febrero 24, 2012

Mensaje del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, en la apertura de sesiones de la Legislatura (2002)

MENSAJE
DEL
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Aníbal Ibarra
AL ABRIR LAS SESIONES EN LA LEGISLATURA
EL 1° DE MARZO DE 2002

Buenos días señoras y señores legisladores.
Antes de comenzar con esta Asamblea, quiero decir que han pasado casi veinte años desde la recuperación democrática, y en aquel momento la sociedad argentina se comprometió a no tolerar nunca más la violencia de Estado. Si la violencia de Estado es intolerable en dictadura, mucho más lo es en la democracia.
Quiero compartir con los señores legisladores en la inauguración del período legislativo, un repudio a la represión del 20 de diciembre y un homenaje a sus víctimas, varias de las cuales murieron en las calles de nuestra ciudad. (Aplausos)
Señoras y señores representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: vengo a este recinto por segunda vez desde el comienzo de mi mandato, a inaugurar un nuevo período legislativo ordinario y a dar cuenta de lo actuado por mi gobierno durante el transcurso de este último año de gestión. Vengo también a someter al juicio de este Cuerpo los objetivos del período que se inicia, en una circunstancia excepcionalmente crítica para nuestra Nación y de nuestra Ciudad.
La crisis social, económica y política que atravesamos, se desarrolla a tanta velocidad que, en muy poco tiempo, varios de los objetivos estratégicos y muchos de los programas de acción de nuestro gobierno se han convertido en anacrónicos o poco funcionales. Algunos, porque se corresponden con realidades que ya no existen; otros, porque en un contexto tan crítico, han perdido la capacidad de resolver las urgencias del corto plazo.
La velocidad del deterioro socioeconómico cambió nuestra perspectiva. Aún no hemos cumplido los diecisiete meses de gobierno; han transcurrido trece meses desde que ocurrieron las fatídicas inundaciones del 24 de enero de 2001; han pasado apenas cuatro meses desde que esta Legislatura sancionara la Ley 670 del 8 de noviembre de 2001 de extensión de la red de subterráneos.
Sin embargo, parece que al hablar de estos hechos estuviéramos refiriéndonos a otra época y a otro lugar. La velocidad de la crisis, señoras y señores legisladores, nos ha obligado a cambiar abruptamente algunas de las prioridades de nuestro gobierno.
Sin ninguna duda, la emergencia social es hoy el principal problema público que afrontamos.
Todos ustedes conocen que la Ciudad no ha quedado fuera del escenario recesivo que padece la economía nacional desde mediados de 1998. La caída de la mayoría de los indicadores de la actividad económica –el comercio, la construcción, el turismo, el transporte, la ocupación laboral– señala, año a año, la profundización del clima recesivo.
En el comercio, sólo en los primeros once meses del 2001 –es decir, antes del “corralito”– se produjo una caída de las ventas del 4,4 por ciento en supermercados y del 15,7 por ciento en los centros comerciales. El turismo internacional cayó un 12,7 por ciento. En el sector transporte, la cantidad de pasajeros se redujo un 9 por ciento. Las exportaciones se redujeron otro 9 por ciento durante el primer semestre del año pasado.
Esta situación recesiva impactó sobre el mercado de trabajo. De acuerdo con los datos del INDEC, entre octubre de 2000 y octubre de 2001 se destruyeron 172 mil puestos de trabajo en nuestra ciudad.
El nivel de empleo en octubre del 2001, fue el más bajo de los últimos diez años: los desocupados superaban las 200 mil personas y los subocupados alcanzaban las 160 mil personas.
La crisis económica va sumándole a la pobreza estructural la franja de los nuevos pobres. En la base de la pirámide social crece la franja de los indigentes, que no alcanzan a cubrir la canasta alimentaria.
El “corralito” impactó en forma directa en la economía cotidiana de sectores medios y en los circuitos de la economía formal, con lo cual, como en un dominó, se afectó la economía informal de los sectores deprimidos o excluidos.
Es significativo que, desde la eclosión de la crisis, se haya duplicado la demanda de alimentos. Unas 100 personas por día caen por debajo de la línea de pobreza y aproximadamente unas 300.000 personas están en situación de precariedad habitacional.
Señoras legisladoras, señores legisladores: la estructura socio-económica de la ciudad está cambiando abruptamente. Son minoritarios los grupos sociales que saldrán indemnes de la crisis.
Los primeros datos provisorios del área de Salud nos indican que en los hospitales se está verificando un cambio en la composición social de los pacientes.
A la demanda de la gente de la provincia de Buenos Aires se le suma ahora el aumento de la demanda de los vecinos de esta ciudad. Esto significa un cambio en el perfil social de la demanda. El hospital público está recibiendo a los sectores medios que, hasta hace tres meses eran atendidos por el PAMI, las obras sociales o las prepagas.
En el área de Educación, hay un aumento aún no cuantificado de consultas sobre los mecanismos de pase de la escuela privada a la escuela pública, que también involucra a sectores medios.
La recesión también puede ser analizada a través de la caída de la recaudación impositiva. Durante el año 2001, la ciudad sufrió una caída de más del 8 por ciento en sus ingresos tributarios. La caída de la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos –que constituye el 70 por ciento de la recaudación– fue del 9,4 por ciento. En suma, señoras legisladoras y señores legisladores, tenemos una caída abrupta de la recaudación fiscal y un aumento exponencial de la demanda de prestaciones sociales.
La situación es particularmente grave porque, como bien saben las señoras legisladoras y los señores legisladores, la ciudad se financia casi exclusivamente con lo que recauda. La coparticipación federal tiene una incidencia inferior al 5 por ciento en el presupuesto y, vale decir que, desde agosto pasado, no recibimos siquiera un peso de esa coparticipación que nos debe girar la Nación.
Estas cifras, provocadas principalmente por la caída de la actividad económica, se transformaron en alarmantes durante el mes de diciembre: la implantación del corralito financiero provocó una caída de la recaudación general del orden del 44,5 por ciento. Y aún cuando en el mes siguiente este índice mejoró levemente, aún estamos muy lejos de noviembre de 2001.
Nuevamente debo decir: han pasado sólo tres meses pero, al comparar los índices, pareciera que alguna de las dos puntas estuviera refiriéndose a otra época y a otro lugar. La crisis nos ha obligado a formular nuevas prioridades y nuevos objetivos y, en consecuencia, a distribuir de otro modo los recursos.
Para paliar la caída de la recaudación, hemos promovido una serie de medidas para distribuir la carga fiscal de un modo equitativo. Promovimos, con acuerdo de esta Legislatura, un aumento del impuesto a los ingresos brutos a los grupos de capital más concentrado que actúan en la ciudad. A los bancos, les aumentamos la alícuota de 4,9 a 5,5 por ciento; a los hipermercados se la aumentamos del 1,5 al 3,7 por ciento. Tenemos la convicción de que el mayor esfuerzo lo deben hacer los grandes contribuyentes, los sectores económicos más poderosos y los grupos empresarios que más se favorecieron con la política económica de la última década.
No es nuestro criterio imponer esfuerzos generalizados. No vamos a aumentar la presión fiscal general. Pero sí, si hace falta, seguiremos imponiendo una mayor contribución a quienes logran atravesar e incluso aprovechar la crisis, con resultados favorables para sus balances y sus patrimonios.
Sin embargo, señoras legisladoras y señores legisladores, estas medidas sirven para paliar la emergencia, pero no alcanzan para diseñar seriamente el futuro de nuestra ciudad.
Sucede que nuestro sistema tributario tiene una gran debilidad: está estructurado sobre la base del impuesto a los ingresos brutos. En consecuencia, la recaudación local tiene un carácter fuertemente procíclico. En circunstancias como las actuales, de recesión y restricción en los medios de pago, la recaudación sigue la suerte de la macroeconomía.
Tenemos que aprender rápido de esta crisis y fortalecer la recaudación no procíclica de la Ciudad. En este sentido, debemos corregir las iniquidades de los gravámenes territoriales, evitando el fraude histórico por omisión de nuevas construcciones.
Al mismo tiempo, vamos a fortalecer nuestra acción sobre las contribuciones por el uso del espacio público –la vía pública y, especialmente, el subsuelo–, que en nuestra ciudad son gravámenes con un mal desempeño histórico pero que, en otras ciudades del mundo, representan un recurso genuino relevante y estable frente a las variaciones del ciclo económico.
Es indispensable fortalecer la capacidad de gestión y la lucha contra la evasión. Este año vamos a poner un especial énfasis en el control de los grandes contribuyentes. Con este propósito hemos creado por primera vez una oficina de grandes contribuyentes.
Desde el sector público, también hemos venido haciendo un esfuerzo grande dirigido a reducir drásticamente el llamado “gasto político”. Y es justo recordar que no iniciamos esta reducción ahora, en medio del descalabro económico y de las protestas sociales. Lo vinimos haciendo en el transcurso del año pasado: dos veces recortamos los sueldos de nuestros funcionarios políticos, redujimos la estructura administrativa hasta alcanzar un recorte del gasto del 20 por ciento; redujimos las plantas de gabinete en un 15 por ciento; redujimos en un 10 por ciento las unidades fuera de nivel y en un 20 por ciento las remuneraciones de personal contratado.
Quiero decir, señoras y señores legisladores, que el sector público de la Ciudad –y no sólo el Poder Ejecutivo, sino también esta Legislatura– viene actuando con responsabilidad y coherencia, atendiendo a las demandas crecientes de nuestra sociedad.
En rigor, desde la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996, la más moderna y participativa Ley Fundamental de la República, los poderes públicos vienen trabajando por instituciones más transparentes, por un mayor control del gasto y por una administración más responsable y austera.
Nuestra Constitución establece que el Presupuesto de la Legislatura en gastos corrientes de personal no puede superar el 1,5 por ciento del Presupuesto total de la Ciudad; nuestra Constitución prohíbe los gastos reservados o secretos; nuestra Constitución establece que todos los actos que impliquen administración de gastos son públicos; nuestra Constitución establece el procedimiento de doble lectura y la audiencia pública como mecanismos de control popular de la gestión.
Es cierto que la crisis se viene prefigurando desde 1998, desde el momento en que la Argentina ingresó en recesión. Es cierto, también, que una combinación de errores políticos, vacilaciones, falta de coraje y traiciones programáticas al contrato electoral bloqueó la posibilidad de cualquier cambio y condujo a la Nación hacia una crisis largamente anunciada.
Pero fue durante el año pasado cuando el final del ciclo se hizo inminente. Teníamos ante nosotros las evidencias de la caída de la actividad económica y la baja de la recaudación. En agosto del año 2001, cuando hicimos el balance del primer año de nuestro gobierno, advertimos que “sin fuentes de financiamiento interno y externo, el modelo económico articulado alrededor de una caja de conversión se encontraba agotado.”
Sin embargo, la convertibilidad gozaba de un altísimo consenso social. Hoy podemos advertir hasta qué punto se había transformado, a lo largo de una década, en la clave del contrato social.
Hay quienes admiran esa potencia de la convertibilidad para generar cohesión social. Son los que hoy reclaman el regreso a una nueva paridad cambiaria o, lisa y llanamente la sustitución de nuestra moneda.
Nosotros nunca formamos parte de los admiradores. Al contrario, creemos que la convertibilidad como clave de un contrato social, es una muestra contundente de la fragmentación y el individualismo provocados por el modelo socio-económico neoliberal. Una sociedad apenas articulada por una caja de conversión monetaria es una sociedad frágil y amenazada por la descomposición.
Tenemos a la vista los resultados: los argentinos corremos el riesgo de perder nuestro estatus de Nación constituida.
Lo cierto es que ahora debemos ocuparnos colectivamente de restaurar la confianza en nosotros mismos y recrear el contrato social con una nueva clave, más sólida, más profunda y más duradera que un simple y ordinario acuerdo monetario.
Señoras y señores legisladores: todos sabemos que la crisis no es sólo socio-económica. Sabemos que existe un fuerte cuestionamiento popular a los dirigentes políticos, a los partidos políticos, al sistema electoral e, incluso, a algunos aspectos del régimen político; un cuestionamiento que nos ha llevado a una crisis de representatividad.
Quienes participamos activamente de la política, debemos aceptar estas críticas con humildad y escuchar con atención la protesta popular porque hay un alto contenido de verdad en los reclamos. En la interpretación más generosa, debemos reconocer que no hemos podido detener una política socio-económica devastadora; no hemos sabido romper a tiempo con el modelo de la convertibilidad, no supimos armar un programa alternativo; no le hemos puesto límite oportuno a los grupos de capital más concentrado y voraz; no hemos frenado la disgregación social ni evitado la ruptura de los lazos de solidaridad.
Tampoco supimos entender la calidad y la intensidad de las expectativas de la gente. Hoy, en medio de una extraordinaria movilización popular espontánea, en medio del clamor a veces contradictorio de los diversos intereses de los sectores populares y medios, es posible escuchar tres demandas claras: la gente está pidiendo dignidad para todos los argentinos, porque con hambre y sin trabajo no hay Nación; la gente está pidiendo igualdad ante la Ley, porque ya no toleran ni los privilegios ni los privilegiados; la gente está pidiendo justicia porque sin un Poder Judicial independiente tampoco hay república.
Dignidad, igualdad y justicia son las consignas fundacionales del nuevo contrato social. No son reclamos de otro mundo. Son elementales, básicos de una organización social moderna; no tienen nada de sofisticado. Pero precisamente por este carácter fundamental son tan difíciles de alcanzar.
Este reclamo de dignidad, de igualdad y de justicia, articulado con la necesidad imperiosa de alcanzar un nuevo contrato social, forman la trama que reorienta la acción de mi gobierno.
La solidaridad entre los integrantes de nuestra sociedad ya no es una cuestión de ética individual. En estas circunstancias, la solidaridad no es voluntaria. Es una obligación colectiva que el Estado debe imponer por ley y hacer cumplir en beneficio del bien común.
La crisis social le está devolviendo funciones sociales al Estado que habían sido desacreditadas por la cultura privatizadora de la última década; funciones que habían sido expropiadas y convertidas en rentas del sector privado. Hoy, la sociedad vuelve a reclamarle al Estado que cumpla plenamente con aquellas funciones de proteger a los más débiles y vulnerables, de dar alimento, educación, salud y vivienda.
Pero al mismo tiempo que aumenta la demanda social, el Estado sigue siendo débil. Tenemos un aparato estatal acosado por la desinversión, el desfinanciamiento y el desprestigio de una década de campaña antiestatista.
La debilidad también surge de la desconfianza social. Y la desconfianza fue sembrada a propósito, con la intención de neutralizar las intervenciones a favor de los más débiles.
Tenemos que planificar las funciones del Estado para que dé respuesta a una nueva estructura socioeconómica, con menos recursos y más demandas.
Tenemos que aprovechar las oportunidades de la crisis para hacer reformas estructurales.
Necesitamos devolverle fortaleza al Estado. Y como, en este contexto, difícilmente se pueda dotarlo de fortaleza por el lado del aumento de los recursos fiscales, tenemos que darle mayor legitimidad.
Tenemos que ser muy eficaces en la gestión, porque nuestra obligación es dar más con menos.
Tenemos que recuperar la legitimidad social del Estado. La gente debe tenerle confianza, debe creer en el Estado. Con esa confianza, el Estado recuperará la fortaleza necesaria para mediar en el conflicto social a favor de los más débiles. A partir de ahora, nuestro gobierno tiene dos prioridades de acción casi excluyentes: máxima solidaridad social y mayor participación popular en las decisiones de gestión.
En primer lugar, excluyente y prioritario, está la crisis social, a la que debemos afrontar con todos los recursos disponibles, e incluso reestructurando áreas del Estado para otorgar nuevas funciones.
Nuestros objetivos inmediatos son: fortalecer las políticas asistenciales –a través de planes de empleo, alimentarios y habitacionales de emergencia– para atender a los sectores más vulnerables y fortalecer las políticas de salud y educación, para garantizarle a estos mismos sectores la atención universal que han recibido hasta hoy; y además, para garantizar la red que van a necesitar los sectores medios golpeados por la crisis.
En la Ciudad de Buenos Aires nadie va a quedarse sin atención médica: ningún chico va a quedarse sin su lugar en la escuela pública.
Señoras y señores legisladores: durante los tres días de diciembre en que se produjo el pico de la protesta social, la ciudad reunió 400 toneladas de alimentos que fueron embalados en 40 mil bolsas y distribuidos en comedores comunitarios, asentamientos y villas de emergencia.
Desde entonces y en virtud de las nuevas prioridades impuestas por la emergencia económica y social, la ciudad amplió las raciones entregadas a los grupos comunitarios. Actualmente, se están entregando 20 mil almuerzos y 14 mil desayunos o meriendas diarios. De las colonias de vacaciones participaron 25 mil chicos, 5 mil más que el año pasado, a quienes se les brindaron comidas calientes y se multiplicaron las actividades recreativas. En total, 100 mil tienen becas de comida en nuestras escuelas; 100 mil chicos.
La distribución de alimentos a granel destinados a grupos comunitarios, hoteles e inquilinatos, fue reforzada en un 15 por ciento con respecto a las entregas regulares.
A partir de este mes de marzo, el Programa Alimentario en villas de emergencia, con la participación de la Coordinadora de Villas y Núcleos Transitorios, realizará compras comunitarias en el Mercado Central.
Estamos poniendo en marcha el Programa “Vale Ciudad”, que consiste en una chequera para compra de alimentos en pequeños comercios barriales y que está destinado a familias en situación de inseguridad alimentaria. La cobertura inicial alcanzará a 1.500 familias de los barrios de La Boca y Barracas, en la zona sur de la ciudad, y participarán alrededor de 100 comercios minoristas, cuyos ingresos promedio a través del plan se calculan en 1.800 pesos mensuales.
Para atender los problemas habitacionales, hemos cambiado la operatoria para el hospedaje en hoteles de la ciudad. Los beneficiarios pasaron de un programa de emergencia habitacional a un programa de subsidio que permite ampliar la cobertura, reducir costos y flexibilizar la búsqueda de soluciones habitacionales alternativas por parte de las propias familias.
Instrumentamos en el cortísimo plazo la entrega de planes de asistencia a jefes y jefas de familia de la ciudad, provenientes de una partida de 56 millones de pesos provista por el Gobierno de la Nación para atender la emergencia ocupacional.
Para garantizar la máxima transparencia y equidad en la asignación de los planes utilizamos el Registro Único de Beneficiarios, un instrumento elaborado durante el año pasado, que nos permite identificar a todas aquellas personas beneficiarias de becas, subsidios o asistencia directa de los distintos programas sociales de la ciudad.
Los Planes de Asistencia se otorgan prioritariamente a aquellos jefes o jefas de hogares más vulnerables y que no perciben otros tipos de subsidios. Los beneficiarios son seleccionados de acuerdo con la cantidad de hijos y con el ingreso por familia. Que quede claro: ni un solo subsidio será entregado por fuera de las pautas reglamentarias y públicas. Dicho todavía más claro: ni un solo subsidio será entregado con criterio clientelista.
Los beneficiarios deben cumplir, a su vez, con una serie de obligaciones. Deben cumplir con los planes de vacunación de sus hijos menores; deben hacer controles médicos mensuales de los chicos menores de 2 años; deben garantizar la asistencia de sus hijos a la escuela.
El objetivo de estas obligaciones es claro: queremos que el Estado supervise y proteja la salud y la educación de los chicos de los hogares más humildes.
Como contraprestación, los beneficiarios que no hayan completado el ciclo primario o secundario deberán asistir a cursos de escolaridad formal, o a cursos de capacitación laboral, o incorporarse a proyectos de interés comunitario o productivo.
Reformulamos la Corporación del Sur para que se concentre en actividades económico-productivas destinadas a atender la emergencia social.
Por lo pronto, la Corporación producirá raciones alimentarias destinadas a los comedores comunitarios y escolares. El objetivo es llevar más alimentos a la gente necesitada, a menores costos. Al mismo tiempo, la Corporación dispondrá la construcción de nuevos albergues para gente sin hogar que necesite techo y comida y, como habrán conocido el día de hoy, realizará acciones tendientes a favorecer a los sectores más necesitados, en este caso con relación a la compra de útiles escolares.
Quiero expresar aquí, antes que nada, nuestro agradecimiento a los trabajadores de la Ciudad que se desempeñan en las diversas áreas sociales y de logística porque han multiplicado su trabajo y su esfuerzo para atender la emergencia. Ellos, que padecen la crisis como todos, están dando todo por los demás, por los más necesitados, por la comunidad. Es un gesto de responsabilidad, de compromiso y de solidaridad que los honra. Algo similar sucede con los trabajadores del Banco Ciudad, que son el rostro de nuestra banca pública ante la sociedad, en un momento en que la actividad bancaria está fuertemente cuestionada.
Señoras y señores Legisladores: para afrontar la crisis en el campo de la salud, hemos dispuesto un sistema de alertas y respuestas, que estamos gestionando con la participación de todos los sectores del sistema público de salud.
Tenemos garantizadas las prestaciones básicas, pero la escasez de algunos insumos por efecto de la devaluación y las restricciones a la importación nos ha colocado en una situación que los técnicos caracterizan como potencialmente crítica. Para prevenir el deterioro centralizamos la compra y distribución de insumos, de modo de proteger al conjunto de la red hospitalaria de eventuales faltantes, y creamos comités de crisis en los hospitales para monitorear diariamente los stocks y distribuirlos de acuerdo con criterios racionales de necesidad.
Así, mientras dure la emergencia, la red hospitalaria estará funcionando como una unidad centralizada tanto en la provisión y distribución de insumos como en la prestación de los servicios básicos. Nadie dejará de ser atendido por el sistema público de salud.
La Secretaría de Salud fue facultada para importar en forma directa insumos y medicamentos de los países que los comercien a menor precio y para gestionar la fabricación y el fraccionamiento local de insumos y medicamentos genéricos. Hemos multiplicado la producción de medicamentos y establecimos un acuerdo de intercambio con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Rosario –cuya producción es complementaria con la nuestra– para garantizar la provisión de insumos medicamentosos fabricados por los respectivos estados.
Nosotros no vamos a aceptar que se especule con la salud de la gente. Ningún proveedor podrá retener injustificadamente los insumos para prestaciones básicas. Existen cláusulas en los contratos e instrumentos legales que permiten sancionar estas prácticas deshonestas. Vamos a aplicar con dureza estas herramientas a quienes pretendan especular en medio de la crisis.
Durante el año 2001, la Ciudad continuó ampliando su infraestructura sanitaria. Fueron inaugurados 14 centros médicos barriales –9 de los cuales están ubicados en la zona Sur de la Ciudad– y tres nuevos centros de salud.
En el campo de la prevención, fueron revisados 14 mil chicos de nuestras escuelas públicas; 1.500 de ellos, con problemas de visión, recibieron gratuitamente sus pares de lentes.
A través del Programa Materno Infantil se entregaron 360 mil kilos de leche para una población de 30 mil chicos menores de cinco años y mujeres embarazadas. Y a través de la campaña de prevención del SIDA se repartieron en la vía pública 3 millones de preservativos.
Este año daremos un paso importante en dirección a brindar una asistencia integral. Pondremos en marcha el Plan de Atención Primaria de la Salud, que consiste en un sistema de atención familiar integral y ambulatoria, con turnos programados, atención localizada en un radio de diez cuadras del domicilio del beneficiario, atención domiciliaria y entrega gratuita de medicamentos.
El Plan concentra las tres modalidades de atención que ya existen: los Médicos de Cabecera, los Centros Médicos Barriales y los Centros de Salud. En esta primera etapa, el Plan se aplicará en el sur de la Ciudad, en los barrios de La Boca y Barracas.
Señoras legisladoras, señores legisladores: queremos ganarle a la crisis y, para dar esa batalla, no alcanza sólo con afrontar la emergencia. Algunas de las políticas estratégicas de mediano y largo plazo que habíamos formulado al comienzo de nuestra gestión mantienen el mismo o mayor sentido que hace diecisiete meses.
Una de las herramientas estratégicas que el Estado debe sostener, más allá de la emergencia, es la educación. Además de su función social igualadora, que es relevante para compensar el aumento de las desigualdades que provoca la crisis económica, la educación cumple una función de contención. Queremos a los chicos en la escuela porque el sistema de educación pública es el instrumento que tiene el Estado para garantizarles el futuro, protegerlos y cuidar su alimentación, su salud y su integridad. La educación es el territorio que elegimos para pelearle a la crisis en el largo plazo.
Vamos a seguir adelante con nuestro combate contra la deserción escolar. Durante el año pasado cumplimos con objetivos importantes en esta dirección. La deserción escolar bajó en forma sustantiva: logramos retener a 1.794 chicas y chicos en la escuela media. Duplicamos la cantidad de chicas y chicos que aprobaron los exámenes de marzo, en buena medida gracias a los profesores que participaron del Programa “Tu esfuerzo vale”. Ampliamos la cantidad de becas destinadas a alumnos de escuelas medias.
Para que esta política sea efectiva, también nos ocupamos de ampliar la estructura edilicia de las escuelas de la Ciudad. Este año, señoras y señores legisladores, aun en medio de la emergencia económica, estaremos inaugurando en el inicio del ciclo lectivo seis nuevas escuelas, que son parte de un plan mucho más amplio de recuperación de edificios escolares.
En el nivel inicial, ampliamos la cobertura y la oferta de jornada completa, que es una de las grandes demandas de contención que recibimos de los padres. Para aumentar la calidad de la escuela pública, pusimos en marcha las primeras escuelas bilingües públicas de la Ciudad y el proyecto “Aulas en Red”. A través del programa “Padres con la Escuela”, que alcanzó una concurrencia multitudinaria, comprometimos e involucramos a los padres en el proceso de escolarización de sus hijos. Desarrollamos una política de reivindicación efectiva de los docentes a través de la titularización de profesores de enseñanza media y del programa “Pase Maestro”.
Este año, señores y señores legisladores, concentraremos nuestro esfuerzo en la batalla contra la deserción. Estamos comenzando las clases con la distribución de 20 mil mochilas escolares. Para hacer consistente esta política, además de continuar con todos los programas orientados a aumentar la retención en los primeros años de la escuela media, estamos reforzando las becas para este año hasta alcanzar un total de 15 mil, incluyendo las que nos ha provisto esta Legislatura.
Señoras legisladoras, señores legisladores: nos preocupa especialmente que la actividad cultural no sea devastada por la crisis económica. Sería un error considerarla como un lujo o un gasto superfluo en medio de la crisis. La actividad cultural es un distintivo de la Ciudad de Buenos Aires de altísimo valor social y económico, que no debe perderse. Durante el año 2001, la programación cultural de la Ciudad convocó a más de 6 millones de personas, lo que significa un incremento del 43 por ciento con respecto al año anterior. Nuestros vecinos y los del conurbano buscan alivio a la presión de la crisis en las actividades culturales.
La Carpa Cultural instalada desde este verano es un punto de concurrencia para los vecinos del sur de la ciudad.
Treinta y cinco mil personas visitaron los Estudios Abiertos de 220 artistas de Palermo; otras 20 mil personas visitaron los Estudios Abiertos de La Boca.
Sólo en el primer semestre del año pasado más de 150 mil personas visitaron los Museos a Puertas Abiertas.
Vamos a proteger tanto la prestación de estos servicios como la industria cultural de la ciudad.
Los festivales de cine, de teatro y de tango se convirtieron en referencias culturales de la ciudad, y los vamos a sostener también este año, porque queremos que se institucionalicen. La actividad de festivales, cuando se consolida, se convierte en un atractivo turístico importante.
Seguimos, además, sosteniendo nuestro objetivo de promover un nuevo perfil productivo a la ciudad a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Venimos desplegando una estrategia de creación de cadenas de valor y de impulso a nuevas prácticas asociativas, destinadas a modernizar las unidades productivas, reducir costos y mejorar la competitividad.
Pusimos en marcha la primera etapa del Centro de Diseño Industrial e Indumentaria en Barracas con el objetivo de crear valor agregado a la producción local.
Asignamos 291 créditos a la tasa cero para microemprendimientos, y prestamos 9 mil servicios de asistencia directa a PyMEs.
Aún en condiciones difíciles para la competitividad externa de nuestra economía, buscamos ganar nuevos mercados.
Organizamos la primera delegación comercial a San Pablo, donde abrimos la oficina comercial de la Ciudad de Buenos Aires destinada a promover nuestras exportaciones.
Seiscientas pequeñas y medianas empresas participaron del primer salón de enlaces industriales; otras 50 PyMEs recibieron asistencia directa para la promoción de exportaciones.
Para este año, vamos a continuar con esta estrategia de desarrollo económico. Aprovecharemos las oportunidades que ofrece la devaluación para crear cadenas productivas de pequeñas y medianas empresas vinculadas con el sector exportador. Confiamos en que los esfuerzos realizados durante el año 2001 –cuando las condiciones de competitividad externa eran adversas–, combinados con el nuevo tipo de cambio, nos permitirán obtener muy buenos resultados.
En consonancia con esta estrategia de desarrollo, le dimos a la ciudad una política de relaciones internacionales y de vinculación regional. Este trabajo, que originariamente podría haber parecido de interés secundario, porque no había precedentes de una acción internacional de escala urbana –a excepción de relaciones protocolares–, está rindiendo sus primeros frutos en las actuales circunstancias.
Por lo pronto, y ante la crisis inmediata, hemos pedido y hemos recibido en el reciente foro de Porto Alegre, la solidaridad concreta, material del país Vasco y de la ciudad de París, que han comprometido ayuda en forma de insumos médicos para sobrellevar la emergencia sanitaria.
Hemos estrechado vínculos regionales con las ciudades de San Pablo, Porto Alegre, Montevideo y Rosario a través del Foro de Grandes Ciudades del MERCOSUR.
Señoras legisladoras, señores legisladores: a pesar de las dificultades financieras hemos decidido sostener las grandes inversiones públicas. Es una decisión estratégica orientada a modernizar la infraestructura urbana para ganar competitividad, defender a través de la intervención pública los niveles de actividad económica y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La expansión de la red de subterráneos, destinada a duplicar la traza actual, sigue en marcha.
Antes de fin de año inauguraremos las estaciones Triunvirato y Tronador de la Línea B; hemos iniciado las obras de construcción de la Línea H, y estamos en la etapa de precalificación de ofertas para extender hasta el barrio de Flores la Línea A.
Para llevar adelante las obras de construcción de las nuevas líneas –que exigen una inversión de alrededor de 1500 millones de dólares– establecemos un mecanismo de concesión inédito. Proponemos un mecanismo de licitación a través del cual las empresas intervinientes se asocien en el financiamiento, construcción, instalación y operación del servicio por un lapso de treinta años. La adjudicación se hará a la empresa cuya propuesta signifique la menor participación de inversión por parte del Gobierno de la Ciudad.
También seguimos adelante con el Plan Hidráulico destinado a reducir el riesgo de inundaciones en áreas críticas de la ciudad.
Hemos invertido más de 28 millones de pesos en obras en el canal aliviador de la cuenca del arroyo Vega, en la desembocadura del arroyo Medrano, en el arroyo White, en la cuenca del Riachuelo y en la construcción y limpieza de sumideros. Contratamos nuevos estudios para el Plan Hidráulico en general y en particular para las obras en el arroyo Maldonado.
Debo decir que la ciudad cumplió con los damnificados de las inundaciones del 24 de enero: más de mil casas afectadas fueron refaccionadas por trabajadores del gobierno con materiales provistos por la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, quiero confirmar que, a pesar de las restricciones, seguimos adelante con la licitación para construir los primeros trece reservorios pluviales de un total de veinticinco. Tenemos confianza en que las obras puedan iniciarse antes de mediados de año.
Señoras y señores legisladores: nos hemos propuesto este año ampliar la participación popular en la toma de decisiones de la gestión.
Hemos jerarquizado la ex Subsecretaría de Descentralización y le hemos otorgado una nueva misión, la de promover la participación popular.
La nueva área deberá instrumentar, en el corto plazo, mecanismos concretos de participación popular y aplicar los que están previstos en nuestra Constitución. Por lo pronto, vamos a promover que los vecinos, a través de los Centros de Gestión y Participación, decidan el destino de partidas presupuestarias especialmente asignadas para obras públicas en los barrios. El objetivo es que la gente controle y comience a decidir sobre el destino de los dineros públicos.
Mantenemos nuestra política de abrir nuevos espacios públicos, porque estamos convencidos de que es un gesto democratizador en varios sentidos: la vía pública, los parques y las plazas son los espacios democráticos por excelencia; son los sitios de encuentro social y de manifestación pública; son lugares comunitarios de esparcimiento. La ola privatizadora de los años 90 arrasó con parte de ellos. En algunos casos, porque la privatización clausuró el acceso libre; en muchos otros casos, porque la retirada del Estado los dejó sumidos en la desidia.
Una semana atrás, inauguramos un nuevo parque costero de siete hectáreas: el Parque de las Américas. Ese nuevo espacio público recuperado junto al río se articula en la Costanera Norte –a la que hemos reiluminado– con el Parque de la Memoria que la ciudad abrió el año pasado en homenaje a los desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado el cual, a su vez, se integrará con el Parque Ciudad Universitaria –que está actualmente en obra– y con el Parque de los Niños, provocando una revalorización de la ribera norte de la ciudad.
Trabajamos intensamente en la recuperación de los espacios de juego para chicos dentro de parques y plazas, adecuando a las normas IRAM de seguridad alrededor de 50 patios infantiles. Y ya iniciamos la licitación de 37 nuevos patios de juegos. Para mejorar la higiene de la vía pública, pusimos en marcha el Plan Integral de Limpieza del Área Central, que incluye el programa de recolección Puerta a Puerta que se aplica en el barrio del Once, en la Avenida Corrientes y en la calle Lavalle.
En los próximos días y después de 25 años de postergación, comenzará la compactación de vehículos abandonados en la vía pública. En cinco meses, habremos compactado los 30 mil autos que se acumulan en las playas de la ciudad.
Señoras legisladores y señores legisladores: las iniciativas en materia de infraestructura urbana, la recuperación de los espacios públicos y la protección de la vía pública, forman un conjunto de intervenciones que rediseñarán la totalidad del espacio urbano.
Coincidirán conmigo que no queremos ni debemos estar sin norma en la materia. La ciudad requiere el Plan Urbano Ambiental que oportunamente eleváramos a consideración de esta Legislatura. Les solicito, señoras legisladoras y señores legisladores, su pronto tratamiento.
Señoras legisladoras y señores legisladores: cuando asumimos el gobierno, nos propusimos estar del lado de la gente. Dijimos que traíamos básicamente una nueva actitud hacia la política y una nueva actitud para gestionar. Nos propusimos hacer un gobierno innovador y flexible, capaz de dar respuestas rápidas y concretas a las necesidades de la gente.
Quiero decirles que hoy más que nunca, ante la crisis general, vamos a necesitar de esta actitud: estar del lado de la gente, ser innovadores y flexibles y dar respuestas rápidas y concretas.
La crisis nos ha obligado a formular nuevas prioridades y nuevos objetivos. No sólo porque está aumentando la exclusión social, no sólo porque cien personas por día caen bajo la línea de pobreza, no sólo porque tenemos un aumento de la desocupación y subocupación; hoy ya hay cerca de 400.000 personas con problemas de empleo. La crisis está golpeando a la mayoría de los vecinos de la ciudad. A los sectores medios los está dejando desprotegidos.
Nuestro programa siempre fue hacer una ciudad más democrática, más equitativa y más justa. No podemos aflojar ahora. La crisis no nos puede ganar porque, en épocas de prosperidad, hasta el más avaro se vuelve generoso. Pero los tiempos de pobreza, de desprotección y de incertidumbre son los que ponen a prueba nuestras convicciones.
Repito lo que dije antes: hay que dar más con menos. Tenemos que gobernar una ciudad amenazada por una caída del producto bruto, que puede llegar –si la crisis no se detiene– al 50 por ciento. Son circunstancias difíciles. Pero, fundamentalmente, son circunstancias injustas y humillantes para los más débiles. Tenemos que sacar fuerzas y ánimo de la injusticia y de la humillación para dar esta pelea. Porque vinimos para eso, y para eso nos quedamos: para pelearle a la injusticia. (Aplausos).
ANIBAL IBARRA

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