MENSAJE
DEL
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Aníbal Ibarra
AL ABRIR LAS SESIONES EN LA LEGISLATURA
EL 1° DE MARZO DE 2003
Muy buenos días a todos los presentes.
Señoras y señores legisladores, representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: vengo por tercera vez consecutiva a rendir cuenta ante ustedes de lo actuado por mí en el transcurso de un año y a inaugurar las sesiones ordinarias de esta Legislatura.
Esta visita es la última de mi mandato, iniciado el 6 de agosto del año 2000. Un mandato de características extraordinarias, tanto por su duración abreviada, como por las circunstancias políticas y sociales que hemos tenido que atravesar en estos dos años y medio.
Inauguré por primera vez las sesiones de esta Legislatura el 1° de marzo del año 2001, a menos de siete meses de haber asumido el gobierno. Cuando volví, un año más tarde, el 1° de marzo de 2002, el país y la ciudad eran otros: era otro el gobierno nacional, otro el valor de la moneda, otra la estructura social, otros los indicadores económicos. Desde entonces, hasta hoy, ha transcurrido un año más, el año de la crisis. Y, durante este período, debimos reformular las políticas y los planes de nuestro gobierno para acomodarlos a una nueva realidad. Debimos ser flexibles en la gestión para dar respuestas a problemas que escapaban a todas las previsiones, incluyendo a las previsiones y asignaciones presupuestarias.
La crisis ha impactado con fuerza en la ciudad. Como bien saben los señores legisladores, la estructura productiva de la Ciudad de Buenos Aires se concentra en el sector de servicios: más del 65 por ciento del producto bruto de la ciudad corresponde a ese sector. De ese total, la actividad financiera fue la de mayor crecimiento durante la década del 90, a tal punto que durante el año 2001 representaba más del 40 por ciento del total recaudado en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos. De modo que, a pesar de la caída de la actividad económica provocada por la recesión iniciada en 1998, la ciudad logró mantener el equilibrio de sus cuentas fiscales hasta el último trimestre del año 2001. En cambio, el colapso del sistema financiero de diciembre de 2001 fue fatídico para las cuentas de la ciudad, porque provocó una caída abrupta de más del 45 por ciento de los ingresos. Y como también saben las señoras y señores legisladores, este dato podría haber sido devastador porque, a diferencia del resto de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires se financia casi en su totalidad con recursos propios. De modo que la caída en la recaudación, de cualquier magnitud, en cualquier circunstancia, compromete seriamente la continuidad de las políticas de gobierno, e incluso la prestación de los servicios sociales básicos.
Pues bien, señoras y señores legisladores: la ciudad inició el año 2002 con la caída del 45 por ciento de su recaudación tributaria y, a pesar de esta amenazadora circunstancia, ninguno de los servicios sociales básicos dejó de prestarse; incluso, en algunas áreas, como la de Salud, la ciudad contuvo la demanda propia y las derivaciones hospitalarias de la Provincia de Buenos Aires y de otros puntos de la Argentina.
Entre fines de 2001 y junio de 2002, la ciudad perdió 250 millones de pesos de recaudación propia. En el segundo semestre de 2002 se produjo una leve mejora de la recaudación, que no llegó a compensar las pérdidas sufridas en el primer semestre, ni a alcanzar los niveles del año 2000. Así cerramos el ejercicio 2002 con una pérdida de recaudación de 60 millones, si lo comparamos con 2001, y de 280 millones, si lo comparamos con el año 2000.
La caída en la recaudación general, sumada a los índices inflacionarios, representaron una reducción de más del 10 por ciento del total del presupuesto de la Ciudad. La situación fue aún más comprometida si se considera el componente de gastos rígidos incluidos en el presupuesto; gastos que la Ciudad no puede dejar de hacer.
El rubro de gastos de personal es de 1.800 millones de pesos anuales, de los cuales más del 70 por ciento corresponden a sueldos de salud y educación; es decir, a sueldos de maestros, profesores, médicos, paramédicos y personal de hospitales. Son gastos que la ciudad no puede dejar de hacer porque, si los suspendiera, pondría en riesgo la continuidad de los servicios de educación y salud.
Existen otros gastos ineludibles, como los 130 millones de pesos de subsidios para la educación privada, los 38 millones de pesos que se transfieren al Hospital Garrahan, los 38 millones de pesos que destinamos a comedores comunitarios, o los 42 millones de pesos para becas de comedores en educación. En total, estos gastos rígidos, que la ciudad no puede dejar de cubrir, suman unos 500 millones de pesos.
En consecuencia, si se calcula la reducción del presupuesto sobre los saldos disponibles luego de efectuar los pagos, aquella reducción inicial del 10 por ciento del presupuesto se transforma en una reducción del 36 por ciento.
Ese es el contexto económico financiero en el que desplegamos la acción de gobierno el último año. Es un contexto de contracción de la actividad y de reducción severa de los ingresos. Como la gente, como los vecinos, en el último año, también la Ciudad tuvo menos dinero.
Quiero decirles, señoras y señores legisladores, que al revisar este contexto de dificultades no podemos menos que sentirnos orgullosos de que, por ejemplo, en los próximos quince días, con el inicio del ciclo lectivo, nuestra ciudad, esta ciudad que atravesó esta crisis, estará inaugurando siete escuelas públicas más. Sumadas a otras siete escuelas inauguradas el año pasado, la Ciudad tiene catorce edificios escolares nuevos construidos enteramente durante el año de la crisis.
Esos nuevos edificios escolares servirán para albergar a los nuevos alumnos que ingresan a la escuela pública. Porque la matrícula de las escuelas de la Ciudad está creciendo: sólo en el año pasado recibimos 8.135 chicos más que en el año 2001. Pero la matrícula no creció sólo porque hayamos recibido más chicos. Quiero decirles, señoras y señores legisladores, que también me siento orgulloso de que la deserción en la escuela media en nuestra ciudad se haya reducido en más de un 8 por ciento. Durante el año 2002 unos 1.800 chicos más que en el año 2001 concurrieron a la escuela. Estamos logrando que, en medio de la crisis, cada vez más chicos estén en donde deben estar: en la escuela.
En momentos de extrema debilidad, cuando los lazos sociales amenazan con descomponerse, hace falta una fuerte participación del Estado. Para garantizar la cohesión social; para proteger a los más débiles; para defender activamente el bien común y el interés general frente a la arbitrariedad de los más poderosos, frente a la puja corporativa, frente a la voracidad de las posiciones oligopólicas y de los grupos de capital más concentrado; para recomponer la actividad económica; para integrar la trama social; para mantener constituida la Nación, hace falta el Estado.
Y nosotros, con esta concepción, iniciamos la recomposición de los ingresos perdidos a través de un acuerdo con el Gobierno Nacional. Suscribimos el acta de reconocimiento de deudas, que le permitió a la Ciudad recuperar e incorporar un total de 82,5 millones de pesos en concepto de transferencia de recursos que la Nación no había hecho durante el año 2001.
En relación con la coparticipación federal, acordamos también para la Ciudad un hecho histórico: un coeficiente del 1,4 por ciento sobre el total de fondos coparticipables, en reemplazo del mecanismo discriminatorio de la suma fija, con lo cual recibiremos 83 millones adicionales a los 157 millones fijos que recibíamos antes del acuerdo. El acuerdo significa también un avance en el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad, que recibe ahora el tratamiento que le corresponde como provincia o cuasi Estado provincial.
A los acuerdos por reconocimiento de deuda y coparticipación, hay que sumarles los ingresos por financiamiento de hasta 178,8 millones de pesos en el Programa de Financiamiento Ordenado 2002, y de 104 millones que se percibirán por la firma del mismo programa en el año 2003. Los recursos financieros obtenidos podrán ascender, entonces, a 283 millones de pesos; y los recursos totales, a 448 millones de pesos.
En mayo del año 2002 se logró un acuerdo de los tenedores de bonos para reestructurar dos de las cinco series del bono Tango. El pasado 25 de febrero –y quiero hacer un reconocimiento al rol de esta Legislatura en su tramitación– se concluyó con éxito la reestructuración de las tres series restantes de los bonos Tango. Por este acuerdo, los acreedores aceptaron postergar por cuatro años la devolución del capital adeudado. También aceptaron una quita del 85 por ciento de los intereses en mora del año pasado, y reducir en un 30 por ciento la tasa de interés, que quedó establecida en un nivel promedio del 7 por ciento.
Tal como está planteada la renegociación, entre el 2004 y el 2007 se lograría un ahorro de 171 millones de dólares, y hasta el 2011 se sumarían 152 millones de dólares adicionales de ahorro.
Hicimos un gran esfuerzo fiscal para controlar a los grandes contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y hemos tenido éxito, tal como nos lo demuestran los datos suministrados por el INDEC durante el año 2001: el PBI decreció un 11,1 por ciento; sin embargo, la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del año 2002 es similar a la del año 2001. Es decir, sostuvimos la recaudación de Ingresos Brutos, a pesar de la contracción del PBI.
La convicción acerca del rol que debe jugar el Estado en la economía nos exigía generar herramientas ágiles y efectivas para desarrollar políticas crediticias contracíclicas al mercado, atendiendo las necesidades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas y de los vecinos de la Ciudad. A partir de esta concepción, definimos la coordinación entre el Banco de la Ciudad y las áreas dedicadas al desarrollo económico, y lo hicimos como un eje central de política del Gobierno de la Ciudad.
En un país en el que durante décadas lo público estuvo asociado a lo ineficaz, a lo burocrático y a lo sobredimensionado, el Banco de la Ciudad y AUSA –para citar sólo dos casos– son dos ejemplos de empresas estatales comprometidas con lo social y con el cuidado de los intereses públicos.
Una empresa como AUSA, a la que decidimos ampliarle su objetivo social para que pudiera intervenir en cuestiones urbanas que exceden a las autopistas, es uno de los pilares de las obras y del mantenimiento de la Ciudad.
Un Banco de la Ciudad que, en forma coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, otorgó más de 7 millones de pesos en créditos a las tasas más bajas –tasas subsidiadas por este Gobierno–, ha brindado asistencia técnica y capacitación dirigidas hacia más de 9 mil empresas para que tal financiamiento se traduzca en proyectos perdurables en el tiempo.
Podemos estar orgullosos, señoras y señores legisladores, del funcionamiento de nuestra banca pública durante la crisis: hemos preservado una herramienta financiera fundamental para el desarrollo. Y ahora que lo peor ya ha pasado, ahora que iniciamos el camino de la recuperación de la actividad económica, podemos contar con nuestro Banco de la Ciudad. El funcionamiento del Banco de la Ciudad fue ejemplar: en plena crisis, la caída de los depósitos estuvo por debajo de la media del sistema bancario. La recomposición del nivel de liquidez del banco fue rápida y permitió, en principio, anticipar el pago a jubilados con fondos propios, frente a las demoras de los organismos nacionales.
El Ciudad fue el primer banco del país en ofrecer la devolución anticipada de los depósitos acorralados a los pequeños y medianos ahorristas, contrastando fuertemente con la actitud adoptada por la mayoría de los bancos privados y extranjeros. A partir de noviembre de 2002, el Banco relanzó sus líneas de préstamos personales para jubilados, de préstamos prendarios y líneas Pymes para capital de trabajo.
Como las señoras y los señores legisladores ya saben, una nueva línea de créditos hipotecarios lanzada recientemente ha convertido al Banco en el primero que vuelve a ofrecer este tipo de créditos.
Durante la crisis, el Banco mantuvo las tasas de interés activas en los niveles precrisis, a pesar de la volatilidad que experimentó la tasa pasiva. Teniendo en cuenta que el sistema financiero se encuentra en una grave crisis y que no resultará sencillo el acceso al crédito por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, la política actual se basa en profundizar estos créditos para microemprendimientos. Se continuará con el programa de créditos a tasa cero, profundizando la asistencia técnica y capacitación para este estrato empresario.
Sostenemos la decisión política de mantener en un cien por ciento el carácter público del Banco. El reclamo de privatización y de reforma de la banca pública es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, que desconoce que el Banco está dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las decisiones sobre este tema se toman en el ámbito de esta Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos)
Señoras y señores legisladores: en los últimos días hemos tomado la decisión de anular por decreto la concesión que ejercía la empresa COVIMET de la explotación de la Autopista Presidente Illia. Una serie de irregularidades administrativas y la falta de obras e inversiones por parte de la concesionaria nos ha llevado a tomar esta decisión en resguardo del interés general y el bien común.
Algunos sectores críticos han ideologizado nuestra decisión, interpretándola como una reestatización destinada a confrontar con la corriente privatizadora de los años ‘90. Esta interpretación es incorrecta y anacrónica; pertenece a un debate que ya tiene quince o más años de antigüedad. Hay empresas y concesionarios que se comportan como si no hubiera contratos; como si no tuvieran obligaciones, como si no hubiera contraparte, como si el Estado no existiera.
Es verdad que el Estado de los años ‘90 fue esterilizado intencionalmente para que no interviniera en defensa del interés general, pero ése no es el Estado que queremos. No queremos un Estado que consienta ni la impunidad ni la ilegalidad.
En la Ciudad han existido otros casos en los que hemos actuado con los mismos criterios, sin que esto signifique una voluntad reestatizante. Se trata de los contratos conocidos como Unión Transitoria de Empresas, UTE, suscripto entre la Dirección General de Rentas y la empresa CATRELSA. Estos contratos fueron observados en numerosas oportunidades por sus altos costos operativos, su obsolescencia tecnológica y su vulnerabilidad. La revisión de los contratos y la recuperación de la base de datos con la base imponible de la ciudad exitosamente concluida han permitido reducir los costos de la administración tributaria local, tanto como avanzar en la modernización de los servicios a través del lanzamiento de las nuevas boletas, la consulta de saldos por Internet y el aprovechamiento inteligente de la información disponible sobre la capacidad contributiva de nuestra ciudad.
Señoras y señores legisladores: en la Ciudad hubo y sigue habiendo Estado; un Estado competente, con fuerza como para enfrentar las exigencias impuestas por la crisis, sobrellevarlas con dignidad y quedar en pie para iniciar un nuevo capítulo de desarrollo social y económico. Precisamente, por la calidad de su Estado, por la capacidad de intervención de su Estado, por la posibilidad de ofrecer respuestas, porque cuenta con herramientas sólidas, una banca pública sana, una empresa eficiente y eficaz, un sistema educativo extenso y moderno y un sistema hospitalario poderoso, es que la ciudad se ha vuelto un lugar codiciado frente al páramo de dificultades que presentan otros distritos.
Pero también es cierto que la crisis nos enfrentó a una realidad poco flexible; nos obligó a elegir, permanentemente, entre alternativas de hierro; y es aquí donde se ingresa al territorio de la política, al campo de las decisiones que se toman por convicción.
Fuimos nosotros quienes debimos hacernos más dinámicos y más eficaces, pero no hubo que abandonar banderas ni principios. No hizo falta renunciar a los objetivos generales que nos habíamos propuesto al asumir el gobierno. En todos los casos, siempre, ante cada alternativa, elegimos la defensa de los intereses generales, según criterios de justicia y equidad social.
Ante cada alternativa respondimos con una decisión política muy clara. Entre pavimentar y bachear o dar de comer, elegimos dar de comer; entre obras de infraestructura menores o construir escuelas, elegimos construir escuelas; entre reducir impuestos o aumentar los servicios sociales, elegimos aumentar los servicios sociales; y entre aumentar los impuestos a todo el mundo o a los que más tienen, elegimos aumentar a los que más tienen.
Específicamente, aumentamos el impuesto a los Ingresos Brutos a los grupos económicos más poderosos. La contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza se incrementó con un sentido netamente progresivo, que es un criterio de justicia, a las 50 mil propiedades de mayor valor de la ciudad. El impuesto a las Patentes aumentó para quienes tienen los autos más caros y más nuevos.
Señoras y señores legisladores: un ejemplo claro de las exigencias de innovación y flexibilidad que trajo la crisis se encuentra en el fenómeno de los cartoneros. La tarea de los cartoneros se despliega en los barrios de clase media y media alta de la ciudad; su irrupción generó, al principio de la crisis y antes de nuestra intervención, tensiones sociales que aumentaban a medida que también se agravaba el problema de la seguridad urbana.
Para los residentes urbanos de clase media, la llegada de los cartoneros era asociada, injusta y prejuiciosamente, como una amenaza a su seguridad. Para resolver este conflicto emergente que amenazaba con agravar la tensión social generada por la crisis, decidimos poner en marcha un programa de movilización social destinado a contribuir a la separación y clasificación de residuos familiares destinados a los cartoneros. El programa es muy sencillo: cada familia debe separar el papel y el cartón y colocarlo en una bolsa especial –de color verde– destinada a los cartoneros. La respuesta es simple, pero la instrumentación es complicada porque exige un enorme cambio de hábitos de los vecinos. Hay que obtener la bolsa verde –que es repartida en supermercados como parte del embalaje– hacer la clasificación de los residuos y comprometer a los encargados de los edificios de propiedad horizontal.
Para alcanzar este nivel de movilización social involucramos a sectores corporativos: cámaras empresariales, supermercadistas, empresas recolectoras de residuos, sindicatos y, fundamentalmente, hicimos una fortísima campaña de comunicación cuyos protagonistas fueron los mismos cartoneros y los obreros recolectores de residuos.
La campaña está funcionando y, más allá de lo que resulte práctico en materia de clasificación de residuos familiares, la campaña ha significado un triunfo simbólico y cultural importantísimo. Hemos logrado suscribir un nuevo contrato social de convivencia entre residentes y nuevos migrantes internos que permite nombrar a los cartoneros, reconocerles un lugar económico y una identidad social. Permite también integrarlos a la vida económica de la ciudad.
Promovimos la tolerancia y pudimos bajar los niveles de prejuicio que existían entre los vecinos; los residentes comprendieron quiénes son y para qué vienen; los cartoneros comprenden que la intervención del sector público garantiza su integración social. Hemos alcanzado un nivel de solidaridad importante y una convivencia razonable.
No teníamos experiencia en este campo. Hemos innovado. Desplegamos la acción pública en un terreno difícil como es el campo simbólico, el de los cambios de hábito en el terreno cultural. Y hemos obtenido buenos resultados para enfrentar el peor producto de la crisis económica, que es la exclusión y la privación de la ciudadanía social de los expulsados.
Señoras y señores legisladores: decidimos no recargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los que menos tienen. No bajamos los sueldos de los maestros y médicos de la ciudad. No emitimos bonos para pagarles. Los empleados públicos de la ciudad no tuvieron reducción salarial de ningún tipo, mientras el salario privado formal cayó un 6,3 por ciento.
Sí hicimos, en cambio, y a pesar del contexto inflacionario, un ahorro de 21 millones de pesos a través de la renegociación de contratos con empresas.
Sí bajamos los sueldos de funcionarios, de plantas de gabinete y de contratados.
Estas acciones, y el haber mantenido un equilibrio durante estos años que nos permitió constituir un fondo anticrisis, nos posibilitan incrementar el gasto en este momento sin hipotecar el futuro de la ciudad.
Atender a los sectores más castigados sigue siendo nuestra prioridad: hoy, el 65 por ciento del presupuesto de la ciudad está destinado a servicios sociales que incluyen salud, educación y acción social. Entre diciembre del 2001 y junio del 2002 la ciudad tuvo que afrontar una emergencia social nunca vista antes.
Atravesamos la peor de las crisis orientando todos los recursos que teníamos
–todos– hacia los sectores más castigados.
La red de asistencia social se ha universalizado. Hoy, todos los pobres de la ciudad son asistidos por algún programa social, un claro indicador de que el Estado ha retomado la centralidad de la asistencia.
La ciudad compra y reparte un millón y medio de kilos de alimentos por mes.
Durante el 2002 entregamos más de 22 mil raciones diarias de alimentos, el doble de lo que se repartía en el año 2001, más un refuerzo mensual de aproximadamente 70 mil canastas familiares que son distribuidas entre familias cuya situación resulta de mayor urgencia.
Al inicio de nuestro gobierno la ciudad contaba con 12 Hogares de Día. Hoy existen 19 en actividad y proyectamos también otros cinco en el transcurso de este año. Más de 1500 personas asisten a estos hogares para desarrollar actividades culturales y recreativas, y reciben el desayuno, el almuerzo y la merienda.
En los cinco Hogares de Ancianos de la ciudad residen a 1800 adultos mayores sin recursos. La ciudad les ofrece cuatro comidas diarias durante todo el año y les provee de medicamentos de uso crónico y servicios de salud; todo en forma absolutamente gratuita.
Hemos aplicado una política de transferencia directa a la comunidad, que se verifica en el Programa Vale Ciudad y en el programa de subsidios a quienes tienen problemas habitacionales.
Como decía, creamos y pusimos en circulación el Vale Ciudad, un instrumento solidario que sirve al mismo tiempo para atender las necesidades de grupos familiares y para reactivar a los pequeños y medianos comercios barriales dañados por la concentración de la actividad comercial y la recesión. Más de 7 mil familias recibieron los beneficios del programa: el 70 por ciento de esas familias está compuesto por entre 3 y 6 miembros; el 13 por ciento, por entre 7 y 10 integrantes.
Para atender los problemas habitacionales cambiamos el mecanismo para el hospedaje en hoteles de la ciudad. Los beneficiarios pasaron de un programa de emergencia habitacional a un programa de subsidio, que permite ampliar la cobertura, reducir costos y flexibilizar la búsqueda de soluciones habitacionales alternativas por parte de las propias familias. En casos de desalojos, los beneficiarios reciben un subsidio de hasta 1800 pesos.
Ampliamos de 7 mil a 15 mil el número de chicos que participaron en las colonias de vacaciones, en el área de Educación “Recreo de Verano”. Con el aumento de la matrícula en las colonias de verano del área de Deportes, la asistencia alimentaria y la asistencia de colonias alcanzó a más de 35 mil chicos, la mayoría de familias de bajos recursos, que además de participar de las actividades deportivas y recreativas de integración recibieron, como decía, de dos a tres comidas diarias.
Señoras y señores legisladores: quiero detenerme especialmente en el Plan Jefas y Jefes de Hogar, porque esta ciudad, nuestra ciudad, ha alcanzado muy buenos resultados en su implementación. Como todos saben, la ayuda directa proviene de un fondo del presupuesto nacional, pero la administración corre por cuenta de las jurisdicciones locales.
El Plan tiene por objetivo reducir los niveles de indigencia en los distritos en los que se lo aplica. Aquí se otorgaron subsidios a 55 mil beneficiarios. La entrega fue transparente y supervisada por un consejo consultivo integrado por diversos sectores sociales. Este consejo consultivo no fue virtual: funcionó y controló. No hubo denuncias de mala administración ni de prácticas clientelistas. Al contrario, nos sentimos orgullosos de haber obtenido una óptima relación –del 1 por ciento– entre el costo administrativo y el fondo de subsidios. Ésta es una muestra de la eficacia de la administración, si se toma en cuenta que la mayoría de los organismos internacionales recomiendan una relación de entre el 8 y el 13 por ciento; en esta ciudad fue del 1 por ciento. Pero, fundamentalmente, se trata de un uso óptimo de los recursos, dado que casi no hubo distracción administrativa del fondo. La totalidad del dinero llegó a sus destinatarios.
Pero lo que mayor satisfacción nos produce son los resultados concretos que hemos obtenido con el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Porque, señoras y señores legisladores, en la Ciudad de Buenos Aires el Plan Jefas y Jefes de Hogar ha permitido que los niveles de indigencia de las personas bajaran del 6,3 por ciento al 5,7 por ciento entre mayo y octubre. No todos los distritos han tenido este éxito. Esta mejora de la situación es el resultado de la ayuda social y de la eficiencia local en la administración del Plan y de los demás planes complementarios. Esta ciudad, nuestra ciudad, pudo hacerlo.
Señoras y señores legisladores: estas intervenciones asistenciales son de diversa magnitud y tienen distintas escalas y grados de complejidad. En conjunto, forman una red que vincula al Estado con la base de la sociedad. Alrededor de las políticas asistenciales, y específicamente de las políticas alimentarias, se ha establecido una relación de intercambio entre el Estado y los grupos afectados y movilizados en la que casi no hay mediación. A diario, son los funcionarios y los trabajadores de la ciudad, ya sean asistentes sociales, docentes, médicos, enfermeros o empleados administrativos, los que reciben a los grupos movilizados, los que atienden sus demandas y los que buscan las respuestas.
Quiero decir que aún en medio de las restricciones severas, o tal vez precisamente debido a las enormes restricciones impuestas por la crisis, el Estado, nuestro Estado, al que coloquialmente llamamos la Ciudad, está presente, interviniendo, asistiendo, mediando. Durante la crisis ese Estado, nuestro Estado, actuó silenciosamente en miles de intervenciones de asistencia a los vecinos. El área de Logística y Emergencias, con sus miles de trabajadores diseminados en la ciudad, siempre estuvo –y siempre está– en la calle resolviendo problemas de los vecinos, asistiendo y conteniéndolos. Ése también es el Estado de la Ciudad: es un Estado presente en miles de pequeñas y grandes intervenciones.
También ese área, con un Estado activo, este año logró terminar con un problema histórico: liberar 13 hectáreas de Villa Soldati ocupadas por 45 mil coches, que han sido compactados en su totalidad. Saben lo histórico de este problema, y nosotros lo hemos resuelto. (Aplausos).
Señoras y señores legisladores: junto a este conjunto de intervenciones destinadas a contrarrestar los efectos sociales más inmediatos y desesperantes de la crisis, hemos sostenido nuestras políticas de educación y de salud. En particular, en el campo de la educación hemos cifrado nuestras expectativas estratégicas. Confiamos –lo hemos dicho siempre– en la función democratizadora e igualadora que tiene la educación pública, una idea que ya forma parte de la mejor tradición ideológica de los argentinos. Pero además de confiar en la función social integradora de la educación, también creemos en el sistema educativo como una herramienta para afrontar la crisis, porque es el lugar de contención de nuestros chicos. La escuela pública es la herramienta que tiene el Estado para ofrecerles un lugar a los jóvenes en el contexto de la crisis; es la herramienta preventiva, la que permite protegerlos de la calle o del desempleo que son, como todos sabemos, caminos hacia el desencanto, la pérdida de futuro, la violencia, el delito o las adicciones.
La educación es, y seguirá siendo, nuestra prioridad número uno. Actuamos para mejorar la educación bajo premisas muy claras: aumentar la equidad a través de una mejor y más amplia distribución de los recursos, agregar calidad a la escuela pública, darle mayor participación a la comunidad educativa y mejorar y ampliar la infraestructura escolar.
Nuestra apuesta estratégica está puesta en el campo de la educación. Los principales esfuerzos los hemos dedicado a mejorar el sistema y la infraestructura de la educación. Y estamos alcanzando resultados concretos. La ciudad se ha convertido en un distrito modelo en materia educativa: el primero de América Latina con secundario obligatorio, gracias a la sanción de la ley que extiende a trece años el período escolar obligatorio.
Hemos tenido buenos resultados en nuestra batalla contra la deserción escolar, que es uno de los objetivos centrales. Como ya dije, la deserción en la escuela media se redujo un 8,3 por ciento y durante el año 2002 concurrieron a la escuela 1.800 chicos más. Esta mejora en la deserción es el resultado de varios esfuerzos combinados: entre otros, el sistema de becas. Cuando llegamos al gobierno, no había becas en la escuela media; no había mil o dos mil: no había nada, ninguna beca. A diferencia de otros distritos, la ciudad no daba becas de estudio para la escuela media. En el año 2001 esta ciudad otorgó 7.500 becas. En el año 2002 –el año de la peor crisis; el año en que, prácticamente, no había recursos para nada– otorgamos 24 mil becas. Y este año estamos becando a 30 mil alumnos: cuadruplicamos la cifra original. Y, por primera vez, becaremos también a adultos que cursen la escuela secundaria. Y lo dijimos siempre: que, si permitíamos que la crisis nos sacara a nuestros chicos y a nuestros jóvenes del sistema educativo, no los íbamos a recuperar más, o íbamos a poder recuperar unos pocos con altísimo costo. Por eso el esfuerzo puesto en la educación y, puntualmente, en el sistema de becas. (Aplausos).
La ciudad, nuestra ciudad, señoras legisladoras y señores legisladores, ha sido el distrito con mayor cantidad de días de clase el año pasado. El año de la crisis más grande en la Argentina fue el año de más días de estudio: en esta ciudad fue de 181 días, y no hubo un solo día de huelga docente. (Aplausos). Y aquí quiero expresar un reconocimiento a todos los docentes, maestras y maestros, a todos los que conforman el sistema educativo, porque no hubo una sola especulación durante el año que pasó, cuando pudo haberla habido, y se comprometieron con el sistema educativo y con la educación. Pero este año habrá más; no nos conformamos con eso: para este año tenemos previsto 183 días de clase.
Señoras legisladoras y señores legisladores: el año lectivo 2003 se inicia, como dije al comienzo de esta intervención, con siete escuelas públicas nuevas en la ciudad para los niveles inicial, primario, medio, de adultos y artístico. Varias de estas obras han sido muy demandadas por la comunidad educativa.
El nuevo edificio para la Escuela Infantil Pampita Número 2 del Distrito Escolar 2, le da una sede propia a una institución que funcionaba desde 1992 en un edificio alquilado. Nos habíamos comprometido a darles un edificio propio, y en un esfuerzo conjunto del área de infraestructura escolar y AUSA pudimos darles ese edificio propio.
La escuela fue construida sobre la base de las propuestas y pedidos de padres y docentes que participaron en el proyecto. Este edificio tiene tres pisos, seis salas para chicos, patio, terraza, tres salones de usos múltiples, una biblioteca para bebés, una sala de amamantamiento, un ascensor, sistema contra incendios, un núcleo de baños por aula, y comedor y cocina.
También es muy importante para la comunidad la construcción de una escuela primaria en el Distrito 19, en Villa Soldati, que cubre las necesidades de escolaridad primaria de los barrios Los Piletones y Fátima. La obra –con capacidad para 420 alumnos distribuidos en dos turnos– se llevó a cabo con personal de la Dirección General de Infraestructura Escolar, con personal de Logística y Emergencias y del programa Plan Jefas y Jefes de Hogar.
Compramos un nuevo edificio y lo remodelamos para que funcione como una escuela de Educación Media en el barrio Los Perales, de modo de atender las necesidades de la población de la Villa 15, Ciudad Oculta. La nueva escuela tiene capacidad para 600 alumnos, comedor, aulas especiales y extra curriculares.
La remodelación integral de aulas y talleres de la Escuela de Cerámica, la construcción de varios jardines, de una escuela para adultos y un polideportivo completan la nómina de nuevas escuelas que cubren las necesidades de escolaridad de 3 mil alumnos de la ciudad. En las instituciones nuevas, la comunidad educativa decidirá, una vez comenzada las clases, el nombre que elige para el establecimiento.
Este año tenemos previsto construir cinco edificios más, que permitirán albergar a otros 3 mil alumnos porteños.
En el terreno de la calidad de la educación, la batería de medidas que abarcan desde la educación inicial hasta la formación de los maestros y profesores sostiene un refuerzo constante de la calidad educativa de la escuela pública.
Nos propusimos que las escuelas de jornada completa del nivel primario ofrecieran a sus alumnos una experiencia educativa enriquecida, que debía ocurrir en el horario de clases.
Comenzamos con las escuelas bilingües –a las que, desde este año, llamamos plurilingües– y con las escuelas con intensificación en Tecnología del Programa Aulas en Red.
Este año no sólo agregamos más escuelas a estas especializaciones, sino que se suma a ambas experiencias la primera escuela con intensificación en el campo de las artes.
Las escuelas plurilingües surgieron para ofrecer enseñanza intensiva de idiomas extranjeros a los chicos que concurren a escuelas públicas de la ciudad, y que no podrían acceder a ella de otra manera.
Este proyecto, que parecía inalcanzable, se inició en el año 2001 con 12 escuelas; este año alcanza a 22 escuelas. Así, hoy existe por lo menos una escuela plurilingüe en cada uno de los distritos escolares de la ciudad.
Estas escuelas funcionan en establecimientos de jornada completa, en los que sin perder ninguna de las áreas curriculares, los chicos reciben una enseñanza de una lengua extranjera durante los siete grados de la escuela primaria. Los idiomas extranjeros implementados son: inglés, francés, italiano y portugués, y también estamos por implementar el idioma alemán.
El programa Aulas en Red continúa expandiéndose. Veintiocho escuelas accedieron ya a la instalación de infraestructura digital que les permite el acceso a Internet a los alumnos de sexto y séptimo grado. Este año la ciudad tendrá un total de 68 escuelas vinculadas con la red.
La experiencia que iniciamos este año corresponde a una escuela primaria del barrio de Versalles, que este año pasa de jornada simple a completa. Será la primera escuela primaria porteña que desarrollará un proyecto de intensificación en el campo de las artes.
No se trata de una escuela de formación artística, sino de una escuela que ofrecerá la educación básica, común a todas las escuelas de la ciudad, en la que además los chicos tendrán la posibilidad de conocer y comprender aspectos del mundo a partir de una mirada más sensible y estética. Con esta experiencia piloto continuamos innovando en busca de la mayor calidad educativa de nuestra escuela pública.
Señoras y señores legisladores: otro campo estratégico de las políticas sociales es la atención de la salud, en donde nos hemos propuesto fortalecer la atención primaria, extendiendo los servicios hacia la base y hacia los barrios. La caída de los sectores pobres por debajo de la línea de indigencia y la aparición de nuevos pobres provenientes de la clase media forman parte de una modificación estructural de la trama social. La política de salud debe reformularse y adecuarse a las nuevas condiciones sociales. Se trata de atacar los problemas más urgentes en forma inmediata, sin dejar de sostener una visión estratégica que permita mejorar las condiciones de vida de los porteños en el mediano y largo plazo.
Lo cierto es que la crisis aumentó con fuerza la demanda por prestación de servicios de salud de la ciudad, tanto por una mayor concurrencia de los vecinos que han perdido su obra social, como por la llegada de argentinos de otros distritos que necesitan prestaciones de alta complejidad. Y lo cierto es que también los hospitales de la ciudad están sosteniendo solidariamente la crisis del sistema de salud del conurbano y de muchas provincias argentinas. Para responder a este aumento de la demanda y para que ningún ciudadano se quede sin protección médica continuamos extendiendo las redes de atención primaria con los centros de salud, los centros médicos barriales y los médicos de cabecera, como soporte de esta estrategia.
Inauguramos tres nuevos edificios destinados a centros de salud e informatizamos todos los centros. Llevamos a 16 el número de centros médicos barriales en donde funciona el plan Médicos de Cabecera. Ampliamos la cobertura de medicamentos a mujeres embarazadas, además de niños y mayores de 65 años.
Para enfrentar racionalmente la crisis de abastecimiento de insumos y medicamentos constituimos un equipo ampliado que analiza transversalmente las existencias en forma permanente en los 33 hospitales de la ciudad. Regionalizamos la compra de insumos hospitalarios agrupando cinco o seis hospitales de modo tal de fortalecer la negociación con los proveedores buscando mejores precios y mejores condiciones de pago a partir del aumento del volumen de compra.
Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que durante la reciente crisis casi un tercio de los argentinos descansó sobre el sistema de salud de nuestra ciudad y el sistema, nuestro sistema público, no sólo aguantó, sino que además tuvo energías adicionales para crecer y modernizarse. Durante el año de la peor crisis hemos concluido las obras del hospital Santojanni, un orgullo para todo el sur, pero fundamentalmente para toda la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos).
Próximamente estaremos inaugurando obras en el hospital Udaondo, en el Piñero y en el Rivadavia; hay un importante plan de obras hospitalarias en marcha.
Señoras y señores legisladores: para sostener en el largo plazo las políticas estratégicas de desarrollo social necesitamos desplegar un programa de desarrollo económico complementario.
El cambio de escenario macroeconómico llevó a intensificar las estrategias tendientes a la sustitución de importaciones y la generación de negocios de exportación en las pequeñas y medianas empresas.
No quisimos ni queremos dejar pasar la oportunidad competitiva que significa el nuevo escenario. Es bueno tener presente que durante la década pasada las exportaciones representaban tan solo el 0,6 por ciento del producto bruto de la ciudad. Nos proponemos alcanzar una relación en la que las exportaciones se eleven al 1,5 por ciento en el corto plazo y al 2 ó 3 por ciento del producto bruto para el año 2004.
Hemos trabajado con intensidad para aumentar, desde el Estado, la capacidad de los sectores potencialmente exportadores. Y no lo hicimos con discursos: se creó la Red Export –Red de Exportadores de Buenos Aires–, la cual está compuesta por 34 empresas asociadas, cuyas exportaciones se duplicaron respecto del año 2001. Hoy, la Red Export tiene 34 miembros activos y 25 postulantes próximos a ingresar. Prevemos alcanzar los 100 miembros en abril y unos 300 en diciembre.
Se conformaron 13 Grupos de Producción y Exportación, en los que participan cerca de 150 empresas. Estos grupos ya se encuentran realizando actividades de promoción comercial en el exterior y han recibido pedidos de cotización de sus productos. Los grupos asociativos de empresas permiten ganar competitividad y escala, lo cual genera la posibilidad de superar las restricciones tradicionales que deben afrontar las PyMEs.
Promovimos misiones comerciales a Brasil, México, Chile, China y Singapur, de las que participaron más de 100 empresas. Las misiones han sido exitosas y generaron ventas de lubricantes, de indumentaria de cuero y productos metálicos a Brasil; de autopartes, productos medicinales de uso veterinario y pulverizadores a México; de servicios turísticos a China y de autopartes a Singapur.
Buscamos vincular empresas entre sí con el objetivo de desarrollar proveedores locales, orientados a la sustitución de importaciones. Algunos de los productos importados sustituidos son: ruedas, gabinetes metálicos, pelo para flock, cemento blanco, papel, envases de cartón y plásticos, polietileno, plaquetas de circuitos impresos y motores.
Asistimos, junto a esta Legislatura, a seis empresas recuperadas por los trabajadores, con la convicción de que pueden ser exitosas. El objetivo de esta política es fortalecer el tejido productivo y preservar fuentes de trabajo. Las empresas recuperadas son: la Cooperativa IMPA, la Cooperativa Vieytes –ex GHELCO–, la Cooperativa Chilavert –ex Artes Gráficas Gaglianone–, la Cooperativa La Nueva Esperanza –ex Grisines Savio–, la Cooperativa Artes Gráficas del Sol –ex Gráfica Valero– y la Cooperativa a cargo de la ex Viniplast. En algunos casos, la asistencia incluyó la entrega de subsidios para financiar capital de trabajo y algunos procesos innovativos. Pero lo más importante es que se demostró que los trabajadores pueden asumir el control y la producción de esas empresas, cuando las han abandonado empresarios que no siempre han tenido conductas legales con ellas. (Aplausos).
En paralelo con estas intervenciones destinadas a fortalecer la trama productiva, nos hemos propuesto crear ventajas competitivas para la producción de la ciudad a través de la innovación y el diseño. El desarrollo de un perfil productivo para la ciudad requiere estrategias de largo plazo que no dependan exclusivamente de las alteraciones circunstanciales de las variables económicas, como el tipo de cambio u otras de similar naturaleza. En esta dirección, apostamos a la innovación tecnológica y al diseño, creando ventajas competitivas y aprovechando el potencial existente en la Universidad de Buenos Aires, en las instituciones de Ciencia y Tecnología, y en una adecuada vinculación con el sector empresarial.
Para esta tarea es fundamental la función del Estado para la cual creamos el Centro Metropolitano de Diseño y la Incubadora de Empresas –Instituto de Creación de Empresas. El Programa Universitario de Estímulo a las Vocaciones Empresarias –el PRUEVE– asiste a jóvenes investigadores: unas 1690 personas ya fueron asistidas en este marco y, en 29 casos, se otorgaron apoyos financieros por un total de 220 mil pesos.
El PROAMPRO es un programa destinado a subsidiar proyectos de modernización productiva. En tal sentido, recibieron subsidios 88 empresas por un total de 3, 3 millones de pesos. Y no fue un subsidio sin contraprestación: por cada peso que invirtió el Gobierno, el sector privado invirtió poco más de tres pesos. A través de la Ley de Compre
Nacional y Compre MiPyME, continuaremos promoviendo el desarrollo de las empresas locales y las pequeñas en particular, especialmente, considerando que las compras del gobierno representan poco más del 1 por ciento del producto bruto de la ciudad.
Vamos a continuar con el Programa de Crédito a Tasa Cero para microemprendimientos, profundizando la asistencia técnica y la capacitación para el sector. Implementamos programas de apoyo técnico y financiero a los microemprendimientos y a las Pymes; más de 7 millones de pesos en créditos; más de 9.500 asistencias técnicas y 4.500 acciones de capacitación dirigidas a estas empresas sustentan esta política.
Fuimos defensores activos del Mercosur en momentos de fragilidad, a través de una intensa participación en los foros regionales. Buenos Aires fue sede de la Cumbre de Alcaldes del Cono Sur; participó de la Red de Mercociudades y coordinó la Reunión Especializada en Municipios e Intendencias del Mercosur.
En este contexto, y como reconocimiento a la defensa de la integración regional, hemos recibido visitas importantes en términos políticos internacionales, como la del Presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva y, durante los meses más duros de la crisis, hemos recibido donaciones de insumos hospitalarios y útiles escolares de las ciudades hermanas de San Pablo, Barcelona, Turín, Berlín, Ginebra y Tel Aviv.
La actividad en el marco y en el terreno cultural es otro de los pilares del desarrollo de la ciudad. El año pasado vivimos la experiencia de una ciudad golpeada por el derrumbe económico que, en ese contexto, y, al mismo tiempo, es capaz de desplegar una movida cultural que muchas ciudades hermanas envidiarían en tiempos de bonanza.
Estamos comenzando el año legislativo con la inauguración, en el día de hoy, del V Festival Buenos Aires Tango, acompañado, en esta nueva edición, por el Primer Campeonato Mundial de Baile de Tango. En él participarán 300 parejas de baile del interior y del exterior del país y, estimamos, que asistirán más de 300 mil personas.
El lanzamiento del festival no debe ser considerado como una acción cultural aislada. Por el contrario, se inscribe dentro de la dimensión productiva de la cultura que permite dinamizar la economía, la producción y el turismo de la ciudad.
El Festival de Tango, el Festival de Cine Independiente, el Festival de Teatro y, desde el año próximo, el Mundial de Tango en forma autónoma, han integrado e integran la avanzada del cronograma internacional de actividades de esta ciudad.
Este año, los tres festivales, el de tango, el de cine independiente y el de teatro, atraerán a alrededor de 600 mil personas. Estamos trabajando con los operadores turísticos para promover aún más estos festivales en el exterior. Estamos trabajando para duplicar la cantidad de turistas que arriban a la ciudad.
El Programa Cultura, Turismo y Producción promueve a Buenos Aires como polo internacional de producción de bienes culturales, dando contenido a gran parte de la oferta turística. Dentro de este programa destacamos la existencia de Buenos Aires Set, iniciativa que ha logrado ofertar con éxito a la ciudad en el exterior como escenario para la filmación de películas, series televisivas y otras producciones audiovisuales. Cada equipo de filmación que arriba a la ciudad significa trabajo para los profesionales vinculados con los distintos campos de la industria de la cultura.
Otra de las principales políticas culturales ha sido la ampliación y captación de nuevos públicos, a través de la descentralización territorial de las actividades culturales. Los vecinos han podido disfrutar de numerosas actividades artísticas en cada rincón de la ciudad a través de la Carpa Cultural Itinerante y, en este verano, con el ciclo Ciudad Abierta.
Como resultado de esta política, unas 6.500.000 personas por año han participado de algún evento cultural de la ciudad. Esto significó un aumento de público de 43 por ciento con respecto a la media promedio de años anteriores.
Vale la pena destacar como dato muy significativo, que nuestra gestión ha hecho especial hincapié en la gratuidad de las actividades. El 80 por ciento de ellas son gratuitas.
Para este gobierno, frente a un escenario determinado por la recesión económica y la fractura social, la cultura es un área clave dentro de un proyecto de desarrollo integral, ya que es una herramienta fundamental dentro de los procesos de cohesión e integración social
al mismo tiempo, de reactivación económica.
Señoras y señores legisladores: la crisis económica golpeó –hay que reconocerlo–nuestra política de obras públicas. Golpeó hasta el punto de modificar los cronogramas contractuales que estaban en marcha.
Muchas obras se detuvieron, no sólo por la caída de los ingresos o por la falta de recursos, sino también por la imprevisibilidad de la situación económica, por la falta de normativa para tiempos o épocas inflacionarias, por la suba de los insumos y por la falta de precios estables. Esto significó la parálisis de muchas obras públicas; sin embargo, esta Ciudad no detuvo obras públicas de un altísimo valor estratégico.
Quiero mencionar –porque también es un orgullo– que durante el año 2002 esta Ciudad prosiguió con las obras de la extensión de la red de subterráneos, que no son precisamente obras de escasos recursos. Pero decidimos seguirlas, porque sabíamos que, si las deteníamos, nos iba a costar muchísimo retomarlas.
Y ahora, que estamos superando lo peor de la crisis, estamos acelerando la prosecución de la expansión de la red de subtes. En los próximos meses inauguraremos las dos nuevas estaciones de ampliación del Subte “B”. En la Línea “H”, de los 2.700 metros de túnel previstos para esta etapa, se han excavado 1900 metros, y están terminados –esto es, hormigonadas las bóvedas– 1.256 metros.
Señoras y señores legisladores: la Ciudad ha ganado también nuevos espacios públicos. Quiero mencionar uno de ellos: el Parque Micaela Bastidas, que integra el sistema de Nuevas Áreas Verdes de Puerto Madero y que –junto con la Plaza Virginia Bolten y la Plazoleta Haroldo Conti– fue remodelado dentro del Programa de Revitalización y Puesta en Valor de la Costanera Sur.
El parque recuerda a Micaela Bastidas, la esposa del inca Tupac Amaru, que organizó la resistencia contra la dominación española en Perú. Tiene una superficie de más de 7 hectáreas, y su diseño busca reproducir la línea de barranca que caracteriza a las principales plazas de la Ciudad situadas cerca de la costa del río. En este espacio se plantaron 40 mil árboles, de 150 especies diferentes.
Este año, la Ciudad continúa con un sostenido esfuerzo de reparación y modernización de los jardines de juegos y de puesta en valor de plazas y parques de la ciudad. Quiero mencionar, tan sólo como ejemplo, que durante el año 2002, sólo por el parque Sarmiento y el ex KDT han pasado 1.200.000 personas.
Claro que el nudo de conflicto en torno al espacio público durante el 2002 estuvo vinculado con las distintas formas de ocupación y usurpación de veredas y plazas. La crisis promovió la aparición de actividades económicas informales desempeñadas por artesanos, artistas ambulantes y anticuarios, que se desplegaron en zonas de atracción turística o en los alrededores de las ferias ya establecidas, creando ferias paralelas. En otros casos se produjo la ampliación de la venta ambulante en nuestra ciudad. Estos fenómenos comenzaron a generar conflictos y tensiones entre el comercio tradicional y los informales, o entre feriantes nuevos y viejos.
A partir de esta situación, el Gobierno debió intervenir. Después de una ronda de conversaciones y negociaciones con los artesanos y feriantes de la calle Florida y del Parque Rivadavia, se acordó crear un nuevo paseo –el Paseo del Retiro–, en el que se instalaron 1.600 puestos de artesanías, antigüedades, numismática y artículos usados.
El Paseo del Retiro permitió desocupar el Parque Rivadavia e iniciar obras de recuperación, pero es fundamentalmente un ejemplo del rol del Estado.
Señoras y señores legisladores: le idea de crear ámbitos institucionales en los que los vecinos y el Gobierno participaran juntos parecía temeraria en los meses que siguieron al derrumbe político nacional. Las asambleas vecinales, los cacerolazos y los escraches provocaban reacciones diversas. Hubo quienes sintieron miedo ante estas manifestaciones populares.
Hubo quienes pretendieron manipular la indignación popular con la dirigencia política para reducir a los gobiernos en gerentes de intereses económicos particulares.
En estas condiciones complicadas decidimos poner en marcha, tal como estaba previsto, los mecanismos del Presupuesto Participativo, convocando a las asambleas para aprobar las prioridades presupuestarias del año.
La decisión fue audaz, pero acertada. Fue un diálogo duro y complejo, pero productivo y auspicioso. Se trata, claro está, del comienzo de un camino.
Hace falta avanzar en la cantidad y la calidad de la participación ciudadana, pero realizada en el contexto explosivo de esos días, la experiencia permite vislumbrar excelentes condiciones para el desarrollo de una democracia más participativa, como la que está en el espíritu de nuestra Constitución.
En agosto del año 2000, cuando asumimos el gobierno, afirmamos que era posible anudar la ética social y la eficacia en la gestión pública, gobernando con instrumentos modernos en vistas al bienestar común y respondiendo a las demandas del pueblo a través de un programa de gestión que trascendiera las acciones políticas concretas de un gobierno.
En aquel momento, la ciudad contaba con condiciones iniciales estables y con un presupuesto suficiente y equilibrado. El rápido desencadenamiento de la crisis nacional nos ha obligado a tomar la cuestión social como el principal problema a afrontar, sin descuidar esos principios básicos a los que hiciéramos referencia.
Para poder avanzar en la mayor participación popular es necesario establecer un nuevo pacto entre representantes y representados desde distintos niveles, creando un nuevo marco legal que dé cabida a los reclamos populares y los transforme en políticas de Estado. Con este objetivo, hemos generado dos proyectos que quiero destacar: hemos presentado a la Legislatura en abril del año 2002 un proyecto de Ley Electoral, cuyos fundamentales principios consisten no sólo en la eliminación de las listas sábana, sino en el fortalecimiento de la relación entre representantes y representados, entre los vecinos y los candidatos.
Queremos fortalecer la responsabilidad personal de los candidatos frente a los ciudadanos; queremos estrechar los vínculos locales de los diputados; queremos asegurar la intervención política de las minorías; queremos facilitar el acceso de candidatos independientes y eliminar el monopolio de la oferta electoral de los partidos políticos.
Por ello, pido a esta Legislatura el urgentísimo tratamiento de la Ley de Reforma del Sistema Electoral. Voy a ser más específico: pido a esta Legislatura que esta semana se reúna para el tratamiento de la Ley de Reforma del Sistema Electoral, y pido, además, que ese tratamiento contenga, al menos, la mayoría de los principios antes mencionados. (Aplausos)
También pusimos en marcha el Presupuesto Participativo por medio de los Centros de Gestión y Participación –lo habíamos dicho– a partir del cual se deciden las obras presupuestadas en los barrios.
Decíamos que no alcanza con estas herramientas para devolver plena legitimidad a la política, pero también sabemos que estas iniciativas son un paso importante para construir una nueva utopía democrática.
Estamos transitando una época de cambios para toda la sociedad argentina; un año en el que la crisis alcanzó un pico de gravedad tan extremo que llegó a poner en riesgo nuestra propia integridad como Nación.
Sin embargo, a pesar del divorcio entre el pueblo y sus dirigentes, la crisis demostró que nuestra sociedad mantiene vivo el sentimiento y compromiso solidario, reflejado fundamentalmente en el trabajo de las asambleas barriales, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales.
Señoras y señores legisladores: he pasado revista de la situación de la Ciudad de Buenos Aires a un año de la crisis general más profunda que haya conocido nuestro país.
Es difícil mirar el futuro inmediato y mostrarse exultante. El presente es demasiado incierto y la realidad demasiado angustiante como para excederse en la esperanza.
Sin embargo, nuestra ciudad ha mostrado unas reservas y una capacidad de recuperación admirables. Redujo la indigencia, universalizó los planes sociales, da de comer a todos, redujo la deserción escolar, construyó escuelas, construyó hospitales, cuadriplicó las becas escolares, mantuvo todo su sistema hospitalario en funcionamiento, renegoció su deuda y ahora la ciudad –sin descuidar uno solo de esos objetivos– recupera su marcha. Retomamos el ritmo de obras, empezamos a dar líneas de crédito, promovemos el turismo, reiniciamos con fuerza el mantenimiento urbano y todo ello con una situación financiera controlada.
Muchas veces se ha repetido que la crisis encierra una oportunidad. Es un lugar común, pero yo creo en esta idea. Creo que, efectivamente, tenemos oportunidades; pero creo también que para reunirnos con esas oportunidades, para convertirlas en realidades, hay que actuar con audacia.
La sociedad argentina –y también la sociedad porteña–, estuvo hace un año atrás altamente movilizada en torno a diversos reclamos: algunos justos, otros inciertos y otros imposibles.
En aquel momento, el reflejo general de la clase política fue ofrecer una enorme reestructuración y renovación de las prácticas políticas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, a medida que el grado de movilización y la intensidad de los reclamos se van apaciguando, las posibilidades de renovación política parecen diluirse.
Las oportunidades de la crisis se están alejando, se están perdiendo y eso ocurre porque también está faltando audacia. A nuestro juicio, si esas oportunidades se pierden definitivamente, habremos malgastado vergonzosamente un cúmulo de energías sociales riquísimas por su valor democratizador.
En poquísimo tiempo habrá elecciones presidenciales en la Argentina. Son el resultado de un conjunto de circunstancias extraordinarias. Entre otras, son el resultado de la insatisfacción popular, que obligó al actual gobierno provisional a comprometer su retirada anticipada. El mecanismo fue paradójico, porque el Gobierno Nacional llegó hasta aquí, precisamente, porque prometió retirarse antes.
Nuestro gobierno –este Gobierno de la Ciudad– no tenía exactamente el mismo problema. Pero en la medida en que los problemas de legitimidad afectan a toda la clase política, nos afectan también a nosotros.
Siempre dijimos que no nos interesaba perpetuarnos en el cargo. Mucho menos queremos que por falta de audacia terminemos ahogando las enormes oportunidades abiertas con la crisis.
El ciclo crítico se está cerrando. Comienza, es evidente, una etapa completamente nueva de la historia argentina; podemos contribuir a que se inicie bajo la invocación de la participación popular.
No queda ninguna razón para postergar la convocatoria popular.
Señoras y señores: he tomado la decisión de que el próximo 8 de junio habrá elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos prolongados).
ANIBAL IBARRA
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