Mensaje del Gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2000)

MENSAJE

DEL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

Eduardo Fellner 

EN LA APERTURA DEL 139° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

EL 3° DE ABRIL DE 2000

Señor presidente, señores diputados, señores invitados especiales, pueblo de Jujuy:

Conforme al mandato constitucional vengo hoy ante esta Legislatura a informar sobre el estado de la Administración y de tal forma a dejar inaugurado el período de Sesiones Ordinarias de este año 2000.

Coincide este mensaje inaugural con el inicio de una nueva gestión de Gobierno en la República Argentina, en nuestra Provincia y en los Municipios de Jujuy, lo que conlleva la esperanza de todo un pueblo que ha apostado por la democracia y la vigencia de sus instituciones.

La decisión de ese pueblo ha generado también la composición de un mapa político en el país y en la provincia de características inéditas que constituye en sí mismo todo un desafío del que solo podremos salir airosos si dejamos de lado sectarismos, intereses mezquinos y rencillas estériles. La realidad de la complejidad política Nación-Provincia-Municipios impone con mayor rigor el diálogo y la participación de todos.

En el convencimiento de que no existen intereses divergentes entre los diferentes actores sociales respecto de la Provincia que queremos y superando con mucho esfuerzo y grandeza de todos desencuentros e intolerancias, creo que los primeros pasos que en este sentido hemos dado nos permiten vislumbrar la posibilidad de vencer el desafío y que los próximos años nos encuentren a todos los jujeños de buena voluntad en la mesa grande del entendimiento, donde podrá haber consenso o racional disenso, pero donde nadie quede excluido de la construcción del futuro.

LA NECESIDAD DE UNA TRANSFORMACION INTEGRAL

No está demasiado lejos en nuestra memoria el orgullo del Jujuy pujante con un claro perfil de desarrollo, prolijo, bien gobernado, donde se lograban inversiones y se generaban fuentes de trabajo no sólo para nuestra gente sino también para aquellos que llegaban de otros lugares.

En pocos años y demasiado rápidamente todo se fue deteriorando en términos reales y también se fue menoscabando nuestra propia confianza en las posibilidades que tenemos. El cortoplacismo y la coyuntura se instalaron como una enfermedad que atacó no sólo a los gobiernos y a la mayoría de la dirigencia política, sino también a la dirigencia empresarial, gremial y social.

La crisis con la que convive Jujuy no es solamente un problema del sector público sino que involucra a la sociedad en su conjunto; las soluciones que propongamos o busquemos deben pues ser integrales y abarcativas de todo el espectro del desenvolvimiento social de la Provincia. Las soluciones no pueden ser tampoco tibias e incompletas, deben tener la profundidad y la fuerza necesaria para constituir una política verdaderamente transformadora de la realidad.

Esta transformación y el logro del crecimiento de la riqueza provincial, entendida como el reaseguro de la sociedad para la satisfacción de las necesidades de la población, no es una tarea menor.

Sé que a partir de estas definiciones algunos podrán pensar que pretendo ir a contramano de las políticas liberales que hoy rigen en el mundo, pero sé también que cuando soportamos una crisis como en la que hoy estamos inmersos, el Gobierno no puede desentenderse de la actividad económica, debe proteger la actividad y producción existente y debe fomentar nuevos emprendimientos. Hoy debemos cuidarnos entre nosotros y no de nosotros.

Así lo entendí cuando, en oportunidad de inaugurar el período de Sesiones Ordinarias de 1999, manifesté que si superábamos los desafíos de aquel año, el próximo mensaje que un Gobernador brindara a esta Legislatura tendría un contenido distinto, ya no se ocuparía de la coyuntura, sino de planes y proyectos para el desarrollo integral y competitivo de Jujuy.

POLITICAS ECONOMICAS 

Reestructuración de la deuda pública.

Durante el ejercicio 1999 y conforme a la autorización otorgada por las Leyes 5098 y 5157, la primera sancionada por esta Legislatura en diciembre de 1998 y la segunda en el mes de julio de 1999, el Estado Provincial tomó créditos de la Banca Privada y Oficial para afrontar el cumplimiento de obligaciones salariales con los agentes de la Administración, pago de deudas con los Municipios de la Provincia, prestadores del Instituto de Seguros de Jujuy, jubilados y pensionados con deudas consolidadas y fundamentalmente para el rescate de los Títulos Provinciales de Financiamiento (TIPROFI) que son hoy solo un mal recuerdo.

Con la toma de esos créditos la Provincia quedó con un nivel de endeudamiento exigible y eventual o contingente cercano a los $ 750.000.000, lo que equivale a 1.30 veces el total de los recursos del año 1999. Durante este Ejercicio 2000 se deben afrontar vencimientos por obligaciones financieras de capital por $ 88.000.000 e intereses por un monto total aproximado de $ 72.000.000.

Con esa dura realidad, que también afecta a otros estados provinciales argentinos, y que es la simple consecuencia de haber gastado a lo largo del tiempo más de lo que se podía, recurriendo permanentemente a mecanismos financieros alternativos con cada vez un mayor compromiso de los recursos se llegó al mes de noviembre de 1999 en que fuimos convocados por el entonces Presidente De la Rúa y su futuro equipo de funcionarios.

El nuevo Gobierno Nacional, que a su vez debía afrontar un déficit fiscal previsto para el año 2000 que excedía no sólo los límites de la Ley de Convertibilidad Fiscal (Ley N° 25.152) sino también pautas y compromisos con organismos internacionales, propuso a las provincias argentinas un pacto que se denominó COMPROMISO FEDERAL.

En virtud de ese acuerdo se fijó un techo y un piso de Coparticipación Federal y recursos con afectación específica para el año 2000 de $ 1.350.000 para ser distribuidos entre las Provincias en las proporciones que emergen de la Ley 23.548 y sus modificatorias. Para el año 2001 se acordó también una coparticipación fija constituida por el promedio mensual de la recaudación coparticipable de los años 1998, 1999 y 2000, garantizándose una transferencia mínima mensual de $ 1.364.000 como piso.

Como contrapartida de ceder a la Nación la posibilidad de una mayor recaudación de impuestos coparticipables durante los años indicados por el eventual crecimiento de la economía y el establecimiento de nuevos impuestos, ésta asumió el compromiso de financiar a las Provincias mediante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Banco Nación los vencimientos de la deuda con entidades financieras correspondientes a los Ejercicios 2000 y 2001.

El compromiso Federal fue ratificado por la Ley N° 25.235 del Congreso Nacional sancionada el 15/12/99.

El 9 de marzo último y luego de casi tres meses de innumerables negociaciones con el Ministerio de Economía de la Nación y ante la presencia del propio Presidente De la Rúa, la Provincia de Jujuy suscribió el convenio marco por el que recibirá una asistencia financiera del Fondo Fiduciario por un monto total de $ 145.000.000 lo que permitirá afrontar el pago del capital y el 50% de los intereses de la deuda de este año 2000, comprometiéndose además a implementar un Programa de Saneamiento Fiscal con metas predeterminadas.

Sé que este convenio con el gobierno Nacional, que nos permite afrontar parte de las obligaciones financieras de este ejercicio, no es ni remotamente la solución de los problemas de Jujuy, pero sin duda constituye el empezar a transitar por un camino distinto de previsibilidad y seriedad. Un camino que vaya mostrando una provincia confiable que se está ordenando, que cumple con sus obligaciones.

No será fácil cumplir con las pautas y condiciones para mantener la asistencia del Fondo Fiduciario no sólo en este ejercicio, sino también en el año 2001, pero pondremos la voluntad y el coraje necesario para lograrlo.

Necesitaremos por lógica de la comprensión y acompañamiento de los señores diputados y de toda la comunidad, no sólo para cumplir con las pautas, sino fundamentalmente con el diseño de las políticas económicas de futuro para la reestructuración total de la deuda pública y la determinación de las herramientas adecuadas para su pago y cancelación. En este sentido anticipo que en breve pondremos a consideración un esquema de securitización y la posibilidad de emisión de títulos públicos que, entiéndase bien, no tienen ninguna similitud con el ya conocido TIPROFI o bono jujeño, sino que se trata de documentos de deuda cotizables en la bolsa para inversionistas.

Saneamiento y reordenamiento financiero y administrativo

Durante muchos años los jujeños hemos sabido de la necesidad de sanear financiera y administrativamente al Estado Provincial. Demasiadas veces hemos escuchado aquello de que hay que terminar con el déficit fiscal y demasiadas veces también, se han dado y desaprovechado herramientas que aunque no alcanzarán para terminarlo, sí servían para disminuirlo. Lo cierto es que no es posible hacer caer sobre todos los ciudadanos la ineficiencia de un Estado que gasta más de lo que tiene y que además lo gasta mal, dejando una herencia que nos carcome el futuro.

La sociedad entera exige y espera respuestas del Gobierno y ningún Gobierno puede darlas si primero no se ordena, si no es capaz de administrar la cosa pública con eficiencia y honestidad, si no es serio y previsible.

La implementación de un programa de saneamiento y reordenamiento financiero y administrativo en el Estado Provincial no es hoy solo una decisión política de mi Gobierno, sino que además es -como ya dije- un compromiso asumido y suscripto en el Convenio de Asistencia Financiera con el Gobierno de la Nación. Pretendemos con él la eliminación del remanido déficit operativo de la Provincia y la generación de una estabilidad fiscal, ya comenzada a tratar en esta Legislatura el año anterior, tendiente a la generación de un superávit que permita una mejor aplicación de los fondos para la atención de los servicios esenciales del Estado.

Ese programa significó ya la aplicación de varias medidas en el ámbito de la Administración Pública tendientes a la contención del gasto público.

Entre esas medidas destaco las siguientes:

• Restricción profunda en la posibilidad de realizar contrataciones que impliquen la prestación de servicios o realización de obras de carácter personal, individual y/o intelectual. Decreto Acuerdo N° 108-G-99.

• Establecimiento de un programa Único de reingeniería de los sistemas administrativos de liquidación de haberes dispuesta por el Decreto Acuerdo N° 109-G-99. El sistema fue implementado como una forma de terminar con la diversidad de procedimientos de liquidación de haberes en el ámbito de la Administración que genera una situación de imposible control, habiéndose detectado erogaciones erróneas, intencionales o no, e improcedentes por montos superiores a los que corresponden en cifras importantes.

• Finalización y supresión de comisiones de servicios, afectaciones y adscripciones con la intención de lograr una más eficaz utilización de los recursos humanos y evitar los requerimientos de reemplazos. Decreto Acuerdo N° 112-G-99.

• Determinación de la improcedencia de pago de licencias a funcionarios públicos dependientes de la Administración. Decreto Acuerdo N° 512-G-00.

• Eliminación de la posibilidad de pago de viáticos a funcionarios cuando la comisión se realice en el radio de 300 Km. Decreto Acuerdo N° 779-E-00.

• Supresión del uso y topes de consumo para telefonía celular. Decreto Acuerdo N° 511-G-00.

• Transferencia del Departamento de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Bienestar Social al ámbito del Ministerio de Economía con el objeto de proceder a la tercerización de los servicios. Decreto Acuerdo N° 414-E-00. Al día de la fecha se encuentran ya elaborados y aprobados los pliegos respectivos para llamar inmediatamente a licitación pública. Es fin primordial de esta medida establecer un sistema de control de ausentismo en la Administración Provincial que permita una reducción drástica de los índices con el consecuente ahorro en las cuentas públicas por la generación de reemplazos.

Otras medidas de reducción de gastos resultarán consideradas por los señores diputados en oportunidad del tratamiento del proyecto de Presupuesto del Ejercicio 2000 que justamente ha sido reformulado sobre la proposición anteriormente remitida, con el objeto de adecuarlo a aquellas pautas y metas que surgen del Compromiso Federal ya referido. La casi totalidad de las partidas presupuestarias de gastos han sido reducidas, tratando de no afectar o afectar lo menos posible aquellas destinadas al cumplimiento de los servicios más esenciales.

Sin embargo, teniendo presente que el gasto en personal, es decir en sueldos, representa más del 60% de las erogaciones totales del Estado resulta imposible tentar un equilibrio fiscal sin considerar la masa salarial total de la Administración. Es cierto que el Estado, con casi 32.500 agentes, tiene una superpoblación importante y que en muchos casos el recurso humano está subutilizado. Pero también es cierto que con los altos índices de desocupación que hoy tenemos en la Provincia, la reducción de las plantas de la Administración significaría un agravamiento de una problemática ya difícil de conducir.

Descartando entonces la posibilidad de despidos hemos encarado la reducción de gastos en personal comenzando por lo que parecía más lógico; es decir, no incrementar los montos del año anterior. Por Decreto Acuerdo N° 413-E-00 se dispuso la suspensión del incremento del adicional por antigüedad para todos los agentes y funcionarios. Me permito hacer notar a los señores diputados que, de acuerdo a la legislación vigente, ese adicional por antigüedad tiene una muy distinta y hasta injusta significación; para los agentes del escalafón general representa una suma fija de $ 7.40 por año de servicio, para los profesionales y funcionarios un 2% sobre el sueldo básico por año y para el personal docente constituye un porcentaje variable y progresivo que va desde el 10% durante el primero y segundo año hasta el 120% en los casos de mayor antigüedad.

Igualmente, y como ya es por todos conocido, en el entendimiento de enmarcar nuestro proceder en la justicia distributiva y en un principio de solidaridad ante la emergencia, por Decreto Acuerdo N° 410-E-00 se dispuso una reducción de haberes a los agentes que perciben una remuneración bruta mensual de más de $ 1.000 en una escala progresiva ascendente del 5%, 8% y 11% para los que perciben desde $ 1.001, $ 1501 y $ 2.001 respectivamente. A su vez, por Decreto N° 412-E-00 se estableció una reducción del 20% del total de las remuneraciones de los funcionarios fuera de escala. Vale la pena destacar que esa reducción en el caso de los funcionarios representa una disminución del 85% de los “gastos de representación” fijados en el año 1994.

Este Poder Legislativo, al igual que el Poder Judicial han implementado también medidas de contención del gasto en actitud de acompañamiento que sinceramente reconozco.

Las políticas definidas para la contención del gasto en el sector público, deben ir necesariamente acompañadas de otras destinadas a la eficientización del mismo. Como anteriormente decía, no sólo debemos corregir un estado que gasta más de lo que tiene, sino que también debemos corregir un Estado que gasta mal.

Para el cumplimiento de ese objetivo cuenta el gobierno con la esencial herramienta que le dio esta Legislatura con la Ley 4.958, de Administración Financiera. Durante el año 1999 se cumplió con creces el objetivo de la capacitación de agentes y funcionarios y se hicieron importantes avances y experiencias que van diluyendo la altísima exposición a la imprevisibilidad en materia de planificación financiera, capturando y actualizando información de distintas áreas del Estado. En el mes de diciembre último se estableció el sistema de Cuenta Unica previsto en la ley, dando un importante paso en el control y ordenamiento de las cuentas de todas las áreas y dependencias.

En el presente ejercicio se fortalecerá aún más el Sistema de Administración Financiera y el Sistema de Administración de Personal con el objeto de poder alcanzar las pautas de saneamiento fijadas que procuren la actualización y definitiva transformación con el auxilio de los recursos informáticos más novedosos. El avance en esta materia es importante y técnicos de Jujuy han sido requeridos por asesoramiento por provincias hermanas; entre ellas Salta, Chaco y Tucumán.

Recursos humanos.

Lo hasta aquí expuesto en torno al saneamiento y reordenamiento que pretendemos debe entrocarse también con claras acciones en materia de recursos humanos.

Es en ese sentido indispensable recuperar la dignidad del empleado o agente público, cuestión que no siempre pasa por lo salarial o las reivindicaciones estrictamente gremiales. El agente público es un “servidor” público que debe y merece ser reconocido por la comunidad para la que trabaja y seguramente lo lograremos si jerarquizamos debidamente la función pública.

El mayor capital que posee el Estado Provincial es su gente y el gobierno debe apoyar decididamente la formación, la capacitación y la permanente actualización de conocimientos de los agentes; paralelamente es necesario redefinir estructuras imponiendo plantas funcionales en todas las unidades de organización a los efectos de una correcta asignación de tareas.

Para esos objetivos se han creado las denominadas Unidades de Gestión en el ámbito de cada jurisdicción con la tarea específica de elaborar diagnóstico de la problemática del área, estudio de estructuras y recursos existentes y otras cuestiones que permitan en definitiva formular propuestas de reordenamiento o transformación de las áreas. Paralelamente se ha implementado un sistema de administración de personal que con base informática adecuada permitirá conocer la realidad de las plantas, funciones, cumplimientos de metas y objetivos.

Por lo demás, por Decreto Acuerdo Nº 269-G-00 fue creado el Instituto Provincial de la Administración Pública, cuya competencia y funciones fueron encomendadas a la Dirección Provincial de Personal y sus objetivos son precisamente la capacitación, evaluación y redefinición de roles de los agentes dentro de la Administración.

Debo anunciar también que he dispuesto la creación de una unidad de Auditoría de Gestión dependiente de la Gobernación, sin generación de mayores erogaciones, que tendrá por función el seguimiento y control en todo el ámbito de la Administración del cumplimiento y gestión de normativas, instrucciones y órdenes emitiendo información oportuna y confiable para corregir rápidamente desvíos. Pretendemos también por este medio lograr la mejor implementación de criterios de economía, eficiencia y eficacia en el financiamiento del Gobierno.

Recaudación tributaria

En el marco del Compromiso Federal, que de alguna manera predefine y condiciona también el total de las políticas económicas públicas del Gobierno para este y el siguiente ejercicio, debemos en Jujuy rediseñar de una vez por todas nuestra política tributaria.

Nuestra Provincia tiene una larga historia de indisciplina tributaria, donde realmente son muy pocos los que pagan sus impuestos en tiempo y forma y donde los índi - ces de recaudación se encuentran muy por debajo de la media regional y de la razonabilidad objetiva. Las causas que se pueden apuntar desde lo técnico son muchas, entre ellas la insuficiente acción fiscalizadora, el ineficiente respaldo informático de la Dirección Provincial de Rentas, la falta de sistemas de comunicación adecuados con las delegaciones del interior, la escasa dotación de personal altamente capacitado en auditoría fiscal, el mínimo control sobre quienes deben tributar con el régimen del convenio multilateral y otras. Desde lo no técnico, es decir desde lo político, por mi parte apunto que esa indisciplina e incumplimiento tributario es una consecuencia más de la inestabilidad institucional, de la pérdida de autoridad y confianza en el Estado como administrador de la cosa pública.

Así pues, deben implementarse acciones concretas en el área técnica pero a la ves despertar una conciencia distinta en nuestros ciudadanos.

En el primer sentido está en ejecución el Programa de Fortalecimiento Institucional, financiado por el Plan Provincia II del Gobierno Nacional a cargo de la firma Aeroterra S.A ganadora de un proceso de licitación pública realizada el año anterior y también el proyecto de Reestructuración de la Dirección Provincial de Rentas que comprende reingeniería de procedimientos, capacitación del personal, rediseño de sistemas informáticos y provisión de hardware que se encuentra en etapa de aprobación de financiamiento por parte del Banco Mundial, de no concretarse ese financiamiento pediremos a los señores diputados la aprobación de partidas con recursos provinciales. Si queremos mejorar la recaudación, debemos también invertir en lo indispensable para hacerlo. Igualmente debo mencionar que para reforzar los planteles de inspecciones y controles estamos recurriendo a convenios con la Universidad Nacional de Jujuy y con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para afectar estudiantes universitarios en carácter de pasantías a los fines de efectuar el control en el Convenio Multilateral en Buenos Aires.

En el segundo sentido vamos a iniciar campañas esclarecedoras que motiven a induzcan a la comunidad al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Como una medida experimental, dejamos también hoy a consideración de esta Legislatura un proyecto de ley por el que se implementa una figura especial de “bloqueo fiscal” que beneficia a los contribuyentes de ingresos brutos, limitando a los dos últimos ejercicios la fiscalización a cargo de la Dirección Provincial de Rentas cuando esos ingresos anuales no superen la cifra de $ 1.200.000; efectuada una primera evaluación, pretendemos ampliar el beneficio del bloque fiscal a otros segmentos de contribuyentes de este tributo. En el mismo proyecto se incluye también una propuesta de consideración de la figura del “buen contribuyente”, es decir el contribuyente que cumple en tiempo y forma con sus obligaciones con un régimen de descuento del 5% en los pagos que efectúe en condiciones preestablecidas mediante un sistema ágil de aplicación inmediata sin intervención previa del organismo recaudador.

Generación de empleo

El trabajo es el derecho a la dignidad del hombre y su familia; la problemática del desempleo es la mayor preocupación de este Gobierno, y estoy seguro que también lo es de los señores diputados y en definitiva de la comunidad toda. El desempleo conduce a la desintegración familiar y social y en definitiva a una exclusión que choca contra los más elementales principios culturales y religiosos sobre los que hemos construido nuestra sociedad.

La lucha contra la desocupación no es ni podrá ser una responsabilidad exclusiva de mi Gobierno ni de ninguno de los sectores involucrados de manera aislada. Esa lucha es y debe ser una responsabilidad de todos, de absolutamente todos y no podemos sentarnos a esperar soluciones mágicas

La acción política del Gobierno será la de la intermediación, generando las distintas posibilidades, articulando eficientemente la oferta y la demanda y mejorando las condiciones de inserción laboral de la población en la búsqueda de empleo. Para ello debemos, entre otras acciones, generar un programa de capacitación laboral en la Provincia, partiendo de un relevamiento y detección de necesidades que impriman una fuerte pertinencia al mismo. La red de intermediación que será una nueva función de la Dirección Provincial de Trabajo potenciará las posibilidades de desocupados de conocer las ofertas de trabajo del mercado y acceder a capacitación y por su parte, los empleadores encontrarán los postulantes que más se adapten a sus necesidades, asesoramiento sobre la normativa laboral y disposiciones de apoyo para el empleo. Sobre este particular, es también intención formalizar convenios con las Provincias vecinas de la región con la posibilidad de ampliar el panorama de aplicación.

Sabemos que la posibilidad de generación de empleo tiene entre otros condicionamientos, una relación de dependencia directa con la inversión y el crecimiento de la economía y hay demasiados factores exógenos cuya modificación no está al alcance de nuestras manos. De todas formas los jujeños no podemos quedarnos simplemente a esperar la aparición mágica de variables que nos favorezcan.

A partir de las ideas y propuestas de los distintos sectores hemos esbozado una política de desarrollo de potencialidades productivas nuevas o incipientes y de sostenimiento y reconversión de las tradicionales. Entre todos y debatiendo las estrategias, podemos llevarlas adelante.

La necesidad de establecer políticas de fondo en torno a la generación de empleo, no significa de manera alguna desinteresarse del tratamiento de los programas de empleo transitorio que, como mecanismo para abordar la conflictividad social que genera el desempleo, tiene instrumentado el Gobierno Nacional sea por medio de los Programas Trabajar o más recientemente de los 

Programas de Emergencia Laboral.

Aún cuando es a la estructura del Gobierno Nacional a quien compete la ejecución de estos programas en toda su dimensión, el Gobierno de la Provincia no puede desentenderse de la cuestión dada la gran sensibilidad que estos despiertan en actores sociales y políticos y debe colaborar en la formulación de los mecanismos de entendimiento entre partes, en la mejor distribución territorial, teniendo presente las realidades de los Municipios y grupos de exposición. Así se lo hemos expuesto a la Gerencia Local de Empleo y de hecho se está actuando. De todas formas representando hoy la inversión nacional en los programas una cifra similar a la del mes de marzo de 1997, me permito instar a todos los sectores a un trabajo conjunto para lograr incrementar esa inversión en la Provincia de Jujuy buscando alcanzar índices más altos para el financiamiento de mayor cantidad de proyectos.

Pequeña y mediana empresa

La realidad indica hoy con claridad que los esfuerzos del Estado deben priorizar la radicación y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El dinamismo que caracteriza a este sector de la producción y los servicios es la posibilidad cierta de generar riqueza y nuevos puestos de trabajo en tiempos relativamente corto. Pero así como sabemos de su importancia, también sabemos de sus debilidades para emprender una creciente competencia de su aislamiento, de la escasa tecnología y nivel de gerencia-miento, de su bajo capital de trabajo y de sus estándares de calidad inapropiados; sobre estas debilidades trabajaremos con ahínco.

Desarrollo de proveedores

Tanto las empresas radicadas en Jujuy como el sector público provincial y municipal demandan insumos y servicios que son provistos mayoritariamente por empresa de fuera de la Provincia, generando riquezas en otras latitudes y privando al circuito monetario local de importantes fondos.

Sin recurrir a perimidas recetas de proteccionismo pondremos a consideración de esta Legislatura la sanción de medidas de incentivo fiscal tendientes a radicar empresas privadas y emprendimientos que, para proveer insumos y servicios, generen valor agregado en el ámbito provincial. Con el mismo objeto propondremos además medidas de modificación en las decisiones de compras del Estado y buscaremos aumentar el standard de calidad de los productos locales, requiriendo para esto último el trabajo del Instituto de la Calidad.

Agencia de Intermediación .Comercial

Parte de las debilidades que apuntábamos en nuestras pequeñas y medianas empresas, hacen indispensable que el Estado pueda participar en la constitución de una sociedad con el sector privado cuyas funciones sean las de vinculación entre los productores locales y los mercados de comercialización de sus productos. Es necesario también que esa sociedad pueda generar inversiones directas para realizar acopios y la preindustrialización de las producciones cuando la modalidad comercial así lo requiera. Sé que el tema es novedoso y hasta tal vez complicado en sus primeras integraciones y experiencias, pero debemos ponernos rápidamente en la delantera y en muy pocos días remitiré un proyecto de ley para su consideración por esta Legislatura.

Consejo de la Microempresa

En estos lineamientos políticos que espero sean comprendidos y compartidos, resulta de especial importancia nuestro Consejo de la Microempresa, con capacidad para dirigir el crédito hacia las actividades de la agroindustria y los servicios ligados a la producción. Desde allí se puede buscar con eficiencia construir sistemas competitivos para programas específicos como algunos que ya se encuentran en estudio.

Debe también ser una herramienta para impulsar los emprendimientos que, dentro de su alcance, apuntalen al turismo.

De igual manera entiendo que está en sus posibilidades implementar programas para avanzar sobre el sector de la economía informal, buscando a través de su transformación soluciones para esta candente situación.

Sectores productivos

Como antes dije, en las circunstancias actuales debe el Estado desarrollar acciones y estrategias concretas a favor de la producción y buscar el acompañamiento del sector privado con una decidida apuesta a la optimización de sus recursos, la mejora de sus sistemas productivos, la eficientización de los servicios y en definitiva la excelencia en su oferta.

Cuenta la Provincia de Jujuy con una estructura normativa interesante a partir de leyes sancionadas por esta Legislatura. Tal el caso de la Ley N° 5016 de Garantización de la Deuda Pública, la Ley N° 5151 de Financiamiento de pequeña y mediana empresa con el uso de títulos públicos, la Ley N° 4513 de Fomento de la Microempresa, la Ley N° 5146 de adhesión a la Ley Nacional N° 25.080 de Promoción Forestal y la Ley N° 5145 de Fomento a la Actividad Ganadera. A partir de ellas y aceptando desde el Poder Ejecutivo acordar los retoques reglamentarios que sean necesarios y comprometiendo también la inmediata sanción de las reglamentaciones que faltan, debemos unirnos en un esfuerzo conjunto para una amplia difusión de los beneficios y posibilidades que esas alternativas ofrecen.

A esos mecanismos deben agregarse los regímenes de financiación promocionados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que el próximo día 13 de este mes entregará nuevos créditos en Jujuy por algo más de $ 600.000 para emprendimientos en frutilla, y anunciará también nuevas líneas para este año que pueden ser fácilmente aprovechadas por emprendedores locales. También reviste importancia el Programa de Dinamización Productiva Regional sobre el que existen varios proyectos presentados cuya aprobación debemos gestionar todos juntos, con especial colaboración de los señores legisladores nacionales.

Abren también buenas expectativas al sector productivo las nuevas políticas crediticias que anuncia el Banco de la Nación Argentina, con el que el último viernes y con la presencia del propio Presidente de la institución aquí en Jujuy, firmamos el convenio para la implementación de créditos subsidiados para la compra de bienes de capital de fabricación nacional. Con aportes del Banco y de la Provincia quedan disponibles $ 15.000.000 con posibilidad de ser prestados a los productores locales.

Con el objeto de brindar información y orientación permanente y rápida a todos los interesados en las posibilidades de financiamiento y apoyo, el Gobierno habilitará en los próximos días un servicio especial con técnicos de planta y colaborará también con los emprendedores en la formulación de proyectos y cumplimiento de requisitos.

Quiero también anunciar en esta oportunidad que el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de modificación a la Ley Impositiva por el que se elimina el impuesto de sellos a la actividad minera, satisfaciendo de tal forma un viejo requerimiento del sector que animará las tareas de prospección en territorio provincial. Asimismo es decisión del Gobierno en la materia, avanzar hacia la posibilidad de acordar un Código Minero Único en la región que nos ponga a todas las Provincias del NOA en un pie de igualdad legislativa en la búsqueda de inversiones. Deben los señores diputados conocer también que en virtud de un convenio firmado a fines del año anterior con el Servicio Geológico Minero Argentino se ha comenzado a ejecutar un proyecto que en su punto final nos permitirá obtener un relevamiento integral geológico-minero y metalogenético de todo el territorio provincial.

Sin perjuicio del fomento y priorización de los sectores productivos mencionados, el Gobierno no se desentenderá tampoco de nuestras producciones tradicionales.

Por el sector azucarero hemos participado y propiciado reuniones locales y regionales poniendo nuestro esfuerzo en conciliar los intereses de los distintos componentes de la actividad, tratando de que se defina una sola y única posición que nos permita un requerimiento uniforme para comprometer políticas nacionales en una acción conjunta desde la producción, la industria y los sectores políticos. No cejaremos en ese esfuerzo, y si el acuerdo no llega, actuaremos conjuntamente con nuestros productores.

Similares consideraciones corresponden en torno al tema del tabaco. Si bien cualquier regulación de la actividad escapa a las posibilidades del Gobierno Provincial, seguiremos acompañando al sector en la necesidad de definir volúmenes de producción y precios en forma anticipada para la presente campaña, como también en la defensa de la Ley 19.800. Sin embargo, también priorizaremos las decisiones de diversificación, sobre todo de los más pequeños productores.

Sector Turismo

El turismo se está presentando en el mundo como una de las actividades de mayor generación de recursos y bienestar porque no sólo produce ingresos dinerarios y provoca la creación de puestos de trabajo en forma directa, sino que repercute activando todo el circuito económico.-

En la Argentina, el saldo favorable correspondiente al turismo creció de 805 millones de dólares en 1990, a 2239 millones en el año 1995 (último dato oficial). Se estima que 12 de cada 100 puestos de trabajo que hay en el País están relacionados en forma directa o indirecta con el turismo.-

En Jujuy, el flujo de turismo se ha incrementado también en los últimos años y eso ha impactado favorablemente en nuestra economía; sin embargo no hemos podido aprovechar seriamente las ventajas de habernos transformado en un país receptor de turismo y, aunque cueste decirlo, salvo honrosas excepciones, nos debatimos en lo intrascendente, lo informal y en la desorganización. Pareciera que demasiados jujeños nos resistiéramos a ver en el turismo, la gran, sino primera, potencialidad para el crecimiento y el desarrollo.-

Debemos todos, y fundamentalmente el Gobierno que encabezo, concientizarnos fuertemente de que una parte importantísima de nuestras posibilidades de crecimiento, desarrollo y bienestar, depende de lo que seamos capaces de hacer para planificar, incentivar, promover y afianzar el turismo en la Provincia. Hay muchos visionarios, muchos pioneros y muchos entusiastas, sobre todo en el sector empresario y en el de nuestros intendentes municipales, y corremos el riesgo de perderlos si no tomamos esas iniciativas y ansias con una actitud seria y las incorporamos en una planificación provincial de turismo que las potencie y las lleve a una concreción cierta.

Jujuy se puede y se debe vender turísticamente con sus paisajes y su clima, pero fundamentalmente con su gente y su cultura. Sin embargo, para venderlo debemos contar con la infraestructura adecuada; en los medios de transporte que arriban a la Provincia, aeropuertos, rutas y terminales de ómnibus, brindar servicios aptos a los requerimientos en materia de atención e información con material y personal calificado; infraestructura hotelera acorde a las exigencias; esparcimiento y recreación, potenciando incluso en esto el turismo local como una forma de prepararnos para el foráneo. Debemos desarrollar acciones que generen una mentalidad que no sólo valore nuestro patrimonio paisajístico y cultural, sino que además sea capaz de ofrecerlo turísticamente, teniendo siempre la precaución de preservarlo y enriquecerlo en forma continua. Debemos también aprovechar las nuevas demandas, fundamentalmente del exterior, en materia de turismo de aventura y ecológico acondicionando la zona de nuestras yungas de una potencialidad insospechada. Todo es cuestión de una planificación integral y participativa.

Debatirán seguramente en los próximos días los señores diputados modificaciones o una nueva ley de promoción para la inversión turística y eso será un excelente avance.

Desde el Poder Ejecutivo realizaremos acciones, aún con las restricciones que presupuestariamente nos imponemos. Agudizando el ingenio y solicitando el apoyo de sectores oficiales y privados realizaremos campañas de concientización y promoción de Jujuy; y ejecutaremos también, estrategias de interrelación entre organismos públicos particularmente la Secretaría de Cultura y el Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.-

Pero todo esto señores diputados no alcanzará. Debemos, como en otros temas, sentar a la mesa a la totalidad de los efectores e interesados y darnos un plan turístico integral para la Provincia de Jujuy. En ese sentido tengo en claro la decisión política, de considerarse conveniente, de implementar una Agencia que permita la representación y participación del sector privado en forma conjunta con el Estado, tanto en materia estrictamente de turismo como de cultura.

POLITICAS SOCIALES 

Seguridad

Policía de la Provincia

Con la comprensión y acompañamiento de los señores diputados, de la Justicia, de las Intendencias Municipales, de los Centros Vecinales y otras asociaciones intermedias, creo no equivocarme si afirmo que durante el año 1999 hemos dado claras respuestas a muchas demandas sociales en materia de seguridad.

Entre esos logros apunto fundamentalmente el acercamiento cada vez mayor de nuestra Policía de la Provincia con la comunidad a la que pertenece. Aparece cada vez más lejano aquel tiempo de la desconfianza total en la fuerza y el descrédito de que eran objeto muchos de sus hombres. Para ello se debieron hacer muchas depuraciones, sobre todo en los cuadros superiores con el auxilio de la Ley 5.130 sancionada por esta Legislatura; se corrigieron y modificaron procedimientos internos, entre ellos el correspondiente al Fondo Especial de Seguridad (F.E.S.) que no sólo generaban anormalidades administrativas, sino el recelo en la ciudadanía.

Con mucho esfuerzo, pocos recursos y una buena administración, la Policía de la Provincia logró reacondicionar móviles y adquirir algunos nuevos, habilitar nuevas dependencias como las seccionales de la mujer, cuerpo de caballería, auxiliar de seguridad urbana, puestos de control de tránsito y seguridad vial y otros que en definitiva comenzaron a mostrar una presencia policial con un sentido de prevención mucho más amplio y eficiente.

Resta sin embargo profundizar mucho más en la reconversión de las políticas de seguridad dirigidas a nuestra Policía de la Provincia.

Esa reconversión que pretendemos se sustenta en los siguientes conceptos:

• La conducción política de la Policía de la Provincia corresponde al Poder Ejecutivo ejercido por el Gobernador.

• La profundización de las acciones de prevención contra el delito y la violencia.

• El pleno respeto a los derechos y libertades humanas sobre la base del estricto cumplimiento de principios y garantías constitucionales. La Policía es un “auxiliar de la Justicia”.

• La participación ciudadana a nivel barrial y municipal es fundamental para optimizar la relación entre policía y comunidad y para fortalecer estrategias de prevención.

• La presencia policial en la vía pública es el método más eficaz para contribuir a la tranquilidad y la paz social.

• La coordinación de acciones conjuntas con fuerzas de seguridad nacionales es indispensable para el adecuado accionar contra el delito

• El funcionamiento pleno del consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior –previsto en la legislación general- y que ya ha realizado sus primeras reuniones.

• Es necesaria la reforma orgánica de la Policía de la Provincia.

A este respecto es que se ha definido una refuncionalización de la Escuela de Policía y una readecuación de la currícula adaptada a las demandas de la sociedad civil y a las necesidades que los nuevos tiempos imponen. Pretendemos detectar y lógicamente priorizar en los aspirantes la verdadera vocación por la función por sobre la necesidad de trabajo, y concurrir a su formación multidisciplinaria con contenidos humanistas a cargo de instituciones educativas civiles.

Buscaremos una optimización de los recursos humanos de la policía mediante una recapacitación de los cuadros activos con una perspectiva humanista y socialmente integradora y se afectará al personal a la ejecución de las funciones para las que fueron formados; para esto último promoveremos la participación del personal civil para las gestiones estrictamente administrativas y anexas.

Remitiremos en breve a esta Legislatura proyectos de modificación de la legislación vigente que estoy seguro serán enriquecidos con la participación activa de los señores diputados y conocedores de la temática. La seguridad es una cuestión de Estado.

Servicio Penitenciario

Durante el año transcurrido entiendo que la intervención dispuesta en el Servicio Penitenciario ha cumplido plenamente con los objetivos propuestos por el Poder Ejecutivo. Con un trabajo profesional, silencioso y serio se reestructuró orgánica y funcionalmente el organismo y se cumple hoy en forma acabada con la normativa y objeto de servicio.

En esta gestión profundizaremos las acciones en este sentido partiendo de la base que nos da la Ley Nº 5131.

Sin embargo, los problemas de nuestro sistema Penitenciario tienen un fuerte contenido económico-financiero. El aumento constante de la población carcelaria en los últimos tiempos ha potenciado la necesidad de dotación de mayor cantidad de personal, mayor capacitación, mejoramiento y ampliación y modernización de la infraestructura edilicia y más equipamiento. La reducción necesaria de nuestro presupuesto provincial y la imposibilidad de incrementar partidas a partir de rentas generales, ha hecho necesario redoblar las gestiones para obtener el reconocimiento de viejos créditos con el gobierno nacional por la atención de presos federales y hoy dejo a consideración de esta Legislatura un proyecto de ley aprobando un reciente convenio suscripto por el Gobierno con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que abre la posibilidad de obtener recursos a favor de la dependencia provincial.

Existen de todas formas algunos esbozos de proyectos con distintas fuentes de financiamiento para una transformación integral en materia de infraestructura que oportunamente serán puestos a conocimiento de los señores diputados.

Por último quiero hacer mención a que, por iniciativa de las autoridades del Servicio Penitenciario, el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto Nº 93-G-99 por el que, con un sentido estrictamente objetivo, se reglamentó la facultad constitucional de indultos y conmutación de penas, limitando de manera contundente la discrecionalidad política en este tema.

Salud Pública

No es un secreto para nadie que la situación social y sanitaria de la Provincia de Jujuy ha venido sufriendo en los últimos años un sensible deterioro en términos generales. La decadencia de nuestras economías y producción, el desempleo y la marginalidad, la falta de continuidad en la formulación y ejecución de políticas de salud y otros tantos factores más, hacen que muchos de los esfuerzos que se realizan en el área resulten insuficientes para contener una demanda permanentemente creciente de la comunidad.

Durante el año 1999 se incorporaron al sistema numerosos centros de salud entre otros los de Malvinas Argentina, San Francisco de Alava, Alberdi, Coronel Arias en Capital, en la localidad de San Antonio, un Centro Regional en Monterrico, la Maternidad del Hospital San Roque, todos ellos en vinculación con el programa de Maternidad e infancia (PROMIN) y los Hospitales de Alto Comedero y Palpalá con importante esfuerzo del Estado y la comunidad toda. Entre estos nuevos centros se brindaron 600.000 prestaciones médicas y de enfermería en un período de nueve meses, sin embargo ello no alcanzó para satisfacer la demanda que con toda seguridad se mantenía contenida desde tiempo atrás.

Los requerimientos de la población superaron todas las previsiones presupuestarias en materia de salud y en muy pocos meses se fueron agotando los recursos y el stock, fundamentalmente en materia de insumos y medicamentos.

La situación actual y las expectativas de futuro obligan hoy a tomar decisiones de fondo que estamos dispuestos a discutir y convenir con todos los sectores y efecto-res. Seguramente las mismas serán difíciles de implementar, pero en definitiva nos permitirán dar funcionalidad y previsibilidad al sistema.

Es en ese sentido que proponemos:

• Reforzar fuertemente la Atención Primaria de la Salud con una llegada directa y completa a toda la población. La formación de una red de médicos de cabecera o de familia que actúen de manera inmediata sobre sus integrantes, optimizará su contención y control.

• Profundizar el proceso de transformación del Hospital Público para alcanzar un nivel de autogestión perfeccionado en su organización que permita un funcionamiento independiente y el recupero de los gastos en pacientes con cobertura social.

• Buscar mecanismos para la tercerización de servicios no esenciales y demasiado costosos para el Estado, cuidando de amparar y respetar los derechos del actual personal.

• Orientar los esfuerzos para integrar a los Municipios y entidades intermedias de la comunidad en la priorización de planes y acciones hospitalarias, orientación, apoyo y control de gestión.

• Coordinar acciones entre todos los sectores públicos y privados de la salud para ir generando un sistema integral que garantice igualdad de acceso para toda la población. En esa tarea hemos tenido una importante experiencia en la reciente licitación convocada por el PAMI con una importante iniciativa de la Delegación local y una alta cuota de responsabilidad en la negociación por parte de todas las entidades y empresas privadas del sistema de salud.

No es posible delinear ninguna política de salud en la Provincia sin tener presente a nuestra obra social, el Instituto de Seguros de Jujuy. Muchos intentos se han hecho en los últimos tiempos para sanear, potenciar y en definitiva eficientizar a la obra social; en algunos de esos intentos ha tenido un rol fundamental esta Legislatura por ejemplo, cuando por Ley se dispuso su intervención consignándose pautas de trabajo, objetivos y facultades o cuando se autorizó la toma de un crédito específico por parte del Poder Ejecutivo para cancelar obligaciones impagas con los prestadores. Todos los intentos, realizados de muy buena fe, sin embargo han fracasado.

Desde 1997 el gasto del Instituto de Seguros de Jujuy se ha incrementado, a valores constantes, a un promedio del 10% anual. Ese aumento fue explosivo en 1999 y, en una proyección hacia el presente año, de no efectuarse correcciones, terminaría significando un costo promedio de $ 26,50 por mes y por afiliado. Es impensable la subsistencia en estos términos porque además, el incremento del gasto no se corresponde siquiera con el mejoramiento de las prestaciones al afiliado.

Es necesario una profunda reforma y actualización total en lo organizacional, en recursos humanos, en sistemas informáticos, auditorías médicas, intercomunicación en tiempo real, motivación y compromiso del personal entre otras cuestiones. Vamos a tomar medidas en el corto plazo; en mayo implementaremos un sistema de contralor de medicamentos y recetarios, autorizaré la incorporación de auditores ya que desde hace muchos años el Instituto no realiza controles en terreno y en el rubro medicamentos no posee auditores, tampoco las delegaciones de Córdoba y Buenos Aires donde se realizan las prestaciones de mayor complejidad y costo. Iniciamos ya un blanqueo y retiro de carnet que debieron haber sido dados de baja y se encuentra en estudio una nueva modalidad para su emisión y contenido. La informatización integral de la obra social no puede demorar más y habrá que hacer las inversiones que al respecto sean necesarias.

El diagnóstico de situación con detalles y pormenores de las respectivas propuestas, quedan en anexo a disposición de los señores diputados. Debo, sin embargo, anticipar que hemos fijado prioridades de reorganización y saneamiento que se consideran indispensables y urgentes para una mediana normalización. Luego, es decisión política del Gobierno integrar en la conducción a los representantes de los trabajadores y jubilados, como la de invitar a los prestadores a discutir nuevos y más racionales modelos prestacionales que los hoy vigentes.

Acción Social

La caída de la actividad productiva y económica en el País y en la Provincia a que antes hacía referencia y que impacta directamente sobre el empleo y el aumento de marginalidad lógicamente ha incidido sobre la totalidad de planes y programas vigentes para ayuda y asistencia a los más carenciados. Si bien las redes de contención y ayuda con una adecuada coordinación de acciones aparecen como eficientes, los límites de financiamiento por restricciones presupuestarias y la reducción de cupos por la necesidad de asignación de fondos nacionales a provincias que antes no las necesitaban, ha provocado también que las demandas superen las posibilidades de atención que todos pretendemos.

Debo decir que la mayoría de los programas y planes nacionales que se aplican en Jujuy surgen de leyes nacionales sancionadas como una consecuencia de pactos o acuerdos Nación-Provincias, entre ellos los Pactos Fiscales suscriptos durante el Gobierno anterior; en otras palabras, dichos programas y planes se financian con fondos que corresponden a las provincias Argentinas. Por ello es que la totalidad de las Gobernaciones del interior solicitaron al Gobierno Nacional su mantenimiento y continuidad, aún cuando se puedan efectuar modificaciones en su implementación.

En los últimos días se han debatido estos temas entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales con una trascendente participación del Ministerio de Acción Social de la Nación. La verdad es que la prensa ha aumentado y hasta politizado el tenor de ese debate; razón por la cual entiendo oportuno clarificar nuestra posición. El Gobierno de Jujuy solicita la continuidad de todos los programas y no tienen ninguna objeción en buscar de manera conjunta con el Ministerio Nacional los mecanismos de control y auditoría que sean más aptos, tampoco tenemos problemas en cruzar toda la información que sea necesaria, en particular la relativa a los padrones correspondientes a los distintos programas, porque esa será la mejor forma de evitar superposiciones de asistencia y permitirá de esa manera asistir a personas o familias que no reciben ninguna ayuda.

Sí hay un planteo distinto de mi parte, compartido por otros Gobernadores, en cuanto a la necesidad de la descentralización de las compras. En la actualidad la casi totalidad de las compras para ayuda alimentaria directa se hacen desde el nivel central en la Capital Federal; por el volumen e importancia de esas adquisiciones es prácticamente imposible la participación en esos procedimientos de productores o comerciantes locales. Si las compras se descentralizan, con los controles y auditorías que se quieran implementar, Jujuy tendría la posibilidad de favorecer no sólo al comercio, sino también a alguna producción local –utilizando por ejemplo el mecanismo antes referido a favor de la radicación de proveedores locales- y también con seguridad podríamos respetar las costumbres alimentarias de nuestra gente dentro de los parámetros técnicos que se indiquen. Esta última posición fue compartida por el señor Presidente de la Nación y esperaremos una decisión al respecto.

De todas formas, también es cierto que recientemente se anunció por la señora Ministro de Acción Social de la Nación un nuevo Plan Integral de Acción y Promoción Social que entraría plenamente en vigencia el año próximo y con carácter experimental en aproximadamente un mes. Le haremos saber de nuestra intención de participar del mismo lo más pronto posible para evaluar su impacto en nuestra difícil situación.

Por fin, quiero manifestar que durante este año a la par de continuar aplicando los planes asistenciales buscando una mayor eficiencia, reforzaremos las acciones de promoción y desarrollo en coordinación con las áreas ministeriales dedicadas a los problemas del empleo y la producción.

Prevención y tratamiento de adicciones

Aún cuando las tareas se vienen realizando desde tiempo atrás por distintas áreas estatales y entidades privadas, entiendo que la creación de la Secretaría de Coordinación y Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico realizada el año pasado ha generado un fuerte impulso en la necesaria concientización comunitaria de la problemática de las adicciones y cumplido su objetivo de coordinación de acciones.

Muchas han sido las actividades desplegadas por la Secretaría, las que en detalle quedan a disposición de los señores diputados. Es política de este Gobierno acrecentar ese nivel de actividades en torno a la función de coordinación, incentivando a los organismos públicos y privados a una participación cada vez mayor en las tareas de prevención y fundamentalmente a tomar conciencia que la problemática de las adicciones es una cuestión de todos.

Educación

En medio de una situación que generaba temores e incertidumbres, decía el año pasado en este mismo recinto que nuestra principal apuesta en educación era lograr un ciclo lectivo regular y recuperar, aunque sea en parte, el tiempo perdido en 1998. Recordé en esa oportunidad las palabras de algunos de ustedes, señores diputados, al sostener que “el año lectivo perdido es casi la pérdida de un año de vida”. El esfuerzo de toda la comunidad educativa y particularmente de los sectores docentes hizo que aquel objetivo se cumpliera.

Ahora estamos transitando una etapa distinta y, por supuesto, los objetivos son distintos. La visión debe ser puesta en las acciones y políticas a desarrollar en un período completo de gobierno y en la intención clara de consolidar un sistema.

En el convencimiento, seguramente compartido por ustedes, que la Educación es el principal medio para enfrentar con éxito los desafíos de un mundo de diversidad, complejidad, competitividad y globalización. Entiendo que el sistema educativo debe garantizar el acceso al conjunto de la población a los valores, conocimientos y competencias que hoy aparecen como indispensables. Nadie puede quedar excluido, porque la consecuencia de la exclusión es la total marginación social. La educación es, por lo demás, el elemento imprescindible para garantizar la continuidad y la permanencia de las instituciones, la participación económica, social, política y cultural. Es indispensable, en particular para aquellos grupos más desposeídos y como parte de la lucha contra la pobreza y la desocupación.

Es fundamental garantizar la continuidad del proceso de transformación educativa enmarcada en la Ley Federal de Educación, adecuando y flexibilizando la normativa como soporte de todo un proceso de cambio.

Sobre estas dos premisas, es que fijamos como prioridades:

- Observar el principio de equidad, con una enseñanza de igualdad de oportunidades y posibilidades como elemento de cohesión social.

- Generar las condiciones de calidad en la Educación Inicial, General Básica y Poli-modal que proporcionen las aptitudes necesarias para que las personas puedan vivir en un marco de dignidad.

- Promover la formación y la investigación científico-tecnológica con una mayor pertinencia hacia la producción de bienes y servicios a efectos de elevar la competitividad.

- Atender los requerimientos de aquellos sectores de la población que no han podido acceder a la educación formal en sus diversos niveles, para ello utilizaremos todos los instrumentos posibles, y en especial los medios de comunicación masivos.

- Impulsar en ese sentido acciones permanentes contra el analfabetismo, la falta de escolarización, la repitencia, el abandono y el deterioro de la calidad educativa.

- Implementar estrategias de prevención y entre ellas atender las necesidades educativas especiales por medio de programas de intervención temprana y oportuna.

- Jerarquizar las nuevas modalidades alternativas de educación, impulsando la tecnología informática y las redes telemáticas con recursos pedagógicos de importancia.

- Articular la educación formal con la educación para el trabajo, con una oferta educativa de características amplias, flexibles y polivalentes que permitan sustentar una posterior especialización de acuerdo a las constantes modificaciones y requerimientos del mercado laboral.

En estos meses y con una fuerte convicción, hemos trabajado mejorando la gestión de los recursos asignados a la educación, tratando de evitar la duplicación de acciones e inversiones, reduciendo costos administrativos, optimizando la eficacia del gasto y diseñando nuevos sistemas de administración y gestión integral con un adecuado soporte tecnológico y con recursos humanos capacitados y, sobre todo, comprometidos con los objetivos institucionales.

En el efectivo cumplimiento de esas prioridades básicas, cuyo cumplimiento controlaremos con celo, seguramente estará la base de la Educación que queremos.

No quiero finalizar este tema sin recordar que los Poderes Ejecutivo y Legislativo tenemos pendiente de conclusión la reformulación de la Ley General de Educación. Quiero compartir esfuerzos con ustedes, señores diputados, durante este año legislativo para consensuar este instrumento fundamental de política de Estado.

POLITICAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Jujuy debe repensar sus políticas en materia de obras, infraestructura y servicios públicos. Insertados en el marco de la realidad regional NOA-NEA y siguiendo los lineamientos de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Nacional que ha proyectado el nuevo Ministerio de Infraestructura y Viviendas de la Nación en un marco estratégico de desarrollo, debemos dotar a la Provincia de la infraestructura física que nos integre con otras regiones, tanto de Argentina como de los países vecinos, a los fines de facilitar la circulación de nuestra riqueza.

En grandes líneas y para los grandes proyectos priorizamos lógicamente la materialización del eje bioceánico de integración supraregional, Corredor Bioceánico-Paso de Jama, sobre una base de infraestructura, modos de transporte, puntos o centros de cargas, con el propósito de fortalecer las interrelaciones con el Mercosur, eje Chile-Pacífico y eje Brasil-Atlántico.

La concreción de la fundamental obra de pavimentación integral del Corredor Vial Paso de Jama está a punto de ser una realidad. El esfuerzo de tantos y tantos años de trabajo comenzó a rendir sus frutos cuando, a mediados del año pasado, logramos la suscripción del compromiso nacional de afrontar el pago de la obra mediante la emisión de avales por parte del Gobierno Nacional, autorizándose además a Vialidad Provincial a efectuar el llamado a licitación pública. La licitación pública se realizó y la obra fue adjudicada en el mes de noviembre de 1999. (Decreto N° 1989-OP-99)

Desde la misma asunción del doctor De la Rúa a la Presidencia de la Nación, ustedes, señor diputados, todos los diputados nacionales y senadores de nuestra provincia y los integrantes del Gobierno pusimos nuestra máxima capacidad de gestión y encontramos respuestas claras del Gobierno Nacional y actitud positiva para superar prejuicios y problemas técnicos. Tal cual lo anunció hace pocos días el señor Ministro de Infraestructura y Viviendas de la Nación, ingeniero Nicolás Gallo, muy pronto la decisión final estará en manos del señor Presidente de la Nación. Estoy convencido que si podemos seguir trabajando de esta forma, mancomunadamente, sin ningún sectarismo y tomando a Jama como una cuestión de Estado, lograremos el objetivo final y la obra comenzará a ser ejecutada.

En el mismo sentido y siendo decisión del nuevo Gobierno Nacional el aprovechamiento integral de la cuenca del río Bermejo, creemos, y en ese sentido hemos conversado con algunos señores diputados de las distintas bancadas, que debemos reflotar también como una política de Estado el proyecto Manantiales como desarrollo de la subcuenca del Río Grande-San Francisco, con la posibilidad cierta de poner al servicio de la producción agrícola una gran región de nuestro territorio provincial.

Junto a estos grandes desafíos, anuncio también que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ha elaborado un Plan Quinquenal para guiar las acciones de desarrollo de la infraestructura y servicios de las distintas regiones de nuestra provincia y que está basado en el criterio antes señalado. Queda a disposición de los señores diputados ejemplares de ese plan para su consideración y debate, sin perjuicio de algunos anuncios que quiero realizar y que son previsiones para el corriente año 2.000.

Infraestructura edilicia

Fue decisión de mi gobierno el concentrar en la Dirección Provincial de Arquitectura la dirección y ejecución de obras edilicias y el mantenimiento de las que hacen a las áreas de Educación, Salud, Desarrollo Social y otras dependencias estatales.

El mantenimiento y reparación de edificios escolares fue encarado con mucha responsabilidad y esfuerzo, pero luego de un deterioro de años nunca resulta suficiente. Durante el corriente ciclo lectivo no vamos a dejar esa tarea y trataremos de mantenerla en forma constante. Creo oportuno agradecer a las autoridades escolares, cooperadoras y entidades comunitarias que han colaborado y hasta tomado por iniciativa propia la puesta a punto de establecimientos en muchos puntos de nuestra provincia; a su vez, censurar el desinterés de otros que no toman conciencia que el mantenimiento de las escuelas es una primera responsabilidad de sus directivos y hasta de los mismos alumnos.

En el corriente año se incorporarán nuevos establecimientos al sistema educativo, entre los más importantes destacamos los de los barrios El Chingo y Alto Comedero que son financiados con fondos del Instituto de Vivienda y Urbanismo.

En el área de Salud, por la Dirección Provincial de Arquitectura se realizan obras internas en el Hospital Pablo Soria y en diversos puestos de salud y centros asistenciales del interior de la provincia.

Desde el año anterior la misma dirección encaró trabajos de remodelación y puesta en valor de edificios que por su historia, valor arquitectónico o cultural hacen a la esencia de la ciudad. Así, se efectuaron trabajos en el Teatro Mitre, Escuela de Danzas, Escuela Belgrano, Secretaría de Deportes, Cúpula de la Iglesia San Francisco y Casa de Gobierno. Durante el corriente ejercicio vamos a continuar con esas acciones y tenemos proyectadas obras de tales características en la Posta de Hornillos, Casa de Macedonio Graz, Cabildo y otros edificios públicos, entre estos últimos y con el desafío de obtener ayuda económica nacional, pretendemos abordar la Escuela Normal y el Colegio Nacional Nº 1 de esta ciudad.

Infraestructura y servicio de saneamiento básico

En esta materia resulta de absoluta prioridad la ejecución de las obras comprometidas en la zona del ramal, más precisamente en San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín, como una solución definitiva a los problemas permanentes en el suministro de agua potable. En los próximos días Agua de los Andes S.A. procederá a convocar a licitación pública en base a las iniciativas con prefinanciamiento privado ya aprobadas; es de esperar que el mejoramiento de las tasas en los préstamos asegure un negocio razonablemente favorable para la empresa estatal.

Igualmente, existen iniciativas importantes a resolver como el proyecto de planta potabilizadora y acueducto en el río Morados en el departamento San Antonio y la posibilidad de la instalación de 30.000 nuevos medidores en la provincia.

Si bien Jujuy es una de las provincias con mayor avance en materia de cobertura de agua potable y cloacas en relación a sus habitantes, queda mucho por hacer en las zonas de la Quebrada y Puna, debiendo además, iniciarse la renovación y mejora de sistemas de redes con vistas al mediano plazo, lo que generará la necesidad de inversiones importantes. Entiendo, señores diputados, que llega el momento de plantear y debatir con toda profundidad y seriedad la situación económico financiera de Agua de los Andes S.A., la realidad de sus costos de funcionamiento, sus cuadros tarifarios y, en definitiva, el destino de la empresa. Será con seguridad un tema común para este año.

Infraestructura de Viviendas

Como una clara política en materia de desarrollo social pretendo por medio del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy fortalecer las posibilidades de acceso y asistencia a familias de escasos recursos y en especial generar soluciones habitacionales para grupos vulnerables y poblaciones con problemas y necesidades básicas insatisfechas. A este respecto, mantenemos también expectativas en torno a los nuevos programas que se anuncian desde el Gobierno Nacional. Sin perjuicio de ello se encuentran en ejecución con destino en gran medida a sectores humildes las operatorias de mejoramiento barrial en El Chingo y Cucharita en San Salvador de Jujuy y en barrio Ejército del Norte en San Pedro de Jujuy.

Si bien vamos a continuar con los sistemas y operatorias tradicionales, con inversiones que se detallan en el informe general que dejamos a disposición de los señores diputados, exploraremos también otras posibilidades de nuevas operatorias, con distintos financiamientos, para otros sectores de nuestra comunidad con mayor capacidad económica que, sin embargo, no están en posibilidades de acceder a sistemas crediticios de la banca privada.

Por fin, he decidido encarar por intermedio del Instituto de Vivienda y Urbanismo, con la colaboración de la Dirección Provincial de Inmuebles, el desarrollo de un programa de ordenamiento territorial e infraestructura urbanística. Este programa está siendo delineado a partir de una iniciativa del Colegio de Arquitectos de Jujuy y seguramente requerirá de la participación de los Municipios de la provincia como un primer, y por cierto importante, paso hacia un planeamiento mucho más ambicioso y desarrollado de todos los centros poblacionales de Jujuy.

Infraestructura vial

El diseño de la infraestructura vial debe realizarse principalmente en función del desarrollo que pretendemos para nuestra provincia y su interrelación regional.

Aún cuando toda la atención parece centrarse sobre el corredor vial Paso de Jama, desde el Aeropuerto Horacio Guzmán hasta el propio límite con Chile; no vamos a perder de vista la necesidad clara de mejorar y mantener las rutas que vinculan al sistema vial primario (Rutas 9 y 40) y los caminos de herradura con participación de los municipios involucrados, construir y adecuar caminos mineros y diseñar nuevas trazas para emprendimientos turísticos.

Igualmente para el desarrollo vial en la provincia he instruido se explore la posibilidad de incentivar iniciativas privadas en sistema de prefinanciamiento y peajes.

Infraestructura energética

Jujuy tiene potencialidad energética que debe ser aprovechada y aumentada. En ese sentido es que durante el año 1999 se realizaron pruebas técnicas que permitieron dejar en condiciones operativas a la Central Hidroeléctrica Las Maderas. Actualmente, el Gobierno Provincial está gestionando su ingreso como Agente del Mercado Eléctrico Mayorista para proceder a concesionar la explotación y se ha decidido el llamado a licitación pública para la concesión de generación, transformación y comercialización de energía eléctrica de la Central Las Maderas. Estimo que en el curso de este año la Central estará en explotación. Hace poco tiempo, se ha iniciado la construcción de la línea de Alta Tensión de 132 Kw en su primera etapa Jujuy-Humahuaca, correspondiendo la segunda al tramo Humahuaca-La Quiaca, lo que permitirá interconectar el Sistema Puna con el resto de la Provincia y en consecuencia, la disponibilidad de volumen apuntado a los emprendimientos mineros. Como es de conocimiento de los señores diputados, la atención de toda la región se complementa con la posibilidad de llegar también a La Quiaca con gas natural a partir de la construcción del gasoducto Miraflores-La Quiaca previéndose, una vez conseguido el financiamiento, la construcción de una usina térmica.

En el sistema de distribución se realizan por parte de la empresa concesionaria, tareas de mantenimiento de las redes de media y baja tensión y se han hecho importantes ampliaciones en loteos nuevos en distintos lugares de la Provincia.

Trascendentes han sido durante el año pasado las soluciones dadas a zonas aisladas de la Provincia por medio del Sistema Disperso, habiéndose incorporado 550 nuevos usuarios y 43 establecimientos escolares de la zona norte mediante la instalación de sistemas con paneles solares. Las previsiones para este año son similares.

En cuanto al aprovechamiento de los gasoductos, informo a los señores diputados que en Humahuaca se ejecutaron ya las obras de la estación reguladora y la red troncal, estimándose una muy pronta iniciación de la red de distribución. En etapa de preadjudicación se encuentra la licitación de la ejecución de red troncal y estación reguladora para Lozano-Yala y Villa Jardín de Reyes. Por fin está previsto el llamado a licitación para el ramal Purmamarca-Tilcara.

Infraestructura de transporte.

Tema central en esta materia será en los próximos días, la definición de la transferencia para la concesión privada de nuestro Aeropuerto Dr. Horacio Guzmán. Durante el anterior año legislativo remití a este Poder un proyecto de ley para la ratificación del decreto de necesidad y urgencia sancionado durante la gestión Ferraro, por lo que se dispuso su inclusión en la licitación oportunamente convocada por el Gobierno Nacional. Dada la trascendencia del tema, y no habiendo intervenido previamente esta Legislatura, mi Gobierno se opuso a la entrega del aeropuerto al concesionario privado.

Hoy y de acuerdo con la información que contamos, el Gobierno Nacional estaría rediseñando su política respecto de las concesiones acordadas y fijando criterio en torno a los aeropuertos no transferidos. Por esta razón me permito solicitar a los señores diputados y en particular a los integrantes de la Comisión respectiva, un acompañamiento en las gestiones a realizar para definir, con la inmediatez que el tema requiere, lo más conveniente para nuestro aeropuerto y su explotación comercial.

Numerosas reuniones, gestiones y acuerdos con Gobernadores de la región, Legisladores y autoridades nacionales y operadores privados, han logrado la posibilidad de que Jujuy vuelva a tener su ferrocarril General Belgrano. Reitero que esto es una posibilidad y no una concreción, porque aún no se han determinado las prioridades con exactitud y continúan las tratativas e intentos por lograr el interés de los inversionistas por medio de una licitación en trámite, y la asignación de fondos del subsidio otorgado a la Unión Ferroviaria como primer concesionario.

Por último, quiero anunciar a los señores diputados que en la semana anterior he suscripto el decreto autorizando el llamado a licitación pública para la construcción de una nueva terminal de ómnibus en San Salvador de Jujuy, a partir de una iniciativa privada aprobada el año anterior. En la confección de los pliegos de la licitación participó el Consejo de Planeamiento y oportunamente se invitará a la mencionada entidad y en particular, a los Consejos de Ingenieros y Arquitectos de Jujuy. La ciudad podrá tener un mejoramiento en su ya complicado tránsito y la Provincia entera se beneficiará con una infraestructura mejorada en su aspecto, circulación, comodidades y mejores servicios.

POLITICA DE CULTURA

La globalización como una consecuencia inevitable del formidable avance tecnológico de los países desarrollados, posee respecto de los países periféricos un cúmulo de innumerables consecuencia. Entre ellas, una masificación casi imparable que todo lo homogeiniza con el riesgo cierto de llegar hasta el propio pensamiento. La identidad cultural de los pueblos está en peligro.

Si así lo concebimos y compartimos, la cultura no puede estar relegada a un plano secundario dentro de las políticas de gobierno. La preservación y el refuerzo de la identidad cultural va adquiriendo una nueva dimensión y algunos piensan que es la única posibilidad de resistencia a esa globalización del pensamiento.

Desde el Gobierno tenemos no solo la obligación de advertir esto, sino que además debemos tomar decisiones. En primer paso es lograr la concientización de los sectores dirigenciales sobre la existencia del problema y el segundo, seguramente, abrir el juego a la participación amplia, sobre todo de los sectores del interior de nuestra Provincia, donde vuelve a ser fundamental el rol que representen los Municipios.

Por medio de la Secretaría de Cultura precisaremos esas acciones y vamos a coordinar con la totalidad de los organismos oficiales municipales, provinciales y nacionales estrategias conjuntas. A los sectores privados no sólo les vamos a pedir su apoyo, sino que buscaremos la forma de integrarlos en la toma de decisiones para la preservación y refuerzo de nuestro patrimonio cultural.

Pero la cultura, nuestra fuerte identidad cultural, posee también elementos de importante atracción sobre hombres y mujeres de otras regiones del País y del mundo. Nuestra música, nuestra poesía, nuestros museos y sitios arqueológicos, nuestras artesanías, nuestras fiestas populares y religiosas pueden ser un medio de importantes movimientos turísticos en combinación con otras propuestas y como tales, generadores de la riqueza que necesitamos.

Surge así la necesidad de interrelacionar acciones entre Turismo y Cultura, buscando un campo más propicio para el desarrollo que, en combinación con los Municipios, se está explorando con técnicos capacitados y cuyos resultados esperamos con ansiedad. Sobre esos resultados tomaremos las decisiones que correspondan.

POLITICAS INSTITUCIONALES

1.- Relaciones con el Gobierno Nacional.

Cuando inicié este mensaje, puse de manifiesto que las pasadas elecciones dejaron plasmado un mapa político en la Nación y en la Provincia de características inéditas, por la coexistencia en los distintos ámbitos de gestión, de gobiernos de signos políticos diferentes.

Por cierto, esa situación exige más que nunca el esfuerzo del diálogo fecundo entre todas las administraciones gubernamentales, dejando de lado todo tipo de mezquindades e intereses sectarios, pues solo a partir de ese diálogo se podrá construir un ámbito propicio para el desarrollo de nuestra Provincia. Precisamente, desde la responsabilidad que significa gobernar, no sólo comprendí esta necesidad sino que además la asumí con plena convicción.

En ese sentido, creo necesario desarrollar una serie de acciones tendientes a obtener que el Gobierno Nacional reconozca la particular situación en la que se encuentra la Provincia de Jujuy y las desventajas comparativas con otras regiones del país, particularmente con respecto a las regiones centrales. Es indispensable conseguir que desde el Gobierno Nacional se implementen políticas diferenciales, con incentivos serios y racionales, que permitan un crecimiento más armónico de nuestro país. Esta es una realidad en la que todos debemos trabajar denodadamente y sin banderías de ninguna índole, pues en ello va el futuro de nuestra Provincia. El desafío no es precisamente menor y tenemos que asumirlo con plena responsabilidad.

También debe ser materia de negociación con el Gobierno de la Nación, la atención de aquellas cuestiones de índole netamente federal y que la Provincia asume como propias, por compromisos humanitarios, por observancia de lineamientos de política exterior o por otras razones que todos conocen y que no vale la pena enumerar. Me refiero concretamente a la atención integral que la Provincia hace de los extranjeros y que debe ser un correlato del Gobierno central, por todo el esfuerzo que ello le insume al Gobierno de la Provincia, en cuestiones de salud, seguridad, educación, viviendas, acceso a los servicios, entre otras. Como jujeños, compartimos la política de fronteras abiertas y de integración con los demás países de la región, pero no es posible que la mayor parte del esfuerzo para sostener esa política sea realizado por el Gobierno de la Provincia, sin ninguna responsabilidad de los Gobiernos Centrales.

2.- Relaciones con los demás Gobiernos Provinciales de la región.

Estoy convencido que es necesario fortalecer la unidad de las Provincias del Norte, con absoluta independencia del signo político de gobierno. La suma de problemas y posibilidades comunes exige esta unidad y debemos avanzar en la concreción de la región como una entidad real y pujante, con el reconocimiento que otorga la Constitución de la Nación, y no como una mera entelequia vacía de contenido.

En esa tónica impulsaré la institucionalización de un foro regional de discusión de políticas comunes, en lo que debe ser la continuidad de las acciones ya encaradas con esa finalidad, inclusive con la participación de miembros de esta Cámara. Resulta indispensable armonizar las estructuras de las diferentes Provincias que integran la región y aún, en la medida que resulte posible, es deseable también avanzar en la unificación de la normativa vigente en dichas Provincias, de manera tal de evitar la competencia estéril que se produce por la concesión de aparentes beneficios que, en la mayoría de los casos, son sólo ficticios. Por eso tenemos que profundizar las acciones que nos permitirán equilibrar la región, hacia adentro primero, y luego hacia el resto de la Nación.

Creo también que resulta trascendente tratar de avanzar en la conformación de estructuras institucionales regionales. Sé que no es precisamente fácil alcanzar un objetivo de esta naturaleza, máxime cuando se trata de someter ciertas potestades autónomas de las Provincias a esas estructuras, pero es posible. En ese sentido, por ejemplo, sería sumamente importante reflotar la conformación de un parlamento regional como ámbito de armonización de definiciones políticas trascendentes para la región. Si como legisladores comparten esta iniciativa estoy a disposición de ustedes para trabajar en todo lo que sea necesario para llevarla a feliz término.

3. Relaciones con los gobiernos municipales

Las últimas elecciones generales han dejado como secuela la coexistencia, cada vez más marcada, de gobiernos municipales de diferente signo político y esto obliga y compromete la realización de mayores esfuerzos para encontrar el equilibrio en las relaciones institucionales con el Gobierno de la Provincia.

Los Gobiernos Municipales han iniciado un proceso de reacomodamiento en sus respectivos ámbitos. Advierto que ese proceso aún no ha concluido, pero una vez superada esa situación, creo que vendrá la etapa del fortalecimiento de las relaciones con el Gobierno de la Provincia.

Es una de las aspiraciones de mi Gobierno el que logremos sancionar una ley de coparticipación municipal que refleje con justicia el equilibrio de las diferentes regiones de la Provincia y que, además, otorgue previsibilidad a las administraciones municipales. Esta, sin duda, será una tarea que requerirá de un importante trabajo, pues no es fácil armonizar los diferentes intereses en juego y menos cuando todos los argumentos que se esgrimen para fundar los parámetros de distribución tienen casi la misma importancia. Tengo sin embargo en claro que esa nueva ley de coparticipación no puede ser una imposición del Gobierno sino el fruto del debate y el consenso de todos.

Al margen de lo expresado, creo importante resaltar que en la órbita del Poder Ejecutivo hemos mantenido reuniones interministeriales con los distintos municipios, con el objeto de relevar demandas y tomar contacto directo con las necesidades vecinales. A partir de ellas se han tomado decisiones que requerían urgencia y se puede llevar adelante una planificación racional.

A los efectos de apoyar la implementación de políticas de descentralización municipal, se ha rediseñado la última etapa del PRODISM, con un proyecto de fortalecimiento institucional. Este programa se financia con un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y con aportes del Go bierno Nacional. El proyecto propuesto se encuentra en proceso de elevación a la Unidad Ejecutora Nacional del Programa. Además, a efectos de ofrecer mayores alternativas de fortalecimiento institucional, el Gobierno de la Provincia ejecutará y está ejecutando acciones de capacitación dirigida a autoridades municipales en las áreas de administración, contabilidad, gestión municipal y reforma del Estado.

En el mismo sentido, he instruido a la Secretaría del Interior para que acompañe a los municipios en su tránsito por la reforma del Estado y con esa finalidad, sus actividades se sustentarán en dos ejes:

• Coordinar las líneas de intervención y articulación que el Estado desarrolla con los Municipios.

• Facilitar el proceso de descentralización municipal, asesorando y evaluando la gestión municipal, que debe desarrollarse en el marco del equilibrio financiero que han encarado los gobiernos Provincial y Nacional.

El éxito o el fracaso de todas estas iniciativas dependerá fundamentalmente de la vocación que pongamos todos para superar nuestras diferencias.

Reforma de la Constitución

En los últimos días se ha avivado un debate respecto de la necesidad y conveniencia de reformar nuestra Constitución Provincial.

El Gobierno de la Provincia no es ajeno a ese debate e incluso, personalmente, he compartido la necesidad de revisar nuestra Carta Magna para armonizarla con la Constitución de la Nación reformada en el año 1994.

Sin embargo, creo que una tarea de esa envergadura no puede ser resuelta con ligereza sino que, por el contrario, debe ser el producto de un amplio consenso social. De otro modo la reforma quedará condenada al fracaso y no servirá para establecer las bases de la profunda transformación que requiere nuestra sociedad.

Por lo tanto, antes de avanzar en los aspectos formales para disponer la necesi - dad de la reforma del texto constitucional, me parece más atinado generar el ámbito del debate para otorgar participación a todos los estamentos de la sociedad que deben expresar su opinión sobre esta temática. En tal sentido, ya he instruido al Ministerio de Gobierno de la Provincia para que realice las primeras convocatorias tendientes a instalar la discusión con participación de todos los partidos políticos con actividad en la Provincia, de las entidades empresariales y gremiales, de los colegios profesionales, de la iglesia y de todas las demás organizaciones intermedias representativas de los distintos estamentos de la sociedad.

Creo que a partir de ese debate profundo habrán de surgir las pautas de la reforma constitucional y fundamentalmente, si la misma debe ser integral o no y cuál debe ser su contenido. Más aún, creo que en los aspectos centrales de la organización institucional de la Provincia no resulta conveniente apresurar los tiempos si antes no se alcanza un acuerdo sobre los mismos del tipo del núcleo de coincidencias básicas que se generó a partir del Pacto de Olivos y que permitió la reforma de la Constitución de la Nación. De ese modo, por un lado, habría cuestiones definidas y previsibles y, por el otro, quedarían otras abiertas al debate fecundo de la Convención Constituyente pero, con una metodología de esa naturaleza, nos estaríamos asegurando que la reforma tenga sustento en los más amplios sectores de la sociedad y, por ende, sea perdurable en el tiempo.

Régimen electoral

En los últimos días del año pasado esta Legislatura derogó el sistema de la Ley de Lemas estableciendo un plazo de 180 días para la sanción de un nuevo código electoral.

Sin las urgencias que se derivan de la proximidad de una elección, vendrá el tiempo propicio para debatir cual será la herramienta electoral que habrá de regir en nuestra Provincia. Desde el Poder Ejecutivo propondré un sistema electoral que ponga especial énfasis en la relación candidato-elector de manera de acercarlos lo más posible, a los efectos que el votante se sienta verdaderamente representado por quien resulte electo.

En esa tónica y buscando ese objetivo, parece sumamente interesante y digna de estudio la iniciativa propuesta en la ciudad de Buenos Aires, la que consiste en establecer un sistema mixto, donde una parte de los legisladores se eligen considerando a la Provincia como un distrito único, mientras que la otra se elige para representar a las diferentes regiones. De igual manera entiendo la conveniencia de buscar mecanismos para eliminar las listas sábanas.

El debate estará abierto y en definitiva serán ustedes señores diputados los que definirán el sistema electoral que logre concretar las expectativas del electorado y generar la confianza ciudadana por sus representantes fortaleciendo el sistema democrático.

Organismos de control

Soy un convencido que el control ayuda a gobernar. Para que así sea, ese control debe ser institucional, independiente, ágil y debe contemplar no sólo el cumplimiento de normas legales y contables sino la gestión.

En ese sentido, la necesidad de agiornamiento de las normas que rigen la funcionalidad del Tribunal de Cuentas tiene mayormente una relación directa con la reforma de nuestra Constitución; sin embargo, hay muchos aspectos que pueden ser tratados y modificados por la voluntad de esta Legislatura. Estoy dispuesto a que avancemos en ese rumbo.

No minimizo ni subestimo la importancia que tiene la creación de la institución de la Defensoría del Pueblo, lo que ha importado un concienzudo y responsable trabajo de los señores diputados. Su implementación efectiva está sujeta lamentablemente a las posibilidades presupuestarias. Me comprometo, sin embargo, a realizar las reestructuraciones de gastos que sean necesarios para su puesta en funcionamiento lo más pronto posible y solicitaré también el esfuerzo compartido de esta honorable Legislatura.

He esbozado ante ustedes señores diputados, lo que pretende ser al inicio de esta gestión, casi un Plan de Gobierno con políticas y acciones concretas frente a un diagnóstico de nuestra realidad. Sé que algo o mucho de lo dicho no será compartido, no importa, ese es el disenso sobre el que se construye la democracia y sobre el que corregiremos errores. Queda todo o casi todo por hacer y en gran parte la posibilidad de hacerlo depende de la comprensión y apoyo de ustedes. Todos queremos un Jujuy distinto y hacía allí vamos, que Dios nos ilumine para lograrlo. 

Muchas gracias.

EDUARDO FELLNER