COMISION
INVESTIGADORA DEL COMERCIO DE CARNES
DISCURSOS EN EL
SENADO DE LA NACION CONLA INVESTIGACION
DEL
Lisandro de la Torre
Sesiones del 18, 19, 21, 22 y 27 de junio,
20, 22 y 23 de julio y 10 de septiembre de 1935
[22 de Junio de
1935]
[7/12]
EL FAVORITISMO CON
LOS FRIGORIFICOS EN LA
SUPRESION DE IMPUESTOS
Sr. de la Torre.—
El favoritismo que
dispensa el Poder Ejecutivo a los frigoríficos extranjeros, es tan
extraordinario, que ha llegado a hacer en su beneficio lo que pocas veces se ha
visto. Se les va a eximir de un impuesto que pagan desde hace 12 años; y la
erogación se echará sobre las espaldas de los ganaderos.
En una era de creación incesante de impuestos y de aumento de impuestos que hará fatídicamente memorable el recuerdo del actual ministro de Hacienda, se ha producido el fenómeno de que el Poder Ejecutivo yla Cámara
de Diputados se hayan dado verdadera prisa en aliviar a los frigoríficos del
impuesto de inspección que pagaban desde el año 1923, de acuerdo con el
artículo 20 de la ley 11.226, consistente en $ 0,30 por cabeza de bovino y
porcino y $ 0,10 de lanares. En los últimos 10 años ese impuesto ha rendido,
término medio, $ 1.680.000 anuales.
En una era de creación incesante de impuestos y de aumento de impuestos que hará fatídicamente memorable el recuerdo del actual ministro de Hacienda, se ha producido el fenómeno de que el Poder Ejecutivo y
El 27 de Julio de 1934, entró a la Cámara de Diputados un
proyecto subscripto por el ministro de Agricultura, señor Duhau y por el
ministro interino de Hacienda, señor Alvarado, que decía: “Artículo 1° — Derógase el artículo 23 de la ley número 11.226” .
Y nada más.
El mensaje subscripto por el presidente de la República y los dos
ministros citados, expresa que ese impuesto percibido en una cuenta especial,
se destinaba a sufragar los gastos del control económico y sanitario de los
frigoríficos, pero que en 1931 se dispuso ingresar esos fondos a rentas
generales por haberse incluido en el presupuesto general los recursos
necesarios para atender las erogaciones correspondientes al personal y gastos
ocasionados por el servicio de inspección sanitaria y de control. A eso le
llama, el Poder Ejecutivo, haber quedado sin destino el gravamen del artículo
23 de la ley 11.226.
Había quedado sin destino “el fondo especial”, por cuanto el
presupuesto general había tomado a su cargo el servicio que había motivado su
creación, pero no había quedado sin destino el producto del impuesto desde que
se dispuso, en 1931, su ingreso a rentas generales.
La manera de argumentar del Poder Ejecutivo
pone en evidencia el favoritismo que ampara siempre a los frigoríficos. ¿Qué
otro contribuyente habría conseguido ser eximido de una gabela por una razón de
pie de banco como la expuesta? Ninguno.
Pero eso no es todo. El Ejecutivo recuerda,
complementariamente, que se ha dictado la ley 11.747, creando la Junta Nacional de
Carnes y que en dicha ley se establece un impuesto a los ganaderos con el fin
de financiar las instituciones industriales o comerciales que sean necesarias a
los fines de utilizar el 11 % de la cuota reconocida a la Argentina por el
Convenio de Londres.
Y en el acto el presidente de la República , el ministro
de Agricultura, el de Hacienda, y la
Cámara de Diputados encuentran que un impuesto creado para
construir el frigorífico nacional es igual a un impuesto destinado a costear la
inspección sanitaria, y entonces habiendo una supuesta superposición de
impuestos, debe suprimirse, lógicamente, el que pagan los frigoríficos, y
mantenerse el que pagan los ganaderos.
Repito, que estas cosas no suceden sino con
los frigoríficos.
En la Cámara de Diputados el proyecto se sancionó en
cinco minutos; previo un informe del diputado doctor Miguel Angel Cárcano,
defensor infatigable de los frigoríficos, quien se limitó a las siguientes
palabras: “Este despacho se propone
suprimir un doble impuesto que soporta en este momento la ganadería: sancionada
la ley 11.747 que creó la
Junta Nacional de Carnes, corresponde derogar el artículo 23
de la ley 11.226 que significa una doble imposición”.
El diputado Cárcano afirmó, rotundamente, la
existencia de una doble imposición, pero no lo demostró.
Había deslizado una afirmación totalmente
equivocada: ni la ley 11.747 encarga a la Junta Nacional de
Carnes de la inspección sanitaria, ni el impuesto que pagan los frigoríficos y
los saladeros directamente y no incide siquiera sobre los productores por su
pequeñez, es un impuesto a los ganaderos comparado con el de la ley 11.747.
Vuelvo a repetir que esto no sucede sino con
los frigoríficos.
El Centro de Consignatarios de la Capital ha presentado con
este motivo, al Senado, una nota muy bien fundada, y en ella aboga porque no se
sancione el proyecto del Poder Ejecutivo. Entre otras razones invoca la
injusticia de gravar a los productores arruinados para desgravar a los
frigoríficos, y al considerar el argumento de que el impuesto de 30 centavos
por cabeza incide sobre los productores dice: “El gravamen de la ley 11.747 se aplica directamente al productor y se
retiene en la fuente; es un descuento del 1 % sobre el valor bruto del producto
que vende. En cambio, el impuesto de la ley 11.226 es a cargo de las fábricas;
constituye una tasa uniforme y si bien parecería teóricamente que su
gravitación puede ser trasladada al productor, ello no sucede en la práctica
debido a las normas que rigen las transacciones del ganado. En efecto, los $
0,30 que pagan las fábricas por la faena de un animal bovino equivalen a seis
diez milésimos de pesos por cada kilo de novillos de un precio promedio de 500
kilos. Las compras de ganado bovino se hacen a tantos centavos por kilo, en
Liniers se suele comprar por milésimos, pero nunca se ha llegado a los diez
milésimos, por lo que la diferencia que el impuesto significa no puede incidir
sobre el productor, ni en su perjuicio, ni en su beneficio: es pues, un
impuesto a cargo de las fábricas.
“En cambio, por el sistema de la ley 11.747,
porcentaje sobre el precio, el impuesto se toma directamente del productor
“Más grata a los productores sería la
disminución de la tasa de la ley 11.747, que puede ser modificada por decreto
del Poder Ejecutivo, en la proporción necesaria para que su producido y éste de
la ley 11.226 no sean inferiores al monto que debe arrojar la tasa del 1 %,
actualmente en vigor.
“Ambos
impuestos podrían subsistir, porque su naturaleza es distinta, cumpliéndose en
esa forma, sin duda, el propósito que ha animado al Poder Ejecutivo a propiciar
la sanción que observamos”. Y más adelante agrega la nota de los
consignatarios: “Se argumentará
seguramente que la supresión de un gravamen que incidirá favorablemente sobre
sus utilidades, permitirá a los frigoríficos abonar mejores precios, pero en el
estado actual de la industria ganadera y frigorífica en nuestro país, no es
posible hacerse tales ilusiones. Es preferible aligerar al productor de las
cargas directas que pesan sobre el mismo en lugar de suprimir impuestos a
terceros que hipotéticamente pudieran ser trasladados a cargo del productor”.
He leído estas observaciones de la nota del
Centro de Consignatarios con tanta extensión, porque espero que a su hora el
Senado las tome en cuenta y entretanto me limito a destacar, el favoritismo que
representa el hecho inusitado de la supresión de un impuesto que produce $
1.680.000 al año, en beneficio exclusivo de las empresas frigoríficas que
exprimen a los ganaderos.
FAVORITISMO CON LOS
FRIGORIFICOS DEL “POOL” EN LA PARALIZACION DE LAS MULTAS
Establecido en el caso ya citado de Carvallo
Merino el precedente de que la falsedad en las
clasificaciones de
ganado, a los efectos de pagar a los productores un precie, inferior al que
debía corresponder, daba lugar a la aplicación de una multa considerable, la Dirección del Contralor
del Comercio de Carnes, que estaba entonces cargo del doctor Juan E. Richelet,
funcionario capaz y correcto, inició numerosos expedientes con motivo de otras
tantas falsas clasificaciones, aconsejando en la mayor parte de los casos la
aplicación de multas.
Entretanto, el frigorífico Anglo se había
presentado a la justicia federal, reclamando la devolución de la multa de .$
30.000 que le había sido impuesta, en el caso Carvallo Merino. En esa misma
época el señor Duhau había sido nombrado ministro. Inmediatamente de hacerse
cargo del puesto dispuso que se paralizaran los expedientes por falsas
clasificaciones hasta que se fallara el juicio promovido por el Anglo. Es, como
se ve, un procedimiento de favor.
La regla general en los casos de multas por
infracciones es que se apliquen y que los infractores las abonen sin tardanza y
después inicien, si quieren, el juicio por devolución. Se necesitó que los frigoríficos
incurrieran en multas para que se modificaran los procedimientos usuales.
Las multas en las denuncias que se habían
presentado antes de ocupar la cartera el actual ministro de Agricultura, fueron
aplicadas después del fallo de la
Corte rechazando la demanda del Anglo; pero desde que el
señor Duhau asumió el ministerio se acabaron las nuevas multas.
Los frigoríficos siguen procediendo más o
menos como antes, pero ahora ocultan las infracciones que resultaban del parte
de la inspección. Podría descubrirse el fraude controlando la graduación de las
carnes en playa y la regraduación en cámara; pero nada de eso se hace. Corresponderían
ambas inspecciones a la
Junta Nacional de Carnes, pero no las practica y eso que
gasta anualmente $ 800.000 en personal:
La sentencia de la Corte no ha servido de
lección a los frigoríficos. Los frigoríficos han pretendido burlarla,
asegurándose la complicidad de las propias víctimas, atemorizándolas con las
perspectivas del boicot y les han pedido que manifiesten por carta su
conformidad con el despojo de que fueron objeto, para conseguir así que la Junta Nacional de
Carnes deje sin efecto las multas. Esas invitaciones llevan implícito el
anuncio de que el ganadero despojado que no se someta al despojo, será boicoteado.
Tengo aquí una de esas comunicaciones, que
no he llevado a la comisión porque me ha sido entregada recién.
Emana del frigorífico Smithfield y fue
dirigida al señor Facundo Larguía el 31 de Enero del corriente año. Dice así: “Señor Facundo Larguía, hijo. Classon, F. C.
C. C., Santa Fe. Muy señor nuestro: Con fecha 2 de Marzo de 1933 hemos comprado
a usted, de sus estancias La
Martita y La
Lolilla , 550 novillos al precio de $ 0,15 el kilo.
“Como el resultado
de matanza de novillos no está de acuerdo a lo estipulado en el boleto
respectivo, la Junta
Nacional de Carnes nos ha aplicado una multa, por lo que
solicitamos de su reconocida gentileza nos envíe una carta a vuelta de correo,
más o menos de acuerdo con el borrador adjunto.
“Anticipándole las
gracias, saludamos a usted muy atentamente”. Firma el gerente del frigorífico. La
firma es ininteligible.
El borrador dice así: “Muy señores míos: Me es agradable satisfacer el pedido que ustedes se
han servido hacerme, para que confirme por escrito las manifestaciones verbales
que he hecho a ustedes, respecto de la tropa de 550 novillos, proveniente de
mis establecimientos La
Martita y La
Lolita , que ustedes me compraron, según boleto fechado el 2
de Marzo de 1933.
“En consecuencia,
declaro que es verdad:
“1°—Que el precio
estipulado en el boleto referido para la mencionada tropa de 550 novillos, fue
fijado de común acuerdo entre ustedes y yo.
“2°—Que ese precio
era el que, según mi criterio de vendedor, correspondía al realizarse la
compraventa, a la mencionada tropa de novillos.
“3°—Que si por
cualquiera circunstancia ustedes consideraron conveniente dar a la carne
proveniente de esos mismos novillos destino distinto del manifestado al
concertarse la compraventa, tal cambio de destino no me ha ocasionado a mí
perjuicio alguno.
“4°—Que desde hace
—en blanco el número de años—he vendido a ustedes novillos de mi producción,
sin que esas antiguas y frecuentes relaciones de negocios hayan dado jamás
lugar a dificultad alguna entre nosotros; por lo que por mi parte continuaré
gustoso esas relaciones con ustedes”.
Hay otra clase de multas que no se aplican,
no obstante tener conocimiento de las infracciones los ministerios de Hacienda
y Agricultura, por ejemplo, la falsedad de los datos que los frigoríficos
comunican a la Dirección
de Estadística, con el fin de que sirvan de base al cálculo de los aforos de la
junta respectiva.
La ley 3.180, en su artículo 4° establece: “Las empresas, establecimientos o sociedades
particulares que incurriesen en la misma falta, adulterar los datos
solicitados, sufrirán por primera vez una multa que variará entre 100 y 500
pesos; y para las sucesivas, entre $ 500 y pesos 1.000, las cuales se harán
efectivas ejecutivamente con la resolución del Poder Ejecutivo”.
Antes de realizarse esta investigación, el
Poder Ejecutivo sabía que los precios de facturación de los frigoríficos no
coincidían con los da tos que suministraban a la Dirección de
Estadística, y, sin embargo, no aplicaba las multas de la ley 3.180. Ahora lo
sabe a mayor abundamiento. Todos los frigoríficos del pool proceden más o menos
así, y en el caso especial de La
Blanca , que ya cité, estima el precio F. O. B. del chilled
que exporta, a los efectos de la investigación, en 0,51 el kilo, y a los
efectos del aforo en 0,55 el kilo.
FAVORITISMO CON LOS
FRIGORIFICOS DEL “POOL” EN LA
NO APLICACION DE LAS LEYES
El cumplimiento de la ley de carnes número
11.226, estuvo paralizado 12 años, en la parte referente al derecho del Poder
Ejecutivo para investigar la contabilidad de los frigoríficos.
¿Se ha visto alguna vez que las leyes
argentinas, sobre todo siendo de aplicación urgente e importante, hayan sido
mantenidas años y años en suspenso, sin más motivo que el haber impugnado su
constitucionalidad una empresa privada?
Eso ha pasado con la ley 11.226, y tenía que
pasar porque afecta a los frigoríficos.
Cuando los tribunales declaran
inconstitucional una ley, deja de aplicarse en adelante, y el gobierno
indemniza los perjuicios que haya podido causar. Esa práctica no rige para los
frigoríficos.
La sentencia de la Corte que declara
constitucional la ley 11.226 se dictó en Diciembre pasado. Han transcurrido ya
seis meses y la Junta
Nacional de Carnes continúa sin investigar la contabilidad de
los frigoríficos.
A los efectos de hacer creer al público que
se daba cumplimiento a la ley, después de la sentencia se nombró una comisión
de contadores y ésta se presentó a los frigoríficos. Pero la investigación de
los costos no se ha realizado.
De aquí resulta un cargo grave para la junta
Nacional de Carnes.
A los tres meses de funcionar la Comisión Investigadora
parlamentaria, el contador Yasky podía decir ya cuál era el costo de
industrialización del frigorífico Swift, por ejemplo. A los seis meses de haber
sido nombrados los contadores de la Junta Nacional de Carnes, no saben una palabra al
respecto.
Esto sólo basta y sobra como demostración de
que en el Poder Ejecutivo y en sus ramificaciones no se ha querido nunca poner
en evidencia lo que ganan los frigoríficos.
FAVORITISMO DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO CON LOS FRIGORIFICOS DEL “POOL”
En el mes de Mayo del año pasado los diarios
dieron la noticia de una actitud extraña de dos funcionarios del Ministerio de
Agricultura, los señores Lucas y Viacava, en una reunión de la Junta Nacional de
Carnes. La noticia aparecida en “La
Prensa ”, después de referir que la Comisión Nacional
de Carnes se había pronunciado por unanimidad en favor de la aplicación de
multas en los casos de clasificaciones fraudulentas decía: “En tal oportunidad, luego de discutirse el
asunto fue puesta a votación la medida aconsejada aprobándose por el voto de
todos los miembros presentes excepción hecha de dos funcionarios del Ministerio
de Agricultura, que forman parte del organismo, el director general de
Ganadería y el interventor de la
División de Contralor del Comercio de Carnes”.
Ese episodio es representativo de lo que
ocurre en general. Salvo honrosas excepciones, —que las hay—, el personal del
Ministerio de Agricultura siente una inclinación irresistible por la causa de
los frigoríficos lo que se relaciona con un hecho que nadie ignora: los
funcionarios que cumplen con su deber en los casos de infracción de los
frigoríficos, muy pronto se ven postergados y hasta pierden su carrera; los que
votan como votó el señor Viacava en la Comisión Nacional
de Carnes, reciben las más señaladas distinciones y son enviados a Europa a
desempeñar los cargos más delicados. Los que suscriben informes complacientes
para perjudicar a los frigoríficos argentinos, como Fernández Beyró, llegan al
punto más culminante de la carrera administrativa: la jefatura de la Dirección de Ganadería.
PRECIOS DEL GANADO
EN LA ARGENTINA Y
EN AUSTRALIA
La minuta votada por el Senado recomienda a
la comisión investigadora averiguar, “si
los precios que se pagan en Australia por los novillos de exportación, son
superiores o inferiores a los que se pagan por los novillos de exportación en la Argentina ”.
Redactada la pregunta en esos términos, —la
redacción pertenece al ministro de Agricultura— puede conducir a conclusiones
erróneas, debido a que no toma en cuenta las siguientes diferencias: Primero,
los novillos de exportación argentinos son de la mejor clase conocida y los
novillos de Australia, sobre todo los del estado de Queensland, a que se
refirió especialmente en su exposición de Septiembre el ministro de
Agricultura, tienen poca calidad. Segundo, los novillos argentinos producen un
rendimiento en carne limpia, superior en un 5 % a los australianos. Tercero, la
carne australiana abona un flete a Gran Bretaña más alto que la Argentina. Cuarto ,
la carne argentina obtiene en Gran Bretaña un precio muy superior al de la carne
australiana.
La carne australiana se vendía en 1934, en
Londres, a 1 1/2 peniques menos por libra que la carne argentina, y esa
diferencia representa para el exportador 50 o 60 pesos menos por cabeza.
El miembro informante de la mayoría de la
comisión al sostener su despacho prescindió de esas consideraciones, “de las que es imposible prescindir”, y
llegó a una conclusión sin alcance práctico y hasta sin sentido: los novillos
de exportación de la
Argentina , dice, siendo de mejor calidad han tenido mejor precio
que los de Australia en 1934. Debió averiguar si los bovinos argentinos a
igualdad de clase que los australianos obtienen o no un precio mucho menor que
el pagado por los australianos.
Las circunstancias fundamentales que he
enumerado, no han sido tomadas en cuenta, como digo, ni por el ministro de
Agricultura, ni por la mayoría de la comisión. En el informe presentado, si
bien reconoce el ministro de Agricultura la inferioridad de los novillos
australianos (página 58 del folleto), sólo incidentalmente alude a que su carne
obtiene menor precio en la
Gran Bretaña , y no toma en cuenta el mayor valor de la carne
importada de la Argentina ,
cuando compara el precio que se paga a los productores. Eso sólo, vicia de
nulidad sus comparaciones.
En una palabra, la comparación debe recaer
sobre el precio de compra de los novillos en Australia y en la Argentina , parangonado
con el precio de venta que respectivamente obtienen, y así se demostrará que
los frigoríficos se conforman en Australia con una utilidad infinitamente menor
que en la Argentina ,
o sea, con una utilidad razonable de meros intermediarios, y no como aquí, con
una utilidad igual unas veces, y otras veces superior al precio que han pagado
por el novillo.
El ministro de Agricultura y el miembro
informante de la comisión comparan los precios de compra en ambos países,
suponiendo la carne vendida al mismo precio, lo que demuestra su
desconocimiento absoluto de este asunto.
Puesto que debemos basarnos, ante todo, en
las informaciones sobre Australia de la “Pastoral Review”, véase lo que dice
uno de los colaboradores de esta revista en la página 82, del año 1934: “No puedo aceptar que debamos esperar
—tal vez por años—, hasta que hayamos
alcanzado la superioridad de la
Argentina , antes de poner nuestra carne chilled en el
mercado. Sud África no esperó y aun cuando su carne bovina es, en término
medio, inferior a la nuestra, se vende en Londres a un precio satisfactorio
comparado con el que obtendría congelada. En Septiembre último, estando en
Londres la vi venderse en Smithfield directamente del vapor, a 4 peniques más o
menos por libra, cuando la carne argentina de primera se vendía a 5 y nuestra
carne australiana congelada, era almacenada a pesar de existir desde hacía
meses otra cantidad esperando mercado, soportando almacenaje y otros gastos y
prácticamente invendible, aun cuando cotizada normalmente a 2 ½ peniques o 3
peniques por libra”, mientras que la argentina se cotiza a 5.
Como he dicho, el ministro de Agricultura y
el señor senador por San Luis no toman en cuenta esa situación y comparan la
carne argentina con la australiana, como si se vendieran al mismo precio, o
bien no advierten la diferencia, con lo cual pierden toda eficacia a los fines
de lo que querrían demostrar.
En el momento en que se planteó esta
investigación, el 1° de Septiembre de 1934, un novillo argentino de 500 kilos,
de alta calidad, producía al exportador, al frigorífico, un producto bruto en
Smithfield de $ 267,07 (regía una cotización de 4 chelines, 10 peniques por “stone”
de 8 libras
para los cuartos traseros y 2 chelines 6 peniques para los delanteros) ;
mientras que un novillo australiano, en el mejor de los casos, con esos precios
altos, pero con la depreciación que tiene su carne, no producía bruto sino 150
pesos.
En esas condiciones si el frigorífico
pagaba, término medio, por el novillo chilled de primera en la Argentina $ 125 —pagaban
menos todavía en Septiembre de 1934— y en Queensland $ 100 por un novillo
ordinario, término medio, es evidente que pagaban en Queensland mucho más que
en la Argentina. La
“Pastoral Review” consigna los siguientes precios máximos en Queensland en
1934: Enero, $ 112 argentinos; Febrero, 100 a 103; Marzo, hasta 115; Mayo, 124. Los
mejores novillos de Queensland serán, término medio, como los de Entre Ríos,
que pueden cotizarse a 70 pesos.
Es decir, que un novillo australiano, de 3 a 4 años o más, de la zona
tropical infestada de garrapata, era vendido para congelar o conserva, a un
precio mucho más alto que un animal análogo o superior originario de Entre Ríos
o a un precio igual al 4ue obtienen en la Argentina los mejores novillos chilled, que
realizan en Smithfield un producto bruto superior en un 40 % al del novillo
australiano.
El ministro no pudo ocultar en el debate la
realidad de esa situación. “En Queensland
—dijo— el ganado es de exportación”.
(Página 1.092, Diario de Sesiones de 8 de Septiembre de 1934).
Negó, en cambio, la existencia de garrapata;
pero yo le pedí que leyera en la página 549 de la “Pastoral Review”, de Junio
de 1934, que tenía sobre la mesa en ese instante, una nota editorial acerca de
la garrapata, que dice: “Peste de
garrapata. —Las lluvias recientes han aumentado la virulencia de la garrapata
en la zona detrás de Townsville y han ocurrido numerosas pérdidas en el ganado joven
que carece de inmunidad. La pérdida de la inmunidad proviene de la continuidad
de los baños y de la prevalencia de estaciones secas que reducen los ataques de
la garrapata”.
Es, pues, un ganado de la zona tropical,
infestada de garrapata, ganado de mucha edad y de baja calidad, destinado a
congelado de segunda o tercera, o conserva, el que ha comparado con el ganado
argentino chilled el ministro de Agricultura al comparecer ante la comisión a
fin de justificar lo que sostuvo erróneamente en el Senado y en la inauguración
de la Exposición
Rural de 1934.
Hecha esta síntesis breve, pero ilustrativa,
veamos ahora la verdadera situación y condición de la exportación de carnes
australianas, a la luz de los datos proporcionados por la “Pastoral Review”,
autoridad aceptada por el ministro de Agricultura y por mí.
Dije en la sesión recordada del Senado, que
en Tasmania los novillos de primera exceden con frecuencia de $ 200 por cabeza
y se produjo, entonces, este diálogo: “Sr.
de la Torre.
—En Tasmania, los novillos especiales, en Enero de 1934, valían $ 205,80.
¿Cuántos años hace que en la República Argentina no se pagan $ 205,80 por un
novillo de ninguna condición?
“Sr. Ministro de
Agricultura.— Yo nunca le he negado al señor senador que no valieran ese precio
los novillos allí; pero se trata de regiones de consumo y no de exportación”.
En una palabra, el ministro de Agricultura
reconoció la exactitud de los altos precios mencionados, pero objetó su
significado en razón de que Tasmania no exporta carne bovina.
El valor de la objeción es relativo;
Tasmania, efectivamente, no exporta carne bovina, pero no es menos exacto que
rigen también precios muy altos en otros Estados australianos que exportan
carne bovina, como por ejemplo, Australia Occidental y Nueva Gales del Sur.
En la respuesta del ministro de Agricultura
al punto décimo del cuestionario que le presentó la comisión, en la página 54
del folleto citado, dice que en el año terminado el 30 de Junio de 1934, se
exportaron de Australia Occidental 70.000 cuartos.
Y respecto de Nueve Gales del Sur, en la
misma página reconoce que exportó en el mismo período 17.970 cuartos, cantidad
que no toma en cuenta por ser ínfima comparada con lo que exporta Queensland.
No es admisible semejante razonamiento. Un
país o una región no dejan de ser exportadores de un producto porque otro país
u otra región exporten en mayor cantidad. Uruguay o Brasil no dejan de ser
exportadores de chilled porque la
Argentina exporte cantidades superiores.
Australia Occidental exporta 70.000 cuartos
bovinos congelados, que corresponden a 17.500 novillos con un valor —a los
precios corrientes en la región, consignados en la “Pastoral Review”— superior
a $ 3.000.000, y esa suma no es tan insignificante como para que los
exportadores se den el lujo de perder sobre ella el 50 %, o más, según se
desprendería de los cálculos del señor ministro de Agricultura.
Los precios que regían en Australia
Occidental, según la “Pastoral Review”, en pitio de 1934, página 561, dados por
mí en el debate, alcanzaban hasta 17 libras australianas, es decir, a 233 pesos
en Perth, por cabeza.
Admito que esos novillos cotizados a un
precio que superan en 100 pesos por cabeza a la más alta cotización argentina
de la misma época, no hayan sido exportados. Admito que fueran adquiridos para
el consumo, pero el sentido común dice, —y los datos oficiales lo comprueban—
que los novillos exportados, y hay 17.500 novillos exportados de esa zona donde
el consumo paga hasta 233 pesos por cabeza por los mejores ejemplares, y 164
pesos —o sean 12 libras
australianas— por los de más baja cotización, no pueden haber sido comprados
por la exportación a precios viles, porque de no ser así, no se habrían
exportado, se habrían vendido para el consumo local.
Y los novillos de Australia Occidental que
llegan a Perú atravesando los desiertos descriptos en el informe del Ministerio
de Agricultura —adviértase que no son novillos iguales a los del litoral
argentino, son novillos que apenas pueden alcanzar, como ya lo he dicho, la
clasificación de congelar de segunda, y por esa clase de novillos los
frigoríficos, que exprimen al productor argentino, pagan 12,14 o máximo 16
centavos, equivalentes a 70 u 80 pesos por cabeza puestos en fábrica con el
flete a cargo del vendedor.
El ministro de Agricultura tampoco quiere
reconocer como Estado exportador a Nueva Gales del Sud, donde rigen
ordinariamente cotizaciones de 10 libras australianas por cabeza, y donde el
cental (100 libras
de carne limpia), se cotiza de 30
a 34 chelines, o sea a un precio de 44 a 51 centavos el kilo, en
moneda argentina.
Sostiene que deben rechazarse esos precios
corrientes a los efectos de la comparación con los precios que pagan en la Argentina los
frigoríficos; la pretensión del ministro de Agricultura carece de tal manera de
fundamento, que me basta recordar al Senado que Nueva Gales del Sur es el Estado
australiano de donde han partido los primeros cargamentos de chilled beef, con
destino a Smithfield.
En el propio informe presentado por el
ministro de Agricultura a la comisión, hay elementos suficientes para comprobar
la existencia de la exportación de chilled de Nueva Gales del Sur. Y esas
exportaciones contradicen las afirmaciones que estoy refutando.
El primero de los embarques australianos de
chilled, embarque experimental, fue el del vapor Fort Fairy, salido en Octubre
de 1932 de Nueva Gales del Sur. El segundo, el Temístocles, en Enero de 1933;
el Moretan, cargado en Aberdeen Works, Nueva Gales del Sur, en 4 de Abril y
llegado a Londres, el 22 de Mayo. Más adelante vuelven a salir de Sidney, Nueva
Gales del Sur, el Otrante, el Moretan, el Maloja y el Temístocles. “Pastoral
Review”, (pág. 69, año 1934).
Queensland, carecía entonces de línea
directa de vapores para la exportación de chilled; tenía que enviar la carne
congelada a los puertos del Sur y transbordarla, demorando dos o tres semanas,
lo que hacía imposible la expedición de chilled.
Cuando tuvieron éxito los embarques de Nueva
Gales del Sur, recién se logró eliminar la dificultad en Queensland y se
despachó de Brisbane el Idomeneus. Página 69 de la “Pastoral Review”.
Queda, pues, demostrado con las
informaciones directas de la “Pastoral Review”, concordantes con los informes
oficiales, la inconsistencia del argumento fundamental del ministro de
Agricultura, que consiste en hacer una división arbitraria entre ganado de
exportación y ganado de consumo y admitir precios altos para el consumo y
rechazarlos para la exportación.
Los productores negocian sus productos con
los compradores que les ofrecen el mejor precio. Esto es de Perogrullo. Cuando
el precio de consumo, a causa de la oferta superabundante, cae por debajo del
precio de exportación, se hace posible la exportación y en el caso inverso, si
el consumo paga más que la exportación, los productores no se interesan, como es
natural, por las ofertas de los exportadores. Pudiendo vender a 100 al consumo,
es absurdo creer que vayan a vender a 50 a la exportación, por tener el honor de
exportar; si la exportación no paga precios razonables, no le venden. Esto es
lo que sucede en los estados australianos que exportan congelado el 15 % de la
cuota y ahora empiezan a exportar chilled. El 15 % se reparte así: Australia
occidental, 11.540.486
libras ; Nueva Gales del Sur, 8.549.228 libras ;
Victoria, 4.603.450
libras , y Australia meridional, 124.706 libras .
Veamos ahora lo que ocurre en Queensland. El
ministro de Agricultura ha pretendido eliminar a los demás Estados australianos
y, concretar su demostración a Queensland, Estado pletórico de ganado (7
cabezas por habitante), donde los precios son inferiores a los demás Estados,
entre otras razones, porque los campos son inferiores a los de Nueva Gales del
Sur, Victoria a Australia meridional y el ganado también es inferior; un clima
tórrido, profusión de garrapatas, frecuencia de sequías, no permiten la
plenitud de la faena sino en Junio, Julio y Agosto y se suspende en absoluto de
Enero “a Marzo.
Para dar una idea exacta de las dificultades
que encuentra el refinamiento del ganado en Queensland, basta leer otra nota
editorial de la “Pastoral Review”, que ha pasado desapercibida en el estudio
realizado en el Ministerio de Agricultura, con el fin de informar a la comisión
y se refiere a la importación de reproductores cebú para cruzamiento. Dice así:
“Hicimos referencia, en un número reciente,
a la decisión de un sindicato de criadores de Queensland de importar cierto
número de toros cebú para cruzamiento. El jefe del Consejo de Investigaciones
Científicas e Industriales, doctor A. C. D. Rivett, hace saber que el
funcionario del Consejo, Mr. R. B. Kelley, ha arreglado el transporte de 17
animales zebú de Estados Unidos, que eligió en su reciente viaje”. (“Pastoral
Review”, 1933, página 442).
Los animales criados en la zona tropical de
Queensland, donde las razas inglesas languidecen, son los que hacen de 5 a 7 y a 9 libras australianas,
equivalentes a un precio mínimo de 68 pesos argentinos y máximo de 124 pesos.
Esos animales pueden compararse con los novillos que los frigoríficos pagan
aquí, en Entre Ríos y Corrientes de 40 a 70 pesos, y no con los novillos argentinos
de primera, como lo hace el ministro de Agricultura. Por eso le dije, en el
pasado debate, que será muy buen estanciero; pero como ministro confunde el
ganado ordinario con el fino, el chilled con las conservas, los torunos y bueyes
viejos con los novillos y no sabe que la carne argentina vale en Smithfield 25
% más que la carne australiana. Y si lo sabe oculta que no es lo mismo comprar
un animal en 120 pesos para vender su carne en 220, que comprar un animal en
120 pesos para vender su carne en 150; que no es lo mismo obtener el 61 % de
rendimiento en carne limpia, de un novillo argentino, que un 56 % de carne
limpia de un novillo australiano; que no es lo mismo pagar un flete de 26 pesos
la tonelada, de Buenos Aires a Londres, que pagar un flete mucho más alto de
Australia o Nueva Zelandia a Londres; y que no es lo mismo vender el kilo de
carne en Smithfield a 5 peniques la libra, que a 3 peniques la libra.
La mayoría de la comisión, en este punto,
también ha confundido el chilled con las conservas y los novillos con los
torunos.
Sr. Landaburu. — Oportunamente le contestaré al
señor senador.
Sr. de la Torre. — Bien; ¿cuál es el precio del
ganado en Queensland, comparable al de Entre Ríos y Corrientes? Lo dice la “Pastoral
Review” en las páginas que el ministro de Agricultura no ha citado, pero que
están a la vista:
“Pastoral
Review”, Julio de 1934, página 678. — Once ventas han tenido lugar en Cannoun
Hill (Queensland) en Junio, alcanzando a 11.838 vacunos con las siguientes cotizaciones
de novillos:
“Pesados de
primera, $ 117 a
125 (£ 8,15 a
£ 9,12).”
Todavía allí vale
más el novillo pesado que el liviano, al revés de la costumbre que han impuesto
aquí los frigoríficos.
“Medianos de
primera, $ 96 a
112 (£ 7 a
£ 8,50).
“Livianos de
primera, $ 77 a
90 (£ 5,10 a
£ 6,15).
“Livianos comunes,
$ 54 a 81
(£ 4,50 a
£ 5,50)”.
En Septiembre, página 893, se cotizan los
mismos precios, con ligeras diferencias.
Estas so parecen once ventas de ganado en
Queensland; serían excelentes ventas en la provincia de Buenos Aires, y por
supuesto que no las hay ni parecidas en Entre Ríos y en Corrientes.
Estas ventas se realizan en ferias o en los
corrales de los mercados y mataderos y no es exacto, como afirma el informe del
ministro de Agricultura, que los precios de Australia deban entenderse siempre
en fábrica. ¿Entre nosotros se pagan por novillos de una clase semejante, los
precios corrientes que se pagan en Queensland?
No se pagan; los frigoríficos argentinos
podrían pagarlos con mayor facilidad, puesto que el novillo argentino les
produce bruto en Smithfield $ 60 más por cabeza en razón de su mejor calidad,
mayor rendimiento y menor flete.
El ministro de Agricultura y el señor
senador por San Luis se acogen de preferencia a los precios por cental (100 libras ), que estiman
arbitrariamente en 17 chelines 2 peniques, en contra de las cotizaciones que
consigna la “Pastoral Review”, que llegan hasta 23 chelines para los novillos
de tipo congelar y 25 chelines para los de tipo chilled.
En el número de la “Pastoral Review”
correspondiente a Noviembre de 1934, página 1.163, se puede ver que los más
altos precios del cental en Queensland, que el señor miembro informante fijó
estrictamente en 17 chelines, era de 23 chelines para el congelado; es decir, 33
centavos por kilo limpio, que representa $ 102,30 sobre los 310 kilos que
produce siempre un novillo argentino de 500 kilos, sin tener en cuenta los
subproductos.
Sr. Landaburu. — Esos son los precios de los
novillos de consumo, señor senador.
Aunque no deseo interrumpirlo, no puedo
admitir que continúe esa demostración, a base de un error evidente.
Sr. de la Torre. — ¿Cuál es el error?
Sr. Landaburu. — Esos precios que toma de la “Pastoral
Review” son los precios de los novillos de consumo y el señor senador se empeña
en confundir uno con otro.
Sr. de la Torre. — ¿De dónde saca esa división el
señor senador? Los compradores adquieren los novillos y los destinan para el
consumo o para la exportación según les
convenga. ¡Qué país curioso sería Australia existiría ninguno igual en el
mundo— donde se dividen los compradores en esta forma!
Sr. Landaburu. — La diferencia no está en los
compradores sino en los precios. Oportunamente le voy a demostrar al señor
senador que se empeña en confundir novillos de consumo con novillos de
exportación.
Sr. de la Torre. — Los compradores adquieren los
novillos y los destinan a consumo o exportación.
Sr. Landaburu. — El señor senador, que tiene una
amplísima versación sobre este asunto, se empeña en confundirnos, siguiendo la
política del calamar que enturbia el agua cuando se siente perseguido.
Le repito que oportunamente le demostraré
que los precios de los novillos de exportación en Australia nunca han excedido
de un promedio de 17 chelines por cental.
Sr. de la Torre. — Primero decían que los novillos
no eran de exportación porque eran de Australia Occidental, o de Australia
Meridional o de Nueva Gales del Sur; ahora resulta que los novillos de
Queensland tampoco son de exportación.
Sr. Landaburu. — Me he referido a los precios de
Queensland, consignando los datos que da la “Pastoral Review” para los de
exportación, que es de 17 chelines.
Sr. de la Torre. — Estos que doy son los precios de
Queensland, sea para exportación o para consumo, porque también en Queensland comen.
Las cotizaciones de 23 chelines a que me
refiero son para el congelado, lo que quiere decir exportación, y ese precio
representa 102,30 pesos, sin tener en cuenta los subproductos.
¿Acaso, decía, se paga 102 pesos por los
novillos que corresponden a la categoría de congelar inferior entre nosotros, y
sobre todo en Entre Ríos y Corrientes? No se paga ni en Buenos Aires, ni en
Santa Fe, ni en Córdoba, más de 80 pesos, salvo a los vendedores privilegiados.
En Queensland empieza a pagarse ahora más
alto precio por las reses que se destinan a chilled, comparadas con las
destinadas a congelar.
En la “Pastoral Review, páginas 678 y 1.173,
año 1934, se encuentra la cotización de 25 chelines las cien libras, para las
primeras, mientras se pagaban 23 chelines para las segundas. Pero ese aumento
de precio que se compensa con el mejor precio de venta en Gran Bretaña, cuesta
a los ganaderos australianos mucho dinero. Una gran parte de los novillos
exportados chilled, son mantenidos de 4 a 6 meses a grano y forraje, y asimismo no
alcanzan ni los rendimientos, ni el precio del chilled argentino.
Pero aun con el precio que adopta el informe
del Ministerio de Agricultura; aun con los 17,2 chelines por cien libras de
carne, un novillo argentino de 500 kilos, valdría $ 79,90, no computando los
subproductos.
¿Cuál es el promedio de precio de los
novillos argentinos que se clasifican como congelar de segunda?
Lo dice el ministro de Agricultura en la
página 58 del informe presentado a la Comisión Investigadora :
“Pero
debo advertir —dice— ante todo, que
el ganado de Queensland es, en término medio, de una calidad inferior al
nuestro. La carne congelada de Queensland se clasifica en tres categorías: de
primera calidad, (“good average quality”), de segunda calidad, (“first average
quality”), y de tercera calidad, (“second first average quality”). La
clasificación del ganado en pie se ajusta a la de la carne. Últimamente, con
motivo de la exportación del chilled beef, se ha visto aparecer la categoría de
“prime” o superior para los novillos mejores que los de primera calidad, pero
su número es hasta hoy muy limitado.
“Es muy difícil, y
expuesto a errores —continúa
el ministro— establecer a qué categoría
de nuestros novillos corresponden la de los australianos, porque la
clasificación de allá no es tan uniforme como la nuestra y porque la calidad de
la misma categoría suele variar de un año, para otro, según sea la abundancia
de pasto y gorduras. Sin embargo, se admite generalmente en Gran Bretaña que la
mejor carne congelada australiana es igual a nuestra carne congelada de segunda
calidad.
“Por lo tanto, en
las comparaciones que voy a hacer en seguida —dice el ministro— equiparo el novillo australiano de primera calidad con nuestro tipo de
congelar de segunda calidad”.
Y en la página 59 establece en 0,1333
centavos el precio, término medio, para el año 1933, de la categoría congelada
inferior aludida.
Ya se ha visto en qué proporción pagan aquí
los frigoríficos 13 centavos por chilled de primera. Ese precio de 13 centavos
que se paga en la Argentina ,
según el Ministerio de Agricultura, por el novillo congelar inferior que se
considera equivalente a los australianos, representa 66,65 pesos para un
novillo argentino de 500 kilos, contra 79,90 del novillo australiano vendido a
17 chelines el cental, novillos que rinden 5 % menos y se venden en Smithfield
con un 25 % de quebranto por lo menos y pagan más flete.
Es el propio ministro de Agricultura quien
llega sin darse cuenta a esa conclusión contraria a lo que sostienen. En la
página 60 del informe se encuentra un cálculo interesante: “En el primer semestre de 1934, dice, la
cotización media de la carne congelada australiana de primera calidad en
Smithfield, fue de peniques 3 1/3 por libra; restado los gastos de fletes
marítimos, seguro, comisión, etcétera, que representan por lo menos un penique
de libra. Quedan 2 1/3 peniques para pagar al ganadero australiano.
Este cálculo es colosal viniendo de un
ministro de Agricultura. Dice que restado los gastos de flete, seguro,
comisión, etcétera, gastos que representan 1 penique por libra, quedan para
pagar al ganadero australiano 2 1/3 de peniques por libra. Si el novillo cuesta
3 1/3 por libra. Es decir, que en Australia la industrialización del novillo se
hace gratis, según lo asegura el ministro de Agricultura en un informe oficial
editado en folleto, seguramente bajo la supervisión del asesor e inspirador a
que me he referido otras veces.
Ahora bien; los novillos de exportación
australianos, como lo reconoce el antedicho informe, rinden un promedio de 700 libras de carne
congelada, de las cuales sólo pueden exportarse 580 libras , o sea, dos
cuartos posteriores de 175, de dos cuartos anteriores de 115 libra cada uno, pues,
a causa de la
Onchocerca Gibsoni hay que quitar a cada uno de éstos cerca de
60 libras .
Multiplicadas, pues, las 580
libras de rendimiento por las 2 1/3 de peniques a que me
he referido antes, sigue diciendo el informe —entrando naturalmente gratis la
industrialización— se llega a la conclusión de que a los ganaderos australianos
no se les puede pagar más de 5.12,7 libras (libras australianas 7.1,0) , o sea
84,40 moneda nacional.
El cálculo además de estar mal hecho no
asigna valor a los subproductos ni a las 60 libras no embarcadas;
todo lo cual representa por lo menos 30 pesos; y no hay novillos argentinos “congelar inferior” ya sean de Entre
Ríos, Corrientes o Buenos Aires por los que paguen los frigoríficos 114 pesos.
¡Si eso es lo que pagan por el mejor chilled!
Y luego si el ministro de Agricultura admite
que en Australia no deben deducir los intermediarios sino 1 penique por libra,
o sea $ 36,25 por cabeza, ¿por qué razón permite y puede decirse que fomenta
que los frigoríficos de la
Argentina descuenten más de 100 pesos por cabeza entre sus
gastos y utilidades?
Veamos el valor probatorio de las otras
citas del informe. La primera puede decirse que las resume todas; está en la
página 61 del folleto y dice “Pastoral Review” de Marzo 16, página 282 a 283: “A principios de Marzo se estaba pagando de 19 a 20 chelines (las cien libras)
por vacunos de primera calidad en Cannon Hile (Brisbane), mientras que en la
división central de Queensland el precio para congelar y conservar oscilaba
entre 18 y 20 para los de primera”.
Se agrega que estos precios estaban sobre la
paridad de Londres, Recomiendo esas citas al señor miembro informante, que
sigue aferrado a los 17 chelines. 18 chelines las cien libras son pesos 27,16
centavos kilo limpio;
19 chelines serán 28,66; y 20 centavos
serían 30,18 el kilo; y 23 centavos serían 37,95.
Un novillo argentino de 500 kilos con un
rendimiento limpio de 311 kilos valdría en el primer caso $ 92,36; en el
segundo, $ 97,49; en el tercero, $ 102,60; en el cuarto $ 118.
¿Se pagan esos precios en Entre Ríos o en
Corrientes? Evidentemente no se pagan, y el novillo de Queensland que los
obtiene rinde, vuelvo a repetirlo, un 5 % menos que el de Entre Ríos o de
Corrientes. Su carne vale 60 pesos menos por cabeza en Smithfield y soporta un
flete Mucho mayor hasta llegar al Reino Unido.
Así pues, con las mismas transcripciones de
la “Pastoral Review” que el ministro de Agricultura ha presentado a la
comisión, se demuestra la magnitud de su error cuando afirma que la carne
argentina obtiene de los frigoríficos un 65 % más de precio que la carne
australiana y compara a ese efecto un mal novillo tropical destinado a congelar
o a conserva, con un novillo chilled, de la provincia de Buenos Aires.
No es solo que el ministro de Agricultura
hable de 18 a
20 chelines el cental de carne limpia, en vez de hablar de 23 a 25; agrega que los
precios de Australia representarían diez centavos por kilo para un novillo de 660 libras , deduciendo
los gastos que tiene el productor hasta que el novillo llega al mercado,
mientras que en la Argentina
se pagan cuarenta centavos. Ofrece como ejemplo la plaza de Adelaida, pero
cuando se trata de los ganados argentinos, entonces ya no deduce los gastos.
Hagamos la deducción para los novillos de Corrientes o de Entre Ríos, por los
cuales pagan los frigoríficos treinta pesos, y véase el resultado. Los
productores argentinos obtienen la mitad que los australianos.
El segundo ejemplo puesto por el ministro de
Agricultura (página 56 del folleto), lo toma también de la “Pastoral Review” y
consiste en el comentario que hace la revista a un embarque de cincuenta reses
chilled beef superior, efectuado en Melbourne, Estado de Victoria, y dice: “Si la empresa exportadora hubiera vendido en
el mercado de Melbourne, los animales, habría obtenido cuando menos siete
libras australianas por cabeza más de lo que cabe esperar razonablemente de la
venta de su carne en Londres”.
Este ejemplo presentado así, con la
autoridad de la “Pastoral Review”, causa sorpresa, pero es que el ministro de
Agricultura lo presenta como un embarque comercial cuando se trata de uno de los
embarques “experimentales” del año
1933, que se efectuaban para establecer si era o no posible resolver el
problema de la exportación chilled y no con un propósito de lucro. El número
reducido de cabezas —cincuenta reses—, lo está demostrando. En esa época no era
posible embarcar chilled en Queensland, porque no existían líneas directas de
vapores frigoríficos a Inglaterra, y con el chilled no se podía proceder como con
el congelado, que se trasbordaba en los puertos del Sur, perdiendo en ello dos
semanas.
Dije ya anteriormente, que se empezó a
exportar chilled de Nueva Gales del Sur (en Octubre de 1932) , de Australia
Meridional y aun de Victoria —de allí salieron las 50 reses a que se refiere el
ejemplo mal elegido por el ministro de Agricultura—, hasta que por fin,
allanadas las dificultades, pudo zarpar de Brisbane—(Q—u-e—ens- land) el “Idomeneus”.
Su cargamento, salido en 1934, estaba en preparación cuando apareció el número
de Enero de 1934 de la “Pastoral Review” que la anunció en la página 69. El embarque
de los 50 novillos de Victoria —y no de Queensland, como cree el ministro de
Agricultura— sin propósito de lucro, se explica perfectamente y quita todo
valor a la cita hecha.
De lo expuesto se deduce que la ganadería
australiana afronta condiciones naturales muy desfavorables comparadas con la
ganadería argentina en lo relativo a los rigores del clima, a la inferioridad
de los campos, a la calidad del ganado, a la distancia del mercado consumidor,
al mayor costo de los jornales y al menor precio de venta.
¿Cómo puede subsistir, entonces, la
ganadería australiana? Subsiste con la ayuda del Estado y sobre todo porque los
ganaderos australianos venden, en relación, mejor que los argentinos, y los
frigoríficos lejos de explotarlos pueden en algunos casos hasta trabajar a
pérdida y pagar con las utilidades en la Argentina.
La publicación “Calle and Beef Survey”
emanada del Comité Económico Imperial, aparecida en Junio de 1934, facilitada
gentilmente a la comisión por el señor Brewster del frigorífico Smithfield,
estima el decrecimiento del ganado en Australia en el período 1921-1932 en un
16,4 % (14.441.000 cabezas en 1921 y 12.783.000 en 1932). Mientras la población
aumentó en el mismo período en un 19 %, el “Queensland Report” establece que en
todo el período 1922-1927, los productores no obtuvieron beneficio y entre
1924-26 puede calcularse una renta imponible del 1 %.
Los beneficios que los ganaderos obtienen en
la actualidad en la
Argentina son también precarios o nulos, salvo alguna
excepción.
En los balances de las sociedades anónimas
que se publican anualmente, es raro encontrar dividendos apreciables en las
sociedades agrícola ganaderas, pero es distinto no obtenerlos en la Argentina disfrutando de
condiciones favorables, a no obtenerlos en Australia en condiciones adversas.
La diferencia substancial entre las dos ganaderías y lo que permite a la
australiana no sólo subsistir sino redoblar sus esfuerzos para imponerse,
reside en dos puntos.
Primero: aun cuando la carne australiana se
venda en el Reino Unido a un precio inferior a la argentina en un 25 %, el
ganadero australiano recibe el precio, él, dejando una retribución moderada
para el intermediario, (sea éste una compañía frigorífica o un consignatario),
en tanto que el ganadero argentino recibe de la utilidad que produce la venta
de su ganado en Gran Bretaña, a lo sumo un 20 % y el 80 % restante lo reciben
los frigoríficos extranjeros que han suprimido la competencia de los precios y
lo esquilman.
Segundo: los gobiernos de Australia, sin
excepción de partido, lo mismo laboristas que conservadores, viven en la
constante preocupación de proteger los intereses de la ganadería nacional; en
tanto que los gobiernos argentinos están y han estado siempre a los órdenes de
los frigoríficos extranjeros sosteniendo su monopolio. Ningún gobierno anterior
ha igualado al actual en esa política y ningún ministro al señor Duhau.
Las sociedades rurales de Australia son
entidades actuantes que encaran con inteligencia y patriotismo los problemas
que afectan a las industrias rurales y no se contentan con realizar una feria
de reproductores por año y estar siempre de acuerdo con todos los ministros.
Ningún miembro de una embajada australiana en la Gran Bretaña habría
emitido jamás opiniones como las conocidas del diputado Cárcano, en Londres, el
año 1933, acerca de que la cuota del 11 % excedía la capacidad de exportación
directa a que podían aspirar los ganaderos argentinos.
Los ganaderos australianos cuando están
disconformes con los precios que les ofrecen por sus novillos las compañías
Swift y Anglo, que también operan allá, tienen a su disposición otras compañías
locales, o bien industrializan el producto por su cuenta y lo despachan a
Londres a una consignación segura; o bien las cooperativas que se organizaron
hace muchos años en número no sólo suficiente, sino excesivo, hacen los
embarques. El ganadero argentino está condenado, por su propia indolencia y por
la falta de visión de sus gobiernos, a aceptar el mendrugo que le tiran los
frigoríficos monopolizadores de la exportación.
En el caso australiano el precio, bueno o
malo, es para el productor y en el caso argentino la utilidad es para los
frigoríficos. Este deja a su cómplice, el gran invernador, un margen mediocre
de ganancias; al criador no le queda nada, pero el criador es un ser sufrido e
inofensivo.
Así se explica cómo el frigorífico Swift
obtuvo, en 5 años, $ 91.600.000 de ganancias y el criador obtiene el 4 %,
cuando lo obtiene.
Y ese mismo frigorífico, mientras hacía aquí
esas ganancias, no ganaba en Australia.
El frigorífico Anglo para que no se conozcan
sus ganancias y para eludir el pago del impuesto a los réditos, simula, con la
tolerancia de los ministros de Hacienda y de Agricultura, que vende sus
cargamentos a precio de costo.
En la Argentina , con 35.000.000 de cabezas de ganado,
trabajan, con excepción del Gualeguaychú, 7 frigoríficos combinados, a quienes
el gobierno inglés, previo sometimiento del gobierno argentino, declara dueños
del 85 % de la cuota de exportación.
En Australia, con 12.000.000 de cabezas de
ganado, hay 25 frigoríficos que elaboran bovinos y ovinos; y 15 o 20 más que
elaboran únicamente ovinos y porcinos.
Los grandes frigoríficos (Swift, Anglo,
etcétera), que tiranizan el mercado argentino tienen en Australia una situación
perfectamente controlada y no hace mucho que la compañía Swift vendió al
gobierno de Queensland su mejor establecimiento.
Se ha divulgado insistentemente en los
últimos tiempos (a base de informaciones salidas del Ministerio de
Agricultura), que los grandes frigoríficos extranjeros que trabajan en la Argentina y
principalmente el Anglo y el Swift, disgustados con la organización de la Cooperativa de
Productores y por la irreverencia del Senado argentino, que se propuso
investigar sus libros, van a intensificar su faena en Australia y abandonar la Argentina. No he
comprobado la exactitud de semejante versión, y creo en su falsedad interesada.
En Australia no existe ganado ni en cantidad
ni en calidad como para que los grandes frigoríficos puedan trazarse un plan de
esa naturaleza. El ministro de Agricultura no ha excusado su opinión contraria
al sistema de exportación múltiple y libre de la industria frigorífica en
Australia y ha entonado un himno a una presunta tendencia a la concentración,
que no sería, sin embargo, un monopolio.
Yo afirmo al Senado que las condiciones
tolerables de que goza el ganadero australiano, al no ser expoliado por los
frigoríficos, se deben a la existencia de numerosas empresas privadas pequeñas,
y a otras estaduales o municipales, que impiden la tiranía del gran capital.
Haré más perceptibles estas condiciones
dando la lista de los frigoríficos australianos. La tomo del excelente informe
presentado a la comisión por el ingeniero Pedro T. Pagés, que fue citado con
elogio por el miembro informante de la comisión.
Nueva Gales del Sur
Angliss & C°, 250 bovinos por
día.
Australian Chilling and Freezing
C°, 130 bovinos por día.
Metropolitan Meat Industry Board.
Matadero del Estado. Bahía Homebuchs, 2.000 bovinos por día.
Matadero Municipal del Distrito
Newcastle, 200 bovinos.
Riverstone Meat C°, 400 bovinos por
día.
Waterside Cold Stores, 150 reses
chillad por semana.
Queensland
Bergl Australia Ltd., 150 bovinos
por día.
Bibdohra Meat Export, 140 bovinos
por día.
Borthwick and Sons, Brisbane, 280
bovinos por día.
Burdekin River Meat, 240 bovinos
por día.
Gladstone Meat Works, 300 bovinos
por día.
Queensland Cold Storage
Cooperative, Brisbane, 200 bovinos por día.
Queensland Meat Export, Brisbane,
330 bovinos por día.
Matadero de Bribane, Cannon Hill,
1.000 bovinos por día.
Swift Australian Company,
Townsville, 750 bovinos por día.
Victoria
Angliss &. C°, 400 bovinos por
día.
Borthwick and Sons, 50 bovinos por
día.
Sims, Cooper Ltd., 200 bovinos por
día.
Australia Meridional
Government Produce Department, 120
bovinos.
Australia del Norte
North Australia Meat C°, 500
bovinos por día.
Australia Occidental
West Australian Meat C°, Fremantle,
400 bovinos por día.
Western Australian Government,
Wyndham, 200 bovinos por día.
Uno solo de los grandes frigoríficos
argentinos tiene una capacidad de producción de carne bovina que casi iguala a
la totalidad de las fábricas australianas; pero eso, en vez de traducirse en un
beneficio para los ganaderos argentinos, causa su ruina, por el monopolio establecido
y la falta de competencia en las compras.
Resumiendo las conclusiones de este capítulo
en lo referente a los precios australianos tomados de la “Pastoral Review”,
resulta:
1° — Que los novillos australianos de
primera vendidos para consumo y exportación hacen precios que llegan hasta 230
pesos argentinos por cabeza en algunos mercados y especialmente en Australia
Occidental, listado que exporta 70.000 cuartos bovinos más o menos, por año;
2° — Que en el Estado de Queensland,
poseedor del 45 por ciento del ganado australiano (ganado típico de la zona
tropical) , cuya clasificación corresponde a congelar inferior, y exportador
del 85 % de la carne australiana, los precios por cabeza llegan hasta 124 pesos
según la “Pastoral Review” y la cotización por 100 libras , hasta 25
chelines. Su ganado es comparable al de Entre Ríos y Corrientes y se vende a
mucho más alto precio;
3° — Que los más altos precios corresponden
a los novillos pesados, a la inversa de lo que hacen los frigoríficos en la República Argentina ;
4° — Que tornando en consideración los
precios de venta en Gran Bretaña, en la República Argentina
se pagan precios inferiores a los de Australia, término medio en un 50 %, y que
eso se debe a la suspensión de la competencia en las compras por los frigoríficos.
5° — Que en Australia los frigoríficos
internacionales pueden trabajar a pérdida porque hacen pagar esas pérdidas a
los ganaderos argentinos;
6° —Que en Australia existen excelentes
revistas ganaderas y sociedades rurales útiles y activas.
LOS FRIGORIFICOS DE
LA PATAGONIA
Los males que sufre la ganadería argentina a
consecuencia del monopolio de las compañías frigoríficas, consentido por el
gobierno desde largo tiempo atrás y amparado con inexplicable decisión por el
actual ministro de Agricultura, en ninguna parte son más agudos y extorsivos
que en la Patagonia. En
sus soledades el criador de ovejas está absolutamente a merced de los
frigoríficos, únicos compradores, y las protestas que pueda formular, y que
formula a veces en voz baja, temeroso de que el frigorífico no le compre, no
encuentran ni siquiera el débil eco que suelen despertar en el Congreso y en
los diarios, los abusos que se cometen en las zonas más pobladas y ricas del
país.
Por esos corderos magníficos, que realizan
ordinariamente en Smithfield promedios de 13, 14 y 15 pesos, y en ocasiones
hasta 17, han pagado los frigoríficos en la Patagonia un precio de
pesos 2,90 en 1933 y pesos 3,90 en 1934. Se puede comprender la utilidad enorme
que realizan.
Para el Ministerio de Agricultura es como si
la Patagonia
no fuera argentina o, si se quiere, como si la Patagonia no existiera.
Una vez se mandó un inspector a que
informara sobre el estado de aquella desgraciada sección del territorio
nacional. ¿A quién se mandaría? Me parece que los señores senadores ya lo
habrán adivinado. ¿O no lo han adivinado? Se mandó al señor Viacava, admirador
fiel de los frigoríficos, el inspector que hasta en el caso de Carvallo Merino
—que era un despojo perpetrado alevosamente— sostuvo en la Junta Nacional de
Carnes que no debía aplicarse multa alguna. El señor Viacava fue y volvió y las
cosas quedaron como estaban.
No entra en los propósitos policiales de
esta investigación, estudiar las condiciones que imperan en la Patagonia y me limitaré,
por eso, a lo que dejo dicho; pero recomiendo a los que deseen profundizar al
más este punto, el capítulo titulado “Carne ovina”, y los cuadros sobre el
mismo tema contenidos en el informe que a solicitud de la Comisión Investigadora
presentó el ingeniero Pedro T. Pagés.
Ese informe, valioso en todas sus partes,
contiene abundante material acerca de los precios míseros que pagan los
frigoríficos en la Patagonia
por los ovinos y sobre las cotizaciones que alcanzan después en Inglaterra.
Por grande que sea el propósito de ser breve
en este punto no debo omitir una consideración final que se relaciona con las
soluciones fundamentales que propongo en mi despacho.
En la Patagonia , más que en cualquier otra parte, se
advierte la eficacia que podría haber tenido el monopolio del Estado en el
mejoramiento de los precios, ya que las bajas cotizaciones son el mal como ya
dije, que aflige a aquellos territorios.
Las ganancias que realizan los frigoríficos
siendo enormes, dejan un amplio margen para dar satisfacción a la vez a los
criadores y a los frigoríficos y en el supuesto inadmisible de que los
frigoríficos hubieran pretendido imponerse, cesando la faena, a imitación de lo
que hicieron en 1922, cuando se implantó el precio mínimo, la expropiación
inmediata de uno o dos de ellos habría removido la dificultad, o lo que es lo
más probable los habría llamado a la conciliación.
El negocio de comprar corderos a 2,90 para
exportarlos y venderlos a 15, era tan productivo que no corría riesgo el Estado
tomándolo a su cargo.
Y estas no son palabras vanas. La política
del precio mínimo, fracasada en 1922, no tuvo tan mala suerte porque fuera mala
en sí misma, sino por haber sido adoptada aturdidamente, sin prever el gobierno
que los frigoríficos la boicotearían. Por falta de previsión se asustó de las
consecuencias, apenas los frigoríficos cerraron sus fábricas.
No fue la ineficacia del plan del precio
mínimo lo que se puso en evidencia, sino la ineficacia del gobierno que lo
concibió y no supo implantarlo en debida forma.
En la Patagonia , puede estarse seguro, de que los
frigoríficos en presencia de un gobierno decidido a llegar hasta el fin, lejos
de cerrar sus puertas y exponerse a quedar sin cuota para siempre, habrían
aceptado convenios razonables.
La compañía Swift, aun siendo la que más
ampliamente se ha prestado a la investigación y la que le ha proporcionado
mayor material, ha ocultado mañosamente los datos que podían permitirnos
apreciar el tanto por ciento de beneficios de las fábricas en San Julián y Río Gallegos.
El señor Nelson, jefe de la oficina,
manifestó al contador de la comisión, señor Yasky, que la compañía carecía de
datos sobre el capital asignado a las filiales antedichas, pues no considera
aisladamente esos resultados.
Esa explicación debe reputarse inadmisible.
Yo adhiero sin vacilar a la interpretación
que ha dado el señor Yasky al hecho de que las filiales de San Julián y Río
Gallegos sean acreedoras de la casa central.
En las páginas 189 y 190 de su informe, dice
así: “San Julián y Río Gallegos: estos
establecimientos arrojan los siguientes saldos acreedores: San Julián, oro
sellado 34.563,60. Río Gallegos, oro sellado 316.940,90. Total: oro sellado 351.504,50” .
El contador manifiesta que el beneficio
comunicado por esas fábricas es al 31 de Octubre: San Julián, oro sellado
214.488,20; Río Gallegos, oro sellado 308.971,02. Total ganancias: oro sellado
523.459,22.
“He
tratado de establecer los capitales asignados a estas filiales —agrega— a fin de calcular la proporción que esos
beneficios representan; pero según afirmaciones del gerente de oficina, carece
la compañía de ese dato, pues no consideran aisladamente esos resultados, sino
conjuntamente con los obtenidos en los negocios del Swift en la Argentina.
“Esta
tesis no es exacta en el caso del frigorífico Rosario, ni concuerda con
manifestaciones anteriores de que todos los negocios subsidiarios en el país
llevan su contabilidad autónoma, entendiendo por mi parte, que el hecho de
arrojar esa fábrica saldos acreedores significa que los beneficios anteriores
acumulados han absorbido totalmente los débitos que existían en concepto de los
capitales invertidos en ellas”.
Esa explicación es lógica: los beneficios de
las filiales de Swift en la
Patagonia han sido enormes y han devuelto ampliamente los
capitales invertidos.
Simultáneamente, los ganaderos arruinados
vendían sus corderos a 2,90, bajo el ministerio inmortal del señor Duhau y
también antes. A eso yo llamo no haber gobierno.
EL INFORME DEL
MINISTRO DE AGRICULTURA
El ministro de Agricultura aceptó esta
investigación en el debate del 8 de Setiembre, no obstante pensar que debía
dejarse todo librado a la Comisión Investigadora mixta en la Gran Bretaña , cuya
admirable celeridad habrán podido advertir los señores senadores.
Debía requerírsele al ministro su opinión
sobre puntos concretos y la comisión lo hizo invitándole a contestar un
cuestionario. Las opiniones emitidas por el ministro se refieren a nueve
puntos. 1° A la existencia de un monopolio. 2° A los promedios de precios de
compra de los novillos chilled. 3° A los promedios de precios en la Argentina en relación
con los precios de Smithfield. 4° Al decreto del 28 de Noviembre, para saber si
los frigoríficos se apropiaron las ganancias del cambio. 5° A las utilidades de
los frigoríficos. 6° a las condiciones de preparación y presentación del
chilled exportado por Gualeguaychú, y Grondona y Compañía. 7° A los precios
pagados en Australia y en la
Argentina por novillos de la misma clase. 8° A la
investigación de la Gran
Bretaña. 9° A la cuota del 15 % acordado a la Argentina en el Convenio
de Londres.
De esos puntos ya he tratado en capítulos
anteriores la existencia del monopolio, ampliamente reconocida, los promedios
de precios de compra, cuya inexactitud en las estadísticas oficiales he
demostrado, la transferencia del beneficio del cambio, cuya inexactitud también
he demostrado; las utilidades de los frigoríficos, sobre las que ha eludido
abrir juicio el Ministerio de Agricultura, limitándose a transcribir los
balances de las compañías que ya tenía en su poder la comisión, las carnes
exportadas por Gualeguaychú y Grondona y Compañía, y los precios pagados en
Australia y la Argentina
por novillos de la misma clase.
Quedan, pues, sin haber sido analizados por
mí, tres de los nueve puntos contenidos en el informe y son: los precios
pagados por los frigoríficos en relación con los precios de venta en el Reino
Unido, la utilización de la cuota del 15 % acordada en el Convenio de Londres y
la investigación en la
Gran Bretaña.
Me ocuparé de ellos:
LOS PRECIOS QUE
PAGAN LOS FRIGORIFICOS Y LOS PRECIOS DE VENTA EN EL REINO UNIDO
El Ministro de Agricultura ha eludido,
realidad, una contestación concreta en esta pregunta, que era de capital
importancia, y que tiene dos aspectos: primero, si en los precios que pagan los
frigoríficos por los novillos en la Argentina existe una relación razonable con los
precios de las ventas que realizan en el Reino Unido; en una palabra, si es
admisible que paguen, por ejemplo, 100 pesos en la Argentina , por un animal
que les da un producto bruto de 250 pesos. Segundo: si a las subas de precios
en Gran Bretaña corresponden aumentos aproximados en la Argentina.
El punto segundo del cuestionario que
involucra ambos aspectos, es contestando aparentemente de la página 15 a la página 27 del folleto,
pero no existe en realidad contestación alguna concreta, como podrá comprobarlo
el Senado en breves instantes.
A lo largo de las doce páginas impresas que
ocupa el punto segundo, se consignan disertaciones generales sobre un titulado
margen de precios. La disertación es del tipo uniforme de las producciones del
asesor de los ministros de Agricultura y de Hacienda, y no dice una sola palabra de lo que la comisión deseaba que el
ministro de Agricultura aclarara, ni intenta siquiera refutar las cifras
concretas dadas por mí en el debate, acerca de los precios a que se realizan
las ventas en Inglaterra y de la utilidad que resulta.
La impotencia en que se ha visto colocado el
ministro de Agricultura para refutar mis afirmaciones, debió llevarlo a
reconocer la justicia de ellas. Guardó un silencio que tiene el valor de una
confesión. No quiso ponerse en el caso de que se le demostrase el error de
cualquier demostración numérica en contrario que hubiera intentado.
No insistiré entonces sobre este punto, por
cuanto en otros capítulos ya he examinado las conclusiones a que llegó la
investigación acerca de los precios reales que pagan los frigoríficos y de las
utilidades que obtienen.
El empleo de la cuota del 11 % cuando se haga
efectiva, habrá de demostrar prácticamente si la ganadería argentina podrá
emanciparse o no, en el futuro, del monopolio actual que ha suprimido la
competencia en las compras.
La comisión deseaba saber qué razones tuvo
el ministro de Agricultura, para no conceder cuota de exportación a las
entidades nacionales que se la habían solicitado y le formuló en ese sentido la
décima quinta pregunta del cuestionario.
El ministro, eludió la dilucidación del
punto limitándose a hacer suyo un párrafo del informe del doctor Roca, que dice
así: “Siempre que lo aconsejen otras
consideraciones capitales, que no es de nuestro resorte discutir, en el caso de
que se decida intervenir en forma directa en el negocio de carnes, mediante una
de las empresas de que acabamos de hacer referencia, sería conveniente no
olvidar las ventajas que ofrece el negocio en gran escala en lugar de
desmenuzar aquel 15 %, distribuyéndolo en varios establecimientos, y la
necesidad de coordinar sus actividades con otros similares dentro del mercado
británico, para contribuir a su mayor estabilidad. Sólo en esta forma el país
podrá avanzar con paso seguro en el conocimiento gradual de esta compleja
industria de las carnes en las distintas fases que hoy se ignoran”.
Esto es todo lo que el ministro de
Agricultura creyó conveniente decir a la Comisión Investigadora
del Senado sobre uno de los puntos más importantes de la investigación, como es
el mantenimiento durante dos años del 11 % destinado a los productores
argentinos, en manos de los frigoríficos extranjeros que ejercen un monopolio.
Cuando se subscribió el Convenio de Londres
los productores de carne entendieron que el gobierno argentino iba a proceder
sin tardanza a la constitución de organizaciones capaces de iniciar en buenas
condiciones la exportación. En el mes de Agosto de 1933, es decir, antes de
sancionarse la ley de creación de la Junta Nacional de Carnes ya se organizó una
cooperativa de productores auténticos que solicitó una parte de la cuota.
La historia de sus gestiones se encuentra en
la exposición hecha ante la Comisión Investigadora por el presidente de la
cooperativa, general Allaria.
En la primera entrevista celebrada, el
ministro de Agricultura manifestó a los directores de la cooperativa “que era necesario esperar la sanción de la
ley de carnes”, sanción que el Poder Ejecutivo no urgía al Congreso. Votada
la ley por gestiones directas de los productores —no habrán olvidado los
señores senadores, las delegaciones que se presentaron a solicitar la sanción
de la ley— el ministro publicó un comunicado anunciando que la distribución de
la cuota quedaba subordinada a la realización de la investigación previa que
iba a efectuarse en Inglaterra, cuya lentitud era ya entonces notoria.
Quedó en evidencia después de eso la
intención del ministro de Agricultura de dejar la cuota indefinidamente en
poder de los frigoríficos, no obstante reconocer el mismo ministro que
constituyen un monopolio y que han suprimido la competencia en las compras. Los
hechos subsiguientes lo comprobaron, y la cooperativa no obtuvo jamás respuesta
a su comunicación, ni resolución en el expediente que se había iniciado. Acudió
entonces ante la Junta
Nacional de Carnes y ésta contestó a su presentación
manifestando que iba a organizar la corporación nacional de productores, de
acuerdo con la ley 11.747, lo que no obstaba a que una cooperativa de
ganaderos, genuina, no pudiera más adelante tener cuota.
Fue recién en Agosto de 1934, después de un
año justo de dilaciones, que el ministro de Agricultura descubrió su propósito
en la Cámara
de Diputados al contestar la interpelación del diputado Noble; dijo que la
cuota del 11 % restante era exclusivamente para la Corporación Nacional de Productores, porque la ley de cooperativas no es la ley
especial que menciona el Convenio de Londres. El argumento carecía de valor
puesto que si hubiera dependido de una ley especial poner en movimiento una
cooperativa que estaba lista para trabajar, esa ley la hubiera dictado el
Congreso en una semana, si el Poder Ejecutivo se la hubiera pedido. La verdad
era otra. Y poco tiempo después el ministro de Agricultura la hizo pública en
un discurso pronunciado en la inauguración de la Sociedad Rural.
Dijo entonces que la cuota no se ha creado “para
quitarla a unos intereses y darla a otros”, y que el Convenio de Londres se
funda en el respeto de las situaciones creadas.
Es decir, que todas las esperanzas
concebidas acerca de la exportación directa por los productores, aun cuando
sólo se ejercitara sobre la mísera cuota del 11 %, eran vanas. El Convenio de
Londres se convirtió en lo contrario de lo que se había dado a entender cuando
se solicitaron los votos del Congreso para aprobarlo. Se convirtió en el
respeto de las situaciones creadas por el monopolio y por la explotación
sistemática del productor argentino.
Nadie había sospechado semejante interpretación
del Convenio de Londres; yo mismo, que me honro en haber sido, en el Senado, su
impugnador, no sospeché que pudiera entenderse así. Me limité a criticar la
oscuridad de sus términos, la imprecisión de sus conclusiones, la complejidad
expuesta a crear dificultades de las condiciones puestas para el uso de la
cuota, entre las cuales estaba la prohibición de organizar frigoríficos
argentinos que persigan propósitos de lucro; pero yo, repito, no sospeché que
se sostendría alguna vez que el Convenio de Londres impone “el respeto absoluto de las situaciones
creadas”.
Esa opinión no fue, entonces, la del Poder
Ejecutivo, por lo menos la que el Poder Ejecutivo expuso en el Congreso. Desde
luego, no fue la que expresó en el Senado el ministro interino de Agricultura,
señor Alvarado, cuando afirmó que el Poder Ejecutivo pensaba aumentar la cuota
del frigorífico Gualeguaychú y que en caso de convenir podría también
transferir el resto de la cuota al frigorífico argentino Sansinena.
El resultado práctico de esas, interpretaciones
servidas en todo momento por una decisión íntima del ministro de Agricultura de
mantener la cuota en poder de los frigoríficos extranjeros, está a la vista: se
han perdido dos años estérilmente. Todo estaba listo para empezar la exportación
directa de los productores en 1933, y, sin embargo, los frigoríficos
extranjeros siguen hasta hoy extrayendo de la cuota del 11 % recibida de
regalo, 7 u 8.000.000 de pesos anuales, mientras pagan los novillos al 60 % de
su valor.
Profunda pena causa comparar el espíritu
activo que animaba a la cooperativa de ganaderos de 1933, con la inercia, la
indiferencia y la ineficacia de la actual corporación de productores. Si el
ministro de Agricultura hubiera apoyado a la cooperativa de ganaderos, puede
tenerse la certidumbre de que antes de 30 días habría zarpado el primer
cargamento industrializado en el Frigorífico Municipal, en la misma forma
práctica y sencilla en que elaboran su chille d Grondona y Compañía. Y del
mismo modo que Grondona y Compañía realizan una utilidad líquida de $ 40 por
novillo, los ganaderos que hubieran exportado por intermedio de la Cooperativa habrían
obtenido S 40 más por los novillos que venden hoy a vil precio a los
frigoríficos.
Ese resultado no habría bastado por sí solo
para salvar la situación de la ganadería argentina, puesto que la cuota
exportable se limita a un 11 %; pero habría sido trascendental como indicación
del camino a seguir; habría puesto en evidencia lo que se puede hacer y no se
hace y habría ofrecido un ejemplo práctico de los resultados posibles para los
ganaderos que consignaran directamente su carne al Reino Unido.
Sin otro móvil en mi espíritu que la defensa
del interés público, yo acuso al ministro de Agricultura de no haber consentido
en que una cooperativa argentina de ganaderos auténticos utilizara, en 1933, la
cuota del 11 por ciento y de haber preferido dejarla en poder de los
frigoríficos extranjeros y de haber combatido el frigorífico Gualeguaychú y a
la empresa exportadora Grondona y Compañía y haberlo hecho buscando
deliberadamente la prolongación del monopolio de los frigoríficos extranjeros.
Puso en juego todos los resortes oficiales para impedir que el monopolio fuera
quebrantado.
Es inexplicable que hayan podido pasar dos
años sin utilizarse la cuota del 11 por ciento. Todas las razones y actitudes
de que se ha valido el ministro de Agricultura son inconsistentes y en el fondo
la verdadera razón que se entrevé, es la de hacer fracasar toda tentativa de
liberación de los pequeños productores.
¡Qué les puede importar —se dice— a los
grandes productores, que se le acuerde la cuota del 11 % a una cooperativa, o
un 9 % a una cooperativa y 2 % a Gualeguaychú, si ellos pueden vender el 85 % a
los grandes frigoríficos! Sería verdad si la cuestión fuera esa. ¡Qué les puede
importar un 11 %, que ellos podrían compartir! Pero la cuestión es otra: la
política del ministro de Agricultura, la política de los frigoríficos, de los
invernadores privilegiados y de ciertos criadores es que ninguna cooperativa
tenga éxito, para que no se quiebre la oligarquía que les permite vender cuando
otros no venden. Lo que no quieren es la democratización del comercio de
carnes, lo que no quieren es, como ya lo dije, que Juan Pueblo venda sus
novillos, sus pocos novillos, con la misma facilidad y al mismo precio que los
magnates de la aristocracia territorial, plebeya ayer no más, que en muchos
casos solo tiene de aristocracia la abundancia de dinero en el bolsillo. El
éxito de una cooperativa de pequeños productores sería el derrumbe del sistema
actual, organizado alrededor del monopolio.
La frase del ministro de Agricultura: “no se trata de transferir a los unos lo que
tenían los otros” no tiene defensa.
¿Acaso los unos y los otros son iguales?
Los unos serían los frigoríficos, con su
monopolio establecido y la supresión total de la competencia en las compras que
les permite ganar el 40 % sobre el capital extranjero, todos los años; los
otros serían las cooperativas de ganaderos que entregarían al dueño de la carne
el precio líquido obtenido en Gran Bretaña. Y para el ministro de Agricultura
de la República Argentina, los unos son iguales a los otros. Ministro
de un gobierno reaccionario, distante del pueblo, gobierno que no arranca sus
credenciales de comicios limpios, no advierte la monstruosidad de su expresión.
No denuncio al ministro de Agricultura
solamente; denuncio y acuso ante la opinión pública y ante el Senado a sus
cooperadores, a los que, validos de lentitudes sin causa y de pretextos
fútiles, se han puesto a su lado en la tarea de hacer fracasar la ley de
carnes, en lo que tiene de esencial: el éxito de la exportación de chilled con
independencia de la intervención de los frigoríficos extranjeros.
PROPAGANDA DE LAS
CARNES ARGENTINAS
Un telegrama llegado de Londres indujo, hace
poco, a nuestros diarios, a ocuparse de los perjuicios que causan al prestigio
de la carne argentina las maniobras que efectúan algunos frigoríficos con el
propósito de que el público consumidor no aprecie su superioridad comparada con
otras carnes. Muchas veces se ha hablado de venta de carne brasileña y
sudafricana con el nombre de carne argentina, sin que una denuncia tan grave
haya sacado de su pasividad al Ministerio de Agricultura.
La nueva información giraba alrededor de lo
mismo: se denunciaba el hecho de que se unifican bajo el nombre de carne
chilled, todas las carnes importadas al Reino Unido, con el fin de conseguir
que el consumidor no distinga la carne argentina de las otras y no advierta su
mejor calidad.
El informante de la agencia periodística se
expresaba así:
“El
chilled beef argentino está amenazado por otros factores. Uno de ellos es la
amalgama, sin distinciones y bajo el rubro de “carne importada”, de la carne argentina de alta calidad con
las muy inferiores de otras naciones sudamericanas y de los Dominios, con el
resultado de que el precio del producto mejor, queda, necesariamente, reducido.
Aunque parezca una cosa extraordinaria, la parte de la población británica que
para su alimentación depende de la carne enfriada, conoce muy poco, cuando sabe
algo, de su origen. En consecuencia, los peligros de hacerle consumir carne
inferior y hacer nacer así un prejuicio contra la carne importada, es muy
grande. Nuestro entrevistado señaló con especial detención el hecho de que la
carne chilled de los Dominios, no puede igualar de manera alguna la calidad del
producto argentino, y añadió que la verdad de esa afirmación es admitida
francamente, aunque en conversaciones particulares, por los mismos productores
de carne de los Dominios, y que a la Argentina corresponde tornar las medidas que
juzgue convenientes para establecer firmemente la superioridad de su producto y
educar a los consumidores de su carne en Gran Bretaña para que aprecien la
enorme diferencia que existe entre la calidad del chilled beef argentino y la
carne inferior que, como resultado de recientes acontecimientos, debe esperarse
que se les obligará a consumir en cantidades crecientes”.
Hasta aquí el telegrama de la agencia
periodística a que he hecho referencia.
La carne argentina se ofrece, pues, inerme a
las maniobras que realizan sus rivales y el Ministerio de Agricultura de la República se contenta
con encomiar en sus circulares, sin imitarla, la admirable organización de la
propaganda de los Dominios británicos. En una circular del Ministerio de
Agricultura, que se titula: “Las cotizaciones de la carne en Smithfield y la
propaganda que ejercen los Dominios”, dice: “Propaganda de los Dominios. La propaganda que en el mercado consumidor
mantienen los Dominios para sus productos, tiene todas las características de
la más avanzada propaganda comercial, en cuanto a la profusión, actividad y
costo.
Cada uno de ellos
tiene establecidas en el Reino grandes casas de propaganda que llevan su
nombre. Pero se va más lejos: cada departamento de los Dominios tiene su
representante oficial instalado en propiedades centrales londinenses, provistos
de amplias y cómodas vitrinas para la exposición permanente de los productos
coloniales. Independientemente de estos representantes oficiales, los productores
de ganado tienen sus “boards” que vigilan el crédito de sus productos.
Existe organizado
un servicio permanente de conferencias, film cinematográficos y exposiciones
ambulantes, que difunden por todo el Reino el conocimiento de la producción
colonial.
El material de
literatura es profuso y comprende no sólo la alabanza de los productos que
anuncia, sino todas las informaciones útiles al lector que es dado imaginar.
Cualquier publicación periodística que pueda afectar el comercio de carnes
coloniales, provoca inmediata respuesta de los representantes y de los “boards”
que aprovechan todas las ocasiones de exaltar el sentimiento nacionalista
inglés, en la propaganda de su producción de ultramar. Se mantiene una campaña
permanente de descrédito para la producción de los demás países competidores,
campaña que en casos como el anterior agudiza sus ataques.” Y continúa la circular: “En el centro comercial más activo de
Londres, el Strand, Australia posee un edificio de seis pisos que comprende una
manzana. La representación de Australia que lo ocupa está compuesta por
expertos comerciales y técnicos en todas las ramas de la agricultura. Para
sostenerlo con su exposición permanente de productos, su biblioteca,
cinematógrafo, etcétera, aquel Dominio dispone de un presupuesto anual
equivalente a más de dos millones de pesos de nuestra moneda.
También en el
Strand, Nueva Zelandia posee su casa propia, más modesta, pero no por ello
menos activa. Los productores, por separado, mantienen el “New Zeeland Meat
Producert Board”, a cuyo frente se halla mister Forsyth, de cuya eficacia y
actividad no pueden hacerse sino elogios.
Sud África volteó
su antiguo edificio de Trafalgar Square para levantar uno nuevo de siete pisos,
que propague sus progresos en materia agrícola. Cercano a él se levanta el del
Canadá, amplia y cómoda construcción. Las demás colonias poseen también locales
propios en sitios centrales”.
Tal es la diligente preocupación de los
gobiernos coloniales británicos que elaboran carnes inferiores. En frente de
ellos el gobierno argentino no hace absolutamente nada y los ganaderos
argentinos con sus sociedades rurales ineficaces tampoco han mostrado el
interés que correspondía por la organización de una propaganda inteligente.
Desde hace año y medio funciona la junta Nacional de Carnes que dispone de
recursos considerables. Nada ha hecho en el sentido de la propaganda de las
carnes argentinas en el exterior. Este solo aspecto de la cuestión carnes
permite formar un juicio sobre la ineficacia absoluta del Ministerio de
Agricultura.
El párrafo segundo del Protocolo Adicional
del Convenio de Londres, dice: “Que el
gobierno del Reino Unido está dispuesto a cooperar con el gobierno argentino,
para una conjunta investigación de la estructura económica financiera y del
funcionamiento del comercio de carnes, con especial referencia a los medias a
adoptarse para asegurar un razonable beneficio a los ganaderos”.
A esta cláusula imprecisa, cuya ejecución se
consideró siempre más que problemática, quiso dársele un alcance
extraordinario.
La cláusula no había impresionado mayormente
a los ganaderos argentinos, cuando se aprobó el Convenio de Londres.
Comprendieron desde el principio que la investigación no se llevaría a cabo,
pues sólo aquellos que se apartan de la realidad o no quieren verla, o tiene
interés en no verla, pueden desconocer la visible falta de inclinación del
gobierno británico por la investigación.
Con asombro general, sin embargo, se pudo
ver muy pronto que el ministro de Agricultura atribuía una importancia capital
a la vaga investigación del artículo 2° y pretendió mantener en suspenso todo
el proceso de regularización de las condiciones adversas en que se desenvuelve
el comercio de carnes argentino y aun la propia ejecución del Convenio de
Londres hasta que termine la investigación de la Comisión Mixta.
Cuando la Cooperativa Ganadera
Argentina solicitó cuota en 1933, el ministro de Agricultura publicó un
comunicado diciendo que no podía distribuir la cuota hasta que se realizase la
investigación en la Gran
Bretaña. Cuando yo propuse al Senado esta investigación,
pretendió también el ministro de Agricultura, que era innecesaria y declaró que
la investigación en la
Gran Bretaña era la única importante. Afortunadamente el
Senado no se dejó convencer por sus palabras. Y más adelante cuando la Comisión Investigadora
preguntó a la Oficina
de Control de Cambios por qué razón no se obliga a los frigoríficos Armour,
Swift, Anglo, La Blanca ,
La Negra ,
Wilson, Smithfield, etcétera, a entregar todo el cambio correspondiente al
valor de venta de sus productos, menos los gastos, como se hace con el de
Gualeguaychú y con los exportadores en general, el jefe de la oficina, señor
Gagneux, primero, y el ministro de Hacienda después sostuvieron que es
imposible pedir una factura de venta —una rendición de cuentas sería mejor— a
un exportador mientras no se pronuncie la Comisión Investigadora
de la Gran Bretaña.
Un poco más y habría llegado el caso de
preguntarse si la tierra puede permitirse seguir girando en su órbita sin que
se pronuncie la comisión en Gran Bretaña.
Todo era una comedia; un simple expediente
para mantener adormecido al gremio ganadero, y entretanto continuar dispensando
una protección ilimitada al monopolio de las compañías frigoríficas
extranjeras, que ya habían sacado la enorme tajada del 85 % en el Tratado de
Londres. Se quería mantenerles el 96 %, así fuera contra la letra del tratado y
se les ha mantenido. Si la investigación en Gran Bretaña constituía un acontecimiento
de tan vastas proporciones y consecuencias, debió ponerse en ejecución en
seguida, y no fue así.
Ni el gobierno argentino ni el británico
procedieron con la diligencia que habría sido de esperar. Debo advertir que en
Inglaterra, cuando se trata del chilled argentino, los frigoríficos Anglo,
Swift, Armour, etcétera (carentes de influencia cuando se trata de las carnes
australianas), hacen con las argentinas lo que quieren. Y por ese camino hemos
llegado a que a los dos años de firmado el Tratado de Londres, la investigación
no ha dado un solo paso efectivo.
El 23 de Abril, la Comisión Investigadora
pidió informes al ministro de Agricultura sobre el estado en que se encuentra
la investigación en la
Gran Bretaña , y el ministro contestó el 9 de Mayo en estos
términos: “La comisión —se refiere a
la comisión argentina en la
Gran Bretaña — ha
elaborado un cuestionario detallado preparado por la delegación argentina, al
que deberán responder las compañías frigoríficas establecidas en Londres”.
Y las informaciones telegráficas de los
diarios hicieron saber que en substitución del examen directo de los libros de
las empresas frigoríficas, la comisión anglo argentina deberá conformarse con
una simple exposición que harán las mismas empresas.
Por confesión oficial se reconoce, pues, que
la famosa investigación concluye en el parto de los montes. Después de tronar
terriblemente durante dos años, sale a la superficie un ridículo ratón.
Las compañías que han proporcionado datos
falsos a la
Comisión Investigadora del Senado, las compañías que han
faltado a la verdad con el fin de ocultar sus papeles y que han sido convictas
de sus falsedades, como lo fue el gerente de la compañía Anglo, de Buenos
Aires, faltarán a la verdad de nuevo y la Comisión Mixta
Anglo Argentina admitirá como verdad sus dichos, porque no, teniendo esa
comisión la posibilidad de investigar sus libros como ha tenido esta comisión
investigadora, tendrá que aceptar lo que le digan.
Es tan cierto esto que lo ha venido a
comprobar un dato de última hora. Estaba a punto de cerrarse ya esta investigación
sin haber tocado los libros del frigorífico Armour, pues no había interés
alguno en perder el tiempo en una compañía que manifestaba no tener ninguno de
los elementos que se necesitaban para la investigación, cuando tuve la
ocurrencia de hacer moción para que se le pidieran datos sobre los costos de
producción con el fin de cotejarlos después con los costos auténticos de otras
compañías y ver si los habían comunicado ciertos o falsos. Llegó la respuesta
de Armour y como era de preverse, los costos estaban adulterados y la prueba de
la adulteración resultaba de la misma nota del frigorífico. La compañía Armour
daba la cifra concreta de 49,15 centavos por kilo como su costo F. O. B. Y la
comisión utilizando el promedio de precios de compra que contiene la misma nota
y aplicando las cifras más altas de gastos y las más bajas de créditos que él
mismo suministra para los meses en los cuales informa, sólo alcanza a un costo
todavía exagerado de 41,72 centavos.
Son esas compañías contumaces que hacen gala
de haberse querido burlar de la Comisión Investigadora
del Senado, las que van a contestar ahora el cuestionario que el ministro de
Agricultura considera suficiente para suplir la exhibición directa de los
libros. Vuelvo a repetir: es el parto de los montes. Y no es un parto
prematuro; por el contrario, es un parto retardado. Todo el mundo, menos el
ministro de Agricultura sabía que los frigoríficos no exhibirían los libros en
Inglaterra, porque la legislación, o si se prefiere el derecho consuetudinario
inglés distinto del de Estados Unidos en materia de investigaciones, no
autoriza el examen de los libros de las compañías privadas. Todos lo sabían
menos el ministro de Agricultura. Todo Madrid lo sabía, todo Madrid menos él.
Y, sin embargo, debía saberlo, por cuanto un diputado de la mayoría lo recordó
en la Cámara
estando presente el ministro de Agricultura. Fue el diputado por Córdoba, señor
Palacio, que se expresó de este modo: “El
gobierno argentino, al convenir la investigación, en común con el gobierno
inglés, de las empresas industrializadoras, no puede tener otra orientación que
la que le da la referida ley (ley 11.226). El gobierno inglés no piensa lo
mismo creyendo que esa investigación en esta clase de empresas debe realizarse,
no directamente, sino en base a los datos que proporcionen las empresas
industrializadoras, criterio que deja suponer que dichas empresas pueden
negarse a dar esos datos o a darlos en forma inconveniente para los propósitos
de la investigación”.
Señor presidente: en cualquier país en donde
un ministro hubiera sufrido un fracaso tan ruidoso, tan absoluto como el que
resulta para el ministro de Agricultura, de la debacle de su anunciada y
magnificada investigación de la
Gran Bretaña , se le habría visto retirarse del gobierno.
El señor Duhau piensa de otro modo; guardaba
en secreto el fracaso y no daba noticias a los diarios, ni en medias palabras,
hasta que la
Comisión Investigadora le formuló su pregunta indiscreta. En
cuatro líneas, como si hubiera ocurrido la cosa más normal del mundo, sin
comentario alguno, casi como si se tratara de un suceso plausible, comunicó a
la comisión que la investigación de los libros de la Gran Bretaña pasó. a
la historia. Por que en realidad es así.
Del fracaso de los planes ministeriales no
dijo nada. Y de su renuncia menos.
¿Qué opinarán ahora el ministro de Hacienda
y el jefe de la Oficina
de Control de Cambios, que dicen esperar el fin de la investigación en la Gran Bretaña para
establecer los valores de venta y poner término al costoso escándalo de que
media docena de frigoríficos extranjeros se reserven un 25 % de divisas y hagan
una ganancia al margen de los decretos oficiales que no se le permite a ninguno
otro exportador? No dirán nada.
En cambio, el señor Schuster, presidente de la Comisión Mixta ,
verá desminuir considerablemente la ardua labor que lo amenazaba. En vez de
examinar libros confusos y múltiples, recibirá un informe sabiamente aderezado
por los frigoríficos, y por hacer algo, una subcomisión destacada en Buenos
Aires tratará de investigar cualquier cosa. El trabajo se hace llevadero.
A fin de facilitar la buena armonía con los
investigados, el ministro de Agricultura ha incluido en la comisión al señor
Viacava, el funcionario del ministerio más destacado entre los que han
mantenido siempre una adhesión invariable a los frigoríficos, y a un empleado
de la casa Agar Cross, el señor Fernández, que carece de la personalidad
necesaria para representar al país en una comisión a la que se quiere dar tan
alta importancia.
Todo se ha hecho, pues, de la peor manera
posible y de reflejo se desprestigia gravemente al Tratado de Londres.
Sus dos éxitos, a juicio de sus defensores
en el Congreso hace dos años, lo constituían la cuota del 11 % y la Comisión Investigadora.
Con la cuota ya sabemos lo que ha pasado y
la comisión queda en agua de borrajas.
/…Continuación en la Sesión del 27 de Junio…
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