septiembre 19, 2012

Debate Carnes Argentinas y Monopolio Extranjero: Discurso de Lisandro de la Torre en el Senado, con motivo de la investigación del comercio de carnes (1935) -7/12-

COMISION INVESTIGADORA DEL COMERCIO DE CARNES
DISCURSOS EN EL SENADO DE LA NACION CON MOTIVO DE LA INVESTIGACION DEL COMERCIO DE CARNES
Lisandro de la Torre
Sesiones del 18, 19, 21, 22 y 27 de junio, 20, 22 y 23 de julio y 10 de septiembre de 1935
[22 de Junio de 1935]

[7/12]
EL FAVORITISMO CON LOS FRIGORIFICOS EN LA SUPRESION DE IMPUESTOS

Sr. de la Torre.— El favoritismo que dispensa el Poder Ejecutivo a los frigoríficos extranjeros, es tan extraordinario, que ha llegado a hacer en su beneficio lo que pocas veces se ha visto. Se les va a eximir de un impuesto que pagan desde hace 12 años; y la erogación se echará sobre las espaldas de los ganaderos.
En una era de creación incesante de impuestos y de aumento de impuestos que hará fatídicamente memorable el recuerdo del actual ministro de Hacienda, se ha producido el fenómeno de que el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados se hayan dado verdadera prisa en aliviar a los frigoríficos del impuesto de inspección que pagaban desde el año 1923, de acuerdo con el artículo 20 de la ley 11.226, consistente en $ 0,30 por cabeza de bovino y porcino y $ 0,10 de lanares. En los últimos 10 años ese impuesto ha rendido, término medio, $ 1.680.000 anuales.
El 27 de Julio de 1934, entró a la Cámara de Diputados un proyecto subscripto por el ministro de Agricultura, señor Duhau y por el ministro interino de Hacienda, señor Alvarado, que decía: “Artículo 1° — Derógase el artículo 23 de la ley número 11.226. Y nada más.
El mensaje subscripto por el presidente de la República y los dos ministros citados, expresa que ese impuesto percibido en una cuenta especial, se destinaba a sufragar los gastos del control económico y sanitario de los frigoríficos, pero que en 1931 se dispuso ingresar esos fondos a rentas generales por haberse incluido en el presupuesto general los recursos necesarios para atender las erogaciones correspondientes al personal y gastos ocasionados por el servicio de inspección sanitaria y de control. A eso le llama, el Poder Ejecutivo, haber quedado sin destino el gravamen del artículo 23 de la ley 11.226.
Había quedado sin destino “el fondo especial”, por cuanto el presupuesto general había tomado a su cargo el servicio que había motivado su creación, pero no había quedado sin destino el producto del impuesto desde que se dispuso, en 1931, su ingreso a rentas generales.
La manera de argumentar del Poder Ejecutivo pone en evidencia el favoritismo que ampara siempre a los frigoríficos. ¿Qué otro contribuyente habría conseguido ser eximido de una gabela por una razón de pie de banco como la expuesta? Ninguno.
Pero eso no es todo. El Ejecutivo recuerda, complementariamente, que se ha dictado la ley 11.747, creando la Junta Nacional de Carnes y que en dicha ley se establece un impuesto a los ganaderos con el fin de financiar las instituciones industriales o comerciales que sean necesarias a los fines de utilizar el 11 % de la cuota reconocida a la Argentina por el Convenio de Londres.
Y en el acto el presidente de la República, el ministro de Agricultura, el de Hacienda, y la Cámara de Diputados encuentran que un impuesto creado para construir el frigorífico nacional es igual a un impuesto destinado a costear la inspección sanitaria, y entonces habiendo una supuesta superposición de impuestos, debe suprimirse, lógicamente, el que pagan los frigoríficos, y mantenerse el que pagan los ganaderos.
Repito, que estas cosas no suceden sino con los frigoríficos.
En la Cámara de Diputados el proyecto se sancionó en cinco minutos; previo un informe del diputado doctor Miguel Angel Cárcano, defensor infatigable de los frigoríficos, quien se limitó a las siguientes palabras: “Este despacho se propone suprimir un doble impuesto que soporta en este momento la ganadería: sancionada la ley 11.747 que creó la Junta Nacional de Carnes, corresponde derogar el artículo 23 de la ley 11.226 que significa una doble imposición”.
El diputado Cárcano afirmó, rotundamente, la existencia de una doble imposición, pero no lo demostró.
Había deslizado una afirmación totalmente equivocada: ni la ley 11.747 encarga a la Junta Nacional de Carnes de la inspección sanitaria, ni el impuesto que pagan los frigoríficos y los saladeros directamente y no incide siquiera sobre los productores por su pequeñez, es un impuesto a los ganaderos comparado con el de la ley 11.747.
Vuelvo a repetir que esto no sucede sino con los frigoríficos.
El Centro de Consignatarios de la Capital ha presentado con este motivo, al Senado, una nota muy bien fundada, y en ella aboga porque no se sancione el proyecto del Poder Ejecutivo. Entre otras razones invoca la injusticia de gravar a los productores arruinados para desgravar a los frigoríficos, y al considerar el argumento de que el impuesto de 30 centavos por cabeza incide sobre los productores dice: “El gravamen de la ley 11.747 se aplica directamente al productor y se retiene en la fuente; es un descuento del 1 % sobre el valor bruto del producto que vende. En cambio, el impuesto de la ley 11.226 es a cargo de las fábricas; constituye una tasa uniforme y si bien parecería teóricamente que su gravitación puede ser trasladada al productor, ello no sucede en la práctica debido a las normas que rigen las transacciones del ganado. En efecto, los $ 0,30 que pagan las fábricas por la faena de un animal bovino equivalen a seis diez milésimos de pesos por cada kilo de novillos de un precio promedio de 500 kilos. Las compras de ganado bovino se hacen a tantos centavos por kilo, en Liniers se suele comprar por milésimos, pero nunca se ha llegado a los diez milésimos, por lo que la diferencia que el impuesto significa no puede incidir sobre el productor, ni en su perjuicio, ni en su beneficio: es pues, un impuesto a cargo de las fábricas.
 “En cambio, por el sistema de la ley 11.747, porcentaje sobre el precio, el impuesto se toma directamente del productor
“Más grata a los productores sería la disminución de la tasa de la ley 11.747, que puede ser modificada por decreto del Poder Ejecutivo, en la proporción necesaria para que su producido y éste de la ley 11.226 no sean inferiores al monto que debe arrojar la tasa del 1 %, actualmente en vigor.
Ambos impuestos podrían subsistir, porque su naturaleza es distinta, cumpliéndose en esa forma, sin duda, el propósito que ha animado al Poder Ejecutivo a propiciar la sanción que observamos”. Y más adelante agrega la nota de los consignatarios: “Se argumentará seguramente que la supresión de un gravamen que incidirá favorablemente sobre sus utilidades, permitirá a los frigoríficos abonar mejores precios, pero en el estado actual de la industria ganadera y frigorífica en nuestro país, no es posible hacerse tales ilusiones. Es preferible aligerar al productor de las cargas directas que pesan sobre el mismo en lugar de suprimir impuestos a terceros que hipotéticamente pudieran ser trasladados a cargo del productor”.
He leído estas observaciones de la nota del Centro de Consignatarios con tanta extensión, porque espero que a su hora el Senado las tome en cuenta y entretanto me limito a destacar, el favoritismo que representa el hecho inusitado de la supresión de un impuesto que produce $ 1.680.000 al año, en beneficio exclusivo de las empresas frigoríficas que exprimen a los ganaderos.
FAVORITISMO CON LOS FRIGORIFICOS DEL “POOL” EN LA PARALIZACION DE LAS MULTAS
Establecido en el caso ya citado de Carvallo Merino el precedente de que la falsedad en las clasificaciones de ganado, a los efectos de pagar a los productores un precie, inferior al que debía corresponder, daba lugar a la aplicación de una multa considerable, la Dirección del Contralor del Comercio de Carnes, que estaba entonces cargo del doctor Juan E. Richelet, funcionario capaz y correcto, inició numerosos expedientes con motivo de otras tantas falsas clasificaciones, aconsejando en la mayor parte de los casos la aplicación de multas.
Entretanto, el frigorífico Anglo se había presentado a la justicia federal, reclamando la devolución de la multa de .$ 30.000 que le había sido impuesta, en el caso Carvallo Merino. En esa misma época el señor Duhau había sido nombrado ministro. Inmediatamente de hacerse cargo del puesto dispuso que se paralizaran los expedientes por falsas clasificaciones hasta que se fallara el juicio promovido por el Anglo. Es, como se ve, un procedimiento de favor.
La regla general en los casos de multas por infracciones es que se apliquen y que los infractores las abonen sin tardanza y después inicien, si quieren, el juicio por devolución. Se necesitó que los frigoríficos incurrieran en multas para que se modificaran los procedimientos usuales.
Las multas en las denuncias que se habían presentado antes de ocupar la cartera el actual ministro de Agricultura, fueron aplicadas después del fallo de la Corte rechazando la demanda del Anglo; pero desde que el señor Duhau asumió el ministerio se acabaron las nuevas multas.
Los frigoríficos siguen procediendo más o menos como antes, pero ahora ocultan las infracciones que resultaban del parte de la inspección. Podría descubrirse el fraude controlando la graduación de las carnes en playa y la regraduación en cámara; pero nada de eso se hace. Corresponderían ambas inspecciones a la Junta Nacional de Carnes, pero no las practica y eso que gasta anualmente $ 800.000 en personal:
La sentencia de la Corte no ha servido de lección a los frigoríficos. Los frigoríficos han pretendido burlarla, asegurándose la complicidad de las propias víctimas, atemorizándolas con las perspectivas del boicot y les han pedido que manifiesten por carta su conformidad con el despojo de que fueron objeto, para conseguir así que la Junta Nacional de Carnes deje sin efecto las multas. Esas invitaciones llevan implícito el anuncio de que el ganadero despojado que no se someta al despojo, será boicoteado.
Tengo aquí una de esas comunicaciones, que no he llevado a la comisión porque me ha sido entregada recién.
Emana del frigorífico Smithfield y fue dirigida al señor Facundo Larguía el 31 de Enero del corriente año. Dice así: “Señor Facundo Larguía, hijo. Classon, F. C. C. C., Santa Fe. Muy señor nuestro: Con fecha 2 de Marzo de 1933 hemos comprado a usted, de sus estancias La Martita y La Lolilla, 550 novillos al precio de $ 0,15 el kilo.
“Como el resultado de matanza de novillos no está de acuerdo a lo estipulado en el boleto respectivo, la Junta Nacional de Carnes nos ha aplicado una multa, por lo que solicitamos de su reconocida gentileza nos envíe una carta a vuelta de correo, más o menos de acuerdo con el borrador adjunto.
“Anticipándole las gracias, saludamos a usted muy atentamente”. Firma el gerente del frigorífico. La firma es ininteligible.
El borrador dice así: “Muy señores míos: Me es agradable satisfacer el pedido que ustedes se han servido hacerme, para que confirme por escrito las manifestaciones verbales que he hecho a ustedes, respecto de la tropa de 550 novillos, proveniente de mis establecimientos La Martita y La Lolita, que ustedes me compraron, según boleto fechado el 2 de Marzo de 1933.
“En consecuencia, declaro que es verdad:
“1°—Que el precio estipulado en el boleto referido para la mencionada tropa de 550 novillos, fue fijado de común acuerdo entre ustedes y yo.
“2°—Que ese precio era el que, según mi criterio de vendedor, correspondía al realizarse la compraventa, a la mencionada tropa de novillos.
“3°—Que si por cualquiera circunstancia ustedes consideraron conveniente dar a la carne proveniente de esos mismos novillos destino distinto del manifestado al concertarse la compraventa, tal cambio de destino no me ha ocasionado a mí perjuicio alguno.
“4°—Que desde hace —en blanco el número de años—he vendido a ustedes novillos de mi producción, sin que esas antiguas y frecuentes relaciones de negocios hayan dado jamás lugar a dificultad alguna entre nosotros; por lo que por mi parte continuaré gustoso esas relaciones con ustedes”.
Hay otra clase de multas que no se aplican, no obstante tener conocimiento de las infracciones los ministerios de Hacienda y Agricultura, por ejemplo, la falsedad de los datos que los frigoríficos comunican a la Dirección de Estadística, con el fin de que sirvan de base al cálculo de los aforos de la junta respectiva.
La ley 3.180, en su artículo 4° establece: “Las empresas, establecimientos o sociedades particulares que incurriesen en la misma falta, adulterar los datos solicitados, sufrirán por primera vez una multa que variará entre 100 y 500 pesos; y para las sucesivas, entre $ 500 y pesos 1.000, las cuales se harán efectivas ejecutivamente con la resolución del Poder Ejecutivo”.
Antes de realizarse esta investigación, el Poder Ejecutivo sabía que los precios de facturación de los frigoríficos no coincidían con los da tos que suministraban a la Dirección de Estadística, y, sin embargo, no aplicaba las multas de la ley 3.180. Ahora lo sabe a mayor abundamiento. Todos los frigoríficos del pool proceden más o menos así, y en el caso especial de La Blanca, que ya cité, estima el precio F. O. B. del chilled que exporta, a los efectos de la investigación, en 0,51 el kilo, y a los efectos del aforo en 0,55 el kilo.
FAVORITISMO CON LOS FRIGORIFICOS DEL “POOL” EN LA NO APLICACION DE LAS LEYES
El cumplimiento de la ley de carnes número 11.226, estuvo paralizado 12 años, en la parte referente al derecho del Poder Ejecutivo para investigar la contabilidad de los frigoríficos.
¿Se ha visto alguna vez que las leyes argentinas, sobre todo siendo de aplicación urgente e importante, hayan sido mantenidas años y años en suspenso, sin más motivo que el haber impugnado su constitucionalidad una empresa privada?
Eso ha pasado con la ley 11.226, y tenía que pasar porque afecta a los frigoríficos.
Cuando los tribunales declaran inconstitucional una ley, deja de aplicarse en adelante, y el gobierno indemniza los perjuicios que haya podido causar. Esa práctica no rige para los frigoríficos.
La sentencia de la Corte que declara constitucional la ley 11.226 se dictó en Diciembre pasado. Han transcurrido ya seis meses y la Junta Nacional de Carnes continúa sin investigar la contabilidad de los frigoríficos.
A los efectos de hacer creer al público que se daba cumplimiento a la ley, después de la sentencia se nombró una comisión de contadores y ésta se presentó a los frigoríficos. Pero la investigación de los costos no se ha realizado.
La Junta Nacional de Carnes, según los informes que tengo, y procediendo en un todo de acuerdo con el ministro de Agricultura, dio instrucciones a los contadores a que acabo de referirme, a los efectos de proyectar una contabilidad adecuada y no puso interés en averiguar los precios de costo.
De aquí resulta un cargo grave para la junta Nacional de Carnes.
A los tres meses de funcionar la Comisión Investigadora parlamentaria, el contador Yasky podía decir ya cuál era el costo de industrialización del frigorífico Swift, por ejemplo. A los seis meses de haber sido nombrados los contadores de la Junta Nacional de Carnes, no saben una palabra al respecto.
Esto sólo basta y sobra como demostración de que en el Poder Ejecutivo y en sus ramificaciones no se ha querido nunca poner en evidencia lo que ganan los frigoríficos.
FAVORITISMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON LOS FRIGORIFICOS DEL “POOL”
En el mes de Mayo del año pasado los diarios dieron la noticia de una actitud extraña de dos funcionarios del Ministerio de Agricultura, los señores Lucas y Viacava, en una reunión de la Junta Nacional de Carnes. La noticia aparecida en “La Prensa”, después de referir que la Comisión Nacional de Carnes se había pronunciado por unanimidad en favor de la aplicación de multas en los casos de clasificaciones fraudulentas decía: “En tal oportunidad, luego de discutirse el asunto fue puesta a votación la medida aconsejada aprobándose por el voto de todos los miembros presentes excepción hecha de dos funcionarios del Ministerio de Agricultura, que forman parte del organismo, el director general de Ganadería y el interventor de la División de Contralor del Comercio de Carnes”.
Ese episodio es representativo de lo que ocurre en general. Salvo honrosas excepciones, —que las hay—, el personal del Ministerio de Agricultura siente una inclinación irresistible por la causa de los frigoríficos lo que se relaciona con un hecho que nadie ignora: los funcionarios que cumplen con su deber en los casos de infracción de los frigoríficos, muy pronto se ven postergados y hasta pierden su carrera; los que votan como votó el señor Viacava en la Comisión Nacional de Carnes, reciben las más señaladas distinciones y son enviados a Europa a desempeñar los cargos más delicados. Los que suscriben informes complacientes para perjudicar a los frigoríficos argentinos, como Fernández Beyró, llegan al punto más culminante de la carrera administrativa: la jefatura de la Dirección de Ganadería.
PRECIOS DEL GANADO EN LA ARGENTINA Y EN AUSTRALIA
La minuta votada por el Senado recomienda a la comisión investigadora averiguar, “si los precios que se pagan en Australia por los novillos de exportación, son superiores o inferiores a los que se pagan por los novillos de exportación en la Argentina”.
Redactada la pregunta en esos términos, —la redacción pertenece al ministro de Agricultura— puede conducir a conclusiones erróneas, debido a que no toma en cuenta las siguientes diferencias: Primero, los novillos de exportación argentinos son de la mejor clase conocida y los novillos de Australia, sobre todo los del estado de Queensland, a que se refirió especialmente en su exposición de Septiembre el ministro de Agricultura, tienen poca calidad. Segundo, los novillos argentinos producen un rendimiento en carne limpia, superior en un 5 % a los australianos. Tercero, la carne australiana abona un flete a Gran Bretaña más alto que la Argentina. Cuarto, la carne argentina obtiene en Gran Bretaña un precio muy superior al de la carne australiana.
La carne australiana se vendía en 1934, en Londres, a 1 1/2 peniques menos por libra que la carne argentina, y esa diferencia representa para el exportador 50 o 60 pesos menos por cabeza.
El miembro informante de la mayoría de la comisión al sostener su despacho prescindió de esas consideraciones, “de las que es imposible prescindir”, y llegó a una conclusión sin alcance práctico y hasta sin sentido: los novillos de exportación de la Argentina, dice, siendo de mejor calidad han tenido mejor precio que los de Australia en 1934. Debió averiguar si los bovinos argentinos a igualdad de clase que los australianos obtienen o no un precio mucho menor que el pagado por los australianos.
Las circunstancias fundamentales que he enumerado, no han sido tomadas en cuenta, como digo, ni por el ministro de Agricultura, ni por la mayoría de la comisión. En el informe presentado, si bien reconoce el ministro de Agricultura la inferioridad de los novillos australianos (página 58 del folleto), sólo incidentalmente alude a que su carne obtiene menor precio en la Gran Bretaña, y no toma en cuenta el mayor valor de la carne importada de la Argentina, cuando compara el precio que se paga a los productores. Eso sólo, vicia de nulidad sus comparaciones.
En una palabra, la comparación debe recaer sobre el precio de compra de los novillos en Australia y en la Argentina, parangonado con el precio de venta que respectivamente obtienen, y así se demostrará que los frigoríficos se conforman en Australia con una utilidad infinitamente menor que en la Argentina, o sea, con una utilidad razonable de meros intermediarios, y no como aquí, con una utilidad igual unas veces, y otras veces superior al precio que han pagado por el novillo.
El ministro de Agricultura y el miembro informante de la comisión comparan los precios de compra en ambos países, suponiendo la carne vendida al mismo precio, lo que demuestra su desconocimiento absoluto de este asunto.
Puesto que debemos basarnos, ante todo, en las informaciones sobre Australia de la “Pastoral Review”, véase lo que dice uno de los colaboradores de esta revista en la página 82, del año 1934: “No puedo aceptar que debamos esperar —tal vez por años—, hasta que hayamos alcanzado la superioridad de la Argentina, antes de poner nuestra carne chilled en el mercado. Sud África no esperó y aun cuando su carne bovina es, en término medio, inferior a la nuestra, se vende en Londres a un precio satisfactorio comparado con el que obtendría congelada. En Septiembre último, estando en Londres la vi venderse en Smithfield directamente del vapor, a 4 peniques más o menos por libra, cuando la carne argentina de primera se vendía a 5 y nuestra carne australiana congelada, era almacenada a pesar de existir desde hacía meses otra cantidad esperando mercado, soportando almacenaje y otros gastos y prácticamente invendible, aun cuando cotizada normalmente a 2 ½ peniques o 3 peniques por libra”, mientras que la argentina se cotiza a 5.
Como he dicho, el ministro de Agricultura y el señor senador por San Luis no toman en cuenta esa situación y comparan la carne argentina con la australiana, como si se vendieran al mismo precio, o bien no advierten la diferencia, con lo cual pierden toda eficacia a los fines de lo que querrían demostrar.
En el momento en que se planteó esta investigación, el 1° de Septiembre de 1934, un novillo argentino de 500 kilos, de alta calidad, producía al exportador, al frigorífico, un producto bruto en Smithfield de $ 267,07 (regía una cotización de 4 chelines, 10 peniques por “stone” de 8 libras para los cuartos traseros y 2 chelines 6 peniques para los delanteros) ; mientras que un novillo australiano, en el mejor de los casos, con esos precios altos, pero con la depreciación que tiene su carne, no producía bruto sino 150 pesos.
En esas condiciones si el frigorífico pagaba, término medio, por el novillo chilled de primera en la Argentina $ 125 —pagaban menos todavía en Septiembre de 1934— y en Queensland $ 100 por un novillo ordinario, término medio, es evidente que pagaban en Queensland mucho más que en la Argentina. La “Pastoral Review” consigna los siguientes precios máximos en Queensland en 1934: Enero, $ 112 argentinos; Febrero, 100 a 103; Marzo, hasta 115; Mayo, 124. Los mejores novillos de Queensland serán, término medio, como los de Entre Ríos, que pueden cotizarse a 70 pesos.
Es decir, que un novillo australiano, de 3 a 4 años o más, de la zona tropical infestada de garrapata, era vendido para congelar o conserva, a un precio mucho más alto que un animal análogo o superior originario de Entre Ríos o a un precio igual al 4ue obtienen en la Argentina los mejores novillos chilled, que realizan en Smithfield un producto bruto superior en un 40 % al del novillo australiano.
El ministro no pudo ocultar en el debate la realidad de esa situación. “En Queensland —dijo— el ganado es de exportación”. (Página 1.092, Diario de Sesiones de 8 de Septiembre de 1934).
Negó, en cambio, la existencia de garrapata; pero yo le pedí que leyera en la página 549 de la “Pastoral Review”, de Junio de 1934, que tenía sobre la mesa en ese instante, una nota editorial acerca de la garrapata, que dice: “Peste de garrapata. —Las lluvias recientes han aumentado la virulencia de la garrapata en la zona detrás de Townsville y han ocurrido numerosas pérdidas en el ganado joven que carece de inmunidad. La pérdida de la inmunidad proviene de la continuidad de los baños y de la prevalencia de estaciones secas que reducen los ataques de la garrapata”.
Es, pues, un ganado de la zona tropical, infestada de garrapata, ganado de mucha edad y de baja calidad, destinado a congelado de segunda o tercera, o conserva, el que ha comparado con el ganado argentino chilled el ministro de Agricultura al comparecer ante la comisión a fin de justificar lo que sostuvo erróneamente en el Senado y en la inauguración de la Exposición Rural de 1934.
Hecha esta síntesis breve, pero ilustrativa, veamos ahora la verdadera situación y condición de la exportación de carnes australianas, a la luz de los datos proporcionados por la “Pastoral Review”, autoridad aceptada por el ministro de Agricultura y por mí.
Dije en la sesión recordada del Senado, que en Tasmania los novillos de primera exceden con frecuencia de $ 200 por cabeza y se produjo, entonces, este diálogo: “Sr. de la Torre. —En Tasmania, los novillos especiales, en Enero de 1934, valían $ 205,80. ¿Cuántos años hace que en la República Argentina no se pagan $ 205,80 por un novillo de ninguna condición?
“Sr. Ministro de Agricultura.— Yo nunca le he negado al señor senador que no valieran ese precio los novillos allí; pero se trata de regiones de consumo y no de exportación”.
En una palabra, el ministro de Agricultura reconoció la exactitud de los altos precios mencionados, pero objetó su significado en razón de que Tasmania no exporta carne bovina.
El valor de la objeción es relativo; Tasmania, efectivamente, no exporta carne bovina, pero no es menos exacto que rigen también precios muy altos en otros Estados australianos que exportan carne bovina, como por ejemplo, Australia Occidental y Nueva Gales del Sur.
En la respuesta del ministro de Agricultura al punto décimo del cuestionario que le presentó la comisión, en la página 54 del folleto citado, dice que en el año terminado el 30 de Junio de 1934, se exportaron de Australia Occidental 70.000 cuartos.
Y respecto de Nueve Gales del Sur, en la misma página reconoce que exportó en el mismo período 17.970 cuartos, cantidad que no toma en cuenta por ser ínfima comparada con lo que exporta Queensland.
No es admisible semejante razonamiento. Un país o una región no dejan de ser exportadores de un producto porque otro país u otra región exporten en mayor cantidad. Uruguay o Brasil no dejan de ser exportadores de chilled porque la Argentina exporte cantidades superiores.
Australia Occidental exporta 70.000 cuartos bovinos congelados, que corresponden a 17.500 novillos con un valor —a los precios corrientes en la región, consignados en la “Pastoral Review”— superior a $ 3.000.000, y esa suma no es tan insignificante como para que los exportadores se den el lujo de perder sobre ella el 50 %, o más, según se desprendería de los cálculos del señor ministro de Agricultura.
Los precios que regían en Australia Occidental, según la “Pastoral Review”, en pitio de 1934, página 561, dados por mí en el debate, alcanzaban hasta 17 libras australianas, es decir, a 233 pesos en Perth, por cabeza.
Admito que esos novillos cotizados a un precio que superan en 100 pesos por cabeza a la más alta cotización argentina de la misma época, no hayan sido exportados. Admito que fueran adquiridos para el consumo, pero el sentido común dice, —y los datos oficiales lo comprueban— que los novillos exportados, y hay 17.500 novillos exportados de esa zona donde el consumo paga hasta 233 pesos por cabeza por los mejores ejemplares, y 164 pesos —o sean 12 libras australianas— por los de más baja cotización, no pueden haber sido comprados por la exportación a precios viles, porque de no ser así, no se habrían exportado, se habrían vendido para el consumo local.
Y los novillos de Australia Occidental que llegan a Perú atravesando los desiertos descriptos en el informe del Ministerio de Agricultura —adviértase que no son novillos iguales a los del litoral argentino, son novillos que apenas pueden alcanzar, como ya lo he dicho, la clasificación de congelar de segunda, y por esa clase de novillos los frigoríficos, que exprimen al productor argentino, pagan 12,14 o máximo 16 centavos, equivalentes a 70 u 80 pesos por cabeza puestos en fábrica con el flete a cargo del vendedor.
El ministro de Agricultura tampoco quiere reconocer como Estado exportador a Nueva Gales del Sud, donde rigen ordinariamente cotizaciones de 10 libras australianas por cabeza, y donde el cental (100 libras de carne limpia), se cotiza de 30 a 34 chelines, o sea a un precio de 44 a 51 centavos el kilo, en moneda argentina.
Sostiene que deben rechazarse esos precios corrientes a los efectos de la comparación con los precios que pagan en la Argentina los frigoríficos; la pretensión del ministro de Agricultura carece de tal manera de fundamento, que me basta recordar al Senado que Nueva Gales del Sur es el Estado australiano de donde han partido los primeros cargamentos de chilled beef, con destino a Smithfield.
En el propio informe presentado por el ministro de Agricultura a la comisión, hay elementos suficientes para comprobar la existencia de la exportación de chilled de Nueva Gales del Sur. Y esas exportaciones contradicen las afirmaciones que estoy refutando.
El primero de los embarques australianos de chilled, embarque experimental, fue el del vapor Fort Fairy, salido en Octubre de 1932 de Nueva Gales del Sur. El segundo, el Temístocles, en Enero de 1933; el Moretan, cargado en Aberdeen Works, Nueva Gales del Sur, en 4 de Abril y llegado a Londres, el 22 de Mayo. Más adelante vuelven a salir de Sidney, Nueva Gales del Sur, el Otrante, el Moretan, el Maloja y el Temístocles. “Pastoral Review”, (pág. 69, año 1934).
Queensland, carecía entonces de línea directa de vapores para la exportación de chilled; tenía que enviar la carne congelada a los puertos del Sur y transbordarla, demorando dos o tres semanas, lo que hacía imposible la expedición de chilled.
Cuando tuvieron éxito los embarques de Nueva Gales del Sur, recién se logró eliminar la dificultad en Queensland y se despachó de Brisbane el Idomeneus. Página 69 de la “Pastoral Review”.
Queda, pues, demostrado con las informaciones directas de la “Pastoral Review”, concordantes con los informes oficiales, la inconsistencia del argumento fundamental del ministro de Agricultura, que consiste en hacer una división arbitraria entre ganado de exportación y ganado de consumo y admitir precios altos para el consumo y rechazarlos para la exportación.
Los productores negocian sus productos con los compradores que les ofrecen el mejor precio. Esto es de Perogrullo. Cuando el precio de consumo, a causa de la oferta superabundante, cae por debajo del precio de exportación, se hace posible la exportación y en el caso inverso, si el consumo paga más que la exportación, los productores no se interesan, como es natural, por las ofertas de los exportadores. Pudiendo vender a 100 al consumo, es absurdo creer que vayan a vender a 50 a la exportación, por tener el honor de exportar; si la exportación no paga precios razonables, no le venden. Esto es lo que sucede en los estados australianos que exportan congelado el 15 % de la cuota y ahora empiezan a exportar chilled. El 15 % se reparte así: Australia occidental, 11.540.486 libras; Nueva Gales del Sur, 8.549.228 libras; Victoria, 4.603.450 libras, y Australia meridional, 124.706 libras.
Veamos ahora lo que ocurre en Queensland. El ministro de Agricultura ha pretendido eliminar a los demás Estados australianos y, concretar su demostración a Queensland, Estado pletórico de ganado (7 cabezas por habitante), donde los precios son inferiores a los demás Estados, entre otras razones, porque los campos son inferiores a los de Nueva Gales del Sur, Victoria a Australia meridional y el ganado también es inferior; un clima tórrido, profusión de garrapatas, frecuencia de sequías, no permiten la plenitud de la faena sino en Junio, Julio y Agosto y se suspende en absoluto de Enero “a Marzo.
Para dar una idea exacta de las dificultades que encuentra el refinamiento del ganado en Queensland, basta leer otra nota editorial de la “Pastoral Review”, que ha pasado desapercibida en el estudio realizado en el Ministerio de Agricultura, con el fin de informar a la comisión y se refiere a la importación de reproductores cebú para cruzamiento. Dice así: “Hicimos referencia, en un número reciente, a la decisión de un sindicato de criadores de Queensland de importar cierto número de toros cebú para cruzamiento. El jefe del Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales, doctor A. C. D. Rivett, hace saber que el funcionario del Consejo, Mr. R. B. Kelley, ha arreglado el transporte de 17 animales zebú de Estados Unidos, que eligió en su reciente viaje”. (“Pastoral Review”, 1933, página 442).
Los animales criados en la zona tropical de Queensland, donde las razas inglesas languidecen, son los que hacen de 5 a 7 y a 9 libras australianas, equivalentes a un precio mínimo de 68 pesos argentinos y máximo de 124 pesos. Esos animales pueden compararse con los novillos que los frigoríficos pagan aquí, en Entre Ríos y Corrientes de 40 a 70 pesos, y no con los novillos argentinos de primera, como lo hace el ministro de Agricultura. Por eso le dije, en el pasado debate, que será muy buen estanciero; pero como ministro confunde el ganado ordinario con el fino, el chilled con las conservas, los torunos y bueyes viejos con los novillos y no sabe que la carne argentina vale en Smithfield 25 % más que la carne australiana. Y si lo sabe oculta que no es lo mismo comprar un animal en 120 pesos para vender su carne en 220, que comprar un animal en 120 pesos para vender su carne en 150; que no es lo mismo obtener el 61 % de rendimiento en carne limpia, de un novillo argentino, que un 56 % de carne limpia de un novillo australiano; que no es lo mismo pagar un flete de 26 pesos la tonelada, de Buenos Aires a Londres, que pagar un flete mucho más alto de Australia o Nueva Zelandia a Londres; y que no es lo mismo vender el kilo de carne en Smithfield a 5 peniques la libra, que a 3 peniques la libra.
La mayoría de la comisión, en este punto, también ha confundido el chilled con las conservas y los novillos con los torunos.

Sr. Landaburu. — Oportunamente le contestaré al señor senador.

Sr. de la Torre. Bien; ¿cuál es el precio del ganado en Queensland, comparable al de Entre Ríos y Corrientes? Lo dice la “Pastoral Review” en las páginas que el ministro de Agricultura no ha citado, pero que están a la vista:
Pastoral Review”, Julio de 1934, página 678. — Once ventas han tenido lugar en Cannoun Hill (Queensland) en Junio, alcanzando a 11.838 vacunos con las siguientes cotizaciones de novillos:
“Pesados de primera, $ 117 a 125 (£ 8,15 a £ 9,12).”
Todavía allí vale más el novillo pesado que el liviano, al revés de la costumbre que han impuesto aquí los frigoríficos.
“Medianos de primera, $ 96 a 112 (£ 7 a £ 8,50).
“Livianos de primera, $ 77 a 90 (£ 5,10 a £ 6,15).
“Livianos comunes, $ 54 a 81 (£ 4,50 a £ 5,50)”.
En Septiembre, página 893, se cotizan los mismos precios, con ligeras diferencias.
Estas so parecen once ventas de ganado en Queensland; serían excelentes ventas en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto que no las hay ni parecidas en Entre Ríos y en Corrientes.
Estas ventas se realizan en ferias o en los corrales de los mercados y mataderos y no es exacto, como afirma el informe del ministro de Agricultura, que los precios de Australia deban entenderse siempre en fábrica. ¿Entre nosotros se pagan por novillos de una clase semejante, los precios corrientes que se pagan en Queensland?
No se pagan; los frigoríficos argentinos podrían pagarlos con mayor facilidad, puesto que el novillo argentino les produce bruto en Smithfield $ 60 más por cabeza en razón de su mejor calidad, mayor rendimiento y menor flete.
El ministro de Agricultura y el señor senador por San Luis se acogen de preferencia a los precios por cental (100 libras), que estiman arbitrariamente en 17 chelines 2 peniques, en contra de las cotizaciones que consigna la “Pastoral Review”, que llegan hasta 23 chelines para los novillos de tipo congelar y 25 chelines para los de tipo chilled.
En el número de la “Pastoral Review” correspondiente a Noviembre de 1934, página 1.163, se puede ver que los más altos precios del cental en Queensland, que el señor miembro informante fijó estrictamente en 17 chelines, era de 23 chelines para el congelado; es decir, 33 centavos por kilo limpio, que representa $ 102,30 sobre los 310 kilos que produce siempre un novillo argentino de 500 kilos, sin tener en cuenta los subproductos.

Sr. Landaburu. — Esos son los precios de los novillos de consumo, señor senador.
Aunque no deseo interrumpirlo, no puedo admitir que continúe esa demostración, a base de un error evidente.

Sr. de la Torre. ¿Cuál es el error?

Sr. Landaburu. — Esos precios que toma de la “Pastoral Review” son los precios de los novillos de consumo y el señor senador se empeña en confundir uno con otro.

Sr. de la Torre. ¿De dónde saca esa división el señor senador? Los compradores adquieren los novillos y los destinan para el consumo o para la exportación según  les convenga. ¡Qué país curioso sería Australia existiría ninguno igual en el mundo— donde se dividen los compradores en esta forma!

Sr. Landaburu. — La diferencia no está en los compradores sino en los precios. Oportunamente le voy a demostrar al señor senador que se empeña en confundir novillos de consumo con novillos de exportación.

Sr. de la Torre. Los compradores adquieren los novillos y los destinan a consumo o exportación.

Sr. Landaburu. — El señor senador, que tiene una amplísima versación sobre este asunto, se empeña en confundirnos, siguiendo la política del calamar que enturbia el agua cuando se siente perseguido.
Le repito que oportunamente le demostraré que los precios de los novillos de exportación en Australia nunca han excedido de un promedio de 17 chelines por cental.

Sr. de la Torre. Primero decían que los novillos no eran de exportación porque eran de Australia Occidental, o de Australia Meridional o de Nueva Gales del Sur; ahora resulta que los novillos de Queensland tampoco son de exportación.

Sr. Landaburu. — Me he referido a los precios de Queensland, consignando los datos que da la “Pastoral Review” para los de exportación, que es de 17 chelines.

Sr. de la Torre. Estos que doy son los precios de Queensland, sea para exportación o para consumo, porque también en Queensland comen.
Las cotizaciones de 23 chelines a que me refiero son para el congelado, lo que quiere decir exportación, y ese precio representa 102,30 pesos, sin tener en cuenta los subproductos.
¿Acaso, decía, se paga 102 pesos por los novillos que corresponden a la categoría de congelar inferior entre nosotros, y sobre todo en Entre Ríos y Corrientes? No se paga ni en Buenos Aires, ni en Santa Fe, ni en Córdoba, más de 80 pesos, salvo a los vendedores privilegiados.
En Queensland empieza a pagarse ahora más alto precio por las reses que se destinan a chilled, comparadas con las destinadas a congelar.
En la “Pastoral Review, páginas 678 y 1.173, año 1934, se encuentra la cotización de 25 chelines las cien libras, para las primeras, mientras se pagaban 23 chelines para las segundas. Pero ese aumento de precio que se compensa con el mejor precio de venta en Gran Bretaña, cuesta a los ganaderos australianos mucho dinero. Una gran parte de los novillos exportados chilled, son mantenidos de 4 a 6 meses a grano y forraje, y asimismo no alcanzan ni los rendimientos, ni el precio del chilled argentino.
Pero aun con el precio que adopta el informe del Ministerio de Agricultura; aun con los 17,2 chelines por cien libras de carne, un novillo argentino de 500 kilos, valdría $ 79,90, no computando los subproductos.
¿Cuál es el promedio de precio de los novillos argentinos que se clasifican como congelar de segunda?
Lo dice el ministro de Agricultura en la página 58 del informe presentado a la Comisión Investigadora:
Pero debo advertir —dice— ante todo, que el ganado de Queensland es, en término medio, de una calidad inferior al nuestro. La carne congelada de Queensland se clasifica en tres categorías: de primera calidad, (“good average quality”), de segunda calidad, (“first average quality”), y de tercera calidad, (“second first average quality”). La clasificación del ganado en pie se ajusta a la de la carne. Últimamente, con motivo de la exportación del chilled beef, se ha visto aparecer la categoría de “prime” o superior para los novillos mejores que los de primera calidad, pero su número es hasta hoy muy limitado.
“Es muy difícil, y expuesto a errores —continúa el ministro— establecer a qué categoría de nuestros novillos corresponden la de los australianos, porque la clasificación de allá no es tan uniforme como la nuestra y porque la calidad de la misma categoría suele variar de un año, para otro, según sea la abundancia de pasto y gorduras. Sin embargo, se admite generalmente en Gran Bretaña que la mejor carne congelada australiana es igual a nuestra carne congelada de segunda calidad.
“Por lo tanto, en las comparaciones que voy a hacer en seguida —dice el ministro— equiparo el novillo australiano de primera calidad con nuestro tipo de congelar de segunda calidad”.
Y en la página 59 establece en 0,1333 centavos el precio, término medio, para el año 1933, de la categoría congelada inferior aludida.
Ya se ha visto en qué proporción pagan aquí los frigoríficos 13 centavos por chilled de primera. Ese precio de 13 centavos que se paga en la Argentina, según el Ministerio de Agricultura, por el novillo congelar inferior que se considera equivalente a los australianos, representa 66,65 pesos para un novillo argentino de 500 kilos, contra 79,90 del novillo australiano vendido a 17 chelines el cental, novillos que rinden 5 % menos y se venden en Smithfield con un 25 % de quebranto por lo menos y pagan más flete.
Es el propio ministro de Agricultura quien llega sin darse cuenta a esa conclusión contraria a lo que sostienen. En la página 60 del informe se encuentra un cálculo interesante: “En el primer semestre de 1934, dice, la cotización media de la carne congelada australiana de primera calidad en Smithfield, fue de peniques 3 1/3 por libra; restado los gastos de fletes marítimos, seguro, comisión, etcétera, que representan por lo menos un penique de libra. Quedan 2 1/3 peniques para pagar al ganadero australiano.
Este cálculo es colosal viniendo de un ministro de Agricultura. Dice que restado los gastos de flete, seguro, comisión, etcétera, gastos que representan 1 penique por libra, quedan para pagar al ganadero australiano 2 1/3 de peniques por libra. Si el novillo cuesta 3 1/3 por libra. Es decir, que en Australia la industrialización del novillo se hace gratis, según lo asegura el ministro de Agricultura en un informe oficial editado en folleto, seguramente bajo la supervisión del asesor e inspirador a que me he referido otras veces.
Ahora bien; los novillos de exportación australianos, como lo reconoce el antedicho informe, rinden un promedio de 700 libras de carne congelada, de las cuales sólo pueden exportarse 580 libras, o sea, dos cuartos posteriores de 175, de dos cuartos anteriores de 115 libra cada uno, pues, a causa de la Onchocerca Gibsoni hay que quitar a cada uno de éstos cerca de 60 libras. Multiplicadas, pues, las 580 libras de rendimiento por las 2 1/3 de peniques a que me he referido antes, sigue diciendo el informe —entrando naturalmente gratis la industrialización— se llega a la conclusión de que a los ganaderos australianos no se les puede pagar más de 5.12,7 libras (libras australianas 7.1,0) , o sea 84,40 moneda nacional.
El cálculo además de estar mal hecho no asigna valor a los subproductos ni a las 60 libras no embarcadas; todo lo cual representa por lo menos 30 pesos; y no hay novillos argentinos “congelar inferior” ya sean de Entre Ríos, Corrientes o Buenos Aires por los que paguen los frigoríficos 114 pesos. ¡Si eso es lo que pagan por el mejor chilled!
Y luego si el ministro de Agricultura admite que en Australia no deben deducir los intermediarios sino 1 penique por libra, o sea $ 36,25 por cabeza, ¿por qué razón permite y puede decirse que fomenta que los frigoríficos de la Argentina descuenten más de 100 pesos por cabeza entre sus gastos y utilidades?
Veamos el valor probatorio de las otras citas del informe. La primera puede decirse que las resume todas; está en la página 61 del folleto y dice “Pastoral Review” de Marzo 16, página 282 a 283: “A principios de Marzo se estaba pagando de 19 a 20 chelines (las cien libras) por vacunos de primera calidad en Cannon Hile (Brisbane), mientras que en la división central de Queensland el precio para congelar y conservar oscilaba entre 18 y 20 para los de primera”.
Se agrega que estos precios estaban sobre la paridad de Londres, Recomiendo esas citas al señor miembro informante, que sigue aferrado a los 17 chelines. 18 chelines las cien libras son pesos 27,16 centavos kilo limpio;
19 chelines serán 28,66; y 20 centavos serían 30,18 el kilo; y 23 centavos serían 37,95.
Un novillo argentino de 500 kilos con un rendimiento limpio de 311 kilos valdría en el primer caso $ 92,36; en el segundo, $ 97,49; en el tercero, $ 102,60; en el cuarto $ 118.
¿Se pagan esos precios en Entre Ríos o en Corrientes? Evidentemente no se pagan, y el novillo de Queensland que los obtiene rinde, vuelvo a repetirlo, un 5 % menos que el de Entre Ríos o de Corrientes. Su carne vale 60 pesos menos por cabeza en Smithfield y soporta un flete Mucho mayor hasta llegar al Reino Unido.
Así pues, con las mismas transcripciones de la “Pastoral Review” que el ministro de Agricultura ha presentado a la comisión, se demuestra la magnitud de su error cuando afirma que la carne argentina obtiene de los frigoríficos un 65 % más de precio que la carne australiana y compara a ese efecto un mal novillo tropical destinado a congelar o a conserva, con un novillo chilled, de la provincia de Buenos Aires.
No es solo que el ministro de Agricultura hable de 18 a 20 chelines el cental de carne limpia, en vez de hablar de 23 a 25; agrega que los precios de Australia representarían diez centavos por kilo para un novillo de 660 libras, deduciendo los gastos que tiene el productor hasta que el novillo llega al mercado, mientras que en la Argentina se pagan cuarenta centavos. Ofrece como ejemplo la plaza de Adelaida, pero cuando se trata de los ganados argentinos, entonces ya no deduce los gastos. Hagamos la deducción para los novillos de Corrientes o de Entre Ríos, por los cuales pagan los frigoríficos treinta pesos, y véase el resultado. Los productores argentinos obtienen la mitad que los australianos.
El segundo ejemplo puesto por el ministro de Agricultura (página 56 del folleto), lo toma también de la “Pastoral Review” y consiste en el comentario que hace la revista a un embarque de cincuenta reses chilled beef superior, efectuado en Melbourne, Estado de Victoria, y dice: “Si la empresa exportadora hubiera vendido en el mercado de Melbourne, los animales, habría obtenido cuando menos siete libras australianas por cabeza más de lo que cabe esperar razonablemente de la venta de su carne en Londres”.
Este ejemplo presentado así, con la autoridad de la “Pastoral Review”, causa sorpresa, pero es que el ministro de Agricultura lo presenta como un embarque comercial cuando se trata de uno de los embarques “experimentales” del año 1933, que se efectuaban para establecer si era o no posible resolver el problema de la exportación chilled y no con un propósito de lucro. El número reducido de cabezas —cincuenta reses—, lo está demostrando. En esa época no era posible embarcar chilled en Queensland, porque no existían líneas directas de vapores frigoríficos a Inglaterra, y con el chilled no se podía proceder como con el congelado, que se trasbordaba en los puertos del Sur, perdiendo en ello dos semanas.
Dije ya anteriormente, que se empezó a exportar chilled de Nueva Gales del Sur (en Octubre de 1932) , de Australia Meridional y aun de Victoria —de allí salieron las 50 reses a que se refiere el ejemplo mal elegido por el ministro de Agricultura—, hasta que por fin, allanadas las dificultades, pudo zarpar de Brisbane—(Q—u-e—ens- land) el “Idomeneus”. Su cargamento, salido en 1934, estaba en preparación cuando apareció el número de Enero de 1934 de la “Pastoral Review” que la anunció en la página 69. El embarque de los 50 novillos de Victoria —y no de Queensland, como cree el ministro de Agricultura— sin propósito de lucro, se explica perfectamente y quita todo valor a la cita hecha.
De lo expuesto se deduce que la ganadería australiana afronta condiciones naturales muy desfavorables comparadas con la ganadería argentina en lo relativo a los rigores del clima, a la inferioridad de los campos, a la calidad del ganado, a la distancia del mercado consumidor, al mayor costo de los jornales y al menor precio de venta.
¿Cómo puede subsistir, entonces, la ganadería australiana? Subsiste con la ayuda del Estado y sobre todo porque los ganaderos australianos venden, en relación, mejor que los argentinos, y los frigoríficos lejos de explotarlos pueden en algunos casos hasta trabajar a pérdida y pagar con las utilidades en la Argentina.
La publicación “Calle and Beef Survey” emanada del Comité Económico Imperial, aparecida en Junio de 1934, facilitada gentilmente a la comisión por el señor Brewster del frigorífico Smithfield, estima el decrecimiento del ganado en Australia en el período 1921-1932 en un 16,4 % (14.441.000 cabezas en 1921 y 12.783.000 en 1932). Mientras la población aumentó en el mismo período en un 19 %, el “Queensland Report” establece que en todo el período 1922-1927, los productores no obtuvieron beneficio y entre 1924-26 puede calcularse una renta imponible del 1 %.
Los beneficios que los ganaderos obtienen en la actualidad en la Argentina son también precarios o nulos, salvo alguna excepción.
En los balances de las sociedades anónimas que se publican anualmente, es raro encontrar dividendos apreciables en las sociedades agrícola ganaderas, pero es distinto no obtenerlos en la Argentina disfrutando de condiciones favorables, a no obtenerlos en Australia en condiciones adversas. La diferencia substancial entre las dos ganaderías y lo que permite a la australiana no sólo subsistir sino redoblar sus esfuerzos para imponerse, reside en dos puntos.
Primero: aun cuando la carne australiana se venda en el Reino Unido a un precio inferior a la argentina en un 25 %, el ganadero australiano recibe el precio, él, dejando una retribución moderada para el intermediario, (sea éste una compañía frigorífica o un consignatario), en tanto que el ganadero argentino recibe de la utilidad que produce la venta de su ganado en Gran Bretaña, a lo sumo un 20 % y el 80 % restante lo reciben los frigoríficos extranjeros que han suprimido la competencia de los precios y lo esquilman.
Segundo: los gobiernos de Australia, sin excepción de partido, lo mismo laboristas que conservadores, viven en la constante preocupación de proteger los intereses de la ganadería nacional; en tanto que los gobiernos argentinos están y han estado siempre a los órdenes de los frigoríficos extranjeros sosteniendo su monopolio. Ningún gobierno anterior ha igualado al actual en esa política y ningún ministro al señor Duhau.
Las sociedades rurales de Australia son entidades actuantes que encaran con inteligencia y patriotismo los problemas que afectan a las industrias rurales y no se contentan con realizar una feria de reproductores por año y estar siempre de acuerdo con todos los ministros. Ningún miembro de una embajada australiana en la Gran Bretaña habría emitido jamás opiniones como las conocidas del diputado Cárcano, en Londres, el año 1933, acerca de que la cuota del 11 % excedía la capacidad de exportación directa a que podían aspirar los ganaderos argentinos.
Los ganaderos australianos cuando están disconformes con los precios que les ofrecen por sus novillos las compañías Swift y Anglo, que también operan allá, tienen a su disposición otras compañías locales, o bien industrializan el producto por su cuenta y lo despachan a Londres a una consignación segura; o bien las cooperativas que se organizaron hace muchos años en número no sólo suficiente, sino excesivo, hacen los embarques. El ganadero argentino está condenado, por su propia indolencia y por la falta de visión de sus gobiernos, a aceptar el mendrugo que le tiran los frigoríficos monopolizadores de la exportación.
En el caso australiano el precio, bueno o malo, es para el productor y en el caso argentino la utilidad es para los frigoríficos. Este deja a su cómplice, el gran invernador, un margen mediocre de ganancias; al criador no le queda nada, pero el criador es un ser sufrido e inofensivo.
Así se explica cómo el frigorífico Swift obtuvo, en 5 años, $ 91.600.000 de ganancias y el criador obtiene el 4 %, cuando lo obtiene.
Y ese mismo frigorífico, mientras hacía aquí esas ganancias, no ganaba en Australia.
El frigorífico Anglo para que no se conozcan sus ganancias y para eludir el pago del impuesto a los réditos, simula, con la tolerancia de los ministros de Hacienda y de Agricultura, que vende sus cargamentos a precio de costo.
En la Argentina, con 35.000.000 de cabezas de ganado, trabajan, con excepción del Gualeguaychú, 7 frigoríficos combinados, a quienes el gobierno inglés, previo sometimiento del gobierno argentino, declara dueños del 85 % de la cuota de exportación.
En Australia, con 12.000.000 de cabezas de ganado, hay 25 frigoríficos que elaboran bovinos y ovinos; y 15 o 20 más que elaboran únicamente ovinos y porcinos.
Los grandes frigoríficos (Swift, Anglo, etcétera), que tiranizan el mercado argentino tienen en Australia una situación perfectamente controlada y no hace mucho que la compañía Swift vendió al gobierno de Queensland su mejor establecimiento.
Se ha divulgado insistentemente en los últimos tiempos (a base de informaciones salidas del Ministerio de Agricultura), que los grandes frigoríficos extranjeros que trabajan en la Argentina y principalmente el Anglo y el Swift, disgustados con la organización de la Cooperativa de Productores y por la irreverencia del Senado argentino, que se propuso investigar sus libros, van a intensificar su faena en Australia y abandonar la Argentina. No he comprobado la exactitud de semejante versión, y creo en su falsedad interesada.
En Australia no existe ganado ni en cantidad ni en calidad como para que los grandes frigoríficos puedan trazarse un plan de esa naturaleza. El ministro de Agricultura no ha excusado su opinión contraria al sistema de exportación múltiple y libre de la industria frigorífica en Australia y ha entonado un himno a una presunta tendencia a la concentración, que no sería, sin embargo, un monopolio.
Yo afirmo al Senado que las condiciones tolerables de que goza el ganadero australiano, al no ser expoliado por los frigoríficos, se deben a la existencia de numerosas empresas privadas pequeñas, y a otras estaduales o municipales, que impiden la tiranía del gran capital.
Haré más perceptibles estas condiciones dando la lista de los frigoríficos australianos. La tomo del excelente informe presentado a la comisión por el ingeniero Pedro T. Pagés, que fue citado con elogio por el miembro informante de la comisión.
Nueva Gales del Sur
Angliss & C°, 250 bovinos por día.
Australian Chilling and Freezing C°, 130 bovinos por día.
Metropolitan Meat Industry Board. Matadero del Estado. Bahía Homebuchs, 2.000 bovinos por día.
Matadero Municipal del Distrito Newcastle, 200 bovinos.
Riverstone Meat C°, 400 bovinos por día.
Waterside Cold Stores, 150 reses chillad por semana.
Queensland
Bergl Australia Ltd., 150 bovinos por día.
Bibdohra Meat Export, 140 bovinos por día.
Borthwick and Sons, Brisbane, 280 bovinos por día.
Burdekin River Meat, 240 bovinos por día.
Gladstone Meat Works, 300 bovinos por día.
Queensland Cold Storage Cooperative, Brisbane, 200 bovinos por día.
Queensland Meat Export, Brisbane, 330 bovinos por día.
Matadero de Bribane, Cannon Hill, 1.000 bovinos por día.
Swift Australian Company, Townsville, 750 bovinos por día.
Victoria
Angliss &. C°, 400 bovinos por día.
Borthwick and Sons, 50 bovinos por día.
Sims, Cooper Ltd., 200 bovinos por día.
Australia Meridional
Government Produce Department, 120 bovinos.
Australia del Norte
North Australia Meat C°, 500 bovinos por día.
Australia Occidental
West Australian Meat C°, Fremantle, 400 bovinos por día.
Western Australian Government, Wyndham, 200 bovinos por día.
Uno solo de los grandes frigoríficos argentinos tiene una capacidad de producción de carne bovina que casi iguala a la totalidad de las fábricas australianas; pero eso, en vez de traducirse en un beneficio para los ganaderos argentinos, causa su ruina, por el monopolio establecido y la falta de competencia en las compras.
Resumiendo las conclusiones de este capítulo en lo referente a los precios australianos tomados de la “Pastoral Review”, resulta:
1° — Que los novillos australianos de primera vendidos para consumo y exportación hacen precios que llegan hasta 230 pesos argentinos por cabeza en algunos mercados y especialmente en Australia Occidental, listado que exporta 70.000 cuartos bovinos más o menos, por año;
2° — Que en el Estado de Queensland, poseedor del 45 por ciento del ganado australiano (ganado típico de la zona tropical) , cuya clasificación corresponde a congelar inferior, y exportador del 85 % de la carne australiana, los precios por cabeza llegan hasta 124 pesos según la “Pastoral Review” y la cotización por 100 libras, hasta 25 chelines. Su ganado es comparable al de Entre Ríos y Corrientes y se vende a mucho más alto precio;
3° — Que los más altos precios corresponden a los novillos pesados, a la inversa de lo que hacen los frigoríficos en la República Argentina;
4° — Que tornando en consideración los precios de venta en Gran Bretaña, en la República Argentina se pagan precios inferiores a los de Australia, término medio en un 50 %, y que eso se debe a la suspensión de la competencia en las compras por los frigoríficos.
5° — Que en Australia los frigoríficos internacionales pueden trabajar a pérdida porque hacen pagar esas pérdidas a los ganaderos argentinos;
6° —Que en Australia existen excelentes revistas ganaderas y sociedades rurales útiles y activas.
LOS FRIGORIFICOS DE LA PATAGONIA
Los males que sufre la ganadería argentina a consecuencia del monopolio de las compañías frigoríficas, consentido por el gobierno desde largo tiempo atrás y amparado con inexplicable decisión por el actual ministro de Agricultura, en ninguna parte son más agudos y extorsivos que en la Patagonia. En sus soledades el criador de ovejas está absolutamente a merced de los frigoríficos, únicos compradores, y las protestas que pueda formular, y que formula a veces en voz baja, temeroso de que el frigorífico no le compre, no encuentran ni siquiera el débil eco que suelen despertar en el Congreso y en los diarios, los abusos que se cometen en las zonas más pobladas y ricas del país.
La Patagonia en materia de ganadería sufre de un solo mal: los precios ínfimos que pagan los frigoríficos por las ovejas, los capones y los corderos. Estos últimos son de la mejor calidad. Con menor cuidado que en Nueva Zelandia y con campos inferiores a los de Nueva Zelandia, el cordero de la Patagonia, superior, desde luego al cordero del resto de la Argentina, y al cordero de Australia, suele igualar al de Nueva Zelandia y obtener en Smithfield sus mismos altos precios.
Por esos corderos magníficos, que realizan ordinariamente en Smithfield promedios de 13, 14 y 15 pesos, y en ocasiones hasta 17, han pagado los frigoríficos en la Patagonia un precio de pesos 2,90 en 1933 y pesos 3,90 en 1934. Se puede comprender la utilidad enorme que realizan.
Para el Ministerio de Agricultura es como si la Patagonia no fuera argentina o, si se quiere, como si la Patagonia no existiera.
Una vez se mandó un inspector a que informara sobre el estado de aquella desgraciada sección del territorio nacional. ¿A quién se mandaría? Me parece que los señores senadores ya lo habrán adivinado. ¿O no lo han adivinado? Se mandó al señor Viacava, admirador fiel de los frigoríficos, el inspector que hasta en el caso de Carvallo Merino —que era un despojo perpetrado alevosamente— sostuvo en la Junta Nacional de Carnes que no debía aplicarse multa alguna. El señor Viacava fue y volvió y las cosas quedaron como estaban.
No entra en los propósitos policiales de esta investigación, estudiar las condiciones que imperan en la Patagonia y me limitaré, por eso, a lo que dejo dicho; pero recomiendo a los que deseen profundizar al más este punto, el capítulo titulado “Carne ovina”, y los cuadros sobre el mismo tema contenidos en el informe que a solicitud de la Comisión Investigadora presentó el ingeniero Pedro T. Pagés.
Ese informe, valioso en todas sus partes, contiene abundante material acerca de los precios míseros que pagan los frigoríficos en la Patagonia por los ovinos y sobre las cotizaciones que alcanzan después en Inglaterra.
Por grande que sea el propósito de ser breve en este punto no debo omitir una consideración final que se relaciona con las soluciones fundamentales que propongo en mi despacho.
En la Patagonia, más que en cualquier otra parte, se advierte la eficacia que podría haber tenido el monopolio del Estado en el mejoramiento de los precios, ya que las bajas cotizaciones son el mal como ya dije, que aflige a aquellos territorios.
Las ganancias que realizan los frigoríficos siendo enormes, dejan un amplio margen para dar satisfacción a la vez a los criadores y a los frigoríficos y en el supuesto inadmisible de que los frigoríficos hubieran pretendido imponerse, cesando la faena, a imitación de lo que hicieron en 1922, cuando se implantó el precio mínimo, la expropiación inmediata de uno o dos de ellos habría removido la dificultad, o lo que es lo más probable los habría llamado a la conciliación.
El negocio de comprar corderos a 2,90 para exportarlos y venderlos a 15, era tan productivo que no corría riesgo el Estado tomándolo a su cargo.
Y estas no son palabras vanas. La política del precio mínimo, fracasada en 1922, no tuvo tan mala suerte porque fuera mala en sí misma, sino por haber sido adoptada aturdidamente, sin prever el gobierno que los frigoríficos la boicotearían. Por falta de previsión se asustó de las consecuencias, apenas los frigoríficos cerraron sus fábricas.
No fue la ineficacia del plan del precio mínimo lo que se puso en evidencia, sino la ineficacia del gobierno que lo concibió y no supo implantarlo en debida forma.
En la Patagonia, puede estarse seguro, de que los frigoríficos en presencia de un gobierno decidido a llegar hasta el fin, lejos de cerrar sus puertas y exponerse a quedar sin cuota para siempre, habrían aceptado convenios razonables.
La compañía Swift, aun siendo la que más ampliamente se ha prestado a la investigación y la que le ha proporcionado mayor material, ha ocultado mañosamente los datos que podían permitirnos apreciar el tanto por ciento de beneficios de las fábricas en San Julián y Río Gallegos.
El señor Nelson, jefe de la oficina, manifestó al contador de la comisión, señor Yasky, que la compañía carecía de datos sobre el capital asignado a las filiales antedichas, pues no considera aisladamente esos resultados.
Esa explicación debe reputarse inadmisible.
Yo adhiero sin vacilar a la interpretación que ha dado el señor Yasky al hecho de que las filiales de San Julián y Río Gallegos sean acreedoras de la casa central.
En las páginas 189 y 190 de su informe, dice así: “San Julián y Río Gallegos: estos establecimientos arrojan los siguientes saldos acreedores: San Julián, oro sellado 34.563,60. Río Gallegos, oro sellado 316.940,90. Total: oro sellado 351.504,50.
El contador manifiesta que el beneficio comunicado por esas fábricas es al 31 de Octubre: San Julián, oro sellado 214.488,20; Río Gallegos, oro sellado 308.971,02. Total ganancias: oro sellado 523.459,22.
He tratado de establecer los capitales asignados a estas filiales —agrega— a fin de calcular la proporción que esos beneficios representan; pero según afirmaciones del gerente de oficina, carece la compañía de ese dato, pues no consideran aisladamente esos resultados, sino conjuntamente con los obtenidos en los negocios del Swift en la Argentina.
Esta tesis no es exacta en el caso del frigorífico Rosario, ni concuerda con manifestaciones anteriores de que todos los negocios subsidiarios en el país llevan su contabilidad autónoma, entendiendo por mi parte, que el hecho de arrojar esa fábrica saldos acreedores significa que los beneficios anteriores acumulados han absorbido totalmente los débitos que existían en concepto de los capitales invertidos en ellas”.
Esa explicación es lógica: los beneficios de las filiales de Swift en la Patagonia han sido enormes y han devuelto ampliamente los capitales invertidos.
Simultáneamente, los ganaderos arruinados vendían sus corderos a 2,90, bajo el ministerio inmortal del señor Duhau y también antes. A eso yo llamo no haber gobierno.
EL INFORME DEL MINISTRO DE AGRICULTURA
El ministro de Agricultura aceptó esta investigación en el debate del 8 de Setiembre, no obstante pensar que debía dejarse todo librado a la Comisión Investigadora mixta en la Gran Bretaña, cuya admirable celeridad habrán podido advertir los señores senadores.
Debía requerírsele al ministro su opinión sobre puntos concretos y la comisión lo hizo invitándole a contestar un cuestionario. Las opiniones emitidas por el ministro se refieren a nueve puntos. 1° A la existencia de un monopolio. 2° A los promedios de precios de compra de los novillos chilled. 3° A los promedios de precios en la Argentina en relación con los precios de Smithfield. 4° Al decreto del 28 de Noviembre, para saber si los frigoríficos se apropiaron las ganancias del cambio. 5° A las utilidades de los frigoríficos. 6° a las condiciones de preparación y presentación del chilled exportado por Gualeguaychú, y Grondona y Compañía. 7° A los precios pagados en Australia y en la Argentina por novillos de la misma clase. 8° A la investigación de la Gran Bretaña. 9° A la cuota del 15 % acordado a la Argentina en el Convenio de Londres.
De esos puntos ya he tratado en capítulos anteriores la existencia del monopolio, ampliamente reconocida, los promedios de precios de compra, cuya inexactitud en las estadísticas oficiales he demostrado, la transferencia del beneficio del cambio, cuya inexactitud también he demostrado; las utilidades de los frigoríficos, sobre las que ha eludido abrir juicio el Ministerio de Agricultura, limitándose a transcribir los balances de las compañías que ya tenía en su poder la comisión, las carnes exportadas por Gualeguaychú y Grondona y Compañía, y los precios pagados en Australia y la Argentina por novillos de la misma clase.
Quedan, pues, sin haber sido analizados por mí, tres de los nueve puntos contenidos en el informe y son: los precios pagados por los frigoríficos en relación con los precios de venta en el Reino Unido, la utilización de la cuota del 15 % acordada en el Convenio de Londres y la investigación en la Gran Bretaña.
Me ocuparé de ellos:
LOS PRECIOS QUE PAGAN LOS FRIGORIFICOS Y LOS PRECIOS DE VENTA EN EL REINO UNIDO
El Ministro de Agricultura ha eludido, realidad, una contestación concreta en esta pregunta, que era de capital importancia, y que tiene dos aspectos: primero, si en los precios que pagan los frigoríficos por los novillos en la Argentina existe una relación razonable con los precios de las ventas que realizan en el Reino Unido; en una palabra, si es admisible que paguen, por ejemplo, 100 pesos en la Argentina, por un animal que les da un producto bruto de 250 pesos. Segundo: si a las subas de precios en Gran Bretaña corresponden aumentos aproximados en la Argentina.
El punto segundo del cuestionario que involucra ambos aspectos, es contestando aparentemente de la página 15 a la página 27 del folleto, pero no existe en realidad contestación alguna concreta, como podrá comprobarlo el Senado en breves instantes.
A lo largo de las doce páginas impresas que ocupa el punto segundo, se consignan disertaciones generales sobre un titulado margen de precios. La disertación es del tipo uniforme de las producciones del asesor de los ministros de Agricultura y de Hacienda, y no dice una sola palabra de lo que la comisión deseaba que el ministro de Agricultura aclarara, ni intenta siquiera refutar las cifras concretas dadas por mí en el debate, acerca de los precios a que se realizan las ventas en Inglaterra y de la utilidad que resulta.
La impotencia en que se ha visto colocado el ministro de Agricultura para refutar mis afirmaciones, debió llevarlo a reconocer la justicia de ellas. Guardó un silencio que tiene el valor de una confesión. No quiso ponerse en el caso de que se le demostrase el error de cualquier demostración numérica en contrario que hubiera intentado.
No insistiré entonces sobre este punto, por cuanto en otros capítulos ya he examinado las conclusiones a que llegó la investigación acerca de los precios reales que pagan los frigoríficos y de las utilidades que obtienen.
LA UTILIZACION DE LA CUOTA DEL 11 %
El empleo de la cuota del 11 % cuando se haga efectiva, habrá de demostrar prácticamente si la ganadería argentina podrá emanciparse o no, en el futuro, del monopolio actual que ha suprimido la competencia en las compras.
La comisión deseaba saber qué razones tuvo el ministro de Agricultura, para no conceder cuota de exportación a las entidades nacionales que se la habían solicitado y le formuló en ese sentido la décima quinta pregunta del cuestionario.
El ministro, eludió la dilucidación del punto limitándose a hacer suyo un párrafo del informe del doctor Roca, que dice así: “Siempre que lo aconsejen otras consideraciones capitales, que no es de nuestro resorte discutir, en el caso de que se decida intervenir en forma directa en el negocio de carnes, mediante una de las empresas de que acabamos de hacer referencia, sería conveniente no olvidar las ventajas que ofrece el negocio en gran escala en lugar de desmenuzar aquel 15 %, distribuyéndolo en varios establecimientos, y la necesidad de coordinar sus actividades con otros similares dentro del mercado británico, para contribuir a su mayor estabilidad. Sólo en esta forma el país podrá avanzar con paso seguro en el conocimiento gradual de esta compleja industria de las carnes en las distintas fases que hoy se ignoran”.
Esto es todo lo que el ministro de Agricultura creyó conveniente decir a la Comisión Investigadora del Senado sobre uno de los puntos más importantes de la investigación, como es el mantenimiento durante dos años del 11 % destinado a los productores argentinos, en manos de los frigoríficos extranjeros que ejercen un monopolio.
Cuando se subscribió el Convenio de Londres los productores de carne entendieron que el gobierno argentino iba a proceder sin tardanza a la constitución de organizaciones capaces de iniciar en buenas condiciones la exportación. En el mes de Agosto de 1933, es decir, antes de sancionarse la ley de creación de la Junta Nacional de Carnes ya se organizó una cooperativa de productores auténticos que solicitó una parte de la cuota.
La historia de sus gestiones se encuentra en la exposición hecha ante la Comisión Investigadora por el presidente de la cooperativa, general Allaria.
En la primera entrevista celebrada, el ministro de Agricultura manifestó a los directores de la cooperativa “que era necesario esperar la sanción de la ley de carnes”, sanción que el Poder Ejecutivo no urgía al Congreso. Votada la ley por gestiones directas de los productores —no habrán olvidado los señores senadores, las delegaciones que se presentaron a solicitar la sanción de la ley— el ministro publicó un comunicado anunciando que la distribución de la cuota quedaba subordinada a la realización de la investigación previa que iba a efectuarse en Inglaterra, cuya lentitud era ya entonces notoria.
Quedó en evidencia después de eso la intención del ministro de Agricultura de dejar la cuota indefinidamente en poder de los frigoríficos, no obstante reconocer el mismo ministro que constituyen un monopolio y que han suprimido la competencia en las compras. Los hechos subsiguientes lo comprobaron, y la cooperativa no obtuvo jamás respuesta a su comunicación, ni resolución en el expediente que se había iniciado. Acudió entonces ante la Junta Nacional de Carnes y ésta contestó a su presentación manifestando que iba a organizar la corporación nacional de productores, de acuerdo con la ley 11.747, lo que no obstaba a que una cooperativa de ganaderos, genuina, no pudiera más adelante tener cuota.
Fue recién en Agosto de 1934, después de un año justo de dilaciones, que el ministro de Agricultura descubrió su propósito en la Cámara de Diputados al contestar la interpelación del diputado Noble; dijo que la cuota del 11 % restante era exclusivamente para la Corporación Nacional de Productores, porque la ley de cooperativas no es la ley especial que menciona el Convenio de Londres. El argumento carecía de valor puesto que si hubiera dependido de una ley especial poner en movimiento una cooperativa que estaba lista para trabajar, esa ley la hubiera dictado el Congreso en una semana, si el Poder Ejecutivo se la hubiera pedido. La verdad era otra. Y poco tiempo después el ministro de Agricultura la hizo pública en un discurso pronunciado en la inauguración de la Sociedad Rural. Dijo entonces que la cuota no se ha creado “para quitarla a unos intereses y darla a otros”, y que el Convenio de Londres se funda en el respeto de las situaciones creadas.
Es decir, que todas las esperanzas concebidas acerca de la exportación directa por los productores, aun cuando sólo se ejercitara sobre la mísera cuota del 11 %, eran vanas. El Convenio de Londres se convirtió en lo contrario de lo que se había dado a entender cuando se solicitaron los votos del Congreso para aprobarlo. Se convirtió en el respeto de las situaciones creadas por el monopolio y por la explotación sistemática del productor argentino.
Nadie había sospechado semejante interpretación del Convenio de Londres; yo mismo, que me honro en haber sido, en el Senado, su impugnador, no sospeché que pudiera entenderse así. Me limité a criticar la oscuridad de sus términos, la imprecisión de sus conclusiones, la complejidad expuesta a crear dificultades de las condiciones puestas para el uso de la cuota, entre las cuales estaba la prohibición de organizar frigoríficos argentinos que persigan propósitos de lucro; pero yo, repito, no sospeché que se sostendría alguna vez que el Convenio de Londres impone “el respeto absoluto de las situaciones creadas”.
Esa opinión no fue, entonces, la del Poder Ejecutivo, por lo menos la que el Poder Ejecutivo expuso en el Congreso. Desde luego, no fue la que expresó en el Senado el ministro interino de Agricultura, señor Alvarado, cuando afirmó que el Poder Ejecutivo pensaba aumentar la cuota del frigorífico Gualeguaychú y que en caso de convenir podría también transferir el resto de la cuota al frigorífico argentino Sansinena.
El resultado práctico de esas, interpretaciones servidas en todo momento por una decisión íntima del ministro de Agricultura de mantener la cuota en poder de los frigoríficos extranjeros, está a la vista: se han perdido dos años estérilmente. Todo estaba listo para empezar la exportación directa de los productores en 1933, y, sin embargo, los frigoríficos extranjeros siguen hasta hoy extrayendo de la cuota del 11 % recibida de regalo, 7 u 8.000.000 de pesos anuales, mientras pagan los novillos al 60 % de su valor.
Profunda pena causa comparar el espíritu activo que animaba a la cooperativa de ganaderos de 1933, con la inercia, la indiferencia y la ineficacia de la actual corporación de productores. Si el ministro de Agricultura hubiera apoyado a la cooperativa de ganaderos, puede tenerse la certidumbre de que antes de 30 días habría zarpado el primer cargamento industrializado en el Frigorífico Municipal, en la misma forma práctica y sencilla en que elaboran su chille d Grondona y Compañía. Y del mismo modo que Grondona y Compañía realizan una utilidad líquida de $ 40 por novillo, los ganaderos que hubieran exportado por intermedio de la Cooperativa habrían obtenido S 40 más por los novillos que venden hoy a vil precio a los frigoríficos.
Ese resultado no habría bastado por sí solo para salvar la situación de la ganadería argentina, puesto que la cuota exportable se limita a un 11 %; pero habría sido trascendental como indicación del camino a seguir; habría puesto en evidencia lo que se puede hacer y no se hace y habría ofrecido un ejemplo práctico de los resultados posibles para los ganaderos que consignaran directamente su carne al Reino Unido.
Sin otro móvil en mi espíritu que la defensa del interés público, yo acuso al ministro de Agricultura de no haber consentido en que una cooperativa argentina de ganaderos auténticos utilizara, en 1933, la cuota del 11 por ciento y de haber preferido dejarla en poder de los frigoríficos extranjeros y de haber combatido el frigorífico Gualeguaychú y a la empresa exportadora Grondona y Compañía y haberlo hecho buscando deliberadamente la prolongación del monopolio de los frigoríficos extranjeros. Puso en juego todos los resortes oficiales para impedir que el monopolio fuera quebrantado.
Es inexplicable que hayan podido pasar dos años sin utilizarse la cuota del 11 por ciento. Todas las razones y actitudes de que se ha valido el ministro de Agricultura son inconsistentes y en el fondo la verdadera razón que se entrevé, es la de hacer fracasar toda tentativa de liberación de los pequeños productores.
¡Qué les puede importar —se dice— a los grandes productores, que se le acuerde la cuota del 11 % a una cooperativa, o un 9 % a una cooperativa y 2 % a Gualeguaychú, si ellos pueden vender el 85 % a los grandes frigoríficos! Sería verdad si la cuestión fuera esa. ¡Qué les puede importar un 11 %, que ellos podrían compartir! Pero la cuestión es otra: la política del ministro de Agricultura, la política de los frigoríficos, de los invernadores privilegiados y de ciertos criadores es que ninguna cooperativa tenga éxito, para que no se quiebre la oligarquía que les permite vender cuando otros no venden. Lo que no quieren es la democratización del comercio de carnes, lo que no quieren es, como ya lo dije, que Juan Pueblo venda sus novillos, sus pocos novillos, con la misma facilidad y al mismo precio que los magnates de la aristocracia territorial, plebeya ayer no más, que en muchos casos solo tiene de aristocracia la abundancia de dinero en el bolsillo. El éxito de una cooperativa de pequeños productores sería el derrumbe del sistema actual, organizado alrededor del monopolio.
La frase del ministro de Agricultura: “no se trata de transferir a los unos lo que tenían los otros” no tiene defensa.
¿Acaso los unos y los otros son iguales?
Los unos serían los frigoríficos, con su monopolio establecido y la supresión total de la competencia en las compras que les permite ganar el 40 % sobre el capital extranjero, todos los años; los otros serían las cooperativas de ganaderos que entregarían al dueño de la carne el precio líquido obtenido en Gran Bretaña. Y para el ministro de Agricultura de la República Argentina,  los unos son iguales a los otros. Ministro de un gobierno reaccionario, distante del pueblo, gobierno que no arranca sus credenciales de comicios limpios, no advierte la monstruosidad de su expresión.
No denuncio al ministro de Agricultura solamente; denuncio y acuso ante la opinión pública y ante el Senado a sus cooperadores, a los que, validos de lentitudes sin causa y de pretextos fútiles, se han puesto a su lado en la tarea de hacer fracasar la ley de carnes, en lo que tiene de esencial: el éxito de la exportación de chilled con independencia de la intervención de los frigoríficos extranjeros.
PROPAGANDA DE LAS CARNES ARGENTINAS
Un telegrama llegado de Londres indujo, hace poco, a nuestros diarios, a ocuparse de los perjuicios que causan al prestigio de la carne argentina las maniobras que efectúan algunos frigoríficos con el propósito de que el público consumidor no aprecie su superioridad comparada con otras carnes. Muchas veces se ha hablado de venta de carne brasileña y sudafricana con el nombre de carne argentina, sin que una denuncia tan grave haya sacado de su pasividad al Ministerio de Agricultura.
La nueva información giraba alrededor de lo mismo: se denunciaba el hecho de que se unifican bajo el nombre de carne chilled, todas las carnes importadas al Reino Unido, con el fin de conseguir que el consumidor no distinga la carne argentina de las otras y no advierta su mejor calidad.
El informante de la agencia periodística se expresaba así:
El chilled beef argentino está amenazado por otros factores. Uno de ellos es la amalgama, sin distinciones y bajo el rubro de “carne importada”, de la carne argentina de alta calidad con las muy inferiores de otras naciones sudamericanas y de los Dominios, con el resultado de que el precio del producto mejor, queda, necesariamente, reducido. Aunque parezca una cosa extraordinaria, la parte de la población británica que para su alimentación depende de la carne enfriada, conoce muy poco, cuando sabe algo, de su origen. En consecuencia, los peligros de hacerle consumir carne inferior y hacer nacer así un prejuicio contra la carne importada, es muy grande. Nuestro entrevistado señaló con especial detención el hecho de que la carne chilled de los Dominios, no puede igualar de manera alguna la calidad del producto argentino, y añadió que la verdad de esa afirmación es admitida francamente, aunque en conversaciones particulares, por los mismos productores de carne de los Dominios, y que a la Argentina corresponde tornar las medidas que juzgue convenientes para establecer firmemente la superioridad de su producto y educar a los consumidores de su carne en Gran Bretaña para que aprecien la enorme diferencia que existe entre la calidad del chilled beef argentino y la carne inferior que, como resultado de recientes acontecimientos, debe esperarse que se les obligará a consumir en cantidades crecientes”.
Hasta aquí el telegrama de la agencia periodística a que he hecho referencia.
La carne argentina se ofrece, pues, inerme a las maniobras que realizan sus rivales y el Ministerio de Agricultura de la República se contenta con encomiar en sus circulares, sin imitarla, la admirable organización de la propaganda de los Dominios británicos. En una circular del Ministerio de Agricultura, que se titula: “Las cotizaciones de la carne en Smithfield y la propaganda que ejercen los Dominios”, dice: “Propaganda de los Dominios. La propaganda que en el mercado consumidor mantienen los Dominios para sus productos, tiene todas las características de la más avanzada propaganda comercial, en cuanto a la profusión, actividad y costo.
Cada uno de ellos tiene establecidas en el Reino grandes casas de propaganda que llevan su nombre. Pero se va más lejos: cada departamento de los Dominios tiene su representante oficial instalado en propiedades centrales londinenses, provistos de amplias y cómodas vitrinas para la exposición permanente de los productos coloniales. Independientemente de estos representantes oficiales, los productores de ganado tienen sus “boards” que vigilan el crédito de sus productos.
Existe organizado un servicio permanente de conferencias, film cinematográficos y exposiciones ambulantes, que difunden por todo el Reino el conocimiento de la producción colonial.
El material de literatura es profuso y comprende no sólo la alabanza de los productos que anuncia, sino todas las informaciones útiles al lector que es dado imaginar. Cualquier publicación periodística que pueda afectar el comercio de carnes coloniales, provoca inmediata respuesta de los representantes y de los “boards” que aprovechan todas las ocasiones de exaltar el sentimiento nacionalista inglés, en la propaganda de su producción de ultramar. Se mantiene una campaña permanente de descrédito para la producción de los demás países competidores, campaña que en casos como el anterior agudiza sus ataques.” Y continúa la circular: “En el centro comercial más activo de Londres, el Strand, Australia posee un edificio de seis pisos que comprende una manzana. La representación de Australia que lo ocupa está compuesta por expertos comerciales y técnicos en todas las ramas de la agricultura. Para sostenerlo con su exposición permanente de productos, su biblioteca, cinematógrafo, etcétera, aquel Dominio dispone de un presupuesto anual equivalente a más de dos millones de pesos de nuestra moneda.
También en el Strand, Nueva Zelandia posee su casa propia, más modesta, pero no por ello menos activa. Los productores, por separado, mantienen el “New Zeeland Meat Producert Board”, a cuyo frente se halla mister Forsyth, de cuya eficacia y actividad no pueden hacerse sino elogios.
Sud África volteó su antiguo edificio de Trafalgar Square para levantar uno nuevo de siete pisos, que propague sus progresos en materia agrícola. Cercano a él se levanta el del Canadá, amplia y cómoda construcción. Las demás colonias poseen también locales propios en sitios centrales”.
Tal es la diligente preocupación de los gobiernos coloniales británicos que elaboran carnes inferiores. En frente de ellos el gobierno argentino no hace absolutamente nada y los ganaderos argentinos con sus sociedades rurales ineficaces tampoco han mostrado el interés que correspondía por la organización de una propaganda inteligente. Desde hace año y medio funciona la junta Nacional de Carnes que dispone de recursos considerables. Nada ha hecho en el sentido de la propaganda de las carnes argentinas en el exterior. Este solo aspecto de la cuestión carnes permite formar un juicio sobre la ineficacia absoluta del Ministerio de Agricultura.
LA COMISION INVESTIGADORA EN LA GRAN BRETAÑA
El párrafo segundo del Protocolo Adicional del Convenio de Londres, dice: “Que el gobierno del Reino Unido está dispuesto a cooperar con el gobierno argentino, para una conjunta investigación de la estructura económica financiera y del funcionamiento del comercio de carnes, con especial referencia a los medias a adoptarse para asegurar un razonable beneficio a los ganaderos”.
A esta cláusula imprecisa, cuya ejecución se consideró siempre más que problemática, quiso dársele un alcance extraordinario.
La cláusula no había impresionado mayormente a los ganaderos argentinos, cuando se aprobó el Convenio de Londres. Comprendieron desde el principio que la investigación no se llevaría a cabo, pues sólo aquellos que se apartan de la realidad o no quieren verla, o tiene interés en no verla, pueden desconocer la visible falta de inclinación del gobierno británico por la investigación.
Con asombro general, sin embargo, se pudo ver muy pronto que el ministro de Agricultura atribuía una importancia capital a la vaga investigación del artículo 2° y pretendió mantener en suspenso todo el proceso de regularización de las condiciones adversas en que se desenvuelve el comercio de carnes argentino y aun la propia ejecución del Convenio de Londres hasta que termine la investigación de la Comisión Mixta.
Cuando la Cooperativa Ganadera Argentina solicitó cuota en 1933, el ministro de Agricultura publicó un comunicado diciendo que no podía distribuir la cuota hasta que se realizase la investigación en la Gran Bretaña. Cuando yo propuse al Senado esta investigación, pretendió también el ministro de Agricultura, que era innecesaria y declaró que la investigación en la Gran Bretaña era la única importante. Afortunadamente el Senado no se dejó convencer por sus palabras. Y más adelante cuando la Comisión Investigadora preguntó a la Oficina de Control de Cambios por qué razón no se obliga a los frigoríficos Armour, Swift, Anglo, La Blanca, La Negra, Wilson, Smithfield, etcétera, a entregar todo el cambio correspondiente al valor de venta de sus productos, menos los gastos, como se hace con el de Gualeguaychú y con los exportadores en general, el jefe de la oficina, señor Gagneux, primero, y el ministro de Hacienda después sostuvieron que es imposible pedir una factura de venta —una rendición de cuentas sería mejor— a un exportador mientras no se pronuncie la Comisión Investigadora de la Gran Bretaña.
Un poco más y habría llegado el caso de preguntarse si la tierra puede permitirse seguir girando en su órbita sin que se pronuncie la comisión en Gran Bretaña.
Todo era una comedia; un simple expediente para mantener adormecido al gremio ganadero, y entretanto continuar dispensando una protección ilimitada al monopolio de las compañías frigoríficas extranjeras, que ya habían sacado la enorme tajada del 85 % en el Tratado de Londres. Se quería mantenerles el 96 %, así fuera contra la letra del tratado y se les ha mantenido. Si la investigación en Gran Bretaña constituía un acontecimiento de tan vastas proporciones y consecuencias, debió ponerse en ejecución en seguida, y no fue así.
Ni el gobierno argentino ni el británico procedieron con la diligencia que habría sido de esperar. Debo advertir que en Inglaterra, cuando se trata del chilled argentino, los frigoríficos Anglo, Swift, Armour, etcétera (carentes de influencia cuando se trata de las carnes australianas), hacen con las argentinas lo que quieren. Y por ese camino hemos llegado a que a los dos años de firmado el Tratado de Londres, la investigación no ha dado un solo paso efectivo.
El 23 de Abril, la Comisión Investigadora pidió informes al ministro de Agricultura sobre el estado en que se encuentra la investigación en la Gran Bretaña, y el ministro contestó el 9 de Mayo en estos términos: “La comisión —se refiere a la comisión argentina en la Gran Bretañaha elaborado un cuestionario detallado preparado por la delegación argentina, al que deberán responder las compañías frigoríficas establecidas en Londres”.
Y las informaciones telegráficas de los diarios hicieron saber que en substitución del examen directo de los libros de las empresas frigoríficas, la comisión anglo argentina deberá conformarse con una simple exposición que harán las mismas empresas.
Por confesión oficial se reconoce, pues, que la famosa investigación concluye en el parto de los montes. Después de tronar terriblemente durante dos años, sale a la superficie un ridículo ratón.
Las compañías que han proporcionado datos falsos a la Comisión Investigadora del Senado, las compañías que han faltado a la verdad con el fin de ocultar sus papeles y que han sido convictas de sus falsedades, como lo fue el gerente de la compañía Anglo, de Buenos Aires, faltarán a la verdad de nuevo y la Comisión Mixta Anglo Argentina admitirá como verdad sus dichos, porque no, teniendo esa comisión la posibilidad de investigar sus libros como ha tenido esta comisión investigadora, tendrá que aceptar lo que le digan.
Es tan cierto esto que lo ha venido a comprobar un dato de última hora. Estaba a punto de cerrarse ya esta investigación sin haber tocado los libros del frigorífico Armour, pues no había interés alguno en perder el tiempo en una compañía que manifestaba no tener ninguno de los elementos que se necesitaban para la investigación, cuando tuve la ocurrencia de hacer moción para que se le pidieran datos sobre los costos de producción con el fin de cotejarlos después con los costos auténticos de otras compañías y ver si los habían comunicado ciertos o falsos. Llegó la respuesta de Armour y como era de preverse, los costos estaban adulterados y la prueba de la adulteración resultaba de la misma nota del frigorífico. La compañía Armour daba la cifra concreta de 49,15 centavos por kilo como su costo F. O. B. Y la comisión utilizando el promedio de precios de compra que contiene la misma nota y aplicando las cifras más altas de gastos y las más bajas de créditos que él mismo suministra para los meses en los cuales informa, sólo alcanza a un costo todavía exagerado de 41,72 centavos.
Son esas compañías contumaces que hacen gala de haberse querido burlar de la Comisión Investigadora del Senado, las que van a contestar ahora el cuestionario que el ministro de Agricultura considera suficiente para suplir la exhibición directa de los libros. Vuelvo a repetir: es el parto de los montes. Y no es un parto prematuro; por el contrario, es un parto retardado. Todo el mundo, menos el ministro de Agricultura sabía que los frigoríficos no exhibirían los libros en Inglaterra, porque la legislación, o si se prefiere el derecho consuetudinario inglés distinto del de Estados Unidos en materia de investigaciones, no autoriza el examen de los libros de las compañías privadas. Todos lo sabían menos el ministro de Agricultura. Todo Madrid lo sabía, todo Madrid menos él. Y, sin embargo, debía saberlo, por cuanto un diputado de la mayoría lo recordó en la Cámara estando presente el ministro de Agricultura. Fue el diputado por Córdoba, señor Palacio, que se expresó de este modo: “El gobierno argentino, al convenir la investigación, en común con el gobierno inglés, de las empresas industrializadoras, no puede tener otra orientación que la que le da la referida ley (ley 11.226). El gobierno inglés no piensa lo mismo creyendo que esa investigación en esta clase de empresas debe realizarse, no directamente, sino en base a los datos que proporcionen las empresas industrializadoras, criterio que deja suponer que dichas empresas pueden negarse a dar esos datos o a darlos en forma inconveniente para los propósitos de la investigación”.
Señor presidente: en cualquier país en donde un ministro hubiera sufrido un fracaso tan ruidoso, tan absoluto como el que resulta para el ministro de Agricultura, de la debacle de su anunciada y magnificada investigación de la Gran Bretaña, se le habría visto retirarse del gobierno.
El señor Duhau piensa de otro modo; guardaba en secreto el fracaso y no daba noticias a los diarios, ni en medias palabras, hasta que la Comisión Investigadora le formuló su pregunta indiscreta. En cuatro líneas, como si hubiera ocurrido la cosa más normal del mundo, sin comentario alguno, casi como si se tratara de un suceso plausible, comunicó a la comisión que la investigación de los libros de la Gran Bretaña pasó. a la historia. Por que en realidad es así.
Del fracaso de los planes ministeriales no dijo nada. Y de su renuncia menos.
¿Qué opinarán ahora el ministro de Hacienda y el jefe de la Oficina de Control de Cambios, que dicen esperar el fin de la investigación en la Gran Bretaña para establecer los valores de venta y poner término al costoso escándalo de que media docena de frigoríficos extranjeros se reserven un 25 % de divisas y hagan una ganancia al margen de los decretos oficiales que no se le permite a ninguno otro exportador? No dirán nada.
En cambio, el señor Schuster, presidente de la Comisión Mixta, verá desminuir considerablemente la ardua labor que lo amenazaba. En vez de examinar libros confusos y múltiples, recibirá un informe sabiamente aderezado por los frigoríficos, y por hacer algo, una subcomisión destacada en Buenos Aires tratará de investigar cualquier cosa. El trabajo se hace llevadero.
A fin de facilitar la buena armonía con los investigados, el ministro de Agricultura ha incluido en la comisión al señor Viacava, el funcionario del ministerio más destacado entre los que han mantenido siempre una adhesión invariable a los frigoríficos, y a un empleado de la casa Agar Cross, el señor Fernández, que carece de la personalidad necesaria para representar al país en una comisión a la que se quiere dar tan alta importancia.
Todo se ha hecho, pues, de la peor manera posible y de reflejo se desprestigia gravemente al Tratado de Londres.
Sus dos éxitos, a juicio de sus defensores en el Congreso hace dos años, lo constituían la cuota del 11 % y la Comisión Investigadora.
Con la cuota ya sabemos lo que ha pasado y la comisión queda en agua de borrajas.

/…Continuación en la Sesión del 27 de Junio…

Fuente: Lisandro de la Torre, Escritos y Discursos – Las Carnes Argentinas y el Monopolio Extranjero, T° IV, Págs. 355/405, 1947, Colegio Libre de Estudios Superiores – Buenos Aires.

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