abril 15, 2014

Mensaje del Gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2002)

MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
Eduardo Fellner 
EN LA APERTURA DEL 141° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 4° DE ABRIL DE 2002

Señores Legisladores, invitados especiales, Pueblo de Jujuy:
Una vez más vengo ante Uds. a cumplir con el mandato constitucional de brindar el mensaje que dejará inaugurado, en esta ocasión, el centésimo cuadragésimo primer período de sesiones ordinarias de esta Legislatura.
En mis mensajes anteriores y seguramente también en los de los demás Gobernadores de los últimos tiempos, se hizo siempre referencia a las difíciles situaciones por las que atravesó la Provincia. Hoy sin embargo siento y creo que ustedes compartirán, que doy este mensaje en el marco de la más profunda crisis social, económica y política desde la reinstauración de la democracia en 1983. Nadie, absolutamente nadie, ha podido quedar al margen de los acontecimientos que vienen sacudiendo a la Argentina en los últimos meses; es como si de golpe todo se hubiera derrumbado con inusitada rapidez.
La desazón y la desconfianza parecen ser en estos tiempos los sentimientos que dominan el corazón de los argentinos, avizorando muchos un futuro aún más difícil.
Hoy como ayer estamos en crisis. Pero hoy más que ayer debemos ser capaces de aprender de los tropiezos para no repetir la caída, de compartir lo que tenemos, de unir esfuerzos, y de creer que la crisis debe encerrar en su final la gran posibilidad de un cambio que nos permita ganar juntos la batalla contra la adversidad.
No es cuestión de creer que todo se ha hecho mal; hay cosas que hemos hecho bien. Imaginemos solamente lo que nos hubiera ocurrido como sociedad de tener que atravesar la tempestad política, económica y social del último año con los desencuentros e intolerancias de nuestro pasado cercano, con la falta de diálogo y enfrentamientos permanentes entre los Gobiernos de turno y la Legislatura de Jujuy, con el fanatismo ideológico y hasta partidario que convulsionó a nuestro pueblo en tantas oportunidades; con la beligerancia descabellada a la que en muchas oportunidades echamos manos para pretender justificar cualquier reclamo.
Gracias a Dios en nuestra Provincia hemos reencontrado el diálogo como herramienta fundamental de la convivencia, han aparecido mecanismos para la expresión de las ideas, en particular a partir de la gestión de la Iglesia desde el Pacto de la Bandera y, por un importante accionar de esta Legislatura, lo que agradezco profundamente, hemos demostrado que podemos sentarnos en la misma mesa aún con divergentes posturas. Es cierto que aún nos falta mucho para lograr las coincidencias que nos permitan encontrar una salida consensuada, solidaria y adecuada para generar el profundo cambio estructural que la historia actual nos exige, pero tengo por sobre todas las cosas la profunda convicción que lo vamos a lograr.
Es indudable que el “modelo” económico, político y social que rigió la vida de los argentinos en las últimas décadas ha hecho eclosión dejando como lamentable saldo una economía que no logra encontrar un nuevo rumbo, un sistema financiero desquiciado y errático, un aparato productivo casi paralizado, millones de desocupados y marginados y, lo que es más grave aún, la virtual desaparición de una estructura comunitaria basada en la equidad y en la solidaridad. El principio del “sálvese quien pueda” fue conformando, muchas veces inconscientemente, nuestra estructura de pensamiento, fue el eje de muchas decisiones avaladas por acción u omisión de la dirigencia.
Hoy sin duda, el imperativo es la reconstrucción a partir de un cambio. Un cambio profundo y sincero que no sólo se contemple en nuevas normas y reglas de juego de la sociedad, sino en la plena toma de conciencia de su necesidad por parte de todos los que tenemos la responsabilidad de generarlo.
Las dificultades de la economía estancada con crecimiento negativo que hoy se sienten fuertemente en la propia ciudad de Buenos Aires y en las grandes Provincias que podían hacer gala, hasta no hace mucho, de importantes aparatos productivos generadores de riqueza genuina, lógicamente impactaron antes en provincias chicas y alejadas como la nuestra. Vulneradas desde largo tiempo por las asimetrías existentes en el contexto nacional, por la desigualdad de oportunidades y también de ingresos, sin posibilidades de lograr inversiones que motorizaran el desarrollo productivo y sin grandes industrias generadoras de fuentes de trabajo, nos vimos afectados además por una reforma del Estado impuesta por el nivel central que reservó para el Tesoro Nacional una situación privilegiada, sufriendo los efectos no deseados de un proceso de descentralización: pauperización y descrédito de las administraciones provinciales.
A pesar de las restricciones que de este proceder se derivaron, debo informar que durante el año 2001 incrementamos la atención de los sectores más desprotegidos mediante programas de empleo transitorio y acciones alimentarias unificadas como el Plan Vida, asistiendo a 8.200 familias y a más de 22.000 niños a través de los subprogramas “Por un niño fuerte” y “Copa de leche”. Estas acciones, que originariamente iban a ser financiadas por el Estado Nacional de acuerdo a uno de los tantos Compromisos Federales suscriptos durante la gestión de De la Rúa, terminaron, como es sabido, siendo ejecutadas parcialmente y soportadas económicamente con mucho esfuerzo por la propia Provincia.
El esfuerzo sin embargo no bastó. El sistema económico imperante y los avatares que los argentinos debemos soportar desde los últimos meses del año anterior, han generado índices alarmantes de desocupación, pobreza y marginalidad que ponen en riesgo la subsistencia de la propia estructura social.
No es posible avanzar en ninguna reconstrucción si no se parte primero de aquellos que han sido más vulnerables a lo acontecido.
Existen hoy en Jujuy 65.000 familias críticas, lo que representa aproximadamente un 45% de nuestra población total.
Surge entonces y con toda claridad la obligación institucional de priorizar políticas de contención social, implementando en lo inmediato la atención de necesidades extremas de nuestra gente por medio de contundentes acciones asistenciales y de cobertura social.
En este sentido, y con la convicción que la problemática social nos incumbe a todos, es que he definido como de prioridad uno en las acciones a desarrollar por el Gobierno durante el corriente año, lo concerniente a programas alimentarios y de atención a desocupados y subocupados, en clara coincidencia con la preocupación permanente puesta de manifiesto por la Iglesia y por las entidades empresariales, asociaciones y colegios profesionales, gremios de trabajadores y fuerzas vivas de Jujuy, en un documento publicado muy recientemente.
Lógicamente que para ello esperamos contar con la ayuda del Gobierno Nacional dada la situación cada vez más difícil de financiamiento que afecta a las Provincias Argentinas.
En una de sus primeras decisiones, en enero de este año, el Gobierno del doctor Duhalde declaró la Emergencia Alimentaria en todo el territorio nacional creando un programa que asignó a Jujuy la suma de $ 9.558.278 a transferir en cuotas bimestrales, destinada a la compra de alimentos para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población con alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia.
Con el objetivo de poder cumplir con éste y otros programas sociales de la manera más transparente y participativa posible, desde fines del año anterior el Ministerio de Bienestar Social se encuentra abocado a la implementación de la Tarjeta Social Vivir que permitirá a las familias carenciadas e indigentes acceder a beneficios de acuerdo al grado de criticidad que presenten. Se está llevando a cabo la conformación de un Padrón Único de Beneficiarios, que es público, que se cruza con organismos nacionales, y en el que han intervenido técnicos del área social y agentes sanitarios de la red de Atención Primaria. Con la utilización de esta Tarjeta, que concentra en un solo ámbito la distribución de beneficios económicos, laborales, sanitarios, subsidios económicos y tarifarios, y cuya primera entrega se prevé en el transcurso de este mes, pretendemos generar una atención distinta a los necesitados, que sea mucho más digna y que erradique definitivamente cualquier posibilidad de clientelismo. De todas formas, el trabajo es grande y la responsabilidad mayor, por lo que solicito del apoyo de los señores diputados, de los Intendentes y Comisionados, de los Concejales y de la comunidad toda de Jujuy para llevar adelante este proyecto, para corregir sus deficiencias, para denunciar las anormalidades e ir reconstruyendo así un tejido social más equitativo y solidario.
Dentro del Programa de Emergencia Alimentaria se ha previsto para el corriente año la atención de más de 48.000 familias a través de la denominada Caja Esperanza, que consiste en la entrega de bolsones de mercaderías e incluye a los beneficiarios del ex Programa Unidos, Solidaridad y Plan Vida.
Igualmente pretendemos la asistencia de más de 8.000 madres solteras mediante la asignación de subsidios o bolsones especiales de alimentos.
Como experiencia muy reciente, se ha sustituido en algunas localidades el bolsón o caja de mercaderías por la entrega de vales alimentarios nominados por beneficiario. Con este mecanismo pretendemos se logre una mejor utilización de los productos que integran la ayuda alimentaria y se dinamice, a su vez, a los comercios locales que adhieren al sistema, garantizándoles además el pago de los productos retirados con el canje de los vales a través de los hospitales.
En materia alimentaria destaco también la decisión de continuar asistiendo los programas Copa de Leche, previsto para 20.000 beneficiarios menores, y el de merienda seca Por un Niño Fuerte que beneficiará este año a 10.000 escolares que asisten a establecimientos educativos ubicados en localidades o barrios con necesidades básicas insatisfechas.
Respecto de los comedores infantiles y escolares, que atienden a más de 50.000 niños en toda la Provincia, y en el marco de Emergencia Alimentaria, se ha dispuesto ampliar el cupo de beneficiarios de cada comedor infantil en un porcentaje del 10%, elevando en 2.000 el número de menores atendidos por éstos, y asignar a la Obra Claretiana para el Desarrollo 5.000 raciones más.
Los críticos índices de desocupación y subocupación crecientes en todo el País, llevaron también al nuevo Gobierno Nacional a intentar paliar los drásticos efectos de la falta de empleo mediante la implementación del denominado Programa Jefes de Hogar (Decreto Nacional Nº 165 del año 2.002), a través del cual se trata de subsidiar a jefas y jefes de hogar desempleados con una asignación mensual a cambio de la prestación de un servicio según proyectos. Luego de la firma de los respectivos convenios, Jujuy ha comenzado a implementar progresivamente a planes de empleo pretendiendo llegar a 20.000 puestos de trabajo transitorio durante este año.
Si bien en un primer momento, luego de caído en los últimos meses del año anterior todo el financiamiento nacional convenido en los Compromisos Federales y ante la finalización de los viejos programas trabajar, debimos implementar alternativas de coyuntura para solucionar conflictos; es mi intención y la de mi Gobierno pro-lijar en un todo la utilización de los planes de empleo mediante su asignación a quien realmente por reglamentación le corresponda y a cambio de una efectiva contraprestación en servicio o tarea productiva. El objetivo es también ayudar con los planes de empleo a la producción local, arrimándole mano de obra subsidiada en forma transitoria con la posibilidad de generar a posteriori un empleo genuino; en este sentido es altamente positiva la experiencia que se está realizando con pequeños productores tomateros en la zona del ramal y en emprendimientos mineros.
Es cierto que día a día se realizan desde el Gobierno Nacional anuncios vinculados a nuevos planes y programas de cobertura para desocupados; la semana anterior en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional se acordó la implementación de un “salario de inclusión social” a pedido de la representación de Cáritas y se sostiene que sería reglamentado a la brevedad por el Poder Ejecutivo Nacional. Ayer se ha concretado ese nuevo anuncio, pero siempre seguirá siendo posición de este Gobierno que cualquier tipo de subsidio o ayuda para quienes han perdido el empleo o no tienen trabajo será siempre a cambio de una contraprestación efectiva.
En este cuadro de situación considero fundamental la participación ciudadana a través de entidades intermedias -autoridades locales, Iglesia, empresariado, organismos sindicales, colegios profesionales, asociaciones de desocupados, centros vecinales, entre otros -, con el objeto de efectuar el control social en la asignación de los programas de empleo como así también en la asistencia alimentaria. La transparencia en la ejecución de las políticas sociales del Estado y la participación de la comunidad en el manejo de los programas de contención social, es no sólo una definición tomada por mi Gobierno sino una respuesta a un claro reclamo de la gente y con ese objetivo el Decreto Nº 4773 de este año prevé la forma de constitución y competencia del Consejo de Control Social Provincial y de los Consejos locales, a los que se incorporarán representantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia en función de un convenio recientemente firmado entre los organismos de control y autoridades nacionales.
La marginación social, el desempleo y lógicamente la pobreza traen como consecuencia la disminución de los niveles sanitarios de la población. Por ello, estas políticas de contención social necesariamente deben contemplar acciones destinadas a mejorar la atención primaria de la salud en función preventiva y a dotar al sistema hospitalario de los elementos necesarios para su cobertura.
Sabido es que el sistema de salud no ha podido escapar a la crisis que afecta a todas las actividades del País.
Al incremento de demanda en los hospitales públicos a partir de la situación de mayor vulnerabilidad de importantes franjas sociales, del casi imposible acceso directo a la medicina privada y al colapso de importantes obras sociales, entre ellas el PAMI, se ha sumado el desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales para salud, producto entre otras cosas de la devaluación y la inestabilidad de precios.
Ante la gravedad de las condiciones imperantes, el Gobierno Nacional declaró también hace unos pocos días la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional; implica, entre otras cosas, la provisión de insumos y medicamentos en centros de atención primaria, la prescripción de medicamentos genéricos, la implantación de precios de referencia y la posibilidad de importación directa. Se prevé también la cobertura de medicamentos gratuitos a los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, la asistencia a hospitales públicos del interior del país y la determinación de las prestaciones básicas, necesarias e imprescindibles para la preservación de la vida y la atención de las enfermedades, que deben garantizar las obras sociales y el PAMI mientras dure la emergencia.
En el mismo marco de emergencia y urgencia, la Provincia adhirió al Decreto Nacional N° 486 de este año, facultando al Ministerio de Bienestar Social a elaborar un plan de contingencias en todos los niveles prestacionales, tendiente a garantizar el suministro de medicamentos e insumos esenciales.
En su propio ámbito, el Instituto de Seguros de Jujuy ha reglamentado la Ley 4536 de medicamentos genéricos y someterá bajo su normativa las prescripciones ambulatorias y de internados. En esta estrategia, que contó con el apoyo invalorable de los prestadores farmacéuticos, se persigue fundamentalmente que todos los afiliados y no sólo aquellos de mayores posibilidades económicas, puedan tener acceso al medicamento, por caso más barato pero de las mismas calidades, asegurando su cobertura de atención y descongestionando también de esa forma los hospitales públicos.
En el convencimiento de que la participación activa y efectiva de los sectores en la gestión de los Hospitales constituye el sustrato fundamental y el reaseguro de su funcionamiento, a sugerencia de grupos directamente involucrados, por Decreto N° 4831 se dispuso la creación de los Consejos de Administración Hospitalaria, integrados por representantes propuestos por los Jefes de Servicio y Departamento de Enfermería del hospital respectivo, como organismos de participación, apoyo y asesoramiento de la gestión hospitalaria en todo lo concerniente a los servicios de salud prestados en los nosocomios, la detección e informe de deficiencias y/o problemas sanitarios, aportando alternativas para la solución y/o atenuación de los mismos y la elaboración de indicadores de salud que permitan un acabado conocimiento de las reales condiciones hospitalarias, respecto de los servicios asistenciales y sanitarios prestados.
La actual situación del Instituto de Seguros de Jujuy en el marco de la aguda crisis nacional y provincial, exigió el inmediato análisis que se está realizando y la revisión de los convenios vigentes, a los fines de la recomposición de sus deudas y del cumplimiento de las prestaciones a su cargo en función de sus verdaderos recursos. Todos los sectores involucrados deben compartir adecuada y equitativamente los sacrificios que imponen no sólo la emergencia sino también la redefinición de sus conceptos. El Instituto de Seguros de Jujuy además de cumplir su función con los recursos que dispone sin generar déficit, deberá comenzar a regirse con el concepto de que esas disponibilidades o esos fondos son para dar cobertura a los afiliados y no para financiar a los prestadores o a la capacidad instalada.
Paralelamente, la obra social provincial deberá implementar definitivamente los procedimientos de fortalecimiento institucional tendientes a lograr en el corto plazo una ajustada gestión del gasto, de la salud y de la enfermedad.
En este contexto de crisis, la Educación y las acciones desarrolladas en su ámbito adquieren también particular importancia. Conocedor del sacrificio de docentes que llevan adelante su vocación en zonas de nuestra Provincia donde el hambre y la necesidad no hacen distingos, realizaremos esfuerzos para mantener el pago de sueldos, las ayudas mediante becas, y la continuidad del servicio que brindan los comedores escolares y los programas de Copa de leche y merienda seca, según los cuales se asiste a más de 37.000 escolares.
Pero el pago a tiempo y el sostenimiento de los comedores y albergues no bastan. Para el logro de esos objetivos necesitamos de la colaboración y el compromiso de toda la comunidad educativa como instrumento de contención de nuestros niños, a los fines de evitar el abandono y la deserción escolar. Es en ese sentido que convoco a los educadores a redoblar esfuerzos en forma conjunta y coordinada, para que, entre todos, solidariamente, demos respuesta a las urgentes necesidades de nuestra gente.
A la necesidad de reconstrucción luego de lo acontecido en el país, no escapa la actividad privada de nuestra Provincia y en particular la producción local y regional.
El reinado de la actividad financiera con una preponderancia absolutamente especulativa en el marco de la paridad cambiara de los últimos años, no sólo hizo retroceder el desarrollo agroindustrial exportador del país y mantuvo en permanente zozobra a otros importantes sectores de la producción, sino que además permitió el ingreso indiscriminado de productos extranjeros generando la progresiva desaparición de la industria nacional y en definitiva la brutal recesión que hoy sufrimos.
Si bien debo reconocer que el nuevo Gobierno Nacional debe aún definir diversas reglas de juego en materia económica y son muchos los interesados que se debaten en presiones sectoriales, pareciera indudable que se instala definitivamente el pensamiento de una política de desarrollo nacional que priorice la producción primaria y las economías regionales buscando el valor agregado internamente y la reaparición de la industria nacional. En ese contexto deberá por supuesto, redefinirse el sistema financiero buscando su saneamiento y poniéndolo al servicio del crecimiento y no de la especulación.
En función de ello, y teniendo en cuenta las nuevas alternativas cambiarias con la decisión tomada del “dólar libre”, debemos rápidamente poner en condiciones nuestros sectores de la producción, particularmente las pequeñas y medianas empresas, tanto para el mercado nacional como internacional.
Para lograr ese “acondicionamiento” surgen como principales necesidades las de generar posibilidades de crédito con un correcto direccionamiento, buscar incentivos fiscales, optimizar la calidad con adecuada tecnología para tener competitividad y determinar con mayor precisión los mercados más convenientes.
En relación al crédito y en razón de las dificultades que enfrenta el sistema bancario, los Gobiernos de la Región hemos solicitado al Presidente de la Nación la implementación de líneas especiales de crédito para Pymes por parte del Banco de la Nación para ser destinadas a la formación de capital de trabajo y exportación. En los últimos días hemos tenido conocimiento de que efectivamente se estaría destinando un monto de algo más de $ 1.000 millones para esos créditos, asignando porcentajes según rubros de actividad; lo que hemos cuestionado. Entendemos, y en esto pedimos la colaboración de ustedes señores diputados y de los Legisladores Nacionales, para que la asignación se realice por regiones geográficas y no por actividad, de lo contrario ya sabemos como nos va a los del interior. Sin perjuicio de esa posibilidad, desde el Gobierno Provincial vamos a mantener el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Económico de la Provincia de Jujuy, como forma de seguir asistiendo a distintos sectores de la producción local.
Igualmente continuaremos gestionando las líneas de crédito habilitadas por el Consejo Federal de Inversiones en condiciones muy ventajosas y que ya han dado buenos rendimientos en muchos emprendimientos locales. Muy pronto volveremos a dotar de fondos al Consejo de la Microempresa a los fines de rehabilitar su capacidad prestable, para lo cual tenemos ya confirmado un financiamiento extraordinario con recursos nacionales, más específicamente con ATN.
Si bien el Instituto de la Calidad -con participación de los sectores públicos y privados- y la Agencia de Comercialización han quedado conformadas, debemos en esta instancia asumir el compromiso entre todos de impulsar fuertemente su funcionamiento porque con ellos podremos lograr la calidad necesaria para insertarnos, sin temor alguno, aún en los mercados más lejanos y menos explorados.
A estas consideraciones debemos agregar que, pese a todo lo sucedido en el País en los últimos años, Jujuy tuvo la posibilidad de ir desarrollando una infraestructura estratégica que nos puede dar una clara ventaja comparativa en la región a la que seguramente llegará la inversión que con ahínco todos buscamos. Me refiero en primer lugar al corredor Bioceánico por el Paso de Jama que pese a todo siguió avanzando hasta haberse ejecutado más de $ 50 millones, con un avance del 55,85% del total de la obra, y se va transformando de a poco en el proyecto regional, más amplio y abarcativo capaz de transformar en lo económico y lo productivo, en lo social y cultural, la vida de millones de argentinos de provincias hasta hoy discriminadas por las grandes decisiones nacionales. Sé que la paralización de la obra en los últimos meses ha generado incertidumbre y desasosiego. Tras muchas gestiones se logró hace poco que el Gobierno Nacional pague las certificaciones de la obra correspondientes a noviembre y diciembre del año pasado y ahora esperamos una decisión de Vialidad de la Nación que apruebe un acuerdo entre la Empresa y nuestra Vialidad a efectos de reiniciar inmediatamente los trabajos; en el tema he interesado al propio Presidente de la Nación y tengo cifradas esperanzas de tener una pronta y afirmativa respuesta.
Jujuy, a la par de esta trascendente vía de comunicación vial con derivaciones al norte y al ramal, posee también una gran potencialidad energética a partir de los Gasoductos Norandino y Atacama, potencialidad que estamos difundiendo en distintos ámbitos y que dan grandes posibilidades para la inversión industrial y minera. A ello debe agregarse el inicio de la obra de tendido de la línea de 33 kv. entre Abra Pampa y Susques y la puesta en marcha inminente de la central hidroeléctrica del Dique Las Maderas, cuya adjudicación provisoria realicé hace pocos días y que muy pronto comenzará a generar energía en la Provincia.
Hoy más que nunca, el turismo aparece para el NOA y para Jujuy como la actividad con mayor potencialidad y rapidez en la generación de recursos genuinos. Con la nueva realidad de la economía es claro que se incrementará el turismo interno de los argentinos, y el País entero será receptor de turismo externo; esto ya se advierte en forma contundente.
Las acciones de promoción, capacitación y concientización desarrolladas por la Secretaría de Turismo, los Municipios y el sector privado han dado sus resultados y se reflejan en índices de afluencia a la Provincia. Sin embargo, todas esas acciones deberán y serán incrementadas durante este año, mejorando día a día nuestra oferta de posibilidades y la nueva infraestructura disponible como los establecimientos privados de Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, y Termas de Reyes, y los de Capital y Yala actualmente en construcción.
Mención aparte merece, aún cuando el tema excede el marco estricto del turismo pues se trata también de la conservación y preservación de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra naturaleza, es la concreción del “Proyecto Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad”. Merced al esfuerzo compartido del Gobierno Provincial y de los Municipios con el Pueblo de Jujuy a través de sus distintas organizaciones intermedias, en un trabajo que no midió energías ni compromisos, la Provincia logró concluir este proyecto que fue el único avalado por la Nación Argenti - na en este año 2002 y presentarlo ante la sede de la UNESCO.
Si bien la decisión final de la UNESCO se conocerá recién en los primeros meses del año 2003, desde la presentación del Proyecto en el mes de febrero se produjeron ya dos hechos auspiciosos que generan grandes expectativas de que el resultado final de la evaluación sea positivo. En los primeros días de marzo, en un proceder que no es habitual, visitó la Quebrada de Humahuaca el Director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Arquitecto Francesco Bandarín, y se interiorizó en terreno de muchas de las argumentaciones de nuestra propuesta, llevándose la mejor de las imágenes gracias a la atención y explicaciones de Intendentes y Comisionados de la zona, técnicos que participaron en los estudios, artistas y distintas personalidades de nuestra comunidad.
En los últimos días de marzo y por invitación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaria de Cultura en representación de la Argentina expuso en Vancouver -Canadá- parte del Proyecto, en particular lo referente a la inserción de las comunidades aborígenes en el plan de gestión turística.
En los próximos meses el desafío consistirá en hacer conocer las características de nuestra propuesta a los integrantes del Comité Mundial de Patrimonios de la UNESCO, para lo que contamos con todo el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación y de la Cancillería Argentina; además de continuar concientizando y difundiendo la importancia del proyecto en toda nuestra comunidad y particularmente en el Norte, en razón de las visitas que permanentemente realizarán al sitio interesados y expertos.
Dejo a disposición de los señores diputados una copia íntegra del proyecto presentado, que consta de 14 tomos del relevamiento y el plan de gestión del bien.
Si como dije anteriormente, más de un 45% de nuestra población se encuentra en condiciones de precariedad social y requiere la ayuda o la asistencia del Estado, y la situación del sector productivo es por ahora, por lo menos, preocupante por su estancamiento; debemos reconocer, lamentablemente y sin ningún tipo de entusiasmo, que el sector público tiene hoy un rol preponderante en la movilización de la economía provincial. Consecuentemente y sin perjuicio de la documentación que queda a disposición y de la intervención que en muchas cuestiones ya tuvo esta Legislatura, corresponde por lo menos realizar un raconto de lo sucedido con la relación fiscal Nación – Provincias y analizar las perspectivas de futuro.
Desde la asunción del doctor de De la Rúa al Gobierno, Nación y Provincias firmamos dos Compromisos Federales transformados en leyes por el Congreso Nacional y por esta Legislatura. Cada uno de esos acuerdos, que básicamente establecieron una suma fija de coparticipación federal para distribuirse entre los distritos y previeron mecanismos tendientes a dar solución a los altos endeudamientos provinciales, siempre fueron impulsados por la Nación y respondieron a distintos planes económicos que ella intentó implementar.
A mediados del año 2001, con la economía estancada, con la caída de la recaudación, con el crédito externo e interno que comenzaba a negarse para el País y con Cavallo como Ministro de Economía, las Provincias fuimos nuevamente convocadas a un acuerdo, esta vez denominado Apoyo Institucional para la Gobernabilidad. Por el mismo, que según reza en su letra se realizaba para terminar con la “sangría de las altas tasas de interés”, si se adoptaba el principio del “déficit cero”, se comprometía el pago de lo adeudado a las Provincias en los Compromisos Federales y se otorgaba todo el apoyo nacional para la emisión de títulos o bonos de financiamiento para las Provincias (luego se determinaría que serían las LECOP). Particularmente, la Nación se comprometió en ese acuerdo a incorporar un financiamiento extraordinario en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial consistente en $ 1.000 millones a recaudar con el denominado “bono patriótico”.
Muy poco tiempo después y pese a las continuas campañas periodísticas tratando de desvirtuar la verdad, fue evidente el incumplimiento de la Nación. Las Provincias comenzamos a recibir diezmada nuestra coparticipación, no se cumplieron los desembolsos comprometidos por diferencias adeudadas y tampoco con los fondos correspondientes a planes sociales alimentarios y de empleo. Tal vez lo más grave fue que, pese ha haber recaudado el “bono patriótico”, el entonces Ministro de Economía decidió financiar al Tesoro Nacional y no al Fondo Fiduciario para las Provincias.
Con toda la previsibilidad financiera perdida, con graves problemas para afrontar obligaciones corrientes en materia salarial y proveedores y contratistas, agotadas todas las instancias conciliadoras; en el mes de setiembre Jujuy fue la primera Provincia que demandó al Estado Nacional con la pretensión de que la Corte Suprema de Justicia obligara a la Nación a cumplir con los acuerdos-leyes, remitiendo por lo menos los fondos necesarios para mantener en funcionamiento los servicios esenciales. Poco tiempo después la gran mayoría de las Provincias Argentinas siguieron el camino de la Justicia con igual objetivo.
Debió transcurrir todavía un tiempo más para que la Nación intentara un nuevo acuerdo con las Provincias en su traumática relación fiscal. Así, en el mes de noviembre de 2001, se suscribió la denominada Segunda Addenda al Compromiso Federal acordándose el pago de las diferencias a favor de las Provincias mediante Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) que habrán de ser en definitiva rescatadas a su vencimiento por el Estado Nacional. Ratifico esto en razón de algunas expresiones desacertadas que se han vertido en medios periodísticos; las LECOP son títulos emitidos por el Banco de la Nación Argentina y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que, de acuerdo a sucesivos pactos y compromisos, deben ser rescatados por el Estado Nacional; no son deudas de los Estados Provinciales.
También se incorporó a las Provincias en la “reprogramación” total de la deuda pública nacional que en ese tiempo se gestaba; seguramente Cavallo contaba entonces con la posibilidad de una nueva asistencia del Fondo Monetario Internacional.
La renuncia de De la Rúa en el mes de diciembre, previa instauración del “corralito” financiero, y la paralización total de la actividad económica en el País sumieron nuevamente a las Provincias en un estado de absoluta incertidumbre. Los hechos acontecidos en los días posteriores, entre ellos la declaración de la “cesación de pagos” o “default”, la salida del régimen de convertibilidad con la consiguiente devaluación, el agravamiento del cerrojo financiero, la caída de la recaudación impositiva y la creación de nuevos gravámenes e imposiciones; llevaron a la imprescindible necesidad de un nuevo acuerdo Nación y Provincias.
El mismo se concretó el 27 de febrero y, volviendo al régimen de la Ley Nº 23.548, deja sin efecto la suma fija de coparticipación para las Provincias, determinando que las mismas recibirán el porcentaje que según aquella ley le corresponde a cada una, incorporando también a la masa de recursos coparticipables un 30% de lo que la Nación recaude en concepto de impuesto a los créditos y débitos, conocido como impuesto al cheque. En otras palabras, Nación y Provincias dependemos ahora de la recaudación tributaria.
Se asume también, el compromiso recíproco de sancionar antes del 31 de diciembre de este año un régimen definitivo de coparticipación conforme lo establece el artículo 75º de la Constitución Nacional.
Como muchas veces lo he dicho, Jujuy, al igual que otras Provincias, tiene muy afectada o comprometida su coparticipación federal por la deuda que mantiene desde hace años con el sistema bancario y con organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID, BIRF, entre otros). Durante los años 2000, 2001 y lo que va de este 2002 el Estado Provincial, con el sacrificio y acompañamiento de casi todos los sectores sociales, ha realizado muchos esfuerzos por reducir gastos y erogaciones llegando en algunos casos a lo mínimo indispensable y hasta afectando servicios esenciales. Sin embargo, pese a la importante reducción de los que se denominan los “gastos operativos”, no ha ocurrido lo mismo con los servicios y la amortización de la deuda financiera.
Mientras por un lado se disminuyeron permanentemente los gastos de funcionamiento del Estado, por el otro, tasas de interés absolutamente irracionales y exorbitantes absorbieron nuestros recursos de coparticipación con un efecto devastador. Con carácter simplemente ejemplificativo, informo que durante el período Agosto-Noviembre del 2001 se llegaron a pagar tasas de interés por créditos bancarios de hasta un 45% nominal anual, lo que produjo un incremento del 55% en la partida presupuestaria prevista originariamente para el pago de intereses.
De allí, y teniendo en cuenta como dije que esta situación afecta a la casi totalidad de las Provincias, es que en el nuevo acuerdo se establece también una renegociación de las deudas provinciales. El nuevo esquema prevé que las deudas se convertirán en títulos nacionales en una relación de U$S 1 a $ 1,40, con aplicación del coeficiente de estabilización de referencia a partir de la pesificación, una tasa de interés fija del 4% anual y un plazo de 16 años con 3 de gracia para los vencimientos del capital.
De tal manera, al definirse esta reprogramación, se habrá cambiado el perfil de la deuda pública provincial mediante su reestructuración a más largo plazo y menor tasa de interés. Como reaseguro ante un eventual desproporcionado aumento del coeficiente de estabilización, se acuerda además que la Nación adoptará las acciones necesarias para que los servicios de la deuda pública reprogramada, incluyendo la deuda proveniente para préstamos para la privatización de bancos provinciales y municipales, no supere nunca el 15% de afectación de los recursos de coparticipación. Finalmente, también se establece que las deudas de las Provincias con organismos multilaterales de crédito tendrán igual tratamiento que el que obtenga la Nación para las suyas.
La inestabilidad actual, generada por los continuos cambios en las decisiones tomadas, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y la falta de definición de muchas de las reglas a las que debe ajustarse la economía nacional, pueden provocar algunas incertidumbres hacia adelante; sin embargo surgen de este último acuerdo Nación - Provincias algunas pautas que parecen ser definitivas: debe limitarse el gasto a lo que efectivamente se recaude, pues no existe por ahora ninguna posibilidad de financiamiento nacional o internacional para el sector público; debe eficientizarse ese gasto para lograr cumplir con las políticas prioritarias del Estado y debe también buscarse la forma de mejorar la recaudación impositiva local.
Tal como lo anticipé, siguiendo el criterio de austeridad y restricción del gasto público como principios rectores de una política de gobierno implementé desde el inicio de mi gestión, dispuse desde el año anterior una significativa reducción de la estructura política del Poder Ejecutivo concentrando funciones y competencias y exigiendo mayor esfuerzo y responsabilidad a los funcionarios. A la fusión de los Ministerios que en la práctica implicó la reducción de dos de ellos, se debe sumar también una disminución cercana al 30% de los cargos políticos en la estructura de la Administración, suprimiendo Secretarías de Estado, Direcciones y Subdirecciones.
Concordantemente con ello, en los primeros meses de este año dispuse una nueva reducción salarial en el Poder Ejecutivo, estableciendo el sueldo neto o de bolsillo del Gobernador en una suma única y total de $ 2.900. Ningún funcionario, por ningún concepto, podrá percibir una retribución mayor que la indicada, habiéndose fijado además una escala de disminución progresiva para todos los funcionarios políticos hasta el nivel de subdirector. Vale la pena recordar, como bien lo saben los señores Legisladores, que en Jujuy no existen desde hace muchos años los gastos reservados u otra compensación adicional que no sea el sueldo. Igualmente, a todos los funcionarios se les suprimió el sueldo anual complementario.
Paralelamente y en la misma búsqueda de generar niveles de ahorro en las erogaciones del Estado que permitan atender los servicios esenciales y fundamentalmente el cumplimiento de las obligaciones salariales, se ha dispuesto ya y se mantendrán durante todo este ejercicio, disminuciones en las partidas presupuestarias de bienes y servicios y de viáticos. La prohibición de adquirir bienes de capital, salvo en áreas esenciales como la salud, está en vigencia.
Se están realizando también renegociaciones en materia de locación de inmuebles y de servicios. Respecto de este último rubro y en lo relativo a un tema que ha sido de interés de esta Legislatura, relacionado al pago de servicios que presta el Banco Macro, en su carácter de agente financiero de la Provincia, informo que como consecuencia de la eliminación y reestructuración de cuentas se ha obtenido ya una significativa reducción de estos conceptos; detalles del mismo figuran también en el proyecto de presupuesto que hoy ha tenido entrada en esta Legislatura.
Sin embargo, el gasto en personal sigue representando más de un 70% de las erogaciones del Estado. En función de ello, y a pesar de las medidas adoptadas en la búsqueda del equilibrio presupuestario, tales como limitación de contratos y reemplazos, tengo la firme convicción de que sólo será posible a través de un sistema que asegure, austera y equitativamente, la proporcionalidad en las remuneraciones de los agentes públicos, mediante la progresiva eliminación de todo tipo de situaciones salariales diferenciales por regímenes especiales.
Algunos dirán ante las medidas que en este sentido hemos tomado y se seguirán implementando, que se pretende “nivelar para abajo”. Deberá tenerse en cuenta, sin embargo, que de una planta total de 26.500 agentes, sólo 1.500 gozan de mejores retribuciones por adicionales, premios o incentivos, siendo entonces los beneficiarios una excepción. Por regla general pretendo proteger a los que menos ganan.
No obstante, lo hasta acá dicho en materia de reducción del gasto representa de alguna manera siempre la misma fórmula y lleva incita la permanente limitante de su insuficiencia. A esta altura de los acontecimientos, sinceramente creo que a esa tradicional política del “ajuste” debe adicionársele la tantas veces proclamada y nunca realizada transformación estructural del Estado, aquello que sabemos es la demanda de la sociedad y que año tras año, mandato tras mandato, tratamos de eludir como si eternamente pudiéramos “esconder la basura debajo de la alfombra”. Sé perfectamente que el solo abordar el tema generará mucha inquietud, pero sé también que “dejarlo pasar” nuevamente significa tanto como hacer demasiado esfuerzo simplemente para nada.
El proceso de la verdadera transformación del Estado que conlleve la intención real de privilegiar el interés general o comunitario por sobre los intereses sectoriales o particulares, nos conduce por lo menos en esta instancia y en este año a iniciar ese camino.
En este sentido me permito proponer a los señores Diputados que iniciemos juntos ese camino, abordando en primer lugar la temática relativa a la política de viviendas, por tener la misma un alto y directo impacto social en la familia jujeña que requiere y necesita de la dignidad de un techo propio, por la incidencia de la misma en la ejecución de la obra pública en la Provincia y por ser la que mejores posibilidades tiene de generar en lo inmediato mano de obra en el sector de la construcción, dinamizando las alicaídas empresas locales.
Durante años hemos venido desarrollando una política de viviendas demasiado acotada a rígidos esquemas de una estructura cerrada como es la del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, de parámetros preconcebidos por la Ley FONAVI y por criterios que se apartan cada vez más de las reales necesidades y posibilidades de nuestra comunidad.
Así, por ejemplo, vale la pena resaltar que el costo actual de la mayoría de las viviendas construidas por el IVUJ, además de contener un alto componente burocrático, resulta inaccesible para una importantísima franja de trabajadores y empleados estatales que pretenden obtener su casa propia. A este solo ejemplo se pueden agregar, otros: la inequidad del sistema actual, la inadecuada distribución geográfica y la falta de soluciones habitacionales en atención a las necesidades de la población.
Todo ello impone el diseño no sólo de una nueva política de viviendas, sino además la reconversión del propio Instituto de Vivienda, que contemple estos aspectos.
Siguiendo en esta temática, próximamente se remitirán distintas propuestas vinculadas al Banco de Acción Social, Instituto de Seguros de Jujuy, respetando la comisión constituida por esta Legislatura, y de otros organismos del Estado.
Con las nuevas reglas de juego impuestas a partir de marzo en materia de coparticipación federal y con las limitantes que existen respecto de la restricción del gasto, la solvencia fiscal como antes dije, comienza a adquirir un nuevo y definitivo rol. El incremento urgente de recursos genuinos y el mejoramiento de los sistemas de recaudación ante la inminencia del traslado de la responsabilidad de la percepción de algunos impuestos nacionales, deben dejar de ser simplemente una meta para transformarse en una real concreción.
Bajo esta premisa hemos ya adoptado definiciones y medidas para mejorar la recaudación en función del incremento de la base de contribuyentes, la incorporación de la actividad y el comercio irregular a un sistema de mono tributo y el establecimiento de mecanismos permanentes de control de actividades e ingreso de productos.
Se ha dispuesto la prórroga del Régimen de Rehabilitación y Reordenamiento Tributario para la regularización y pago de obligaciones tributarias y no tributarias pactadas, omitidas e incumplidas, ampliando su ámbito a las obligaciones devengadas durante el año 2001.
Hemos implementado un régimen de incentivos fiscales para el impuesto inmobiliario que prevé reducciones por pago anticipado de hasta el 20% del total anual del impuesto, descuentos del 10% para el pago de los anticipos, cuotas o planes de financiación, que se efectúen mediante el sistema de débito automático y también la reducción del 10% anual a favor de los agentes del Estado que autoricen cesión de haberes, incluso del suplemento ticket canasta, para el pago de las cuotas. Todas estas medidas comenzarán a ser ampliamente difundidas en los próximos días.
Siguiendo con el Impuesto Inmobiliario, informo que en la actualidad se trabaja en la incorporación de 14.000 nuevos títulos de propiedad, derivados de las escrituras de compraventa con hipoteca correspondientes a inmuebles del Instituto de Viviendas y Urbanismo, celebradas en virtud del Convenio suscripto entre ese organismo y el Colegio de Escribanos de la Provincia.
También en la búsqueda de mejorar la recaudación y concluyendo los procedimientos iniciados durante el ejercicio anterior, cabe mencionar que ya se ha adjudicado la contratación de los servicios de consultoría para la determinación de valores unitarios básicos de la tierra libre de mejoras como así también de las propias mejoras que permitirá un serio revalúo. Con el mismo objetivo, en los próximos días se procederá a la adjudicación de la licitación convocada por la Dirección Provincial de Rentas para la fiscalización de los contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral.
Recientemente, hemos firmado con la provincia de Salta un convenio que nos permitirá realizar en forma conjunta y coordinada controles sobre el ingreso de mercaderías y la circulación en ambas provincias, extremando acciones que en tal sentido ya habíamos iniciado en la lucha contra la competencia desleal y la evasión.
En la convicción que las acciones contra la evasión, deben estar dirigidas hacia aquellos que, aún en condiciones de hacerlo, no abonan sus obligaciones tributarias y no tributarias en tiempo y forma, durante el ejercicio anterior se dispuso la creación de la Unidad de Gestión de Ejecución, dependiente de la Fiscalía de Estado. Esta área, a la fecha, trabajando coordinada y mancomunadamente con otros organismos dependientes del Estado provincial que registraban créditos susceptibles de recupero por diferentes conceptos, lleva a cabo acciones por cobro de cifras muy importantes.
En concordancia con el empadronamiento y reempadronamiento de proveedores y contratistas del Estado dispuesto el año pasado como requisito obligatorio para acceder al sistema de pago previsto y con el objeto de extremar los controles, se ha implementado un régimen de identificación y cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante el otorgamiento de una cédula de carácter obligatorio para todos los contribuyentes de impuestos provinciales, que deberá exhibirse en oportunidad de presentar ofertas, celebrar contratos o solicitar el pago de acreencias. Advirtiendo que numerosos acreedores del Estado, con órdenes de pago a su favor, registran deudas de carácter impositivo se ha complementado la cédula fiscal con la figura del “cheque imputado”, que permitirá cancelar los créditos reclamados mediante la imputación de dichos valores a los tributos adeudados.
Decía al comienzo de este mensaje que el imperativo de hoy es la reconstrucción a partir de un cambio; un cambio profundo y sincero que no solo contemple nuevas normas y reglas de juego en la sociedad, sino que parta además de la plena toma de conciencia de todos los que tenemos la responsabilidad de generarlo.
Hace pocos días la Comisión Permanente del Episcopado Argentino en un documento público sostuvo: “. Tenemos un País frenado por la falta de acuerdo y de grandeza de sus actores políticos, sociales y económicos, e incapaz de dar respuesta apropiada a la gravedad de esta crisis terminal. Los intereses sectoriales y corporativos siguen queriendo imponer su fuerza en desmedro del interés general”.
Pero pese a las mezquindades sobre las que alertan los Obispos, a mi entender el cambio en lo económico, en la reversión de la inequidad social y la reforma de lo político, han comenzado ya su irretornable camino, aunque muchos se opongan y otros se hagan los distraídos. Si pretendemos que las dolorosas situaciones actuales no se prolonguen en el tiempo, lo que debemos hacer es anticiparnos a dar o proponer las soluciones que mas se acerquen a nuestras posibilidades, sin esperar a ver qué es lo que da o propone el otro. Las decisiones deben tomarse con la mayor rapidez posible para avanzar en ese camino.
Por ello quiero referirme señores diputados en esta parte final de mi mensaje a la reforma política que debemos realizar aquí en Jujuy.
Hemos encarado ya tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo una reducción de gastos de funcionamiento en las áreas en que ha sido posible, se han efectuado disminuciones en las remuneraciones de funcionarios políticos y legisladores, se han puesto topes presupuestarios y se han ejecutado importantes recortes en las estructuras de funcionamiento. El Poder Judicial en un proceder que debo destacar, ha acompañado también esas medidas de recortes y austeridad.
Sin embargo, como ya lo sostuve en otras oportunidades la reforma de la política no puede pasar, ni por asomo, solo por una reducción de sueldos de gobernantes, legisladores o funcionarios. La cuestión de la reforma política es mucho más profunda y pasa entre otras cosas, por mejorar la representatividad, posibilitar la renovación, corregir el aislamiento, buscar mejores mecanismos de participación ciudadana, dotar de real eficiencia y transparencia el funcionamiento de las administraciones públicas y lograr mejores mecanismos de control.
A partir de hoy, al inaugurarse este nuevo período de sesiones ordinarias, comenzarán a tomar estado parlamentario diversos proyectos y propuestas tanto del Poder Ejecutivo como de las distintas bancadas de esta Legislatura vinculados por ejemplo a la ratificación del “Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino”, el nuevo Código Electoral, la Ley de Financiamiento para los Partidos Políticos, correcciones a la Ley Orgánica de los Municipios y la Ley de Coparticipación Municipal, y lógicamente, el proyecto de ley de Declaración de necesidad de reforma de la Constitución Provincial.
Sinceramente creo señores diputados que en manos de este Poder Legislativo, en la forma en que se encaren los debates, en la participación que se otorgue a los distintos sectores que constituyen nuestra sociedad, en las decisiones finales que se tomen y en los tiempos en que ello se haga, estará la suerte misma del sistema que hemos elegido para vivir y por el que todos hemos luchado durante mucho tiempo.
Sé que los jujeños de buena voluntad somos amplia mayoría, sé que todos queremos salir de la actual situación en paz, en equilibrio armónico, en crecimiento sostenido y sin exclusión social. No perdamos la esperanza, porque con ella se ve lo invisible, se siente lo intangible y se logra lo imposible.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
EDUARDO FELLNER

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