agosto 03, 2011

"La Constitución y la Dictadura" Emilio Rabasa (1912) -1° parte-

LA CONSTITUCIÓN Y LA DICTADURA:
estudio sobre la organización política de México
Emilio Rabasa
[1912]

[1/2]
ÍNDICE
LIBRO PRIMERO
LA DICTADURA EN LA HISTORIA
CAPÍTULO I.
El desprestigio de los sistemas
CAPÍTULO II.
La lucha de los partidos históricos
CAPÍTULO III.
Formación y trabajos del constituyente
CAPÍTULO IV.
Concesiones y derrotas de los progresistas
CAPÍTULO V.
La obra del constituyente
CAPÍTULO VI.
El prestigio de la constitución

CAPÍTULO VII.
La constitución y su modelo
CAPÍTULO VIII.
Comonfort
CAPÍTULO IX.
La dictadura democrática
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LA CONSTITUCIÓN Y LA DICTADURA
ESTUDIO SOBRE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE MÉXICO
Es necesario que la filosofía política analice la historia política; que distinga lo que se debe a las cualidades del pueblo de lo que es debido a la superioridad de las leyes; que determine con cuidado el efecto exacto de cada parte de la Constitución a riesgo de destruir algunos ídolos de la multitud...
BAGEHOT
LIBRO PRIMERO
LA DICTADURA EN LA HISTORIA
CAPÍTULO I
El desprestigio de los sistemas
En los veinticinco años que corren de 1822 adelante, la Nación mexicana tuvo siete Congresos Constituyentes que produjeron, como obra, una Acta Constitutiva, tres Constituciones y una Acta de Reformas, y como consecuencias, dos golpes de Estado, varios cuartelazos en nombre de la soberanía popular, muchos planes revolucionarios, multitud de asonadas, e infinidad de protestas, peticiones, manifiestos, declaraciones y de cuanto el ingenio descontentadizo ha podido inventar para mover al desorden y encender los ánimos. Y a esta porfía de la revuelta y el desprestigio de las leyes, en que los gobiernos solían ser más activos que la soldadesca y las facciones, y en que el pueblo no era sino materia disponible, llevaron aquéllos el contingente más poderoso para aniquilar la fe de la Nación, con la disolución violenta de dos congresos legítimos y la consagración como constituyentes de tres asambleas sin poderes ni apariencia de legitimidad.
Se reunió en 1822 el primer Congreso que debía constituir a la Nación según las bases establecidas en el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba; es decir, organizando una monarquía moderada al estilo de 1812 y llamando al trono a un príncipe de la casa real de España; pero una noche, y cuando el Congreso meditaba ya la ley suprema, un sargento acabó con plan y tratado, proclamando Emperador de México a D. Agustín de Iturbide; con lo que, si los instigadores de Pío Marcha no lograron hacer un emperador, deshicieron la idea monárquica, que no había sido seguramente sino un medio de contentar por de pronto al partido español de la antigua colonia. El Congreso cedió a la violencia que a una ejercían sobre él las milicias sobornadas y un populacho inconsciente; pero a la vez que conformándose con la imposición del motín, declaraba emperador a Iturbide, trató de asumir su papel de representante de la soberanía nacional, y lo hizo con la convicción y entereza a que tan propicios eran, tanto las ideas que al través de la Metrópoli y sus revoluciones había derramado en la Nueva España la revolución francesa, como los sentimientos propios de un país que acababa de conquistar su autonomía con el triunfo de una rebelión contra fuerzas seculares. Pero el imperio era absurdo y los absurdos políticos sólo pueden sostener su vida efímera por medio de la fuerza: Iturbide disolvió el Congreso.
El hombre era desproporcionadamente pequeño para la magna obra a que parecían llamarle sus destinos. Influido de ejemplo reciente para sus audaces tentativas, sus actos resultaban sin grandeza y dejaban ver siempre en el fondo del cuadro el telón pintarrajeado de la farsa teatral. Su 18 Brumario, que vino después de la coronación ridícula, y que no tenía por precedentes las campañas de Italia y Egipto, ni por fuerza el genio napoleónico, ni deslumbró ni amedrentó; y así, cuando su acto brutal rompió el encanto de la soberanía popular y de la majestad del Congreso que la representaba, no substituyó en su lugar el prestigio de la institución monárquica, ni siquiera el respeto ni el temor de la fuerza dura, que siente en sí misma y hace sentir la confianza en su inconmovilidad.
No hay acto en nuestra historia política más fatalmente trascendental que éste. Los pueblos que acababan de romper con sus tradiciones coloniales, perdían de un solo golpe las bases en que iban a fundar el edificio de su nueva vida institucional; y por más que se argumente en contra de las instituciones libres para un pueblo que comenzaba a vivir, no podrá encontrarse a la situación de los pueblos americanos que se independieron de España más solución que la de levantar sus gobiernos sobre el principio de la soberanía popular, que habían aceptado ya los monarcas en Europa, que habían propagado en aquel Continente las guerras napoleónicas, que habían asegurado las constituciones de pueblos cultos y que habían derramado, como la buena nueva, desde los filósofos del siglo XVIII hasta los poetas del siglo XIX.
El argumento de “las masas ignorantes” que aun hoy suele prosperar en la ligereza de los editoriales de periódico, no tiene valor ninguno: las masas ignorantes no gobiernan en ninguna parte y precisamente el pecado del jacobinismo democrático consiste en haberlas contado como factor de gobierno. Para la vida política, para la influencia en los destinos de un país, el pueblo es la parte de la sociedad que tiene conciencia de la vida nacional. Lo malo es que la palabra pueblo tiene en los idiomas occidentales tres connotaciones que la ignorancia y muchas veces el simple descuido confunden: la de masa social en conjunto, la de suma de individuos capaces de ejercitar los derechos políticos, y la de pueblo bajo, por contraposición a la parte culta y acomodada de la sociedad. De esta confusión han nacido todas las teorías falsas y todas las vociferaciones perversas de que se alimenta la demagogia.
El pueblo de la vieja colonia tenía la convicción de su poder sobre el Gobierno, fundada en el motivo más incontestable: el haber destruido el existente por las armas. Nada hay que de mayor conciencia del propio derecho que el hacerlo prevalecer por la fuerza. Sobre aquella convicción debió ponerse la consagración del principio que diera el gobierno al pueblo legítimamente representado, y sólo esta representación pudo ser autoridad respetable para someter por la ley las fuerzas mismas que tendían por falta de disciplina a desordenarse; esto fue lo que trató de hacerse y a ello conducían los primeros pasos de la revolución triunfante; pero el golpe de Estado de Iturbide, no sólo tuvo el efecto inmediato y pasajero de disolver un congreso, sino el trascendental y duradero de destruir en la conciencia pública el principio fundamental en que había de sustentarse la organización política de la Nación.
Como si esto no bastara para prostituir la idea de la representación nacional y hacerla despreciable a los ojos de los pueblos, Iturbide creó de propia autoridad la junta Instituyente, reunión de representantes de las provincias que él mismo designó de entre sus adictos, asamblea que debería llenar ciertas funciones legislativas mientras se reunía un nuevo Congreso; pero que de hecho iba a constituir al país y que llegó a formar el proyecto de una constitución provisional del imperio. Así fue como por dos actos sucesivos y cuando se iniciaba en el espíritu público el respeto a la autoridad investida de los poderes de la Nación, Iturbide destruyó todo principio de autoridad suprema, y quitó los fundamentos de la suya propia, primero atentando contra la representación investida del poder nacional y después usurpando ese poder para la investidura de una asamblea sin origen legal ni autoridad alguna. La idea democrática fue así destruida en germen; la fe en los principios que la alimentan vaciló desde entonces.
Cinco meses después tocó su turno de desprestigio a la autoridad fundada en la fuerza. Una revolución rápida como pocas, sin grandes esfuerzos ni notables hechos de armas, casi sin encontrar resistencias, dio al traste con el principio y lanzó al Emperador del territorio nacional. En menos de un año, los pueblos habían perdido la fe en el Derecho y el respeto a la fuerza, y con la eficacia de las lecciones de la experiencia habían aprendido a burlarse de las promesas del uno y a despreciar las amenazas del otro. El Congreso disuelto volvió a reunirse, y él, que había declarado emperador a Iturbide por sesenta y siete votos contra quince, declaró, tan pronto como reasumió sus funciones, que el gobierno imperial era obra de la fuerza y que eran nulos todos sus actos.
No habían de esperarse mucho tiempo las consecuencias de tales sucesos; por todas partes cundió un sentimiento que debió de ser mezcla de desconfianzas y codicias entre los grupos, bien reducidos en cada provincia, de los hombres capacitados para intervenir en los negocios públicos. Varias provincias una tras otras declaraban su independencia; otras amenazaban proclamarla; la mayor parte exigían del mal sostenido poder del centro el establecimiento de la República federal, y de tal suerte apremiaron al Congreso, que éste, no obstante haber convocado ya a elecciones de un nuevo Constituyente, se vio constreñido a manifestar a la Nación en una orden dictada en altas horas de la noche, que aunque ya sin poderes para dar leyes constitucionales, votaban por la institución de la República federal.
Reunido el nuevo Constituyente, la rebelión de casi todas las provincias obligó al Gobierno a excitar a aquél para que proclamase en breve término la forma de gobierno que ellas imponían, y tan serias hubieron de ser las circunstancias, que Ramos Arizpe formuló en tres días el proyecto de bases constitutivas, que éstas circularon dos semanas después para tranquilizar desde luego los ánimos, y el Acta Constitutiva, primera ley fundamental mexicana, se expidió dos meses más tarde. Fue ésta un anticipo de la Constitución que aquel Congreso estaba llamado a formar, y que dio en efecto al país, en octubre del mismo año de 1824.
La imposición del sistema federal por las provincias, sobre un gobierno que lo repugnaba, no pudo ser obra ciega de la ignorancia como se asentó por escritores de la época. Las provincias confiaban más en sí mismas que en el gobierno central, y el espíritu de independencia que en ellas había dejado la guerra de separación las impulsaba a obtener la mayor suma de libertades posibles para atender a su propio desenvolvimiento político; pero por otra parte, no debió de influir poco en su actitud resuelta y amenazadora el afán de sus grupos directores de tener la mayor suma de poder que fuera dable dentro de la unidad de gobierno que era temerario rechazar.
Así fue como en pueblos sin educación política ninguna se estableció el sistema de gobierno más complicado de todos y que requiere más delicada comprensión de los principios que lo informan. El Acta y la Constitución de 1824, llegaron al punto más alto a que pudieran aspirar los pueblos como institución política, estableciendo la división y separación de los poderes públicos, la organización del Legislativo y el Judicial como entidades fuertes y autónomas y la independencia de los Estados limitada por el interés superior nacional. Lejos de revelar la ignorancia que escritores de la época atribuyeron a sus autores, demuestran que éstos eran conocedores no superficiales de las teorías democráticas y federalistas, y que, fuese cual fuese su opinión personal, obedecieron de buena fe el mandato imperativo de las provincias declaradas contra el centralismo, pues hay en los preceptos de ambas leyes celoso empeño de asegurar la libertad interior de los Estados como una garantía contra las usurpaciones del poder central. No hay que desconocer esos méritos del primer congreso republicano, ya que hay que denunciar su pequeñez de miras en la organización social cuando proclama la intolerancia religiosa, sostiene los fueros, y pasando en blanco las adiciones de la Constitución americana que tuvo a la vista, no garantiza los derechos individuales, de los que sólo hay uno que otro regados en diversos tratados de su obra. Dada la educación colonial, adueñada de todas las conciencias y señora de todos los espíritus, ni cabe siquiera formular un cargo contra los que, en sus respetos por la tradición, representaban fielmente a los pueblos tradicionalistas de quien derivaban sus poderes.
La obra estaba lejos de la perfección; pero era noble. Si la porción activa de nuestro pueblo hubiese sido como el americano, tan enérgico para sostener sus derechos como sobrio para mantenerse dentro de sus leyes, las deficiencias se habrían llenado y los defectos corregido por el sólo proceso de las necesidades públicas, que obran evoluciones incontrastables, como las morosas leyes naturales modifican el mundo y transforman los planetas. El pueblo americano ha consumado la completa evolución de su gobierno dentro de su misma constitución escrita, rígida e inmóvil, en tanto que nosotros no hemos podido modificar el sistema real que nos cabe, a pesar de todas las constituciones inventadas para cambiarlo. Todo lo hemos esperado de la ley escrita y la ley escrita ha demostrado su incurable impotencia.
Apenas publicada la Constitución, las Legislaturas de los Estados comenzaron a proponer enmiendas sin las cuales tenían por imposible el gobierno de la Nación. Había afán de intervenir en lo más alto de las funciones públicas; ningún empeño de prestigiar la Ley fundamental; los Estados, reconocida su soberanía, tendían a ser señores; tras el desprestigio de la soberanía nacional y la bancarrota de la fuerza, se buscaba la inconsistencia de la Ley suprema, con lo que ya no habría nada de qué hacer un ídolo, si el pueblo era ignorante, o nada que respetar y en qué fundar las propias garantías, si era bastante culto para atender a su propia conservación.
Cuando en el orden político no quedaba ya ningún principio superior a que atribuir el origen de la autoridad, aparecía mayor la del clero, porque era la única que mantenía en sus dogmas misteriosos y tradicionales el respecto y la adhesión de los pueblos. Y si a su feliz posición para dominar al poder temporal se añade la amenaza que sintió en la invasión de las ideas nuevas y en el afán creciente de libertades, se explica que tendiera a enseñorearse de la política y adueñarse del gobierno. Su programa debía ser el de todas las iglesias imperantes: combatir las libertades públicas; y como el principio federal no sólo era una libertad novísima en México, sino el anuncio de las otras que vendrían de las instituciones americanas, el clero tuvo que ser, con todos sus parciales, enemigo del sistema federal y enemigo de la Constitución. Así se atizó el liberalismo naciente; los partidarios de la Constitución se hicieron adversarios del clero y avanzaron en sus ideas, echando en cara a la clerecía sus desórdenes y su falta de patriotismo; el clero culpó a la Constitución de ser origen de todos los males del país, y a sus defensores de demagogos, de impíos y de incapaces para el gobierno. La lucha se entabló, por lo general, sin virilidad ni franqueza, salvo por parte de muy pocos; los presidentes que se sucedían, o vacilaban entre ambos extremos o eran capaces de aceptar los dos sucesivamente. La ley fundamental, asendereada por todos, no tenía autoridad ni ascendiente; los Estados no sentían la cohesión federal, la política se fraguaba en los conventos y los principios fundamentales y las libertades públicas se discutían en los cuarteles.
En 1835, el gobierno se determinó a acabar con el sistema federal. El Congreso, que, de limitarse a reformar la Constitución legalmente, debía, según los preceptos de ésta, iniciar las modificaciones y dejar a la legislatura siguiente la aprobación necesaria para su adopción, encontró tardío y embarazoso el procedimiento, y tuvo por más fácil declararse constituyente para dar una carta nueva de todo a todo. La Asamblea, que tenía su origen y sus títulos de legitimidad en la Constitución de 1824, usurpa poderes que ni le han dado sus electores ni proceden de aquella ley, destruye la Constitución, y dicta la de 1836. Su base es, pues, la más original que pueda darse: un golpe de Estado parlamentario.
No es fácil encontrar Constitución más singular ni más extravagante que este parto del centralismo victorioso, que no tiene para su disculpa ni siquiera el servilismo de sus autores; porque si por sus preceptos, las provincias, el Parlamento y el Poder Judicial quedaban deprimidos y maltrechos, no salía más medrado el Ejecutivo que había de subordinarse a un llamado Poder Conservador, en donde se suponía investir algo de sobrehumano, intérprete infalible de la voluntad de la Nación, cuyos miembros, poseídos del furor sagrado de los profetas, declararían la verdad suprema para obrar el prodigio de la felicidad pública. Este tribunal de superhombres, impecables, desapasionados y de sabiduría absoluta, podía deponer presidentes, suspender congresos, anular leyes, destruir sentencias; a él se acudía para que escudriñase en las entrañas del pueblo la voluntad de la Nación, y en cambio no era responsable sino ante Dios, como que apenas lo sufría por superior jerárquico, y debía ser obedecido sin réplica ni demora, so pena de incurrir el rebelde en delito de lesa nación.
La seriedad cómica de estos preceptos que debió de reflejarse en los miembros del gran Poder, entre asombrados y satisfechos, no pudo dejar a los demás funcionarios una tranquilidad muy completa, y como la panacea no dio muestras de eficacia en la gobernación del país, no tardó el disgusto en hacerse camino ni la hostilidad en ostentarse. La prensa hizo una campaña viva, pidiendo el restablecimiento de la Constitución de 24, el Gobierno declaró que la nueva era causa de todos los males públicos (porque siempre el mal estaba en las Constituciones), y pidió al Congreso que meditase si no era llegada la hora de reformarla. Así lo creyó el Congreso a los dos años y medio de vigencia de las llamadas Siete Leyes; pero no había medio de pasarse sin el Poder Conservador, que, consultado en el caso, declaró que la voluntad de la Nación se oponía a las reformas iniciadas. La Cámara de Diputados quiso destruir el obstáculo, dando de mano al tal poder; pero la fracción avanzada fue vencida en la votación por los conservadores.
Inútil era insistir en ablandar el Poder supremo, siendo que las reformas iniciadas tenían por primer objeto acabar con él. El proyecto de Constitución nueva presentado al Congreso de 1840, no prosperó, ni el plan de gobierno propuesto por Santa Anna en 41, y que requería, para convocar un Constituyente, la declaración favorable del Consejo cuya desaparición había de ser resultado seguro de toda autorización para reformas. Como no podía hablar sino por boca del Poder Conservador, la Nación se negaba obstinadamente a todo cambio en las instituciones; pero el General Santa Anna apeló al medio de costumbre e hizo que la Nación hablara desde el cuartel de Tacubaya. El Plan de Tacubaya dijo textualmente: “Cesaron por voluntad de la Nación en sus funciones los poderes llamados supremos que estableció la Constitución de 1836...”
Conforme a las Bases de la revolución triunfante, se convocó un nuevo Congreso para constituir por tercera vez a los pueblos de México; reuniéronse los Diputados y resultaron no ser enteramente del agrado de Santa Anna, que por aquellos días era centralista. El Congreso, perplejo en su tarea, porque ya no podía conjeturar si los pueblos querían un sistema u otro, después de que en su nombre se había impuesto a los Constituyentes de 24 y 36, primero el uno y después el opuesto; perplejo porque invocándose la voluntad de la Nación se habían proclamado muchas veces las excelencias de los dos credos, optó por no optar. La mayoría de la comisión encargada del proyecto lo propuso sin declaración expresa de la forma de gobierno, y colocándose en los términos de ambas jurisdicciones, parecía querer el sistema federal con restricciones centralistas, y buscar los aplausos de los conservadores sin echarse la reprobación de los avanzados. La minoría formada por Otero, Espinosa de los Monteros y Muñoz Ledo, y apoyada por Lafragua y otros, pidió franca y abiertamente en su voto particular el establecimiento de una federación basada en más completas libertades. Rechazado el proyecto de la mayoría, una transacción entre ambas fracciones produjo el proyecto definitivo que, aceptado por la Cámara en lo general, prometía llegar a ser la nueva Constitución, y que aunque quedaba siempre como demasiado estrecho para la federación, se acercaba mucho más a ella que al sistema central, y establecía derechos individuales y algunos principios de gobierno más avanzados que ninguna de las Constituciones precedentes.
Imposible era, por tanto, que Santa Anna pudiese aceptarlo ni tolerar una asamblea que tan en serio y tan patrióticamente tomaba su papel; pero aunque resuelto a disolverla, empleó, como siempre, los medios hipócritas que le dejaban en posición propicia para aprobar o reprobar sus propios actos y presentarse en sazón oportuna para pacificar y salvar a la Nación. Llamó al Gobierno al Vicepresidente D. Nicolás Bravo, que con tan triste docilidad supo servirle en más de una vez, y se ausentó de la capital, mientras su ministro Tornel fraguaba el golpe.
De orden superior se movió una revuelta en el pueblo de Huejotzingo, que declaró desconocer al Congreso Constituyente “por haber contrariado la voluntad de la Nación”; de esa Nación que por el momento no tenía más representante que Huejotzingo, y cuya voluntad tenía tantos intérpretes como facciosos había en tierras mexicanas. Las tropas, en vez de ir a reducir a los amotinados, se adhirieron a su intento, y después de las guarniciones de diversas ciudades, la de la capital se rebeló contra la Asamblea. El Gobierno se inclinó obediente ante su propia farsa y ordenó la disolución de la Cámara, por un decreto que, como quien dispone el acto más baladí de simple administración, prevenía la reunión de una junta de personas nombradas por el Ejecutivo, que se encargarían de formar las Bases Constitutivas de la Nación; pero como la llamada Junta Nacional Legislativa creyera menguados sus poderes si a sólo las tales bases se limitaran, resolvió que daría de una buena vez una constitución completa para el gobierno perpetuo de pueblos que ninguna autoridad le habían conferido, y dio en efecto la carta centralista que se conoce con el nombre de Bases Orgánicas. Santa Anna, vuelto a la capital (puesto que todo el mal estaba hecho), sancionó, como Constitución, aquel atentado cínico en que se habían omitido hasta las más groseras formas con que se finge algo de democracia, cuando hay siquiera el pudor de la hipocresía o una sombra de respeto a la dignidad de la Nación.
Sólo porque la Constitución de 36 es tan rematadamente extravagante, vacila el criterio para tener y declarar por peor la de 43. En los autores de aquélla hubo algo de libertad de acción; en los de ésta, la única libertad que haya habido, si alguna, se empleó en fraguar una organización que dependiera por completo del Gral. Santa Anna, porque temían que éste, en apariencia irresponsable de la disolución del Congreso, lo restableciera con federalismo y todo, si no era la Asamblea Nacional legislativa bastante pródiga en concesiones de autoridad y poder para el Presidente. La carta de 43 es un absurdo realizado: es el despotismo constitucional. En ella, el gobierno central lo es todo; apenas los Departamentos tienen atribuciones de administración municipal, y todo el gobierno central está en manos del Ejecutivo. El Congreso se compone de una Cámara de Diputados designados por los electores terciarios, que lo fueron por los secundarios y sólo éstos por el pueblo, y una Cámara de Senadores designados por los Poderes públicos y las Asambleas de Departamento; pero de entre ciertos grupos salientes, con quienes trata de crearse una casta privilegiada, y en la que figuran muy principalmente los generales y los obispos. Así y todo, el Congreso queda casi anulado por el veto extraordinario que corresponde al Presidente, en tanto que el Poder judicial, viene también a sus manos por las directas y gravísimas facultades que tiene respecto a los tribunales supremos. Las responsabilidades pesan sobre los ministros y sobre el Consejo de Gobierno; sobre el Presidente ninguna; y sin embargo, no hay gobierno de Gabinete, pues el Presidente, oído el parecer de sus ministros y recogida la votación, puede proceder como bien le plazca. Las irrisorias facultades de las Asambleas departamentales, están sometidas al veto de los gobernadores, y si por caso una Asamblea insiste, es el Presidente quien resolverá lo que quiera. Pero todavía para que nada quede a los pueblos, ni nada falte a la autoridad sin límites del Presidente, toda la organización mezquina de los Departamentos, según la Constitución, se anula y aniquila por la facultad que aquél tiene de iniciar leyes excepcionales para la organización política de señalados Departamentos, cuando lo tenga por necesario.
Los principios fundamentales de esta ley suprema, fueron: captarse a Santa Anna, dando en la puja constituyente, más que otro fuese tentado de dar; ganarse al clero por medio de la intolerancia, el fuero y los privilegios; asegurarse la casta militar también por los privilegios y los fueros, y obtener, en suma, para el partido conservador, un poder omnímodo brutalmente autorizado en la ley primera de la Nación.
Pero como la naturaleza es invencible aun para las asambleas constituyentes, el absurdo era insostenible. Constituir el despotismo, reglamentar la omnipotencia, organizar el poder absoluto, son frases sin sentido y extremos de construcción imposible. La constitución de 43 resultó estrecha para el Gral. Santa Anna y hubo que romperla. Rebelado en Guadalajara el Gral. Paredes, mientras Canalizo desempeñaba interinamente la Presidencia, Santa Anna tomó el mando de las tropas para reducir a aquél y omitió el requisito de la licencia del Congreso. Lo reclamó éste; quiso el Gobierno desdeñar la observación; se encendieron senadores y diputados; hubo entre éstos quien moviera acusación contra el Gabinete, y al fin, Canalizo, de acuerdo con el Presidente propietario, cerró ambas Cámaras y desconoció su autoridad. La revolución de Paredes, secundada en Puebla y en la capital, desconcertó a Santa Anna, que apeló a la fuga y acabó por salir desterrado.
Cuando tres años más tarde, este hombre que tomaba su fuerza de la falta de principios y decoro, volvió al país en medio de la guerra americana, apoyó su reaparición en duras protestas contra el partido conservador, que siempre le había sostenido y a quien había de apelar otra vez andando los tiempos de su desvergonzada política. El plan de la Ciudadela, de Agosto de 1846, convocaba un nuevo congreso constituyente, y un decreto del gobierno provisional restableció la Constitución de 24, haciéndola regir mientras la nueva representación nacional expedía la suya. Santa Anna, vuelto a la presidencia de la República en las elecciones que entonces se practicaron, sancionó en 47 y juró la nueva ley fundamental, y él, que denunciaba las Bases de 43 como estrechas para la acción libre y eficaz del Gobierno, aceptó sin vacilar la nueva organización netamente federalista que establecía el Acta constitutiva con la Constitución de 24, modificadas en el Acta de Reformas, en sentido más liberal y con mayores restricciones para el Poder Ejecutivo.
Aquel congreso, que dio un paso de trascendencia en nuestras instituciones, trabajó en circunstancias tan difíciles, que es digno de admiración y de alabanza. Dícese por escritores de la época, que estaba dominado por el talento y el carácter absorbente del diputado Rejón; pero el hecho es que el alma de la reforma, el que no desconfió de la supervivencia de la Nación en sus derrotas y quería a todo trance aprovechar el momento propicio para constituirla bajo el predominio de los principios federalistas, que eran los de las libertades públicas, fue el joven jefe del partido moderado, orador elocuente, luchador incansable, y a juzgar por sus obras, uno de los espíritus más cultos de sus días: D. Mariano Otero.
Las tropas nacionales eran vencidas por todas partes; los invasores llegaban ya al corazón de la República; cada paso resultaba desacierto; cada encuentro, retirada; cada retirada, derrota. La Nación necesitaba ejércitos, los ejércitos necesitaban rancho, y el Erario, que había vivido siempre en el déficit, estaba caído en la bancarrota. El dinero, que no podía ya estar en los campos ni en las pequeñas industrias, se guardaba sólo en la iglesia y en manos de los ricos siempre conservadores; la exacción en los tesoros del clero encendía la cuestión religiosa, que llegaba al Congreso para ocasionar divisiones en la representación nacional y agitar las más peligrosas pasiones. La Nación se abatía al peso de todas sus pasadas culpas y de todos sus errores, tan irremisible, tan fatalmente; los medios de defensa, los sacrificios mayores se veían tan absolutamente estériles e inútiles, que hay que reconocer algo de grande, de extraordinario, de muy superior, en los pocos hombres que tenían fe todavía, ya que esa fe loca no podía sino ser hija del patriotismo más noble y más alto.
Siguió el desastre hasta el fin, en el orden de los hechos irremediables, que casi aparecen con la fatalidad de las leyes de la naturaleza y casi nos inspiran hoy un sentimiento de irresponsabilidad. La tenacidad de Otero dio una obra que persistió a través de la catástrofe; el sistema federal pasó a la nueva época para ser objeto de embates más crudos, para arrastrar con él, en una serie de campañas, las libertades nuevas que habían de traerle las revoluciones de Ayutla y la Reforma; pero para seguir siempre un camino de victorias, reuniendo en torno a los pueblos, y haciendo con todos los sacrificios de muchos años y los dolores de dos generaciones, el prestigio necesario para que una institución viva y perdure hasta conquistar todas las voluntades, levantarse como símbolo de fe para todos los espíritus y criar al fin el alma nacional.
CAPÍTULO II
La lucha de los partidos históricos
La unidad religiosa había sido en la Nueva España un hecho sin contradicción y como espontáneo; de ahí que la intolerancia fuese no sólo una institución en las leyes, sino una necesidad en la paz de las conciencias. La unidad religiosa, con ser un absurdo dentro de la naturaleza para cualquier grupo social, constituía en los comienzos de la era independiente de México un elemento natural y propio de aquella comunión política que sin él no habría podido explicarse su existencia como pueblo organizado. La Iglesia, siempre adherida a la tradición, porque ella era la primera de las tradiciones, fue enemiga encarnizada de la rebelión insurgente, hasta que el triunfo de la independencia la hizo buscar en el nuevo orden la acomodación y la vida; pero como había sido en la colonia, lo mismo que en la Metrópoli, gran factor en el mando y señora en la autoridad, no podía renunciar fácilmente el gran poder que durante siglos mantuvo sobre los pueblos, ni resignarse a la misión evangélica, que había pasado, en el orden de sus tendencias y de sus propósitos, a segunda categoría. Tenía mucho que pedir, como que aspiraba al mando supremo; pero tenía mucho que ofrecer en cambio, puesto que ofrecería como aliada la influencia más eficaz, cuando iban a perder toda la suya los principios, las leyes y los gobiernos.
Empeñada, por supuesto, en ceder lo menos posible, ya que tuvo que aceptar la separación de España, siguió a Iturbide en su movimiento, porque era de reacción respecto al espíritu de los primeros insurgentes y pretendía mantener la tradición monárquica. Se resignó con la caída del Emperador porque no estuvo en su mano evitarla, y se resignó también con el sistema federal que impusieron las ciudades, en parte porque la imposición era irresistible y en parte porque ella misma ignoró toda la trascendencia liberal de la emancipación de las provincias; pero cuando los partidos comenzaron a esbozarse en la política del país, como signo y revelación de la vida nacional, púsose la Iglesia de parte del que menos franquicias concediera, del que mostrara más tendencia al absolutismo, que es tradición y que educa para la obediencia pasiva, puesto que sabía que toda libertad es fecunda en libertades, y que toda concesión debilita la influencia de las religiones como instituciones políticas. El Congreso de 1833 materializó los peligros del clero bajo el sistema federal y mostró cómo habían germinado en la nueva nación las semillas de las revoluciones europeas, pues con él planteó Gómez Farías casi por completo el programa de la reforma política y social de exclusión de la Iglesia de los negocios públicos; ella entonces cargó resueltamente todo su peso en favor de una facción, y la enemiga hubo de encararse con ella, rompiendo todo el respeto secular que la había protegido. Santa Anna dio al clero las primeras victorias para apoyarse en su influencia, y a reserva de servirse de sus tesoros cada vez que él y ella corrían un peligro que el astuto intrigante sabía hacer común; se manifestó definida la oposición de centralistas y federalistas, de conservadores y liberales, y bien pronto los primeros lograron derribar la Constitución que, aunque intolerante para los dogmas, había establecido las primeras libertades para los hombres y para los pueblos.
En 1842 la violación de la unidad religiosa se hizo en nombre de la soberanía nacional por el Congreso Constituyente. El proyecto de ley suprema que resultó del acuerdo entre los miembros de la comisión de constitución, declaraba religión del Estado la católica, prohibiendo el ejercicio público de otra cualquiera; concedía completa libertad a la enseñanza privada; otorgaba la libertad de imprenta con sólo la excepción en materia religiosa de no atacar el dogma; es decir, establecía, sin declararlo en proposición concreta, la libertad religiosa, por más que aceptara una religión de Estado. El Congreso fue disuelto antes de que aprobara en lo particular los artículos de su obra, y ya hemos visto la que produjo la Asamblea Nacional Legislativa nombrada para reemplazarlo. Las conciencias se escandalizaron, la gran mayoría de la Nación vio con horror los heréticos principios que se condenaban por la Iglesia y la intolerancia fue reclamada como un derecho de la sociedad, a quien tal parecía que se despojaba de algo muy propio y muy personal. Al definirse así los credos y los partidos opuestos, surgió en los espíritus la enfermedad de aquella época de transición: la angustia religiosa. El terreno era propicio para todas las emancipaciones; la Iglesia había llevado su parte en el desprestigio de las instituciones abatidas; las ideas nuevas se propagaban por los periódicos cada vez que las autoridades descuidaban la presión; pero la iglesia cerraba sus esperanzas y amedrentaba con su censura, llenando de pavor a aquella sociedad poseída. Los hombres de resolución fácil adoptaron un extremo, y no hubo de ser excepcional el caso de hombres de ideas liberales que se hicieron conservadores porque no podían dejar de ser católicos, ni el de los que rompieran con el credo católico porque no podían renunciar a los principios liberales.
El clero se empeñó en presentar como incompatibles el catolicismo y el liberalismo para hacer inseparables el sentimiento religioso y la filiación política; pero en cambio los liberales, ya por buscar refugio a sus propias conciencias, ya por allanar el camino a nuevos partidarios, marcaron la distinción entre el clero y la Iglesia y entre la Iglesia y los dogmas, de suerte que llamaron a sus enemigos “clericales” sin abjurar por su parte del título de católico. Pero en aquella época de transición, en que más que una lucha de principios había una evolución dolorosa de conciencias, y en que cada hombre, antes de combatir al adversario, comenzaba por luchar consigo mismo, muchos, quizá la mayor parte, permanecían en la indecisión, querían hacer de la perplejidad el punto medio y llegaban a creer de buena fe que los extremos tenían una línea de acomodación aconsejada por la razón, por el patriotismo y por los principios religiosos. Éstos formaron el partido moderado, que si parecía avanzado en tolerancia, era reaccionario en política, y del cual se pasaba mucho más fácilmente al clericalismo neto que al liberalismo puro; partido esencialmente débil, puesto que tenía que componerse de hombres débiles, y que perjudicó profundamente a la evolución rápida del liberal, porque éste se veía inclinado con frecuencia a confiar en los hombres de aquél, por la proximidad de sus principios y la elasticidad de sus concesiones.
Cual suele suceder en los períodos de indecisión que sirven como de puentes entre dos etapas, dominó en México el elemento moderado, porque cada partido extremo veía en él un aliado posible, porque él mismo se encontraba en aptitud de acoger a los contendientes, y porque era el refugio natural de todos los tibios, que son siempre muchos, y de los acomodaticios, que no son pocos. Dominó el partido moderado bajo la Administración del General Herrera y a juzgar por el éxito relativamente bueno que obtuvo, pudiera haberse creído que las ideas que prevalecían en aquel Gobierno demostraban ser más adecuadas para mantener la armonía de los elementos políticos del país; pero aquella relativa tranquilidad era sólo una tregua, y más bien se mentía en la superficie que se acreditaba en el fondo. Lo más notable de aquel período fue la trasmisión pacífica del gobierno al nuevo Presidente, después de una elección hecha por el sistema nada popular de la Constitución de 24. Subió a la presidencia el General Arista en calidad de liberal moderado, él que había sido partidario de Santa Anna, enemigo de las libertades del año 33, adicto al plan de Cuernavaca y sublevado por el de Huejotzingo; condiciones que dan a entender que no eran los moderados muy escrupulosos en punto a antecedentes políticos para admitir en sus filas a un hombre y confiarle el porvenir de la Nación y el honor del partido. El General Arista era un hombre honrado y bueno, y debió su elección principalmente a éstas cualidades, que por muy dignas de elogio que sean, no eran por aquellos días las más necesarias para imponer la ley y establecer el orden; las dificultades de la política se complicaron en su administración con las financieras, que si en el desorden de las revueltas se perdían en la algazara de los motines y se curaban con las exacciones violentas, en el orden constitucional asumían y mostraban su aspecto de gravedad peligrosa y no admitían sino remedios legales que era difícil encontrar. Nunca había habido hacienda; por consiguiente no había tampoco hacendistas, y los que tenían que improvisarse hacían sus primeros ensayos con la bancarrota, que es ejercicio para desconcertar maestros. Había que ser honrado en medio de la inopia y era preciso hacerse con fondos sin criar agitaciones ni infringir la Constitución; doble proposición que significaba pagar a todo el mundo sin tener dinero y llenar las cajas sin exigirlo de nadie. Se buscó la solución en las facultades extraordinarias que dieran esa singular legalidad a las medidas que la salvación pública imponía, y el Congreso las negó repetidas veces, sin cuidar si esa negativa arrojaba de nuevo al país en el caos de que había salido, o adrede quizá para empujarle a él. Arista, moderado; el jefe de su gabinete D. Fernando Ramírez, moderado, sumaron sus debilidades e hicieron una suma debilidad en el Gobierno; el Presidente no supo hacer el sacrificio de su bondad y de su nombre de constitucionalista, que es sacrificio propio de los grandes caracteres, y negándose al golpe de Estado en que veía ilegalidad y peligros, prefirió quedar irresponsable y tranquilo, abandonando a la Nación a su propia suerte, sin gobierno, sin dinero, sin principios ni fe en nada, pues volvía a darse el ejemplo de la inconsistencia de la autoridad emanada de la ley. Firmó una noche su renuncia, y sin esperar a que fuera aceptada, abandonó la capital, dando a su salida los caracteres de una fuga.
¿Qué prestigio podía alcanzar la suprema investidura, después de esto, en la persona del Juez federal en quien cayó? Sin embargo, quizá por un tardío arrepentimiento, el Congreso concedió a D. Juan B. Ceballos las facultades extraordinarias que había negado al Presidente constitucional. Pero Ceballos, que tampoco debía ya de creer en nada, propuso a la Representación nacional otro golpe de Estado parlamentario como el de 1835; quiso que se desconociera y anulara la Constitución de 24 con su acta de 47 y se convocara un nuevo Constituyente, quizá para hacer otra ley fundamental más moderada que aquélla, y como se negara el Congreso a tal insinuación, dio el golpe de Estado clásico, el de gobierno, que borra las leyes por acuerdo del Ejecutivo, y pone en receso los cuerpos legislativos con una compañía de soldados. Los diputados no se dieron por vencidos y nombraron otro Presidente de la República, y a concluir con este desorden vino la autoridad suprema del cuartel, que harto se había hecho esperar. Un convenio, un acuerdo de soldados sin principios ni preocupaciones legales, resolvió poner en la presidencia interinamente a otro soldado; se despidió a Ceballos, se suspendió la Constitución y se llamó a Santa Anna de su destierro para hacerle presidente sin Constitución, es decir, déspota, por el voto de Legislaturas y Gobernadores, que estaban bien persuadidos de que Santa Anna era el único hombre para el gobierno, por una experiencia que demostraba precisamente todo lo contrario.
Aquel gobierno representaba el triunfo completo del partido conservador, que no tenía ya necesidad de hacer concesiones ni las haría ciertamente. A la cabeza Don Lucas Alamán, era un programa viviente de intolerancia política y de absolutismo sin embozo, programa para cuya completa ejecución Santa Anna no había menester del jefe conservador, cuya muerte a poco acaecida, en nada modificó las tendencias del Gobierno. El despotismo, sin más fin que su propia satisfacción ni más mira que el ejercicio de un poder sin límites, pisoteando todos los obstáculos, lastimando todos los intereses, tratando de amedrentar para someter y persiguiendo para amedrentar; el despotismo que toma su fuerza del temor de los buenos y siempre cuenta con la bajeza de los malos, se desplegó con alarde desde los comienzos de aquel período de dominación conservadora en que los enemigos de las ideas democráticas iban a hacer, libres de trabas, seguros de su fuerza, su ensayo en el gobierno del país según sus principios. En el curso de nuestra evolución histórica, aquella prueba era tal vez una lección objetiva necesaria para los pueblos, puesto que había de determinar su juicio en cuanto a sistemas de partido.
Santa Anna, poseído de algo como un delirio de poder, que podía pasar a la clasificación de los estados patológicos, llevó su autoridad desde los actos más trascendentales de gobierno hasta los más ridículos por pequeños y pueriles; no parecía ser hombre para desvanecerse en el mando que había ejercido tantas veces y que conocía por efímero en sus numerosas caídas, y más pudiera creerse que satisfacía las necesidades de un cerebro dañado por la degeneración de los peores Césares romanos, en medio de sus hombres a quienes, sin ser él mejor, había aprendido a despreciar, viéndolos unas veces como juguetes de su voluntad, como tránsfugas o traidores ingratos a sus beneficios.
Sus dos años corridos de dictadura consentida y proclamada, de absolutismo autorizado por lo que se suponía ser la voluntad de la Nación, fueron como una embriaguez, como una crápula de mando. Tiene actos de la más alta autoridad, y desciende al mínimo detalle; pero eso sí, malo todo. Su apoyo al clero no pone condiciones ni límites. Declara Consejeros de Estado a todos los Arzobispos y Obispos; da al clero todas preeminencias y precedencias; restablece a los jesuitas y pone en sus manos la instrucción pública oficial en algunas ciudades; satisface los caprichos de este eficaz aliado y llega a imponer como obligatorio, en toda la enseñanza del país, el Catecismo del Padre Ripalda. En lo gubernativo, cambiados los Estados en Departamentos, los crea por su solo decreto, define los límites entre algunos, anula las concesiones de tierras baldías de los gobiernos locales, y como para ultrajar la memoria de los privilegios federales, manda que los edificios que ocuparon las Legislaturas se conviertan en cuarteles. De los sacerdotes hace abogados por un decreto; de farmacéuticos hace doctores en Medicinas, para que haya extravagancia cómica en medio de los dolores trágicos de la Nación; restablece la Orden de Guadalupe con todos sus ridículos arreos; previene el uniforme de los gobernadores y cuida de establecer el de los concejales, el de los empleados, el de los escribientes; decreta con pormenores el ceremonial de aquella corte, para todas las asistencias oficiales; prescribe cuidadosamente los tratamientos, que quiere ver extremarse aun en la vida común. Por su parte no se escatima ni honores ni facultades; es el primero en todo de hecho y quiere serlo de derecho, aunque nada pueda agregar que de lustre a su título de dictador. Apenas si logra algo nuevo añadiéndose el de Gran Maestre de la Orden de Guadalupe.
Pero hay algo que le preocupa: la prórroga de sus facultades omnímodas; y para que aparezca sancionada por la Nación, el Gobernador de Jalisco la promueve en una acta que se firma en una junta, acta que, como de costumbre, será en lo sucesivo acatada y citada como parte del Derecho público nacional; el acta se reproduce en todos los Departamentos; de acuerdo con ella, Santa Anna expide su decreto que le prorroga las facultades extraordinarias por todo el tiempo que quiera, que lo autoriza para nombrar un sucesor con las instrucciones que estime convenientes y le confiere el título de Alteza Serenísima: Y hay que convenir en que anduvo modesto, porque algunas actas le proponían el título de Generalísimo almirante, o el de Príncipe, y hasta hubo un pueblo que lo proclamó Emperador constitucional de México.
Los mismos convenios a que atribuía el origen de su legitimidad habían fijado un año a sus poderes y él prorrogó así la dictadura indefinidamente; prometían una nueva Constitución, y él; por uno de esos actos en que llegaba a la extravagancia, previno oficialmente al Consejo de Estado que se abstuviera de formar un estatuto para el gobierno de la Nación, ni tratara de prever el caso de que pudiera faltar el Presidente de la República. Su propio decreto lo facultó a él para nombrarse un sucesor y aun dictarle reglas, en pliego cerrado depositado en el Ministerio de Relaciones, que se abriría a su muerte o cuando él lo determinara, de modo que su voluntad había de sobrevivirle para el dominio de los pueblos. El pliego se depositó en efecto, y cuando Santa Anna, amagado por todas partes, salía de la Capital en fuga, ordenó que el pliego se abriera, y se halló que legaba a un triunvirato, quizá como burla, el poder que ya no podía sostener.
En la persecución de los descontentos ejerció una presión y una crueldad de todos los días; bastaba no adular para ser sospechoso de desafecto y bastaba parecer desafecto para señalarse como rebelde. La ley de conspiradores era inicua en su letra; en su aplicación era infame. Los hombres más distinguidos salían para el destierro, Arista uno de los primeros; cuando acabó con los prominentes pasó a los de segunda categoría; las órdenes se menudeaban sin exceptuarse ancianos, sin excusar enfermos ni respetar señoras, y mientras numerosas víctimas padecían los dolores de la miseria y las nostalgias profundas en países extranjeros, otras pasaban indefinidos períodos en las prisiones malsanas e inmundas que les cabía en suerte o que de intento se les señalaban para hacer más duro el cautiverio. Cuando la revolución tomó creces y mostró peligros, la insolencia del déspota se convirtió en ira, y para extremar las persecuciones y como si faltaran pretextos para encajar todos los actos y a todas las personas en la ley de conspiradores, dio la de murmuradores, que equiparó con la rebelión el simple acto de dar una noticia, de decir una palabra que no fuese del gusto del Gobierno. Y hay que advertir, que los juicios de conspiración eran gubernativos, y la pena de los conspiradores la capital.
Ningún derecho individual se reconocía; la vida, la libertad, la propiedad y aun la honra estaban a merced de aquel señor de los hombres, dueño de todo, árbitro de las sociedades; el insulto se hizo oficial, como en la destitución de D. Juan B. Ceballos, en que a la ofensa del acto se añadió la intemperancia grosera de la frase; hay órdenes y circulares de los Ministros que son desahogos de injuria contra los que no se han humillado al Gobierno o que lo combaten de algún modo. Contra la libertad, prisiones y destierros, y el que muda el lugar de su proscripción es conspirador y juzgado como tal; contra la propiedad, la confiscación prevenida expresamente por la ley y que puede en cualquier momento fundarse y ejecutarse; contra la vida, la ley de conspiradores, y las órdenes especiales de Santa Anna, de que hay ejemplos; mas la brutalidad llegó al colmo cuando fuera de tino con los progresos de la revolución, ordenó que los pueblos rebeldes fuesen incendiados y todos los cabecillas pasados por las armas.
En cuanto a la Nación como Estado, el héroe de San Jacinto, que mostró en la guerra de Texas de cuánto era capaz por su falta de sentimiento de amor a la patria, no podía dejar de añadir una miseria a su miserable historia, y vendió para ello en el Tratado de la Mesilla una porción del territorio Nacional.
El gobierno de Santa Anna fue cruel en el despotismo, opresor y brutal; pero más que otra cosa fue insolente. Los hombres y los pueblos se sentían agobiados por la persecución, lastimados por el abuso; pero más que todo, humillados por el ultraje. Fue el oprobio el que levantó a los hombres de la revolución de Ayutla, y el que les dio partidarios en todo el país.
Decir que la revolución de Ayutla fue obra del pueblo, sería dañar con la exageración una verdad que basta para su prestigio: que fue popular. Es decir, tuvo la simpatía y la voluntad general a su favor, de suerte que contó con el apoyo y con el entusiasmo de la mayoría; pero sometidos los pueblos y desarmados contra la tiranía, acostumbrados a esperar todos los cambios políticos de la clase militar, que hacía o deshacía gobiernos en una noche con tres artículos de plan restaurador, reformador o salvador, no tomaron en el movimiento de 55 una participación mucho más importante que en los anteriores. Estuvieron, sí, muy lejos de la indiferencia pasiva con que veían los simples cuartelazos; algunos paisanos acudieron espontáneamente a las armas, iniciándose en una carrera en que varios llegaron a brillar más tarde; se levantaron tropas nuevas para combatir a las de línea; los pueblos favorecían a los revolucionarios hasta merecer la orden de Santa Anna para el incendio; pero lo cierto es que comenzó la insurrección por un grupo de militares, que se propagó entre los soldados que sublevaban las guarniciones, que hubo los pronunciamientos de costumbre, y hasta importantes defecciones en el ejército en campana. Como revolución del pueblo, no puede compararse ni con la que hizo la Independencia ni con la que realizó la Reforma.
Su popularidad se debió a una sola idea: la de acabar con la odiosa tiranía de Santa Anna. Las promesas del plan eran las de todos los planes que habían burlado a la Nación: una Constitución nueva, libertades, respeto a las leyes, apelación a la voluntad general. Nadie podía creer en nada de esto; la fe estaba pérdida y las fuerzas exhaustas; hablar de principios era no tener auditorio. Pero hablar de los abusos del Gobierno, de los agravios de cada individuo, de los males padecidos por cada pueblo y de los peligros de la Nación, era encontrar resonancias en todos los odios, hacer resentir a la vez los ultrajes recibidos y los afanes de reivindicación, de reparación.
El Plan de Ayutla pedía simplemente instituciones democráticas; prometía sólo una República representativa popular; pero descubría la tendencia federalista al llamar Estados a las fracciones del país. Comonfort avanzó en la exposición del Plan de Acapulco, cambiando las “instituciones democráticas” en liberales; pero temió enajenarse a los centralistas y restituyó a las partes componentes de la Nación el nombre de Departamentos. En ambos documentos se culpa de conatos de traición al partido conservador que dirigía la política de Santa Anna: no se llama, pues, a todos los partidos para combatir la tiranía; se apela al partido liberal y en nombre de las ideas liberales se hace el levantamiento para derrocar al déspota y someter a la facción que lo mantiene y lo impulsa. Pero no basta esto para calificar de liberal aquella revolución, si hemos de dar al vocablo la significación que después ha venido a fijarse. Gran parte de los que en el movimiento figuraron, pertenecían al partido moderado, y muchos de los que con ardor combatieron en él contra el gobierno despótico, pasaron poco después al partido reaccionario, siguiendo convicciones íntimas que probablemente habían tenido siempre. Hay declaraciones de jefes militares que tomaron el partido de la revolución, de que la siguieron sin conocer el plan propuesto ni empeñarse en conocerlo, y sólo porque sabían que tenían por fin inmediato derrocar a Santa Anna.
El partido moderado estaba entre el conservador que era fanático, resueltamente clerical, enemigo de las ideas democráticas, y hasta monarquista, y el liberal puro que pedía una Constitución fundada en la soberanía popular, gobierno federado, supremacía del poder civil sobre la Iglesia y reforma social. Estos dos partidos, de principios netos y firmes, ocupaban dos líneas, mientras el moderado llenaba la ancha zona que dejaban aquéllos entre sí; no tenía ni podía tener un credo, y esto le impedía tener un programa; no sabiendo qué debía sostener, se conformaba con huir de ambos extremos, buscando un medio prudente que cada uno de sus hombres se señalaba a su gusto en la lucha de sus temores religiosos con sus inclinaciones liberales. En realidad, este partido, si así pudo llamarse, era la acumulación de los timoratos que llevaban en la conciencia por atavismo y por tradición el escrúpulo religioso como tirano y como verdugo, dominando sobre ideas nuevas que ellos no podían desechar y sobre aspiraciones adquiridas en el medio ambiente que no querían vencer; producto del período evolutivo, debían desaparecer al concluir la evolución, absorbidos por los otros dos, y entonces cada hombre cedió por el lado más débil, y pasó resueltamente al extremo a que más se inclinaba. Pero durante la evolución, era el moderado el partido más numeroso, por razón natural, y dio el mayor contingente para triunfar de Santa Anna; el Congreso de 56, hijo y expresión del movimiento de Ayutla, demuestra la supremacía del partido moderado en la revolución.
La revolución de Ayutla no fue liberal, pero tuvo a todos los liberales de su parte; en tanto que el Gobierno no tuvo de la suya a todos los conservadores, aunque haya contado con el partido conservador. La revolución fue de reacción liberal por esto mismo; empeñado el partido conservador en sostener la dictadura de Santa Anna, que fue su obra, que fue la experiencia del país en el gobierno de los conservadores, luchó por él cuando todos los pueblos estaban en contra, hizo causa común con el despotismo e inclinó así todas las voluntades en el sentido de la reacción natural, en favor de todas las libertades que pedía el partido más avanzado. Las simpatías populares se imponían a los moderados para obligarlos a marchar adelante, so pena de confesar la vergüenza de ser conservadores y enemigos de la emancipación social, y por esto se les ve hacer concesiones en el Congreso, ante una minoría progresista; es decir; de liberales puros, que los arrastran muchas veces, y los obligan a votar principios que ellos repugnan.
Cuando la victoria se obtuvo, desapareció la causa común, y a los ojos de moderados y progresistas, no quedaron sino sus diferencias, que habían de ser antagonismos. El Presidente Comonfort resultó moderado; la inconsciencia revolucionaria había hecho pasar a sus manos el poder que tenía en las suyas el grupo progresista con el general Álvarez. Comonfort y su gabinete vieron con malos ojos el proyecto de Constitución en que habían dominado las ideas avanzadas de Arriaga, Mata, Guzmán, y el grupo progresista no mostró desde las primeras sesiones sino desconfianzas y recelos respecto a un Gobierno que presentía hostil a las ideas de reforma radical que él intentaba. El partido conservador, aprovechando estas discordias que llevaban por todas partes el malestar de la incertidumbre, movió revoluciones que fueron sofocadas; pero que, de todos modos, debilitaron el prestigio del partido liberal y de la Constitución que iba a expedir.
Cuando la obra del Constituyente se terminó, tenía enemigos por todas partes, y casi ningún partidario. El grupo progresista que la había arrancado al voto del Congreso, la sostenía con amor por lo que en favor de las libertades había logrado escribir en ella; pero la veía incompleta por las concesiones que él tuvo que hacer para alcanzarlas. Los moderados la habían votado con repugnancia, el Presidente la tenía por incapaz de servir para un buen gobierno, y la juzgaba contraria al sentimiento de la Nación. Para los pueblos cansados de promesas, de congresos constituyentes y de constituciones sin aplicación, ¿qué podía significar la nueva? Toda la historia de las instituciones nacionales, vivida por la generación de 57, se levantaba en su memoria para inclinarlos a recibir aquella promesa de regeneración por lo menos con indiferencia y escepticismo.
Una constitución sin prestigio era inútil; su destino era ir a aumentar el montón de constituciones hacinadas en los archivos del Congreso; para prestigiarla habría sido necesario envejecerla en la observancia estricta, basando en ella la pacificación del país y el establecimiento del orden; mas esto era precisamente lo que no había de lograrse. Parecía, pues, imposible la solución de aquel círculo vicioso, cuando los hechos encaminados a destruir la nueva ley vinieron a darle el prestigio y la fuerza que de otra suerte no habría alcanzado.
El Plan de Tacubaya, iniciado por Zuloaga con la división de su mando, y aceptado de antemano por Comonfort, desconoció la Constitución y confirió a éste de nuevo la dictadura, mientras se convocaba un noveno Congreso Constituyente para formar la quinta ley fundamental. Tránsfuga del partido conservador, Zuloaga traicionaba al partido liberal en cuyas filas combatiera, para traicionar pocos días después al mismo Comonfort y ponerse él mismo a la cabeza del Gobierno y servir a las miras de los conservadores. La coalición de los Estados recogió la Constitución, teniendo a Juárez como sucesor legal del Presidente que había renunciado sus títulos en el golpe de Estado, y entonces comenzó la lucha de los partidos extremos en una revolución, no ya para derribar a un hombre, como la de Ayutla, sino para hacer prevalecer principios y dominar o destruir los obstáculos que a ellos se opusieran.
Esta guerra interior era una necesidad fatal, porque resumía todos los problemas creados por las fuerzas tradicionalistas de una parte, y el desenvolvimiento social por otra; aquéllos que nunca ceden ni evolucionan, éste que es inevitable como todas las leyes de la naturaleza, Comonfort, segundo jefe de una revolución, y el espíritu menos revolucionario que pueda darse, quizá hubiera podido abreviar la guerra civil sosteniendo la Constitución de 57; pero no la habría evitado. Juárez, con todas las condiciones de gran demoledor y de gran revolucionario, no sólo sostuvo la lucha, sino que la extremó, avanzando en sus leyes, sobre la Constitución, todos los principios del credo liberal, para hacer de una vez toda la reforma y dejar que en esa sola lucha pasaran sobre la Nación todos los dolores que no por diferirse habrían de minorarse.
Esta revolución de tres años, fue, no sólo impersonal y de principio, sino popular y obra del pueblo mismo, del cual salían los soldados para las filas y los generales para el mando; las ideas, partiendo al principio de las capas superiores de la sociedad, descendieron por lo menos hasta un nivel que no habían alcanzado ni con mucho las mil revoluciones precedentes. Triunfante la facción constitucionalista, con todos sus principios íntegros, por la negativa de Juárez a toda transacción, hubo de renovarse la lucha con motivo de la invasión francesa que se apoyaba en el partido conservador; entonces la idea liberal se fundió con la idea de la patria, que es mucho más accesible al pueblo. La representación material de la sumisión de la patria, hecha en la persona de un monarca extranjero, de nombre exótico y de fisonomía extraña, traía a las capas inferiores del pueblo la concepción clara de la tradición unida al partido conservador y la de la independencia nacional hermanada con el partido avanzado.
La lucha reformista no concluyó sino con el triunfo de la República en 1867. En realidad había durado nueve años. Juárez fue durante todo ese período el Presidente emanado de la Constitución, y la Constitución había sido la causa de la lucha y la bandera del partido liberal. Cuando Juárez volvió a la capital de la República, vencido sin condiciones el partido conservador, derribado el imperio y aniquilada para siempre la idea monarquista, la Constitución era un ídolo porque era un emblema; traía la pureza de lo inviolado, la santidad que le daban todos los martirios, la virtud de los sacrificios que la habían consagrado, y sobre todo la majestad y la fiereza de la victoria.
La Constitución estaba salvada y no correría la suerte de las anteriores. Su prestigio era inmenso; pero no se había aplicado todavía. Se la amaba como símbolo; pero como ley era desconocida de todos.
CAPÍTULO III
Formación y trabajos del constituyente
La dictadura de Santa Anna, que exasperó y lastimó tanto a todos los hombres que tenían que ver en la cosa pública, excepción hecha de los conservadores que le servían, produjo el buen efecto de hacer avanzar a los moderados en sus ideas de libertad y de emancipación de conciencia; el período revolucionario fue también favorable a ese progreso. La revolución no prometía la reforma social que los liberales avanzados pretendían; lejos de eso, el Plan de Ayutla sólo tenía en su programa el establecimiento de instituciones republicanas, de que el partido conservador no se había atrevido aún a renegar en el suyo; la reforma de Acapulco cambió la expresión declarando que las instituciones liberales eran las únicas que convenían al país, y al señalar las aspiraciones monarquistas del partido que sostenía al dictador, se conformó con lanzarle este cargo y con designarlo por su situación política; pero se abstuvo de llamarlo por su nombre. Los autores del movimiento parecían querer excusar todo ataque directo y franco al partido conservador, que era el partido del clero, no tanto porque creyeran posible atraerse a los conservadores separados de Santa Anna, cuando por temor de enajenarse voluntades, si el credo liberal se ponía en pugna con el credo de la Iglesia.
Esto era precisamente lo que caracterizaba el temperamento moderado. Toda acción estaba subordinada a la prudencia. La revolución, valiente y arrojada para embestir a un gobierno fuerte por las armas, resultaba tímida para atacar al partido que lo sostenía. Los mismos liberales avanzados parecían desconfiar del sentimiento de las mayorías en la Nación y temerosos de perder prestigio y retraer parciales si descubrían su intento, exponiendo toda la extensión de sus principios; pero la fuerza de la reacción contra un despotismo odioso que se apoyó siempre en el partido conservador, favoreció la tendencia hacia las ideas progresistas; los liberales puros se pusieron al servicio del movimiento revolucionario conquistando las simpatías populares, y como sucede siempre, las victorias de los rebeldes enardecieron el entusiasmo y exaltaron de día en día la audacia de sus principios en odio a los profesados por el bando enemigo.
De aquí que, cuando la revolución triunfó, los moderados, aunque sin dejar de serlo, hubiesen adelantado algo en el sentido liberal con respecto a las ideas que los dominaban en 1847. Sin embargo, no debieron de ver con buenos ojos que al ser nombrado Presidente interino el General Álvarez, eligiese éste por ministros a hombres como Ocampo y Juárez, que aseguraban un gobierno de radicales reformas; se los culpó entonces de no ser extraños a las dificultades levantadas al jefe de la revolución, ni aun al movimiento subversivo que se inició en Guanajuato para obligar a aquél a abandonar la Presidencia, y seguramente recibieron con satisfacción el nombramiento que Álvarez hizo en favor de Comonfort como Presidente sustituto, pues no eran desconocidas las tendencias conciliadoras de éste.
Para cumplir la promesa de Ayutla, Álvarez había expedido la convocatoria para elecciones del nuevo Congreso Constituyente que debía reunirse en el pueblo de Dolores en que se proclamó la independencia; simplicidad patriótica tan propia de la exaltación y de la puerilidad de los iniciadores de un régimen de libertades. Comonfort, que tenía que habérselas con las dificultades prácticas de la nueva organización, dejó después a un lado los sentimentalismos históricos y decretó que el Congreso se reuniría en la capital.
El sistema electoral establecido por la convocatoria era nada menos que el mismo de la Constitución centralista de 43, hecha ex profesamente para dar a Santa Anna el mayor poder que fuera posible. Los ciudadanos harían en las asambleas primarias la designación de electores primarios; reunidos éstos en las cabeceras de partido, nombrarían electores secundarios, y al fin éstos, constituyendo un colegio electoral en la capital de su Estado, debían elegir a todos los diputados que al Estado correspondiesen según su censo. Tal sistema, ideado por el poder absoluto, y perfectamente adaptado a su objeto, fue el escogido para iniciar la época de las libertades públicas, y ya se comprende que si en cualquier país culto hubiera imposibilitado la manifestación de la voluntad del pueblo, en México imponía a los gobiernos locales aún la necesidad de suplantarla.
No debe de haber tenido gran parte en la designación de candidatos el gobierno central, tanto porque a raíz de cada revolución los gobernadores han obrado con poca sumisión al centro, como porque él, Comonfort, recién llegado al poder, no inspiraba ni gran adhesión ni mucho respeto. Fueron los gobiernos locales los que designaron a los nuevos legisladores, aunque haya sido con la libertad restringida por los compromisos emanados de la revolución y las conveniencias de la política de partido.
Si pudiera caber duda de que los colegios electorales no obraron por propia inspiración, bastaría recorrer la lista de los diputados constituyentes para desecharla. Entre los efectos antidemocráticos del sistema establecido por la convocatoria, estaba el de que un sólo colegio electoral nombraba todos los representantes de un Estado, lo que excluía la más remota posibilidad de la representación de las minorías en una entidad federal. Organizada una mayoría de electores, ella triunfaría necesariamente en toda la elección, lo que debía dar una diputación uniforme para cada Estado; pues bien, esto no resultó así: el mismo colegio elige a Gómez Farías, Arriaga, Ocampo y Prieto del grupo liberal más avanzado, y a Arizcorreta y Romero Díaz que son moderados de la extrema conservadora; el colegio que nombra al exaltado Gamboa, nombra también a Escudero y Echánove; otro elige juntamente a Castañeda y a Zarco, y en general puede decirse que no hay Estado que no lleve en su diputación hombres de principios disímiles y aún antagónicos.
No se explica esta inconsecuencia por transacciones de colegio electoral, porque las mayorías que triunfan no transigen nunca con las minorías impotentes; esto lo que significa es que la política de conciliación entre las fracciones liberales era una tendencia general en el país y que los gobernadores la seguían al designar diputados al Congreso. Aun los más avanzados cedían a la necesidad del momento y renunciaban al triunfo definitivo de la reforma o preferían ponerla en peligro, antes que romper resueltamente con el numeroso partido moderado. Desconfiaron del sentimiento progresista de la Nación y temieron no contar con los pueblos para llevar adelante la revolución comenzada, o retrocedieron ante la perspectiva de una lucha que había de ensangrentar al país, cuando la facción conservadora no perdía aún la esperanza de recobrar el poder a viva fuerza. El hecho es que en casi todas las diputaciones se confundían las opiniones extremas, que las listas fueron obra de los gobernadores y sus amigos, y que del espíritu conciliador no escapó el mismo Juárez, que puso entre los diputados oaxaqueños a don Pedro Escudero y Echánove, cuyo moderatismo estaba sobre un fondo conservador y que era desconocido en Oaxaca.
El Congreso Constituyente inauguró sus labores el 18 de Febrero de 1856, día fijado por la convocatoria, reuniéndose apenas los representantes necesarios para el quórum. No obstante ser aquella asamblea el producto de una revolución y el cumplimiento de su principal compromiso, parecía que en el conjunto de los elegidos la tibieza y la desconfianza habían tomado el lugar que las circunstancias prometían al entusiasmo y a la audacia. De ciento cincuenta y cinco diputados electos, sólo hubo en las primeras sesiones unos ochenta; muchos fueron los que no se presentaron jamás ni se movieron de su provincia, algunos estaban o se declararon enfermos y aún hubo renuncias en forma del honroso cargo. Es probable que en la sesión en que se votó el artículo sobre libertad religiosa, hayan estado todos los diputados que asistieron al Congreso con poquísimas excepciones (así lo hace entender Zarco) y en aquella sesión memorable no hubo más que ciento diez representantes.
No es despreciable este dato para juzgar del estado de espíritu de los hombres que jugaban en la política de la época: un veinte por ciento de los elegidos no se presentó en el Congreso llamado a organizar a la Nación; es decir, llamado a la obra patriótica por excelencia, a raíz de acontecimientos y después de una dictadura execrables, que habían hecho de relieve la necesidad de un remedio a los males que los pueblos habían sufrido durante tantos años. Quizá pueda explicarse aquella abstención por la falta de fe y por el desaliento; pero la falta de fe suele no ser sino una forma de la falta de patriotismo.
Al comenzar el Congreso sus sesiones, se comprende que las diferencias de opinión, aunque se presintieran, no alimentaban celos ni inspiraban temores.
La elección de Arriaga como presidente fue unánime en el primer escrutinio, y su nombre fue vitoreado al concluir la sesión de apertura. El título común de liberales daba a todos los representantes un motivo de unión, que no tuvo en los primeros días causa que la rompiera, y el presidente progresista pudo predominar en la asamblea, como él mismo lo dijo más tarde, en la grave sesión del 4 de Septiembre. Él designó a los miembros que debían formar la comisión de Constitución, y era tal el sentimiento conciliador de todos, que el mismo Arriaga, cediendo a él, incluyó en la lista de siete, cuatro que en Septiembre no estaban dispuestos a sostener el proyecto contra los partidarios del establecimiento de la Constitución de 1824. Tenía, pues, una mayoría de moderados, así lo debió de entender, cuando al día siguiente hizo agregar dos miembros más y eligió entonces a dos progresistas avanzados: Ocampo y Castillo Velasco. En cuanto a los suplentes, fueron también designados con tendencias de compensación recíproca: Mata, que tocó siempre los principios más liberales, y Cortés Esparza, que en varias ocasiones retrocedió hasta las filas moderadas más llenas de prudencia.
El espíritu de fraternidad y de concordia prevalece con tendencia a la exageración entre los hombres de una revolución que derroca un gobierno despótico; Arriaga pudo predominar con el grupo progresista en el Constituyente; pero prefirió los medios conciliadores, y en vez de ir a la reforma, arrastrando a los moderados, cedió para obtener, abrió las puertas a todas las opiniones para no romper con ellas. Esto sirvió para alentarlas; los tímidos, no obligados a marchar por una vía forzosa, se sintieron en libertad para tomar la que cuadraba mejor con su debilidad, y de secuaces que pudieron ser se convirtieron en votos para formar en las ocasiones más difíciles la mayoría que malogró las reformas y puso en peligro la obra del Congreso.
Como la obra de 57 fue después la bandera de una revolución reformista y se integró en el sentido del progreso por las leyes de Juárez, tomó en la conciencia pública las proporciones de una obra eminentemente liberal. De aquí fue muy fácil pasar a la inferencia de que la obra se debió a una asamblea de liberales, y la inconsciencia popular llegó por último a tener por dogma indiscutible, que cada uno de los diputados al Congreso Constituyente fue un liberal acabado y un patriota insigne. La repetición de estas afirmaciones sin verdad ni justicia, de que se encargaron después los oradores de cada 5 de Febrero en cada lugar de la República, hizo de ellas un principio fundamental del patriotismo y de la vanidad de todo ciudadano que de tal se precie, al punto de que hubo de pasar con sus respetos a la prensa más culta y aun a la tribuna del Parlamento, en donde no es raro que se invoquen en nombre de la fe patriótica cuando hay que excusarse de razonar o cuando se necesita exaltar y atraer el entusiasmo de las galerías.
No pensaron así los hombres más prominentes y verdaderos patriotas del Congreso; ya veremos cómo juzgaban a un grupo de sus colegas los diputados como Arriaga, Zarco, Mata y otros, echándoles en cara su conducta; pero comencemos por seguir a la asamblea en sus labores.
A los diez días de inauguradas, se consagró toda una sesión (la del primero de Marzo) a discutir una proposición de don Melchor Ocampo que proveía como remedio contra los faltistas la publicación de los nombres de los ausentes. Después de una larga discusión, la proposición fue aprobada, y sin embargo, faltó el quórum para lo que, a la hora de cita, estuviesen presentes, y los de ocho sesiones en el mismo mes, además de haberse éstas suspendido durante la Semana Santa. En Abril, Arriaga, informando sobre los trabajos de la Comisión de Constitución decía: “Todo estímulo que no sea el patriotismo y el cumplimiento del deber ha de ser ineficaz como lo ha demostrado la experiencia con la lista de doce y la publicación de los nombres de los faltistas”, a pesar de lo cual solía no haber sesión por falta de número. [1]
El hecho se repitió con triste frecuencia durante el año de duración del Congreso, y varias veces se presentaron proposiciones en que se buscaba un remedio eficaz a aquella falta que no podía tener más correctivo que el patriotismo de cada diputado, según la frase de Arriaga. También se propusieron medios casi igualmente ineficaces para hacer llegar a la capital a los elegidos que se negaban a abandonar sus provincias, y sin adelantar cosa en el número de concurrentes, veían los asiduos en el trabajo cómo se acercaba la fecha señalada para la clausura del Congreso y cómo la falta de interés patriótico de muchos de sus miembros podía dejar incompleta la obra en que se fundaba la salvación de la República.
El 28 de enero, cuando sólo faltaban algunos días para que concluyese el año que la ley daba al Congreso para ejercer sus poderes, treinta diputados pidieron que la asamblea se declarara en sesión permanente. Quedaban todavía varios artículos por discutir de los que la Comisión había retirado durante los debates para presentarlos de nuevo; había que ver la minuta de la Comisión de estilo; no había tiempo bastante para concluir la obra, sino trabajando mal y de prisa; cincuenta y. seis diputados que veían el peligro suscitaban un compromiso de honor para permanecer reunidos hasta terminar la Constitución; pero se necesitaban setenta y nueve para el quórum. Hubo en la discusión frases duras: “Los negocios públicos, decía Mata, se ven con abandono; falta por desgracia la conciencia del deber. No se exige a los diputados un gran sacrificio; permanecer en el salón diez o doce horas, y esto no es nada cuando hay quienes pierdan el tiempo en los teatros y en otras diversiones. Nadie puede negar que la situación es grave y que se conspira abiertamente por dejar al país sin Constitución y por suscitar desconfianzas en el partido liberal.” [2]
La proposición fue adoptada; pero a las seis de esa misma tarde la sesión hubo de suspenderse porque varios diputados se habían retirado y faltaba número. La sesión debió continuar a las siete; sin embargo, a las nueve y media no era posible reanudarla porque faltaban representantes; entre los ausentes se encontraban algunos de los treinta que pidieron la sesión permanente. Mata pide que la sesión no se disuelva y que una comisión vaya a los teatros a buscar diputados, porque “cuando falta la conciencia del deber, cuando se trata de hombres sin honor, es preciso recurrir a medidas extremas.” La comisión vuelve después de una hora e informa que en un teatro encontró siete diputados, de los cuales sólo dos han ofrecido asistir a la sesión. Pero la reunión se disuelve a las once y media de la noche, convencida de que es inútil esperar más.
Al día siguiente la sesión citada para las diez de la mañana, no comienza sino a la una y media de la tarde; pero hay que suspenderla un momento después porque se han ausentado diez miembros; se continúa más tarde con setenta y nueve asistentes; es decir, con el número estrictamente necesario. La sesión debe continuar a las siete de la noche: a las nueve y media sólo hay setenta y ocho diputados; falta uno para que pueda haber sesión, y la reunión delibera.
“El señor Zarco excita a la mesa a que ejerza sus facultades para hacer efectivo el acuerdo del Congreso. Lo que está pasando es ridículo y vergonzoso: se dice que las circunstancias son muy apremiantes y los representantes del pueblo emplean el tiempo en contarse unos a otros, y cuando hay quórum, hay quienes desaparecen como si estuvieran jugando a escondidillas y entre éstos hay algunos de los que pidieron la sesión permanente. Si no se quiere engañar al pueblo, si se reprueba tanta falta de vergüenza...” [3]
A indicación del Presidente, el mismo Zarco presenta una proposición autorizando a la mesa para dictar las medidas que juzgue convenientes para cumplir el acuerdo sobre sesión permanente “como compeler a los ausentes o declararlos indignos de la confianza pública.” Guzmán, que preside, declara que prefiere pasar por débil antes que herir a los descuidados en el cumplimiento de su deber, porque son precisamente los más susceptibles. Prieto teme que las medidas de rigor imposibiliten la reunión de la Cámara y aconseja una conducta prudente para no aumentar el ridículo de la situación. Moreno dice que “cuando faltan virtudes en los hijos de una República, es preciso perder toda esperanza de salvación.” Mata tiene las frases más duras para sus colegas: “Si en todo esto hay infamia, vergüenza y humillación, no es para el sistema representativo, no es para la mayoría de los diputados, sino para los pocos que faltan a su deber, para los que se fingen enfermos para ir al teatro. Cuando falta el honor, cuando falta la vergüenza, no hay que andar con miramientos: se debe al país la verdad, y es preciso apellidar traidores a los que quieren dejar al país sin Constitución.” Aguado, dice que “no hay que esquivar las medidas de rigor ni que pensar en el honor de hombres que no lo conocen.” Zarco confirma estas palabras así: “De buena gana quisiera abrigar la esperanza de que se pueda recurrir al honor y al patriotismo de los faltistas; pero hace un año que se les busca honor y patriotismo y no se les encuentra.” Para Villalobos, “los que faltan ultrajan al país, insultan a la soberanía nacional y son indignos de todo miramiento.”
Al fin, se aprueba de la proposición la parte que autoriza a la mesa para compeler a los ausentes; pero se reprueba la que los declara indignos de la confianza pública. A las doce de la noche se disuelve la reunión y se cita para las diez de la mañana siguiente. Y al día siguiente, a la una, faltaban tres diputados para completar el número...
Nos referimos de un modo especial a la sesión permanente, por la gravedad de la situación y para copiar las frases que entonces se prodigaron al calificar la conducta de los faltistas; mas no fue ésta una ocasión excepcional: repetidas veces se trató en la Cámara de hacer concurrir con regularidad a los diputados, y ya se ve que concluían las sesiones sin obtenerlo.
No es admisible la suposición de algunos de los oradores de que la falta de asistencia fuese un sistema de obstrucción intencionado, puesto que entre los faltistas figuraban algunos de los que subscribían la proposición que dio origen a la sesión permanente. Tampoco se dio gran crédito a la insinuación maliciosa de que el Gobierno se proponía frustrar la obra del Constituyente, porque la desaprobaba, ordenando a los diputados que desempeñaban empleos que no asistieran a las sesiones; el mismo Zarco reconoció que había entre ellos algunos que concurrían con puntualidad, cuando acababa de liquidar el patriotismo del Congreso en esta dura expresión: “lo que pasa demuestra que el pueblo no acertó a encontrar setenta y nueve personas que tuvieran la conciencia del deber.” Y en verdad que esta frase sólo tuvo de injusta el no tomar en cuenta a los diputados que estaban ausentes de ¡a capital por causa de un servicio público de importancia.
Algunos de los que más crudamente calificaron a los faltistas, para salvar al Congreso hacían sus ataques a los pocos que ocasionaban el atraso de las labores. La verdad es que eran por lo menos setenta y nueve de los elegidos los que faltaban cuando no había número; y aun ciñendo la cuenta a los que estaban en la capital, no debían llamarse pocos, si fueron ciento diez para la sesión que reprobó el artículo sobre libertad religiosa y ciento cinco en la que consistió en tomar en consideración el restablecimiento de la Carta de 1824. Para combatir los principios progresistas siempre había quórum.
Si la escasa asistencia hubiera sido obra de un manejo obstruccionista por parte de Comonfort o de una agrupación política concertada, nada habría impedido la realización del propósito. ¿A qué pues atribuirla? A simple apatía, a ausencia de un ideal intenso, que es el verdadero estímulo de las asambleas, y para convenir en la falta de ese ideal, precisa admitir la razón de las invectivas que hemos copiado, y aún, subiendo muy poco el número de setenta y nueve, aceptar la frase de Zarco que abarcó en conjunto al Congreso elegido en 56.
Así trabajó la memorable asamblea. Vamos a abandonarla momentáneamente, para mostrar cómo trabajó su órgano principal: la comisión encargada del proyecto de ley fundamental.
Ya apuntamos el desacierto de Arriaga al designar a los diputados que habían de constituir la comisión, desacierto que confesó el gran patriota en la angustiosa sesión en que vio rodar toda su obra, derribada por la tenacidad y estrechez de miras de los enemigos y la inconcebible debilidad de algunos de sus correligionarios. La comisión primitiva se componía de siete: Arriata, Olvera, Guzmán, Yáñez, Romero Díaz, Escudero y Echánove y Cardoso. En Septiembre, los cuatro últimos eran considerados por Arriaga como adversarios del proyecto o como indiferentes; Cardoso no concurrió nunca a las deliberaciones ni firmó jamás el proyecto; Escudero lo suscribió con reservas y lo combatió muchas veces; Romero Díaz votó por el restablecimiento de la Constitución de 24, después de firmar el proyecto aunque tarde y de mala gana. En cuanto a Yáñez, abandonó a sus compañeros, y si alguna vez tomó la palabra para defender un artículo, fue sobre materia sin importancia.
Corrigiendo su error, Arriaga hizo agregar dos miembros más, y tuvo cuidado de elegirlos bien: Ocampo y Castillo Velasco. Los suplentes fueron Mata y Cortés Esparza; sus funciones fueron iguales a las de los demás miembros, y en el primero de los dos tuvo Arriaga su más constante auxiliar, y el proyecto su más elocuente y apasionado defensor.
La Comisión invitó con encarecimiento a los diputados todos a que asistieran a sus deliberaciones, y en efecto, muchos concurrieron a ellas. Gamboa, según su propia declaración, no faltaba nunca, y es de creer que no fue el único en tan inconveniente puntualidad. Por proposición de Arriaga, el Congreso acordó manifestar al Ejecutivo que juzgaba indispensable la asistencia a los trabajos de la Comisión, por lo menos uno de los Secretarios del despacho. Ya puede juzgarse de cómo sería el trabajo de invención, de discusión y de adopción de un proyecto, en el conjunto abigarrado de once miembros especiales de la Cámara, uno o más miembros del Gabinete desconcertado con la Asamblea, y de varios diputados que podían renovarse cada día para llevar todo género de ideas, de temperamentos y de preocupaciones.
Si algo requiere indispensablemente unidad de pensamiento y de carácter personal es la obra jurídica; una asamblea puede modificar el detalle, desechar o introducir una modalidad; pero sobre el conjunto, que obedece a la idea madre que le da la unidad y armonía, no puede tener más que un voto de general aprobación o de reprobación absoluta. Esto por lo que atañe a la obra; por lo que mira a la tarea, su dificultad está en razón directa del número de personas que a ella se ponen. Ramos Arizpe pidió tres días para hacer el Acta Constitutiva de 1824; Randolph necesitó cuatro para la creación de una forma de gobierno en el Plan de Virginia, bastante inmortal de la Constitución americana; treinta y dos días ocupó la comisión de cinco miembros para redactar la misma Constitución. Cuatro meses hubo menester la comisión de 56 para presentar el proyecto de la nuestra.
He aquí en breves palabras la labor de la Convención americana. Comenzó su trabajo el 25 de Mayo de 1787, a puerta cerrada, sin duda porque no creyó como nosotros que la concurrencia de las galerías sea el pueblo. El 29 Randolph presentó en quince resoluciones las bases de la organización nacional, estableciendo en ellas con admirable sabiduría los grandes lineamientos del sistema federativo, la división clara de poderes, el derecho electoral, la representación y carácter de los Estados y el procedimiento de las reformas constitucionales. Frente a este llamado Plan de Virginia, se presentó el Plan de Jersey por Patterson, que proponía sólo modificaciones a la Confederación existente; Pinckney propuso bases de gobierno federal. El 19 de Junio, la Convención aceptó al debate el Plan de Virginia, y después de discutirlo hasta el 4 de Julio, lo pasó a una comisión de cinco miembros que debía redactar el proyecto de ley suprema. Éste llegó a la Cámara el 6 de Agosto, los diputados lo discutieron hasta el 8 de Septiembre, resolviendo cuestiones gravísimas, pasó a una comisión de estilo, que despachó su tarea concienzudamente en tres días, y la Constitución fue firmada el 17 del mismo mes. En total la Convención no gastó cuatro meses para su obra; algo menos de lo que la Comisión mexicana empleó en formar un proyecto.
No podía ser de otro modo, dada la organización de los trabajos y las personas que en ellos intervenían. “Los trabajos seguían a mediados de Abril lenta y dificultosamente, ya por su propia naturaleza, ya porque en esos días algunos miembros de la Comisión habían estado enfermos y otros ocupados en asuntos urgentes del servicio.” “La Comisión se había consagrado a sus tareas con actividad y celo, llevando actas de sus reuniones, redactando cuantos discursos se pronunciaban (no había taquígrafos), y tomando apuntes de todo lo que podía después ilustrar al Congreso.” “Muchas veces después del trabajo de muchas horas para redactar un artículo cuando se creía haber acertado, ocurrían nuevas observaciones que hacían comenzar de nuevo porque se descubría algún error.” (Arriaga) [4]
De cierto que no hubo exageración ninguna de estas palabras; porque nada hay más ocasionado a tropiezos que la concepción colectiva de un pensamiento ni más difícil que reducirlo a palabras entre veinte personas; y la dificultad toca en lo imposible si hay entre los veinte un Mata junto a un Romero Díaz, un Gamboa reformista sin miedo ni transacciones y un Escudero y Echánove que ha de ser más tarde ministro del Emperador. El espíritu de concordia que llamó al seno de la Comisión a hombres de credos contrarios, lleva a la discordia más llena de obstáculos y a la incoherencia de los preceptos producto de las concesiones mutuas. A fines de Abril, “Los puntos principales están ya convenidos. Ha habido grandes dificultades al tratarse de los artículos relativos a materias religiosas; a la organización política del delito y al deslinde de la facultad legislativa.” (Arriaga.)
El dictamen dice en la parte expositiva: “Después de repetidas y prolongadas discusiones, nunca llegamos a quedar del todo satisfechos del plan adoptado para formular los principios constitucionales, y mucho menos cuando una fracción respetable de la comisión se nos separó desde el principio de nuestros trabajos y no ha tenido a bien asistir sino a muy pocas de nuestras laboriosas y dilatadas conferencias.” Y sigue diciendo que los miembros de la Comisión se vieron obligados a trabajar con premura, para satisfacer la ansiedad pública y libertar al país de la zozobra en que la dilación lo ponía, temeroso de caer otra vez en el desorden o bajo el despotismo si no venía la nueva organización a conjurar los peligros.
Y estos peligros eran ciertos y bien los patentizaban las insurrecciones de cuartel que tuvo Comonfort la fortuna de vencer varias veces. Cierto era que había ansiedad, y que en la nueva Constitución se fundaban las esperanzas de paz y de orden que no se confiaban a un gobierno provisional y transitorio sin más origen legal que un plan revolucionario. Y en medio de esta situación apremiante, la Comisión llamaba premura a la actividad que forjara un proyecto en cuatro meses. Olvera desde muy temprano había declarado que la obra de la Constitución bien debía consumir dos años, y presentó proposición formal para que las sesiones se prorrogasen por seis meses; y a pesar de los cuatro gastados en el proyecto, Guzmán confesó, al ver objetado el artículo 3o., que los primeros artículos del proyecto no habían sido detalladamente discutidos por la Comisión, y que se habían presentado como estaban por no retardar la presentación del dictamen; añadió que le era penoso tener que defender aquellos artículos.
A esta declaración singular aludía Zarco cuando en la discusión del artículo 5o. decía: “Después de las revelaciones que nos ha hecho la Comisión, todo esto no me sorprende. Los artículos que estamos examinando han sido escritos con precipitación, no han sido discutidos, ni perfeccionados, y a pesar de las firmas, en realidad no tenemos dictamen de comisión, sino opiniones de un solo diputado.” Guzmán reincidió en la infidelidad, conferenció con algunos miembros de la comisión y añadió que ésta deseaba retirar todo el título de los Derechos del Hombre; se opuso Arriaga, y reunidos en conferencia los ocho miembros presentes, resultó que cuatro estaban por retirar todo aquel título, que a pesar de tenerse por el más trascendental del proyecto, se había hecho de prisa y sin cuidado. Las frases de Zarco se confirmaban poco después por el presidente de la comisión, que decía esperaba que el artículo 13 “encontrara apoyo de parte de algunos diputados, siquiera de los que eran miembros de la comisión; pero fallida esta esperanza...”
Arriaga reportaba las consecuencias de su mala elección; no sólo le faltó la voz de algunos de sus compañeros, sino hasta sus votos, que no tuvieron empacho en dar en ocasiones contra lo que ellos mismos propusieran bajo su firma. Yáñez y Cortés Esparza, votaron contra el artículo 15 (libertad religiosa), siendo que habían suscrito sin reservas el proyecto; Romero Díaz en medio de la risa de los representantes, votó contra el proyecto entero en la sesión de 4 de Septiembre. Los moderados de la comisión, según las palabras de Arriaga, “vieron con indiferencia la Constitución del país. Algunos señores apenas concurrieron; hubo uno que no asistió a una sola discusión; uno asistió una sola vez.”
En la sesión del 13 de Agosto, Prieto propuso el nombramiento de suplentes para integrar la Comisión. Para apoyarla manifestó que “el señor Cardoso ni siquiera ha firmado el proyecto;” que “los señores Escudero y Echánove y Romero Díaz, lo suscriben, excepto en algunos puntos que no explican y ni una sola vez han hablado en nombre de la comisión; que el señor Yáñez no asiste a las sesiones; que el señor Guzmán falta hace algunos días y que, por tanto, el hecho es que no hay comisión.” Arriaga, en el desaliento que le producían la negligencia de algunos de sus compañeros, la apatía de los que imposibilitaban las sesiones con sus faltas de asistencia, y la repugnancia de la mayoría por los principios avanzados, llegó a ser injusto con sus mejores auxiliares. Mata estuvo siempre a su lado, prestándole el concurso de su palabra elocuente, de su actividad en la labor y de su energía sin flaquezas, y trabajó de tal modo, que más de una vez superó en eficiencia y en vigor al mismo Arriaga. Castillo Velasco no desertó nunca y fue fiel en la defensa del proyecto; Guzmán trabajó con fe y patriotismo; Olvera colaboró empeñosamente, salvo en los puntos que comprendía su voto particular; Ocampo puso al servicio de la Constitución su alta intelectualidad, cuando pudo asistir a las sesiones. Pero el desaliento del noble presidente se justifica porque estos mismos, si se exceptúa a Mata y Castillo Velasco, ya por ausencia, por flaqueza o por inconformidad de ideas, hubieron de abandonarle alguna vez en la lucha.
Pero nada más singular en la obra de la Constitución, ni más demostrativo de que aquel congreso encontró la manera de hacer en un año una obra precipitada, que la corrección de estilo. Con mucha anticipación, desde el 10 de Noviembre, se nombró la comisión que debía encargarse de esa tarea, y que se compuso de Ocampo, Guzmán y Ruiz. El 26 de Enero, Guzmán, único miembro presente, anunció que la minuta estaba formada; pero que faltaban los artículos pendientes aún de discusión, y aunque se propuso por Cortés Esparza que se imprimiese para distribuir ejemplares entre los representantes, el Congreso reprobó la proposición, porque la obra no estaba concluida. Cinco días después, Guzmán presentó la minuta completa, Cortés Esparza volvió a proponer su impresión “para que todos los diputados pudieran examinarla detenidamente antes de discutirla;” pero los diputados, que llevaban cuatro días de sesión permanente, querían concluir a todo trance y desecharon la juiciosa proposición. Siguió un ligero debate y la minuta fue aprobada en aquella sesión final, que logró reunir ochenta y un diputados (sólo dos más de los indispensables), y que las galerías coronaron vitoreando a la Constitución y al Congreso.
En todo el año no habían dado los representantes un voto tan trascendental con menos ceremonias; faltaban en la minuta y faltan por tanto, en nuestra ley fundamental, una adición, una fracción de un artículo y dos artículos enteros, discutidos, disputados y aprobados por el Congreso.
En la sesión del 20 de Enero de 57 se aprobó una adición al art. 18 (3° de la Constitución), propuesta por el diputado Buenrostro, según la cual se establecían jurados populares para impedir que en la enseñanza se ofendiese a la moral. Fue aprobada y no se conservó en la minuta.
Decía el artículo 99: “Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: 7a. De las (controversias) que versen entre ciudadanos de un mismo Estado por concesiones de diversos Estados.” Aprobada por 49 votos contra 30 en la sesión del 17 de Octubre. Esta fracción fue suprimida en la minuta.
Largamente discutido el artículo 102 del proyecto que determinó los casos y la forma del juicio de amparo, fue retirado por la Comisión, que lo presentó de nuevo en tres artículos con los números 100, 101 y 102; este último fue otra vez motivo de controversia animada, y con una ligera modificación fue aprobado por 65 votos contra 27 en estos términos: “En todos los casos de que hablan los dos artículos anteriores, se procederá con la garantía de un jurado competente compuesto de vecinos del distrito en que se promoviere el juicio. Este jurado se formará y calificará el hecho de la manera que disponga la ley orgánica.” No hay que lamentar la desaparición misteriosa de este precepto: el Constituyente reparó en la minuta con un voto ciego, un error que habría echado a perder su acierto más grande: el juicio de amparo.
El artículo 120 era así: “Los Estados para formar su hacienda particular sólo podrán establecer contribuciones directas. La Federación sólo podrá establecer impuestos indirectos, y formará parte del tesoro federal el producto de la enajenación de terrenos baldíos.” Aprobado por 55 votos contra 24, después de consumir una sesión entera en el debate. La vieja cuestión de clasificación de rentas federales y locales quedó en pie por la omisión de este artículo, lo mismo que el embrollo de los terrenos baldíos. El precepto sería bueno o malo; lo que no tiene duda es que era de grande importancia.
Quizá el balance de estas omisiones resulte favorable para nuestra ley suprema; en tal caso hay que reconocer que la casualidad tiene grandes aciertos para enmendar los desaciertos de los hombres; pero las ventajas obtenidas no valen atenuantes en el juicio de responsabilidad del Congreso Constituyente. [5]
CAPÍTULO IV
Concesiones y derrotas de los progresistas
Cuando sólo se habían puesto a discusión hasta treinta artículos del proyecto y aún faltaban cuatro del título primero, Arriaga, desalentado por el espíritu que demostraba el Congreso y desconfiado ya del buen éxito de su labor, reprochó a la Asamblea el haber desechado “todas las ideas capitales del partido progresista.” Antes había dicho Mata “que después de haber visto al Congreso dar un paso atrás con la primera reforma importante que le propuso la Comisión, le faltaba ya la esperanza de que tuviesen buen éxito las verdaderas reformas democráticas.” Un mes más tarde el noble presidente, acusado de haber debilitado sus energías, decía: “En cuanto a frialdad y desaliento, los siento en verdad, de contemplar tantas ilusiones perdidas, tantas esperanzas desvanecidas; al ver que el proyecto de la Comisión mutilado y batido, apenas sobrevive, sin haber podido hacer triunfar sus ideas capitales.” [6] En cuanto a los enemigos, opinaban del mismo modo: uno de los más enconados predecía la derrota de la Comisión en el juicio político, “lo único que quedaba de las que se llamaban grandes reformas,” haciendo alarde del fracaso del partido progresista. [7]
No hubiera podido imaginar Arriaga y Mata en aquellos días que el Congreso iba a ganarse en el sentimiento popular inconsciente el título de liberal por excelencia, ni la obra el renombre de modelo de instituciones liberales avanzadas. Para ellos, la asamblea, por la fuerza resultante, era una asamblea más conservadora que moderada, y la obra, que en más de un punto importante abandonaron a sus contradictores, quedaba sin los elementos capitales que la habrían hecho digna del partido verdaderamente liberal.
Las frases del presidente de la comisión tenían de exageradas lo que llevaban del calor de la lucha y del desaliento de la derrota en principios capitales; pero eran justificadas. No había rechazado el Congreso todas las ideas fundamentales del partido progresista; pero sí devuelto a la comisión muchos artículos de los que algunos muy importantes no habían de presentarse más a la deliberación, o habrían de volver empobrecidos hasta no valer nada. En definitiva, al concluirse la nueva ley fundamental, las pérdidas de los progresistas no fueron muchas en número; pero sí graves por su trascendencia. Y hay que tener en cuenta que si no llegaron a ser muy numerosas sus derrotas en lo que propusieron en el proyecto, fue porque ya lo habían sido en las concesiones hechas a sus opositores al redactarlo.
Así tenían que proceder en una asamblea en que el espíritu moderado predominaba visiblemente, so pena de perderlo todo si se llegaba a un rompimiento definitivo; y todo se habría perdido si la exigencia liberal hubiera obligado al partido opuesto a unirse y organizarse, pues ésta habría llegado al restablecimiento de la Constitución de 1824 o a la disolución del Congreso, antes que consentir en una Constitución que consagrara los principios avanzados del partido liberal. Así fue como Arriaga y la comisión que presidía, adoptaron, según la declaración de aquél, “muchos pensamientos moderados”, frase que probablemente alude a la manera de formular algunos principios del programa liberal, limitando su alcance y enflaqueciendo su vigor. Los progresistas hablaban con frecuencia en sus discursos de grandes reformas, cuando casi sólo se esbozaban en el proyecto, como la libertad religiosa, en el cual se limitaban a declarar que no se prohibiría el ejercicio de culto alguno, más sin atreverse a romper la liga del Estado y la Iglesia que era el pensamiento de los reformistas. Negaban en el proyecto la coacción civil a los votos religiosos (lo cual nada tenía de nuevo), en tanto que aspiraban en sus principios a abrir las puertas de los monasterios; suprimían el fuero eclesiástico, cuando su propósito era establecer la supremacía completa del poder civil; se contentaba con hacer constitucional la desamortización de los bienes del clero, cuando lo que estaba en sus anhelos era la nacionalización.
No censuramos estas concesiones que eran condición indispensable para evitar el fracaso; las apuntamos precisamente para salvar el error de los que consideran el proyecto de constitución como eminentemente liberal, y para justificar a los progresistas avanzados del cargo que les resulta a los ojos de los que den al proyecto su verdadero valor como reformista.
Por su parte los moderados no podían tampoco extremar la resistencia hasta imposibilitar las concesiones, porque ellos también sabían las consecuencias fatales con que el fracaso del Congreso gravaría su responsabilidad ante la Nación, por el hecho de inutilizar los efectos de la revolución de Ayutla y prolongar indefinidamente la dictadura de Comonfort. Su mayoría en la asamblea les aseguraba el triunfo y ya vamos a ver cómo tuvieron miedo de alcanzarlo en el restablecimiento de la Constitución de 1824. Sin embargo, a pesar del descontento con que se presentaron las reformas liberales, a pesar de que los moderados se veían en el caso de no exigir demasiado y de que tenían empeño en merecer también el nombre de liberales, rechazaron, como decía Arriaga, principios capitales del partido progresista.
El principal fue el de la libertad de cultos que establecía el proyecto en su artículo 15. “No se expedirá, decía, en la República, ninguna ley ni orden de autoridad que prohíba o impida el ejercicio de ningún culto religioso.” Lo demás del precepto aseguraba a la religión católica la protección especial de las leyes que el Congreso debería dar en su favor. De suerte que se limitaba a declarar la tolerancia, que ya de hecho había avanzado mucho, y que las costumbres acabarían por sancionar bien pronto con su sanción irrevocable. Pero en las sociedades es más fácil, en tratándose de conciencia, aceptar el hecho, que declarar el principio, porque nada hay más penoso que sacrificar la hipocresía, y así fue como los más hostiles al artículo se conformaban con pasar en blanco la materia religiosa, acallar en la Constitución el punto de tolerancia y dejar que los hechos la impusieran; pero no podían consentir el escándalo de reconocerla. Una mayoría de quince votos derrotó a la Comisión en un total de ciento diez diputados, después de una discusión en que, con raras excepciones de hombres que no temieron manifestar francamente sus ideas, los reformistas procuraron aparecer católicos, y los moderados hicieron protestas de liberalismo. La conciencia social se encontraba en un modo y todos los credos se estrechaban para poder pasar.
Cuando muy tarde volvió el artículo al debate, llegó en estos términos: “Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y de disciplina externa la intervención que designen las leyes.” Aprobado por ochenta y dos votos contra cuatro, hizo que Zarco dijera: “Tan breve debate, tan considerable mayoría, son la mejor prueba de que no se ha conquistado ningún principio importante. Las relaciones entre la iglesia y el Estado quedaron como antes; es decir, subsisten la lucha y la controversia entre los dos poderes.” En efecto, el artículo, obra de Arriaga, contenía sólo la declaración del patronato del poder civil federal y hasta puede decirse que reconocía el derecho exclusivo de la iglesia católica para existir en México. Las garantías del acusado parecían otro escollo para los progresistas, esas garantías que lo son para la verdad y que en los pueblos cultos constituyen la base de la libertad y de la seguridad de cada persona. Los juristas empedernidos del bando moderado no podían aceptar la amplitud de defensa que se procuraba en el proyecto ni los medios que se proponían para obtener la serenidad de los tallos. El sumario misterioso y secreto, la confesión con cargos a solas, en que la habilidad serena del juez culto debía arrancar la declaración del delito al miserable procesado lleno de temores y de ignorancias, eran condiciones sin las cuales no podían explicarse un juicio criminal correcto ni una sentencia legalmente limpia. El juicio por jurados se desechó tras una discusión en que en vano hicieron esfuerzos los miembros de la comisión, buenos conocedores de esta institución democrática, contra los ataques de los que la repugnaban, que demostraron, sobre todo, desconocerla.
Entendemos que más por falta de estudio y por apego a las instituciones viejas del Derecho, que por defensa de principios, la mayoría hizo todavía algo peor: rechazó el juicio acusatorio que establecía el artículo 27, y que puesto en la Constitución, habría dado al país entero un avance de cincuenta años. Imposible para la mayoría prescindir del clásico juicio inquisitorio en que se dejaba todo el mecanismo de la averiguación y toda la realización de la justicia penal encomendados a la rectitud, clarividencia y severidad del juez, y a la precisión matemática, sabiduría secular y precisión inequívoca de las leyes del enjuiciamiento. Ya no era sólo la desconfianza en el jurado popular, que encontraban absurdo porque sometía a la conciencia de los legos la resolución de cuestiones que ellos suponían técnicas; era la convicción de que la seguridad social quedaría destruida si se quitaba al juez el papel de inquisidor que lo había caracterizado como figura repugnante y odiosa en los siglos anteriores. La institución del Ministerio Público, que dejaba la acusación encomendaba a funcionarios nombrados por el Gobierno, y daba a la administración de justicia un auxiliar tan sometido como el juez a la preocupaciones profesionales, le pareció a la mayoría de diputados un grave peligro para la sociedad, y como si en el artículo primero hubiera declarado que los derechos de la sociedad son la base de las instituciones, votaron contra el juicio acusatorio, que medio siglo después no ha llegado a implantarse en todo el país.
Algo más todavía, para que se juzgue de las ideas del Congreso en punto a las garantías otorgadas a un hombre por el mero hecho de estar sometido a una averiguación criminal. Se cree generalmente que poner grillos o grilletes a un procesado y aun al reo condenado, es una violación constitucional, y nada hay más erróneo, porque ambos instrumentos de seguridad y de tormento fueron expresamente autorizados por la asamblea en la discusión y el voto respecto al que es hoy artículo 22. La comisión, al enumerar las penas y procedimientos que habrían de quedar prohibidos por su barbarie, y que en su mayor parte no habían dejado de estar en uso, comprendió los grillos y la cadena o grillete; en la discusión se alegó la dificultad de asegurar a los presuntos culpables en un país que no tenía cárceles bien construidas, se debatió larga y acaloradamente la cuestión, y al fin el artículo se declaró sin lugar a votar. Volvió más tarde presentado por la Comisión sin modificación ninguna, y entonces, la asamblea dividió el precepto en partes, desechó la que prohibía los grillos y el grillete, aprobando las demás. En este punto el Congreso iba muy a la zaga de las sociedades, pues no obstante esta autorización, los grillos y grilletes quedaban abolidos por la conciencia pública y no volvieron a emplearse (sino como atentado) en ninguna parte.
Mas nada hay en la historia de aquel congreso que mejor caracterice el espíritu y tendencias de sus mayorías, que los hechos que hacen relación con los intentos frustrados de restablecer la Constitución de 1824. Aquella primera ley fundamental encontró desde sus principios las resistencias del partido conservador; fue la bandera de los republicanos que se oponían al establecimiento de un gobierno monárquico, y de los patriotas que resistían al centralismo como sistema que invocaban las tiranías; pero en realidad, ceñida entonces la contienda a la forma de gobierno, el prestigio de la Constitución consistía en su federalismo, cuando menos para la generalidad que siempre es vulgo porque es muchedumbre, y que simplificaba en la idea de federación los elementos de democracia y las condiciones de libertad que no discernía. Los hombres del oficio, pensadores y estudiosos, que son los únicos que analizan las ideas, quisieron en 1847, al establecer la carta de 24, darle algo más que el sistema federativo, y el Acta de Reforma fue la mejor demostración de las deficiencias de la constitución que se restauraba; pero aun con el acta hecha de prisa, en momentos de angustia, cuando tropas extranjeras llegaban casi a los muros de la capital, y hecha por el partido moderado, el conjunto de ley fundamental resultaba sin garantías para las libertades, atrasado para la organización de un pueblo nuevo, y sobre todo sin prestigio ya, porque había sido el juguete de los malos gobiernos y otras veces el pretexto para sustentarlos.
En 1857, la Constitución de 24, a quien por lo asendereada podía contársele en doble el tiempo de servicio y de desastres, no contaba el prestigio por los años como sucede con las constituciones que han organizado pueblos; por el contrario, tanto peor concepto había ganado, cuando más había mal vivido. Restablecerla habría sido renunciar a los frutos de la revolución que había prometido una nueva ley y con ella la esperanza de las reformas sociales y de la regeneración nacional; y si es cierto que la esperanza de regeneración confiada sólo a una ley es una ilusión, también es verdad que la ilusión suele ser la mejor fuerza para mover y conducir a los pueblos.
Por buena que la ley de 24 hubiera sido, el partido liberal tenía que desecharla por desprestigiada y para mantener la promesa de aquella, so pena de producir el fracaso de la revolución; pero por mala que fuera, había de sostenerla el partido conservador, que estaba seguro de que una nueva no sería para él menos mala, y porque precisamente sería a los ojos de ¡os pueblos el fracaso del progresista y el desvanecimiento de todas las ilusiones en él fundadas. Para el partido moderado, la Constitución de 24 era el justo medio deseable; casi era su obra y tenía que encariñarse con ella; pero para ponerse de su parte, tenía, además, y quizá principalmente, la tendencia al equilibrio que le obligaba a cargar por el extremo conservador cuando tendía a prevalecer el extremo liberal.
Al tercer día de abiertas las sesiones del Congreso Constituyente, el diputado Castañeda, hombre de dignos antecedentes, de gran buena fe, de los más respetables y más conservadores de la Cámara, presentó el proyecto de restablecimiento de la Constitución de 1824 como el acta constitutiva y el Acta de Reformas, todo ello sin ninguna modificación. La asamblea, en que durante los primeros días dominaron los progresistas, al decir de Arriaga, no discutió el asunto y rechazó el proyecto negándose a admitirlo a discusión; pero los progresistas debieron de asentir su debilidad en aquel triunfo que se alcanzó por un solo voto de mayoría: cuarenta votos contra treinta y nueve.
El resultado no era para desalentar a la minoría; miembros recién llegados engrosaban su grupo; algunos del opuesto salían de la capital en desempeño de comisiones, sin reparar (faltó el partido de organización y disciplina) en el riesgo que corrían de recibir un golpe de mano. En julio otro diputado de talento y bríos, Arizcorreta, presentó nuevamente el proyecto de restaurar la vieja constitución, con algunas reformas que hicieran admisible la insistencia y viable el propósito. Como miedosa de la publicidad, la asamblea trató el asunto en sesión secreta, y después de dos días de discusión el proyecto fue desechado, según dice Zarco; pero cabe dudar que haya tenido un voto definitivamente adverso, porque en la sesión también secreta de 25 de Agosto, Díaz González presentó proposición para que se diera al proyecto segunda lectura, no hubo diputado que la combatiera, y la mesa, compuesta en su totalidad de progresistas, no hizo nada por su parte para impedirle la entrada. Cincuenta y nueve votos favorecieron a la proposición para ser tomada en consideración desde luego, y sólo hubo cuarenta adversos; pero el reglamento requería dos tercios de votos. La proposición quedó de primera lectura, mas el triunfo de sus mantenedores quedaba sólo aplazado para Septiembre. ¿Cómo se preparó el partido progresista para la lucha desventajosa? Probablemente de ningún modo, porque en la última sesión de Agosto, en que debía nombrarse nuevo presidente de la Cámara, no hubo más que treinta y un votos liberales que se dispersaron entre sus candidatos, en tanto que los enemigos daban compactos sus cincuenta y cuatro cédulas a favor del autor mismo del proyecto de cuya admisión iba a tratarse: Arizcorreta.
No defraudó éste las esperanzas de sus amigos, pues en la sesión secreta de 2 de Septiembre impuso, apoyado en una mayoría favorable, el trámite de segunda lectura de su propio proyecto, llevando la energía hasta la violencia en medio de un debate enconado y escandaloso. Los secretarios de la Cámara, Guzmán, Olvera y Arias, que se resistieron a dar la segunda lectura que Arizcorreta ordenaba, porque éste obraba fuera de sus facultades y contra reglamento, fueron expulsados del salón por el nuevo presidente, y al fin la Cámara, en que, como dijo Prieto, se conspiraba contra el proyecto de Constitución al debate, acordó la segunda lectura del que restablecía la de 1824.
Ninguna discusión tan importante como la que hubo para admitir a discusión el proyecto de Arizcorreta. “Bajo la apariencia de un mero trámite se jugaba una gran cuestión política”, había dicho un diputado; “se trataba de la vida o muerte de la República, y de levantar la enseña que habían invocado los reaccionarios”, según frases de Arriaga.
La discusión se preparó desde la víspera, acordando el Congreso que pudieran hablar tres diputados en pro y tres en contra, de suerte que uno y otro bando debieron de preparar sus elementos y citar a sus parciales para llevar el mayor número de votos; y así fue seguramente, pues por excepción que se contó pocas veces, los diputados presentes pasaron de cien.
“Esta sesión será memorable, decía al siguiente día “El Siglo XIX”, en los fastos de nuestras luchas parlamentarias, y hará honor a la franqueza, a la dignidad y al valor civil del partido progresista que, sabiendo que estaba en minoría, no decayó en la defensa de sus ideas, ni se doblegó al desaliento”. Ciertamente, la encendida sesión del 4 de septiembre en que, vencidos los progresistas por el número, salvaron por la energía y la entereza a la Nación del retroceso reaccionario, es toda para honra de aquel grupo de patriotas decididos, a quienes fortalecía la fe de sus convicciones y daba audiencia el grave peligro del momento. Arriaga pronunció el más notable y fogoso discurso que se oyó en el Constituyente, discurso cuyo vigor y elocuencia se sienten en el extracto que conocemos. Pintó en él la situación del país en el interior y de su concepto en el exterior, magistralmente, lanzando duros cargos sobre el gobierno que apoyaba las tendencias moderadas de reacción; analizó cruel y valientemente al partido moderado en un período lleno de verdad y de brío; debatió su conducta y la del gabinete en los trabajos de la Comisión de Constitución, echándoles en cara su veleidad o su hipocresía, por haber firmado el proyecto de los progresistas, siendo partidarios de la restauración de la vieja ley; llegó hasta algunos liberales débiles que desconfiaban de las reformas, para reprocharles su falta de fe; expuso las miserias de los hombres y las dificultades del momento, reveló las tendencias solapadas, atacó a sus adversarios por todas partes y concluyó aquel discurso, que más que una oración para convencer, fue el clamor desesperado de un partido que veía rodar en un instante toda su obra, con palabras llenas de dignidad, para recibir con nobleza el golpe de muerte que se asestaba a su partido.
Terciaron después en el debate, Olvera y Castillo Velasco en contra, y Arizcorreta y Aguado en pro, distinguiéndose este último, por su encono contra los progresistas: y cerró la discusión el gobierno que, por boca de su ministro Fuente, se declaró a favor de la Constitución de 24, en que no veía una bandera de retroceso. La votación nominal, que parece haber sido agitada e interrumpida por demostraciones en diversos sentidos, dio a los moderados cincuenta y cuatro votos contra cincuenta y uno; es decir, el partido de las reformas quedó derrotado y destruida la obra en que se fundaban las esperanzas de regeneración del país.
“La batalla estaba ganada, dice Zarco; pero en los vencedores se notaba cierta vacilación que parecía inexplicable”. E inexplicable parece hoy todavía la conducta del presidente Arizcorreta y de la mayoría, que malograron un triunfo a tanta costa obtenido, en un momento de debilidad inesperada o de aturdimiento, incompatibles con la energía desplegada obstinadamente durante varios días, y con la lucidez demostrada en las anteriores pruebas.
Arizcorreta, considerando que la Comisión de constitución era hostil a su proyecto, dispuso que se nombrara una especial para que presentara dictamen; los vencidos reclamaron el trámite y pidieron que conforme a reglamento, el proyecto admitido pasara a la comisión existente; apeló el Presidente a la resolución de la Cámara, que era suya; estaba el trámite en plena discusión, de tal suerte, que la asamblea, consultada, declaró que no estaba suficientemente discutido; y cuando después de bruscas frases de algunos diputados debiera haberse esperado un nuevo voto de la mayoría sosteniendo su victoria, Arizcorreta retiró el trámite que la habría hecho definitiva. La confusión aumenta y los liberales la utilizan; se pregunta al presidente cuál es el trámite que ha dado, y contesta que ninguno; se trata de presentar una proposición por los moderados y los liberales lo impiden; va a leerla Cortés Esparza, éstos no lo consienten, y tan viva y enérgicamente piden, antes que nada, un trámite, que Arizcorreta manda que su proyecto pase a la comisión respectiva.
La comisión respectiva era la de Constitución. El trámite de un momento, anuló la victoria del espíritu reaccionario y enterró de una vez para siempre la Constitución de 1824.
¿Cómo el hombre de convicción firme y voluntad enérgica que sostuviera con medidas extremas y en sesiones borrascosas sus propósitos para hacerlos triunfar, flanqueó súbitamente después del triunfo? ¿Cómo una mayoría que había llegado a ser compacta como mostraban las recientes votaciones, y que por añadidura contaba con el voto de dos ministros y con el apoyo del Gobierno, malogró sus esfuerzos, ya realizada la victoria? Quizá Arizcorreta al obtenerla sintió el peso de la responsabilidad que él más que ninguno cargaba, de esa grave responsabilidad con que abruma el triunfo al vencedor, poniendo en sus manos toda la suerte de un pueblo; pero es más probable (porque es más humano), que haya desconfiado, para la votación de su primer trámite, de algunos de aquellos hombres que tantas pruebas dieron de incoherencia en la conducta y debilidad en las resoluciones.
Sea cualquiera la explicación del final de aquella cuestión gravísima, que hizo pasar al Congreso el momento más peligroso de sus días, la votación dejó para la posteridad esta revelación importante: en la asamblea de 57, para la cual se eligieron ciento cincuenta y cinco representantes, y que llegó a reunir en sesión ciento diez, no hubo más que cincuenta y uno, a quienes seamos deudores de la ley fundamental; ley que alguna virtud tuvo para haber de ser la bandera de la Reforma, la enseña de la República y el símbolo que sirviera al fin para la unión de los espíritus en una conciencia nacional.
CAPÍTULO V
La obra del Constituyente
Los autores de la Constitución, aparte de las dificultades con que tropezaron para plantear libremente sus ideas, estuvieron siempre sometidos a poderosas causas que perturbaban su criterio. Cuando los días no eran serenos no podían estar serenos los espíritus. La agitación revolucionaria había sacudido fuertemente a la sociedad, encendiendo pasiones que no se apaciguan en un día, y las pasiones prevalecían aún en los ánimos, velando, sin mostrarse y como arteramente, la claridad del juicio, la lucidez de la observación y aun la pureza del intento, en los mismos hombres de quienes tenía que esperarse la obra de la misma ley prometida por el programa de la insurrección libertadora. El partido conservador alzaba revueltas de importancia en Puebla, enseñoreándose de la segunda ciudad del país, que dos veces hubo que reconquistar a costa de sangre, y atizaba los rescoldos del fanatismo en cien puntos regados en la extensión del territorio nacional, alimentando con ello la desconfianza que mantenía a los pueblos en constantes inquietudes. Un hombre improvisado por la revolución, tenía todo el poder dictatorial en las manos. Exaltado contra la tiranía y moderado en principios; valiente en el combate y tímido y vacilante en el gabinete; lleno de patriotismo y buena fe, pero más todavía de escrúpulos y respetos tradicionalistas, más se hacía temer de sus amigos por la incertidumbre, que de sus enemigos por los elementos de fuerza. En el interior, sumándose a estas condiciones de intranquilidad, la penuria del erario y las angustias de la necesidad inevitable y urgente; en el exterior, no ya la desconfianza sino el desprestigio acumulado por los años, fortalecido por los errores frecuentes y por las aventuras que se nos imputaban como delitos.
En esta situación, los hombres que tenían injerencia en la vida pública, y que fueron testigos de los acontecimientos que la formaron, habían llegado a ser suspicaces y asustadizos en todo lo que se refería al poder. La historia de los gobiernos de Santa Anna, con su último capítulo de dictadura cruel y sin freno, había dejado en todos los espíritus la obsesión de la tiranía y del abuso, de tal suerte que el ejecutivo no era para ellos una entidad impersonal de gobierno, sino la representación enmascarada del dictador, y un peligro grave e inminente de todas las horas para las libertades públicas que encarnaban en el Congreso. Los diputados disentían en opiniones en cuanto a reformas sociales, sobre todo cuando se rozaban puntos que podían afectar a los principios religiosos; pero tenían una conformidad de ideas casi general cada vez que se trataba de la organización del gobierno o de los actos del que regía entonces la Nación, porque en todos predominaba como elemento superior del criterio la desconfianza del poder ejecutivo y la fe ciega en una representación nacional pura, sabia y patriota.
El Plan de Ayutla era bien diminuto para ley fundamental de la Nación, por más que no hubiera de durar en vigor sino por tiempo limitado que sus autores supusieron mucho más corto de lo que al fin resultó. Como todos los planes no tenía más objeto que dar un programa a la revolución y hacer una promesa a los pueblos para llamarlos a la lucha, y con poca reflexión o sobra de desconfianza, sometió los actos del ejecutivo provisional a la revisión del Congreso que había de constituir a la Nación. Este precepto, que daba a la asamblea funciones activas en la política del Gobierno, injerencia en la administración y responsabilidades en la gestión del ejecutivo; que embarazaba la acción de éste con la tutela de la Cámara y subordinaba al voto de los diputados todos sus procedimientos, destruía con unas cuantas palabras las facultades omnímodas que se habían creído indispensables para dar vigor al gobierno revolucionario, y lo hacía más pobre de medios y más escaso de facultades que cualquier gobierno constitucional. La facultad de revisión otorgada al Congreso, estuvo a punto de producir las más violentas escisiones, y con un jefe revolucionario de las condiciones que suelen ser indispensables para tal jefatura, no es probable que la asamblea hubiese concluido tranquilamente su obra.
La prudencia de Comonfort de una parte, y el respeto que merecían su honradez política, sus virtudes personales y su reciente historia, evitaron que llegara a verse, por sólo unas breves palabras del Plan, la forma de gobierno más singular, más extravagante y más peligrosa. Como el Congreso no podía hacer más ley que la Constitución, ni el Presidente podía dar leyes sin que éstas fuesen revisadas, ni dictar disposiciones que no pudiesen ser reprobadas por la asamblea, resultaba la facultad legislativa en el Presidente y el veto absoluto en el Congreso; el gobierno con facultades extraordinarias, es decir, la dictadura, sometida al régimen parlamentario más cabal, y la asamblea, que para constituyente había menester de serenidad, convertida en asamblea de combate, derribando ministerios y haciendo gabinetes de partido.
No son éstas simples deducciones de las palabras del Plan de Ayutla, sino consideraciones fundadas en los hechos. Muchos diputados, tomaron en serio el parlamentarismo, consciente o inconscientemente; Zarco, que conocía bien el sistema y que era enemigo del gabinete, creía que se había llegado al parlamentarismo puro y en la sesión de 13 de julio provocó la renuncia del Ministro Lafragua, a quien traía siempre entre ojos, y expuso las teorías del sistema, exigiendo a los ministros que se sometieran a sus prácticas.
Los diputados desmentían en la tribuna los rumores que corrían en público de andar desavenidos la asamblea y el gobierno, atribuyendo a los conservadores la malicia de propagarlos para debilitar la unión liberal y el prestigio del orden revolucionario; pero lo cierto es que, desde el principio, gobierno y asamblea se vieron con desconfianza, y la segunda no tuvo para aquél escrúpulos de cortesía. Al discutirse sobre los manejos de Vidaurri, en su propósito de unir Coahuila a Nuevo León, don Ignacio Ramírez hizo la defensa del inquieto jefe fronterizo en un discurso sensacional que resumió al concluir en las famosas e imprudentes palabras con que declaró que “al deponer Vidaurri su espada, quien quedaba desarmado era el Congreso”. El Ministro Montes recogió con indignación la frase y replicó que “el Gobierno, fiel a sus juramentos, no había dado motivo para aquellas solapadas inculpaciones”. Varias veces se dijo en la tribuna que el Gobierno conspiraba para entorpecer los trabajos del Congreso, que se servía de los diputados que desempeñaban empleos para hacer obstrucción, y estas acusaciones procedían por lo general del campo progresista y algunas veces eran lanzadas por sus más distinguidos miembros. Pero (ya lo hemos dicho), no estaban solos los liberales en esta tendencia de oposición: los votos de verdadera censura que hubo para el gobierno, contaron siempre con una mayoría que no podía formarse sin los moderados, y que ya hubieran querido los progresistas al tratarse de las reformas sociales que proponían.
Dictó Comonfort el decreto que restablecía el Consejo de Gobierno propuesto por el Plan de Ayutla y que había sido disuelto, y designó algunos consejeros para sustituir a los antiguos que por ser entonces diputados, no podían, según el Ejecutivo, figurar a la vez en el Consejo. La asamblea pasó el decreto a una comisión que dictaminó favorablemente sobre el restablecimiento, pero en contra de la sustitución de los consejeros diputados, declarando que no había incompatibilidad entre ambas funciones. Se encendió el debate, Zarco atacó al ministerio e invitó a Lafragua a dejar la cartera de Gobernación y en frases severísimas pidió la reprobación del dictamen; hablaron otros en el mismo sentido, y al fin, el gobierno, sin más defensa que la bien flaca que podía hacer la comisión dictaminadora que sólo adoptaba la mitad del decreto, fue derrotado por setenta y nueve votos contra siete. El dictamen, declarado sin lugar a votar, volvió a la comisión; de modo que si Lafragua hubiese creído como Zarco, que el parlamentarismo regía durante aquel período anormal y sin constitución, la crisis se habría declarado desde luego, con la dimisión de un gabinete que no contaba sino con siete votos en la asamblea.
Asunto no menos peligroso fue el que dio para largos debates al Ejecutivo, haciendo observaciones a un decreto de la Cámara y suspendiendo sus efectos. Facultada ésta para revisar los actos del gobierno de Santa Anna, declaró insubsistentes varios artículos de un decreto de 1853 que concedía recompensas a los militares por la defensa contra la invasión americana, y el Gobierno, en vez de sancionar el decreto que hacía la declaración de insubsistencia, dirigió una nota a la asamblea haciendo observaciones a aquél, y mientras tanto, las pensiones concedidas por la disposición derogada se siguieron pagando por la Tesorería. Zarco dio la voz de alarma contra el veto ilegal en las columnas de su diario; pero la imprudencia del Gobierno encontró en la comisión dictaminadora la prudencia y habilidad de Mata, que con moderación y firmeza señaló en la exposición los límites que el ejecutivo no debía franquear al intervenir en las labores de la Cámara pero se contrajo en la proposición final a declarar inadmisibles las observaciones de aquél en el caso especial de que se trataba. Esto habría bastado como lección y como advertencia; pero a los diputados les pareció poco y rechazaron el dictamen, porque no hacía una declaración general para todos los casos, y probablemente porque se deseaba no perder la ocasión de dar un golpe al gabinete y al Presidente mismo. Entonces propuso Zarco que se nombrase una comisión especial para hacer el mismo dictamen, y acordado que sus miembros se designaran por la Cámara, ésta eligió, con buenas mayorías al mismo Zarco, a Ramírez y a Vallarta, los dos primeros los más hostiles al Gobierno entre todos los miembros de la asamblea. El dictamen no se hizo esperar, con el principio general que los representantes deseaban establecer, y el asendereado Gobierno recibió la dura reprimenda por setenta y cinco votos contra veintisiete.
Así se iban las relaciones de las dos entidades que constituían la situación del momento, poniéndola en peligro de fracaso y dando alimento a los rumores que imposibilitaban la confianza pública que tanto había menester la organización del país. Por fortuna la comisión presentó su proyecto de Constitución, y una vez que la discusión de sus artículos dominó la atención de los representantes y llenó las preocupaciones del Gobierno, aquéllos dejaron a éste en paz, por lo tocante a la gobernación, y el otro no se entró más por el camino de peligrosas aventuras. La pugna continuó, sin embargo; Comonfort, a quien no se escaseaban los elogios en los discursos y aun se prodigaban frases de respeto, era considerado por los progresistas como verdadero enemigo de las reformas, sobre todo, de las que afectaban a los principios religiosos; el presidente, por su parte, no sólo combatió esas libertades por medio de sus ministros, llegando hasta a sostener el restablecimiento de la Constitución de 24, sino que vio en el conjunto de la representación nacional una voluntad hostil a su gobierno y consideró a la asamblea como una reunión desordenada y demagógica incapaz de hacer una obra de paz y de organización duradera.
Hasta la sesión memorable de 4 de Septiembre, apenas se había tratado de algo más que los derechos del hombre; no había comenzado, pues, la verdadera constitución de la República, es decir, la organización de los elementos que entran en la formación, estabilidad y funcionamiento de los poderes públicos. En el debate de las garantías individuales, valían mucho los sentimientos de humanidad, los entusiasmos por las ideas igualitarias y en contra de las tiranías vívidas, y el riesgo mayor que podía correrse era el de conceder demasiado; la elocuencia podía desbordarse sin muchos estragos y aun las preocupaciones podían satisfacerse sin graves trascendencias; pero para organizar el gobierno, habían de allegar los legisladores elementos de mayor cuenta, aunque menos visibles y menos cómodos de adquirir, so pena de hacer una obra perniciosa; porque en la organización de un pueblo, casi no hay errores leves, sobre todo cuando se trata de un pueblo atrasado en vida pública, que no ha de enmendar con superioridad de carácter los defectos de su ley fundamental. Necesitaban los legisladores, para esa parte de su tarea, una amplia instrucción en materia de instituciones políticas, especialmente de las norteamericanas, que tenían que seguir; necesitaban gran acopio de observación de las prácticas extrañas, para juzgar de las instituciones modelos; gran fuerza de análisis para no equivocarse, generalizando los efectos especiales en un pueblo de carácter determinado; profundo y sereno estudio de nuestros precedentes históricos, para no inferir de experiencias defectuosas, principios generales falsos.
Ahora bien; ya hemos visto, por lo que precede, que la serenidad de espíritu les faltaba a todos, porque si la época que precedió a la revolución y la revolución misma, habían encendido las pasiones hasta darles necesariamente el primer puesto entre las facultades directoras, la actualidad no era sino para zozobras e inquietudes, desconfianzas y temores, que más bien preparaban para un próximo combate, que para el estudio tranquilo de los elementos de paz y armonía que procura una ley fundamental.
En cuanto a las otras condiciones que como necesarias hemos apuntado, las tenían seguramente Mata, Arriaga y Ocampo, puesto que las demuestran los discursos del Congreso en que, los dos primeros, tomaban parte casi siempre; conocían bien las instituciones americanas, que en más de un punto expusieron con facilidad y exactitud, y revelaron siempre una instrucción rara por entonces en materia política. Entre los demás había no pocos hombres de talento; pero prevalecía en ellos el estudio de la historia y las leyes constitucionales francesas, de las teorías de gobierno expuestas en tratados de Derecho público, que algunos oradores expusieron en la discusión con sus definiciones precisas, sus divisiones simétricas y sus ampliaciones deductivas, que llegaban matemáticamente a la conclusión prevista de la felicidad pública. Por lo común se daban a estos principios generales simples, recogidos en obras fundamentales, sobre los que cada uno labra fácilmente su sistema de filosofía política, y al influjo de los cuales tan llanamente se llega al espíritu jacobino, a la teoría pura, con pureza de ciencia exacta, desenvuelta en el campo de la imaginación, sin las asperezas de la aplicación práctica y sin la aridez del estudio de las groseras realidades; y se confiaban a la ciencia del gobierno hecha por conclusiones de silogismo, que deben de ser ciertas, que lo son sin duda, puesto que son lógicas. Hemos recogido de las discusiones, la bibliografía del constituyente: Arriaga cita a Jefferson, a Story, a Toqueville; pero otros citan a Voltarie, Rousseau, Bentham, Lock, Montesquieu, Montalambert, Benjamín Constant y Lamartine. Era esto producto de la época y resultado de la educación nacional. Anotamos el hecho sin intención de censura.
De aquel Congreso salieron hombres que figuraron prominentemente en la Reforma; muchos ministros para épocas difíciles, en que una cartera era un fardo que sólo soportaba la abnegación patriótica; diplomáticos a quienes la nación debió servicios insignes; magistrados intachables para la Alta Corte; gobernadores de Estados que habían de levantar su nombre en la administración local. Ningún Congreso mexicano ha reunido ni aproximadamente un grupo de hombres llamados a la notoriedad, como el de 57; pero así como una confusión de ideas ha hecho que la Constitución pase por altamente liberal, porque el sentimiento popular le agrega la obra posterior de la Reforma, otra confusión de ideas ha atribuido gran superioridad de legisladores a los diputados del Constituyente, por lo que muchos de ellos hicieron después, ilustrando sus nombres en época diversa y en tareas de otro género.
Del vicio de las ideas generales y los principios puros, no escaparon ni los hombres de más talento, ni los mejor preparados para la obra de la Constitución. Ella lo muestra con claridad y así hemos de verlo en el discurso de estas páginas; pero desde luego, nótese este caso, que es nada menos que de Arriaga. Cuando se puso al debate el artículo del proyecto, que restringía en lo porvenir el voto a los que supiesen leer y escribir, un diputado atacó por antidemocrático el precepto, abogando por las clases desvalidas, a quienes el descuido del gobierno dejaba sin instrucción; y Arriaga expuso que no encontraba qué contestar a aquellos argumentos, retiró la frase que imponía la restricción, y el Congreso aprobó el sufragio universal por unanimidad de votos. ¡Tan clara era así la supremacía del principio absoluto de la democracia!
Para tomar ejemplos de diputados de ilustración reconocida y notados por su talento, citemos a Zarco, que dos veces señaló la Constitución francesa de 48, como un buen modelo para imitarla en nuestro país, y citemos sobre todo a don Ignacio Ramírez que en más de una ocasión mostró al lado de su celebrado ingenio, un desconocimiento absoluto de las instituciones prácticas (que no le impedía hablar sobre ellas) y que al tratarse del art. 101, que instituye el juicio de amparo, declaró que el sistema propuesto por la Comisión era absurdo, por el principio de legislación que manda que sólo puede derogar las leyes la autoridad que tiene facultad de hacerlas; para él, poner la ley dictada por el Congreso a la discusión de un tribunal, era establecer una soberanía sobre la soberanía del Congreso.
A cualquier medida de conveniencia práctica y concreta se oponía un principio abstracto de la ciencia pura. Lo repetimos, era éste un vicio de educación, formado en las teorías francesas que prevalecían en el país, y ninguno de aquellos hombres estaba enteramente libre de su influjo.
Lo que no se encuentra en ninguna discusión ni en el espíritu de precepto alguno de la ley fundamental, es el estudio del pueblo para quien iba a dictarse ésta; en vez de hacer la armadura ajustándola al cuerpo que debía guarnecer, se cuidaba de la armonía de sus partes, de la gallardía de las proposiciones, del trabajo del cincel, como si se tratase de una obra de arte puro, sin más destino que la realización de la belleza. Si la verdad está en la ciencia y el bien en la verdad (aconsejaba la teoría), obedecer a la ciencia es cumplir la tarea legislativa perfecta; y como todos los hombres son iguales y el género humano está compuesto de unidades idénticas, la humanidad es una y equivalentes todos los pueblos; tan cierto es esto, que en ello se funda la fraternidad humana que es más que un axioma, porque es un dogma, y por este doble carácter está fuera de toda discusión. Se trataba de hacer, como por encargo de la revolución, una constitución democrática para una república representativa popular federal; no se requerían ya más datos, puesto que la ciencia enseña lo que son esas palabras y a lo que obligan por deducciones lógicas. Todo era trabajo de gabinete para quien supiese lo que es una democracia: sufragio universal, puesto que todos los hombres, mal que pese a los instruidos o a los ricos, son iguales, y si hay gente que ignore hasta que existe el gobierno, culpa es del gobierno que no difunde la enseñanza; supremacía del Congreso, pues que es la representación del pueblo, de la soberanía nacional, de lo que es supremo, y así sobre el Congreso o al lado del Congreso, nada ni nadie. El Ejecutivo es el propietario de la acción y de la fuerza que se emplean para el despotismo; pues hay que extinguir su fuerza y su acción y subordinarlo al poder superior del Legislativo que no tiene más norma que la salud pública. Y si una cámara de representantes tiene los poderes de la Nación, si lleva la voz de la Nación y traduce con fidelidad la voluntad del pueblo, que con ella se gobierna por sí mismo ¿para qué un senado, residuo de instituciones aristocráticas, sino para embarazar la revelación del espíritu público, y entorpecer la acción libre de la verdadera representación nacional? Se proscribe el Senado. “La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y la ejerce por medio de los poderes de la Unión y de los Estados”; pues siendo así, y puesto que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio”, es lógico, y por consiguiente, en ciencia política es necesario, que todos los poderes se desempeñen por individuos que ha de designar el pueblo mismo; hay pues, la misma razón científica para que los ministros de la Corte Suprema sean elegidos popularmente, que para que lo sean los diputados; pero las elecciones deben ser periódicas, porque la soberanía popular no puede abdicar su derecho de renovación y hay que consultar por períodos al pueblo a fin de ver si su voluntad no ha cambiado; la elección popular es incompatible con la perpetuidad; precisa, pues, señalar cortos períodos para los cargos de la justicia suprema.
Así se formó la Constitución mexicana, y medio siglo de historia nos demuestra que no acertaron sus autores con una organización política adecuada a nuestras condiciones peculiares. No es esto suponer que pudieran dar con una que por maravillosa adaptación hubiera curado todos los males de un pueblo naciente, sin educación cívica, pobre, derramado en una extensión territorial inmensa, formado de porciones inconexas, y poblado escasamente por dos razas de alma distinta, imposibles de llegar a la unidad indispensable para constituir un conjunto homogéneo; pero sí es afirmar que si todas estas circunstancias y otras muchas del sujeto de la obra se hubiesen estudiado y tenido en cuenta para hacerla, en vez de los principios abstractos y mentirosos de la ciencia pura, los cincuenta años corridos nos habrían acercado ya al gobierno institucional, y habrían ido formándose paralelamente por una parte el tipo de gobierno nacional derivado de la Constitución y de las condiciones propias del país, y por otra las costumbres políticas de la sociedad que, en su esfuerzo de adaptación a las leyes, completan y fijan las instituciones reales.
Entre el absurdo de suponer que basta una Constitución para hacer un pueblo, y el extremo de afirmar que la influencia de las leyes es nula para organizarlo, hay un medio que es el justo: la ley es uno de los elementos que contribuyen poderosamente no sólo a la organización, sino al mejoramiento de las sociedades, con tal de que se funde en las condiciones del estado social y en vez de contrariarlas las utilice y casi las obedezca. El progreso moral es una modificación del alma de un pueblo, y esta alma no sufre modificaciones súbitas, sino sólo las paulatinas; una ley que viola este principio queda sin aplicación, es absolutamente nula.
Por haberlo desconocido, quedó nula la Constitución mexicana, en todo lo que se refiere a la organización de los poderes públicos. Como la ironía y el desdén son más fáciles que la justicia y no imponen la necesidad de un estudio detenido, la opinión común ha culpado a los hombres del gobierno de no haber cumplido las leyes por mandar sin trabas, o ha declarado al pueblo incapaz de tomar participación en la vida pública y en la acción democrática; pero nunca ha examinado si los gobiernos han podido cumplir las leyes, ni si el pueblo consciente (porque lo inconsciente no es pueblo), ha tenido posibilidad de intervenir en el funcionamiento de las instituciones. El fundamento de tal proceder ha sido siempre el mismo: dar por verdad la sabiduría de la Constitución y su inocencia en nuestros males; más aún, considerarla como una víctima, cuando tal vez sea autor principal.
Los hechos son la resultante de los elementos de que brotan; nada hay más lógico que ellos, porque la historia no puede romper con la lógica, ni más ni menos que los fenómenos de la materia no pueden infringir las leyes de la física. El gobierno de hecho en nuestro país no es una infracción de las leyes sociológicas; es su realización inevitable, que no ha podido impedir la débil ley humana, como el frágil vidrio del matraz no impide la combinación química que lo hace pedazos.
La Constitución de 57 no se ha cumplido nunca en la organización de los poderes públicos, porque de cumplirse, se haría imposible la estabilidad del gobierno, y el gobierno, bueno o malo, es una condición primera y necesaria para la vida de un pueblo. Siendo incompatibles la existencia del gobierno y la observancia de la Constitución, la ley superior prevaleció y la Constitución fue subordinada a la necesidad suprema de existir.
Los errores de la ley de 57 no son precisamente numerosos; sus autores principales y el grupo de hombres distinguidos y patriotas que los apoyaban, eran bastante instruidos y tenían bastante talento para hacer una obra buena en lo general y para llegar a los grandes aciertos que honran nuestra carta constitutiva; los errores son pocos pero hieren puntos esenciales que producen el desconcierto general de todo el sistema. En una constitución, gran parte de los preceptos son principios comunes que, o no pueden ser modificados o si sufren modificaciones de un pueblo a otro o de una a otra época, ellas no influyen en el sistema de gobierno que se instituye ni tienen consecuencias apreciables en las funciones del gobierno; pero hay otros que afectan órganos principales de la estructura y éstos deben dictarse teniendo en consideración aun los vicios de la raza y las peores tendencias del pueblo.
Para hacer viable la Constitución precisa enmendarla en términos que hagan posible su observancia, y que den al gobierno antes el interés de apoyarse en ella que la necesidad de infringirla. Después de medio siglo, no sólo tenemos en nuestro favor la experiencia adquirida con respecto a la ley de 57, sino también el cambio de las condiciones en que los legisladores constituyentes trabajaron, y que los sometían a tantos motivos de error, que lejos de acreditar la censura de sus desaciertos, deben mover en nosotros la admiración por no haber desacertado en todo. Treinta y cinco años de una historia que semejaba pesadilla, una serie de pruebas de resultados cada vez peores, una lucha sin descanso por llegar a algo estable sin conseguirlo nunca, admira que dejaran todavía fe en algo, ni principios ni ideales; la dictadura de Santa Anna con todas sus demasías, como una obsesión que había hecho imposible la confianza en ningún caudillo ni la confianza en ningún salvador; el partido moderado tratando de hacer fracasar la obra del Congreso o borrando de ella las libertades propuestas; el Gobierno, receloso del Congreso, coadyuvando en la tarea de los moderados y dando muestras patentes de su repugnancia por el proyecto de constitución; todas eran circunstancias profundamente perturbadoras del criterio, de aquel criterio que, por lo general, se había formado en la lectura de libros tan abundantes en principios abstractos, como inadecuados por su procedencia para inspirar una constitución seria, sólida y práctica.
Para no ser obra serena, bastaba que fuese, como sus autores creían, el resultado y el fin de todas las luchas; pero aún estaban equivocados, pues solamente las continuaba; de suerte que no sólo era ardiente la época, sin que ellos la atizaban con su obra. Con los anatemas de la iglesia, la Constitución se hizo más revolucionaria de lo que sus preceptos prometían; porque la revolución de Ayutla, que por concretarse a derribar a un tirano estaba al alcance del pueblo, entró en el sentimiento de las muchedumbres como una promesa de libertad, y la Constitución pasó también como el cumplimiento de tal promesa. La Iglesia, lanzando sobre ella sus censuras, confirmó el concepto popular, y por mostrarla como impía la reveló como símbolo de las libertades a que aspiraban todos; el partido conservador representó necesariamente la idea opuesta, la de la opresión, la de Santa Anna mismo, y sobrevino la verdadera revolución liberal que, tomando la Constitución por bandera, llevó por mira la reforma social que no quisieron consumar los legisladores del 57.
Los principios conquistados en la guerra reformista, se confundieron desde luego para la conciencia pública con los preceptos de la ley fundamental, por más que en la letra de ésta no entrara sino años después; así se hizo un avance en la constitución nacional.
Uno de los graves errores del Constituyente, fue también enmendado con el establecimiento del sistema bicamarista que moderó los peligros con que el equilibrio de los Poderes se veía amenazado por el Legislativo que aquélla creara. Otra reforma comenzó a quitar el carácter político que la ley fundamental dio a la Corte Suprema de Justicia, modificando el precepto que hacía a su presidente substituto legal del de la República; y enmendó así otro de los desaciertos más ocasionados a graves consecuencias, en que los constituyentes incurrieron. Cambióse después el nuevo sistema de substitución, y más tarde, en época reciente, se llegó por fin al sistema norteamericano, que por haber servido para un abuso bajo la ley del 24, desecharon los constituyentes del 57.
Esto prueba que la Constitución mexicana se encuentra todavía en el período de formación, y nada hay más natural cuando el pueblo y la nacionalidad misma se hallan en igual período; nada más natural, no porque la evolución de éstos arrastre a aquélla, lo que no puede acontecer con dos elementos que aún no se conectan; pero sí porque cuando el pueblo no ha alcanzado un carácter definido ni estable, sus leyes deben perseguir la adaptación, ya que no ha de realizarla la sociedad por su esfuerzo. La época del sentimentalismo ha pasado ya para la Constitución, y por cierto que no fue ni estéril para el progreso ni escasa de gloria; ya no es su papel encender entusiasmos, ni reunir combatientes, sino organizar a los pueblos dentro de un régimen tan democrático como sea dable. En vez del amor a la Constitución que ha querido hacerla intangible, lo racional es verla como un medio, amar el fin para tener un estímulo que a él nos impulse, y adaptar el medio al fin; es decir, la Constitución, que no es más que nuestra obra, a la democracia efectiva que es nuestro derecho.
CAPÍTULO VI
El prestigio de la Constitución
Después de una guerra de nueve años en que se peleaba de una y otra parte por principios, y en que cada partido contendiente jugaba la existencia y era mantenedor de ideas firmes y fines extremos, el moderado no podía subsistir. Su aspiración a términos medios, que fundaba toda esperanza en conciliaciones y prudencias, quedaron sin objeto desde que los dos partidos adversarios, llegados a proposiciones incompatibles y resentimientos irreconciliables, remitían a la fuerza de las armas la resolución de sus diferencias. Nunca pudo tener cohesión, porque en los partidos la cohesión está en el principio neto que se sostiene y en que todos los parciales están de acuerdo, y el moderado comprendía desde el individuo que sólo no era conservador porque quería un parlamento, hasta el que era liberal, porque sólo exigía transacciones de fórmulas por respeto a las creencias de su familia. El único principio común a todos los moderados era no estar en ningún extremo, de modo que servían admirablemente para combatir a los liberales cuando prevalecían en la política, y para derribar a los conservadores cuando estaban en el poder; y esto, lejos de serles imputable como veleidad, había que alabarlo como procedimiento lógico y consecuente.
Cuando la lucha se entabló entre los partidos que tenían principios, lleno cada uno de pasión y poniendo en actividad sus grandes energías, el moderado no tuvo nada que hacer; porque, falto de principios, estaba destituido del entusiasmo que todo lo sacrifica a un propósito y que es la fuente de las energías que se consumen en la lucha. Apelar a las armas para sostener términos medios es algo tan absurdo que su enunciación produce una frase incoherente, así como es incomprensible una revolución armada en que lidian tres partidos por tres principios diversos. De los hombres que formaban en primera línea en el moderado, unos pasaron a las filas liberales, ya desde luego por convicciones que habían antes sacrificado, ya cuando la intervención francesa hizo prevalecer en ellos el sentimiento de la patria; otros se resolvieron por la parcialidad conservadora, espantados del avance de ideas del partido liberal. Algunos, sin embargo, oyendo más a su conciencia que a sus sentimientos, y puestos en la zona moderada sobre la línea de equilibrio, se contentaron con lamentar las desgracias de la Nación, renunciaron a tomar parte en la contienda y se lavaron las manos en el silencio del retiro.
La desaparición del partido moderado fue un progreso para el desenvolvimiento político del país, porque toda promiscuidad de ideas es signo de atraso y motivo de estancamiento en las naciones. Pero sobre todo, fue de gran ventaja para el partido liberal que, al quedar vencedor, necesitaba acción franca y expedita para organizar los elementos de una nueva política dominante y reformadora. Los propios principios del partido liberal debilitaron su poder para destruir al conservador, a quien amparaba la Constitución, reconociendo no sólo su existencia, sino su carácter de beligerante en las disputas de la vida constitucional; y si el elemento moderado hubiese subsistido después del triunfo de la República, se habría puesto de parte del conservador para contener al liberal en su marcha. Ya lo hemos dicho: el partido moderado tenía lógicamente que combatir de parte del débil para impedir la realización del principio extremo que tenía el poder en un momento dado.
El conservador odiaba las libertades, pero hacía uso de las que le aseguraba la Constitución liberal, cuando estaba vencido, y después de caer con el imperio, combatió durante muchos años la nueva Ley fundamental y las leyes de Reforma, valiéndose de todos los medios que un partido puede emplear dentro de instituciones libres, y aliado a la Iglesia cuyos intereses servía y que ponía en acción por su parte los poderosos elementos de la sugestión religiosa. Si a la energía y tenacidad de los hombres del bando conservador se hubiese unido el contingente del antiguo partido moderado, tan útil dentro del orden constitucional, las conquistas liberales se habrían visto por lo menos seriamente comprometidas.
Así fue como la desaparición de ese partido, obra de los hechos que no tenían ese fin, sirvió para mantener la Constitución y evitarle estorbos graves desde los primeros días de su reinado. Pero también había en ella algo intrínseco que la sostenía como ley, además de su virtud simbólica, por más que no fuese conocida ni hubiera habido tiempo para poner a prueba su eficacia. El federalismo había triunfado legalmente desde 1847, pues la dictadura de Santa Anna no destruyó su legitimidad, y confirmado en 57, tomó nuevo vigor en los Estados. Durante las luchas por la Reforma y la República la vida independiente y hasta autónoma de cada entidad se realizó en muchas de ellas, que tenían que valerse a sí mismas para la obra común de defenderse, y que regían su administración con una libertad que no tuvieron antes.
La vida democrática era nula, pero el régimen federal era completo en sus elementos esenciales: la unión y subordinación para el interés común, y la independencia de administración local. La organización federal de la Nación fue una ventaja para el período de guerra, y en cambio, las necesidades de la guerra protegieron la práctica del sistema, persuadieron a los Estados de su aptitud para el gobierno interior y acrecentaron su apego a un régimen a que siempre habían aspirado. Bastaba, pues, que la Constitución fuese federalista para que contara con el apoyo de los Estados; los detalles, que se ensayarían después, les importaban poco. Los Estados salieron de la prolongada lucha con la personalidad fuerte que les dieron sus esfuerzos propios de que estaban cada uno satisfecho, y la experiencia de su capacidad para proveer a su propio gobierno. La idea de un régimen central habría sido rechazado por todos con indignación, y la Constitución les aseguraba la muerte de aquel régimen.
La adhesión de los Estados al sistema federal es un hecho que no necesitaría demostraciones, aunque las tiene históricas bien concluyentes. Es de sentido común que no hubieran de renunciar voluntariamente las prerrogativas de entidades libres que el régimen federal les otorga, y que, de una manera irregular siquiera, habían mantenido durante algunos períodos. Si el régimen central hubiera dado resultados mejores para la paz de los pueblos y la seguridad de los individuos, podría suponerse que prefirieran estas ventajas a aquellas prerrogativas que casi no estaban sino en los principios constitucionales; pero como el centralismo resultaba más estéril para la organización práctica y legal del país, nada tenían que ganar los Estados con él al prescindir de las promesas de integridad federal, que por lo menos dejaban esperar mayores libertades para cuando la vida constitucional llegara a establecerse.
Las objeciones que se han hecho a la adopción del sistema federal en México han sido poco reflexionadas y descansan en supuestos erróneos, referidos al origen de nuestra organización nacional. Cuando se presentan hechos en demostración de nuestra incapacidad para el federalismo, no se repara en que los mismos podrían probar nuestra ineptitud para la democracia, cualquiera que sea el régimen que se adopte. Por lo demás, el razonamiento, aun aplicado en general a los sistemas democráticos, es vicioso porque se atribuye en todo a la ignorancia de la mayoría popular un mal que ha procedido principalmente de nuestras leyes.
Tendremos ocasión de hablar de esto en otro lugar. Mas hay un argumento que con frecuencia hemos visto aducirse como nuevo y que es tan viejo como la oposición al federalismo, y es el que por ahora importa, consistente en decir que los Estados Unidos, de quien tomamos el sistema, constituyeron una nación con las antiguas colonias que eran independientes entre sí, y que siendo la Nueva España una sola colonia, regida por un gobierno central, la adopción del sistema americano resultaba sin fundamento sociológico y tan forzada como absurda. Esto supone que la federación como régimen no puede tener más que un origen, lo que es evidentemente falso; y supone también que los colonos rebeldes adoptaron el sistema federal porque tenían la desgracia de no poder llegar al central, que parece ser el sumo bien para los pueblos. El sistema federal, lo mismo que el gobierno hereditario o el régimen de las democracias, puede tener orígenes históricos muy diversos, y la razón de su adopción es el estado del espíritu público en un país, que no se deduce siempre del régimen a que antes haya estado sometido. Si así fuera, habría que confesar que Iturbide tuvo razón para fundar una monarquía en México, puesto que la Nueva España estaba habituada a ese régimen; cuando precisamente tenemos el notable fenómeno, que podríamos llamar de sociología experimental, de que todas las colonias hispanoamericanas adoptaron el sistema republicano al independerse y que todos los ensayos de monarquías en América han concluido en fracasos.
No es de este lugar el estudio de las condiciones en que el gobierno federal se implantó en la primera Constitución mexicana; el hecho es que si los ensayos de él entre 1824 y 1857 no lo acreditaban como eficaz para la organización de la República, el central en los suyos había dado resultados peores; igual falta de lógica habría en achacar a un sistema el mal éxito que en condenar el otro atribuyéndole las desgracias del país; porque el vicio no estaba en los sistemas sino en el modo de establecerlos, además de concurrir otros factores perjudiciales. Pero si hay que aceptar la verdad de que la adopción, y por consiguiente el mantenimiento de un régimen, depende sólo del estado que guarda el espíritu público, necesario es convenir en que después de la guerra de nueve años, en que el federalismo salió victorioso de sus enemigos, que lo eran de la República, el sistema federal era el único que cabía en la Nación, y que de entonces acá ha sido inútil y aún dañosa toda discusión sobre el restablecimiento del central.
El sentimiento de su personalidad dentro de la unidad nacional, que tanto se desarrolló en cada Estado durante la guerra, fue doblemente favorable para la Nación, pues por una parte fijó el sistema federal definitivamente en el gobierno, y por otra dio a los pueblos interés en mantener con firmeza la Constitución que iba a regirlos; esto era, en suma, alcanzar la estabilidad de las instituciones. Si esto no era asegurar las prácticas democráticas ni garantizar las libertades políticas, significaba, por lo menos, la eliminación del motivo capital de los desórdenes y de las revueltas que habían castigado a la Nación durante cerca de medio siglo.
Otra virtud intrínseca de la Constitución para asegurar su existencia mediante la adhesión de las voluntades fue su título primero consagrado a la enunciación de los derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales. Las ventajas del federalismo eran principalmente motivo de simpatías de los hombres públicos o más enterados de los asuntos del gobierno; las garantías individuales no sólo caían bajo el alcance de hombres menos ilustrados y por consiguiente más numerosos; sino que se hacían sensibles para ellos como derechos efectivos que tenían que invocar con frecuencia; eran la parte viva de la Ley fundamental en relación directa con todas las clases de la sociedad y que por medio del juicio de amparo daba a cada persona una prueba de la realidad y de la fuerza del derecho. Mientras el mecanismo gubernamental era para el común de las gentes un embrollo de poca significación sobre el cual disputaban los privilegiados de la clase culta, los derechos del hombre fueron descubriéndose a sus ojos como una salvación para todos y principalmente para los pequeños, a quienes acontece ser siempre los más vejados en el desorden. A poco de iniciado el régimen constitucional, la Constitución fue vista por ellos como una ley que los protegía contra la leva, que los defendía contra el abuso de cada autoridad, que los libraba de la cárcel y aun los escapaba del patíbulo. Si no hallaban siempre un remedio efectivo contra las demasías de las autoridades, culpaban a éstas; pero sabían que sus males se causaban con violación de la ley protectora y que la ley misma era juntamente con ellos víctima del atentado.
Ni la Constitución de 1824 ni las centralistas que le sucedieron contenían una declaración especial de los derechos del hombre; algunos se encuentran diseminados en ellas, escasos en número y pobres de amplitud y más bien como concesiones del poder que como base de la sociedad. Nada proveían, por lo demás, para hacerlos efectivos, con lo que no pasaban de promesas, expuestas sin remedio a todo género de violaciones. El individualismo era desconocido en nuestra legislación, la cual marchaba bajo la influencia de las teorías tradicionales de raza que atribuían al Estado el origen de todos los derechos, y le tenían por objeto único de las instituciones. La novedad de tomar el derecho individual como base de las leyes constitutivas, era de la mayor trascendencia, pues debía obrar en la sucesión del tiempo un cambio de rumbos en toda la organización social y en su desenvolvimiento progresivo; de tal suerte que quizá no haya en la legislación constitucional mexicana, hecho más importante que la adopción de los derechos del hombre, ni evolución más completa ni más necesaria que la que ella debía producir en toda la obra legislativa.
No fue ésta una obra original de los legisladores de 57, que la tomaron de los de 1842; así como del Acta de Reforma de 1847 recogieron la fórmula del juicio de amparo que había de hacer efectivas las garantías individuales. El proyecto de la mayoría de la Comisión en 42 contenía la enunciación de los derechos especialmente garantizados; pero el de la minoría era más amplio y liberal en ellos y para darles vida real los declaraba inviolables y establecía la responsabilidad de la autoridad que atentara contra alguno. De allí tomó la Carta de 57 su artículo primero, modificándolo desacertadamente para hacer en nombre del pueblo una declaración teórica, que en aquel proyecto es un reconocimiento en nombre de la constitución, y para confundir los derechos abstractos con las garantías expresas, que en la obra de 42 aparecen claramente deslindados. Ambos artículos son inaceptables en una Constitución, porque no hay para qué poner en una ley la teoría de que nace, que nunca puede ser preceptiva, y porque en ambos el individualismo que se trataba de sobreponer a la teoría antigua queda incompleto por defecto en la expresión de la idea.
No bastaba la enunciación de las garantías individuales; era necesario dar un medio de hacerlas efectivas, y el propuesto en 42 con la responsabilidad de la autoridad culpable de violencia era insuficiente. Así lo comprendió Otero que había sido uno de los autores del proyecto de la minoría, y cuando en 1847 redactó el Acta de Reformas ideó el procedimiento de amparo, fundado en las prácticas norteamericanas, pero seguramente muy superior a ellas, y mucho más aplicable en nuestro medio. Los legisladores de 57 lo tomaron del Acta con la ventaja de ampliarlo para los casos de invasión del Poder central en la esfera de acción de los Estados, y viceversa, con lo que resolvieron el más grave problema de la organización federal.
El pueblo no se dio cuenta del individualismo que establecía el artículo primero de la Constitución; pero lo sintió en las garantías individuales y en el nuevo procedimiento de amparo; palpó que tenía cada hombre derechos superiores que ni la ley podía desconocer, y tuvo a la vez más digna idea de sí mismo y más elevado concepto de las instituciones, que comenzó a amar como protectoras y benéficas. Poco a poco al principio, y cada día con mayor frecuencia, se apeló a los jueces federales para defender los derechos violados y contener los abusos que antes no tuvieron correctivo, y por más que la práctica presentara las deficiencias propias de toda institución de justicia en pueblos poco cultos, se vio que había un recurso para poner la debilidad individual encima de los atentados del poder, por alto que éste fuera.
Se debió a esto el contacto del pueblo con su Ley fundamental, que nunca tuvo con las anteriores; descendiendo un poco en las capas sociales, a cierto nivel, que no es muy bajo, se encuentra que no hay más idea de la Constitución que la que procede de su protección a los derechos individuales por medio del juicio de amparo, idea que no sólo se mantiene, sino que se ha llevado a la exageración, atribuyendo a la ley suprema una eficacia sin límites para favorecer todos los intereses y aun todos los caprichos. Pero la misma exageración ha alimentado el amor por la Constitución que así protege y que de tal modo levanta la posición jurídica de cada hombre. Es de notar que aun entre la gente más culta el título primero de la Constitución es el más conocido y el único que despierta interés; hecho que no es de difícil explicación, si se tiene en cuenta que es casi la única parte de aquella que ha tenido valor cierto y aplicación real con trascendencia en la vida de los pueblos; mientras tanto, los demás tratados de la Carta, que encierran la verdadera constitución del país, puesto que contienen todo lo relativo a la organización del gobierno, ni son conocidos del pueblo en general, ni han apenas merecido la atención de las clases superiores. No es poco lo que se ha escrito por los juristas sobre las garantías individuales; nada hay de importancia sobre el organismo gubernamental. Y la razón es clara: ningún interés despierta para el estudio una materia que hasta hoy ha quedado como meramente teórico por la pobreza de nuestra acción democrática.
Resumiendo: la desaparición del partido moderado quitó embarazos a la misma Constitución y la libertó del peligro más grave que podía levantarse a su predominio; la organización federal dio a los Estados como entidades políticas interés en su mantenimiento y en su firmeza; las garantías individuales, efectivas por el procedimiento federal del amparo, le dieron realidad viviente y acción protectora para cada hombre, despertando en su favor el amor y la adhesión del pueblo. Estos favorables elementos vinieron a fortalecer la Constitución al restablecerse el gobierno legítimo en la República; pero su acción aislada quizá no habría sido bastante para la implantación definitiva y sin tropiezos de la ley de 57: su acción fue eficaz porque vino a agregarse al entusiasmo de los pueblos, que fundían en un solo sentimiento de amor y de orgullo, la patria, la Constitución y la victoria.
Después del triunfo, la Constitución fue emblema; pasado algún tiempo, su acción protectora cambió el emblema en ídolo. El predominio del partido avanzado extendió la fe constitucional por cuanto es la nación mexicana, y los ataques rudos de los conservadores lastimados a aquel objeto de veneración, sublimó el sentimiento general que lo colocaba en un tabernáculo para la adoración ciega de sus adeptos. Se la llamó sabia, augusta, sacrosanta, los constituyentes fueron calificados de ilustres, padres de la patria, salvadores de la nación; pero esto era obra de fe, y esa fe resultado de una multitud de sentimientos en confusión; porque la ley seguía tan ignorada como antes, y la historia de su formación más ignorada todavía.
En realidad, su conocimiento era lo que menos importaba por entonces para el bien del país: lo que se necesitaba era prestigiarla, salvarla de las veleidades de la raza, de la inconstancia de las convicciones y de la indiferencia de los pueblos, y ya que era imposible el prestigio que se funda en la razón y en el interés de la sociedad, que es el que debe sostener las instituciones, bien valía el que brotaba de la fe y que convertía la ley suprema en un objeto de veneración fanática.
La Constitución de 57 vivió ya más de medio siglo. Ya podemos decir que tenemos una Constitución y confiar en que está destinada a envejecer en el respeto de la sociedad que rige. Después del restablecimiento de la República y al concluir aquella guerra a que debemos un avance de la unidad nacional, el sistema de los movimientos revolucionarios se modificó radicalmente así como las tendencias de los agitadores; no más los planes que prometían una constitución nueva, renegando en nombre de la voluntad nacional de las instituciones en vigor; por el contrario las revoluciones posteriores invocaron siempre la ley de 57 y acusaron de violarla al Gobierno que se trataba de derrocar; de suerte que cada movimiento subversivo ha tenido la virtud singular de extender más y más en los pueblos la convicción de que la Constitución es sagrada, de que ella sostiene los derechos que violan todos los gobiernos malos, y que por ella es lícito rebelarse contra las autoridades constituidas para cambiarlas por otras que respetarán y obedecerán la Ley suprema.
Sin embargo, lejana ya la lucha en que la Constitución fue bandera, la generación presente no tiene los motivos que la de la guerra reformista para admirar por fe lo que debe estudiar sin más preocupación que el interés público y el desenvolvimiento de las instituciones. La admiración fanática que tan eficazmente sirvió para sostener y vigorizar la Constitución, no será hoy sino un obstáculo pernicioso para la marcha progresiva del país en la vía de su emancipación democrática, sin la cual no serán nunca sólidos, ni la paz, ni el engrandecimiento económico, ni las libertades públicas, ni la respetabilidad de la Nación más allá de sus fronteras.
En realidad la fe ciega no existe ya en las capas sociales que ocupan tanto las clases directoras como las que pueden eslabonarlas con los inferiores; pero no es bien que la fijan, puesto que saben cuán fácilmente se agitan las pasiones ligadas al amor fanático, en las masas incultas que forman un credo de sus sentimientos, y que forman sus sentimientos en los discursos patrióticos de los oradores de fiesta cívica. Es preciso combatir estos fingimientos de mala ley que fomentan la perversión del criterio público, cuando se aspira al advenimiento del criterio público a la dirección suprema de los destinos de la Nación. Todos los gobiernos están llamados a obedecer en época más o menos cercana a la influencia de los pueblos, y cada día la palabra pueblo se aproximará más a la significación de multitud. La influencia popular, que casi no cuenta por ahora, crecerá por ley ineludible y acabará por transformarse en voluntad soberana, y como para tal avance de la multitud no se necesita que ésta tenga la idea del deber y de la responsabilidad, sino sólo que alcance la conciencia de su fuerza, su advenimiento será la catástrofe para la Nación si en las masas se han alimentado los prejuicios que las extravían y los fanatismos que las enconan.
CAPÍTULO VII
La Constitución y su modelo
Como este estudio no se propone la crítica general de la Constitución, sino el análisis de los vicios que, estando dentro de ella, imposibilitan su observancia, la enumeración de sus aciertos estaría fuera de lugar y sería impertinente; pero ya que hemos llamado la atención sobre las causas perturbadoras de la serenidad y rectitud del criterio de los legisladores constituyentes, como fuente principal de que dimanaron sus errores, vamos a llamarla también sobre cargos generales que se les han hecho y que han pasado a la categoría de verdades que sin examen se admiten y que nadie cree útil discutir.
Don Ignacio Ramírez dijo de la Constitución de 1824 que no era sino una mala traducción de la norteamericana, y varias veces censuró a la Comisión de 57 por su apego al modelo que presentaba un país en que “se usa la ley Lynch y se habla mal el inglés”; pero Ramírez, aunque fuese insigne hombre de letras, no parece haber estado muy provisto en materia de instituciones políticas, y aunque pronto para el ataque, que era su natural inclinación, poco ayudó en la obra de bien público que los miembros de la Comisión procuraban.
Sea por aquella opinión, que no fue sólo de Ramírez entre los constituyentes, sea porque las clasificaciones y comparaciones vulgares se hacen siempre a bulto y groseramente, quedó desde entonces sentado que la Constitución de 57 es una copia, con ligeras modificaciones, de la norteamericana. Este cargo (si por cargo se da) es enteramente gratuito, porque nuestros legisladores no cometieron el desacierto de copiar instituciones que habrían sido en mucho opuestas a lo que requerían nuestros antecedentes, nuestras propensiones y nuestros vicios. Ni la Constitución de 57 ni la de 24, de que aquélla tomó la mayor parte de la organización política, son copias de su modelo.
Si los legisladores mexicanos de una y otra época tenían que constituir una república representativa, popular y federal, bases de la nación del norte, natural era y hasta racional y aun obligatorio que estudiaran las leyes de los Estados Unidos; propio era que sintieran la inclinación de tomarlas por modelo, dado el buen éxito que había tenido, y sobre todo, su obra no podía menos que resultar en muchos puntos igual, supuesto que igual era el propósito que se perseguía. Sólo un prurito vanidoso de originalidad podía haber aconsejado a los autores de la ley de 57 el esfuerzo bien difícil de hacerlo todo nuevo, fin que no habrían conseguido sino haciendo mucho malo. Puesto que había que constituir una república, con la base de la representación del pueblo, era indispensable un Parlamento electivo de que emanasen las leyes, un Poder Ejecutivo con sus funciones propias de acción gubernativa y de administración, tribunales independientes encargados de la aplicación de las leyes que mantienen el orden social establecido; y como se imponía el sistema federal, precisaba establecer la separación e independencia de los Estados con su libertad interior y su subordinación al pacto federal para los intereses comunes. En estos puntos generales, la semejanza forzosa podía llegar a la identidad, y en muchos preceptos que son corolarios de aquellos principios tenía que suceder lo mismo; pero sólo desconociendo la idea capital que guía y la importancia de los detalles que la revelan, e ignorando su trascendencia práctica, se puede creer, por aquellas semejanzas, que el organismo que creó nuestra Constitución es igual, ni por asomo, al que instituyó la americana.
La concepción de una y otra difieren absolutamente, prevalecían en el espíritu de los legisladores mexicanos la idea abstracta de una Constitución y la supuesta virtud de los principios generales para hacerla buena. Colocados en un punto de vista superior y fuertes con los poderes que ejercían en nombre de un pueblo de antemano sometido, dictaban preceptos de organización para que fuesen declarados, no para ser discutidos; tenían, en consecuencia, una libertad amplia para echarse por el campo de las teorías y una tendencia fácil a considerar su tarea como la resolución de un problema abstracto. Como ella abarcaba el conjunto del poder, que se ponía en sus manos con la autoridad sin límites del árbitro elegido entre la autoridad anónima y el pueblo pasivo, su labor era como de simple distribución: partir la fuerza directiva entre los departamentos del poder, adjudicando funciones y enumerándolas; asignar a las personas garantías inviolables, para formar la fuerza y el tipo individuales que no existían; dar derechos políticos a los mayores de edad para armarlos ciudadanos; conferir la personalidad jurídica a las provincias para hacerlas Estados libres. Así la obra se resolvía en aplicación de la justicia distributiva y los problemas eran simplemente de cantidad: ¿debe darse al individuo tal facultad hasta diez o hasta veinte?; el sacrificio de tal otra para el orden social ¿debe ser de treinta ó de cuarenta? ¿los Estados deben ceder cinco a la Federación o es ésta la que ha de perder seis a favor de aquéllos? En tal tarea, quien la cumple se contenta con llevar la conciencia tranquila, que es el galardón de los jueces; pero los legisladores no llenan la suya a tan poca costa, porque la tranquilidad de su con ciencia no organiza las sociedades ni satisface la necesidad de armonía de los pueblos.
En tanto que los legisladores de México estaban investidos de poder absoluto para imponer una ley suprema a sus pueblos, los norteamericanos tenían el encargo de proponer un proyecto de unión a las colonias libres. Las colonias vivían con vida propia, que no tomaban de sus débiles gobiernos, sino de la energía individual, que era como el protoplasma de aquellos organismos acabados; habían celebrado su primera alianza en los Artículos de Confederación, y mientras el peligro del ataque exterior las inducía a concertar unión más estrecha, el temor de la tiranía interior las hacía recelosas para admitir la unidad. La concepción de la ley fundamental tenía así elementos reales a que había de someterse y que quitaban a la tarea toda libertad, alejándola, por lo mismo, de ensayos de teorías y de subordinación a principios abstractos. La realidad áspera de las necesidades que tenían que satisfacer, obligaba a aquellos hombres, ya de por sí prácticos, a no atenerse sino a los datos concretos, materiales, que les presentaban los casos y los hechos, y sólo sobre ellos debía laborar su sabiduría sin mostrarse, para quedar en su obra como una fuerza latente. Los representantes de los Estados que concurrieron a la Convención, eran como plenipotenciarios que concertaban un compromiso ad referéndum, y aun era menor su autoridad, puesto que podía un artículo aprobado por la mayoría haber sido rechazado por la delegación de un Estado. La ley debía, pues, estar concebida de modo que se llegara a la unidad de gobierno; pero en forma tal que los Estados pudiesen aceptarla sin recelos para su cuerpo político ni para la libertad individual, que era su fuerza de cohesión. Este era el punto de vista de los constituyentes de la Convención americana; su idea fundamental tuvo que ser, constituir la menor cantidad posible de gobierno central para restar a los Estados y a los individuos la menor suma posible de autonomía; y, dentro del gobierno federal, la dislocación del poder de los departamentos del Gobierno, llevada hasta donde fuese dable sin imposibilitar la armonía de funciones, a fin de impedir tanto la colusión como la subordinación, que funden las fuerzas autoritarias y constituyen la tiranía.
Tomar semejante base para la Constitución mexicana habría sido un absurdo, y nuestros legisladores, a pesar de la tentación del modelo, no incurrieron en tan craso error. El cuerpo político norteamericano se formó y subsiste por la acción de fuerzas moleculares; el de los pueblos latinos, en general, por una fuerza de presión que tiende a reunir las moléculas dispersas. Nuestros pueblos por historia, por herencia y por educación descansan en la vieja concepción del Estado y se derivan de esta noción abstracta que no corresponde a ninguna entidad real, en tanto que el americano, que partió de la realidad del individuo y de su rudo derecho para constituir el township, el bourg, el condado, no ha llegado, después de siglos de progreso institucional, al concepto del Estado, ni es probable que a él llegue, porque alcanzó el concepto real de la Nación, que basta para explicar todos los fenómenos políticos y para fundar todos los deberes del individuo para con el conjunto de los pueblos que liga un gobierno.
Al revés de la ley americana, la nuestra tenía necesidad de constituir un gobierno central fuerte en su acción, para lo cual era indispensable no escasear las facultades a sus departamentos ni privarlos de una relación frecuente, capaz de mantenerlos ligados para una tendencia común. La dislocación de los diversos órganos de gobierno, a la americana, habría producido, entre nosotros, una anarquía inmediata de todas las fracciones del poder; facultades mínimas en cada departamento de los gobiernos federal y locales, habrían llevado a la disolución del cuerpo político y a la dispersión de sus elementos, puesto que no teníamos la fuerza individual que los une y estrecha. Eran éstas necesidades superiores que debían satisfacerse aun a costa del peligro de recaer en los gobiernos absolutos y centralizados, y así lo estimaron nuestros legisladores, acudiendo a la precaución hasta donde lo creyeron posible por la garantía del derecho individual y la institución independiente de los gobiernos locales.
En los pueblos americanos el problema era llegar lentamente a la solidaridad; para los nuestros, llegar lentamente a la emancipación. Ambos sobre constituciones escritas, invariables, de las que propiamente se han llamado rígidas, tenían que obrar por la transformación de las tendencias y la fuerza de las costumbres para forzar la flexión y llegar al fin; los americanos han caminado mucho, y sin alterar la letra de sus instituciones, han fortalecido a su Gobierno; nosotros no hemos practicado las nuestras sino en parte y hemos caminado muy poco.
La diferencia de situación en los legisladores de ambos países, que les dio distintos puntos de vista y bases diversas para sus leyes, se tradujo en diferencias de detalle que produjeron instituciones sin semejanza en la práctica efectiva. Por vía de ejemplo, pero también como muy principal, vamos a señalar un punto. Los legisladores y los pueblos americanos tenían terror de todo el poder central, pero especialmente del Ejecutivo, en el que veían una tendencia monárquica irremediable; nuestros constituyentes veían en el Ejecutivo a Santa Anna en persona, el despotismo sin freno. Unos y otros quisieron conjurar el peligro que igualmente los espantaba; los americanos, como precaución, redujeron las facultades del Ejecutivo y lo aislaron enteramente del Legislativo, negándole el derecho de hacer iniciativas; los mexicanos, que no podían hacerlo débil, lo llenaron de todas las atribuciones que lo hacen director de los negocios públicos; pero por precaución lo sometieron al Congreso, destruyendo así toda su fuerza y toda su autoridad. Nuestros legisladores tenían una fe ciega en el Congreso, nacida de las teorías puras de la representación popular; los americanos desconfiaron de todo poder superior y buscaron siempre el equilibrio de las debilidades.
Nuestros legisladores no acertaron siempre que copiaron preceptos de la Constitución americana, ni siempre tuvieron tino cuando se apartaron de ella; pero si alguna vez sintieron la necesidad de reparar en que su obra no era de filosofía especulativa, sino de adaptación de mandamientos a un pueblo de existencia real y carácter propio; si alguna vez estuvieron plenamente en las realidades de su labor, fue cuando abandonaron la organización política americana, hecha adrede de fracciones inconexas, y adoptando el sistema opuesto, establecieron la correlación de las funciones y el engranaje de las partes que hacen de los distintos elementos de autoridad un gobierno coherente para una nación sólida.
Pero este acierto, ya se deba a la observación justa del pueblo para quien se trabajaba la ley, ya a que el camino adoptado era también el de las teorías de la ciencia política, de la cual se apartaban los legisladores del Norte, se malogró por el error inverso, que marca todavía más la diferencia de organización establecida por ambas Constituciones. La nuestra no sólo rebajó la fuerza que en facultades había dado al Ejecutivo, sometiéndolo al Legislativo, sino que, al depositar éste en una sola Cámara y expeditar sus trabajos por medio de dispensas de trámites que de su sola voluntad dependían, creó en el Congreso un poder formidable por su extensión y peligrosísimo por su rapidez en el obrar. Pero nuestros constituyentes creían que los diputados reunidos en el Congreso pueden tener todos los derechos del pueblo que representan; que el pueblo no se equivoca ni se tiraniza a sí mismo, o que se equivoca y tiraniza porque tiene el derecho de hacer cuanto quiera, hasta de cometer errores y de ser su propio tirano; de modo que, censurando a los conservadores que habían inventado el Poder Conservador en 1836, instituían ellos por jacobinismo, y sin darse cuenta, un poder más absoluto y más peligroso en su Cámara unitaria. ¡Cuán lejos está este sistema del sistema receloso y desconfiado de la Constitución americana!
No insistiremos más en este punto. Las opiniones que llegan a hacerse generales y pasan a verdades indiscutibles, se convierten en preocupaciones nocivas para el criterio en asuntos en que importa mucho que sea sano; pero, por ventura, basta señalar la preocupación, cuando no afecta el sentimiento, para que se desvanezca su engaño. Compárense las facultades de los órganos del Poder público en las dos Constituciones; considérese juiciosamente la trascendencia de los puntos en que se separan y aun se oponen, y se verá que nuestra ley fundamental no es una copia, ni buena ni mala, de la del Norte, y que nuestros legisladores erraron algunas veces en lo que tomaron, erraron otras por no tomar lo que debieron y acertaron mucho por imitar con tino o por pensar con sabiduría. El cargo de copiar sin discernimiento, que es el que se ha hecho siempre a nuestros legisladores, es el más duro de todos, porque implica ignorancia, sumisión intelectual vergonzosa y falta de patriotismo. Sus mismos errores desmienten tan gratuita imputación.
La Constitución americana se elaboró en circunstancias y con procedimientos singularmente favorables. La Convención reunida diez años después de adoptados los Artículos de Unión Perpetua, trabajó en medio de la paz, a la vista de un pueblo que esperaba su obra para examinarla y juzgarla; los delegados eran sólo cincuenta y cinco, cuya serenidad no turbaba pasión alguna. Las sesiones, a puerta cerrada, se llenaban con la discusión del bien público, no con disputas de partido.
Compárense esas condiciones con la del Congreso de 57, reunidos por convocación de una revolución triunfante, que trabajó en medio de la lucha armada, rodeado de peligros y cargado de pasiones. El entusiasmo tenía el lugar del reposo; la audacia proponía los principios y en la discusión le contestaban el rencor o la preocupación. Las galerías repletas tomaban participación en los debates, no sólo con aplausos y siseos, sino con injurias y amenazas, influyendo en las votaciones. No podía exigirse ni de los más distinguidos diputados un acierto contra el cual conspiraban las circunstancias todas.
Hasta aquí la Constitución tal cual salió del Congreso de 57. Nuestro estudio no se contrae a ella, sino a la Constitución nacional como rige hoy, después de mejorada por algunas de las reformas que se le han hecho. Debíamos examinar sus orígenes y su formación; pero no entra en nuestro propósito la crítica general de la obra primitiva, sino en cuanto puede ser útil para el examen de las instituciones vigentes, en lo que tienen de obstruccionistas para el desenvolvimiento de la democracia.
CAPÍTULO VIII
Comonfort
La obra de los constituyentes en 1856 comprendía dos tareas bien determinadas, aunque algunas veces se confundieran en un objeto común: la una, de destrucción y demolición, consistía en aniquilar al bando conservador, acabar con la influencia del clero en los asuntos políticos, hacer la reforma social, como tantas veces lo dijeron en sus discursos los progresistas; la otra, de reconstrucción y organización, consistía en establecer el gobierno nacional con el mecanismo más adecuado para un funcionamiento armonioso, tan automático como fuese posible. Las condiciones personales para acabar una y otra empresas, eran casi incompatibles: la primera requería convicciones absolutas, voluntad resuelta a todos los extremos, acción enérgica y hasta pasión de sectario; la segunda necesitaba reflexión serena, espíritu previsor, más inclinación a los consejos de la experiencia que a la lógica de los principios, severidad de criterio para sojuzgar el entusiasmo, haciendo prevalecer un patriotismo adusto.
Los progresistas de Ayutla, nuestros grandes jacobinos, tenían los elementos personales para la obra de demolición; pero ya hemos visto que en el Congreso no pudieron alcanzar sino lo que moderados y conservadores hubieron de ceder por transacciones que redujeron el éxito para descontentar a todos. Arriaga, Mata, Zarco, lamentaban en sus discursos que la Reforma se hubiese malogrado, en tanto que la Iglesia lanzaba sus anatemas sobre la Constitución por reformista y empujaba a sus parciales a la lucha contra ella.
Las aptitudes de los progresistas para destruir los hacían poco idóneos para organizar, y sería pedir un absurdo exigir que cambiaran de criterio al pasar de la discusión de un artículo demoledor a un precepto de equilibrio gubernamental. Para ello habría sido necesario, no sólo una flexibilidad inconcebible de espíritu en cada progresista, sino una mutación de escena en la situación del Congreso, de todo el Gobierno, de toda la sociedad, como por un cambio de decoración merced a la prevista máquina del teatro. Y en la parte de organización los progresistas no encontraban resistencias, porque los moderados, en no tratándose de principios que afectaran a la idea religiosa, solían ser tan jacobinos como sus adversarios. De esta suerte, el Congreso, en conjunto, resultó moderado en lo que debió ser extremista, y jacobino en lo que debió trabajar sobre las realidades de la experiencia.
La confusión de los dos objetos de la Ley fundamental ha dado a la obra un carácter de unidad dañoso para el buen discernimiento de sus cualidades y sus errores. Durante muchos años, sobre todo después de que Juárez la identificó con la Reforma y la idealizó con el triunfo, señalar un defecto en la organización constitucional del gobierno era hacerse sospechoso de clericalismo, y por su parte los católicos no veían ni siquiera el juicio de amparo sin escrúpulos de conciencia.
El Presidente Comonfort encontró malas ambas partes. Creyó que la reforma social religiosa se había llevado demasiado lejos, que lastimaba la conciencia de la mayoría o casi de la totalidad de la Nación; y si en la aceptación del hecho estaba en la verdad, erraba en la apreciación política (porque no era caudillo), al creer que en un pueblo en formación es el sentimiento de la mayoría la pauta de las evoluciones. Juárez demostró bien pronto que las minorías son fuertes para vencer cuando traen el espíritu nuevo, y que la victoria fortalece este espíritu, lo prestigia y lo difunde hasta la conquista de la conciencia pública. No es fácil atribuir a Comonfort la sumisión a preocupaciones religiosas que le estorbaran para aceptar las reformas de este orden; a él que había sostenido las que precedieron a la Constitución, y que ésta no superó, de abolición de fueros y nacionalización de bienes de la iglesia; a él que decretó la intervención de los bienes del clero de Puebla, y que muchas veces dictó órdenes o aprobó las dictadas, incompatibles con el escrúpulo religioso. Hay que creer que la moderación que le hacía reprobar las reformas, provenía de una convicción política, basada en el juicio que del pueblo tenía y en el criterio que lo guiaba. Pero para nuestro propósito, esta discusión sería inútil, porque no nos proponemos juzgar la obra reformista, que está concluida sino la de organización, que aún no da muestras de alcanzarse.
En las discusiones de la Constitución el Gobierno de Comonfort objetó no sólo las reformas sociales, sino también varios puntos de organización y casi siempre fue desoído. Promulgó la nueva ley con la perplejidad de quien se halla entre una convicción y un deber antagónicos, y corriendo los días turbulentos y trabajosos que se sucedieron hasta la reunión del primer congreso constitucional, durante aquella situación penosa y extraña en que el jefe de la Nación era dictador y tenía encima una constitución casi vigente, llegó a él la plena convicción de que “la observancia (de la nueva carta) era imposible, su impopularidad un hecho palpable” y de que “el gobierno que ligara su suerte con ella era un gobierno perdido”.
A pesar de que sus opiniones no eran un secreto para la Nación (pues si desmintió los propósitos que se le atribuían de echar abajo la Constitución, nunca negó su inconformidad con ella, ni tuvo para ella un elogio hipócrita), su popularidad no rebajó. Al llegar el momento de las elecciones generales, la imposición moral de la revolución había tenido tiempo de desvanecerse; dentro del partido liberal, que era el único en los comicios, se levantó una candidatura acreedora al más grandes prestigio y que daba plena garantía a los progresistas: la de Don Miguel Lerdo de Tejada; sin embargo, Comonfort, lleno de las simpatías y la admiración que le conquistaban sus prendas de hombre, sus cualidades de gobernante y sus victorias de soldado, tuvo en su favor todos los elementos, y quizá más que ninguno el popular, y fue elegido Presidente de la República.
Cuando el Congreso se reunió y comenzaba la vigencia de la nueva Carta, aquel hombre que parecía ser un esclavo de sus convicciones llegó a lo más cruel del conflicto que lo ahogaba. El desorden revolucionario que se extendía por mil puntos del país, hacía la situación más apremiante y más grave la responsabilidad; la Constitución, combatida por la prensa conservadora, era discutida por la liberal misma, alguno de cuyos órganos reclamaba la suspensión de la Ley y su reforma inmediata; la Hacienda siempre exhausta había agotado sus medios para procurarse fondos; el ejército, excitado por jefes conservadores, se decía descontento, y el Congreso, mientras tramitaba el proyecto de facultades extraordinarias, no ocultaba su desconfianza respecto al Ejecutivo. Comonfort acude al consejo de liberales notorios, y ellos le dicen terminantemente que es imposible gobernar en aquel momento con la Constitución, que es un estorbo. Zuloaga, su mejor amigo, opina lo mismo y habla del peligro de la sublevación de las tropas de su mando. Las conferencias con Doblado determinan a Comonfort a dimitir, resolución digna de un hombre que encuentra odioso el golpe de Estado e indigna la traición a sus convicciones; pero el mismo Doblado le hace desistir, y presentándole las graves consecuencias que para el país tendría la renuncia, le aconseja que pida al Congreso la inmediata reforma de la Constitución, y aprueba y aun apoya el golpe de estado para el caso de que la Cámara rechace las iniciativas que en tal sentido han de proponérsele. Habla, por último, a Juárez de sus proyectos, y el gran liberal se limita a decirle que él no lo seguirá en ese camino, y encierra en su silencio de esfinge todo consejo, todo reproche, que Comonfort debía esperar de él como correligionario, como amigo y como ministro suyo. [8] Ni Juárez ni Doblado quedaron libres de sospecha en la opinión de sus contemporáneos por la actitud que guardaron en aquellas entrevistas.
Comonfort aceptó el plan de Tacubaya, reprochándoselo a sí mismo como un acto miserable, empujado a ese abismo por amigos y enemigos, y puesto a elegir entre varios caminos desastrosos. Lo que no pensó fue violar la Constitución fingiendo acatarla. Para él no había, respecto a la Ley, más que dos extremos: u obedecerla o destruirla. Tal rectitud, que en tiempos normales habría hecho de él el más grande de los presidentes de México, debe merecer nuestros respectos y nuestra admiración. Después de medio siglo de experiencia, la opinión de Comonfort ha sido justificada por todos sus sucesores, Juárez el primero: el gobierno es imposible con la Constitución de 1857; “el gobierno que ligue a ella su suerte es gobierno perdido”. Juárez, Lerdo de Tejada y el General Díaz antepusieron la necesidad de la vida nacional a la observancia de la constitución, e hicieron bien; pero no corrigieron la Ley que amenaza la organización y hace imposible la democracia efectiva. Y esto era precisamente lo que Comonfort se proponía con incontestable elevación de patriotismo y desinterés.
Al concluir su última conferencia con Doblado, en la que probablemente llegaron a detalles sobre las reformas que eran necesarias, Comonfort hizo un apunte de las materias que deberían afectar las iniciativas que se dirigirían al Congreso. Este documento, precioso para quien haya de estudiar el carácter, las ideas dominantes y las notorias facultades de hombre de gobierno de Comonfort, revela sus opiniones concretas sobre la nueva Carta en las dos fases de reformadora y de organizadora. [9] No nos referimos sino a las notas que importan para los fines de este estudio; es decir, a las que señalan defectos reales de la organización nacional, en las que hay que admirar el acierto de un hombre que no había recibido una educación que lo preparara para la ciencia política, y la buena fe, la lealtad con que trataba de establecer realidades democráticas, desde un puesto en que los presidentes latinoamericanos no han sólido preocuparse por cerrar el camino de los abusos de poder.
Para fortalecer al Ejecutivo, cuya debilidad, en su concepto, hacía imposible el Gobierno, quería Comonfort “extensión de facultades al Poder central Ejecutivo federal” y “extensión del veto”; es decir, pedía que se diera más fuerza al Ejecutivo, a la vez que se rebajara la del Congreso, comprendiendo que la Constitución había creado una cámara con elementos de convención, de la que no iba a surgir un gobierno parlamentario, sino la dictadura desordenada y demagógica de las asambleas omnipotentes. Pretendía añadir el paliativo de “reducir el número de diputados”, sin duda porque comprendía la imposibilidad de establecer el Senado, que por fuerte mayoría y entre aplausos había proscrito pocos meses antes el Congreso Constituyente. Si lo que solicitaba no era bastante para el perfecto equilibrio de los dos Poderes, cuya disparidad constituía tal vez el más grave error de la Ley fundamental, la verdad es que acertaba mucho en lo que pedía y se mostraba más penetrado que el Congreso Constituyente de lo que deben ser las instituciones fundamentales.
Las notas relativas al Poder judicial son éstas: “Inamovilidad de la Corte de Justicia y requisito de abogacía. Elección de los magistrados de la Corte. Movilidad de jueces inferiores”. Indudablemente la segunda debería desarrollarse en el sentido de modificar el modo de elección que la nueva Carta confería al pueblo. La concepción del sistema judicial, en la forma que estas notas denuncian, no se ha alcanzado todavía en nuestra época, a pesar de una experiencia que Comonfort no tenía; y cuenta que ni podía imaginarse entonces la extensión y la fuerza del recurso de amparo que, puesto al alcance del Ejecutivo por magistrados complacientes, puede dar al gobernante el arma más peligrosa sobre los intereses de la sociedad. Comonfort, al pretender la inamovilidad de los magistrados, sí sabía que iba en busca de su independencia, y esto importaba la renuncia a una influencia que de seguro tuvo por odiosa.
Por aquellos días, cuando en el Gobierno central ni la dictadura era fuerte, no preocupaba a los hombres públicos la independencia de los Estados. La tenían éstos por virtud de las circunstancias, por las luchas constantes que obligaban a concentrar energías en cada gobierno local, y que requerían en cada gobernador valor, audacia e iniciativa personales. Comonfort no tenía por qué buscar medios constitucionales para asegurar la independencia de los Estados, ni sospechaba, quizá, que ya proveía uno de los medios de protegerla en la independencia del Poder judicial de la Federación. Pero no olvidó en sus notas el interés de las Entidades federales y puso entre ellas las siguientes: Represión de excesos en los Estados.- Alcabalas.- Clasificación de rentas.
No es claro el alcance del primer punto; pero si se tiene en cuenta que las notas suponen reformas o adiciones en la Constitución, y por consiguiente, la represión de excesos, no se debió de referir a un proyecto de ley común, ni a medidas de Gobierno; si se considera que en este género de apuntes, puramente personales, no nos importa poner la idea, sino la frase o palabra que en nosotros la despierta, debemos suponer que el hábil organizador había concebido, por sugestiones de su experiencia, medios de moderar la dictadura local de los gobernadores, o bien había presentido el desequilibrio que los gobiernos locales, independientes y vigorosos, podían traer al sistema federal cuando el poder central estuviera sometido a las trabas constitucionales. Es lo segundo lo que debe admitirse, dada la penetración fácil y la clarividencia del estadista; y de ser esta suposición exacta, convengamos en que los años posteriores han demostrado la sabiduría del propósito, puesto que hemos visto en ellos que cuando el poder central no absorbe la independencia de los Estados, los Estados llegan a un exceso de altivez, en nombre de su soberanía constitucional, que los avecina a la autonomía rebelde.
La nota sobre las alcabalas no admite suposición; es claro que Comonfort veía el mal de la supresión de una fuente de ingresos locales, que dejaría a los Estados sin su principal recurso de subsistencia. Los sueños del Congreso Constituyente no embargaban el sentido práctico de gobierno de aquel hombre sereno y equilibrado.
En cuanto a la clasificación de rentas, ya vimos que el Congreso aprobó el artículo que la establecía, pero que fue olvidado por la comisión de estilo; tan olvidado que, cuando años después se inculpó al constituyente Guzmán la supresión, en la minuta, de artículos aprobados por el Congreso, ni se señaló éste entre los omitidos, ni él en su defensa lo mencionó. La nota relativa de Comonfort vale, en todo caso, una demostración de su empeño en precaver fricciones entre los Estados y la Federación, y quizá su solicitud por la independencia efectiva de aquéllos, aun a precio de restricciones para la autoridad que él iba a ejercer; sacrificio que no hemos visto repetirse en cincuenta años.
Las notas que se refieren a elecciones son una prueba más de la lealtad de Comonfort, de la fe con que se proponía llevar a la realidad práctica los principios democráticos. La primera: “elección por voto universal del presidente”, tiene un error de expresión, muy explicable en hombre poco versado en el lenguaje de la ciencia política, y en apuntes hechos para él mismo y de prisa. Si la Constitución establecía el sufragio universal, era por demás pedirlo como reforma para la elección de Presidente. Nosotros no ponemos en duda que quiso establecer el voto directo y que el imaginar a todos los ciudadanos votando por sí mismos al presidente, por contraposición a los grupos reducidos de los colegios electorales secundarios, trajo a su mente la idea de universalidad. Pudiera contra esto decirse que pedía el voto universal, como excepción del restringido que proyectaba en otro lugar de sus notas; pero a esto se oponen dos consideraciones de gran fuerza: sería extravagante, no sólo en un cerebro como el de Comonfort, sino en cualquiera normal, que la excepción ocurriese antes que la regla e independientemente y aun a distancia de ella, y tal sería el caso, puesto que, entre la nota primera y la que se refiere a restricción del voto, median otras muchas sobre asuntos que le son extraños; por otra parte, no puede suponerse, en quien tan sabiamente juzgaba de las instituciones, que restringiese el voto para hacerlo consciente en la elección de diputados y lo dejase a los analfabetos en la de Presidente, que está menos al alcance de los ignorantes. Además, parece que por entonces era usual llamar sufragio universal al voto directo, como puede verse en un discurso de Arriaga que extracta Zarco en la sesión de 16 de octubre.
Cuando vemos que Comonfort apuntaba “reglas para evitar que la elección pública sea falseada”, y en seguida, por una correlación de ideas, el “requisito de saber leer y escribir para ser elector”, nos sentimos a punto de tenerle por un hombre extraño, que como legislador no cree en aquella época en la igualdad ni en la infalibilidad de los ciudadanos, y como dictador no siente las tentaciones del poder, cuando se lo aseguran la ignorancia del pueblo y la amplitud de las instituciones electorales.
Esto por lo que acusa la lealtad de su intención democrática y la generosa rectitud de sus miras; pero el conjunto de las notas que hemos señalado, muestra un fondo de previsión en la ciencia del gobierno que hay que poner en la cuenta de la sabiduría para no atribuirlo a coincidencia casual. Las condiciones que procura para hacer de la elección efectiva la base del gobierno y una conquista en los derechos y los hábitos de los ciudadanos, van a proponerse a la representación nacional, juntamente con las condiciones que al equilibrio de todo el sistema es indispensable; porque sin el equilibrio de los Poderes federales, sin la acción consistente y contrapesada del Gobierno central y los Gobiernos locales, la libertad electoral lleva al desastre y amenaza lo esencial de la vida de la República. Entre la dictadura y la anarquía, los pueblos han propendido a la anarquía, y los hombres de gobierno, para salvarlos, han preferido la dictadura.
Comonfort pone en sus notas su programa de hombre público que va al fin más alto y que se condensa en su expresión favorita: “conciliar la libertad con el orden”.
Comonfort no era caudillo; había sido el segundo jefe militar de una revolución que no tuvo más propósito concreto que el abatimiento de un tirano monstruoso y la aspiración vaga de conquistar libertades, cuya extensión se dejaba sin condiciones ni programa imperativo a un congreso constituyente. Para encabezar una revolución así, bastaba ser soldado de valor y ciudadano digno, y Comonfort era lo uno y lo otro en la más llena medida; pero para seguir hasta donde era necesario las consecuencias de la revolución que se tornó reformista y había de llegar hasta arrancar las raíces con que vivía una sociedad nutrida de tradiciones, se requería mucha más ambición, más audacia que las suyas; se requería la pasión de sectario convencido que él no sabía tener; la voluntad de sacrificar todos los bienes actuales, todos los intereses de momento de la sociedad con la fe de que el fin, triunfo de una idea fundamental, valdría para ella mucho más que los hombres muertos, la riqueza destruida, el crédito aniquilado en el exterior.
Las dos tareas que imponía la necesidad política en la obra de la Constitución del país, eran imposibles de realizar a la vez, porque debían trabajarse por un solo espíritu predominante, fuese individual o colectivo, y no caben para la mezquindad humana, en un solo hombre, la serenidad práctica y la pasión jacobina. Es imposible ser a la vez Comonfort y Juárez, y ya es mucho ser uno de los dos. Para organizar la Nación y para fundar las tradiciones de gobierno que pudieran encaminarlo por el sendero del civismo al través de las sucesiones personales, nadie ha mostrado las altas dotes del Presidente de Ayutla; pero no era aquel el momento de nuestra historia que las necesitaba; la primera jornada era la de la Reforma, y los apremios de la necesidad histórica lo arrojaron del puesto que debía ocupar el hombre necesario.
Quería Comonfort “conciliar todos los derechos y todos los intereses legítimos por medio de la tolerancia, de la fraternidad y de la concordia”, para que no fuesen “enemigas ideas que deben ser hermanas: el orden y la libertad, la tradición y la reforma, el pasado y el porvenir”, y para hacer que “se abrazaran como hermanos los hombres de buena fe militaban bajo las dos banderas”. [10] Creía, pues, posible la fusión de dos credos antagónicos y extremistas en uno nuevo, hecho de concesiones, que no declararía la fe de ningún dogma, como si pudiese haber credo sin dogmas y sin fe! Este error de criterio le hizo repugnar la Constitución como obstáculo para la concordia, y su acierto para juzgarla como de imposible observancia en lo relativo a la organización del gobierno, sirvió para empujarlo con más fuerza en el camino que no se resolvía a tomar. Breves días bastaron para cambiar absolutamente su posición, llevándolo del prestigio más notorio a la impopularidad más completa, y al salir del territorio nacional, lo acompañaban los rencores, las injurias y hasta la befa de los partidos que él quiso reconciliar.
“En política, dice Le Bon, los verdaderos grandes hombres son los que presienten los acontecimientos que preparó el pasado y enseñan los caminos en que es necesario empeñarse”. Pero Comonfort no era un grande hombre; era algo mucho más modesto, pero no menos respetable: un gran ciudadano.
CAPÍTULO IX
La Dictadura Democrática
El grande hombre era Juárez. Presintió los acontecimientos que en la incubación del pasado tenían una vida latente, pronta a convertirse en fuerza y en acción, y para dominarlos, comenzó por obedecer a la necesidad que había de producirlos. Comonfort interpretaba la revolución de Ayutla con fidelidad de jurista probo que respeta la ley; se atenía a sus tibias promesas y a sus modestas autorizaciones; creía que el plan revolucionario era un compromiso inviolable entre sus autores, representados por el gobierno, y los que en la lucha habían tomado participación; es decir, la Nación entera. Juárez vio en la revolución un síntoma y en la obra del Congreso Constituyente una aspiración ahogada; tomó el plan de Ayutla como promesa cumplida, que una vez satisfecha, había extinguido todo compromiso para lo porvenir; entendió que la evolución social, fuerza oculta de la victoria sobre Santa Anna, era una imposición del desenvolvimiento histórico; que había fuerzas capaces de realizarla, y en lugar de obedecer al Plan, tuvo por más obligatorio servir a la Constitución, que era el compromiso nuevo y que había reemplazado ventajosamente a los artículos incoloros del pacto de Ayutla, y servir a la Reforma, que era ya una consecuencia de los debates del Congreso.
Juárez no paró mientes en los errores de la Constitución que imposibilitaba la buena organización del Gobierno; no trataba de gobernar, sino de revolucionar; no iba a someterse a una ley que para él y los reformistas era moderada e incompleta, sino a integrar la reforma que apenas delineaba; iba a satisfacer el espíritu innovador, regenerador, de la minoría progresista a quien tocaba toda la gloria de las conquistas alcanzadas en la Constitución, y cuyas derrotas no habían hecho más que atizar el ardor de todos sus correligionarios. Juzgar los detalles de la ley como base de gobierno, habría sido una puerilidad en momentos en que era imposible organizar y se necesitaba destruir.
La Constitución, que para Juárez no podía ser más que título de legitimidad para fundar su mando, y bandera para reunir parciales y guiar huestes, era inútil para todo lo demás. La invocaba como principio, la presentaba como objeto de la lucha; pero no la obedecía, ni podía obedecerla y salvarla a la vez. Como jefe de una sociedad en peligro, asumió todo el poder, se arrogó todas las facultades, hasta la de darse las más absolutas, y antes de dictar una medida extrema, cuidaba de expedir un decreto que le atribuyese la autoridad para ello, como para fundar siempre en una ley el ejercicio de su poder sin límites.
Así gobernó de 1858 a 1861, como la autoridad más libre que haya sabido en jefe alguno de gobierno, y con la más libre aquiescencia de sus gobernados, puesto que sólo se le obedecía por los que tenían voluntad de someterse a su imperio; y así llegó al triunfo, y restableció el orden constitucional cuando entró en la capital de la República.
Ya desde Veracruz en Noviembre de 1860, había expedido convocatoria para la elección de diputados y de presidente de la República que debía hacerse en Enero siguiente. Se retiran a los gobernadores las facultades extraordinarias que habían tenido. Las elecciones hechas, el Congreso se instala; Juárez, que no tuvo mayoría absoluta en la elección, por haberse distribuido los votos entre Lerdo de Tejada, González Ortega y él, es elegido por la asamblea. El Gobierno está constituido; ya puede comenzar plenamente el reinado de la Constitución.
No le permitieron las necesidades de la lucha contra la reacción: el decreto de 4 de junio dio facultades extraordinarias al Presidente en Hacienda; el del día 7 suspendió garantías individuales y puso en manos del Gobierno facultades de rigor que volvían a darle un poder formidable, y declaró que la ley de 6 de diciembre de 56, para castigar la traición y reprimir rebeliones, estaba y había estado vigente; ley cuya rigidez se comprende por su sola fecha, que denuncia el objeto que se propuso y las circunstancias que la produjeron. Hecho al ejercicio del poder amplio, Juárez extendió el suyo cuanto convenía a las exigencias de la situación, aun cuando el Congreso estuviese reunido: por una circular autorizó a los gobernadores para aprehender “a las personas de quienes les constara que fomentaban la reacción o maquinasen de cualquier modo en contra de la paz”, y dar después aviso al Ministerio respectivo. La ley de suspensión de garantías fue derogada en octubre; pero el decreto del Congreso expedido el 11 de diciembre restableció su vigencia, determinando que continuase en vigor hasta treinta días después de la siguiente reunión del Congreso; agregó dos artículos más de las garantías individuales a las ya comprendidas en la suspensión, y le otorgó facultades omnímodas, “sin más restricciones que la de salvar la independencia e integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la constitución y los principios y leyes de Reforma”.
Al expirar el término de la nueva ley, las hostilidades se habían roto con las tropas francesas; la situación era más difícil que nunca, y el Congreso prorrogó las leyes de facultades extraordinarias y de suspensión de garantías, hasta que la asamblea que debía elegirse se reuniese en septiembre de 62 o cuando fuese posible. El Congreso se reunió en efecto, y decretó en octubre la prórroga de las leyes mencionadas en términos semejantes a los establecidos por la ley de 3 de mayo. Por último, caída Puebla en poder del invasor tras su glorioso sitio, imposibilitado el funcionamiento de los Poderes públicos, el Congreso, antes de retirarse, otorgó otra vez las autorizaciones y ratificó la suspensión de garantías hasta treinta días después de que pudiera volver a reunirse.
No es posible asumir poder más grande que el que Juárez se arrogó de 63 a 67, ni usarlo con más vigor ni con más audacia, ni emplearlo con más alteza de miras ni con éxito más cabal. Fundado en el decreto de 11 de Diciembre que le concedió facultades omnímodas, sin más restricción que encaminarlas a la salvación de la Patria, ningún obstáculo encontró en su áspero camino que no fuera allanable; sustituyó al Congreso, no sólo para dictar toda clase de leyes, sino en sus funciones de jurado para deponer al Presidente de la Corte Suprema; y fue más allá: sustituyó no sólo al Congreso, sino al pueblo, prorrogando el término de sus poderes presidenciales por todo el tiempo que fuese menester; pero se atuvo a lo que la ley de diciembre le prescribía como restricción, y que era sólo en verdad la razón de ser de aquella delegación sin ejemplo: salvó a la Patria.
El Gobierno volvió a la capital de la República y convocó a elecciones; el 8 de Diciembre de 1867 el Congreso abría sus sesiones, y en la del 20 declaraba Presidente constitucional a Juárez, que había obtenido la mayoría de votos de la Nación. El orden constitucional estaba restablecido y el Gobierno lo declaró así el 12 de abril de 68 en una circular que previno el respeto a las garantías individuales; pero desde Enero el Estado de Yucatán había sido declarado bajo el gobierno militar del estado de sitio, y en 8 de mayo el Congreso decretaba otra vez la suspensión de artículos constitucionales, sometiendo a juicio sumario militar a los que de cualquier modo trastornasen el orden. Volvía, pues, el Ejecutivo a tener facultades fuera de la constitución, y ya era sabido cómo solía usarlas el severo Presidente. La ley se las confería hasta el 31 de diciembre.
En el año que siguió (1869), para no pasarlo en blanco, hay suspensión de garantías para los plagiarios y salteadores; pero, a juzgar por las leyes de 1870, no habían faltado ni un día facultades de importancia al Presidente de la República. En efecto, la del 17 de Enero declara que ha estado siempre vigente la de Comonfort de 6 de diciembre de 56; y no obstante estar reunido el Congreso, Juárez pone los Estados de Querétaro, Zacatecas y Jalisco en estado de sitio, en uso de las facultades que le confería la ley de 21 de Enero de 1860. Ésta, pues, había estado en vigor siempre, y no podía ser más poderosa para destruir el orden constitucional, puesto que sometía la suerte de los Estados soberanos a la voluntad sin condiciones del Ejecutivo. Había sido dictada por el mismo Juárez en ejercicio de facultades extraordinarias, y autorizaba al Presidente para declarar un Estado o Territorio en estado de guerra o de sitio, declaración que daba a la autoridad militar facultades que importaban suspensión de garantías, y despojaba a los gobiernos locales de muchas de sus funciones.
La ley de 17 de Enero de 70 es notable por el número e importancia de las garantías que suspendió; además, confirió facultades extraordinarias en Hacienda y Guerra al Ejecutivo. Parece increíble que todavía en el orden constitucional, definidas las garantías que quedaban en suspenso y los ramos que las facultades abarcaban, se declarase expresamente que el Ejecutivo no podía, en virtud de aquellas autorizaciones, gravar ni enajenar el territorio, cambiar la forma de gobierno ni contrariar el Título IV de la Constitución, que se refiere a la responsabilidad de los funcionarios. El Congreso tenía presente que Juárez sabía sustituirlo hasta para hacer veces de gran jurado; pero no tenía derecho para desconfiar de su patriotismo.
No se hizo esperar la manifestación enérgica de la acción habitual del Presidente. Sirviéndose de sus facultades en Hacienda, con un poco de violencia en el modo de aplicarlas, dictó un decreto el 31 de Enero, mandando que los primeros funcionarios del ramo procediesen a “asegurar los bienes de las personas que notoriamente estuviesen comprendidas en la ley de 22 de Febrero de 1832”, para asegurar la responsabilidad civil de los sublevados contra el gobierno, por los perjuicios que causaran al fisco y a los particulares. La ley de 32, invocada como vigente, hacía responsables in solidum a los que tuviesen parte en una revuelta, de lo que ellos o sus jefes tomasen de propiedades privadas. El decreto de Juárez la amplió, restableció el procedimiento de las leyes de 56 y 58; pero, sobre todo, dejó al arbitrio de los funcionarios de Hacienda la calificación de los comprendidos en sus disposiciones, como una amenaza contra el espíritu revolucionario.
La ley que tan ampliamente armó el jefe del Gobierno debía durar hasta Julio de 1870; pero ya hemos dicho que la que lo facultaba para declarar el estado de guerra y de sitio, estuvo en vigor hasta Mayo de 71 en que pareció necesario, para anularla, que el Congreso la declarase inconstitucional expresamente.
En 71 debían hacerse nuevas elecciones generales. Juárez, que contaba con la mayoría del Congreso, hizo reformar la ley electoral en las sesiones de mayo, con visible propósito de preparar su triunfo. Entre las modificaciones se hizo la del artículo que prevenía el voto por diputaciones en caso de que el Congreso tuviese que elegir al Presidente de la República, y se dispuso que el voto fuese individual. Sabía Juárez que la elección no iba a darle mayoría absoluta, desconfiaba de los gobernadores, que habían de ser los electores efectivos, y prefería atenerse a la mayoría de representantes que esperaba de los Estados de mayor población.
En efecto, sus dos adversarios juntos, Lerdo de Tejada y el Gral. Díaz, alcanzaron más de la mitad de los votos expresados. La minoría oposicionista del Congreso pretendió en vano diferir la solución, con motivo de que veintisiete distritos no habían votado; se atacó al gobierno rudamente, atribuyéndole manejos ilegales para violar la libertad del sufragio, como la destitución del Ayuntamiento de la capital; pero al fin prevaleció la mayoría y Juárez fue declarado presidente para el nuevo período. No se necesitaba más para motivo de revolución, y estalló la de Oaxaca en Noviembre, ni Juárez había menester otra cosa para volver a las facultades extraordinarias. Así fue que se las confirió amplias el Congreso en Hacienda y Guerra en 1º de diciembre, declarando vigente en su mayor parte la ley de 70, con la suspensión de garantías para los sublevados, y otra vez la de Comonfort de diciembre de 1856.
Al expirar el término de la ley, no obstante que la revolución estaba vencida, otro decreto prorrogó su vigencia hasta octubre. Durante la contienda, al Presidente le hacía falta la ley de 21 de Enero de 60, que lo autorizaba para declarar el estado de sitio e imponer el gobierno militar, pues el Congreso la había declarado inconstitucional en Mayo de 71; pero para él la fuente del poder era inagotable; y como la del 1o. de diciembre lo facultaba en el ramo de Guerra, tomó de ello base para declarar vigente la de 1860, y de ésta, fundamento para establecer el gobierno militar, durante el primer semestre de 72, en los Estados de Tlaxcala, Aguascalientes, Hidalgo y Zacatecas. Juárez murió en julio con el poder formidable de las facultades extraordinarias con que gobernó siempre; los breves períodos en que por excepción no las tuvo, contó con la ley de estado de sitio que, cuando no estaba en ejercicio actual, se alzaba como un amago sobre los gobernadores. Con la Constitución no gobernó nunca.
¿Era sólo porque le parecía más cómoda la dictadura? De ningún modo: era resultado de su convicción de que, con la ley de 57, el Ejecutivo quedaba a merced del Congreso y de los gobernadores. Cumplió la obra reformista iniciada por la Constitución y bajo el programa de los liberales del 57; pero de la organización que aquélla estableciera tenía tan mala opinión como el caudillo de Ayutla. Había visto en Septiembre de 1861, apenas restablecido el orden legal, que cincuenta y un diputados le pedían su abdicación a favor de González Ortega, de aquel general victorioso que, al prestar la protesta como presidente de la Corte Suprema, pronunciaba un discurso censurando la política del Gobierno sancionada por el triunfo; y había visto que cincuenta y cuatro representantes lo sostenían con la pobre mayoría de tres votos. ¿Qué habría de esperar de un congreso así, que él mismo calificó de convención? Bien sabía, por otra parte, que los gobernadores no podrían someterse democráticamente a las constituciones locales sin convertirse en juguete de los agitadores o de las legislaturas; que tenían que obrar de suerte que todo el poder estuviese en sus manos, y frente a jefes de Estado dictadores, era indispensable un presidente dictador. Juárez empleó aquellas fuerzas, que no podía destruir; se apoyó en los gobiernos locales, apoyándolos a su vez, y se mantuvo con una mayoría del Congreso de que los gobernadores lo proveían.
Dos veces manifestó el gobierno de Juárez su opinión adversa a la organización constitucional, y al través de ella el propósito de mejorarla para hacer posible la estabilidad de los Poderes. Lo hizo las dos veces en ocasión del restablecimiento del régimen legal, al concluir los dos largos períodos de lucha que tuvo que resistir. En julio de 1861, cuando Juárez acababa de tomar posesión de la Presidencia en virtud de la elección, el Congreso expidió un decreto que no tenía sino efecto de programa; según él, la asamblea ocuparía de preferencia su período de sesiones siguiente “en acordar y decretar, conforme a la Constitución, todas las reformas que ésta necesita”, y prevenía al Ejecutivo federal y a las legislaturas que enviasen sus iniciativas al hacerse la apertura de las sesiones. Esto revela la necesidad que Juárez sentía de prontas y numerosas reformas, a las que deseaba dar preferente atención, a pesar de las graves que le imponían las agitaciones del momento.
El propósito se malogró por las dificultades políticas que envolvieron otra vez al país en la guerra; pero no bien ésta concluyó y el Gobierno nacional volvió a la capital de la República, el intento de Juárez se expuso otra vez eficazmente en la convocatoria de 14 de Agosto para las elecciones de los altos funcionarios. En la parte expositiva decía la convocatoria que la experiencia demostraba la necesidad urgente de reformas constitucionales para afianzar la paz y consolidar las instituciones, estableciendo el equilibrio de los Poderes supremos y el ejercicio normal de sus funciones; y tan urgentes las veía el Gobierno, que determinaba, entre las disposiciones relativas al acto electoral, que al votar los electores expresaran si conferían autoridad al nuevo Congreso para reformar la Ley suprema sin los requisitos constitucionales dilatados, en los puntos y el sentido siguientes: establecimiento de dos cámaras; veto del Presidente, sólo subordinado al voto de dos tercios de representantes; informes por escrito, y nunca verbales, del Ejecutivo ante las cámaras; restricción a la facultad de la Comisión permanente para convocar a sesiones extraordinarias; sustitución provisional del Presidente en caso de faltar también el de la Suprema Corte.
Estas modificaciones en la ley fundamental van de acuerdo con algunas de las que imaginaba Comonfort; pero Juárez y su ilustre consejero Lerdo de Tejada no pedían sino las que se necesitaban para robustecer al Ejecutivo, en tanto que el Presidente derrocado quería también las que había menester el establecimiento de la democracia.
La dictadura de Juárez continuó bajo el gobierno de su sucesor, acelerado el sistema cuanto tenía que suavizarlo en la apariencia exterior y en los medios preferidos, el pulso del diplomático de educación refinada, y el orgullo del hombre esencialmente culto y seguro de la superioridad de su entendimiento.
En la época de Juárez, los gobernadores eran fuertes, se sostenían por sí solos apoyados en sus adictos, tenían plenamente la responsabilidad de su posición, eran dueños de enfrentarse con el poder central y de rebelarse si era preciso; pero, ligados a él, eran capaces de prestarle una ayuda eficaz o por lo menos de dominar su jurisdicción en caso de revueltas generales, sin distraer ni rebajar por su necesidad de auxilio las fuerzas que el Gobierno federal debía emplear sobre el grueso de una revolución. Eran o habían sido caudillos con antecedentes en su localidad, mandaban por derecho propio, a semejanza de los caciques inferiores que prevalecían en los distritos, y se reelegían sin necesidad de autorización superior. Juárez los dejaba en libertad de ejercer su poder omnímodo, y cuando se rebelaban o amenazaban desconocerlo, los echaba abajo con la fuerza armada y con la del estado de sitio.
Los gobernadores adictos a Juárez no tenían iguales motivos para serlo al que poco antes combatieran en las elecciones generales. Lerdo de Tejada, que no podía confiar en todos ellos, aprovechó varias veces los movimientos políticos iniciados por los descontentos en un Estado para apoyarlos contra el gobernador juarista, y algunos fueron depuestos por las legislaturas que contaban con el beneplácito del Presidente y aun con el auxilio de la fuerza federal. El sustituto no traía ya las condiciones de origen ni de fuerza del antiguo gobernador; el ejemplo debilitaba a todos los demás y alentaba a sus enemigos; pero Lerdo necesitaba la sustitución de los caudillos de Estado, que eran la llave de la elección, la seguridad en el Congreso general y el equilibrio de su gobierno.
Las circunstancias habían cambiado en el país por el momento; pero las condiciones del Gobierno, dependientes de la organización constitucional, eran las mismas. Desde 1870 se discutían en el Congreso las reformas propuestas para establecer el sistema de dos cámaras; pero Lerdo de Tejada no llegó a ver reunido el Senado sino hasta septiembre de 1875, en vísperas de la revolución que había de deponerlo. Por otra parte, no es de suponer que tuviese gran fe en aquel remedio aislado para equilibrar el Gobierno, puesto que la convocatoria de 67 había considerado necesarias todas las propuestas, y sólo se alcanzaba una.
En consecuencia, fue al mismo fin que su predecesor (asegurar la estabilidad de su gobierno), por medios exteriores distintos, pero que en esencia eran iguales: apoderarse del Poder Legislativo para desarmarlo, y subordinar a los gobernadores para evitar rebeldías posibles y dominar todas las elecciones. El resultado fue una dictadura menos ostensible, pero tan cabal como la anterior.
Desde mediados de 75, la dictadura recobra hasta los procedimientos abandonados; se suspenden las garantías individuales, restableciendo el vigor de la última que sirvió a Juárez; el Presidente vuelve a las facultades extraordinarias; un decreto de noviembre prorroga la de mayo, y añade la autoridad para declarar en estado de sitio los Estados en que el Gobierno lo crea necesario; y al hacerlo a principios de 76, respecto a Oaxaca, Jalisco y Chiapas, los decretos presidenciales declaran otra vez vigente la famosa y usada ley de Juárez de Enero de 60, que había declarado inconstitucional el Congreso de 71.
De la convicción de Lerdo sobre la ineficacia de la Constitución para el gobierno estable y eficiente, tenemos, no sólo testimonio, sino expresión razonada en la circular con que acompañó la convocatoria de 67 de que ya hablamos; circular que es un capítulo acabado de ciencia política, bastante a demostrar las altas dotes de su autor, su conocimiento excepcional de la materia y el pulso delicado con que era capaz de hacer la censura de lo que él quería parecer respetuoso. De un criterio que así se ensaña, no puede ponerse en duda que juzgaba lo mismo la obra de 57 como realizadora de la democracia, y si de ésta no habló ni sobre ella propuso reformas, fue quizá porque su finura de político experto le vedaba herir el sentimiento populista que es la estela de las revoluciones victoriosas. Sin embargo, es preferible creer, para llevar menor número de probabilidades de desacierto, que no juzgó la Constitución por esa fase, porque la democracia no entraba en sus preocupaciones.
Tocar la Constitución cuando acababa de entrar triunfalmente en la capital de la República, consagrada como emblema de la Nación y bandera ensangrentada del pueblo, era herir la víscera más noble; Lerdo comienza por ensalzarla, hablando con admiración de los principios de progreso que proclama, de las garantías que consigna y de “la forma de gobierno que establece, consagrada ya por la experiencia de algunos años de sacrificios”; pero después, entre calificativos de sabia y previsora, expresa que ella misma admite la posibilidad de las reformas. La ataca en seguida a fondo, revelando que “según en ella están constituidos los poderes, el Legislativo es todo y el Ejecutivo carece de autoridad propia frente al Legislativo”, para concluir que el remedio es necesario y urgente.
Pero el hábil ministro necesitaba defender el error antes de combatirlo: “el Gobierno, dice, no censura que se formase así en su época esa parte de la Constitución. Para algunos pudo ser esto un efecto de sentimientos políticos de circunstancias, mientras que, para otros, pudo ser muy bien un pensamiento profundo, político y regenerador”. El pensamiento profundo era de él y no de los constituyentes; pero, al ponerlo en la defensa de éstos, quiso atribuírselos para disculparlos primero y atacar su obra después. He aquí el razonamiento: se necesitaba de reforma social, y puesto que no podía obtenerse en las circunstancias del año 57, los constituyentes quisieron encomendarla a la marcha normal de los poderes públicos para no renunciar a ella; un dictador se había visto ya que era impotente para realizarla, pues un hombre solo “podía carecer de elevación de miras, o de prudente energía en los medios, o de rectitud de intenciones, o de convicción de la necesidad o de resolución para conmover a la sociedad”. [11]
Los constituyentes no podían confiar la reforma a la guerra; pero tampoco debían esperarla ya de un hombre, dada aquella experiencia, y quisieron encomendarla al impulso y ardor más fácil de encontrar en la responsabilidad colectiva y audaz de una convención; “esto inspiró a los constituyentes la idea de crear una convención permanente en lugar de un Congreso”.
Así queda el Congreso Constituyente levantado y la Constitución venerada, mientras el golpe ha herido rudamente la entraña noble. Y luego, de la misma disculpa surge el motivo incontestable para cambiar lo que los constituyentes hicieron: la convención no tenía más objeto que la reforma social; hecha la reforma social, la convención era un peligro, lo que se necesitaba era un Congreso. “La marcha normal de la administración exige que no sea todo el Poder Legislativo y que ante él no carezca de todo poder el Ejecutivo. Para tiempos normales el despotismo de una convención puede ser tan malo o más que el despotismo de un dictador. Aconseja la razón, y enseña la experiencia de los países más adelantados, que la paz y el bienestar de la sociedad dependen del equilibrio conveniente y de la organización de los poderes públicos”.
Esto, cuanto a los principios de la ciencia política. Por lo que ve a la experiencia de los hechos vividos, Lerdo de Tejada se refería a dos que contaban por mucho en la necesidad de las reformas. Hablando del predominio congresional que podía intentarse con pretensiones de parlamentarismo, decía: “Todos pueden recordar en México algunas escenas deplorables en que han padecido, a la vez, la dignidad y el crédito del Legislativo y del Ejecutivo con ocasión de algún interés particular y con grave perjuicio del interés público”. En otro párrafo delata una conspiración congresista que nadie ignoraba entonces: “Así sucedió en fines de julio de 1861. Estuvo entonces a punto de realizarse el proyecto de hacer un cambio de gobierno, encausando al Presidente de la República y toda la Nación se preocupó con el inminente peligro de graves trastornos públicos”.
Quien estaba convencido por las teorías científicas de tal modo y aleccionado por la experiencia de tal suerte, era imposible que de grado se sometiera a obedecer y servir a una Constitución que lo llevaría al fracaso; imposibilitado para establecer el equilibrio de los Poderes, cargó por su extremo el peso de la balanza y los puso todos en manos del Ejecutivo; es decir, continuó la dictadura.
La revolución que depuso a Lerdo de Tejada y elevó a la Presidencia al Gral. D. Porfirio Díaz dio a éste una posición más libre que la que asumió su antecesor al subir al poder; no recogió, como él, una herencia que debiera respetar, ni una tradición con que fuera necesario transigir; llevado al Gobierno por la violencia revolucionaria, no tenía con el pasado compromiso alguno, sino que sentía el apremio de la lógica para destruirlo. Llegaba, sí, al poder rodeado de héroes que tenían derechos superiores a los que da la tradición en la sucesión legal y pacífica; pero además de los fueros que le daba la jefatura de una revolución que se había hecho en su nombre y que tenía mucho más de personalista que de reivindicadora, ninguno de sus cabos le igualaba en historia ni se le acercaba en popularidad ni en prestigio. Gobernó con ellos, pero no compartió con ellos el poder; su acción fue, en los comienzos, embarazada, pero siempre dominadora; se apoderó de los Estados por la cohesión de sus amigos que se habían hecho gobernadores, y una evolución política realizada en 1880 exigió el cambio de la cohesión revolucionaria en adhesión personal como título para estar unido a su suerte.
Entró a sustituirlo el Gral. D. Manuel González en la administración; pero la dirección política permaneció, durante aquel período, en manos del Gral. Díaz. Al recobrar el poder en 1884 había ya preparado la nueva y trascendental evolución que transformaría su gobierno, y que se realizó dando entrada en la política y en la administración a los elementos poderosos que con Juárez y Lerdo se habían ejercitado en las luchas y educado en el manejo de los negocios públicos. Libre de principios extremos, repugnando la intolerancia y dotado de un espíritu de benevolencia para el que no había falta imperdonable ni error que imposibilitara el olvido, planteó una política de conciliación que no tuvo la aprobación de todos; pero con ella quitó las barreras a los tradicionalistas del nacimiento, de la creencia y de la historia y los hizo entrar en el campo neutral o promiscuo de su política, en que, si no se fundían, se mezclaban todas las convicciones. Desde entonces su poder, que había sido siempre dominador, pero no exento de violencia, no encontró obstáculo alguno en un camino que el interés común le allanaba. Guardó siempre las formas, que son la cortesía de la fuerza. Todas las clases, todos los grupos que clasifica una idea, un estado social o un propósito estaban con él, no como vencidos, sino cobijados; así, cuando el elemento social estaba de su parte, el político no podía ser ya objeto de preocupaciones.
La dictadura benévola podía desenvolverse entonces en medio del asentimiento general, formado de respeto y de admiración, de temor y desconfianza, de sugestión trasmitida, hasta de costumbre aceptada y aun de preocupación contagiosa. El régimen del Gral. Díaz era transitorio por personal; para realizar el absurdo de un gobierno sin partidos, lo fundó sobre un programa sin principios; logró borrar pronto la revolución y estuvo a punto de borrar los credos, y por no ser obra de partido, la suya se desenvolvió como amplia y noblemente nacional. Durante los veintiséis años de su segunda administración, México vivió bajo la dictadura más fácil, más benévola y más fecunda de que haya ejemplo en la historia del Continente americano.
La extraordinaria duración de su gobierno fue resultado del buen éxito, y no es presumible que fuese un propósito deliberado desde el primer día; los procedimientos seguidos venían aconsejados por las circunstancias sucesivas y dictados por una habilidad suma; pero el sistema de gobierno, implantado desde el principio a pesar de los obstáculos, de asumir todo el poder, era producto de la convicción y fruto de la experiencia. El Gral. Díaz, por el alto sentido práctico con que juzgaba la historia que había vivido, sabía quizá tanto como Lerdo de Tejada por sus estudios de ciencia política; conocía los peligros constitucionales del Gobierno, los amagos de los gobiernos locales, las asechanzas congresistas; por cierto que perteneció al Congreso de 61 que quiso deponer al presidente autor de la Reforma, y fue de los que lo sostuvieron contra los cincuenta y un disidentes que le pidieron su dimisión. Sabía, como Juárez y Lerdo, que Comonfort tenía razón al declarar imposible el equilibrio de los poderes públicos que la Constitución establecía.
*  *  *
Desde 1857 acá hemos tenido una Constitución venerada, idolatrada, cuyo elogio se han transmitido las generaciones, como pasan de padres a hijos las laudatorias a los dioses que dan el pan, el sol y el aire, y que pueblos enteros repiten después con maquinal constancia e invencible superstición. Este sentimiento extravagante, adoración de ídolo sagrado a una ley que sólo debe ser estimada por su utilidad y acatada para el bien común, tuvo su utilidad como fuerza fanática en un pueblo hecho a desconocer la autoridad de las leyes y a revolverse contra todas. Ya hemos observado que la victoria de la Constitución determinó una etapa nueva en nuestro progreso político: antes de 67, todas las revoluciones tenían por base el desconocimiento de la Constitución vigente; de entonces acá, todas las revueltas han invocado la Constitución ultrajada. Esto quiere decir que salimos, merced a la obra de 57 y las luchas que provocó, del período caótico en que se buscaba una forma de gobierno, y ésta se fijó mediante la reforma social que los liberales del Constituyente, derrotados en el Congreso, dejaron planteada, necesaria e inevitable. En ese sentido, todo encomio es pálido en honor de los progresistas de 57.
Durante la guerra de Tres Años, los conservadores combatían para destruir la Constitución y los liberales para abrirle brechas. Cada ley de Juárez era una reforma o adición que desgarraba un artículo de la ley que tenía por bandera y que reformaba a cañonazos. Las leyes de Reforma fueron superiores a la Constitución, puesto que la modificaban sin los requisitos necesarios, hasta que en 1873 entraron en ella para no seguir ofendiéndola. Después de su época de legislador supremo, depuesta ya la autoridad que lo mantuvo sobre la Constitución, Juárez pidió al pueblo, con discreta cortesía, que le permitiera hacer en la organización del Gobierno profundas modificaciones, opuestas diametralmente a las teorías y a las convicciones del Congreso Constituyente. Y sin embargo de esas demostraciones contra la Ley suprema, el sentimiento de adoración por ella seguía firme en el pueblo, incapaz de darse cuenta de las opiniones ni de los actos de sus hombres de primera línea.
Este sentimiento dejó de ser útil desde hace tiempo y es hoy gravemente perjudicial. Después de más de medio siglo de experiencia, y cuando una serie de presidentes, todos hombres superiores de que podríamos enorgullecernos, han hecho a una parte la Constitución y han establecido la dictadura, el criterio, extraviado por la adoración de la ley que se supone perfecta, culpa ciegamente a la codicia de los gobernantes.
Todos los presidentes han sido acusados de dictadura y de apegarse al poder perpetuamente; pues bien, la dictadura ha sido consecuencia de la organización constitucional, y la perpetuidad de los presidentes una consecuencia natural y propia de la dictadura. En la organización, el Poder Ejecutivo está desarmado ante el Legislativo, como lo dijo Comonfort y lo repitieron Juárez y Lerdo de Tejada; la acción constitucional, legalmente correcta del Congreso, puede convertir al Ejecutivo en un juguete de los antojos de éste, y destruirlo nulificándolo. La acción mal aconsejada de la Suprema Corte podría atar al Ejecutivo, detener sus más necesarios procedimientos, subordinar a propósitos políticos la independencia de los Estados, y aun embarazar las facultades del Congreso. Los gobiernos locales pueden y han podido resolver de la suerte de la Nación a poco que el gobierno central se complique en dificultades, y tiene el poder, cuando menos, de crearlas muy serias.
Si los presidentes, ante estas amenazas, han procurado someter todas las funciones públicas a su voluntad en defensa de su interés propio, lo cierto es que, al guardar el suyo, salvaron el de la Nación, y no hay derecho para asegurar que no lo tuvieron en cuenta. La dictadura se habría impuesto en el espíritu más moderado como una necesidad, o habría aparecido al fin como resultante de las fuerzas desencadenadas, después de todos los estragos propios del desorden y la anarquía.
Hecha la dictadura, que es el poder único y omnipotente, su primera condición intrínseca es la perpetuidad. La omnipotencia a término fijo es un absurdo, y ya que la dictadura no puede contar con la eternidad, que la haría divina, se ampara en lo indefinido, que no deja como fin posible sino la incertidumbre de la muerte o la incertidumbre de la abdicación, que es también un acto de autoridad suprema. La voluntad de ejercer el poder sin límites indefinidamente, que han mostrado los presidentes mexicanos, no puede elogiarse como una virtud; pero es irremediablemente humana, y es insensato pretender que las instituciones se corrijan con el ejercicio de virtudes excepcionales y tenerlas por sabias cuando exigen en los funcionarios cualidades de superhombre.
Si según la concepción de Emerson, la humanidad puede representarse por unos cuantos de sus grandes hombres que la sintetizan, con más razón las épocas de los pueblos pueden representarse por los pocos hombres que las han presidido. La historia de México independiente, en lo que tiene de trascendental, cabe en las biografías de tres presidentes: Santa Anna, Juárez y Díaz. El primero parece deparado para seguir en todos sus vaivenes, merced a su flexibilidad desconcertante, los movimientos contrarios de un período sin orientación; época de anarquía de partidos, de infidencia en los principios, de gobiernos que revolucionan, de ejércitos que se rebelan, de vergüenzas que no sonrojan y de humillaciones que no ruborizan. Juárez, el dictador de bronce, reúne escogidas las cualidades del caudillo de la Reforma; tiene la serenidad para el acierto, la tenacidad para la perseverancia, la intolerancia para el triunfo sin concesiones; hace la reforma social, consagra una constitución definitiva, fija la forma de gobierno y encauza la administración. El Gral. Díaz, soldado con temperamento de organizador, hace dos revoluciones para establecer la paz, impone el orden que garantiza el trabajo a que aspiraban los pueblos cansados de revueltas, favorece el desarrollo de la riqueza pública, comunica los extremos del país, pone en movimiento las fuerzas productivas y realiza la obra, ya necesaria y suprema, de la unidad nacional.
La vista sola de estas tres etapas de un pueblo que no tenía en 1821 ninguna vida política y que estaba condenado a comenzar su historia tan tarde, demuestra que se ha avanzado mucho en la transformación de las sociedades. Los escritores extraños, que atribuyen nuestro atraso en la práctica de las instituciones y en la educación política a ineptitud e inferioridad de raza, tanto como a inmoralidad y perversión de sentimientos, se olvidan de que hablan desde la cima de sus treinta siglos de historia. Nosotros parece que nos damos prisa a compendiar la nuestra, y nos sentimos necesitados de resumir en lustros los siglos de la historia humana.
La impaciencia de los pueblos cultos no sufre la torpeza de nuestros primeros pasos, ni halla disculpa a los errores de una nación nueva que se erige sobre la trabajosa transformación de una raza. Nosotros, sometidos por sugestión a tal injusticia, en lugar de acudir a los razonamientos que la demuestren, nos contentamos con buscar excusas que la aplaquen. Sin embargo, la única nación autónoma y nueva que pudiera mostrarse como ejemplo de organización tranquila y pronta, los Estados Unidos, se hizo, no por la transformación de un pueblo, sino por el trasplante de Europa a América de una raza que venía al Continente occidental a continuar su vieja historia.
La nuestra, en la época constitucional, tiene de notable que nuestros grandes presidentes han ejercido la dictadura favoreciendo las evoluciones que cada etapa requería. No ha sido que un despotismo brutal haya hecho estragos en los pueblos; es que la desproporción entre las instituciones prometidas y las posibilidades de realización, han irritado la impaciencia de los hombres que han puesto sus pasiones y sus fuerzas al servicio de los que prometen de nuevo la vida popular libre y activa. En vez del quietismo de las tiranías, hemos tenido con las dictaduras democráticas un movimiento de avance y una evolución continuos.
Pero bajo tal régimen, lo que no puede progresar y ha tenido que permanecer estacionario, es la práctica de las instituciones, sin la que serán siempre una quimera la paz permanente, el orden asegurado, que son el objeto de la organización nacional, para conjurar peligros exteriores y realizar los fines de la vida en el seno de las sociedades. Quizá examinando a fondo los hechos y las circunstancias, nos convenciéramos de que ello no era posible antes de que concluyera la obra de la unidad nacional, que es apenas de ayer, dado el alejamiento en que los pueblos de la República vivieron; pero cuando esa obra está realizada en las condiciones principales que la revelan y la hacen sentir, nada más necesario ni más eficaz, para llevarla hasta el fondo del sentimiento general, que el cumplimiento de las instituciones comunes que juntan las aspiraciones y suman los esfuerzos en favor de propósitos y de ideales también comunes. Si la dictadura fue necesaria en la historia, en lo porvenir no será sino un peligro; si fue inevitable para sostener el gobierno, que no puede vivir con la organización constitucional, es urgente despojarla de sus fueros de necesidad, poniendo a la Constitución en condiciones de garantizar la estabilidad de un gobierno útil, activo y fuerte, dentro de un círculo amplio, pero infranqueable.
/Continúa en la 2° parte…

Fuente: http://www.archive.org/details/constitucionylad00raba
* Ortografía modernizada.
EMILIO RABASA ESTEBANELL (1856-1930), fue un abogado, escritor y político mexicano. Es considerado uno de los más importantes constitucionalistas de ese país. La presente obra es fundamental para comprender la historia política e institucional de Mexico hasta la etapa del Porfiriato (por Porfirio Díaz), y tuvo influencia en las constituyentes posteriores. El propio autor caracteriza a este periodo como aquel en que el país aspiró a buscar una forma de gobierno y a exterminar el poder del clero, aspiración que se cumplió gracias a dos revoluciones nacionales y una guerra con el extranjero. En esta etapa además se forjó propiamente el sentimiento de patria, y se hizo la nación mexicana por obra de una “dictadura de medio siglo”. A esta etapa, el autor señala posteriormente que seguirá la constitucional, en la que se consolidará la participación política del pueblo. Su visión es que el factor político constituye el hilo conductor de la historia de los pueblos y así lo asienta en la presente obra cuando dice: “La sucesión en el supremo poder ha sido el problema capital de la constitución de los pueblos, a contar de los primitivos [...]. Tal ha sido el movimiento general del mundo, la evolución sucesional del poder, y por más que la historia humana cuenta ya muchos siglos, las formas de sucesión se reducen esencialmente a las que caracterizan las tres grandes etapas: la usurpación por la fuerza, la designación por la ley y la elección por el pueblo”. Y aclara en otra de sus obras, que respecto a su interpretación, “irrita, que se proclame y aún exija como criterio superior, para juzgar nuestra historia, el patriotismo; para la crítica [...], el orgullo nacional; para el examen de los preceptos constitucionales, la gratitud que debemos a los constituyentes y el respeto que han de merecernos sus sacrificios y sus virtudes. La verdad científica no puede aceptar semejante criterio”. Emilio Rabasa, El artículo 14, p. 20
[1] Zarco.- Historia del Congreso Constituyente.
[2] Zarco.- Op. Cit.
[3] Zarco.- Historia del Congreso Constituyente, tomo II, pág. 840.
[4] Zarco.- Op. Cit.
[5] En 1879, el periódico “La Libertad” hizo cargos a Guzmán por algunas de estas omisiones, que él contestó en “La Verdad Desnuda,” rechazándolos con sobra de razones. Nadie pudo suponer ni negligencia ni malicia en el ilustre constituyente, que se distinguió siempre por la rectitud de su carácter. Refiere en su respuesta el procedimiento escrupuloso que empleó, ayudado por Gamboa, para formar la minuta, y demuestra que las omisiones se habían cometido en el inventario hecho por la secretaría, de que se sirvieron para su trabajo. Entre sus datos hay este muy curioso: el artículo 102 fue suprimido por acuerdo de cuatro de los secretarios, que consultaron la opinión de la Comisión y de otros miembros de la Cámara, por ser en su concepto contrario a las prevenciones del 101. Guzmán, que notó la omisión, inquirió la causa y obtuvo esa explicación que creyó suficiente.
[6] Zarco.- Historia del C. Constituyente-Sesiones de 19 y 23 de Agosto y 16 de Octubre.
[7] Aguado, en la sesión de 4 de Septiembre.
[8] México a través de los Siglos.- Tomo V. Cap. XV.
[9] El apunte integro dice así: Juramento.- Religión del país - Consejo de Gobierno - Extensión de facultades al Poder central - Ejecutivo general - Elección de los clérigos.- Elección por voto universal del Presidente - Tierras para los indígenas.- Aclaración del art. 123.- Votos monásticos.- Enseñanza libre.- Munguía.- Costas judiciales.- Inamovilidad de la Corte de Justicia y requisito de abogacía.- Represión de excesos en los Estados.- Alcabalas. Clasificación de rentas.- Elección de magistrados de la Corte.- Comandancias generales.- Bagajes y alojamientos -Prisión militar.- Movilidad de jueces inferiores.- Extensión del veto - Cartas de naturaleza y pasaportes - Capacidad de los extranjeros residentes, después de cinco años, para obtener cargos públicos - Reducción del número de diputados.- Reglas para evitar que la elección pública sea falseada.- Requisito de saber leer y escribir para ser elector - Curso gradual.- Libertad de imprenta.
[10] Manifiesto publicado en New York.- 1858.
[11] Completa justicia en esta doble alusión a Santa Anna y Comonfort respectivamente.

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