"Brandenburg v. Ohio" 395 US 444 (1969) -Versión en español y en inglés-

BRANDENBURG v. OHIO

395 US 444 (1969)

BRANDENBURG

v.

OHIO

U.S. Supreme Court

[9 de Junio de 1969]

APELACIÓN DE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE N° 492

DECISION DEL TRIBUNAL

El apelante, un líder del Ku Klux Klan, fue condenado en virtud de la ley de Sindicalismo Delictivo de Ohio por “reivindicar... el deber, la necesidad o la pertinencia de los delitos, sabotajes, actos de violencia o métodos ilícitos de terrorismo como medio para lograr una reforma industrial o política” y por “asociarse voluntariamente con cualquier sociedad, grupo o agrupación de personas que tengan por objeto enseñar o reivindicar las doctrinas del sindicalismo delictivo”. Ni la imputación ni las instrucciones impartidas al jurado por el juez a cargo del tribunal de primera instancia acotaron en modo alguno la definición del delito que se establece en la ley, que no diferencia la mera reivindicación de la incitación de la acción ilícita inminente. Resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos: Dado que la ley, por su propia redacción y conforme se aplica, tiene por objeto sancionar la mera reivindicación y prohibir, a través de la imposición de sanciones penales, la asociación con otras personas que tenga por único fin reivindicar el tipo de accionar mencionado, se inscribe en el marco de los supuestos condenados por la Primera y la Decimocuarta Enmiendas. La libertad de expresión y la libertad de prensa no permiten que un Estado proscriba la reivindicación del uso de la fuerza o la violación de las leyes, salvo en los casos en que dicha reivindicación tenga por objeto incitar o producir actos ilícitos inminentes, y si fuera probable que inciten o produzcan tales acciones. Whitney v. California, 274 US 357, revocada.

Se revoca la sentencia.

Allen Brown actuó como letrado patrocinante de la parte apelante. Contó con la colaboración Norman Dorsen, Melvin L. Wulf, Eleanor Holmes Norton y Bernard A. Berkman.

Leonard Kirschner actuó como letrado patrocinante de la parte apelada. Contó con la colaboración de Melvin G. Rueger.

Paul W. Brown, Procurador General de Ohio, pro se, y Leo J. Conway, Subprocurador General, presentaron un escrito por el Procurador General en calidad de amicus curiae.

PER CURIAM.

El apelante, líder de un grupo del Ku K1ux K1an, fue condenado en virtud de la ley de Sindicalismo Delictivo de Ohio por “reivindicar... el deber, la necesidad o la pertinencia de los delitos, sabotajes, actos de violencia o métodos ilícitos de terrorismo como medio para lograr una reforma industrial o política” y por “asociarse voluntariamente con cualquier sociedad, grupo o agrupación de personas que tengan por objeto enseñar o reivindicar las doctrinas del sindicalismo delictivo”. Ohio Rev. Code Ann. 2923.13. Se le impuso una multa de U$S 1.000 y se lo condenó a cumplir una pena de entre uno y diez años de prisión. La parte apelante cuestionó la constitucionalidad de la ley de sindicalismo delictivo en virtud de la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, pero el tribunal intermedio de apelaciones de Ohio confirmó su condena en una decisión no motivada. El Tribunal Supremo de Ohio [Supreme Court of Ohio] desestimó la apelación de oficio por considerar que en ella “no se plantea ninguna cuestión constitucional sustancial”. Tampoco emitió una opinión ni explicó sus conclusiones. La apelación se presentó ante la Corte y esta se declaró competente. 393 US 948 (1968). Se revoca la sentencia.

El expediente indica que un hombre, identificado en el juicio como la parte apelante, se comunicó telefónicamente con un conductor de un canal de televisión de Cincinnati y lo invitó a participar en una concentración del Ku Klux Klan que se llevaría a cabo en un establecimiento rural del condado de Hamilton. Con la colaboración de los organizadores, el periodista y un camarógrafo asistieron a la reunión y filmaron lo sucedido. Partes de estas películas fueron posteriormente transmitidas por el canal local y por una red nacional.

El argumento de la acusación se basaba en las películas y en un testimonio que identificaba al apelante como la persona que se comunicó con el periodista y que hablaba durante la concentración. El Estado también presentó como pruebas varios elementos que aparecían en la película, como una pistola, un rifle, una escopeta, municiones, una Biblia y una capucha roja utilizada por el orador en las películas.

En una de las películas aparecían 12 figuras encapuchadas, algunas de las cuales portaban armas de fuego. Estaban reunidas alrededor de una gran cruz de madera que luego fue quemada. Los únicos presentes eran los participantes. Y los representantes del programa de noticias que realizaron la filmación. La mayoría de las palabras pronunciadas durante la escena eran incomprensibles cuando se proyectó la película; no obstante, podían entenderse frases sueltas que se referían en forma despectiva a los negros y, en un caso, a los judíos [1]. Otra escena de la misma película mostraba a la parte apelante, con las insignias del Klan, dando un discurso. El discurso, en su versión completa, era el siguiente:

“Esta es una reunión de organizadores. Hemos tenido unos cuantos miembros aquí hoy que son... tenenos cientos, cientos de miembros en todo el estado de Ohio. Comparto con ustedes una cita de un periódico, el Dispatch de Columbus, Ohio, que apareció en una edición dominical matutina de hace cinco semanas En el estado de Ohio, el Klan cuenta con más miembros que cualquier otra organización. No somos una organización vengativa, pero si nuestro Presidente, nuestro Congreso, nuestra Corte Suprema siguen suprimiendo la raza blanca caucásica, es posible que deban tomarse ciertos actos de venganza.

Marcharemos al Congreso el 4 de julio, y seremos 400.000. Desde allí nos dividiremos en dos grupos: uno marchará hacia St. Augustine, Florida, y el otro hacia Missisipi. Muchas gracias”.

La segunda película mostraba seis figuras encapuchadas. Una de ellas, que más tarde fue identificada como el apelante, repetía un discurso muy similar al grabado en la primera película. En esta oportunidad, se omitía la referencia a la posibilidad de “venganza” y se agregaba una oración: “En lo personal, considero que los negros deberían regresar a África y los judíos a Israel”. Aunque algunas de las figuras que aparecen en las películas portaban armas, la persona que hablaba no estaba armada.

La Ley de Sindicalismo Delictivo de Ohio fue sancionada en 1919. Desde 1917 hasta 1920, se adoptaron leyes idénticas o bastante similares en 20 estados y dos territorios. E. Dowell, A History of Criminal Syndicalism Legislation in the United States 21 (1939). En 1927, esta Corte confirmó la constitucionalidad de la Ley de Sindicalismo Delictivo de California, Código Penal de California 11400-11402, cuyo texto es bastante similar al de las leyes de Ohio. Whitney v. California, 274 US 357 (1927). La Corte validó la ley basándose en el argumento de que, sin que sean necesarios otros elementos, “reivindicar” medios violentos para generar cambios políticos y económicos implica un peligro tal para la seguridad del Estado que este puede declarar su ilegitimidad. Cf. Fiske v. Kansas, 274 US 380 (1927). No obstante, el caso Whitney quedó totalmente desacreditado por sentencias posteriores. Ver Dennis v. United States, 341 US 494, en 507 (1951). Estas sentencias posteriores definieron el principio de que las garantías constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa no permiten que un Estado prohíba o proscriba la reivindicación del uso de la fuerza ni la violación de las leyes, salvo en los casos en que dicha reivindicación tenga por objeto incitar o producir actos ilícitos inminentes, y si fuera probable que inciten o produzcan tales acciones [2]. Tal como lo señalamos en Noto v. United States, 367 US 290, 297-298 (1961), “el mero acto de enseñar... la pertinencia moral o incluso la necesidad moral de recurrir a la fuerza y a la violencia no puede equipararse a preparar a un grupo para actuar violentamente e instigarlo para ese fin”. Ver también Herndon v. Lowry, 301 US 242, 259-261 (1937); Bond v. Floyd, 385 US 116, 134 (1966). Una ley que no logra establecer esta distinción invade, de manera inaceptable, las libertades garantizadas por la Primera y la Decimocuarta Enmiendas. Incluye indiscriminadamente entre sus prohibiciones aquellas expresiones que, conforme a nuestra Constitución, son inmunes al control del gobierno. Cf. Yates v. United States, 354 US 298 (1957); De Jonge v. Oregon, 299 US 353 (1937); Stromberg v. California, 283 US 359 (1931). Ver también United States v. Robel, 389 US 258 (1967); Keyishian v. Board of Regents, 385 US 589 (1967); Elfbrandt v. Russell, 384 US 11 (1966); Aptheker v. Secretary of State, 378 US 500 (1964); Baggett v. Bullitt, 377 US 360 (1964).

La Ley de Sindicalismo Delictivo de Ohio no supera esta prueba. La Ley sanciona a las personas que “reivindican o enseñan el deber, la necesidad o la pertinencia” de la violencia “como medio para lograr una reforma industrial o política”; o que publican o hacen circular o exhiben libros o escritos en los cuales se fomentan esas ideas; o que “justifican” la comisión de actos violentos “con la intención de ejemplificar, difundir o reivindicar la pertinencia de las doctrinas del sindicalismo delictivo”; o que “se asocian voluntariamente” con un grupo constituido “para enseñar o reivindicar las doctrinas del sindicalismo delictivo”. Ni la imputación ni las instrucciones impartidas al jurado por el juez del tribunal de primera instancia acotaron en modo alguno la definición lisa y llana del delito que se establece en la ley, que no diferencia la mera reivindicación de la incitación de la acción ilícita inminente. [3]

En virtud de lo expuesto, nos confrontamos aquí con una ley que, por su propia redacción y conforme se aplica, tiene por objeto sancionar la mera reivindicación y prohibir, a través de la aplicación de sanciones penales, la asociación con otras personas que tenga por único fin reivindicar el tipo de accionar mencionado. [4] Esta ley se inscribe en el marco de los actos condenados por la Primera y la Decimocuarta Enmiendas. La enseñanza opuesta que surge del caso Whitney v. California, supra, no resulta admisible, y por tanto dicha sentencia se revoca.

Se revoca la sentencia.

Voto concurrente del JUEZ BLACK.

Estoy de acuerdo con lo expresado por el JUEZ DOUGLAS en su opinión concurrente en este caso, de que la doctrina del “peligro claro y presente” no debería tenerse en cuenta en la interpretación de la Primera Enmienda. Adhiero a la opinión de la Corte, que, según entiendo, simplemente cita el caso Dennis v. United States, 341 US. 494 (1951), pero no indica ningún acuerdo, por parte de la Corte, con la doctrina del “peligro claro y presente” en la cual pretendió basarse Dennis.

Voto concurrente del JUEZ DOUGLAS.

Si bien adhiero a la opinión de la Corte, quisiera expresar una advertencia.

La prueba del “peligro claro y presente” fue concebida por el juez Holmes en un caso que surgió durante la Primera Guerra Mundial, una guerra declarada por el Congreso, no por el Ejecutivo. El caso fue Schenck v. United States, 249 US 47, 52, en que el una persona fue acusada de intentar causar una insubordinación en las fuerzas militares y obstaculizar el alistamiento. En aquella oportunidad se distribuyeron panfletos que instaban a resistirse al enrolamiento obligatorio, denunciaban conscripción e impugnaban los móviles de quienes respaldaban la iniciativa bélica. La Primera Enmienda fue citada como defensa. El juez Holmes, en rechazo de dicha defensa, expresó:

“En todos los casos, la cuestión es si los términos utilizados se emplean en tales circunstancias y son de tal naturaleza que pueden generar el peligro claro y presente de que se produzcan los daños graves que el Congreso tiene derecho a prevenir. Es una cuestión de proximidad y medida”.

El caso Frohwerk v. United States, 249 US 204, cuya autoría también corresponde al juez Holmes, implicó el juicio y castigo de la publicación de artículos que criticaban duramente la iniciativa bélica en la Primera Guerra Mundial. Se hizo referencia al caso Schenck como ejemplo de una condena aplicada por obstrucción la seguridad “a través de un discurso persuasivo”. Íd., en 206. La condena en el caso Frohwerk se confirmó porque “el periódico circulaba en lugares donde una pequeña chispa bastaba para encender una llama”. Íd., en 209.

Debs v. United States, 249 US 211, fue el tercer caso de la trilogía del Período de 1918. Debs fue condenado por manifestarse en oposición a la guerra, en tanto su “oposición se expresó de tal manera que su efecto natural y esperado hubiera sido obstaculizar el reclutamiento”. Íd., en 215.

“Si esa fue la intención y si, en todas las circunstancias, ese hubiera sido su probable efecto, no gozaría de protección por formar parte de un programa general ni por ser la expresión de una creencia general y consciente”. Ibíd.

En el Período 1919, la Corte aplicó la doctrina de Schenck para ratificar las condenas de otros disidentes en la Primera Guerra Mundial. Abrams v. United States, 250 US 616, fue uno de estos casos. El juez Holmes expresó una opinión disidente, a la cual se sumó el juez Brandeis. Si bien adhería a la sentencia dictada en el caso Schenck, no consideraba que se hubieran expuesto argumentos suficientes para desestimar la Primera Enmienda en relación con los antecedentes de hecho:

“Solamente el peligro actual de un mal inmediato o de una intención de causarlo justifica el hecho de que el Congreso limite la expresión de opiniones en casos en que no haya derechos privados involucrados. Ciertamente el Congreso no puede prohibir todos los esfuerzos por modificar la mentalidad del país”. Íd., en 628.

Otro ejemplo de esta situación fue el caso Schaefer v. United States, 251 US 466, en el cual el juez Brandeis expresó una opinión disidente, secundada por el juez Holmes. Y un tercer ejemplo fue el caso Pierce v. United States, 252 US 239, en el cual el juez Brandeis expresó un voto disidente, al que adhirió el juez Holmes.

Esos fueron, entonces, los casos de la Primera Guerra Mundial que añadieron la condición de “peligro claro y presente” en la Primera Enmienda. Si el poder de la guerra -el mayor de todos los niveladores- resulta adecuado para sostener esa doctrina es una cuestión discutible. El disenso de Abrams, Schaefer y Pierce muestra con qué facilidad se manipula el “peligro claro y presente” para frustrar lo que Brandeis denominó “el derecho fundamental de los hombres libres a luchar por mejores condiciones a través de nueva legislación y nuevas instituciones”, mediante la argumentación y el discurso (Pierce v. United States, supra, en 273), aun en tiempos de guerra. Si bien dudo de que la prueba del “peligro claro y presente” sea coherente con la Primera Enmienda en tiempos de guerra declarada, estoy seguro de que no puede conciliarse con la Primera Enmienda en tiempos de paz.

Con argumentos suficientes, la Corte revoca la sentencia del caso Whitney v. California, 274 US 357, que implicaba la reivindicación de ideas que, para la mayoría de los jueces de la Corte, resultaban insensatas y peligrosas.

El juez Holmes, aunque nunca abandonó formalmente la prueba del “peligro claro y presente”, se acercó al ideal de la Primera Enmienda cuando expresó su disidencia en el caso Gitlow v. New York, 268 US 652, 673:

“Cada idea constituye una incitación. Se ofrece para que los demás la crean y, de ser así, esa idea se convierte en un fundamento para la acción, salvo que sea superada por otra creencia, o que una falta de ímpetu sofoque el movimiento apenas iniciado. La única diferencia entre la expresión de una opinión y una incitación en el sentido más acotado del término es el entusiasmo que el orador tenga en el resultado. La elocuencia puede aniquilar a la razón. Sin embargo, cualquiera sea la opinión que se tenga del discurso excesivo que tenernos frente a nosotros, no tenía posibilidades de iniciar una conflagración en ese momento. Si, a largo plazo, las creencias expresadas en una dictadura proletaria están destinadas a ser aceptadas por las fuerzas dominantes de la comunidad, el único sentido de la libertad de expresión es que tales creencias deben tener su oportunidad y su espacio para manifestarse”.

Nunca hemos sido fieles a la filosofía de ese disenso.

En el caso Herndon v. Lowry, 301 US 242, la Corte revocó una condena que sancionaba la invocación de los derechos consagrados en la Primera Enmienda con el fin de instigar a una insurrección debido a que no existían pruebas suficientes de dicha instigación. Íd., en 259-261. Ver también Hartzel v. United States, 322 US 680. En el caso Bridges v. California, 314 US 252, 261-263, aprobarnos la prueba del “peligro claro y presente” en un dictum detallado que acotó su alcance y la situó en una categoría más delimitada. Pero en el caso Dennis v. United States, 341 US 494, abrimos ampliamente esa puerta y distorsionamos la prueba del “peligro claro y presente” hasta los límites de lo reconocible. [5]

En ese caso, la acusación había calificado de “conspiración” a un acuerdo para predicar el credo marxista. El caso fue sometido a un jurado con la condición de que este no podía imponer una condena a menos que determinara que los acusados “se proponían derrocar al Gobierno tan pronto como las circunstancias lo permitieran”. Íd., en 509-511. La Corte confirmó las condenas por esa imputación e interpretó que significaba una determinación de “si la gravedad del “mal”, teniendo en cuenta su improbabilidad, justifica una invasión de la libertad de expresión tal como la que resulta necesaria para evitar el peligro” [6]. Íd., en 510, cita de United States v. Dennis, 183 F.2d 201,212.

De la prueba del “peligro claro y presente” surgió otro derivado. La reivindicación y la enseñanza del derrocamiento violento del gobierno como un principio abstracto no puede ser motivo de juzgamiento. Yates v. United States, 354 US 298,318. No obstante, un miembro “activo” que tenga un conocimiento y una intención culpable de derrocar al Gobierno mediante la violencia, Noto v. United States, 367 US 290, puede ser sometido a juicio. Scales v. United States, 367 US 203, 228. La facultad de investigar, respaldada por la poderosa sanción del desacato, incluye la facultad de determinar en cuál de las dos categorías se encuadra ese testigo en particular. Barenblatt v. United States, 360 US 109, 130. De este modo, el investigador deambula a voluntad por todas las creencias del testigo, escudriñando en su conciencia y en sus pensamientos más profundos.

El juez Learned Hand, quien escribió para el Tribunal de Apelaciones la confirmación de la sentencia del caso Dennis, diseñó la prueba de los hechos “no improbables”, 183 F.2d 201, 214, que esta Corte adoptó y que el juez Hand prefirió por sobre la prueba del “peligro claro y presente”. De hecho, en su libro, The Bill of Rights 59 (1958), al referirse a la prueba del “peligro claro y presente”, creada por Holmes, manifestó: “No puedo evitar pensar que, por una vez, Homero asintió”.

Yo tengo una visión bastante diferente. No creo que en el régimen de la Primera Enmienda haya lugar para la prueba del “peligro claro y presente”, ni estricta y severa, como la preferirían algunos, ni flexible como la reformuló la Corte en el caso Dennis.

Cuando uno lee detenidamente las opiniones y ve cuándo y cómo se aplicó la prueba del “peligro claro y presente”, se suscitan grandes dudas. En primer lugar, si bien las amenazas muchas veces sonaron fuerte, siempre fueron endebles, y solamente fueron tomadas en serio por jueces tan atados al statu quo que se mostraban nerviosos ante la posibilidad de realizar un análisis crítico. En segundo lugar, la prueba en el caso Dennis era tan retorcida y perversa que permitió que el juicio a esos predicadores del marxismo se transformara en un juicio absolutamente político que formó parte esencial de la Guerra Fría y que ha erosionado importantes pasajes de la Primera Enmienda.

La acción suele ser un medio de expresión y está protegida por la Primera Enmienda.

Si una persona rompiera su ejemplar de la Constitución en una elocuente manifestación de protesta ante una decisión de esta Corte, ¿podría esa persona ser acusada de instigación?

Si una persona rompiera su ejemplar de la Biblia para celebrar que ha abandonado una “fe” para abrazar el ateísmo, ¿podría esa persona ser acusada de instigación?

En el último Período, la Corte resolvió, en el caso United States v. O’Brien, 391 US 367, 382, que una persona que se encontraba inscripta en el Servicio Selectivo y quemaba su credencial de enrolamiento obligatorio en protesta contra la guerra de Vietnam podía ser sometida a juicio. La primera Enmienda fue citada como defensa y posteriormente rechazada, con el siguiente comentario de la Corte:

“La emisión de certificados que indican la inscripción y la determinación de aptitud de las personas es una herramienta administrativa legítima y sustancial para el funcionamiento de este sistema. Y la legislación tendiente a asegurar la disponibilidad constante de los certificados emitidos sirve a un propósito legítimo y sustancial en la administración del sistema”. 391 US, en 377-378.

Pero O’Brien no fue juzgado por no tener disponible su credencial de enrolamiento obligatorio cuando un agente federal se las solicitó. Fue acusado, juzgado y condenado por quemar esa credencial. Y la confirmación de esa condena por parte de esta Corte no fue -y planteo esta cuestión con el mayor respeto- coherente con la Primera Enmienda.

El acto de rezar suele involucrar posturas y movimientos corporales, además de palabras. No obstante, este acto está protegido por la Cláusula de Libre Ejercicio. Realizar piquetes, como lo hemos señalado en diversas ocasiones, constituye un “plus sobre la libertad de expresión”. Ver el caso Bakery Drivers Local v. Wohl, 315 US 769, 775 (JUEZ DOUGLAS, voto concurrente); Giboney v. Empire Storage Co., 336 US 490, 501; Hughes v. Superior Court, 339 US 460, 465; Labor Board v. Fruit Packers, 377 US 58, 77 (JUEZ BLACK, voto concurrente), e Íd., en 93 (JUEZ HARLAN, voto en disidencia); Cox v. Louisiana, 379 US 559, 578 (voto del JUEZ BLACK); Food Employees v. Logan Plaza, 391 US 308,326 (JUEZ DOUGLAS, voto concurrente). Eso significa que puede regularse cuando se trata del aspecto “plus” o de “acción” de la protesta. Es posible regular la cantidad de piquetes y el lugar y la hora en que se realizan (ver caso Cox v. Louisiana, supra), porque de lo contrario se producirían problemas de tránsito y se ocasionarían otras dificultades a la comunidad.

Pero ninguna de estas consideraciones está implicada en la protesta simbólica contra la guerra de Vietnam expresada al quemar la credencial de enrolamiento obligatorio.

Las creencias de una persona, durante mucho tiempo, se consideraron espacios sagrados que el gobierno no podía invadir. El caso Barenblatt es un ejemplo de la facilidad con que puede violarse dicho espacio sagrado. La separación que estableció la Corte entre el acto delictivo de ser un comunista “activo” y el acto inocente de ser comunista en teoría o inactivo marcan la diferencia únicamente entre la creencia profunda y perdurable y la creencia casual o incierta. Pero yo creo que todas las cuestiones que tienen que ver con creencias están más allá del alcance de las citaciones judiciales o de los sondeos de los investigadores. Por eso, las invasiones de la privacidad perpetradas por los comités investigadores fueron claramente inconstitucionales. Esa es la profunda falla de las tristemente célebres audiencias sobre lealtad y seguridad que, desde 1947 -año en que el presidente Truman las instauró- han procesado a 20.000.000 de hombres y mujeres. Esas audiencias tuvieron que ver, fundamentalmente, con los pensamientos, las ideas, las creencias y las convicciones de las personas. Constituyeron las más flagrantes violaciones de la Primera Enmienda de las que hayamos tomado conocimiento.

La línea entre lo que puede permitirse y no está sujeto a controles y lo que puede prohibirse pero está sujeto a reglamentaciones, es la línea entre las ideas y los actos manifiestos.

El ejemplo que habitualmente dan quienes estarían dispuestos a condenar una expresión es el caso de una persona que, en un teatro abarrotado de espectadores, grita a viva voz que se está produciendo un incendio cuando ello no es cierto.

Este es, no obstante, un clásico caso en el cual el discurso está unido a la acción. Ver Speiser v. Randall, 357 US 513, 536-537 (JUEZ DOUGLAS, voto concurrente). De hecho, son inseparables y es posible juzgar a quienes efectivamente realizan estos actos manifiestos. Más allá de los casos poco frecuentes de este tipo, el discurso, en mi opinión, no puede ser sometido a Juicio. Ciertamente, no existe una línea constitucional entre la reivindicación de las ideas abstractas como en el caso Yates y la reivindicación de las acciones políticas como en el caso Scales. La calidad que revista tal reivindicación depende de la profundidad de la convicción; y el gobierno no tiene potestad para invadir dicho espacio sagrado de creencia y conciencia. [7]

1] A continuación se transcriben las partes importantes que resultaban comprensibles:

[2] Esta Corte defendió la constitucionalidad de la Ley sobre la base de la teoría de que la Ley Smith, 54 Stat. 670, 18 U.S.C. 2385, contemplaba dicho principio y había sido aplicada de conformidad con este. Dennis v. United States, 341 US 494 (1951). El hecho de que esta fue la base sobre la cual se fundó el caso Dennis se destacó en el caso Yates v. United States, 354 US 298, 320-324 (1957), en el cual la Corte dejó sin efecto condenas aplicadas por reivindicar el derrocamiento violento del Gobierno en virtud de la Ley Smith, dado que las instrucciones del juez de primera instancia habían permitido que se impusiera una condena por el solo hecho de reivindicar acciones, independientemente de su tendencia a generar actos violentos.

“¿Hasta dónde van a llegar los negros? Sí...”

“Esto es lo que vamos a hacer con los negros”.

“Un negro sucio”.

“Que los judíos vuelvan a Israel”.

“Hay que devolverlos al oscuro jardín”.

“Salvemos a Estados Unidos”.

“Volvamos a mejorar la Constitución”.

“Muerte a los negros”.

“Querernos hacer lo que nos toca”.

“Déjennos gozar de nuestros derechos estatales”.

“Libertad para los blancos”.

“A partir de ahora, los negros van a tener que luchar por cada cosa que quieran obtener, por más pequeña que sea”.

[3] La primera imputación del auto de procesamiento acusaba a la parte apelante de “reivindicar ilícitamente, a través de la transmisión verbal, la necesidad o la pertinencia de los delitos, los actos de violencia o los métodos ilícitos de terrorismo como medio para lograr una reforma política...“ La segunda imputación acusaba a la parte apelante de “asociarse voluntaria e ilícitamente con un grupo o agrupación de personas que tenían por objeto reivindicar las doctrinas del sindicalismo delictivo...“. La acusación del juez de primera instancia simplemente repitió el lenguaje de la imputación. Ninguna interpretación de la ley por parte de los tribunales de Ohio ha logrado inscribirla dentro de los límites de lo que puede ser permitido en virtud de la Constitución. La Corte Suprema de Ohio ha considerado la ley solamente en un caso anterior, State v. Kassay, 126 Ohio St. 177, 184 N.E 521 (1932), en el cual se confirmó la constitucionalidad de la norma.

[4] Las leyes que afectan el derecho de asociación, al igual que las que se refieren al derecho de libre expresión, deberán observar las distinciones establecidas entre la mera reivindicación y la incitación a cometer actos ilícitos inminentes; tal como lo señaló el juez Hughes, Presidente del Tribunal, en el caso De Jonge v. Oregon, supra, en 364:

“El derecho de asociación pacífica es un derecho afín a los de libertad de expresión y libertad de prensa, y es tan fundamental como estos”. Ver también United States v. Cruikshank, 92 US 542,552 (1876); Hague v. CIO, 307 US 496, 513, 519 (1939); NAACP v. Alabama ex rel. Patterson, 357 US 449,460-¬461 (1958).

[5] Ver McKay, The Preference For Freedom, 34 N. Y. U. L. Rev. 1182, 1203-1212 (1959)

[6] Ver Feiner v. New York, 340 US 315, en el cual una persona fue arrestada por enardecer al grupo que la estaba escuchando, cuando el único “peligro claro y presente” era que algunos de los asistentes causara disturbios en la asamblea.

[7] Ver voto disidente del JUEZ BLACK, en el caso Comunications Assn v. Douds, 339 US 382, 446, 449 et seq.
Fuente: Universidad de Palermo - Facultad de Derecho

[Version en ingles]
U.S. Supreme Court

BRANDENBURG v. OHIO, 395 U.S. 444 (1969)

395 U.S. 444

BRANDENBURG v. OHIO.

APPEAL FROM THE SUPREME COURT OF OHIO.

No. 492.

Argued February 27, 1969.

Decided June 9, 1969.

Appellant, a Ku Klux Klan leader, was convicted under the Ohio Criminal Syndicalism statute for "advocat[ing] . . . the duty, necessity, or propriety of crime, sabotage, violence, or unlawful methods of terrorism as a means of accomplishing industrial or political reform" and for "voluntarily assembl[ing] with any society, group or assemblage of persons formed to teach or advocate the doctrines of criminal syndicalism." Neither the indictment nor the trial judge's instructions refined the statute's definition of the crime in terms of mere advocacy not distinguished from incitement to imminent lawless action. Held: Since the statute, by its words and as applied, purports to punish mere advocacy and to forbid, on pain of criminal punishment, assembly with others merely to advocate the described type of action, it falls within the condemnation of the First and Fourteenth Amendments. Freedoms of speech and press do not permit a State to forbid advocacy of the use of force or of law violation except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such action. Whitney v. California, 274 U.S. 357 , overruled.

Reversed.

Allen Brown argued the cause for appellant. With him on the briefs were Norman Dorsen, Melvin L. Wulf, Eleanor Holmes Norton, and Bernard A. Berkman.

Leonard Kirschner argued the cause for appellee. With him on the brief was Melvin G. Rueger.

Paul W. Brown, Attorney General of Ohio, pro se, and Leo J. Conway, Assistant Attorney General, filed a brief for the Attorney General as amicus curiae.

PER CURIAM.

The appellant, a leader of a Ku Klux Klan group, was convicted under the Ohio Criminal Syndicalism statute for "advocat[ing] . . . the duty, necessity, or propriety [395 U.S. 444, 445] of crime, sabotage, violence, or unlawful methods of terrorism as a means of accomplishing industrial or political reform" and for "voluntarily assembl[ing] with any society, group, or assemblage of persons formed to teach or advocate the doctrines of criminal syndicalism." Ohio Rev. Code Ann. 2923.13. He was fined $1,000 and sentenced to one to 10 years' imprisonment. The appellant challenged the constitutionality of the criminal syndicalism statute under the First and Fourteenth Amendments to the United States Constitution, but the intermediate appellate court of Ohio affirmed his conviction without opinion. The Supreme Court of Ohio dismissed his appeal, sua sponte, "for the reason that no substantial constitutional question exists herein." It did not file an opinion or explain its conclusions. Appeal was taken to this Court, and we noted probable jurisdiction. 393 U.S. 948 (1968). We reverse.

The record shows that a man, identified at trial as the appellant, telephoned an announcer-reporter on the staff of a Cincinnati television station and invited him to come to a Ku Klux Klan "rally" to be held at a farm in Hamilton County. With the cooperation of the organizers, the reporter and a cameraman attended the meeting and filmed the events. Portions of the films were later broadcast on the local station and on a national network.

The prosecution's case rested on the films and on testimony identifying the appellant as the person who communicated with the reporter and who spoke at the rally. The State also introduced into evidence several articles appearing in the film, including a pistol, a rifle, a shotgun, ammunition, a Bible, and a red hood worn by the speaker in the films.

One film showed 12 hooded figures, some of whom carried firearms. They were gathered around a large wooden cross, which they burned. No one was present [395 U.S. 444, 446] other than the participants and the newsmen who made the film. Most of the words uttered during the scene were incomprehensible when the film was projected, but scattered phrases could be understood that were derogatory of Negroes and, in one instance, of Jews. 1 Another scene on the same film showed the appellant, in Klan regalia, making a speech. The speech, in full, was as follows:

"This is an organizers' meeting. We have had quite a few members here today which are - we have hundreds, hundreds of members throughout the State of Ohio. I can quote from a newspaper clipping from the Columbus, Ohio Dispatch, five weeks ago Sunday morning. The Klan has more members in the State of Ohio than does any other organization. We're not a revengent organization, but if our President, our Congress, our Supreme Court, continues to suppress the white, Caucasian race, it's possible that there might have to be some revengeance taken.

"We are marching on Congress July the Fourth, four hundred thousand strong. From there we are dividing into two groups, one group to march on St. Augustine, Florida, the other group to march into Mississippi. Thank you." [395 U.S. 444, 447]

The second film showed six hooded figures one of whom, later identified as the appellant, repeated a speech very similar to that recorded on the first film. The reference to the possibility of "revengeance" was omittted[�], and one sentence was added: "Personally, I believe the nigger should be returned to Africa, the Jew returned to Israel." Though some of the figures in the films carried weapons, the speaker did not.

The Ohio Criminal Syndicalism Statute was enacted in 1919. From 1917 to 1920, identical or quite similar laws were adopted by 20 States and two territories. E. Dowell, A History of Criminal Syndicalism Legislation in the United States 21 (1939). In 1927, this Court sustained the constitutionality of California's Criminal Syndicalism Act, Cal. Penal Code 11400-11402, the text of which is quite similar to that of the laws of Ohio. Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927). The Court upheld the statute on the ground that, without more, "advocating" violent means to effect political and economic change involves such danger to the security of the State that the State may outlaw it. Cf. Fiske v. Kansas, 274 U.S. 380 (1927). But Whitney has been thoroughly discredited by later decisions. See Dennis v. United States, 341 U.S. 494 , at 507 (1951). These later decisions have fashioned the principle that the constitutional guarantees of free speech and free press do not permit a State to forbid or proscribe advocacy of the use of force or of law violation except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such action. 2 As we [395 U.S. 444, 448] said in Noto v. United States, 367 U.S. 290, 297 -298 (1961), "the mere abstract teaching . . . of the moral propriety or even moral necessity for a resort to force and violence, is not the same as preparing a group for violent action and steeling it to such action." See also Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242, 259 -261 (1937); Bond v. Floyd, 385 U.S. 116, 134 (1966). A statute which fails to draw this distinction impermissibly intrudes upon the freedoms guaranteed by the First and Fourteenth Amendments. It sweeps within its condemnation speech which our Constitution has immunized from governmental control. Cf. Yates v. United States, 354 U.S. 298 (1957); De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937); Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931). See also United States v. Robel, 389 U.S. 258 (1967); Keyishian v. Board of Regents, 385 U.S. 589 (1967); Elfbrandt v. Russell, 384 U.S. 11 (1966); Aptheker v. Secretary of State, 378 U.S. 500 (1964); Baggett v. Bullitt, 377 U.S. 360 (1964).

Measured by this test, Ohio's Criminal Syndicalism Act cannot be sustained. The Act punishes persons who "advocate or teach the duty, necessity, or propriety" of violence "as a means of accomplishing industrial or political reform"; or who publish or circulate or display any book or paper containing such advocacy; or who "justify" the commission of violent acts "with intent to exemplify, spread or advocate the propriety of the doctrines of criminal syndicalism"; or who "voluntarily assemble" with a group formed "to teach or advocate the doctrines of criminal syndicalism." Neither the indictment nor the trial judge's instructions to the jury in any way refined the statute's bald definition of the crime [395 U.S. 444, 449] in terms of mere advocacy not distinguished from incitement to imminent lawless action. 3

Accordingly, we are here confronted with a statute which, by its own words and as applied, purports to punish mere advocacy and to forbid, on pain of criminal punishment, assembly with others merely to advocate the described type of action. 4 Such a statute falls within the condemnation of the First and Fourteenth Amendments. The contrary teaching of Whitney v. California, supra, cannot be supported, and that decision is therefore overruled.

Reversed.

Footnotes

[ Footnote � ] ERRATA: "omittted" should be "omitted."

[ Footnote 1 ] The significant portions that could be understood were:

"How far is the nigger going to - yeah."

"This is what we are going to do to the niggers."

"A dirty nigger."

"Send the Jews back to Israel."

"Let's give them back to the dark garden."

"Save America."

"Let's go back to constitutional betterment."

"Bury the niggers."

"We intend to do our part."

"Give us our state rights."

"Freedom for the whites."

"Nigger will have to fight for every inch he gets from now on."

[ Footnote 2 ] It was on the theory that the Smith Act, 54 Stat. 670, 18 U.S.C. 2385, embodied such a principle and that it had been applied only in conformity with it that this Court sustained the Act's constitutionality. Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951). That this was the basis for Dennis was emphasized in Yates v. United States, 354 U.S. 298, 320 -324 (1957), in which the Court overturned convictions [395 U.S. 444, 448] for advocacy of the forcible overthrow of the Government under the Smith Act, because the trial judge's instructions had allowed conviction for mere advocacy, unrelated to its tendency to produce forcible action.

[ Footnote 3 ] The first count of the indictment charged that appellant "did unlawfully by word of mouth advocate the necessity, or propriety of crime, violence, or unlawful methods of terrorism as a means of accomplishing political reform . . . ." The second count charged that appellant "did unlawfully voluntarily assemble with a group or assemblage of persons formed to advocate the doctrines of criminal syndicalism . . . ." The trial judge's charge merely followed the language of the indictment. No construction of the statute by the Ohio courts has brought it within constitutionally permissible limits. The Ohio Supreme Court has considered the statute in only one previous case, State v. Kassay, 126 Ohio St. 177, 184 N. E. 521 (1932), where the constitutionality of the statute was sustained.

[ Footnote 4 ] Statutes affecting the right of assembly, like those touching on freedom of speech, must observe the established distinctions between mere advocacy and incitement to imminent lawless action, for as Chief Justice Hughes wrote in De Jonge v. Oregon, supra, at 364:

"The right of peaceable assembly is a right cognate to those of free speech and free press and is equally fundamental." See also United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542, 552 (1876); Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 513 , 519 (1939); NAACP v. Alabama ex rel. Patterson, 357 U.S. 449, 460 -461 (1958).

MR. JUSTICE BLACK, concurring.

I agree with the views expressed by MR. JUSTICE DOUGLAS in his concurring opinion in this case that the "clear and present danger" doctrine should have no place [395 U.S. 444, 450] in the interpretation of the First Amendment. I join the Court's opinion, which, as I understand it, simply cites Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951), but does not indicate any agreement on the Court's part with the "clear and present danger" doctrine on which Dennis purported to rely.

MR. JUSTICE DOUGLAS, concurring.

While I join the opinion of the Court, I desire to enter a caveat.

The "clear and present danger" test was adumbrated by Mr. Justice Holmes in a case arising during World War I - a war "declared" by the Congress, not by the Chief Executive. The case was Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 , where the defendant was charged with attempts to cause insubordination in the military and obstruction of enlistment. The pamphlets that were distributed urged resistance to the draft, denounced conscription, and impugned the motives of those backing the war effort. The First Amendment was tendered as a defense. Mr. Justice Holmes in rejecting that defense said:

"The question in every case is whether the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils that Congress has a right to prevent. It is a question of proximity and degree."

Frohwerk v. United States, 249 U.S. 204 , also authored by Mr. Justice Holmes, involved prosecution and punishment for publication of articles very critical of the war effort in World War I. Schenck was referred to as a conviction for obstructing security "by words of persuasion." Id., at 206. And the conviction in Frohwerk was sustained because "the circulation of the paper was [395 U.S. 444, 451] in quarters where a little breath would be enough to kindle a flame." Id., at 209.

Debs v. United States, 249 U.S. 211 , was the third of the trilogy of the 1918 Term. Debs was convicted of speaking in opposition to the war where his "opposition was so expressed that its natural and intended effect would be to obstruct recruiting." Id., at 215.

"If that was intended and if, in all the circumstances, that would be its probable effect, it would not be protected by reason of its being part of a general program and expressions of a general and conscientious belief." Ibid.

In the 1919 Term, the Court applied the Schenck doctrine to affirm the convictions of other dissidents in World War I. Abrams v. United States, 250 U.S. 616 , was one instance. Mr. Justice Holmes, with whom Mr. Justice Brandeis concurred, dissented. While adhering to Schenck, he did not think that on the facts a case for overriding the First Amendment had been made out:

"It is only the present danger of immediate evil or an intent to bring it about that warrants Congress in setting a limit to the expression of opinion where private rights are not concerned. Congress certainly cannot forbid all effort to change the mind of the country." Id., at 628.

Another instance was Schaefer v. United States, 251 U.S. 466 , in which Mr. Justice Brandeis, joined by Mr. Justice Holmes, dissented. A third was Pierce v. United States, 252 U.S. 239 , in which again Mr. Justice Brandeis, joined by Mr. Justice Holmes, dissented.

Those, then, were the World War I cases that put the gloss of "clear and present danger" on the First Amendment. Whether the war power - the greatest leveler of them all - is adequate to sustain that doctrine is debatable. [395 U.S. 444, 452] The dissents in Abrams, Schaefer, and Pierce show how easily "clear and present danger" is manipulated to crush what Brandeis called "[t]he fundamental right of free men to strive for better conditions through new legislation and new institutions" by argument and discourse (Pierce v. United States, supra, at 273) even in time of war. Though I doubt if the "clear and present danger" test is congenial to the First Amendment in time of a declared war, I am certain it is not reconcilable with the First Amendment in days of peace.

The Court quite properly overrules Whitney v. California, 274 U.S. 357 , which involved advocacy of ideas which the majority of the Court deemed unsound and dangerous.

Mr. Justice Holmes, though never formally abandoning the "clear and present danger" test, moved closer to the First Amendment ideal when he said in dissent in Gitlow v. New York, 268 U.S. 652, 673 :

"Every idea is an incitement. It offers itself for belief and if believed it is acted on unless some other belief outweighs it or some failure of energy stifles the movement at its birth. The only difference between the expression of an opinion and an incitement in the narrower sense is the speaker's enthusiasm for the result. Eloquence may set fire to reason. But whatever may be thought of the redundant discourse before us it had no chance of starting a present conflagration. If in the long run the beliefs expressed in proletarian dictatorship are destined to be accepted by the dominant forces of the community, the only meaning of free speech is that they should be given their chance and have their way."

We have never been faithful to the philosophy of that dissent. [395 U.S. 444, 453]

The Court in Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242 , overturned a conviction for exercising First Amendment rights to incite insurrection because of lack of evidence of incitement. Id., at 259-261. And see Hartzel v. United States, 322 U.S. 680 . In Bridges v. California, 314 U.S. 252, 261 -263, we approved the "clear and present danger" test in an elaborate dictum that tightened it and confined it to a narrow category. But in Dennis v. United States, 341 U.S. 494 , we opened wide the door, distorting the "clear and present danger" test beyond recognition. 1

In that case the prosecution dubbed an agreement to teach the Marxist creed a "conspiracy." The case was submitted to a jury on a charge that the jury could not convict unless it found that the defendants "intended to overthrow the Government `as speedily as circumstances would permit.'" Id., at 509-511. The Court sustained convictions under that charge, construing it to mean a determination of "`whether the gravity of the "evil," discounted by its improbability, justifies such invasion of free speech as is necessary to avoid the danger.'" 2 Id., at 510, quoting from United States v. Dennis, 183 F.2d 201, 212.

Out of the "clear and present danger" test came other offspring. Advocacy and teaching of forcible overthrow of government as an abstract principle is immune from prosecution. Yates v. United States, 354 U.S. 298, 318 . But an "active" member, who has a guilty knowledge and intent of the aim to overthrow the Government [395 U.S. 444, 454] by violence, Noto v. United States, 367 U.S. 290 , may be prosecuted. Scales v. United States, 367 U.S. 203, 228 . And the power to investigate, backed by the powerful sanction of contempt, includes the power to determine which of the two categories fits the particular witness. Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109, 130 . And so the investigator roams at will through all of the beliefs of the witness, ransacking his conscience and his innermost thoughts.

Judge Learned Hand, who wrote for the Court of Appeals in affirming the judgment in Dennis, coined the "not improbable" test, 183 F.2d 201, 214, which this Court adopted and which Judge Hand preferred over the "clear and present danger" test. Indeed, in his book, The Bill of Rights 59 (1958), in referring to Holmes' creation of the "clear and present danger" test, he said, "I cannot help thinking that for once Homer nodded."

My own view is quite different. I see no place in the regime of the First Amendment for any "clear and present danger" test, whether strict and tight as some would make it, or free-wheeling as the Court in Dennis rephrased it.

When one reads the opinions closely and sees when and how the "clear and present danger" test has been applied, great misgivings are aroused. First, the threats were often loud but always puny and made serious only by judges so wedded to the status quo that critical analysis made them nervous. Second, the test was so twisted and perverted in Dennis as to make the trial of those teachers of Marxism an all-out political trial which was part and parcel of the cold war that has eroded substantial parts of the First Amendment.

Action is often a method of expression and within the protection of the First Amendment.

Suppose one tears up his own copy of the Constitution in eloquent protest to a decision of this Court. May he be indicted? [395 U.S. 444, 455]

Suppose one rips his own Bible to shreds to celebrate his departure from one "faith" and his embrace of atheism. May he be indicted?

Last Term the Court held in United States v. O'Brien, 391 U.S. 367, 382 , that a registrant under Selective Service who burned his draft card in protest of the war in Vietnam could be prosecuted. The First Amendment was tendered as a defense and rejected, the Court saying:

"The issuance of certificates indicating the registration and eligibility classification of individuals is a legitimate and substantial administrative aid in the functioning of this system. And legislation to insure the continuing availability of issued certificates serves a legitimate and substantial purpose in the system's administration." 391 U.S., at 377 -378.

But O'Brien was not prosecuted for not having his draft card available when asked for by a federal agent. He was indicted, tried, and convicted for burning the card. And this Court's affirmance of that conviction was not, with all respect, consistent with the First Amendment.

The act of praying often involves body posture and movement as well as utterances. It is nonetheless protected by the Free Exercise Clause. Picketing, as we have said on numerous occasions, is "free speech plus." See Bakery Drivers Local v. Wohl, 315 U.S. 769, 775 (DOUGLAS, J., concurring); Giboney v. Empire Storage Co., 336 U.S. 490, 501 ; Hughes v. Superior Court, 339 U.S. 460, 465 ; Labor Board v. Fruit Packers, 377 U.S. 58, 77 (BLACK, J., concurring), and id., at 93 (HARLAN, J., dissenting); Cox v. Louisiana, 379 U.S. 559, 578 (opinion of BLACK, J.); Food Employees v. Logan Plaza, 391 U.S. 308, 326 (DOUGLAS, J., concurring). That means that it can be regulated when it comes to the "plus" or "action" side of the protest. It can be regulated as to [395 U.S. 444, 456] the number of pickets and the place and hours (see Cox v. Louisiana, supra), because traffic and other community problems would otherwise suffer.

But none of these considerations are implicated in the symbolic protest of the Vietnam war in the burning of a draft card.

One's beliefs have long been thought to be sanctuaries which government could not invade. Barenblatt is one example of the ease with which that sanctuary can be violated. The lines drawn by the Court between the criminal act of being an "active" Communist and the innocent act of being a nominal or inactive Communist mark the difference only between deep and abiding belief and casual or uncertain belief. But I think, that all matters of belief are beyond the reach of subpoenas or the probings of investigators. That is why the invasions of privacy made by investigating committees were notoriously unconstitutional. That is the deep-seated fault in the infamous loyalty-security hearings which, since 1947 when President Truman launched them, have processed 20,000,000 men and women. Those hearings were primarily concerned with one's thoughts, ideas, beliefs, and convictions. They were the most blatant violations of the First Amendment we have ever known.

The line between what is permissible and not subject to control and what may be made impermissible and subject to regulation is the line between ideas and overt acts.

The example usually given by those who would punish speech is the case of one who falsely shouts fire in a crowded theatre.

This is, however, a classic case where speech is brigaded with action. See Speiser v. Randall, 357 U.S. 513, 536 -537 (DOUGLAS, J., concurring). They are indeed inseparable and a prosecution can be launched for the overt [395 U.S. 444, 457] acts actually caused. Apart from rare instances of that kind, speech is, I think, immune from prosecution. Certainly there is no constitutional line between advocacy of abstract ideas as in Yates and advocacy of political action as in Scales. The quality of advocacy turns on the depth of the conviction; and government has no power to invade that sanctuary of belief and conscience. 3

[ Footnote 1 ] See McKay, The Preference For Freedom, 34 N. Y. U. L. Rev. 1182, 1203-1212 (1959).

[ Footnote 2 ] See Feiner v. New York, 340 U.S. 315 , where a speaker was arrested for arousing an audience when the only "clear and present danger" was that the hecklers in the audience would break up the meeting.

[ Footnote 3 ] See MR. JUSTICE BLACK, dissenting, in Communications Assn. v. Douds, 339 U.S. 382, 446 , 449 et seq. [395 U.S. 444, 458]