febrero 24, 2012

Mensaje del Gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2003)

MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Felipe Solá
EN LA APERTURA DEL 131° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 3° DE MARZO DE 2003

Señores presidentes de estas Honorables Cámaras, señores miembros del Poder Ejecutivo, ilustres invitados especiales de esta sesión, Honorable Asamblea Legislativa: vengo una vez más a esta Casa a inaugurar un nuevo período ordinario de sesiones de la Legislatura. Vengo también a hablarles a los representantes del pueblo de mi Provincia.
Hace un año, en este mismo estrado, expresé mi convencimiento acerca de que la Argentina no toleraba más que quienes se presentan como sus dirigentes no asuman compromisos claros y permanentes para con sus representados o los abandonen a la hora de la incertidumbre o el peligro. Debí, entonces, encabezar el gobierno en el marco de la crisis más profunda que se tenga memoria en mi Provincia. Asumí con convicción este compromiso. Sabía que era una crisis compleja y diversa, que no podría ser comprendida ni gobernada con concepciones limitadas, simplistas o reductoras.
Sabía también que en la historia de nuestra Provincia se encontraban claros ejemplos del fracaso, tanto de los modelos autoritarios que durante tantos años tuvo esta Provincia como de los gobiernos democráticos improvisados.
He tratado de cumplir con mi deber con rigor y también con pragmatismo. Recordemos tan solo un año atrás las condiciones que debimos enfrentar: un improvisado default, la cultura del caos que se expandía por todo el país, el acelerado empobrecimiento de nuestro pueblo y un Estado quebrado y sin soluciones a la vista.
Debía gobernar una provincia que no podía pagar a sus trabajadores en término, que no tenía acceso al crédito, acusada injustamente de ser la gran responsable del aislamiento financiero internacional de nuestro país y donde cotidianamente se aseguraba que el estallido social sangriento ocurriría al día siguiente.
Gobernar fue así responder, por un lado, a las demandas surgidas de la emergencia y a las manifestaciones diarias del sufrimiento de los bonaerenses y, por el otro, responder a la necesidad de impulsar un cambio más profundo en las estructuras en las que se apoyaba el estancamiento y decadencia de nuestra Provincia.
La decadencia no es la vuelta al pasado; la decadencia es la incapacidad para salir del presente y proyectar un futuro; es la permanencia en el presente continuo y en eso estábamos hace un año.
En mi mensaje ante ustedes, a sólo dos meses de asumir este cargo, les propuse medidas muy duras de emergencia que debíamos encarar y que no eran de fácil aceptación para muchos. Hoy debo agradecer a todas las bancadas, y en especial la de mi partido, ya que con acuerdos y disensos fui acompañado con inteligencia y comprensión en los momentos decisivos.
Hicieron falta firmeza y disciplina para lograr resultados, para tomar decisiones ingratas pero necesarias, y para eliminar privilegios que respondían a una cultura del despilfarro y no a la austeridad que estos tiempos reclaman.
Rodeados por una crisis que aún perdura puedo afirmar que hemos logrado alcanzar la mayoría de la metas propuestas para el primer año de gestión. Esas metas son el piso sobre el cual se construye el crecimiento futuro, y sin esto nada sería posible.
La única alternativa de supervivencia estaba basada en la reducción del déficit. Quiero anunciarles en este punto que hemos superado las metas fijadas hace un año, con una reducción fundamental del déficit provincial sin afectar centralmente las prestaciones de los servicios del Estado. No debe existir en el mundo una región en la cual el déficit se haya bajado en un año fiscal en 2.700 millones de dólares, porque eso es la traducción al lenguaje del mundo de lo que hemos logrado en Buenos Aires.
El Estado provincial, desbocado y sin arreglo, que generaba por los comentarios sombríos entre nosotros sobre nuestro futuro en los años 2000 y 2001 al observar su déficit, ya fue. Ese, ya fue. Este es otro Estado, mucho más realista, con más mística, con salarios mucho más bajos, aunque con demandas de la población bonaerense postergada, pero no es un Estado más pobre.
No somos más pobres, y este Estado tiene conciencia de su situación, y sabe que mejorará de a poco de aquí en adelante. Tiene futuro, y por eso es mucho más fuerte que el de hace dos años, que no sabía adónde iba.
Tal cual nos comprometimos con la población bonaerense, la mejora en las cuentas fiscales se sustentó en dos aspectos fundamentales de nuestra gestión. Por una parte, en la búsqueda constante de mayor eficiencia en el gasto, impulsando los procesos de modernización, bajando costos y gastos no esenciales, a la vez de bajar el gasto de personal sin producir ningún despido, y, por otra parte, mediante una agresiva política de lucha contra la evasión y con medidas de administración tributaria que dotan de una mayor equidad al financiamiento de la administración.
En cifras, esto significa reducir el déficit de 3.200 a 1.200 millones de pesos; bajar el gasto total en 930 millones, de los cuales 570 millones corresponden a gastos primarios y 360 millones a intereses de la deuda externa; una caída de 300 millones del gasto en personal, mediante la aplicación de la ley 12.727, y el congelamiento de vacantes, el cumplimiento de las normas de jubilación, la aplicación del régimen de unidades retributivas, URPES, y la reforma al régimen docente.
Quiero destacar, enfáticamente, el esfuerzo realizado por los trabajadores públicos de la Provincia, quienes vienen acompañando el difícil proceso de saneamiento del Estado bonaerense, prestando sus servicios a la comunidad en un contexto social de gran fragilidad e incertidumbre social. No hubo despidos ni tampoco insensibilidad. Sólo hubo realismo y determinación. A ellos, a los trabajadores, les recuerdo que la vigencia de la ley de Emergencia Económica es hasta el 31 de diciembre del corriente año, y el sector de los trabajadores afectados por la reducción de los salarios recuperará, a partir de ese día, el total de sus haberes.
Estos trabajadores y los sindicatos que los representan tienen también su sitial de reconocimiento a la hora de apuntar los nombres de quiénes pusieron el hombro para sacar a la Provincia de la crisis. No le he pedido ni les pido que me aplaudan. Sólo les pido que comprendan aún en las críticas, y siento que lo hicieron.
Hemos logrado un incremento en la recaudación impositiva de 700 millones de pesos en el año 2002, un 23 por ciento más que en el año 2001, a pesar de la debacle económica. Esto permitió al gobierno de la Provincia poner fin a la emisión de patacones en junio pasado y cerrar el año con certidumbre respecto de la fecha y posibilidad de pago de salarios de los agentes públicos, con reducción de la participación de los patacones en el pago de salarios al 60 por ciento, y estimamos que al final de año estaremos en el 50 por ciento.
Esto sumado a una reducción del atraso en el plazo de pagos a proveedores y contratistas a solamente 30 días y a una reducción de 1.200 a 300 millones de pesos en la deuda flotante, con una correcta prestación de los servicios en comedores escolares, en el IOMA, en medicamentos, comida y limpieza en hospitales y cárceles, con ausencia de deuda con los municipios, reduciendo en cinco meses –ése es el atraso que había- la demora en la coparticipación de juegos de azar a esos municipios y con el pago de obligaciones con los gremios y mutuales, eternamente atrasados, dentro de los treinta días.
Para el corriente año, el déficit se readucirá a 700 millones de pesos y la recaudación aumentará un 19 por ciento, sin incrementar la presión tributaria global, porque han subido algunos impuestos y otros han bajado.
Aumentaremos el gasto en áreas socialmente críticas, tal como lo saben, puesto que se ha votado el presupuesto 2003. A seguridad, se destinan 160 millones de pesos más; al Servicio Penitenciario, 40 millones de pesos; a Planes Sociales, 100 millones de pesos; a la Salud, 70 millones de pesos, y a los municipios, 300 millones de pesos más.
Se redujo la alícuota de impuestos sobre Ingresos Brutos para actividades relacionadas con la salud, los medicamentos, servicios de internación y de tratamiento. Sólo se incrementaron impuestos a los sectores claramente beneficiados por la devaluación: el impuesto Inmobiliario Rural, en un 50 por ciento –en cifras muy inferiores al impacto sobre los precios de la devaluación-e Ingresos Brutos a la venta de granos y carne -antes no existía- en un uno por ciento. El impuesto Inmobiliario Rural está, desde este año, descentralizado a los municipios. Los distritos cobrarán también Ingresos Brutos a los contribuyentes que tienen ingresos inferiores a 144 mil pesos por año.
El impuesto Inmobiliario Rural descentralizado permitirá cumplir con una vieja pretensión, justa por cierto, de los productores rurales que lo aportan y de los intendentes de cada localidad que enfrentan, en muchos casos, sus demandas localizadas.
La descentralización no es sólo para el cobro sino también para su uso. La mitad del impuesto Inmobiliario vuelve directamente a las intendencias. La otra mitad será utilizada solamente en obras viales o en obras hidráulicas que encare el gobierno provincial, es decir, solamente en el interior bonaerense y afectando para bien la vida de sus habitantes.
Para defender la Provincia, este gobierno terminó con el descontrol y la corrupción en el juego al decretar la obligatoriedad del pago al Estado de un canon tres veces superior al que existía en el negocio de máquinas tragamonedas instaladas las salas de bingo. Un sistema de control en tiempo real ha permitido que la recaudación esperada en este rubro pasara de 1.400.000 pesos en 1999 a más de 140 millones de pesos, que es la estimación para el año 2003. Subieron los ingresos en juegos tradicionales, en hipódromos y casinos y la lotería en su conjunto financió con más de 200 millones de pesos actividades de índole social, municipal, de salud, educación y seguridad.
Resta a esta Legislatura votar una ley que termine con las maniobras mafiosas de sectores del juego afectados. Esas maniobras tienen como causa la ausencia de una legislación rotunda y definitiva que impida la acción de aventureros de toda laya enquistados en los quehaceres más diversos. (Aplausos)
Hemos soportado amparos judiciales increíbles, múltiples campañas difamatorias y desinformación cotidiana, así como presiones de todo tipo. Sus autores están detrás de un botín que pertenece sólo a los bonaerenses. Que quede claro: no generalizo acusaciones. Sólo digo lo que todos hemos visto.
Honorable Asamblea: hace un año atrás, cuando soportábamos los más duros embates de la crisis, estuve tentado de decirles, para ejemplificar lo dramático de la situación, que teníamos el timón, que teníamos el timonel y el rumbo, así como la vocación de navegar, pero prácticamente no teníamos barco. Hoy puedo decirles que hemos logrado recuperarlo.
Necesitamos urgentemente retomar la senda del crecimiento económico, especialmente del crecimiento acelerado que permita superar en corto tiempo los problemas sociales más graves. Es una tarea nacional para el próximo gobierno, pero la Provincia debe ayudar y tener conciencia de ello. Además de una economía estable insertada en el mundo, para volver a crecer es condición necesaria también que se cree un ambiente favorable al desarrollo de las actividades productivas y a las oportunidades de negocio para los argentinos que hoy esperan.
El desafío consiste ahora en transformar los millones de planes de desempleo en millones de puestos de empleo. El asistencialismo debe cederle el paso a una política productiva.
Un país de trabajadores dignos, no de seres que dependan de quién esté en el gobierno para poder comer. Para eso es necesario acelerar un modelo productivo que atienda esa realidad, que sea intensivo en el uso de la mano de obra, que es lo que necesita la Argentina.
Ya hemos sufrido las experiencias, tanto del estatismo como de la indiferencia. La indiferencia y la inacción de un estado ausente mientras se desmantelaba y concentraba lo poco que quedaba del aparato productivo. Y me refiero especialmente a la industria argentina.
Para este gobierno, las políticas de crecimiento con equidad social no son un slogan publicitario. Es necesario un nuevo compromiso del Estado provincial con los protagonistas de la producción bonaerense, que sólo se logra a partir de un profundo conocimiento de sus necesidades.
Una Provincia descentralizada que se vincula con la producción, no a partir de índices o de estadísticas desactualizadas, sino a partir de conocer quién es quién en cada pueblo y dónde están los futuros emprendimientos, facilitarles la vida a los que quieran emprender y tomar riesgos económicos; de eso se trata.
Para algunos hombres políticos, estos problemas son sólo temas de campaña que se mencionan para alcanzar el poder. Esa actitud pertenece a la vieja política que los bonaerenses rechazamos; o se tiene un proyecto productivo o se engaña al pueblo.
No hay política sin producción; sin producción, todo termina siendo mentira.
Un nuevo mundo productivo que rescate la creatividad, la iniciativa individual, la cooperación empresaria para exportar, la desburocratización estatal y el apoyo a los emprendimientos que generen trabajo. Eso es lo que buscamos.
Nos propusimos ponerlo en marcha en sectores productivos específicos para que pudieran servir de ejemplo sobre la capacidad de los emprendedores y de este nuevo Estado promotor de la iniciativa económica.
La política de la Provincia sobre el desarrollo del turismo, actividad generadora de empleo y divisas, que requiere del liderazgo del Estado en la coordinación de esfuerzos públicos y privados, es un buen exponente de lo que digo.
Creamos el portal turístico “Viva las Pampas” como una marca que permitiera concentrar los esfuerzos de comunicación para difundir los destinos y productos de la Provincia en un mercado altamente competitivo, tanto a nivel nacional como internacional.
Los resultados logrados, cuando el estado y los restantes actores pueden contar con información estratégica que le permita promover e identificar oportunidades para la inversión privada y para saber cuáles son las acciones de gobierno que aseguren el desarrollo turístico de los destinos más relevantes de la provincia, han sido notables.
En estos destinos turísticos de nuestro territorio, no solamente de la costa Atlántica, la ocupación hotelera en promedio superó el 80 por ciento de la capacidad instalada con picos en el mes de enero del 95 por ciento, hecho totalmente inusual en los últimos veinte años.
Nuestros cálculos son que se han generado 62 mil puestos de trabajo directos, que sumados a los 170 mil indirectos totalizaron 232 mil puestos por la política de Turismo.
Los 8 millones de veraneantes sólo en la costa Atlántica gastaron una cifra superior a los 2.200 millones de pesos. Este es un ejemplo válido para lograr nuevos empleos y para eso, déjenme que les diga, no hay un solo camino; hay muchos caminos. Una es la acción conjunta del capital social y el sector privado, programa que está efectuando el gobierno provincial junto a las municipalidades para darles sostén a empresas de distintos rubros, como el caso del mueble en San Martín, el calzado y el cuero en Lanus y Avellaneda, o el textil en Mar del Plata, en Pergamino, en Arrecifes, en Colón y en Berisso; todos ellos capaces de crear empleo genuino y exportar productos.
Ayudamos allí al fortalecimiento de polos industriales revitalizados con la posibilidad real que ahora tenemos de sustituir importaciones.
Hemos creado el Fondo Productivo Bonaerense que actuará como una banca de desarrollo para la creación de nuevas fuentes de trabajo y en la búsqueda de empleo.
Quiero destacar aquí el programa de rescate de empresas en crisis que se ha puesto en marcha durante el último año, donde se priorizan proyectos de negocios sustentables que no consiguen créditos en el mercado.
Desde este programa ayudamos y apoyamos a cientos de desempleados, o ex empleados, que con tanto empeño y orgullo recuperaron sus plantas y sus puestos de trabajo, y con ello su dignidad.
No tendremos prejuicios para promover trabajo con baja inversión, y seguiremos en este rumbo mientras existan situaciones racionales y posibles.
Se están reactivando antiguas producciones en la Provincia que estaban en problemas. En San Pedro crecerá de nuevo la fruticultura con créditos aportados por nuestros fondos. Hoy es factible hacerlo y serán a valor producto con solamente el cinco por ciento anual, por encima de eso, pagaderos a partir del tercer año. Pero los productores tendrán que cumplir con todo lo que firmaron; tendrán que cumplir con rigor y van a salir hacia adelante, y San Pedro será de nuevo un inmenso polo exportador frutihortícola.
En Buenos Aires se exporta, “BAE”, será un instrumento de la internacionalización de las empresas bonaerenses. El 2003 será el año de programas para descubrir nuevas posibilidades de negocios para empresas de la Provincia en condiciones de hacerlo.
Las empresas que están teniendo éxito en los mercados externos son los ejemplos más claros de que las oportunidades pueden estar al alcance de otras empresas bonaerenses que antes no podían. Exportar no es magia; es cuestión de proponérselo y de que el gobierno ayude.
Serán mucho más los exportadores a finales del 2003 que los que teníamos en el 2002. Yo me comprometo a eso.
En Tandil, en forma conjunta con la Universidad del Centro, estamos creando un polo para el establecimiento de empresas de fabricación de software, y en los próximos días firmaremos el convenio con la primera empresa privada que se instalará en el campus universitario de esa ciudad.
Honorable Asamblea: el campo bonaerense ha demostrado, una vez más, su potencial; hemos tenido una cosecha récord y, como bien se dijo, vamos, seguramente, hacia otra cosecha récord.
Los productores agrícolas están gestando algo sin precedentes en un año con rentabilidad, pero sin financiamiento. El interior de la Provincia está en condiciones de aumentar su actividad económica en los próximos años, desde ahora, si se acopla la producción industrial agroalimentaria con el desarrollo de sus proveedores locales.
Es decir, no basta con tener cosechas récord; la experiencia nos enseña que si no se liga al crecimiento industrial de cada pueblo, esto no es vivido como un logro por el interior bonaerense en su conjunto.
La producción de carnes ha mejorado sensiblemente. Las posibilidades que ofrecen los mercados internacionales son otras. Este es el resultado claro de la eficiencia y de la responsabilidad con la que nuestros productores atacaron la lucha contra la aftosa que había vuelto de la mano de la incapacidad en el manejo sanitario estatal.
Retrocedimos varios años, pero nos recuperamos y nos sentimos parte del éxito por haber colaborado en esto con el gobierno nacional.
Por esta pelea cotidiana, por abrir los portones de las industrias bonaerenses, hemos acompañado al sector automotriz después de un año de fuerte caída de ventas. La fábrica Peugeot, con nuestro apoyo y con nuestra ayuda, a partir de este año, hará el modelo 307, para todo el mundo, en Tres de Febrero, en nuestra Provincia.
Esta decisión nos abre un camino de recuperación en una industria de punta; junto a eso, la filial argentina de la japonesa Toyota invertirá 250 millones de dólares en la ampliación de su planta de ensamblado en Zárate. Con estos avances crecerá también la industria que más nos interesa y que está detrás, que es la de autopartes.
Señores legisladores: en una sociedad con prosperidad y horizontes, el delito sería un fenómeno marginal. Cuando en nuestras grandes ciudades las familias se empobrecen y las oportunidades laborales desaparecen, el delito abandona su condición de marginal y pasa a ser también un producto de la desesperanza.
Quiero que sepan del compromiso irrenunciable de este gobierno con la seguridad pública; del compromiso con las instituciones que deben garantizarla, pero por sobre todo del compromiso con nuestro pueblo que quiere vivir y trabajar, educarse y producir sin la amenaza permanente de la delincuencia cada día más violenta y sanguinaria.
La campaña electoral, que ya ha comenzado, está convirtiendo a la seguridad en un tema único para algunos candidatos. Se opina reduciendo el problema a una fórmula simplista; se opina escondiendo el fracaso personal o desde posiciones cómodas que ignoran la miseria existente y las posibilidades reales del Estado provincial de llevar adelante la lucha contra la delincuencia y sobre todo se opina desde un claro desconocimiento del tema.
La lucha por la seguridad es una prioridad de mi gobierno, y no admite lecturas ideológicas ni especulaciones políticas. La seguridad no es de izquierda ni de derecha, no es progresista ni conservadora, no es garantista ni autoritaria, es una condición indispensable para la convivencia civilizada y democrática.
Quiero hacer entonces un reconocimiento público y sentido aquí a los policías caídos en actos de servicio. Debo recordar que hemos perdido 42 efectivos durante el año 2002, y 201 integrantes fueron heridos en combate en más de 1.800 encuentros con la delincuencia
En lo que va del 2003, son 9 las víctimas fatales y 34 los heridos en combate. A todos ellos les rindo mi homenaje y estoy seguro que ustedes también lo hacen. (Aplausos.)
No soy inmune al dolor, como no lo son ustedes tampoco ni a la justa indignación que nos invade a todos cuando los criminales nos roban la vida de algunos de aquellos que, pese a las dificultades, eligen diariamente salir a la calle para enfrentarlos.
Para reducir el riesgo de ser asesinados estando fuera de servicio, y por el sólo hecho de ser identificados como tales, impulsamos y logramos para los policías de la Provincia una ley que los relevaba de portar el arma reglamentaria y de la obligación de darse a conocer ante una situación delictiva.
Para dar respuestas en seguridad no hemos escatimado ni presupuesto ni esfuerzos. Para el año 2003, el presupuesto destinado a la política de Seguridad se incrementará en 160 millones de pesos, constituyéndose en un presupuesto de alrededor de 1.150 millones de pesos.
En materia de equipamiento, se recuperaron 250 automotores fuera de servicio; se preve que se van a recuperar 700 más que están siendo reparados y además vamos a comprar 700 patrulleros nuevos; casi 2000 autos van a estar funcionando a mediados de año, que no los teníamos durante el año 2002.
Gastaremos 65 millones de pesos en pertrechos policiales, chalecos, pistolas, ametralladoras, escopetas, utilitarios, camiones celulares, accesorios y repuestos para la red de comunicación.
Hemos abierto 18 centros de reentrenamiento por donde pasarán más de 40 mil policías durante el año 2003, una cifra muy superior a los años anteriores. Sin reentrenamiento, no hay policía activa.
Alargamos los períodos de capacitación obligatoria para oficiales de 4 a 10 meses.
Frente a las necesidades de mayor presencia policial en las calles, 2500 efectivos que se encontraban prestando comisiones de servicios en otros poderes y en custodias pasaron a reintegrarse al servicio de sus destinos originales.
Hemos modificado el régimen de capacidad limitada para permitir la reincorporación de efectivos con cierto grado de incapacidad como consecuencia de acto de servicios, haciendo justicia en la fuerza y permitiéndole, a esos hombres y mujeres que fueron heridos, seguir estando en la policía, lo que fue recibido por ellos de una manera muy especial.
Durante el año 2002 hubo un importantísimo avance tecnológico en la policía de la provincia de Buenos Aires. Incorporamos un sistema que triplica la potencia del tristemente conocido Excalibur, permitiendo analizar 400 mil comunicaciones por segundo.
Creamos una tecnología específica para analizar tendencias, patrones y series delictivas, tomando el modelo del FBI americano y de la policía canadiense y lo trasladamos a las jefaturas departamentales de San Isidro, San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes y La Plata.
Creamos una división Antisecuestros, ante el aumento de la modalidad delictiva, cuyo resultado ha sido el esclarecimiento del cien por cien de los autosecuestros y el 80 por ciento de los secuestros extorsivos.
Nos concentramos en delitos como la sustracción de automotores, estableciendo un mapeo de desarmaderos y talleres sospechados de actividades ilícitas, de los que recopilamos y sintetizamos sistematizando la información, lo que no quiere decir que todos ellos sepan que tenemos esa información.
Estamos actuando sobre el delito rural y sobre los piratas del asfalto. En ambos casos trabajamos sobre organizaciones de productores y empresarios del transporte para que nuestras iniciativas tengan consenso y continuidad.
Quiero destacar aquí un proyecto de ley sobre decomiso que modifica al Código Penal nacional y también el Código Aduanero nacional.
Vamos a convertir la figura del decomiso, si los señores legisladores nacionales nos acompañan –y creo que va a ser así -, en una figura mucho más fuerte de lo que ha sido hasta ahora.
Concretamente, el robo en la provincia de Buenos Aires, tanto el de automotores, que es el que más asesinatos ha generado, como el que perpetran los piratas del asfalto, o los cuatreros, que está concentrado en productos afectados en mayor valor por la devaluación, son una actividad que reconoce muchos segmentos diferentes; hay un segmento que lo planifica, otro que lo financia, otro que lo ejecuta por unos pocos pesos –que es el que solemos perseguir finalmente- y otro que distribuye los bienes y, otros, que los enmascara en sus vidrieras o donde fuera, para vendérselos al gran público.
O terminamos con el último de estos segmentos definitivamente, o no hay ninguna forma de desarmar este tipo de proyectos delictivos. Para terminar con ellos, tiene que aparecer la sanción comercial. Votada esta ley, todo comercio en la Nación, al que se le descubra un objeto robado o no posible de ser identificado con claridad su origen, va a estar en riesgo de perder toda su mercadería e, inclusive, el fondo de comercio. Ya no se va a decomisar sólo el material robado; se va a decomisar el negocio completo. (Aplausos).
No habrá más chicos ni adolescentes detenidos en dependencias policiales; irán a inmuebles acondicionados a tal efecto, que el ministerio de Seguridad cedió al ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo. Espero que en poco tiempo más esto sea una realidad. Es un compromiso que asumo como gobernador.
La crisis de la seguridad, es bueno que lo recordemos, es la crisis de un sistema que se fue gestando a lo largo de décadas y que se agrava hoy con la situación de crisis económica y social. No hay en esta materia soluciones mágicas. Todos sabemos que la policía, la justicia, la legislación, y la participación de la comunidad son un conjunto fundamental articulado para encarcelar a los delincuentes. Si falla alguno de ellos, se resiente la seguridad. Todos los miembros de este conjunto están hoy bajo presión.
Dedicaré el máximo de mi tiempo personal al tema durante el año 2003. No tendré prejuicios ni me cerraré en posturas dogmáticas, pero lo que se haga deberá tener continuidad. No queremos golpe de efecto, sino políticas definitivas y permanentes.
Cuando asumí la gestión de gobierno me encontré con un programa de construcción de diez nuevas cárceles, a un costo de 45.000.000 de pesos, de aquel entonces cada una, pero sin financiamiento para su concreción. Trabajamos en un nuevo modelo, y en pocos meses, a mediados de año, esperamos inaugurar cinco nuevas cárceles y una alcaldía, que han costado 12.000.000 de pesos, de ahora, cada una.
De esa manera, sumaremos unidades en Sierra Chica, Magdalena, Gorina, Barquer, en Saavedra y en Ituzaingó. Ya hemos ampliado las de Campana, Magdalena, Junín, Mar del Plata, San Nicolás, La Plata y Florencio Varela. En total, tendremos 6.000 plazas más en toda la Provincia. Se descomprimirán definitivamente las comisarías del Conurbano y muchos más policías saldrán a la calle.
Honorable Asamblea: pocas cosas preocupan más a los padres que brindar la mejor educación a sus hijos. La escuela constituye una oportunidad única de acceder en forma intencional y sistemática a los saberes que nuestra sociedad requiere. El paso por la escuela abre puertas para un futuro mejor.
El sistema educativo bonaerense fue profundamente afectado por la crisis nacional. Sus escuelas y docentes deben dedicar tiempo pedagógico a tareas asistenciales en perjuicio del desarrollo del aprendizaje indispensable para la consolidación de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento. Los maestros hacen cada día un enorme esfuerzo para atender a los alumnos, motivarlos en el aprendizaje y compensar sus insuficiencias y dificultades.
Las familias, aún en la más crítica situación social, llevan a sus hijos a la escuela y esperan que sus hijos en la escuela aprendan.
El desafío de nuestra época consiste en lograr una educación de calidad para todos; mejorar la educación es mejorar la sociedad.
Este gobierno concibe a la educación como una responsabilidad social donde se decide una parte sustancial de las posibilidades de inclusión de los niños y jóvenes en la sociedad, y donde se definen sus futuras oportunidades o fracasos.
Por ello, se asume la inclusión en el sistema educativo como un mandato central de la sociedad.
El desafío social tiene en la educación una primera trinchera. La escuela se ha transformado en una herramienta insustituible contra la desestructuración social. Es una prioridad de nuestras políticas sociales. La educación es el nombre de la justicia social en el siglo XXI.
Pero la escuela será un instrumento de inclusión social si, además de garantizar el acceso de toda la población, logra transmitir los conocimientos, las capacidades, las actitudes y los valores que la comunidad necesita para su desarrollo.
En otras palabras, la inclusión sólo es exitosa si los alumnos aprenden; si no aprenden es simplemente un reservorio de niños en un lugar.
Reconocemos el enorme esfuerzo realizado durante los últimos años por incrementar el número de alumnos incluidos. Estamos comprometidos plenamente en sostener e incrementar este logro, aumentando el número de niños y jóvenes que se inscriban y permanezcan en las escuelas. Asumimos, también, el desafío de mejorar la calidad del servicio educativo.
Vamos a implementar estrategias de respuestas específicas a problemas educativos prioritarios que plantea agudamente esta coyuntura social y que viene gestándose largamente: la baja calidad de los saberes básicos, educar en la extrema pobreza, las graves dificultades para lograr la valoración y el cumplimiento de la ley, la urgente necesidad de educarse en la cultura del trabajo o el valor estratégico de la formación docente. Se trata de terrenos críticos, la cultura básica, la identidad nacional, la ley y el trabajo, situados todos entre la escuela y la sociedad.
El sentido de la escuela pública bonaerense debe ser educar para la libertad, educar para la justicia, educar para el trabajo y educar para la soberanía.
Autonomía, descentralización, desburocratización, aprendizaje y extensión del tiempo de escolaridad, son conceptos claves para una segunda generación de transformaciones educativas.
Distinguir en el legado histórico lo valioso, lo impuesto, y lo que debe cambiarse, es parte de nuestra tarea.
Nuestro proyecto es extender la obligatoriedad de la enseñanza, ampliar la matrícula, incorporar a los excluidos para que también se integren al mundo contemporáneo, a los conocimientos de la innovación tecnológica y de la ciencia.
Nuestro proyecto es también vincular a la educación con el desarrollo local.
La escuela bonaerense debe mejorar el uso de la lengua nacional, con más lectura y con más escritura. Los jóvenes deben saber más matemática. Los alumnos deben conocer profundamente la historia de esta Nación. La escuela debe afirmar la nacionalidad: en ella se tiene que hablar de Himno, de Patria y de Bandera.
La educación bonaerense, tiene que unir la inclusión con la exigencia académica. Educarse requiere esfuerzo, compromiso, dedicación y responsabilidad. Queremos a todos en la escuela, pero aprendiendo.
Destacaré dos elementos importantes en materia educativa para este ciclo lectivo.
Una es la continuidad de la actitud descentralizadora, la transferencia de recursos de los consejos escolares, el fondo de infraestructura, la descentralización administrativa iniciada en el año 2002, el programa nacional de becas que permitirá garantizar la inclusión a 110 mil alumnos y el servicio alimentario escolar; son todos hechos y llevados adelante de manera descentralizada.
El otro es la puesta en marcha de programas específicos a partir de cuatro grandes orientaciones ya mencionadas y consideradas prioritarias.
El Programa “Todos en la Escuela”, que procura la inclusión y la retención escolar.
El Programa “La Escuela Lee Más”, con eje en la escuela y la familia, y la participación de escritores y narradores, profesionales y aficionados que no conocemos y que están en todos lados. Se ha comprado material y se editarán libros que serán un complemento de la capacitación de los docentes. Este Programa va directamente a mejorar la calidad educativa.
El Programa “La Escuela Enseña a Trabajar” propone el fortalecimiento del vínculo entre la educación y el trabajo como herramienta de movilidad y reinserción social.
El Programa “La Escuela Enseña a Respetar la Ley” promueve el respeto de la misma como forma de relación entre las personas, su vinculación con la justicia, los contratos sociales y la recuperación de la confianza perdida en las instituciones.
Señores representantes: entrar en detalle sobre todas las acciones sociales que se desarrollan en el gobierno de Buenos Aires demandaría el mayor tiempo en este mensaje ante ustedes y el pueblo de la Provincia, y seré piadoso.
Ningún ciudadano desconoce las dificultades sociales y económicas que atraviesa la Nación, lo que nos compromete a fortalecer y mejorar los programas existentes.
He dispuesto la puesta en marcha del “Plan Más Vida” con el propósito de recolocar a la familia como protagonista fundamental para el desarrollo integral de los cuidados de la madre y el niño. El cambio reside en transformar la usual entrega de alimentos en un acompañamiento no sólo nutricional, sino también con controles de salud que prevengan el bajo peso al nacer y la mortalidad infantil. Es el heredero de otro gran plan del que estamos orgullosos los bonaerenses, el “Plan Vida”, pero en un momento –el de hoy- de mayor desestructuración social respecto de la creación del mismo hace siete años.
Se terminaron en el Estado provincial los compartimientos estancos, en especial respecto de las políticas sociales. Nada debe ir separado cuando se trata de la alimentación, el crecimiento y la educación de las necesitadas familias bonaerenses.
Es decisión de este gobernador y de su equipo aplicar el principio de igualdad de oportunidades para construir un futuro con potencial de crecimiento. Para ello el “Plan Más Vida” contempla que todos los niños empiecen la escuela primaria con similar expresión de su talla física genética y la misma capacidad de reflexión y aprendizaje que hubieran tenido si se hubieran criado en un núcleo familiar pudiente.
No ha sido, no es, ni será mi estilo realizar cotidianamente un resumen de lo que se invierte en política social, porque esta es una obligación ineludible del Estado.
No recurriré a la demagogia en esta cuestión que es tan dolorosa para todos los argentinos. Personalmente, estoy cansado de aquellos políticos que creen que la ayuda social debe generar agradecimiento o devoción partidaria como respuesta.
Lo que sí haré es poner todo el empeño en trabajar juntamente con el gobierno nacional en pro de saldar la deuda que tenemos con los que deben ser incluidos para reconstruir el contrato social.
Vale, entonces, recordar que 810 mil bonaerenses reciben el subsidio mensual de Jefes y Jefas de Hogar, de los cuales casi 500 mil se encuentran incorporados en proyectos productivos, educativos, comunitarios y sociales; tienen una contraprestación útil y muchos de ellos están completando su escuela primaria o secundaria en esas cuatro horas de contraprestación obligatoria.
Siete de cada diez familias bajo la línea de pobreza, ya están incorporados a los programas oficiales. Más de la mitad de los niños nacidos en la provincia de Buenos Aires –son 245.000 por año- son asistidos directamente por el Estado provincial. Una de cada dos mujeres embarazadas de la Provincia está incorporada al Plan Más Vida. Una población de 740 mil niños y 100 mil mujeres, son parte del fomento de la lactancia materna. Se garantizan, como mínimo, cinco controles de embarazo y dos entre la gestación y los sesenta días de producido el nacimiento. Se evalúa el crecimiento y el desarrollo del niño. Se brinda la totalidad de las vacunas a los menores de seis años y embarazadas, y se controla vista, audición y salud bucal de todos los beneficiarios menores de cinco años.
La inversión social total en la Provincia, incluyendo los jefes y jefas de hogar, es de 2 mil millones de pesos por año.
Ninguna política social, en el marco de esta situación que vive el país y la Provincia, puede concretarse sin la participación de otros sectores de la misma. Me refiero a miles de voluntarios, humildes administradores de comedores, guarderías y organizaciones sociales, ONG, Caritas, y muchas otras que reemplazan en muchos casos al Estado y lo complementan en otros.
Somos conscientes que en muchos casos se nos reemplaza por ausencia, pero también sé que se nos complementa.
El reconocimiento de este gobernador a la red de Manzaneras y Comadres que diariamente contribuyen a hacer efectivos los programas, a las organizaciones que he mencionado no gubernamentales, laicas y religiosas, y a los intendentes municipales que son los primeros en recepcionar las urgencias de millones de bonaerenses en este sentido.
Aún así, todo esto no alcanza para lograr la dignidad perdida. Sólo el trabajo, gran ausente en estos años, el gran ordenador social y la gran esperanza de los desocupados, podrá garantizar aquello que hoy es el piso mínimo de nuestro deber social.
Durante el año transcurrido, el ministerio de Salud, con un presupuesto significativamente reducido en relación al año anterior, mantuvo los 76 hospitales públicos provinciales funcionando con todos sus servicios y camas, incluso creando y ampliando servicios de alta complejidad, como neonatología, terapia intensiva infantil, terapia intensiva y cirugía cardíaca. Para esto se debió llevar a cabo una estricta política de control del gasto, a través de compras centralizadas de insumos para todos los hospitales, con ahorros que en algunos casos llegaron a ser un 50 por ciento del gasto total.
Se estatizaron servicios que estaban tercerizados, renegociándose contratos, lo que significó un ahorro promedio del 30 por ciento en insumos y drogas. Lo que podría hacer el Estado con sus empleados, que para eso cobran sus sueldos, lo hace, dejando así de pagar renta empresaria falsamente creada.
Al cumplirse el objetivo de esta centralización, permite ceñirnos de ahora en adelante en la atención primaria de la salud, a través de la articulación de programas nacionales, provinciales y municipales. Somos uno solo, Nación, Provincia y Municipio, a la hora de atender a quienes necesitan de la salud otorgada por el Estado. No puede haber competencia, celos ni desarticulaciones. Hemos aprendido, y eso es lo que nos ha enseñado la crisis, que descoordinarse con otro por cualquier razón, y en el peor de los casos por razones ideológicas o políticas, es lo peor que podemos hacerle a quienes necesitan del Estado.
La consolidación del pacto social en salud, como espacio de concertación entre los diferentes sectores, sigue siendo clave para garantizar las prestaciones a todos los bonaerenses. Les pido y les sugiero a los señores representantes, con la mayor buena fe y el mayor afecto, que se acerquen a los prestadores privados de salud o a los proveedores del Estado en esta temática, para que les consulten sobre cuál es la relación actual con el ministerio de Salud bonaerense y sobre cuál es el estado de deuda, sobre cuánto se bajó el gasto y sobre lo que piensan de la política de salud. Estoy absolutamente seguro que la respuesta va a ser de apoyo total. Me he reunido con ellos innumerables veces, y he notado un enorme cambio en la actitud hacia el Estado.
Para este año se plantea la reestructuración de todos los programas en función de la salud materno infanto juvenil, del hombre y mujer adulto, de la tercera edad y de las personas con discapacidad.
Estos son los cuatro objetivos concretos de la política de salud; en otras palabras, el hombre bonaerense y su familia. Nuestras metas serán disminuir en un 20 por ciento la tasa de la mortalidad infantil, contar con la cobertura terapéutica del cien por ciento de embarazadas anémicas, controlar el crecimiento y el desarrollo de todos los niños menores de seis años en condiciones de pobreza e indigencia, a lo cual ya me he referido varias veces, implementar el sistema provincial de vigilancia nutricional, que es un parte del plan Más Vida, y aumentar la cobertura de vacunación en todas las dosis, a fin de alcanzar al 95 por ciento de toda la población.
La Provincia impulsa también una fuerte política de prevención del alcoholismo, que en nuestros adolescentes es una plaga que se va extendiendo cotidianamente, y se prevé endurecer las penas para quienes expendan alcohol a menores; es mi compromiso eliminar la publicidad de alcohol en cualquier medio o ámbito protegido para menores de edad. (Aplausos).
Este gobierno incrementó también la producción de medicamentos para el pueblo en un 40 por ciento en relación al año anterior, lo que ha permitido a los municipios un importantísimo ahorro en sus gastos. Acompañamos, de esta manera, una política que aplaudimos y quedará para la historia: la política de genéricos del ministerio de Salud de la Nación. (Aplausos). No teníamos una actitud tan firme y valiente desde los tiempos de Arturo Oñativia, ministro de Salud de Arturo Humberto Illia, causante, según se dice, del golpe de Estado que destronó a aquel gobierno, por apelar a este tipo de políticas, cuando no existía todavía conciencia clara de su necesidad. Hoy no sólo existe consciencia sino que hay una plena victoria en la lucha contra los excesos de rentabilidad de los laboratorios nacionales y extranjeros que se han aprovechado siempre abusivamente de sus marcas. (Aplausos)
Honorable Asamblea Legislativa: para consolidar muchas de estas propuestas es necesario transformar la realidad de nuestra organización estatal. En la consideración pública, el Estado aparece sobredimensionado, aparece como burocrático, lento y también como un lugar que sólo se mira a sí mismo y con prácticas cotidianas no claras; un lugar que no mira a la gente común sino que piensa primero en los propios empleados del Estado. Mi gobierno se propone cambiarlo. Hay que cambiarlo a pesar de la caída del salario real de los trabajadores públicos que nos ha frenado y mucho en nuestras decisiones, y no voy a aflojar como gobernador en esto: el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires tendrá un estado diferente, y quien asuma en el 2007 tendrá un estado moderno y ágil al servicio de los bonaerenses y no al servicio de sí mismo.(Aplausos)
Les pido a todos que me acompañen en esto. Hay un paquete de medidas, muchas de las cuales hoy se encuentran en esta Honorable Legislatura, pendientes de resolución, que consolidarán el cambio en el tiempo. En los próximos días enviaré a la Legislatura el proyecto de ley del plan rector de modernización del Estado, para que se sepa adónde vamos. Esta herramienta con fuerza de ley permitirá consolidar el proceso en los próximos cinco años. Estarán allí como hechos concretos el uso racional de los bienes del Estado, el uso racional de los servicios públicos en el Estado, el ahorro en combustibles, en teléfono, energía eléctrica y la transformación de todos los sistemas informáticos. Esto parece casi obvio. No se confundan: en el Estado bonaerense lograrlo será un hecho revolucionario.
Estoy convencido también de que no habrá reforma del Estado sin una verdadera reforma política; aquella reforma que transparente y legitime la relación de los ciudadanos con la política y con sus dirigentes. Entendemos que es una condición necesaria pero no suficiente. No nos reconciliará automáticamente con la sociedad, pero seguramente evitará el divorcio definitivo. Esta es la razón por la que he impulsado iniciativas que mejoren la representatividad, transparente los mecanismos de selección de candidatos y facilite la participación ciudadana, hoy restringida de hecho. Para eso tienen en sus manos dos iniciativas del Ejecutivo.
En primer lugar, el proyecto de ley que habilita a los municipios a formular presupuestos participativos, sistema que probadamente sintoniza los intereses de gobernantes y gobernados y, en segundo lugar, la modificación de la ley electoral para la que pido pronta sanción, porque también habilita la implementación del llamado voto electrónico en la provincia de Buenos Aires. Este sistema tiene ventajas fundamentales, como el bajo costo, la rapidez, la seguridad, la transparencia en el proceso electoral y la eliminación de la posibilidad de fraude. Este nuevo mecanismo permitirá realizar votaciones con mayor frecuencia, es decir, dar un paso más hacia la democracia participativa.
Deseo destacar tres proyectos de ley en relación al tema de la Justicia. La modificación de la ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios que responde a una política de optimización y mejor control de gestión dentro del propio ámbito del Poder Judicial y apunta a agilizar la remoción de jueces en el caso de mal desempeño de sus funciones.
La ampliación de competencias de la justicia de paz procura atender las necesidades de los ciudadanos de las localidades del interior de la Provincia, distantes de las cabeceras departamentales, logrando inmediatez en la ejecución de medidas como allanamientos, requisas, arrestos, fundamentales para el esclarecimiento de los delitos.
No hubiéramos tenido la reciente pueblada de General Madariaga si hubiéramos tenido esta ley ya lista y en funcionamiento.
En breve, se enviará a esta Honorable Legislatura un proyecto con modificaciones a disposiciones del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, que apunta a lograr un mayor equilibrio entre la articulación del reclamo de los particulares y la defensa adecuada de los intereses públicos. Ajustando esta normativa durante este año, vamos a concretar por fin la puesta en marcha del fuero Contencioso Administrativo, con el que estamos claramente en deuda .(Aplausos).
Se está trabajando también en el rediseño de la legislación vigente en relación a la protección integral del menor ante la no puesta en marcha de la ley 12.067, tal como ustedes saben. El proyecto involucra las políticas y actividades de índole administrativa, así como la transformación del proceso judicial y la reestructuración del fuero de menores con la incorporación de las figuras del defensor y del fiscal especializados.
La puesta en marcha del programa provincial de Prevención de la Tortura ha permitido encarar la problemática tan grave de este hecho en forma inédita, articulando con la secretaría de Derechos Humanos los esfuerzos que se realizan desde los ministerios de Seguridad, de Justicia, de Desarrollo Humano, de Trabajo y de Gobierno.
Se trata, fundamentalmente, de luchar contra la tortura con la capacitación y la formación de funcionarios públicos, especialmente aquellos encargados de hacer cumplir la ley, a efectos de prevenir la ocurrencia de casos, la recepción y el seguimiento de aquellos casos que se hayan detectado y que muchas veces se han dejado de lado, la investigación de las causas que hacen posible su persistencia y la formulación de reformas para aquellas situaciones estructurales que favorecen su ocurrencia.
Sobre este tema, nadie que se sienta civilizado puede mirar para otro lado. El gobierno no va a mirar para otro lado en caso de torturas. Desde esta secretaría de Derechos Humanos, mi gobierno quiere profundizar aquellas políticas relativas a la promoción de derechos humanos y la igualdad de oportunidades, encarar las reformas estructurales que restan llevar adelante para erradicar los resabios de arbitrariedad que aún subsisten y continuar apoyando la tarea que lleva a cabo la Comisión Provincial por la Memoria. Estos son los ejes de la secretaría de Derechos Humanos para el año en curso.
Quiero recordar hoy aquí que por sostener la necesidad de llegar a la verdad, en relación a hechos terribles de los años llamados “de Plomo”, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, señora de Carlotto, sufrió un cobarde atentado en su domicilio. Pero esta acción tuvo sólo un efecto neto, la reacción de miles de personas a favor de la verdad, también de quienes estamos en esta Honorable Sala. Celebro hoy públicamente aquí que hayamos tenido esa respuesta, señores representantes. (Aplausos)
Señores legisladores: en Obras Públicas, hemos trabajado simultáneamente en tres objetivos; adecuar las estructuras administrativas del ministerio a un presupuesto menor sin afectar la productividad en su trabajo. Iniciar las obras que se consideran prioritarias para el desarrollo socioeconómico de nuestra Provincia; ese es el primer objetivo de la obra pública, llevar adelante el nuevo modelo de participación privada en la regulación y control en el caso tan mentado de los servicios públicos.
Junto a la construcción de cárceles mencionadas, los esfuerzos se han concentrado en el control de las inundaciones, las inundaciones rurales y las inundaciones que los cursos de agua y canales nos provocan cotidianamente con lluvias fuertes en el Gran Buenos Aries, y la construcción de la nueva ruta 6.
Las urgencias frente al riesgo de las inundaciones se enfrentaron con más de 150 obras distribuidas en 70 municipios de la Provincia, incluyendo los municipios del Conurbano. Estas obras involucran montos por más de 20 millones de pesos; fueron la construcción de defensas de 20 cascos urbanos, cierre de brechas y refuerzo de terraplenes en San Miguel del Monte, Carlos Casares y Florentino Ameghino; el mejoramiento de 20 cursos de agua, de los arroyos El Gato, de Veinticinco de Mayo,
La Tapera, El Cardalito y Las Chacras, que inundaban barrios enormes de Mar del Plata los tres últimos; San Francisco y Las Piedras, en Quilmes, y Santa Catalina, en Lomas de Zamora, entre otros.
Habiendo mucho más gente extremadamente humilde que vive en costas tan bajas que se inundan inmediatamente con apenas 70 u 80 milímetros, se hace más que necesario, en lugar de destacar siempre que vamos en auxilio de los inundados y los llevamos a las escuelas y suspendemos las clases, limpiar y perfilar definitivamente los cursos de agua que cruzan nuestro Gran Buenos Aires.
Sin embargo, en la búsqueda de soluciones al problema estructural de las inundaciones rurales en la provincia de Buenos Aires, y sin perjuicio de desarrollar obras que atiendan la emergencia que enfrentamos en otros distritos, tenemos una meta que obtuvo un consenso definitivo de productores y técnicos, y sobre la cual ya no hay discusión: el plan Maestro del Río Salado.
Su desarrollo implica integrar 170 mil kilómetros cuadrados de la provincia de Buenos Aires; es la única solución estratégica al problema de las inundaciones rurales de nuestra Provincia.
Para alcanzar el éxito de este programa, se hace absolutamente necesario garantizar su ejecución a lo largo de un período no menor de cuatro años, a través de los cuales seguiremos obteniendo logros parciales. En otras palabras, no puede comenzarse el plan Maestro en el Río Salado si no se sabe si se lo va a poder terminar.
Se iniciarán, en pocos días más, con el apoyo del gobierno nacional, las obras de la Cañada de Las Horquetas, en el noroeste de nuestra Provincia; la regulación de las lagunas de Mar Chiquita; de Gómez, en Junín; del Carpincho, también en Junín; de Rocha y de La Salada; así como el canal de vinculación que unirá el canal de Las Horquetas con la laguna La Picasa, que está en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe.
Durante el mes de junio, con el apoyo del Banco de Inversión y Comercio Exterior, apoyo inusitado y novedoso, comenzaremos las obras de mejoramiento de las condiciones de desagüe en la cuenca inferior del Salado, lo cual supone en los primeros doce meses el dragado de 2 millones de metros cúbicos del lecho del río y la remoción del puente de La Postrera.
El canal al sur de la ruta 5, un inmenso canal que iría desde la zona de Salazar hasta casi Nueve de Julio, se constituye en otra parte importante del plan Maestro que se realizará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero para eso debemos esperar para este canal hasta el 2004.
El tercer frente estratégico del desarrollo de obras lo constituye la construcción de la nueva ruta 6 que comienza en el curso del presente mes; tiene un plazo máximo de 18 meses y es la principal autopista de la Provincia en términos de su estrategia productiva. Es la llamada por todos ustedes -la conocida-autopista del Mercosur.
La provincia de Buenos Aires, tiene la responsabilidad de regular los servicios de la energía eléctrica, de agua y de peajes viales, que han tenido en el modelo privatizador que le dio origen, y que se aplicó no sólo en la Argentina sino en la mayor parte de los países emergentes, problemas que mencionaré: errores de diseños regulatorios de monopolios públicos o privados; falta de definiciones claras del rol regulador del Estado que hoy sufrimos; entes reguladores totalmente lejanos a los usuarios y escasa claridad en los derechos de estos usuarios.
Con el fin de modificar esta situación se sancionaron los decretos 1175/02 y 2142/02, en donde se adecuan contratos de servicio de energía eléctrica, agua y contratos de peajes viales. En ambos casos, se solucionan las fallas regulatorias y se establecen reglas claras para los servicio bajo jurisdicción provincial, que son los menos en términos de los servicios totales que recibe el habitante de la provincia de Buenos Aires.
Al tiempo que trabajamos en pos de una prestación adecuada de servicios, se actuó para morigerar el efecto de la suba de napas en el Conurbano. En el marco de esta emergencia, está en marcha la instalación de dos mil bombas depresoras para mitigar la situación en la zona, aunque, como dije, la verdadera solución es limpiar y perfilar definitivamente los cursos de agua.
Invertiremos este año 100 millones de pesos en agua y cloacas en 17 partidos del Conurbano, con la creación de un fideicomiso específico integrado por parte de las tarifas que pagan los usuarios conectados. Como ustedes bien saben, esto no es solamente obra pública sino también política de salud.
Honorable Asamblea: quiero hacer aquí un expreso reconocimiento al señor presidente de la Nación, doctor Eduardo Duhalde (Aplausos).
En circunstancias que sólo presagiaban el fracaso, cuando la violencia y la anarquía ponían en riesgo a la República y al estado de derecho, cuando eran más los que huían que los que daban la cara, cuando los expertos presagiaban la debacle, el presidente de la Nación no dudó en dar un sí que podría haberlo condenado para siempre.
Comparemos la Argentina de hoy con la de enero del año pasado. Veamos dónde quedaron los presagios apocalípticos, recordemos los momentos en que la tormenta arreciaba y el desmantelado barco de la República amenazaba con naufragar definitivamente y tendremos entonces la honestidad de reconocer las condiciones de un jefe de estado que supo estar a la altura de las circunstancias.
Duhalde ganó su lugar y lo hizo gobernando, administrando, lo que supone también la humildad de aceptar y rectificar los yerros.
Señores legisladores, ilustres visitantes, queridos amigos y queridos adversarios, señores miembros de mi gobierno presentes, señores miembros de otros poderes que nos honran hoy aquí con su presencia: decíamos hace un año, en este mismo recinto, que el único privilegio que asociábamos a la responsabilidad del ejercicio de gobierno de la provincia de Buenos Aires era el de servir al pueblo bonaerense en momentos en que más lo necesitaba.
Seguimos pensando lo mismo y esperamos haber dado testimonio de esta convicción. Hablo en nombre de todos los funcionarios que me acompañan en el ejercicio del Ejecutivo provincial; servicio, honestidad y capacidad en la gestión, son los compromisos básicos de mi gobierno, y a honrar esos compromisos hemos dedicado la inmensa mayoría de nuestro tiempo en estos catorce meses.
Hay quienes me reprochan no haber hecho política y no contar con una estructura política propia. Señores: no tuvimos tiempo, y, de haberlo tenido, dudo mucho que lo hubiera dedicado a ello, no porque sea ilegítimo o no sea necesario, sino, simplemente, porque tenía otras prioridades.
Creo firmemente, como decía Roberto Arlt, que “al triunfo se llega por prepotencia de trabajo”. Creo que la política, en los tiempos que corren, y en los difíciles tiempos por venir, no deja espacio a otra cosa para que los administradores hagan una sana y eficaz administración del patrimonio público.
Si me dieran a elegir entre el éxito de la gestión y el éxito de la elección, y si no fuera porque la sabiduría y el sufrimiento popular hoy los hace inseparables, elegiría por una gestión eficaz que lograra, aunque sea en parte, mejorar la calidad de vida y las esperanzas de los bonaerenses. (Aplausos.)
Alberdi dijo que “gobernar es poblar” en los tiempos de los espacios vacíos y de la falta de mano de obra, pero fue el general Perón quien mejor definió esta responsabilidad cuando sentenció que “gobernar es crear trabajo”. (Aplausos.)
En estos tiempos de exclusión y de marginalidad, la política no puede ser otra cosa que contener el derrame hacia la nada a que se ven expuestos nuestros compatriotas y recrear las condiciones para que la cultura del trabajo le permita a cada argentino volver a ser artífice de su propio destino, y nunca más sujeto de la ambición de nadie.
En pocos días más tendremos un nuevo gobierno nacional. Como hombre político he manifestado mis preferencias porque sería difícil permanecer ajeno a una decisión del pueblo argentino que influirá decisivamente sobre el destino de millones de conciudadanos.
Como gobernador de la Provincia, quisiera trasmitirles mi ansiedad frente al cambio y la importancia que le asigno a la postura que el próximo presidente de los argentinos tenga frente a los problemas de Buenos Aires.
Necesitamos una clara comprensión de nuestra problemática social, de la discriminación fiscal a la que estamos permanentemente sometidos, de los temas acuciantes del Conurbano, de cuestiones que nos afectan por ser receptores permanentes de la migración de compatriotas que vienen de provincias con privilegios fiscales en relación a la provincia de Buenos para instalarse en nuestro suelo en busca de una vida digna y pasar a ser parte de la demanda que enfrentamos.
Si hasta las aguas que desbordan los cursos de otras provincias llegan a Buenos Aires y complican nuestros campos.
Cómo no decir acá que Buenos Aires, la hermana mayor, la locomotora del crecimiento en tantas ocasiones –que espero que vuelva-, la que recibe a tantos argentinos y trata de asistirlos después, necesita un presidente que entienda esta situación, que comprenda que no habrá seguridad sin acción conjunta. Lo repito como gobernador: no habrá seguridad para todos los hombres y mujeres del Conurbano Bonaerense sin acción conjunta con las fuerzas de seguridad nacionales. Necesitamos un presidente que comprenda que no habrá obra pública suficiente sin entender el rol receptor que, en todo sentido, nuestra Provincia tiene; y no habrá mejor calidad de vida para millones de familias que viven en nuestro Conurbano si son argentinos discriminados fiscalmente sólo por vivir cerca de la Capital Federal, porque ésa es la única acusación.
La Provincia necesita un resarcimiento por esta situación. La Provincia, todos sus habitantes, y sus representantes reunidos hoy en nombre de su pueblo en esta Honorable Asamblea, necesitan de un presidente que haga justicia con ella.
Como gobernador, sepan que lucharé por esa reivindicación, que no tiene color ni ideología, es de todos los que amamos el bendito suelo bonaerense y de todos los que amamos al pueblo que lo habita.
Muchas gracias. (Aplausos)
FELIPE SOLA

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