marzo 02, 2012

Mensaje del Presidente de Mexico, Lázaro Cárdenas, ante el Congreso de Mexico en la apertura de las sesiones ordinarias (1940)

Discurso ante el congreso de mexico, en la apertura de las sesiones ordinarias
Lázaro Cárdenas
[1 de Septiembre de 1940]

Honorable Congreso de la Unión:
Vengo ante la representación de la Soberanía Nacional para rendir el informe correspondiente al sexto y último año del actual período constitucional.
Por intensa que haya sido la labor desarrollada hacia la solución de los problemas fundamentales del país, sólo he cumplido la misión relativa que a los investidos con la más alta representación de la República les marca la Constitución Federal y me creo autorizado a declarar que en el cumplimiento de mi deber de gobernante hice todo lo que humanamente me fue posible en beneficio de la Nación. 
Al servicio de este anhelo el Gobierno no se ha considerado con derecho a imponer direcciones de su personal arbitrio; antes por el contrario, se ha vinculado voluntariamente, por convicción y por lealtad, al principio creador de la Revolución Mexicana, como obra nacional auténtica; y sobrevenida cada ocasión de traducir en formas concretas este imperativo, no ha seguido otra norma que la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo poder constituyente dejó marcados los objetivos y los métodos que integran el único modo de gobernar lícitamente a nuestro país.
Para garantizar las aspiraciones triunfantes del pueblo mexicano, de mejoramiento económico, de libertad espiritual y de independencia política, se expidieron las reformas fundamentales cristalizadas en la Constitución de 1917, de cuyos mandatos se derivan las nuevas responsabilidades del Estado en la dirección del país.
La reforma educacional, inspirada en el pensamiento de forjar una coherente y elevada conciencia colectiva, el deber de las autoridades de vigilar el ejercicio de la propiedad privada conforme al interés general y su cuidado por la conservación, fomento y distribución de la riqueza pública, la intervención eficaz para evitar las concentraciones económicas o especulaciones perjudiciales a la sociedad, la vigorización de nuestro sistema democrático por el sufragio directo y el reconocimiento de la autonomía municipal como base de división territorial y de su organización política y administrativa, la adopción definitiva del principio de no reelección para las autoridades municipales, estatales y federales, la amplitud de las garantías individuales y el respeto efectivo de la libre expresión del pensamiento, la obligación de intervenir en las relaciones de trabajo, la autoridad del poder público ante los antiguos fueros y privilegios de que disfrutaban las agrupaciones confesionales, la supremacía inviolable de la Constitución como suprema ley de la República, son otras tantas directivas políticas que se impone al Gobierno Constitucional:
Al subordinar el Ejecutivo su gestión pública a estos mandatos de ley y hacer que la Nación se desenvuelva dentro del orden y con el debido acatamiento a las autoridades legítimas, ha tenido sin duda que afectar intereses, prerrogativas y privilegios que se habían conservado intangibles.
Pero el Gobierno ha podido dominar toda resistencia apoyándose en la fuerza moral de las Instituciones, a las que deben adhesión y respeto los ciudadanos y extranjeros que aspiren a actuar dentro de normas superiores de convivencia legal y fuera de los regímenes arbitrarios y dictatoriales que son método de privación de las más elementales garantías humanas y de los más elevados derechos de los pueblos.
La esencia de las reformas orgánicas proclamadas a través de nuestra historia, según las exigencias de la época, ha sido, de una parte la plena realización de la personalidad humana y de otra, la transformación definitiva de las estructuras individualistas, basadas en la lasciva repartición de los bienes, en la esclavitud de las clases proletarias y en la desigualdad de oportunidades para los ciudadanos.
En el presente informe he considerado conveniente incluir, además de la labor del primero de septiembre de 1939 a la fecha, lo realizado durante el período de gobierno que me ha tocado el honor de presidir.
Pero sólo se recogen en él los datos generales que sirven a caracterizar nuestra gestión, dejando los detalles relativos a las memorias que cada dependencia federal ha rendido y que también se entregan, como anexos, al conocimiento de Vuestra Soberanía.
Un índice de la labor legislativa durante el período de la Administración actual se inserta en este informe, mediante relación de las leyes, decretos e iniciativas de mayor importancia.
1935
  • Ley de Amparo.
  • Ley de Indulto.
  • Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
  • Ley de Crédito Agrícola.
  • Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales.
  • Ley Orgánica del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales.
  • Código de Procedimientos Civiles y Penales.
  • Ley Orgánica de los artículos 102, 103 y 104 Constitucionales.
  • Ley Orgánica de la fracción I del artículo 27 constitucional.
  • Reformas a los artículos 43 y 45 constitucionales, creando nuevamente el Territorio de Quintana Roo.
  • Reformas a la Ley Monetaria de 25 de julio de 1931, por la que se retiraron de la circulación todas las monedas de plata con liga de 07.20 y se autorizó la expedición de billetes de banco.
  • Creación de los centros de maquinaria agrícola para alquilarla a ejidatarios y campesinos.
  • Creación del Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica.
  • Ley de Nacionalización de Bienes.
  • Reglamento de la Ley de Nacionalización de Bienes.
1936
  • Ley de Expropiación.
  • Ley de Jubilación para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo.
  • Reformas al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo. (Pago obligatorio del salario correspondiente al séptimo día).
  • Reformas al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo.
  • Ley General de Población.
  • Ley de Justicia Fiscal.
  • Decreto relativo al Empréstito de $ 5.500,000.00 de Dólares para obras de irrigación.
  • Decreto relativo al Empréstito de $ 50.000,000.00 para la construcción de vías férreas.
1937
  • Acuerdo expropiando los Ferrocarriles Nacionales de México. (junio 24).
  • Reformas al artículo 104 constitucional.
  • Decreto cambiando el nombre a la Secretaría de Guerra y Marina por el de
  • Secretaría de la Defensa Nacional. (Comenzó esta designación con fecha 1o. de noviembre).
  • Reformas al Código Penal, por lo que se refiere a delitos contra la salud.
  • Nueva Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales.
  • Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
  • Reformas al artículo 49 constitucional suspendiendo al Ejecutivo las facultades extraordinarias en todos los ramos.
  • Ley sobre Energía Eléctrica.
  • Ley de Amnistía.
  • Reformas al artículo 4o. de la Ley Forestal.
  • Reformas a la Ley del Impuesto sobre Explotación Forestal.
  • Empréstito de $ 15.000,000.00 para Bonos de Caminos de los E. U. M. (1937) y ampliación del citado empréstito por seis millones más.
  • Reformas al Reglamento de Higiene Industrial.
  • Ley de Inamovilidad del profesorado de Escuelas Secundarias.
  • Reformas al Código Civil, por lo que se refiere al reconocimiento de hijos naturales.
  • Derogación del artículo 69 de la Ley Forestal de 5 de abril de 1926.
  • Reformas al artículo 34 constitucional otorgando voto a la mujer.
(Este proyecto presentado por el Ejecutivo a la consideración del H. Congreso de la Unión, hasta la fecha no ha sido aprobado).
1938
  • Acuerdo expropiando las Compañías Petroleras. (Marzo 18).
  • Creación de la Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles.
  • Creación de las instituciones públicas Petróleos Mexicanos y Distribuidora de Petróleos Mexicanos.
  • Empréstito denominado Cooperación Nacional.
  • Reformas a la Ley del impuesto sobre la Renta.
  • Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados.
  • Expedición de Bonos de la Tesorería del Departamento del Distrito Federal.
  • Empréstito de veinte millones de pesos para Bonos de Caminos de los Estados Unidos  Mexicanos. (1938).
  • Reformas a la Ley General del Timbre.
  • Reformas y adiciones a la Ley General de Instituciones de Seguros.
  • Reformas a la Ley del Impuesto de Minería.
  • Ley del Impuesto al Algodón.
  • Reformas a la Ley del Impuesto sobre producción de Petróleo
  • Ley del Impuesto sobre Azúcar.
  • Campaña contra el paludismo, declarándola de utilidad pública.
  • Establecimiento del organismo público denominado Regulador del Mercado de las Subsistencias.
  • Ley del Impuesto sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Incristalizables.
  • Ley del Impuesto sobre Aguas Gaseosas y Minerales.
  • Reformas a la Ley del Impuesto sobre Producción e Introducción de la Energía Eléctrica.
  • Reformas a la Tarifa de Derechos de Importación y Exportación.
  • Ley del Impuesto sobre Explotación Forestal.
  • Ley sobre el Servicio Público de Aguas Potables para el Distrito Federal.
  • Ley sobre Industria Eléctrica.
  • Reformas a la fracción VII del artículo 27 constitucional. (Conflictos de límites de terrenos comunales).
  • Ley de Pensiones por Méritos Civiles o Heroicos.
  • Reformas al Código Penal, suprimiendo la pena de relegación.
  • Ley que establece el régimen de la Pesca Comercial y Deportiva en aguas territoriales mexicanas.
  • Ley de Indulto a los reos de los fueros militar y federal y a los del fuero común del Distrito y Territorios Federales.
  • Reformas a la ley del Impuesto sobre Aguamiel y productos de su Fermentación.
  • Franquicia fiscal a las cooperativas (exención de impuestos).
  • Reformas al Código Sanitario Federal.
  • Ley sobre Patrimonio de la Comisión de Fomento Minero.
  • Código Fiscal de la Federación.
  • Ley Federal de Estadística.
  • Creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
  • Ley del Impuesto sobre la Sal.
  • Ley creando un impuesto adicional sobre azúcar.
  • Ley del Impuesto sobre Consumo de Energía Eléctrica.
  • Reformas a la Ley Orgánica del Banco de México.
  • Reformas a la Ley Monetaria de los E. U. M.
  • Acuerdo Internacional celebrado por el Ejecutivo con el Gobierno de los E. U. A. sobre reclamaciones de ciudadanos norteamericanos por afectación de tierras.
  • Ley de la Industria Eléctrica.
  • Estatuto Jurídico de los Empleados al Servicio de los Poderes de la Unión. (El proyecto de esta Ley fue enviado al H. Congreso de la Unión en 1937, habiendo entrado en vigor el 5 de diciembre de 1938).
1939
  • Ampliación de la zona libre de Baja California y creación de la zona libre en el Estado de Sonora.
  • Reglamentación de los pagos por las expropiaciones de algunos bienes de la Comarca Lagunera.
  • Facultades al Ejecutivo para amortizar diversos valores de la Deuda Pública, que se encuentran en guarda en la Tesorería de la Federación.
  • Facultades al Ejecutivo para crear los Puertos Libres de Salina Cruz, Matías Romero, Puerto México y Topolobampo.
  • Reformas a la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación.
  • Creación de la Condecoración del Mérito Revolucionario.
  • Reformas y Adiciones a la Ley Aduanal.
  • Creación de la Orden Mexicana Maestro Altamirano y condecoración del mismo nombre.
  • Estatuto Legal de las Islas Marías.
  • Reformas y Adiciones a la Ley de Nacionalidad y Naturalización.
  • Modificaciones a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Armada Nacionales.
  • Autorización al Ejecutivo para emitir bonos por la cantidad de seis millones de pesos para la ejecución de obras públicas en el Distrito Federal.
  • Ley creando un fondo nacional de garantía para valores mobiliarios.
  • Creación del Impuesto de la Renta sobre el Superprovecho.
  • Empréstito de Bonos de Caminos de los E. U. M. (1940) por treinta millones de pesos.
  • Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales.
  • Reformas a la Ley del Impuesto sobre Consumo de Gasolina.
  • Franquicias Fiscales para Industrias nuevas en el país.
  • Militarización de la Policía Federal de Caminos.
  • Reformas y Adiciones al artículo 73 constitucional (Federalización de la Asistencia Pública.)
  • Creación del Patrimonio del Veterano de la Revolución.
  • Varias reformas y adiciones al Estatuto Jurídico.
  • Reformas a los artículos 74 y 85 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales (Ley de Amparo).
  • Reformas y adiciones al artículo 1915 del Código Civil del Distrito y Territorios Federales.
  • Reformas al artículo 224 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios Federales.
1940
  • Con fecha 19 de febrero del presente año se publicó la Ley de Vías Generales de Comunicación, enviada al H. Congreso de la Unión en el año de 1937.
  • Ley de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados de la Federación. Esta Ley se publicó con fecha 21 de febrero del año en curso, la que fue enviada al H. Congreso de la Unión en el año de 1938.
  • Ley Reglamentaria del artículo 3o. constitucional. Su publicación se hizo con fecha 3 de febrero del año en curso, proyecto que fue enviado al H. Congreso de la Unión en 1939.
  • Iniciativas y Leyes enviadas al H. Congreso de la Unión, durante el período extraordinario de sesiones que se inauguró el 25 de julio del presente año, a iniciativa del C. Presidente de la República y previa convocatoria expedida por la H. Comisión Permanente.
  • Ley del Servicio Militar.
  • Creación del Consejo Supremo de la Defensa Nacional.
  • Ley General de Instituciones de Fianzas.
  • Reformas al artículo 419 de la Ley Aduanal.
  • Ampliación del empréstito de los Bonos de Caminos de los E. U. M. (1940).
  • Reformas al artículo 73, fracción X de la Constitución General de la República (Federalización del Impuesto de Tabacos Labrados).
  • Reformas a la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados.
  • Derogación de los decretos que crearon la Distribuidora de Petróleos Mexicanos y la Administración General del Petróleo Nacional, creando únicamente la Institución Petróleos Mexicanos.
  • Ratificación del Convenio celebrado por el Ejecutivo Federal con la Consolidated Oil Corp., propietaria de la Sinclair Pierce Oil Co., S. A., de la Mexican Sinclair Pet. Corp. y de la Cía. Terminal de Lobos, S. A.
  • Ley de Caza de los E. U. M.
  • Nuevo Código Agrario.
  • Ley de Sanidad Fitopecuaria de los E. U. M.
  • Ley del Impuesto sobre Herencias y Legados para el Distrito y Territorios Federales.
  • Convención para el establecimiento de un Banco Interamericano.
  • Reformas al artículo 8o. de la Ley de Ingresos del Territorio Norte de la Baja California.
  • Ratificación de las erogaciones e inversiones efectuadas por el Ejecutivo hasta la fecha, con fondos del Impuesto Adicional sobre el Azúcar.
  • Autorización al Ejecutivo para enajenar los terrenos ganados al mar en Veracruz, Ver.
  • Reformas a la Ley del Banco de México.
  • Proyecto de Ley de Seguros Sociales.
Preocupación primordial del Gobierno ha sido velar por el mantenimiento de una situación monetaria saludable y adecuada a las necesidades generales de la producción económica.
El stock total circulante (billetes, moneda acuñada y depósitos bancarios) que en enero de 1935 ascendía a 538 millones de pesos, se elevó progresivamente durante el actual período hasta alcanzar la cifra de 930 millones en el mes de agosto del presente año.
La producción industrial del país, cuyo índice general ascendió, de 100 en 1935, a 120 para el segundo semestre de 1940, y el índice general de los precios, que fue de 94.5 en 1935 y ascendió a 130 en el primer semestre de 1940, indican que si bien ha habido un aumento de circulación en relación con las cifras correspondientes al año de 1935, este aumento no ha influido totalmente sobre los precios, sino que en parte fue absorbido por un aumento en la producción industrial.
Los índices de precios durante los años de 1938 a 1940, indican que el aumento de éstos se había detenido, puesto que para 1938 fue de 126.3, para 1939 de 127 y solamente durante los primeros meses de 1940 había subido a 130.
La misma atención que mereció el mantenimiento de una circulación adecuada, se concedió a la conservación de la Reserva Metálica del Banco de México para el sostenimiento de nuestra moneda.
Ya en 1935 se sentían en la Reserva los efectos benéficos de la fijación del tipo de cambio en la cifra de 3.60 y para enero de ese año la Reserva valía 27.3 millones de dólares, cifra que continuó aumentando constantemente hasta alcanzar un máximo de 51.2 millones de dólares en septiembre de 1936, en que comenzó a declinar por circunstancias de carácter exterior y debidas principalmente al abatimiento general de los precios en el mercado mundial.
Este descenso se agravó debido a causas artificiales e intencionadas, cuando se inició la resistencia de las compañías petroleras a la política obrera del Gobierno Federal, y nuestra Reserva continuó perdiendo valor a partir del mes de septiembre de 1937, hasta llegar a un mínimo de 21.4 millones de dólares en septiembre de 1938.
Para esta fecha fue necesario abandonar el tipo de cambio de 3.60 dejando que nuestro peso tomase su nivel natural y manteniendo al Banco de México alejado del mercado, como precaución para conservar el encaje metálico.
Los efectos de dicha política no dejaron de manifestarse en sentido favorable para los intereses del país, puesto que la Reserva principió a recuperarse cuando se tuvo un establecimiento del tipo de cambio alrededor de cinco por uno con respecto al dólar, que ha resultado ser, no obstante algunas oscilaciones no duraderas, el más apropiado dentro de las circunstancias especiales que se crearon para nuestro país.
La Reserva monetaria volvió a subir y está representada actualmente por una inversión de oro y divisas importando 31 millones de dólares.
El sistema bancario ha seguido robusteciéndose con la creación de nuevas instituciones de crédito y auxiliares, habiéndose otorgado concesiones para el establecimiento de bancos, sociedades financieras, uniones de crédito y otras instituciones, representando aquél un capital exhibido a mediados de este año de $ 248.454,000.00.
Las reclamaciones presentadas por propietarios y adquisición de otros bienes, han sido pagadas en efectivo y en pagarés la suma de $ 20.337,930.24, habiéndose cumplido puntualmente con los vencimientos respectivos.
Por reclamaciones de extranjeros por daños causados por la Revolución, de acuerdo con los convenios relativos, se liquidó la anualidad de 1940 correspondiente a los Gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, cuyo importe, sumado a los pagos hechos por este concepto durante los cinco años anteriores, hace un total de $ 14.460,416.83, habiéndose entregado, además, la suma de 15 millones de pesos al Grupo Sinclair, como indemnización por los bienes petroleros que le fueron expropiados.
Se hacen esfuerzos, además, para dejar planteadas las bases de arreglos definitivos, a fin de rehabilitar totalmente el crédito exterior, facilitando así la estrecha colaboración interamericana de créditos y movimiento de capitales, presentada en La Habana y que seguimos con interés especial.
Se ha procurado favorecer la importación de materias primas para las industrias productoras de artículos que en gran cantidad se consumen en el país, así como también la fabricación de productos industriales que aprovechan a la agricultura.
En cambio, se establecieron altas cuotas de exportación que permitieron organizar la venta exterior de ciertos productos, seleccionando su calidad y otorgando a su producción un subsidio cuando se estimó conveniente.
En octubre de 1939 se promulgó una ley suprimiendo el impuesto de exportación de capitales, medida que ha determinado junto con otras causas, una interesante inmigración de capitales extranjeros.
En diciembre de 1939 se publicó la Ley del Impuesto de la Renta sobre el superprovecho, estableciendo un nuevo gravamen para los contribuyentes con ingresos que excedan de $ 100,000.00 y utilidad superior al 15% sobre el capital contable, cuya recaudación en los primeros seis meses de este año excede a $ 12.000,000.00.
El Presupuesto de Egresos estimado del presente año es de $ 577.014,651.33, siendo el del sexenio de $ 2,742.645.870.70.
  • Poder Legislativo $ 44.766,461.01
  • Presidencia de la República  $ 9.232,170.47
  • Poder Judicial  $ 25.671,152.46
  • Gobernación  $ 30.287,310.19
  • Relaciones Exteriores $ 27.875,318.81
  • Hacienda y Crédito Público $ 256.728,475.80
  • Defensa Nacional $ 507.745,274.67
  • Agricultura y Fomento $ 213.027,524.50
  • Comunicaciones y Obras Públicas  $ 432.229,899.38
  • Economía Nacional  $ 57.898,326.59
  • Educación Pública  $ 363.272,406.87
  • Asistencia Pública  $ 57.048,332.95
  • Salubridad Pública  $ 84.316,993.05
  • Trabajo $ 11.515,173.90
  • Agrario $ 52.976,587.65
  • Forestal  $ 13.980,166.87
  • Asuntos Indígenas  $ 8.849,334.48
  • Educación Física $ 3.947,115.88
  • Prensa y Publicidad $ 9.666,378.41
  • Marina $ 18.521,126.37
  • Procuraduría General de la República  $ 7.656,739.46
  • Inversiones  $ 152.068,598.89
  • Deuda Pública $ 353.365,002.04
El importe de estos presupuestos se ha destinado a las obras y servicios que en seguida se detallan, así como a cubrir todos los gastos de administración.
Caminos: $ 219.741,107.25, que corresponden 72 al Presupuesto y 146 a Bonos, de los cuales hay redimidos 66
 (Concepto) / Bonos / Presupuesto
México-Guadalajara $ 55.431,820.11 $ 7.348,695.60
México-Acapulco $ 13.401,868.07 $ 1.267,802.82
México-Laredo $ 26.055,516.91 $ 964,850.00
Diversos $ 25.426,062.54 $ 2.902,720.80
En cooperación con los Estados  $ 21.999,921.07 $ 36.113,763.22
Conservación  $ 4.576,321.37 $ 24.251,764.74
 (Subtotal) $ 146.891,510.07 $ 72.849,597.18
Irrigación: $ 160.319,281.25.
El Palmito, Dgo. $ 21.812,756.31
Río San Juan, Presa El Azúcar, Tamps. $ 19.412,442.26
Río Yaqui y Presa "La Angostura", Son. $ 14.408,206.53
Obras del Valle de México $ 5.356,304.66
Don Martín, N. L.  $ 4.150,186.40
Morelia y Queréndaro, Mich. $ 4.128,380.66
Delicias, Chih.  $ 4.088,191.82
Tehuantepee, Nejapa y Las Pilas, Oax. $ 3.892,229.50
Presa Rodríguez, B. C.  $ 3.443,503.60
A. Obregón, S.L. P.  $ 3.136,094.80
Río San Juan, Gro.  $ 2.819,792.51
Chapala, Jal. y Michoacán  $ 2.772,966.62
Ciudad Juárez, Chih.  $ 2.717,883.20
Muichapan, Presa Madero, Hgo.  $ 2.647,416.62
Tarécuato, Mich.  $ 2.366,309.06
Culiacán, Sin.  $ 1.385,613.83
El Rodeo; Mor.  $ 1.245,501.36
La Antigua, Ver.  $ 1.170,414.38
Diversas obras de irrigación  $ 36.683,311.13
Maquinarias para diversos sistemas de riego $ 22.681,776.00
 (Subtotal) $ 160.319,281.25
Ferrocarriles: $ 91.174,256.98.
Ferrocarril del Sureste $ 52.045,692.84
Caltzontzin-Apatzingán  $ 22.120,457.80
Fuentes Brotantes-Punta Peñasco $ 9.147,750 .51
Ixcaquixtla-Chacahua  $ 7.710,355.83
Kansas City-México y Oriente $ 150,000.00
(Subtotal) $ 91.174,256.98
Abastecimiento de aguas potables a diversos poblados de la República: $ 6.611,139.98.
Saneamiento de varios puertos del Pacífico: $ 977,161.00.
Plantas eléctricas: $ 20.325,654.10
Con fondos del Presupuesto $ 11.105,654.10
Con fondos del 10 % del Impuesto sobre Consumo de Energía  $ 9.220,000.00
Construcciones militares $ 9.726,735.86
Hospital General Militar y campos militares  $ 9.726,735.86
Hospitales civiles, centros médicos y otras construcciones de Asistencia Pública: $ 6.289,352.92.
Construcción de escuelas: $ 16.677.439.54.
Obras marítimas: $ 28.366,441.87
Muelle de Progreso  $ 5.643,650.81
Escolleras de Tampico $ 3.921,677.69
Muelle de Mazatlán  $ 2.423,545.79
Muelle de Acapulco  $ 1.383,856.81
Servicio de dragado  $ 8.995,805.36
Diversas obras en muelles, malecones, etc. $ 5.997,905.41
Suprema Corte de Justicia $ 4.270,048.44
Construcción de edificios públicos distintos a escuelas. $ 10.605,665.36
 (Subtotal) $ 14.875,713.80
Obras hidráulicas $ 33.048,105.44
Valle de México  $ 20.819,461.27
Rectificación y defensa del Río Bravo $ 10.436,012.17
Río Suchiate  $ 1.000,000.00
Diversas obras  $ 792,632.00
Educación: $ 343.786,955.14.
Enseñanza primaria en el Distrito Federal  $ 77.361,465.78
Enseñanza primaria, rural foránea y Artículo 123. $ 143.4.14,548.74
Enseñanza agrícola y normal rural  $ 19.585,249.17
Enseñanza secundaria y obrera  $ 21.190,361.60
Enseñanza técnica superior  $ 40.009,339.16
Educación artística  $ 8.109,982.35
Educación militar $ 15.946,273.73
Subsidio a la Universidad Nacional y otros establecimientos de cultura superior $ 18.139,734.61
Campos experimentales, postas zootécnicas, campabas contra plagas, atenciones de coloulzación y demás servicios de organización, control y fomento de la producción agrícola y ganadera: $ 18.698,160.84.
Inversiones: $ 236.672,951.60.
Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A  $ 149.582,332.32
Banco Nacional de Crédito Agrícola $ 40.628,667.82
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas  $ 11.253,118.95
Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial.  $ 7.113,251.50
Banco Nacional de Comercio Exterior  $ 1.651,843.45
Crédito Popular  $ 1.000,000.00
Seguros de México, S. A. $ 600,000.00
Almacenes Generales de Depósito $ 561,000.00
Ingenio de Zacatepec $ 15.656,011.80
Diversos fideicomisos $ 6.626,725.76
Henequeneros de Yucatán $ 2.000,000.00
Previsión Social $ 57.405,760.04.
Auxilios a repatriados, campesinos e indigentes $ 4.463,085.70
Indemnizaciones por accidentes en el trabajo $ 314,418.36
Sostenimiento de establecimientos penales a cargo de la Federación $ 2.549,845.74
Diversos servicios a cargo de Salubridad y de Asistencia Pública $ 50.078,410.24
Subsidios a los Territorios Federales $ 8.659,958.36
Censos $ 6.052,227.60
Adquisiciones $ 162.183,711.10
Mobiliario $ 11.099,020.78
Instrumentos, aparatos y maquinaria para oficinas, construcciones, etc. $ 38.684,213.69
Vestuario y equipo militar  $ 33.873,264.59
Material y equipo ferroviario $ 1.339,614.26
Armamento $ 39.188,594.54
Embarcaciones militares $ 28.057,225.60
Embarcaciones, aeronaves, camiones, etc., para servicios civiles $ 6.723,339.11
Cables submarinos $ 1.347,516.66
Predios rústicos y urbanos $ 1.870,921.87
Deuda Pública: $ 353.365,002.04.
Los gastos que presentan las inversiones detalladas en el presente Informe, así como los egresos ordinarios del Presupuesto, se cubrieron con los ingresos normales del Erario y los deficientes ocurridos en los diferentes ejercicios anuales, se liquidaron usando del crédito del Gobierno Federal con el Banco de México.
El Gobierno ha llegado a usar de este crédito hasta la suma de $ 169.794,442.07, por lo cual quedan cubiertos principalmente los deficientes de presupuestos ordinarios de la Hacienda Pública, las inversiones extraordinarias que el Gobierno Federal hubo de hacer en obras públicas y los débitos de la Administración Nacional del Petróleo al Estado.
El adeudo total con el Banco de México está representado por el sobregiro de $ 118.179,926.01 que el H. Congreso autorizó al Gobierno Federal al aprobar las reformas a la Ley Orgánica de dicha Institución, de fecha 29 de diciembre de 1938, más el saldo de $ 51.614,516.06 más intereses, que de acuerdo con las previsiones de las mismas reformas ha quedado debidamente documentado en Certificados de Tesorería.
La cantidad arriba anotada representa un exceso de las posibilidades normales de la Hacienda Pública, pero si se compara su monto con el total de los ingresos manejados durante los seis años de la Administración, y se considera el incremento que ha resultado para el patrimonio nacional, como producto de las inversiones realizadas en materia de obras públicas y otros ramos, se apreciará como justificado el uso del crédito extraordinario del Gobierno Federal con el Banco de México.
En todo caso el crecimiento del gasto público y la consiguiente apelación al empréstito se justifica por la necesidad de acometer la ingente tarea constructiva de la Revolución en un país de gran riqueza potencial, pero que sólo puede ser hecha efectiva a costa de inversiones, obras y servicios de ejecución muy costosa.
El Gobierno ha desarrollado una política de revalorización de los productos del campo, ha corregido también en lo posible el castigo que a sus precios hacían los intermediarios, y sobre todo ha tratado de establecer un cierto orden racional de la producción que, limitando el exceso existente en algunas ramas, evitara el caso de explotaciones no costeables.
En cuanto a la industria de petróleo, la producción ha sufrido los efectos de la falta de algunos mercados que tuvo antes de la guerra y cierto desajuste de organización, corregido éste y adquiridos nuevos mercados que el Gobierno procura, es seguro que el coeficiente de producción podrá ser elevado en proporciones de importante volumen.
Por efecto de no haber cumplido los interesados las leyes que rigen en materia de concesiones petroleras, se han cancelado 218 títulos que amparaban una superficie de 4.209.205.9722 hectáreas habiéndose incorporado a las Reservas Petroleras Nacionales 3.797,418.0081 hectáreas.
Para el fomento de la industria minera la Administración actual simplificó los trámites de las concesiones, especialmente para gambusinos y pequeños mineros, proporcionó auxilios a éstos, estimuló los trabajos de explotación, conservó dentro de las reservas mineras nacionales, conforme a una prudente política, todos aquellos yacimientos que sean necesarios para asegurar la subsistencia y progreso de esta importante rama de nuestra producción, sin perjuicio de poner a disposición de la iniciativa privada las zonas mineras que sean susceptibles de exploraciones, haciendo así posible el descubrimiento de nuevas minas y la inmediata explotación de fundos.
En relación con este programa se creó la Comisión de Fomento Minero que con amplias facultades técnicas y financieras ha realizado importantes trabajos, dando preferencia al establecimiento de plantas de beneficio en distintas partes del país.
En la producción mineral se ha registrado aumento apreciable en el oro, disminución en la plata (ha consecuencia de la cambiante política de compras del Gobierno Americano, pero cuyos efectos perjudiciales sobre la industria de su extracción fueron compensados en lo posible mediante las oportunas medidas) variaciones constantes en el cobre, mejora en el plomo, importancia inusitada en el hierro y también en otros metales (molibdeno, tungsteno, bismuto, vanadio) antes no explotados y que desde 1934, comenzaron a serlo comercialmente con excelente signo por su aplicación a las industrias pesadas modernas.
La carencia de energía eléctrica en relación a la demanda creciente del consumo, especialmente con vista a la electrificación de diversas industrias, ha estimulado al Gobierno para seguir una política encaminada al aumento considerable de aquella producción a fin de suministrar la energía eléctrica a precios reducidos y ramificar su abastecimiento en todo el país.
Para lograr este último resultado ha sido reorganizada la Comisión Federal de Electricidad a la que además de las cantidades asignadas a los presupuestos se le ha destinado íntegramente para obras de electrificación el 10% sobre el consumo de energía.
Dicha Comisión ha realizado diversas obras y proyectos para la instalación de plantas de diversos lugares del país, entre ellas una importante en Ixtapantongo para la electrificación del Distrito Federal, cuyos trabajos están muy avanzados.
El Gobierno Federal, a través de la Nacional Financiera, S. A. y de la referida Comisión, ha adquirido diversas plantas eléctricas que vienen mejorando y ampliando el servicio a numerosos pueblos que carecían de corriente.
Por lo que toca a las industrias de transformación, el índice general de los seis años anteriores acusa una constante mejoría, pues de una cifra de 106.18 en 1934 se eleva a 144.61 en 1939.
Las obras emprendidas por el Gobierno Federal, que han demandado artículos de construcción y la ocupación de gran número de personas, han contribuido indirectamente a la industrialización del país, poniéndose en circulación valores económicos de indiscutible importancia.
Dentro de la política de industrialización, se han dictado disposiciones arancelarias cuyo propósito fundamental ha sido acelerar la creación o la ampliación de actividades manufactureras.
Cabe por último, hacer notar la buena acogida que se ha dado al decreto sobre exención de impuestos para estímulo de nuevas industrias, lo que significa confianza en el destino de las instituciones de México.
El Ejecutivo ha venido observando atentamente los fenómenos de producción, distribución y consumo de las subsistencias con el propósito de regular dichas actividades en forma que se facilite el abastecimiento de la población, teniéndose en cuenta de manera muy especial, la necesidad de estimular a los productores con precios remunerativos.
Que a su vez no agraven al consumo excesivamente.
La declaración de guerra en Europa a principios de septiembre de 1939 se interpretó desde luego como una causa que podría venir a agravar la situación general de precios altos que se había manifestado en el curso del año, y fue necesario tomar las medidas indispensables para detener esos efectos prohibiendo la exportación de los artículos fundamentales para la alimentación; así se previno que fueran a faltar en un momento dado y al mismo tiempo se independizaron los precios interiores de los que pudieran alcanzar en los mercados internacionales fuertemente influenciados por la demanda extraordinaria de los tiempos de guerra; y, también, se adoptaron otras medidas circunstanciales con propósito de corregir cierto aumento momentáneo en los precios de aquellos artículos.
En el año precedente, se han construido por la Federación, en carreteras, 171 kilómetros de terracerías, 299 kilómetros de revestimientos y 515 kilómetros de petrolización, además de grandes puentes y otras obras de arte de indiscutible importancia.
En cooperación con los Estados se han construido 505 kilómetros de terracería, 243 kilómetros de revestimiento y 225 kilómetros de petrolización.
También en el orden de las comunicaciones ferroviarias, la actual Administración ha llevado a cabo un serio esfuerzo, emprendiendo la construcción de las líneas férreas de Ixcaquixtla a Petlalcingo, Pue., con 74 kilómetros, ya en explotación: de Caltzontzin a Apatzingán, con una extensión de 127 kilómetros, y que quedará concluida antes de finalizar el presente año; el Ferrocarril del Sureste, que en este mismo año, habrá terminado de tender vía de Campeche a Boca del Cerro, Tabasco, con una extensión de 342 kilómetros, y 60 kilómetros, a partir de Puerto México, teniendo concluidos además, 100 kilómetros de terracerías, de la propia línea al Sureste, y el Ferrocarril de Fuentes Brotantes- Punta Peñasco, con una extensión de 172 kilómetros, inaugurado el 5 de Mayo del corriente año. Además, se adquirió en condiciones muy favorables, el Ferrocarril de Kansas City, México y Oriente, con una extensión de 510 kilómetros, con el propósito de terminar el tramo intermedio faltante, a fin de tener acceso al Puerto de Topolobampo.
En el sexenio de 1934 a 1940, se han hecho localizaciones de caminos en 1,564 kilómetros; terracerías en 959 kilómetros; revestimientos en 1,546 y petrolización en 2,008 kilómetros en la red nacional, y en cooperación con los Estados, se ejecutaron 7,044 kilómetros de localización; 4,595 de terracerías; 4,927 de revestimientos y 1,436 kilómetros de petrolización.
En cuanto a las vías marítimas, se ha hecho con regularidad del tráfico con el extranjero, exceptuando a Europa a causa de la situación de guerra.
Es de notar que el material flotante ha tenido un aumento considerable.
Y el Departamento de la Marina Nacional que de conformidad con las razones expuestas en mi Informe del pasado año fue creado, comenzó a funcionar el primero de mayo último y aparte de la atención que presta a sus diversos servicios, se ocupa de mejorar las condiciones de la marina en general.
Por su parte las comunicaciones aéreas han venido registrando un aumento considerable.
Razones evidentes que miran al progreso de nuestro país en todos los órdenes, aconsejaron a la actual Administración una intensa política que, dentro de las obligadas limitaciones de la situación financiera, vaya encaminado a abrir coordinadamente el mayor número posible de vías de comunicación y a cuidar los servicios de los distintos medios de transporte.
Grande es la carga que ello representa para el Erario Público.
Pero mucho mayor ha de ser el beneficio que se obtenga en el país, no sólo en el aspecto económico consiguiente al acercamiento entre los sitios de producción y los mercados de consumo, sino también en el orden de la cultura al cancelar el aislamiento de algunas comarcas de nuestro gran territorio que han padecido muy gravemente su incomunicación con los centros nacionales de actividad superior.
Las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, especialmente las radiofónicas han mejorado mucho, pero también han hecho más apremiante la aspiración de lograr una red completa de comunicaciones directas.
Al iniciarse el presente período constitucional de 1934 a 1940, estaba vigente el Código Agrario expedido en marzo de 1934.
La experiencia recogida en los años del actual Gobierno y las observaciones hechas al aplicar la Ley Agraria en la Comarca Lagunera, en las Penínsulas de Yucatán y la Baja California, El Yaqui, Los Mochis, El Soconusco, Lombardía y Nueva Italia, aconsejaron dictar al Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el H. Congreso de la Unión, las reformas de agosto de 1937.
Permitían éstas, en las resoluciones por conjuntos, ampliar los radios de afectación e incluir a los núcleos que no hubieren solicitado ejidos; dotar a los peones acasillados que carecían de ese derecho hasta entonces; precisar qué fraccionamientos deben considerarse como simulados; ampliar ejidos sin más restricciones que el respeto a la pequeña propiedad y fijar normas generales para la organización ejidal.
En marzo del mismo año se adicionó, además, el Código Agrario permitiéndose el otorgamiento de inafectabilidades ganaderas por veinticinco años en zonas en las que no existan problemas de dotaciones ejidales.
Y una necesidad de buen método legislativo, decidió al Ejecutivo a iniciar la expedición de un nuevo Código Agrario que diera sistema a los preceptos subsistentes del anterior y todas las reformas y acuerdos posteriores.
Las reformas fundamentales que el proyecto de nuevo Código incluye, van encaminadas a facilitar la distribución de la tierra y la mejor organización del ejido; aclarar los preceptos que organizan la propiedad inafectable, sin disminuir el límite fijado para ello, pues si bien las leyes anteriores señalaban una propiedad inafectable de 150 hectáreas de riego o sus equivalentes, también establecieron que ese límite podría reducirse hasta 100 cuando hubiera necesidades por satisfacer, lo que, durante el actual período constitucional produjo, por el ritmo de las afectaciones de tierras, que quedaran reducidas a esas 100 hectáreas de riego todas las propiedades inafectables; ratificar los derechos de los trabajadores asalariados del campo; permitir que el Gobierno pueda disponer de los excedentes de los volúmenes de aguas restituidos que no utilicen los núcleos beneficiados; fijar las condiciones de acuerdo con las cuales se respetarán los fraccionamientos de fincas afectables; autorizar el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales; substituir, en la terminología legal, la palabra parcela por unidad normal de dotación, en virtud de que no se llega a la primera sino mediante el fraccionamiento del ejido, el cual, no debe efectuarse en algunos casos, por las condiciones peculiares de la tierra o por no ser conveniente para alcanzar un mejor nivel económico; reglamentar el funcionamiento de la parcela escolar; incluir en las dotaciones las superficies para fundos legales y los caseríos ocupados por los campesinos beneficiados; aumentar las unidades de dotación a las tribus indígenas y para nuevos centros de población; acomodar excedentes no dotados en las tierras vacantes de los ejidos antes de proceder a formar nuevos centros de población; conferir la organización ejidal a la Secretaría de Agricultura y Fomento, la que puede delegarla en organismos descentralizados de Estado, semejantes al Banco Nacional de Crédito Ejidal; capacitar a las Asambleas Generales de Ejidatarios para el manejo de los fondos de la comunidad, mediante depósito en el Banco Ejidal; y, por último, organizar correctamente la titulación y la resolución de los conflictos de los bienes comunales, que se encuentran en manos de indígenas y que no habían sido reglamentados hasta ahora, pudiendo optar por el régimen ejidal para recibir los beneficios del crédito de Estado.
Los anteriores conceptos fueron analizados en la exposición de motivos que el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión con el proyecto de ley recientemente aprobado.
De la autenticidad de este sistema de preceptos es testimonio eficiente la política ejidal concretamente realizada por el Gobierno.
Ejidos definitivos otorgados del 1o. de septiembre de 1939 al último de agosto de 1940: 1,799 posesiones, beneficiándose a 101,359 campesinos con 1.964,770 hectáreas.
Ejidos otorgados del 1 de diciembre de 1934 al 31 de agosto de 1940: 10,651 posesiones, beneficiándose a 1.020,594 campesinos con 18.352,275 hectáreas.
El número de ejidos existentes a la fecha es de 15,000, con 25.324,568 hectáreas que benefician a 1.442,893 campesinos.
En la actualidad se encuentran pendientes de resolución 9,868 solicitudes de primera dotación y 5,133 solicitudes de ampliación.
La Reforma Agraria en México no es, en resumen, sino uno de los necesarios aspectos de la integración nacional; obedece a la inaplazable exigencia de dar una base de sustentación económica casi a las tres cuartas partes de la población activa, siguiendo el ritmo evolutivo que debe llevarnos a transformar la agricultura extensiva, rudimentaria, de tracción animal y de resultados aleatorios, en agricultura intensiva y técnica, con mayor vinculación a la vida económica general y en contacto estrecho con los centros de consumo del país y del extranjero.
En servicio de esta idea la Secretaría del Ramo además de los elementos técnicos e implementos modernos que está empleando para impulsar la agricultura, ha venido creando escuelas vocacionales en diferentes partes del país, que deberán aumentarse para preparar debidamente a la juventud campesina a fin de mejorar los cultivos de la tierra.
La Comisión Nacional respectiva, ha atendido con especial interés, los problemas relativos a la irrigación, ya que es de sobre sabido que nuestra economía agrícola, jamás podrá cimentarse mientras carezcan de sistemas de riego que contrarresten lo aleatorio de las precipitaciones pluviales.
Durante el actual período presidencial se realizaron trabajos en 57 obras de irrigación de grande, mediana y pequeña importancia, cuya descripción detallada y características fundamentales constan en la memoria respectiva de la Secretaría de Agricultura y Fomento.
De las tres grandes obras, la Cortina de la Presa de La Angostura quedará terminada dentro del actual período de Gobierno; la de El Palmito quedará avanzada hasta un 57% y la de El Azúcar hasta un 65%.
Entre las de mediana importancia quedaron terminadas las Presas de Cointzio, Madero, Obregón, La Antigua, Las Pilas, Santa Rosa, Tarecuato y El Rodeo, así como la Presa Rodríguez de la Baja California, iniciada por administraciones anteriores.
El resto de las obras de mediana importancia quedó avanzado hasta un 35% aproximadamente en su conjunto.
De las obras de Pequeña Irrigación, se terminaron 17 y el resto quedó avanzado en un 58%.
Se hicieron 72 estudios para presas de almacenamiento y derivación, canales, plantas hidroeléctricas y otros aprovechamientos de los recursos hidráulicos del país.
Complemento de este programa ha sido la protección a los bosques y la forestación que se ha venido realizando en diferentes partes de la República.
Se han venido haciendo efectivos los preceptos del decreto de 2 de agosto de 1923, y así, durante el sexenio de la actual administración se colonizaron en pequeña propiedad 1.712,793 hectáreas de terrenos nacionales.
Por reconocimiento de derechos de propiedad, durante el mismo sexenio se han expedido títulos que amparan 705,349 hectáreas.
Los terrenos deslindados que han vuelto al dominio de la Nación por haber sido declaradas legalmente nulas onerosas concesiones, asciende a 4.522,832 hectáreas, de las cuales 907,658 fueron reivindicadas el año último, estando localizadas en los Estados de Campeche, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Baja California.
En el mismo período se hizo el estudio de 18 concesiones que amparan una superficie de 3.360,068 hectáreas por si fuera procedente declarar su nulidad.
En la memoria anexa figura detalladamente la importante e intensa labor desarrollada por esta Secretaría.
El crecimiento acelerado de la ciudad de México que en los últimos veinte años ha doblado población, de 767,519 habitantes a 1.451,616, ha traído consigo problemas que el Departamento del Distrito ha venido atendiendo, trazando planes unos ya terminados y otros en parte iniciados cuya ejecución significa una importante mejora.
La política de esta Dependencia, es lograr el saneamiento de toda la ciudad y de sus delegaciones para asegurar así la vida y progreso de su población.
La apertura de nuevas avenidas, pavimentación de calzadas, carreteras a las delegaciones, obras de forestación, dotación de agua potable, escuelas y servicios médicos, han sido parte del amplio programa que dicha dependencia ha venido ejecutando y que aparece con todo detalle en las memorias respectivas.
El presupuesto del presente año del propio Departamento, ascendió a $ 63.603,396.48 con un total en el sexenio de $ 327.468,463.41.
De esta cantidad se destinó a construcciones y obras de saneamiento la suma de $ 74.271,885.43.
Cumpliendo preceptos de la Constitución el Gobierno ha procedido a la reforma educativa. Se ha procurado guardar el respeto al fuero de la conciencia individual.
Las nuevas normas buscan que la educación se oriente en el sentido de estudiar los problemas que afectan a la comunidad, forma hábitos de trabajo y cooperación, crear el concepto de responsabilidad y disciplina sociales y plasmar en los educandos una actitud solidaria con todos los componentes de la sociedad mexicana, entre ellos, las masas productoras.
El analfabetismo, que es uno de los males mayores que han impedido el desarrollo orgánico de la sociedad mexicana y que deber ser esencialmente combatido hasta extirparlo, ha venido reduciéndose gradualmente en relación a los esfuerzos realizados por las administraciones revolucionarias.
Así, en 1910, la proporción de analfabetos en la República era de 70%, en tanto que en 1934 fue el 50%.
En 1940 se ha reducido al 45%.
El número de alumnos inscritos en las escuelas primarias ha aumentado de 1.419,000 en el año de 1934 a 1.800,000 en 1939.
La demanda de escuelas rurales ante el vigoroso despertar de la conciencia campesina, consecuencia de la política agraria, está muy lejos aún de quedar satisfecha con el funcionamiento actual de 16,545 planteles educativos, de los cuales 13,020 sostiene la Federación, 2,406 los Gobiernos de los Estados y 1,189 las empresas particulares, en cumplimiento de los artículos 3o. y 123 constitucionales.
La educación secundaria queda mejor definida como un servicio en favor de los adolescentes, tanto para explorar la vocación como para ampliar en general su cultura.
No sólo se ensancha la acción del ramo en ese sentido, sino que se acentúa la tendencia pre-vocacional, creando al efecto los medios de realización favorables, así como destinando nuevas escuelas secundarias al servicio exclusivo de los hijos de los obreros.
De esta manera los alumnos obteniendo la preparación técnica que los capacita para la transformación y utilización de los recursos naturales, incorporándolos así en el progreso económico industrial del país.
Para cumplir con una de las tareas imperativas de la Revolución, fue creado en 1937, el Instituto Politécnico Nacional, donde el alumnado, además de aprender artes y oficios, estudia carreras profesionales y subprofesionales, se capacitan técnica y biológicamente para intervenir en el proceso de producción y se forman especialistas en distintas ramas de investigación científica y técnica llamados a impulsar la economía del país mediante una explotación metódica de nuestra riqueza potencial.
No obstante que como consecuencia de la Ley de octubre de 1933, la Universidad Nacional de México cesó de funcionar como organismo oficial encargado de impartir la cultura superior, convirtiéndose en institución autónoma, el Gobierno Federal ha cooperado a su sostenimiento mediante subvenciones periódicas que es de suponer seguirán aumentando anualmente.
También han recibido subvenciones anuales de Universidad Obrera de México y otros institutos de educación en distintos Estados de la República.
El conocimiento directo de las duras condiciones de vida de nuestra población indígena alejada de los beneficios de la civilización, sumidos en la más absoluta pobreza y formando, en muchos casos, grupos impenetrables en completo apartamiento del progreso del país; y la consideración de que habían venido siendo bien escasos los resultados de la acción del Gobierno respecto al mejoramiento de dicha población, decidieron la creación del Departamento de Asuntos Indígenas como órgano específico que examine sus problemas y busque la manera más adecuada para solucionarlos, especialmente los que se derivan de su situación de miseria y de aislamiento.
Acentuada contra la raza indígena la opresión política y mantenida en un plano de depresión económica, sus individuos hubieron de refugiarse en el aislamiento que les permitían las condiciones geográficas y en el silencio a que los condenaba su situación de incomprendidos.
No ha sido, pues, por incapacidad orgánica ni por ineludible fatalismo por lo que muchos núcleos indígenas se conservaron substraídos en sus montañas y en las regiones costeras insalubres.
Fue el régimen de opresión y el desconocimiento de los valores humanos.
La Colonia encubrió la crueldad efectiva de la servidumbre con la fórmula protectora de las encomiendas; la República creyó asegurar la redención del indígena otorgándole nominales derechos y fórmulas de libertad; pero nada se hizo por la liberación económica y educativa y así continuó siendo carne de explotación.
La Revolución ha proclamado como procedente la incorporación de la cultura universal al indígena; esto es, el desarrollo pleno de todas las potencias y facultades naturales de la raza, el mejoramiento y facultades naturales de la raza, el mejoramiento de sus condiciones de vida, agregando a sus recursos de subsistencia y de trabajo, todos los implementos de la técnica, de la ciencia y del arte, pero siempre sobre la base de la personalidad racial y el respeto de su conciencia y de su entidad.
El programa de emancipación del indígena es, en esencia, el de la emancipación del proletariado de cualquier país, pero sin olvidar las condiciones especiales de su clima, de sus antecedentes y de sus necesidades, que le dan una peculiar fisonomía.
Como expresé en reciente ocasión, Nuestro problema indígena no está en conservar indio al indio, ni en indigenizar a México, sino en mexicanizar al indio.
Respetando su sangre, captando su emoción, su cariño a la tierra y su inquebrantable tenacidad, se habrá enraizado más el sentimiento nacional y enriquecido con virtudes morales que fortalecerán el espíritu patrio, afirmando la personalidad de México.
No es exacto que el indígena sea refractario a su mejoramiento, ni indiferente al progreso.
Si frecuentemente no exterioriza su alegría ni su pena, ocultando como una esfinge el secreto de sus emociones, es que está acostumbrado al olvido en que se le ha tenido; cultiva campos que no compensan su esfuerzo; mueve telares que no lo visten; construye obras que no mejoran sus condiciones de vida; derroca dictaduras para que sus nuevos explotadores se sucedan y como para él sólo es realidad la miseria y la opresión, asume una actitud de aparente indiferencia y de justificada desconfianza.
Pero, cuando una política perseverante ha logrado borrar el abismo de incomprensiones y ha podido inspirarles confianza, y cuando llegan a tener la convicción de que las autoridades ejercen el poder como medio para su liberación, entonces corresponden con entusiasmo, con tenacidad y lealtad inquebrantables.
México cuenta entre sus más preciadas conquistas, la muy valiosa de haber logrado despertar en la población indígena un verdadero sentido de superación, y puede señalarse como el mejor indicio de su intensa voluntad de progreso, el extraordinario empeño que se manifiesta en cada pueblo por instruirse, edificar sus propias escuelas y atender a los maestros como amigos, compañeros de trabajo y conductores espirituales, y su participación en la apertura de comunicaciones y demás servicios que ayuden a su mejoramiento.
Y esta inquietud fecunda debe ser comprendida en todas partes.
Porque de lograrse implantar una política benéfica para todas las clases indígenas se llegará por este camino a fortalecer a una gran mayoría convirtiéndola en ciudadanos útiles, al mismo tiempo que se podrán abolir las diferencias de castas de clases; se desarrollarán con más eficacia las energías productivas; se acabarán los rezagos del feudalismo que han subsistido a pesar de las luchas emancipadoras, y se alcanzará en definitiva la unidad política y social que constituye la base de una organización verdaderamente nacional que haga posible una efectiva solidaridad interamericana.
El Departamento de Asuntos Indígenas está llevando a cabo un amplio programa educativo y de organización que de seguirse atendiendo, pronto se harán sentir los beneficios en el seno de las comunidades indígenas del país.
No desmerece el esfuerzo hecho por la actual Administración en el empeño de proteger la salud de sus habitantes, colaborando en la elevación del tipo de vida en la higiene de las habitaciones, en la pureza de los comestibles, en la limpieza de los rastros, en la provisión de aguas potables, en los sistemas de saneamiento, en los pavimentos, en la desecación de charcas y pantanos, en la multiplicación de jardines, en la persecución del alcoholismo, etc., etc., se ha realizado una amplia y profunda labor sanitaria que se traducirá en mejoramiento de la raza y conservación de nuestros valores humanos.
Dentro de una amplia concepción del problema, el Gobierno Federal ha contribuido por sus diversas dependencias tanto cuanto le han permitido sus recursos, y concretamente a través del Departamento de Salubridad, durante el sexenio destinó más de ochenta millones, al sostenimiento de servicios sanitarios y médico-sociales.
Los servicios de Medicina Social e Higiene Rural, iniciados en 1936, son erogados por el Gobierno Federal y por los campesinos, quienes reciben atención médica preventiva y curativa.
Durante los seis años, se ha dotado de agua potable a 337 pueblos.
En el mismo período esta Administración ha ejecutado como obras sanitarias, hospitales, centros de higiene, estaciones de cuarentena y otras de importancia.
Además de las Oficinas Técnicas Generales y de las Centrales de Aplicación, el número de instituciones que desarrollan actividades sanitarias y médico-sociales en el territorio nacional, que en 1934 fue de 182, llega a 698 en 1940, de las que 108 son destinadas a servicios de medicina social e higiene rural.
Los progresos realizados en el campo de la salubridad y de la medicina preventiva se expresan en las siguientes cifras que dan una idea parcial de la obra realizada; mientras que en el primer decenio del siglo la mortalidad general llegó hasta 40 por millar de habitantes, en 1939 bajó a 21.9.
El coeficiente de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias que en 1934 era de 650 por cien mil habitantes, en 1939 descendió a 500.
En el sexenio que ahora termina sufrió una transformación completa el concepto, la finalidad y los métodos de la asistencia social, y la cantidad de los servicios relativos tuvo importantes aumentos.
Anteriormente no se consideraba la asistencia como parte importante de la acción federal, sino que estaba atendida por los Gobiernos Locales y por las Beneficencias Públicas y Privadas.
La Beneficencia Pública del Distrito Federal en 1934 atendía a los desvalidos para satisfacerlos en sus necesidades más imperiosas y estrictamente vitales considerando que todo lo que a ello excediera, significaba un lujo.
Los motivos y los fines de la Beneficencia eran la solidaridad y la defensa pública contra la miseria, carga económica para la sociedad y peligro de desintegración social.
A principios de 1937 se consideró que la Beneficencia debía evitar las causas de debilidad social que presentan algunos individuos, pugnando por reincorporarlos a la producción, creándose para tal fin un organismo de Terapia Social.
En 1938 se creó la Secretaría de la Asistencia Pública considerando la Asistencia como una obligación del Estado, que comprende no sólo la satisfacción de las necesidades primordiales de los individuos socialmente débiles, sino también el esfuerzo por hacer de ellos factores útiles a la colectividad en bien de los intereses generales del país.
También se consideró como parte de la Asistencia Pública la atención integral a las madres y a los niños menores de seis años aunque no fueran menesterosos.
Se extendieron las labores a toda la República directamente o por intermedio de las coordinaciones con los Estados.
Y se estableció la vigilancia, con la mira de orientarlas debidamente y además ajustar las beneficencias privadas a la voluntad de los fundadores.
Una vez establecida la Secretaría por la reunión de la Beneficencia Pública y Privada del Distrito Federal con el Departamento Autónomo de Asistencia Infantil, creado en 1937, se trabajó en determinar, de acuerdo con la realidad mexicana el concepto, fin y medios que debería adoptar aquélla en su función específica dentro de la acción general.
Se consideró que la asistencia social, bien sea de carácter médico, higiénico, educativo o de cualquiera otra naturaleza tiene por objeto hacer que los niños se desarrollen con el mayor vigor que sea posible, a fin de prevenir en ellos la aparición de debilidad social o económica, en los casos donde se ha prestado esta debilidad, tratar de corregirla, procurando revalorizar al adolescente, al adulto y aún al anciano, para que lleguen a ser en lo posible elementos activos de la producción y obtengan con qué satisfacer sus necesidades.
En esta forma contribuye la Asistencia Pública a ampliar las bases económicas y sociales que necesita la Revolución para realizar plenamente su finalidad humanista de mejorar y ennoblecer la vida de su población.
De acuerdo con estas orientaciones se formó en 1939 un Programa General de labores, cuyas realizaciones concretas figuran en la memoria respectiva.
La uniformidad administrativa en la interpretación de la legislación de trabajo a cargo de la Oficina Jurídica, la Oficina de Inspección por medio de sus funciones ya adscritos a las diferentes zonas de la República en las que intervienen no sólo como órganos de fiscalización sino también como elementos conciliadores, la Oficina de Asociaciones procurando transformar los sindicatos de empresas en sindicatos de industria, la unificación de las fórmulas contractuales en cada una de las ramas industriales, eficazmente trabajada por la Oficina de Convenciones, el celo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tendrá al corriente el despacho de sus asuntos al terminar el período de administración actual y los laudos arbitrales pronunciados por el Jefe del Departamento y por el Jefe de Procuradores del Trabajo, han dado al conjunto orgánico de este servicio efectos muy provechosos no solamente en la solución de los conflictos planteados, sino también, lo que es acaso más importante, en la evitación de numerosas diferencias abocadas a estallar.
Y es en relación a este último particular que me satisface decir a la Representación Nacional que se han obtenido los más plausibles resultados en numerosas ocasiones, acudiendo a vías persuasivas y conciliatorias; por lo que es de justicia que el Ejecutivo de mi cargo reconozca, como lo hace, la encomiable voluntad manifestada en tales casos por las partes en pugna para solucionar sus dificultades, sin aparatosa propaganda de sus respectivos puntos de vista.
Y es tanto más importante insistir sobre este aspecto de la Administración, por el ambiente callado en que se consuma y en virtud de lo que pasa inadvertido para el país.
No es que deje de haber conflictos; los hay, como en todas partes, por obra de naturales choques de intereses; pero en primer lugar, tienden a reducirse aquellos, y, en segundo -lo que es más reconfortante para el pensamiento revolucionario-, su solución exenta de violencias denota que ha ido penetrando, en quienes se resistían a admitirlo, el hondo sentido humano de nuestra legislación del Trabajo.
El país fue testigo de cómo el Ejecutivo Federal encaminó a los trabajadores hacia la obtención efectiva de cuanto la Ley les otorga; así como del apoyo a las demandas legítimas de aquéllos hasta hacer el respeto a la misma situación orgánica, y por eso ahora, también, testifica la nación los propósitos y los actos del Gobierno para que ese logro de derechos corresponda una fecunda comprensión y realización de deberes, como medio estabilizador no sólo de los intereses económicos, que redundan en prosperidad material, sino también de los altos intereses del espíritu humano, que significan entendimiento, cooperación y justicia para tranquilidad y grandeza de la Patria.
Es así como en los casos concretos de los trabajadores del Petróleo y de las Líneas Nacionales, el Ejecutivo les ha hecho ver las responsabilidades que tienen contraídas con la Nación, a la vez que ha tomado los dispositivos necesarios para poder hacerlas efectivas, previniendo que la lenidad, el disimulo y hasta la franca esquivez a obligaciones indeclinables perjudiquen a toda una colectividad, que siempre tendrá derecho a que sus intereses legítimos prevalezcan sobre los intereses de grupo.
En ningún caso el Gobierno ha intervenido en la organización sindical para influir en la designación de sus gestores y representativos, sino que por el contrario ha respetado enteramente la libre esfera de la competencia interna que la ley garantiza a las sociedades obreras, sin duda por entender justificadamente que el Estado debe abstenerse de toda intromisión en la vida orgánica de las mismas.
El Gobierno manifiesta, además, que no hubiera querido dejar pasar la etapa de su administración sin haber promovido la iniciativa de la Ley sobre Seguro Social cuya presencia en nuestro sistema de instituciones se hace inaplazable.
Al efecto, fue sometido a la consideración de las Cámaras Legisladoras el proyecto correspondiente.
De este modo, la Administración a mi cargo considera completar su obra en el aspecto del trabajo, vigilado con igual solicitud el ejercicio del derecho y el cumplimiento del deber.
No quiere el Gobierno dejar sin la debida mención el hecho de que durante la etapa de su mando ha procurado desarraigar de la vida social formas peligrosas de esparcimiento. Así ha mantenido con toda firmeza la prohibición del juego.
Y ha buscado también por medios directos e indirectos evitar la degeneración cierta que el alcoholismo provoca en la salud física y moral.
Las especiales condiciones que han prevalecido en el mundo durante los seis años de Gobierno, han dado ocasión a que se precise y concrete el criterio de México en materia internacional.
Aun cuando nuestro país forma parte de la comunidad organizada de las naciones y mantiene con ellas, en general, las relaciones más estrechas sin que desde el punto de vista legal se establezca diferencias, es lo cierto que la proximidad geográfica, la solidaridad económica y la similitud de instituciones, determinan para México una línea de conducta de mayor acercamiento con los países del Continente Americano.
No quiere decir esto que el Gobierno haya permanecido indiferente ante los dramáticos problemas que han venido sacudiendo al Viejo Mundo; y así, en todo caso de agresión o violencia internacional ha proclamado las tesis de absoluto respeto a la soberanía de los Estados, de la colaboración internacional y de la estricta neutralidad, afirmando siempre los ideales de paz y justicia como norma del intercambio entre los pueblos, y en consecuencia, el propósito de no reconocer conquistas armadas ni gobiernos emanados de la violencia.
Como prenda de la sinceridad con que México profesa estas convicciones, cabe ofrecer la actitud firme y leal que se ha observado dentro de la Sociedad de las Naciones, en cuyo colapso ninguna responsabilidad, ni aún la del silencio, incumbe a nuestro país.
Y si a la hora actual podríamos considerarnos desligados, jurídica y moralmente, de los compromisos contraídos en defensa de la seguridad colectiva, ello se debería tan sólo a la fuerza de los hechos de descomposición internacional que la Asamblea de Ginebra no ha podido contener.
A pesar de esta realidad innegable, el Gobierno se mantiene dentro de la organización ginebrina más que por la realidad que significa, por el ideal noble que aspiró a representar.
Fiel a los propósitos que ha mantenido el Gobierno de Contribuir lealmente a la obra de solidaridad interamericana, aceptó la invitación recibida para concurrir en la ciudad de La Habana a la Reunión de Secretarios de Relaciones o de sus representantes.
El objeto fundamental de la reunión consistió en considerar y aprobar las medidas de emergencia que para la defensa continental demanda el estado de guerra existente en Europa.
Con excepción del asunto de las colonias que ha sido materia de Tratado, todos los demás acuerdos de la Conferencia tuvieron el carácter de resoluciones y recomendaciones, orientadas a las siguientes finalidades:
  • Evitar las actividades de extranjeros o dirigidas por países extranjeros, encaminadas a subvertir las instituciones democráticas que constituyen la forma de Gobierno escogida por las Repúblicas Americanas;
  • Fijar bases generales para una estrecha cooperación económica continental con el objeto de reducir o eliminar los daños que de momento origina la supresión de importantes mercados para los artículos que produce nuestro Continente y procurar para el futuro una organización sobre normas duraderas para un intercambio comercial y de cooperación financiera, en beneficio de todos los países americanos, bien entendido que las recomendaciones aprobadas a este respecto no excluyen, y México hizo especial hincapié en ello, el intercambio comercial de los países americanos con otros extraños al Continente.
  • Formalizar el principio de que los territorios comprendidos dentro del radio de defensa del Continente, que se hallan actualmente bajo la jurisdicción de países no americanos, no pueden ser transferido a otro país no americano, considerando que es de interés común para nuestras repúblicas establecer un sistema que garantice la participación de todas en el arreglo de esta cuestión.
Me es grato manifestar que nuestra representación no suscribió compromiso alguno que no figure en el acta final publicada, habiéndose mantenido incólumes los principios definitivamente conquistados de no intervención y mutuo respeto a la integridad de nuestras propias soberanías.
Es cierto que el desarrollo económico de las repúblicas americanas podrá ser acelerado mediante una amplia y liberal política de inversiones prudentemente realizadas.
Pero el Gobierno considera de su deber estricto, como ya lo hizo presente en la conferencia de la Habana, afirmar una vez más, con reiteración que justifica la onerosa historia de las reclamaciones internacionales sufridas por nuestro país, que el extranjero inversionista o establecido aquí, ha de quedar lealmente sometido a las leyes nacionales y a las autoridades del Gobierno.
El recurso constante a la protección diplomática del Estado de su pabellón oculta las más de las veces un sentido imperialista de los Estados fuertes contra la debilidad relativa de los Estados menos poderosos.
Y es así, como bajo el manto respetable de una demanda de justicia internacional se encubre frecuentemente en el fondo, un agravio a la independencia y a la soberanía del Estado contra quien se dirige la reclamación.
Es del conocimiento público que la Suprema Corte de Justicia en sentencia de 2 de diciembre de 1939, denegó en todo lo esencial el amparo solicitado por las compañías petroleras expropiadas.
De esa importante pieza jurídica que según el criterio del gobierno acredita el espíritu de justicia y la competencia de nuestro más Alto Tribunal, sale, plena la demostración de la legalidad del decreto expropiatorio y la falta de fundamento de que adolecen las tesis de su impugnación.
Alguna empresa de las expropiadas, a raíz de pronunciado el fallo, utilizó la buena disposición del Gobierno para entrar con él en negociaciones extrajudiciales al solo efecto de arreglar de común acuerdo la cuantía y pago de la indemnización debida con motivo de la expropiación, cuya legitimidad, quedaba por este mismo reconocida.
Otras compañías expropiadas, lejos de utilizar esta vía de arreglo han querido acentuar todavía su actitud de protesta oponiendo las dificultades de procedimiento que tuvieron a su alcance para impedir o retardar la tramitación del juicio de avaluó previsto en la ley, en cuyo procedimiento por cierto, aquellas no quisieron tener ninguna otra intervención.
El Gobierno, sin embargo, actuando por medio de su legal representante ha promovido las diligencias judiciales necesarias para resolver, previos los informes periciales, sobre el avaluó de los bienes cuyo valor, no estando fijado en las oficinas rentísticas, ha sido estimado por el juez en $ 178.040,149.77.
La Administración por su parte ha totalizado el valor fiscal de los bienes expropiados que figuran en las oficinas catastrales, representando la cantidad de $ 22.516,182.89.
Resulta por tanto que el precio de la indemnización debida a causa de la expropiación es $ 200.556,332.66
Esta cifra define la responsabilidad contraída por el Estado Mexicano a cuenta de la expropiación.
El pago se ordenará dentro de los plazos autorizados por la ley.
Y si las compañías afectadas se abstuvieran indebidamente de percibir las anualidades que vayan venciendo, el Gobierno seguirá depositando su importe en el Banco de México.
Con este acto puede reputarse concluido el largo proceso expropiatorio que empezó a raíz del decreto de 18 de marzo de 1938 y que fue dictado a méritos de evidentes causas de utilidad pública, taxativamente previstas por la ley, que hicieron necesaria en lo absoluto la expropiación de las empresas afectadas, así como la ocupación urgente de los bienes necesarios para la continuidad de las operaciones de la industria petrolera.
Procediendo de otro modo, el Gobierno habría abandonado al interés público, gravemente comprometido cuando las compañías, negándose a cumplir el laudo que les señaló nuevas condiciones en los contratos de trabajo, dieron lugar a que, en cumplimiento de la ley, la autoridad tuviera que declarar la ruptura de aquéllos.
Así era provocada, por acto imputable a las empresas, la inminente paralización de una gran parte de la industria petrolera, y con ello, un grave trastorno interior que impediría la satisfacción de las necesidades colectivas de ciudades y centros de población, así como el abastecimiento de artículos de necesario consumo.
Para proveer a éste y aquélla, así como para la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de elementos naturales susceptibles de explotación y evitar tanto la destrucción de dichos elementos naturales como, los daños que la propiedad pudiera sufrir en perjuicio de la colectividad, el Gobierno debió adoptar la medida expropiatoria que decretó.
A su debido tiempo se hizo del dominio público, la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que el asunto de la expropiación petrolera fuera sometido a un arbitraje internacional.
Esta proposición no debía ser aceptada por México y no lo fue.
No era procedente, a juicio del Gobierno, comprometer actos de soberanía y con mayor motivo si el compromiso se había de estipular con la inusitada amplitud que se propuso.
Bastó al Gobierno considerar el supremo interés nacional de la reivindicación de la riqueza petrolera para negarse a toda sugestión que pudiera conducir las cosas a nada que fuera parecido a la antigua situación, esto es, la principal riqueza del país en poder efectivo de la gestión extranjera aunque se cubriera bajo la estructura de compañías nacionales.
Con el mismo estímulo el Gobierno ha debido rechazar en anteriores negociaciones con las empresas afectadas por la expropiación, algunas proposiciones que se le hicieron y que acaso sean renovadas en lo porvenir en el sentido de la formación de una gran empresa concesionaria de los bienes expropiados.
El Gobierno que presido, sin ánimo de trazar normas de futuro, se permite, sin embargo, consignar que es un afán patriótico de todo el país el que la riqueza rescatada legalmente en condiciones de dificultad política que no es necesario de nuevo comentar, sea una conquista definitiva para la Nación.
Y espera que el pueblo mexicano, cuya capacidad de sacrificio y resistencia acaso sea puesta a prueba en nuevas ocasiones por la tenacidad agresiva de los intereses en lucha, sabrá sostenerse en su firme voluntad de defender, bajo la dirección de su Gobierno, el valor más importante del patrimonio nacional.
El Gobierno rechaza por su concepto democrático el empleo de toda violencia política, que incesantemente ha tratado de desterrar en la vida pública de su país.
Por ello condena rotundamente todo proceder contrario, cualquiera que sea la tendencia o significación de la víctima y del agresor.
Y todavía lo considera más vituperable cuando tal sistema se presenta como aportación extranjera que exenta de todo sentimiento de respeto al Estado que le dispensó acogida, penetra en territorio de su jurisdicción para ejecutar un crimen tan abominable como el que acaba de conmover a la opinión pública.
De la severidad de la República contra extravíos tales es necesario dejar constancia categórica para propios y extraños.
El Gobierno ha hecho culto civil del respeto a la vida de sus ciudadanos.
Exige por tanto, a todos los que se encuentran bajo su autoridad que acaten plenamente este principio de consideración humana, con apercibimiento de las más graves sanciones de la ley.
Y en igual condición han de ser defendidos todos aquéllos que en territorio mexicano buscaron asilo político, al amparo del respeto que el Gobierno guarda al refugiado y en razón también a la disposición favorable que mantiene hacia sanas corrientes de inmigración.
Cuenta entre éstas la de los refugiados españoles para quienes México ha abierto las puertas de su hospitalidad, procurando establecerlos en su mayor parte como colonos en diversas regiones del territorio nacional, mientras otros se han dispersado por varias ciudades buscando acomodo según sus condiciones personales.
Y es de justicia observar que dichos refugiados han fundado y sostenido algunas industrias de importancia y proyectan el establecimiento de otras nuevas empresas, sin que el Gobierno haya intervenido en su financiación, ni en el manejo de los fondos administrados por sus asociaciones respectivas.
Un nuevo contingente de españoles refugiados en Francia, está pendiente de venir a México.
Nuestro Gobierno, por gestiones de su Legación, logró de las autoridades francesas que estos refugiados, que se sentían amenazados de ser devueltos a España, quedaran en territorio francés amparados por la bandera de México entretanto disponen de barcos para salir de aquel país.
Su sostenimiento en Francia, su traslado y su instalación, lo harán los propios españoles.
Cree el Gobierno que una inmigración de esta naturaleza es conveniente a nuestro país.
La escasa población de éste, que tan próximo se encuentra a otros países exuberantes, obliga a reforzarla atrayendo a la vida nacional para internarse en ella precisamente a los elementos hispánicos que mezclados en otro tiempo con los naturales del país, constituyeron la base de nuestra nacionalidad.
El Ejército Nacional ha cumplido fielmente con su deber interpretando su misión como Instituto Armado al servicio de la República, sin desentenderse de los problemas que lo vinculan con las necesidades del pueblo y de las tendencias sociales que lo llevaron a la lucha.
Por ello, el Ejecutivo Federal autorizó que los elementos militares pudieran tener un sector representativo en los partidos políticos, ya que se considera para el bien del país que tan necesario es el desempeño de las obligaciones del soldado como el cumplimiento de los deberes del ciudadano.
Aislando al ciudadano militar de todo ejercicio político se daría lugar a que sólo altos jefes del Ejército tuvieran participación en las decisiones de la vida pública.
En ocasiones, la antigua prohibición impuesta a los componentes del Instituto Armado para opinar en materia política, fue un resorte de falsa disciplina para que algún alto jefe impusiera a su tropa la obligación de tomar las armas contra el Poder Público no obstante que éste se las diera para la defensa de las Instituciones.
Dentro de esa tendencia de tener al Ejército en contacto permanente con la vida social y política de la nación de acercar los grupos organizados y todos los ciudadanos del país a nuestro Instituto Armado motivó la iniciativa presentada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Unión para el establecimiento del servicio militar obligatorio.
Cualesquiera que pudiera ser los inconvenientes teóricos de la adopción de este sistema, prevalece sobre ellos, para anularlos, el elevado propósito de contribuir también por este medio a la integración de nuestra nacionalidad.
El derecho, el deber y el honor de defender a la patria debe recaer por igual en todos los nacionales; y la conciencia de pertenecer a la misma patria sólo se consolida cuando sin diferencias de nacimiento, ni distingos de posición, ni condiciones de cultura, ni matices políticos, se comparten por igual los peligros y las glorias.
La convivencia bajo una misma bandera y un mismo ideal, de los representativos de los distintos medios sociales, remitirá a éstos una mejor compresión de sus problemas y una mayor compenetración que haga factible borrar las distancias que hoy separan a las clases de nuestra colectividad.
Para concluir en esta parte del Informe relativo a los aspectos más relevantes de la política del Gobierno en materia militar, afirmo la convicción de que el Ejército Nacional ha cumplido con su deber en pasado y lo cumplirá igualmente en el presente y en el porvenir.
La contienda electoral para la renovación de los Poderes Federales, fuera de pocos y lamentables incidentes, explicables por el desbordamiento de la pasión política, se desarrolló dentro de la normalidad legal.
Con la debida oportunidad dictó el Ejecutivo las medidas conducentes a garantizar con la mayor eficacia la libertad de propaganda y el respeto al ejercicio de los derechos políticos.
Los candidatos pudieron efectuar jiras con absoluta libertad y de especial manera jamás se impuso la menor cortapisa a la prensa para hacer la campaña política de los distintos candidatos y dar las informaciones de los bandos contendientes.
Diversos elementos arrogándose funciones de las autoridades municipales, de las Legislaturas de los Estados y de la Comisión Instaladora, intentaron atribuirse por sí y ante sí el triunfo en los comicios, olvidando que la soberanía popular se ejerce mediante los procedimientos que las normas constitucionales señalan.
Y, más aún, quisieron hacer del Ejecutivo Federal el intérprete único y calificador absoluto del resultado de las elecciones, todo ello sin pensar en que era ilegal no sólo la invitación al ejercicio de una competencia no atribuida por la Ley Fundamental al Presidente de la República, sino también el propósito de desconocer las que la ley señala exclusivamente a los cuerpos legislativos, debidamente instalados, que son quienes tienen facultad para decidir sobre la legitimidad de sus componentes y de calificar las elecciones del Jefe del Poder Ejecutivo.
Considero conveniente reiterar que el Gobierno ha respetado escrupulosamente la vida de los ciudadanos sin establecer diferencias; ha extremado el respeto personal a los opositores de su programa porque en las altas esferas del Poder se advierte luego que una actitud de mínimo arbitrio tomada desde arriba está llamada a degenerar perniciosamente en las últimas competencias de las autoridades, sobre todo en aquellos lugares apartados por su incomunicación a los que difícilmente puede llegar con oportunidad el auxilio para proteger al ciudadano en peligro.
El Gobierno cumpliendo con su deber ha dejado a sus contradictores el ejercicio pleno de una libertad de opinión que si en ocasiones los excesos cometidos al expresarla hubieran justificado sanción, prefirió, sin embargo, tolerarlos en la certeza que desde ningún extremismo político se logrará quebrantar en el pueblo la fe que guarda por sus instituciones revolucionarias.
Y precisamente de esta libertad y tolerancia que ha sido benéfica para el país, nace mi convicción de que no existiendo postulados nuevos en la última contienda electoral que hayan ganado la voluntad popular hoy celosa de sus conquistas sociales, no puede hacer brotes de violencia subversiva que pongan en peligro la paz de la nación.
Debemos esperar que todos los ciudadanos, sin excepción, sientan el imperativo patriótico de su deber para mantenerse en la más absoluta disciplina cívica.
Tal es, en líneas generales, la labor ejecutada por el Gobierno a mi cargo.
Para realizarla ha tenido la eficaz colaboración de los demás poderes constitucionales, y cada uno dentro de su competencia que el Gobierno respetó siempre en su integridad.
Por esto mismo declaro en este acto solemne mi reconocimiento hacia el Poder Legislativo por su intensa acción legislativa en afianzamiento de nuestras conquistas sociales; al mérito, competencia y honestidad desplegadas por el Poder Judicial y a la gestión constructiva y progresista de los Gobernadores de los Estados de la Federación, quienes colaboraron con toda lealtad para mantener en el país la unidad revolucionaria.
Gral. LAZARO CARDENAS DEL RIO

Contestación del Dip. Manuel Martínez Sicilia, Presidente del Congreso.
Ciudadano Presidente de la República:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, que tengo el honor de presidir en este instante, se ha enterado con respeto y emocionada admiración, del Informe que en cumplimiento de los mandatos constitucionales, acaba usted de rendir ante la Representación Nacional, relativo a las labores realizadas por el Régimen que usted preside, durante el último año de su importante período de Gobierno.
El hecho mismo de ser el que acabamos de escuchar, el último Informe que rinde usted ante la Representación del pueblo, hace por sí solo resaltar el acontecimiento hasta darle perfiles únicos en nuestro decurso institucional; pero si a esta circunstancia se suma la de que el Documento de que se trata, es la síntesis de la obra realizada en uno de los períodos más fecundos de nuestra historia, indudablemente tendremos que reconocer que asistimos a un suceso de profunda significación para nuestra Patria.
Contestar este Informe, en las circunstancias expuestas, reviste una singular trascendencia; porque es nuestro deber de representantes populares responsables, dar a este Mensaje Presidencial el significado incalculable, de toda última lección: balance de valores, reflexión profunda de experiencias, asimilación, en suma, de las enseñanzas de política administrativa con que se cierra el ciclo de seis años, durante los cuales recibimos de usted ejemplos y orientaciones normativas de nuestra conducta para el presente y para el porvenir.
Un ciudadano de modesta esfera en la jerarquía militar, un fervoroso convencido de que el porvenir de México se halla asegurado en su trayectoria, hacia la cima del ideal revolucionario, pese a los que sueñan aún con el triunfo de las plutocracias, es el que se honra aludiendo a los conceptos de inestimable valor, hace pocos minutos expuestos por usted.
En realidad, si no fuera porque soy consciente de la alta función que se me encomienda, no me sentiría acreedor de tal honor; pero también, debo decirlo, es un orgullo para mi generación y para nuestro Instituto armado, haberse hecho merecedores de esta representación, precisamente bajo el Régimen más revolucionario y más patriótico que haya tenido México en estos últimos estadios de su historia, el régimen, próximo a terminar, del Presidente Lázaro Cárdenas.
Cumplo, pues, el encargo de la Nación, representada en el Congreso que presido, pero antes de referirme concretamente a todos y cada uno de los puntos que contiene el Documento Presidencial, creo que es un deber impostergable hacer una referencia general sobre la importantísima obra desarrollada por el Gobierno de la Revolución, en este período institucional.
No sería un error considerar que la jornada que estamos culminando puede ser parangonada con las más altas epopeyas de nuestra historia, y colocada, válidamente, por su transcendencia e importancia profundas, en el mismo plano en que se encuentran las jornadas libertarias de la Independencia, en las cuales el esfuerzo patriótico de los insurgentes, de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero y otros más, forjó una patria nueva y políticamente libre; en equivalencia con aquellas tareas gloriosas de la Historia, la obra de Cárdenas se traduce en la formación de una nacionalidad económicamente independizada del imperialismo, al recuperar riquezas propias que manos extrañas detentaron durante muchos años; la obra legislativa realizada por el Régimen de Cárdenas, es también comparable con los acontecimientos constitucionalistas en los cuales Zarco y Gómez Farías, entre otros, estructuraron nuestra nacionalidad sobre valiosísimos cimientos legales, pues también la obra del actual Gobierno ha fortalecido el régimen de derecho que impera en la República y ha dado a éste orientaciones de tal manera claras, precisas y certeras para la consolidación del presente y la conquista del porvenir, que es justo afirmar que la organización del pueblo, dentro de la ley y dentro de la Revolución, es recia e indestructible.
Las Leyes de Reforma marcaron para nuestra Patria, una reivindicación valiosa, pues la arrancaron de una Edad Media feudal y colonial, para encauzarla por los derroteros de la democracia; igual importancia tiene, sin duda, la obra del Presidente Cárdenas, por cuanto que ella dio a las reformas organizativas de nuestra vida política, en nuevo sentido y finalidades claramente identificadas con la prosperidad, el bienestar y la tranquilidad del pueblo.
El esfuerzo realizado por los gestores de nuestra Revolución en la segunda década de este siglo: Madero, Zapata, Carranza y tantos otros varones ilustres que rompieron con sacrificio generoso el pasado obscurantista de la Dictadura, que posibilitaron con su acción revolucionaria y con un sentido patriótico la formación de una vida nueva para el pueblo mexicano, no es, a pesar de todo, un esfuerzo superior al realizado por Cárdenas durante su período de gobierno; en efecto, el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, la Ley de 6 de enero, la Constitución del 17 y otros documentos, en los cuales el ansia libertaria y el afán reivindicativo de la Revolución fue plasmada, encontraron en estos últimos seis años una plena realización y una superación magnífica, en cuanto que adquirieron un sentido profundo y un claro significado, que los transforman en punto de partida para esa marcha victoriosa que de modo irrefrenable el pueblo de México tiene emprendida bajo la orientación directriz de Cárdenas, hacia la verdadera y auténtica democracia, hacia la completa y absoluta justicia social, hacia la recuperación de la dignidad del hombre y de la libertad del pueblo.
Organizado el pensamiento de la Revolución, en la cual tiene su origen indiscutible, encauzando la acción de las masas populares, a las cuales se pertenece por entero, sin desviaciones ni demagogias, la obra del Régimen cardenista, ha sacudido profundamente la entraña misma de nuestra nacionalidad, y ha provocado la administración y el respeto de los regímenes democráticos y revolucionarios.
En el aspecto espiritual, la jornada cardenista ha tenido esta imponderable validez: forjó en los hombres y en el pueblo un alto sentido de responsabilidad individual y colectiva; precisó, cuál es la función que cada uno tiene que desempeñar para la construcción de una patria fuerte y libre; dio sentido de dignidad humana a las gentes, al reconocer y garantizar no sólo el respeto a la vida, sino el respeto indeclinable al pensamiento de los hombres; entregó clarificado a las masas, el verdadero concepto y la transcendencia real de la lucha social, y al determinar las finalidades de ésta, señaló también la libertad y el engrandecimiento patrio como objetivos superiores.
En el aspecto material, el Régimen de Cárdenas ha dejado obras tangibles, cuyos beneficios se proyectarán hacia el futuro, en garantía de un bienestar efectivo y cierto para las generaciones presentes y para las venideras; en este orden, precisa subrayar el imponderable ejemplo de una conducta de constante asistencia personal, a cada uno de los puntos de la República, en donde la mano fuerte del Jefe de la Nación era necesaria, para elevar el nivel de vida de las clases tradicionalmente oprimidas, pugnando siempre por su completa redención; pero no solamente en los lugares en donde alguna circunstancia ameritaba su presencia, ella se tuvo pronta y eficaz, sino que sin ser llamado, concurrió él, y el Jefe de la Nación a buscar los problemas que pudieron asistir, para resolverlos con atingencia, generosidad y levantado espíritu de justicia.
La niñez fue considerada como lo que realmente significa, el germen de la futura ciudadanía de la Patria, la levadura de nuestro próximo porvenir, y así, fue atendida sin escatimar esfuerzos ni voluntad.
Los derechos civiles de la mujer, fueron respetados y celosamente protegidos; se impulsó la formación y el crecimiento de sus organizaciones; se atendieron con eficacia sus derechos, como asalariados; sus reivindicaciones específicas, tanto las establecidas por la Ley del Trabajo y por otros estatutos, como aquéllas a las cuales tienen un derecho natural indiscutible, fueron propiciadas y tenazmente defendidas.
Las clases indígenas de México, cuya condición social y humana, sólo se explica a través de largos siglos de explotación, fueron objeto de la preocupación constante del Gobierno, que al construir los cimientos de la recuperación del indio, reconoció expresamente la enorme deuda que la Nación tiene con esos núcleos raciales, que no obstante constituir el nervio vital de la nacionalidad, estuvieron siempre al margen de nuestra cultura, de nuestra civilización y de los beneficios que los movimientos revolucionarios han significado para el pueblo; al abordar esta tarea, se estimó certeramente que la organización racional de la economía, peculiar de los conglomerados indígenas, desarrollada y evolucionada, es premisa fundamental de su próxima y definitiva liberación; y esta obra valiosísima, fue proyectada hacia los amplios horizontes de toda la América, mediante la organización del Congreso Americano Indigenista, en donde expusiera usted; conceptos inapreciables para este problema, cuya resolución definitiva preocupa de manera esencial a todo el Continente.
La clase media, que a través de nuestra vida pública, ha aportado siempre un contingente, individual y colectivo, de alto valor social y humano; que por medio de representativos auténticos ha tomado en ocasiones la dirección de nuestras gestas institucionales, depurando el sentido de nuestras luchas y prestando para la edificación de la patria, estimables aportaciones de orden técnico; la clase media, que una vez colocada en el lugar que históricamente le corresponde, esto es, al lado de la causa de los trabajadores, que es la propia causa de ella, por determinación de su clasificación económica, tuvo también en este lapso de nuestra vida política, beneficios entre los cuales puede señalarse el indiscutible, que significa un puesto, determinado y claro, dentro de la lucha social.
El Ejército, esta ciudadanía armada a la que con orgullo pertenezco, este sector de nuestra nacionalidad cuyo origen emerge del corazón mismo de las masas campesinas y obreras, guardián de nuestra soberanía, vigilante atento de la integridad de nuestras instituciones, de la tranquilidad y de la paz sociales, recibió justicia del régimen del Presidente Cárdenas, recuperando la dignidad que corresponde a su elevada función y reconociéndosele reivindicaciones específicas, que contribuyen eficazmente a su estabilidad, y a la satisfacción de sus necesidades.
En orden a la política exterior, el hecho que de modo principal debe ser subrayado, es el de haber conquistado para México, el respeto de todas las naciones y la solidaridad y el cariño de los pueblos demócratas; la condenación de la violencia y de la fuerza como medios de resolver conflictos entre nacionales, el respecto a la soberanía de los pueblos libres y el principio de autodeterminación de las naciones, fueron juntamente con la levantada afirmación de nuestra categoría de país autónomo, los postulados centrales de una actitud que es internacionalmente aplaudida.
Y, volviendo hacia los trascendentales problemas de nuestra nacionalidad, procede hacer referencia al hecho de que en la organización de las fuerzas populares, con tendencia a coordinar la acción política de las masas para la conservación y la defensa de las conquistas revolucionarias, y para propiciar el desenvolvimiento de esas mismas conquistas, hasta lograr en definitiva el imperio de la libertad y de la justicia, el esfuerzo de Cárdenas se tradujo en la transformación profunda y esencial, del órgano político del pueblo, para dar lugar a la organización del Partido de la Revolución Mexicana, que integrado por los cuatro sectores fundamentales de la población del país, desde su propia base organizativa, contiene el germen de una verdadera democracia funcional y proporcional, cuyos frutos se perciben ya, con satisfacción positiva, no sólo para los sectores sociales que integran nuestro Instituto Político, sino para toda la Nación que encontrará, en estas nuevas formas de la democracia, el más eficaz medio de su desarrollo y de su progreso.
La campaña política que está resuelta en forma de triunfo indiscutible para nuestro Partido y para el candidato de la Revolución, General de División Manuel Ávila Camacho, -próximo Presidente de la República por mandato de la voluntad soberana del pueblo- es ya un ejemplo vivificante y alentador de la conciencia revolucionaria de nuestras masas ciudadanas; y es justo reconocer ahora que el Régimen actual supo conservar en todo momento, la serenidad ante la diatriba y el ataque de la reacción, la imparcialidad que en esta lucha fue su norma indeclinable, y la postura de dignidad que corresponde a un Régimen en el que el derecho y la ley son normas inquebrantables.
Esta actitud del Jefe de la Nación, cuidadosamente mantenida, culminó en la conducta legalista adoptada, al dejar a los únicos órganos que la Constitución capacita para ello, la fundación de juzgar y calificar las elecciones federales, y sobre los resultados de éstas, tanto por lo que se refiere al Poder Legislativo como al Ejecutivo, no obstante las maniobras reprobables del Partido en derrota, que, carente del imperio que otorga la voluntad del pueblo, pretendió atribuirse por sí y ante sí, el triunfo en los comicios, y sustituir en sus funciones a los órganos legislativos y a las demás autoridades que de acuerdo con la ley, tienen jurisdicción en el proceso eleccionario.
Es un deber de justicia reconocer que en la magnífica obra de usted, señor Presidente, contó siempre con el patriótico apoyo del Congreso de la Unión que nos precedió.
Ambas Cámaras legislativas, atendieron eficazmente a la formulación y expedición de leyes, que las necesidades del país demandaban, y combatieron valerosamente a la reacción, siempre que ésta pretendió amedrentarlas con miras al resurgimiento de autocracias desaparecidas. Su labor fue meritoria y valiente.
Ella traza un camino de honor para los sucesores de tan dignos representantes del pueblo, que merecen el cariño y el respeto de sus electores.
Los integrantes de la presente Legislatura, sabrán inspirar su acción en la de ellos, y declaran que, también como ellos, están dispuestos a atender, sin ambiciones ni egoísmos personales, el interés de la patria, obrando en un plano de altura que los dignifique y enaltezca.
Es también un deber de justicia reconocer que los Gobiernos locales, dieron a los Poderes Federales, y especialmente al Ejecutivo, una firme solidaridad en el desarrollo de toda su labor; y que la cordialidad de las relaciones entre la Federación y los Estados, tiene su más firme basamento en el respeto sin taxativas, que siempre se guardó a la libertad y soberanía del régimen interior de las Entidades, que constituyen la Unión.
Las referencias que hemos hecho a las características generales que dan fisonomía y personalidad inconfundibles al régimen que usted preside, constituyen trazos incompletos y someros del panorama político creado por usted, y dentro del cual se han realizado actos de gobierno de la más grande importancia nacional.
Después de ellas, es nuestro deber hacer mención de las tareas concretas desarrolladas, bajo la vigilancia y dirección de usted, en los diversos aspectos de la política de su Gobierno.
Política económica.
La Representación Nacional considera que es pertinente, tomar en cuenta una visión de conjunto del desarrollo económico del país desde sus orígenes; las peculiaridades de la producción agrícola de la Colonia, y su carácter esencialmente proteccionista de los productos de la metrópoli; la explotación inmoderada de nuestras minas sin beneficio para la economía interior; el nacimiento de México como país independiente, dentro de una economía mundial en pleno ritmo de desarrollo, y la persistencia de los mismos sistemas económicos coloniales, que propiciaron la invasión económica de los países mejor organizados; la realidad de la economía desorientada y depauperizada de México, como herencia del coloniaje, y la presencia actuante del capitalismo internacional para controlar las fuentes de producción, de materias primas y las industrias transformativas, y la imposibilidad de nuestra patria para construir una vida económica independiente, sin destruir toda forma de economía feudal; igualmente es importante el hecho de señalar el carácter teórico de los postulados políticos de libertad e igualdad, frente a una realidad económica contraria; todo ello para encontrar justificación histórica a la reivindicación de las riquezas nacionales y a la tarea de encauzar el esfuerzo colectivo, hacia los intereses de la Nación.
El país tiene en consideración, las dificultades de orden histórico, que ha sido preciso abordar para transformar la economía desde los sistemas empleados en épocas anteriores al movimiento revolucionario; y siente la necesidad de recuperar las riquezas naturales entregadas sin razón al capitalismo extranjero, así como la urgencia de defender como patrimonio para el futuro, esas mismas riquezas.
Igualmente percibe la exigencia de un racional control de la producción, para hacer ésta costeable y socialmente más útil, y aprecia los defectos del sistema liberal e individualista de la economía, confirmando la necesidad de sustituir la agricultura empírica, rudimentaria, extensiva y aleatoria, por la agricultura intensiva, tecnificada, distribuida y controlada.
De una gran importancia para la justificación de nuestra revolución social, en un análisis sobre el desarrollo de la industria desde su fase de artesanado, hasta la presencia de la gran industria financiera e internacional, con el consiguiente apoderamiento de los mercados a base de bajos precios, bajos salarios y agotamiento de materias primas.
Con estas consideraciones previas, que desarrolladas sirven para comprender mejor la obra de la Revolución en materia económica, y para percibir más claramente la trascendencia de las labores del Régimen que usted preside, el Congreso toma conocimiento de que el crédito oficial atiende el sostenimiento de la agricultura, las industrias, los transportes, el petróleo y aquellas ramas de la producción protegida por el sistema de aforos; y estima que es motivo de aplausos, el hecho de que no obstante la crisis presentada por la reorganización de la economía hacia formas sociales, no se hubiese llegado a producir abatimiento en la economía general y sí, se obtuviesen beneficios colectivos, a pesar de los trastornos que como cierre de mercados y suspensión de transacciones, se presentan como consecuencia del estado de guerra que conmueve al mundo.
La Representación Nacional se solidariza ampliamente y sin reservas, con la política de mejor distribución de la tierra y más racional organización del Ejido; con la creación del Consejo Nacional de Agricultura y de los Consejos Locales de Fomento Agrícola Ganadero; con la prudente conducta seguida en relación a los terrenos nacionales; con la política de colonización y con las acertadas medidas tomadas para intensificar el desarrollo de nuestra economía agrícola, entre las cuales sobresalen la creación del Instituto Técnico Agrícola Henequenero y, las importantes obras de irrigación emprendidas sobre la realidad orohidrográfica del país y las necesidades de las diferentes regiones beneficiadas.
Mención especial merecen las tareas de profunda trascendencia consumadas por el Gobierno que usted preside, en La Laguna, El Yaqui, El Mante, Yucatán, Soconusco, Lombardía y Nueva Italia, así como el hecho importantísimo de las inversiones en materia agraria, anoten un considerable renglón.
Y en esta materia es pertinente apuntar la significación del Nuevo Código Agrario, recientemente aprobado por el Congreso a iniciativa presidencial, y que contiene bases organizativas de la economía ejidal, de la pequeña propiedad agraria, etc., y sistematiza en un ordenamiento coherente, tanto las experiencias obtenidas durante todo el proceso de aplicación de la Reforma, como las dispersas disposiciones que la reglamentaban; una medida de gran valor por su significado social y por su importancia técnica en nuestra economía agraria, que contiene el referido Código, es la sustitución del antiguo concepto de parcela, que implicaba la división del Ejido, en muchos casos inconvenientes, por el concepto de unidad normal de dotación.
El XXXVIII Congreso de la Unión, ratifica la seguridad del pueblo, de que todas estas medidas incrementan el progresivo desarrollo de nuestra economía agrícola.
El Congreso coincide con usted, en la consideración de que el petróleo, recientemente recuperado por motivos bien conocidos, es la base de nuestro desarrollo industrial, y aplaude tanto el hecho de la reorganización de esta industria, como la circunstancia de que vayan siendo sorteadas, satisfactoriamente, las condiciones adversas que la guerra impone al desarrollo de tan importante factor de nuestra vida económica, no obstante lo cual, se intensifican la exploración y la perforación, se incrementa la capacidad productiva, disminuyendo los costos, aumentando el consumo interior y ampliándose prudentemente las reservas petroleras.
La Nación se entera, satisfecha, de que el proceso expropiatorio de la industria petrolera ha alcanzado, a través de todos los trámites legales, su fase última al terminarse el avalúo de los bienes de las empresas afectadas, cuyo importe, en caso de no ser recibido por ellas, se depositará en el Banco de México, a disposición de las mismas y en consignación de pago, como lo establecen nuestras leyes.
Y es oportuno confirmar el amplio apoyo, solidaridad y respaldo que el pueblo de México prestó y otorga a la patriótica medida tomada, al expropiar la industria petrolera como consecuencia de la rebeldía de las compañías a acatar los fallos legítimos de nuestros Tribunales y a la airosa levantada actitud del Gobierno, al rechazar la proposición de someter a arbitraje internacional una cuestión, que como la planteada con motivo de la expropiación, corresponde resolver de modo exclusivo a nuestro sistema jurídico interior, pues ese medio, el del arbitraje internacional, resultaba altamente lascivo de nuestra soberanía y de nuestra calidad de pueblo libre.
La Nación Mexicana acoge la recomendación que usted formula, en el sentido de que no se acepte en ningún caso, futuras proposiciones que, como la formulada a su Administración para formar una nueva Empresa concesionaria, para explotar el petróleo, encubriera en el fondo una positiva devolución, esto es, una abdicación de la costosa conquista.
Las reservas de energía y de patriotismo de nuestro pueblo, son inagotables, y puede usted estar seguro, señor Presidente, que ningún sacrificio necesario para la conservación de la independencia económica de México, será escatimado, pues esa independencia, como ya lo hemos asentado en esta histórica ocasión, es la mejor herencia que podemos entregar a las generaciones del porvenir.
De positivo beneficio para la economía nacional son las facilidades establecidas para las pequeñas explotaciones mineras, la ampliación de la exploración y la política que impide el acaparamiento de los centros productores, pues ello, como el Informe lo confirma, se traduce en aumento del volumen y del precio de la producción del oro, del hierro y de otros minerales.
La política adoptada en relación al problema de la plata, que tanta importancia internacional tiene en estos instantes, merece la aprobación que el Congreso le otorga sin reservas. Igual sanción amerita la política seguida con respecto a la industria eléctrica, que tiende a resolver el problema de la carencia de energía, procurando su abaratamiento y su abastecimiento más amplio.
En idénticas circunstancias se encuentra la actitud del Gobierno, por lo que se refiere a las industrias de transformación, a las cuales se protege con disposiciones arancelarias, y exención de impuestos a las de nueva creación, a efecto de substituir en lo posible a la importación.
Es de singular trascendencia la conducta adoptada referente al comercio exterior e interior, que procurando salvar las dificultades provocadas por la guerra, prohíbe la exportación de los artículos fundamentales de la alimentación del pueblo, independizando los precios interiores de los que pudieran alcanzar en los mercados internacionales; y por lo que toca al comercio interior, es plausible la creación del Comité Regulador de subsistencias y la eficaz intervención del Estado en la fase distributiva de la economía, defendiendo el precio rural como complemento de la Reforma Agraria, pues así, como el Informe lo dice, se eleva el poder adquisitivo de las masas campesinas.
De gran valor estadístico para el mejor conocimiento de nuestra realidad, es el resultado de los censos realizados durante este período de Gobierno, y es oportuno señalar que esos resultados hablan con elocuencia de nuestro desarrollo agrícola, industrial y comercial.
Por lo que se refiere a la política hacendaria que detalla el Documento Presidencial, es procedente reconocer que el aumento del stock monetario, del capital financiero representado en los distintos Bancos e Instituciones de Crédito existentes, la ampliación del sistema crediticio, etc., evidencian el progreso de la Nación y de nuestras finanzas con los consiguientes beneficios sociales que ello significa, y entre los cuales debe señalarse la estabilización del tipo de cambio con la divisa dólar, y la seguridad que con esto adquieren nuestras transacciones internacionales.
Se entera la Representación popular de que el sistema de impuestos, con la reorganización de las leyes respectivas, la abolición del señalado para la exportación de capitales extranjeros, y el establecimiento del impuesto sobre superprovecho, entre otras medidas igualmente importantes, se traduce en reales beneficios para nuestra economía al propiciar inversiones y limitar injustificables enriquecimientos; igualmente se entera la Nación de que el Sistema de Impuestos, sin agobiar en lo más mínimo a los contribuyentes, es eficaz para atender las necesidades económicas del Estado.
Es motivo de satisfacción reconocer que no obstante el volumen de las obras realizadas por el Régimen en todos los órdenes, los Presupuestos del Estado se atienden con los ingresos normales; y si en efecto existe con el Banco de México un sobregiro considerable, el Congreso se solidariza con usted en la consideración de que las inversiones que tal crédito significa, son indispensables para la mejor promoción y desarrollo de nuestras riquezas potenciales; y estima que la prosperidad y riqueza del país, no puede expresarse en la mayor cantidad de fondos acumulados, sino en la mayor cantidad de capital invertido en obras de positivo beneficio colectivo.
Las orientaciones directrices de la política económica del Régimen, se inspiran en la noble aspiración de integrar una nacionalidad económicamente libre y fuerte, pues sólo de este modo se podrá lograr, como consecuencia inexcusable, nuestro engrandecimiento cultural y político y el perfeccionamiento de todas las estructuras superiores de nuestra vida institucional.
El Congreso de la Unión lo reconoce así ampliamente, y suscribe con el Ejecutivo todas las tesis que sobren esta importante materia animan su patriótica política.
Asistencia Pública y Política Sanitaria.
El principio general sostenido por el Informe del señor Presidente en materia de Asistencia Pública, que establece que tal actividad constituye un deber ineludible de los Estados modernos como consecuencia de la responsabilidad de atender y cuidar a los productos ineptos de la sociedad, ha servido de fundamento para transformar el antiguo concepto de beneficencia, dándole un contenido de obligación social; esto ha determinado la creación, por el Régimen de Cárdenas, de la Secretaría de Asistencia Pública que, integrada por las antiguas instituciones que desempeñaban una función similar, ha desarrollado una labor que la Representación Nacional reconoce como meritoria y digna de la aprobación del pueblo.
La obra que en materia de política sanitaria, a través del Departamento de Estado respectivo, se ha desarrollado durante este sexenio, y que detalla el Informe, reviste una positiva importancia.
En efecto, un pueblo sano es la base fundamental de una patria grande, y en la construcción de ese cimiento, la cooperación de todos los sectores del pueblo debe ser aportada sin reticencias ni condiciones; la limpieza de las ciudades, la higiene de las habitaciones, la pureza de los alimentos, la potabilización de las aguas, la ampliación de los sistemas de saneamiento, la lucha contra el paludismo, el alcoholismo, la onchocercosis, etc., son condiciones indispensables del mejoramiento de la raza.
Las tareas emprendidas y realizadas por el Gobierno en esta materia, utilizando principalmente el convencimiento y la educación, han dado como resultado, que el Documento Presidencial señale, un notable descenso de la mortalidad y un visible aumento de la población.
Aun cuando hay mucho por hacer todavía en este renglón de la actividad oficial, la Nación se encuentra satisfecha de la obra realizada en el sexenio.
Asuntos Indígenas.
Fue indudablemente un acierto para abordar mejor el problema de nuestros núcleos aborígenes, la creación del Departamento de Asuntos Indígenas, que fue determinada por el conocimiento de las duras condiciones de vida de los indios, alejados de los beneficios de la civilización, sumidos en la miseria y en el olvido, y por la observación de la escasez de resultados eficaces en la tarea del mejoramiento de la población indígena.
Positivamente trascendentales son las consideraciones que el Informe hace sobre la condición social de los aborígenes y de los mestizos pobres, que participando intensamente en la tarea colectiva de la producción y siendo factores determinantes en la lucha por la libertad, no se les habían reconocido derechos como hombres, como ciudadanos y como trabajadores.
El Congreso comparte el pensamiento del Ejecutivo, sobre la circunstancia de que la opresión política y la depresión económica de los indígenas, en la consecuencia de regímenes fincados sobre el desconocimiento de los valores humanos.
Y al solidarizarse con la generosa, patriótica y humanista política del Gobierno, seguida en este importantísimo aspecto de nuestra realidad nacional, y al aplaudir las eficaces medidas tomadas para resolverlo, reconoce también que la emancipación del indio es, en substancia, parte del programa de la emancipación del proletariado, esto es, que el llamado problema de los núcleos raciales aborígenes, es un problema esencialmente económico, que debe ser resuelto sin olvido de las condiciones específicas y de la peculiar fisonomía espiritual que les son propias.
Trabajo.
Una de las características principales de la actual Administración, ha sido la tendencia indeclinable de acatar estrictamente todas las disposiciones constitucionales que en materia de trabajo protegen a los asalariados, fortalecen las organizaciones obreras, defienden las conquistas logradas por éstas, fomentan la contratación colectiva y transforman la legislación obrera en materia de derecho público, sin que esta política de protección a sindicatos y organismos proletarios, implique, por otra parte de éstos, la abdicación de su más absoluta autonomía.
En efecto, esta política del Régimen ha sido llevada de tal manera, que las conquistas proletarias constituyen para la Nación mexicana, un estado orgánico. Como en ninguna otra época de la Historia, los derechos de las clases productoras fueron objeto de tan tenaz defensa y de tan constante protección.
La obra del Régimen actual, que en el correspondiente capítulo del Informe se detalla, constituye por su volumen y por su trascendencia, uno de los progresos más importantes de la historia del movimiento obrero de México, que entre los múltiples beneficios que ha recibido, puede contar el de la clara orientación revolucionaria, y el sentido verdadero que a sus luchas ha marcado el Presidente Cárdenas.
La participación que en la administración del petróleo se ha concedido a los obreros de esta industria, y la entrega de la administración de los ferrocarriles a sus propios trabajadores, constituyen reivindicaciones revolucionarias que el proletariado se había planteado tan sólo de una manera teórica.
Es plausible también que de modo sistemático, se propicie el establecimiento de los Seguros Sociales, incluso con la expedición de la ley respectiva, pues ello se traducirá en una más efectiva protección a los trabajadores contra todos los riesgos de la producción y de sus crisis.
No podemos terminar los comentarios a esta parte del Informe, sin hacer una manifestación expresa de solidaridad con los conceptos que contiene, y de los cuales se desprende que así como la prohibición de toda lucha de clases es absurda, contraria a la realidad y provocadora de miseria e injusticia, un estado de permanente y sistemática agitación, revela carencia de sentido de responsabilidad, y determina la adopción de medidas enérgicas, para la conservación de la tranquilidad, de la estabilidad del Régimen y de la normalidad social; pues es indiscutible que, como lo asienta el señor Presidente, por encima de los intereses de los grupos económicamente diferenciales, se encuentran los más altos intereses de la colectividad y de la Patria.
Política Militar
La transformación de la antigua Secretaría de Guerra, en Secretaría de la Defensa Nacional, da un nuevo sentido a nuestra Institución armada, y le señala finalidades con el espíritu profundamente pacifista, del Gobierno de la Revolución.
En efecto, el glorioso Ejército de la República, tiene como razón de ser la defensa de nuestra nacionalidad y la estabilidad de nuestras instituciones, la garantía de la tranquilidad social y del orden legal; México no ha sido ni será jamás un país agresor, porque es respetuoso de la soberanía y de la independencia de todos los pueblos; por ello, no es la guerra por sí misma una finalidad de nuestro organismo armado, y sí en cambio, lo es la constante y atenta vigilancia del desarrollo normal de nuestra nacionalidad.
Esta elevada función en la que todo el pueblo de México está interesado, reclama, como lo dice el Informe del señor Presidente, la tecnificación de nuestro Ejército, el mejoramiento de su equipo, la ampliación de las reservas armadas, y la participación activa, de todos los individuos físicamente capacitados para la tarea de la defensa de la soberanía, y de la independencia del país.
Esta reflexión ha determinado el establecimiento del Servicio Militar Obligatorio, que está llamado a rendir incalculables beneficios sociales a la patria, pues además de que por este medio se realiza un deber inexcusable de todos los mexicanos, podrá obtenerse en el futuro, no solamente una mayor capacitación militar de la población, sino también un espíritu de disciplina y un sentido de colectividad, en la obra de estructuración de la patria.
La importancia de esta trascendental medida, surge con relevantes perfiles, si se tiene en cuenta que, con el cuadro glorioso que es nuestro Instituto armado, vendrán a tomar lugar las huestes ciudadanas, las juventudes plenas de patriotismo y ávidas de honor; y dentro de él, integrarán una recia y valiosa personalidad, pues el Ejército actual ha sabido concebir profundamente los sentimientos de patriotismo, de deber, de orden y de revolucionarismo que le caracterizan, dentro de una comprensión también sin límites, de lo que significan la disciplina y la moral cívica.
Una reivindicación importantísima en nuestra historia, es el hecho de que, en función de la compatibilidad de las obligaciones militares con los deberes ciudadanos, se haya posibilitado la participación de los soldados en nuestras actividades políticas; esta conquista se encuentra plenamente justificada, por la indestructible vinculación del Instituto armado, con las necesidades populares y con el pensamiento revolucionario.
El Informe Presidencial relata algunos aspectos, de la importante función social llevada a cabo por el Ejército, al cooperar en la construcción de carreteras, escuelas y obras de irrigación; y la Representación Nacional cumple con su deber, al rendir a nuestros soldados un homenaje de profundo reconocimiento, tanto por esta obra como por la actitud de lealtad inflexible a las instituciones de la Revolución, demostrada de modo irrefutable en el caso de la tentativa reaccionaria cedillista, fallida gracias al alto sentido de responsabilidad y de cumplimiento del deber del Ejército, a la atingencia del señor Presidente y a la fortaleza de nuestro Régimen revolucionario.
La Representación del pueblo consuma un acto de justicia, al hacerse solidaria de la afirmación del Ejecutivo, que asegura que así como el Ejército ha cumplido con su deber en el pasado, lo cumplirá sin defecto en el futuro, impidiendo de este modo toda posibilidad de alteración de la paz.
Marina Nacional.
Las condiciones geográficas del país, requieren la existencia de una marina mercante y de guerra capaces de cubrir las necesidades nacionales.
La creación del Departamento Autónomo de Marina Nacional, realizada por el Gobierno, constituye, a juicio del Congreso, el primer paso en firme hacia la obtención de la importante finalidad señalada.
El funcionamiento del nuevo órgano del Estado, justifica tal creación y las fundadas esperanzas de que ello contribuya, de manera eficaz, al desenvolvimiento económico de México.
Política de Comunicaciones.
Es justificada la preocupación del Gobierno del Presidente Cárdenas, para aumentar y mejorar los medios de comunicación, pues ellos constituyen importante factor del desarrollo económico del país.
El Congreso encuentra un motivo de satisfacción en la obra realizada a este respecto, entre la cual resaltan la terminación del tramo que corresponde a México de la Carretera Panamericana, la carretera México-Guadalajara y la construcción de líneas férreas en el Noroeste y Sureste de la República, el ensanche de las comunicaciones aéreas y la ampliación de los servicios de correos y telégrafos y de las comunicaciones por radio.
Consecuente con su política de consolidación de nuestra independencia económica, el Régimen de la Revolución, realizó la nacionalización de los ferrocarriles, recuperando así para el país uno de los medios más eficaces para su engrandecimiento; y congruente con sus definidas convicciones obreristas, entregó la administración de las líneas a los trabajadores, a quienes, no obstante los desajustes y trastornos provocados, por el radical cambio de organización de la industria del transporte ferrocarrilero, se consideran capaces de cumplir la responsabilidad, que junto con tan importante reivindicación proletaria, les ha entregado la Revolución.
A este propósito, es debido hacer hincapié en que se confía en la existencia de un gran sentido de responsabilidad en los trabajadores ferrocarrileros, y que por ello, se espera fundadamente que no omitirán esfuerzo ni sacrificio, para evitar el fracaso de la administración que se les entregó, pues esto significaría, a más del desprestigio de la clase obrera, que así demostraría su incapacidad para dirigir industrias, un serio quebranto en nuestra economía nacional.
Distrito y Territorios Federales.
La Representación Nacional toma nota, complacida, de que el Departamento del Distrito Federal ha cumplido eficientemente, las funciones administrativas que le están encomendadas, y realizado obras materiales de verdadera importancia y utilidad sociales; que ha incrementado el volumen de su economía y que su eficaz funcionamiento contribuye a la ampliación de la ciudad y al aumento de la población.
Por lo que se refiere a la obra realizada en los Territorios de Baja California y Quintana Roo, es motivo de satisfacción constatar, que en aquellas distantes regiones del país, la acción benéfica del Gobierno se hace sentir, con resultados palpables, que evidencian la constante preocupación del Régimen de Cárdenas, para llevar a todas partes del país, los beneficios del progreso de la Revolución.
Suprema Corte y Procuradurías de Justicia de la Nación y del Distrito.
El Congreso de la Unión se ha enterado, satisfecho, de que ambas Procuradurías de Justicia han cumplido sus funciones, con estricto apego a las disposiciones legales que rigen su actuación, en la esfera de sus respectivas jurisdicciones.
Un renglón de suma importancia en la vida del país, es la correcta administración de justicia, cuya vigilancia está encargada a las Procuradurías, tanto en materia penal como civil y de derecho público; una demostración de que esta obligación ha sido atendida eficientemente, lo es el hecho de la disminución de la criminalidad que el Informe señala, y la realidad del estado de derecho que es visible, y que garantiza el normal desarrollo de la Nación, por derroteros de estricta legalidad.
Aun cuando no es materia del Informe, la actividad del Poder Judicial, porque de acuerdo con nuestro sistema constitucional, la independencia y soberanía de los Poderes es absoluta, el Congreso aprovecha esta ocasión para subscribir las apreciaciones del Ejecutivo, sobre la patriótica e intachable actitud de la Suprema Corte de Justicia, normada de modo inflexible por la ley y el derecho, y puesta de manifiesto en el caso de la expropiación del petróleo.
Extranjeros e Inmigración.
La firmeza con que México ha sostenido la tesis, moral y de derecho de que los intereses de la colectividad prevalecen sobre los aislados de los individuos nacionales o extranjeros, y el principio de que la ley que beneficia a las colectividades, no puede subordinarse, en su aplicación, a reclamaciones de extranjeros que carecen de título legal, para exigir mejor tratamiento que los nacionales, ha provocado la más amplia solidaridad del pueblo para el actual Gobierno; en realidad, es inadmisible que el extranjero residente en el país, acepte las ventajas que obtiene con su inversión y se ponga al margen de los riesgos a que pudiera estar expuesto; aceptar que el capital nacional o extranjero, sólo persigue utilidades sin correr la suerte del país en su desenvolvimiento de emancipación, equivale a supeditar el desarrollo de la Nación, al interés de unos cuantos, que en esta forma se convierten en obstáculos para ese desarrollo y en elementos de penetración disolvente que provocarían grave malestar interior, por su desprecio a la ley y al sentido evolutivo del pueblo, planteando pugnas diplomáticas y agresiones del imperialismo.
Es también inobjetable el principio sostenido por el Régimen, que establece que a medida que son mayores los beneficios que en los países de inversión obtiene el capital, es mayor su responsabilidad y su obligación, sin que sea válido que aspire a un tratamiento privilegiado, en perjuicio de los nacionales.
La actitud adoptada en cuanto se refiere a la inmigración de elementos españoles, entre otros exiliados políticos, es una ratificación de la política humanista, y una confirmación de las convicciones democráticas del Régimen; en efecto, razones de similitud de pensamiento y de solidaridad humana, abrieron las puertas de nuestro país, país de libertad, a los contingentes desplazados por la agresión fascista que destruyó, transitoriamente, la República Española.
Además de los indiscutibles méritos que en orden a las circunstancias anteriores, esta actitud tiene, ella significa una gran conveniencia social y económica para México, pues los republicanos españoles recientemente radicados en nuestro territorio, son una inyección de vitalidad nueva a nuestra raza y una aportación valiosa, por la preparación técnica y la buena voluntad de estos elementos, con los cuales el pueblo de México se siente identificado también por razones étnicas.
Las labores desarrolladas por los refugiados españoles, sin que ellas hubiesen significado ninguna distracción económica del Gobierno, son estimadas como de alta utilidad social.
Las consideraciones expuestas, bastan para justificar el hecho, de que México hubiese tomado bajo su protección a los republicanos españoles, residentes en Francia; ello habla de la alteza de principios humanitarios del Gobierno de la Revolución, que en cuanto a los asilados residentes en el territorio, se traduce en leal respeto a su vida y a su pensamiento, al extremo de haber levantado enérgica protesta contra el reciente atentado consumado en contra de uno de ellos.
El Congreso Federal se solidariza con esa protesta, por cuanto que el atentado de referencia, es un acto que lesiona los sentimientos humanitarios que determinan la concesión del asilo y frustra la protección otorgada al refugiado político de que se trate; y más reprobables aún son tales actos, si en ellos intervienen manos extrañas, que sin consideración alguna faltan al respeto que nuestra Nación merece.
Y al mismo tiempo que proclama la necesidad, de que una sanción enérgica vindique en lo posible el acto cometido, declara que es indispensable que los asilados en nuestro territorio y bajo nuestra bandera, actúen en consonancia con la noble conducta de nuestra patria, que les abrió sus puertas.
Política Exterior.
El panorama mundial, en medio del cual México ha desarrollado su anterior sexenio administrativo, no puede ser de mayor significación para la humanidad.
La crisis del régimen económico capitalista que en algunos países ha originado, para salvarse, los regímenes fascistas y totalitarios, se expresa también en forma de disputa violenta interimperialista para la conquista de los mercados y de las fuentes de producción de materias primas.
Tal disputa alcanza, a la fecha, las proporciones de una tragedia como jamás había vivido el mundo; en ella, la libertad de los hombres ha sido brutalmente violada, la soberanía de los pueblos destruida sin miramientos, y una guerra en la que todo principio de humanidad, toda ley, todo derecho, sucumben ante la realidad de la fuerza, que se presenta y esgrime como argumento supremo.
Ante esta situación, nuestro joven continente ejemplifica con su laboriosidad, con su dedicación al trabajo, con su definida adhesión a los principios de libertad y democracia; y México resalta, por una actitud invariablemente observada de reprobación de los atentados internacionales, cometidos en Abisinia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Bélgica, etc., por su afirmación de respeto a la soberanía de los pueblos; por el desconocimiento sistemático de las conquistas armadas y de los regímenes emanados de la violencia; por el sostenimiento vigoroso de sus ideales de paz y de justicia; por su afán de estrechar las relaciones internacionales, reconociendo las realidades de proximidad geográfica, solidaridad económica y similitud de instituciones que lo ligan con los demás pueblos del Continente.
Esta conducta de la Nación Mexicana, que se traduce también en el auxilio a los refugiados políticos, víctimas del expansionismo imperialista, en el respeto a las instituciones legítimas de otros países y en la vigorosa defensa de nuestra soberanía, acreditó a México una alta respetabilidad internacional y ameritó para el Gobierno un amplio respaldo popular.
Debe ser mencionada la actitud de nuestro país en la Sociedad de las Naciones, porque ella es valioso ejemplo de honestidad y lealtad a los principios que crearon la Sociedad Ginebrina, principios a los cuales México sigue fiel, no obstante que causas extrañas a nuestra voluntad, hayan ocasionado el fracaso, aunque sea temporal, de aquella Asamblea.
La Representación Nacional ratifica la política exterior del Gobierno y suscribe los valiosos principios que la inspiran, entre los cuales surgen con vigorosos perfiles, los que establecen que la victoria no concede derechos, ni es lícito reconocer la adquisición de territorios por medio de la fuerza.
Uno de los aspectos esenciales de esta política, sobre todo por lo que al interés de América se refiere, es el de la imposibilidad de permitir que otros Estados se apoderen de las colonias, que por razones de orden histórico, pero no moral, aún subsisten en el Continente.
Y la importancia de esta posición se acrecienta frente al peligro cada vez más cierto, de que la tragedia de Europa se aproxime a nuestras tierras.
Ante esta posibilidad, como lo asienta el informe del señor Presidente, precisa coordinar la acción de los países americanos, incluso en los renglones de carácter económico, pues esta coordinación, en la que toda posibilidad de absorción imperialista debe ser eliminada, resulta indispensable para la mejor defensa del Nuevo Mundo.
Estas tareas han sido abordadas con éxito y con beneplácito del país, en la reciente Conferencia Panamericana de La Habana, a la que México concurrió prestando una colaboración que se reconoce como valiosa y eficaz.
Política Educativa.
Un interés vital, esencial para la Nación, radica en la política seguida por el Gobierno en materia educativa, pues es evidente la enorme trascendencia que para la mejor integración de la nacionalidad tiene esta materia.
El Documento Presidencial expone, con elocuencia y elevado espíritu patriótico, los principios fundamentales que animan su gestión a este respecto; la exposición sobre los propósitos que inspiran las reformas del Artículo Tercero Constitucional, y la relación de las medidas encaminadas a la aplicación de la reforma, partiendo de la base de la trascendencia de los sistemas educativos en nuestra vida económica, política y social, entrañan una plena justificación de la conducta del Régimen a este particular; precisándose la circunstancia de que la reforma educacional, profundamente constructiva, se cimienta sobre el carácter eminentemente social de la ciencia, como producto colectivo y de la injusticia que por lo tanto, significa el disfrute de los beneficios de la cultura por una sola clase social; el estudio de las dificultades que implica el choque de la Reforma con las tradiciones y los perjuicios: la determinación del valor de la escuela como factor de unificación y creadora de una conciencia colectiva; la necesidad de una escuela de capacitación, para el mejor servicio de la sociedad, y la obligación historia de que la Reforma no se quede en simple tarea legislativa, sino que se realice en beneficio de la colectividad.
La Representación del pueblo toma nota de las importantes erogaciones hechas en el ramo de Educación Pública, principalmente en escuelas rurales, educación primaria urbana, prevocacional y vocacional, educación profesional de los maestros, escuelas centrales agrícolas, escuelas regionales campesinas, educación primaria para hijos de campesinos, subsidios a la Universidad Nacional Autónoma, Universidad Obrera y otros institutos de cultura superior, etc., y hace resaltar la importancia de la lucha contra el analfabetismo, de la campaña pro educación popular, de la federalización de la enseñanza mediante convenios con algunos Estados de la Unión, de la labor de acción social y cultural de la secretaría del Ramo y del establecimiento de institutos especializados, para el mejor desarrollo de la inmensa tarea educativa de la Revolución, entre los cuales sobresale por su importancia el Instituto Politécnico.
Las generaciones del presente y las del porvenir recogerán sin duda muy pronto, el fruto de este esfuerzo que se realiza en México, como un capítulo trascendente de nuestra lucha libertaria y de nuestro afán de integrar una nacionalidad inconmovible.
Señor Presidente:
El pueblo de México se ha enterado, por nuestro conducto, del Informe de Gobierno que ha rendido usted a la Representación Nacional y que nos hemos permitido glosar someramente.
El pueblo siente en su propio mejoramiento económico y moral, cuál es la patriótica y efectiva labor que usted ha desarrollado.
Cumple a nosotros, como genuinos representantes de este pueblo, que clamorosamente le respalda, otorgar la sanción constitucional a los actos del Gobierno que usted ha realizado.
El sentido de nuestra respuesta, es un sentido de resumen y síntesis de los juicios políticos, de las enseñanzas y experiencias que engendraron los actos de su Gobierno, durante un período de seis años que culmina en esta solemne ceremonia.
La Representación Nacional pasa revista a toda su labor gubernativa, a todos los Informes que usted ha rendido al congreso de la Unión, los reúne como un todo coherente, les otorga su más franca aprobación y hace votos porque el pensamiento político que usted ha establecido y su saber y su experiencia, continúen con nosotros para el más firme y mejor desenvolvimiento de la Revolución.
No son precisamente los hechos de mayor trascendencia nacional, los que dibujan con los más nítidos perfiles la transformación política que usted a operado para México, sino esa constante y perpetua voluntad de actuar, reflejada incluso en los detalles nimios y pequeños, y la probidad y firmeza de carácter con que usted ha sabido gobernar, durante estos seis años, al pueblo mexicano.
En el desplazamiento progresivo que los pueblos siguen a través de su trayectoria histórica, se registra en esta época una decadencia de los valores de la cultura política en todo el mundo.
En orden a las ideas sociales, viven los hombres actualmente dentro de un abismo de confusiones.
El proletariado de todo el mundo se encuentra en un estado tal de desconcierto, frente a la insolencia agresiva de las fuerzas de regresión representadas por el fascismo, que no se sabe cuánto tiempo tardará en reorganizarse para alcanzar la más auténtica democracia al servicio de los intereses populares.
Mientras tanto, la burguesía asustadiza de todos los países, incluso la de México, sin más doctrina que la que le ofrece su imaginación, y sin más táctica que la del alarmismo, intenta hacer más confuso el caos,
Sin embargo, en el más importante y fecundo ciclo histórico de México, durante el cual se arremolinaron en el mundo las pasiones y los intereses económicos, haciendo llegar hasta nuestro país oleadas de mezquindad y de odio, usted, señor Presidente, con una inquebrantable fe en los destinos de la patria, y con la firmeza que proporciona el conocimiento racional de las rutas a seguir, ha conducido a la Nación entera, hacia metas de mejoramiento real y no ficticio y a etapas de superación política con el más puro sentido revolucionario.
Usted ha destruido la desmedida ambición de poderío de quienes se sintieron eternamente indispensables, y ha desvanecido o reducido a sus normales proporciones, los impulsos mesiánicos, de quienes han pretendido presentarse ante el pueblo como salvadores de una situación cuyas contradicciones tienen su raíz en el pasado; porque con perversidad y mala fe, confundieron los efectos con las causas, los síntomas con la enfermedad, y para decirlo de manera inequívoca y directa, porque confundieron el bienestar personal y el provecho propio con la felicidad del pueblo.
En México, la conciencia política se encontraba adormecida.
El movimiento popular que se inició en 1910 y que se prolongó hasta 1917, agitó las conciencias con vivos ademanes de protesta, fue un agitado despertar de rebeldía.
El pueblo se lanzó a los campos y a la lucha en busca de sí mismo. Reorganizada la Nación, sobre bases constitucionales justas, justas porque fueron engendradas por el propio pueblo, México inicia el desenvolvimiento de sus instituciones, hasta el momento en que usted llega al Poder, para realizar la institución por excelencia: la democracia del verdadero pueblo, la del pueblo que sufre y que trabaja.
Y si el hombre es esencialmente un ser político; a partir del instante en que se vacía al Partido de la Revolución de su contenido puramente burocrático, para reconocerle su más valioso contenido de obreros, campesinos y soldados, se hace más humano al hombre, se le sitúa en el puesto social que le corresponde y se le hace despertar a la conciencia política que se le había negado.
A los políticos de profesión, parásitos de la buena fe del pueblo, les repugna este hecho, porque les resta posibilidades de éxito.
Más ambiciosos, más hábiles o mejor informados, ya que no más cultos, saben que el obrero, el soldado, el campesino, individualmente considerados, son moléculas aisladas que nada pueden ni nada significan en los movimientos políticos de la Nación; pero los políticos voraces saben que, unido el proletariado por sus comunes intereses y por sus comunes anhelos y esperanzas, en sindicatos, organizaciones y comisariados, constituyen la fuerza incontrastable que acabará con la estafa moral de las falsas representaciones populares, subvencionadas por las empresas capitalistas.
Y de la política humanista, que ha tratado de hacer más hombre al hombre, y que ha hecho de la tolerancia y de la generosidad una virtud que honra y enaltece a usted, como mandatario culto y probo, no sólo han usado ampliamente los enemigos de los intereses históricos del campesino y del obrero, sino que han abusado hasta extremos positivamente reprobables, desvirtuando así el sentido exacto de una conducta magnánima que emergió de la clara conciencia de la responsabilidad que la Nación ha puesto en manos de usted.
Vibra y se agita una voluntad perversa en nuestra patria, antítesis regresiva de nuestro devenir histórico, morbo que amenaza con la destrucción y el odio, y que aconseja sin embozo ser cautos como palomas y astutos como serpientes para asaltar el Poder en el momento más propicio, y sacia sus resentimientos y venganzas conforme a sus premeditadas listas negras; porque, torpes manoseadores de los fundamentos de la Revolución y de las reivindicaciones proletarias, que no entendieron ni sintieron, atribuyen a los llamados líderes, lo que no es sino la expresión de las angustias colectivas, lo que no es, sino la expresión de las contradicciones económicas de la sociedad actual, lo que no es, sino la expresión de un momento de la Historia.
No fue Hidalgo la traducción de un deseo personal de rebeldía, sino la resultante de una época de angustia colectiva.
No fue Morelos el exponente de una ambición personal de poderío, sino el desinteresado continuador de una lucha, que el pueblo reclamaba, y el iniciador de un sistema de instituciones que hacían falta a la Nación.
Ni Juárez fue el realizador de la Reforma por un puro alarde intelectual, sino el reparador de una injusticia intrínseca a su tiempo.
Tampoco Madero derrocó a la Dictadura, por un mero capricho personal, sino porque así lo reclamaban treinta años de opresión, que el pueblo había sufrido.
Así, no podrá nunca declararse válidamente, con la sensatez que los juicios políticos requieren, que Cárdenas ha dado a la Revolución el sentido económico de que carecía, por un simple y vano alarde, sino porque el pueblo todo de México, al respaldarlo en su gestión gubernativa, consciente de su posición en la historia, así se lo exigió.
Únicamente aquéllos que confunden la realidad actual de México con los trastornos de sus negocios personales, ignorando la situación económica del mundo, podrán volver la espalda a la verdad y condenar al Gobierno que más impulso ha dado al progreso de la Nación, y más tenazmente ha defendido la libertad del hombre.
Sólo aquéllos que se rehúsen a tomar sobre sus hombros la tarea de colaborar a el engrandecimiento de la patria, o los negociantes de la política, encontrarán más jugoso y conveniente socavar las bases de la sociedad que los sustenta, que cumplir con sus deberes en los puestos que la vida y la Revolución les deparó.
En estos momentos, en que casi todos los pueblos de la Europa continental, han regresado a las tinieblas de la Edad Media, haciendo gemir al pensamiento bajo la opresión y la dictadura, nosotros declaramos con orgullo, a todo el mundo, que en la República Mexicana, el Presidente Cárdenas, ha sabido conservar la más absoluta libertad de prensa y la más ilimitada expresión del pensamiento, no solamente en los libros y en las cátedras, sino incluso en toda clase de reuniones y manifestaciones públicas.
Y si no existieran en todo su período gubernativo, actos de mayor envergadura y trascendencia -que existen, como para llenar varios lustros de la Historia-, bastaría con este inteligente y ejemplar respeto que usted ha sabido sostener en pro del pensamiento impreso, para que la Historia le reservara un sitio preeminente, no obstante que los reaccionarios de hoy, prevaricadores de la Revolución de ayer, usaron y abusaron del noble vínculo del periodismo, para demostrar y escarnecer al Régimen actual, torciendo el sentido de la realidad y tratando de inducir a error y a desconfianza.
Una resaltada característica de su Gobierno, que quedará como norma del futuro, sobre la cual considero pertinente insistir, ha sido el cotidiano y persistente impulso humanista, del gobernante hombre, por acercarse al hombre gobernado.
La auscultación directa de los problemas en su propia realidad viviente, el estudio y el reconocimiento experimental de las necesidades del pueblo, en todo el país, como preocupación constante de su actividad creadora, se elevarán de hoy en adelante a la categoría de sistema de gobierno, en este nuestro México, cuya composición sociológica en el presente estadio de su evolución histórica, requiere y exige que se deseche definitivamente el aislamiento de los gobernantes, y se establezca la fecunda comunión del gobernante con el pueblo.
No obstante la limpieza y la altura del Régimen instituido por usted, los representantes de las fuerzas regresivas del interior y del exterior, olvidando las experiencias trágicas que acumula nuestra época, continúan, obcecados por innobles y desmedidas ambiciones, calumniando a su Gobierno, al que atribuyen signos de extremismo, incapaces de comprender que los criterios políticos y las formas y sistemas de gobierno, obedecen a directrices impuestas por la historia y por el desarrollo de la economía.
Y nuestro desenvolvimiento histórico y el desenvolvimiento de nuestras formas de producción, no alcanzan el grado de descomposición que pudiera hacernos inexorable la disyuntiva del comunismo o el fascismo; porque, para que lo primero sucediera, necesitaría el proletariado cargarse de miseria física; para que sucediera lo segundo, necesitaría el pueblo cargarse de miseria moral.
No existe, pues, peligro alguno de fascismo o comunismo que amenace la austera democracia que vive nuestra Pátria.
Es la ignorancia y la ambición la que hace agitarse con criminales alarmismos a las clases reaccionarias del país.
La línea política que usted, señor Presidente, trazó para la Nación con la firme orientación de su Gobierno, ha sido una línea de justicia y equidad para todas las clases sociales de México, protegiendo con el imperio de la ley las nobles aspiraciones del proletariado, y preservando y fomentando todo capital que estimule y fortalezca al pueblo.
Así, el Gobierno de usted, ciudadano Presidente Cárdenas, ha sido una de las más fecundas resultantes de la historia económica y política de México, y una de las más brillantes jornadas de nuestro decurso institucional.
Y al reconocerlo así expresamente, la Representación Nacional que en este instante presido, rinde a usted, en nombre de la Nación mexicana, un cálido homenaje de admiración, de gratitud y de respeto.
 

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