré con el nombre de función educadora, si se me permite continuar empleando aún, para un uso familiar, términos un tanto técnicos, cuya ventaja consiste en ser claros. Un gran consejo formado de hombres importantes, y cuyas deliberaciones son públicas, no puede existir en una nación sin influir en las ideas de esta nación. Su deber es modificarlas en buen sentido. La Cámara puede, pues, instruir al país, y hasta qué punto lo instruye, eso es lo que nos ocupará más adelante.
En cuarto lugar, la Cámara de los Comunes tiene la misión de dar informes. Esta función, aunque completamente moderna por la manera según la cual se ejerce, tiene una singular analogía con lo que en la Edad Media se practicaba. Entonces la Cámara de los Comunes debía hacer saber al soberano los motivos que existían de queja. Exponía ante él las quejas y las recriminaciones de los particulares. Desde que los debates del Parlamento se publican, la Cámara hace conocer las mismas quejas y recriminaciones al pueblo, que es el soberano hoy. La nación tiene por lo menos tanta necesidad de que se la entere, como el rey la tenía en otros tiempos. Un pueblo libre es ordinariamente equitativo, porque la libertad habitúa a los hombres al ejercicio de la tolerancia, que es el rudimento de la justicia. El pueblo inglés tiene quizá en más alto grado que ningún otro pueblo libre, la equidad. Pero un pueblo libre rara vez tiene una gran facilidad de concepción, y esta facilidad le falta por completo al pueblo inglés. No recoge más que lo que le es familiar, lo que está dentro del campo de su experiencia, lo que encaja bien con sus pensamientos. En mi vida he oído hablar de tales cosas; he ahí lo que responde el inglés de la clase media, creyendo con ello oponer la mejor refutación a un argumento. En general, a nadie se le ocurrirá responderle que su experiencia es limitada, que un aserto puede descansar sobre hechos verdaderos, aunque él nunca haya tenido ocasión de verificar esos hechos. Ahora bien; un gran debate del Parlamento lleva consigo esta lección. Toda idea, toda doctrina, todo sentimiento, toda queja que logra tener por abogados un razonable número de miembros pertenecientes a la Cámara de los Comunes, pasan inmediatamente a merecer consideración a los ojos de la mayoría de las gentes en Inglaterra. Se dice que puede haber en eso un error o un peligro; pero en todo caso, la cosa se mira como posible, como digna de entrar en el dominio de los hechos, en cuya inteligencia se ocupa y la cual es preciso contar. Y he ahí en verdad un gran resultado. Los diplomáticos que saben su oficio, declaran que es más difícil entenderse con el gobierno de un pueblo libre que con el de un déspota: se puede reducir a un déspota a escuchar opiniones contrarias a las suyas: sus ministros, que son gente de talento, sabrán siempre lo que les es favorable y pueden decirlo. En cambio, un pueblo libre no escucha ya más que el eco de sus propias ideas. Los periódicos se limitan a repetir la opinión de sus lectores: presentan los argumentos que les placen, los desenvuelven y los apoyan: en cuanto a los argumentos contrarios, los trastornan, los desfiguran y los embrollan.
No hay peor juez, suele decirse, que un sordo; del propio modo el gobierno menos accesible a la verdad es el gobierno libre, a lo menos en lo relativo a las cosas de que las clases dominantes no quieren oír hablar. Me inclino a estimar como la segunda función del Parlamento, desde el punto de vista de su importancia, esta función, que consiste en obligarnos a oír lo que sin el Parlamento no lograríamos escuchar.
Por último, todavía hay la función legislativa, cuya importancia sería pueril negar, pero que en mi sentir, no es en verdad tan grande como la de la función que abraza el gobierno general, o bien todavía, la de la función que hace del Parlamento un foco de educación política para el país. Admito que en ciertos momentos la obra legislativa es de una necesidad que se sobrepone a todo lo demás. La nación puede estar descontenta de sus leyes y desear el cambio de las mismas: cierta ley sobre los cereales puede implicar un fuerte ataque a todas las ramas de la actividad industrial, y más vale pasar en silencio un millar de descuidos administrativos que perder la ocasión de abolir esa ley.
Pero, en general, puede decirse que una nación tiene las leyes que le conviene ni las aplicaciones especiales de sus leyes no forman sino un detalle secundario; la administración y la marcha general de los negocios públicos, he ahí lo que más debe preocupar a los espíritus. También, a pesar de todo, es cierto que la colección anual de las leyes corrientes, en todos los países, encierra a veces leyes importantes, y en Inglaterra más que en otra parte. Seguramente la gran mayoría de esas leyes no merecen ese nombre de leyes en el lenguaje preciso de los jurisconsultos. Una ley es una prescripción general aplicable a una porción de casos. Los actos especiales que llenan el anuario de los estatutos y que abruman de trabajo a los comités parlamentarios, no son aplicables más que a los casos especiales. No establecen, por ejemplo, las reglas que deberán presidir la construcción de los ferrocarriles; declaran que tal ferrocarril se hará de tal ciudad a tal otra ciudad, y no reglamentan ningún asunto fuera de éste. Pero, en fin, teniéndolo todo en cuenta, la obra legislativa que resulte de cada legislatura parlamentaria tiene una gran importancia; si no fuera así, no se la consideraría, como muy a menudo se hace, como el único resultado de la legislatura anual.
Algunas personas quizá piensen que yo hubiera debido añadir, como sexta función de la Cámara de los Comunes, la función financiera. Me es imposible, en tesis general, y prescindiendo del detalle de las funciones, atribuir a la Cámara de los Comunes una función especial que, por referirse a los asuntos financieros, se distinguiría de la que abraza las demás obras legislativas. Cuando la Cámara se ocupa con la hacienda, como con lo demás, tiene por objeto gobernar, y gobernar por medio del gabinete. La legislación financiera debe necesariamente renovarse cada año; pero de lo que a veces resulta que es a los ojos de la Cámara, no surge una razón para atribuirle un carácter diferente de las demás obras legislativas y que de tal manera se separe de éstas que sea preciso colocarla como en puesto aparte.
La verdad es que la manera especial de proceder en la Cámara en materias financieras, lejos de constituir un privilegio especial de los Comunes, revela, por el contrario, que en este respecto la Cámara tiene, por excepción, una cierta incapacidad. En materia ordinaria, todo miembro puede proponer lo que quiera; pero cuando se trate de dinero, sólo el ministro tiene el derecho de proponer los impuestos. Este principio, que en la Edad Media se comprendía entre las prerrogativas de la Corona, es tan útil en el siglo XIX como lo era en el siglo XIV y tiene la misma razón de ser. La Cámara de los Comunes, que ahora es el verdadero soberano y que nombra el verdadero poder ejecutivo, desde hace tiempo ha dejado de ser la Asamblea exigente y vigilante en materia de ahorro y de economía que en otros tiempos era. Hoy está más dispuesta a gastar los fondos del Estado que el ministro que ocupa el poder. Un financiero muy experimentado me decía: Si se quiere provocar un cierto sentimiento de satisfacción en la Cámara de los Comunes, bastará hacer el elogio de la economía en general; si se quiere sufrir una derrota, bastará proponer alguna economía.
Y el caso es muy fácil de explicar. Siempre que se han propuesto gastos, se ha hecho siempre aparentemente con un fin de utilidad pública; los partidarios de esa medida dejan oír constantemente frases de este género: ¿Qué son 50.000 libras esterlinas para este gran país? ¿Vamos a ser roñosos? ¡Jamás nuestra industria estuvo tan próspera; jamás hemos contado con recursos tan abundantes! ¿Qué son, pues, 50.000 libras esterlinas en comparación con este gran interés nacional?
Los miembros que aprueban el gasto le dan su voto; quizá uno de aquellos que lo han nombrado, o uno de sus amigos que se beneficiará con tal liberalidad o a quien importa la medida proyectada, le ha rogado no faltar a la sesión; por otro lado, se trata de un voto propio para suscitar popularidad: los periódicos, que siempre cuidan mucho de la filantropía y a quienes quizá se ha puesto al corriente de la cosa, no dejarán de prodigar sus elogios. Los miembros que son contrarios al gasto tienen razones para ceder al fin al requerimiento. ¿A qué incurrir sin motivo en la impopularidad? El objeto del gasto parece honrado; varios de aquellos que lo defienden son evidentemente sinceros; un voto hostil provocaría enemigos, y sería criticado por los periódicos. Realmente, si no hubiera un freno para esos despilfarros, los representantes del país arruinarían pronto al pueblo.
Semejante freno lo tenemos en la responsabilidad del gabinete en materia financiera. Si cualquiera pudiese proponer un impuesto, los ministros podrían consentir a la Cámara gastar todo lo que la misma quisiera, lavándose las manos; pero cuando se vota un gasto, aun contra la voluntad del ministerio, el ministerio es el que está obligado a encontrar el dinero necesario. Así, pues, el gabinete tiene los más graves motivos para oponerse a los gastos extraordinarios; son los ministros los que deben hacerlos efectivos; será preciso que señalen los impuestos, lo que siempre es desagradable, o que propongan empréstitos, lo que, en tiempo ordinario, es perfectamente vergonzoso. El ministro, por decirlo así, tiene los cordones de la bolsa de la familia política; sobre él es sobre quien caen los gastos de la filantropía y del lujo, del propio modo que un jefe de familia está obligado a subvenir a los gastos que reclaman la limosna de su mujer o el tocado de sus hijas.
Por lo mismo que se confía a un gabinete el poder ejecutivo, es preciso también que se le confíe el cuidado de regular las materias financieras; todas las medidas exigen dinero, toda la política depende del buen régimen financiero; ahora bien, la obra del poder ejecutivo consiste en cuidar de la relación de las medidas que se deben tomar con la política general.
En virtud del análisis de las distintas funciones indicadas, se puede afirmar que la Cámara de los Comunes es quien gobierna. Estamos tan habituados a ser gobernados así, que nos parece lo más natural del mundo. Y, sin embargo, de todas las formas de gobierno, la más atrevida es el gobierno de una asamblea popular. Se trata de 658 personas provenientes de todas las partes de Inglaterra, que difieren por su carácter, por sus intereses, por su fisonomía, por su lenguaje. ¡Piénsese en lo que es, en suma, el imperio británico, cuán inmensas son sus relaciones, cuán mezclada está su historia política con la historia del mundo! ¡Qué se reflexione ahora en los conocimientos, el discernimiento, la lógica y firmeza que necesitan los que gobiernan en imperios, y ciertamente sorprenderá el espectáculo que ofrecen! Se trata de una asamblea de personas diversas que sin cesar varían; ya sea en pequeño número, ya en muy gran número, jamás son las mismas en junto durante una hora; a veces están agitadas, la mayoría de las veces están como sumidas en la inercia y sucumbe al cansancio; la elocuencia les aburre, se apresuran a recoger al vuelo cualquier gracia como a modo de alivio. Tales son las personas que gobiernan el imperio británico, que gobiernan Inglaterra, Escocia, Irlanda, que gobiernan una buena parte del continente asiático, la Polinesia, América, y que gobiernan las posesiones diseminadas por todas partes.
Paley ha dicho muy buenas cosas, pero jamás ha dicho nada tan de verdad como aquello de que cuesta más trabajo hacer ver una dificultad que hacer admitir una aplicación. En las cuestiones controvertidas e indecisas, la clave de las dificultades está ordinariamente escondida en medio de lo que no se dice; las partes que no se exploran son como el último término de un cuadro: todo en el fondo parece que se ha compuesto con facilidad; en apariencia, el primero que llegue podrá hacer otro tanto, y, sin embargo, es la parte del cuadro que da a los personajes sus proporciones exactas. Del propio modo, para comprender bien el gobierno parlamentario, es preciso no imaginarse desde luego que su sistema es completamente natural y no necesita explicación; no puede tenerse de él la idea más elemental, si no se penetra uno, en primer término, de esta verdad; que gobernar por medio de un club, equivale a hacer un verdadero prodigio.
Recientemente hemos tenido un ejemplo notable de la impotencia a que los ingleses puedan verse reducidos cuando inusitadamente se reúnen para deliberar juntos. El gobierno, bien o mal, había estimado propio y útil confiar a las quarter sessions -reunión de los magistrados locales- de cada condado, el cuidado de tomar medidas para combatir la peste bovina. Nada más deplorable que el espectáculo ofrecido por esas pequeñas asambleas de notabilidades locales. Costaba gran trabajo obtener, no sólo una buena decisión, sino una decisión cualquiera. Yo mismo he asistido a una de esas reuniones. El presidente había propuesto una resolución muy compleja; esta proposición encerraba muchas cosas que eran del gusto de todo el mundo, muchas cosas que no gustaban a nadie, pero los detalles que las unas aprobaban eran, precisamente, los que suscitaban las objeciones de las otras. Las resoluciones se dividían, por decirlo así, en trozos, presentando cada cual enmiendas, adoptándose una cláusula que no satisfacía plenamente a nadie, y después de tantas tentativas y conversaciones, la reunión se disolvió sin decidir nada.
Es una verdad proverbial en Inglaterra que las grandes reuniones jamás dan de sí nada eficaz. Y, sin embargo, estamos gobernados por una gran reunión.
Se dirá, acaso, que la Cámara de los Comunes no gobierna, que se limita a elegir los gobernantes. Pero, al fin, es preciso que tenga una virtud propia para llegar a ese resultado. Supongamos que se encarga a un club de Londres nombrar el gabinete: ¡qué escena de confusión no se produciría; qué correspondencia no sería precisa sostener! De todas partes se oirían estas palabras: Hágame usted el favor de hablar a Fulano para que vote a mi candidato. La mujer de M. A. y la de M. B. organizarían una cábala para echar abajo los planes que hubiese ideado y puesto en práctica la señora de M. C.. El club gustará o no gustará de ponerse bajo el patronato de la reina: nada importa; desde el momento en que tienen la libertad de elección, esta libertad implica en sí el desorden y la intriga. Por de pronto me pregunto, no cómo la Cámara de los Comunes gobierna bien, sino, lo que es más esencial, aunque no se piense en buscar la explicación, cómo logra gobernar.
Lo que hace que la Cámara de los Comunes llegue a desempeñar obras que las quarter sessions y los clubs serían incapaces de hacer, es que, al contrario de éstos, tienen una organización disciplinada. Dos oradores de los más célebres que ha tenido Inglaterra, lord Brougham y lord Bolingbroke, emplearon su verbo en atacar el sistema que consiste en gobernar por medio de los partidos. Bolingbroke tenía probablemente sus motivos: era, adversario declarado de los Comunes, y trataba de herir a la Cámara en lo que constituye su vitalidad. En cuanto a lord Brougham, se equivocaba, porque proponía, para mejorar el sistema parlamentario de gobierno, quitarle los elementos que lo hacen posible. Actualmente la mayoría del Parlamento obedece a ciertos jefes: apoya sus proyectos y rechaza las medidas que ellos no aprueban. Un secretario del Tesoro tenía costumbre de decir: Este es un mal negocio, un negocio insostenible; es preciso recurrir a los servicios de nuestra mayoría. Ese secretario vivía hace medio siglo, antes del bill de reforma, cuando las mayorías ciegas prestaban servicios. Hoy el poder de los jefes sobre sus partidarios está muy sabiamente contenido dentro de estrechos límites: los jefes no llevan demasiado lejos a sus partidarios, y, además, no pueden llevarlos sino en determinadas direcciones. Pero no por eso es menos cierto que hay jefes y hay partidarios. Del lado de los conservadores en la Cámara, se han conservado algunas huellas de la autoridad despótica de que los jefes gozaban en otros tiempos. Se dice que un día, viendo la larga fila de miembros que se sentaban en la Cámara por los condados que unen a una salud floreciente un exterior respetable, un hombre de Estado, un tanto bromista, pronunciaba estas palabras: He ahí, seguramente, la fuerza bruta más hermosa que hay en Europa.
Mas prescindiendo de todo espíritu de sátira, obedecer a los jefes es el gran principio aceptado por el Parlamento. Se puede cambiar de jefe si se quiere, para elegir otro, pero mientras se sirve bajo el número primero es preciso obedecer al número primero, y se necesita obedecer al número segundo desde el momento en que se ha pasado a su campo. Si no se procede así, la pena que en castigo se recibe es la impotencia; no sólo se contemplará al que tal hace incapaz de hacer el bien, sino que no podrá hacer nada en absoluto. Si cada miembro de los Comunes obrase separadamente en el sentido que cree mejor, habría 657 enmiendas en cada moción, y ni la moción ni las enmiendas pasarían.
Desde el momento en que se ha comprendido bien que la Cámara de los Comunes es ante todo una asamblea electoral, es preciso admitir que la existencia de los partidos es indispensable. Jamás ha habido elecciones sin partidos. ¿Se puede acaso hacer ingresar un niño en un asilo de huérfanos sin intrigar un poco? ¿No estamos viendo aún en esos sitios, anuncios o banderas que tienen escritas estas palabras: Votad por el huérfano A... o votad por el huérfano B... y a los partidarios de cada uno de esos huérfanos trabajar por el suyo? Lo que en esas circunstancias tan poco importantes ocurre, debe ocurrir, con mayor razón, cuando se trate de elecciones que a menudo se repiten, y que tienen un objetivo tan grave como elegir gobernantes. La Cámara de los Comunes está siempre virtualmente llamada a hacer esas elecciones; a cada momento puede tener que elegir o derribar a un ministro; por lo tanto, el espíritu de partido es de su esencia, es la carne de su carne, el alma de su alma.
En segundo lugar, aunque los jefes no posean ya el amplio patronato que tenían en el siglo último, y que les permitía corromper a los diputados, tienen todavía un arma más fuerte que la corrupción; pueden intimidar a la Cámara con la amenaza de diso1verla. Tal es la causa secreta que da cohesión a los partidos. Mr. Cobden ha dicho, con razón, que jamás había podido descubrir el momento en el cual, según la opinión de sus miembros, debía el Parlamento disolverse. A menudo les había oído decir que estaban prontos a votar sobre cualquier otro asunto, pero jamás se ponían aquél como cuestión. En suma: una asamblea; para llegar a conseguir resultados, debe ofrecer un cuerpo compacto de individuos que estén decididos a votar conformes; esos individuos se reclutan por medio de la adhesión respetuosa que inspiran ciertos personajes, o bien los principios que estos personajes representan; pero lo que hace y mantiene la unión entre sus partidarios es el temor; temen que sus jefes, ante votos hostiles, no les arrebaten rápidamente el derecho de votar.
Lo que he indicado en tercer lugar, quizá parezca extraño: después de haber demostrado que el sistema de los partidos es indispensable para la existencia del gobierno representativo, acaso parezca singular añadir, que lo que hace la fuerza misma de esta organización, lo que la hace fecunda, es que los miembros de los partidos no son muy ardientes. El partido, en su conjunto está lleno de calor, pero los miembros que comprende son bastante fríos. Si fuese de otro modo, el gobierno parlamentario resultaría el más deplorable de los gobiernos, sería un gobierno de sectarios. El partido que estuviese en el poder extremaría las conclusiones de sus oradores, todas sus doctrinas serían tomadas a la letra y llevadas hasta el abuso. Pero los miembros del Parlamento inglés que se alistan en los partidos no se apasionan hasta ese punto. Son whigs, o radicales, o tories, pero son además de eso ingleses, y como ha hecho notar el padre Newman, censurando a nuestros conciudadanos, son difíciles de levantar al nivel del dogma. No gustan de extremar las doctrinas de sus partidos hasta los límites de lo imposible.
Muy al contrario, la mejor manera de dirigir a los ingleses con éxito, según la experiencia lo ha demostrado, es afectar moderación, aun a costa de la lógica. No es raro oír decir cosas de este género: Sin sometemos a esa doctrina, según la cual 3+2 son 5, y aunque el honorable miembro Mr. Bradford haya apoyado esta doctrina con argumentos muy serios, sin embargo, con el permiso del comité, creo poder afirmar a mi vez que 2+3 no son 4, lo que espero constituirá una base suficiente para las muy graves proposiciones que me voy a tomar la libertad de someterle.
Tal es, sobre poco más o menos, el lenguaje que emplean la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes. Las gentes de negocios gustan, por lo común, de una semiclaridad. Durante toda su vida, se han visto envueltas en una atmósfera de probabilidades y de dudas, en donde nada era perfectamente claro, donde había probabilidades para muchas eventualidades, donde podía hablarse en sentidos muy diversos, y donde, sin embargo, era necesario resolverse a optar por alguna cosa determinada a que habría que adherirse. Resultan, pues, encantados con un lenguaje un tanto cubierto de brumas. Lejos de parecerles la circunspección y la vacilación una prueba de debilidad, ven en ella, por el contrario, el signo de un espíritu positivo. Se han enriquecido por medio de ciertos actos, cuyos motivos filosóficos jamás habrían podido explicar, y todo lo que piden es que se les presenten conclusiones fijas y moderadas, que puedan repetir cuando se les interrogue; quieren argumentos que no sean completamente abstractos, argumentos cuya abstracción está como situada y disuelta en la vida práctica. Me parece -decía un día cierto joven un poco exigente-, me parece que Peel jamás apoya sus argumentos. Precisamente por eso Roberto Peel ha sido el mejor jefe que ha tenido en nuestros días la Cámara de los Comunes; justo es, en efecto, que los argumentos se despojen de toda su rigidez siempre que se mantenga su sustancia.
Por otro lado, bajo nuestro sistema de gobierno, los jefes de la Cámara mismos no gustan, en general, llevar demasiado lejos sus conclusiones. Viven en contacto con la realidad. Una oposición, cuando llega al poder, se encuentra a menudo en la situación de un especulador en el momento de los vencimientos. Los ministros necesitan mantener sus promesas y se ven perplejos. Han dicho que los asuntos iban de tal manera, y que si estuvieran en el poder, irían de tal otra. Pero en cuanto se han dedicado a recorrer los documentos judiciales y a conversar con el subsecretario permanente, quien conoce todos los puntos espinosos, y que, sin faltar nunca al respeto es inquebrantable en sus opiniones, pronto empiezan a vacilar un poco. Seguramente es preciso que se decidan a hacer alguna cosa; el especulador no puede olvidar sus letras, y la antigua oposición, cuando está en su puesto, no puede tampoco olvidar las frases que ha lanzado y que sus admiradores van repitiendo aún en el país con el correspondiente calor. Pero del propio modo que el negociante dice entonces a sus acreedores: ¿No podrá usted tomar un pagaré a cuatro meses?, así el nuevo ministro dice al subsecretario permanente: ¿No podría usted indicarme un término medio? Evidentemente me he comprometido con palabras que he vertido en las discusiones; jamás se me ha acusado de sacrificar mi deber al vano deseo de parecer consecuente; sin embargo, etc., etc... Y, por último, se imagina un término medio que se parece, hasta donde sea posible, a lo que la oposición se proponía hacer, pero que en realidad, es sencillamente lo que piden los hechos necesarios, los hechos que parece han elegido domicilio de por vida en las oficinas del ministerio, con tal y tan grande tenacidad estos hechos se imponen.
Entre los medios de asegurar la moderación en un partido, el mejor es buscar, para componer ese partido, hombres dispuestos a ser por naturaleza moderados, circunspectos y casi timoratos; otro medio es que los jefes del partido, que son más avanzados, se encuentren, hasta donde sea posible, en contacto con el mundo de los negocios tal cual es. El sistema inglés satisface esas dos condiciones; da a la organización de los partidos la virtud que hace a esta organización permanente y el gobierno de los partidos posible: esta virtud indispensable es la suavidad.
Sin embargo, todos esos expedientes, por excelentes que sean para evitar los defectos que entrañan la impotencia de un club ordinario o de un consejo trimestral, no bastarán para permitir a la Cámara de los Comunes gobernar a Inglaterra. Una Asamblea de representantes puede estar atacada de un vicio del cual estén libres otras reuniones. Puede no ser independiente: los colegios electorales pueden privarle de su libre arbitrio. Si esto ocurre, de nada sirve haber inventado medios de remediar los defectos que entrañan la organización de los partidos.
La opinión de un colegio electoral es la de un partido dominante; está excitada, y a veces hasta está como moldeada por el agente político de la localidad. No le pidáis que sea moderada, no discute, no se pone en contacto con los hechos imperiosos, no tiene por cometido el sentimiento de la responsabilidad; no hace como la opinión de los que ponen mano en los negocios.
El gobierno del colegio electoral es la antítesis del gobierno parlamentario. Es el gobierno de personas que no tienen moderación, porque están lejos de los hechos, en contraste con el gobierno de personas que se hacen moderadas porque están en la esfera de los hechos, es un gobierno en el cual las personas que deciden en última sentencia, no tienen que temer la sanción de su conducta, en lugar de tener que temer la disolución y de decirse que cabe apelar contra sus decisiones.
Se admiten, en general, las condiciones del gobierno parlamentario que acaban de enumerarse; pero entre las ideas que preocupan el espíritu público, hay dos por lo menos cuya incompatibilidad con el gobierno merece demostrarse. Figura en primer término el proyecto que nuestros demagogos abiertamente preconizan; luego está el plan que cuenta con la predilección de algunos filósofos distinguidos. Esas ideas nuevas, no sólo perturbarían la marcha del gobierno parlamentario, sino que harían su existencia imposible; no llegarían a causarle tales o cuales daños, porque lo aniquilarían.
Examinemos la primera de esas teorías, la teoría ultrademocrática.
Según esta teoría, todo hombre de veintiún años de edad -y quizá toda mujer de la misma edad- debería tener el derecho de votar sobre una base de igualdad, en las elecciones del Parlamento. Supongamos que el año último había en Inglaterra doce millones de individuos varones de esa edad por lo menos; cada hombre, según eso, participaría por una doce millonésima parte en la elección; las gentes ricas o instruidas no tendrían, según la ley, un derecho superior de voto al de las gentes pobres o al de las gentes estúpidas: además, no habría modo alguno adecuado para asegurar a los primeros un influjo que equivalga a varios votos. El mecanismo necesario para poner en ejecución ese plan, sería sencillo en extremo; en cada censo, el país sería dividido en 658 distritos electorales, cada uno de los cuales comprendería el mismo número de electores; esos distritos formarían los colegios de donde saldrían todos los miembros del Parlamento. Es evidente que si las condiciones enumeradas más arriba son indispensables en un gobierno parlamentario; un Parlamento fabricado de esa suerte no podría funcionar.
Ese Parlamento no podría estar compuesto de gentes moderadas. Estando como estaría una gran parte de los distritos electorales en las comarcas agrícolas, el ministro y el gran propietario del lugar tendrían allí un poder ilimitado; conducirían o llevarían a las votaciones toda la población. Las pequeñas ciudades o villas diseminadas por el país que ahora envían tantos miembros al Parlamento, se verían como ahogadas por esas masas de campesinos, y no podrían tener en la Cámara ningún miembro que pudiera considerarse como de su propia elección. Las clases agrícolas de Inglaterra tomarían sus representantes de una manera exclusiva en el seno de los Quarter sessions.
Por otro lado, una buena parte de los colegios electorales se encontraría en los distritos urbanos, y esos colegios no enviarían al Parlamento sino miembros encargados de representar los prejuicios o las antipatías de las clases inferiores que las ciudades comprenden. Los miembros elegidos por los colegios urbanos, probablemente se dividirían en dos categorías; habría, en primer lugar, los representantes puros de los obreros, que quizá no representarían los mejores obreros, los cuales forman una clase muy bien compuesta y muy inteligente, sino los más inferiores; habría luego los representantes de aquellos que de obreros sólo tienen el nombre, y que yo llamaría los representantes de las tabernas. Sabido es que en todas las grandes ciudades, en el momento de las elecciones, las tabernas son el centro en donde se practican la corrupción y las componendas ilícitas; hay precedentes que indican lo que son tanto esa corrupción como esas componendas; pero estimo inútil recapitularlos aquí. Cada cual comprenderá muy bien a qué aludo, y a qué género de gentes sin principios puedan designar esos antros horribles.
Ahora bien; nuestro Parlamento comprendería, al lado de los representantes enviados por el populacho de las ciudades, los representantes del populacho agrícola. Los representantes de las ciudades y los de los condados ofrecerían con carácter completamente opuesto; los unos tendrían los prejuicios de los abusos, los otros tendrían los prejuicios de los magistrados de condados. Cada uno de esas dos categorías de representantes hablaría un lenguaje distinto; no se comprenderían, y los únicos representantes que desplegarían actividad serían gentes sin moralidad; elegidos por medio de la corrupción, tratarían de aprovecharse de su situación para reponer con creces el capital que hubieran gastado. Si es verdad que el gobierno parlamentario sólo es posible cuando la inmensa mayoría de los representantes se componen de gentes moderadas, sin diferencias marcadas, sin prejuicios de clases, ese Parlamento ultra-democrático sería incapaz de sostener al gobierno, porque los miembros que comprendería deberían su posición, los unos a elecciones que habrían ahogado violentamente, bajo la presión del número, en los campos y en las ciudades, a una minoría interesante, y los otros a prácticas inmorales.
Ni por un instante se me ha ocurrido la idea de poner al nivel del plan ultra-democrático el plan de Mr. Harl. No puede uno menos de ver en este último proyecto algo de novelesco. Parece que el mundo se rejuvenece cuando se ve cómo graves ancianos, jurisconsultos o filósofos, presentan un proyecto tan seductor. De ordinario son esas personas las que advierten a los jóvenes, cómo estando sus bellas utopías en oposición con los hábitos arraigados, y no ofreciendo sino la repetición de ideas emitidas con éxito desde hace mucho tiempo, vale más darse por satisfechos con los modestos resultados que da una organización experimentada. Pero Mr. Harl y Mr. Mill anuncian que, si se adopta su proyecto, resultarán ventajas tan considerables, tan espléndidas, que ningún joven entusiasta se atrevería a prometer jamás en sus sueños dorados.
No concedo valor alguno a la opinión que considerase como impracticable el proyecto de Mr. Harl únicamente porque es nuevo. Ciertamente no se le podrá poner en práctica antes de que haya envejecido. Un cambio de esta suerte no podría felizmente ser instantáneo; un pueblo libre jamás se deja engañar por las ideas que no comprende, por la excelente razón de que no puede adoptarlas, antes de haberlas comprendido. Pero si el plan de Mr. Harl pudiera responder a las promesas de quienes lo defiendan, valdría la pena de ocuparse en él, aun cuando no pudiera ser adoptado antes de 1966. Sería preciso popularizar el principio por medio de libros, y, lo que aún sería preferible a los libros, por medio de experiencias parciales. Hay tantos lados tan detestables en los otros sistemas de elección, que yo comprendo muy bien y hasta quisiera compartir la satisfacción de los que, creyendo firmemente en la eficacia de su proyecto, franquearan todos los obstáculos para predecir un porvenir casi ideal al cual debe conducir ese bienaventurado plan al ser puesto en práctica.
El proyecto de Harl no podría discutirse como se desea, en la forma que se ha procurado darle. No le es fácil al vulgo comprender todos los detalles que con verdadero amor abarca. A fuerza de poner todos sus cuidados en demostrar lo que se podría hacer, lo ha oscurecido para muchas gentes. Una persona me decía que jamás había podido recordarlo dos días seguidos. Pero la dificultad que yo experimento aquí es una dificultad capital, completamente independiente de los detalles.
Hay dos medios de crear colegios electorales. Primeramente por una ley, como en Inglaterra y en casi todas partes; por lo demás, la ley puede declarar que en virtud de estas o de aquellas cualidades se tendrá el derecho de votar en el colegio electoral de X: los que las reúnan formarán, pues, parte de dicho colegio. Esto es lo que podría denominarse los colegios electorales reglamentarios que todos conocemos. En segundo lugar, la ley puede dejar a los electores el derecho de componer por sí mismos tales colegios: puede limitarse a decir que todos los adultos varones de un país tendrán la libertad de votar, o bien los que tienen cincuenta libras de renta; o, por último, tales o cuales personas determinadas: y hecho esto, deja a los electores el cuidado de agruparse como les parezca. Supongamos que hubiera 658.000 electores encargados de nombrar los miembros de la Cámara de los Comunes: puede ocurrir que el poder legislativo les diga: No hay para qué ocuparse con la manera como combinaréis vuestros esfuerzos. En un día dado, cada serie de electores hará saber en qué grupo se propone votar: si cada elector da noticia de su intención y quiere sacar el mejor partido posible de su voto, cada grupo contará mil individuos. Pero la ley no hace de eso un deber; tomará los grupos más numerosos hasta sumar 658; poco importa que comprendan 2.000 o 1.000 o 900 u 800 electores; y esos 658 grupos, serán los colegios electores del país. Estos serán colegios voluntarios, si se me permite hablar así: colegios voluntarios bajo la forma más sencilla. Mr. Harl propone una cosa harto más complicada que eso; mas para mostrar las ventajas o los defectos del sistema, la forma más sencilla del colegio voluntario me parece mucho mejor.
Ese sistema es evidentemente muy atractivo. Bajo el régimen de los colegios electorales reglamentarios, los votos de la minoría se pierden. Por ejemplo: en Londres hay en la actualidad muchos tories; pero todos los miembros de la Cámara elegidos en Londres son whigs: los tories, pues, de Londres están en virtud de la ley y por principios mal representados: la ciudad en que viven no envía al Parlamento el miembro de su elección, sino uno de sus adversarios a quien, naturalmente, no quiere. Según el sistema del colegio voluntario, los tories de Londres -el número de los cuales se eleva a más de mil- tendrían derecho a coaligarse para formar un colegio y nombrar sus representantes. En varios de los colegios, tal como existen actualmente, hay minorías que pueden renunciar sin efecto a su derecho de votar. Yo mismo, durante veinte años he tenido el derecho de votar en un condado agrícola y soy liberal. Ahora bien; ese condado ha enviado siempre a la Cámara de los Comunes dos tories, y continuará durante toda mi vida haciendo otro tanto. En el estado actual de las cosas, pues, mi voto es inútil. Y en cambio, si yo pudiese entrar, merced a mi voto, en una coalición con otros 1.000 liberales pertenecientes a ese y a otros colegios, donde los conservadores tienen mayoría, podríamos todos juntos elegir un representante liberal.
Este plan tiene además la ventaja de disipar todas las dificultades relativas a la extensión de las circunscripciones electorales. No es justo, se dice, que Liverpool envíe a la Cámara tan solo un número de miembros igual al que envía King's Lynn o Lynn Regis; en el sistema voluntario, Liverpool enviaría su exceso a King's Lynn. La minoría liberal de King's Lynn se entendería con la minoría liberal de Liverpool para reunir la suma de los mil electores: lo propio se haría en los demás sitios. Los centros populares gozarían de lo que se llama su derecho legítimo, desde el momento en que se organizasen los colegios voluntarios: podrían formar y no dejarían de formarlos la mayoría de esos colegios. Por otro lado, los admiradores de un hombre distinguido estarían en condiciones de componerle un colegio digno de él. Mr. Mill fue nombrado por los electores de Westminster, y desde que han tenido que designar miembros para el Parlamento, jamás se han visto tan honrados como en tal ocasión. Pero, realmente, ¿cómo conocían a Mr. Mill los electores de Westminster? ¿En qué proporción puede decirse que su espíritu profundo comprendería el espíritu de sus electores? ¡Cuán lejos no estarían muchos de ellos de admitir una buena parte de sus concepciones!
Su objeto, seguramente, no era otro que rendir homenaje a la inteligencia; pero bien puede decirse que entonces o nunca se dirigieron al dios desconocido. En el sistema del colegio voluntario, mil personas, de entre los miles de lectores que han estudiado las obras de Mr. Mill, le hubieran formado un colegio electoral capaz de apreciarlo.
Aún podría enumerar otras ventajas de ese sistema. Pero mi intención no es recomendarlo, sino, por el contrario, combatirlo. ¿Cuáles son, pues, las objeciones de fuerza que neutralicen los méritos del referido sistema? Respondo que la manera de componer los colegios voluntarios me parece incompatible con las condiciones previas que exige el gobierno parlamentario y que dejo más arriba establecidas.
Bajo el sistema del colegio voluntario, la gran crisis del mundo político no se efectúa en el momento en que se elige un representante; la formación del colegio electoral es quien la provoca. El nombramiento de un presidente en América ha pasado ya al estado de industria; la formación del colegio electoral en el sistema que examino, no dejaría de llegar a convertirse en un objeto de tráfico. Cada partido tendría que resolver un problema de aritmética. Sus jefes dirían: Tenemos 350.000 votos, tratemos de tener 350 representantes. Y el único medio de conseguir este fin sería organizarse. Le es imposible al hombre deseoso de entrar en un colegio electoral encontrar por sí mismo otros mil liberales. Si intentara hacerlo, después que hubiese escrito diez mil cartas, llegaría quizá a encontrar cien electores como él, cuyos votos resultarían perdidos, porque la suma de los mismos compondría un colegio demasiado poco numeroso para ser tomado en consideración. Dicho liberal debería, pues, escribir a la gran sociedad de alistamiento o registro de Parliement Street; se dirigiría a sus hábiles directores, y éstos presto encontrarían el medio de emplear su voto. Le dirían: Caballero, llega usted demasiado tarde; Mr. Gladstone está completo; tiene ya seis mil votos desde el año último. Pasa lo mismo con la mayoría de los personajes cuyos nombres figuran, como habrá visto, en los periódicos; en cuanto un orador pronuncia un buen discurso, recibimos una porción de cartas en que me piden que inscribamos sus firmas en el colegio electoral de ese orador. Pero eso nos es imposible. He aquí nuestra lista. Si no quiere usted perder su voto, es preciso que usted se deje guiar por nosotros: le ofrecemos tres candidatos muy satisfactorios, uno de los cuales es ya muy honorable: puede usted votar por uno de ellos y tomaremos desde luego su nombre, pues es preciso que usted tenga en cuenta, que si acaso vota, sin hacemos caso, al azar, su voto será voto perdido.
El resultado evidente de esta organización sería enviar al Parlamento hombres animados de pasiones políticas. Ya no sería la independencia, sino la flexibilidad lo que buscarían en sus criaturas los conductores de elecciones; ¿y cómo censurarles por eso? Agentes del partido liberal, ¿no deben por eso obedecer a los deseos y aspiraciones del partido? La masa del partido liberal está en pro de tal o cual medida; las gentes que se encarguen de alistar los electores manejarán hábilmente el negocio. Dirán al candidato: Caballero, he aquí nuestro programa; si usted desea entrar en el Parlamento bajo nuestro patronato, es preciso aceptar este programa: Mr. Lloyd es quien lo ha trazado; sabe usted que antes se ocupaba en los asuntos ferrocarrileros; pero después de la última ley electoral, hemos conseguido comprometer sus servicios; el programa es excelente; adóptelo usted y hará usted muy bien.
Así es como, en el sistema del voto, que en teoría se denomina voluntario, se llegará a tener un Parlamento cuyos miembros estarían encadenados por los lazos de partido mucho más aún de lo que lo están en el Parlamento actual.
Si por ventura se espera algún buen efecto del voto aislado cuando se encuentra frente a una organización sistemática, bastará examinar lo que ocurre en América para la elección presidencial. Según el plan establecido por los autores de la Constitución federal, todos los ciudadanos debían votar por el hombre que juzgasen más digno de ser elegido. Pero nada de eso hacen; se limitan a apoyar con sus votos la decisión de los caucus; se designa así una especie de reunión compuesta de gentes que preparan la elección; después de haber votado sucesivamente contra todos los hombres conocidos que puedan prestarse a la crítica, acaban por ponerse de acuerdo sobre la candidatura de alguna persona desconocida, contra la cual, por lo mismo, no hay nada que decir. Ese género de reuniones previas, cuando se trate de nombrar miembros para el Parlamento, tendrían un influjo más deplorable entre nosotros que en América para la elección presidencial, dado que en las grandes ocasiones es posible que la elección del pueblo americano se fije en un gran personaje de todos conocido; en cambio, el pueblo inglés no podría elegir 658 miembros en las mismas condiciones. No conoce un número tan considerable, y aun cuando los conociesen a todos, se perdería en las dificultades de detalles.
Sin embargo, si es evidente que ni el elector ordinario podría entrar útilmente en un colegio electoral, ni el candidato ordinario obtener los votos de un colegio sin obedecer a las instrucciones de los directores políticos de su partido, algunos electores y algunos candidatos se librarían de esta servidumbre. Hay en Inglaterra sociedades particulares organizadas de tal suerte, que fácilmente se transformarían en colegios electorales: las capillas de las congregaciones serían, tres meses después de adoptarse la ley, otros tantos colegios electorales; la Iglesia anglicana no tardaría en imitar a las congregaciones, y con algunos esfuerzos quizá llegaría al mismo fin. Hoy, los disidentes desempeñan un papel muy enérgico y muy precioso en el partido liberal; pero con el sistema voluntario no entrarían en la composición de un partido, formarían un elemento independiente y separado. En estos momentos sólo se piensa en agrupar los burgos; en el sistema del colegio voluntario se agruparían las congregaciones. Habría un miembro nombrado por los baptistas de Tavistock, por Totnes, etc., etc.
Para apreciar toda la importancia de esas consideraciones, es preciso referirse a la prueba que hemos dado sosteniendo que un Parlamento debe estar compuesto de miembros moderados, si no se quiere que elija un ministerio sin moderación y que haga leyes violentas. En el proyecto que examinamos, la Cámara se compondría primeramente de hombres de partido, nombrados por un comité imbuido del espíritu de partido, sometidos a ese comité y obligados a desplegar una gran violencia; con esos miembros se sentarían los representantes fanáticos de todas las sectas que Inglaterra comprende. En lugar de una asamblea deliberante llena de miembros moderados y juiciosos, tendríamos una asamblea en la cual se darían cita todas las pasiones.
Podrá creerse que exagero los rasgos del sistema hasta la caricatura, y sin embargo, aún no he presentado lo que tiene de más deplorable. Por dominados que estuviesen por un aire original, los representantes, en el caso de que se les dejase dueños de sí mismos, no dejarían, una vez colocados ante los peligros políticos, en el seno de un Parlamento libre, de mejorar bajo la acción del sentimiento de la responsabilidad, lo que les haría soportables. Pero no se les dejaría dueños de sí mismos. Un colegio electoral, en el sistema en cuestión, no dejará de obrar despóticamente. Aun suponiendo las circunstancias más favorables, cuando, por ejemplo, electores de buena fe hubiesen elegido un candidato para expresar sus ideas, le vigilarían para estar seguro de que las expone. Ese candidato se encontraría en una posición análoga a la que ocupa el pastor de una congregación disidente. Como esta congregación tiene por punto de enlace tal doctrina que cuenta con la adhesión de sus miembros, el pastor está obligado a predicar esta doctrina, si no se separarán de él. Lo que hace que hoy los miembros del Parlamento sean libres, es que sus electores no son imperiosos; ningún colegio tiene una política determinante e inflexible. La ley para crear los distritos actuales se limita a trazar divisiones geográficas; no están ligados entre sí por la unidad de creencias; no pueden tener sino muy vagas preferencias por ciertas doctrinas. Y en el sistema del colegio voluntario, el cuerpo electoral será como una iglesia con su símbolo, que designará un diputado para confiarle un mandato imperativo Y encomendarle el encargo de cumplir sus resoluciones. Del propio modo que entre los disidentes un pastor distinguido gobierna a veces su congregación, mientras el noventa y nueve por ciento de los pastores viven sometidos a las suyas, así en el sistema del colegio voluntario habría un hombre de Estado notable que sería capaz de imponerse a sus electores, mientras que los demás obedecerían a éstos.
Realmente, los miembros nombrados por un buen colegio electoral le serían sometidos sin remisión, precisamente a causa del mérito de los electores; pero, en cambio, los miembros nombrados por un mal colegio estarían en una esclavitud más dura aún por un motivo contrario. Los directores que hubieren organizado los colegios ejercerían un verdadero despotismo. En América se dividen los que se llaman politiciens en dos categorías, de las cuales los unos tienen los hilos y están entre bastidores, mientras los otros desempeñan un papel en la escena política.
En el sistema del colegio voluntario, el miembro del Parlamento estaría reducido a desempeñar el papel de intérprete impotente por sí mismo, y los conductores del partido serían autócratas verdaderos. El director escribiría a los miembros del Parlamento: Los hemos elegido a ustedes para sostener el programa liberal; si ustedes no lo siguen, no serán reelegidos. Ahora bien; un espíritu vulgar y estrecho no consiente apelaciones contra sus sentencias; a pesar de todos sus esfuerzos, el miembro del Parlamento no sería capaz después de encontrar un colegio electoral.
Quizá se diga que tales maquinaciones no tendrían fuerza ante un Parlamento septenal: que un miembro elegido por siete años podrá desafiar las maniobras de sus colegas exigentes y los descontentos de los conductores electorales. Pero, dado el establecimiento del colegio electoral voluntario, el Parlamento tendrá corta duración. Los colegios reclamarán elecciones frecuentes, no gustarán de privarse por largo tiempo de sus poderes, se irritarían si vieran que su poder, en manos de sus mandatarios, servía para obrar en contra de sus propias ideas, en circunstancias que no podían preverse en el momento de las elecciones. A menudo un Parlamento septenal se elige en cierto período político diferente de un segundo período, durante el cual funcione, no menos que por un tercero, a la vista ya de la disolución. Un cuerpo de electores designado por la ley en el sistema reglamentario tolera esos cambios, porque no ha dado un mandato imperativo a sus representantes: los electores no tienen por qué hacer manifestaciones a éstos respecto de cómo usan de su poder en un sentido que no estuviera dentro de sus previsiones. En cambio, en un colegio electoral que se ha formado a sí propio, cuyas opiniones son cerradas, y del cual los representantes no son, por decirlo así, más que puros mandatarios, no será tan paciente; puede, en un caso, creerse obligado a recriminar, y los conductores hábiles, sin necesidad de quejarse abiertamente, no dejarán por eso de oponerse, en silencio, a ese estado de cosas; electores y jefes ordenarán las elecciones anuales, y someterán a sus representantes a un yugo irresistible.
El proyecto de los colegios electorales voluntarios, examinado bajo esta forma, la más sencilla de todas, es incompatible con la independencia de los representantes y con el espíritu de moderación de que se debe estar animado en la Cámara: ahora bien; esas dos condiciones, según hemos visto, son indispensables para la existencia misma del gobierno parlamentario. Naturalmente, las mismas objeciones se aplican a ese sistema cuando hay una forma más complicada. Es inútil entrar en detalles cuando el principio no resiste a la critica. Si nuestros razonamientos tienen valor, el colegio electoral reglamentario es una necesidad, mientras que el colegio electoral voluntario conduce a la ruina del Parlamento: no seria una reforma saludable conceder a los electores el derecho de trasladar sus votos; seria esto, en verdad, una innovación ruinosa.
Si me he detenido a criticar el proyecto de Mr. Harl y el proyecto ultra-democrático, no sólo lo he hecho a causa del interés que el primero despierta en mi espíritu, y del interés que el segundo puede tener en la práctica, sino porque tienden a poner de relieve dos, por lo menos, de las condiciones que son indispensables en el gobierno parlamentario. Pero, además de esas cualidades necesarias que rigen la existencia misma del gobierno, hay otras condiciones previas sin las cuales no podría éste marchar.
Para que una Cámara de los Comunes desempeñe su misión, es preciso que pueda llenar cumplidamente cinco funciones: que sea capaz de elegir bien el ministerio, de hacer bien las leyes, de enseñar bien a la nación, de expresar bien la voluntad nacional y de informar bien al país acerca del Estado de los negocios.
Y aquí se presenta una dificultad. ¿Qué debe entenderse por la palabra bien? ¿Quién, además, juzgará si todo va bien? ¿Será un jurado de filósofos, será la posteridad, será una autoridad exterior a la Cámara? A lo cual respondo: no se necesitan ni los filósofos, ni la posteridad, ni de ninguna autoridad: el pueblo inglés, tal cual es, basta perfectamente.
Un gobierno libre es el gobierno de los ciudadanos por sí mismos: el gobierno del pueblo por el pueblo. El mejor gobierno de ese género, es el que el pueblo juzga mejor. Puede ocurrir muy bien que un gobierno impuesto como el de los ingleses en la India, sea en realidad el preferible; puede que un gobierno represente la idea de una clase más elevada que la de los gobernados, pero este no es un gobierno libre. Un gobierno libre es el que es aceptado voluntariamente por los gobernados. Cuando el azar sólo ha reunido algunas poblaciones, el único gobierno que le es posible es el gobierno democrático. En un país en el cual nadie conoce a sus vecinos, y no tiene, respecto de él, ni atenciones ni respeto, todos son iguales, ninguna opinión puede tener más influjo que otra. Pero como ya se ha aplicado en un país respetuoso, la sociedad está organizada de una manera particular. Por consentimiento unánime, se admite que ciertas personas tienen más prudencia que otras, y, por consiguiente, tienen una opinión que debe ser tomada más en cuenta y pesar más que el valor puramente numérico de los individuos de quien emane. En esos pueblos felices, los votos se pesan a la vez que se cuentan, mientras que en los pueblos menos favorecidos sólo se puede contarlos. Ahora, en la nación libre, esos votos, ya sean pesados, ya contados, deben conducir a una decisión.
Un gobierno libre ha llegado a la perfección cuando en él se deciden las cuestiones de una manera perfecta por medio de esos votos: únicamente en el estado de imperfección es cuando las decisiones que se toman por medio de votos son imperfectas: es malo cuando no se puede tomar ninguna decisión. La opinión pública es la piedra de toque del mérito para un gobierno; el juicio de la opinión pública es el que, con hábitos de respeto, acepta un país como el mejor de todos: si un gobierno libre está de acuerdo con esta opinión, es muy bueno en su género: si es contrario, es malo.
Si se juzga la Cámara de los Comunes según esta regla, realiza bien su obra: elige los gobernantes como nosotros lo entendemos: de no ser así, en nuestra época, en la cual la palabra y la escritura tienen tanto poder, pronto lo sabríamos. He oído decir a un hombre de Estado eminente del partido liberal: Se acerca el momento en que será preciso emplear el camino de la publicidad para dedicarse a la investigación de una queja. ¡Qué queja no surgiría si el ministerio elegido y mantenido por el Parlamento fuera detestado por el país! Inmediatamente se formaría una liga contra el gobierno, y de seguro esta liga tendría al momento más poder y más éxito que la liga contra las leyes de cereales.
Se ha objetado, es verdad, que el Parlamento desempeñe mal la parte electoral de su tarea porque no elige gobiernos fuertes. Verdad es que cuando la opinión pública no se decide de una manera precisa por una política definida, y, que, por consiguiente, los partidos, en el seno del Parlamento, son casi iguales, la avidez y la versatilidad de los individuos puede inclinar al Parlamento a cambiar demasiadas veces los gobernantes, a no conceder a ninguno de ellos bastante confianza, y a tenerlos constantemente bajo la amenaza de una destitución.
Pero la experiencia hecha con la segunda administración de lord Palmerston, sirve para probar que esos temores son exagerados. Cuando la nación fija su elección con insistencia en un hombre de Estado, el Parlamento lo acepta. En 1859, el Parlamento estaba dividido de una manera tan igual, que apenas cabía más; muchos liberales no querían a lord Palmerston y con gusto hubieran ayudado a derribarle. Pero el Parlamento sintió el efecto de la influencia que reinaba en el país. Los hombres moderados de los dos partidos, persuadidos de que la administración de lord Palmerston era la que ofrecía más ventajas, se entendieron para conservarlos a pesar de la hostilidad de los espíritus poco moderados que había en los dos partidos. Entonces es cuando ha podido reconocerse que un gobierno, si tiene en su favor el elemento común, es decir, los hombres que tienen la misma moderación de los dos partidos, puede mantenerse en el poder, aun cuando los partidos opuestos sean casi iguales, o bien, para emplear el lenguaje de la Tesorería, que no presentan en la balanza el uno sobre el otro más que un excedente imperceptible. Si, por fortuna, un gabinete tiene bastante inteligencia y habilidad para asegurarse la mesa, para formar un término medio en el Parlamento, logrará mantenerse por encima de las pequeñas intrigas y de las pequeñas facciones.
En suma: no se puede negar, yo creo, que el Parlamento cumple su obra electoral a satisfacción del público, y si se quiere mejorar su conducta en ese respecto, es preciso comenzar por mejorar al pueblo inglés que le impone su manera de obrar. En cuanto a su tarea legislativa, en lo que tiene de general puede decirse otro tanto. Sin duda la forma de nuestra legislación es detestable y el mecanismo empleado para fabricarla malo. Cuando se ve un comité pleno de la Cámara en lucha con la cláusula de un bill largo, que se esfuerza por construir, es preciso reconocer que no es un trabajo muy penoso y pura pérdida para el Parlamento. Inevitablemente se desliza en el acto alguna cláusula análoga a aquella que el país diría que parecía que había caído del cielo en el espíritu de la legislatura: tan escasa relación tenía con los que la rodeaban. En esas circunstancias es cuando se advierte la dificultad que hay para gobernar por medio de una asamblea pública, cuyos defectos, desde este punto de vista, no tienen una compensación suficiente. Pero es posible en un cuerpo legislativo separar la esencia de los accidentes. Aunque atacado por dos servicios bastante graves en lo que concierne al desempeño de su obra legislativa, el Parlamento hace sin embargo, leyes, en mí sentir, como el país las desea.
No era así hace treinta años. Las instituciones no estaban ya ajustadas a las proporciones del país y le molestaban, dándole el aire de un hombre los vestidos del cual son los de un muchacho de pocos años: esos vestidos le venían estrechos y se quería rehacerlos. El diablo me lleve, decía lord Eldon, jurando como en aquellos tiempos se hacía; si yo comenzase de nuevo mi vida, elegiría la carrera de agitador. El astuto anciano veía muy bien qué partido podía sacarse de una oposición al antiguo régimen; y, sin embargo, amaba al antiguo régimen, le era fiel y no aceptaba ningún otro estado social. Lord Eldon no tendría ese lenguaje hoy.
En efecto: no hay oficio peor en nuestra época que el de agitador. Apenas puede reunirse un auditorio cuando se quiere defender alguna medida. Hoy día, por su inteligencia y por su conciencia, el Parlamento, salvo excepciones que hemos hecho, se muestra dotado de la moderación que pide un gobierno parlamentario; le posee hasta en la medida que más le conviene al país. No sólo la nación acepta el gobierno parlamentario, lo que sería imposible en el caso en que el Parlamento no tuviera moderación, sino que ha llegado a querer ese gobierno. Cierto sentimiento general de satisfacción difundido por todo el país revela que Inglaterra tiene precisamente lo que desea.
Debemos, sin embargo, recordar dos excepciones: primeramente, el Parlamento se siente demasiado inclinado a favorecer los intereses de los propietarios. La ley aprobada respecto de la peste bovina, entraña la prueba evidente de esta peligrosa tendencia. Que ese bill, en sus detalles, sea bueno o malo, que las prescripciones del mismo hayan sido prudentes o torpes, no tenemos por qué ventilarlo aquí: pero sí es preciso decir que la precipitación con que la Cámara hubo de aprobarlo, se parecía mucho a un despotismo. Los intereses algodoneros y vinícolas, en los momentos de gran peligro, no han sido defendidos con el mismo afán. Ante la peste bovina, la Cámara de los Comunes ni un instante se ha detenido a escuchar los argumentos: la mayoría de los miembros de que estaba compuesta temblaba por sus rentas. El interés territorial, en Inglaterra, está representado por un gran número de diputados elegidos en los condados, y los votos de esos diputados son suyos de un modo que llamaríamos constitucional; pero, cosa extraña, el interés territorial no se contenta con negar a las demás clases todos los puestos de que dispone, sino que domina en aquellos que deberían pertenecerles. La mitad de los burgos tienen por representantes propietarios, y cuando se trata de las rentas de la tierra, como en el caso de la peste bovina, esos propietarios piensan mucho más en sí mismos que en sus electores.
La aristocracia territorial excede en mucho por su número a todas las demás clases; además, los que forman parte de ella, tienen entre sí toda clase de lazos; han sido educados en los mismos establecimientos, sus familias se conocen desde la infancia, forman una sociedad particular: los hombres se parecen, y se casan con mujeres del mismo género. En cuanto a las gentes de negocios, y a los industriales que tienen asiento en el Parlamento, su origen es más variado; la educación, unos la han recibido aquí, otros allá, un tercero en parte alguna; algunos de ellos son hijos de negociantes, y miran a los que no lo son y lo son sólo de sus obras, como intrusos en la clase a la cual pertenecen ellos mismos por derecho hereditario: por su parte, las gentes que se han hecho por sí mismas, se dicen que, cuando se ha heredado una fortuna de la cual no se ha sido autor y no se ha sabido aumentar, no se puede vanagloriarse ni de la inteligencia ni de la posición que se ocupa; si es inferior a los advenedizos en virtud de su habilidad, es inferior a los Lores en virtud del rango social. Las gentes de negocios no están unidas entre sí ni por lazos estrechos ni por hábitos comunes; sus mujeres, cuando gustan de la sociedad, no se apresuran a frecuentar la de sus iguales; se encaminan hacia un mundo mejor según ellas dicen, y buscan las mujeres de aquellos que tienen bienes territoriales, y si Dios lo permite, hasta títulos. Cuando se estudia la composición del Parlamento no en las abstracciones de los libros, sino en las realidades de la vida en Londres, ya no sorprende ver el poder del interés inmueble, más bien extrañará que no obre uno como señor absoluto.
La autoridad absoluta la tendría el interés inmueble, si tuviese habilidad o más bien si la tuviesen sus representantes, pues parece que se proponen siempre elegir con intención, representantes estúpidos. Los condados, en su conjunto, no se limitan a restringir su elección a los propietarios, lo que es muy natural, y quizá hasta una buena política, sino que cada uno de los condados elige esos propietarios de su propio seno, lo cual es absurdo. No hay librecambio alguno respecto de la inteligencia entre los agricultores: cada condado prohíbe la importación de las capacidades que pudieran venirle de otra parte. Y esto es lo que permite a escépticos elocuentes, como Bolingbroke y Disraeli, dirigir tan fácilmente a los fieles tories. Hacen elegir gentes que tienen grandes dominios en ciertos distritos, y esas gentes, en general, no tienen el don de la palabra, a menudo ni el don del pensamiento, y así ocurre que, aunque sea mofándose de su partido, esos oradores elocuentes lo dominan. El interés de la propiedad inmueble tiene mucho más influjo del que debería tener, pero derrocha de tal modo esta influencia, que aparte casos excepcionales como el de la peste bovina, el peligro de semejante exceso queda relegado a segundo término.
Supone casi tratar la misma cuestión bajo otro aspecto, la de dirigir a la composición del Parlamento la censura de no ser bastante favorable a los distritos cuya prosperidad va en aumento, mientras lo es demasiado para los distritos estacionarios. En otros tiempos, el Sur de Inglaterra era la parte más agradable y al propio tiempo más considerable del país. Devonshire era un gran condado marítimo cuando se establecieron las bases de nuestra representación; Somersetshire y Wiltshire eran grandes condados industriales. Bajo un clima más rudo, en los condados del Norte había una población más miserable, más grosera y más diseminada. La preponderancia enorme que en materia de representación se concedía, antes de 1832, y que aún se concede, a pesar de los correctivos y de las atenuaciones, a la parte de Inglaterra que está al mediodía del Trent, correspondía entonces a la preponderancia de que esta parte gozaba en el respecto de la riqueza y de la inteligencia. Sabido es cuánto ha cambiado esto y cómo de día en día aumenta el contraste. Es propio del comercio enriquecer a aquellos que tienen mucho y empobrecer a quienes tienen poco. Las industrias se aglomeran en los centros industriales, porque allí y sólo allí encuentran brazos y recursos: los ferrocarriles arruinan el comercio de las pequeñas poblaciones en beneficio de la gran ciudad, ofreciendo al consumidor la facilidad de rebajar las compras. De año en año, el Norte, designación con que puede señalarse el nuevo mundo industrial, ve aumentar su importancia mientras disminuye la del Sur, donde están los países cuya prosperidad no es más que un recuerdo encantador. ¿No es en verdad una grave censura la que se tiene el derecho de dirigir a la composición actual del Parlamento, cuando puede decirse de ella que atribuye un gran influjo a regiones cuya grandeza ha pasado, y se le niega a países hoy prósperos?
En mi opinión, aunque por lo común no se piensa en esto, lo que más justifica una reclamación de la reforma parlamentaria, es esta desigualdad. Los grandes capitalistas, como Mr. Brights y sus amigos, se creen sinceros al reclamar una parte de poder más amplio para los obreros, cuando, en el fondo, sólo tienen el deseo muy natural de aumentar la parte de autoridad que de justicia les corresponde.
En efecto; ni pueden ni deben admitir que un manufacturero rico y capaz, esté por debajo de un noble de poca importancia y estúpido. Las ideas de igualdad política, de que Mr. Bright se hace el campeón, son tan antiguas como la ciencia política, aunque se haya prescindido de ellas desde su origen. Sin embargo, durarán mientras dure la sociedad política, ya que tienen por fundamentos los principios indestructibles de la naturaleza humana. Edmundo Burke decía de los primeros colonizadores de la India que eran todos jacobinos, porque se quejaban de no tener un grado de importancia política igual a su riqueza. Mientras haya una clase descontenta por no poseer su parte de influencia legítima en los negocios, no dejará de proclamar ciegamente que todos los hombres tienen iguales derechos.
En mi opinión, la exclusión que sufren los obreros en el respecto de la representación parlamentaria, no constituye un vicio del sistema actual. Las clases obreras no colaboran, por decirlo así, como cuerpo especial, en el movimiento de la opinión pública, y, por consiguiente, aunque no tengan influencia en el Parlamento, eso no obsta para que el Parlamento responda a las exigencias de la opinión. Si los obreros no están comprendidos en la representación, es que no tienen puesto alguno en la cosa representada.
Tampoco se debe creer, me parece, que por comprender un número considerable de miembros pertenecientes a la nobleza, el Parlamento representa menos a la opinión pública. Sin duda, las familias que descienden de la antigua aristocracia, ya sea en línea recta, ya sea en la colateral, procuran al Parlamento un número de miembros muy superior en proporción al número de miembros que envía el conjunto del país. Pero no creo que esas familias tengan en manera alguna un espíritu de cuerpo y opiniones generales que los distingan de las otras familias pertenecientes a la aristocracia territorial. Sus opiniones son las de la clase en medio de la cual han nacido: la clase de los propietarios. Jamás la aristocracia inglesa ha formado una casta separada, y tampoco hoy la forma. No llegará a sostener ninguna medida de que los demás propietarios no sean también partidarios. Si ha de haber propietarios en la Cámara de los Comunes, es de desear que la mayoría de ellos tenga una cierta posición.
Mientras tengamos dos categorías de instituciones, el prestigio de una de las cuales está destinado a deslumbrar el espíritu de las masas y mientras la utilidad de la otra consista en gobernarlas, es preciso mantener de frente esas dos clases de instituciones, con el debido cuidado para que no se perciba el punto en que las mismas comienzan y aquel en el cual acaban. Se llega ahí parcialmente concediendo una cierta autoridad, en los detalles secundarios, al elemento prestigioso de nuestro sistema político, pero además también conviene facilitar su resultado manteniendo la aristocracia en el elemento útil del sistema.
El instituto respetuoso del país resuelve este problema. En los colegios electorales, la aristocracia tiene su influencia. Un candidato que lleva el título de honorable o de baronnet, o un título superior, como el de conde, aunque sea irlandés, vese solicitado por la mitad de los colegios electorales; y, supuesta la misma condición, el hijo de un industrial no podría luchar con ventaja contra él. Lo que prueba hasta qué punto domina en el país el instinto respetuoso, es el éxito que la clase respetada obtiene en las elecciones, a pesar del margen que ofrecen las otras clases para elegir candidatos.
Salvo esas dos imperfecciones, cuya gravedad es sólo secundaria, aunque real, en suma, el Parlamento responde bastante bien, tanto en la elección del ejecutivo como en la obra legislativa, a las aspiraciones que formula la opinión pública. Añádase, bajo esta doble reserva, que sabe expresar convenientemente, por su lenguaje, la opinión del país, cuando de él se esperan palabras y no leyes. En los negocios extranjeros, en los que no se trata de legislar todo lo que el pueblo inglés piensa, o cree pensar, respecto de las grandes crisis que ocupan al mundo, todas las ideas buenas o malas que el pueblo inglés pueda tener acerca de cuestiones como la de Dinamarca, Italia o América, todo eso encuentra su expresión fiel y completa en el Parlamento. Esta función, que yo llamaría, si se me permite la frase, la función lírica, el Parlamento la desempeña como se pide: expresa en su lenguaje particular las opiniones particulares del país.
Y he ahí sin duda uno de los grandes servicios que puede prestar al mundo. Los gobiernos libres son hoy tan raros en Europa, y América está tan lejos, que es una gran ventaja conocer una opinión, aunque sea incompleta y errónea, cuando rápidamente se eleva en el seno de la libre Inglaterra. Esta opinión que el Parlamento da, puede ser falsa, pero es la única que se produce; y cuanto esta opinión está bien fundada, es siempre en los asuntos de gran importancia, porque un pueblo no ve y no estudia más que los negocios importantes del extranjero. El pueblo inglés puede prescindir de una porción de minucias a la cual se refiere con exceso la burocracia en Europa, pero cuando descubre una verdad que se le escapa a la burocracia, esta verdad puede ser de gran interés para el mundo.
Sin embargo, si en esos diferentes respectos y con las reservas que hemos hecho, el Parlamento en su obra y en su lenguaje, responde convenientemente a lo que la opinión pública espera de él, es preciso reconocer, en mi sentir, que no logra en la misma proporción realzar el nivel intelectual del país. Su tarea educadora es la que peor cumple. Las circunstancias actuales dan una cierta exageración a ese defecto. Aquel de todos los miembros del Parlamento que está principalmente encargado de instruir y de educar al país, del cual es como el director, por lo menos hasta donde el Parlamento es capaz de educar, es el primer ministro; este personaje tiene un influjo, una autoridad y una facilidad sin igual, para dar a los debates un tono de grandeza o de mediocridad. Ahora bien, lord Palmerston se dedicó durante varios años a dar un tono, no diré que mediocre, sino ligero, a las discusiones parlamentarias.
Uno de los más grandes admiradores de lord Palmerston refería, después que éste se murió, una anécdota, la moral de la cual no comprendía o parecía no comprender. Cuando lord Palmerston llegó a ser por primera vez jefe de la Cámara, su aire y tono bromistas no gustaban nada, y se aseguraba que no podía vencer. He ahí, decía uno de los veteranos de la Cámara, he ahí un hombre que nos bajará muy pronto a su nivel; la Cámara preferirá esos ¡ja! ¡ja! a los rasgos de ingenio de Canning, y a la gravedad de Peel. Preciso es reconocer, aunque no guste decirlo, que esta predicción se cumplió. Jamás primer ministro alguno, con su popularidad y su influencia, ha dejado menos enseñanzas capaces de realzar el espíritu público. Pasados veinte años, cuando se suscite el recuerdo de lord Palmerston, no se señalará una gran verdad que haya enseñado, ni política distinguida que haya personificado, ni palabras cuya nobleza haya fascinado a su época, y que la posteridad debe salvar del olvido.
Pero se dirá: era un hombre de carácter jovial, de un sentido firme y reposado; simulaba cierta truhanería, pero fácilmente se le adivinaba; tenía el talento político bajo una envoltura mundana. La posteridad no podrá explicarse sin esfuerzo los chistes y bromas cuyo recuerdo se conserva, pues sentiremos bien sus efectos ahora. Luego que ha adoptado las maneras de ese personaje, la Cámara de los Comunes ha servido menos a la educación política y social del país que de ordinario servía.
No obstante, creo que, bien mirado todo, podrá decirse que en principio la Cámara de los Comunes no procura al país tanta educación como el país desearía. No quiere esto indicar que yo reclame del Parlamento una educación abstracta, filosófica, apoyada o fundada en materias difíciles de comprender, sino una educación popular: ahora bien; para que sea popular esta educación, debe abrazar sólo objetos concretos, definidos y poco extensos. Se trata de comprender cuál es el más alto grado de verdad al cual es capaz de llegar el pueblo; siendo sobre este tema sobre el cual deben recaer las explicaciones que se quiera penetren en el espíritu de las masas. Lord Palmerston no ha cumplido en verdad esta condición. Nos ha rebajado un poco presentándonos ideas que estaban por debajo de nuestro nivel medio; sus doctrinas no estaban bastante por debajo de nosotros para inspiramos repulsión, y, sin embargo, lo estaban bastante para aumentar sin necesidad o utilidad nuestra ligereza, disminuyendo además en nosotros el culto de los principios y de la filosofía, que no era, por lo demás, muy exagerado.
Cuando se le compara con los debates de cualquier otra asamblea, los debates del Parlamento inglés no dejan, es verdad, de tener un lado muy instructivo. Los del Congreso americano no sirven demasiado para la educación popular; el sistema presidencial les priva de semejante ventaja; en ese sistema, las discusiones de la asamblea legislativa no producen efecto alguno, porque no pueden derribar el ejecutivo que, por el contrario, tiene el derecho de veto sobre las decisiones legislativas. Las Cámaras francesas son el apéndice útil de un gobierno que quiere tener la autoridad del despotismo y rechazar la vergüenza de tenerlo; gracias a su existencia, los enemigos del Imperio no tienen el derecho de decir que la libertad de la palabra está suprimida en Francia; algunos miembros de la oposición llenan los aires de discursos elocuentes, en los cuales, como es sabido, la verdad se revela, pero siempre en vano. Los debates de un Parlamento inglés desempeñan, pues, en el mundo un papel que, para esas Cámaras auxiliares, es imposible. Sin embargo, creo que si se comparan las discusiones que los periódicos serios consagran a los asuntos importantes con los debates del Parlamento, no habrá más remedio que reconocer que, a pesar de muchas exageraciones y muchas vaguedades, los artículos de los periódicos tienen más vigor y más sentido que los discursos parlamentarios. Y el público aprecia este vigor y se complace en escuchar los comentarios de la prensa.
La Saturday Review decía, hacía algunos años, que la habilidad parlamentaria estaba sometida al sistema protector, que a la puerta del Parlamento era preciso pagar un derecho diferencial de 2.000 libras esterlinas por lo menos al año. Por consiguiente, la Cámara de los Comunes, que sólo admite la inteligencia cuando tiene por asociada la fortuna, no puede estar en el respecto intelectual al igual de una asamblea legislativa que hubiera sido elegida únicamente en razón de la inteligencia, sin inquietarse por si los elegidos reunían o no al saber, riquezas. En cuanto a mí se refiere, no me inclino en manera alguna a que sólo la inteligencia esté representada, pues seria esto contrario a la idea madre cuyo desenvolvimiento prosigo en esta obra. Sostengo que el Parlamento debe personificar la opinión pública de Inglaterra; y es seguro que esta opinión consulta mucho más, para hacerse, el interés territorial de la riqueza inmueble, que la pura inteligencia del país. La flor fina de Bohemia, compuesta de gentes de treinta y seis ideas y cuarenta sin una, no tiene derecho a obtener más influjo en el Parlamento del que tiene en el país, en el cual no pesa mucho. Únicamente, bien mirado todo, aunque el país podrá conceder a la inteligencia una parte algo mayor y más amplia en su representación, hay en el Parlamento un bosque de árboles demasiado corpulentos que bien podría aclararse un poco.
La última función del Parlamento que nos queda por examinar, es la que consiste en informar al país; como ya he dicho, es llevar ante la opinión, por medio de sus miembros, las ideas, las quejas y los deseos de ciertas clases. Es preciso no confundir esta función con la que he llamado función educadora. En la práctica es cierto, esas dos funciones encajan una en otra. Pero lo mismo ocurre con otras muchas cosas que importa separar cuando se las trate de definir. El hecho de que dos cosas se encuentren a menudo juntas, debe más bien servir de motivo que de impedimento para que se las separe en la idea. Puede ocurrir que a veces no se encuentren, lo que trastorna mucho a quienes no están habituados a distinguirlas.
La función educativa proporciona al país ideas verdaderas; pertenece a los espíritus más elevados; en cambio la función informadora se limita a dar a conocer ideas especiales, no pertenece más que a los especialistas. Cada clase tiene sus pensamientos, sus necesidades, sus opiniones de que ciertos centros se preocupan especialmente. Un pueblo no debe meditar sus determinaciones, según las indicaciones de esos especialistas; así, los oradores animados de un espíritu tan particular no podrán ser guías seguros en política. Sin embargo, es bueno oír a esos oradores y tener en cuenta sus opiniones.
El espíritu moderno tiene por norma o principio la tolerancia y además el examen de todas las cosas. Si la ciencia moderna ha llegado a ser lo que es, es a fuerza de examinar hechos aislados, enojosos y poco interesantes a primera vista. Se cuenta que un gran químico atribuía la mitad de la reputación a su hábito de examinar, al terminar cada una de sus experiencias, los residuos de que tenía intención de deshacerse. El primero que llegase podía conocer los resultados generales de la experiencia, pero en los residuos había una porción de pequeños fenómenos y de transformaciones que observar, y de esta observación han brotado algunos descubrimientos gloriosos para quien era capaz de hacerlos. Lo mismo pasa con respecto a las concepciones de los soñadores a quien se desdeña. Pueden encerrar gérmenes de verdad, que son precisamente aquellos de que se ha menester cuando ya se conoce todo el resto de sus sistemas.
He ahí lo que sabían perfectamente nuestros antepasados. Se esforzaban por dar un carácter a los diversos colegios electorales o a varios de ellos. Querían otorgar su abogado respectivamente, al comercio marítimo, a la industria lanera, a la de las telas; querían que el Parlamento estuviese en condiciones de consultar los intereses particulares, antes de dictar una decisión en nombre de todo el país. ¡He ahí, en verdad, un motivo verdadero para admitir las clases obreras con su parte en la representación, al menos en la medida necesaria para mejorar el Parlamento! Los artesanos de las ciudades vense ahora en posesión de muchas ideas y con muchas aspiraciones; están animados por un rayo especial de la vida intelectual; creen que se ha desconocido o despreciado sus intereses, se imaginan que tienen algunas cosas nuevas que decir y que poseen otras ideas distintas de las del Parlamento. Debería permitírseles intentar la prueba ante el Parlamento, y expresar sus concepciones propias de la misma manera que las demás clases; se necesita escuchar a sus defensores, como se escucha a los de las otras.
Antes del bill de reforma, había medio de conseguir ese fin. El miembro nombrado por Westminster y otros miembros, como eran elegidos por sufragio universal o por un sistema muy cercano a éste, podían, obedeciendo a sus mismas conveniencias, proclamar las quejas y las ideas o lo que se estimaba como ideas y como quejas de los obreros. El sistema introducido en 1832 es tan inflexible que ha causado la dificultad actual y muchas otras.
Hasta que llegue a efectuarse esta reforma o modificación en la Cámara de los Comunes, esta Cámara será imperfecta como la Cámara de los Lores, es decir, que parecerá atacada de un vicio. Mientras los Lores no consientan en acudir en persona al lugar de su reunión, se hará cuanto se quiera para demostrar que la Cámara alta realiza cumplidamente su labor de revisión, pero será difícil conseguir que se acepten esos razonamientos abstractos. Del propio modo, mientras una parte considerable de la población, aglomerada en ciertos distritos y con ideas y aspiraciones políticas, no tenga en el Parlamento abogados conocidos y visibles, en vano se pretenderá probar en los libros que la representación del país es suficiente para el país, porque las gentes no lo creerán.
El siglo XVIII tenía en política la máxima de que las grandes apariencias son las grandes realidades. En vano, pues, se demostrará que los obreros no tienen por qué quejarse, que las clases medias han hecho por ellas cuanto era posible hacer; en vano se acumularán todos los argumentos que no es preciso repetir, porque están como estereotipados en los periódicos y se sabe de memoria, mientras contra los argumentos se levante la gran apariencia de que los trabajadores no tienen en el Parlamento abogados visibles y encargados de expresar en cada instante sus deseos; la gran realidad que a la apariencia corresponda será siempre un descontento general.
Hace treinta años se procuraba probar que Gatton, Old Sarcins eran lugares preciosos que debían conservarse en la lista electoral, dado que proporcionaban miembros excelentes áa la Cámara de los Comunes; a esas reflexiones se oponía de toda parte que está muy bien, pero allí no hay habitantes. De igual manera hoy se dice en todas partes: Es evidente que nuestro sistema representativo es imperfecto, toda vez que una clase inmensa no tiene defensor en el Parlamento. La única respuesta que se podía dar en otros tiempos a quienes gritaban contra los colegios electorales sin habitantes, era transferir el derecho electoral de esos colegios a colegios que tuvieran población; hoy, para cortar de raíz las recriminaciones fundadas sobre el hecho de que los obreros no tienen representación, el único medio consiste en concederles representantes, haciendo de modo que haya en la Cámara de los Comunes un cierto número de miembros elegidos por los trabajadores y penetrados del axioma que Carlyle formulaba en estas palabras: El artesanismo es la necesidad del día.
CAPÍTULO SÉPTIMO
LOS CAMBIOS DE MINISTERIO
Existe una falsa apreciación a la cual da lugar periódicamente la Constitución. Se producen a menudo circunstancias cuya repetición, aunque irregular, es natural; y siempre que éstas ocurren, jamás dejan de engendrar esa apreciación. Como es sabido, las relaciones del Parlamento, y sobre todo de la Cámara de los Comunes con el ejecutivo, son las que caracterizan sobre todo nuestro sistema político; ahora bien, éstas entrañan con frecuencia un hecho que trastorna y dificulta mucho el juicio de algunas personas.
Ese hecho es un cambio de ministerio. Todos nuestros administradores se marchan juntos: el poder ejecutivo cambia por entero, o, por lo menos, todos los jefes de los distintos departamentos que lo componen presentan juntos su dimisión; y a cada cambio hay teorías para declarar que ésta es una costumbre ridícula.
Admitamos, dicen, que Mr. Gladstone y lord Russell se hayan equivocado respecto de las reformas; bueno que Mr. Gladstone no haya triunfado en la Cámara de los Comunes; pero en cualquiera de esos dos casos, ¿por qué han de retirarse al mismo tiempo todos los jefes de los diversos departamentos? ¿Habrá nada más absurdo que lo ocurrido en 1858? Lord Palmerston había cometido por primera vez en su vida una ligereza: había contestado bruscamente a preguntas tontas; se había permitido colocar en el gabinete a un personaje que estaba sometido a un proceso feo a causa de una mujer; había cometido el error, o bien su secretario de Negocios exteriores, de no contestar con un despacho a un despacho francés; nuestro embajador sólo había recibido como instrucción el contestar oralmente. Y resulta que por esas bagatelas, por cosas que en definitiva se podían mirar como errores aislados y sin carácter administrativo, ¡todos los departamentos de nuestra administración perdieron sus jefes! La oficina de la beneficencia legal tuvo un jefe nuevo, el ministerio de obras públicas otro jefe nuevo. ¿No es todo esto sencillamente absurdo?
Esta objeción ¿es buena o es mala? El cambio total del ministerio, ¿es en general un acto de política sabia y prudente?
De semejante uso resultan sus inconvenientes: en primer lugar, este uso puede poner como de golpe a la cabeza de nuestros negocios hombres nuevos y sin experiencia. Hace algún tiempo, lord Gramborne no pensaba en manera alguna llegar a ser secretario de la India; pensaba tanto en ello como en hacerse agiotista. Jamás se había ocupado con la cuestión india. Seguramente saldrá adelante, porque es hábil, y su educación le permite darse cuenta de todo; pero, en fin, la cuestión india no era ni su especialidad, ni el objeto favorito de sus estudios y de sus pensamientos íntimos. Como ocurre que lord Russell y Mr. Gladstone están en desacuerdo con la Cámara de los Comunes, de ahí que lord Gramborne es secretario de la India, y he ahí cómo un hombre completamente inexperto en lo que se refiere a los negocios indios es llamado a gobernar el imperio indio.
Desde el momento en que todos los jefes de los ministerios dejan a la vez sus diferentes puestos, ese caso tiene que repetirse con frecuencia. Si resultan vacantes a la vez veinte puestos, casi jamás habrá a mano, para ocuparlos, veinte personas experimentadas, competentes y hábiles. La composición de un gobierno ofrece dificultades análogas a las de los rompecabezas chinos: los puestos no convienen a los que en ellos se quieren poner. Y la dificultad con que se tropieza para establecer un ministerio todavía es mayor, porque los ministros pueden rehusar los puestos, mientras que las piezas del rompecabezas están muertas. Basta una negativa para que pueda fracasar una combinación. En 1847, como lord Grey no quería entrar a formar parte de la administración que proyectaba lord Russell, si lord Palmerston era ministro: y lord Palmerston se obstinaba en quererlo ser de asuntos extranjeros, no se pudo llegar a formar el gobierno proyectado. Es, en verdad, raro que una negativa aislada impida la formación de un gobierno, y es preciso además que concurran circunstancias particulares. Pero ocurre a menudo que las negativas paralizan o desnaturalizan un gobierno. Como nunca el ministro a quien se da el encargo de constituir una administración puede distribuir las situaciones según cree que deberían ser; como siempre las personas en quienes se fija son demasiado esquinadas o exigentes para aceptar precisamente los puestos que convienen.
Ese sistema tiene otro inconveniente además que el que supone confiar a ministros que ignoran lo que deberían saber cuando entran en funciones: fomenta la apatía de los ministros que están en el poder. Un hombre de Estado ¡puede tener mucho interés en su obra, cuando sabe que el azar, y mil combinaciones que no dependen de él, pueden detenerlo en su camino sin tener seguridad de volver a ocupar su puesto! El ministro nuevo debería estudiar a fondo los asuntos de su departamento, pero en Inglaterra no se siente impulsado por el estado de las cosas. La última corriente de la política lo ha llevado al poder con su partido, una ola puede pronto alejarle de él. Sin duda, a pesar de esas razones, el hombre de Estado joven y ardiente, toma, a veces, un vivo interés en su tarea, pero la mayoría de los personajes políticos, sobre todo los que son viejos, no hacen otro tanto. Cuando no se considera seguro en su puesto ante los acontecimientos cuyas vicisitudes dan y quitan el poder, un ministro consagra mucho más sus preocupaciones y su tiempo al estudio de esos acontecimientos que a los detalles de sus funciones.
Por último, un cambio repentino de ministros puede a menudo entrañar graves peligros trastornando la política. En muchos asuntos, y quizá hasta en la mayoría de ellos, vale, sin duda, más el espíritu de continuidad con la medianía, que lo ruidoso con grandes talentos. Por ejemplo, hoy que el progreso de las ciencias realiza una revolución con las máquinas de guerra, es costoso y dañoso cambiar frecuentemente las personas que vigilan el armamento de las tropas y de la flota. Si se confiase a una sola persona el cuidado de elegir entre los nuevos inventos, esta persona, en el supuesto, claro está, de que sea competente, llegaría después de una experiencia de algunos años a un resultado tolerable. Con la perseverancia, la regularidad, la observación, se disminuyen, cuando no se consiguen vencer, las dificultades. Pero cuando los jefes que dirigen los asuntos se suceden rápidamente, se experimentan muchas dificultades. La experiencia no se transmite de uno a otro jefe: ¿cuándo se ha visto que en una clase o en un colegio, el primer alumno de un año transmita su experiencia al primer alumno del año siguiente? El resultado más precioso de una observación, es dar al espíritu los medios de evitar instintivamente diversos errores: pero el espíritu que de ese modo se ha nutrido con la experiencia, no es cosa transmisible, y un ministro que se retira no puede donárselo a su sucesor, al modo como un hermano mayor no lo transmite al hermano menor. Fácilmente se comprenderá que falta de continuidad y de base para los cálculos, puede acompañar al rápido cambio de los ministros.
Graves son, sin duda, los argumentos que quedan expuestos; pero se puede, creo yo, responder a ellos completamente o en parte con cuatro consideraciones. Un poco de reflexión demostrará que ese cambio de ministros es indispensable en el gobierno parlamentario; que todo gobierno electivo entraña algo análogo a lo que aún es mucho peor bajo el gobierno presidencial; que ese cambio no daña necesariamente a la buena administración de los negocios, y que por el contrario, es en cierto modo la condición de una buena administración; que los vicios de la administración inglesa no provienen del gobierno parlamentario, sino de ciertos defectos bastante señalados que tenemos por otra parte que sufrir en el respecto político y social, en una palabra, que provienen, no de lo que es, sino de lo que no es.
Primer punto. Los que quisieron quitar al Parlamento el derecho de elegir los ministros, no han comprendido bien lo que es un Parlamento. Un Parlamento no es otra cosa que una gran reunión compuesta de personas que disponen más o menos de su tiempo. Cuanto más poder le deis, más inclinado será a enterarse de todo, a reglamentario todo, a mezclarse en todo. Bajo el despotismo, la actividad del déspota se restringe por sus caprichos personales y por las distracciones de sus placeres. El déspota no es más que un hombre, no tiene más que doce horas en la jornada, y no está dispuesto a consagrar más que una parte de ellas a los negocios serios; el resto es para la corte, el harem o la vida de sociedad. A su alrededor, como alrededor de su centro, se darán cita todos los placeres del mundo. La mayoría de las veces no trata de comprender más que una parte de los asuntos políticos, sabiendo muy bien, con el instinto aquel con que la naturaleza suele dotar a esos tales, que es preciso resignarse a no comprender un gran número. Ahora el Parlamento está compuesto de muchas gentes que no están tan rodeadas de placeres; al establecer un Parlamento, se confía la autoridad a un déspota que puede disponer de todo su tiempo, que tiene una vanidad y que tiene o cree tener una inteligencia sin límites, que goza trabajando y para quien la actividad es la vida. La curiosidad del Parlamento se extiende a todas las cosas. Sir Roberto Peel quiso un día tener la lista de todas las cuestiones que se le habían formulado en una sola sesión de la noche. Se referían a unos cincuenta asuntos, y no había razón alguna para que no se hubieran indicado otros mil asuntos. Después del interpelante A, viene el interpelante B; unos dirigen preguntas por un verdadero amor a la verdad, o por un deseo real de instruirse, otros por ver sus nombres en los periódicos, otros quieren, por tal modo, demostrar su interés ante el colegio electoral que los vigila, otros para hacer su efecto en las regiones gubernamentales, otros obedecen a una porción de motivos de que ellos mismos no pueden darse cuenta, o bien porque se han acostumbrado a hacer interpelaciones. Y no hay más remedio que dar a todos una respuesta adecuada. Se ha dicho que Darby Greffith fue quien derribó la primera situación de lord Palmerston, y no hay duda, es un hecho el tono impertinente con el cual este ministro contestaba a hombres respetables; tan seguro contaba su triunfo, que contribuyó no poco a perjudicarle ante el Parlamento. Si hay alguien a quien nadie consienta que se le trate con ligereza, es a uno mismo: además, hay una cosa que jamás consentirá asamblea alguna ridiculizar: esta cosa es su propio poder. Así, el Parlamento impone como un deber al ministro en funciones explicarse acerca de todos los puntos de la administración, exponiendo los motivos de las medidas tomadas, y diciendo por qué no se han tomado tales otras.
No es al azar de las interpelaciones lo que un ministro puede temer más. Puede ocurrir que unos cincuenta miembros deseen que la administración obre de cierta manera, mientras que otros cincuenta tengan otra manera de ver, lo que quita al ministerio la unidad de acción, y distrayéndole de sus propias empresas, le impide seguir con constancia las operaciones que se le piden. ¡Nada más sencillo! No hay un departamento de la administración que no esté alguna vez en evidencia; una falta en apariencia, y en ocasiones una verdadera falta, llama la atención en cualquier momento del público. Inmediatamente, los miembros del Parlamento que, en sentidos opuestos, quieren influir en el ministerio, se apresuran a aprovecharse de la ocasión. Y pronto hacen sus discursos, reclaman la presentación de documentos y aglomeran trozos de estadísticas. Declaran que en ningún otro país se permitiría seguir una línea política semejante; que eso es una política anticuada, que cuesta mucho dinero, mucha sangre, que América procede de otro modo, que Prusia hace todo lo contrario. Y los periódicos inmediatamente a repetir esas declamaciones, cada cual según su color. Esos pequeños escándalos de la vida política divierten al público. Los artículos que acerca de ellos se hacen son fáciles de escribir, fáciles de leer, procuran amplias materias para las murmuraciones y acarician la vanidad humana. Leyéndolos, cada cual se dice: A Dios gracias no soy como ese hombre; yo no soy quien ha enviado café verde a Crimea; no soy yo quien ha remitido cartuchos de nuevo modelo para los cañones ordinarios y cartuchos ordinarios para los cañones perfeccionados. Yo gano dinero; esos pobres funcionarios no saben más que gastarlo.
En cuanto a la defensa del ministro, nadie se ocupa en ella, no se lee una palabra de lo que a la misma se refiere. Por otra parte, es natural que a primera vista no parezca esta defensa muy sólida. No teniendo la oposición que esforzarse para elegir los puntos de ataque, no entabla la lucha sino en circunstancias en que es raro que, a lo menos anteriormente, el ministro parezca que tiene razón. A primera vista parecerá siempre que se ha obrado mal: que, por ejemplo, se ha dejado morir a los soldados, que algunos cañones no se mandaron, que determinados buques son incapaces de hacerse a la mar. Todo lo que se lee va contra el ministerio, y cuando se dice en su favor no hace más que aburrir.
Nada igual a la situación embarazosa del ministerio a quien se ataca, si no se tiene en el seno del Parlamento un defensor oficial. Las avispas de la Cámara se lanzan sobre los miembros de la administración, pues saben que pueden picarles sin miedo a las represalias. El germen primitivo del descontento fructifica con abundancia. Si cae sobre el ministerio actual, es él quien está al frente de la administración, es él quien debe señalar los errores si los hay. El jefe de la oposición se expresa de esta manera: Me dirijo al muy honorable lord del Tesoro; conoce los negocios. Sin duda no participo de sus opiniones políticas; pero él es casi dueño absoluto de sus determinaciones y de su conducta. Tiene el poder de hacer todo lo que le place. Ahora bien; apelo a su buen sentido, y le pregunto si debe tolerar en el servicio público errores tan gratuitos y con su capacidad tan notoria. Quizá el muy honorable ministro me otorgaría su atención cuando, apoyándome sobre documentos oficiales de su departamento, yo muestre, etc., etc...
¿Qué debe hacer el ministro? Jamás ha oído hablar del asunto, y no se ha ocupado en él. Varios amigos del ministerio hacen oposición al departamento de que se trata; un hombre respetable, cuya prudencia inspira confianza, murmura por lo bajo: Verdaderamente, ¡eso es demasiado ya! El secretario del Tesoro, por su parte, expresa su opinión: La Cámara, dice, está intranquila. Varios miembros vacilan. A declaraba ayer que desde hace cuatro sesiones está disgustado. No estoy lejos de creer que el departamento atacado ha cometido algunos errores. Acaso mejor que una investigación, etc., etc. Luego el primer ministro se levanta y dice que el gobierno de su majestad, después de haber estudiado seriamente este asunto importante, no cree estar en situación de afirmar que, en una materia tan complicada, el departamento haya sabido evitar todos los errores. No acepta, sin embargo, todas las críticas que se han formulado, y algunas de las cuales son evidentemente contradictorias. Si está probado que A ha muerto el martes por tomar café verde, también es cierto que el citado A no ha tenido que sufrir nada a causa del abandono de los médicos en la jornada siguiente. Sin embargo, en un asunto tan complicado, y con el cual se suele estar de ordinario tan poco familiarizado, el gobierno no dará su opinión. Y en el caso en que el honorable miembro quisiera someter la cuestión a un comité de la Cámara, el gobierno consentiría en ello con mucho gusto.
Ocurre a veces que el departamento que se encuentra en esa situación, no fiándose del resto del ministerio, toma precauciones auxiliándose de un amigo; pero es cosa rara en tal caso encontrar un amigo discreto. Las personas que están dispuestas a aceptar ese papel no lo hacen de ordinario, sino por complacer. Pueden tener excelentes intenciones, ser muy graves y muy respetables, pero cansan. Sus discursos pueden ser excelentes, pero pecan en un punto. Esos oradores procuran apreciarle en buenos términos, pero el exterior con que decoran sus palabras ahuyenta al auditorio. Un orador de ese género es incapaz de luchar contra dos ataques de la Cámara, que deshacen sus argumentos en trozos. Si sus adversarios demuestran o pretenden que se equivoca respecto de los hechos, se levanta ruidosamente para explicarlos; en la precipitación pierde la cabeza, no encuentra sus notas, la sangre le sale al rostro, se aturde, se hace incomprensible y se sienta. Y hele ahí que sale de la Cámara con el convencimiento de que la causa del departamento de que él se ha hecho defensor está pérdida, y eso es lo que The Times anuncia al mundo antes de abandonar el lecho.
Algunos publicistas han emitido la opinión de que, para evitar estas dificultades, los jefes de los departamentos ministeriales deberían tener el derecho de hablar en la Cámara. Pero el sistema se ha ensayado sin éxito. M. Guizot, que hizo la experiencia del mismo, afirma que no reporta ninguna ventaja. Toda gran asamblea popular tiene un cierto espíritu de cuerpo: tiene sus privilegios, sus prejuicios, sus ideas particulares. Una de esas ideas es que ella es quien debe conceder, ante todo, su confianza en sus propios miembros; a las personas a quien ve todos los días, cuyas facultades conoce, y que verifican ante ella sus pruebas. Un funcionario que procediera de fuera para dirigirle la palabra no sería de su gusto: sería un extraño de quien se desconfiaría, y el lenguaje del cual no tendría prestigio alguno. A menudo hasta representaría el papel de víctima: todos los bravos de la Cámara se echarían sobre él para someterle a un examen en regla. Sería este una especie de interrogatorio al que tendría que contestar. Se le abrumaría a cifras y detalles. Todo el efecto de sus palabras desaparecería bajo el continuo hacer preguntas menudas, e iría a perderse en la espesa polvareda de las pequeñas discusiones.
Además, esta persona rara vez tendría un talento oratorio. Hablaría como burócrata. Habituado al silencio del gabinete, a la rutina, que sigue su curso pacífico, y al respeto de los subalternos, esta persona tendría que hacer un gran esfuerzo para afrontar el ruido de una asamblea pública: divagaría, hablaría de distinta manera a como debería hacerlo, cedería a la acción y se creería sentado en el banco de los acusados. Después de haber sido acariciado por las lisonjas de empleados respetuosos, se vería sorprendido al encontrarse a merced de las recriminaciones y de las invectivas. Por tal modo acabaría por sentir odio hacia toda la Cámara, que le pagaría en la misma moneda, y entonces se ofrecería el espectáculo de un orador que habla sin autoridad ante un auditorio hostil.
Lo que aumenta las dificultades de esta situación es que un administrador venido de fuera no puede conseguir que el Parlamento le sea favorable sino a fuerza de buenos argumentos. Ningún voto es suyo por adelantado para apoyarse sobre él. Y más bien tiene en su contra la hostilidad sistemática y activa de algunos miembros, prontos siempre a atacarle. Toda medida que mejore su departamento ministerial en puntos importantes y nuevos debe, naturalmente, de ser sugerida por un influjo exterior; pero es necesario que esté en guardia contra el mayor peligro que puede correr, es decir, contra las cosas especiales que la evidencia pueda aconsejar, y que debe rechazar en nombre de ciertas consideraciones, la evidencia de las cuales no es, sin embargo, tan grande. Ahora bien; las malas ideas, al igual que las buenas, no dejan de encontrar defensores, primero en la prensa, luego en el Parlamento. Si un funcionario permanente quiere oponerse a las malas, únicamente puede contar con la potencia de su argumentación. El ministro que está a la cabeza del gobierno no le prestará su concurso. Los individuos que tienen funciones permanentes, se dirá el primer ministro, que se arreglen como puedan. Por mi parte, no puedo complicar mis cosas. Sólo tengo una mayoría de nueve votos, y aun ésta es muy vacilante. ¿A qué voy a suscitar enemigos por gentes que yo no he nombrado? Nada han hecho por mí, nada puedo yo hacer por ellos. Y si el funcionario permanente llega a solicitar su ayuda, le responderá con frase enfática: Si usted consigue demostrar ante el Parlamento que su administración ha seguido siempre la línea de conducta, me conformo con la sentencia pública; nadie quedará más satisfecho que yo. No sé si me será posible encontrarme en la sesión del lunes; pero si tengo esa dicha, escucharé la exposición oficial que usted haga con la mayor atención. Y por tal modo dejará al funcionario permanente presa de las burlas de los que de él se quieran burlar, y entregado a la acción de las interpelaciones de los parlanchines y de los ataques de los innovadores parlamentarios.
Contra la tiranía que el Parlamento ejerce incesantemente sobre los funcionarios públicos hay un remedio, y un solo remedio: es éste dar a las diferentes ramas de la administración un jefe parlamentario, y que el ministerio existente esté unido, con lazos muy estrechos, con el partido que tenga mayoría en el Parlamento. El jefe parlamentario entonces desempeña el papel de un preservativo. Con sus amigos forma una defensa de su departamento contra la obsesión con que le asaltan los pedigüeños y exigentes que hay en la Cámara y en el país.
Mientras una administración esté expuesta al azar de los votos que pueden modificar su conducta, no tiene ni seguridad ni espíritu de continuidad. Es posible que nuestra artillería y nuestra flota no estén hoy en un estado de perfección. Pero su estado sería aún peor si treinta o cuarenta partidarios de tal o cual sistema nuevo se encontrasen siempre en situación de prosperar una moción al Parlamento y de hacer adoptar su sistema a pesar de la administración. La Compañía de cañones de culata negra y la Compañía de buques adamantinos, pronto tendría abogados en el Parlamento si bastasen treinta o cuarenta nombres para asegurarles los productos de la clientela nacional. Ese es el peligro que evita hoy la presencia en el Parlamento de un jefe por cada ramo de administración. En cuanto la oposición comience sus ataques, un jefe prepara sus medios de defensa. Estudia el asunto, reúne sus argumentos, junta aquellos lotes de estadística, de los cuales espera obtener un buen efecto. Puesta en juego su reputación, desea mostrar que es digno de su puesto, y que merece el ascenso. La Cámara lo conoce bien. Quizá lo quiera. En todo caso, le concede su atención y lo coloca entre los oradores ordinarios, cuya voz escucha y cuyas opiniones toma en consideración. Seguro de hacerse oír, sabrá presentar su defensa en las mejores condiciones. Después de haber bosquejado su discurso, se encamina hacia el secretario del Tesoro, y con toda tranquilidad le dice: Ya sabe usted que se ha presentado una moción contra mí, para el martes. Supongo que estará allí toda su gente. Hay algunos individuos que pretenden arrollarme, pues aunque no se entienden absolutamente para nada, están todos contra mi administración; votarán todos por la investigación. Y el secretario le responde: El martes, dice usted, ¡oh!, añade, mirando sus papeles, no creo que eso sea para el martes. Higgins tiene que hablar sobre la educación; tendrá para mucho tiempo. Pero no importa; todo se arreglará. Después deslizase aquí y acullá una palabra oportuna, y el día en que la moción se presenta, se ve tras el banco del Tesoro una larga fila de personajes tan devotos como serios; hasta puede ocurrir que un orador independiente que esté fuera de esta banda se levante para defender al ministro; la administración triunfa por treinta y tres votos, y los negocios recobran su curso.
El contraste que acabamos de señalar no es imaginario. A menudo se ha intentado dejar la administración en manos de un jefe al que no protegía ninguna autoridad en el Parlamento. La experiencia jamás ha dado buen resultado. El Parlamento, a fuerza de poner reparos, hacía todo servicio imposible. La ejecución primitiva de la ley de pobres presenta el ejemplo más notable.
Aunque hoy todavía esta parte de la administración no es buena, puede decirse que lo que tiene de buena lo debe a la presencia de una defensa oficial que tiene de la Cámara de los Comunes. Sin eso hubiéramos visto cometer de nuevo la falta cometida bajo la antigua ley, aunque teniendo que deplorar la mezquindad que preside a la aplicación inhábil de la ley actual de nuestras grandes ciudades. No se habría entregado por completo a los cuidados de los administradores locales. El Parlamento habría molestado de tal manera a la oficina central, que habría paralizado los servicios: las autoridades locales se hubieran hecho despóticas. En otro tiempo se habría confiado la administración de la ley de pobres a los comisarios que se designaron con el nombre de los tres reyes de Somerset House. Sin duda no se habrían elegido gentes incompetentes. En el momento de la crisis, Mr. Chadwick, uno de los administradores más activos y mejores de Inglaterra, era el secretario y como a manera de motor central del sistema; como comisario principal figuraba sir Jorge Lewis, el primer administrador de nuestros tiempos quizá. Pero la Cámara de los Comunes no quería dejar que la comisión obrase según le pareciese. Durante largo tiempo la comisión encontraba defensores, porque los whigs, que la habían creado, tenían un interés de partido en protegerla. En un principio hubo bastante calor y actividad en esta administración mientras su angustiosa existencia tuvo para sostenerse una fuerza artificial. Pero luego se entregó a los comisarios, a su propia debilidad. Mientras todas las localidades estaban representadas en el seno del Parlamento, ellos no tenían abogado alguno; mientras todos los intereses más insignificantes o más despreciables encontraban allí defensores, la comisión no tenía defensa. En los campos, los administradores comunales trataban de aumentar sus honorarios por medio de contribuciones; en las ciudades no gustaba la intervención de la comisión, y se evitaban los gastos. Fue necesario llegar a disolver la comisión y buscar un jefe parlamentario para proteger las operaciones de la ley de pobres; no se llegó así a la perfección, pero, sin embargo, es éste un progreso enorme sobre el antiguo estado de cosas. Si el sistema no ha funcionado bien, débese a que la autoridad central tiene demasiado poco influjo, pero en el antiguo sistema, la autoridad central perdía diariamente su influjo, y ahora no tendría ya ninguno.
Cuando sir Jorge Lewis y Mr. Chadwick no llegaron a sostener su administración contra el Parlamento, en el cual no estaba representada, ¿se puede suponer que comisarios menos diestros y menos activos hubieran podido lograr semejante resultado?
Bien claro se ve con esto cómo en un buen gobierno parlamentario, importa que cada rama de la administración tenga en el Parlamento un jefe que cambie al propio tiempo que el ministerio; felizmente, la naturaleza de las cosas se encarga de procurar tales jefes por medio de la organización de los partidos. En América, donde la periodicidad de las elecciones presidenciales y la frecuencia de las otras elecciones ha dado a los partidos una organización más fuerte que en otras partes, el efecto es temible para las funciones públicas. Se verifica un cambio de titular de todas las funciones a cada elección presidencial, por lo menos cuando sube al poder un nuevo partido. No sólo, como en Inglaterra, se trata de los puestos elevados, sino que muchos de los puestos inferiores cambian de titulares. Las proporciones del movimiento financiero se han aumentado hasta un punto tal en el departamento del Tesoro federal que, cuando menos, en el porvenir será preciso conservar de un modo permanente sus elementos considerables. Un presupuesto de 90 millones de libras esterlinas implica ingresos y gastos de los cuales no puede encargarse un cuerpo de funcionarios de paso y que sin cesar se renueva.
Sin embargo, hasta hoy, los americanos, se han esforzado por marchar, no sólo con jefes que cambian en cada administración, sino hasta sin haber recurrido a la existencia de una burocracia estable. Por lo demás tienen en este punto facilidades que no tienen otros pueblos. Todos los americanos saben administrar: maravilla ver cómo entre ellos pueden ser sucesivamente jurisconsultos, financieros o intendentes militares; no tienen, como en Europa, que temer el efecto que pueden producir los cambios de funcionarios, porque encuentran con mayor facilidad que en Europa los hombres capaces de reemplazarlos; tampoco tienen que temer, como en Inglaterra, que la pérdida de los empleos deje a sus hombres sin medios de existencia en la mitad de su carrera, sin esperanza por el porvenir y sin remuneración para el pasado; porque en América, por razones que no tenemos por qué estudiar, hay una porción de ocasiones para un hombre de levantarse, y uno que, en Inglaterra, quede arruinado dando un paso en falso, encuentra pronto facilidades para volver a continuar hacia adelante. Es probable que los americanos abandonen, hasta cierto punto, su sistema actual de cambios administrativos; pero el hecho de que esos cambios se efectúan en el país único que puede compararse con el nuestro por su gobierno libre, debe servirnos como estímulo para soportar con paciencia las pequeñas crisis del gobierno parlamentario.
He ahí, creo yo, argumentos que parecerán concluyentes a casi todo el mundo.
Pero quizá se nos haga la objeción siguiente: Acabáis de probarnos, se nos dirá, lo que no se niega, a saber: que un sistema de cambios periódicos es una necesidad del gobierno parlamentario; pero no nos habéis probado lo que negamos formalmente: que esos cambios sean una cosa buena. El gobierno parlamentario puede tener esta consecuencia entre otras, es posible; pero afirmamos que ese es un vivió del sistema. Para responder a esa objeción, creo que se puede demostrar, no que los mismos cambios deben necesariamente ser un sistema de administración que sea perfecto, sino que, en definitiva, un sistema de administración, para perfeccionarse, debe sufrir algún cambio análogo.
En Inglaterra hay, actualmente, una cierta tendencia hacia la burocracia, a lo menos en el mundo de los publicistas y de los salones donde se conversa; se ha tomado cierta afición a ese sistema. Si el pueblo inglés no consiente fácilmente en despojarse de sus ideas arraigadas, tiene, en cambio, muchas ideas volantes. Todo suceso importante que en Europa pase, orienta momentáneamente los espíritus hacia una u otras de esas ideas. Ahora bien; el triunfo de los prusianos, que se consideran como el pueblo burocrático por excelencia, ha provocado entre nosotros una gran admiración por la burocracia, que se hubiera estimado imposible hace algunos años. No tengo la pretensión de criticar por mi parte la burocracia prusiana, el contacto de la cual no tiene nada de agradable para los extranjeros; lo que, por lo demás, no es sino un simple detalle; pero es evidente que, a pesar de la admiración momentánea que a distancia sentimos hacia ella, esta burocracia no es un objeto de completa satisfacción para los prusianos inteligentes y liberales que la ven funcionar en su casa. ¿Cuáles son si no las dos cosas que principalmente reclama el Fortschriltpartei, el partido del progreso, como lo llama Grant Duff, aquel de nuestros publicistas que lo ha estudiado con más cuidado y sentido filosófico?
Primeramente es preciso un sistema liberal que abrace todos los detalles de la administración para evitar el escándalo tan frecuente que ofrece un cuerpo de funcionarios toscos y rutinarios, y el cual logra neutralizar la iniciativa liberal del gobierno por medios torcidos.
En segundo lugar, se quiere un método fácil para hacer justicia a los funcionarios culpables que, en Rusia como en Francia, cuando están en lucha con simples particulares, se parecen a guerreros armados de pies a cabeza combatiendo a gentes sin defensa.
Un sistema al cual los liberales más inteligentes del país puedan, aun con una simple apariencia de razón, dirigir críticas tan graves, no es de las que el extranjero debe acoger sin reservas por modelo.
Los inconvenientes de la burocracia, nadie los ignora. He ahí una forma de gobierno que se ha ensayado bastantes veces en el mundo, y es fácil de mostrar, dado lo común que son las tendencias de la naturaleza humana, qué abusos debe entrañar a la larga la democracia.
Uno de los vicios inevitables de ese sistema, es que los burócratas piensan mucho más en seguir la rutina que en obtener buenos resultados, o, como dice Burke, que miran el fondo como si tuviera una importancia poco más superior a la de la forma. A eso tienden y son llevados por la educación y por el hábito. Colocados desde su juventud en esta parte del servicio público a la cual están como unidos, estudian las formalidades durante años y acaban por aplicar esas formalidades a las materias más insignificantes. Empleando las palabras de un antiguo autor no son más que los sastres de los negocios; se ocupan con los vestidos desde el punto de vista del corte, sin preocuparse del cuerpo mismo.
Gentes así educadas, debían llegar a considerar la rutina como un fin y no sólo como un medio, a imaginarse que el mecanismo perfeccionado al cual deben su dignidad es un grande y hermoso objetivo y no un instrumento de trabajo que puede ser modificado. Ahora bien; en un mundo donde todo varía, los defectos que se trata de subsanar son ya de una naturaleza, ya de otra. Los medios que ayer eran los mejores que se podían emplear, son precisamente los que ofrecen hoy más inconvenientes; puede ocurrir que mañana se quiera emprender obra nueva, y que todos los materiales acumulados para la obra de ayer no constituyan más que un montón de obstáculos para aquello que se intente hacer. El sistema militar de Prusia que tanto se admira en el actual momento, procuraba, hace sesenta años, un argumento contra el abuso de la forma. Todos conocemos esta frase: Federico el Grande, es quien ha perdido la batalla de Jena. El sistema que Federico había establecido se encontraba excelente para las necesidades de su tiempo, pero seguido ciegamente, y aplicado a otra época contra nuevos competidores, ese sistema ha sido desastroso para Prusia. Esta táctica formalista presentaba entonces un contraste con la táctica francesa que debía la gran vitalidad que poseía a una explosión repentina de la democracia. En cuanto al sistema prusiano de hoy, es el resultado de una reacción, y la historia del sistema anterior debe servir de enseñanza para lo que pueda llegar a ocurrir de nuevo. El sistema actual no es más ponderado hoy que lo fue el de Federico en su tiempo, y sabido es que, estando la burocracia muy dispuesta a enervarse por el éxito, y a extasiarse ante su propio mérito, se trata de uno de los medios de gobierno que menos se perfeccionan y que es menos fecundo.
La burocracia no tiene como único defecto el de despreciar la calidad del gobierno; agrava la carga por la cantidad. Un verdadero funcionario no gusta mucho del público que está poco al corriente de sus ideas fijas; mira a los particulares como estúpidos, ignorantes y limitados, como incapaces de discernirle su interés, como obligados a pasear las oficinas antes de hacer nada: la protección entra como parte fundamental en el símbolo de todo funcionario: el librecambio es una idea extraña a su manera de ver y casi incompatible con los hábitos de su vida: debe verse cómo un excelente crítico ejercitado en una vida libre y activa, ha podido describir los abusos del funcionarismo.
Todos los intereses sociales que existen o que se pueden imaginar, dice Mr. Laing, la religión, la educación, el derecho, la policía, todas las variedades del servicio público o privado, la libertad de ir y venir, aunque sea de una parroquia a otra comprendidas en la misma jurisdicción, la libertad de elegir una rama del comercio o de la industria, sea grande o pequeña; en suma, todas las maneras que hay de utilizar las fuerzas físicas o intelectuales, de emplear el capital en una sociedad civilizada, todo eso ha llegado a ser materia propia para emplear y sostener funcionarios, todo eso ha sido centralizado en una oficina, todo eso ha llegado a ser objeto de vigilancia, de patentes, de inspección, de informes, de intervención, para un ejército de funcionarios diseminados por toda la superficie del país y alimentados a costa del público sin que sea posible señalar la utilidad de cuanto hacen. Sin embargo, no son simples ociosos que gocen de un sueldo y que no tengan obligación alguna. Obedecen a una disciplina medio militar. En Baviera, por ejemplo, el funcionario civil superior puede condenar o arrestar a su inferior por negligencia en el cumplimiento de sus deberes o por infracción de la disciplina. En Wurtemberg, un funcionario no puede casarse sin el permiso de su superior. Voltaire ha dicho en alguna parte que el arte de gobernar consistía en hacer pagar a los dos tercios de una nación todo lo que es posible obtener de provecho del otro tercio. En Alemania se ha llegado a este ideal por medio del funcionarismo.
En efecto; los funcionarios en ese país no están hechos para el pueblo, el pueblo es quien está hecho para los funcionarios. Toda esa máquina del funcionarismo, con sus clases tan numerosas y sus grados en cada distrito, con esa horda de empleados y de supernumerarios que están en espera de puestos, nombramientos y promociones, todo ello se ha establecido para sostener el trono en el nuevo estado social del continente: era como una clase que, ligada al pueblo por sus relaciones con él en el cumplimiento de sus deberes oficiales, que lo mezclan en todos los asuntos públicos y privados, estaban unidos por el interés al poder real. La clase de los funcionarios o Beamptenstand debía reemplazar la antigua nobleza, la burguesía, los capitalistas y los grandes propietarios: por su número debía suplir lo que faltaba de peso y de influjo individualmente.
En Francia, cuando fue destronado Luis Felipe, el número de funcionarios civiles se elevaba a 807.630. Este ejército civil contaba dos veces más que soldados había. En Alemania, la clase de los funcionarios debe ser relativamente numerosa, pues el sistema de la Landwehr impone muchos más límites que la conscripción a la libre actividad del pueblo: es preciso mucha más gente para inspeccionar los detalles de la reglamentación; además, las jurisdicciones medio feudales y las formas legales, necesitan muchos más escritos y formalidades que el procedimiento seguido ante los tribunales bajo el imperio del Código Napoleón.
Una burocracia debe inevitablemente considerar como deber suyo propio, aumentar la autoridad oficial, así como el conjunto de los asuntos oficiales y de los personajes oficiales y no dejar al público la libertad de acción: en su virtud, recarga el elemento gubernamental por la cantidad a la vez que lo desprecia en el respecto de la calidad.
La verdad es que una burocracia experimentada, los miembros de la cual se han ejercitado en su juventud en su especialidad, gusta de revestirse con cierto aparato científico, y no es menos incompatible con los verdaderos principios del arte administrativo. Este arte aún no ha sido reducido a preceptos, pero ya se han hecho experiencias numerosas, y resulta como un bazar de conocimientos que envuelve la sociedad. Uno de los principios más seguros que de él pueden sacarse, es que el éxito depende de una feliz mezcla de inteligencias especialistas y no especialistas, de espíritus, algunos de los cuales se preocupan con los medios, mientras otros se preocupan con el fin. El éxito que han tenido en Londres los bancos por acciones, los de las nacientes empresas que mejor han resultado, ese éxito está presente ahora para probar la utilidad de semejante mezcla. Cada uno de esos bancos está dirigido por un consejo de personas, la mayoría de las cuales no están ejercitadas en los negocios, pero a las cuales se juntan a modo de complemento un cuerpo de especialistas que, durante toda su vida, han estado practicando los negocios de banca. Esos bancos nuestros han triunfado por completo sobre los otros bancos, compuestos exclusivamente de banqueros; se ha reconocido que el consejo de los directores tiene un conocimiento más amplio y más flexible, una percepción más viva de las necesidades que experimenta una sociedad comercial, y de la ocasión en que se debe prestar o negar, que los antiguos banqueros, los cuales jamás han observado el espectáculo de la vida más que por las ventanas de sus bancos.
Lo mismo ocurre respecto de las compañías de ferrocarriles más prósperas de Europa; esas compañías han sido dirigidas no por ingenieros o por empresarios de transportes, sino por capitalistas, por hombres que tienen un cierto conocimiento de los negocios. Esos capitalistas se aseguran por medios financieros los servicios de administración hábiles, como el procurador ignorante se asegura los del abogado instruido, y logran así dirigir un negocio mucho mejor que lo harían los diversos especialistas que están a sus órdenes. Combinan esos diferentes especialistas, examinan en qué punto acaba el dominio del uno y comienza el dominio del otro, y a eso añaden un vasto conocimiento de los grandes negocios, que ningún especialista puede tener, porque no se adquiere más que por la práctica de negocios diversos variados.
Pero esta ventaja que ofrece el empleo de inteligencias habituadas a generalizar y a poner en acción materiales diversos, ésta depende por entero de la posición que esas inteligencias ocupan. Es preciso que no estén en lo más bajo de la escala, ni siquiera hacia el medio; es necesario que estén en la cumbre. El dependiente de un negociante podría ser demasiado novicio en un despacho de banquero, pero el negociante mismo podrá muy bien dar excelentes indicaciones llenas de luz y de utilidad en sus consejos de un banco. El dependiente del negociante quedaría por completo como anegado en una oficina de ferrocarriles, pero el mismo negociante podrá dar muy probablemente opiniones muy excelentes en un consejo de directores. Las cumbres de los diferentes negocios, si se me permite hablar así, son como las cumbres de las montañas, se parecen entre sí mucho más que las partes inferiores; los principios son casi los mismos en todos, en lo que de absoluto tienen; únicamente los detalles de las regiones inferiores contrastan entre sí por sus diferencias. Pero es preciso haber viajado para saber que las alturas se parecen; los que viven en una montaña se imaginan que su montaña no se parece a ninguna otra.
La aplicación de este principio al gobierno parlamentario es cosa muy fácil; se reconocería de ese modo, que el ingreso en una administración de un jefe extraño no tiene ningún inconveniente, antes al contrario, sirve para perfeccionar esta administración. Dejada a sí misma, esta administración se haría formalista, absorbente e invasora por cuenta propia; probablemente perdería de vista el objeto que debe perseguir, para no ver más que los medios; se perdería por estrechez de espíritu, desplegaría en apariencia mucha actividad, pero sin hacer nada en realidad. Un jefe extraño, procedente de fuera, corregirá muy bien esos defectos. Puede decir al jefe permanente que se presenta apegado a las formas y a las tradiciones de su oficina. ¿Quiere usted explicarme, señor mío, cómo esta regla conduce a un fin que se quiere lograr? En el orden natural, la persona que pida tal cosa debería expresar su deseo por medio de un solo escrito dirigido a un solo empleado, o le obliga usted a decir la misma cosa a cinco empleados en cinco escritos. O bien este otro: ¿No le parece a usted, señor mío, que el motivo de esa formalidad ha desaparecido? Cuando se construían navíos de madera, estaba muy bien que se tomasen precauciones contra el fuego; pero hoy que se construyen de hierro, etcétera, etc. Si un empleado novel hiciera esas preguntas, no se le haría caso. Sólo el jefe de la administración es quien puede obtener las correspondientes respuestas. Él y sólo él es quien puede examinar las antiguallas que en las oficinas se conservan, en contra del buen sentido.
Necesitamos, sobre todo, inteligencias frescas para renovar la administración en el país en donde los asuntos también se renuevan. Un país agrícola que tiene poca vida y actividad puede ser gobernado durante largos años por un centro u oficina inamovible, sin que por ello resulte ningún mal. Si desde un principio se ha instalado sabiamente esa oficina, puede muy bien marchar durante un largo espacio de tiempo. Pero si el país progresa, si es activo y cambia, la oficina llega a ser un obstáculo contra los perfeccionamientos, o se destruirá por sí misma.
Esta manera de considerar la utilidad de un jefe parlamentario de la administración indica cuán equivocado se está al mirarlo cómo se ha llegado a hacer el principal administrador de su departamento. El difunto sir Jorge Lewis gustaba mucho de hacer notar esto, y tenía medios para conocerlo, porque, educado primero en el servicio civil permanente, fue luego con éxito canciller del Echiquier, secretario del Interior, y murió siendo ministro de la Guerra. Acostumbraba a decir: No corresponde a un ministro del gabinete el cuidado de dirigir su departamento; su tarea consiste en velar porque se le dirija bien. Si se mezcla en demasiados detalles, puede hacer mucho mal. Los funcionarios de su administración pueden hacer mucho más de lo que él desee, y, si no pueden, es preciso desentenderse. Simple ave de paso, no podría rivalizar con ellos, que han pasado su vida en las oficinas. Sir Jorge Lewis era un excelente jefe parlamentario para la administración, en tanto que un jefe de ese género debe ejercer sobre sus funcionarios una critica luminosa y propia para corregir los defectos.
Pero sir Jorge Lewis no era perfecto. En otro respecto no tenía ni el término medio de las condiciones y cualidades que debe poseer un buen jefe. No sólo debe servir para corregir los defectos, la entrada de una inteligencia nueva en un centro difícil, es preciso también que anime ese centro. Un departamento puede muy bien dormirse y no saber aprovecharse de las circunstancias que se presentan y obrar en consecuencia. El espíritu público, a pesar de lo vago de su pensamiento, verá distintamente cuál es el deber formal de la administración antes de que la administración misma lo haya advertido en el conjunto de sus preocupaciones y aun cuando está obligada a tenerlo en cuenta.
Y he ahí uno de los servicios que el duque de Newcastle ha prestado durante la guerra de Crimea. Despertó a su administración; pero desgraciadamente no era capaz de obrar. Un ministro parlamentario, para ser perfecto, debería unir al poder que tenía el duque de Newcastle de animar su departamento, la experiencia acumulada, el instinto firme y el hábito de laisser faire que caracterizaban a sir Jorge Lewis.
Desde el momento en que se conoce bien lo que debe ser un ministerio parlamentario, se advertirá que, en realidad, lejos de ofrecer un inconveniente la frecuencia de los cambios en lo que al jefe del departamento concierne, presenta, por el contrario, una ventaja.
Si el objeto al cual se tiende es poner en contacto con el mundo oficial permanente un representante del sentimiento exterior y de la vida exterior, es bueno cambiar a menudo ese jefe. Ningún hombre puede representar perfectamente el sentimiento público. Hay alguien, se dice en Francia, que tiene más talento que Talleyrand y más genio que Napoleón; es todo el mundo. Este espíritu tan diverso del público no se personifica en un solo individuo, que sería un microcosmo. Aún es menos posible que un solo hombre y él mismo pueda reunir las funciones de crítico y de inspirador que debe ejercer un ministro parlamentario. El poder necesario para dar el impulso y la útil prudencia que modere los extravíos, son dos cosas muy opuestas y que rara vez se encuentran juntas.
Aun en el supuesto de que un ministro parlamentario fuese perfecto, el contacto prolongado con su administración le despojaría de sus cualidades. Acabaría por aceptar los usos de sus oficinas, pensar como sus funcionarios y vivir su misma vida. La mano del tintorero se resiente de su trabajo. Si el verdadero papel de un ministro parlamentario consiste en ser el representante del exterior para su administración, no hace falta para desempeñarlo tomar un hombre que, por costumbre, por espíritu y por su manera de vida, resulte como aclimatado en las oficinas.
Puede esperarse que un hombre de Estado perteneciente al Parlamento posea inteligencia bastante, bastante variedad de conocimientos y suficiente experiencia general para representar útilmente el sentimiento público en oposición al espíritu burocrático. La mayoría de los ministros del gabinete que se encargan de departamentos importantes son hombres de talento superior. Yo he oído decir a un personaje eminente, cuya experiencia es grande y que aún vive, que, durante toda su vida sólo había observado un ejemplo de lo contrario.
Por lo demás, abundan toda clase de probabilidades y garantías para que un ministro tenga talento. Un ministro de gabinete está obligado a defender su departamento a la faz del mundo; y, aunque aquellos que lo estudian a distancia pueden intentar, como los publicistas maliciosos, rebajar su mérito, la cosa no es fácil. Un tonto, si se ve obligado a explicarse acerca de asuntos importantes, a responder públicamente a cuestiones insidiosas y a argüir contra adversarios hábiles y listos, no tardará en presentarse tal como es. Por su misma naturaleza, el gobierno parlamentario asegura la pronta revelación de la incapacidad real.
En todo caso, ninguna de las formas de gobierno que rivalizan con la nuestra tiene un medio tan bueno a su disposición para poseer sus ministros libres de prejuicios administrativos a la cabeza de una administración que debe corregir y animar.
En el estado actual del mundo sólo hay cuatro formas de gobierno que pueden estimarse como importantes: la forma parlamentaria, la forma presidencial, la forma hereditaria y, por último, la forma dictatorial o revolucionaria. He demostrado que la forma presidencial con los usos del momento en América, es incompatible con una burocracia hábil. Cuando todo el mundo oficial cambia al advenimiento de un partido o a su caída, es imposible contar con un buen sistema de funciones públicas. Aunque algún día llegue a haber en América mayor número de funcionarios, siempre se cambiarían muchos. Todo depende de una sola elección, todo depende de la elección que se haga de un presidente: la lucha de los partidos decide de todo. Los directores que llevan sus tropas en esa lucha tienen las mayores facilidades para usar de lo que puede llamarse la corrupción del patronazgo. Todo el mundo sabe que el presidente tiene el derecho de dar empleos a quien mejor le parezca; y cuando sus amigos llegan a decirles a AB: Si alcanzamos la victoria, CD perderá la oficina de correo de Utica y usted será nombrado en su lugar. AB da fe a su palabra y hace bien. En cambio, no hay ningún miembro de parlamento que pueda prometer de un modo tan seguro puestos: no les es posible otorgarlos. El mismo advenimiento de su partido al poder no le garantiza ese derecho. En los Estados Unidos lo que aumenta la distancia de los partidos es la importancia suprema que se concentra en una sola lucha, y la utilidad que puedan tener las promesas de puestos como medio de corrupción aumenta proporcionalmente, porque el vencedor puede dar todo lo que quiera a quien le plazca.
No es ese el único vicio del sistema presidencial en lo que se refiere a la elección de los funcionarios. Ese sistema entraña la principal anomalía del sistema parlamentario, sin tener además su correspondiente correctivo. A cada advenimiento de un partido al poder, el presidente distribuye como aquí las funciones más importantes entre sus partidarios más distinguidos. Pero entonces se le presenta una ocasión singular de caer en el favoritismo. El ministro americano permanece oculto en sus oficinas; no necesita hacer nada en público; pasa los años sin estar obligado a demostrar si es incapaz o si es hábil. Entre nosotros, el público juzga a un ministro por la manera cómo hace sus pruebas en el Parlamento; en América, únicamente por medio de las relaciones personales con el ministro, o en virtud de una posición particular es como puede llegarse a decir alguna cosa de cierto respecto de un ministro presidencial.
En un gobierno de forma hereditaria hay menos garantías aún para asegurarse de la capacidad de los ministros. Un rey hereditario puede ser débil, dejarse gobernar por mujeres, elegir un ministro por motivos pueriles, destituir otro por puro capricho. No hay razón alguna plausible para creer que un rey hereditario sabrá elegir un buen primer ministro, y se ha visto a muchos reyes elegir malos ministros.
Llamo dictatorial o revolucionario a la forma de gobierno en la cual el soberano, que es absoluto, es elevado al poder por medio de una insurrección. Esta forma es muy importante. En teoría podía esperarse, pareció eso al menos, que en nuestra época, ese medio de elección, que es muy grosero, se encontraría reducido a un papel secundario. Sin embargo, la nación más grande del continente -y quizá después de las hazañas de Bismark, debería decir una de las más grandes naciones del continente- oscila entre el gobierno revolucionario y el gobierno parlamentario; en el actual momento está bajo la forma revolucionaria. Francia eligió su jefe en las calles de París. Queda para los aduladores pretender que el imperio democrático se convierta en hereditario; el observador atento sabe muy bien que la cosa es imposible. La idea sobre la cual descansa el gobierno actual, es la de que el emperador represente al pueblo en su capacidad, en su juicio, en su instinto. Pero no hay familia que, durante varias generaciones, pueda tener la inteligencia, ni aun siquiera la mitad de la inteligencia suficiente para llenar ese papel. La suerte de las armas es la llamada a decidir qué soberano representará al pueblo: de ese modo han sido nombrados Napoleón I y Napoleón III.
Un gobierno de ese género, sean cuales fueren sus defectos, debe probablemente tener una administración mucho mejor y mucho más capaz que cualquier otro gobierno. Es preciso que el jefe de ese gobierno sea un hombre de una habilidad consumada. Sin eso le es imposible conservar su puesto; y apenas si le es posible conservar su vida. No puede menos de ser activo, porque sabe que su negligencia podría entrañar la pérdida de su autoridad, de su existencia misma. Todas las fuerzas de su gobierno se emplean en reprimir la revolución. Se trata de resolver el más difícil de todos los problemas políticos: se trata a la vez de contener al pueblo y de darle una plena satisfacción. El poder ejecutivo, en esta situación, debe ser como una cota de mallas de la Edad Media, extremadamente dura y extremadamente flexible. Es preciso que acepte las novedades atractivas, y que se resista a ellas cuando sean peligrosas; que conserve del pasado lo que tiene de bueno y de conveniente, y que destruya lo que pueda molestarle o contrariarle. El dictador, aun queriéndolo él, no osaría tener un mal ministro. Admito que semejante soberano elije mejores administradores que un Parlamento, y sabe mejor que un Parlamento verificar la mezcla de las inteligencias nuevas con los espíritus experimentados: que tienen razones más superiores que él para combinar bien esa mezcla, que, por último, es el más capaz de hacer una buena elección y el más interesado en hacerla. Pero sería inútil demostrar que en Inglaterra ese medio revolucionario de elegir los gobernantes no llegaría a dar buenos resultados en lo que se refiere a la administración, sino al precio de sacrificios, los cuales rebasan el valor de tal ventaja; que un medio tal quebranta el crédito por medio de la catástrofe, que a intervalos deja sin protección la propiedad y la vida de los particulares; que mantiene un germen de temor en el seno de la prosperidad; que pueden pasar años antes de encontrar el dictador capaz verdaderamente; que los interregnos dominados por las medianías están llenos de miseria, que el dictador capaz puede morir inmediatamente que ha sido encontrado, que la buena administración y todo lo demás dependen sólo como de un hilo ¡de la vida del dictador!
Sin embargo, sé que, a excepción de ese terrible gobierno salido de la revolución, un gobierno parlamentario es superior en principio a las demás formas políticas rivales, en cuanto al valor administrativo; ¿cómo es que el nuestro que, sin comparación, es el mejor de los gobiernos parlamentarios, no suscita en su respecto la admiración de las gentes? Se le pondera por muchas cosas: ¿por qué razón, lejos de ponderarlo desde el punto de vista administrativo, se le considera y mira vulgarmente como lo contrario de un modelo que seguir?
Uno de los motivos que principalmente han contribuido a extender esta mala impresión, es que el gobierno inglés tiene un campo de acción verdaderamente enorme. Nuestro sistema militar es la parte de nuestra administración que más ataques recibe. Se nos censura porque hacemos mayores gastos por nuestro ejército, y con menos resultado que las grandes monarquías militares. Pero es necesario decir que nuestra tarea es infinitamente más difícil que la suya. Las monarquías del continente no tienen que defender más que territorios situados en Europa y formando un conjunto unido; tienen numerosos soldados a quienes se obliga a servir en las filas; el gobierno inglés, sin obligar a nadie al servicio, y no teniendo más que medios de persuasión para reclutar su ejército, está encargado de defender territorios que exceden muchísimo de la extensión de Europa y que se encuentran diseminados por la parte habitable del globo. La organización de nuestros Hords Guards y del War office puede no ser perfecta; creo, en efecto, que no lo es, pero si se impusiera a los reclutas la obligación de responder al llamamiento en número suficiente, si nuestra administración tuviese el derecho de disponer en absoluto de todos los súbditos durante cierto número de años, como en Prusia, y de llamarlos luego, cuando le viniera bien, a las armas, sorprendería la facilidad y la rapidez con que sabría cumplir su obra.
Además, no ofrece duda para mí que un militar experimentado del continente juzgaría imposible hacer lo que nosotros conseguimos hacer, sin ser arrastrados más que por una especie de moda. No emprendería la tarea de defender un imperio muy vasto y las posesiones del cual, esparcidas, abrazan muchas islas, largas fronteras en los distintos continentes, y un centro que es un trozo en realidad muy tentador, si no tuviera a su disposición más que reclutas voluntarios, la mayoría de los cuales no son lo mejor del país, y que el duque de Wellington llamaba la espuma de la tierra. Esas gentes se alistan todos los años en número desigual; un accidente político puede impedir que se presenten en número suficiente, y hasta que se presente uno solo, en el momento más necesario para contar con el ejército. Nuestra administración militar está obligada a hacer lo que en el extranjero los ministros de la Guerra no querrían hacer, y quizá con razón; y, sin embargo, éstos disponen de potentes resortes, que no tiene la administración inglesa, a pesar de la dificultad mayor de la obra que le está confiada.
Veamos la administración de la marina: está obligada a defender una línea de costas y un conjunto de colonias que excede, con mucho, a las que poseen los demás Estados de Europa. Y hoy la inmensidad de nuestras operaciones es singularmente molesta y difícil: nos obliga a conservar un material considerable en buques y en armas, mientras que de otro lado, motivos muy importantes nos obligan a no recargar demasiado el material que hemos de tener. El arte de las construcciones navales y el arte militar, están ambos en un estado de transición; el invento de hoy puede ser relegado mañana al rango de la antigualla, a causa del descubrimiento de nuevos procedimientos. En una enorme cantidad de buques y armas, hay inevitablemente una buena parte que debe ponerse a un lado, a causa de inutilidad, de insuficiencia y de vejez prematura, cuando llega el momento de servirse de ellos. Se dirigen al Almirantazgo dos censuras contradictorias; los unos dicen: No tenemos buques, o por lo menos no tenemos buques con los cuales contar, ni flota digna de su nombre. Otros exclaman: Todos nuestros buques son malos, nuestra artillería es mala; tenemos un material malo; con su triste manía de construcción, el Almirantazgo ha acumulado un material excesivo, siendo así que hubiera debido esperar; ha reunido un verdadero museo de inventos, que han pasado de moda sin prestamos, en definitiva, el menor servicio. Esas censuras opuestas se elevan paralelamente contra el ejecutivo; y aun cuando el propósito que se persigue al hacerlas sea el de denigrarla, en definitiva, por su oposición misma, entrañan su mejor defensa.
Examinemos ahora el departamento del Interior de Inglaterra, y veremos que lucha contra dificultades de las cuales tiempo ha que se han deshecho las administraciones extranjeras. Nos gusta tener autoridades locales independientes, pequeños centros de autoridad dispersos por el territorio. Cuando el poder ejecutivo de la capital quiere obrar, sus medidas tropiezan con los obstáculos opuestos por esas pequeñas corporaciones, que vacilan, deliberan y a veces hasta desobedecen. Pero la independencia local no es una condición indispensable del gobierno parlamentario. El grado de libertad local que un país puede desear, varía, según diferentes circunstancias, sin dejar de hacer posible la existencia de un gobierno de ese género. Se obraría ciertamente con injusticia al recriminar al gobierno parlamentario, considerado como forma política y de aplicación general, atribuyéndole los errores particulares que cometen los administradores de la tasa de los pobres; y, sin embargo, eso se está haciendo todos los días.
Contrasta con esta acción difícil de nuestro gobierno, una ventaja de que las administraciones gozan en el extranjero. Allí, un funcionario está considerado como un ser superior al resto del mundo; generalmente es envidiado. Esto es lo que da al gobierno la facilidad de elegir sus agentes entre lo más selecto de la nación. Todos los espíritus hábiles se complacen con servir bajo las órdenes del gobierno, y no gustan de otros empleos. En Inglaterra, en cambio, no se reconoce superioridad social a los funcionarios; es este un sentimiento para nosotros desconocido. Un empleado del Timbre o de la Hacienda no es objeto de nuestro respeto. Un almacenista rico se cree por encima de uno y de otro. Nuestro gobierno no puede comprar, por medio de distinciones honoríficas, los servicios de las gentes más capaces, para confiarles empleos secundarios, y con la moneda sonante un gobierno cualquiera no logra jamás reunir muchos de esos espíritus distinguidos. Nuestro comercio, por su prosperidad, seduce mucho más a los ambiciosos que tienen inteligencia. En las oficinas de las administraciones extranjeras, hay ciertas gentes distinguidas como capacidades; entre nosotros, es raro que la gente de talento consagre su vida a la administración.
Pero no son los indicados los motivos únicos, ni aun los motivos principales que impiden a nuestra administración ser tan buena como debería serlo para responder a los efectos de un gobierno parlamentario, considerado en principio y de una manera absoluta. Esta situación tiene dos causas cuyas consecuencias abrazan una porción de detalles, pero cuyos rasgos esenciales pueden resumirse en pocas palabras. La primera de esas causas es nuestra ignorancia. Ninguna forma política puede sacar de una nación más de lo que encierra. Un gobierno libre obra ante todo por persuasión, y no obtiene sino resultados proporcionados al mismo tiempo a los esfuerzos de quienes le escuchan. Nuestra administración, en muchos respectos, se resiente evidentemente de nuestra ignorancia extrema. Desde hace mucho tiempo, según una opinión admitida, la política extranjera del gobierno inglés no tiene lógica, ni éxito, ni previsión: no tiene objetivo preconcebido, no se funda firmemente en principios fijos. Sería preciso extenderse demasiado para estudiar con cuidado en qué medida se debe aceptar este juicio. Sin embargo, concedo perfectamente que en estos últimos tiempos, nuestra política extranjera ha dado lugar a criticas muy graves y muy serias. Pero, ¿no sería un milagro que el pueblo inglés, dirigiendo por sí mismo su política, hubiera podido darle un buen impulso en el estado en que hoy se encuentra? Inglaterra, más que ningún otro país, está separada del mundo, aislada por su situación geográfica al igual que por sus costumbres; ¿no debe experimentar los efectos de este aislamiento, tanto los buenos como los malos? ¿No está fuera de la corriente europea? ¿No siente nuestro pueblo gran desdén por los otros? ¿He estudiado el mundo moderno y no desprecio con demasiada frecuencia este estudio? Siendo esto así, ¿cómo esperar que semejante pueblo comprenda los nuevos o singulares sucesos que se producen en el extranjero? Lejos de sorprendernos que el parlamento inglés se haya mostrado a veces tan insuficiente en su política extranjera, se debería, por el contrario, mirar como una maravilla y como una prueba del instinto natural de que está dotado nuestro pueblo, el que nuestra política haya sido en definitiva tan buena como ha sido.
Lo que caracteriza la constitución inglesa, lo que distingue nuestra forma política de la forma puramente parlamentaria, es que comprende partes prestigiosas, partes conservadas no a causa de su valor intrínseco, sino por la seducción que ejercen en el espíritu de las poblaciones sencillas y sin luces. La existencia de esos elementos tiende a disminuir la eficacia propia del sistema. Esos elementos son como las ruedas de pura ornamentación que se introducían de más en los relojes de la Edad Media para indicar las fases de la luna o el nombre de una constelación, para hacer entrar y salir hombrecitos o payasos como en el escenario de un teatro. Todo ese trabajo accesorio necesita frotamientos y causa errores, e impide al mecanismo principal indicar la hora exacta; cada rueda nueva es una nueva causa de imperfección. Del propio modo, si para confiar a la autoridad de una persona se le pide, no la aptitud para el trabajo, sino cualidades que hieran la imaginación, no podrá ser más que un elemento perturbador en el organismo administrativo. Si es verdad que por su prestigio es capaz de tener un influjo que vale más aún que si desempeñara bien su tarea, no es menos cierto que perjudica con su presencia la marcha regular de la obra en sus detalles. He ahí lo que muy a menudo hace la aristocracia inglesa. Influjo sobre el pueblo, lo tenía infinito en otros tiempos. Pero no se debe contar con los hermanos menores de familias nobles para obtener buenos administradores; por su educación, no tienen ni el conocimiento, ni la práctica, ni el hábito de los negocios; en suma, en este respecto, tienen una inferioridad particular que no reparan con ninguna ventaja especial.
La clase media es, por sí misma, poco propia para proporcionar los administradores que necesitamos. No puedo examinar aquí lo que hay de fundado en las censuras que se dirigen a nuestra educación; un excelente juez ha dicho que era vanidosa, insuficiente y débil. Me limitaré a decir que no se prepara de un modo conveniente para los negocios. No hace mucho tiempo todavía que los conocimientos y los hábitos necesarios para ser simple empleado en una casa de banca estaban muy poco difundidos; el género de educación que hace a un hombre capaz de ocupar los puestos más elevados del mundo de los negocios, es aún muy raro; ni de acuerdo se está respecto del conjunto de las condiciones a que esta educación debe acomodarse. Nuestros funcionarios públicos no valdrán lo que los de los pueblos extranjeros, sino cuando sean iguales por la educación.
Por grande que sea el influjo deletéreo de nuestra ignorancia sobre nuestra administración, aún hay otra causa que la perjudica más. Sólo dos administraciones extranjeras son preferibles a la nuestra, y esto en virtud de circunstancias que en nosotros no han concurrido. Cada una de esas dos administraciones han sido organizadas por un hombre de genio, después de un estudio concienzudo y según un plan trazado de antemano. Napoleón ha levantado la suya en un terreno que la revolución francesa le había legado completamente lleno de escombros. En cuanto a la originalidad que se atribuía a su obra, era un mérito usurpado. Tocqueville y Lavergne han demostrado que Napoleón ha construido un hermoso edificio según un modelo que disimulaba en lo exterior las complejidades del antiguo régimen. Pero lo que ahora nos importa no es la originalidad, sino la utilidad de esta obra. Napoleón estableció la administración francesa según un sistema que le aseguraba la eficacia, la consistencia y la duración: los gobiernos siguientes se han limitado a servirse de la máquina administrativa que habían heredado. Federico el Grande ha hecho otro tanto por la monarquía prusiana, en su cuna. Francia y Prusia tienen dos máquinas nuevas, organizadas en una época de civilización para cumplir un trabajo determinado.
En cuanto a las ramas diversas de la administración inglesa, desde su origen jamás han sido arregladas con un propósito de armonía, o más bien no han sido cultivadas, han crecido por sí solas cada una por su lado. Nada más curioso de observar que esta manera de librecambio, que en la Edad Media se había establecido entre las instituciones inglesas. Nuestros tres Tribunales de justicia, el Tribunal del Banco de la reina, el de los Pleitos Comunes y el del Echiquier, para aumentar sus honorarios, habían extendido poco a poco su dominio hasta comprender todo el terreno judicial.
Boni judicis est ampliare jurisdictionem, era una antigua fórmula que daba a entender que un buen juez debe aumentar los honorarios de su tribunal, sus propios ingresos y los de sus subordinados. La Administración Central del Tesoro jamás hacía que rindiesen cuentas sus tribunales del dinero que de ese modo recibían: siempre que no se le pidiese nada estaba satisfecha. ¿No hemos visto el año último mismo, un resto de esos viejos abusos revelarse ante los ojos del público aturdido? Un empleado del Patent-Office había distraído algunos honorarios y, naturalmente, con nuestras ideas del siglo XIX, hubo de pensarse que la responsabilidad de aquél revertiría al canciller del Echiquier, por analogía con lo que en Francia ocurriría en un caso análogo. Pero la ley inglesa ve la cosa de otra manera. El Patent-Office depende del lord Canciller, y el Tribunal de Cancillería es una de esas numerosas instituciones que deben su existencia a la avidez que en otros tiempos había para disputarse los honorarios; de suerte que pertenecía al lord canciller vigilar los emolumentos de su Tribunal, lo que naturalmente no le era posible hacer, a causa de su cualidad de juez muy ocupado. Se descubrió, sin embargo, que un acto del Parlamento había declarado que el dinero proveniente del Patent Office se depositaría en poder del Echiquier, y con esto volvió a pensarse en que el Echiquier era por ese sólo hecho responsable del negocio: ¡error!
Según nuestro sistema, el canciller del Echiquier es el adversario nato del Echiquier; hay toda una serie de reglamentos destinados a proteger al Echiquier contra su jefe. Hace algunos meses apenas existía aún una sinecura lucrativa llamada el cargo de interventor del Echiquier, y cuya misión era defender al Echiquier contra su canciller: el último titular de este cargo, lord Monteagle, acostumbraba a decir que le parecía ser como el sostén de la Constitución inglesa. No es este lugar de explicar lo que quería decir con esto, ni importa gran cosa, por lo demás; lo principal es saber que a consecuencia de diversas circunstancias que a la larga se había sucedido, un empleado, después de haberse hecho culpable se presentaba en una administración no judicial, se encontraba que al fin dependía, no del ministro de hacienda, su jefe natural, sino de un juez extraño que jamás había oído hablar de él.
El conjunto de las atribuciones del lord canciller está compuesto de anomalías. Es un juez, y evidentemente todas las peripecias parecen oponerse a que se encargue a un juez de funciones administrativas; importa muchísimo separar de las funciones judiciales todo motivo de tentación. Sin embargo, el lord canciller, nuestro juez principal, tiene su puesto en el gabinete, y pronuncia discursos en la Cámara de los Lores, donde sostiene las doctrinas de un partido; lord Lyndhurst era un tory declarado, y sin embargo, no por eso dejó de presidir el proceso de O'Connell; lord Westbury ha estado siempre de acuerdo con los obispos, y sin embargo, él fue el llamado a sentenciar el asunto de la Essays and Reviews. Si el lord canciller ha llegado a ser ministro de un gabinete, es porque se encontraba cerca del soberano y gozaba de gran prestigio en la corte; no fue ello por obedecer a una teoría política verdadera o falsa.
Uno de mis amigos me ha referido que, interrogado un día por un italiano muy inteligente respecto de los principales funcionarios ingleses, se había visto muy confuso para enterarles acerca de sus deberes, y, sobre todo, para explicar las relaciones de sus funciones reales con sus títulos. No recuerdo bien todo lo que me dijo, pero no he olvidado que el italiano no podía llegar a comprender cómo era que el primer lord del Tesoro no tenía, en definitiva, nada que ver con el Tesoro, y que la administración de bosques y montes está encargada del alcantarillado en las ciudades. Esta conservación se tuvo mucho tiempo antes de la peste bovina, pero me gustaría saber las razones que podrían alegarse para encomendar al consejo privado el cuidado de conjurar esta epidemia. Ciertamente, no puede darse una razón histórica, pero lo que yo pido es una razón administrativa, una razón capaz de explicar, no cómo es que el consejo privado está encargado de ese cuidado, sino por qué debe continuar con el mismo cuidado para el porvenir.
La falta de todo espíritu de sistema y de todo cálculo regular en la organización de nuestras oficinas administrativas, sorprende mucho menos aún que la diversidad de su organización en el único punto que les es común. Como se encuentran todas bajo la dirección de un jefe parlamentario, deberían todas tener un medio particular y un medio excelente de colocar a la vista de ese funcionario elevado el conjunto de los asuntos más importantes en que se ocupan. Como ese funcionario gobierna aportando a su administración propia el concurso de una inteligencia nueva, sería preciso, ante todo, poner esta inteligencia al corriente de los negocios. Ahora bien; como la mayoría de los asuntos tiene un carácter análogo en su generalidad, la rueda empleada para darlos a conocer al jefe que viene de fuera, debería ser casi la misma en cada administración; en todo caso, cuando esos engranajes sean diferentes, deberían serlo por un motivo dado, y, cuando fuesen semejantes, esta semejanza debería también tener su razón de ser. Sin embargo, no hay quizá dos ramas de la administración perfectamente semejantes en lo que se refiere a las relaciones del funcionario permanente con el jefe parlamentario.
Examinemos los hechos; el ejército y la marina son evidentemente las dos cosas que tienen más analogía entre sí; sin embargo de esto, para el ejército hay una oficina permanente que se llama Horse Guards, que no tiene equivalente en la marina. Y en la marina hay, por una extraña anomalía, una oficina de almirantazgo, cuyos miembros cambian con cada gabinete, y que tiene por misión informar al primer lord acerca de lo que necesita saber. No siempre se ha podido darse cuenta bien claramente de las relaciones del primer lord con la opinión del almirantazgo, y en cuanto a las relaciones de la oficina de la guerra con los Horse Guards, son enteramente confusas.
Al Parlamento se le comunicó un documento presentado a la Cámara de los Comunes, y en el cual se puede advertir la singularidad de que una de las piezas sobre las cuales se apoya el trabajo tiene un origen desconocido: sólo se sabe que sir Jorge Lewis lo tuvo en su poder cuando era secretario de Guerra, hace tres años: los detalles de esta administración ofrecen dificultades inextricables, que explican muy bien la rivalidad de las dos oficinas yuxtapuestas.
En cuanto a lo que se llama el Board of trade, consejo o centro del comercio, es una expresión que no se aplica a nada, por haber cesado de existir la oficina hace ya largo tiempo. El presidente y el vicepresidente mismo no se reúnen ordinariamente para ocuparse en sus asuntos. Únicamente en ausencia del presidente es cuando el segundo, en virtud de su título, se ocupa en los negocios; y, en el caso de que uno y otro no tengan estrechas relaciones, es el presidente quien obra por sí mismo y por sí solo, el vicepresidente jamás lee los documentos, y no tiene nada absolutamente que hacer. En el Tesoro hay una sombra de una oficina, pero los miembros de esa oficina no tienen autoridad alguna: son funcionarios cuyo trabajo consiste, según Canning, en hacer una Cámara, conservarla en número suficiente y aplaudir a los ministros. El Indian office -Oficina de las Indias- tiene un concepto regular y fijo: pero el Colonial office -Ministerio o Centro de las Colonias- que debe velar por nuestras posesiones coloniales y demás, no tiene en el momento presente, no lo ha tenido jamás, el menor consejo.
En suma: cada una de esas diversas administraciones puede tener una buena organización en sí misma, pero el conjunto no es bastante uniforme para que resulte satisfactorio.
La necesidad de crear un centro u oficina permanente con un jefe permanente, no se ha sometido a las discusiones en Inglaterra más que una sola vez, y entonces se trataba de un caso particular, de una anomalía, y el debate no llegó sino a un resultado muy incierto. Cuando la Compañía de las Indias Orientales se abolió, fue necesario crear una oficina para los negocios de Indias. El difunto Mr. James Wilson, que era muy experto en materia administrativa, sostuvo entonces que no se debía crear un Consejo titular; que el verdadero Consejo de un ministro lo constituye un cierto número de secretarios bien retribuidos, muy ocupados y responsables, a quienes el ministro pueda consultar, juntos o separadamente, a su voluntad, y cuando bien le parezca. Esos secretarios, según mister Wilson, ofrecen garantías de capacidad; porque un ministro no irá a dificultar su acción y a comprometer su reputación nombrando a un hombre incapaz para un puesto tan próximo al suyo, y en el cual podría hacer mucho mal. Puede ocurrir que en un centro haya algún miembro insuficiente: si los demás miembros y el presidente tienen talento, no se advertirá la incapacidad de un miembro o de dos miembros que se limitan a cobrar un sueldo sin hacer nada. En cambio un subsecretario permanente, que tenga una acción real en los negocios importantes, debe necesariamente ser capaz, si no suscitará la censura sobre su superior y le procurará malos pasos en el Parlamento.
No entra en mis intenciones ni es de mi competencia, exponer el mejor sistema que sería preciso seguir para organizar las oficinas de la administración y regular sus relaciones con un jefe parlamentario. Sólo después de un examen atento de los detalles, es cuando una persona, sin experiencia particular del asunto, podría permitirse aventurar una opinión. Pero nada impide que yo haga una advertencia, y es que el plan de Mr. Wilson se ha seguido en aquella parte de nuestra administración que ha alcanzado mayor éxito y que está encargada de vías y medios. Cuando el canciller del Echiquier prepara un presupuesto, pide a los funcionarios responsables que administran las rentas públicas, que hagan un avance estimando las rentas probables, y a partir de la hipótesis previa, de que no se hará cambio alguno y que se continuará cobrando los impuestos como el año anterior; si luego juzga a propósito efectuar modificaciones, hace que se le redacte una memoria suplementaria. Si trata de renovar los billetes del Echiquier, o de hacer alguna operación financiera en la City, pide el informe oral o escrito del funcionario más capaz y más responsable que haya en las oficinas de la deuda nacional, y lo mismo hacen en la Tesorería. Mr. Gladstone, que es seguramente el mejor canciller del Echiquier de nuestro tiempo y uno de los mejores que ha habido, ha tenido ocasión, a menudo, de expresar su gratitud por lo mucho que debía a sus hábiles consejeros. En cuanto un hombre se conoce mejor a sí mismo, y más hecho está a la práctica de los negocios, más inclinado estará a pedir y a apreciar las opiniones que emanen de personas capaces y experimentadas. Esta precaución tiene buenos resultados, bien se ve, porque sin discusión, tenemos el mejor presupuesto que se hace en el mundo. ¿Por qué las otras partes de la administración no habrían de alcanzar el mismo grado de perfección si se les aplicase el mismo método?
CAPÍTULO OCTAVO
FRENOS Y CONTRAPESOS DE LA CONSTITUCIÓN INGLESA
En capítulos anteriores he consagrado un estudio a comparar una con otra la forma monárquica y la forma no monárquica del gobierno parlamentario. He demostrado que en el momento en que un ministerio se organiza, y mientras está en funciones, un monarca realmente hábil podría ser de una gran utilidad: he probado que es erróneo suponer que, en esas circunstancias, un monarca constitucional no tiene ni papel ni deberes que cumplir; pero he demostrado también que el carácter, las disposiciones y las facultades necesarias para permitir a un monarca constitucional ser útil en ese caso, son cosas muy raras, tan raras por lo menos como el genio de un monarca absoluto, y que, colocado sobre un trono constitucional, una medianía puede hacer tanto mal como bien, y quizá más mal aún que bien.
No me era posible examinar por completo la línea de conducta que un rey debe tener a la terminación de su administración. En efecto; entonces es cuando pueden ser puestas en actividad las prerrogativas otorgadas al gobierno por nuestra Constitución, es decir, el derecho de disolver la Cámara de los Comunes y el derecho de crear nuevos pares. Mientras no se conociese la naturaleza propia de la Cámara de los Lores y la de la Cámara de los Comunes, no teníamos medio de sentar las premisas necesarias para explicar la acción del rey sobre el Parlamento. Ahora ya hemos examinado las funciones de las dos Cámaras y los efectos de un cambio ministerial sobre el sistema administrativo. Nos hallamos, pues, en situación y condiciones de discutir las funciones que desempeña un rey cuando un ministerio se retira.
Quizá se juzgue que soy un tanto meticuloso en este capítulo, pero lo soy de propósito deliberado. Me parece que esas dos prerrogativas de que el poder ejecutivo está revestido, de disolver los Comunes y de aumentar el número de los pares, constituyen dos de las partes más importantes y menos apreciadas de nuestra organización política, y que se han cometido miles de errores copiando la Constitución inglesa sin tenerlas en cuenta.
Decía Hobbes hace ya mucho tiempo, y todo el mundo lo comprende hoy, que en un Estado se necesita imprescindiblemente una autoridad suprema: es preciso que en toda cuestión haya una autoridad que tenga la última palabra.
La misma idea del gobierno es la que implica esta necesidad; se advierte así en cuanto se penetra en ella como se debe. Pero hay dos sistemas de gobierno: en el uno, la autoridad que decide en última instancia es siempre la misma; en la otra, esta autoridad varía según los casos, y pertenece ya a un miembro del cuerpo político, ya a otro.
Los americanos han creído imitar fielmente a Inglaterra estableciendo su Constitución según este último principio, dando el poder supremo ya a uno de los miembros del cuerpo, ya a otro, según las materias. Pero la verdad es que la Constitución inglesa está fundada en el principio opuesto, y no reconoce, por tanto, más que una autoridad suprema en todas las circunstancias. Para poner con toda claridad de relieve la diferencia que existe entre los dos sistemas, veamos lo que los americanos han hecho.
Primeramente han conservado aquello de que no podían prescindir: la soberanía de los Estados particulares. Un artículo fundamental de la Constitución federal declara que los poderes no delegados al gobierno central se reservan a los Estados respectivos. Y los sucesos recientes, quizá hasta todos los males pasados, no han tenido en los Estados Unidos causa más determinante que esa. La soberanía en los principales sucesos de orden político no ha correspondido al gobierno general, sino a los gobiernos subordinados. El gobierno federal no podía tocar en la esclavitud, esta institución doméstica que dividió la Unión en dos partes desemejantes desde el punto de vista de la moral, de la política y de la sociedad, y que al fin ha provocado la lucha entre el Norte y el Sur. Ese hecho político determinante no se comprendía en la jurisdicción del gobierno más elevado, donde se debía esperar encontrar el más alto grado de prudencia del gobierno central, donde debe haber mayor imparcialidad, sino en la jurisdicción propia de los gobiernos locales, donde los intereses mezquinos debían, naturalmente, ser oídos, y donde las medianías intelectuales deberían tener una entrada más fácil. De ese modo, el hecho político más importante estaba reservado al juicio de autoridades secundarias.
Otro hecho, el único comparable con la esclavitud en el respecto del influjo que ha tenido en los Estados Unidos, ha debido su existencia a la autoridad de los Estados particulares. La democracia excesiva que se señala en América, es un resultado cuya causa no se remonta a la legislación federal, sino a la legislación particular de los Estados. Según la Constitución federal, uno de los elementos principales del mecanismo político está confiado a la discreción de los gobiernos subordinados. Una de las cláusulas del pacto federal declara que para el nombramiento de los miembros que deben componer la Cámara de Representantes en el gobierno central, las cualidades requeridas a los electores serán las mismas en cada Estado que para el nombramiento de la rama más numerosa de su poder legislativo: ahora bien; como cada Estado fija por sí mismo las cualidades requeridas en los electores para el nombramiento de los miembros que componen las Cámaras de un poder legislativo, resulta que de ese modo fija también las que se exigen en los electores llamados a elegir la Cámara de Representantes federales.
Otra cláusula de la Constitución federal concede a los Estados el derecho de fijar la cualidad de los electores para la designación de presidente. Así, el elemento fundamental de un gobierno libre, es decir, el derecho de decidir en qué medida pueden los ciudadanos participar en la dirección de los negocios, depende en América, no del gobierno central, sino de ciertos cuerpos políticos locales subordinados que, a veces, como en el Sur, le pueden ser hostiles.
Verdad es que los autores de la Constitución no tenían mucho en que elegir. Los más sabios de ellos deseaban conceder al gobierno central el mayor poder posible, y dejar lo menos posible en manos de los gobiernos locales. Pero pronto se elevó una protesta para acusarles de crear una tiranía, de destruir la libertad, y gracias a esta opinión, los prejuicios locales lograron fácilmente triunfar. Todo el mecanismo del gobierno federal nos procura el espectáculo de una organización política, en la cual, lo que yo he llamado las partes imponentes del gobierno no concuerdan por completo con las partes útiles. Los Estados particulares son la antigua patria, que atrae y conserva el afecto y la fidelidad de los ciudadanos: el gobierno federal es una cosa útil, pero nueva y sin atractivos.
Es preciso que el gobierno federal haga concesiones a los gobiernos de los Estados particulares; porque les debe su poder motor; son los gobiernos que tienen asegurada la obediencia voluntaria del pueblo. En los países en donde los gobiernos locales no han sabido conservar el afecto del pueblo, están condenados a desaparecer como han desaparecido los pequeños potentados de Italia y de Alemania. Entonces, la federación es inútil, un gobierno central extiende por todas partes su autoridad.
La división de la soberanía, según la Constitución americana, es cosa aún mucho más compleja. La parte de autoridad dejada al gobierno federal está por sí misma dividida y subdividida. Tomemos por vía de ejemplo lo más saliente de esta verdad. Si el Congreso decide de todo en materia de legislación, el presidente es dueño absoluto en materia administrativa. La Constitución no establece entre ellos más que un solo lazo para mantener la unidad de propósitos: el presidente puede oponer su veto a las leyes que no la satisfacen. Pero cuando las dos terceras partes de cada una de las Cámaras son de la misma opinión, como recientemente ha ocurrido, el Congreso se impone al presidente y se prescinde de su aprobación.
Y he ahí tres depositarios de la autoridad legislativa según los casos; primero el Congreso y el presidente cuando están de acuerdo; luego el presidente cuando su veto se respeta; y, por último, los dos tercios de cada Cámara cuando el Congreso pase por encima de la voluntad presidencial. Es cierto que el presidente no debe poner gran empeño y piensa en ejecutar una ley que no aprueba. Sin duda se le puede acusar si se hace culpable de faltas graves, pero entre una negligencia criminal y un apresuramiento lleno de celo, hay muchos grados. Mr. Johnson no cumplió las prescripciones del bill relativo a la oficina de los liberados con tanto ardor como comenzara a hacerlo Mr. Lincoln que aprobó esta medida. La Constitución americana tiene su sistema particular para variar la autoridad suprema en materia legislativa, según los casos, y para separar la autoridad administrativa en todos los casos.
Pero la autoridad administrativa por sí misma no es ni simple ni indivisa. Una de las partes más importantes de la administración, es la política internacional; en esta materia, la autoridad suprema pertenece no al presidente, y menos aún a la Cámara de Representantes, sino al Senado. El presidente no puede hacer tratados sino con el asentimiento de las dos tercias de los senadores presentes. En virtud de esto, resulta que la soberanía en ese respecto, es decir, en lo que concierne a las más grandes cuestiones de política internacional, está confiada a una parte del cuerpo político completamente distinto de la administración ordinaria y del poder legislativo; en suma, ocupa un lugar aparte.
El Congreso es quien declara la guerra, pero le sería muy difícil, después de las leyes hechas en estos últimos años, obligar al presidente a firmar la paz. Sin duda entraba en los planes e intenciones de los hombres de Estado que establecieron la Constitución federal, el dar al Congreso el derecho de intervenir los actos del ejecutivo como el Parlamento lo hace entre nosotros; y con ese objeto habían concedido exclusivamente a la Cámara de Representantes la facultad de votar los subsidios. Pero no contaban con el papel moneda, y he ahí que se ha atribuido al presidente el derecho de emitir papel moneda, sin consultar al Congreso. Durante la primera parte de la última lucha, Mr. Lincoln empleó ese medio para subvenir a los gastos de la guerra; no se servía del dinero votado por el Congreso, sino de una prerrogativa que le permitía emitir valores fiduciarios. Parecerá esto casi una broma, pero nada más cierto que ese hecho; se decidió que el presidente podía emitir Greenbacks en su calidad de comandante en jefe, y en virtud de lo que se llama la necesidad militar.
Durante la última guerra se necesitaba dinero y la administración lo obtuvo por el medio más sencillo; y la nación, contenta porque evitaba los impuestos, aprobó por entero el sistema. Pero quedó en pie que el presidente tiene ahora, gracias a ese precedente y a esa decisión, un poderoso medio de continuar la guerra sin el asentimiento del Congreso y quizá contra su voluntad. Seguramente, si la desaprobación del pueblo se hiciera oír de una manera enérgica, su presidente se vería reducido a la impotencia, no se atrevería a resistir, el espíritu del país y de la nación no le permitirían hacerlo. Pero si, como se ha visto recientemente, la nación estuviese dividida en dos partes, la una favorable al presidente, y la otra favorable al Congreso, el derecho indiscutible que hoy el presidente tiene de emitir papel moneda, le aseguraría los medios de continuar la guerra, aunque el Parlamento, como aquí diríamos, le ordenase terminarla.
Por último, la esfera que comprende las más grandes cuestiones del orden político está colocado en los Estados Unidos fuera de la órbita gubernamental, depende de autoridades especiales. Cuando se trata de modificar la Constitución, las autoridades constitucionales no tienen ningún derecho a hacerlo, son autoridades extraconstituciona1es las únicas que tienen ese derecho. Toda modificación al pacto federal, ya sea urgente ya insignificante, debe ser sancionada por medio de un mecanismo complicado en el cual entran los Estados y sus poderes legislativos. Resultando así que no hay remedio rápido, ni aun para los defectos más peligrosos de la Constitución, que es preciso recurrir a las ficciones más absurdas para neutralizar el efecto de las cláusulas malas, que la lentitud en los movimientos y la sutileza de las discusiones detienen la vida política del pueblo más franco y más activo que hay sobre la tierra. Los argumentos que se presentan en la práctica legal en América recuerdan al espíritu la imagen de los ejecutores testamentarios que se esfuerzan por interpretar un testamento mal hecho; sus intenciones son excelentes, pero no pueden concordar perfectamente, ni expresarse sencillamente, tantos obstáculos se encuentran en los términos anticuados del extraño testamento.
Esos ejemplos y otros que podrían añadirse, muestran, como la historia lo hace también, cuál era el verdadero pensamiento de aquellos que hicieron la Constitución americana. Vacilaban en colocar la soberanía en una mano cualquiera que ella fuese, temían engendrar la tiranía. Jorge III había sido para ellos un tirano, y, en todo caso, no querían dar a su país un Jorge III. La teoría reinante les decía que la Constitución inglesa dividió la autoridad soberana, y para imitar a Inglaterra fraccionaron la autoridad soberana en su Constitución.
Y ya se ve cuáles han sido los resultados: en un momento crítico, tal como aquel en que se encuentran, no hay, en los Estados Unidos, ningún poder pronto a marchar hacia adelante y a resolver pronto las cuestiones. El Sur, después de una gran insurrección, se encuentra a los pies de sus vencedores; sus vencedores tienen que decidir de su suerte; tienen que determinar las condiciones mediante las cuales podrán volver a ser ciudadanos libres de la Unión, votar, tener representantes, y gobernar quizá como antes. ¡Difícil problema éste de convertir los enemigos vencidos en hombres libres! Si los Estados del Norte quieren asegurar el pago de su gran deuda pública y asegurar así en el porvenir su crédito y su poder de hacer la guerra, quizá sea cosa para ellos imprescindible no confiar una parte de autoridad demasiado grande a gentes que no vean en esa deuda más que el precio de su derrota, y que deben tener una tendencia natural a rechazarla ahora que su propia deuda, es decir, el precio de su defensa, ha sido abolida por los Estados del Norte. Hay, además, una población sometida en otros tiempos, que hoy está a merced de personas llenas de odio y de desdén hacia ella: los que la han liberado están obligados a abrirles y facilitarles las vías en su nueva marcha.
En otros tiempos, el esclavo protegido por sus tierras, tenía un valor económico; hoy que se pertenece, nadie tiene interés en su vida, está a merced de los blancos, a quienes hace concurrencia por medio de su trabajo, y que le miran con un desprecio mezclado de disgusto. Es, en verdad, el más grande problema moral y el problema político más terrible que la historia menciona, éste que los americanos se han planteado. Y sin embargo, no se ve, por su parte, ni decisión, ni siquiera posibilidad de acción. El presidente quiere seguir una línea de conducta y puede impedir que se siga cualquier otra; por su lado, el Congreso tiene la suya con el mismo poder. El fraccionamiento de la soberanía equivale a la ausencia total de la autoridad soberana.
Los americanos de 1787 creían copiar la Constitución inglesa, y, en rigor, hacían lo contrario. El gobierno americano es el tipo de los gobiernos compuestos, en los cuales la autoridad suprema está dividida entre varios cuerpos políticos y varios funcionarios; el gobierno inglés es, por el contrario, el tipo de los gobiernos simples, en los cuales la autoridad soberana sobre todas las cuestiones, está confiada a las manos de las mismas personas.
Según la Constitución inglesa, la autoridad suprema pertenece a una Cámara de los Comunes, que se renueva por elección. Que la cuestión que es preciso decidir sea del orden administrativo o legislativo, poco importa; poco importa, además, que se trate de materias que afecten a la esencia de la Constitución o de detalles relativos a la vida ordinaria; que sea preciso resolverse a declarar la guerra o continuarla, a imponer una contribución o a emitir papel moneda; que se trate de una cuestión relativa a las Indias, a Irlanda o a Londres, a una nueva Cámara de los Comunes es a quien pertenece, de una manera absoluta, el derecho de decidir en última instancia.
La Cámara de los Comunes, según lo hemos explicado, puede otorgar a la Cámara de los Lores un poder de revisión, y someterse, en los asuntos en que no ponen gran empeño, al veto suspensivo de esta Cámara; pero cuando se estime apoyada fuertemente por el sentimiento popular, cuando acaba de ser elegida, tiene una autoridad absoluta; tiene el derecho de gobernar según le parece, de tomar las decisiones que estime conveniente tomar, y tiene, además, las mejores garantías de que esas decisiones no varían; puede asegurar la ejecución de sus decretos, porque nombra el ejecutivo; puede castigar de la manera más severa toda negligencia, derribando el ejecutivo. Para que se cumpla su voluntad, le basta elegir ministros que tengan la misma voluntad que ella, y de ese modo puede tener la seguridad de que su voluntad será cumplida. Una mayoría determinada por la Constitución puede, poniéndose de acuerdo en las dos Cámaras del Congreso, reducir a la nada la opinión del Presidente; en cambio, la de la Cámara, que en nuestro Parlamento representa el elemento popular, puede dar a un ministro el poder ejecutivo y quitárselo.
En una palabra: la Constitución tiene por objeto confiar la autoridad soberana en un solo poder que se elige y de modo que sea de buena calidad; la Constitución americana, por el contrario, distribuye la soberanía entre varios poderes, con la esperanza de que el número neutralizará la superioridad particular de cada una de ellas. Los americanos preconizan mucho sus instituciones; y por tal modo se privan de elogios que ellos merecen realmente. Pues bien; puede, en verdad, decirse que si no tuviesen un verdadero espíritu político, una gran moderación en los actos, que es muy singular en un país donde, a no considerar más que la forma, la palabra alcanza tanta violencia; si no tuvieran por la ley un respeto tal como ha mostrado jamás un gran pueblo y que supera en mucho al nuestro, la multiplicidad de autoridades que establece la Constitución americana, habría, hace ya tiempo, producido un resultado desastroso. Varios accionistas que tienen buen sentido, me decía un día cierto procurador muy experto, pueden salir adelante en sus negocios, con un documento o forma de sociedad cualquiera; creo más, que los habitantes de Massachussets se acomodarían a cualquier clase de Constitución [1]. Pero la filosofía política debe aplicar el análisis a la historia; debe distinguir la parte que corresponde a las cualidades que un pueblo posee y lo que toca a las instituciones que le rigen, es necesario que calcule el alcance exacto de cada elemento constitucional, a riesgo de destruir así los ídolos de la multitud; de esa manera llega a descubrir el lugar secreto donde residen las fuerzas verdaderas en un punto donde pocas personas esperarían encontrarlas.
En cuanto a la importancia de la unidad de acción en política, pienso que nadie la ponga en duda. Bien está que sea posible definir separadamente cada una de las partes que en ella colaboran; la política es un todo armonioso. Tiene por instrumentos las leyes y los administradores; emplea unas veces el uno, otras emplea el otro; pero a menos de manejar muy fácilmente esos dos instrumentos, no obrará como debe, y no teniéndolos a su disposición, de un modo absoluto, no hará sino una obra imperfecta.
La naturaleza compleja de los negocios humanos exige que el movimiento se imprima con energía por una sola mano: si una fuerza especial moviese cada parte, no tendríamos más que un conjunto de luchas incoherentes, aun suponiendo que cada una de esas fuerzas tuviera bastante vitalidad para producir un efecto dado. El mérito propio de la Constitución británica consiste precisamente en haber creado esta unidad de acción, en haber organizado la autoridad soberana de modo que fuese fuerte y eficaz.
Ese resultado feliz se debe sobre todo a la circunstancia particular de la Constitución inglesa que otorga la elección del ejecutivo a la Cámara popular, pero no se hubiera podido alcanzar por completo si nuestra Constitución no comprendiese dos elementos que me atrevo a llamar el uno su válvula de seguridad y el otro su regulador.
La válvula de seguridad es aquella particularidad de la Constitución cuyas ventajas he procurado mostrar ampliamente en mi estudio acerca de la Cámara de los Lores. El jefe del ejecutivo puede vencer la resistencia de la Cámara alta nombrando nuevos pares; si no le apoyase la mayoría, puede hacer una mayoría. Esta válvula de seguridad es extremadamente cómoda. Permite a la voluntad popular, que el ejecutivo tiene el encargo de expresar, toda vez que para ello es nombrado, recoger en el recinto del dominio constitucional aspiraciones y opiniones y tendencias que uno de los cuerpos políticos se niega a aceptar; ofrece, además, una salida libre a sentimientos que, comprimidos, serían peligrosos y podrían deshacer la Constitución, como con frecuencia ha ocurrido en otros países en los cuales la explosión del espíritu popular ha destruido los gobiernos.
El regulador, si se me permite emplear esta palabra, es el poder concedido al ejecutivo de disolver la Cámara de los Comunes, que, por otra parte y bajo esta reserva, es soberana. Ya hemos visto detenidamente, en el capítulo anterior, cuáles son los defectos de esta Cámara popular. Pueden resumirse brevemente con relación a estos tres puntos:
Primero. El capricho es el defecto más ordinario y más temible de una Cámara que elige gobernantes. En las de nuestras colonias, donde el gobierno parlamentario no tiene buen éxito, o parece no tenerlo, a ese defecto es al que precisamente se debe atribuir, sobre todo, tan funesto resultado. No es posible obtener de la asamblea que conserve una administración; se fija sucesivamente en ministerios diversos, y jamás hay así un gobierno estable.
Segundo. La organización de los partidos que tiene por objeto remediar o neutralizar el capricho de una Cámara, entraña otro inconveniente. Sólo hay un medio de obtener que la mayoría forme cuerpo y permita a una administración ser duradera en un gobierno parlamentario, y es organizar los partidos. Pero esta organización tiende a aumentar la violencia y la animosidad. En suma: somete la nación entera a la preponderancia de una fracción elegida a causa de su parcialidad. El gobierno parlamentario es, en su esencia, un gobierno de sectas, no es posible más que cuando las sectas tienen cohesión.
Tercero. Un Parlamento, como todos los demás soberanos, tiene sus sentimientos, sus prejuicios, sus intereses particulares, y puede procurar buscar su satisfacción contra el deseo y hasta contra lo que al país le convenga. Tiene su egoísmo al igual que su capricho y su espíritu de partido.
El juego del regulador en el mecanismo constitucional es muy sencillo. No debilita en manera alguna la autoridad específica de los Parlamentos en general, alcanza sólo al Parlamento sobre el cual se ejerce en particular. Gracias a ese regulador, una persona extraña al Parlamento puede decir: Miembros del Parlamento, no cumplís con vuestro deber, cedéis a vuestro capricho en detrimento del país; obedecéis a la voz de vuestro deseo e interés en prejuicio del país; quiero saber si el país aprueba o no aprueba vuestra conducta; apelaré del Parlamento número uno al Parlamento número dos.
Para apreciar bien esta particularidad de nuestra Constitución, nada mejor que seguir su efecto, examinar, como hemos hecho respecto de los otros poderes de la monarquía, hasta qué punto este efecto es independiente de la existencia de un rey hereditario, y en qué medida un primer ministro podrá producirlo por sí mismo. Estudiando el carácter de la persona a quien está confiado el ejercicio de ese poder, se reconoce claramente la naturaleza de su poder mismo, y ante todo, en lo que se refiere al capricho de que ese Parlamento da prueba en la elección de los ministros, ¿qué persona puede ponerle remedio mejor que cualquier otra? Evidentemente es el propio ministro. Él es quien está más interesado en conservar su administración; por consiguiente, él es quien es más capaz de emplear útil y diestramente los medios de conservarse. La intervención de un monarca es en ese caso perjudicial. Un Parlamento caprichoso puede alimentar siempre la esperanza de que el capricho del rey acabará por coincidir con el suyo. En los tiempos en que Jorge III atacaba a sus ministros, el primer ministro de ordinario no tenía la autoridad que debería tener para el caso. Equivalía ello a fomentar las intrigas, porque se tenía el derecho de esperar que quizá el ministro detestado por el rey no obtendría la autorización para hacer un llamamiento al pueblo contra quienes intrigaban, y se estimaba que en ese caso el rey, que por su parte conspiraba, podría elegir uno de los conspiradores para reemplazarle. El mejor medio de neutralizar el capricho del Parlamento es dar el poder de disolver la Cámara al ministro elegido por él mismo; vale esto más que reservar ese poder a una autoridad extraña.
Pero si, por el contrario, hay que poner remedio al espíritu de partido y al egoísmo del Parlamento, lo más seguro es confiar el poder de disolver el Parlamento a una autoridad que no esté ligada por ningún lazo al Parlamento, y que no dependa de él, suponiendo, por de contado, que esta autoridad extraparlamentaria es, desde el punto de vista moral e intelectual, digna del poder que se le confía. Como el primer ministro es nombrado por el partido que compone la mayoría, debe evidentemente tener sus prejuicios, y, en todo caso, está obligado a decir que participa de ellos.
Cierto es que el roce con los negocios es propio por su naturaleza para quitar a un ministro todo prejuicio y todo fanatismo, ya que la práctica sirve muy bien para corregir muchas apreciaciones falsas que podrían perturbar su espíritu. Entre los conservadores que componen un gabinete tory, hay más de uno que mira su partido como muy atrasado intelectualmente, que no habla la misma lengua de los tories o que por lo menos no la habla más que por correspondencia y con apartes, que respeta sus prejuicios porque ve en ellos las energías virtuales que le mantienen en el poder, pero que en el fondo los desdeña, aunque les deba nada menos que su existencia. Hace algunos años, Mr. Disraeli decía del ministerio de sir Roberto Peel, el último ministerio tory que ha tenido una autoridad real, que era la coalización de la hipocresía, hasta tal punto veía que las ideas del jefe se alejaban de las ideas de sus partidarios: Mr. Disraeli comprende, probablemente hoy, si no lo ha sabido siempre ya, que el aire de Downing Street da, a quienes le respiran, ideas particulares, y que los prejuicios violentos y enteros de la oposición se apagan y se funden en la gran corriente de los negocios. Lord Palmerston, es sabido que era uno de esos tipos de hombres de Estado que tratan más bien de calmar que de excitar, de dulcificar más bien que de agriar a sus partidarios.
Pero aunque el contacto de las dificultades despoje ordinariamente a un primer ministro de la librea grosera del partidario sin moderación, ese tal ministro no por eso deja de conservar cierto espíritu de partido que a veces puede ser violento: en ese caso, no está hecho para corregir a su partido, cuando la secta que prepondera en el Parlamento se conduce de otro modo de como la nación lo desea; es preciso hacer inmediatamente un llamamiento al pueblo, es preciso disolver el Parlamento. Ahora un primer ministro fanático no consentirá hacer este llamamiento, seguirá ciegamente su doctrina, creyendo que es útil al país, cuando acaso no logra más que extremar máximas estrechas, hasta los límites en que tropiecen con la impopularidad. En tal caso, un rey constitucional, como lo era Leopoldo I, y tal como hubiera sido el príncipe Alberto, si hubiera sido el rey, tiene un valor sin igual: puede y sabrá llamar al país, puede impedir al Parlamento perjudicar al país, y no dejará de hacerlo.
En cuanto al egoísmo del Parlamento, debe sin duda ser reprimido por una autoridad extranjera: una minoría parlamentaria no puede detenerle. Un primer ministro designado por el Parlamento es capaz de participar de los malos instintos de aquellos que lo han elegido; en todo caso puede haber especulado sobre esos malos instintos y haber participado de ellos en la apariencia. Las vistas interesadas, las tendencias de la asamblea al agio, no serán ciertamente para él más que consideraciones muy secundarias: su principal cuidado será mantener su ministerio en el poder, esté o no esté interesado en esas prácticas de corrupción. En el orden natural, debiendo ser nombrada una asamblea nueva, antes de mucho tiempo, no valdrá indisponerse con los electores de donde esta asamblea debe emanar. Pero aunque el interés de un ministro no puede acomodarse a un agio escandaloso, tolerará el agio en cierta medida, contemporizará, procurará revestir de una manera conveniente los hechos inconvenientes, permitir bastantes abusos para satisfacer a la asamblea y no los suficientes para disgustar al país; no temerá convertirse en particeps criminis; lo que únicamente procurará es atenuar la responsabilidad. Por eso, y a causa de tales circunstancias, resultará que la intervención de una autoridad extraña, imparcial y capaz, si hay una que reúna semejantes cualidades, será de muy grande interés, y una gran ayuda para reprimir la avidez de la asamblea que elige los ministros, como será útil para extinguir el fanatismo político.
Pero ¿dónde encontrar esa autoridad? En mi sentir ya se le ha encontrado con esas cualidades para ciertos Parlamentos. Los gobernadores de nuestras colonias son verdaderos Dei ex machina. No pueden menos de ser inteligentes, de tal modo su espíritu está adaptado a las dificultades: tienen de un modo natural imparcialidad, porque procediendo del otro extremo del mundo, no podrán tener las opiniones interesadas de algunos colonos, dado que antes de llegar a la realización de sus proyectos habrán vuelto ya para el otro hemisferio, donde, ante caras y caracteres nuevos, no tendrán apenas ocasión de saber lo que pasa en un país del cual casi no volverán a acordarse. Un gobernador colonial es una autoridad supra parlamentaria, animada de un espíritu cuya prudencia puede ser grande y cuya experiencia es diferente de la que puede tener el Parlamento local, cuando no llega a serle hasta superior. Pero la ventaja que ofrece esta autoridad extraña se compra al precio de inconvenientes que no pueden disimularse, teniendo presente sus contrapesos propios. El gobernador de una colonia no tiene interés permanente en la colonia que gobierna; puede ocurrir que se haya visto obligado a buscar esta colonia sobre el mapa cuando fue llamado a dirigirla; sólo después de pasados varios años es cuando llega a darse cuenta de los partidos que la dividen y de las cuestiones que la agitan; aunque él no tenga prejuicios, puede someterse a los prejuicios de su entorno local; inevitablemente, y quizá con justo título, no se esfuerza por gobernar en interés de la colonia que le es imposible apreciar, sino en su propio interés, del cual tiene una amplísima noción. Su primer deseo es no provocar negocios que puedan procurarle dificultades, ni causar ningún contratiempo en la metrópoli a sus superiores del Colonial office, porque determinarían un llamamiento prematuro que le perjudicaría en su carrera.
Al dejar la colonia, dejará, de seguro, la impresión de que apenas conoció a sus administrados, y de que no se interesaba por sus asuntos. No estamos, en verdad, en situación de comprender ese sentimiento generalmente extendido de nuestras colonias, nosotros que designamos sus jefes; pero fácilmente lo comprenderíamos si, a consecuencia de una metamorfosis política, estuviesen ellos encargados de nombrar nuestro soberano. Inmediatamente diríamos: ¿es posible que un hombre venido de Nueva Zelanda esté al corriente de nuestros asuntos? ¿Es posible que un hombre que acaba de llegar de los antípodas tenga el menor interés en Inglaterra? ¿Es posible que nos confiemos a un hombre cuya posición está a merced de una autoridad tan lejana? ¿Se puede prestar una obediencia cordial a un hombre que es un verdadero extraño para nosotros, a pesar de la identidad fortuita del lenguaje?
Si hago notar esos inconvenientes que amenguan la utilidad de un gobernador en nuestras colonias, es porque ofreciendo el gobernador el más feliz ejemplo de una autoridad supra parlamentaria, llegaremos a la conclusión de que la existencia de esta autoridad para corregir los vicios de nuestro Parlamento, no deja de estar rodeada de dificultades reales. Estamos tan habituados a gozar de los beneficios que nos procura, que apenas nos tomamos el trabajo de estudiarlo. Somos como esas gentes que, después de haber frecuentado el trato de un hombre toda su vida, se sorprenden al advertir en él cierto rasgo característico que un extraño ha sido el primero en notar desde el primer momento. Yo he conocido a una persona que jamás había sabido cuál era el color de los ojos de su hermana, aun a pesar de verla diariamente durante veinte años. Precisamente por haberla visto con tal regularidad, es por lo que no se había parado a observarla. Prueba evidente de la verdad que encierra la máxima de la filosofía, según la cual abandonamos el elemento constante de nuestros pensamientos, aunque sea el más importante de todos, para preocupamos tan sólo de los elementos variables, los cuales pueden tener un influjo mucho menor que los primeros. Así, cuando por el ejemplo de un gobernador colonial, se advierte la dificultad que hay para que un monarca constitucional ejerza su derecho de disolver el Parlamento, inmediatamente se ve cuán inverosímil es que un monarca hereditario esté dotado de las cualidades requeridas para el ejercicio de ese derecho.
Un rey hereditario es una persona ordinaria, un término medio, una medianía a lo sumo: hay casi una certidumbre de que está poco preparado en el manejo de los asuntos por su educación; no ha lugar a creer que será guiado por sus gustos: rodeado desde su infancia de todas las seducciones, habrá pasado probablemente toda su juventud en la mala posición en que se encuentra su heredero presunto, el cual no puede hacer nada porque no se le señala ningún empleo y se expone a la censura de que dificulta la marcha de las cosas; si emprende alguna, emprende una obra de su elección. La mayoría de las veces, un monarca constitucional es un hombre perjudicial, que se siente impulsado por la necesidad a ocuparse de los negocios, y cuya actividad está disminuida por todas las tentaciones que rodean a un déspota.
Además, la historia demuestra que las familias reales que ocupan un trono hereditariamente, acaban, bajo el perjudicial influjo de las causas que la corrompen, por tener en la sangre un vicio oculto, una especie de veneno propio para debilitar su inteligencia, entristecer su felicidad y cubrir con una nueva los momentos de placer. Se ha dicho, si no con verdad, a lo menos con una cierta verosimilitud, que en 1802 todos los monarcas hereditarios estaban locos. Ahora bien; ¿puede admitirse que monarcas semejantes sepan buscar el momento en que, a pesar de la oposición de un ministerio que tiene mayoría, su deber es disolver el Parlamento? Para obrar así, es preciso que sean capaces de reconocer que el Parlamento equivoca el camino y que la nación está descontenta de él. Ahora bien; para reconocer que un Parlamento sigue mal camino, es preciso ser un grande hombre de Estado, a lo menos un hombre de Estado, de algún valor, de alguna habilidad; es preciso estar dotado de un gran vigor de espíritu necesario para comprender los principios arduos de la política, es preciso tener una gran actividad sin la cual se verá el sujeto aplastado por los detalles que abrazan ese principio a su aplicación variada. Un hombre a quien la naturaleza ha hecho ordinario, a quien la vida sonríe, no tendrá ni este espíritu ni esa actividad, es casi seguro que no será ni hábil ni activo. Y un monarca que, retirado al fondo de su palacio en donde sus oídos están encantados por la adulación, no se mezcla en el mundo exterior del cual está separado por su rango, ese monarca no puede ser más que un pobre juez de la opinión pública. Aunque tuviera el deseo de conocer la opinión pública, su género de vida jamás le permitirá cumplirla, y hasta poco a poco le quitará el deseo.
Una circunstancia aún más deplorable se presenta a veces, y de ella encontramos un ejemplo en la historia de Jorge III, ese resumen, de todos los defectos que puede tener un rey constitucional. Puede ocurrir, que siendo el Parlamento más sensato que el pueblo, el rey tenga la misma opinión que este último. Durante los últimos años de la guerra de América, el primer ministro, lord North, a quien incumbía el peso de la responsabilidad, no quería continuar esta guerra, convencido de que no saldría bien de ella, y el Parlamento tenía la misma opinión. Si se hubiera consentido a lord North presentarse al Parlamento con un tratado de paz en la mano, el Parlamento hubiera aceptado con gusto la insinuación, y, guiado por sus representantes, la nación, aunque triste por las pérdidas experimentadas, probablemente hubiera acogido la noticia con satisfacción. La opinión pública, en esta época, se parecía mucho más en Inglaterra, a la opinión actual de los Estados Unidos, que a nuestra propia opinión de hoy. Se formaba casi más lentamente que hoy se forma, obedecía más fácilmente al impulso repentino de la administración central. Si lord North hubiera podido emplear toda la energía y toda la autoridad del ejecutivo para pactar una paz fecunda, se hubiera economizado mucha sangre, se hubieran apagado muchos sentimientos hostiles que han dejado huellas en América hasta hoy día. Pero detrás del primer ministro había un poder; Jorge III se empeñaba locamente en continuar la guerra; y la nación, no viendo cuán estéril era la lucha, no previendo la hostilidad duradera que esta obstinación engendraría, la nación ignorante, y además grosera e imprudente, perseveró también en ese mal camino. Aunque lord North hubiera querido pactar la paz y hubiera arrastrado tras de sí el Parlamento, sus esfuerzos todos hubieran sido vanos; un poder superior hubiera apelado de un Parlamento sensato y pacífico, a una nación irritada y belicosa. Por tal modo, el freno que nuestra Constitución ha encontrado para reprimir los defectos de un Parlamento se empleó entonces en contener el empuje de su previsión.
Cuanto más se estudia el gobierno de gabinete, más se penetra uno de la idea de que no se debe exponer en un camino delicado a los ataques que podría dirigirle en una circunstancia vital, un extraño incapaz o quizá medio loco. Hay muchos motivos para creer que en una ocasión solemne, el primer ministro y el Parlamento tendrían más prudencia que el rey. El primer ministro reúne ciertamente a un talento verdadero el deseo de tomar las mayores decisiones; si no lo consigue, pierde su puesto, mientras que el rey conserva el suyo, a pesar de todas las faltas que pueda cometer; la inteligencia del uno, naturalmente muy activa ya, está continuamente despierta por el sentimiento de la responsabilidad, mientras que la del otro que la naturaleza ha hecho ordinaria, está libre de toda tutela. Luego el Parlamento está, de ordinario, compuesto de gentes, el espíritu de las cuales es profundo, circunspecto y práctico. El razonamiento demuestra, pues, que, en el caso de que se trata de hacer que dimita un ministro que es del gusto del Parlamento o de disolver un Parlamento haciendo un llamamiento al pueblo, el poder de recurrir a esas medidas graves no es de aquellas que, en general, un monarca hereditario sea cual fuere, puede ejercer ventajosamente.
Ese poder, si no ha desaparecido por completo, está casi por completo fuera de los usos constitucionales. Nada parecería más extraño al pueblo inglés que un golpe de Estado, por medio del cual la reina destruyese repentinamente un ministerio que tuviera en su favor la confianza y el apoyo de una mayoría parlamentaria. Ese poder pertenece, en teoría, a la reina, no hay duda, pero ha caído tan en el olvido por desuso, que si la reina quisiera ejercerlo, nos produciría el mismo espanto que la noticia de una erupción volcánica en Primrose Hill. La última circunstancia en la cual se ha podido ejercer un tanto esta prerrogativa, no ofrece un precedente que pueda intentarse seguir. En 1835, Guillermo IV hizo derrotar una administración, que aunque completamente desorganizada por la pérdida del hombre de Estado que la representaba principalmente en la Cámara de los Comunes, no por eso dejaba de existir como gobierno, teniendo en la Cámara de los Lores su primer ministro, y en la Cámara de los Comunes un personaje pronto para reemplazar a aquel que acababa de morir. El rey se imaginaba que la opinión abandonaba a los whigs y se pasaba a los tories, y creía precipitar esta transición derribando el ministerio whig. Pero los acontecimientos le demostraron su error. En el fondo veía bien; el pueblo inglés comenzaba a cansarse de los whigs, que no tenían ningún jefe popular, ningún jefe capaz de representar el liberalismo, hasta el punto de hacer de él una pasión personificada; además, como el partido Whig había estado demasiado tiempo en la oposición, cometía faltas desde que había sido llevado al poder por un movimiento popular, cuyo sentido no comprendió, y cuyo espíritu quizá aprobaba menos. Pero si veía bien, el rey obraba mal; el expediente político dificultaba la reacción en lugar de precipitarla. Llegados prematuramente a los negocios, los tories fueron muy poco afortunados, como podría preverse con un poco de tacto. El pueblo comenzaba, nada más que comenzaba a alejarse de los whigs sin haberles abandonado seriamente, y así la intervención de la Corona les fue favorable, porque pareció harto contraria a las libertades públicas. Y aun teniendo razón para creer que la opinión pública comenzaba a cambiar de rumbo, Guillermo IV, con su conducta, le impedía cambiar por entero. Pronto se manifestó el deseo de que continuase la política liberal: las censuras que se hubieran podido dirigir a los whigs no eran más que de un carácter completamente personal y accidental; se dirigían contra la insuficiencia de los jefes y contra algunas ideas particulares, por el momento, sugeridas en los principios liberales, y las cuales no alcanzaban a los príncipes mismos. De suerte que la última agresión que la Corona intentó contra un ministerio, tuvo como resultado contrariar las buenas ideas en beneficio de las malas, y perjudicar al partido que el rey quería favorecer. Después de una lección de ese género, es probable que los monarcas sigan tranquilamente la línea de conducta que una larga serie de precedentes les ha trazado, y cuando un ministerio tenga la confianza del Parlamento, se entreguen por entero a la prudencia del Parlamento.
En realidad, cuando las pasiones políticas son más ardientes en la Cámara de los Comunes que en el país, y cuando, por virtud de opiniones propias, la Cámara de los Comunes se opone a los verdaderos intereses del país, no son estas circunstancias demasiado peligrosas en un pueblo que tiene espíritu político y que vigila siempre los actos de sus representantes con la facultad o poder de inspeccionarlos. No es posible que la Cámara de los Comunes haga una oposición contrariando la voluntad del pueblo, cuando el pueblo se preocupa tanto y tan incesantemente con los negocios políticos, y mientras los que le representen tengan que temer la pérdida de sus puestos en la Cámara.
No hay, en verdad, peligro que temer en esos dos respectos más que en los Estados en formación, donde las poblaciones están diseminadas, donde no se suscitan cuestiones que ofrezcan algún interés, donde las distancias son grandes, donde la opinión no está siempre pronta a castigar con su juicio los excesos parlamentarios, y donde pocas gentes se preocupan por tener asiento en la Asamblea nacional, y donde muchos representantes, por el contrario, tienen un carácter y antecedentes que no les hacen lo más a propósito para sentarse en ella.
El mayor inconveniente del sistema parlamentario en un Estado que ha llegado a su madurez, es el capricho que el Parlamento puede aplicar a la elección de los ministros. El pueblo no puede vigilarlo eficazmente en ese caso, y en una cierta medida es hasta poco deseable que sea llamado a revisar actos de ese género; la manera según la cual un Parlamento aprecia una administración, depende, en general, de cosas que el Parlamento ve de cerca y distintamente, mientras la nación se halla demasiado alejada para verlas. Cuando las cuestiones personales entran en juego, es cuando el capricho comienza. Se comprende fácilmente que puede haber una Cámara de los Comunes descontenta de todos los hombres de Estado en absoluto, dividida en pequeños partidos que forman pequeños núcleos cuando votan; esta Cámara no sigue a un jefe único, y no da a ningún jefe facilidades para gobernar, ni la esperanza de conservar el poder. A estos Parlamentos es necesario aplicarles un remedio, es preciso disolverlos; pero el empleo de ese remedio ya se ha demostrado; vale más confiarlo a un primer ministro que a un monarca; y según el uso admitido hoy, esta prerrogativa tiende a ser quitada al monarca para pasar a sus manos con los derechos del primer ministro. En la actualidad la reina no puede negar a un ministro a quien la mayoría abandona en el Parlamento, el derecho de disolver la Cámara de los Comunes; no puede, como tampoco puede sin el consentimiento del primer ministro, disolver el Parlamento, en el cual el primer ministro tiene la mayoría.
Vamos a ver que lo mismo ocurre en lo que se refiere a lo que he llamado la válvula de seguridad de nuestra Constitución. Ciertamente, un monarca hereditario, si tuviera virtudes y talento, sabría usar de este recurso mucho mejor que un primer ministro, pero el primer ministro puede servirse de él convenientemente; sólo quizá una vez cada cien años nacerá un monarca capaz de superar a sus ministros desde ese punto de vista, mientras que continuamente se ven monarcas incapaces de hacerlo.
Hay dos medios de ejercer el derecho que posee el ejecutivo de crear pares; es decir, de sumar más miembros a los que comprende la Cámara alta, la Cámara de revisión. El primero de esos medios tiene una acción constante, habitual, aunque el público no lo advierte de una manera suficiente; el otro tiene una acción terrible, a la cual casi jamás se ha recurrido de hecho, pero cuyo influjo conminatorio basta, como a modo de talismán, para prevenir el mal.
Creando pares de tiempo en tiempo, la Corona modifica poco a poco el sentimiento de la Cámara alta. He oído decir a personas competentes, que la parte puramente inglesa de la Cámara alta, donde están representados los tres reinos, que esa parte, la única sobre la cual se ejerce el poder de nombrar pares nuevos, es ahora más bien whig que tory. Hace treinta años era al contrario. Circunstancias especiales no han permitido a las dos opiniones políticas sucederse de una manera regular como muchos teóricos lo predecían, y como es bastante corriente decir que pasa.
El partido Whig ha conservado el poder durante setenta años, salvo raros intervalos, desde la muerte de la reina Ana hasta la coalición de lord North y de Mr. Fox; luego los tories, siempre con raros intervalos, han estado en el poder durante cerca de cincuenta años, hasta 1832. Desde entonces casi siempre ha imperado el partido Whig. De donde resulta que durante el largo período de su autoridad, cada uno de esos partidos ha podido modificar a su voluntad la Cámara alta. Las numerosas creaciones de pares hechas por los tories durante medio siglo, habían hecho de la Cámara una asamblea fanáticamente tory antes del primer bill de reforma electoral; peor hoy ya los tories distan mucho de tener un dominio tan absoluto.
Los pares irlandeses y los pares escoceses, como son nombrados por un cuerpo político, las modificaciones del cual han sido casi nulas, y como representan únicamente la mayoría de esos Cuerpos políticos, cuyas minorías no tienen un solo representante, resultan pertenecer invariablemente al elemento tory.
El elemento, pues, susceptible de modificación, ha sido modificado. Que la parte inglesa de los Lores sea o no tory actualmente, lo cierto es que ya no es como era en 1832. Lo que como whig se ha introducido en ella, se ha tomado en una clase de la sociedad cuyas ideas se acercan mucho más a los tories que a los radicales. No puede, en verdad, suponerse que esos opulentos personajes sean de instintos revolucionarios. Los nuevos pares están muy de acuerdo con los antiguos pares, y su influencia ha sido tanto más grande y más penetrante. Si se hubiera impuesto a la Cámara un elemento nuevo que contrastase con su naturaleza, este llamamiento la hubiera perturbado; pero habiéndose adicionado delicadamente partes análogas, si no similares, se ha producido un compuesto en el cual el elemento primitivo está contrabalanceado sin necesidad de experimentar una irritación.
Ese medio de crear pares, el medio ordinario, está en manos del primer ministro, y tiene efectos que llevan la señal de origen. En la calidad de jefe del partido predominante, el primer ministro es, sin duda, la persona más capaz de modificar gradualmente la Cámara permanente que en un principio pudiera serie hostil; en todo caso, las adiciones que haga le ponen más en armonía con la opinión de que él es representante. Nada hay en la Constitución que posea un mecanismo tan delicado, tan flexible y tan regular, para modificar una segunda Cámara. Si a ese se hubiera unido el derecho de nombrar pares de por vida, el influjo saludable del ejecutivo responsable ante la Cámara de los Lores se hubiera ejercido con toda la perfección que cabe desear en semejante materia.
En cuanto a la creación de pares por hornadas, cuyo objeto es sumergir la oposición de la Cámara alta, es una cosa completamente distinta. Si se tiene un rey capaz e imparcial, es preciso entregarse a él en este respecto. Es ese un derecho que sólo se debe ejercer en las grandes ocasiones, cuando el objeto que se persigue es de gran alcance y los partidos aparecen ante él divididos. Entonces es cuando llega el momento de poner en acción ese poder supremo y decisivo que vale, naturalmente, más confiar en manos de una persona capaz e imparcial que no en las de un primer ministro, el cual tendrá siempre algún espíritu de partido. La prudencia, la calma y la habilidad del monarca, en este instante de crisis, son cualidades que, si entonces concurren, tienen un valor inestimable. El monarca puede, cuando ese caso llegue, evitar largas perturbaciones, evitar a su país los horrores sangrientos de la guerra civil, procurarse un título al reconocimiento público e impedir la explosión de los odios que suelen animar a un partido contra otro. Pero es preciso volver a poner esta cuestión: ¿Se tendrá entonces semejante monarca? ¿En qué medida se puede contar con él en un momento? ¿Cómo se conducirá el monarca ordinario a quien el azar de la herencia, con sus inconvenientes reconocidos, hará reinar en ese instante en el país?
No se podrá responder a estas preguntas de una manera satisfactoria, si se interroga a nuestra experiencia. Esas crisis son raras, y en nuestra historia sólo ha habido dos circunstancias, en las cuales se ha tenido la ocasión de nombrar una cantidad de pares suficientes para producir una especie de trastorno radical de fuerzas, y para cambiar completa y repentinamente la mayoría en la Cámara de los Lores. La primera de esas circunstancias ocurrió bajo la reina Ana. En esta época la mayoría de los pares era whig, y por medio de creaciones numerosas y rápidas, el ministerio Harley hizo una mayoría tory. El ejercicio de esta prerrogativa produjo un efecto tal sobre el pueblo que, durante el reinado siguiente, una de las cuestiones que más vivamente se agitó, fue la proposición hecha por los ministros de privar a la Corona del derecho de nombrar pares hasta lo infinito, estableciendo de una manera fija, como en la Cámara de los Comunes, la cifra máxima de los miembros que pueden contarse en la Cámara de los Lores. Pero ¿qué importaba entonces al trono el descontento de la opinión? La reina Ana es una de las personalidades más mediocres de cuantas han ocupado un trono. Swift decía de ella, con tanta razón como amargura, que no tenía bastante corazón para tener más de un afecto a la vez: ahora bien; todo su afecto se concentraba entonces en una de sus damas de honor. Esta dama de honor le pedía que crease pares y los creaba. En cuanto a penetración y a ideas políticas no tenía cosa mayor que la señora Marshans. Para sostener un mal ministerio empleó la medida más extraña y lo hizo sencillamente por puro capricho.
La segunda vez que se trató de una medida semejante, fue bajo Guillermo IV, pero las circunstancias del asunto son mucho menos conocidas que en el caso anterior. Pronto las conoceremos. Lord Grey ha prometido publicar la correspondencia cambiada entre ese monarca y su padre, mientras fue aquel ministro, y todos los detalles relativos a ese hecho figurarán en ella necesariamente. Pero según lo que sabemos ahora, el rey, en aquella circunstancia, se vio dominado por todas las vacilaciones de un carácter débil. Su espíritu flotaba a la ventura, consultaba a su ministro, consultaba a la reina, y luego quizá a un secretario. ¿Hará algo el duque de Wellington? ¿No hará nada Peel? ¿Entonces todo lo tiene que hacer Grey?. Todos se preguntaban: El rey, ¿creará pares? Pero el rey mismo no sabía qué iba a hacer. Vacilaba. La prerrogativa tan importante que la Constitución le confiere, parecía en sus manos al fusil que tiene una mujer cuando, presa de espanto, no se atreve ni a servirse de él ni a dejarlo. Primeramente se negó a crear pares, ocasionando una crisis: los personajes más importantes aconsejaron al país que negasen el impuesto. Las asociaciones de Birmingham fanatizaban al pueblo; llegó a pensarse en la suspensión de las operaciones bancarias de Inglaterra, como recurso político: en pasquines colocados en Londres figuraban estas palabras: ¡Reclamar el pago en especies! Entonces el rey, a lo menos según lo que asegura lord Brougham, firmó un documento mediante el cual se comprometió respecto de los whigs a crear tantos pares como quisieran. Estoy asombrado de la insistencia con que usted ha tenido que proceder para decidirle, dice lord Grey a lord Brougham, dado el estado de abatimiento en que se encontraba. Había quien hizo notar que jamás había visto un asunto tan grave en un pedazo de papel tan pequeño.
La moral de todo eso es que, en un momento de revolución, el poder puede encontrarse en manos débiles, pero que no para ahí: sale de ellas para pasar a otras manos más firmes. Un monarca hereditario, de un espíritu medio, un Guillermo IV, o un Jorge IV, no puede ejercer el poder de crear pares precisamente cuando el ejercicio de ese poder se hace necesario. Un rey medio loco, como Jorge III, lo haría peor todavía: se le verá usar de él por puro capricho, cuando no hiciese falta, y negarse a recurrir a él cuando fuese oportuno.
Al poner un freno al poder del primer ministro, privándole de ese derecho, se corre un peligro verdadero, se le impide servirse de un freno de la más grande utilidad. Sería fácil declarar por una ley que jamás podrá el ejecutivo crear un número extraordinario de pares, declarar, por ejemplo, que no podrá crear más de diez al año, sin estar para ello autorizado por una gran mayoría de la Cámara baja, v. gr., por una mayoría de tres cuartos si se quiere. Sería esto suficiente para garantir el que jamás el primer ministro abusaría de esa fuerza que la Constitución tiene en reserva empleándola como una fuerza ordinaria, para garantir el que usaría de ella tan sólo cuando el país entero lo pidiese: de ese modo sería ese un instrumento de revolución y no un instrumento de administración, y se habría logrado tener en el caso preciso a la mano el referido instrumento. El ejemplo de la reina Ana y el de Guillermo IV, están ahí para probar que no se alcanza el fin apetecido confiando esos derechos tan importantes, y de ese ejercicio tan delicado, al azar de la herencia que, de ordinario, no da más que soberanas medianías.
Quizá se me pregunte por qué me detengo tanto tiempo en una cuestión tan lejana de la práctica ordinaria, y, desde cierto punto de vista, tan apartada de mi asunto. Nadie en el mundo quiere destronar a la reina Victoria: si hay un trono sólido, es el que ocupa la reina: en el curso de esta obra he mostrado que la masa del pueblo no querría obedecer a ningún otro poder que el suyo, que el respeto de que está rodeada es, para emplear un término científico, el foco virtual de todas las demás autoridades que de ello toman su potencia. Pero es preciso no limitar los estudios políticos a la hora presente ni a nuestro país, y si se considera el porvenir del mundo, no hay cuestión que tenga un interés más práctico.
Lo que caracteriza las tendencias actuales del mundo es un cierto realismo; a medida que los siglos avanzan, proclamase más y más el triunfo del hecho. En todas las partes del mundo se levantan nuevos países donde fallan las tradiciones, que son las fuentes del respeto, donde es necesario reemplazarlas artificialmente, estableciendo instituciones capaces de provocar el afecto leal de los pueblos, por su utilidad evidente. Ese realismo que hasta la misma Europa se extiende, es el producto natural de los dos principales agentes de la civilización de nuestra época, a saber: el comercio y la guerra. Los resultados materiales del comercio están tan a nuestra vista, que nos hacen olvidar los resultados morales. Pero es evidente, no hay duda, que el comercio imprime a nuestra inteligencia el amor al hecho, el carácter insuficiente de las ideas, el desdén por las frases hermosas. Todo trabajo debe ser retribuido: he ahí su divisa. Se abandona la espada por el libro mayor; hay más aún, la misma guerra se hace mucho más por la teneduría de libros que por la espada. El militar, el verdadero militar del día ya no es el ser novelesco, lleno de vagas esperanzas, animado por el fanatismo, por quimeras tales como el amor de su dama y de su soberano: es un hombre tranquilo, grave, muy abismado en el estudio de los mapas, exacto en sus pagos, maestro consumado de táctica, ocupado con los detalles vulgares, pensando, sobre todo, como hacía el duque de Wellington, en los zapatos de los soldados, que desprecia todo brillo y toda elocuencia, y sabiendo quizá, como el conde de Molke, guardar silencio en siete lenguas.
Hemos llegado a un momento en el cual la cifra gobierna, en el cual el defensor del derecho divino, como lo llamaba al conde de Bismarck, va cortando en vivo las personas reales, aplicándoles la lógica de los hechos, y no concediendo el derecho de vivir sino a condición de que se haga alguna cosa. Es evidente que, desde hace quinientos años, las ocupaciones de los que gobiernan los pueblos han cambiado mucho de naturaleza: en otros tiempos distribuían su tiempo entre los ejercicios violentos y un profundo reposo. El barón feudal no conocía término medio entre las fatigas de la guerra o de la caza de una parte, y lo que se llamaba el descanso sin gloria. En cambio, en la vida moderna, si por un lado no entraña emociones vivas, exige por otro que se trabaje sin cesar. Los hábitos familiares del comercio han influido fuertemente sobre ello, y como se pide todo a la bolsa, los hombres, las cosas, las instituciones, se les dice: ¡Bueno! ¿qué habéis hecho desde nuestra última entrevista?
Las ciencias físicas que son el estudio principal al cual se consagran miles de individuos, y que comienza a tener sobre nuestra literatura corriente un influjo que aún quizá no se advierta bastante, esas ciencias conducen al mismo fin. Sus dos caracteres, los más salientes, son la familiaridad y la curiosidad: la importancia que dan a las luchas más groseras, y el deseo continuo que inspiran de comprobar las luchas, de examinar, por medio de los sentidos, si tienen realidad. Casi se ha renunciado a la sobrexcitación que el pensamiento se imponía en otros tiempos, o más bien todo ese trabajo que se concentraba en meditaciones próximas al éxtasis, se difunde pacíficamente por todo el curso de la vida.
Un filósofo de otros tiempos, Descartes, por ejemplo, se imaginaba que después de haberse dado cuenta de las verdades primeras por medio de esfuerzos intelectuales, podía por deducción sacar de ahí el orden universal. Examinarse a sí propio, a la luz de la razón, tal era, según él, el procedimiento para descubrir todas las cosas. Según una opinión admitida, sólo el alma y por sí sola, era capaz de explicar todo, siempre que se mantuviese fiel a un aislamiento sublime. El bien supremo que esta filosofía prometía a sus partidarios, era el de no engañarse jamás, de razonar siempre, sin estar obligado a observar los hechos.
Ahora, nuestros filósofos más ambiciosos tienen procedimientos muy diferentes. Véase cómo comienza Darwin:
Cuando me encontraba a bordo del buque S. M. B., el Beagle, en calidad de naturalista, quedé muy sorprendido al notar la distribución de los seres organizados en América del Sur, y al ver las relaciones que se observan, por medio de la geología, entre las razas antiguas y las razas actuales de aquel continente. Esos hechos, como se podrán ver en los capítulos siguientes, me pareció que arrojaban alguna luz sobre el origen de las especies, ese misterio de los misterios, como lo ha llamado uno de nuestros sabios más ilustres. A mi vuelta a Inglaterra se me ocurrió la idea, hacia 1837, de que se avanzaría quizá en la solución de ese problema, reuniéndolos, para estudiarlos, todos los hechos que al mismo podían referirse. Después de cinco años de trabajo, he sacado algunas deducciones de esos hechos, y los he resumido con algunas notas muy breves: esas notas las he ampliado en 1844, añadiendo el bosquejo de conclusiones que me parecían entonces probables. A partir de esa época, hasta hoy día, me he dedicado cuidadosamente a este estudio. Espero que se me dispensará de entrar en estos detalles personales; los doy para demostrar que no me he apresurado demasiado para llegar a una decisión.
Para llegar a la solución de ese gran problema, Darwin cuenta con las experiencias curiosas que hacía cultivando palomas y otras variedades artificiales. Su héroe no es un filósofo encerrado en su gabinete y dedicado por entero a su pensamiento; es aquel hábil cultivador sir John Sebright, que tenía la costumbre de decir al hablar de las palomas, que produciría cualquier clase de plumas al cabo de tres años, pero necesitaba seis para obtener una cabeza y un pico.
No pretendo que la manera de pensar moderna valga más que la antigua; no es ese mi objeto: mi único propósito es mostrar, como sólo pueden hacerlo los ejemplos, hasta qué punto de realismo, y en la apariencia, hasta qué punto de mezquinaría ha llegado nuestra ciencia, aun en medio de sus más ambiciosos ensueños.
En los Estados nuevos, que nuestros hábitos de emigración crean de continuo, el prosaismo de esta manera del espíritu se acentúa aún más. En América y en las colonias, contra lo que se suponía, el viejo espíritu de Inglaterra, el espíritu de las poblaciones ha contraído hábitos muy prosaicos, una especie de tendencia a decir: Los hechos ahí están, piense usted como quiera. Antes de la guerra de América se decía, de ordinario, que los americanos adoraban la omnipotencia del dólar: hoy sabemos que pueden prodigar el dinero sin medida cuando así les plazca. Pero tenían razón a medias: adoran el valor visible, el resultado evidente, indiscutible, cierto. En Australia y en Nueva Zelanda se observa el mismo aire en las ideas. La lucha con la tierra virgen lo quiere así.
Las dificultades materiales apuran en común a todos los países en su cuna, y los dejan en el espíritu un sello de materialismo.
Así, cuando los Estados en países recientemente colonizados tienen que elegir un gobierno, deben tomar uno en el cual todas las instituciones tengan un carácter evidente de utilidad. Los americanos se ríen de nuestra reina con el misterio que los rodea, de nuestro príncipe de Gales con la feliz inacción en la cual se halla sumergido. Su espíritu prosaico no puede penetrarse de la idea de que el gobierno constitucional es un gobierno fundado en la razón, que conviene a la época moderna y a un país nuevo, que un Estado puede adoptarlo desde un principio. Los principillos que corren por el mundo con excelentes intenciones, pero que no pueden conocer la menor palabra de negocios, les sirven de testimonio para demostrar que el sistema constitucional es exclusivamente europeo y se remonta a la Edad Media; y que si aún le queda algún papel que representar en el viejo mundo, nada tienen ya que hacer en los pueblos nuevos. El implacable realismo que críticos esclarecidos advierten en las obras principales de la literatura en el siglo XIX, se encuentra también en la política. La ostentación del utilitarismo debe caracterizar sus creaciones.
Por tal motivo, es preciso dar el más grande interés al problema en que nos venimos ocupando en este capítulo. Si la monarquía hereditaria fuese un elemento indispensable de gobierno parlamentario, seria preciso desconfiar de ese gobierno; pero un estudio atento demuestra que ese sistema no implica como condición esencial la existencia de la monarquía; que, en general, la monarquía no le es útil; que si un rey muy generoso y muy prudente, un rey que tenga todas las cualidades de su posición, es siempre útil, y en circunstancias raras infinitamente precioso; en cambio, un rey ordinario, un rey tal como los hace de ordinario al azar del nacimiento, no es de ninguna utilidad en los momentos de crisis, mientras que en la vida corriente, como no se siente llamado a obrar, no hace nada ni necesita hacer nada. Vese con esto que un país nuevo no está obligado a recurrir a esta fútil distinción de poderes que caracteriza el sistema presidencial; puede, si las circunstancias lo permiten, tener absolutamente todas las ventajas que se desprendan de la Constitución inglesa, y eso sin la monarquía, bajo un gobierno parlamentario.
CAPÍTULO NOVENO
HISTORIA DE LA CONSTITUCIÓN INGLESA
(CONCLUSIÓN)
Sería preciso, en mi sentir, un volumen para exponer, aunque fuese muy ligeramente, la historia de la Constitución inglesa; hay ahí materia para una obra importante y original para el autor que la emprendiese con competencia. Jamás este asunto ha sido tratado por un autor que juntase a las más nobles conquistas de la erudición, las luces de una sana filosofía. Desde el modelo dado por Hallam, los estudios políticos e históricos han hecho muchos progresos, y se podría hacer un libro que aplicase las fuerzas de la ciencia moderna a la suma de hechos hasta ahora conocidos. No tengo la pretensión de escribir ese libro, pero hay un cierto número de particularidades que conviene reunir en un haz, tanto a causa de su interés en el pasado como de su importancia en el presente.
Se advierte una política común, o por lo menos los elementos de una política común, en los comienzos de todos los pueblos que han llegado a la civilización. Esos pueblos parecen haber comenzado por lo que yo llamaría el absolutismo consultivo y experimental. Los reyes de los antiguos días, en las naciones fuertes, no eran reyes absolutos como los déspotas de hoy; no había entonces ni ejércitos permanentes para reprimir la rebelión, ni espionaje organizado para vigilar los descontentos, ni burocracia hábil para preparar la gente a la obediencia. Consagrado por una sanción religiosa, el rey de los antiguos tiempos era un hombre aparte, por encima de los demás, ungido del Señor o hasta hijo de Dios. Pero en los pueblos capaces de ser libres, su carácter religioso no daba al rey jamás un poder despótico. Su autoridad no tenía en verdad ningún límite impuesto por la ley; la palabra misma de ley no hubiera podido traducirse en el lenguaje de la época. La idea de la ley tal como nosotros la tenemos, es decir, de una regla trazada por el hombre, y que puede ser modificada por el hombre cuando lo desee, como habitualmente la modifica, esta idea no hubiera sido comprendida entre los pueblos primitivos que miraban la ley como una prescripción fatal, y casi como una revelación divina. La ley emanaba de los labios reales, el rey la establecía de la misma manera que Salomón dictaba sus sentencias para un caso particular, y tanto a nombre de la Divinidad como en su propio nombre. Ninguna barrera religiosa limitaba la revelación que hacía de la voluntad divina, y tal era la fuente única de la ley. Pero aunque no tuviera límite alguno impuesto por la ley, la sumisión tenía su límite práctico en lo que puede llamarse la parte pagana de la humanidad, es decir, en la obstinación propia de los hombres libres. Jamás se reducían a hacer exactamente lo que se les ordenaba.
Tal como existía en Grecia, según Homero, y tal como existía también en otras partes, puede creerse que la monarquía primitiva tiene dos cuerpos auxiliares: el uno compuesto de ancianos o de las personas importantes, y formaba un consejo o (palabra griega que nos es imposible reproducir), a quien el rey pedía parecer y cuyos debates hacían saber al rey lo que no debía hacer. Además de ese consejo, había la (palabra griega que nos es imposible reproducir), asamblea de oyentes, como algunos le han llamado, y que, en mi concepto, seria mejor llamarle asamblea de prueba. El rey acudía en medio de su pueblo, reunido con el pretexto de anunciarle su voluntad, pero, en realidad, era para tantear su pulso. Sin duda era sagrado, es muy probable que fuese popular; sin embargo, se encontraba en la situación de un primer ministro que habla delante de una Cámara apasionada. Su autoridad y su poder tenían límites que descubría según que sus órdenes fueran recibidas con aclamación, o bien fueran acogidas, sea con murmullos, sea con un silencio significativo.
Ese sistema era excelente para el tiempo y para el país; pero entrañaba un grave inconveniente. El respeto en que el gobierno descansa, y la capacidad necesaria para gobernar, son dos cosas cuyo origen es diferente. El homenaje de los pueblos se dirige a los reyes, y se transmite a su descendencia, en virtud del origen divino que se les atribuye; pero en la descendencia real aparece al pronto un niño, o un idiota, o un hombre que tiene alguna incapacidad natural. Entonces se afirma la verdad aquella de que la libertad prospera bajo los príncipes débiles; entonces la asamblea de oyentes se dedica no sólo a murmurar, sino que al fin levanta la voz, no solamente para sugerir su opinión, sino para formular órdenes.
Mr. Grote refiere muy detenidamente cómo esos apéndices de la monarquía han dado origen a las libertades de los pueblos griegos; cómo esos pueblos se han formado poco a poco; los Estados oligárquicos, amplificando el dominio de su consejo; los Estados democráticos ampliando el de su asamblea. La historia tiene tan variados detalles cuantas eran las ciudades griegas; pero el fondo es en todas el mismo. Lo que caracteriza la política de los griegos antiguos y de los antiguos romanos, es que del embrión monárquico supo sacar los órganos de una República por su desenvolvimiento progresivo.
La historia de Inglaterra ha sido, en sustancia, la misma que la de los pueblos antiguos, aunque haya tenido una forma diferente y un crecimiento más lento y más largo. Las proporciones han sido más vastas y los elementos más variados. Una ciudad griega se deshacía pronto de los reyes, porque el carácter sagrado con que la política revestía al rey no podía soportar el examen diario y la critica continua de una multitud activa y habladora. En todas partes en Grecia, los esclavos, que formaban la parte más ignorante, y, por consiguiente, la menos accesible a los influjos intelectuales, estaban privados de los beneficios o derechos políticos.
En cambio, Inglaterra, desde un principio, ha sido un país muy extenso, habitado por razas diversas, de las cuales ninguna gustaba de discutir prosaicamente la monarquía, que era para todos objeto de superstición. La monarquía era hasta alguna cosa más que una superstición para nuestros antepasados. Se necesitaba un poder ejecutivo muy fuerte para mantener en orden a un país decidido y armado y valiente; el problema del desenvolvimiento político era, pues, muy delicado. Un gobierno libre, cuando está completamente formado, puede tener un poder muy fuerte; pero durante la época de transición, mientras la República se desenvuelve y la monarquía decae, el ejecutivo es necesariamente débil. El sistema político se divide; su acción languidece. Por último, las diversas clases del pueblo inglés han tenido un crecimiento desigual. Si las clases elevadas se han modificado enormemente desde la Edad Media, y siempre en el sentido del progreso, en cambio las clases inferiores han variado muy poco; hasta se cree que, en ciertos respectos, han retrocedido, aunque perfeccionándose desde ciertos puntos de vista. El desenvolvimiento de la Constitución inglesa, pues, ha tenido que ser necesariamente muy lento, porque un desenvolvimiento rápido hubiera agotado al ejecutivo y dado muerte al Estado, y, además, porque como las clases más numerosas habían variado poco, no estaban en condiciones adecuadas para experimentar un cambio total en las instituciones. En sus rasgos generales, el desenvolvimiento político de Inglaterra ha sido muy sencillo. No se conoce quizá exactamente el carácter de todas las instituciones anglo-normandas, a lo menos han provocado todas controversias. El celo político, tanto de los whigs como de los tories, ha querido encontrar en el pasado un modelo que seguir; y como el estado social de estos tiempos ha sido muy turbulento, realmente ha sido fácil recoger ingeniosos precedentes procurados por el capricho de los hombres y los azares de la historia. Lo que yo me limito a buscar en las instituciones anglo-normandas es fácil de reconocer.
Había en aquellos tiempos un gran Consejo del reino, al cual el rey llamaba a los personajes más importantes de Inglaterra, sobre todo, a aquellos cuya opinión quería conocer y de cuyos sentimientos quería enterarse. No se sabe con exactitud cuantas personas acudían a ese Consejo, lo que no significa gran cosa. Es, pues, inútil trazar una distinción entre el gran Consejo en Parlamento y el gran Consejo fuera del Parlamento. Lo que hay de seguro, es que poco a poco las principales asambleas que el soberano de Inglaterra convocaba así, tomaron la forma precisa y definida de Lores y de Comunes, según los vemos hoy. Pero su carácter real era muy diferente de lo que es ahora. El Parlamento de la Edad Media era, si se me permite llamarlo así, un cuerpo expresivo. Su función consistía en decir al rey lo que el pueblo quería que hiciese, en guiarle en una cierta medida por la adición de inteligencias nuevas, y mucho más aún, a la luz de hechos nuevos. Esos hechos eran sus propios sentimientos, es decir los sentimientos del pueblo de que formaban parte integrante. Por medio del Parlamento, el rey sabía o por lo menos tenía ocasión de saber lo que el pueblo aceptaría y lo que no aceptaría, lo que se podía y lo que no se podía emprender. En caso de error había rebelión. La Constitución inglesa, como es sabido, se divide en tres períodos; el primero abraza los tiempos anteriores a los Tudores; en esta época el Parlamento inglés parece adquirir una fuerza y un poder extraordinarios, los títulos de la Corona se discutían y algunos de los monarcas eran débiles. Varios ambiciosos quisieron entonces asociar al pueblo a sus designios. Varios siglos después y cuando la libertad vino, se citaron, seria y gravemente, como fundamento de autoridad, ciertos precedentes de este período; pero un crecimiento demasiado rápido produjo una decadencia más rápida aún. Favorecido por los disturbios, el desenvolvimiento político fue perjudicado más bien que favorecido. El edificio de la sociedad era entonces de construcción feudal; en cuanto a las ciudades, no formaban más que un apoyo auxiliar. Lo que entonces constituía la fuerza del pueblo, era una fuerza aristocrática que obraba con la cooperación de la pequeña nobleza y de los grandes colonos, y todo ello apoyado en la fidelidad de partidarios que habían prestado juramento. A la cabeza de sus fuerzas que le daban su importancia, se encontraba la alta nobleza. Los grandes barones, adhiriéndose al partido de la rosa encarnada o de la rosa blanca, o bien pasando de uno a otro partido, fueron de año en año disminuyendo en el respecto de la fortuna, del número y del poder. Cuando, en Bosworth, terminó la gran lucha, una buena parte de los combatientes principales había desaparecido; los barones turbulentos, ambiciosos y ricos que habían hecho la guerra civil, fueron aplastados por ella. Hecho dueño del reino, Enrique VII encontró pronto un Parlamento capaz de darle informes, pero ese Parlamento no tenía el poder de inspeccionar y sostener los actos del soberano.
El gobierno consultivo, en el período anterior a los Tudores, no se parecía mucho a los gobiernos que los escritores franceses califican así. Creo que al Imperio se da en Francia el nombre de gobierno consultivo. Pero las asambleas francesas tienen una simetría y una existencia artificiales. Una de ellas es elegida por medio del sufragio universal, por medio del escrutinio secreto y de circunscripciones electorales determinadas de modo que resulten igualmente divididos los votos entre los miembros que deben representar cada una de esas circunscripciones; por último, las dos asambleas simétricas tienen también entre sí una especie de igualdad.
Nuestros Parlamentos ingleses no estaban organizados simétricamente, sino que tenían una existencia real. Se designaban sus miembros de cualquier modo; el sheriff tenía un poder casi discrecional para enviar a los burgos cartas convocatorias, es decir, que con una gran medida podría componer a su voluntad los colegios electorales; en cada uno de los burgos se despertaba vivamente el derecho de votar, y el partido más fuerte imperaba sin atender al número. En Inglaterra, en aquellos tiempos, se quería ante todo conocer distintamente la opinión del país, dado que había en eso una necesidad real y urgente. Como se reunió a los representantes de la nación para pedir alguna cosa al país, ya sea ayudar al rey en una guerra, pagar deudas atrasadas, darle su apoyo en una coyuntura crítica; a los reyes de este período no les hubiera gustado tener ante sí una asamblea ficticia, porque se hubieran visto privados del único instrumento que podía revelarles la opinión del país. Y aun cuando hubieran querido fabricar una asamblea ficticia, no lo habrían logrado. El medio de fabricar una asamblea de ese género es tener un poder ejecutivo centralizado; ahora bien; entonces no había pretexto para disciplinar los comunes rurales y apropiar sus votos al deseo del gobierno central. A no examinar más que la manera cómo se elegían los miembros del Parlamento, un teórico estaría en el derecho de decir que esos Parlamentos no eran otra cosa que asambleas, a las cuales acudían personas influyentes designadas al azar en el reino de Inglaterra. Sería preciso combatir esta definición para hacerla más exacta, pero en fin, admitiéndola, prueba el mérito de esos Parlamentos. Si no fueran más que asambleas fortuitas, resultaría que por lo menos no eran asambleas de antemano preparadas; ninguna administración se había mezclado para fabricarlas; ninguna, por lo demás, hubiera podido hacerlo. Se trataba de consejeros de buena fe, cuya opinión, buena o mala, tiene en todo caso una importancia suprema, porque su cooperación era indispensable para la marcha de los negocios.
La legislación como poder ejecutivo, no era para esos antiguos Parlamentos más que una ocupación secundaria. Ningún estatuto, que yo sepa, se aprobó bajo el reinado de Ricardo I, y todos los actos legislativos del período anterior a los Tudores no darían con qué vivir a un agente moderno que lograra el monopolio. Pero el derecho de oponerse a las leyes nuevas dominaba en todas las acciones de ese Parlamento, y eso era su principal utilidad. Impedir que el rey se permitiese la libertad de cambiar los principios casi sagrados del derecho constitucional sin preguntar a la nación si consentía en ello o no, tal era el papel principal del sistema. Para los actos excepcionales y singulares, porque así es como en esta época se consideraba todo acto legislativo nuevo, el rey debía tentar el sentimiento popular como para las demás medidas es menester. A él era a quien en definitiva pasaba el derecho de hacer las leyes, pero no las decretaba más que después de haber consultado a los Lores y a los comunes, y sólo entonces emanaba el decreto de él, revestido de una autoridad sagrada que le daba fuerza. No tocaba en las reglas directivas de la vida ordinaria, sino después de haber consultado al pueblo; sin eso no se le hubiera obedecido en aquella edad primitiva, cuando se temían menos que hoy se temen las calamidades de la guerra civil.
Varios actos de aquella época, y es el hecho muy característico, son actos declaratorios; no pretenden imponer al pueblo una prescripción nueva en nombre de la autoridad real, se limitan a enunciar y a precisar el sentido de la ley existente, confirman costumbres que están reconocidas de tiempo inmemorial, no crean deberes nuevos. En la misma Magna Carta, las innovaciones tienen sólo un rango secundario. Mezcla de reglamentos antiguos y originarios, la Magna Carta era una especie de pacto destinado a fijar lo que, en las costumbres, era dudoso, y se tenía el cuidado de proclamarlo de tiempo en tiempo, como se cuida todos los años de recorrer un campo para reconocer sus límites y asegurarse contra toda tentativa de despojo de los derechos que la prescripción pudiera atacar. Esas Magnas Cartas eran de hecho, tratados entre diversos órdenes o diversas facciones, tratados que tenían por objeto confirmar antiguos derechos o derechos que se querían reconocer como antiguos, más bien que leyes en el sentido ordinario de la palabra. Se debe ver en ellas convenciones que la sociedad de la Edad Media estipulaba de tiempo en tiempo; y esas convenciones se celebraban de un modo perfectamente natural, sobre todo para dar por terminados los debates entre el rey y la nación, procurando el rey siempre saber hasta qué punto. la nación permitía ir, y esforzándose la nación con sus murmullos y sus resistencias, para impedir todos los actos administrativos que no le gustaban, y para poner un freno a las exigencias de la Corona.
Sir James Mackintosh dice que la Magna Carta transformó el derecho de impuesto en paladín de la libertad. Nada de eso hay en absoluto. La libertad existía antes de esta Carta, y el derecho de votar los impuestos fue una consecuencia de ella y una prueba, pero no el fundamento. La necesidad de consultar al gran Consejo del reino antes de acordar los impuestos, el principio de que un Parlamento podía tratar de las quejas públicas antes de conceder subsidios al soberano, no son más que testimonios que demuestran de una manera palmaria la existencia de la doctrina primitiva, porque el rey debía consultar al Consejo del reino antes de toda empresa, cualquiera que fuese, ya que necesitaba ayuda. Con razón se ha puesto en el gran tratado el derecho de fijar los impuestos, pero el derecho hubiera sido letra muerta si no hubiera habido una fuerza armada y una organización aristocrática para obligar al rey a celebrar un tratado. Así, pues, ese derecho fue un resultado y no un fundamento, fue un ejemplo y no una causa. Las guerras civiles, después de haberse prolongado, destruyeron lo que se puede llamar los antiguos consejos; destruyeron casi toda la gran nobleza, que comprendía los miembros más potentes: fustigaron la pequeña nobleza y la alta burguesía, derribaron la organización aristocrática que había servido de base útil para la resistencia contra la monarquía.
El segundo período de la Constitución británica comienza con el advenimiento de los Tudores y llega hasta 1688. Es, en resumen, la historia del crecimiento y del desenvolvimiento progresivo que acabó por dar la supremacía al nuevo Parlamento. No me propongo trazar aquí la marcha gradual del gran Consejo. Es bien conocida: sabido es que servil primero bajo Enrique VIII, murmurador bajo Isabel, tuvo sus tendencias sediciosas bajo Jacobo I, hasta hacerse rebelde bajo Carlos I. Las etapas han sido múltiples; pero el espíritu fue siempre el mismo; es el espíritu de la clase media, y doy a ese nombre de clase media el sentido más amplio. Ahora bien; esta clase, después de haber crecido poco a poco, se vio animada por un soplo, que fue el soplo del protestantismo. No se puede menos, creo yo, de reconocer con Maucalay, que no habrían bastado las causas políticas para provocar una resistencia tal al soberano, que fue preciso además el impulso de la idea religiosa.
Bien sé que el pueblo inglés ha flotado entre el catolicismo y el protestantismo, sin contar con que ha habido en él varios matices y varias sectas protestantes: esta vacilación que se ha moldeado sobre la de los primeros Tudores, duró hasta la época de los puritanos. La masa de las poblaciones inglesas estaba en una situación indecisa, según nos enseña Hooper, que lo estaba su padre, el cual no tenía por el protestantismo ni cariño ni aversión. Sin embargo, poco a poco penetraba por la clase media de Inglaterra un verdadero espíritu evangélico, como hoy diríamos, y un sentimiento antipapista aún más fuerte la dominó al fin, lo que añadía al fondo de energía potente que jamás falta a esta clase la animación moral que casi nunca tuvo. Esto es lo que ha hecho decir que Cromwell ha fundado la Constitución inglesa. En la apariencia, Cromwell no sobrevivió a su obra. Su dinastía fue derribada al propio tiempo que la República fue derrocada; pero el espíritu de la obra no fue dominado, jamás dejó de tener en el país un influjo que, no por ser lento como el fuego de un volcán, ha dejado de conservar toda su fuerza. Carlos II decía que jamás se habría confiado ni a los hombres ni a las cosas: sabía muy bien que, aunque sus enemigos de Worcester hubieran perecido, su espíritu estaba aún entero y vivo en otros corazones.
Pero la República de Cromwell y las asperezas del puritanismo, inspiraban una profunda aversión a la mayoría de los ingleses. Veíase en él, por decirlo así, lo que el partido rojo representa en Francia, y en otras partes, el único elemento revolucionario del Estado, y eso bastaba para suscitar el odio. Por sí mismo este elemento no podía nada: por el contrario, espantaba, alejaba a los moderados y a los indiferentes, así como a las inteligencias elevadas: por sí mismo y por sí solo era impotente contra la inquebrantable apatía del carácter inglés; pero dando a este elemento una envoltura material que agrade a la vista, dejándole una ocasión de explotar, v. gr., cuando las clases aristocráticas, unidas a él, lo revistieron o adornaron con su barniz, tal elemento, aunque sea oculto a la sombra de la aristocracia, le dará como segura la victoria.
Ahora bien; esta ocasión se presentó en 1688. Jacobo II, en virtud de su increíble persistencia en la falsía, había irritado, no sólo a los enemigos, sino a los partidarios de su padre, los anglicanos al igual que los puritanos, toda la nobleza whig y la mitad de la nobleza tory, y además la burguesía disidente. La autoridad del Parlamento se fundaba a la vez en el concurso de los que de ordinario estaban por la monarquía y de aquellos que estaban contra ella. Pero el resultado fue de escaso valor durante largo tiempo. Se ha dicho que Inglaterra había tenido el mínimum de una revolución porque se ha limitado a cambiar legalmente de dinastía. Jamás se ha pensado en que ese cambio era para la multitud todo lo más que podía pedirse, porque la multitud no veía en el gobierno más que una dinastía y nada más. El orden nuevo necesitó de todo el prestigio de la aristocracia para atraerle las masas, y aun a pesar de eso, las masas no se adhirieron a él sino imperfectamente, de un modo difícil y violentándose. Durante largo tiempo hubo en el aire un cierto descontento. Si entre los Estuardos hubiese habido un príncipe capaz a quien se hubiera podido considerar como protestante sincero, ese príncipe probablemente hubiera logrado destronar la casa de Hannover. El pueblo tenía un respeto tan innato por el derecho hereditario, que hasta el advenimiento de Jorge III, el gobierno inglés tuvo que temer sin cesar las empresas de un pretendiente.
He ahí un hecho sobre el cual he insistido hasta la saciedad y sobre el cual deben insistir necesariamente, porque tiene un influjo supremo. Muchos ingleses, de los que componen la parte de la nación más elevada y más esclarecida, se habían familiarizado con el mecanismo del gobierno constitucional, pero la masa no lo entendía: para ella no había otro gobierno que la monarquía; la monarquía, es decir, la persona real. Por último, la masa del pueblo se dejaba arrastrar por el encanto de la aristocracia, y sobre todo por el influjo de las grandes familias whigs y de sus partidarios: la razón y la libertad no hubieran bastado para atraérselos.
Aunque la autoridad del Parlamento se estableció definitivamente en 1688, esta autoridad ha variado desde entonces en sus modos de aplicación. El Parlamento no supo ejercerla en un principio. Macaulay ha explicado perfectamente cómo aprendieron los partidos a organizarse y a designar gobiernos; hasta fecha reciente se ha atribuido con muy escaso acierto a los soberanos una intervención en la elección de ministros. Cuando Jorge III se puso completamente loco, en 1810, todos creían que Jorge IV, al llegar al poder como príncipe regente, cambiaría la administración de Mr. Perceval, confiando a lord Grey o a lord Grenville, jefe de los whigs, el cuidado de formar un nuevo ministerio. El ministerio tory proseguía con éxito contra Napoleón una guerra de la cual dependía una cuestión de vida o muerte; pero, en el espíritu del pueblo, la idea de que era necesario en el poder esta administración en circunstancias tan graves, no neutralizaba la idea de que el regente era whig. Es verdad que este príncipe había sido whig antes de la Revolución francesa, cuando llevaba en compañía de Mr. Fox, en Saint James Street, una vida incalificable que lord Grey y lord Grenville no hubieran aprobado, como gente austera e incapaz de ejercer un influjo inmoral. Pero todo lo que el regente había podido tener de liberalismo en otros tiempos se había desvanecido en él como a muchos otros ocurriera ante el reinado del terror. Entonces había reconocido, para emplear la palabra de otro soberano, que su oficio era ser realista. Así se vio pronto que lo que sobre todo quería era conservar a Mr. Perceval en el poder, y buscar cuestión con los Lores del partido Whig. Como es sabido, conservó el ministerio que había encontrado en su puesto; pero el hecho sólo de que se haya podido atribuírsele la idea de cambiar su ministerio indica cuán moderna es la teoría de la omnipotencia parlamentaria.
A través de esas peripecias que he bosquejado a grandes rasgos, y a través de otras aún de que sería demasiado largo y quizá inútil hablar, es como el cambio político en otro tiempo efectuado en las ciudades griegas, tanto en la apariencia como en el hecho, se efectuó entre nosotros en realidad sin tocar a la apariencia. Inglaterra ha visto los apéndices de la monarquía convertirse en instituciones republicanas; únicamente la existencia de una población numerosa y heterogénea de nuestro país nos ha obligado a conservar la máscara del pasado, si bien haciendo pasar por debajo de esa máscara la realidad nueva.
Una historia tan larga y tan curiosa debe dejar y ha dejado huellas en la mayor parte de nuestra organización política; esas huellas son visibles en un gran número de casos importantes, y sin notarlos o señalarlos como se debe no se puede llegar a la solución exacta de ciertos problemas.
¿No es un rasgo singular del carácter inglés la desconfianza con que rodea al poder ejecutivo? En ese respecto no somos un verdadero pueblo moderno, como los americanos. Los americanos consideran su ejecutivo como un agente nombrado por ellos. Si este agente llega a intervenir en los asuntos de la vida común, es, según ellos, en virtud de un mandato soberano, y autorizando semejante acto, frente a sí mismo, el pueblo no se cree lesionado en sus derechos ni poco cuidadoso de su libertad.
Los franceses, los suizos y todos los pueblos que viven la vida moderna, tienen en absoluto las mismas ideas. Las exigencias materiales de nuestra época piden que el ejecutivo sea fuerte; si no, los pueblos sufren en el respecto del bienestar, de la salud, del vigor. Una nación que se llame libre no debe temer la usurpación del poder ejecutivo, porque la condición misma de la libertad para un pueblo es que se gobierne a sí mismo, y el ejecutivo no es otra cosa que el cuerpo político de que el pueblo se sirve para gobernarse.
Pero la historia ha dado otro giro al sentimiento inglés. Nuestra libertad es hija de las resistencias opuestas durante varios siglos con más o menos legalidad, y más o menos audacia, al poder ejecutivo. Así hemos heredado sentimientos que animaban a nuestros antepasados durante la lucha, y los hemos conservado en medio del triunfo. La acción del Estado nos parece ser, no la nuestra, sino la de un extraño; nos parece un abuso de la tiranía y no el resultado supremo de nuestras voluntades coaligadas. Recuerdo que en el momento del censo de 1851, una señora anciana declaraba que se iba contra las libertades inglesas. Si el gobierno, dice, tiene un poder tan inquisitorial, si puede preguntar los nombres de las personas que viven bajo el mismo techo que usted o qué edad tiene una, ¿hasta dónde no se llegará y qué no podrá hacer?
El instinto natural del pueblo inglés es resistir a la autoridad. Cuando se crearon los policemen, la cosa disgustó al pueblo. Sé de gentes, gentes viejas sin duda, que, aun hoy todavía, ven en esa creación un ataque a la independencia, una imitación de los gendarmes franceses. Si los primeros policemen hubieran usado cascos, no se sabe lo que hubiera ocurrido: se hubiera dicho que eso era una tiranía militar, y la insubordinación nativa del pueblo inglés habría triunfado sobre el amor a la paz y al orden, que es de naturaleza completamente moderna. Esta vieja idea que el gobierno es un extraño, domina siempre en los espíritus, aunque no tenga nada de verdadera, y aunque en los momentos de calma y de buen sentido se sepa muy bien que es falsa. No sólo es nuestra historia la que produce estos efectos, podría prescindirse de ella, porque los resultados de nuestra historia lo produce igualmente. Así, por ejemplo, el doble carácter de nuestro gobierno. Cuando se quiere marchar contra el ejecutivo, se toma la Corona, cuya autoridad está tan fuertemente limitada en el mecanismo constitucional. Hay tantas gentes que, a pesar de la ley, a pesar de la evidencia de los hechos, se niegan a mirar a la reina como el instrumento pasivo de las voluntades populares, que aún es corriente declamar contra su prerrogativa y decir que se trata de un arma contra el pueblo y que es preciso desconfiar de ella. Por la naturaleza misma del gobierno, el ejecutivo no puede, entre nosotros, obtener el mismo grado de afecto y de confianza que entre los suizos y los americanos.
La historia de Inglaterra y sus resultados han producido, además, esta tolerancia que tenemos hacia las autoridades locales, hasta un extremo tal que sorprende mucho a los extranjeros. En la lucha contra la Corona, el espíritu local servía de defensa y apoyo. Las corporaciones locales, los condados, los burgos, son los que han nombrado los miembros de los primeros Parlamentos: y porque esos centros locales era libres, los Parlamentos lo han sido también. Si los representantes no hubieran sido elegidos por cuerpos, con una existencia real e independiente, no hubieran tenido ningún poder. He ahí lo que explica la variedad de los medios que en otros tiempos se empleaban para elegir representantes. El gobierno dejaba el derecho de sufragio en cada ciudad al partido más fuerte, aplicando así las leyes de la naturaleza en materia electoral. Más tarde, durante la guerra civil, varias corporaciones, como la de Londres, formularon bases de operaciones para la resistencia. Tomemos por vía de ejemplo a Londres: si hay alguna cosa que los ingleses ilustrados vean con desagrado, es la Corporación de Londres. Ha conservado con cuidado todos los abusos legados por el pasado; tiene grandes ingresos mal administrados; un sistema anticuado que concentra en un círculo estrecho los esfuerzos de las autoridades; permite a cien parroquias perpetuar su deplorable existencia, y mantiene una porción de sociedades dispendiosas e inútiles. Si Londres no se ha embellecido ni tiene los esplendores de París, la culpa es de su Corporación, y, en una buena parte, esta Corporación es responsable del aspecto miserable y sucio que se advierte en la ciudad de Londres. Pero la Corporación de Londres fue, durante siglos, uno de los baluartes de la libertad inglesa. Porque se sentía fuerte con el apoyo que le dispensaba una capital bien organizada, el Parlamento Largo tuvo un vigor y una vitalidad que no hubiera podido encontrar base en otra parte. Los principales patriotas del partido parlamentario tuvieron su refugio en la ciudad, y lo que en nuestra historia se parece más a una asamblea reunida permanentemente, es un Comité del Guildhall, donde tenían derecho de votar todos los miembros a medida que se presentaban. Hasta los tiempos de Jorge III la ciudad fue un centro útil para la opinión pública. Conservándolo, hemos, como en otras circunstancias, introducido en el edificio político ciertos restos de los andamios que sirvieron para construirlo.
M. de Tocqueville acostumbraba sostener que, en ese respecto, los ingleses no sólo eran excusables por su historia, sino que, en buena política, tenían razón. Fundaron lo que puede llamarse el culto de las corporaciones. Nada más natural que en Francia, donde el pueblo no sabe organizarse por sí mismo, donde el prefecto debe dar su opinión y tomar la iniciativa en todas las cosas, un pensador solitario haya sido impulsado, a causa del disgusto que le produce un sistema exagerado, cuyo mal conoce, a adoptar otro sistema no menos exagerado, los inconvenientes del cual ignoraba. Pero en un país como Inglaterra, donde el espíritu práctico está tan extendido que para cualquier abuso se puede organizar un comité de vigilancia y encontrar un comité ejecutivo capaz de aplicar el remedio conveniente, no tenemos necesidad para instruimos en materia política, como M. de Tocqueville procuraba hacerlo, de estudiar en qué medida es necesario distribuir el poder entre los cuerpos independientes y el poder central. Toda la educación que las municipalidades eran susceptibles de darnos la tenemos ahora: hemos acabado nuestros estudios, y, ahora, llegados ya a la edad madura, podemos prescindir de lo que nos sirvió durante nuestra infancia.
Las mismas causas sirven para explicar las innumerables anomalías de nuestra política. Declaro que no participo enteramente de la repulsión que esas anomalías inspiran a algunos de nuestros mejores críticos. Es natural que gentes habituadas, por estudios especiales, a considerar todas las cosas desde el punto de vista artístico, sientan alguna antipatía hacia esas singularidades: pero también es natural que personas habituadas al análisis de las instituciones políticas concedan a esas anomalías cierto grado de importancia a interés, porque pueden damos alguna enseñanza. La filosofía política es una ciencia imperfecta aún; se funda en observaciones que proporcionan algunos sistemas políticos y algunos Estados, y esas observaciones tienen resultados preciosos. Pero de todas suertes, no es menos cierto que los datos de que dispone son incompletos. Las enseñanzas que de ellos se sacan son muy buenas cuando están de acuerdo con la hipótesis primera, pero pueden ser falsas en el caso contrario. Para la filosofía política una anomalía política desempeña el papel de una enfermedad rara a los ojos de la ciencia médica: es un caso interesante. Hay materia para instruirse en ese caso, aunque en él falten las conclusiones ordinarias. No me es, pues, imposible rechazar, como tantos otros, esas anomalías. En mi concepto sería esto tanto como exponerse a perder la huella de verdades importantes que fácilmente se podrán descubrir.
Con esta reserva admito y llego hasta afirmar que nuestra Constitución está llena de rarezas que la dificultan, que la perjudican y que deberían desaparecer. En varios puntos, nuestra legislación se parece a los barrios de las ciudades donde las calles serpentean de una manera tan caprichosa, que se tarda bastante tiempo en saber cómo se unen. Al fin se advierte que están formadas por el establecimiento sucesivo de casas que siguen las sendas y caminos tortuosos ya existentes, y si se las sigue hasta los campos, llega uno a darse cuenta de esta formación viéndola producirse en su origen. Lo propio parecen ciertos rasgos de nuestra Constitución, los cuales estaban destinados a épocas en las cuales la población estaba diseminada, tenía pocas necesidades y había sencillez: las aceptamos, en apariencia, aunque la civilización haya venido con sus peligros, sus complicaciones y sus goces. Esas anomalías, en un gran número de casos, señalan los sitios en que tuvieron lugar las luchas en el terreno constitucional. La línea destinada a servir de frontera contra las pretensiones contrarias ha sido trazada en los azares de la lucha, según los combatientes, antes de morir, han llegado a imponerla por la fuerza: las generaciones siguientes se han entregado, por su parte, a otros combates, y la línea que en el origen debió marcar tan sólo los resultados de las batallas indecisas, ha persistido para constituir un límite perpetuo.
No miro como una anomalía la existencia de nuestro doble gobierno, con sus accidentes sin número, aunque la mayoría de las rarezas de que a menudo se quejan las gentes se deriven de ahí. La coexistencia de una prerrogativa real semejante y de un gobierno real, en Downing Street, es cosa que conviene a nuestro país en nuestro siglo [2].
Nuestra historia y las instituciones que nos ha legado han tenido un gran influjo sobre nuestro carácter nacional: imposible exagerar el efecto de nuestra historia y de nuestras instituciones fundándose en la idea que comúnmente se tiene de nuestro carácter. La mitad de las gentes se imagina que el inglés nace incapaz para la lógica, que gusta de la complejidad por sí mismo, y que ningún pueblo dotado de lógica hubiera hecho la Constitución tal como es la nuestra. Es cierto que nadie la ha hecho. Es un resultado compuesto de diversos esfuerzos, de los cuales pocos considerarán el conjunto, y la mayoría de los cuales no tiene sino una relación limitada con el fin inmediato. La misma obra política de la Francia está en el mismo caso. Bajo el antiguo régimen, cada provincia tenía instituciones tradicionales muy complicadas, que han caído en el olvido, sobre todo, porque eran tan embrolladas, que no podían definirlas con claridad y exactitud. Eran tan malas, que al fin se prescindió de ellas en el espíritu nacional. Bajo el gobierno actual mismo, cuando ocurre que un gran hecho político es el resultado de diversos arreglos, se advierte la existencia de una cierta complejidad.
Y si no, que se procure descubrir con entera exactitud las relaciones del imperio con los ferrocarriles, y se verá que equivale esto a emprender una tarea muy difícil, hasta tal punto es complejo el estado de esas relaciones, tan inextricable es, si no se le refiere a las convenciones anteriores. Una prueba tomada de la lingüística, esta piedra de toque tan buena, la mejor para verificar el carácter de un pueblo, demuestra que los ingleses gustan, más aún que los franceses, de la sencillez, y soportan con menos calma las anomalías sin razón de ser. Si no fuera así, se vería de seguro editar en París más de un bonito estudio acerca del espíritu conservador verdaderamente bárbaro en materia de lenguaje que, se diría, obliga a los ingleses a conservar el uso de los géneros en su gramática. Como son los franceses los que han conservado la distinción de los géneros, mientras que nosotros la hemos abandonado, no se oye hablar de esta anomalía; pero, ¿es por esto más ridícula y más difícil de explicar? No se puede dar cuenta de ella sino estudiando el pasado de la lengua francesa. La gramática inglesa es un notable testimonio de la sencillez que hay en nuestros gustos. Se reconoce, creo yo, que los americanos tienen lógica, así como los franceses y los alemanes: de suerte que los pueblos de donde salimos y aquellos que hemos engendrado tienen cualidades de que se nos supone a nosotros desprovistos. Hay en semejante teoría una tal falta de probabilidad, que se debería renunciar a ella.
Sin embargo, aun negándonos a admitir que la Constitución inglesa es el producto de un carácter nacional que no tiene lógica, y aun afirmando que el fondo del carácter inglés en el respecto de la inteligencia y de la moral, tiene solidez, concedo que nuestra Constitución, que para la mayoría de nosotros es una especie de enigma, de enigma beneficioso, es verdad, no puede ser considerada como un modelo de simetría. Pero si es bueno a nuestros ojos, aunque se la acuse de ser ilógica, se puede suponer que en el fondo es razonable.
Precisamente porque los excelentes efectos de esta Constitución tienen un origen inexplicable, se propende a dudar de la utilidad de las cosas que se pueden explicar. Y por lo que especialmente se refiere a la Constitución, se ha pensado con razón, que es peligroso zanjar las cuestiones rápidamente y de golpe. Es preciso tomarse el trabajo de estudiar el plan de un edificio antiguo antes de proponer ese plan destinado a arreglarle: las montañas están muy bien cuando se trata de un emplazamiento vacío; pero no ocurre lo mismo cuando se trata de construcciones que cargan en un edificio gótico.
Antes de efectuar un cambio en nuestra Constitución, es preciso estudiar y dibujar la parte que se quiere modificar, y eso no siempre es fácil de ejecutar con precisión. Es tan cierto, en definitiva, que los ingleses tienen una verdadera lógica en el espíritu, que han llegado a considerar su Constitución no sólo como un conjunto de precedentes, sino como un modelo: así tienen más confianza en las medidas que tienen alguna analogía con las partes existentes que en aquellos que contrastan con ellas. Pero esas medidas, que tienen un carácter de analogía con el orden constitucional establecido, es necesario, además, que sea posible comprenderlas. Las innovaciones, por lo mismo que son innovaciones, no gustan al carácter inglés, y si esto se duda, bastaría proponer un plan de reforma electoral que sea un poco original, y ya se verá qué de tiempo le será preciso al autor de ese plan para verse reducido a tener un número de partidarios completamente insignificante.
En fin; nuestra historia y sus resultados complejos han hecho de la gran cuestión política del día, la cuestión del sufragio electoral, un problema extremadamente difícil, tan difícil, que no puede esperarse ninguna solución perfecta y que es preciso resignarse a elegir entre verdaderos enredos.
Hay dos clases de países en los cuales la cuestión del sufragio electoral es fácil de resolver. En un gran país donde no haya más que cultivadores, donde la sociedad es homogénea, donde el bienestar está generalmente difundido así como la educación, seguramente se podrán tener colegios electorales adecuados. Trácense sobre el mapa de un país paralelogramos de superficie igual, y llámeselos circunscripciones electorales o bien aún, distribúyanse el conjunto de los habitantes en estas aglomeraciones, iguales en cuanto al número, para hacer con ellos colegios electorales: el efecto será el mismo. Una nación grosera, en la cual la educación elemental está difundida, donde el bienestar está asegurado a todos, conseguirá procurar un Parlamento pasable con un sistema electoral cualquiera, aunque sea incapaz de nombrar un Parlamento distinguido.
Todavía cabe imaginar un país donde las partes menos esclarecidas y las menos ricas de la nación consientan en conceder privilegios electorales a las gentes más instruidas. Sería esto un testimonio de respeto fundado en la razón y que se podría justificar. En ese país sería posible conceder a todos los habitantes el derecho de votar dando a las gentes ricas e instruidas varios votos. Consintiendo el pueblo en reconocer ciertas clases y ciertas capacidades, se tendrían los medios de ofrecer a esas clases y a esas capacidades una amplia parte en los negocios políticos. Pero Inglaterra no es ninguno de esos dos países.
Según he demostrado, quizá hasta la saciedad, en un estudio precedente somos un pueblo respetuoso, pero respetuoso de imaginación, no por la razón. El homenaje de las clases ignorantes se dirige, en nosotros, no a las individualidades sino a las generalidades, no a las cosas precisas, sino a las cosas vagas, esas clases están como desvanecidas ante el espectáculo magnífico de la sociedad inglesa, se prosternan gustosas, pero no se dan cuenta de sus ídolos, no razonan su culto. Una aldea inglesa es en este momento muy feliz, está muy satisfecha, acepta el gobierno, le ama. Pero no se espere satisfacerla formulándole preguntas, diciéndole: ¿Queréis confiar los negocios políticos a las personas que pagan en alquiler de veintiuna a treinta libras esterlinas? o bien, ¿consentiréis en votar a condición de que las personas que viven en grandes casas o que saben muy bien leer y calcular muy bien tengan más votos que vosotros tendréis?
Si se quiere comprender bien lo que es Inglaterra, supongamos que se reúne a los campesinos de Dorsetshire cerca de su aldea para dirigirles solemnemente esas preguntas; el máximum de inteligencia a que se elevaría ese cónclave, tendría por expresión palabras de este género: ¡Ah, señor! ustedes que son gentes bien criadas, saben mucho; y la reina, a quien Dios bendiga, nos protegerá.
Desde el momento en que se está bien penetrado de la idea de que Inglaterra es una República disfrazada, es preciso tener cuidado de tratar con cierto tacto las clases para quienes ese disfraz es necesario. Es de hecho cómo los más avanzados de entre nosotros saben tratar esas clases con cuidado. Nuestros más ardientes demócratas se mantienen apartados de las aldeas, de las pequeñas poblaciones, de los caseríos aislados, donde las ideas son poco republicanas. Ni aun descienden a las calles para recoger a los ignorantes. Si fuesen ahí, probablemente no encontrarían gentes que aspirasen a los derechos electorales, o que siquiera supiesen lo que eso significa. A veces esas clases tienen necesidades, grandes necesidades. Pero interrumpirían los mejores discursos de Mr. Bright gritando como el populacho de París: ¡Pan, pan, y nada de discursos largos!
Sabido es que Bonaparte esperaba conquistar la amistad de los egipcios prometiéndoles una Constitución; como decía con razón Mr. Kinglake, era eso obrar como el cazador que espera se llene su zurrón de caza prometiendo a las perdices una Cámara de los Comunes. El mismo resultado se obtendría intentando hacer una Constitución muy clara para nuestras clases ignorantes. Tienen éstas hoy por el poder una deferencia involuntaria, inconsciente, y eso es una fortuna; pero no le concederían esa deferencia en virtud de un razonamiento.
De donde se sigue que, en definitiva, Inglaterra no se parece ni a un país donde el número gobierna, ni a un país donde la inteligencia está en el poder por el hecho mismo de ser la inteligencia. Las masas son infinitamente demasiado ignorantes para gobernar por sí mismas, y, en cuanto a la inteligencia, son incapaces de apreciarla. Comprenden el rango y además la riqueza; pero fuera de la expresión es un pícaro, no tienen para apreciar la inteligencia sino pocas cualidades y pocas fórmulas.
El sistema actual, según he demostrado, no deja de ser singular. Las clases medias son las que gobiernan a la sombra de las clases elevadas. La inmensa mayoría de los colegios electorales, en los burgos por lo menos, pertenecen a la burguesía, y la mayoría de los colegios electorales, en los condados, no pertenecen a la burguesía más elevada. Esos electores no son de los que atraerían a los hombres si se les viese. No son más que los depositarios de los homenajes que se rinden a otros. La masa de las poblaciones en Inglaterra no tiene deferencia más que para la aristocracia, los electores nominales son como los intermediarios que no se designan por su propio mérito y que no eligen representantes en su propia clase.
No es en verdad una observación agradable la que se hace, al ver que nuestro sistema es artificial, y persuadirse que ningún sistema natural nos conviene. Nuestro sistema electoral produce la Cámara de los Comunes, y esta Cámara es soberana. La calidad de esta Cámara hace la del gabinete, la de la administración y la de nuestra política. Así, hemos concedido con los derechos electorales, el poder supremo a personas que no son elegidas según un sistema preconcebido, y que serían inaceptables para el cumplimiento de su tarea si se decidiesen a elegir la Cámara de los Comunes de entre los suyos. Y sin embargo, ese sistema más sencillo sería fatal. Algunas personas están descontentas de lo que llaman la debilidad del Parlamento, el cual les parece débil no en el respecto del talento ni de la opinión, sino desde el punto de vista de la acción; esas personas esperan que aumentaría la energía del Parlamento por medio de una reforma completa en el sentido democrático. No hacen más que metáforas, cuando de lo que se trata es de Titán que recobra su fuerza tocando la tierra: temo mucho que aun para esas personas este ejemplo mitológico desempeña el papel de ese argumento. Equivale esto a suponer que en la parte baja de la escala social, hay energía porque hay allí pasiones. Pero al propio tiempo que la fuerza se necesitan ideas; y nuestras clases ignorantes y pobres no tienen ideas.
Examinemos el asunto con atención:
Supongamos que se extiende el derecho de sufragio por toda Inglaterra, en los colegios electorales actuales. Resultaría que los condados estarán tanto, si no más a disposición que hoy, de los propietarios territoriales. Por medio de sus agentes que jamás han tenido una opinión política razonable y que no aspiran a tener ni inteligencia, ni independencia, esos propietarios serán dueños de los colegios electorales. Cuanto más se rebaje el censo electoral, en los condados agrícolas, hasta ponerlo en 20 libras esterlinas, o aunque sea hasta 15 libras esterlinas, más se afirmará el dominio de los que hoy tienen la influencia, más se confirmará el yugo de los Quarter sessions.
En cuanto a los pequeños burgos, cuanto más se amplía el derecho de sufragio, más se asegurará la preponderancia del capital. En el mayor número de las ciudades pequeñas no hay obreros que se ocupen de política lo bastante y que se respeten lo suficiente para no vender sus sufragios; no hay entre ellos veinte individuos, de cada diez mil, que estén siquiera en situación de comprender por qué se podría censurarles por entregarse a ese tráfico. Saben que esa es la opinión de las gentes de buena educación; pero estiman que se trata de un prejuicio de las clases altas, una de esas tonterías que los ricos inventan cuando hablan de los pobres. Personas bien informadas me afirman que ese sentimiento popular, lejos de disminuir, no hace más que aumentar cada día. Aparte de que el influjo del capital aumenta de año en año, en los colegios electorales las cuestiones que se agitan están de día en día menos al alcance de los pobres. Si el ritualismo fuese una cuestión política, sería indiferente. No dudo que un candidato que pudiese declararse antiritualista contra un adversario ritualista, no fuese nombrado por aclamación. Sería el verdadero representante de los electores en la única cuestión quizá que les preocupa. En algunos sitios un elector aventuraría su vida si consintiese en dejarse corromper para votar en favor del Papa. Pero que una persona intente explicar la reforma administrativa o la reforma de la ley, o aunque sea la reforma parlamentaria ante un auditorio que el azar haya reunido en un pequeño burgo, no logrará sino aburrir a aquellas gentes. No hay un solo obrero en esos burgos que por sí mismo piense en esas cuestiones, o que sea capaz de comprenderlas si se las expone rápidamente o de viva voz. Las personalidades interesan más a las multitudes. Un candidato novicio preguntaba no hace mucho tiempo a un veterano qué asunto debería tratar. Hábleme usted de Gladstone o de Garibaldi -le respondió el hombre-. Hable usted el mayor tiempo posible y vuelva lo más pronto posible.
Hay tan pocos asuntos que ofrezcan hoy interés a los electores pobres y en cambio se les prodiga tanto dinero, que en lugar de sugerirles que es un crimen dejarse corromper, será preciso mirarles como anacoretas, en materia política, si permanecen incorruptibles. Cuanto más se rebaje el censo electoral en las pequeñas poblaciones, más se aumentaría la preponderancia del capital.
Respecto de las grandes ciudades, la cuestión es otra: allí por lo menos hay un poco más de variedad. Esas ciudades comprenden un gran número de artesanos que tienen realmente inteligencia, que son capaces de formarse una opinión política y que están muy bien para ceder a las sugestiones de la corrupción. En qué proporción exacta están esos artesanos, lo ignoro.
Se sabe a que atenerse sobre poco más o menos acerca del número de individuos que componen la clase de los artesanos, pero en ese número hay unos que difieren mucho de los otros; hay muchos que jamás se mezclan en política, y que, incapaces en absoluto de mezclarse en ella, sólo piensan en los placeres que pueden procurarse. A qué cifra se eleva el número de artesanos esclarecidos y el de los artesanos inferiores que no valen más que el resto de la multitud, he ahí lo que no está dentro de nuestros medios de investigación.
No hay estadística mental o moral que nos auxilie en este género de operaciones; no me reconozco como competente para dar una opinión acerca del caso, y las evaluaciones que me han proporcionado difieren entre sí de una manera enorme. Limitémonos, pues, a decir que siendo las dos clases de artesanos muy numerosas, es preciso preocuparse en política mucho de ellas.
Pero el voto del obrero ignorante está a disposición de los explotadores o directores. No me es posible explicar al detalle cómo se arreglan las cosas para sacar partido de él en los grandes colegios electorales, pero es público y notorio que el dinero compra esos votos y que ciertas personas los toman como verdaderos mercados. Los agentes electorales dirigen una circular para el conjunto de una circunscripción, y cada empresario que se encarga de un distrito o de una cierta cantidad de votos, tiene a sus órdenes otros empresarios parciales para las diversas partes del distrito. He ahí lo que todos esperan de los obreros, a excepción de los más austeros y más independientes, según ocurre ya con respecto a todos los electores que pertenecen a las últimas capas de la clase media cuando no tienen ni independencia ni austeridad. De ese modo el capital domina tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas.
De este examen podemos, pues, concluir, que el sufragio ultrademocrático lejos de ofrecemos una Cámara de los Comunes más homogénea y más enérgica, nos llevaría, en definitiva, a un resultado opuesto. Habría en la Cámara: primero, un elemento nuevo que representaría a los obreros inteligentes, pero este elemento estaría por completo en minoría, y contaría para poca cosa con la muchedumbre; luego los miembros ricos representarían los grandes burgos, cuyos votos habrían comprado; otros miembros ricos representarían, por los mismos procedimientos, los pequeños burgos; por último, los representantes de los condados serían, sobre poco más o menos, los de hoy, a no ser que resultaren más imbuidos por los prejuicios de su clase. Ahora bien; el capital es el más temido de todos los elementos sociales, y los representantes más dispuestos a comprar su entrada en la Cámara son las gentes que son más ignorantes en materias políticas. Enriquecidos recientemente, después de haber adquirido su fortuna con su trabajo y su habilidad en los negocios, o bien hombres nuevos aún, que quieren pasar por ricos y que están fuertemente comprometidos en el comercio o en las compañías industriales, esas gentes, como jamás tienen tiempo libre, ni quizá las inclinaciones necesarias para dedicarse a estudiar la política a la edad en que se encuentran, flotan según las opiniones en moda, se dejan guiar por los periódicos, adoptando lo que decían éstos la anterior semana y prontos a adoptar lo que digan la semana siguiente. Semejantes representantes tienen un doble motivo para ser tímidos; en su calidad de hombres ricos debieran temer por sus capitales; en su calidad de ignorantes deberán temer dejarse llevar en estas cuestiones cuya amplitud no son capaces de abarcar. Así, pues, por su parte, no darán ningún vigor nuevo a la Cámara, y como el propietario noble no aportará tampoco más energía, la Cámara resultará más heterogénea y probablemente más indecisa y más tímida aún que hoy lo es.
Se me dirá que esta manera de razonar presupone que se mantendrá la organización actual de los colegios electorales sin cambio alguno, rebajando sólo el censo electoral, y que toda la demostración depende de eso. Lo niego y afirmo, que aunque se reformen las circunscripciones, el resultado será siempre el mismo. No habrá bastantes ciudadanos puros y austeros si se rebaja el censo electoral, para elegir una fracción nueva de la Cámara que sea de calidad superior, importando poco para el caso la organización de los colegios; la aristocracia territorial y nobiliaria tiene sus puestos señalados de antemano, y el dinero tiene en todas partes su influjo. No es nuestra Constitución lo que causa el mal, es el carácter de nuestro pueblo.
Hasta donde me es posible juzgar la teoría que quisiera dar a la administración más fuerza, haciendo el gobierno más democrático, esta teoría descansa en un razonamiento preciso que no es materia de creencia. Ciertos espíritus ardientes pretenden que de una manera o de otra, Inglaterra debe darse el mejor gobierno posible, y viendo que el Parlamento no adopta sus ideas con resolución se fijan en él y buscan los medios más fáciles de modificar la composición de Parlamento. Pero ¿qué vale modificar el derecho de sufragio? Lo que es preciso modificar es nuestro carácter, como nosotros mismos. El grado de habilidad de un gobierno libre corresponde al de la nación; el gobierno proviene de la nación, debe ser como ella es. Si nuestra política es débil, la fuente de esta debilidad está en nosotros mismos; está es nuestra ignorancia. Descompónganse los cerebros de veinte personas que conozcamos, véase qué poca conciencia precisa se encontrará en ellas, cuán pocas opiniones defienden e ideas fijas acerca de la política. Véase cómo el juicio de cada una vacila y cambia según los hechos del día, según los artículos de los periódicos; nótense la variedad de opiniones. No hay quizá dos cabezas que tengan las mismas ideas, a menos que no se trate de una idea venida de fuera que se hayan apropiado, y aun es posible que eso no pase de ser un prejuicio estúpido. Ni un hombre ni una nación pueden tener vigor si no tienen una doctrina definida y fija.
Los que proclaman los derechos de los obreros deberían aprovecharse de la enseñanza que Francia nos ofrece. La experiencia que ha hecho, prueba de una manera concluyente que el sufragio universal no es necesariamente favorable a los obreros. Los obreros inteligentes de París, de Lyon y de otras partes son los adversarios más ardientes del gobierno imperial. El socialismo que ellos habían soñado ha sido, si no el objeto real, a lo menos el pretexto aceptado por el golpe de Estado; no pasa una elección sin que envíen al Cuerpo legislativo cuantos miembros pertenecientes a la oposición les es posible enviar. Sin embargo, el emperador se vanagloria, y tiene razón, de gobernar por medio del sufragio universal; precisamente apoyado en el miedo y en la ignorancia de los innumerables propietarios de los campos, desdeña la oposición de los obreros inteligentes al igual que la de la clase ilustrada de las grandes ciudades, sabe que no cuenta con sus simpatías y les deja hacer.
Como Francia es, en comparación con Inglaterra, un país homogéneo, como su población agrícola supera con mucho la población de las ciudades, y como un imperio fundado por la elección destruye el influjo de las minorías, es cosa cierta que el resultado en un país del sufragio universal ha sido establecer un gobierno fuerte. Pero ese gobierno está establecido sobre la esclavitud de la clase inteligente a la cual nosotros precisamente queremos dar el sufragio; además, no habiendo un país homogéneo, y poseyendo un gobierno parlamentario que concede una cierta influencia a las minorías, no obtendríamos del sufragio universal el bien que los franceses han recogido de él, y tendríamos todos inconvenientes porque el obrero inteligente resultaría aquí dominado por el número como ocurre en Francia.
Así, la naturaleza de nuestro sistema social nos prohíbe esos cambios bruscos y temerarios que los doctores políticos nos prescriben. Sin duda, esos cambios no nos conducirían a los desórdenes, matanzas y confiscaciones que presumen espíritus poco reflexivos. A pesar de las lecciones de Tocqueville y otros cien, déjanse dominar por los terribles ejemplos de la Revolución francesa. Se cree que la democracia significa guillotina, y que según la frase de Sedney Smith destruye al mismo tiempo la vida y las rentas del hombre. Entre nosotros la democracia significaría el dominio del capital, y sobre todo, la preponderancia en cuarto creciente de las fortunas nuevas, los detentadores de los que especularían con la ignorancia del pueblo. Eso no destruiría súbitamente nuestra Constitución, pero nuestra Constitución sufriría con ello mucho porque el Parlamento sufriría A su vez.
¿Qué hacer entonces? Nuestro sistema electoral, ¿es tan perfecto, tan delicado que no pueda tocarse en él? ¿No podríamos, pues, poner la Constitución en armonía con las necesidades de nuestra época, como nuestros padres hicieron en sus tiempos?
Es preciso hacer alguna cosa. Esos obreros que son numerosos, que están organizados, que son inteligentes, que viven ante las grandes fortunas y los más maravillosos fenómenos del crédito, sería imprudente fatigarlos ofreciéndolas constantemente, para luego negárselo, el derecho de sufragio. Es seguro que nosotros podemos resistir a sus fuerzas, apoyándonos en el resto del país. Aunque poderosos y terribles por el número, serían vencidos si atacasen la propiedad o perturbasen el orden público: si su causa fuere injusta podríamos resistirle; pero ¿cómo emplear la fuerza física o moral ante una reclamación legítima? La clase obrera es digna de obtener el derecho de sufragio, y es de desear que se le conceda.
El modo más sencillo que puede proponer con ese objeto, sería volver al antiguo sistema inglés de los sufragios diferentes según los burgos que existían antes del acto de 1832. Ese sistema podrá o no podrá ser restablecido, lo ignoro, pero creo fuera de duda que no se ha estado acertado aboliéndole. Procuraba a nuestra Constitución ese elemento de variedad, allí precisamente donde era útil que lo hubiera. Sir James Mackintosh, lord Russell y otros whigs han hecho su elogio en sus escritos. En la precipitación casi revolucionaria del momento y con el deseo que se tenía de no recargar de detalles la ley nueva, se ha prescindido malamente del legado precioso que el pasado nos había transmitido. Pero si es posible resucitar lo bueno será el medio más rápido y el más fácil de zanjar la dificultad actual.
No tengo por qué exponer aquí tal o cual plan que se haya podido sugerir para obtener que los obreros estén representados: la cuestión de la reforma electoral no nos ocupa más que desde el punto de vista de la dificultad que ofrece, no en el respecto de la solución que pueda tener. Nos proporciona un excelente ejemplo de los efectos que la historia y el carácter de nuestro pueblo han tenido sobre nuestra Constitución; muestra cuán difícil es conservar y perfeccionar un sistema parlamentario en un pueblo mezclado, y en el cual las clases inferiores son ignorantes y pobres; nos prueba incontestablemente el hecho de que nuestra Constitución no está fundada en la igualdad ni sobre principios que favorezcan abiertamente la inteligencia y la propiedad, sino sobre ciertos sentimientos antiguos de deferencia y sobre un curioso medio de representar aproximadamente el buen sentido y la inteligencia; esos dos fundamentos no deben ser destruidos bruscamente, porque una vez destruidos no podrían reconstruirse y son, sin embargo, los únicos apoyos de una política tal como la nuestra y en un pueblo tal como es el nuestro.
Estas observaciones pueden servir de coronamiento a mis estudios sobre la Constitución inglesa. Mis estudios habrán logrado su objeto si ayudan a disipar algunos prejuicios anticuados, bajo los cuales la tradición oscureciera un asunto importante; si animan a otras personas a tratarlos desde su punto de vista, según el testimonio de su vista y no de oídas, y si, aun a pesar de los errores que he podido cometer, excitan a algún gran pensador a resumir la experiencia de Inglaterra para bien del género humano.
[1] No hablo aquí, por supuesto, ni de Sur ni de Sureste en su estado actual. Cómo puede existir un gobierno libre en medio de sociedades con tan malos elementos, es lo que no puedo concebir.
[2] Nuestro gobierno real está tan oculto, que si le pedís a un cochero que os lleve a Downing Street, os dirá probablemente que jamás oyó hablar de esa calle, y no conocerá el camino que se debe seguir para conduciros a ella.
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