febrero 24, 2012

Mensaje del Gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2002)

MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Felipe Solá
EN LA APERTURA DEL 130° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 1° DE MARZO DE 2002

Honorable Asamblea Legislativa: hemos asumido la conducción de la Provincia en medio de lo que todos califican como la peor crisis de la Argentina moderna. Gobernar hoy está muy lejos de ser un privilegio, salvo que, como debe ser y siempre debió ser, entendamos que es un privilegio servir a nuestro pueblo cuando más lo necesita y más desamparado se encuentra, cuando las dificultades son mayores y cuando las posibilidades de hacer ”política-espectáculo” han quedado reducidas a la nada...

- Aplausos prolongados-
- Se retiran del recinto legisladores de los bloques del A.R.I y Polo Social-
...Decía que las posibilidades de hacer “política-espectáculo” han quedado reducidas a la nada, porque están aplastadas por el peso real de la crisis y por el repudio popular.
Estamos convencidos de que nuestra Argentina de hoy no tolera más que quienes se presentan como sus dirigentes no asuman compromisos claros y permanentes para con sus representados, o la abandonen a la hora de la incertidumbre o el peligro.
Vivimos una crisis que tiene muchas caras y ninguna de esas caras alcanza para mostrar completamente su profundidad y su gravedad. No hay respuestas ni explicaciones simplistas. No existe posibilidad alguna de superar esta crisis por el viejo método argentino de encontrar los enemigos afuera y creernos víctimas de oscuras conspiraciones que, en el caso de existir, siempre han encontrado entre algunos argentinos a sus mejores aliados.
Debemos asumir, entonces, nuestras responsabilidades y cargar con nuestros errores, que en el caso de la gran mayoría - no en el caso de los dirigentes-, se han dado más por omisión que por comisión.
Si algo de positivo tiene la crisis en que nos encontramos es que ha puesto en marcha el camino hacia nuevos mecanismos de participación y de control popular. Es un camino inédito, un camino a recorrer y con algunos ribetes hasta peligrosos, pero es un camino inexorable.
Una democracia puede deslizarse fácilmente hacia la oligarquía si los ciudadanos resignan su obligación de participar y controlar a los gobiernos. Vale aquí recordar al general Perón, cuando nos decía que “los hombres pueden ser buenos, pero si se los controla son mejores”.
Que esta crisis nos sirva para que nunca más la hipocresía o la cobardía puedan encaramarse en un gobierno y estafar la confianza popular.
Yo no vengo aquí con ánimo de hacer un ensayo de psicología social, pero creo que una de las caras más dramáticas de la crisis que nos agobia es la debilidad de nuestra propia identidad actual.
Durante casi 200 años los argentinos nos hemos debatido y enfrentado para saber quiénes éramos, y así fuimos unitarios y federales, liberales y proteccionistas, democráticos y autoritarios, ricos y pobres, capitalistas y socialistas, latinoamericanos y europeos; y así podríamos seguir enumerando opciones que en muchos casos provocaron sangrientos enfrentamientos, que impidieron elaborar y desarrollar un proyecto colectivo sobre una identidad compartida.
La primera oportunidad que una grave crisis brinda a quien la sufre es la de reconocerse a sí mismo. Aquel que frente a la crisis no comience por identificar sus errores, sus limitaciones y sus debilidades, estará irremediablemente condenado al fracaso.
Esta depresión con que la Argentina se asoma al nuevo milenio nos presenta la oportunidad de enfrentarnos con nosotros mismos, de encontrar entre los escombros de nuestras fantasías esta identidad común, sobre la cual podamos elaborar un proyecto que nos contenga a todos.
Hoy sabemos que la Argentina es un país quebrado, en el que sus riquezas naturales nada tienen que ver con los 15 millones de compatriotas que viven en la pobreza y con los 5 millones de excluidos que claman al cielo por justicia y dignidad. Somos un país empobrecido y, lo que es peor aún, un país injusto e inequitativo, porque si la pobreza duele, duele mucho más cuando se sufre a la vista insensible de los privilegios. Nunca en su historia moderna la Argentina ha tenido niveles de injusticia e inequidad como lo que hoy soportamos.
Ningún gobierno, y menos creo un gobierno peronista, puede dejar las cosas como están. Hemos llegado a un límite, más allá del cual sólo puede esperarnos la anarquía y el caos. Y quiero marcar aquí una clara diferencia con aquellos profetas del apocalipsis que nos dicen que esto -la anarquía y el caos- es inevitable, y que empiezan a hablar de orden y autoridad, mientras siguen defendiendo los intereses de la economía concentrada.
A esos nostálgicos del autoritarismo, a esos que montados sobre la legítima indignación popular vociferan sin discriminar contra la política, poniendo en duda la viabilidad de nuestra democracia, les decimos que somos conscientes de los riesgos, que conocemos el peligro de gobernar la crisis, que conocemos las limitaciones de una dirigencia a veces, justamente, sospechada de deshonestidad o de incapacidad; pero que también sabemos que hay miles y miles de dirigentes políticos, sociales, empresariales y religiosos, que están dispuestos a dar la batalla junto al pueblo para doblegar la crisis. (Aplausos).
Si no somos capaces de asumirnos tal cual somos, asumiendo entonces nuestra debilidad y la responsabilidad que nos cabe a todos -en distinto grado, sin duda, pero a todos- con excepción de los que nunca fueron oídos ni tuvieron posibilidad de hacerse escuchar, si no somos capaces de asumir, al menos, nuestra condición de testigos de una decadencia anunciada y frente a la que sólo reaccionamos cuando nos afecta directamente, no tendremos posibilidad alguna de exhibir una identidad que refleje nuestra voluntad de ser algo más que un verbo que se conjuga en el pasado.
Otras de las caras de la crisis tiene que ver con la moral, con el sistema de valores colectivos que le permite a una sociedad ser y reconocerse como tal. Del mismo modo que no hay hombre que pueda crecer y desarrollarse sin un sistema axiológico que lo sustente y que le dé sentido y proyección a sus acciones, tampoco hay sociedad que pueda hacerlo sin códigos y valores respetados mayoritariamente.
Sin ley y sin justicia reina la ley de la selva, y todos sabemos que en la selva sólo sobreviven los poderosos, nutridos y alimentados por los débiles.
A partir de finales de 1975 y mucho más aún durante la última experiencia autoritaria, se quebró también uno de los valores comunes de los argentinos: la cultura del trabajo.
En el trabajo está la base de la dignidad del hombre, porque es a través del trabajo que Dios nos permite participar y enriquecer la obra de la creación.
La especulación y un capitalismo prebendario dieron lugar a un proceso de concentración de la riqueza que, con claras excepciones, no se sustentó en un crecimiento genuino de la economía, sino del traspaso injusto de la renta nacional a costa del bienestar de la mayoría.
Lo ocurrido en diciembre del año pasado, la bancarrota de la Argentina, es el final de un largo proceso iniciado a mediados del los años 70; un proceso que desperdició después una gran oportunidad transformadora en la primera mitad de los años 90.
¿Cómo puede asombrarnos que la corrupción apareciera en medio de las estructuras del Estado, cuando desde ese mismo Estado, 25 años atrás, se habían planificado y ejecutado crímenes atroces?
Si es cierto que robar es un delito y mucho más aún cuando se lo comete en el ejercicio de la función pública, mucho más grave fue todavía violar desde el Estado los derechos esenciales de la persona humana. Eso todavía tiene marcas en la Argentina moderna.
Por eso esta gestión concibe el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes como un componente esencial de un Estado democrático, que, entonces, debe ser establecido como política de Estado. Este es el fundamento que nos llevó a proponer la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, que ustedes han votado, directamente dependiente del Poder Ejecutivo, para crear políticas relativas a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de grupos o personas.
Hoy quiero anunciarles que, en esta materia, pondremos en pocos días más en marcha un programa provincial contra la tortura, que procurará terminar con esa práctica terrible e inaceptable, pero lamentablemente aún presente, aunque de una manera cada vez mas residual. (Aplausos).
Honorable Asamblea: el Estado bonaerense debe necesariamente adecuar sus estructuras para prestar mejores servicios a sus ciudadanos. Pero no es sólo una empresa de servicios, sino un plexo de relaciones que propende al bien común, al desarrollo y a la organización de la comunidad. Por eso no queremos un Estado gendarme ni un Estado ausente, sino un Estado inteligente, que sea capaz de dar respuestas a las necesidades de los vecinos con rapidez y eficiencia. No lo tenemos hoy, lamentablemente.
A raíz de ello, he definido como uno de los ejes centrales de mi gestión, iniciar un profundo proceso de cambio. Este cambio comienza con nosotros y seguramente no finalizará con nosotros, porque le proponemos a la Provincia transitar un camino inédito, el de la reforma de su propio Estado.
El sistema de modernización del Estado provincial que pusimos en marcha tiene tres lineamientos básicos.
En primer lugar, tomaremos medidas que mejoren la calidad del servicio a los ciudadanos. La descentralización, la desconcentración y la regionalización de muchas acciones del poder central darán mayor eficacia y transparencia a los actos de gobierno. Los municipios van a tener un rol muy activo en esta fase.
Nos focalizaremos en la delegación en los consejos de administración de los hospitales en cuanto al manejo presupuestario, en el poder de resolución a las regiones sanitarias, en la implementación del registro único de beneficiarios de planes sociales, con fuerte incidencia de los recientemente creados consejos económico-sociales de cada distrito. Nos focalizaremos también en la simplificación del trámites burocráticos para la radicación de PyMES, como aquello que facilite el pago de impuestos y de servicios.
Ninguna medida descentralizadora que tomemos tendrá como objetivo desentendernos de nuestra función; es decir, ninguna tendrá como objetivo la municipalización de los servicios. Por el contrario, las medidas descentralizadoras preservarán y fortalecerán el rol indelegable del Estado provincial, en cuanto a brindar los servicios de salud, educación y seguridad. Quiero que esto quede bien claro, porque descentralizar no necesariamente es municipalizar.
En segundo término, reformularemos todas las estructuras ministeriales, de acuerdo a un nuevo modelo organizativo. ¿Qué queremos introducir? La herramienta de la gestión por resultados, que transparentará y facilitará la rendición de cuentas de los funcionarios, permitiendo un mayor control social. Llevará tiempo y no será cuestión de un solo gobierno, pero es el único camino posible para que la gente no se sienta estafada.
Modernizar los instrumentos de administración financiera, facilitar el modelo de gobierno electrónico futuro, reordenar la carrera administrativa y los sistemas informáticos, readecuar la ley de coparticipación y reestructurar las múltiples regionalizaciones provinciales, son algunos de los temas que, seguramente, esta Honorable Legislatura deberá abordar, y cuyo aporte será esencial para enriquecerlos.
Estoy seguro de que se entregarán con pasión a este trabajo, que cada uno de ustedes reconoce como necesario en la Provincia, más allá de las distintas visiones ideológicas que se puedan tener.
Honorable Asamblea: el proyecto de presupuesto 2002, que ingresará la semana próxima a la Legislatura, contempla una ambiciosa meta: reducir el déficit de la provincia en un 60 por ciento. El cumplimiento de tal meta se apoya en lograr importantes economías en el nivel del gasto y en el incremento de la recaudación tributaria propia, y esto último, básicamente, por medio de mejoras en la administración.
La prolongada recesión que afecta a nuestro país, que ya lleva casi cuatro años, ha producido un achicamiento en el sector privado que no permite asegurar el financiamiento de la Provincia por la vía de los impuestos. Tenemos ese riesgo, y tampoco es posible pensar en recurrir como antes al crédito público.
Esto exige a corto plazo una política presupuestaria que asegure la rápida obtención de ahorros, mientras se elaboran y discuten propuestas estructurales que permita asegurar la necesaria transformación del Estado provincial a las cuales me acabo de referir.
Es imposible soslayar que casi el sesenta por ciento (60%) del presupuesto de gastos está destinado al pago de salarios, a la atención de los jubilados y a subsidios vinculados a tal concepto.
En las actuales condiciones del mercado de trabajo, debemos convenir en que es indispensable que el Estado no proponga medidas que disminuyan el nivel de empleo público más allá de la baja normal y natural. Por ello, excluimos de nuestro pensamiento el despido de personal por causas presupuestarias. (Aplausos)
Pero como recientemente comienzan a visualizarse movimientos en el nivel de precios que podrían dar lugar a una reducción del poder adquisitivo, tampoco es posible pensar anticipadamente en rebajas generalizadas de los salarios de los empleados públicos, porque ello agravaría lo que avizoramos como un futuro difícil.
Repito: no pensamos anticipadamente en medidas que generalicen. Adoptaremos, entonces, medidas focalizadas, basadas en criterios de equidad, que aseguren rebajas efectivas en las erogaciones en personal.
Preferimos el camino más difícil, de mayor confrontación, al camino del facilismo, al de la rebaja salarial generalizada.
Elegimos pelear por mayor justicia en el reparto de las remuneraciones, con criterios de equidad. Repito: con criterios de equidad, que nos den fuerza moral. Estos criterios aseguran algunas rebajas efectivas en el presupuesto, rebajas importantes, y corrigen desviaciones.
Luego de una exhaustiva revisión hemos dado de baja contratos de planta temporaria, locaciones de servicios y de obra, aplicando asimismo una reducción de los importes de aquellos cuya continuidad consideramos necesaria estrictamente.
Eliminamos las inequidades y distorsiones que existían en materia de viáticos y horas extras no realizadas. Repito: horas extras no realizadas, estableciendo el sistema de unidades retributivas por productividad y eficiencia, e implementamos también sustanciales restricciones al uso de vehículos, telefonía celular y publicaciones.
Ahora iremos por la eliminación de remuneraciones al trabajo inexistente; por la adecuación de bonificaciones; por un estricto control del ausentismo, que revalorice el rol de los adicionales por presentismo, su otra cara, y por la adecuación de licencias especiales y una reducción de los niveles superiores de la escala salarial.
La evasión fiscal se manifiesta principalmente en la Provincia en las declaraciones del impuesto sobre los ingresos brutos, e n el no pago del impuesto automotor e inmobiliario y en la no declaración de mejoras, en este último caso.
Para el caso del impuesto a los ingresos brutos, vamos a atacar la evasión con la captura en la fuente, aunque no les guste a quienes sólo les importa agradar a los que mejor están.
Con respecto al impuesto inmobiliario, iniciamos la primera etapa de incorporación de mejoras no declaradas captadas por lectura satelital, aplicándose también el régimen para countries y barrios cerrados, como agentes de información obligatorios, y el programa de fiscalización y promoción de presentación espontánea en materia catastral, porque hay muchos bonaerenses a quienes, si les facilitamos esta presentación espontánea, quieren blanquear su situación de mejoras y pagar lo que deben, y en ellos confiamos.
En el año 2001 la Provincia dejó de percibir aproximadamente 600 millones de pesos por la liquidación y el no pago del impuesto inmobiliario y a los automotores.
Para ambos impuestos pondremos en práctica operativos tendientes a detectar la llamada “mora temprana” y con operativos de control en rutas y/o en puntos fijos.
Nos concentraremos también en el recupero de deudas. Me refiero a las deudas fiscales, que en la Provincia representan, en la actualidad, un activo pendiente de realización superior a los 2 mil millones de pesos.
La atención a los contribuyentes será el centro de referencia de la gestión tributaria. Para eso vamos a incorporar nuevas instituciones bancarias para el cobro de impuestos, y estableceremos diferentes medios de pago para satisfacer el cumplimiento de obligaciones fiscales y la extensión del débito automático en otras instituciones bancarias, así como el pago con otras tarjetas de crédito y débito.
Aquí sí jugarán un rol fundamental los municipios y los convenios que volveremos a hacer con ellos. En algunos casos, nunca efectuados antes; en otros casos, una repetición mejorada de lo que ya se hizo y bien.
Maltratamos a la gente cuando nos quiere pagar impuestos y la perdonamos de hecho cuando entra en mora, con tasas de interés muy inferiores a las de mercado. Terminemos con esto y defendamos al Estado, que es defender a los que menos tienen.
Honorable Asamblea: como gobernador les pido que me acompañen a defender los ingresos de la Provincia, perdidos por la falta de conciencia tributaria, por un lado, y por la desidia en la defensa del Estado, por el otro. Estoy seguro de que lo van a hacer. El empobrecimiento que experimenta un sector mayoritario de la Provincia hace que la escala para contrarrestarlo resulte inviable e insostenible. Se agrega a ello la necesidad de restablecer las bases de la dignidad ciudadana, que se pierden cuando persisten las carencias y deben mantenerse los programas de asistencia.
La cuestión del empleo es de tal magnitud y complejidad que no puede ser tratada con programas especiales, en paralelo a los demás programas sociales. Deben estar integrados todos los programas y ser parte de una misma visión sobre el mundo de la marginalidad, sobre sus causas y sobre su realidad cotidiana. Sobre esto es fácil teorizar y es difícil implementar. Se implementa bien cuando se hace de abajo hacia arriba, desde la realidad de la calle de todos los días hacia los escritorios, y no al revés.
Se requieren políticas consistentes y complejas que no pueden continuar limitadas a programas especiales de empleo temporal.
Por eso vamos a emprender una política progresiva de empleo e ingreso basada en la asociación entre los diversos sectores sociales, abarcando sistemas productivos donde hay actores muy diversos, muchos de ellos con trabajo y muchos sin trabajo, pero que conviven en el mismo sistema.
Vincular a los más pobres con el sistema productivo es el objetivo de hoy. Se trata de conformar pequeñas y medianas empresas para consolidar un sistema de economía del trabajo de base territorial, económica y socialmente eficiente, no inventada por los funcionarios; pequeñas y medianas empresas inventadas por la gente, por el oficio o la capacidad que tengan, no por los teóricos que inventan empresas que después terminan mal. Que quede bien claro esto.
La grave coyuntura actual debe ser vista como una oportunidad para iniciar otro estilo de política pública.
En estos sesenta días, en materia social, se pusieron en marcha acciones que muestran la voluntad de cambio de las políticas y un nuevo modelo de gestión.
La tarjeta social bonaerense llamada “Vale Vida” es el primer paso para transformar a los beneficiarios en sujetos protagónicos de las acciones. Reemplaza a las compras centralizadas del Estado provincial, y las cambia por la entrega de recursos a cada familia; de esta manera, cada familia recupera su capacidad de elegir, perdida cuando se recibe una caja de alimentos. La gente pierde dignidad cuando siente que todos pueden elegir menos quien recibe una caja de alimentos, a través de la que otro decidió qué va a comer.
Ya están recibiendo los “Vale Vida” más de 670 mil familias con niños menores de 5 años y 62 mil adultos mayores de 50 años que hoy no tienen cobertura social, y por eso fueron priorizados. El “Vale Vida” se extenderá a todos los distritos de la Provincia, sin exclusión alguna.
Se han creado los consejos económico-sociales en cada municipio, como dije al hablar de la reforma del Estado. No son mágicos, pero pretenden propiciar la democratización pública y la responsabilidad ciudadana, para que todos opinen sobre los programas sociales: los que los necesitan sean desocupados, piqueteros o miembros de O.N.G, según se hayan organizado, y los que no los necesitan, porque tienen trabajo, porque son empresarios, o porque son actores de la vida económica sin problemas o con menos problemas, pero que quieren estar allí y quieren una Argentina más legítima.
En ese ámbito los agentes públicos sociales y privados podrán expresar sus intereses de manera transparente, podrán identificar las oportunidades, podrán opinar sobre lo que pasa localmente en materia de creación de empresas, de mercados, etcétera, podrán definir prioridades y acordar compromisos concretos en presencia de cada intendente y de sus concejos deliberantes, si así lo quisieran, podrán diseñar programas particulares de desarrollo, que no tienen que ser iguales en todos lados, y podrán postularse para reclamar recursos de los planes de empleo que iremos recibiendo de la Nación.
Hemos elaborado también un indicador de distribución de recursos, rápidamente, que permitió acordar con los municipios un criterio que reconoce las particularidades de cada distrito, a fin de adjudicar con equidad y transparencia los diferentes recursos. Eso está terminado y aprobado por todos los intendentes municipales de la Provincia.
Vamos a hacer un registro único de beneficiarios. La Argentina camina hacía eso. La Provincia también, y de común acuerdo con la Nación, con la finalidad de que las familias destinatarias puedan recibir mejor los recursos que el Estado dispone para su atención y, además, para reconocer con mayor precisión las particularidades, las características y las necesidades de cada una de esas familias, que no son siempre iguales
Honorable Asamblea: la situación de la atención de la salud de la población bonaerense estuvo signada por la acción de un Estado ambiguo, que confería carácter de beneficencia a las prestaciones realizadas por su red de establecimientos oficiales y que a veces desatendió el desenvolvimiento de los recursos financieros de la seguridad social y de prestaciones al sector privado hoy vigente.
La propuesta es mantener al hospital público como la columna vertebral del sistema de atención de la salud, porque es la red pública hospitalaria provincial la que soporta la demanda de alta complejidad, inclusive a veces apoyando a los otros efectores de la salud.
Vamos a fortalecer la regionalización, y vamos también hacia una mayor descentralización hospitalaria. Esto es inexorable y vamos a intentar hacerlo para mejorar el vínculo con el nivel municipal de atención, que en algunos casos supera la capacidad del propio hospital y es de mejor calidad.
El objetivo de la reforma de la salud es que los bonaerenses se reencuentren con un Estado presente y cercano a la gente, en pos de una nueva humanización de los servicios de salud. Nuestros servicios, en general, en todo el Estado, están deshumanizados, lejos de las necesidades de Juan y Pedro, lejos de la gente común. Hay que establecer un nuevo concepto de servidores públicos. Y lo destaco aquí en el área de salud, pero vale para todo el Estado provincial.
El cambio en la salud hará necesario potenciar los cuadros profesionales, técnicos, gerenciales y administrativos, con vista a sus destinatarios directos. Este objetivo sólo lo vamos a alcanzar en la medida en que todos estos cuadros transformen también sus actitudes cotidianas en la prestación de servicios, junto con nuestro esfuerzo.
En los próximos días suscribiremos el Pacto Social en Salud en la provincia de Buenos Aires, para favorecer la ampliación de la cobertura, para complementar recursos, y para iniciar un proceso de planificación participativa para la elaboración conjunta de programas en salud.
No nos podemos permitir niños sin vacunar en nuestra Provincia. Tenemos que llegar a cada uno de ellos, logrando niveles de cobertura que impidan la aparición de enfermedades inmuno prevenibles. Nuestra meta para este año es llegar, por lo menos, al 90 por ciento de cobertura.
Dos párrafos más sobre salud: cada embarazada deberá ser una prioridad, que nos garantice el normal desarrollo del binomio madre-hijo, previniendo la anemia, el parto prematuro y reduciendo a su más mínima expresión la mortalidad materna, fetal e infantil, como se hiciera en gobiernos anteriores.
Deseo aclarar que en el caso del SIDA, además de garantizar las acciones asistenciales, no aflojaremos en las campañas preventivas de educación y concientización, que serán una prioridad.
En el IOMA hemos trabajado en el restablecimiento de los servicios que se encontraban interrumpidos y hemos iniciado la renegociación de todos los convenios de prestaciones. En el IOMA pondremos al frente de sus divisiones regionales al personal del mismo, estrictamente seleccionado por concurso y estableceremos mecanismos automáticos de compensación para los municipios, que son al mismo tiempo prestadores del sistema.
La defensa del IOMA y de su sistema solidario es un objetivo no negociable, pero para eso tenemos que pasar de un universo de afiliados cautivos a cautivar a dichos afiliados, desburocratizando el acceso a las prestaciones y sabiendo que sólo importa finalmente la calidad de la atención que se brinde.
Vamos a promover la sanción de una ley provincial de atención a las adicciones. Esto fue un problema al comienzo de mi gobierno, porque se temió que con la desaparición de la secretaría correspondiente hubiera problemas futuros, que no ocurrirán. Esta ley provincial de atención a las adicciones unificará criterios de coordinación con el Poder Judicial, regulará mecanismos de derivación, admisión y egreso de los pacientes, junto con la evaluación de la calidad y la efectividad de los tratamientos.
Vamos a incrementar, además, desde el laboratorio central, la producción de 5 a 12 millones de comprimidos mensuales, aumentando el listado de medicamentos genéricos que hoy se producen y se imponen en la Argentina, y vamos a instalar una planta elaboradora de inyectables, entre tantas otras cosas.
Honorable Asamblea: el gasto consolidado provincial para educación en la provincia de Buenos Aires suma alrededor de 3.800 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 36 por ciento del gasto público de nuestra Provincia.
Como los gastos de personal son el 92 por ciento de este presupuesto, las vías de inversión para el mejoramiento de la calidad y la cobertura son extremadamente limitadas, a menos que esos gastos –los de personal- sean controlados.
Nuestro gobierno planea mejoras sustantivas en la eficiencia de gastos del personal a través de un sistema de información consolidado, con monitoreo continuo de los gastos en personal variable, junto con la implementación rigurosa de normas que permitan la asignación de recursos al lugar donde los mismos se requieren en mayor cantidad.
Nos preocupa también asegurar la equidad de los gastos públicos en educación, relacionado con programas como comedores escolares y las becas a los estudiantes pobres. Se busca reducir la brecha de calidad entre escuelas a las que asisten los niños de familias pobres y aquellas de familias ricas.
Como les dije, aumentar las becas que nos ha comprometido hasta ahora el gobierno nacional con un aporte provincial, inexistente prácticamente durante el año pasado y que debe renovarse, es también un objetivo que dará lugar a la intervención de esta Honorable Legislatura. Vamos a enviar, en pocos días más, el proyecto de ley que sanciona un canon para el juego, que permitirá destinar buena parte de ese canon a las becas para los pibes del polimodal.
No queremos que se nos tome por insensibles frente a la reducción global de gastos del Estado. Lo primero es lo primero, y a veces es también la excusa para que algunos que se ven perjudicados en prebendas, nos acusen de insensibles.
Con un gasto de 500 millones en subsidios a las escuelas privadas, una justa distribución de esos subsidios es también una preocupación de mayor equidad.
Planeamos encarar esto como una intervención prioritaria, justa, y exenta de todo prejuicio. Nuestro sistema educativo debe mejorar. Para eso planteamos consolidar lo ganado en los años anteriores en cuanto al incremento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la educación, sobre todo para los sectores más pobres de la sociedad, que son los que más usan de la escuela pública.
Las medidas que apuntan a incrementar la eficiencia serán apoyadas por los maestros y directivos de la escuela. Esto es así porque las reformas en marcha tienen un impacto positivo directo en las condiciones laborales de los maestros, reduciendo el tiempo que los docentes tienen para destinar a los procedimientos administrativos y dejando éstos a cargo de los consejos escolares.
No es posible ignorar que el sistema normativo actual permite una cantidad de abusos e injusticias que se han ido haciendo carne de una cultura docente en la que se está perdiendo la referencia de premios y castigos. Es difícil explicar ante la sociedad la tensión entre la lucha por los derechos de los docentes y la prestación de un servicio educativo de calidad, en el que se juega la suerte de los niños y los jóvenes bonaerenses.
Por lo tanto, no es sorprendente que el maestro honrado y trabajador tenga escasa motivación para realizar su mejor esfuerzo y para brindar una alta calidad de educación a sus alumnos.
La demanda de la sociedad para revertir este estado de cosas es muy clara, y por ello hay que potenciar el rol de la comunidad y el poder local para sostener a la escuela y para controlarla.
La voz del sistema educativo hoy está monopolizada por los gremios, que bajo el pretexto de la defensa de sus derechos, absolutamente legítima como función, incumplen en algunos casos con el desempeño del servicio del que son responsables.
Necesitamos también a los padres y a la comunidad; las escuelas necesitan el apoyo activo de la comunidad, y la comunidad debe penetrar en la información de la escuela. Deben estar accesibles los datos del costo por escuela, su planta orgánica funcional, el presentismo docente, los indicadores educativos de deserción, la repitencia, el desgranamiento, la cantidad de alumnos por sección y los resultados de la evaluación de calidad.
De esta manera caminaremos hacia un sistema educativo que premie al maestro que está al frente de su grado o al profesor que está al frente de su cátedra, y que castigue al que no lo está; que defienda a los niños y a los jóvenes, y que defienda también el anhelo absolutamente entendible y legítimo de los padres de tener al chico en condiciones de encarar una carrera universitaria, o el mercado de trabajo, bien capacitado y educado.
Honorable Asamblea: se ha generalizado una situación de falencia judicial en la Provincia, y por lo tanto la expectativa constitucional no se satisface. En consecuencia, es urgente propiciar las reformas necesarias para optimizar el servicio de justicia, y es sabido que la justicia tardía no es justicia.
El Poder Judicial está en condiciones de señalar sus problemas, y sus posibles soluciones. Desde el Poder Ejecutivo implementaremos cuanto esté a nuestro alcance para resolver las situaciones y para aportar nuestra propia visión, en orden a consensuar el camino futuro.
Entre otras cosas, vamos a llevar a cabo la implementación definitiva de las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, las cuales son el marco de referencia en la política penitenciaria provincial. También en este sentido impulsaremos el plan de construcción de alcaidías a bajo costo, para poder asegurar mejores condiciones de reclusión para los detenidos y procesados.
La Mesa de Concertación Judicial, que creé cuando era vicegobernador, será reactivada para plantear y debatir alternativas de cambios estructurales en el servicio de Justicia y la adaptación del Poder Judicial a la realidad actual de la Provincia, ya que el Poder Ejecutivo está totalmente dispuesto a adaptarse a esta realidad, y el Poder Legislativo, durante los dos últimos años, ha dado muestras claras de ir adaptándose también a esta realidad.
Antes de exponer la política en materia de seguridad, quiero hacer un reconocimiento público y sentido a los policías caídos en actos de servicio: doce jefes de familia, doce héroes bonaerenses que entregaron todo lo que podían entregar, mientras muchos comunicadores le piden a la gente que no pague sus impuestos. (Aplausos).
Les rindo desde aquí mi homenaje a los caídos, y casi pediría que me dejen asumir la representación de ustedes, porque estoy seguro de que también se lo rinden, y en ellos, en los caídos, a todos los agentes, hombres y mujeres que trabajan con la convicción de ser verdaderos servidores públicos.
El objetivo excluyente en seguridad será reducir los niveles de inseguridad a través de programas de policía urbana, junto con una mayor eficacia para la prevención del delito.
En pocos días hemos recuperado para el comando 1000 efectivos que estaban en tareas administrativas y que han pasado a las tareas de prevención, a través de las llamadas “mareas departamentales”.
Con la adhesión al Plan Nacional de Prevención del Delito propuesto por la Nación, y junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a fortalecer los mecanismos interjurisdiccionales en el área metropolitana, para mejorar los niveles de prevención y control urbano.
Este Plan Nacional de Prevención del Delito tiene tres puntos importantes: el primero es la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad, porque para la gente de las calles del conurbano lo importante es la presencia de las fuerzas de seguridad, ya sea la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Gendarmería o la Prefectura. El que no tiene seguridad, no quiere límites absurdos, quiere que todos trabajemos como uno solo frente al delito y lo vamos hacer superando cualquier diferencia, que es lo que nos exige la comunidad.
El segundo punto es la complementación entre los servicios penitenciarios, federal y provincial, que nos va permitir cumplir con uno de los objetivos hoy más prioritarios de la gestión provincial, que es rebajar el número terrible de presos que tenemos en las comisarías, frente a la real disponibilidad. Por eso hemos acordado este tema con el señor Presidente y el señor Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El tercer punto de este plan es el trabajo en materia de prevención en 10 distritos, inicialmente, y en todos después, dentro del conurbano bonaerense, llevando allí lo que en algunos casos ya se está haciendo en las provincias y en todos los casos se está haciendo en los barrios más peligrosos de la ciudad de Buenos Aires.
Se trata del Plan Nacional de Prevención del Delito, recurriendo a las asambleas de vecinos, y así soportar sus críticas, soportar incluso, muchas veces, su escepticismo inicial, para terminar trabajando con ellos codo a codo contra los delincuentes. O se unen quienes tienen que defender a los vecinos y los vecinos, o ganan los delincuentes.
No hay salida, y ya hay experiencia nacional sobre esto. Nos acercamos humildemente interesados en mejorar esto, a la experiencia nacional previa, y la tomamos.
Hemos decidido restablecer el normal funcionamiento de la Escuela de Agentes y Suboficiales, que estaba sin actividad educativa desde julio del año pasado. Esto es fundamental para la formación y capacitación de los suboficiales futuros y para la especialización y reentrenamiento de los policías en actividad.
Hemos fijado nuevas prioridades para la inversión en obras públicas y en infraestructura para el corriente año fiscal. Para ser breve destacaré una de ellas: frente a la amenaza que se cierne sobre una amplia zona del noroeste de la Provincia, del centro de la misma y sobre muchos partidos de la cuenca deprimida del Salado, definimos un plan hidro-vial -que ya hemos conversado con todos los intendentes-para hacer frente a la emergencia hídrica que afecta a la región, en caso de confirmarse -como creemos que se confirmará, lamentablemente-, los pronósticos sobre lluvias para los próximos meses.
Este plan privilegia la defensa de los cascos urbanos de las cabeceras de distrito y de las poblaciones en riesgo, y la transitabilidad de la red vial, impidiendo su anegamiento o el aislamiento de las comunidades.
Tal vez por primera vez estamos haciendo algo de manera preventiva. Si lo hacemos y no llueve, será mejor. Si lo hacemos y llueve, estaremos orgullosos de haber trabajado en común en esto.
Tendremos que enfrentar otra emergencia en el área de obras públicas, conocida por todos ustedes, y es en el ámbito de los servicios públicos. Durante dos años los bonaerenses asistimos a las dificultades de gestión y a la ineficiencia del gerenciamiento de la empresa prestadora del servicio de aguas y cloacas en la llamada Zona Concesionada 1.
Hoy nos encontramos en una situación difícil, en la cual dicha empresa nos comunicó que dejará de prestar el servicio para toda una amplia región de nuestra Provincia, exactamente desde el día de hoy. Frente a esto, hemos tomado recaudos, y ya contamos con los actos administrativos necesarios para encarar la situación; diseñamos una nueva alternativa de prestación y está dispuesta la constitución de la sociedad anónima Aguas Bonaerenses, en condiciones técnicas y operativas de continuar con la prestación del servicio.
Garantizamos, entonces, la continuidad en la prestación del servicio de agua potable y nos reservamos nuestro derecho como Provincia de accionar contra quien nos deja, incumpliendo sus deberes.
Honorable Asamblea: los objetivos fundamentales del área de gobierno estarán vinculados con el fortalecimiento de la gobernabilidad institucional de la Provincia y de los municipios.
¿Qué es la gobernabilidad, esa palabra tan usada? Es trabajar para garantizar la paz social y el normal funcionamiento democrático en cada municipio.
Impulsaremos, desde el Ministerio de Gobierno, la reforma política y la descentralización del Estado provincial a los municipios.
La reforma política que hemos firmado entre la Nación y los gobiernos provinciales ya fue enviada a vuestra consideración, y será el marco de referencia para la transformación definitiva del sistema de representación popular en la Provincia. Creemos que es una tarea básica de los señores legisladores, y estamos seguros de que así lo interpretan ustedes.
Por otro lado, el proceso de descentralización brindará herramientas posibles para poner al Estado provincial más cerca de la gente e integrar a los municipios a la planificación y a la gestión bonaerenses. En eso está el señor ministro de Gobierno.
Quiero mencionar especialmente a la ciencia y a la tecnología provinciales, tantas veces postergadas y olvidadas. Son insumos necesarios para promover la innovación y la competitividad de la economía. Y a veces, en medio del “malambo”, en medio de la crisis, la ciencia y la tecnología -concretamente, la innovación tecnológica- son la única manera de romper un equilibrio depresivo de una sociedad.
Esto ha ocurrido en muchas otras naciones y nosotros no lo vemos, pero en muchos casos a través de ellos es cuando se empieza a caminar de manera diferente.
La ciencia y la tecnología no son entonces actividades abstractas alejadas de la realidad cotidiana, que terminan en la puerta de institutos tecnológicos o de los laboratorios donde se originan. El concepto de innovación permanente y de adaptación a las nuevas necesidades del mercado, requiere de la inventiva, de la inteligencia humana y de una adecuada capacitación.
La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires es una de las claves de todo esto. Nosotros concentraremos en nuestra Provincia el 34 por ciento del potencial científico tecnológico de la Argentina, en universidades nacionales e institutos nacionales de tecnología con sede en el territorio, además de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
También en nuestra provincia está el 40 por ciento del producto bruto interno de la Argentina, como es sabido. Ante esta potencialidad, no podemos dejar de ser el motor del crecimiento argentino, o renunciar a eso, tantas veces dicho y muchas veces olvidado. Esta crisis no puede hacernos olvidar ese deber.
Vamos a impulsar, entonces, objetivos de política y metas 2002 para el área de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires.
En materia productiva, nos centraremos en la identificación de esos procesos de sustitución de importaciones que permitan la recuperación de la demanda interna, que no pudimos tener mientras se mantuvo el “uno a uno”, para que permitan el incremento de las exportaciones, que sufrieron el mismo problema. Sobre ellos se va a volcar nuestra asistencia, para que tengamos una rápida salida a través de esos sectores.
Hay ocho programas sectoriales provinciales alineados con los objetivos que están hoy formulados a nivel nacional. No trabajamos de espaldas a la Nación, sino consultándonos permanentemente con ella.
Apuntamos a recuperar oferta y demanda interna y -como dije- a incrementar exportaciones tradicionales y no tradicionales, conformando una masa crítica de nuevas empresas PyMES exportadoras a las que hay que ayudar.
Vamos a continuar apoyando a los corredores productivos, a los que tanta importancia les dan los intendentes del interior, o regiones de crecimiento común a través de los enlaces que nos permitan relevar la información vinculada con los sectores productivos.
El fortalecimiento del sistema de las PyMES provincial debe seguir siendo una constante. Hoy asiste a miles de emprendimientos generadores de trabajo local y regional, a través del apoyo a la asistencia financiera, la innovación tecnológica y el acceso a los mercados nacional e internacional.
Nuestra política hacia el sector de la producción agropecuaria va a seguir acompañando a las familias productoras del agro bonaerense.
Esperamos seguir dándole impulso a los programas agrícolas provinciales de servicios, al programa Cambio Rural, que naciera en la Nación, desapareciera en la Nación y que ahora se ha vuelto bonaerense, y al nuevo programa de emergencia, destinado a la reparación de caminos rurales de las zonas afectadas por las inundaciones, votado por ustedes durante el año pasado, denominado PROSAP, que va a ser importante para afirmar caminos. Es uno de los objetivos centrales para estabilizar al productor en el campo.
La lucha contra la aftosa, una de las tragedias del último milenio, ya empieza a dar sus frutos. Se han corregido las inequidades y las dificultades en esa materia. Empiezan las primeras exportaciones a mercados que hasta hace poco estaban vedados a nuestras carnes, y que durante muchos años estuvieron abiertos para ellos. Estamos recuperando mercados y, en poco tiempo más, estaremos en la misma senda que lográramos en 1994.
Por otro lado, y esto es muy importante en materia agropecuaria, trabajamos rápida y activamente para el diseño y puesta en marcha de una propuesta de modificación a la actual Ley de Emergencia Agropecuaria Provincial. Esta propuesta es demandada por muchos; entre ellos, los más calificados, los señores intendentes municipales. El objetivo principal será la conformación de un fondo de asistencia ante eventuales fenómenos catastróficos.
El área de agricultura va a participar de los programas integrales de acceso a subsidios a jefes y jefas de familia, en el área social, con el objetivo central de la reactivación económico productiva de los diferentes sectores, para recuperar fuentes de trabajo perdidas, aprovechar la capacidad instalada y generar puestos de trabajo genuinos en el desarrollo de, por ejemplo, huertas orgánicas para abastecer comedores escolares, hospitales y su comercialización en el mercado.
Se ha intervenido activamente también frente a las inundaciones de la reciente primavera, para identificar y llegar a aquellos que están más necesitados, tanto en el sector productor como a los trabajadores no formales del área rural, que viven en la periferia de las ciudades del campo. A ellos llegamos gracias al trabajo conjunto con el área de agricultura.
Honorable Asamblea: desde hace siete meses el Estado provincial vive sostenido por un nuevo endeudamiento interno, que permitió una salida posible frente a una situación de verdadero y real colapso; me refiero al Patacón, y en menor medida, a otros instrumentos de deuda como los BOCANOBA y los LECOP.
Hace apenas unas horas sucedieron dos hechos que constituyen el verdadero punto de partida para la planificación del 2002. Firmamos el acuerdo económico con el gobierno nacional, asumimos responsabilidades difíciles en esta hora, y esta Honorable Legislatura dio sanción a un grupo de leyes que implican el comienzo de la reforma provincial.
Agradezco emocionado a los legisladores que en el día de ayer votaron afirmativamente estas iniciativas, y lo hago porque sé que lo hicieron venciendo consejos familiares, riesgos y amenazas canallescas. Que quede claro que ninguna de esas amenazas pueden impedir el funcionamiento de la Legislatura Provincial.
Piense como piense cada uno de ustedes, todos saben cómo es nuestra realidad y también saben que no hay caminos alternativos a una considerable reducción del tamaño del Estado provincial, frente a la disminución increíble, pero cierta, de la economía bonaerense, hecha al compás de la depresión que azota nuestra Patria.
Iremos desde hoy, 1° de marzo, a suerte y verdad en la recaudación fiscal. Seremos lo que los bonaerenses quieran que seamos. Creceremos con ellos o nos achicaremos con ellos, pero no seguiremos creciendo como Estado a costa de ellos.
Hay entonces dos apuestas centrales: una es la reforma de lo propio, nuestra obligación ineludible, y la otra es el crecimiento económico de los bonaerenses, otra apuesta ineludible.
Una parte del Estado es socia clara de ese crecimiento, del crecimiento económico: es la parte más legítima y defendible de lo que administramos, es el Estado que educa, vigila, previene, investiga, cura, brinda justicia, da crédito, promociona y promueve a los bonaerenses. Ese Estado debe ser fortalecido, aún frente a la reducción global de sus gastos, que es inevitable. Esa gran parte del Estado debe ser defendida, mejorada con la descentralización como objetivo irrenunciable, capacitada y profesionalizada para una Provincia que va a salir de este pozo de hoy, indefectiblemente, si nos comprometemos con ella.
La otra parte es enemiga de todo crecimiento privado, y sólo se piensa a sí misma. Es egoísta, pequeña, rapaz y está envejecida. Concibe una realidad que ya fue.
Es el Estado burocrático, el de las oficinas que trabajan para su propia reproducción vegetativa, el de las prebendas que estamos atacando, el que maltrata a los jubilados cuando quieren hacer trámites o cobrar, el que impide la inscripción de industrias, comercios, barrios o productos nuevos, el que nos imposibilita cobrar impuestos, el que hace de las huelgas una rutina.
Ante la debacle de hoy, frente a la sublevación de la gente en la calle, este Estado se enmascara, se confunde en la protesta cuando es parte del problema y no es parte de su solución.
Déjenme interpretar hoy, aquí, que la gente en la calle nos ataca más por lo que no hicimos que por lo hecho, por lo no administrado, por lo no reformado, por lo no transformado, por aquello que hemos evitado permanentemente enfrentar cuando nuestra obligación era hacerlo.
Honorable Asamblea: ahí, frente a nosotros, está la decadencia argentina, el dolor de los bonaerenses, nuestra propia vergüenza de hombres y mujeres políticos. Frente a nosotros están, también, los dos Estados y la posibilidad de pasar a la acción para cambiar esta situación que es triste.
Hay poco tiempo, casi no hay tiempo. Yo sé que ustedes lo saben. Ustedes, representantes del pueblo, decidirán, entonces, si me acompañan en este cambio o no. Yo creo que lo harán. Muchas gracias. (Aplausos prolongados)
FELIPE SOLA

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