Convención de la OEA sobre Asilo Diplomatico (1954)

CONVENCIÓN SOBRE ASILO TERRITORIAL

OEA

[28 de Marzo de 1954]

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Asilo Territorial, han convenido en los siguientes artículos:
                                                                            Artículo I

Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. 

Artículo II

El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos. 

Cualquier violación de soberanía consistente en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de Estado. 

Artículo III

Ningún Estado esta obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos a delitos políticos. 

Artículo IV

La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos. 

Artículo V

El hecho de que el ingreso de una persona a la jurisdicción territorial de un Estado se haya realizado subrepticia o irregularmente no afecta las estipulaciones de esta Convención. 

Artículo VI

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, ningún Estado está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos administrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el solo hecho de que se bate de asilados o refugiados políticos.

Artículo VII

La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante. 

Artículo VIII

Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación que la legislación interna de éste reconoce a todos los extranjeros dentro de su territorio, a menos que tales reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el empleo de la fuerza o la violencia contra el gobierno del Estado solicitante. 

Artículo IX

A requerimiento del Estado interesado, el que ha concedido el refugio o asilo procederá a la vigilancia o a la internación, hasta una distancia prudencial de sus fronteras, de aquellos refugiados o asilados políticos que fueren notoriamente dirigentes de un movimiento subversivo, así como de aquellos de quienes haya pruebas de que se disponen a incorporarse a él. 

La determinación de la distancia prudencial de las fronteras para los efectos de la internación dependerá del criterio de las autoridades del Estado requerido. 

Los gastos de toda índole que demande la internación de asilados o refugiados políticos serán por cuenta del Estado que la solicite. 

Artículo X

Los internados políticos, a que se refiere el artículo anterior, darán aviso al gobierno del Estado en que se encuentran siempre que resuelvan salir del territorio. La salida les será concedida, bajo la condición de que no se dirigirán al país de su procedencia, y dando aviso al gobierno interesado. 

Artículo XI

En todos los casos en que la introducción de una reclamación o de un requerimiento sea procedente conforme a este convenio, la apreciación de la prueba presentada por el Estado requirente dependerá del criterio del Estado requerido. 

Artículo XII

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, y será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

Artículo XIII

El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panamericana, la cual enviará copias certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Unión Panamericana y ésta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. 

Artículo XIV

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones.

Artículo XV

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando en vigor entre los demás Estados signatarios. La denuncia será transmitida a la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás Estados signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus plenos poderes que han sido hallados en buena y debida forma, firman la presente Convención en nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciudad de Caracas, el día veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro. 

* Fuente: www.acnur.org

Adoptada en la X Conferencia Interamericana realizada en Caracas, Venezuela el 28 de marzo de 1954.Entrada en vigor el 29 de Diciembre de 1954 de conformidad con el art. 14 Serie sobre Tratados, OEA, N° 19.

Países signatarios	Firma	Ratificación	Depósito	Información
Antigua y Barbuda
Argentina	03/28/54	02/15/93	03/29/93 RA
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia	03/28/54
Brasil	03/28/54	06/25/57	09/17/57 RA
Canadá
Chile	03/28/54
Colombia	03/28/54
Costa Rica	06/16/54	01/13/55	02/24/55 RA
Cuba	03/28/54
Dominica
Ecuador	03/28/54	03/20/55	08/11/55 RA
El Salvador	03/28/54	09/06/54	09/28/54 RA
Estados Unidos
Grenada
Guatemala	03/28/54	03/05/83	05/13/83 RA	Si
Haití	03/28/54	01/18/55	12/01/74 RA	Si
Honduras	03/28/54			Si
Jamaica
México	03/28/54	01/25/57	02/06/57 RA
Nicaragua	03/28/54
Panamá	03/28/54	01/16/58	03/19/58 RA
Paraguay	03/28/54	10/04/56	01/25/57 RA
Perú	01/22/60	05/21/62	07/02/62 RA
República Dominicana	03/28/54	11/17/61	12/14/61 RA	Si
San Kitts y Nevis
Santa Lucía
St. Vicente & Grenadines
Suriname
Trinidad & Tobago
Uruguay	03/28/54	06/06/67	08/09/67 RA	Si
Venezuela	03/28/54	12/15/54	12/29/54 RA

*DECLARACIONES/RESERVAS/DENUNCIAS/RETIROS

Guatemala:

(Reservas hechas al firmar la Convención)

Hacemos reserva expresa del artículo II en cuanto declara que los Estados no están obligados a otorgar asilo; porque sostenemos un concepto amplio y firme del derecho de asilo.

Asimismo hacemos reserva expresa del último párrafo del Artículo XX, porque mantenemos que toda persona, sin discriminación alguna, está bajo la protección del asilo.

Honduras:

(Reservas hechas al firmar la Convención)

La Delegación de Honduras suscribe la Convención sobre Asilo Diplomático con las reservas del caso respecto a los artículos que se opongan a la Constitución y a las leyes vigentes de la República de Honduras.

República Dominicana:

(Reservas hechas al firmar la Convención):

La República Dominicana no acepta las disposiciones contenidas en los artículos VII y siguientes, en lo que respecta a la calificación unilateral de la urgencia por el Estado asilante;

Segunda: Las disposiciones de esta Convención no son aplicables, en consecuencia, en lo que a la República Dominicana concierne, a las controversias que puedan surgir entre el Estado territorial y el Estado asilante, y que se refieran concretamente a la falta de seriedad o a la inexistencia de una verdadera acción persecutoria contra el asilado por parte de las autoridades locales.

Uruguay:

(Reservas hechas al firmar la Convención)

El Gobierno del Uruguay hace reservas del artículo II en la parte en que establece que la autoridad asilante, en ningún caso está obligada a conceder asilo ni a declarar por qué lo niega.

Hace asimismo reserva del artículo XV en la parte en que establece: ..."sin otro requisito que el de la exhibición, por vía diplomática, del respectivo salvoconducto visado y con la constancia de la calidad de asilado otorgado por la misión diplomática que acordó el asilo. En dicho tránsito, al asilado se le considerará bajo la protección del Estado asilante"...  Finalmente, hace reserva del segundo inciso del artículo XX pues el Gobierno del Uruguay entiende que todas las personas, cualquiera sea su sexo, nacionalidad, opinión o religión, gozan del derecho de asilarse.

                                                                               

(Reservas hechas al ratificar la Convención)

Con las reservas formuladas al firmarla.

Haiti:

Denuncia: 08/01/67

Retiro Denuncia: 12/01/74