abril 15, 2014

Mensaje del Gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, en la apertura del período de sesiones ordinarias (2012)

MENSAJE
DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
Eduardo Fellner 
EN LA APERTURA DEL 151° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
EL 30° DE MARZO DE 2012

Señor vicegobernador de la Provincia, señores legisladores, un reconocimiento inicial y muy especial para el diputado Miguel Rioja que sentimos todos no nos pueda acompañar en estas circunstancias, mi deseo y sé que el de todos nosotros, de una pronta recuperación, que una vez más lo tengamos compartiendo esta Legislatura de Jujuy y mucha fuerza a su familia.
Conforme a la manda constitucional vengo hoy ante ustedes a brindar informe del Estado General de la Administración ante el inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias; esta vez el correspondiente al año 2.012.
Año y oportunidad que marcan la excepcional circunstancia de la conmemoración del Bicentenario de uno de los hechos más trascendentes en la historia de la vida institucional y política de nuestra Nación: me refiero al “El Éxodo Jujeño”, que constituyó un enorme acto de patriotismo y heroísmo colectivo, que permitió las posteriores derrotas de los ejércitos españoles en Tucumán y Salta y el camino definitivo hacia la independencia y soberanía nacional.
En aquel 1.812, dispuesta ya la retirada de las tropas patrias, el General Manuel Belgrano convocó a los ciudadanos de Jujuy, de 15 a 45 años a enrolarse en el ejército, manifestándoles que: “... cuando el interés exige las atenciones de la sociedad, deben callar los intereses particulares...”. Los jóvenes jujeños de entonces respondieron a ese llamado con entusiasmo y muchos de ellos se alistaron en una nueva unidad de caballería que se llamó “Los decididos”.
Luego, el General lanzó su proclama al pueblo: “Desde que puse el pié en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con la verdad.... Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres...”.
Sabemos todos cómo aquel pueblo de Jujuy respondió con el valor y heroísmo que Belgrano le requirió generando con su sacrificio una verdadera epopeya, aún hoy no reconocida en su verdadera dimensión histórica. Los jujeños lo sabemos, lo valoramos y lo reivindicamos; pero debemos valorar y reivindicar también el amor al terruño, la voluntad inquebrantable de un pueblo que volvió a su tierra y con dolor, pero con esperanza, reconstruyó sus poblados y ciudades creando el futuro para todos nosotros.
Seguimos siendo un pueblo heroico y valiente, seguimos siendo un pueblo de sacrificio; podemos y nos merecemos por aquella historia, por este presente y sobre todo por el futuro de nuestros hijos avanzar sobre el desafío de hacer más grande a Jujuy, de dar un salto cualitativo hacia el crecimiento y el desarrollo que permita mantener vivo el orgullo de ser jujeños.
No es nueva para mí la experiencia de la Gobernación; me tocaron tiempos, circunstancias y “desafíos” muy distintos en cada gestión. Casi siempre me sentí acompañado e incentivado por muchos, compañeros y opositores; también me sentí y fui criticado por otros, es lógico que así sea, son las reglas de la política y de la función pública.
Pero siento también que juntos hemos avanzado, con estabilidad institucional y social, con orden político y administrativo, con previsibilidad económica, para la construcción de canales de articulación y comunicación entre el sector público y el privado y con infraestructura y logística para un mejor desarrollo económico y humano.
Percibo que es el tiempo del progreso, de la fijación de las bases definitivas de una sociedad más inclusiva y justa, que permita un ascendente bienestar y calidad de vida que nos comprenda a todos.
Después de estas palabras liminares que enlazan los tres espacios temporales de mi gestión, cabe ahora referirme a cuestiones puntuales de la gestión, comenzando por la hacienda pública.- Si bien se trata de temas técnicos, son relevantes para comprender el rumbo hacia el cual se dirige nuestra economía, por lo que en esta oportunidad voy a hacerlo de la manera más clara y amena posible para que sea entendido por el común de la gente.
Con el antecedente de lo sucedido con los sistemas financieros del mundo en los años 2.008 y 2.009 nuestro País debe tener una mirada preventiva sobre la crisis que hoy azota a gran parte de Europa y que ha obligado a muchas de sus administraciones a llevar adelante políticas de sinceramiento, restricción de gastos e inversiones y ajustes que parecían ya desterradas en los “usos y costumbres” de los organismos internacionales. Sin pretender siquiera esbozar una análisis de estos procederes, sí debemos advertir que lo que está pasando debe por lo menos alertarnos para la toma de medidas correctivas y adecuadas a las circunstancias para poder mantener el desarrollo y nivel de actividad económica que la Argentina logró en los últimos años.
Argentina no es una isla en el mundo y Jujuy tampoco es una isla en la Argentina. Las crisis pueden ser oportunidades, pero también se pueden convertir en un mecanismo perverso de destrucción.
Siendo el Estado, en nuestra realidad actual, uno de los principales sostenes de la economía de Jujuy, el Gobierno ha impuesto que el accionar político y administrativo debe alinearse aplicando estrictos principios de racionalidad del gasto público, solidaridad en cuanto a las prioridades que se planteen y austeridad en todas las áreas. Los recursos disponibles deben ser sustentables en el tiempo y debemos obtener la máxima optimización en la aplicación de los mismos.
Emerge sin lugar a dudas como tema fundamental de orden institucional en materia económica, la realización de una adecuada programación financiera, con esfuerzos dirigidos al incremento de recursos propios y al mejoramiento del control de la ejecución del gasto y de su calidad. Debemos apuntar al fortalecimiento de las actividades operativas a fin de que las decisiones políticas que se adopten sean eficaces, lleguen en el momento oportuno y a quienes más lo necesitan.
Teniendo en cuenta tales conceptos, la gestión se ceñirá en un todo a las disposiciones de las leyes N° 4958 “De Administración Financiera y de los Órganos de Control del Estado” y N° 5692 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.012 sancionado por esta Legislatura. Igualmente durante el año, la actividad administrativa del Estado y sus estamentos se ajustará a la Ley N° 5.685 por la que se prorrogaron las Leyes de Emergencia Económica en la provincia.
Entendemos que de esta forma será posible mantener una Administración ordenada, y previsible. Una Administración sostenida y capaz de llevar adelante el desarrollo de programas y concreción de acciones. Desde el Gobierno haremos todos los esfuerzos para que así sea. Descontamos el acompañamiento no sólo de esta Legislatura, sino también de las asociaciones gremiales, agentes públicos y de la ciudadanía en general.
Como ustedes saben por disposición constitucional los recursos de la Provincia se integran fundamentalmente con los derechos y cánones sobre explotaciones mineras, petrolíferas y otras fuentes de energía; los tributos provinciales; la participación que le corresponde en los impuestos fijados por la Nación y los empréstitos y demás operaciones de crédito, para atender las necesidades de urgencia o emprender las obras de utilidad o beneficio común.
Siguiendo precisamente ese orden fijado por la Constitución Provincial me referiré a las acciones ya implementadas y las programadas para cada fuente de ingreso que tiene la provincia:
Los derechos de explotación de minerales o regalías mineras constituyen el recurso que mayor grado de desarrollo ha experimentado durante el ejercicio 2.011, creciendo en un 200% respecto del año anterior. Si bien su incidencia en los “ingresos” provinciales totales no es todavía relevante, tenemos ansiadas expectativas en su evolución positiva durante este año y particularmente hacia el futuro.
Sin dudas el incremento experimentado se encuentra directamente relacionado con la evolución de la actividad y por diversas medidas propiciadas por la gestión anterior entre las que se encuentran: a) Reglamentación del Código Fiscal Provincial en su parte pertinente, que establece la base para el cálculo de los derechos de explotación de minerales, determinando claramente lo que debe entenderse por valor “boca de mina”; b) reglamentación de los artículos 260 y 262 del mismo código, por los que se determina la forma, modo y condiciones en que se aceptarán las rebajas de los derechos de explotación y la reasignación por laboreos e incentivos; c) reglamentación de la Ley N° 5.653 estableciendo la distribución de regalías mineras entre los Municipios y Comisiones Municipales en cuya jurisdicción se encuentren situados los emprendimientos mineros. Esto último permitirá además la reinversión directa del producido de las mismas en cada comunidad.
Debo sin embargo aquí hacer una aclaración. Así como corresponde con nobleza reconocer el esfuerzo puesto de manifiesto y el resultado obtenido a partir de las decisiones políticas tomadas en la materia por la anterior gestión, cabe también señalar que debemos esforzarnos aún mucho más para lograr un control técnico estricto sobre los producidos de las explotaciones de los recursos mineros de propiedad de la Provincia.
Para ello es que se destinarán los recursos necesarios al órgano de control del Estado Provincial, a fin de optimizar la auditoría estatal en la determinación del cálculo y percepción de regalías. Vamos a poner en esta cuestión toda nuestra atención, toda nuestra rigidez y autoridad del Estado; se trata de recursos que nos pertenecen a todos los jujeños.
El incremento de la recaudación tributaria provincial debe dejar de ser una expresión de deseo invocada prácticamente en cada inicio de ejercicio fiscal para constituirse en una verdadera política de estado que nos permita revertir la escasa importancia en relación al total de recursos provinciales. Si bien en términos nominales esa masa de recursos se ha venido incrementando, lo cierto es que desde hace varios años su incidencia ante el total, sólo ha alcanzado el 13% y en ese porcentual se mantiene.
Tal objetivo sin embargo, no puede encararse de manera aislada o en franca oposición con otros objetivos de gobierno. En otras palabras, si bien resulta indispensable hacer crecer los recursos tributarios provinciales, la expansión no puede derivar en la pérdida de competitividad fiscal de la Provincia. La clave estará en buscar un adecuado equilibrio.
Propiciamos para ello, teniendo como eje del accionar administrativo-tributario sostenido sobre la base de la credibilidad, responsabilidad y la asistencia a los contribuyentes, desdeñando pretéritas prácticas administrativas teñidas de un dejo rigurosamente formalista, burocrático y represivo, la adopción de una serie de medidas complementarias tales como: el cambio de filosofía en las relaciones entre administración tributaria y los contribuyentes, cooperación para lograr una confianza mutua, políticas de transparencia, calidad y atención, adaptación al cambio tecnológico con simplificación de trámites.
Desde esa óptica, el aumento en el nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales estará dado en doble dirección: servicio y control.
Es de destacar que con estos objetivos se concretó la implementación de la Declaración Impositiva Unificada que permite la generación y presentación de declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos por Internet, habilitándose el pago en cada una de las entidades bancarias mediante una ventanilla electrónica para la cancelación de tributos. En igual sentido se sumó a las opciones para abonar impuestos la red “Pago mis Cuentas” que permite optimizar los tiempos de gestión con un servicio disponible las 24 hs. todos los días del año. Se instalaron también terminales de autogestión que posibilitan la concreción de trámites sin necesidad de realizar esperas, colas, sacar números o requerir la atención de agentes.
Se están encarando fuertemente acciones coordinadas con otras dependencias del Estado Nacional, Provincial, como así también con Municipios y organizaciones públicas como, Colegios y Consejos Profesionales, potenciando la presencia de la administración fiscal e incrementando los conductos de comunicación con los ciudadanos, en la búsqueda de finiquitar con cualquier tipo de “favoritismo o discriminación” que fractura las reglas de igualdad y equidad reconocidas a los contribuyentes.
Conjuntamente con la readecuación técnica y edilicia de la Dirección Provincial de Rentas que hemos iniciado, vamos a mejorar el equipamiento de los puestos de control de ruta incorporando medios tecnológicos idóneos para optimizar las verificaciones correspondientes posibilitando una mejor gestión de control, como la aplicación de las figuras del decomiso y el pago en ruta.
En la labor del combate a la informalidad, debo manifestar que se inició el relevamiento de los distintos enclaves y composición de los denominados “centros comerciales no convencionales” y se está proyectando una normativa que permitirá al organismo fiscal contar con información relevante para diseñar acciones de prevención y desmantelamiento de las actividades informales. En este aspecto no sólo requeriremos el acompañamiento y apoyo de organismos fiscales y de seguridad nacionales, sino que buscaremos la forma de incentivar a las autoridades municipales para un trabajo conjunto y complementario. Debemos entre todos buscar con sinceridad y fortaleza la forma de disponer de los medios conducentes para que aquellos que deseen incorporarse a una actividad comercial en forma lícita y regular lo puedan hacer sin restricciones.
Esta Administración va a trabajar en la revalorización del comercio formal, porque es la única forma en que se genere un circuito virtuoso, que se distribuya riqueza y que se genere inclusión. La informalidad, lejos de resultar una solución para las familias que no tienen otros ingresos o actividades, termina siendo otra forma de marginación ya que las ubica en posiciones desfavorables, presas de sórdidos intereses y carentes de todo tipo de cobertura social.
En los últimos años la Provincia avanzó en la percepción y cobro justo del “Impuesto Inmobiliario”, pero hay que actualizar criterios de valuación de planta urbana y rural generando mayor equidad y también, porque no decirlo, mayores recursos. Estamos implementando un sistema de detección de construcciones no declaradas a fin de su incorporación al catastro valuatorio que devendrá en un aumento de la base imponible.
Quiero informar que durante el año legislativo vamos a enviar a consideración de los señores diputados proyectos de adecuación de la normativa fiscal vigente, que ya posee una antigüedad de más de 30 años, para adaptarla a las actuales tendencias tributarias. Entre otras cosas resulta necesario debatir las figuras del decomiso y la clausura, y dotar a la administración tributaria de procedimientos de ejecución de deudas más simples y eficaces.
Siendo los recursos de coparticipación, de coparticipación federal me refiero, la principal fuente de ingresos de la Provincia y consecuentemente dependiendo de los mismos la sustentabilidad financiera y económica del Estado, las proyecciones nacionales sobre la recaudación de impuestos coparticipables y otras variables económicas son hoy objeto de un constante seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda habida cuenta del contexto financiero actual al que me referí al inicio. De estas proyecciones surge claro que en este ejercicio el incremento de ingresos de coparticipación nacional respecto de lo presupuestado experimentará una merma referente a idéntica relación verificada en el año 2011. Los parámetros se estiman en un 5,8% para el año 2012, en tanto que durante el año 2011 se verificó un 11,7%.
En el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal se reprogramaron en diciembre del 2.011 los servicios de la deuda para los ejercicios 2012 y 2013, mediante la firma del “Convenio de Desendeudamiento” y del “Convenio de Asistencia Financiera”.
Aún así, en los últimos días del mes de diciembre del año anterior como consecuencia de la decisión política adoptada por la señora Presidenta de la Nación, permitió que varias Provincias, entre ellas Jujuy, suscribiéramos “Convenios de Financiamiento con el Estado Nacional” para atender desequilibrios fiscales y/o atrasos de tesorería y servicios de la deuda del ejercicio 2011 por la suma de $ 513 millones a 8 años de plazo y a una tasa de interés del 6% nominal anual. A partir de enero del 2012 como fruto de estos acuerdos, el endeudamiento con la Nación se redujo en $ 414 millones que representan una importante disminución sobre los montos desembolsados durante ese año en la Provincia. Los acuerdos fueron ya remitidos a conocimiento de esta Legislatura.
Sabido es también por todos, que en la conformación del gasto público provincial los salarios y remuneraciones representan prácticamente un 60% por lo que, más allá de mantener como principio una “política salarial dinámica” a favor de los agentes públicos, la misma siempre estará sujeta a circunstancias financieras imperantes en el marco de la política fiscal y macroeconómica para asegurar la posibilidad de su sostenimiento.
El Poder Ejecutivo ha retomado las acciones y ha actuado y actuará de manera sistematizada entre todas las áreas involucradas en temas salariales, contando por lo demás con el aporte de la dirigencia gremial que mas allá de sus reivindicaciones, vale reconocerlo, ha demostrado altura y mucha madurez en sus negociaciones a lo largo de estos días.
Como lo vengo diciendo, los tiempos actuales requieren de prudencia; hemos administrado superando situaciones críticas gracias a gestiones austeras y apegadas a la previsibilidad que hoy se ha transformado en un sano hábito. Vamos a continuar por esa senda y el Poder Ejecutivo será el primero en dar muestra de ello; los Ministerios deberán extremar su capacidad, creatividad y compromiso para implementar las medidas que fueren necesarias para continuar en crecimiento, sin abandonar el camino marcado.
En relación a los Municipios, la Provincia continuará asegurando la provisión oportuna y suficiente de los fondos necesarios para el adecuado funcionamiento de las administraciones comunales en el marco del Régimen de Coparticipación vigente, procurando establecer una mecánica de trabajo que posibilite profundizar los vínculos entre los dos niveles de administración, que redunde en beneficio de cada ciudad, pueblo o comunidad.
El denominado “Acuerdo Relación Fiscal Provincia- Municipios” aprobado por Ley N° 5.329 ha regido la forma de distribución de recursos a los Municipios desde Agosto del 2.002 hasta la fecha. Han pasado ya 10 años y la Provincia ha respetado siempre los términos de ese acuerdo, pero entendemos que ha llegado el momento de dar un paso superador que transparente aún más las cuentas públicas provinciales y municipales y a partir del cual se actualicen los criterios de distribución de la nueva realidad que vivimos.
Sabemos que esas instancias de trabajo no son sencillas ya que es imprescindible un entendimiento amplio de todos los Municipios y Comisiones Municipales. Además debemos aprovechar la valiosa experiencia de estos años para que se definan reglas claras, con delimitación y respeto de competencias y el cumplimiento de objetivos que permitan que todos asumamos las responsabilidades que nos competen para garantizar una situación fiscal sostenible. Es necesario un fuerte compromiso para incrementar recursos, prestar más y mejores servicios a la comunidad y evitar el reincidente argumento al que han acudido algunas gestiones para ampliar la planta de personal municipal sin importar las gravosas consecuencias que ello pueda aparejar.
Es necesario sentar las bases adecuadas para la discusión de un nuevo régimen de coparticipación municipal de aplicación progresiva y solidaria, basado en indicadores homogéneos que permitan la mayor equidad en la distribución de los recursos; sistema éste sustentado sobre una plataforma de variables como el peso demográfico, necesidades básicas insatisfechas, superficie, cantidad y calidad de servicios, y otras que surgirán del intercambio de propuestas y no solamente aquellas basadas en el crecimiento de la nómina salarial. Vale decir un mecanismo que premie la eficiencia en la administración de los fondos y en la consecuencia del objetivo amplio de todo gobierno, que es el de mejorar la calidad de vida de sus administrados.
El debate comenzará en los próximos días y quedan todos invitados al mismo. (Aplausos en las bancas y en la barra).
Muchas veces dije, y sigo sosteniendo, en aquello de buscar un mayor desarrollo, crecimiento y en definitiva el progreso de Jujuy, el Estado es sólo una parte. Es la iniciativa privada, es la inventiva, es el desafío, el esfuerzo colectivo de los sectores económicos y sociales el que debe encontrar su propio horizonte.
Comenzar a transitar por la vía del desarrollo demanda el diseño y el consenso público-privado de una estrategia que se plasme en un conjunto de lineamientos de mediano y largo plazo y que vaya consolidándose como una política de Estado. Así también, amerita remover una serie de obstáculos internos que desalientan el avance, e impulsar la acción pública como promotor estratégico en la generación de bienes públicos, el desarrollo de las condiciones generales de desarrollo y el redirecciona miento de algunos instrumentos políticos.
No podemos desconocer que, entre nuestras tradicionales actividades, la “azucarera” sigue ejerciendo un rol fundamental, que mantiene y ha mejorado sus perspectivas productivas en materia de azúcares, papel, alcoholes y otros derivados como el bioetanol, que ha tenido una fuerte expansión y un promisorio horizonte gracias a una legislación nacional impulsada por Néstor Kirchner primero y luego consolidada por la gestión actual, manteniendo y ratificando reglas de juego establecidas para la actividad. El aumento de la producción, acompañado por una mayor inversión de los productores cañeros y de la industria permite avizorar una consolidación mayor de la actividad con una potencialidad que merece la continuidad de políticas de acompañamiento y apoyo que desde hace tiempo se vienen implementado desde el Estado Provincial. Sin perjuicio de ello, vamos a redoblar esfuerzos desde el Gobierno para que la evolución que marcamos vaya también acompañada por la posibilidad de fomentar el crecimiento de sectores que puedan brindar bienes y servicios que hoy se buscan en otras Provincias o en países vecinos. Utilizaremos para ello las herramientas económicas y fiscales que sean adecuadas.
Similar consideración corresponde hacer respecto del Ingenio La Esperanza, una cuestión que preocupó y aún preocupa no sólo al Gobierno actual sino a su antecesor, a esta Cámara de Diputados, a la dirigencia y a gran parte de la ciudadanía de Jujuy y en particular de la zona de nuestro ramal. Y es que la recuperación de este Ingenio, señero en la producción azucarera de la región, tiene una trascendental importancia desde el punto de vista económico, laboral y social. Hemos seguido atentamente y hemos acompañado con racionalidad y prudencia el proceso iniciado desde hace algunos por el grupo Benito Roggio y tenemos cifradas esperanzas en una resolución definitiva de la cuestión concursal que permita iniciar una nueva etapa de mayor y más firme crecimiento; necesitamos para ello del apoyo de todos.
Es de mencionar también que algunas empresas de la actividad se han beneficiado en los últimos meses del año anterior, con el otorgamiento de créditos de tasa baja y largo repago gestionados ante la Corporación Andina de Fomento, para el desarrollo de sistema de riego destinados a mejorar el rendimiento de cañaverales. El Estado Nacional a su vez estimuló la concreción de un “Fondo de Mejora de la Competitividad de Ingenios del NOA” de aproximadamente 100.000.000 de dólares.
A ello hay que agregar que se encuentran en curso de ejecución la obra denominada “Canal Intervalles”, cuyo financiamiento por parte del mismo BID logramos luego de ingentes gestiones hace ya algunos años, y que está adjudicada y con contrato firmado. Esta obra permitirá transportar el agua en forma mucho más eficiente desde los ríos Perico y Grande hacia la zona de producción cañera tornando viable incorporar nuevas tierras a la producción.
Hablando de obras vinculadas al mejor aprovechamiento del agua, destaco también que en el curso de la semana pasada, hemos suscripto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del PROSAP, los convenios de un préstamo subsidiario por un importante monto para el “Mejoramiento del Área Productiva de San José del Bordo” en la zona sur del departamento San Pedro y también obras de las mismas características para el departamento Santa Clara.
La producción tabacalera por su lado, atraviesa por momentos difíciles que necesitan de solidaridad y esfuerzo de todos. Salvo alguna excepción que -a mi entender- no merece ni siquiera mención, todos los que tenemos o hemos tenido responsabilidades públicas o políticas, hemos puesto vocación y trabajo junto a la dirigencia del sector ante cada coyuntura que se ha presentado, sea con respecto a la comercialización, propuestas legislativas restrictivas a la actividad, Fondo Especial del Tabaco, formulación de programas operativos anuales y tantas otras cuestiones.
Sin embargo, el exceso de producción mundial, las vicisitudes climáticas y políticas, sumadas a la fuerte lucha para la restricción del consumo hacen necesario un trabajo en conjunto a mediano plazo en la búsqueda de nuevos sistemas de producción que sean capaces de abaratar costos y sumar calidad para poder seguir siendo competitivos. A la vez deberemos superar temores y prejuicios y encarar con toda seriedad y responsabilidad, en forma consensuada, la búsqueda de una diversificación productiva que sea rentable, que absorba gran cantidad de mano de obra y que dé contenido social, tal como hoy lo hace en la actualidad esta actividad.
Muchas veces no se valora correctamente la importancia que tiene en nuestra economía la agricultura familiar y los pequeños productores, que representan cerca del 80 % de las unidades productivas e involucran según datos de nuestro Ministerio de Producción, a más de 12.000 familias campesinas. Es el interés de esta gestión, aportar mejoras en la calidad de vida de sus habitantes y disminuir la brecha de desigualdades económicas existentes entre los distintos sectores de nuestra Provincia, potenciando la capacidad productiva de la tierra y su diversidad, mediante la incorporación de tecnología, capacitación y financiamiento.
Así, en la presente gestión vamos a poner en marcha programas que aportarán fondos, en forma de subsidios o préstamos, para financiar proyectos agrícolas, forestales, ganaderos, agroindustriales y forestoindustriales familiares o encarados por pequeñas cooperativas enfocando el desarrollo de cadenas de valor. Mas allá del flujo inicial importante que estos programas tendrán, vamos a instaurar un Fondo Rotativo para su desenvolvimiento sucesivo. Estos programas tendrán operatividad a partir del próximo mes de Abril y tendrán el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Agricultura de la Nación.
La ganadería de camélidos y ovinos es la ganadería más relevante en Jujuy, componiéndose de un rodeo que supera las 500.000 cabezas de las cuales algo más del 60 % son ovinos y el resto camélidos e involucra a cerca de 7.000 productores de nuestra Puna. Por esa realidad es que se continuará con la tarea mancomunada con el INTI, INTA, UNJU, universidades y organizaciones comunitarias de productores de la zona, dirigidas a mejorar el manejo ganadero, aumentar la disponibilidad del agua y forrajes, añadir valor agregado a fibras, carne y cueros y fundamentalmente a mejorar su comercialización. Vale decir que en los últimos años la actividad ha venido desarrollándose con bastante importancia. (Aplausos).
Con el convencimiento que mediante la diversificación de la matriz productiva agrícola, podremos ampliar y fortalecer nuestra economía y lo que eso trae aparejado, vamos a reforzar políticas y acciones en pequeños sectores como el sector frutillero, floricultor, hortícola y también en la actividad forestal.
La actividad minera, que constituye una de las fuerzas productivas más dinámicas de la economía y su potencial se encuentra en gran parte del territorio de las Provincias Argentinas que se recuestan sobre el eje cordillerano, se termina transformando, muchas veces, en la única alternativa posible de aprovechamiento económico y desarrollo.
No es posible soslayar los embates que, por parte de ambientalistas, ideólogos, sectores políticos y gente desinformada, sufre hoy la actividad minera; sin embargo creo absolutamente injusto e inexacto que la confrontación pueda o deba plantearse en términos absolutos de “minería o antiminería” o de “minería si o minería no”. Hay formas, métodos, procedimientos, técnicas y conceptos que pueden plenamente justificar o no la viabilidad de un proyecto de exploración o explotación minera en un tiempo y lugar determinado y serán los especialistas y expertos quienes asesorando a las comunidades y a las autoridades de aplicación que los determinen, con los procedimientos legales establecidos, su conveniencia o no de la radicación de una exploración o una explotación.
Podrá gustarnos o no la actividad minera que histórica y hasta ancestralmente se ha desarrollado en nuestra Provincia y particularmente en nuestra Puna, en torno a la plata, el plomo, zinc, estaño, oro, boratos, hierro en su tiempo, piedras de aplicación y calizas; podrá sostenerse y con razón, que se cometieron muchos errores, que hubo inexperiencia de unos y abusos de otros y también consecuencias que hoy todavía tratamos de remediar. Pero también es cierto que mucha de nuestra gente tuvo y tiene trabajo, sustento económico, salud, educación y progreso gracias a esta actividad y sus emprendimientos, realizada a veces en forma unipersonal o familiar, agrupados en cooperativas o por empresas.
Como Gobierno queremos y debemos definir una posición a favor de una minería racional, generadora de riqueza genuina, con cuidado y control del medio ambiente, con respeto a las comunidades originarias y sus derechos, y que sea una herramienta de promoción económica, laboral y social. (Aplausos).
En suma y sin temor a sobreabundar, quiero reiterar que impulsaremos la actividad en la búsqueda de un desarrollo sustentable satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
En el mes de febrero de este año, los Gobernadores de las 10 provincias mineras metalíferas de la Argentina, en una reunión y acto que se realizó en la Casa de Jujuy de la ciudad de Buenos Aires, acordamos y suscribimos un acta de constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (O.F.E.M.I.).
En el curso de esta semana en otra reunión realizada en la ciudad de Buenos Aires, también en la Casa de Jujuy, dimos por aprobados los “estatutos” de esa nueva organización y se procedió a la firma del “Acuerdo Federal para el Desarrollo Minero”.
El acuerdo parte de una reivindicación clara del dominio, imprescriptible e inalienable de las Provincias sobre los recursos minerales que existan en sus territorios y la consecuente competencia para la administración de los mismos. A partir de ese concepto las Provincias se comprometen a instrumentar una política nacional minera consensuada, reconociendo a la OFEMI, es decir la Organización Federal de Estados Mineros, su carácter de órgano asesor en la formulación e implementación de la política nacional.
Asimismo se establece el compromiso de generar mecanismos de interacción entre las autoridades provinciales en materia minero ambiental y autoridades nacionales, coordinando acciones con distintas organizaciones tendientes a preservar exhaustivamente el cuidado del hábitat conforme al cumplimiento de la normativa vigente. Articular acciones entre el sector productivo y las comunidades aledañas a los proyectos a efectos de integrar la actividad económica a la cultura de los pueblos estableciendo parámetros de contralor que permitan alcanzar un desarrollo armónico para maximizar los recursos de las rentas de las operaciones productivas en la búsqueda de la sostenibilidad social y sustentabilidad ambiental. Para ello se prevé dotar a las Provincias de matrices productivas respetando sus autonomías, en un marco de complementación con otros sectores económicos, productivos y de servicios. La idea es interactuar entre las distintas jurisdicciones para lograr generar valor agregado a los minerales en los lugares de su explotación, generación de mano de obra local y capacitación de recursos humanos actuando en forma complementaria y estratégica para lograr el mayor beneficio económico sustituyendo importación de bienes y servicios y buscar en definitiva y en forma solidaria entre las Provincias el mayor beneficio económico y social.
En el instrumento, los Gobernadores acuerdan también propender a la participación de las Provincias en la renta minera reconociendo la facultad de participar en la actividad minera, a través de entidades estatales o mediante sociedades del Estado, sociedades mixtas o de cualquier otro tipo de asociación autorizada por ley, reconociéndose el derecho de adquirir y ser titular de derechos mineros. Igualmente se determinó la voluntad de constituir un fondo para el desarrollo de infraestructura a fin de lograr condiciones simétricas y de mutuo beneficio entre los actores del sector, con visión productiva y compromiso social; para ello se promoverá la generación y captación de fondos provenientes de la actividad minera destinados a obras de infraestructura de desarrollo social. Queda también el compromiso de impulsar la creación de agencias de desarrollo como una forma de proyectar y ejecutar sobre el futuro de las comunidades involucradas.
Se destaca también el desarrollo de estrategias para la construcción del diálogo social con la participación de organizaciones civiles, las comunidades, los actores del sector, los trabajadores, universidades, colegios profesionales, expertos y todos aquellos que puedan aportar a la construcción de una política nacional sólida en materia minera, racional y económicamente rentable, que respete el medio ambiente, las comunidades y sus derechos.
Nuestro Gobierno coincide plenamente con los objetivos mencionados y ellos serán ejes de la acción, agregará fuertes acciones en materia de promoción y también en el control de la gestión ambiental, social y económica de las empresas y particularmente en el control de determinación, cálculo y percepción de regalías y otros tributos provinciales.
Corresponde en todo caso hacer aquí algunas consideraciones en torno a la cuestión medio ambiental, como dije, tan en boga hoy. Particularmente a partir de la sanción de la Ley N° 5.063 “General de Medio Ambiente”, y la profusa normativa complementaria y reglamentaria dictada con posterioridad. Creo no equivocarme si sostengo que Jujuy tiene una legislación de avanzada para garantizar la protección, preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y para promover políticas de desarrollo sustentable que hagan plausible una más que razonable calidad de vida para todos.
Toda esa base normativa que si bien apuntala en forma directa a la proyección y acción de la Secretaria de Gestión Ambiental, atraviesa transversalmente a gran cantidad de organismos públicos provinciales y municipales e involucra también a organismos del Estado Nacional, actores de la sociedad civil y particulares que ha servido hasta aquí para regular acciones, proyectos y actividades que nos han permitido crecer, progresar, producir y conservar todo accionar dentro del marco de un equilibrio sustentable.
Quiero decir que no se trata ya de seguir normatizando, salvo justificadas actualizaciones o modernizaciones, sino en todo caso de esforzarse cada vez más en la aplicación de las regulaciones que ya existen y en su control.
Poco después de la sanción de la Ley Nacional N° 26.311 “Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos”, la Provincia sancionó su Plan de Ordenamiento Territorial adaptativo para sus áreas boscosas. En función de esos presupuestos Jujuy tiene asignados fondos de financiamiento para 120 proyectos aprobados que involucran a más de 300.000 hectáreas en la que se aplicaran Planes de manejo y conservación durante el corriente año significando un buen avance respecto de los programas vigentes con anterioridad. Entendemos que estos programas son de sumo interés para la Provincia, habida cuenta de la existencia de importantes bosques nativos y su potencialidad, y que debemos aprovecharlos trabajando con mayor ímpetu en la formulación y presentación de proyectos; la iniciativa deberá ser del sector privado pero desde el Estado comprometemos nuestro apoyo.
En el corriente año, la Secretaria de Gestión Ambiental recibirá un refuerzo en recursos técnicos y humanos y fortalecerá sus funciones de relevamiento, control y regularización de la situación de diferentes sectores industriales, a muchos de los cuales se le han realizado informes u observaciones respecto de influencias en el medio ambiente por sus actividades. La idea es generar una registración detallada de las situaciones para su conocimiento y posterior seguimiento.
Formando parte de una restructuración orgánica del Gabinete Provincial, aprobado por esta Legislatura por Ley N° 5.693, en el mes de enero de este año, en virtud del Decreto N° 142/12 se creó la Secretaría de Minería e Hidrocarburos con dependencia del Ministerio de Producción jerarquizando administrativamente el área y dotándola de mayores competencias.
En el marco de los fines y objetivos perseguidos en materia de política minera y energética, se puso en funcionamiento “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado” (J.E.M.S.E.) que, fuera creada en el año 2.011 por Decreto Acuerdo N° 7626 Y aprobado por Ley N° 5.675. De acuerdo a esa normativa el Estado, a través de Sociedad, asume un rol activo en la tutela, administración y beneficios de los recursos naturales de su propiedad. La Sociedad tendrá por objeto llevar a cabo por sí o por intermedio de terceros o asociada a terceros la investigación, prospección, exploración y explotación, industrialización o comercialización de minerales, hidrocarburos y cualquier tipo de energía derivada de fuentes renovables y/o alternativas entre otras, como así también la construcción de gasoductos, oleoductos y toda actividad que sea conexa.
Por Decretos N° 9266/11 y 287112 se aprobó el Estatuto Orgánico de la empresa estatal, estableciéndose su domicilio, capital social, la conformación, Órgano de Dirección, facultades, Administración de la Sociedad, de la Asamblea y del Organo de Fiscalización.- Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial dejo a disposición de esta Cámara la documentación pertinente al respecto. (Aplausos).
Con fecha 05 de marzo del cte. año se emitió el Decreto N° 327/12 por el que se dispuso que “quedan reservadas a favor de JEMSE todas las áreas hidrocarburíferas libres del dominio provincial, como así también las permisionadas y/o concesionadas por el gobierno Nacional y/o Provincial que hayan revertido o reviertan en el futuro por cualquier causa que fuere, así como aquella nuevas que sean creadas luego de la exploración, desarrollo o explotación.
Por fin, fueron designados los miembros titulares del Directorio de la nueva empresa estatal y el síndico.- JEMSE ha efectuado los trámites de inscripción en el Registro Público de Comercio y ha comenzado a funcionar en los términos para lo que fue creada. He remitido ya a esta Legislatura los pedidos de acuerdo para la designación definitiva de los integrantes, en los términos constitucionales y legales vigentes.
Merece mención especial, no sólo por la alta mediatización que ha tenido en los últimos tiempos, sino fundamentalmente por el rol que le ha correspondido a esta Legislatura, el tema del litio.
Existen en nuestra provincia dos emprendimientos avanzados y un pedimento de exploración aún en trámite ante la autoridad de aplicación. Numerosos estudios y publicaciones nacionales e internacionales destacan no solo la potencialidad futura de este mineral sino que también se apunta a la Argentina como la tercera reserva mundial de litio y en particular acentúan las características de los salares jujeños que los contienen.
En el mes de Marzo de 2.011 el Poder Ejecutivo Provincial sancionó un Decreto de Necesidad y Urgencia que lleva el N° 7592 en cuyo Artículo 1 ro. se declaró a las reservas minerales que contengan litio como “recurso natural estratégico” generador del desarrollo socio económico de Jujuy. Ese mismo instrumento legal creó un Comité de Expertos para el análisis integral de los proyectos de exploración y explotación de litio, ordenando pasen a su estudio y dictamen aún los proyectos que a la fecha de su sanción cuenten con aprobación administrativa para la exploración o explotación. Unos días después, el 14 de abril, más precisamente, la Legislatura sanciono la Ley N° 5674 aprobando en todas sus partes el Decreto-Acuerdo mencionado y una modificación formal posterior.
Un primer emprendimiento de litio es el que lleva adelante la Empresa Sales de Jujuy S.A., cuyo principal accionista es Orocobre Ltda. y se encuentra en el área del Salar de Olaróz - Dpto. Susques.- El proyecto superó la etapa de exploración y obtuvo la aprobación de los estudios de impacto ambiental como para iniciar la explotación; momento en que el tema quedó en estudio del Comité de Expertos, el que prontamente emitirá su recomendación final. El proyecto prevé la producción de carbonato de litio a partir del año 2012 por un total de 16.000 toneladas por año y a partir del 2014 la obtención de cloruro de potasio partiendo de la utilización de las sales de rechazo.
El segundo emprendimiento avanzado pertenece a la empresa Exar S.A. y también se encuentra emplazado en el área del Salar de Olaróz - Cauchari. Esta empresa obtuvo durante el año 2.010 la aprobación del estudio ambiental para la exploración y a principios de este año hizo entrega del estudio respectivo para iniciar la etapa de explotación. La implementación de este proyecto implicaría la producción de carbonato de litio en 20.000 toneladas anuales entre 2.012 - 2.014 Y a partir de allí expandir esa producción hasta las 40.000 toneladas anuales.
Particularmente, quiero manifestar que comparto todo lo actuado tanto por esta Legislatura, como por las iniciativas desplegadas por la anterior gestión ejecutiva en torno a este tema.
Lo novedoso de los emprendimientos, las inversiones realizadas por los emprendedores aún durante la etapa de exploración y las anunciadas para la instalación de plantas y producción, la singular importancia de este recurso mineral y las informaciones sobre las reservas, los ecosistemas de singular conformación y equilibrio involucrados en el área, la posibilidad cierta de que este mineral se pueda transformar en generador de riqueza genuina, creador de muchas y nuevas fuentes de trabajo la posibilidad cierta de que este mineral se .pueda transformar en generador de riqueza genuina, creador de muchas y nuevas fuentes de trabajo tanto directas como indirectas beneficiando no sólo a Ias comunidades originarias directamente implicadas sino a muchos comprovincianos, las alternativas de generar valor agregado “In situ” , la generación de obras de infraestructura en la zona y en definitiva la probabilidad de un desarrollo distinto para Jujuy justificaron plenamente la declaración de “mineral estratégico” dispuesta por ley de esta Legislatura y la participación del Comité de Expertos en la valuación general.
Sin embargo creo, que desde los distintos estamentos involucrados debemos redoblar esfuerzos en pos de una definición rápida que permita poner en funcionamiento los desarrollos técnicos y financieros que han venido concretando los emprendedores ocupando los espacios que en forma particular para el carbonato de litio se han abierto en el mundo. A este respecto y sin perjuicio del estricto cumplimiento de los procedimientos normativos, técnicos y del necesario consenso social he instruido en tal forma a las autoridades mineras provinciales y al Directorio de JEMSE.
Debo también poner en conocimiento de los Señores Diputados la situación de la exploración y explotación de hidrocarburos en “territorio de la Provincia de Jujuy.
Reconozco sobre este particular que hemos venido desarrollando una política errática y confusa, se han demorado las decisiones adecuadas para determinar las posibilidades ciertas de mantenernos o no como una provincia productora de hidrocarburos. Durante mucho tiempo sólo hubo muy pocos emprendedores responsables desde lo técnico y desde lo financiero, y vale decirlo en la materia muchas veces hemos sido casi rehenes, por los presuntos derechos adquiridos, de intereses mezquinos, empresas fantasmas y también aventureros.
De las 12 áreas exploratorias definidas en el territorio provincial a partir de la sanción de la Ley N° 26.197 que reconoció la propiedad de los yacimientos a favor de las provincias, sólo existen en el mes de Diciembre pasado 2 en concesión. Se trata de las Áreas de Caimancito y La Brea, esta última parcialmente revertida.- Durante el año 2.011 la Provincia solo recaudó en concepto de regalías por crudo algo más de $ 3,5 millones y una insignificante cifra por gas en concepto de regalías por gas.
Como dije antes por Decreto del Poder Ejecutivo todas las áreas vacantes, ya revertidas y las que se revirtieran por cualquier causa que fuera se reservaron a favor de la Empresa Jujuy Energía y Minería (JEMSE) y he instruido a sus directivos a realizar las gestiones que fueren necesarias a LOS efectos de detectar a quienes tengan interés y posibilidades técnicas y financieras para encarar con seriedad tareas de exploración y eventual explotación. Contaremos para ello con la colaboración, ya comprometida, de la Secretaría de Energía de la Nación y la base de algunos trabajos de consultoría realizados por la provincia hace algún tiempo.
Irrefutable verdad es que la pequeña y mediana empresa constituyen el verdadero motor del crecimiento y desarrollo económico en el mundo. En la Argentina el sector PYME representa el 42% de las ventas y el 52% del empleo en blanco. Sobre esta contundente realidad y en el proceso de reindustrialización encarado en nuestro País, es que tomaremos acciones de fomento, apoyo y promoción para este sector durante el año 2.012.
En el marco de la Ley N° 5.670 de “Agrupamientos Industriales y de Servicios” proyectamos generar 400 parcelas para la radicación y relocalización de empresas e industrias vinculadas con los sectores metalmecánicos, forestal, minero, agroindustrial, ganadero y de servicios logísticos para el comercio exterior en distintos sitios del territorio provincial, varios de ellos ya identificados. Paralelamente remitiremos a consideración de esta Legislatura un nuevo proyecto de Ley para fomentar la radicación de nuevas inversiones productivas con incentivos fiscales para la compra de terrenos en parques industriales y bienes de capital.
Se que también sobre esto y lo que acabo de decir respecto de las posibilidades que tenemos en los temas mineros va a hacer falta debatir y acordar con esta Legislatura la radicación de parques industriales y el fomento de las actividades de servicios y bienes de capital para la actividad minera. Creo que el destino de esos emprendimientos tienen que ser justamente los pueblos y ciudades de nuestra Puna de tal forma -me permito agregarlo en el discurso- que va a ser una inquietud que vamos a trasladar a la Legislatura.
El sector PYME necesita de estas medidas, pero también necesita crédito para mejorar su instalación, reinstalación, tecnificación, formalización de cadenas de comercialización, mejorar competitividad y otros objetivos; existen muchas líneas de instituciones públicas y privadas disponibles, pero lo cierto es que al momento de su gestión los créditos se hacen o de muy difícil acceso o demasiados caros para la rentabilidad de los negocios. Será entonces función del Gobierno la de investigar y aportar lo necesario para que la accesibilidad al crédito sea una realidad y pueda realmente servir a los objetivos que se dicen perseguir.-Quiero adelantar que en este sentido hemos acordado una importante asistencia técnica para la Provincia desde el Ministerio de Industria de la Nación y suscribiremos prontamente el acuerdo respectivo. Ese acuerdo tiene por objeto fomentar, desarrollar, investigar y capacitar y fundamentalmente tendrá el acceso al crédito.
De igual manera la cartera de Producción va a contar con fuerte apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en modernización e innovación en virtud de convenios celebrados con la Secretaria de la materia recientemente creada en la estructura provincial. (Aplausos).
Una referencia y destacar la tarea del Consejo de la Microempresa que tiene amplia participación en esta Legislatura efectúa una aporte de relevancia -a mi entender- en el criterio productivo iniciado en la Provincia, extendiendo su cobertura a emprendedores en distintas localidades mediante la entrega de líneas generales de créditos para proyectos y programas pequeños y en especial para jóvenes profesionales y técnicos. Este año continuaremos con el desarrollo del Programa Microsol, nuevas líneas de financiamiento para proyectos productivos y/o industriales destinados al fomento de inversiones en tecnologías e incorporación de mano de obra, programa de desarrollo a proveedores, que redundan en fortalecer alternativamente el destino de crecimiento que constituye el faro de nuestra gestión.
Todo esto se va a hacer en coordinación directa y muy cercana con el Ministerio de Producción y responderá a los lineamientos políticos del Poder Ejecutivo y queremos trabajar en todas las líneas de créditos destinadas a la producción sean grandes, pequeñas o medianas en forma coordinada y con un mismo objetivo, el desarrollo de la política que se fije en el Poder Ejecutivo.
Es un dato importante de nuestra realidad el crecimiento de la concientización colectiva en la Provincia de que el turismo es una actividad económica importante, con mucho dinamismo, crecimiento y potencialidad, capaz de generar mucha ocupación y convertirse en herramienta de progreso.
Si bien el crecimiento de la actividad es la característica nacional, nuestra Provincia marca índices en este sentido por arriba de la media del País. Aún cuando puedan ser datos conocidos quiero remarcar ante los Señores Legisladores un incremento durante el año 2011 del 11 % de establecimientos hoteleros, hoy tenemos 272 en la Provincia con un total de 8.400 plaza habilitadas. La tasa de ocupación en esos establecimientos aumentó un 8% con respecto al 2.010 y también creció la estadía media provincial.
Un dato que surge del registro y resulta importante a los fines de la forma y dirección de la promoción es que un 85% de los turistas que visitaron la Provincia durante el 2011 fueron argentinos y solo un 15% extranjeros. Entre estos últimos sobresalen los provenientes de Francia, Chile y Brasil. Vale destacar y considerar también la influencia de Copa América, el Dakar y otros eventos de envergadura con importante incidencia que tuvieron sobre todo en turismo extranjero.
Decirles en este sentido también que se han realizado y se están realizando tratativas y gestiones por parte del señor Vicegobernador de la provincia -a mi pedido- con participación de la Secretaria de Turismo y Cultura se están realizando conversaciones con las dos empresas prestadoras del servicio aéreo en nuestra provincia: Andes y Aerolíneas Argentinas; estamos avanzando en la firma de Cartas Intenciones y Preacuerdos para aumentar la cantidad de vuelos a esta plaza. (Aplausos).
Creo que esto va a ser una realidad muy pronto, pero también hay que tener en cuenta estos datos que surgen de los movimientos de los aviones, del turismos y demás.
Los datos más que alentadores que he repasado motivan aún más al esfuerzo de la Secretaría y al trabajo conjunto con los sectores privados vinculados a la actividad. En el transcurso del año continuaremos con el plan de obras de pertenencia turística con financiamiento compartido con el Ministerio Nacional, buscaremos incorporar mayor tecnología a la información y comunicación e intensificaremos los programas de capacitación y concientización turística aprovechando la incorporación a la enseñanza oficial de los bachilleratos con orientación turística.
Igualmente, dedicaremos más esfuerzos y fondos a las campañas de promoción generales y focalizadas y fortaleceremos la presencia de la Provincia en los mercados regionales particularmente en Brasil por lo estratégico de su volumen y de su incidencia.
Sin perjuicio de las múltiples acciones que se vienen realizando en el área de cultura de esta Secretaría; en el corriente año allí se concentrarán las acciones más trascendentes vinculadas a la conmemoración del Bicentenario del Exodo Jujeño con la puesta en marcha de un calendario muy vasto. Por medio de una Comisión Especial creada en el año 2.011 y que ha comenzado a funcionar, se dará a conocer oportunamente las acciones, actos y propuestas tanto a nivel provincial, como municipal y nacional para esta conmemoración que esperamos nos enorgullezca a todos los jujeños.
El crecimiento de las actividades productivas y las expectativas de desarrollo de muchas potencialidades de nuestra Provincia tienen que ver también con la posibilidad de la planificación, la proyección y la ejecución de obras públicas.
Muchas de esas obras son hoy una realidad y han mejorado sensiblemente en los últimos años el transporte y la circulación en la provincia, la disponibilidad energética en muchas zonas con alternativas de uso, mayores caudales de agua para riego y demás. Sin embargo, creemos que aún falta mucho y que con gestión y recursos podemos seguir avanzando en dotar a Jujuy de la infraestructura estratégica que necesitamos.
En materia vial debo destacar que se avanza dentro del ritmo previsto con la ejecución de la obra “Puente Paraguay-Yala” que tiene una inversión nacional por demás importante y sobre la que ya se han proyectado alternativas y adicionales por ejemplo para ingresar desde la Ruta 9 al Barrio Alto Padilla y su conexión con el Puente General Belgrano. Estimamos que la obra se terminará en el año 2013 y quedará integrada al corredor de doble vía desde el Aeropuerto Horacio Guzmán, el acceso Sur y la Multitrocha de circunvalación. Esto implica también y va un reconocimiento a el homenaje que hoy han realizado en la autopista desde el Aeropuerto a San Salvador de Jujuy, poniéndole el nombre del ex–presidente Raúl Alfonsín, que es una ley sancionada por el Congreso de la Nación e impulsada por diputados de la Unión Cívica Radical de Jujuy, mi reconocimiento al acto que han realizado en el día de hoy. (Aplausos en la barra).
Para su “apto financiero” por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y llamado a licitación se encuentra el proyecto de construcción de 4 carriles de la Ruta Provincial 1 y su vinculación con la Ruta 66 en el tramo S.S. de Jujuy – Palpalá que potenciará toda la circulación y transporte de las dos ciudades.
En la misma zona estando pronta la puesta en funcionamiento de la nueva Terminal de Omnibus de S.S. de Jujuy se están ejecutando obras complementarias sobre los accesos sobre Ruta 9 y 66 y desarrollando proyectos de modificación sobre los trazados existentes para mejorar la circulación y seguridad en todo los alrededores de la nueva Terminal de Omnibus.
A la espera de las decisiones administrativas nacionales de iniciación se encuentran obras ya licitadas y adjudicadas de accesos y mejoramientos viales a las ciudades de San Pedro de Jujuy, Calilegua, Maimará, Tilcara y Humahuaca entre otras. Entendemos que la definición de estos temas no llevará demasiado tiempo.
Con proyectos ejecutivos definitivos o a punto de concluirse se encuentran la 2da. etapa del Acceso Sur a S.S. de Jujuy, puentes sobre el Rio Xibi-Xibi cuya gestión hemos encarado con el Intendente de la ciudad, la avenida ribereña sobre el rio Grande y un nuevo puente. Especial atención tendrá de nuestra parte en esta gestión la situación de la Ruta 34 sobre territorio jujeño que se encuentra con decisión de financiamiento por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en el proyecto de integración del Norte Grande pero que no logra ser concluido por las cuatro consultoras que intervienen en los proyectos pese a la importancia y absoluta necesidad de esta obra.
Se encuentra en estudio un plan que hemos encomendado para la recuperación progresiva de la Dirección Provincial de Vialidad. El estudio incluye cuestiones complejas en materia de reactualización y renovación de personal, maquinarias e insumos pero, creemos justo y necesario buscar alternativas para repotenciar a nuestra repartición y encarar con ella obras de menor envergadura pero importantes por cierto sobre todo para lugares del interior de la Provincia.
Independientemente de obras menores de la emergencia, prevención de emergencias y canalizaciones, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia tendrá a partir de este año la responsabilidad de dos nuevas e importantes obras que acaban de iniciarse. El Canal Intervalle al que ya me referí antes y la reparación del Dique Los Molinos y Canal Rio Grande. Se trata de obras de mucha importancia para los sistemas y disponibilidad de riego en zonas productivas de nuestra provincia y entre las dos suman presupuestos que superan los $ 200 millones.
En cuanto al servicio de agua potable y cloacas debo decir que la empresa Agua de los Andes viene haciendo ingentes esfuerzos con su personal para mantener dentro de un marco de normalidad la prestación. Con muy escasos recursos, en razón de que tiene un marco tarifario que debe ser revisado y actualizado, pero con mucha imaginación y el apoyo del Instituto de Viviendas y Urbanismo y rentas generales de la Provincia continuamos con la ejecución de obras de saneamiento básico en nuevos centros poblaciones de viviendas y loteos.
Requerirá también de mucho esfuerzo la gestión y licitación de la ejecución de obra de la “Nueva Planta Potabilizadora en Alto Reyes” en el marco del Programa PAYS que tendrá financiamiento internacional. La proyección de esta obra lleva ya muchos años por su complejidad técnica pero resulta indispensable para poder mantener e incrementar la disponibilidad de agua potable para la ciudad de Jujuy acompañando su desarrollo demográfico. Esta obra va a requerir de muchísimo esfuerzo, pero debemos ser conscientes de la importancia que tiene; importancia para sostener todo el sistema de agua potable de la ciudad Capital, que prácticamente ya está colapsado en ciertos lugares de la Capital, particularmente en la zona del Alto Comedero con los nuevos emprendimientos, radicaciones, loteos y demás, que hacen al futuro de la sustentabilidad del agua potable en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas; de tal manera que aunque alguno diga se trata de obras que se entierran y no se ven, es fundamental para la sustentabilidad que San Salvador de Jujuy va a requerir de muchísimo esfuerzo de nuestra parte, que tiene un enorme volumen y un enorme costo. (Aplausos en la barra).
En los últimos días, agrego también- fueron anuncios que pasaron un tanto desapercibidos, pero la Corporación Andina de Fomento autorizó financiamiento para una nueva red colectora de líquidos cloacales en la quebrada de Humahuaca; se había autorizado y está licitado y adjudicado el primer tramo que incluía las localidades de Tilcara hasta Volcán, ahora se ha agregado la localidad de Humahuaca y localidades intermedias. De tal manera que desde Humahuaca hasta Volcán vamos a tener la red y planta de tratamiento de líquidos cloacales financiados por la CAF, en un anuncio que nos acaba de hacer en el curso de esta última semana la presidencia de la Corporación Andina de Fomento. (Aplausos en la barra).
Un verdadero salto cuanti y cualitativo hemos podido dar en los últimos años en materia de desarrollo energético. A la llegada de la línea de alta tensión NOA-NEA a la Central San Juancito que significa lisa y llanamente la duplicación de la energía eléctrica disponible en la Provincia de Jujuy, hay que agregar la reciente inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner que corre desde la localidad de Miraflores en la Puna hasta la ciudad de La Quiaca. Esta realización ha permitido no solamente llegar con gas natural a miles de puneños saldando una deuda histórica con ellos, sino la instalación de dos centrales termoeléctricas una en Agua Chica-Abra Pampa y otra en Piedra Negra en cercanías de La Quiaca. El gas y la nueva generación eléctrica, con mayor potencia y calidad ambiental, es también una invitación al desafío de la inversión en las nuevas propuestas productivas para nuestra Puna Jujeña.
En materia de gas están también en proceso de licitación las conexiones domiciliarias de Calilegua, Yuto, Caimancito y Volcán y un sistema de repotenciación para Los Perales y Alto Comedero con una inversión de más de $15 millones, cuyo financiamiento está ya firmado por el Gobierno Nacional.
Debo por último manifestar que se está avanzado en conversaciones con técnicos e inversionistas vinculados a la generación de energías alternativas, particularmente fotovoltaicas, con la posibilidad de generar para el mercado mayorista. En estas tratativas están interviniendo los Ministerios de Infraestructura y Producción y también he instruido la participación de la recientemente creada Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (EMSE). Nos vamos a tener que acostumbrar a la participación de EMSE en todo este tipo de iniciativa, porque creo que ha sido la decisión y voluntad de esta Legislatura y es absolutamente la decisión y voluntad de este Poder Ejecutivo, intervenir en todos estos temas vinculados a la competencia que tiene la empresa y ver la posibilidad de asociarnos directamente con terceros en la explotación de todos estos temas de interés, tanto en el desarrollo minero como en hidrocarburos, en gas y también en las fuentes generadoras de energía.
En este tema debo decir que resulta de mucha importancia, hay empresas muy serias y proyectos que no solamente involucran a la provincia de Jujuy sino también son alternativas para otras provincias de la región de Cuyo y de la región Norte y son proyectos muy interesantes porque nos permitirían generar energía de una manera distinta y ponerla a disposición a través de las redes que hoy llegan a Jujuy a la Central San Juancito particularmente. (Aplausos en la barra).
El déficit habitacional es uno de los problemas sociales más profundos que presenta la sociedad jujeña. Mucho del mismo tiene que ver, por cierto, con la pobreza pero no caben dudas de que también intervienen en esta cuestión otros factores, como el excesivo precio de la tierra, la indisponibilidad de tierras públicas o privadas para encarar programas habitacionales, la falta de crédito accesible para los particulares y un particular crecimiento poblacional con núcleos concentrados, problemas de inmigración externa e interna y procesos de desarraigo, por mencionar algunos. De todas formas, frente a la envergadura del problema y a la especificidad del tema entre otras consideraciones, este Gobierno consideró oportuno la creación de un nuevo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con miras al establecimiento, planificación, desarrollo e implementación de políticas integrales de tierra y vivienda, generar planes de urbanización y su construcción, elaborar programas de obras de desarrollo urbano, equipamiento comunitario la construcción de viviendas que se realicen con fondos públicos. Tal las finalidades establecidas en la Ley N° 5693, “Orgánica el Poder Ejecutivo” para este nuevo ministerio.
En la competencia propia del nuevo Ministerio al margen del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy funcionan la Dirección Provincial de Inmuebles, la Dirección de Tierras y Urbanizaciones Planificadas y el Instituto de Colonización.
En el marco de la restructuración impuesta a la Dirección Provincial de Inmuebles y el nuevo ámbito del desarrollo de sus funciones se llevan a cabo acciones tendientes a la regularización de la tierra pública en la Provincia, teniendo en cuenta su especificidad en materia de registración y publicidad de los derechos sobre inmuebles y todo lo atinente al catastro provincial.
En este nuevo desafío, se lleva adelante la incorporación activa en el catastro provincial y el Registro de la Propiedad Inmueble la regularización y reconocimiento de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. A este efecto se implementó la creación de una oficina dedicada exclusivamente a la aprobación de los planos de mensura de las mencionadas comunidades, firmándose un convenio de cooperación y trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos para que los esfuerzos mancomunados de ambas instituciones, viertan efectos en una mayor agilización y seguridad de los trámites respectivos y participación activa de los representantes de las comunidades. Se lleva adelante también el proyecto de incorporar dentro de las bases del Registro de la Propiedad las anotaciones y reservas legales respectivas, en los padrones y matrículas, que estarían involucrados los procesos de reconocimiento de la propiedad comunitaria.
Pretendemos, de alguna manera, responder la problemática de las tierras comunitarias y las quejas que esto genera -a veces con razón- en muchas comunidades aborígenes.
Lógicamente desde el momento mismo de su puesta en funcionamiento el nuevo Ministerio y los funcionarios designados se avocaron a la problemática de los asentamientos y la toma de espacios públicos y privados que se generaron a mediados del año anterior y otros que se registraron antes y también después.
Como todos sabemos, durante el año 2.011 el Gobierno implementó el “Plan un lote para cada familia jujeña que lo necesite” que posee un criterio ordenador tratando de eficientizar una decisión política que parte de reconocer el derecho a adquirir un lote a las familias jujeñas que bajo ciertas condiciones (por ej. residencia, grupo familiar, no tener otra propiedad y demás) manifestara su voluntad en este sentido.
Como instrumento necesario de control y acceso al mencionado plan se constituyó un Registro Único de Postulantes e Infractores, con el objetivo de centralizar y unificar la información, como también organizar, controlar y entregar los lotes en el marco de la Ley de Tierras Fiscales. De la actividad desplegada por ese Registro Único se destacó que se procesaron un total de 48.460 fichas, de las cuales 25.398 constan con observaciones diversas y 23.421 de ellas fueron habilitadas.
Se encuentra en pleno desarrollo la entrega de las respectivas actas de posesión de lotes en distintos lugares de la Provincia. A la fecha se han entregado ya algo
de más de 1.300 actas de posesión principalmente en Libertador General San Martín, Perico y algunas en San Salvador de Jujuy. De esta forma se va posibilitando a los beneficiarios iniciar el camino hacia la propiedad de los lotes, designando con precisión la identificación de los terrenos a las familias que previamente fueron aprobadas por el Registro mencionado. Se trata en general de familias que son priorizadas en función de la cantidad de integrantes del grupo y con condiciones especiales que figuran en la reglamentación y de terrenos delimitados. Todos los registros y actos son públicos y buscamos la mayor transparencia a través del control municipal y comunitario.
Para el desarrollo del citado Plan en la Provincia se dispuso de inmuebles de propiedad Estatal que fueron afectados a este destino como sucedió en distintos lugares del interior, o bien se procedió a la compra mediante procedimientos legalmente establecidos particularmente en la jurisdicción de la ciudad capital. En el caso de Libertador General San Martín luego del trámite de la expropiación de 40 has. oportunamente dispuesto, la empresa Ledesma S.A. donó a favor de la Provincia y con ese destino, una importante cantidad de tierras que cubrirán la demanda de lotes y terrenos aptos para desarrollos habitacionales públicos.
En todos estos nuevos loteos se realizan o han realizado tareas de subdivisión, amojonamiento, movimiento de suelos, apertura de calles, tendido de redes de agua potable y energía eléctrica que están demandando no solo esfuerzos sino también muchísimos recursos económicos. Parte de esos recursos son gestionados y se gestionan ante el Gobierno Nacional por intermedio del ENHOSA, Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Viviendas, otros son afrontados por el Estado Provincial y también hemos contado con la apoyatura de los distintos municipios involucrados. En todos los casos conjuntamente con la Secretaría de Planificación del Ministerio de Infraestructura y dependencias municipales se busca un ordenamiento urbanístico indispensable sobre todo en los centros urbanos más populosos.
La continuidad de este Plan va a requerir de mucho trabajo de reparticiones de las áreas comprometidas y de paciencia por quienes aspiran a tener un lote donde establecer la posibilidad de vivir con su familia. Sobre todo en este último aspecto es que me permito pedir a los señores legisladores e intendentes de toda la Provincia que nos ayuden con su comprensión y acompañamiento.
Si bien el sistema de construcción de viviendas por cooperativas y municipios en la Provincia mantuvo y mantiene su ritmo de ejecución permitiendo no sólo una salida laboral importante sino también lograr un techo digno para miles de familias jujeñas; desde el inicio mismo de nuestra gestión advertimos la necesidad de reimpulsar fuertemente la construcción tradicional por intermedio de las empresas locales.
A finales del año pasado con el “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas” y anticipos financieros de la Provincia imputables a la contraparte a su cargo, se puso en ejecución un plan de 1.646 viviendas distribuidas en distintos lugares y con un presupuesto inicial de más de $ 260 millones. Esto va a reactivar el circuito Hemos logrado también en estos últimos días los “aptos técnicos y financieros” de la Secretaría de Viviendas de la Nación para la construcción de un total de 1.690 económico local y produce un impacto más que positivo sobre los puestos de trabajo del sector.
Hemos logrado también en estos últimos días los “aptos técnicos y financieros” de la Secretaría de Viviendas de la Nación para la construcción de un total de 1.690 viviendas del “Programa Federal Techo Digno” que se encuentra en proceso de licitación. (Aplausos)
Con un presupuesto inicial similar al del programa anterior, las expectativas son que el inicio de estas obras se concrete durante el 2do. semestre de este año.
De tal forma independientemente de otros tipos de obras que se ejecutan o ejecutarán en la Provincia, como por ejemplo las correspondientes al “Programa Mejor Vivir” con cupos que ya llegan a los 2.000, obras de saneamiento y complementarias también financiadas por la Secretaría de Viviendas, creemos que vamos a ir reactivando las empresas jujeñas y el esfuerzo será para tratar de mantener un ritmo que les de continuidad y sustentabilidad.
Por último quiero anunciar que estamos próximos a concretar un programa nuevo de construcción de viviendas destinadas a profesionales jóvenes, comerciantes, empresarios o quienes tengan una posibilidad de pago de cuotas más elevadas que las tradicionales. Se trata de viviendas de mayor calidad y superficies ampliadas. De concretarse el programa tendría un subsidio de la Secretaría de Viviendas de hasta un 35% del valor, un aporte del beneficiario del 10% pagadero durante la ejecución y un 55% del precio será financiado por el Banco Nación hasta en 20 años con cuotas fijas durante los 3 primeros. Inicialmente se trataría de 553 unidades y de concluirse satisfactoriamente el trámite que estamos realizando se realizará una suerte de “preventa” para determinar la cantidad de interesados en este tipo de operatoria y poder continuar adelante de esa forma. (Aplausos)
Fue propuesta de nuestra campaña electoral un ambicioso programa de reordenamiento urbano que comenzando por nuestra ciudad capital pudiera también realizarse, mediante las apoyaturas correspondientes y el lógico requerimiento de las autoridades municipales en otras ciudades del interior.
Desde los primeros días de Enero de este año se encuentra en funcionamiento el Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana que con una mínima estructura administrativa diseña, proyecta y ejecuta justamente aquel programa de reordenamiento tal como lo marca la Ley N° 5.694 de su creación.
Entre sus primeras acciones, el Ente, con la colaboración de otras dependencias del Estado, particularmente de la Dirección Provincial de Arquitectura e Inmuebles ha realizado un relevamiento de los inmuebles que ocupa el Estado Provincial, sus superficies, cantidad de personal y atención al público. Si bien existía ya un estudio realizado hace algún tiempo por la Universidad de Tucumán, el que lógicamente se tomó como base, lo cierto es que los datos que van surgiendo son realmente importantes y permitirán la adopción de las medidas que tiendan a una refuncionalización y reubicación de la Administración.
Sólo el Poder Ejecutivo tiene arrendados cerca de 80 inmuebles en el radio céntrico de la ciudad. Esto no sólo habla de la absoluta concentración de actividad y personas en un pequeño radio cercado por los ríos Chico y Grande colaborando claramente al caos diario de tránsito y circulación, sino también de un alto costo para el Estado y una sobredemanda que incide en los precios de los alquileres.
Por ello, a más de la decisión general de no renovar los alquileres para las dependencias públicas en el radio céntrico que vayan venciendo, estamos buscando alternativas de traslados transitorios de muchas dependencias y ubicando otras en lugares más aptos. Por ejemplo en estos días las oficinas de la sede central del Ministerio de Desarrollo Social se trasladarán desde su actual ubicación en calle Alvear al Barrio Huaico Chico en un inmueble que se ha remodelado; el nuevo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se está instalando en inmuebles de propiedad del Estado sobre la Avenida Alte. Brown y se proyecta llevar muchas dependencias del Ministerio de Educación a la Avenida Bolivia.
Con las reservas del caso necesarias y lógicas se estudian como dije distintas alternativas y posibilidades para ir efectivizando en esta línea de reubicación y traslado de dependencias descomprimiendo las actividades burocráticas y públicas que hoy se concentran en el casco céntrico.
Lógicamente la intención final de la propuesta es la construcción de una nueva Ciudad Cívica que permita a Jujuy tener una nueva Casa de Gobierno con sus Ministerios y dependencias concentradas en un mismo lugar.
A fines del año pasado el Gobierno anterior y el Ministerio de Defensa de la Nación suscribieron un convenio para la transferencia de un predio de 25 has. sito en Alto Padilla de esta ciudad capital emplazado entre la Ruta Nacional N° 9 y la Avenida Bolivia y que pertenece al Ejército Argentino.
Es sobre esta ubicación estratégica que se está elaborando un Plan Maestro y el proyecto que incluye como dije una nueva Casa de Gobierno y la sede de los Tribunales Federales con sede en la Provincia. Este proyecto se realiza en forma conjunta por profesionales del Ente, la Dirección Nacional de Arquitectura dependiente del Ministerio de Planificación Federal. Se incorporará un equipo de profesionales por convenio con el Colegio de Arquitectos de Jujuy y de la Dirección Provincial de Arquitectura. Se prevé que la nueva Ciudad Cívica llegará a requerir cerca de 40.000 metros cuadrados de superficie.
Por esto es también que con el aval del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con financiamiento externo, hemos iniciado gestiones ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) tendientes a buscar asesoramiento técnico y recursos para una 2da. Etapa, a fin de abordar la recuperación y puesta en valor de edificios históricos de nuestra ciudad que quedarían vacíos, me estoy refiriendo Casa de Gobierno, Cabildo y otras.
A ello, debe agregarse que se han iniciado conversaciones también con el Poder Judicial para ir avanzando en la delineación de obras tendientes a emplazar en forma concentrada la Justicia Penal en una primera etapa que coadyuvará al cumplimiento de los servicios de justicia que le son propios.
Todo esto forma parte de esperanzas, forma parte de sueños, pero si no se inicia por ahí es muy difícil de iniciar, yo sé que hay grandes expectativas, se generan ansiedades y estoy convencido que lo vamos a hacer, pero hay que tener paciencia y hay que seguir gestionando. (Aplausos)
Siempre he sostenido que corresponde a la educación ser eje de las políticas de Estado. Y es así porque ella es la principal herramienta de transformación social para lograr igualdad de oportunidades, progreso y bienestar social.
De hecho, la circunstancia relevante en estos primeros 100 días de gobierno ha sido el normal inicio del ciclo lectivo 2.012. Aunque algunos no lo vean así y no como titular del Poder Ejecutivo o como Gobierno, sino simplemente como ciudadano jujeño, siento un enorme orgullo de la decisión tomada por la docencia de haber iniciado las clases pese a las negociaciones salariales y gremiales aún no concluidas y al cúmulo de dificultades e inconvenientes que en cada ejercicio se deben afrontar. (Aplausos). La actitud realmente enaltece al sector y marca un reconocimiento de todos.
Por supuesto, la actitud compromete también al gobierno a continuar con predisposición y buena fe en la mesa del diálogo y negociación a efectos de resolver, en la posibilidad del consenso, problemáticas y cuestiones aún irresueltas.
Es decisión de esta gestión impulsar durante el corriente año legislativo la sanción de una “Ley Provincial de Educación” que sea el trabajo de aportes, consultas y opiniones de los distintos sectores de la comunidad educativa. Frente al avance nacional en la materia con la sanción de la Ley General de Educación N° 26.206, de la Ley de Educación Técnica N° 26.058, de la Ley N° 25.864 que estableció la obligatoriedad de los 180 días de clases y la garantía del salario docente; de la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente por Ley N° 25.219 y la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo entre otras tantas leyes vinculadas a la materia educativa, la Provincia no puede seguir demorando la actualización y ordenamiento de su legislación local. Debemos tomar entre todos el desafío y particularmente esta Legislatura como órgano representativo de la voluntad popular y la posibilidad de generar acuerdos para el bien de la educación de nuestros hijos y el porvenir de muchas generaciones. Es un desafío de todos, tendremos este año una nueva Ley General de Educación. (Aplausos).
Otro hecho relevante en estos primeros tiempos de gestión ha sido la decisión de crear en el ámbito del Ministerio de Educación, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que ya ha sido puesta en funcionamiento con la presencia del Ministro Nacional del área, en un claro gesto de compromiso respecto de la implementación local de programas de diseño nacional y colaboración en la materia. Es nuestro convencimiento que la ciencia y la tecnología constituyen un componente imprescindible en el progreso de los pueblos y con la interacción que buscaremos con otras áreas educativas, del gobierno en general y de la actividad privada, promoveremos activamente la mejora de la competitividad mediante la incorporación de conocimiento en las cadenas productivas.
A partir de las políticas de jerarquización de la educación en la agenda del Gobierno Nacional puestas en funcionamiento desde el año 2.003 en adelante, nuestra Provincia ha aprovechado más que adecuadamente las oportunidades para la expansión y renovación de su infraestructura educativa utilizando para ello distintos programas nacionales, financiamiento internacional y también con esfuerzos de nuestro propio presupuesto. En este tema sabemos que la planificación y previsión son acciones fundamentales que dan sus frutos a futuro. Seguramente inauguraremos obras que han sido previstas en gestiones anteriores y proyectaremos nuevos establecimientos, remodelaciones y mejoras cuya concreción se observará en posteriores gestiones.
Se inauguró en esta semana el Centro Polivalente de Arte en San Pedro de Jujuy, y durante el primer semestre de este año quedarán inaugurados los edificios del Centro de Formación Profesional de Fraile Pintado y escuelas primarias en Santa Catalina, Muñayoc y Tiraxi.
Aportes por algo más de $ 20 millones del Instituto Nacional de Educación Técnica – INET se aplicarán a remodelaciones y actualizaciones importantes en las escuelas técnicas de San Pedro, Maimará, Palpalá y San Salvador de Jujuy. Cerca de $ 30 millones del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural se destinarán a nuevos establecimientos primarios y secundarios entre los que se prevén Caspalá, Lagunillas del Farallón, Catua, Yavi, Jama y Casabindo.
A la gran obra realizada en año pasado en la escuela Normal Juan I. Gorriti por la que expreso mi reconocimiento, hemos agregado ahora en nuestra ciudad una importante reparación, ampliación y puesta en valor del Colegio Nacional Teodoro Sánchez de Bustamante utilizando algunos fondos nacionales y principalmente comprometeremos recursos propios. Fueron muchos los años de espera y también los esfuerzos de esa comunidad educativa; si Dios quiere este año tendrá el edificio que se merece. (Aplausos). De escuelas trascendentes e históricas como es la Normal y nuestro Colegio Nacional, también los compromisos que se firmaron con la Corporación Andina de Fomento en el curso de esta semana que pasó, aparece un financiamiento especial para tres escuelas, nombro una de ellas porque las otras dos están por definirse todavía técnicamente, pero una ya está definida, que sería un presupuesto importante que es para obras de puesta en valor, refuncionalización y reconstrucción de la Escuela Belgrano de nuestra ciudad Capital. (Aplausos en las bancas y en la barra).
Por último en materia de infraestructura educativa, menciono que en distintas etapas de tramitación avanzada, se encuentran obras como la Escuela de Música, el Instituto Tello y la Escuela Normal de Abra Pampa.
Independientemente de la continuidad de objetivos tales como la aceleración del “Plan Conectar Igualdad” con la entrega de una mayor cantidad de netbooks y la incorporación de mayor número de asistentes informáticos en las escuelas para apoyo de alumnos y docentes, de la aplicación de acuerdos del Consejo Federal de Educación en materia de capacitación docente, de continuar con los procesos administrativos de titularización y otros no menos importantes; el Ministerio de Educación se encuentra abocado y redoblará esfuerzos en aras a una profunda reforma administrativa. La misma no solamente está referida a las estructuras orgánicas sino también a la aplicación de nuevos programas de descentralización, agilización de incorporación de novedades y control tendientes a un más eficiente y rápido sistema de administración administrativo-contable.
Todo lo que un Gobierno pueda desarrollar en materia de salud, nunca será suficiente. Esta afirmación de ninguna manera significa que haya que bajar los brazos, sino por el contrario, asumir una realidad y convencerse de trabajar cada vez más y más fuerte en la prevención, en la búsqueda de una mayor accesibilidad sobre todo de los grupos poblacionales de mayor riesgo económico y biológico y brindar en definitiva la mayor y mejor cobertura posible.
El sistema de salud en la Provincia ha venido mejorando muchísimo en los últimos años no solamente por la disposición y voluntad siempre manifiesta de la generalidad del personal del área, sino por la disponibilidad de medios, recursos, planes y programas, muchos de ellos financiados por el Gobierno Nacional y acordados siempre en el marco del Consejo Federal de Salud.
Durante el presente ejercicio será prioridad el reordenamiento de centros y servicios de los recursos humanos que en ellos desempeñan funciones y de los equipamientos con que se cuenta. El fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal del sistema resulta clave para avanzar en la eficiencia y para ello no cejaremos esfuerzos. Entre otras acciones durante el año 2.012 se realizará un nuevo Congreso Provincial y Andino de APS que ha sido destacado por su importancia por la Organización Panamericana de la Salud y que año a año convoca a más de 2.000 personas de la Provincia y región andina y adquiere relevancia como intercambio de experiencias y debate. Igualmente en el año se llevarán adelante el 2do. Congreso Provincial de Hospitales y un nuevo Congreso Nacional de Enfermedades Tropicales.
Jujuy será, durante el mes de agosto de este año, sede del Primer Congreso Argentino de Enfermería y tratará entre otros temas Atención Primaria y Enfermería y Enfermería en la Gestión Hospitalaria y contará con especialistas nacionales y de otras provincias. Se continuarán con los programas de capacitación con el Hospital Garrahan en tema de alimentación, mantenimiento de tecnologías y promoción de salud. De igual manera se mantendrán e implantarán capacitaciones y especializaciones con la Universidad ISALUD, Maternidad Sarda, UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación.
También en lo referido a recursos humanos en materia de salud, quiero mencionar que hemos decidido promover la realización de residencias médicas provinciales tendientes a la formación profesional de especialidades médicas que se necesitan en Jujuy ya que la escasez de las mismas dificultan la prestación de los servicios, tales los casos de oftalmología, terapia intensiva niños y adultos, neurocirugía, infectología entre otras. En un principio avanzaríamos con 25 residencia, cargos de residencias médicas locales financiadas y auspiciadas por el Gobierno Provincial. (Aplausos en la barra y en las bancas). Eso independientemente de las residencias médicas que son señaladas por el Gobierno de la Nación y que son las habituales que se cumplen en la provincia y que ya se han llamado a cobertura de los cargos.
A partir de claras decisiones políticas la salud de la mujer comenzó a ser priorizada en la Provincia. A más de la incentivación de su atención por medio de amplias campañas publicitarias en los distintos centros de salud instalados hace ya casi un año que se puso en funciones un Móvil Sanitario de la Mujer que brinda atención ginecológica integral con la realización de papanicolau, colposcopias, mamografías y ecografías. En el móvil funciona un consultorio de salud, educación sexual y reproductiva con entrega de instructivos y medicamentos. La demanda de estos servicios, que permite llegar a lugares y sectores tradicionalmente de muy difícil acceso y es que prontamente vamos a adquirir otro camión con equipamiento similar al actual. Hay gestiones de una senadora nacional vinculada a este tema y tenemos el financiamiento para comprar todo esto. (Aplausos en la barra y en las bancas).
Con estas distintas alternativas de servicio y llegando fundamentalmente a las mujeres que no acceden a los controles preventivos por cuestiones culturales, geográ 
ficas o socioculturales sabemos que avanzamos fuerte en la prevención de varias enfermedades, entre ellas el cáncer de cuello uterino. En el año 2.011 se realizaron en el sistema público un 30% más de papanicolau que en el 2.010 y un 70% más que en el 2.009. En el año 2.012 creemos que vamos a seguir aumentando la cantidad de estudios.
El trabajo realizado en este tema en Jujuy permitió que la Provincia sea una de las pocas en cumplir con las metas determinadas por el Programa Nacional de Prevención del Cáncer cérvico-uterino, y en su reconocimiento a través del Instituto Nacional del Cáncer implementó en Jujuy un plan piloto para aplicar el “test del virus del papiloma humano” (VPH). El test se realiza con un moderno equipamiento instalado en el Hospital Pablo Soria y de acuerdo a sus resultados comenzará a aplicarse en otros lugares del país.
Hace algunos días conjuntamente con autoridades del Ministerio he tenido reuniones con los máximos representantes en la Argentina de UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con quienes abordamos, entre otros temas, el de la mortalidad infantil. La supervisión de expertos de las dos agencias internacionales, la mejora de los protocolos de atención y registros de casos, seguimientos y auditorías en colaboración que ya fue comprometida y será elevada a acuerdos bilaterales, estamos convencidos nos ayudaran a cumplir con las metas de los “Objetivos del Milenio de la Organización Mundial de la Salud” que es una tasa de mortalidad infantil de 10,7 en el año 2.015. Hemos recibido cuestionamientos y dificultades planteadas con respecto a la publicación de algunos índices en torno a este tema. Las críticas las recibimos con todo gusto y las queremos transformar realmente en críticas positivas y a través de ellas queremos construir hacia delante; las acciones que hemos tomado son estas que acabo de mencionar.
Se ha trabajado y se seguirá trabajando también en la zona de frontera con autoridades bolivianas en procesos de cooperación mutua e intercambio de experiencias para mejorar la accesibilidad a los sistemas, control y fundamentalmente acciones conjuntas. Ejemplo de esto han sido las acciones para interrumpir la circulación del virus de rabia entre las ciudades fronterizas. También es de destacar el esfuerzo mancomunado que se está realizando de las autoridades del área de salud, particularmente APS y de todos los gobiernos municipales en materia de prevención del nuevo dengue que tenemos ya en la Argentina, con casos registrados en la provincia de Salta, hoy en la provincia de El Chaco se da cuenta y se informa de la primera detección de casos concretos. La verdad que el trabajo de deschatarreo y de prevención que están haciendo las autoridades municipales es de destacar y hay una colaboración muy profunda de todos los señores intendentes, cosa que agradecemos y que debe comprometer en realidad no solamente a las autoridades municipales sino a toda la comunidad en general; al dengue hay que combatirlo con solidaridad social y con la comunidad en pie de guerra. (Aplausos en las bancas y en la barra). Alguna vez lo hicimos con ese compromiso social con el tema del cólera, ahora creo que hay que hacerlo con el tema del dengue.
Si en el año 2.010 la inauguración del nuevo Hospital de Niños fue el hecho destacable, en el 2.012 lo será seguramente la inauguración de la nueva Maternidad Provincial.
Esta nueva estructura de 4 niveles, muy pronta a terminarse y construida sobre lo que era el edificio de nuestro viejo hospital de niños, tiene una superficie cubierta de más de 12.000 metros cuadrados y permitirá la atención de 6000 nacimientos anuales. Esa cifra representa un 20% más de los partos que actualmente se atienden en las maternidades del Soria y el Hospital San Roque.
La obra está diseñada bajo el concepto de “Maternidad centrada en la familia” y estará dotada de Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación que permitirá a las mujeres jujeñas dar a luz acompañadas de sus familiares y con un equipo sanitario multidisciplinario en un todo de acuerdo con lo que se define “parto humanizado” donde se integra la comunidad hospitalaria con la familia de la parturienta.
Aún cuando faltan todavía algunos meses para la terminación definitiva de la obra, se han comenzado a tomar acciones, administrativas, técnicas y de capacitación para la conformación de la nueva estructura. Vale destacar que la puesta en marcha de la nueva maternidad implicará el cierre y unificación de los servicios de Maternidad y neonatología de los ya citados Hospitales Soria y San Roque. Ya se están rediseñando los espacios que quedarán disponibles en ambos nosocomios; particularmente en el Soria anticipo que se ampliará la terapia intensiva que hoy cuenta con modernos equipos al igual que el Servicio de Diagnóstico por Imágenes en el que se inauguró hace muy pocos días un nuevo tomógrafo computarizado de 16 cortes. (Aplausos en las bancas y en la barra).
Igualmente, este año pretendemos poner en funcionamiento el nuevo Hospital Nuestra Sra. Del Rosario en Abra Pampa que contará con 30 camas de internación, guardia, shock room, laboratorio, diagnóstico por imágenes, farmacia y servicios generales. Creo que este nuevo hospital es un más que justo reconocimiento al sacrificio y esfuerzo de nuestros hermanos de la Puna.
Casi todos los hospitales y centros de salud han sido objeto durante el año pasado, o años pasados, de mejoramientos, refuncionalizaciones o reparaciones; en carpetas que dejo a disposición de los señores diputados obran los detalles. Sólo quiero decir, que seguiremos por ese camino, porque como decía al principio, todo lo que se pueda hacer o aportar al sistema de salud nunca es suficiente.
El pasado 10 de diciembre al momento de asumir mis funciones sostuve que quería expresar lo que sentía como integrante de una sociedad que advierte la pobreza, la marginación y la exclusión que aún subsiste en su seno y que la percibe no sólo como un dolor, sino como una injusticia que debemos corregir. Y no pueden caber dudas de que es así. No alcanza con que nos lamentemos de la pobreza o de la marginación, no alcanza tampoco con buscar simples paliativos o mecanismos y acciones que la mitiguen o la disimulen un poco o por algún tiempo. Debemos buscar instrumentos adecuados para la promoción social, para “sacar” de la pobreza, marginación o exclusión a tantos miles de conciudadanos jujeños que se encuentran en esta situación. Esta es y debe ser la meta de las políticas de desarrollo social. Claro que es difícil y hasta casi imposible, pero en esto no podemos caer en ningún conformismo, porque no hay sociedad que pueda crecer, desarrollarse y buscar su propio bienestar sumando sólo individualismos. Formamos parte de una comunidad, somos un todo y sólo buscando igualar posibilidades es que encontraremos un marco adecuado para la realización de nuestro futuro.
Es en este convencimiento que esta gestión de gobierno va a priorizar en todo lo que se pueda las acciones tendientes a la promoción social en el marco de una economía que pretendemos sea solidaria, democrática y distributiva.
Vamos a reactivar el Plan Provincial Familia Emprendedora, destinado a familias que reciben ayuda o refuerzo alimentario y orientado a la superación de la pobreza y generación de empleo financiando emprendimientos productivos y de servicios. La asistencia con subsidios se destina a la compra de herramientas, pequeñas maquinarias, insumos, bienes de capital y se otorga conjuntamente con la asistencia técnica y capacitación para la formulación de proyectos promoviendo la sustentabilidad de los emprendimientos. Igual proceder tendremos con los “talleres familiares”, programa que cuenta con asistencia financiera del Gobierno Nacional y destinado a emprendimientos familiares básicos, de pequeña escala y sustentados en un “oficio o saber hacer”; paralelamente se cuenta con otros instrumentos de apoyo como el monotributo social, el microcrédito y el fortalecimiento a los actores de la economía social.
En el marco del “Plan de Desarrollo Local y Economía Social y Manos a la Obra” tenemos ya comprometido financiamientos por un monto superior a los $ 3,5 millones para este año para financiar estos proyectos integrales en varias localidades del interior de la Provincia. (Aplausos en las bancas y en la barra). Vamos a insistir con todos estos programas, porque significan promoción social y no hay mejor promoción social que ayudarlos en el financiamiento de emprender tareas de tipo productivas.
En poco tiempo debemos rediscutir con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los términos y condiciones de nuevos convenios de ejecución en la Provincia en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Se prevé una asistencia financiera similar a la del año anterior, pero deberemos introducir modificaciones en cuanto a la modalidad de ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Se tiene que avanzar en la implementación progresiva de la denominada “tarjeta alimentaria social de banda magnética” en reemplazo de los clásicos bolsones de mercaderías. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra). La experiencia en la Provincia de la utilización de la tarjeta que permite una compra directa en los comercios adheridos, ha sido más que positiva destacándose ventajas como menor costo de distribución, acceso rápido a los alimentos por parte de los destinatarios, fomento al comercio local, transparencia y dignificación y la posibilidad de hacer prestaciones diferenciales según situación social de la familia o persona beneficiaria. (Aplausos).
Es decisión de esta gestión de Gobierno la jerarquización de las funciones que cumple, de acuerdo a su propia competencia normativa, la Secretaría de Derechos Humanos. Con la participación de los funcionarios del área, redefiniendo el rol del Estado como promotor y protector de derechos y basados en principios asumidos en materia de profundización de la democracia y el respeto por los derechos humanos, nos proponemos reforzar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y promover en aquellos de más difícil realización como son los derechos económicos, sociales y culturales.
Tal como esta Legislatura lo ha sostenido y ratificado hace muy pocos días en la sesión especial realizada el 24 de marzo, estamos convencidos de que el olvido y la impunidad atentan contra el Estado de Derecho. (Aplausos).
En ese orden es que se iniciará la identificación, señalización y recuperación de sitios de “memoria” locales promoviendo su integración al patrimonio y a la memoria urbana. Ello con el fin de que se constituyan en verdaderos nodos de producción e investigación de lo sucedido promoviendo la reflexión social y estimulando la trasmisión de la memoria local. Para esto requeriremos el acompañamiento y trabajo conjunto del Gobierno Nacional, de los municipios y de los organismos de Derechos Humanos. Se apuntalará la actividad archivística de relevamiento documental del archivo de la memoria y a la documentación existente en la Provincia de los sucesos de la dictadura, se acelerarán las tareas de sistematización e informatización de datos de documentos de archivos de ex detenidos y desaparecidos.
En materia de pueblos originarios redoblaremos esfuerzos en pos del diálogo y el entendimiento a las problemáticas que a ellos atañen, ratificando los principios de respeto a su identidad cultural, su organización, territorio y desarrollo asegurando la diversidad y plena participación.
Se seguirá adelante con el “Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas de la Provincia” (RETECI) que es un nuevo programa nacional de fortalecimiento que prevé relevamientos de múltiples aspectos para eventuales reconocimientos de posesión y propiedad de tierras. Complementariamente afianzaremos el Programa de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (PRIPCI) para regularizar trámites pendientes del anterior programa que abarcan todavía a 55 comunidades originarias.
La Secretaría fortalecerá y asegurará la participación de representantes de las comunidades aborígenes en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP) y ayudará a canalizar inquietudes, dudas y a solicitar aclaraciones de los informes de impacto ambiental cuando resulten pertinentes.
La sensibilización social, la prevención y castigo de los hechos de violencia de género será también tarea principal de la gestión y para ello articulará las acciones que fueren necesarias con organismos públicos y privados. (Aplausos). Con igual articulación y priorización se trabajará y participará en la temática vinculada a la trata de personas en el pleno convencimiento de que sólo con la sumatoria de todos los esfuerzos posibles podemos combatir este horrible flagelo.
Por último he encomendado también a la Secretaría especial atención en el trabajo coordinado con el Ministerio de Gobierno y Justicia en la formación y capacitación de nuestro personal de seguridad en su orientación para el cumplimiento del servicio público al que están destinados.
La seguridad ocupa un lugar importante en la agenda de este Gobierno no de forma meramente discursiva ni tampoco como una respuesta reactiva ante acontecimientos puntuales de gran notoriedad pública. En realidad, esa priorización de la seguridad, se corresponde con la implementación inminente en el área del Ministerio de Gobierno de lineamientos estratégicos de reforma a la política de seguridad que se condicen con el interés de eliminar o reducir la inseguridad que aqueja a la ciudadanía.
La intención es dar un giro real en la tradicional forma de gestionar los asuntos vinculados a la seguridad, superando la clásica delegación de la cuestión en los cuerpos policiales. Se trata de involucrar en los múltiples y complejos factores interrelacionados con el delito a sectores públicos y privados de la sociedad en el entendimiento de que necesitamos de la voluntad y compromiso de todos en aras de asegurar una convivencia digna, pacífica y la vigencia de los derechos y garantías que a todos los jujeños nos corresponden.
Por eso es que, desde el área respectiva han comenzado a realizarse encuentros con autoridades judiciales, municipales, centros vecinales y grupos de vecinos buscando detectar necesidades, compatibilizar criterios y propuestas y en definitiva aportes a la formulación de la política y a su implementación. Seguiremos convocando e interactuando con todos los sectores de la sociedad civil.
Lo hasta aquí manifestado no soslaya de manera alguna la responsabilidad primaria del Estado en lo que hace a la prevención y represión del delito, como así también a todas aquellas actividad inherentes a la Institución Policial.
Nuestra sociedad necesita incrementar su credibilidad y confianza en su Policía. Por eso, desde el Gobierno y la propia fuerza vamos a desarrollar acciones para modificar su perfil, promoveremos una formación más profesional y rigurosa de las filas policiales y mayor especificidad funcional; a la vez buscaremos la eliminación de prácticas burocráticas y de cualquier vestigio de corrupción estructural en nuestras fuerzas policiales.
- Aplausos prolongados en las bancas y en la barra.
La educación se constituye entonces en uno de los pilares de las reformas que proyectamos e involucra no sólo al personal policial y penitenciario en su fase educativa previa a su ingreso, sino también su posterior capacitación, actualización y perfeccionamiento estando en actividad y durante toda su carrera hasta el retiro. Se están desarrollando propuestas de cambios en el funcionamiento y currícula del Instituto de Seguridad Pública y avanzamos en la realización de cursos y especializaciones del personal superior.
Se ha dispuesto ya el incremento y la mejora de la presencia policial en la vía pública con el objeto de la prevención de ilícitos. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores en que los nuevos efectivos se distribuían de manera proporcional a la organización burocrática-policial, es decir comisarías, cuerpos especiales, etc., los 525 egresados en este año del Instituto de Seguridad Pública que han sido incorporados a las fuerzas serán asignados principalmente a funciones preventivas de acuerdo al registro de la cantidad y tipos de hechos delictivos en cada una de las jurisdicciones, densidad demográfica e importancia estratégica. (Aplausos).
Los nuevos efectivos se incorporarán al Cuerpo de Protección Ciudadana, encargados de realizar servicios de patrullajes y paradas policiales, incrementando el número de efectivos en las ciudades más grandes e incorporando nuevas localidades con concentración urbana.
Se ha diseñado un nuevo sistema de recorridos y patrullajes. Las zonas abarcadas por el servicio de Protección Ciudadana serán definidas con participación de la comunidad, centros vecinales, asambleas de vecinos, cámaras de empresas, comerciantes y autoridades municipales. Se prevé un servicio dinámico incorporando además de los controles en lugares fijos, controles móviles; variación de los lugares donde los controles se realizan, modificación de días de la semana y de horarios. Si bien mayoritariamente los recorridos y patrullajes serán realizados por efectivos de “a pie”, se incorporará de manera coordinada el apoyo de los cuerpos de Radiopatrulla, Motorizados y de Caballería.
Decía, que desde el Ministerio del Área se llevan adelante consultas, cruces de información y acuerdos con distintos sectores de la sociedad y particularmente con las autoridades municipales en el entendimiento de que la responsabilidad es compartida y el beneficio también es de todos. En este sentido estamos avanzando en coordinar cuestiones vinculadas al alumbrado público, zonas y lugares de recorridos y patrullas y fundamentalmente a la actuación del Personal Municipal afectado a la seguridad vial habida cuenta de la incidencia de los controles sobre vehículos y transportes factibles de ser usados para delinquir.
Por fin se han desarrollado mecanismos de verificación y auditoría de estos nuevos criterios tanto internos de la fuerza como de la comunidad organizada.
Quiero destacar realmente las reuniones llevadas a cabo en estos últimos días con distintos intendentes municipales y algunos centros vecinales en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia fue realmente la respuesta brindada por los señores intendentes y los centros vecinales ha sido muy fuerte y de mucho compromiso ante este nuevo accionar que pretendemos de la Policía de la Provincia en la tarea de prevención del delito. (Aplausos).
Con estos lineamientos se ha previsto también una refuncionalización de las Comisarías. Si bien es cierto que existe una generalizada opinión de la comunidad de que la solución de los problemas de seguridad de un barrio o de una localidad pasa por la creación o instalación de una Comisaría, debemos reconocer que no es eso lo que marcan las estadísticas y la realidad. Ello así, porque en muchas Comisaría hay un excesivo número de detenidos en celdas o calabozos que requieren no sólo de la atención personalizada de mucho personal sino también genera un verdadero déficit de espacio dentro de las propias comisarías y viene a consecuencia de un déficit de espacio -valga la redundancia- en nuestro Servicio Penitenciario. Se saturan de tareas administrativas y hay falta de utilización de tecnologías disponibles.
En lo inmediato vamos a incorporar nuevos equipos informáticos en las Comisarias de mayor movimiento administrativo, sistema de acceso a internet y comunicaciones y se coordinará un mejor funcionamiento con el Poder Judicial en las tareas de investigación del delito y encararemos la búsqueda de financiamientos para realizar ampliación de la infraestructura carcelaria dotándola de más plazas, y de ser posible la construcción de una nueva cárcel.
Durante la gestión anterior, en el año 2.011, con carácter provisorio y casi experimental se puso en funcionamiento, como se ha hecho en otros lugares del País, un sistema de videocámaras de seguridad como una herramienta tecnológica tendiente a incrementar sustancialmente el control sobre la vía pública.
Con una adecuada información recibida y la experiencia adquirida en este tiempo, hemos decidido llevar adelante el proyecto en el convencimiento de que el sistema permitirá coordinar y colaborar en la investigación, prevención y detección temprana de contravenciones y delitos. Nos parece positivo un mecanismo que a partir de la captación de imágenes, sin lesionar el derecho a la intimidad, contribuya a dar respuestas inmediatas en casos de emergencias o acciones delictivas en general otorgando una cobertura más integral a la seguridad ciudadana.
A partir de la elaboración que logre una Comisión ya constituida por miembros de la Policía de la Provincia y funcionarios del Ministerio de Gobierno en el curso del corriente año remitiremos a esta Legislatura modificaciones a la normativa vigente en materia de personal, particularmente la Ley Orgánica Policial que data del año 1.981. La Comisión está analizando nuevos conceptos en materia de condiciones de trabajo, profesionalización y especialización del personal, relación y participación comunitaria y la creación de nuevos servicios de prevención del delito; se tienen especialmente en cuenta la larga experiencia adquirida por los más de 30 años de la actual estructura organizativa y las estructuraciones más modernas de otras provincias.
Si bien todas estas acciones encaradas y a encarar se encuentran básicamente en la actividad preventiva de nuestra fuerza de seguridad que consideramos primordial; la Provincia ha avanzado significativamente en los últimos tiempos en la estructuración de un sistema que pueda dar más rápida y clara respuesta a cada uno de los hechos delictivos que se producen.
Me estoy refiriendo a la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal – Ley N° 5623 por el que en materia de investigación del delito se reemplaza la estructura tradicional sentada sobre la Justicia de Instrucción, por una nueva estructura más numerosa, que mejora la presencia en el territorio provincial y dota de reglas más flexibles. Generar los espacios físicos, el equipamiento, dotar de los recursos humanos necesarios y seleccionar los postulantes de las 12 nuevas Fiscalías de Investigaciones, con más los Ayudantes Fiscales y los Ayudantes Fiscales en Delegaciones Regionales fue una tarea que demandó ingentes esfuerzos; sin embargo las expectativas generadas en este nuevo sistema judicial los justifican plenamente el esfuerzo del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el propio Poder Legislativo.
Señores Legisladores, pido disculpas si en algunos pasajes de este Mensaje he sido demasiado extenso. Pese a ello hay aspectos que han quedado sin abordar y que tal vez podrían haber resultado del interés de Ustedes. Dejo desde ya ofrecida la presencia de todos los funcionarios de este Gobierno para esclarecer o ampliar lo que fuere necesario. Pretendo que la gestión que iniciamos sea lo más abierta y transparente posible, que todos tengan la oportunidad de conocer y expresar su opinión para enriquecerla y también para corregirla cuando nos equivoquemos, pretendo que a esta gestión la construyamos entre todos.
Sé que muchas de las ideas y proyectos que propongo tienen mucho de sueño, pero sé también que muchos sueños se plasmaron en realidades y fueron cambiando la fisonomía de Jujuy para el bienestar de nuestra gente. Por eso es que voy a seguir soñando y voy a tratar de construir sobre ese cimiento, porque yo creo en el potencial de nuestra tierra y en el trabajo y capacidad de los jujeños.
Como decía al principio, hace doscientos años Belgrano nos convocó para que auxiliáramos a la Patria; hoy yo me permito convocarlos a todos para que seamos audaces, para que rompamos el mal hábito de esperar y enfrentemos juntos el desafío de crecer, por nosotros, por nuestras familias y en definitiva por Jujuy.
Que en esta Pascua de Resurrección, Dios nos señale el camino a seguir y nos de la energía y la fe para transitarlo. 
Muchísimas gracias.
EDUARDO FELLNER

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